REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 346�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 1�, en mi�rcoles 13 de marzo de 2002 (De 11:19 a 13:28) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA V. D�AS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS VI. APROBACI�N DE TABLAS ORDINARIA Y DE F�CIL DESPACHO VII. TABLA ORDINARIA VIII. TABLA DE F�CIL DESPACHO Composici�n de los Comit�s IX. F�CIL DESPACHO: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que interpreta el art�culo 56 del DFL N� 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, en lo relativo a derechos de agua que indica (2325-09) (se archiva) X. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, relativo a publicidad de documentos sobre fijaci�n de tarifas de servicios sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones (2713-03) (se aprueba en general) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Arancibia Reyes, Jorge --�vila Contreras, Nelson --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Chadwick Pi�era, Andr�s --Coloma Correa, Juan Antonio --Cordero Rusque, Fernando --Espina Otero, Alberto --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Flores Labra, Fernando --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Garc�a Ruminot, Jos� --Gazmuri Mujica, Jaime --Horvath Kiss, Antonio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Orpis Bouch�n, Jaime --Parra Mu�oz, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 11:19, en presencia de 28 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 28�, ordinaria, y 29�, ordinaria, en sus partes p�blica y secreta, en 5 y 6 de marzo, respectivamente, y la de la Sesi�n de Instalaci�n, en 11 de marzo, todas del a�o en curso, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Diez de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero comunica que, en uso de la facultad que le confiere el N� 2� del art�culo 32 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, ha resuelto clausurar, a contar del d�a 8 del mes en curso, la 345� Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional. Con el segundo, y de conformidad con lo dispuesto en el N� 2� del art�culo 32 y en el art�culo 52 de la Carta Fundamental, convoca al Parlamento a nueva Legislatura Extraordinaria de Sesiones a partir del 11 de marzo de 2002, a fin de ocuparse de todos los asuntos legislativos y tratados internacionales pendientes en la Legislatura anterior. --Se toma conocimiento. Con los ocho restantes hace presente la urgencia, en car�cter de "simple", respecto de los siguientes proyectos: 1.- El que modifica la ley N� 19.220, que crea las bolsas de productos agr�colas (Bolet�n N� 1.640-01). 2.- El que modifica la ley N� 18.502 en relaci�n con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilizaci�n de este elemento como combustible en veh�culos (Bolet�n N� 2.701-15). 3.- El relativo a la transparencia, l�mite y control del gasto electoral (Bolet�n N� 2.745-06). 4.- El que sustituye la ley N� 19.366, que sanciona el tr�fico il�cito de estupefacientes y sustancias psicotr�picas (Bolet�n N� 2.439-20). 5.- El que establece el sistema de jueces de turno y de dedicaci�n exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitaci�n de la segunda instancia en los juicios criminales (Bolet�n N� 2.850-07). 6.- El que adecua la legislaci�n que indica a los Acuerdos de la Organizaci�n Mundial de Comercio (OMC) suscritos por Chile (Bolet�n N� 2.421-03). 7.- El relativo a la calificaci�n de la producci�n cinematogr�fica (Bolet�n N� 2.675-04). 8.- El que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio p�blico (Bolet�n N� 2.296-18). --Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes. Oficios Del se�or Ministro de Obras P�blicas, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, relativo a la situaci�n de la fuente de agua potable de la localidad de R�o Puelo, comuna de Cocham�, D�cima Regi�n. Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, acerca del modo en que se estar�a aplicando la Ley General de Telecomunicaciones para impedir las transmisiones ilegales. Del se�or Ministro de Bienes Nacionales, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la posibilidad de modificar la ley N� 19.776, sobre regularizaci�n de posesi�n y ocupaci�n de inmuebles fiscales, a fin de incluir a pobladores ocupantes o arrendatarios de predios que indica. Del se�or Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Fern�ndez, relativo a la antig�edad y tiempo de uso de taxis, buses y autom�viles en general en la Duod�cima Regi�n. Del se�or Superintendente de Servicios Sanitarios, en virtud del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, sobre la posibilidad de fijar un procedimiento respecto de las situaciones que implican cortes de agua potable. Del se�or Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Larra�n, acerca de la conveniencia de establecer un plan de seguridad destinado a evitar accidentes en la v�a f�rrea. Del se�or Presidente del Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Polic�a Local, con el cual responde un oficio enviado en nombre del ex Senador se�or Err�zuriz, referido al proyecto (hoy, ley N� 19.791) que concede amnist�a por infracciones a las normas del tr�nsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados "fotorradares". --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe Nuevo informe de la Comisi�n de Obras P�blicas, reca�do en el proyecto, iniciado en moci�n del ex Senador se�or Lagos, en primer tr�mite constitucional, que interpreta el art�culo 56 del decreto con fuerza de ley N� 382, de 1988, del Ministerio de Obras P�blicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica (Bolet�n N� 2.325-09). --Queda para tabla. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. El se�or VIERA-GALLO.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La tiene, Su Se�or�a. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, �podr�amos contar con un listado completo de los proyectos que se encuentran en tr�mite? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se har� llegar a cada se�or Senador. El se�or VIERA-GALLO.- Gracias, se�or Presidente. V. D�AS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Conforme a lo dispuesto en el art�culo 63 del Reglamento, corresponde fijar los d�as y horas de las sesiones ordinarias. Al respecto, en la sesi�n anterior propuse mantener el mismo sistema que hemos venido aplicando hasta este momento: sesiones ordinarias los martes y mi�rcoles, de 16 a 20, y extraordinarias, los jueves, de 10:30 a 13:30, cuando as� lo requiera el despacho de la tabla. Si le parece a la Sala, se aprobar� dicho sistema. --Se aprueba. VI. APROBACI�N DE TABLAS ORDINARIA Y DE F�CIL DESPACHO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En seguida, corresponde aprobar la Tabla Ordinaria y la de F�cil Despacho. El documento pertinente, que se halla en poder de Sus Se�or�as, ser� le�do por el se�or Secretario, quien tiene la palabra para tal efecto. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Las proposiciones son las siguientes: VII. TABLA ORDINARIA 1.- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Cariola, Fern�ndez y Larra�n y del ex Senador se�or Prat, relativo a la publicidad de los documentos que tengan relaci�n con la fijaci�n de tarifas de los servicios sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones, con informe de la Comisi�n de Econom�a, y 2.- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, que establece el sistema de jueces de turno y de dedicaci�n exclusiva en materia penal, e introduce modificaciones a la tramitaci�n de la segunda instancia, con informes de las Comisiones de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Hacienda. VIII. TABLA DE F�CIL DESPACHO Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n del ex Senador se�or Lagos, que interpreta el art�culo 56 del DFL N� 382, de 1988, del Ministerio de Obras P�blicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a los derechos de agua que indica, con nuevo primer informe de la Comisi�n de Obras P�blicas. --Se aprueban ambas proposiciones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Debo hacer presente que para pronunciarnos sobre cualquiera de esas iniciativas se requiere el acuerdo un�nime de la Sala. La Mesa ha recibido sugerencias en el sentido de que, despu�s de dar cuenta de la composici�n de los Comit�s, en esta sesi�n despachemos el proyecto incluido en la Tabla de F�cil Despacho y el signado con el n�mero 1 en la Ordinaria. En cuanto al proyecto n�mero 2 de la Tabla Ordinaria, el se�or Ministro de Justicia, con quien habl� esta ma�ana, me solicit� ver la posibilidad de tratarlo el martes pr�ximo. �l estaba dispuesto a venir hoy, pero le expres� que no pod�a darle seguridad sobre el punto, por la exigencia del acuerdo un�nime del Senado. Por tanto, propongo que discutamos el martes pr�ximo dicha iniciativa, que ser�a la �nica en estado de tabla. La se�ora FREI (do�a Carmen).- De acuerdo, se�or Presidente. �Tratar�amos, entonces, el proyecto vinculado con la Ley General de Servicios Sanitarios? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- S�, se�ora Senadora, en F�cil Despacho. Es una iniciativa de resoluci�n expedita. La Comisi�n de Obras P�blicas propone por unanimidad archivarla. La se�ora FREI (do�a Carmen).- �Est� a disposici�n el informe? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se orden� anticipadamente distribuirlo a todos los se�ores Senadores. El se�or FREI (don Eduardo).- Por lo dem�s, s�lo se trata de un informe. No se propone texto alguno, sino aprobar el archivo de la iniciativa pertinente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- As� es, Su Se�or�a. Si le parece a la Sala, luego de dar cuenta de la composici�n de los Comit�s nos pronunciaremos sobre ambos proyectos. --As� se acuerda. COMPOSICI�N DE LOS COMIT�S El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- A la fecha, seg�n la documentaci�n llegada a la Secretar�a, los Comit�s est�n integrados de la siguiente manera: Partido Dem�crata Cristiano: Senadores se�ores Moreno y Lavandero. Comit� Mixto Uni�n Dem�crata Independiente e Independientes: Senadores se�ora Matthei y se�or Bombal. Partido Renovaci�n Nacional: Senadores se�ores Espina y Horvath. Partido Socialista: Senadores se�ores Ominami y N��ez. Partido Por la Democracia: Senadores se�ores Mu�oz Barra y �vila. Comit� Institucionales 1: Senadores se�ores Mart�nez y Canessa. Comit� Institucionales 2: Senadores se�ores Zurita y Silva. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Solicito a todos los Comit�s que nos reunamos el pr�ximo martes, a las 15:15. Siempre lo hemos hecho as�. En todo caso, en esa oportunidad fijaremos los horarios de las futuras sesiones de Comit�s. Tiene la palabra la Honorable se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, deseo saber qu� pasa con la integraci�n de las Comisiones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Sobre la base de que se est� afinando el acuerdo respectivo, no har� hoy mi proposici�n a la Sala como Presidente del Senado, sino en la sesi�n ordinaria del pr�ximo martes, antes del Orden del D�a. IX. F�CIL DESPACHO INTERPRETACI�N DE ART�CULO 56 DE LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que interpreta el art�culo 56 del DFL N� 382, de 1988, del Ministerio de Obras P�blicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica, con nuevo primer informe de la Comisi�n de Obras P�blicas. --Los antecedentes sobre el proyecto (2325-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (Moci�n del ex Senador se�or Lagos). En primer tr�mite, sesi�n 35�, en 21 de abril de 1999. Informe de Comisi�n: Obras P�blicas, sesi�n 25�, en 23 de enero de 2001. Obras P�blicas (nuevo), sesi�n 1�, en 13 de marzo de 2002. Discusi�n: Sesi�n 26�, en 6 de marzo de 2001 (se aplaza su discusi�n y pasa a la Comisi�n de Constituci�n). El se�or HOFFMANN (Secretario).- Esta iniciativa tuvo origen en una moci�n del entonces Senador se�or Lagos y su objetivo principal es interpretar el ya referido art�culo 56 declarando que no se ha privado al Comit� de Defensa Agr�cola de Matilla o a sus sucesores del derecho concedido por el Estado a gozar gratuitamente de 800 metros c�bicos diarios de agua de riego y de los dem�s derechos reconocidos a dicha entidad por decretos tarifarios dictados con anterioridad a la promulgaci�n del texto legal en comento. Existe un nuevo informe de la Comisi�n de Obras P�blicas, organismo que en enero de 2001 evacu� un primer informe donde propuso el archivo del proyecto, aduciendo, entre otras razones, que los usos ancestrales de agua se han regularizado en conformidad al art�culo 2� transitorio del C�digo de Aguas y que la Comunidad Agr�cola de Matilla hab�a interpuesto ante los tribunales ordinarios de justicia una solicitud en aquel sentido. La Sala del Senado, en sesi�n de 6 de marzo de 2001, acord� aplazar la discusi�n de este asunto hasta que se dictara sentencia de t�rmino en la materia. Con fecha 29 de septiembre de 2001, el Juzgado de Letras de Pozo Almonte dict� la sentencia definitiva, que se encuentra ejecutoriada, resolviendo favorablemente la petici�n de los agricultores de Matilla. En virtud de esto �ltimo, la Sala del Senado, en sesi�n de 22 de enero del a�o en curso, determin� que el proyecto volviera para un nuevo primer informe a la Comisi�n de Obras P�blicas, organismo que, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables se�ores Cordero, Eduardo Frei, Lagos y Urenda), acord� proponer nuevamente el archivo de la iniciativa, en consideraci�n a que su objetivo fue cumplido con la referida sentencia judicial. