REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 345�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 24�, en mi�rcoles 16 de enero de 2002 Ordinaria (De 16:22 a 18:59) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en tercer tr�mite, que introduce modificaciones al C�digo Procesal Penal (2822-07) (se aprueba)..................................................................................... Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que declara feriado legal y regula los d�as de realizaci�n de censos oficiales (2854-06) (se aprueba en general y particular).................................................................................................................. Proyecto de ley, en tercer tr�mite, que autoriza la construcci�n de monumentos, y crea Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse (2157-04) (se aprueba)...................................................................................................................... Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que reemplaza, en textos legales que indica, las expresiones de "Teniente General", "Mayor General" y "Brigadier General" por "General de Ej�rcito", "General de Divisi�n" y "General de Brigada", respectivamente (2718-02) (se aprueba en general y particular)................................ Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.712, del Deporte (2838-04) (se aprueba en general y particular)........................................................... Proyecto de ley, en primer tr�mite, que crea nuevas salas en Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valpara�so y Concepci�n (2852-07) (se aprueba en general y particular)................................................................................................................. Proyecto de ley, en primer tr�mite, que deroga disposiciones legales sobre procedimiento ante juzgados de polic�a local y de tr�nsito, y concede amnist�a por contravenciones detectadas por equipos de registro de infracciones (2817-07) (se aprueba en general y particular)................................................................................. Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.353, sobre condonaci�n de deudas CORA (2759-01) (se aprueba en particular)........................ Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que establece feriado legal el d�a 7 de junio de cada a�o en la comuna de Arica (2685-06) (se rechaza en general).......................... VI. INCIDENTES: Petici�n de oficio (se anuncia su env�o)......................................................................... Justificaci�n de acciones emprendidas por Consejo de Defensa del Estado contra empresa Aerocontinente. Oficio (observaciones del se�or Viera-Gallo)................... Trasmisiones satelitales ilegales de radioemisora en Rancagua. Oficios (observaciones del se�or Moreno).............................................................................. Cobros excesivos por agua potable y alcantarillado en empresas privatizadas. Oficios (observaciones de los se�ores Moreno y R�os).......................................................... Homenaje en memoria de don Mauricio Serrano Palma. Comunicaciones (intervenci�n del se�or Romero)................................................................................. T�rmino de actividades de Fuerza A�rea en Villa "Las Estrellas". Oficios (observaciones del se�or Horvath).............................................................................. Prohibici�n de vuelo de aviones bimotores desde aer�dromos de Regiones D�cima y Und�cima. Oficios (observaciones del se�or Horvath)............................................... "Rodeo Zonal Sur 2002" en Coyhaique. Oficios (intervenci�n del se�or Horvath)...................................................................................................................... Entrega de viviendas sociales b�sicas en Coyhaique. Oficio (observaciones del se�or Horvatlh)............................................................................. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Parra Mu�oz, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros Secretario General de Gobierno y de Justicia, y los se�ores Subsecretario de Justicia y Director del Instituto Nacional del Deporte. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:22, en presencia de 22 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 21� y 22�, ordinarias, en 8 y 9 de enero del presente a�o, respectivamente, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, mediante el cual retira la urgencia, y la hace presente nuevamente, en el car�cter de "simple", respecto del proyecto que modifica la ley N� 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (Bolet�n N� 1.640-01). --Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios Tres de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n, con las enmiendas que se�ala, al proyecto de ley que introduce modificaciones al C�digo Procesal Penal, con urgencia calificada de "suma" (Bolet�n N� 2.822-07). --Queda para tabla. Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley N� 1.757, de 1977, que otorga beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, con urgencia calificada de "simple" (Bolet�n N� 1.124-06). --Pasa a la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. Con el tercero comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que establece un sistema de incentivo de remuneraciones a los funcionarios municipales, con urgencia calificada de "suma" (Bolet�n N� 2.677-06). --Pasa a la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y a la de Hacienda, en su caso. Dos del se�or Ministro de Obras P�blicas, con los que responde sendos oficios enviados en nombre del Senador se�or Lagos: el primero, relativo a la reparaci�n de la ruta que une las localidades de Huara con Colchane, y el segundo, referido a la construcci�n de diversas obras viales e hidr�ulicas en la comuna de Putre, Primera Regi�n. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de la de Hacienda, reca�dos en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que crea nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valpara�so y Concepci�n, con urgencia calificada de "simple" (Bolet�n N� 2.852-07). Dos de la Comisi�n de Hacienda, reca�dos en los proyectos de ley, en segundo tr�mite constitucional, que a continuaci�n se indican: 1) El que modifica la ley N� 19.712, del Deporte, con urgencia calificada de "suma" (Bolet�n N� 2.838-04). 2) El que establece como feriado local en la comuna de Arica el d�a 7 de Junio de cada a�o (Bolet�n N� 2.685-06). Segundos informes de la Comisi�n de Agricultura y de la de Hacienda, reca�dos en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 19.353, sobre condonaci�n de deudas CORA (Bolet�n N� 2.759-01). De la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, reca�do en el proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Senadores se�ores R�os y Andr�s Zald�var, en primer tr�mite constitucional, que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Polic�a Local y de Tr�nsito, y concede amnist�a por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones (Bolet�n N� 2.817-07). --Quedan para tabla. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. )-----------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero, sobre la Cuenta. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala, a fin de dar al proyecto que modifica el decreto ley N� 1.757, de 1977, que otorga beneficios a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, una r�pida y expedita tramitaci�n. En su oportunidad, solicit� la creaci�n de una comisi�n especial de bomberos. Sin embargo, el propio se�or Presidente me ha se�alado que lo importante es la oportunidad para aprobar esta iniciativa. Entonces, si existe acuerdo en la Sala, pedir�a que la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n lo trate con suma urgencia, con el objeto de que lo podamos conocer tanto en la Comisi�n como en la Sala la pr�xima semana. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Es muy procedente su petici�n, se�or Senador. Se trata de un proyecto que lleva mucho tiempo en espera de ser resuelto. Por lo tanto, si le pareciera a la Sala, podr�amos encargar a la Comisi�n de Gobierno que en lo posible lo tratara el martes 22 en la ma�ana, para que pueda ser informado verbalmente a la Sala a m�s tardar ese d�a o el mi�rcoles de la pr�xima semana, a fin de despacharlo antes que entremos a receso. --As� se acuerda. )-----------------------( El se�or FOXLEY.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo despacharon en general y en particular el proyecto de ley que crea los multifondos de pensiones y se est� elaborando en este momento el informe. En consecuencia, solicito que la iniciativa pueda ponerse en tabla para la sesi�n del pr�ximo martes. --As� se acuerda. )--------------------( El se�or D�EZ.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, en la Cuenta hay un oficio de la C�mara de Diputados que comunica que ha dado su aprobaci�n, con las enmiendas que se�ala, al proyecto de ley que introduce modificaciones al C�digo Procesal Penal, que tiene urgencia calificada de "suma". Junto con algunos miembros de la Comisi�n de Constituci�n �especialmente, con el Honorable se�or Viera-Gallo y el se�or Ministro de Justicia-, hemos revisado las enmiendas y creemos que la iniciativa se puede aprobar pr�cticamente sobre tabla, porque las modificaciones son m�s bien de car�cter formal que real, y no vale la pena que un proyecto con urgencia deba perder tiempo volviendo a la C�mara de Diputados. As� que solicito a la Mesa que consulte el parecer de la Sala para tratarlo al comienzo de la tabla o para ver si damos por aprobadas las enmiendas de la C�mara de Diputados. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se ha formulado una proposici�n. Si le parece a la Sala, antes de entrar a analizar las materias que figuran en el Orden del D�a, podr�amos tratar el proyecto como si fuera de f�cil despacho. Para tal efecto, el se�or Presidente de la Comisi�n podr�a informarnos brevemente, y luego, proceder�amos a resolver sobre �l. --As� se acuerda. V. ORDEN DEL D�A MODIFICACIONES A C�DIGO PROCESAL PENAL EN CUANTO A PRECISI�N Y REFORZAMIENTO DE ATRIBUCIONES POLICIALES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Conforme a lo reci�n acordado, corresponde tratar como si fuera de f�cil despacho el proyecto de ley, en tercer tr�mite constitucional, que introduce modificaciones al C�digo Procesal Penal, con urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (2822-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 12�, en 6 de noviembre de 2001. En tercer tr�mite, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. Informe de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 16�, en 14 de noviembre de 2001. Discusi�n: Sesi�n 17�, en 20 de noviembre de 2001 (se aprueba en general y particular). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n las modificaciones introducidas por la C�mara de Diputados. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la C�mara de Diputados aprob� las modificaciones introducidas por el Senado al C�digo Procesal Penal y le introdujo algunas enmiendas m�s bien gramaticales que conceptuales. Una de las modificaciones dice relaci�n a la reparaci�n del da�o causado a la v�ctima. El texto despachado por el Senado establece que "El fiscal deber�, adem�s, promover durante el curso del procedimiento la reparaci�n del da�o causado a la v�ctima, en los casos en que ello fuere compatible con el inter�s de la persecuci�n penal.". La C�mara de Diputados, por su parte, cambi� esta redacci�n por la siguiente: "El fiscal deber� promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparaci�n del da�o causado a la v�ctima.". Es decir, en el mismo tenor especifican lo se�alado por el Senado como regla general. En el N� 2 se reemplaza la palabra "tal" por "tales". En el N� 3 se sustituye la expresi�n "podr� exhibirse con posterioridad" por "se exhibir� posteriormente". En el N� 4, letra a), se cambia "crimen o simple delito" por "crimen, simple delito o falta". En la letra b) del mismo n�mero anterior se introduce una enmienda circunstancial, que no es gramatical, en el sentido de que los datos que se obtengan de las personas detenidas por delitos menores (por ejemplo, las huellas digitales), una vez acreditada su identidad, deben ser destruidos. El texto aprobado por el Senado indicaba solamente: "para fines de identificaci�n". �sas son todas las enmiendas de la C�mara de Diputados, y no vale la pena que el Senado insista en mantener el texto que aprob� en el primer tr�mite constitucional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si hubiera acuerdo en la Sala, se dar�n por aprobadas las modificaciones introducidas a la iniciativa por la C�mara de Diputados. --Se aprueban y queda despachado el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Solicito autorizaci�n para que ingresen al Hemiciclo los se�ores Jaime Arellano, Subsecretario de Justicia, y Arturo Salah, Director de Deportes. --Se accede. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, parece que en la tabla de hoy no figura el proyecto que cambia denominaciones a algunos grados en el Ej�rcito. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se encuentra en el tercer lugar de la tabla original. De acuerdo con la facultad que me otorgaron los Comit�s, la Mesa entreg�, posteriormente, una tabla complementaria con cuatro proyectos m�s. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, podr�a indicarme cu�l es la tabla de esta sesi�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Secretario dar� a conocer los proyectos en tabla. El se�or HOFFMANN (Secretario).- En la tabla de hoy figuran los siguientes proyectos: 1.- El que declara feriado legal y regula los d�as de realizaci�n de censos oficiales. 2.- El iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Horvath y Stange, que autoriza la construcci�n de monumentos en Puerto Ais�n y Coyhaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse. 3.- El que cambia la denominaci�n de algunos grados en el Ej�rcito. 4.- El de la C�mara de Diputados que modifica la Ley del Deporte. 5.- El que crea nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valpara�so y Concepci�n. 6.- El que modifica la ley sobre condonaci�n de deudas CORA. 7.- El iniciado en moci�n de los Senadores se�ores R�os y Andr�s Zald�var que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Polic�a Local y de Tr�nsito. 8.- El que declara feriado el 7 de junio de cada a�o en la ciudad de Arica. D�AS DE CENSOS OFICIALES: DECLARACI�N DE FERIADO LEGAL El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que declara feriado legal y regula los d�as de realizaci�n de censos oficiales, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y cuya urgencia ha sido calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (2854-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 22�, en 9 de enero de 2002. Informe de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 23�, en 15 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n se�ala en su informe como objetivo principal de la iniciativa declarar feriado legal el d�a del levantamiento de los censos oficiales -que este a�o se realizar� el 24 de abril-, para lo cual se modifica la ley N� 17.374, Org�nica de la Direcci�n de Estad�sticas y Censos, facultando al Director Nacional del Instituto de Estad�sticas para fijar la fecha en que se realizar�n tales censos oficiales. Adem�s, proh�be la realizaci�n de determinadas actividades p�blicas el d�a de la encuesta censal e impone a los funcionarios de la Administraci�n que participen en dicho acto la obligaci�n de cumplir las funciones que se les encomienden. El proyecto fue aprobado en general y particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n (Senadores se�ora Carmen Frei y se�ores Canessa, Cantero, N��ez y Prat), en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra la Senadora se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, en nuestro pa�s, los censos oficiales se realizan cada diez a�os, y siempre en d�as feriados (en mitad de semana), nunca en domingo, lo cual ha dado buen resultado. Justamente, el proyecto tiene como objeto facilitar que el 24 de abril pr�ximo se efect�e el censo nacional. Adem�s, se establece que el d�a de la realizaci�n de la nueva encuesta censal, que se llevar� a efecto en diez a�os m�s, ser� feriado legal, a fin de no tener que recurrir, en cada oportunidad, a la dictaci�n de una ley especial. Como se nos explic� ayer en la Comisi�n, en este censo participar�n alrededor de 450 mil personas. Se ha prometido que sus resultados se conocer�n, gracias a la existencia de m�todos m�s modernos, aproximadamente, a fines del pr�ximo a�o. Asimismo, se discuti� por qu� esta actividad no se llevaba a cabo en d�a domingo y cu�l era la raz�n para hacerlo a mitad de semana. Sobre el particular, se nos inform� que resultaba m�s conveniente efectuarlo a mediados de semana, pues ese d�a se proh�be, desde las 6 hasta las 18, el funcionamiento de restaurantes, rotiser�as, supermercados, colegios, etc�tera, con lo cual se logra que la gente permanezca durante ese lapso en sus casas. Y es importante que el jefe o jefa de hogar se encuentre en su domicilio, a fin de obtener datos fidedignos. De lo contrario, nada se saca con efectuar un censo mal hecho. En cuanto al motivo para no realizarlo en domingo, se argument� que ese d�a generalmente la gente desarrolla diversas actividades (deportivas, religiosas, etc�tera), en las cuales le gusta participar, por lo que no se encontrar�a en su hogar cuando corresponda ser encuestada. Por consiguiente, al declarar feriado legal el d�a del levantamiento de los censos oficiales se logra que las personas permanezcan en sus hogares y puedan cumplir con esta obligaci�n de todos los chilenos, lo cual permitir� obtener una serie de antecedentes necesarios. Desgraciadamente, en nuestro pa�s, como todav�a no contamos con todos los sistemas electr�nicos, de computaci�n, etc�tera, necesarios ni tenemos la tecnolog�a adecuada, no se pueden conocer los resultados en un par de horas o en algunos d�as. Nos explicaron que, aun cuando ha habido avance tecnol�gico al respecto, todav�a es insuficiente y debemos actuar como se se�ala en el proyecto. �ste consta de un solo art�culo, y su urgencia ha sido calificada de "suma", a fin de despacharlo r�pidamente y comenzar a preparar este censo. Por �ltimo, la iniciativa no pas� por la Comisi�n de Hacienda, ya que no irroga gasto alguno al erario. El se�or MART�NEZ.