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El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , creo que todos los Senadores de los diferentes sectores coincidirán con el sentido justo y social de esta iniciativa, originada por la preocupación del Diputado señor Tuma y presentada en la Cámara Baja el año pasado, donde fue aprobada por unanimidad. Deseo recordar positivamente que muchos de los señores Diputados que hoy día tienen la calidad de Senadores, en virtud de sus capacidades y merecimientos, también la votaron integralmente a favor en la otra rama del Parlamento.
Se dan diferentes cifras en la materia. Un señor Senador que intervino con anterioridad se refirió a que esto afecta a 700 mil personas. Sin embargo, otras cifras mencionan un millón 700 mil -no sé si yo estoy agregando un millón, o si a mi Honorable colega se le cayó un millón-, de los cuales un millón 500 mil correspondería a personas naturales.
Incluso, el nombre de esta iniciativa apunta con mucha verdad a la situación que viven miles de chilenos, cuando habla de la protección de la vida privada. Porque muchas veces da la sensación de que una persona que ha sufrido alguna caída económica, por múltiples razones -malos negocios, crisis externas con repercusiones dentro del país, problemas familiares o enfermedades, que determinan el incumplimiento de un compromiso-, se transforma desde ese mismo instante en un verdadero paria, de quien se desconfía en todos los organismos crediticios económicos del país.
En consecuencia, el proyecto realmente viene a sanear la situación de un grupo muy importante de chilenos. Por ejemplo, hemos conocido los intentos del Gobierno para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Conmueve comprobar que tales intenciones no se cumplen en la práctica, porque sabemos que no más de 10 por ciento de aquellas empresas pudieron renegociar las deudas que mantenían con el sistema crediticio, precisamente porque el 90 por ciento restante aparecía con antecedentes en el famoso DICOM.
El Honorable colega que antecedió en el uso de la palabra al Senador señor Moreno manifestó que la Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras habrían emitido comentarios críticos respecto de la iniciativa. Sin embargo el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento señala a la letra que "Los comentarios de carácter general provinieron de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Asociación de Isapres, todas las cuales manifestaron que no tenían observaciones que formular.".
Incluso, en el párrafo anterior de dicho informe se señala: "La Comisión recabó la opinión de distintos organismos acerca de este proyecto de ley, a fin de formarse un juicio más acabado. Algunos de ellos se limitaron a dar un parecer general, y otros hicieron, además, observaciones sobre el articulado.".
Insisto: ninguna de las dos Superintendencias formuló observaciones.
Esto revela, entonces, que en todos los sectores hay una actitud positiva hacia el proyecto.
Deseo recordar que la Cámara de Diputados aprobó reducir el plazo de permanencia en los registros establecido en la norma vigente, de siete años a tres, en forma transitoria y por única vez, para todos los deudores que se encontraban en esa condición al veinte de junio de 2001 y cuyas deudas no superen el valor de 120 UF, en capital.
El Senado estableció una amnistía: eliminar los antecedentes del registro hist��rico de todos los deudores que se encontraban en esa condición al 1 de enero de 2002 y cuyas deudas en capital no superaran los dos millones de pesos. Al mismo tiempo, se incorporó en este beneficio a todos los que hayan pagado su deuda al 1 de enero de 2002.
Señor Presidente , el tratamiento otorgado a quienes cancelaron sus obligaciones debería considerar a todos los que, a la fecha de la publicación de la ley, hayan cumplido con esa condición, por supuesto como una manera de incentivar el pago de los compromisos, y de no establecer una discriminación arbitraria e inexplicable. Porque aquel que no canceló su deuda en diciembre y no lo ha realizado hasta ahora será eliminado del registro de morosidad y, sin embargo, quien la pagó en enero permanecerá por un año o dos en el registro, según sea el caso, lo cual, indudablemente, resulta arbitrario e injusto.
Por esa razón, los Senadores señores Flores, Ávila y el que habla entregamos una indicación a la Mesa para modificar la redacción de la norma propuesta.
En cuanto a las deudas de capital que deben considerarse para establecer el beneficio con el tope de dos millones de pesos, pensamos que este límite solamente debe incluir aquellas deudas en capital consignadas en el artículo 17 de la ley vigente, ya que es posible que existan otras que podrían interpretarse como complementos del monto límite. El artículo 17 en comento dispone que deben consistir en "letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.".
También, para los efectos de que lo anterior quede claramente especificado en la ley, los tres Senadores antes mencionados presentamos una indicación que, según anhelo, será aprobada por unanimidad en la Sala.
Sería redundante señalar la injusticia ocurrida en la práctica, pues las disposiciones actuales incluso entraban el acceso de la gente al trabajo. Existen muchas instituciones y empresas que simplemente niegan esa posibilidad a hombres y mujeres, porque aparecen en el DICOM. Considero sabio y acertado lo consignado en uno de los artículos propuestos en el sentido de incorporar tal limitante para las personas que manejan valores, como gerentes, subgerentes, agentes, etcétera, porque ello me parece justo para una institución o una empresa, pero no para el millón 500 mil chilenos al que estamos haciendo referencia. Si esto resulta duro e injusto, peor es lo que expresó el Senador señor Moreno en cuanto a que muchos jóvenes estudiantes de educación superior se encuentran impedidos de acceder a un crédito para financiar sus carreras, porque sus familiares aparecen registrados en el DICOM, debido a las razones aquí señaladas.
Por consiguiente, en mi calidad de Comité del Partido Por la Democracia, de tres Senadores, manifiesto nuestra disposición a votar favorablemente esta iniciativa.
He dicho.
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