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� el informe de la Comisi�n de Obras P�blicas. --Se aprueba. X. ORDEN DEL D�A PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SOBRE FIJACI�N DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS, EL�CTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, relativo a la publicidad de todos los documentos que tengan relaci�n con la fijaci�n de tarifas de los servicios sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones, con informe de la Comisi�n de Econom�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (2713-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Cariola, Fern�ndez, Larra�n y Prat). En primer tr�mite, sesi�n 1�, en 5 de junio de 2001. Informe de Comisi�n: Econom�a, sesi�n 25�, en 22 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La iniciativa tuvo su origen en moci�n de los Honorables se�ores Cariola, Fern�ndez, Larra�n y del ex Senador se�or Prat. La Comisi�n se�ala en su informe que el objetivo del texto propuesto es hacer p�blicos ciertos documentos, como los estudios y los antecedentes t�cnicos, legales y econ�micos que presenten las empresas durante el proceso de fijaci�n de tarifas de determinados servicios b�sicos, a saber, sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones. El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n (Honorables se�ores Lavandero, Novoa, Sabag y Stange), y su texto se halla consignado en el informe que Sus Se�or�as tienen a la vista. Cabe se�alar que se requiere para su aprobaci�n de las cuatro s�ptimas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 votos favorables. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general. Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, informar� el proyecto como Presidente de la Comisi�n de Econom�a. Se trata de una iniciativa tendiente a establecer la obligaci�n de poner a disposici�n del p�blico los antecedentes utilizados para la fijaci�n de tarifas en los casos de agua potable, telecomunicaciones y servicios el�ctricos. La Comisi�n aprob� en general el proyecto, por unanimidad, atendidas las siguientes razones. En primer lugar, con el objeto de asegurar la adecuada transferencia de los procesos de fijaci�n de tarifas, en especial considerando las controversias p�blicas sobre esta materia en el �ltimo tiempo. En segundo t�rmino, se tom� en consideraci�n las opiniones emitidas en la Comisi�n por diferentes autoridades que participan en el proceso regulatorio. Desde luego, el Ministro de Econom�a se�al� que comparte la necesidad de dar mayor transparencia a los procesos tarifarios de los sectores regulados y que est� trabajando para homogeneizar los criterios divergentes de diferentes leyes. Adem�s, manifest� en la Comisi�n que le parec�a adecuado incorporar esos criterios o sugerencias como indicaciones al proyecto en debate. Asimismo, hizo presente �opini�n que fue compartida en la Comisi�n- que era necesario determinar, por razones de t�cnica legislativa, si correspond�a incluir estas normas en cada una de las leyes sectoriales o establecer una normativa de tipo general. La Comisi�n Nacional de Energ�a se�al� que estaba trabajando en un anteproyecto sobre modificaci�n de la Ley General de Servicios El�ctricos, donde se contemplar�a la adecuada publicidad de los procesos tarifarios. Se recibi� la opini�n de la Subsecretar�a de Telecomunicaciones. De hecho participaron dos Subsecretarios distintos, uno opin� en contra, se�alando que no era necesario innovar sobre la materia. En cambio, el actual expres� que s� era indispensable asegurar una mayor transparencia y establecer, como obligaci�n expresa y con fecha cierta, tal como se�ala el proyecto, que, a partir de la publicaci�n de las tarifas en el Diario Oficial, todos los antecedentes quedan a disposici�n del p�blico. Finalmente, la Comisi�n analiz� el hecho de que el proyecto modifica tres art�culos en igual n�mero de leyes distintas. Por ahora, se les da el car�cter de ley org�nica constitucional, ya que la publicidad de los actos administrativos es una norma que est� contenida en la Ley sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado. En mi calidad de Presidente de la Comisi�n, solicito que en el segundo informe se pida a la Comisi�n de Constituci�n su opini�n acerca de si el hecho de legislar en cada ley espec�fica sobre temas que se hallan comprendidos en la Ley sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado necesariamente otorga a esas disposiciones el rango de ley org�nica constitucional. Porque podr�a llegarse a la situaci�n extrema de que, como en la Ley sobre Bases se contemplan preceptos relativos a pr�cticamente todas las materias importantes de la Administraci�n, las normativas espec�ficas que se dictaran despu�s ser�an de �ndole org�nico constitucional. En todo caso, en este primer tr�mite constitucional y en esta discusi�n general, la Comisi�n plante� que, dado que se est�n modificando t�citamente normas contenidas en la Ley sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado, la aprobaci�n del proyecto requiere qu�rum de ley org�nica constitucional. Es todo cuanto puedo informar. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, coincidentemente me toc� participar en la Comisi�n Investigadora sobre las tarifas el�ctricas en la C�mara de Diputados. Y me gustar�a que una de las materias tratadas en ella se pudiera incorporar al texto que nos ocupa. Como Sus Se�or�as saben, el decreto tarifario est� sujeto a toma de raz�n, y la Contralor�a represent� en la Comisi�n Investigadora el hecho de que la informaci�n que se le env�a es muy reducida. Por lo tanto, si se est� hablando de transparencia para que cualquiera pueda acceder a la informaci�n �lo cual me parece muy positivo, porque los tr�mites sobre fijaci�n de tarifas generan conflictos, como lo ha dado a conocer la prensa en los �ltimos d�as, donde est�n en juego miles de millones de pesos-, es indispensable transparentar todos los antecedentes que sirvieron de base al proceso regulatorio, remiti�ndolos tambi�n a la Contralor�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, el proyecto en debate pretende asegurar una adecuada transparencia en la fijaci�n de tarifas de los servicios esenciales para la poblaci�n, como son los el�ctricos, sanitarios y de telecomunicaciones. El fundamento de la moci�n reside en el hecho de que nuestra legislaci�n manifiesta un vac�o en estas materias tan sensibles para la gente, en especial para los sectores m�s necesitados. En efecto, en este �ltimo per�odo ha surgido una interminable cantidad de reclamos de los usuarios en cuanto al cobro de facturas de esos servicios. Sin duda, en la base de muchas de esas irregularidades encontramos la permanente alza de tarifas, que tiene directa relaci�n con la fijaci�n de las mismas. El proyecto propone dar publicidad a los estudios y antecedentes t�cnicos, legales y econ�micos presentados con la finalidad de fijar las tarifas. Para ello es necesario entrar a modificar diversos cuerpos legales, seg�n el sector de que se trate. En el caso del agua potable, alcantarillado y aguas servidas, se proponen modificaciones. Un reciente estudio ha establecido que desde 1999, a�o en que se produjo la privatizaci�n del sector, por una parte el IPC lleg� a 9,9 por ciento, en tanto que el alza promedio del agua potable en todo el pa�s alcanz� a 53,95 por ciento. Lo anterior ha producido -seg�n datos de las propias empresas- que m�s de un tercio de los usuarios no est�n pagando sus cuentas. Es evidente que son los sectores m�s pobres los que padecen m�s intensamente esta situaci�n. En esta materia el sector necesita enormes inversiones que van desde mil 200 a mil 500 millones de d�lares para el tratamiento de aguas servidas y otros varios millones m�s para mantenci�n de redes. Ser�a interesante hacer un estricto seguimiento del cumplimiento de las empresas en estos rubros, y al que se comprometieron, desde el momento de ganar las correspondientes licitaciones. En el campo de las telecomunicaciones, la Empresa Telef�nica CTC Chile, que controla el 85 por ciento del mercado, ha procedido a demandar al Fisco por 270 millones de d�lares. Su fundamento son los supuestos perjuicios que habr�a experimentado la compa��a desde 1999, cuando entr� en vigencia el �ltimo decreto tarifario. La CTC se siente perjudicada por las modificaciones al c�lculo del cargo fijo, tramo local y en los precios de interconexi�n que ella cobra a otras empresas por usar sus redes (cargos de acceso). En su momento, CTC reclam� ante la Contralor�a General de la Rep�blica, la que dictamin� que el citado decreto tarifario no ten�a vicios de contenido. Adem�s, CTC est� estudiando otra querella en contra de los que resulten responsables al interior de la Administraci�n P�blica por haber, intencionadamente, tratado de perjudicar a la compa��a con las tarifas vigentes. La publicidad encuentra su sustento en el principio de transparencia que contempla la Ley N� 18.575, Org�nica Constitucional sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado. Los productos de los servicios esenciales a que alude el proyecto -sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones-, no obstante encontrarse en el �mbito privado, son de utilidad p�blica y, en consecuencia, el Estado debe ejercer autoridad fiscalizadora a fin de proteger a la comunidad. Durante la discusi�n del proyecto se escuch� a las autoridades implicadas en el tema, lo cual permiti� aclarar la posici�n de los organismos fiscalizadores en los distintos sectores. En este sentido, se reforz� la idea de que los decretos que fijan tarifas est�n relacionados directamente con los actos administrativas que los autorizan y, en consecuencia, conforme al art�culo 11 bis de la ley N� 18.575, tienen car�cter p�blico. Estimo de la mayor importancia aprobar el proyecto originado en moci�n de los Honorables se�ores Cariola, Fern�ndez, Larra�n y Prat. Como la Comisi�n de Econom�a aprob� la iniciativa por unanimidad, pido a la Sala que proceda en la misma forma y, adem�s, que se fije plazo para presentar indicaciones, si los se�ores Senadores lo estiman pertinente. Naturalmente, anuncio que votar� a favor del proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, uno de los problemas que m�s preocupa a la poblaci�n es, sin duda, la fijaci�n de tarifas de los servicios b�sicos. La gente no la comprende porque generalmente se plantea en t�rminos inentendibles. Entonces, el proyecto en estudio apunta en esa direcci�n; es decir, trata de que ese proceso revista la mayor transparencia, la que consiste no s�lo en publicaciones al alcance de la gran masa del pa�s, sino tambi�n en explicaciones claras, por una parte, de las empresas y, por otra, del Ministerio de Econom�a, autoridad responsable de establecer los decretos tarifarios, que son los instrumentos que autorizan los nuevos valores. Cuando nosotros empezamos a analizar la determinaci�n de las tarifas de acuerdo con las pol�ticas regulatorias del pa�s, con sorpresa nos encontramos con una tremenda diversidad de precios, en algunos casos dos o tres veces superiores -particularmente en los sectores rurales y en los urbanos m�s apartados- a los que se pagan, por ejemplo, en Santiago o en grandes urbes, como Valpara�so o Concepci�n, y ello debido a los mecanismos derivados de pol�ticas de subsidios no necesariamente aplicadas correcta y derechamente por la autoridad. Me parece que una pol�tica de subsidios bien focalizada permitir� mayor ecuanimidad. Hoy d�a los sectores rurales m�s apartados soportan el pago de servicios b�sicos (luz, agua, tel�fono) dos, tres o cuatro veces superiores al de los grandes centros urbanos. Esta situaci�n provoca un problema muy grave: la centralizaci�n. Se produce un incentivo perverso: en la pr�ctica, quienes deben destinar un porcentaje importante de sus ingresos m�nimos a pagar los servicios b�sicos muchas veces prefieren trasladarse con sus familias a los centros urbanos, aun cuando deban habitar en sus periferias o como allegados, donde los valores de tales servicios no equivalen a los que soportan en sectores rurales. A prop�sito de esta iniciativa, pido que se oficie a la autoridad pertinente, en mi nombre, a fin de que se nos informe sobre cu�l ser� la pol�tica de subsidios aplicada en las normas regulatorias. Recuerdo que hace alg�n tiempo, en una sesi�n especial del Senado, concordamos en que en esta materia deb�a establecerse una pol�tica de subsidios perfectamente clara, a fin de hacer accesibles y equiparables los costos de las tarifas de los servicios b�sicos, particularmente para el quintil m�s pobre de la poblaci�n. Asimismo, pido que la autoridad nos indique la manera en que se puede informar a la comunidad, mediante publicaciones correctas, acerca de los mecanismos de definici�n de tarifas, que -repito- muchas veces son inentendibles para la gran masa de la ciudadan�a. Tambi�n deseo consultar sobre el monto y destino de los subsidios entregados en los �ltimos cinco o diez a�os �me parece que cinco a�os ser�an adecuados, seg�n el per�odo en que se establecieron las normas regulatorias- y cu�ntos subsidios han quedado sin otorgarse, puesto que muchas veces los fondos est�n disponibles, pero no la manera de distribuirlos. Se trata de subsidios directos, que est�n establecidos y que posibilitar�an la fijaci�n de tarifas m�s ecu�nimes. Reitero mi solicitud de enviar estos oficios, en mi nombre y en el de la bancada de Senadores de Renovaci�n Nacional, a las autoridades respectivas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo para enviar los oficios solicitados? Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, el proyecto es de toda conveniencia, porque explicita el car�cter p�blico de los documentos, medios o instrumentos que se utilizan para los efectos de la fijaci�n de tarifas. Asimismo, precisa una fecha cierta para la publicidad de tales instrumentos, que hoy d�a se encuentran en una situaci�n bastante confusa: respecto de algunos servicios se entiende que s� deben darlos a conocer, pero no otros y, lo que es m�s grave a�n, existe incertidumbre acerca del momento en que deben difundirse. En mi opini�n, debe exigirse transparencia en todo este proceso que afecta de manera importante a tantas personas, especialmente a las m�s modestas de la poblaci�n. �se es el sentido del proyecto despachado por la Comisi�n y que ahora discute la Sala. Los fundamentos planteados por los Honorables se�ores Novoa y Sabag son m�s que suficientes para aprobarlo en general, sin perjuicio de las indicaciones que se puedan formular con posterioridad. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, sin duda, todo lo que apunte a clarificar y dar mayor transparencia en materias tan sensibles como �sta es conveniente. Intervengo como representante de una Regi�n que sufre graves problemas por falta de agua y que tiene el desierto m�s �rido del mundo. Considero que la transparencia es buena. Sin embargo, la gente se entera de las tarifas cuando ya se han fijado. Entonces, �en qu� momento hay "derecho a pataleo"? Demostrar transparencia cuando los precios ya se han establecido es interesante, pero de nada sirve. Por ejemplo, en la Regi�n de Antofagasta el metro c�bico de agua cuesta un poco m�s de 800 pesos; en otras, cerca de 200 pesos. O sea, no hay ninguna proporci�n. Por otra parte, me gustar�a saber c�mo se distribuyen los subsidios, porque, sin duda, se deben privilegiar las Regiones que m�s sufren estos problemas. �Estoy hablando de 800 y tantos pesos por metro c�bico de agua! �Imag�nense lo que paga la gente por ese servicio! Comparto lo se�alado por el Honorable se�or Romero, pero lo hago de una manera distinta: debe privilegiarse a las Regiones donde el precio del agua sea m�s alto. Muchas veces se entregan subsidios en zonas donde la poblaci�n no los necesita, porque en ellas llueve todo el a�o y se abastecen de agua con gran facilidad. Por lo tanto, solicito oficiar al Gobierno para que nos informe cu�ntos subsidios ha entregado y qu� criterios usa para asignarlos. Porque, a mi juicio, es m�s importante la tarifa del agua que el n�mero de personas que reciben los subsidios en Regiones que no corresponde. Adem�s, deseo pedir -y lo he planteado en reiteradas oportunidades- que se establezca una compensaci�n, pues se entregan subsidios en Regiones que no los necesitan; entonces, esos recursos se pierden. La autoridad debe disponer que tales subsidios se asignen en zonas como la Segunda Regi�n, donde existe ese tremendo problema. Y quiero insistir en lo que dije al empezar mi intervenci�n. Es muy buena la transparencia, pero, �en qu� momento la gente podr� reclamar por el monto de la tarifa que se le impone? Para m�, eso es m�s importante que el esclarecimiento posterior, cuando ya no hay nada que hacer. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se enviar�n los oficios solicitados por Su Se�or�a, de conformidad al Reglamento. Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, esta iniciativa, de la cual soy uno de los autores, reviste suma importancia porque nunca se ha logrado claridad absoluta respecto de los distintos procedimientos seguidos para fijar las tarifas de los servicios b�sicos. Se conocen los resultados finales, y se supone que todo el proceso, que est� regulado por la Superintendencia y por las normas legales vigentes, permite conocer todos los antecedentes del caso. Pero la verdad es que no es as�. Y cuando vemos los resultados, nos sorprendemos al advertir el gran desequilibrio existente en las distintas tarifas a lo largo del pa�s, y a veces dentro de una misma Regi�n. Podr�amos entender, por razones obvias, que las hay, como en las del norte, donde producir y contar con agua potable resulta m�s caro que en otras regiones del sur. Incluso, cuando analizamos la situaci�n al interior de las Regiones que poseen condiciones semejantes, advertimos que las tarifas no son las mismas para los consumidores, hecho, a mi juicio, completamente inexplicable. Hay otra situaci�n mucho m�s grave. En el �ltimo tiempo me he impuesto en mi Regi�n de alzas absolutamente indebidas e injustificables, que no guardan proporci�n alguna con los �ndices del costo de la vida. Y en la Regi�n que represento se da el caso de que es m�s barato que el agua llegue a las casas que la evacuaci�n de la misma, procedimiento que no me parece t�cnicamente razonable. El producir el agua y su traslado a los hogares es, curiosamente, m�s barato. Se cobra m�s por el servicio de alcantarillado que por el de agua potable, debido quiz� a otros mecanismos que llevan a que las tarifas de los servicios b�sicos se aparten de toda l�gica. Por eso, estas normas al menos garantizar�n no s�lo la transparencia de las tarifas, sino que la de los procedimientos seguidos anteriormente, conforme a un predicamento del cual tambi�n fuimos autores en su momento, tendiente a lograr la total transparencia de las actuaciones p�blicas. En un momento dado, junto a otros se�ores Senadores, propuse que nunca tuvi�semos sesiones ni votaciones secretas, porque, salvo casos extremos, nosotros tenemos que responder al pa�s de nuestros actos, y la �nica manera de hacerlo es que la gente conozca nuestros actos, nuestras razones y nuestras decisiones. Comprendo que hay algunas cosas en las cuales ello no es posible. Pero as� como pido transparencia en esta materia, tambi�n la pido para toda actuaci�n de servicio p�blico. Tal circunstancia dio origen a la norma que est� hoy d�a en las bases generales de la Administraci�n del Estado, y en la cual tambi�n se hace referencia al ejercicio del periodismo, materia que origin� la iniciativa que propuse hace varios a�os. El proyecto me satisface, aun cuando hay todav�a algunos aspectos que es necesario complementar en la discusi�n particular. Considero importante que, a prop�sito de este debate, hagamos presente nuestra inquietud por algunos de los aspectos que he mencionado. Primero, las alzas injustificadas, sin l�gica ni racionalidad econ�mica, y que no guardan proporci�n alguna con los valores objetivos de los servicios. Segundo, el desequilibrio que existe en materia de servicios b�sicos por Regiones. Y, en tercer lugar, la insuficiencia de la pol�tica de subsidio. En lo referente al agua potable, el Gobierno solamente subsidia hasta 15 metros c�bicos, en circunstancia de que la ley autoriza hacerlo hasta 20. A nuestro juicio, es necesaria una revisi�n en este sentido, pues, dada la situaci�n econ�mica, perjudica actualmente a los sectores m�s pobres y de menor empleo. Por ello, se hab�a discutido la posibilidad de que el Gobierno hiciera efectivo el subsidio por el total de lo que hoy d�a la ley autoriza, cuesti�n que hasta ahora no se ha hecho. En consecuencia, pido oficiar al Gobierno, al Ministerio de Obras P�blicas, para que el subsidio cubra la cantidad m�xima de metros c�bicos que la ley permite en la materia. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, con la venia de la Mesa? El se�or LARRA�N.- Con todo gusto, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Deseo hacer presente que lo planteado por el Honorable se�or Larra�n tiene un antecedente bastante importante entre nosotros. El Senado acord�, por unanimidad, que a lo menos se aumentase el subsidio para el agua potable a los 20 metros c�bicos. Y no hemos tenido respuesta a eso ni en uno ni en otro sentido. Gracias, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede continuar Su Se�or�a. El se�or LARRA�N.- Por eso, estoy solicitando el env�o de un oficio en el que, si el Senado lo acuerda, se reiterar�a aquel en que se pidi� aumentar el subsidio a la totalidad de lo que la ley actualmente permite. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviar�a el oficio en la forma propuesta. Acordado. El se�or LARRA�N.- En seguida, en la actualidad la ley permite subsidiar permanentemente s�lo el agua potable. Esta facilidad no existe para la energ�a el�ctrica ni tampoco para las telecomunicaciones, o tel�fonos, aunque en el caso de la telefon�a rural se han autorizado algunos subsidios que han permitido su instalaci�n, en una pol�tica a mi juicio extraordinariamente valiosa. Pero en los sectores rurales �lo he podido percibir en mi zona, en el Maule Sur- muchos tel�fonos han sido devueltos porque las comunidades no cuentan con los recursos para financiar los altos costos que ellos representan. Por lo tanto, pido oficiar a las autoridades pertinentes para que tambi�n las �reas de los servicios b�sicos de la energ�a el�ctrica y de las telecomunicaciones cuenten con una pol�tica de subsidios. Me parece que esa materia �que tambi�n fue discutida en las sesiones a que aludi� el Honorable se�or Adolfo Zald�var- deber�a ser pol�tica de Estado. Pienso que debemos preocuparnos de que los subsidios se focalicen en las �reas que constituyen servicios b�sicos imprescindibles en la sociedad actual. Por eso, insisto en la necesidad de que haya una pol�tica de subsidios dirigida a los sectores m�s modestos, de mayor indigencia o de mayor dificultad al acceso de los servicios p�blicos, como es el caso de la telefon�a rural, pero que sean permanentes, no espor�dicos. Finalmente, quiero manifestar la gran inquietud que existe en las provincias de Linares y Cauquenes por lo ocurrido con la fijaci�n de tarifas de la actual empresa concesionaria, que, a nuestro juicio, no se ajusta a l�gica alguna. No conocemos los antecedentes que las avalen y, por eso, pido oficiar, en mi nombre, al se�or Ministro de Obras P�blicas para que nos explique las razones que justifiquen lo ocurrido. Estimo extremadamente injusto e impropio lo sucedido y vamos a hacer fuerza para modificar las tarifas. En este sentido, ser�a muy �til saber c�mo se ha llegado a estos montos que �repito- son absolutamente inexplicables. Hay sectores populares y poblacionales que no est�n en condiciones de pagar las cuentas que est�n recibiendo. Incluso, en los avisos enviados a algunas de las oficinas que mantengo, he podido advertir que, sin ninguna explicaci�n, de un mes a otro, las tarifas han aumentado en 50 y 80 por ciento, medida que no se ajusta a l�gica ni justicia de ninguna especie. Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Obras P�blicas, para que d� respuesta, explicaci�n o justificaci�n de por qu� en nuestra zona, en nuestra Regi�n, se ha producido esta alza de tarifas que provoca molestias e inquietud en nuestra poblaci�n. Por lo dem�s, creo que el proyecto permite avanzar en esa l�nea, pero ciertamente, cuando abordemos el fondo del asunto, deberemos preocuparnos de la fijaci�n de las tarifas. Coincido en la conveniencia de entregar los servicios p�blicos en concesi�n o incluso en su privatizaci�n, pero no creo que ello excuse al Estado de su responsabilidad de supervisar y regular las tarifas, trat�ndose de servicios b�sicos que, en la mayor�a de los casos, son monop�licos, lo cual justifica con creces la intervenci�n del Estado. Eso es todo, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si hubiera acuerdo de la Sala, se mandar�an los oficios solicitados por el Honorable se�or Larra�n. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Ominami. El se�or OMINAMI.