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La tiene, Su Se�or�a. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, quiero plantear un problema con relaci�n al censo, a las instrucciones y al proyecto en discusi�n. El asunto tiene que ver con un art�culo que apareci� recientemente en la prensa, que puede ser una campana de alerta. El art�culo �nico propone, entre otros, un nuevo art�culo 45 a la ley N�17.374, en el que se establece claramente que hay obligaciones precisas para los funcionarios de los �rganos de la Administraci�n del Estado que tomen parte en este censo. Se�ala textualmente: "Todos los funcionarios y personal de los �rganos de la Administraci�n del Estado, que directa o indirectamente tengan alguna participaci�n en el levantamiento censal, estar�n obligados a cumplir con las funciones que le sean encomendadas para tal efecto.". Sin embargo, tal precepto nada establece respecto de situaciones conocidas por la opini�n p�blica, en las que quien hace la encuesta censal, sea funcionario del Estado o voluntario, puede inducir a los censados a contestar de determinada forma las preguntas del cuestionario. Por eso, sugiero decir, m�s o menos -y este punto podr�amos resolverlo con suma rapidez, si as� lo estimare la Sala-, que "estos funcionarios en ning�n caso podr�n inducir a que, en alguna medida, se den respuestas determinadas". Se trata nada m�s que de aclarar una posibilidad que lamentablemente surgi� ante la opini�n p�blica y que ser�a bueno evitar. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, quiero hacer dos referencias a esta materia. Estoy de acuerdo con la forma como est� propuesta la iniciativa. Y deseo manifestar, en virtud de lo que acabo de escuchar al se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, que en este pa�s hay una larga tradici�n respecto del manejo de nuestros datos estad�sticos. Los censos en Chile han sido siempre serios y cre�bles, y no me parece posible que, sobre la base de la manipulaci�n de la informaci�n censal, alguien pretenda fines ajenos a los que espec�ficamente se persiguen con tal proceso. Por tanto, discrepo de afirmaciones como la que reci�n escuchamos. Y considero que no ser�a bueno que quedase la impresi�n en este Senado de que estamos preparando un censo con un sesgo de determinada naturaleza. Mi segunda observaci�n se relaciona con la fijaci�n autom�tica del censo cada diez a�os. Y, al respecto, s�lo har� una sugerencia. S� que estamos muy lejos del pr�ximo censo, pero propongo no practicarlo ni lunes ni viernes, sino a mediados de semana. De otra manera, si ese feriado se acopla a los fines de semana, vamos a crear un mecanismo desincentivador para que la gente permanezca en sus casas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, precisamente se ha recogido el planteamiento del Senador se�or Moreno, en el sentido de efectuar el censo en d�a mi�rcoles. Por otro lado, me parece que no hay que confundir una encuesta electoral con un censo nacional. Nadie puede inducir a una persona a informar sobre cuestiones distintas de las que normalmente se incluyen en un censo. No se consulta por tal o cual candidato, sino por datos personales. Si, por ejemplo, una persona es cat�lica, nadie podr�a inducirla a decir que es protestante, porque ser�a absurdo. Ayer estuvimos viendo las cartillas de los censos, y en ninguna parte se induce a que alguien, si es atacame�o o aimara, diga que es chileno. El se�or MORENO.- Chileno aimara. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Por supuesto: chileno aimara. Los censos est�n muy bien planificados, se�or Presidente. Como se hacen cada diez a�os, se han pensado adecuadamente las preguntas que deben formularse, los datos que hay que censar y lo que el pa�s necesita saber para completar sus estad�sticas. Por tanto, concuerdo con el Honorable se�or Moreno en cuanto a que es improcedente sostener que los censos adolecen de deficiencias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Me parece que existe acuerdo para aprobar la iniciativa. Y respecto de las aprensiones del Senador se�or Mart�nez, Su Se�or�a podr�a solicitar transmitirlas al Ministro correspondiente. El se�or N��EZ.- �Un oficio de la Sala? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Un oficio del Honorable se�or Mart�nez, con las firmas de quienes deseen adherir. El se�or N��EZ.- Un oficio del Senador se�or Mart�nez, pero no de la Sala. El se�or BITAR.- De la Sala, no, porque yo no tengo dudas al respecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se enviar�a un oficio en nombre del Senador se�or Mart�nez, con las firmas de quienes deseen adherir. �Habr�a acuerdo en tal sentido? Acordado. --Se aprueba el proyecto en general y particular. ERECCI�N DE MONUMENTOS Y CREACI�N DE MUSEO Y ARCHIVO DE EXPLORADOR AUGUSTO GROSSE El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de ley, en tercer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Horvath y Stange, que autoriza la construcci�n de monumentos en Puerto Ais�n y Coyhaique y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse. --Los antecedentes sobre el proyecto (2157-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Horvath y Stange). En primer tr�mite, sesi�n 3�, en 31 de marzo de 1998. En tercer tr�mite, sesi�n 23�, en 15 de enero de 2002. Informes de Comisi�n: Educaci�n, sesi�n 17�, en 21 de julio de 1999. Educaci�n (nuevo), sesi�n 27�, en 1 de septiembre de 1999. Discusi�n: Sesiones 18�, en 3 de agosto (queda para segunda discusi�n); 19�, en 4 de agosto de 1999 (vuelve a Comisi�n para nuevo informe, junto con proyecto 2156-04); 27�, en 1 de septiembre de 1999 (se aprueba en general y particular). El se�or HOFFMANN (Secretario).- La C�mara de Diputados, en el segundo tr�mite constitucional, introdujo modificaciones a los art�culos 4�, 5�, 6� y 8� del proyecto despachado por el Senado. La Secretar�a elabor� un texto comparado de dos columnas que consigna el proyecto aprobado por esta Corporaci�n y las enmiendas que propone la C�mara Baja. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n las modificaciones sugeridas por la C�mara de Diputados. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Se aprueban. MODIFICACI�N DE DENOMINACIONES DE GRADOS DE OFICIALES GENERALES DEL EJ�RCITO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley de la C�mara de Diputados que reemplaza, en los textos legales que indica, las expresiones "Teniente General", "Mayor General" y "Brigadier General" por "General de Ej�rcito", "General de Divisi�n" y "General de Brigada", respectivamente, con informe de la Comisi�n de Defensa Nacional. --Los antecedentes sobre el proyecto (2718-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 21�, en 8 de enero de 2002. Informe de Comisi�n: Defensa, sesi�n 23�, en 15 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n de Defensa Nacional fue autorizada por la Sala del Senado, en sesi�n de 9 del mes en curso, para discutir la iniciativa en general y particular en el primer informe. El objetivo del proyecto es modificar las denominaciones de los grados de los Oficiales Generales del Ej�rcito para retornar a las que tuvieron tradicionalmente. La Comisi�n, por la unanimidad de sus miembros (Honorables se�ores Canessa, Fern�ndez, Gazmuri, Lagos y Adolfo Zald�var), aprob� en general y particular el proyecto en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. Cabe se�alar que el art�culo 1� debe ser aprobado con qu�rum de ley org�nica constitucional, esto es, con los votos conformes de 27 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular. Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, el proyecto es muy simple. B�sicamente, cambia las denominaciones de los grados de los Oficiales Generales del Ej�rcito, volviendo a las usadas tradicionalmente: Teniente General -en la actualidad la ostenta s�lo el Comandante en Jefe- por General de Ej�rcito; Mayor General por General de Divisi�n, y Brigadier General por General de Brigada. La iniciativa fue aprobada un�nimemente en la Comisi�n, por lo que recomiendo a la Sala aprobarla tambi�n. Se plante� en la Comisi�n de Defensa, no una discusi�n, sino una consulta respecto de la denominaci�n de los oficiales en retiro que tienen los grados que se suprimen, precis�ndose que se manten�an sus actuales denominaciones. Sin perjuicio de lo anterior, un grupo de Senadores me sugiri� la posibilidad de presentar una indicaci�n para explicitar esa situaci�n en la ley en proyecto. Como comparto esa idea, propongo a la Sala aprobar una indicaci�n que diga que "los Oficiales Generales en retiro que a la fecha de la promulgaci�n de esta ley ostentaren el grado y la denominaci�n anterior conservar�n dicha jerarqu�a y denominaci�n". Se trata de algo m�s bien honor�fico, que no tiene consecuencias de otro tipo. A mi juicio, es razonable. Por tanto, como Presidente de la Comisi�n de Defensa, propongo aprobar la indicaci�n. Se me consult�, por si surgiera el tema en la Sala, qu� pasar�a con el grado que no se menciona en el proyecto, cual es el de Capit�n General, que la Ley Org�nica de las Fuerzas Armadas estableci� solamente para el Comandante en Jefe del Ej�rcito se�or Pinochet. Por consiguiente, ese grado desapareci� en el momento en que el se�or Pinochet dej� de ser Comandante en Jefe. El art�culo pertinente dice -le doy lectura para que lo conozcan los se�ores Senadores-: "El actual Comandante en Jefe del Ej�rcito," -se refiere al titular de la Comandancia en Jefe en el momento de la dictaci�n de la Ley Org�nica de las Fuerzas Armadas, en 1989- "mientras desempe�e tales funciones, tendr� la denominaci�n de Capit�n General.". Por ende, esta denominaci�n nunca m�s fue utilizada. No existe otro Oficial General que la haya tenido o la tenga. El se�or VIERA-GALLO.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La tiene, Su Se�or�a. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, no me parece necesaria la indicaci�n propuesta, porque la ley en proyecto, como rige para el futuro, no puede expropiar de su t�tulo a quienes ya lo tienen, o sea, a los Oficiales Generales en retiro. Entonces, la indicaci�n que ley� el Senador se�or Gazmuri es redundante. El se�or LAVANDERO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador se�or Viera-Gallo. Creo que mantener dentro de la ley una situaci�n como �sa, cuando t�citamente se entiende que las denominaciones en comento han sido reemplazadas por las tradicionales, implica, yo no dir�a un agravio, pero s� una posici�n muy inc�moda para otras ramas de las Fuerzas Armadas, como la Fuerza A�rea, donde los nombres pertinentes no han sido usados en la pr�ctica, lo cual crea algo bastante an�malo. En consecuencia, estoy por aprobar el proyecto tal como viene de la Comisi�n de Defensa, sin la indicaci�n sugerida. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, quiero entregar una informaci�n clara y precisa. Las denominaciones en cuesti�n, vigentes hasta el momento �a�n no se publica la ley en proyecto-, fueron exclusivamente para determinados ciudadanos chilenos que estaban sirviendo en las filas del Ej�rcito. No existe ninguna situaci�n diferente que afecte a otras instituciones en tal sentido. Es importante establecer eso. Aqu� est� presente un elemento que en la pr�ctica produce y producir� efectos distintos en aspectos protocolares internos y otras situaciones de tal �ndole. Lo �nico que pretende la indicaci�n es reafirmar una situaci�n que, si bien en Derecho P�blico est� clara, se plantea en consideraci�n a personas retiradas que en servicio activo ostentaron los t�tulos referidos. No hay otro prop�sito. Se trata s�lo de un aspecto de car�cter honor�fico, tal como lo se�al� el Senador se�or Gazmuri. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, recogiendo lo se�alado por el Senador se�or Mart�nez, creo que podr�a dejarse constancia en la Versi�n Taquigr�fica, para los efectos de la historia fidedigna de la ley en proyecto, de que el sentido de la indicaci�n es que las personas que ostentaron cargos cuyas denominaciones ahora se modifican continuar�n manteniendo �stas y que la enmienda regir� s�lo para el futuro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde primero pronunciarse sobre la idea de legislar. Despu�s veremos la indicaci�n, con la sugerencia hecha por el Senador se�or Fern�ndez. Si le parece al Senado, se aprobar� la idea de legislar. --Se aprueba en general el proyecto, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que votaron favorablemente 34 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con respecto a la indicaci�n planteada, �habr�a acuerdo para retirarla y dejar la constancia se�alada por el Senador se�or Fern�ndez, recogiendo lo planteado tanto por el Honorable se�or Mart�nez como por el Presidente de la Comisi�n, Senador se�or Gazmuri? El se�or LAVANDERO.- No doy mi voto ni para la indicaci�n ni para la constancia. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con el voto en contra del Senador se�or Lavandero. El se�or LAGOS.- El Comit� Renovaci�n Nacional est� de acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Toda la Sala lo est�. --Se retira la indicaci�n y, con el voto en contra del Senador se�or Lavandero, se deja la constancia planteada por el Honorable se�or Fern�ndez. --Consecuencialmente, el proyecto queda aprobado tambi�n en particular. MODIFICACIONES A LEY DEL DEPORTE El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto, en segundo tr�mite constitucional y con urgencia calificada de "suma", que modifica la ley N� 19.712, del Deporte, con informe de la Comisi�n de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (2838-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 23�, en 15 de enero de 2002. Informe de Comisi�n: Hacienda, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal del proyecto es clarificar la situaci�n laboral de los trabajadores que actualmente se desempe�an en los Consejos Provinciales de Deportes, una vez que tales organismos se extingan o liquiden, como lo dispone la ley N� 19.172, para lo cual precisa el derecho a indemnizaci�n de los trabajadores que resulten seleccionados para integrar la planta del Instituto Nacional del Deporte; ampl�a el plazo para la liquidaci�n y extinci�n de los Consejos Provinciales de Deportes; extiende el plazo para que el referido Instituto y el Ministerio Secretar�a General de Gobierno efect�en una evaluaci�n de la planta y las normas de gesti�n del personal; faculta al Director del Instituto para finiquitar los contratos de trabajo y pagar las indemnizaciones que corresponda, y establece que el Director de este organismo puede actuar con las atribuciones de los Subsecretarios. La iniciativa fue analizada por la Comisi�n de Hacienda, que la aprob� en general por tres votos a favor (Honorables se�ores Bitar, Boeninger y Foxley) y dos abstenciones (Senadores se�ora Matthei y se�or Prat). En cuanto a la discusi�n particular, dicho organismo t�cnico examin� las disposiciones de su competencia, esto es, los n�meros 2 y 4 del art�culo �nico y el art�culo transitorio. El n�mero 2 result� aprobado por tres votos a favor (Honorables se�ores Bitar, Boeninger y Foxley) y dos en contra (Senadores se�ora Matthei y se�or Prat). El n�mero 4 y el art�culo transitorio fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n (Senadores se�ora Matthei y se�ores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat). En consecuencia, la Comisi�n de Hacienda propone a la Sala la aprobaci�n del proyecto de ley en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra el Presidente de la Comisi�n de Hacienda, Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, este proyecto fue tratado esta ma�ana por la Comisi�n de Hacienda, que acord� dar un informe verbal a la Sala, lo que har� muy r�pidamente. Se trata de asegurar una adecuada transici�n entre la antigua estructura de la DIGEDER y la nueva del Instituto Nacional del Deportes; de dar cuenta de situaciones que no estaban suficientemente clarificadas respecto del status de los trabajadores que, perteneciendo a esa Direcci�n, pudieran incorporarse o no a dicho Instituto; y, en particular, de aclarar el problema de las indemnizaciones en el sentido de si el hecho de pasar de una instituci�n a la otra permite al trabajador respectivo mantener el derecho acumulado a ellas y cobrarlas al retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o si alternativamente, de no ingresar la persona a esta entidad, tiene la posibilidad de cobrar el monto correspondiente al momento de ser separada de su cargo en el Consejo Provincial. El proyecto clarifica tales situaciones; establece la continuidad de la indemnizaci�n, y dispone que si el trabajador pasa de una entidad a otra podr� hacer uso de tal beneficio al momento de retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o alternativamente, si no queda en la planta de �ste o no es contratado, ser� sujeto de indemnizaci�n inmediatamente. Asimismo, la iniciativa prorroga hasta fines del presente a�o la vigencia de los Consejos Provinciales de Deportes, para permitir exactamente la adecuaci�n de plantas y la extinci�n gradual de cargos del personal que no quede incorporado a la nueva instituci�n. Tambi�n hay temas menores respecto del plazo para efectuar una evaluaci�n cuidadosa de la planta de reemplazo, cuyas funciones y l�gica son nuevas. Se proponen dos a�os, en vez de uno, modificando la normativa vigente al respecto. Y se dispone que el director del Instituto podr� actuar como ministro de fe en la constituci�n de organizaciones deportivas. La Comisi�n de Hacienda aprob� en general el proyecto por tres votos a favor y dos abstenciones. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, por desgracia, nos hemos ido acostumbrando a que la ley pareja es dura. Ac� se dictan leyes que se aplican con mucho celo al sector privado, pero cuando se trata del p�blico, se dictan otras para que el Estado no tenga que pagar lo mismo que le corresponder�a, en iguales condiciones, a un empresario privado. En el caso en an�lisis, se est� ante el t�rmino de una instituci�n que se reg�a por el C�digo del Trabajo. En tal circunstancia, se deben pagar indemnizaciones. �Y hacerlo ahora! Pero aqu� se propone una iniciativa de ley para que ello ocurra en cinco, diez, quince, veinte o veinticinco a�os m�s, cuando el trabajador se desvincule del Instituto Nacional del Deportes, porque, si bien la separaci�n de la DIGEDER se produce hoy d�a, le van a pagar la indemnizaci�n cuando se retire del nuevo organismo, lo que puede ocurrir en veinticinco a�os m�s. En dicha situaci�n, al menos deber�a pagarse intereses, porque Sus Se�or�as comprender�n que no es lo mismo contar con plata ahora y depositarla a intereses a veinticinco a�os plazo que recibirla al t�rmino de ese lapso y solamente con reajuste. Me parece injusto y no razonable. �C�mo se aplicar�a esta norma en el caso de quienes se rigen por el C�digo del Trabajo? Primero, no se estar�a dictando una ley que obligue a los trabajadores a aceptar esta soluci�n. Si alguien cesa en sus funciones en una empresa y quiere contratarse en otra, puede llegar a acuerdo con el empleador -es voluntario-, para postergar el pago de indemnizaciones. Aqu�, en cambio, se lo obliga por ley. Y, de haber acuerdo, la indemnizaci�n se calcular�a, en el caso de la empresa privada, al tenor de la situaci�n general del C�digo del Trabajo, conforme a la �ltima remuneraci�n y no a la que recibi� al momento de cesar en sus funciones. Obviamente, aqu�lla puede ser bastante m�s alta que �sta, calculada en UF y s�lo con reajuste, que fue el �ltimo sueldo que obtuvo en la DIGEDER. Creo que basta ya de aplicar una misma ley, con todo tipo de excepciones, cuando el que sufre sus efectos es el Estado, en circunstancias de que, trat�ndose del privado, es objeto de todo tipo de sanciones, o se lo lleva a los tribunales, o se le aplican multas proporcionales al n�mero de trabajadores por empresa. Los funcionarios de la DIGEDER se reg�an por el C�digo del Trabajo y, por lo tanto, debe aplic�rseles estrictamente lo consignado en �l. La ley en proyecto beneficiar� al Estado, en desmedro de los trabajadores de aquel organismo. Por tal raz�n, me abstendr� o votar� en contra de la idea de legislar. Obviamente, deseo que la iniciativa se despache, porque peor es nada. Pero llamo la atenci�n del Senado acerca del hecho de que el Estado siempre es avaro con los trabajadores y, en cambio, es muy exigente cuando la misma ley debe aplicarse a la empresa privada. Los trabajadores de la DIGEDER han sido enormemente perjudicados. Ellos entienden que se les debe indemnizar ahora, tal cual lo estipula el C�digo del Trabajo. Y si desean llegar a acuerdo con la nueva instituci�n deportiva, debiera ser voluntario y no impuesto por ley. Adem�s, saben que, de ocurrir esto �ltimo, la indemnizaci�n se les deber�a pagar al final, pero calculada sobre la �ltima remuneraci�n y no conforme a la recibida al momento del cese de servicios. Eso es lo que dice estrictamente la iniciativa. Me pregunto por qu� la ley se aplica a los privados y no al Estado. Espero que el proyecto se apruebe, porque es mejor que nada. De lo contrario, se quedar�n sin indemnizaci�n. Pero es lo m�s injusto que hay, y estamos cansados del doble est�ndar cuando las leyes se deben aplicar al Estado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, sin entrar en mayor profundidad, comparto la inquietud de la se�ora Senadora que me antecedi� en el uso de la palabra, porque evidentemente se est� ante una discriminaci�n en favor del Estado. Deseo formular una consulta al se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda, al se�or Ministro Secretario General de Gobierno o al se�or Director del Instituto Nacional de Deportes. Mi inquietud se refiere a que se est�n traspasando trabajadores regidos por el C�digo del Trabajo a una repartici�n donde tendr�n car�cter de servidores p�blicos. Y no puedo olvidar lo que sucedi� con los profesores: cuando pasaron del sistema central al municipal, se firm� el finiquito con los que se iban, pero buen n�mero de ellos permanecieron en sus puestos. Ello dio origen a gran cantidad de juicios para exigir la indemnizaci�n correspondiente al cambio de sistema. �En este caso puede ocurrir lo mismo con los trabajadores regidos por el C�digo del Trabajo que seguir�n en funciones pero con otro sistema? Ignoro si la Comisi�n de Hacienda o las autoridades respectivas han considerado esta situaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, creo que se ha clarificado el problema en la Sala. Pero me asalta la duda en cuanto a que el proyecto sea constitucional, porque el derecho a indemnizaci�n no es una mera expectativa, sino que el trabajador tiene incorporado en su patrimonio el derecho a percibirla. De otro modo simplemente bastar�a dictar una ley que borrara los derechos de los trabajadores, sean p�blicos o privados, como si no constituyeran parte de su patrimonio. Por lo tanto, estamos ante una ley expropiatoria, y si�ndolo, dar�a lugar a indemnizaci�n. Entonces, volvemos a fojas cero. Porque si se va a indemnizar por quitar una indemnizaci�n, m�s vale pagarla directamente. En ese sentido, por lo menos deseo hacer reserva de constitucionalidad, pues, de aprobarse esta normativa, se entablaran los pleitos a que se refiri� el Senador se�or Mu�oz Barra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, es conveniente dejar constancia de algunos hechos que hay detr�s de la presentaci�n de este proyecto. En primer lugar, la ley anterior no fue bien escrita y sali� con un problema que gener� un conflicto que deriv� en movimientos, en huelgas de los funcionarios y en situaciones de tensi�n que obligaron al Gobierno a constituir una mesa de trabajo con representaci�n de los trabajadores y personeros de la Secretar�a General de Gobierno. Varios Senadores aqu� presentes fuimos conminados por representantes laborales de distintas Regiones con el objeto de que nos hici�ramos cargo de esas peticiones. Fue una tarea laboriosa. Deseo preguntar a los miembros de la Comisi�n si antes del despacho del texto que nos ocupa escucharon los argumentos de los dirigentes gremiales, es decir, si conocieron sus opiniones. A diferencia de lo se�alado, esta iniciativa no es para defender al Estado, porque si as� fuera, estar�amos equivocados. No se pretende hacer diferencias entre los sectores p�blico y privado respecto de la aplicaci�n de leyes laborales. Este proyecto, a mi entender, se presenta para defender el derecho de los trabajadores. Y si no los interpreta correctamente, que se diga as�. Porque no puedo aceptar el argumento en cuanto a que se est� dictando una ley para proveer una especie de c�pula de protecci�n a funcionarios del Estado que no cumplan con determinados derechos. El Senador se�or Foxley me solicita una interrupci�n, y se la concedo, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, contesto la consulta del Honorable se�or Moreno. En mi calidad de titular de la Comisi�n de Hacienda, se me solicit� que me reuniera con los dirigentes de los trabajadores potencialmente involucrados en la situaci�n, lo que hice ayer. Sostuvimos una larga conversaci�n en la cual hicieron presente su total satisfacci�n con el proyecto presentado en el Senado y me pidieron no s�lo respaldarlo, sino tambi�n aprobarlo lo m�s r�pido posible. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Aparte de ratificar lo expresado por el Senador se�or Foxley, debo se�alar que yo tambi�n me entrevist� con esos dirigentes y me manifestaron lo mismo, es decir, su inter�s por el pronto despacho de esta iniciativa. Conforme a la facultad que se me confiri�, y como ten�a urgencia, la agregu� en la tabla de hoy. Recupera la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Las explicaciones tanto del Presidente de la Comisi�n como del se�or Presidente del Senado creo que son suficientes constancias, porque no veo mencionada en el informe la presencia de esos trabajadores. Por lo tanto, si los trabajadores fueron escuchados por quienes los representamos en las Regiones, yo me pronunciar� a favor de la iniciativa. Pero quiero dejar en claro que aqu� no se puede generar la imagen de que el proyecto est� contra dichos trabajadores y de que, en el fondo, se pretende respaldar al Estado en una situaci�n que deb�a ser reparada, porque la ley original sali� mal redactada. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, me parece que, al contrario de lo se�alado, el proyecto reconoce precisamente el derecho a indemnizaci�n de los trabajadores que dejar�an de pertenecer a los Consejos Provinciales de Deportes de cada una de las Regiones, quienes no ten�an derecho a percibir tal beneficio. Tambi�n quedan protegidos quienes contin�en prestando servicios en el Instituto Nacional de Deportes. En el sector privado, cuando se vende una empresa, los nuevos empleadores reconocen el derecho a indemnizaci�n de los trabajadores y, seguramente, se las paga m�s adelante. La se�ora MATTHEI.- Pero seg�n el �ltimo sueldo. El se�or SABAG.- Lo mismo sucede aqu�. A quienes se desvinculen del nuevo organismo la indemnizaci�n se pagar� en forma inmediata. Eso ocurre permanentemente en el sector privado. Acabo de ver un documento de una empresa que se�ala que las indemnizaciones ser�n de cargo del comprador, quien reconoce tal derecho desde la fecha de ingreso de los trabajadores a la empresa. Se trata de una situaci�n muy normal en la actividad privada, y me parece que tambi�n deber�a serlo en este caso, donde ese derecho se reconoce por ley. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, en el mismo sentido de lo que acaba de expresar el Honorable se�or Sabag, quiero se�alar que la Ley del Deporte en su art�culo 5� transitorio dice expresamente que a los trabajadores de los Consejos Provinciales de Deportes que ingresen a la nueva planta del Instituto Nacional de Deportes se les reconoce su derecho a indemnizaci�n por a�os de servicio, la que se pagar�a una vez que se desvincularan del nuevo organismo. El concepto que sustenta la norma es la continuidad y, para que �sta exista, debe entenderse que se trata de la misma entidad. En segundo lugar, no hay ninguna discriminaci�n en contra de los trabajadores, sino que la redacci�n de las causales para hacer eficaz su derecho a indemnizaci�n qued� poco clara en la Ley de Deportes. Y eso lo que resuelve este proyecto. En definitiva, esa es la raz�n obvia por la cual los propios trabajadores -como se�al� el se�or Presidente y el Honorable se�or Foxley- entienden que se les est� resolviendo un problema, pues no estaban seguros de que en alg�n momento tendr�an derecho a indemnizaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, yo tambi�n me entrevist� con los trabajadores y es cierto que desean una r�pida aprobaci�n del proyecto; pero igualmente saben que, para ello, debieron ceder cualquier cantidad de derechos. Lo ahora propuesto no es lo que habr�an obtenido de aplicarse estrictamente el C�digo Laboral. La Direcci�n del Trabajo no habr�a permitido una situaci�n como la descrita si se tratara de una empresa privada. Si hay soluci�n de continuidad, entonces el monto de la indemnizaci�n no se calcular�a sobre la base del �ltimo sueldo expresado en UF, sino conforme a la �ltima remuneraci�n obtenida al momento de dejar de pertenecer al Instituto, es decir, en 10, 15 � 20 a�os m�s. Por lo tanto, ese sueldo podr�a tener reajustes reales que en la iniciativa no se incluyen. En segundo lugar, en esta situaci�n el C�digo del Trabajo establece que se trata de un acuerdo voluntario entre las partes. Sin embargo, aqu� lo imponemos por ley. Los trabajadores desean la aprobaci�n del proyecto, porque es mejor que nada. Pero es injusto. La soluci�n propuesta jam�s habr�a sido aceptada por la Direcci�n del Trabajo si se tratara de una empresa privada. En consecuencia, yo sostengo -y lo reitero- que en este caso el problema se ha resuelto de una manera que beneficia al Fisco en desmedro de los trabajadores pertenecientes a los Consejos Provinciales de Deportes. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, creo que se incurre en un lamentable error de conceptos que est� oscureciendo el juicio de muchos se�ores Senadores a la hora de adoptar una decisi�n. Lo que la Ley del Deporte hizo fue suprimir instituciones actualmente existentes, que son los llamados Consejos Locales de Deportes. Como consecuencia de lo anterior, la relaci�n laboral de quienes prestaban servicios en esos organismos termina; pero lo hace en virtud de una disposici�n legal producto de la desaparici�n de las referidas entidades, si se quiere, por razones de fuerza mayor. Por lo tanto, si se aplica la legislaci�n laboral en un caso semejante, no cabe indemnizaci�n. No se trata de un problema de necesidades de funcionamiento de la empresa. Eso supone siempre la existencia y la continuidad en el giro y en las actividades de la propia empresa. Por ello, el proyecto crea una indemnizaci�n ante una circunstancia en que legalmente no procede. En definitiva, se hace cargo, con justicia, de un problema social real de esos trabajadores, para los cuales, en primer lugar, deja abierta la posibilidad de incorporarse a la nueva instituci�n denominada CHILEDEPORTES y, para aquellos que no contin�en, establece el pago de una indemnizaci�n en forma inmediata. No se trata, en consecuencia, de una ley expropiatoria, de una normativa que cambia las reglas del juego a los trabajadores, sino que, por el contrario, de una que se hace cargo del problema generado a ra�z de la decisi�n pol�tica adoptada en su momento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, votar� a favor del proyecto, porque, aun cuando estimo que los trabajadores no habr�an perdido el derecho a indemnizaci�n si se reg�an por el C�digo del Trabajo, no es posible dictar una normativa -como muy bien dijo el Senador se�or Viera-Gallo- para eliminar un derecho que, adem�s, es irrenunciable. Por lo tanto, aqu� el problema es otro. Quiero plantear con mucha claridad que todos esos trabajadores podr�an haber sido despedidos producto de la aplicaci�n de la ley, perdiendo su fuente de trabajo. La se�ora MATTHEI.- Pero con indemnizaci�n. El se�or RUIZ.