- Se�or Presidente, comparto plenamente los aspectos positivos del proyecto. Estimo que cuanto apunte en la direcci�n de entregar informaci�n, de hacerla m�s transparente y asequible, es claramente positivo. Pero tambi�n hay que decir que, a la luz de lo que sucede pr�cticamente en todos los sectores objeto de fijaci�n tarifaria por ley, me parece todav�a muy insuficiente. En efecto, advierto que lo ocurrido durante los �ltimos meses apunta a un grave deterioro de la situaci�n de los consumidores en materia de servicios p�blicos. No se trata s�lo de problemas de transparencia, de acceso a la informaci�n, sino derechamente de mal funcionamiento de los mecanismos tarifarios. Por lo dem�s, eso fue lo que discutimos en la sesi�n especial que, como se record� en esta Sala, celebramos hace alg�n tiempo para discutir sobre estos temas. En tal ocasi�n se aprob�, por unanimidad, un proyecto de acuerdo cuyo objetivo estaba dirigido a una revisi�n de los mecanismos tarifarios. Porque -como se demostr� en esa sesi�n-, por ejemplo, en el caso de uno de los sectores m�s cr�ticos en la actualidad, que es el de servicios sanitarios, claramente los consumidores del pa�s est�n pagando tarifas por completo excesivas, que tienen que ver con el mal funcionamiento de los mecanismos tarifarios, a mi juicio, producto de una distorsi�n de lo que fue el esp�ritu de la ley. Desde ese punto de vista, y sin perjuicio de las peticiones de oficio formuladas por diversos se�ores Senadores, pienso que ser�a del caso, dada la gravedad de la situaci�n en este �mbito, realizar una nueva sesi�n especial para discutir sobre el particular, a fin de que evaluemos la aceptaci�n de las proposiciones que hicimos anteriormente respecto de las distintas materias. En efecto, all� se plante� -como acuerdo un�nime del Senado- que, sin modificar la ley respectiva, se aumentara de 15 a 20 metros c�bicos el consumo subsidiado a los sectores populares. Creo que �sa ser�a una medida que ayudar�a a paliar en parte los problemas que est�n enfrentando los sectores m�s pobres del pa�s, muchos de los cuales se encuentran hoy d�a con el alto riesgo de pasar el invierno simplemente sin suministro de agua potable. �As� de dram�tico! Entonces, en mi concepto, se justificar�a que celebr�ramos r�pidamente una nueva sesi�n especial para tratar con las autoridades de Gobierno, que no son s�lo el Ministerio de Obras P�blicas, sino, tambi�n, el de Econom�a -ser�a muy bueno que el Ministerio de Hacienda participara en ella-, todo lo que tiene que ver con el aumento en el porcentaje de consumo subsidiado, con el objeto de tener mayor capacidad para que los planteamientos que un�nimemente formulemos sean efectivamente acogidos por el Gobierno. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, no tengo ninguna observaci�n u objeci�n al proyecto presentado, porque lo que signifique pedir mayor claridad e informaci�n, tanto para la opini�n p�blica como para quienes se interesan en esta materia, ayuda al objetivo de que las cosas funcionen mejor. Pero la iniciativa permite plantear un problema mucho m�s de fondo, que no es el de la informaci�n respecto de c�mo se fija un decreto o c�mo esto se difunde hacia la opini�n p�blica. Aqu� hablamos de uno de los elementos probablemente m�s esenciales de la vida de hoy y de lo que viene por delante: la calidad de vida de la gente, los derechos de las personas frente a ello y cu�les son los resguardos que la sociedad toma o no toma a trav�s de las tarifas o de otros mecanismos para garantizar tal calidad. Los temas relativos al agua, al aire, a la sanidad, a las telecomunicaciones se est�n convirtiendo hoy d�a en sin�nimo de oportunidades de que la gente goza para prolongar su vida en mejores condiciones y con m�s dignidad en materia de salud, para comunicarse m�s r�pidamente y, en �ltimo t�rmino, para incluso decidir d�nde se establece f�sicamente en una localidad o territorio como el nuestro. Por lo tanto, ya no hablamos del viejo concepto que se ense�aba -incluso hasta hoy d�a- en las clases de econom�a en las universidades, donde los recursos se divid�an en escasos y no escasos, y de acuerdo con eso se constru�a la teor�a econ�mica. Siempre se ense�� que el aire constitu�a un recurso abundante, no escaso. Sin embargo, hoy d�a esa apreciaci�n comienza a revisarse en los textos, porque si bien es cierto que es abundante, su calidad es lo que coloca una diferencia en el precio. Cuando hablamos de restricci�n a los autom�viles catal�ticos, de v�as concesionadas, etc�tera, introducimos en nuestra sociedad un concepto distinto acerca de la forma de percibir el futuro de Chile. En la actualidad, los temas del agua y del alcantarillado son sin�nimos no s�lo de vivir c�moda y adecuadamente, sino, tambi�n, de no sufrir enfermedades que reduzcan la expectativa de vida y compliquen los gastos de una comunidad humana que, a veces, debe empe�arse en enfrentar situaciones que pudo evitar, de no haber consumido esa agua. Por consiguiente, ya no hablamos de elementos, de bienes o servicios de necesidad p�blica, sino de otra cosa. Entonces, cuando la sociedad se encamina en ese rumbo, el problema del valor que ella otorgue a este tipo de elementos adquiere una connotaci�n diferente, que no se ha debatido en el pa�s en esos t�rminos. Respecto de las empresas sanitarias y de las que procesan el agua potable -por un momento dejar� de lado las de telecomunicaciones y otros servicios que tampoco pueden excluirse-, se ha producido un largo debate acerca de la conveniencia o no de traspasarlas desde el Estado a la propiedad privada, o de otorgarlas en concesiones. Hasta el momento se han privatizado cinco de ellas: en Valpara�so, en Santiago, en las Regiones Sexta, Octava y D�cima. Adem�s, se ha dado en concesi�n la empresa sanitaria en la Regi�n del Maule, y se estudia la posibilidad de otorgar otras. Pero el problema no reside en c�mo act�a una empresa concesionada; porque �sa es una materia respecto de la cual tenemos una opini�n formada -la hemos dado y continuaremos entreg�ndola-, sino que, obviamente, tiene que ver con el inter�s de empresas privadas o del Estado -si acaso gestionan las que no est�n privatizadas- en cuanto a c�mo cobran este bien que condiciona la calidad de vida. Uno de los conflictos que hoy existe -y ya lo se�alaron los se�ores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- dice relaci�n al desconcierto de la poblaci�n, por cuanto en las Regiones, a partir de noviembre y diciembre pasados, han comenzado a entregarse las nuevas boletas que contemplan el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado. �se es el problema inmediato, que no cancela los ya mencionados. �Y cu�l es el desconcierto? Que la poblaci�n est� comenzando a entender que hoy debe pagar m�s caro por un alcantarillado que ya estaba construido y que, en algunos casos, la propia gente modesta financi� de su bolsillo. Actualmente, si consume 40 metros c�bicos de agua en el mes, le cobrar�n m�s caro por un factor (el uso del alcantarillado) respecto del cual la persona no encuentra explicaci�n. En la zona que represento sostuvimos dos reuniones con representantes de la empresa sanitaria; recibimos todas las informaciones pertinentes. �Y a qu� conclusi�n llegamos? A la iron�a de que, en el esquema en que est� planteado todo esto, se ha dado el caso de que hoy d�a se pide al modesto poblador o pobladora que sea el inversionista futuro de un negocio adecuado para la econom�a de un pa�s y que, en la pr�ctica, significa limpiar y sanear las aguas. De esa forma, se le cobra de manera anticipada por el concepto de uso del alcantarillado con el objeto de constituir un fondo de ahorro, que no es para �l ni para ella, sino para que la empresa privatizada o la sociedad pueda efectuar el saneamiento de las aguas en los a�os 2010, 2012 � 2015. Por lo tanto, lo que en el esquema econ�mico resultaba esencial, esto es, que un inversionista privado se arriesgue en un negocio, pida un cr�dito y pague intereses, ya deja de serlo. Porque, para saber si va ser buena o mala la rentabilidad, se cambiaron las reglas del juego. Y ahora al inversionista -que no es percibido como tal, porque no tendr� ninguna utilidad en el futuro, salvo que le se�alen que se limpiaron las aguas de tal r�o, y a lo mejor con eso tendr� m�s trabajo como temporera o temporero- le est�n diciendo: �Se�or Pedro P�rez, que vive en los m�rgenes del r�o Tinguiririca, pase usted la plata adelantada para que puedan llevarse a cabo las inversiones para limpiar las aguas del valle central de Chile! Eso no resiste explicaci�n alguna ante nadie. Porque, obviamente, aqu� el esquema econ�mico se halla alterado, el sentido com�n violentado, y sencillamente se trata de una inversi�n que se hace a costa de los m�s modestos. Esto debe revisarse. Si se hizo con el prop�sito de limpiar las aguas, mejorar las condiciones sanitarias del pa�s y elevar la calidad de sus exportaciones -objetivos que comparto-, ello no significa crear una nueva teor�a econ�mica y de inversi�n en nuestra sociedad para exigir al m�s modesto el pago anticipado, quien adem�s tiene que asumir el riesgo y no cosechar los frutos de su inversi�n. �Hemos puesto realmente la carreta delante de los bueyes! �Qu� implica lo que planteo, y que por ello lo doy a conocer en el Senado? En la Cuenta de esta sesi�n, se informa de la respuesta a un oficio que solicit� durante una intervenci�n en el mes de enero, al plantear un tema puntual, cual era el tratamiento que da la empresa de servicios sanitarios que opera en la regi�n que represento al corte del agua y remoci�n de medidores, cuesti�n en que est� involucrada la dignidad de las personas. Pero son elementos que no quiero mezclar en esta coyuntura. Lo que s� deseo anunciar es que los Senadores de la Democracia Cristiana plantearemos la revisi�n del marco regulatorio. �se es el punto. En cuanto a la transparencia de la informaci�n y todo lo que se quiera, no hay problema. Pero el fondo de la cosa es qu� valor asigna la sociedad a la forma en que se desarrollar� la vida. Tambi�n se ha tocado el tema de los subsidios. Durante el Gobierno anterior, se otorgaron m�s de 400 mil de ellos. Desgraciadamente en esta etapa, por razones que me gustar�a conocer en alg�n momento, han disminuido ese beneficio respecto del agua potable. Lo que quiero decir, para que quede claro, es que los subsidios al vital elemento, que en total suman 42 millones de d�lares, actualmente son manejados por los municipios del pa�s, los que en muchos casos -me consta- hacen una utilizaci�n pol�tico-electoral respecto de su otorgamiento. Eso, adem�s de ilegal, es inmoral. �Qu� ocurre? Se presiona a las personas. En cajones de escritorios de algunos funcionarios de determinadas municipalidades, se ha encontrado documentaci�n correspondiente a cien subsidios no utilizados, porque el alcalde o la alcaldesa de turno -conozco los casos- sencillamente discriminan entre quienes les son simpatizantes y los que no lo son. Esto debe corregirse. El subsidio no puede ni debe operar as�, porque de esa forma se violenta la dignidad de las personas. Que quede claro: somos partidarios de que aumenten los subsidios, que se entreguen en forma transparente y que su manejo se divorcie absolutamente de la utilizaci�n pol�tico-electoral o de otra naturaleza que se pueda hacer de un instrumento que condiciona la vida de la gente. Adem�s, estimo que tanto las empresas bajo control estatal cuanto las privatizadas no pueden seguir con el m�todo que denunci� en esta Sala: algunas empresas sanitarias cobran entre ocho y nueve mil pesos por concepto de reposici�n del suministro de agua potable, al menos en la regi�n que represento. �Qu� significa eso? Que la empresa prefiere no negociar.�F�jense Sus Se�or�as lo que digo! La ley exige la celebraci�n de un convenio entre la persona que no puede pagar y la empresa. Pero ella se niega a celebrar acuerdos con quienes deben 12, 14 � 20 mil pesos y deja que la deuda se acumule hasta 50 mil pesos, porque desde el punto de vista secretarial y administrativo conviene hacer negocio por un paquete mayor. Entonces, el m�s d�bil sabe que le van a cargar 8 mil � 10 mil pesos m�s al monto que no puede pagar, con el objeto de que el asunto siga funcionando y se mantenga el subsidio. Se ha llegado a la indignidad de remover con chuzo el medidor de la vivienda, lo que es un escarnio p�blico. Son cosas que deben corregirse. Por lo tanto, anuncio que los Senadores democratacristianos vamos a promover una iniciativa tendiente a revisar el marco regulatorio y, adicionalmente, crear todos los mecanismos de resguardo en materia de utilizaci�n de subsidios y de preservaci�n de la dignidad de las personas respecto del acceso a un bien de necesidad vital. Concedo una interrupci�n a la Honorable se�ora Frei, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, deseo referirme a una duda expresada por algunos Honorables colegas. En el muy buen Gobierno pasado -lo digo con conocimiento de causa-, los Senadores de la Democracia Cristiana pedimos aumentar el subsidio al agua potable de 15 a 20 metros c�bicos, lo que fue aceptado, pero ignoro la raz�n por la cual no se ha procedido as�. Lo que plantea el Senador se�or Moreno es algo muy complejo e involucra la privatizaci�n de los servicios esenciales. Y deseo agregar a lo se�alado por �l que muchas veces las empresas abusan de la gente. En la regi�n que represento en el Senado, al igual que el Honorable se�or Cantero, la empresa ESSAN, en manos estatales, ha tenido utilidades de 8 mil millones de pesos en el �ltimo ejercicio y 10 mil millones en el anterior. �Se justifica privatizar un servicio como �se? Entonces, estos temas son de tal complejidad -a veces lo que decimos no tiene mucho que ver con lo reflejado en una moci�n- que alguna vez debemos tratarlos a fondo. Est� en juego lo relativo a las privatizaciones, la dignidad de las personas a quienes se corta el agua, y lo que sucede a quienes ven aumentar su deuda y, lo m�s importante, resultan afectados en su calidad de vida. Comparto �ntegramente lo expresado por mi Honorable colega el Senador se�or Moreno, y lo aplaudo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se ha planteado la posibilidad de celebrar una sesi�n especial, para lo cual el Presidente del Senado tiene atribuciones, as� como para fijar el calendario de trabajo. Para la pr�xima semana hay un solo proyecto en tabla: el que establece el sistema de jueces de turno. Las Comisiones estar�n reci�n instaladas, por lo cual tampoco habr� otros informes que presentar a la consideraci�n de la Sala. Por lo tanto, sugiero citar a sesi�n especial el pr�ximo mi�rcoles e invitar a las autoridades de Gobierno correspondientes: los se�ores Ministros de Obras P�blicas y de Econom�a; los respectivos Superintendentes... El se�or OMINAMI.