- Tal situaci�n no tiene nada que ver con lo que pasa en el sector privado, que echa trabajadores todos los d�as y no les paga indemnizaciones, y �stos deben contratar abogados para defenderse. Pasan a�os en los tribunales tratando de que se les pague y, al final, se ven obligados a pactar con la empresa una indemnizaci�n menor para poder recibir algo. Pero no recuperan su fuente de trabajo. Sin embargo, la normativa propuesta regula la situaci�n de quienes contin�en trabajando, a los que adem�s el Estado reconoce una indemnizaci�n por a�os de servicio fijada en unidades de fomento. No es que est�n perdiendo plata, pues ese beneficio se actualiza conforme a la UF. Y no se les podr�a pagar indemnizaciones en 10 a�os m�s, porque ahora formar�n parte de un sistema donde tendr�n estabilidad en sus puestos de trabajo y se regir�n por normas distintas de las del resto de los funcionarios p�blicos. Como los argumentos que impugnan el proyecto no tienen ninguna consistencia, lo votar� favorablemente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, el problema radica en algo que plante� el Honorable se�or Boeninger. Aqu� termin� su existencia jur�dica la Direcci�n General de Deportes, que no contrataba personal por s� misma, sino a trav�s de los Consejos Provinciales de Deportes. En consecuencia, mediante la ley en proyecto se trata de regular la continuidad jur�dica de la Direcci�n General de Deportes y Recreaci�n, hoy d�a Instituto Nacional de Deportes de Chile, tanto en la situaci�n de sus bienes patrimoniales como en la vinculada a los trabajadores. En lo que dice relaci�n a los bienes, la soluci�n es m�s simple, porque en parte figuran a nombre de la DIGEDER y, por ende, la continuidad jur�dica ser� m�s f�cil. Pero el caso de los trabajadores es diferente, porque quiz�s una buena cantidad de ellos fue contratada por entes privados: los Consejos Provinciales de Deportes. Y con esta normativa se pretende garantizarles un derecho fundamental, la indemnizaci�n por a�os de servicios, o, m�s bien, asegurarles que no pierdan los a�os servidos. Es decir, mediante esta iniciativa los trabajadores quedar�n m�s protegidos -protegidos de verdad-, porque el Instituto Nacional de Deportes ser� el que en definitiva deber� responder. Por eso, se�or Presidente, creo conveniente, por el inter�s de los trabajadores y por el de Chiledeportes, aprobar este proyecto a fin de regularizar algo muy importante para aqu�llos: su derecho previsional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Deseo dejar una constancia para evitar que haya problemas. El acuerdo logrado con los trabajadores -seg�n lo expresaron �stos- es absolutamente voluntario y no ha habido imposici�n alguna en tal sentido. Tan as� es que ellos mismos me han solicitado el despacho de esta iniciativa legal. De modo que en esto no observo ning�n problema de coerci�n. Por lo dem�s -como muy bien se ha dicho ac�-, en el sector privado muchas veces se negocian incluso las indemnizaciones cuando surgen discusiones acerca de qu� montos proceden o no proceden. �se es un tema que, a mi modo de ver, estar�a tambi�n salvado. En todo caso, la Mesa dejar� constancia del reclamo de constitucionalidad formulado por el Senador se�or Viera-Gallo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n. Si le parece a la Sala, se aprobar� la iniciativa. La se�ora MATTHEI.- Con mi abstenci�n, se�or Presidente. --Se aprueba en general y particular el proyecto, con la abstenci�n de la Honorable se�ora Matthei, y queda despachado en este tr�mite. CREACI�N DE SALAS EN CORTES DE APELACIONES DE SANTIAGO, SAN MIGUEL, VALPARA�SO Y CONCEPCI�N El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valpara�so y Concepci�n, con informes de las Comisiones de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (2852-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 21�, en 8 de enero de 2002. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. Hacienda, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El Ejecutivo hizo presente la simple urgencia para el despacho del proyecto. Su objetivo principal es crear en el Poder Judicial los cargos necesarios para el funcionamiento de dos nuevas salas en la Corte de Apelaciones de Santiago y una en las de San Miguel, Valpara�so y Concepci�n. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento fue autorizada por la Sala, de conformidad con lo prescrito en el inciso sexto del art�culo 36 del Reglamento de la Corporaci�n, para discutir en general y particular el proyecto con motivo del primer informe, y lo aprob� en igual forma por la unanimidad de sus miembros (Honorables se�ores Chadwick, D�ez, Hamilton, Silva y Zurita). Por su parte, la Comisi�n de Hacienda tambi�n lo aprob� en general y particular, por la unanimidad de sus miembros (Senadores se�ora Matthei y se�ores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat), en los mismos t�rminos en que lo hizo la de Constituci�n. Cabe destacar que la totalidad de los art�culos permanentes deben ser aprobados con qu�rum org�nico constitucional, requiriendo, en consecuencia, el voto conforme de 27 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular la iniciativa. Ofrezco la palabra. El se�or SILVA.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La tiene, Su Se�or�a. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, en reemplazo del Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, que no se encuentra en la Sala, me permito informar de manera muy breve este proyecto, el que -como dijo el se�or Secretario- fue aprobado por la unanimidad de los miembros de aqu�lla. Dicho �rgano t�cnico aprob� en forma un�nime la iniciativa porque ponder� en plenitud su finalidad, que es crear dos nuevas salas en la Corte de Apelaciones de Santiago y una en las de San Miguel, Valpara�so y Concepci�n. Esto significa el surgimiento de quince plazas de ministros de cortes, y obedece al aumento de trabajo, perfectamente comprobado, en cada una de ellas. Como seguramente lo debe haber analizado tambi�n la Comisi�n de Hacienda, el proyecto se encuentra plenamente financiado. Por tales razones, se�or Presidente, la Comisi�n de Constituci�n procedi� a aprobarlo por unanimidad. El se�or R�OS.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or R�OS.- Es evidente que cualquier apoyo que pueda prestarse a los tribunales de justicia es muy importante, sobre todo por tratarse de un �rea donde, sin duda alguna, tenemos un buen Ministro -lo digo no porque �l est� presente-, pero en la que de pronto el tema de la aplicaci�n de justicia se ha ido debilitando debido a una serie de situaciones complejas. Son miles las causas que est�n pendientes en las distintas cortes de apelaciones, y hay otras tantas en los tribunales. De modo que la creaci�n de nuevas salas resulta, ciertamente, muy necesaria. �Cu�l es mi inquietud al respecto, se�or Presidente? He observado -y esto se lo coment� al se�or Ministro- que en la creaci�n de salas se ha seguido un criterio centralista. Digo esto porque existe la necesidad de extender las cortes de apelaciones a otras zonas del pa�s. En el caso de la provincia de Valpara�so, me parece que habr�a sido �til crear una corte en Quillota, por ejemplo, o bien en un lugar que descentralice m�s los distintos juzgados que recurren a la apelaci�n en la Quinta Regi�n. La nueva sala para la Corte de Apelaciones de Concepci�n ayuda a resolver un caso de centralizaci�n extrema en la Octava Regi�n, mientras a lo mejor la de Chill�n est� en condiciones de tener una sala m�s, o bien, se puede crear la corte de apelaciones de Los �ngeles, donde los tribunales env�an m�s de 7 mil causas a la de Concepci�n. En efecto, si se observa el n�mero de causas que hay en cada una de esas Cortes, se hace evidente la necesidad de contar con una en Los �ngeles. El se�or Ministro ha se�alado estar consciente de ese problema, y ha comprometido una presentaci�n m�s global y formal de una estructura que permita mayor participaci�n a los ciudadanos en las funciones propias de la aplicaci�n de justicia. Por otro lado, en la Corte de Apelaciones de San Miguel se est� creando una sala m�s. Sin embargo, quiz�s habr�a sido bueno instalar una en San Bernardo. No es posible que se contin�e centralizando, porque eso produce da�o, representa un costo mayor, se tornan m�s complejas las estructuras de los edificios que albergan a las distintas salas y el ciudadano tiene m�s dificultades para actuar en ellas, porque es multitudinaria la presencia de las personas, en fin. Se�or Presidente, el Senador se�or Zurita me est� pidiendo una interrupci�n, y se la concedo con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or ZURITA.- Las ideas expuestas por el se�or Senador son todas muy buenas, pero resulta que el sistema tendiente a aumentar el personal de las cortes no siempre ha sido as�. Cuando comenc� a ejercer como abogado, la Corte de Apelaciones de Santiago llegaba hasta la quinta sala, y no exist�an la Cortes de San Miguel, de Rancagua, de Copiap�, de Antofagasta, de Arica, ni de Punta Arenas. O sea, en cincuenta a�os se ha producido ese aumento. As� como Su Se�or�a desea una corte en Quillota, Limache y Casablanca, pienso que lo ideal ser�a crear cuatro en Santiago -es lo que hemos estado pidiendo por muchos a�os quienes fuimos ministros- pues, como se trata de una ciudad muy grande, la �nica manera de que haya una aplicaci�n de justicia c�moda para todos es instalando cortes en los sectores oriente, poniente, norte y sur. Pero, mientras tanto, escuchemos lo que dice el Ministro de Justicia con motivo de estos proyectos: "�Tranquilos! No alcanza para m�s. No podemos construir un nuevo edificio para otra corte, sino que coloquemos m�s gente en el mismo recinto". Sin embargo, no s� si caben m�s personas ah�. Despu�s se�ala: "No olvidemos que viene el juicio oral y que no necesitaremos tanta corte". �Mentira! Porque para el juicio oral se requieren las mismas cortes o, incluso, m�s. Deseaba hacer la aclaraci�n porque, debido a la loca geograf�a del pa�s, cuesta mucho llenarlo de punta a punta con cortes, como quisi�ramos. Gracias, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador se�or R�os. El se�or R�OS.- Deseo aclarar a Su Se�or�a, a prop�sito del ejemplo que se�al� sobre Quillota, que no estoy proponiendo la instalaci�n de cortes en Casablanca, Limache, Villa Alemana, en fin. Efectivamente, se han ido creando Cortes de Apelaciones. Y eso est� bien. Lo que ocurre ahora es que, ante la alternativa de aumentar en cinco el n�mero de Salas, era el momento oportuno para pensar en crear 4 � 5 tribunales de alzada adicionales. Ello, porque tambi�n debe considerarse el problema f�sico de los edificios. Ya el propio Senador se�or Zurita ha dicho: "No s� si va a caber m�s gente en los que hoy d�a existen". Adem�s, debe tenerse en cuenta la dificultad de traslado de las personas. En la Corte de Apelaciones de Concepci�n hay 7 mil causas provenientes de los juzgados de Los �ngeles. Eso significa que los interesados deben ir a revisar sus procesos a 130 kil�metros de distancia. Una sociedad moderna, donde existen opciones para administrar mejor los distintos campos de la institucionalidad del pa�s, debe preocuparse de estas cosas. Anticipo que votar� a favor la iniciativa, cuya aprobaci�n seguramente ser� un�nime. Sin embargo, reitero que es preciso descentralizar las actuales instancias de justicia. Hay que comenzar por no centralizar m�s y disponer la existencia de otras Cortes de Apelaciones en los lugares que lo requieren. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or G�MEZ (Ministro de Justicia).- Se�or Presidente, el Senador se�or R�os tiene toda la raz�n. En el �mbito de lo que actualmente existe, las Cortes de Apelaciones est�n concentradas en distintos lugares. Tan es as� que, seg�n las estad�sticas de que disponemos, entre aquellas donde proponemos aumentar el n�mero de Ministros figura la de Santiago, a la cual ingresaron 106 mil 946 causas en el a�o 2000. Y hace m�s de 20 a�os que dicho tribunal tiene la misma cantidad de Ministros, a pesar de que permanentemente se incrementan los casos que debe resolver. Nuestra intenci�n es presentar un proyecto org�nico en el cual se contemplen las estructuras y los recursos necesarios para cumplir uno de los objetivos se�alados por el se�or Senador mencionado, que hizo presente tambi�n el Honorable se�or Romero: la necesidad de que en aquellas partes -entre ellas, la Octava Regi�n- del territorio con gran densidad de poblaci�n existan Cortes de Apelaciones. Y esta ma�ana en la Comisi�n el Senador se�or Urenda formul� una indicaci�n relacionada con la misma materia. Estamos trabajando en la iniciativa referida. Se trata de un texto org�nico que esperamos enviar al Parlamento este a�o con el acuerdo de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. En el caso que nos ocupa, decidimos abordar la cuesti�n para evitar el riesgo inminente de no aplicaci�n de justicia. Algunas causas demoran m�s de dos a�os. �Por qu�? Porque las Salas no cuentan con capacidad para resolverlas. Por eso, es urgente despachar la iniciativa en debate, sin perjuicio de que presentaremos el proyecto citado, en el cual probablemente se consideren los casos de Quillota, San Antonio y Los �ngeles, que aqu� se han se�alado. Sin embargo, se trata de una normativa org�nica que toma tiempo analizar, discutir y disponer de los recursos suficientes para financiarlo. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, solicito una interrupci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tendr�a que ped�rsela al Senador se�or Aburto, quien est� con el uso de la palabra. El se�or VALD�S.- �Me concede una interrupci�n, Honorable colega? El se�or ABURTO.- Con todo gusto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, quiero aprovechar lo expresado por el se�or Ministro en cuanto a la intenci�n de presentar un proyecto m�s org�nico, porque el punto tocado por el Senador se�or R�os es grave, muy importante y en algunos casos crea situaciones bastante injustas. �l mencion� los casos de San Antonio y Valpara�so. Por mi parte, puedo agregar los de dos ciudades capitales de provincia, de igual naturaleza: Osorno y Valdivia. En Valdivia existe una Corte de Apelaciones; en Osorno, no. Y peor que eso: en la primera de esas ciudades los magistrados perciben una remuneraci�n superior, por ser jueces de asiento de Corte. En cambio, los de Osorno ganan menos, pese a tener la misma calidad y ser tan v�lidos e importantes como aqu�llos, por no ser all� asiento de Corte. Tal vez �sas sean r�moras del tiempo de La Colonia, cuando las instrucciones en tal sentido ven�an desde Espa�a. Es necesario corregirlas porque constituyen una injusticia muy grande. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede continuar el Honorable se�or Aburto. El se�or ABURTO.