- Tambi�n al Ministro de Hacienda, se�or Presidente, porque el tema de los subsidios es de injerencia de esta Secretar�a de Estado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Entonces, tambi�n se le invitar�. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, sugiero circunscribir el debate al aspecto regulatorio de los servicios sanitarios, porque es muy urgente, desde el punto de vista social, y para no diluirnos en consideraciones generales. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Coincido en ello, y as� deseo proponerlo a la Sala, dejando los dem�s aspectos para otra oportunidad. Restan seis se�ores Senadores inscritos para usar de la palabra En verdad, hemos entrado de lleno a un debate propio de una sesi�n especial, con la diferencia de que no est�n presentes las autoridades de Gobierno para que escuchen las distintas intervenciones. El se�or MART�NEZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or MART�NEZ.- Deseo recordar que el d�a 19 recibimos al Presidente del Brasil, se�or Cardoso. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- S�, el martes 19, a las 12. La sesi�n especial se citar� para el mi�rcoles 20. El se�or FREI (don Eduardo).- Se�or Presidente, me alegro de que se abra discusi�n sobre la materia, porque me interesa mucho participar en ella, sobre todo en el aspecto sanitario. Pero me preocupa que la circunscribamos nada m�s que a ese punto. Ayer se present� una demanda contra el Fisco por m�s de 200 millones de d�lares por parte de una compa��a. Y si vamos a analizar el marco regulatorio, �por qu� dejar fuera algo tan importante como las telecomunicaciones? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Podr�amos analizarlo en otra sesi�n. El objetivo que se persigue es centrar el debate concretamente en el tema del agua potable. Lo dem�s se ha tocado en forma marginal; pero no tengo inconveniente en abordar todos los aspectos. El se�or FREI (don Eduardo).- Pero ahora en el an�lisis de una moci�n parlamentaria, relativa a la publicidad de todos aquellos documentos que tengan relaci�n con la fijaci�n de tarifas de los servicios sanitarios, el�ctricos y de telecomunicaciones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Efectivamente, se�or Senador. Pero la sesi�n especial no se ha pedido s�lo para el proyecto en an�lisis. Yo no tengo inconveniente en citar a varias sesiones, pero ser�a bueno abordar una por una las distintas materias, a objeto de lograr soluciones concretas. Por eso, conforme a lo escuchado ahora en la Sala, propondr�a que en la primera sesi�n especial se aborde el caso del agua potable, sin perjuicio de mantener el tema general relativo a la regulaci�n tarifaria de los tres servicios. Estoy facultado para realizar tal proposici�n, y por tal motivo se las anuncio a Sus Se�or�as. Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, los tres asuntos (sanitario, energ�tico y de telecomunicaciones) son igualmente importantes. Sin embargo, cada uno es muy complejo y diferente de los otros. Desde ese punto de vista, adhiero a lo se�alado por el Senador se�or Gazmuri en el sentido de que como hoy d�a se plante� el tema sanitario, la sesi�n especial sugerida por la Mesa se limite a ese punto, pues por tratarse de materias distintas, resultar�a bastante complicado pasar de un tema a otro. Por tal raz�n, solicito que en la reuni�n de Comit�s de la pr�xima semana el se�or Presidente proponga una secuencia de tres sesiones ya preestablecidas para tratar los referidos asuntos uno detr�s de otro, a fin de tener informaci�n m�s completa respecto del marco regulatorio de cada sector, el cual tiene algunos principios comunes, pero que �como se�al�- son muy complejos y diferentes en su aplicaci�n espec�fica. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- De acuerdo, se�or Senador. Entonces, primero nos dedicar�amos al tema del agua potable y sanitario. Desde ya anuncio sesi�n especial para el mi�rcoles 20 del presente a las 11:30 horas. No olvidemos que el pr�ximo martes tenemos sesi�n ordinaria en la tarde y, tambi�n, sesi�n de Congreso Pleno a las 12 para recibir al Presidente de Brasil, se�or Enrique Cardoso, que viene en visita oficial. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, solicito que la primera sesi�n especial sea dedicada al tema de las sanitarias y, la segunda, al de las telecomunicaciones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Comit�s resolveremos ese asunto, se�ora Senadora. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Pido especialmente al se�or Presidente que tome en cuenta mi solicitud, pues estoy segura de que ser� aceptada por los se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- As� lo har�, se�ora Senadora, y espero que su petici�n tenga la recepci�n deseada. Hago presente a la Sala que todav�a restan seis se�ores Senadores inscritos. Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, el proyecto me parece impecable y lo voy a apoyar. Sin embargo, no me referir� a �l, sino a algunos de los planteamientos expresados durante el debate y que me causan preocupaci�n. En primer lugar, en mi opini�n, deber�amos tener en cuenta cu�l es la finalidad de fijar tarifas. Los precios son b�sicamente se�ales que tienen por objeto determinar la forma de actuar tanto de los productores como de los consumidores. En el norte de Chile, el agua tiene un precio m�s alto, porque es m�s escasa. Y debe ser as�, pues de esa manera se estimula a las empresas a buscar nuevas formas de producirla. Por ejemplo, en la zona norte se han instalado plantas desanilizadoras, que obviamente en el sur no tendr�an ning�n sentido. Pero si el precio del agua fuera igual a lo largo del pa�s, no se instalar�a una planta de ese tipo en el norte, porque su precio ser� m�s alto que en el promedio del territorio. Por otra parte, tambi�n los precios son se�ales indicativas para que los consumidores gasten menos agua, porque es un bien escaso. Y es bueno que sea de esa forma. Desde el punto de vista del inter�s nacional, ser�a absurdo que una empresa que consume mucha agua para el desarrollo de su actividad se instalara en el norte. As� podr�a ocurrir si el precio fuese parejo a lo largo de Chile. El precio del agua debe reflejar el costo de producir un elemento escaso, porque de esa manera se incentivan nuevas formas de obtenci�n del l�quido elemento y, tambi�n, su consumo racional. En los sectores rurales el agua es m�s cara por otra raz�n: el elevado costo de llevarla hasta los consumidores, los cuales se encuentran dispersos y alejados de los centros distribuidores. En Santiago, por ejemplo, con un kil�metro de ca�er�a se puede proveer de agua a much�simas familias; en cambio, en el campo, a veces se requieren varios kil�metros para abastecer de ella a un solo grupo familiar. De all� que sea m�s caro llevar agua a esas zonas que a sectores poblados. Por tal raz�n, yo defiendo muy fuertemente la idea de que el precio del agua y de todas las cosas se fije de acuerdo a criterios racionales. Sin embargo, hay todav�a varios temas pendientes. El primero, dice relaci�n a si la autoridad fija o no fija adecuadamente los precios. Como en general se trata de empresas consideradas monopolios naturales, al Gobierno corresponde fijar tarifas. Para ello, b�sicamente debe asegurar que la empresa sea eficiente y obtenga cierta rentabilidad sobre el capital. El problema radica en saber si eso se est� logrando o no, lo cual, a mi juicio, merece una investigaci�n. En tal sentido, la publicidad de todos los documentos y estudios sobre el particular es un gran paso adelante. Por tales motivos, respaldo lo propuesto por el Senador se�or Ominami -acogido por la Sala- en cuanto a la necesidad de realizar sesiones especiales sobre la materia. Pero yo ir�a incluso m�s all�. Me parece que as� como la Comisi�n de Hacienda escucha tres o cuatro veces al a�o al Banco Central, quiz�s la Comisi�n de Econom�a deber�a tener como una de sus funciones o�r en igual n�mero de ocasiones a las autoridades encargadas de fijar las tarifas de todos los servicios p�blicos. En �ltimo t�rmino, da lo mismo si se trata de empresas privadas o estatales, porque el asunto es saber si las tarifas se est�n fijando bien, de acuerdo a criterios t�cnicos y a qu� se debe entender por una empresa eficiente. En definitiva, propongo sobre el particular un control permanente de parte del Senado, a trav�s de la Comisi�n de Econom�a. Dicha proposici�n es importante, porque desgraciadamente somos seres humanos y como tales, falibles. La literatura existente se�ala que muchas veces la autoridad que fija la tarifa puede ponerse excesivamente a favor o en contra de una empresa y, por lo tanto, ser injusta. En el fondo, si a una empresa siempre se le determinan tarifas demasiado bajas, no podr� invertir; y, si le fijan tarifas muy altas, ser� el consumidor el que pague m�s de lo debido. En definitiva, ambos casos son inaceptables. Por otro lado, las inversiones necesarias para que el pa�s progrese alguien las debe financiar, sean los consumidores o el Estado. Pero no podemos pedir a una empresa que invierta de su bolsillo sin obtener ning�n retorno a cambio de eso, porque entonces no lo har�. Yo me niego rotundamente a que el Estado pague las inversiones, pues no le corresponde subsidiar a los consumidores ricos. Es cierto que entre los clientes hay gente muy modesta que no puede costear las tarifas fijadas. Pero existen consumidores que perfectamente pueden pagar, y deben hacerlo. Si hay empresas que consumen agua, �por qu� el Estado tendr�a que pagar las inversiones si una industria utiliza dicho elemento para sus funciones? �Por qu� el Estado deber�a pagar la inversi�n de una persona acomodada? A mi juicio, las inversiones deben ser de cargo de los consumidores. Obviamente existen algunos imposibilitados de costearlas, porque hay un problema de pobreza entremedio. Y, en ese caso, son justificables los subsidios, pero deben ser suficientes y ser otorgados s�lo a las personas que los necesitan. Por lo tanto, se�or Presidente, como segundo punto deber�amos estudiar a qui�n se conceden los subsidios. Es inaceptable que se entreguen con criterios pol�tico-partidistas. �Absolutamente insostenible! Por eso, creo que deber�amos establecer un mecanismo que nos asegure la total transparencia y eficiencia en la concesi�n de subsidios, pero tambi�n que ellos sean suficientes para ir en socorro de la gente que no puede pagar servicios vitales, como el agua potable. Aqu� ya no se trata de un problema de consumo, sino de salud. Es inadmisible que una guagua enferma de diarrea se muera por falta de agua potable. En definitiva, tocante a los subsidios, lo que debemos ver es que sean suficientes y que, sobre todo, est�n bien repartidos. Por �ltimo, se�or Presidente, quiero se�alar que respecto del costo de reposici�n, por lo menos en otros sectores se trata de una materia ya regulada. En el rubro el�ctrico, se aprob� una ley -el a�o pasado si mal no recuerdo- que permit�a al Estado fijar no s�lo el precio de la electricidad, sino tambi�n cu�nto pueden cobrar las empresas por los servicios anexos, como lectura de medidores, reparaci�n de �stos, en fin, todas aquellas tareas que s�lo pueden realizarse por las empresas monop�licas (la reposici�n del servicio, entre ellas); y, por lo tanto, la tarifa debe fijarse por la autoridad. De modo que, de aqu� podr�a salir un proyecto de ley que copiara, para el sector sanitario, lo mismo que se hizo en el caso del sector el�ctrico. Se�or Presidente, conviene dejar en claro que la fijaci�n de tarifas no tiene por objeto producir un equilibrio de �stas a lo largo del pa�s, porque eso ser�a realmente inconveniente para todos. Pero s� -y esto ha sido repetido en todos los discursos, ac�- que la gente modesta tenga efectivamente acceso al agua potable, al tel�fono, por lo menos en sus comunidades; a la electricidad y al alcantarillado. En ese sentido, considero que la cuesti�n de los subsidios es clave. Es primordial saber cu�nto dinero se destina; c�mo se asignan en las regiones, en los distintos pueblos, y c�mo se fija a cada consumidor en particular, de manera de asegurar que no haya en eso intervenci�n pol�tico-partidista alguna. He dicho, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Antes de continuar, y trat�ndose de un proyecto que requiere para su despacho de qu�rum de ley org�nica constitucional, propongo a la Sala dejar abierta la votaci�n y fijar las 13:30 como hora de t�rmino para que la Sala se pronuncie. �Habr�a acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, me parece extraordinariamente importante que, frente a una iniciativa legal que en realidad no tiene mayor envergadura, se produzca un debate tan de fondo como el que se comienza a desarrollar ahora. A mi juicio, se trata de algo m�s profundo que lo que muchos se�ores Senadores han planteado. En necesario recordar que el ser humano naci� y solamente se pudo asentar a orillas de un lago o de un r�o. En �pocas pret�ritas era inconcebible e imposible que el hombre pudiera vivir alejado de un elemento tan indispensable como el agua potable. Por eso, todos los asentamientos humanos nacieron a orillas de un r�o o de un lago. En consecuencia, �ste no es un tema menor. Y cuando se intenta dar una explicaci�n economicista -como lo hicieron algunos se�ores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra-, a mi entender se cae en un profundo error. No se trata de un problema en el que se puedan ligar el precio y el costo, pues estamos en presencia de algo tan importante como el consumo de un elemento b�sico: el agua potable. Sobre el particular, quiero dar un ejemplo, se�or Presidente. Cuando se habla de privatizaciones, de concesiones o de alzas en las tarifas, de inmediato algunos sectores pol�ticos dicen: "Bueno, aumentemos los subsidios". Pero en esto no s�lo hay un problema relativo al monto del subsidio. En la Regi�n que represento se registra un 33 por ciento de pobres, sin considerar a las personas que nada consumen, que son los indigentes. Sin embargo, a ese 33 por ciento mencionado no se le otorga subsidio para el agua potable. �sa es la realidad. Y es m�s: resulta f�cilmente comprobable. Si sumamos los subsidios de vivienda, los SUF o subsidio �nico familiar, los destinados a pensiones asistenciales y otros, observaremos que ni siquiera alcanza a un tercio de los subsidios ya establecidos. Bastar�a sumarlos para darse cuenta de la grave situaci�n que ah� se produce. Al 35 por ciento de personas que cuentan con instalaci�n de agua potable se les ha suspendido el suministro por no tener capacidad de pago. Esta situaci�n se agrava en las regiones pobres, porque en la mayor parte de esos hogares hay allegados; incluso en algunos de ellos viven tres o cuatro familias. En esos casos, se�or Presidente, cuando se otorga a una persona un subsidio de hasta 20 metros c�bicos, el resto de las familias que viven en la casa no puede usar el agua potable, porque les est� prohibido hacerlo. Ahora bien, si lo anterior se multiplica en las casas donde el n�cleo familiar es mayor, surge adem�s el problema -como se expres� aqu� de otra manera- relacionado con el alcantarillado. Ocurre que a estos hogares, muchas veces habitados por entre 15 y 20 personas, se les otorga un subsidio de hasta 10 metros c�bicos de agua potable, para un consumo total de hasta 20 metros c�bicos. Esta situaci�n, se�or Presidente, me parece extraordinariamente grave. Y se pretende justificar diciendo, cuando se privatiza o se da una concesi�n, "Mire, se�or, vamos a aumentar el monto de los subsidios". Me gustar�a escuchar la opini�n del se�or Ministro de Hacienda o de alguna otra autoridad, acerca de los recursos que se necesitan para entregar un subsidio a quien realmente est� calificado como pobre. Cuando se producen alzas de tarifas, determinadas por los costos, en definitiva son medianamente alcanzados por el beneficio los pobres que efectivamente est�n calificados para recibir subsidio. Sin embargo, aquellos que no lo est�n, no obstante ser pobres, soportan el impacto neto del alza de tarifas. En consecuencia, se trata de un problema muy de fondo, muy grave. Por otra parte -y relacionado con lo mismo-, en mi Regi�n el 40 por ciento de las personas vive en el campo, y muchas de ellas obtienen el agua potable de una vertiente o de un pozo. As� est�n calificadas. Pero hay tiempos de sequ�a. Y, por ejemplo, este a�o m�s de 36 mil personas carecieron de agua potable. Respecto de tales situaciones, que para algunos podr�an aparecer analizadas un poco desde el punto de vista estad�stico, hay que hacer notar el drama que sufren las familias cuando carecen de un elemento tan indispensable como el agua en una ciudad grande, como es Temuco, ya sea porque el suministro ha sido cortado, o porque no puede acceder al servicio, o porque no cuenta con subsidio. Lo anterior se agrava con otro elemento muy importante: el de los cargos fijos. Sobre el particular, sostuve una conversaci�n con un jubilado, quien me se�al�: "Mire, Senador, percibo 61 mil pesos mensuales y tengo cuatro ampolletas de 40 watts en mi casa, para toda mi familia. Vivo en la penumbra, a media luz, porque no puedo consumir m�s de los 700 pesos en electricidad, determinados por esas cuatro ampolletas. Pero a fin de mes me llega la cuenta y en la boleta aparece: "Consumo 700 pesos; cargo fijo 2 mil pesos". �Dos mil pesos de cargo fijo y 700 pesos por concepto de consumo! Por eso, planteamos insistentemente al Presidente de la Rep�blica y al Ministro de Econom�a -hemos sido apoyados por otros se�ores Senadores- la necesidad de entregar tambi�n un subsidio, en las mismas condiciones que el existente para el agua potable, a los consumidores de energ�a hidroel�ctrica. Otro tanto podemos decir de los tel�fonos. En algunos casos el cargo fijo es dos, tres o cuatro veces el valor que se paga por el consumo. En consecuencia, el problema es bastante profundo y lo hemos advertido especialmente cuando se privatiza o licita una empresa que tiene que ver con el bien p�blico. Situaciones de esta naturaleza no deben quedar entregadas a sistemas economicistas. Me alegro de que se haya tomado la determinaci�n de debatir a fondo cada uno de los rubros. Con relaci�n a la electricidad, no hace muchos d�as una multinacional extranjera tuvo problema con un sindicato en Argentina. �Y qui�n lo pag�? �la Novena Regi�n!, que represento en el Senado. �Es decir, un pa�s que tiene el segundo potencial hidroel�ctrico del mundo fue puesto de rodillas por elementos for�neos! De lo anterior se deduce que en el asunto hay involucrada una cuesti�n de soberan�a. Adem�s, es el comienzo de un problema grav�simo. Si consideramos que el producto en Chile crece al 3 por ciento anual, con un consumo de 320 megawatts, y que la proyectada central hidroel�ctrica de Ralco producir�a 570 megawatts, eso significa que si pretendi�ramos crecer al 6 por ciento tendr�amos que construir dos centrales equivalentes a la de Ralco cada dos a�os, esto es una al a�o. Hay una barrera para el crecimiento: la energ�a. Cualquier naci�n del mundo -�cualquiera!- mide su desarrollo por el consumo de energ�a por habitante (de paso, cabe agregar que la energ�a es cobre, lo cual para los chilenos es doblemente importante). Por ello -�atentos!-, lo atinente a Ralco y a las plantas que no se est�n construyendo crear�n una barrera insostenible para el desarrollo nacional. Eso hay que aclararlo de una vez por todas cuando se plantean estos criterios economicistas. Por cierto, si un mapuche dice: "�Claro, me van a quitar mi propiedad!", tiene derecho a reclamar. Pero aqu� hay algo esencial: el bien com�n. �Y ni un huinca ni un mapuche se pueden oponer al bien com�n! �sta es la raz�n. Y eso no emana del individualismo ni del economicismo, sino de la condici�n social que deben tener un Gobierno y un pa�s. El punto es extraordinariamente delicado. No entrar� ahora en este tipo de observaciones porque espero hacer una buena exposici�n en la sesi�n especial que se convocar� al efecto. Sin embargo, quiero se�alar que en China se est� construyendo una central hidroel�ctrica con capacidad para producir 27 millones de kilowatts. Para ello se inundar�n m�s de 680 mil hect�reas, y, como las propiedades son peque�as, gran cantidad de gente resultar� afectada. Pero esa central se levanta en nombre del progreso y del bien com�n de todos los chinos. Es indispensable que nos aboquemos cuanto antes a debatir temas tan fundamentales como son el bien com�n, la energ�a, el agua potable y las comunicaciones. Comparto la idea de aprobar el proyecto en discusi�n -es simple, sencillo y permitir� mayor transparencia-, que en la Comisi�n, luego de analizarlo, aprobamos por unanimidad. Pero es insuficiente. Debemos llegar a la ra�z del problema. Eso es lo que esperan los habitantes de mi zona, que es la Regi�n m�s pobre. All� la pobreza alcanza a 33 por ciento; y si se excluye Temuco, a 40 por ciento. Adem�s, al menos tres -�tres!- comunas tienen una cesant�a de sobre 60 por ciento. �Qu� podemos decirles a esas personas? �Que en el Senado se comienza a hablar del costo y de la utilidad? Porque a prop�sito de un bien tan trascendental como el agua potable, elemento fundamental en toda forma de vida, debemos admitir que -como se�al� la Senadora se�ora Carmen Frei- las utilidades fueron de 8 mil millones de pesos en el �ltimo ejercicio, y de 10 mil millones de pesos en el anterior. O sea, el consumidor no s�lo tiene que pagar el costo -como lo hac�a antes con el Estado-, sino tambi�n la utilidad. Por eso, siempre me han parecido inconvenientes� El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ha concluido su tiempo, se�or Senador. El se�or LAVANDERO.- �las privatizaciones relacionadas con elementos tan b�sicos como el agua potable, las comunicaciones y, sobre todo, por su excepcional importancia, la energ�a. El se�or FREI (don Eduardo).- �Me concede una interrupci�n, Honorable colega? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No puede otorg�rsela, Su Se�or�a, porque termin� el tiempo del se�or Senador. El orador siguiente es el Honorable se�or Horvath, quien eventualmente podr�a d�rsela. Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or HORVATH.- Encantado concedo la interrupci�n, por intermedio de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Frei. El se�or FREI (don Eduardo).- Se�or Presidente, coincido con lo manifestado por el Senador se�or Lavandero en cuanto a que Chile necesita a lo menos una central Ralco al a�o. Las circunstancias que estamos viviendo demuestran que es imprescindible seguir construyendo plantas hidroel�ctricas. Me alegro much�simo de concordar en esto. Aprovecho para aclarar que la empresa de agua potable de Antofagasta es fiscal; no privatizada ni concesionada. La se�ora FREI (do�a Carmen).- �No va a ser privatizada? El se�or FREI (don Eduardo).- En el debate que se realizar� la pr�xima semana dar� mi opini�n sobre esta clase de empresas. Agradezco la interrupci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en primer lugar, en muchas de las intervenciones se ha pasado por alto el hecho de que las tarifas se fijan a trav�s de decretos -�stos llevan las firmas del Ministro del ramo y del Presidente de la Rep�blica, quien adem�s tiene atribuciones en estas materias- y con participaci�n de la respectiva Superintendencia. En los casos de servicios monop�licos se plantea como referencia una empresa modelo. Esto vale tanto para el sector p�blico como para el privado. De manera que, en lo concerniente a alza de tarifas, los planteamientos deben dirigirse a las autoridades competentes. En segundo t�rmino, los estudios que sirven de base para la fijaci�n de tarifas tienen algunos componentes que es importante destacar. Ante todo, deben ser bastante m�s integrados. Cuando se fija la empresa modelo la cantidad de alternativas por barajar son m�nimas. Si uno analiza el modelo desde el punto de vista econ�mico, las externalidades positivas o negativas no se visualizan. Por ejemplo, no se considera para nada el manejo integrado de cuencas, con lo cual ser�a factible asegurar la cantidad y la calidad de las aguas a precio mucho m�s conveniente. Podr�a hacerse referencia tambi�n a plantas de tratamiento de distintos tipos; o a combinaciones de riego urbano, en las cuales esto se carga a veces al consumo de agua potable. Y ah� se alude al tratamiento de alcantarillado, en circunstancias de que, en el fondo, esas plantas no est�n operando. Tambi�n podr�an contemplarse los distintos or�genes para fuentes de energ�a. En fin, hay diversos elementos que, desgraciadamente, ni la Superintendencia toma en cuenta cuando se fijan las tarifas. Me consta porque he participado por escrito en la materia. En cuanto a los subsidios, aqu� se han mencionado cifras: en el 2002 se otorgar�n 599 mil 285 subsidios, que comprometen 16 mil millones de pesos y fracci�n. Hay que destacar que la ley permite subsidiar hasta 20 metros c�bicos por mes y que hoy en d�a, por una decisi�n administrativa, se subsidia a menos de 15. Por consiguiente, pienso que esto debe plantearse a las autoridades realmente competentes. Son tambi�n factores muy importantes, particularmente en las empresas fiscales, los cargos fijos y los elementos que presionan las tarifas. Los directorios son pol�ticos; en verdad, puede hablarse de "pagos pol�ticos", porque algunos de sus integrantes nunca participan, pero igual cobran sus cheques. Entonces, en el fondo se aumentan los gastos de los consumidores en forma poco transparente, porque adem�s esas personas, independiente de que no re�nan los requisitos exigidos y carezcan de capacidad t�cnica, contratan servicios: arriendan edificios, veh�culos, etc�tera, a trav�s de procedimientos muy poco claros. La tarifa, entonces, tiene todos esos agregados, que me parece muy importante clarificar en las sesiones especiales aqu� acordadas en cuanto a los sectores el�ctrico, de telecomunicaciones y sanitario. Por �ltimo, junto con pedir que se fije plazo para formular indicaciones, subrayo que la iniciativa que hoy discutimos en general constituye un importante adelanto, raz�n por la cual le dar� mi respaldo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo de la Sala para fijar plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones? Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, no deja de ser interesante, en este primer proyecto en que me toca intervenir, el giro que va tomando la discusi�n. Quiz�s por deformaci�n de la C�mara de Diputados, yo estaba concentrado en la iniciativa misma; pero ahora veo que el debate ha ido derivando a una nueva investigaci�n respecto de los procedimientos utilizados para fijar las tarifas de determinados servicios p�blicos. Desde esa perspectiva, pienso que el hecho de que se hayan anunciado diversas sesiones especiales omite la seudoobligaci�n de remitirse a la materia que se estaba analizando. En forma m�s modesta, deseo simplemente referirme al proyecto mismo. En tal sentido, compartiendo plenamente su contenido y, en particular, el planteamiento que formul� el Honorable se�or Larra�n al explicarlo, tengo la impresi�n de que, para que exista eficacia -�sta es esencial en cualquier proposici�n de ley-, se requiere modificar la iniciativa. B�sicamente, al revisar tanto el informe de la Comisi�n como el texto original, se observa que el proyecto tiene por objeto modificar t�citamente las disposiciones sobre publicidad de los actos administrativos y sus fundamentos, contenidas en los art�culos 11 bis y 11 ter de la ley N� 18.575, Org�nica Constitucional sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado. Eso est� bien. Empero, si se observa la ley en cuesti�n -acabo de pedirla a la Oficina de Informaciones-, resulta que se est� derogando t�citamente, no s�lo el sistema de publicidad, sino tambi�n el sistema de exigencias y el de sanciones. Y la ley de Bases Generales de la Administraci�n del Estado -me toc� participar a su respecto hace algunos a�os- establece un engorroso y largo procedimiento en cuanto a c�mo exigir la publicidad de los actos administrativos y sancionar a quien no la realice. Pero al cambiar el sentido de aquellas normas se hace imposible aplicar todo el procedimiento de sanciones y de exigencias. Por ello, pido a la Comisi�n revisar el punto. Y, asimismo, hago presente la necesidad -el plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones me parece del todo suficiente- de incorporar una disposici�n que a lo menos fije plazo a la autoridad para entregar la informaci�n; porque puede suceder que, pese a estar expresamente contenida la obligaci�n en comento, no se cumpla, o bien, que la informaci�n se entregue parcialmente, para ocultar un antecedente esencial, por ejemplo. De otro modo, tal como se ha explicado la modificaci�n, ser� dif�cil alcanzar el objetivo perseguido por los autores de la moci�n, pues no habr� plazo ni sanci�n, lo cual, en vez de mejorar y facilitar la b�squeda de antecedentes para analizar los criterios utilizados en la fijaci�n de tarifas, podr�a complicarla bastante m�s. Por consiguiente, compartiendo plenamente el sentido de las disposiciones propuestas, me parece fundamental, para que tengan eficacia, agregar a lo menos los dos elementos derogados, seg�n la explicaci�n dada acerca del proyecto en debate. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Efectivamente, al leer el informe, uno se da cuenta de que Su Se�or�a tiene toda la raz�n. Se requiere revisar el proyecto muy detalladamente, porque puede existir contradicci�n entre la legislaci�n que se pretende derogar y la que se procura aplicar. Por tanto, pienso tambi�n que el plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones es adecuado. Tiene la palabra el Honorable se�or Garc�a. El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, durante el debate hemos escuchado muchas intervenciones referidas al subsidio para el consumo del agua potable, beneficio que aliviana la carga de las familias en los sectores urbanos. Deseo que se oficie al se�or Ministro de Hacienda y a la se�ora Ministra de Planificaci�n y Cooperaci�n solicit�ndoles estudiar la puesta en pr�ctica de un subsidio para el consumo de electricidad en los hogares m�s modestos del pa�s en los sectores rurales. Desde hace quince a�os a la fecha -tal vez m�s-, los distintos gobiernos, y principalmente los gobiernos regionales- han realizado un enorme esfuerzo para electrificar las comunidades rurales. Sin embargo, observamos que la alegr�a de las ceremonias inaugurales por la instalaci�n de energ�a el�ctrica dura poco tiempo, pues luego llegan el pago de las cuentas por el consumo, los cortes del suministro, los cobros por su reposici�n y la privaci�n de ese vital servicio a las familias campesinas m�s pobres. En pleno siglo XXI, la energ�a el�ctrica es vital; entre otras cosas, para mejorar los niveles educacionales. Para un ni�o no es lo mismo cumplir sus tareas o estudiar a la luz de una vela, de un chonch�n o de un fog�n que hacerlo a la luz de una ampolleta. Por eso, es indispensable establecer este nuevo programa social y subsidiar el consumo de energ�a el�ctrica en los hogares rurales. He querido aprovechar esta iniciativa, que me parece muy interesante y digna de todo respaldo -por supuesto, con las correcciones que sea menester introducirle-, para solicitar el env�o de los oficios pertinentes porque, al igual que el Honorable se�or Lavandero, represento a la Novena Regi�n Sur, donde muchas comunas tienen �ndices de pobreza que superan largamente el 50 por ciento de su poblaci�n, con numerosos sectores rurales y mapuches. Y la verdad es que, si no facilitamos a sus habitantes el acceso a la energ�a el�ctrica, estaremos conden�ndolos a peores condiciones de vida y a una absoluta desigualdad de oportunidades. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si la parece a la Sala, se enviar�n los oficios solicitados. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, es cierto que de alg�n modo estamos adelantando el debate que habr� en las sesiones especiales pertinentes. Pero, ya que estamos en �l, deseo subrayar que el proyecto en an�lisis apunta a un tema real. En primer lugar, estamos viviendo una experiencia nueva en el pa�s: los servicios sociales b�sicos se encuentran en manos privadas y, por tanto, ha de asumirse que se trata de servicios indispensables para toda la poblaci�n y que, en consecuencia, es necesario que exista cobertura plena, que se fijen tarifas que la gente pueda pagar y que las empresas suministradoras sean capaces de reinvertir para resolver el problema de la cobertura. Lo que sucede es que, efectivamente, hay falta de transparencia en la informaci�n. La gente, cuando recibe las cuentas de los diferentes servicios que utiliza, en general se desconcierta, primero, por los aumentos demasiado abruptos en las tarifas, y segundo, al comparar su situaci�n, por ejemplo, con la de quienes viven en otras regiones. El mecanismo para la fijaci�n de tarifas de las diversas empresas ha tenido lugar en distintos momentos en el tiempo y no siempre ha seguido los mismos criterios. Por tanto, mientras algunos comentan que la fijaci�n de tarifas en la empresa de determinado regi�n sali� bien, otros se quejan de que en la empresa de otra regi�n sali� mal. Ahora, lo "bien" o lo "mal" depende de quien interprete el resultado: si la tarifa es muy alta, la fijaci�n sali� bien para la empresa y mal para los usuarios, y viceversa. O sea, existe desconcierto en la opini�n p�blica y hay tarifas que se han fijado con criterios distintos en diferentes instantes en el tiempo. Y eso genera en la ciudadan�a y en los medios de comunicaci�n una impresi�n que me parece peligrosa: la de que existe excesiva discrecionalidad y cierta arbitrariedad en la fijaci�n de las tarifas. En consecuencia, si no corregimos oportunamente tal situaci�n, se forjar� una mala imagen en general respecto de las empresas privadas que gestionan los servicios b�sicos o de primera necesidad, y adem�s, esto se empezar� a convertir -ya se insinu� durante este debate- en un argumento contra la privatizaci�n de ellas. Por eso, nuestra tarea est� incompleta. Y, en tal sentido, considero positivo realizar sesiones especiales para el tratamiento del tema, as� como concretar el planteamiento de la Honorable se�ora Matthei en orden a establecer un mecanismo en virtud del cual el Senado reciba del Ministerio de las regulaciones -entiendo que la idea del Gobierno es que tenga ese car�cter el de Econom�a- un informe, trimestral o con otra periodicidad conocida, sobre el estado de avance en estas materias. �Cu�les son, a mi juicio, las dudas que deber�amos tratar de absolver en las sesiones especiales y en las instancias siguientes? La primera, el principio seg�n el cual se fijan las tarifas. Aqu�, por ejemplo, el Senador se�or Moreno dijo que le parece negativo, e incluso escandaloso, que se determinen en funci�n de la inversi�n o reinversi�n que una empresa deba realizar en cierto horizonte en el tiempo. �se es un tema que hay que discutir. Para m�, la cuesti�n no estriba en si la empresa debe o no debe reinvertir. Creo que ninguno de nuestros electores estar� en contra de que, si existe un problema brutal de contaminaci�n de aguas a lo largo de todo el territorio, lo ataquemos en un horizonte de tiempo razonablemente breve, y de que, considerando las restricciones presupuestarias del Estado, si �ste no puede darle soluci�n en un plazo corto, se vaya a un esquema como el que se est� ensayando en el pa�s. Y creo que el Presidente Frei tom� la decisi�n correcta cuando dio ese paso. El punto no radica en si la empresa es privada o p�blica, sino en el principio conforme al cual se fijan las tarifas, para -como se ha manifestado aqu�-, por un lado, asegurar cierto monto de inversi�n en el tiempo, y por el otro, permitir a los usuarios disponer de un servicio a un precio razonable. Por lo tanto, en ese esquema, debe determinarse cu�nto ha de aportar la empresa para la reinversi�n y cu�nto es necesario recargar al p�blico. �se es un tema. Definido eso, se hace relativamente m�s f�cil identificar a los sectores que, dada la tarifa requerida para la inversi�n pertinente, no tienen capacidad para pagarla. Y ah� se establece el l�mite a partir del cual entra a regir el subsidio. Pienso, se�or Presidente, que esto se ha ido construyendo sobre la marcha; que hay experiencia acumulada; que no existe ninguna certeza de que se hizo bien el ejercicio, y que, por consiguiente, es el momento de revisar el principio y los criterios. Despu�s, me parece que tambi�n est� bajo cuesti�n el m�todo aritm�tico para la determinaci�n de la tarifa. En varios de los sectores regulados existe un mecanismo completamente arbitrario. La empresa hace un estudio de sus costos y entrega un informe donde especifica el precio que desea. La entidad reguladora, por cierto con mucho menos personal t�cnico, efect�a b�sicamente el mismo ejercicio y entrega su estimaci�n de cu�nto deber�a cobrarse por el servicio. Pero aqu� entra en funci�n una teor�a de los juegos. Porque, dado que la ley obliga a escoger, dentro del rango producido, un valor intermedio o un valor extremo, seg�n el sector regulado, comienza un juego consistente en que la empresa, con sus t�cnicos, inventa la forma de justificar lo m�s amplia y -en realidad- arbitrariamente posible aumentos de costos por todos lados para llegar a la tarifa m�s alta. Y el Ejecutivo hace el ejercicio exactamente al rev�s. Al final, resultan dos propuestas del todo irreales y confundidoras. Entonces se recurre, como en el caso de las sanitarias, a un comit� de tres peritos: uno designado por el Gobierno, otro por la empresa afectada y un tercero que se supone neutral. Conozco el caso de una empresa sanitaria en que la fijaci�n de tarifas -la autoridad gubernativa correspondiente me confirm� la informaci�n- sali� mal para el usuario. Me refiero a ESVAL, donde la aplicaci�n del procedimiento deriv� en un alza de tarifas desmedida. Hice las averiguaciones del caso. �Qu� ocurri�? Que la influencia del perito designado por el Gobierno qued� neutralizada por la del que nombr� la empresa, y el tercero, despu�s de cargar sobre sus hombros la presi�n despiadada de los sectores interesados, no la resisti� y termin� inclin�ndose m�s por la propuesta de ESVAL que por la del Gobierno. Todo esto, dentro de un margen de discrecionalidad, de cierta arbitrariedad, de dar mayor peso a un argumento que a otro, etc�tera. El resultado, constatable, fue un aumento extraordinariamente alto en las cuentas de agua potable en la Quinta Regi�n. Y si uno le plantea al Superintendente revisar esta situaci�n, responde que ello no es posible, porque la tarifa se fij� mediante