- Se�or Presidente, lo que ocurre con los jueces, las Cortes de Apelaciones, la administraci�n de justicia y el Poder Judicial en general constituye un problema end�mico en cuanto a la capacidad de gesti�n que puedan tener los tribunales para despachar todos los juicios pendientes. Lo concerniente a la acumulaci�n de causas lo conocemos todos, por las diferentes estad�sticas que se entregan cuando se estudia alg�n proyecto relacionado con la materia. La �nica soluci�n es crear m�s juzgados y Cortes de Apelaciones. En Santiago, donde el problema se arrastra desde hace 20 � 30 a�os, se plante� instalar Cortes en los cuatro puntos cardinales, pero eso qued� en el olvido. El Poder Ejecutivo de la �poca (15 a�os atr�s) no elabor� el proyecto correspondiente y nunca m�s se supo del asunto. Por lo tanto, la soluci�n consiste en crear Cortes, y no hay recursos econ�micos suficientes para ello. A continuaci�n me referir� al art�culo transitorio, que prescribe: "El mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer a�o de aplicaci�n se financiar� con cargo a los recursos asignados al Poder Judicial en el presupuesto de dicho a�o, y, en lo que no alcanzare," -seguro que as� ocurrir�- "con cargo a la Partida presupuestaria Tesoro P�blico del mismo a�o.". A mi juicio, �sa es una remisi�n vaga al presupuesto del Tesoro P�blico. Y es para el primer a�o de aplicaci�n. �Lo dice el proyecto! Y si se termina luego de ese a�o, �en qu� quedaremos? �Siempre ha ocurrido esto! Se dicta la ley, pero �cu�ndo se lleva a la pr�ctica? El se�or Ministro podr�a aclarar mi observaci�n, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, agradezco la informaci�n entregada por el se�or Ministro. Y aunque ciertamente se trata de dos temas distintos, la preocupaci�n es la misma. Hoy d�a, en las Salas de las Cortes de Apelaciones existen problemas tremendos que impiden proporcionar una justicia oportuna, eficaz y fluida. En la Corte de Apelaciones de Valpara�so he conocido casos -no corresponde informar sobre ellos aqu�- extraordinariamente serios. Pienso que debemos pedir al se�or Ministro que asuma un compromiso. Porque este mismo debate lo realizamos cuando era titular de la Cartera la se�ora Soledad Alvear, quien nos expres� que exist�an varios estudios (as� lo ha ratificado esta tarde el actual) sobre creaci�n de Cortes de Apelaciones, entre ellas la de San Felipe, en Aconcagua. Lo digo porque -la verdad sea dicha- cuando uno se preocupa del tema es porque realmente se halla interiorizado de la situaci�n. Puedo afirmar que los habitantes de cualquiera de las provincias de Petorca, San Felipe o Los Andes que deben litigar, demoran dos horas y media en llegar a Valpara�so. �Dos horas y media! Entonces, venir a realizar un tr�mite a la Corte de Apelaciones les significa perder no s�lo una tarde, sino el d�a completo. Por desgracia, en este aspecto la situaci�n es extraordinariamente cr�tica. Lo digo con pleno conocimiento porque las municipalidades han estudiado el asunto y han comprobado que existe suficiente n�mero de causas como para justificar una soluci�n como la indicada; incluso, se han mostrado dispuestas a proporcionar bienes ra�ces para cumplir con la estructura inmobiliaria. Solicitar�a al se�or Ministro de Justicia que hici�ramos efectivo el compromiso a trav�s de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia del Senado, y que �l mismo fijara un plazo dentro del cual le pudi�ramos hacer llegar la mayor cantidad de antecedentes que logremos reunir. Porque la verdad es que el planteamiento efectuado por el Senador se�or R�os tiene probado fundamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, me referir� espec�ficamente a lo planteado por el Senador se�or R�os, as� como a la respuesta del se�or Ministro. Uno entiende que, como es l�gico, hay involucrado aqu� un problema de recursos, lo cual lleva a que las medidas tengan un car�cter progresivo. Por ello, es necesario esperar el estudio final que estar�a llevando a cabo el Ministerio para crear, como aqu� se ha dicho, cortes de apelaci�n en todas las provincias. Con franqueza deseo plantear al se�or Ministro algo en lo que, tal vez por no ser abogado, puedo exhibir cierta ignorancia. Uno se pregunta por qu� no se crea una sala en Los �ngeles en vez de una quinta en Concepci�n, ya que, seg�n las cifras dadas por el Senador se�or R�os -en torno de las cuales no parece haber controversia-, de las 24 � 25 mil causas pendientes en Concepci�n, 7 mil son de Los �ngeles. Entonces, a mi parecer, no hay racionalidad en proponerlo para Concepci�n y no para Los �ngeles, en circunstancias de que hacerlo en esta �ltima cuidad evitar�a demoras y retrasos y el imponer a las personas la obligaci�n de viajar por una, dos o tres horas para poder conocer de sus causas en la capital de la Octava Regi�n. Por otra parte, en su oportunidad, hubo cierto compromiso de parte de la se�ora Ministra de la �poca en cuanto a avanzar en la l�nea de cierta descentralizaci�n. Y, si no recuerdo mal, el acuerdo era crear una sala en Los �ngeles, pero despu�s la decisi�n se posterg�. Entonces, si se considera que la iniciativa debe ser aprobada como est� -ya que habr� otro plan general para todo el pa�s-, me atrevo a se�alar al se�or Ministro, a trav�s de la Mesa, que si env�a nuevos proyectos parciales como el ahora en debate, va a recibir de parte nuestra la misma queja que hemos escuchado hoy. Pero dicha queja puede resolverse de manera razonable, en los t�rminos que vengo se�alando. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, lamentablemente me impuse con alguna tardanza de este informe, raz�n por la cual present� s�lo a �ltima hora una indicaci�n para que, aprovech�ndose estas modificaciones en las cortes de apelaciones, se corrigiera una situaci�n an�mala que afecta a un distrito de una regi�n determinada: all� sus habitantes tienen que llevar sus juicios a una corte de la Regi�n Metropolitana. Me refiero al caso de la provincia de San Antonio, adscrita judicialmente a la Corte de San Miguel, situada en la ciudad de Santiago. Mucho hablamos de descentralizaci�n. �ste es un tema muy recurrente y cada vez que se debate la situaci�n existe plena coincidencia entre los parlamentarios; sin embargo, cuando se trata de aprobar medidas pr�cticas que tiendan a solucionar el problema, se encuentra un natural rechazo. En este caso, lamentablemente no fui informado a tiempo para los efectos de estar presente en la Comisi�n cuando iba a tratarse esta materia. La indicaci�n que present� al respecto se rechaz� por unanimidad, no s� si porque los abogados de San Antonio encuentran m�s f�cil ir a la Corte de San Miguel o por lo expresado por el se�or Ministro -con quien coincido-, en cuanto a que lo ideal ser�a abrir una Corte de Apelaciones en San Antonio. Creo importante insistir en algo obvio: los abogados de San Antonio prefieren la Corte de San Miguel, por una raz�n muy sencilla: como son casi todos santiaguinos, con contad�simas excepciones, obviamente, para ellos resulta m�s c�modo atender un asunto en segunda instancia u otras materias propias de corte en Santiago, que es el lugar en que viven, y no en San Antonio, donde van de paso. En mi opini�n, uno de los motivos de separaci�n o distanciamiento entre los habitantes de San Antonio y los de Valpara�so es precisamente �ste: la implementaci�n de la justicia en una u otra plaza. Porque, por muchas otras razones, la Corte de Apelaciones de este puerto ser�a la m�s id�nea para conocer asuntos propios de San Antonio, pues se trata de ciudades con caracter�sticas y problemas semejantes. San Antonio depend�a de Santiago en el pasado. Seg�n entiendo aqu�l es el �nico distrito en Chile no sometido a una corte de la propia regi�n, sino de una distinta. �sta era una coyuntura adecuada para solucionar el problema y dar un paso adelante en el proceso de descentralizaci�n. Pero, desgraciadamente, ahora s�lo se avanza en el papel y no en la pr�ctica. Seguimos retrocediendo, porque Santiago sigue creciendo cada vez m�s, como se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que la Corte de Apelaciones de San Miguel tenga m�s causas que la de Valpara�so, no obstante representar �sta a un sector importante. �Por qu� ocurre esto? Porque esa instancia capitalina no se contenta ya con las materias propias de Santiago. �No, hay que tomar algo propio de las regiones. Yo estoy seguro de que si los asuntos judiciales de San Antonio estuvieren vinculados a la Corte de Apelaciones de Valpara�so los abogados que ejercen en esa zona muy pronto ser�an los mismos de Valpara�so, y no santiaguinos. De esa manera, creo yo, desaparecer�a la rivalidad entre ambos puertos, que crey� percibir una distinguida parlamentaria, cuando fue Diputada por la zona. En todo caso, dadas las circunstancias, no voy a insistir. No he renovado la indicaci�n, porque, obviamente, ante el rechazo de ella por parte de mis propios colegas de bancada, poco avanzar�a; pero s� quiero comprometer de alguna manera al se�or Ministro de Justicia en el sentido de que d� una soluci�n adecuada al problema: que haya una Corte de Apelaciones en San Antonio. Una �ltima reflexi�n: no sigamos, con cualquier pretexto, entreg�ndole m�s a Santiago, restando a las regiones lo que leg�timamente les corresponde. El proceso de descentralizaci�n no va a avanzar si por cualquier subterfugio las cosas tienen que llevarse a la Capital y no se resuelven dentro de las mismas regiones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, todo est� pr�cticamente dicho, de modo que vale la pena aprobar inmediatamente el proyecto. Yo hab�a pedido la palabra para referirme a tres puntos. En primer t�rmino, quiero dejar constancia �cosa que no se hizo al comenzar la discusi�n, porque no se encontraba presente el se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda- que dicho organismo aprob� un�nimemente el aumento de plantas y los recursos correspondientes. En segundo lugar, a prop�sito de lo expresado por el Senador se�or Aburto, deseo decir que, en realidad, sus dos preocupaciones est�n resueltas, porque el Tesoro P�blico es el instrumento a trav�s del cual se financian los gastos que irrogan leyes que se aprueban en el curso de un a�o presupuestario. Por �ltimo, debo hacer presente que, una vez aprobados los recursos en una ley, al a�o siguiente pasan a ser gasto fijo, por lo cual, autom�ticamente, son incluidos, como en este caso, en el presupuesto del Ministerio de Justicia. A prop�sito de la discusi�n habida, en realidad me parecen perfectamente leg�timos y razonables los planteamientos hechos en relaci�n con diversas regiones; pero tal vez sea conveniente tomar en cuenta la necesidad de mirar el problema globalmente, como lo ha se�alado el se�or Ministro de Justicia. Sin embargo, eso no es tan simple, porque, primero, debe atenderse a la expansi�n de aquellos lugares donde existe mayor n�mero de causas acumuladas y retrasos en el funcionamiento de la justicia; y, segundo, porque respecto de instalar salas en ciudades vecinas, habr�a que ver, como en el caso de Los �ngeles planteado por el Honorable se�or Ruiz-Esquide, cu�l es la carga de trabajo que podr�a traspasarse. Pero, adem�s, debe agregarse el problema de las econom�as de escala -o sea, de la dimensi�n m�nima eficaz- para que se justifique instalar una �nica sala nueva en determinado lugar en vez de tener dos o tres salas en una ciudad un poco m�s grande. Este asunto de las econom�as de escala no es un problema menor, sino, dir�a yo, bastante relevante. En consecuencia, considero indispensable que el tema sea resuelto de manera racional, con el prop�sito de compatibilizar el aspecto del costo con las aspiraciones de descentralizaci�n aqu� manifestadas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Interpretando las intervenciones de Sus Se�or�as, entiendo que habr�a acuerdo para aprobar el proyecto, el cual requiere qu�rum org�nico constitucional. En este momento, hay 28 Senadores en la Sala. Si no hubiera objeci�n, se dar�a por aprobado, dej�ndose constancia de las intervenciones efectuadas y de que el se�or Ministro tomar� nota de ellas, a fin de abordar el tema en una pr�xima oportunidad en la forma que �l ha indicado. --Se aprueba en general y particular el proyecto (28 votos). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En seguida, figura en el Orden del D�a el proyecto que modifica la ley N� 19.353, sobre condonaci�n de deudas CORA. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, la iniciativa que viene a continuaci�n tambi�n requiere qu�rum especial. Por tal motivo, sugiero tratarla de inmediato y luego pasar al proyecto indicado por Su Se�or�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, as� se proceder�a. Acordado. DEROGACI�N DE NORMATIVA SOBRE FOTORRADARES Y AMNIST�A PARA INFRACTORES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moci�n del Honorable se�or R�os y del Senador que habla, en primer tr�mite constitucional, que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Polic�a Local y de Tr�nsito, y concede amnist�a por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones, con informe de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones. --Los antecedentes sobre el proyecto (2817-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores R�os y Zald�var, don Andr�s). En primer tr�mite, sesi�n 11�, en 31 de octubre de 2001. Informes de Comisi�n: Transportes, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La iniciativa tuvo su origen en una moci�n de los Senadores se�ores R�os y Andr�s Zald�var y sus principales objetivos son los siguientes: a) Derogar determinadas normas de la ley N� 19.676, que estableci� el Registro de Multas de Tr�nsito cuya fiscalizaci�n corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; b) Derogar el N� 1 del art�culo 2� de la misma ley, que modific� el art�culo 4� de la ley N� 18.290, Ley del Tr�nsito, que regula el uso de fotorradares o equipos de registro de infracciones o medios aptos para producir fe, y c) Conceder una amnist�a para todos los conductores de veh�culos motorizados que a la fecha de publicaci�n de la ley hayan sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tr�nsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por alg�n equipo de registro de infracciones, a menos que dichas infracciones hayan dado origen a un accidente de tr�nsito. El proyecto se encuentra informado solamente en general por la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del art�culo 36 del Reglamento. La Comisi�n, por la unanimidad de sus miembros, Honorables se�ores Fern�ndez, Lagos, Mu�oz Barra, P�ez y Zurita, lo aprob� en general en los t�rminos que aparecen consignados en su informe. Cabe consignar que el art�culo 3� de la iniciativa tiene el car�cter de norma de qu�rum calificado, por lo que para su aprobaci�n se requiere el voto conforme de 24 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En la discusi�n general del proyecto, tiene la palabra el Honorable se�or Lagos. El se�or LAGOS.- Se�or Presidente, como Presidente de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, me corresponde informar la iniciativa, que soluciona una situaci�n de hecho, de todos conocida, por la implementaci�n del uso de fotorradares y la creaci�n del Registro de Multas. Se ha considerado que el uso de fotorradares �regulados por el N� 1 del art�culo 2� de la ley N� 19.676, que modific� el art�culo 4� de la ley N� 18.290, Ley del Tr�nsito- ha generado diversos problemas y ha demostrado su ineficacia, tanto desde el punto de vista de los conductores, que se ven expuestos a abusos por su utilizaci�n, como en cuanto a la aplicaci�n de los procedimientos establecidos en la ley para la contrataci�n de estos servicios por parte de las municipalidades. La utilizaci�n de los denominados "fotorradares" ha servido en gran parte para recaudar recursos para los municipios y sin ning�n inter�s real de ordenar el tr�nsito y prevenir accidentes. Su implementaci�n no ha cumplido con el objetivo que se tuvo presente a la �poca de dictaci�n de las disposiciones que los regulan. Por otra parte, se han efectuado diversas denuncias p�blicas que dan cuenta de irregularidades en el empleo de estos equipos de registro de infracciones, como la falta de se�alizaci�n, incumplimiento de estudios t�cnicos previos para la modificaci�n de velocidades m�ximas, incumplimiento por parte de los municipios de la realizaci�n de bases de licitaci�n con sujeci�n a normas de car�cter t�cnico, exigencias en los contratos entre municipalidades y empresas operadoras de los equipos de una cantidad m�nima de infracciones al mes, etc�tera. La infracci�n a esos preceptos desprestigia el rol fiscalizador de los municipios en materia de seguridad vial y de los principios de probidad y de legalidad de las actuaciones de los �rganos de la Administraci�n P�blica. Se pretende evitar el lucro municipal en la detecci�n y sanci�n de infracciones a las normas de tr�nsito. Los jueces de polic�a local han se�alado que el sistema presenta serias dificultades en la aplicaci�n de la ley. En efecto, la tramitaci�n de las multas empadronadas dirigidas a veh�culos que s�lo se identifican con su patente y no con el conductor, impiden al juez, ante el no pago de aqu�llas, ordenar la incautaci�n del veh�culo y el arresto de su propietario o del representante legal de la empresa due�a del mismo. Con la aprobaci�n de esta iniciativa, la facultad de cursar multas por infracciones a la Ley del Tr�nsito a trav�s de medios de detecci�n electr�nica se radica en la autoridad pertinente, con lo cual la ley se aplica igualitariamente a todos los infractores. Adem�s, se devuelve al juez la facultad de ejecutar lo juzgado. En efecto, la ley N� 19.676 establece un sistema que se inicia como jurisdiccional, pues entrega el conocimiento de la denuncia a un tribunal, que debe dictar sentencia escuchando al denunciado, o declararlo en rebeld�a. Sin embargo, luego se contin�a desarrollando un procedimiento imperfecto, ya que se priva al juez de toda atribuci�n para hacer cumplir lo juzgado al sacar el asunto de la esfera jurisdiccional y encargar a un ente administrativo privado con fines de lucro el llevar un Registro de Multas no Pagadas. Tan as� es, que quien ordena la comunicaci�n a dicho registro no es el juez, sino el secretario del juzgado de polic�a local. Se priva as� al juez de la facultad de ejecutar lo juzgado. Por otra parte, la responsabilidad queda radicada en la persona que comete la infracci�n y no en el propietario del veh�culo. En la actualidad, la inscripci�n en el Registro de Multas no Pagadas se efect�a respecto del veh�culo, radic�ndose en �ste, y no en la persona, la responsabilidad infraccional, pudiendo no coincidir el responsable jur�dico de la infracci�n con el due�o del medio de transporte. Como ejemplo, podemos citar los casos en que existen contratos de arrendamiento de veh�culos, "leasing", contratos de trabajo de conductores y cualquier otro acto jur�dico que otorgue la tenencia de un veh�culo. Para el cumplimiento de estos objetivos corresponder�a: A) Derogar los art�culos 24 y 24 bis, contenidos en los N�s 7 y 8, respectivamente, del art�culo 1� de la ley N� 19.676, que estableci� el Registro de Multas del Tr�nsito, cuya fiscalizaci�n corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; B) Derogar el N� 1 del art�culo 2� de la ley N� 19.676, que modific� el art�culo 4� de la ley N� 18.290, Ley del Tr�nsito, que regula el uso de los fotorradares o equipos de registro de infracciones o medios aptos para producir fe, y C) Conceder amnist�a para todos los conductores de veh�culos motorizados que a la fecha de publicaci�n de esta iniciativa legal hayan sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tr�nsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por alg�n equipo de registro de infracciones, a menos que �stas hayan dado origen a un accidente de tr�nsito. El se�or STANGE.- Se�or Presidente, entiendo que el proyecto se refiere solamente a los fotorradares y no a los radares que utiliza el personal de Carabineros. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Efectivamente, nada m�s que a los fotorradares. Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, me asalta una duda respecto de la facultad parlamentaria de eliminar o derogar un registro creado por ley. Ignoro si puede quedar incluido dentro de lo que es un servicio p�blico y, por lo tanto, esa norma podr�a ser inadmisible. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero tengo dudas sobre la admisibilidad del art�culo 1�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Mesa no la tiene, pero ha tomado nota de ello. --Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado tambi�n en particular, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que concurrieron con su voto favorable 28 se�ores Senadores. MODIFICACI�N DE LEY 19.353, SOBRE CONDONACI�N DE DEUDAS CORA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En conformidad al acuerdo de la Sala que alter� reci�n el orden de la tabla, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 19.353, sobre condonaci�n de deudas CORA, con segundos informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (2759-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 8�, en 16 de octubre de 2001. Informes de Comisi�n: Agricultura, sesi�n 18�, en 18 de diciembre de 2001. Hacienda, sesi�n 18�, en 18 de diciembre de 2001. Agricultura (segundo), sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. Hacienda (segundo), sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. Discusi�n: Sesi�n 20�, en 19 de diciembre de 2001 (se aprueba en general). El se�or HOFFMANN (Secretario).- La iniciativa fue aprobada en general en sesi�n de 19 de diciembre de 2001. La Comisi�n de Agricultura en su segundo informe deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el art�culo �nico fue objeto de indicaciones, siendo aprobadas todas ellas, salvo la n�mero 2, que experiment� modificaciones. En el informe se consignan las enmiendas introducidas al proyecto en general, que fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n (Honorables se�ores Cariola, Larra�n, Moreno y Romero). De conformidad al inciso sexto del art�culo 133 del Reglamento, las modificaciones deben ser votadas sin debate, salvo que alg�n se�or Senador solicite discutir la proposici�n de la Comisi�n. La Comisi�n de Hacienda, por su parte, aprob� el proyecto por la unanimidad de sus miembros (Senadores se�ora Matthei y se�ores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat), en los mismos t�rminos en que lo hizo la Comisi�n de Agricultura. Sus Se�or�as tienen a la vista un bolet�n comparado elaborado por la Secretar�a, dividido en cuatro columnas, que contemplan el texto de la ley N� 19.353, el proyecto aprobado en general por el Senado, las indicaciones formuladas y el texto final propuesto por las Comisiones informantes. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n particular. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, �sta es la tercera vez que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley con el objeto de regularizar el pago de quienes tienen deudas reca�das en predios derivados del proceso de reforma agraria. La primera normativa, dictada en 1994, permiti� �como lo se�ala el informe- que se acogieran a ella cerca de 16 mil beneficiarios de un total superior a los 30 mil. Posteriormente, en 1997, se promulg� un segundo cuerpo legal, pero para sorpresa de muchos s�lo favoreci� a 2 mil 765 deudores. La raz�n por la cual decay� este aparente inter�s por acogerse a dicho beneficio radica en que las leyes anteriores establec�an que para gozar de �l la persona deb�a estar al d�a en el pago del impuesto territorial y de todas las prestaciones sociales. En este caso �para no entrar en mayores detalles-, la Comisi�n y el Ejecutivo aprobaron una indicaci�n propuesta por el Senador que habla, que extiende por dos a�os el plazo para acogerse a este beneficio, sin exigir el pago previo de las deudas antes mencionadas. Lo anterior no significa la condonaci�n o eliminaci�n de la deuda, ya sea tributaria o previsional, sino otorgar a las personas �sobre todo, los campesinos originales, asignatarios de esas tierras- que hoy pasan por una situaci�n econ�mica aflictiva, la posibilidad de acogerse al beneficio y pagar con posterioridad sus obligaciones, a fin de no verse enfrentados a procesos de remate o de notificaciones judiciales como los que hoy se llevan a cabo y que en el fondo inhiben su capacidad de producci�n. Por lo tanto, se�or Presidente, junto con se�alar que �ste es un paso positivo, deseo agradecer al Ejecutivo el hecho de haber patrocinado la indicaci�n que he formulado, porque la iniciativa permitir� dar alivio a un sector de campesinos que desean continuar trabajando la tierra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, deseo manifestar mi conformidad con el proyecto, sencillo pero muy anhelado por las personas que se hallan en la situaci�n antes descrita, en especial las del mundo campesino. Al respecto, formul� un planteamiento al Ejecutivo �no tenemos iniciativa sobre la materia- que aparentemente no hizo suyo, y que es el siguiente. Las personas que pueden acogerse al beneficio son s�lo aquellas que tienen hasta dos parcelas CORA. Sin embargo, hay muchas que poseen tres o cuatro �peque�os retazos de media o una hect�rea- y no pueden acceder a �l. Me parece que lo l�gico y justo ser�a que quienes posean tres o m�s parcelas, con alguna limitaci�n de superficie, pudieran acogerse a dicho beneficio, al menos respecto de dos de ellas. No obstante haber planteado este punto al Ejecutivo en la sesi�n respectiva, ello no fue acogido y qued� de ser estudiado. Ignoro si fue analizado o no, pero al no haberse formulado indicaci�n, quiere decir que el Gobierno no hizo suyo este planteamiento. Considero extremadamente injusta esta situaci�n, y as� lo sienten numerosos peque�os propietarios, que no pueden aspirar al beneficio por el hecho de poseer tres o cuatro predios, en circunstancias de que se trata de terrenos que ni siquiera suman cinco o diez hect�reas. De modo que estamos excluyendo del beneficio contemplado en el proyecto, sin justificaci�n alguna, a personas que tambi�n lo necesitan. Lamento que no hayamos obtenido respuesta del Ejecutivo, no obstante hab�rselo solicitado formalmente, como consta en el informe que tienen en su poder los se�ores Senadores. Simplemente, hago p�blico este hecho para dejar constancia de que se est� cometiendo una injusticia con un n�mero importante de peque�os propietarios que no van a poder acogerse una vez m�s a este beneficio. Eso es todo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, se�or Presidente. En cuanto a lo que dice el Honorable se�or Larra�n, me parece razonable que el beneficio alcance a las personas que tienen hasta dos parcelas. Ahora, si su superficie f�sica es de media o de una hect�rea, evidentemente pueden tener tres o cuatro. Pero, por lo general, las parcelas son una unidad econ�mica. Por lo tanto, trat�ndose de dos, representan dos unidades econ�micas. Y ello supone que esa persona est� en condiciones de pagar. Sobre todo, cuando quien la ha comprado no es un campesino originario. En todo caso, ser�a partidario de reestudiar esta materia y ver una alternativa. Yo me allano a ello, pero debo se�alar que, por lo general, en mi zona dos parcelas alcanzan a 30 � 40 hect�reas. El se�or LARRA�N.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or SABAG.- Con todo gusto, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Sucede que esas parcelas CORA, por efecto de herencias, han ido subdividi�ndose. Por lo tanto, el predio original, de 30 � 40 hect�reas, muchas veces ha pasado a tener una superficie menor, y una persona puede tener tres o cuatro parcelas y no reunir diez hect�reas. Sin embargo, es un peque�o propietario o campesino que vive modestamente y no tiene acceso al beneficio. Sobre el particular, plante� al se�or Ministro la posibilidad de que se acotaran las superficies, porque no se trata de abusar. Hay personas que poseen parcelas y son grandes hacendados. No me refiero a ellos, sino a los peque�os propietarios. A lo mejor, si se hubiera puesto el mismo tope de doce hect�reas que hoy existe para los beneficiarios de INDAP, se habr�a corregido una injusticia que lamentablemente esta iniciativa no subsana. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Creo que a lo mejor fue mal planteado el asunto. Yo tambi�n estar�a de acuerdo en ese aspecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero; despu�s, el Senador se�or Bitar. El se�or ROMERO.- Hubiese querido informar el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisi�n de Agricultura; sin embargo, se ha obviado dicho tr�mite. Al parecer el se�or Presidente no me vio oportunamente. Pero no importa. En todo caso, en mi opini�n, es muy importante reiterar un concepto que formul� en sesiones anteriores cuando se trat� este asunto. �ste es un tema que viene siendo recurrente desde hace 40 a�os. Es necesario �deseo reiterarlo a trav�s de un oficio- tomar una decisi�n como pa�s, con el objeto de evitar que contin�e esta situaci�n -son muy pocas las personas que est�n comprometidas, pues estoy hablando de los deudores originarios- y se logre una condonaci�n completa. Naturalmente, ello es de iniciativa del Ejecutivo. En tal sentido, se dar�a estabilidad a esas personas en t�rminos de la propiedad de la tierra. Porque en la pr�ctica todas estas limitaciones hacen que en definitiva los due�os de las parcelas originarias se encuentren en una situaci�n muy inestable. Me parece que si evaluamos lo que cuesta hoy la cobranza, mantener los antecedentes, etc�tera, se llegar�a a la conclusi�n de que, desde el punto de vista econ�mico, la soluci�n que he propuesto es la m�s adecuada. Por lo tanto, solicito enviar un oficio al Ejecutivo para que evalu� y considere la posibilidad de condonar totalmente las deudas a los propietarios originarios de la ex CORA. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviar� el oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, con la adhesi�n de los Honorables se�ores Stange, Moreno y Larra�n. --Se accede. Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Cuando estudiamos el proyecto en la Comisi�n de Hacienda, hoy en la ma�ana, nos dimos cuenta de que este asunto se repite y se prolonga en el tiempo. Las cifras son: 12 mil deudores y 60 mil millones de pesos pendientes. Entonces, reitero lo solicitado en la Comisi�n de Hacienda, de oficiar al Gobierno �que puede ser respaldado por los dem�s se�ores Senadores- para que proponga algo que resuelva esta situaci�n y no tengamos que discutir sucesivamente proyectos de ley sobre la materia, aunque la soluci�n sea diferente para uno u otro caso. Es decir, respecto de un grupo de parcelas, puede procederse distinta manera: algunas podr�n ser objeto de condonaci�n, otras, no, etc�tera. Me gustar�a ver de parte del Ejecutivo m�s que una mera postergaci�n, una propuesta. �sa es la solicitud que hago al Gobierno, a fin de zanjar r�pidamente un problema que se arrastra desde hace 30 a�os. Tenemos mucho que mirar hacia el futuro como para estar cargando con mochilas de este tipo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La petici�n de Su Se�or�a se sumar�a a la anterior, por ser ambas iguales. �Habr�a acuerdo en enviar el oficio solicitado por varios se�ores Senadores, en nombre de la Corporaci�n? Acordado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� la iniciativa. --Se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este tr�mite. FERIADO LEGAL PARA COMUNA DE ARICA LOS D�AS 7 DE JUNIO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que establece como feriado legal el d�a 7 de junio de cada a�o en la comuna de Arica, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (Bolet�n N� 2685-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 4�, en 12 de junio de 2001. Informe de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 16�, en 31 de julio de 2001. Hacienda, sesi�n 24�, en 16 de enero de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n de Gobierno rechaz�, por mayor�a de votos, la idea de legislar sobre la materia. Votaron en contra los Senadores se�ores Cantero, Cariola y N��ez, y a favor, la Honorable se�ora Carmen Frei. El 8 de agosto pasado, la Sala resolvi� enviar el proyecto tambi�n a la Comisi�n de Hacienda, la que lo rechaz� por mayor�a de votos. Se pronunciaron en contra los Senadores se�ora Matthei y se�ores Boeninger, Foxley y Prat, y a favor, el Honorable se�or Bitar. )-------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Respecto del proyecto relativo a los incentivos de remuneraciones para los funcionarios p�blicos que se dio cuenta al comienzo de la sesi�n, los Presidentes de las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Hacienda, han solicitado que dicha iniciativa sea estudiada por ambas Comisiones unidas. --As� se acuerda. )-------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, me hago eco de la voz de la ciudadan�a arique�a en torno de esta materia. Durante muchos a�os ella ha sostenido el deseo que una fecha tan importante en la historia de Chile, como el 7 de junio, aniversario de la Toma del Morro de Arica, tenga un trato equivalente, por ejemplo, al de otras efem�rides tan nobles como el 21 de mayo para Iquique. El proyecto, originado en la C�mara de Diputados y aprobado por ella, contempla el establecimiento de un feriado local, que vendr�a a ser el primer caso en el pa�s. El se�or HAMILTON.- El primero de una serie de ellos que vienen despu�s. El se�or BITAR.- Tom� conocimiento de los antecedentes planteados en el informe y los comparto, en el sentido de que, adem�s de ser la primera vez, podr�a abrir la puerta para innumerables feriados locales con todos los desajustes a lo largo del pa�s. El se�or SABAG.- Chill�n Viejo est� pidiendo lo mismo para el 20 de agosto. El se�or BITAR.- Sin embargo, respecto de esta materia, por mi responsabilidad como Senador de la Regi�n de Tarapac�, s�lo quiero dejar constancia en la Versi�n Taquigr�fica de la voluntad de la comunidad arique�a. Present� una indicaci�n en el d�a de hoy, para salvar la dificultad originada en el car�cter local de la festividad, proponiendo que el 7 de junio sea feriado nacional. Con ello se subsana la objeci�n que tuvo la iniciativa durante la discusi�n. M�s all� de mi opini�n sobre esta materia en particular, he querido ser muy riguroso y constituirme en la expresi�n del sentimiento de la ciudadan�a de Arica, por su importancia hist�rica y por su significado. La indicaci�n que present� en la Comisi�n de Hacienda fue rechazada. Lamentablemente, no estoy en condiciones de renovarla, porque se requiere el respaldo de diez se�ores Senadores. Y como conozco la opini�n de la mayor�a de la Corporaci�n en esta materia, no puedo hacerlo. Sin embargo, deseo dejar constancia en el Senado de la posici�n y voluntad de la comunidad arique�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, soy partidario de aprobar el proyecto en los t�rminos en que se ha presentado, porque rescata lo que ocurre en determinadas localidades de Chile. Nuestro pa�s es unitario y tiene fechas de efem�rides nacionales. Sin embargo, en distintas localidades de la naci�n -no en todas- existen tradiciones que se arrastran desde hace muchos a�os y que tienen una profunda significaci�n dentro de la vida de esas comunidades. En el caso concreto de Arica, la Toma del Morro no es un hecho circunstancial ni menor, pues forma parte de la historia de Chile. Por lo tanto, los Diputados se�ora Gonz�lez y se�or Krauss, al presentar esta iniciativa, recogieron adecuadamente la idiosincrasia regional. Lo mismo sucede en la Regi�n que represento en el Senado. En Rancagua, el 2 de octubre de cada a�o, se paraliza la ciudad completa, por lo que pr�cticamente no se trabaja. Como sabemos, esa fecha es el aniversario del Desastre de Rancagua. En esa fecha, se desarrolla una festividad completa, donde se paralizan las industrias e incluso las actividades en general. Aunque es una fiesta local que no se celebra en el resto del pa�s, forma parte de la historia y de la idiosincrasia de la zona. Asisten a ella el Presidente de la Rep�blica y todas las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Desde muy temprano se hacen desfiles; las comunidades se organizan para recibir a las 10 de la ma�ana a las autoridades y los trabajos se paralizan en distintas comunas para que la gente pueda ver a los ilustres visitantes que llegan ese d�a a la regi�n. En consecuencia, esta situaci�n constituye una verdad que, como tal, existe. Como no deseo abusar m�s del tiempo, anuncio mi voto favorable al proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n en general y particular el proyecto. --Se rechaza el proyecto (17 votos contra 2). )------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario para hacer presente a la Sala asuntos que se incluir�n en la Cuenta de hoy. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa cuatro informes de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�dos en las solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a de los se�ores Francisco Mario Eustacio Gonz�lez Caro, Carlos Enrique Godoy Parada, Miguel Segundo �vila Ponce y Heriberto Jos� Mel�ndez Valencia. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Quedan para tabla. )----------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminado el Orden del D�a. VI. INCIDENTES PETICI�N DE OFICIO )------------------( El se�or HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una petici�n de oficio. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se le dar� curso en la forma reglamentaria. --El oficio cuyo env�o se anuncia es el siguiente: Del se�or HORVATH: Al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, sobre IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS A COMIT� DE PROGRAMAS HABITACIONALES SOCIALES Y CULTURALES 144 FAMILIAS UNIDAS DE COYHAIQUE (UND�CIMA REGI�N). )-------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El Comit� Institucionales 1 no usar� su tiempo. En el turno del Comit� Socialista, tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. JUSTIFICACI�N DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CONTRA EMPRESA AEROCONTINENTE. OFICIO El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, meses atr�s intervine en la hora de Incidentes para referirme al caso de la empresa AEROCONTINENTE. Lo hice porque, a ra�z de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y todas las vicisitudes judiciales que ella tuvo, en nuestro pa�s se formularon numerosas cr�ticas a ese organismo, pues se consider� que hab�a actuado sin fundamento al acusar ante la justicia al due�o de esta empresa, Fernando Zevallos, por vinculaciones con el narcotr�fico. Uno de los argumentos utilizados fue que era imposible que Fernando Zevallos Gonzales viviera en Estados Unidos sin que los organismos policiales de ese pa�s, tan celoso en la persecuci�n del narcotr�fico, hubieran actuado al respecto. Pues bien, en "La Segunda" de hoy se reproduce una informaci�n publicada por "El Comercio", de Lima, en el sentido de que la DEA, el organismo de Estados Unidos especializado en drogas, entreg� a la justicia peruana una serie de documentos donde se sostiene que "el se�or Zevallos ha figurado en m�s de treinta investigaciones de la DEA por narcotr�fico o por lavado de dinero; asimismo figura como un narcotraficante de drogas a gran escala desde los inicios de 1980 y a�n contin�a bajo investigaci�n de la DEA". Lo m�s curioso, seg�n ese organismo, es que los expedientes judiciales pertinentes desaparecieron o fueron destruidos y que algunos de los testigos han cambiado sus declaraciones por miedo a las eventuales represalias del se�or Zevallos. La misma fuente informa que don Fernando Zeballos, junto con su hermano Winston, "utilizaron avionetas para transportar m�ltiples cargas de cientos de kilos de coca�na desde el valle de Huallaga hacia Colombia, bajo el amparo de las l�neas a�reas Tausa", de propiedad de los hermanos Zevallos. En seguida se dice: "el indicado se�or Zevallos hizo crecer esta empresa por medio de ganancias del narcotr�fico y tambi�n enga�ando a otras organizaciones de narcotraficantes y eliminando a sus competidores en el negocio del narcotr�fico". Se�or Presidente, creo que en este momento corresponder�a, desde luego, que todas las acusaciones que se formularon contra el Consejo de Defensa del Estado, muchas de ellas incitadas en nuestro pa�s por el propio se�or Zevallos o por sus representantes, fueran rectificadas y retiradas. Ello, en raz�n de que dicho Consejo no hizo otra cosa que acusar a esa persona, a quien la DEA considera narcotraficante a escala internacional, del delito de lavado de dinero, el que en estos momentos est� siendo investigado tanto por los tribunales chilenos como por los peruanos. El se�or Zevallos ya no vive en Miami; est� en Per�, con orden de arraigo emanada de la justicia de ese pa�s. Pienso, por tanto, que lo expuesto deber�a servirnos de lecci�n en el siguiente sentido: cuando un organismo del Estado o un tribunal act�a contra una persona acusada de narcotr�fico, en general no lo hace sin fundamentos suficientes, sin presunciones de que el delito se ha cometido, y, por tratarse de un crimen tan grave, con dimensiones internacionales, el beneficio de la duda deber�a estar siempre a favor del organismo que act�a contra aqu�l y no al rev�s. Y, en este caso, la prensa chilena, as� como muchos personeros p�blicos del pa�s, se pusieron casi autom�ticamente a favor del mencionado empresario peruano y acusaron al Estado chileno de haber actuado sin suficiente fundamento. Por eso, me parece muy importante que esa informaci�n proporcionada por la DEA zanje el asunto. Sorprende, s�, que ella s�lo se conozca ahora y no meses atr�s. No veo raz�n alguna por la cual ese organismo no haya entregado a los tribunales de justicia chilenos los antecedentes del caso, que afectan a un se�or que ha sido objeto de treinta investigaciones. Sorprende mucho, tambi�n, que el Gobierno de Estados Unidos haya permitido que ese se�or viviera en Florida no obstante estar sometido por la DEA a investigaci�n por narcotr�fico desde hace tantos a�os, salvo que su presencia en Miami haya servido para las indagaciones, cosa que es probable. La lucha contra el crimen organizado a nivel internacional es muy compleja, sofisticada, y requiere muchos mecanismos. En todo caso, lo importante para el debate interno del pa�s es limpiar el nombre del Consejo de Defensa del Estado, reconocer la dignidad con que actu� y evitar que se repita el hecho de que muchas personas, por c�lculos pol�ticos o de otra naturaleza, se pongan primero de parte de un narcotraficante y en contra del Estado chileno. Pienso que esta experiencia debiera servirnos de prueba, de test, para que todos, m�s all� de nuestras posiciones pol�ticas, de nuestras simpat�as personales, de nuestras interpretaciones de la realidad, estemos siempre unidos contra el narcotr�fico. Por �ltimo, solicito que mis palabras sean transcritas a la se�ora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado. He dicho. --Se anuncia el env�o del documento pertinente, en nombre de Su Se�or�a, conforme al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como el Comit� Institucionales 2 y el Comit� Mixto no har�n uso de sus tiempos, el turno siguiente corresponde al Comit� Dem�crata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. TRASMISIONES SATELITALES ILEGALES DE RADIOEMISORA EN RANCAGUA. OFICIOS El se�or MORENO.- Se�or Presidente, deseo en esta oportunidad referirme a dos temas de distinta naturaleza. El primero, que involucra a muchas de las zonas representadas en el Senado, tiene que ver con las dificultades cada vez mayores que enfrentan las radioemisoras locales o regionales. De un tiempo a esta parte hemos visto, particularmente en mi Regi�n, que las cadenas radiales conectadas bajo el sistema satelital provocan una grave irrupci�n en la capacidad de mantener en funcionamiento y operaci�n las emisoras locales. Eso ha ido produciendo una progresiva desaparici�n de radios que, en distintas provincias y localidades, cumplen una tarea que va m�s all� del aspecto comunicacional, pues desarrollan una labor social. Quiero denunciar en el Senado lo que est� ocurriendo en la Regi�n que represento. All� acaba de instalarse ilegalmente, en el cerro Orocoipo, vecino a Rancagua, una cadena que, ocupando una concesi�n otorgada en la localidad de Rengo -bastantes kil�metros al sur-, con una potencia de transmisi�n de aproximadamente 250 watts, de los cuales (seg�n los estudios realizados) utiliza s�lo diez por ciento, invade las frecuencias de las radioemisoras rancag�inas. Tengo aqu� fotocopia de una nota que, con fecha de hoy, cinco emisoras de la ciudad de Rancagua (Radio Fiessta FM, Radio Rancagua AM, Radio Primordial FM, Radio Bonita FM y Radio Caravana FM) enviaron al nuevo Ministro de Obras P�blicas, Transportes y Telecomunicaciones, don Javier Etcheberry, para denunciar lo que significa la petici�n que la sociedad Iberoamericana Radio Holdings Uno Chile S.A. hizo, a trav�s de publicaciones en diarios locales, con el objeto de ocupar frecuencias que lesionan el funcionamiento de tales radioemisoras. Con motivo de distintas visitas que Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, don Ricardo Lagos, ha realizado a la Regi�n, lo hemos acompa�ado a algunas de esas emisoras. La Radio Rancagua -una de las m�s antiguas de Chile-, con el esfuerzo muy grande del n�cleo familiar que la sostiene, se ha mantenido en sinton�a. Pero no pasa mes en que uno no recibe la informaci�n de que cadenas internacionales adquieren los derechos pertinentes y, transmitiendo v�a sat�lite, despiden personal, generan publicidad de �ndole nacional y omiten o eliminan la posibilidad de la presencia regional. Considero que tal situaci�n requiere una revisi�n de la legislaci�n de telecomunicaciones. No es posible que hablemos de regionalizaci�n y descentralizaci�n cuando, en medidas concretas como aquella a la cual me estoy refiriendo, damos pasos contrarios a los que deben darse. Por lo tanto, junto con hacer m�a la presentaci�n de las cinco radioemisoras mencionadas, solicito que, en mi nombre, se oficie al se�or Ministro de Obras P�blicas, Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que informe c�mo est� dando cumplimiento a la Ley de Telecomunicaciones para impedir las transmisiones abusivas e ilegales de emisoras que, utilizando potencias que no se les han concedido, irrumpen en la frecuencia de otras que s� est�n autorizadas para trasmitir. En segundo t�rmino, solicito que se remita a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica el texto de esta intervenci�n, a fin de que tome conocimiento de la situaci�n y, sobre la base de los compromisos asumidos en sus visitas a la Regi�n, donde el tema ha sido conversado y discutido, otorgue su apoyo para preservar algo que constituye, no s�lo un derecho, sino tambi�n un patrimonio social y cultural que de otra forma se pierde. Mientras m�s aisladas se encuentran las comunidades, m�s importante resulta la existencia de una radioemisora local o regional. Y ese principio se est� contradiciendo en los hechos. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. COBROS EXCESIVOS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EMPRESAS PRIVATIZADAS. OFICIOS El se�or MORENO.- El segundo tema que deseo abordar, se�or Presidente, tiene que ver con un problema que aparentemente ocurre s�lo en la Regi�n que represento, pero que, seg�n entiendo, va m�s all� de sus l�mites: las recientes alzas en las tarifas de agua y alcantarillado que cobran las empresas privatizadas, situaci�n que est� produciendo una grave dificultad social en muchas familias de los m�s bajos ingresos en el pa�s. El lunes de la semana reci�n pasada particip� en una manifestaci�n que congreg� en las calles de San Fernando a m�s de mil personas, gente modest�sima de poblaciones marginales que, recibo en mano, mostraba una facturaci�n que conten�a, a lo menos, tres rubros ininteligibles para ellas. Primero, alcantarillado, por el cual pagan 12 mil a 14 mil pesos mensuales, mientras que el valor del consumo de agua potable asciende a entre 7 mil y 8 mil pesos. En seguida est� el llamado "cargo fijo" -la gente no tiene ninguna explicaci�n sobre lo que significa-, que en algunos casos llega hasta los 1.000 pesos. A lo anterior se agrega el denominado "ajuste sencillo" -�nadie sabe para d�nde va el sencillo...!-, que se eleva a entre 300 y 400 pesos y que los usuarios no est�n en condiciones de pagar. A ra�z de dicha manifestaci�n, nos reunimos con los representantes de la empresa ESSEL, la cual fue privatizada y est� sujeta al marco regulatorio que todos conocemos. �Y qu� explicaci�n recibimos? Que el pago por concepto de alcantarillado -�escuchen bien, Honorables colegas!- no dice relaci�n al alcantarillado existente -�ste fue construido con los recursos y un esfuerzo muy grande de muchos pobladores modestos-, sino que se trata de un cobro a futuro; esto es, que el cobro de alcantarillado corresponde a las obras que se llevar�n a cabo para sanear las aguas de la Regi�n que represento en el Senado. Al escuchar esa explicaci�n, dije: "Me parece absurda. Porque en la ciudad de San Fernando el alcantarillado se construy� hace muchos a�os; por lo tanto, cobrar por ese concepto un precio m�s caro que el del agua potable que se consume no tiene justificaci�n alguna. Y, considerando que muchos pobladores, no obstante la estrechez de sus medios, contribuyeron con recursos propios para conectarse a la red existente, menos se justifica cargarles el costo de las nuevas obras.". Por lo tanto, nos encontramos ante un problema que resulta necesario dilucidar. El se�or R�OS.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or MORENO.- Si la autoriza la Mesa, no tengo inconveniente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, es importante dar una explicaci�n con respecto al tema que est� planteando el Senador se�or Moreno. Cuando comenz� a discutirse la privatizaci�n de estas empresas monop�licas, en 1996 � 1997, el Congreso Nacional introdujo dos modificaciones muy sustanciales que ten�an por objeto enfrentar el problema expuesto con la incorporaci�n de otros actores. Primero se reform� el art�culo 107 de la Constituci�n, donde se dispuso, entre otros aspectos, que las municipalidades asum�an la responsabilidad de coordinar toda la acci�n de los servicios p�blicos que actuaran al interior de su comuna. El segundo elemento, que es el �ltimo inciso de la citada norma, se refiere a la facultad de la municipalidad para asumir responsabilidades de servicios nacionales o regionales, incluyendo sus potestades. �Por qu� raz�n se establecieron ambos elementos? Porque, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios -en el caso que nos ocupa- no cuenta con oficinas instaladas en el resto del pa�s y s� tiene una vinculaci�n social trascendente, porque si bien los valores se determinan entre la empresa respectiva y el Ministerio de Econom�a, a trav�s de aquel organismo, quienes en definitiva cancelan lo acordado por ambos entes son terceras personas: los usuarios. A eso se agreg� en la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades el art�culo 28, norma muy importante que entreg� por primera vez a los alcaldes la facultad de representar judicialmente a los vecinos frente a materias que son de su incumbencia o de inter�s comunal. Sobre la base de esos elementos fundamentales, sostuvimos una reuni�n de trabajo con el Superintendente de Servicios Sanitarios, quien solicit� la enmienda -se concret� mediante la ley N� 19.549- del art�culo 13 del DFL N� 382, del Ministerio de Obras P�blicas, para establecer la presencia de los usuarios en todo el proceso de fijaci�n de tarifas. El 1� de septiembre de 2000 se enviaron los oficios pertinentes a los alcaldes de todas las Regiones donde se iba a iniciar el estudio de los valores del agua. Voy a responder por la Octava Regi�n: nadie contest�. Y eso signific� que los alcaldes se marginaron absolutamente de la responsabilidad que les asigna la ley de representar a los vecinos en la fijaci�n de los valores del agua. El 8 de noviembre de ese mismo a�o se remiti� una segunda comunicaci�n, donde se hac�a ver a los alcaldes la necesidad de asumir su tremenda responsabilidad de participar en la fijaci�n de los valores finales del agua. Tampoco hubo respuesta alguna. Y sigui� el proceso de fijaci�n de tarifas. Luego hay una tercera carta, que envi� la Superintendencia de Servicios Sanitarios a 20 comunas del pa�s (me parece que Rancagua y San Fernando se hallan consideradas). All� se plantea la alternativa de trasladar las potestades de los servicios sanitarios de la Superintendencia a la municipalidad respectiva. Los alcaldes tampoco contestaron esa comunicaci�n. �Cu�l es la situaci�n, entonces? Resulta evidente que hoy d�a los municipios tienen la posibilidad, en vista de que nada hicieron, de al menos preguntar cu�les fueron los motivos por los que se determinaron los valores que han provocado tantos problemas en las distintas comunidades. Un alcalde lo hizo: el de la comuna de Tucapel, en la Octava Regi�n. La Superintendencia respondi�, y efectu� un an�lisis con los mismos ejemplos que el Senador se�or Morena plantea con respecto a las cifras indicadas en la facturaci�n y la que aparece en los medidores. Existen muchos ejemplos. Uno de ellos -quiz�s el m�s importante y pr�ctico- es el de que la empresa sanitaria cobraba, en el mejor de los casos, los mismos litros de agua que se estaban consumiendo. Se prob� que, a lo menos en el verano, una cantidad importante de esa agua no se va por el alcantarillado, sino que tiene como destino el jard�n de la casa. Entonces, la empresa sanitaria no puede estar cobrando el uso de aguas servidas que no existen. Por consiguiente, se est� estudiando la alternativa -por lo menos en la comuna referida, a petici�n de la municipalidad- de colocar un medidor de aguas servidas al final de los estanques. Se�alo lo anterior porque... El se�or MORENO.