ley por un per�odo de cinco a�os y que cualquier revisi�n har�a inmanejable el sistema. El tercer punto, vinculado con lo anterior, se refiere a que no hemos resuelto suficientemente bien el tema de las influencias. Estas empresas privadas act�an, por definici�n, en sectores que tienden a ser monopolios naturales. En consecuencia, existe un solo proveedor, el cual, adem�s, a menudo se halla vinculado a una trasnacional -o sea, un operador a nivel mundial- que posee m�sculos suficientes para persuadir de las formas m�s diversas al regulador y al funcionario p�blico; y algunos dicen que en ciertos casos puede llegar a tener influencia hasta en el Congreso Nacional. Por lo tanto, como no existe seguridad en el m�todo ni en los criterios o principios que se est�n utilizando, las empresas terminan trenz�ndose con el Gobierno y con las autoridades reguladoras en discusiones que finalmente desembocan en la judicializaci�n del proceso de fijaci�n de tarifas de los servicios p�blicos. Con demasiada frecuencias, el resultado de este supuestamente muy t�cnico e impecable proceso es que todo acaba en los tribunales. Y cuando esto ocurre -lo vimos ayer en la televisi�n-, se presenta una demanda contra el Fisco; llegan dos abogados que presentan documentos de m�s de cincuenta mil hojas, donde figuran elementos extremadamente t�cnicos, ante un juez que seguramente se encuentra con tres mil causas pendientes y no tiene idea de los problemas t�cnicos que suscita una fijaci�n de tarifas, y se genera un proceso largu�simo, que puede dejar la situaci�n en suspenso durante varios a�os. Yo pregunto: �Es eso positivo? �Resulta conveniente para una econom�a que quiere ser competitiva internacionalmente, que tiene el desaf�o de tomar decisiones a la velocidad con que las adoptan otros competidores en el resto del mundo? �Es bueno que la situaci�n termine empantanada en un tribunal, en manos de un juez que no tiene idea del tema, sin apoyo t�cnico y recargado de trabajo? �se es un aspecto, se�or Presidente, que tambi�n deber�amos examinar. Y la soluci�n consiste en tener mejores m�todos, mejores criterios. Pero ella tambi�n pasa por concretar de una vez por todas se concrete la idea de los tribunales econ�micos, donde jueces ultraespecializados, con todo el apoyo t�cnico necesario y en plazos breves y definidos, fallen sobre estas materias. De lo contrario, vamos a terminar con una econom�a que funciona a dos velocidades. El se�or ABURTO.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella, se�or Senador. El se�or ABURTO.- El Honorable se�or Foxley ha mencionado las dificultades a que pueden verse expuestos los jueces cuando deben dictar sentencia sobre asuntos t�cnicos complejos, como el relacionado con la enorme demanda presentada en uno de los juzgados civiles de Santiago con motivo de una indemnizaci�n que se pide por un servicio p�blico. En realidad, los jueces no saben todas las cosas que ocurren en el mundo. No pueden conocer todas las ciencias y todas las artes. Pero la ley previene la forma de superar estas dificultades en los tribunales. Para eso est�n los informes t�cnicos, estudios y toda una amplia gama de medidas para entender el asunto de que se trata. Hay much�simos problemas de orden econ�mico, financiero y cient�fico que llegan a los tribunales. Sin embargo, se resuelven a trav�s de las diferentes instancias que consulta nuestra ley de procedimiento. Muchas gracias, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- No cabe duda de que es as� como lo sostiene el Honorable se�or Aburto. Pero el punto que planteo me parece v�lido. Yo no digo que los jueces no hagan bien su tarea. Procuran hacerla. Pero, para ello, requieren un tiempo tan largo que no es compatible con las exigencias de una econom�a globalizada, que tiene que competir, en donde el m�s r�pido le gana al lento y en que los temas econ�micos y las disputas por precios de servicios b�sicos deben resolverse con celeridad. Concluyo manifestando mi acuerdo con lo que se ha expresado aqu�. Es indispensable poner al d�a todo el tema regulatorio de las tarifas. Creo que no hemos estado a la altura de lo que se necesita. Hay que revisar los distintos aspectos que he se�alado. Se debe buscar un tratamiento m�s sim�trico entre los distintos sectores regulados, aislar la presi�n de los grupos de inter�s y contar con la supervisi�n de un Ministerio, pero tambi�n con la de este Cuerpo Legislativo, con el objeto de que el Ejecutivo pueda moverse, a su vez, con la velocidad que se requiere en esta materia, ya que a menudo queda empantanado entre la incertidumbre de qu� hacer desde un punto de vista t�cnico y las presiones de los sectores interesados. Creo que la disputa CTC-ENTEL ha sido en muchos aspectos francamente un espect�culo que deber�a haberse evitado. La presi�n sobre la autoridad ha sido muy fuerte y da la impresi�n de que �sta no se atreve a tomar decisiones en uno u otro sentido. Respaldo plenamente la iniciativa de la Honorable se�ora Matthei, en cuanto a que cada tres meses el Senado, con la presencia de la respectiva autoridad m�xima del Gobierno, discuta estos temas. Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, esta discusi�n ha girado en torno a dos �mbitos generales. Uno, relacionado directamente con el proyecto en debate y, otro, vinculado con temas complementarios, referentes a la fijaci�n de tarifas. Deseo hacer una comentario general sobre este asunto. En las intervenciones se ha se�alado que la iniciativa en estudio es relativamente simple y poco importante. Difiero radicalmente de esa apreciaci�n: creo que es tremendamente trascendente. Se ha hecho referencia a servicios monop�licos, los que, por definici�n econ�mica, son los que no pueden prestar terceros. Es decir, el consumidor no tiene la alternativa de cambiarse de proveedor si no est� contento con �l. Seg�n la ley, pueden existir distintos mecanismos de fijaci�n tarifaria. De hecho, no es el mismo para todos los servicios b�sicos. En algunos, de car�cter monop�lico, cuando se producen diferencias, se debe optar por una u otra alternativa. Hay otro tipo de servicios en el que los expertos y los peritos optan por un camino intermedio y, dependiendo de ello, se mueven las empresas y los Gobiernos. En mi opini�n, este proyecto no es menor. En general, los fiscalizadores efect�an un control de legalidad de los antecedentes para verificar si se cumplieron todos los tr�mites administrativos y legales, pero no examinan el tema de fondo, es decir, toda la informaci�n t�cnica y estudios que sirvieron de base para fijar determinadas tarifas. Y en eso siempre se pueden cometer errores. Estoy seguro, se�or Presidente, de que, si existe total transparencia en este sentido, habr� m�s prudencia al momento de definir las tarifas. Las empresas van a ser m�s cautas al presentar los antecedentes t�cnicos y los peritos tambi�n. Porque indudablemente se act�a de manera distinta cuando hay total transparencia y existen contrapesos. Por eso, tengo la certeza de que el proyecto no es menor. Cuando el consumidor no tiene la alternativa de cambiarse de proveedor y se dispone de informaci�n p�blica, el �nico control lo constituyen la comunidad y los especialistas y expertos. Por lo tanto, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, quiero reafirmar que la iniciativa no es menor. Pienso que normativas similares deber�an regir en todos los servicios p�blicos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, me alegro que se haya producido un debate tan rico respecto de un tema muy importante. Durante varios a�os de mi vida parlamentaria como Diputado me dediqu� a luchar por justas tarifas de agua potable en Atacama. Y algunos actores que participaron est�n aqu� hoy como Senadores. Quiero decir derechamente que he presentado a lo menos dos proyectos de ley para corregir algunos de los efectos generados con motivo de la realidad de los sistemas. Con toda l�gica, el Honorable se�or Orpis ha planteado que no se debe confundir la fijaci�n de las tarifas el�ctricas con la de las empresas telef�nicas o del agua potable. Son procesos distintos. Aun cuando algunos son m�s perfectos que otros, creo que se deben corregir. Algunas empresas, ya sean p�blicas o privadas, emplean incentivos perversos para inflar sus gastos. En el caso del agua potable, m�s del 60 por ciento de las empresas que prestan este servicio monop�lico son p�blicas. De tal forma que, cuando negocian con las autoridades, pueden obtener un mayor valor. Hay que revisar y modificar esos procesos. Por ejemplo, en los servicios el�ctricos ello es as�, y en los del agua potable es a�n peor. Algunos sostienen -no s� si por desconocimiento- que las tarifas se suben ilegalmente. �Pero si eso no puede ocurrir! Para eso el Estado tiene un representante en esta materia: el Superintendente de Servicios Sanitarios, quien posee las herramientas b�sicas para aplicar sanciones, incluso hasta para caducar la concesi�n de aquellas empresas que act�an fuera de la ley. �Y d�nde est� el Superintendente de Servicios Sanitarios? Se�or Presidente, dentro del poco tiempo que me queda, quiero decir que uno de los elementos fundamentales para resolver este problema reside en despolitizar el proceso. El Superintendente de Servicios Sanitarios es un funcionario con un tremendo poder que debe aplicar para proteger a los consumidores. Pero, �por qu� no lo hace? Porque es nombrado y removido por el Presidente de la Rep�blica. �Qui�nes son los miembros de los directorios del 60 por ciento de las empresas que distribuyen el agua potable en Chile? Los dirigentes pol�ticos de la Concertaci�n. Honorable se�or Lavandero, yo me hago la misma pregunta suya: �por qu� esta situaci�n no se ha modificado. Y a quien se sienta a su lado, el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle,� El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Debe dirigirse a la Mesa, se�or Senador. El se�or PROKURICA.- �al menos en dos oportunidades le ped� que hiciera uso del art�culo 4� del DFL N� 70, con la finalidad de que interviniera -lo que se ha denominado "tarifa pol�tica" en esa disposici�n-, con el objeto de que se revisaran las tarifas del agua potable. Hasta aqu� no ha pasado nada. Tambi�n se lo ped� al Presidente Aylwin y se lo he pedido al Presidente Lagos. Entonces, �est�n las atribuciones en la ley? Por supuesto que s�. Lo que ocurre es que, cuando un insignificante consumidor reclama contra una de esas empresas de agua potable, donde todos los directores �incluso, algunos hoy son Ministros- pertenecen a la Concertaci�n y ocupan esos cargos porque no salieron elegidos como Parlamentarios, alcaldes o concejales, se telefonea al Superintendente dici�ndole: "Si usted me hace algo, llamar� a la autoridad que lo nombr�". Por eso, es indispensable que al Superintendente de Servicios Sanitarios, que tiene mucho poder, lo designe -como lo propuse en un proyecto que present� hace cuatro a�os- el Presidente de la Rep�blica con acuerdo del Senado y sea inamovible, para que tenga la fuerza necesaria y no sea objeto de las presiones que el Senador se�or Foxley acaba de expresar, con justa raz�n. Sobre esos t�cnicos se ejercen fuertes presiones de todo tipo, tanto de privados como de autoridades. Por lo tanto, ese cargo debe ser ocupado por quien, con gran poder, pero irreductible, se halle en condiciones de resistir las presiones. Finalmente, estimo necesario hacer otras correcciones, que expondr� cuando disponga de suficiente tiempo. A la reuni�n citada por el Presidente del Senado traer� la lista de los directores de las empresas estatales de agua potable. Sus Se�or�as se encontrar�n con muchas sorpresas. Uno de los aspectos que deben corregirse �con algunos Parlamentarios que hoy son Senadores presentamos un proyecto al respecto- es terminar con el abuso de que es objeto el consumidor de agua potable, especialmente en zonas como las que yo represento, donde su valor, que es uno de los m�s elevados del pa�s, es dos, tres y hasta cuatro veces superior al que rige en Santiago. Y si el consumidor no paga, la empresa tiene derecho a cortarle el suministro, a cobrarle por corte y reposici�n del servicio, m�s multas y otras cosas m�s. Pero cuando la empresa interrumpe el suministro sin avisar, no ocurre nada. Por lo tanto, hay una relaci�n poco clara en esta materia, y considero que debemos aprobar normas en virtud de las cuales las empresas se hagan responsables de entregar el servicio a que est�n obligadas por ley. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde tomar la votaci�n a los se�ores Senadores que a�n no han emitido su voto. En votaci�n. El se�or HOFFMANN (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor). Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Arancibia, �vila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Fern�ndez, Flores, Foxley, Frei (do�a Carmen), Frei (don Eduardo), Garc�a, Gazmuri, Horvath, Larra�n, Lavandero, Mart�nez, Matthei, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don Jos�), Sabag, Stange, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Andr�s) y Zurita. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 13:28. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n