- Quiero recuperar el uso de la palabra, se�or Presidente, porque la interrupci�n que con todo agrado otorgu� al Honorable se�or R�os se est� transformando en un discurso. El se�or R�OS.- S�lo quiero a�adir que lo l�gico es actuar conforme a las mismas normas que Su Se�or�a aprob�, las que no han sido cumplidas por las autoridades que se�al�. Y el camino que estoy indicando, que es el �nico, no es m�s que una insinuaci�n y una orientaci�n para que Su Se�or�a las tenga presentes. Pero no he pretendido abusar de su tiempo, Honorable colega. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Senador, con todo gusto concedo interrupciones, pero -Su Se�or�a lo sabe tan bien como el que habla-, el tiempo es limitado. Pero es necesario discutir otros dos aspectos. El primero es la existencia de un subsidio que se otorga legalmente, v�a municipalidades, a familias de escasos ingresos dentro de las comunas en las cuales se puede establecer. Son beneficios limitados en monto y n�mero y, por lo tanto, absolutamente insuficientes para resolver este tipo de situaciones. El segundo es la forma como estas empresas deben resolver los problemas derivados de la insolvencia de quienes no pueden cancelar su boleta. Se dan situaciones en que aparecen contratistas -no la empresa sanitaria misma, que subcontrata a otras, obviamente con remuneraci�n- que remueven con chuzo el medidor correspondiente y clausuran el arranque de la vivienda morosa en las poblaciones m�s modestas. Es un hecho bastante violento. Y en conversaciones sostenidas en la zona que represento llegamos al convencimiento de que eso puede repararse. Nadie est� pidiendo dejar de pagar las cuentas. Creo que todos somos testigos de que en la reciente campa�a parlamentaria se us� extensamente en algunas partes el expediente de que, ante la desesperaci�n de la gente, algunas candidaturas ofrec�an cancelar las cuentas de agua. Su expresi�n, se�or Presidente, refleja incredulidad, pero es la verdad. Es una situaci�n que hemos conocido, vivido y repudiado, y pone en evidencia una necesidad social. Este problema abarca tres �mbitos, en los cuales quiero concentrar las peticiones que har�. El primero tiene que ver con una revisi�n del aspecto legal en torno del marco regulatorio, que debe discutirse nuevamente. Al respecto, pido oficiar a los Ministerios de Obras P�blicas, de Econom�a y de Hacienda, y a la Superintendencia respectiva, con el objeto de que se nos informe acerca de cu�l es la manera como se est� aplicando el marco regulatorio en las empresas privatizadas, en particular, ESSEL, de la Sexta Regi�n. Adem�s, solicito oficiar a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y al Ministerio de Hacienda, a fin de que se ampl�e el n�mero de subsidios que se otorgan en esta etapa para resolver la situaci�n social del agua potable en poblaciones que no est�n en condiciones de sustentar ese gasto. Un segundo �mbito se refiere a que resulta indispensable que el sistema de subsidios tenga la mayor transparencia posible y no pueda ser utilizado -no tengo un cargo que formular en este momento, pues, de existir, estar�a obligado a hacerlo- como forma directa o indirecta de presi�n sobre determinadas poblaciones. Eso debe ser conocido, avalado, por los mecanismos existentes. Tengo la impresi�n de que, en algunos casos, los subsidios que se aprueban permanecen en los cajones de los escritorios de determinadas municipalidades, sin entregarse efectiva y puntualmente. Ese es un aspecto que debe repararse. El tercer �mbito del problema apunta a solicitar a la Superintendencia del ramo que establezca un modus operandi con las empresas, de tal manera que el eventual corte del suministro no est� acompa�ado por un agravio social y p�blico, que la poblaci�n resiente sobremanera. Cuando a una comunidad muy modesta llega una camioneta con personas que con pala y chuzo arrancan el medidor de una casa, el hecho constituye un problema ya no s�lo de orden econ�mico, sino tambi�n social, por la forma como la gente observa el comportamiento de esa familia, lo cual, obviamente, lesiona a la comunidad toda. Por lo tanto, reitero mi petici�n de que, en mi nombre, se env�en los oficios que acabo de solicitar. En particular, creo que debemos avanzar en la b�squeda de una nueva legislaci�n que cautele un bien de uso p�blico de esta importancia y que en el fondo se est� prestando para crear situaciones de grave inquietud social, al menos en la zona que represento. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se remitir�n los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. Ofrezco la palabra al Comit� UDI e Independientes. No har� uso de �l. En el turno del Comit� Renovaci�n Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable se�or Romero. HOMENAJE EN MEMORIA DE DON MAURICIO SERRANO PALMA. COMUNICACIONES El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, un gran se�or de la h�pica nacional y continental nos ha dejado. Un deber de justicia y una obligaci�n patri�tica nos motiva a rendir ante el Honorable Senado de la Rep�blica un sentido homenaje a don Mauricio Serrano Palma, Presidente del Hip�dromo Chile desde 1979 a 1997, y luego Presidente honorario de esa prestigiosa entidad, quien lider� con se�alado �xito "el m�s importante proyecto de desarrollo y modernizaci�n en la historia, hasta situarlo como la primera instituci�n h�pica del pa�s", como lo dijera don Juan C�neo Solari en su discurso de despedida, en su calidad de titular del Directorio de dicha entidad. Despu�s de estar sometido a un prolongado tratamiento de di�lisis, falleci� el m�s destacado dirigente de la h�pica nacional de los �ltimos cincuenta a�os. Don Mauricio Serrano Palma, junto con distinguidos h�picos nacionales, como Alberto Solari Magnasco, Luis Vera, V�ctor Matetic, Juan Luis Edwards y Fernando Coloma, adquirieron a la Empresa de Comercio Agr�cola el Hip�dromo Chile hace ya varios a�os, e impulsaron una gesti�n destacada y se�era: introdujeron un nuevo sistema computacional de apuestas en red, Teletrak, en conjunto con el Sporting Club y el Club H�pico de Concepci�n; remodelaron los paddocks y recintos Saint Leger y Preferencial; renovaron los equipos para mantener las canchas, la villa h�pica internacional, las cl�nicas veterinarias, los nuevos partidores; en fin, realizaron en el Club La Palma una obra se�era, fruto de la acci�n de este tremendo dirigente que fue don Maura, como le dec�an sus colaboradores y amigos m�s cercanos, entre quienes me contaba. Con don Mauricio Serrano se ha ido, como titulara la prensa nacional, el �ltimo gran dirigente del "turf" continental. Lo digo porque su gesti�n no s�lo abarc� los linderos territoriales de Chile, sino que realiz� un desarrollo espectacular como m�ximo dirigente de la Asociaci�n Latinoamericana de Jockey Clubes. Eso hizo que muchos clubes internacionales latinoamericanos pudiesen contar con grandes y prestigiosos eventos de la h�pica. Fue un gran realizador, un emprendedor de tremenda capacidad creativa y organizadora, con gran esp�ritu de colaboraci�n y de participaci�n junto a los trabajadores y funcionarios de los hip�dromos que hoy d�a sienten la partida de don Maura. Desde esta Alta Tribuna deseo rendir este homenaje, porque no me cabe la menor duda de que interpreto a gran n�mero de Parlamentarios en general, y de Senadores en particular, que conocimos y apreciamos las virtudes de este gran Presidente honorario del Hip�dromo Chile y ex Presidente de la Asociaci�n Latinoamericana de Jockey Clubes. Deseo hacer llegar a su viuda, se�ora Cristina Quinzio de Serrano, y a su hijo don Jorge Serrano Besa, nuestro p�same, en nombre propio y en el de los se�ores Senadores a quienes, estoy seguro, interpreto con mis palabras. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Adhiero al env�o de los p�sames correspondientes. El se�or HORVATH.- Yo tambi�n me sumo al homenaje rendido por el Senador se�or Romero. --Se anuncia el env�o de las comunicaciones solicitadas, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento, con la adhesi�n de los Senadores se�ores Horvath y Zald�var (don Andr�s). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. T�RMINO DE ACTIVIDADES DE FUERZA A�REA EN VILLA "LAS ESTRELLAS". OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en julio del a�o pasado en esta misma Sala hice presentes mis aprensiones respecto del anuncio de finalizaci�n de actividades de la Fuerza A�rea de Chile en Villa "Las Estrellas" y de la escuela y otras dependencias que se mantienen en el lugar. Sobre el particular, he recibido antecedentes adicionales, en la esperanza de que tal situaci�n se revise, aunque parece poco probable. Una de las respuestas que me ha llegado es de la se�ora Ministra de Educaci�n. Se�ala que efectivamente la Escuela F-50 no funcionar� desde el presente a�o y los alumnos ser�n evacuados por la desactivaci�n de la Villa. Lo curioso de este documento es la afirmaci�n de que el impacto no ser� tan dram�tico, ya que el colegio atiende s�lo a las familias destinadas a la base; por tanto, no existe matr�cula sin atenci�n. Adem�s, expresa que esta escuela es la �nica en el pa�s que pertenece todav�a al Ministerio de Educaci�n. Llama la atenci�n que una autoridad no considere otros aspectos relacionados a un lugar de esta naturaleza. La Villa y la escuela en el sector ejercen presencia y apoyan otras actividades como las de investigaci�n cient�fica, de exploraci�n, deportivas y tambi�n del �mbito tur�stico, adem�s de la soberan�a positiva que se debe practicar en el territorio. Por ello, insisto ante las nuevas autoridades, pidiendo que se remitan los antecedentes a la se�ora Ministra de Defensa Nacional y al se�or Comandante en Jefe de la Fuerza A�rea de Chile, a fin de que se revise la situaci�n y, al contrario de lo que se plantea, se refuerce la presencia chilena en el territorio ant�rtico. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. PROHIBICI�N DE VUELO DE AVIONES BIMOTORES DESDE AER�DROMOS DE REGIONES D�CIMA Y UND�CIMA. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, hemos recibido informaci�n de parte de las distintas empresas de servicio a�reo de las Regiones D�cima y Und�cima, relativa a que la Direcci�n de Aeron�utica de la Regi�n de Los Lagos estar�a cerrando operaciones de vuelo para aviones bimotores de compa��as comerciales desde el aer�dromo "La Paloma" de Puerto Montt. Igual medida se implementar�a, por razones t�cnicas, en aeropuertos y aer�dromos de la Regi�n de Ais�n con dimensiones del orden de 600 metros, pues necesitar�an metros adicionales para cumplir con la aplicaci�n de las nuevas normas que la referida Direcci�n estar�a estableciendo. Llama la atenci�n que hace pocos meses en esta misma Sala se haya reunido la Fuerza A�rea con todos los organismos y clubes de la Aeron�utica Civil, representando las distintas regiones de Chile, y no se haya abordado una materia de esta naturaleza. Esta medida significar� un impacto bastante negativo, por cuanto estos aviones deber�n operar en aeropuertos principales, con los costos y dificultades que ello implica. Por lo tanto, muchos aer�dromos, ciudades y pobladores quedar�an sin servicio. Si en los hechos s�lo se permite el funcionamiento de aviones monomotores en estas pistas, se estar�an aumentando los costos, dificultando la labor de servicio p�blico e, incluso, arriesgando la seguridad de los pasajeros. Por esta raz�n, solicito que se oficie a los se�ores Comandante en Jefe de la Fuerza A�rea y Director Nacional de Aeron�utica Civil para que requiera todos los antecedentes y revise la medida, adem�s de llevar a cabo un operativo previo para mejorar los aer�dromos donde corresponda, si es posible, en conjunto con la Direcci�n de Aeropuertos del Ministerio de Obras P�blicas. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. "RODEO ZONAL SUR 2002" EN COYHAIQUE. OFICIOS El se�or HORVATH.- Quiero rendir un homenaje a todos los dirigentes y participantes que tuvieron a bien la oportunidad de organizar y estar en el "Rodeo Zonal Sur 2002" en la ciudad de Coyhaique, Regi�n de Ais�n, ya que es la primera vez que se realiza un acto de chilenidad de esta relevancia en la Zona Austral de Chile. Este evento, donde se corrieron seis series, estuvo enmarcado por un notable esfuerzo de las distintas organizaciones regionales, de la Asociaci�n de Rodeo Chileno de Ais�n, de las autoridades competentes y de la comunidad toda. Se logr� un resultado verdaderamente digno de resaltar en el Senado y ante todo el pa�s. Tanto las series (criaderos, caballos, yeguas y potros) como las dem�s actividades: domaduras, demostraciones de perros ovejeros, movimiento a la rienda y las colleras participantes, convirtieron esto en una fiesta de chilenidad que, a juicio de los asistentes de la Regi�n y de todo el pa�s, es �nica por la fuerza como se preserva y viven las verdaderas ra�ces de este deporte y el modo de ser del chileno. En m�s de alguna oportunidad, el rodeo ha sido criticado por da�ar o maltratar a los animales. Siendo una persona del mundo ambiental a favor de la protecci�n y el bienestar de los animales, sin pretender ironizar, ser�a preferible -si existiera la reencarnaci�n anterior o posterior y se fuera un toro o un potro- participar en un rodeo antes de ser sacrificado en el primer caso, a menos que pasemos a tener una vida vegetariana, lo cual est� bastante lejano todav�a, por lo menos en las pr�ximas d�cadas. En realidad, se trata de una verdadera fiesta, y eso se nota tambi�n en los mismos animales participantes y en los cuidados de que son objeto. Por ello, destaco a los organizadores del evento: al Presidente Juan Ram�n Fern�ndez Bascu��n; al antiguo Presidente, don Jimmy Peede; al Presidente del Club de Rodeo de Coyhaique, don Jorge Oyarz�n Silva; al Delegado Oficial por la Asociaci�n de Magallanes, don Arturo Ram�rez Urz�a; al Presidente de la Asociaci�n de Rodeo Zona Sur, don Alejandro Acu�a Gildebrand; al Jurado; al Secretario, don Marcelo Guzm�n, y al Capataz, don Roberto Garc�a. Tambi�n felicito a los ganadores: en el primer lugar est�, ni m�s ni menos, quien ha sido considerado el "jinete del siglo", don Ricardo de la Fuente en su cabalgadura "Copoa" y su collera, don Sergio Tamayo en "Amenaza", ambos de la Asociaci�n Valdivia "Criadero Santa Isabel"; en segundo lugar, muy disputado, figuran don Marcos Peede en "Airosa" y don Jimmy Peede en "Resaca", de la Asociaci�n de Ais�n; y en tercer lugar, puesto que debi� ser desempatado, don Jorge Saavedra en "Lampazo" y don Guido Villaseca en "Cuspe". En dicho evento, se rindi� un homenaje a los pioneros del rodeo de la zona sur: don Arturo Stolzembach y don Mario Mundaca Pe�a, nombre que lleva tambi�n aquella medialuna, la cual, sin temor a equivocarme, es una de las medialunas m�s bellas de Chile, por el lugar donde est� emplazada y la vista privilegiada de la Patagonia chilena. Cabe destacar esta iniciativa, y solicito que esta intervenci�n se haga llegar al Presidente de la Asociaci�n de Ais�n, al Presidente de la Federaci�n de Rodeo del Sur de Chile y al Presidente de la Federaci�n de la Asociaciones de Rodeo Nacional, a fin de que este deporte siga incentiv�ndose a todo nivel, lo cual es una de las ventajas y caracter�sticas de la Regi�n de Ais�n: el desarrollo de esta importante actividad no es s�lo funci�n del dinero que se tenga, sino de la pasi�n por la chilenidad. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. ENTREGA DE VIVIENDAS SOCIALES B�SICAS EN COYHAIQUE. OFICIO El se�or HORVATH.- Finalmente, hago presente una situaci�n bastante delicada en relaci�n a la entrega de viviendas b�sicas en Coyhaique. Se trata de 144 viviendas de un programa habitacional que se desarroll� con una caracter�stica especial de dise�o y tecnolog�a, digna de destacarse. Entrar a esa comunidad es como estar en el nivel de otro pa�s. Sin embargo, durante una visita presidencial -meses antes de las elecciones parlamentaria pasadas- se asegur� la entrega de tales viviendas, hecho que no ha ocurrido hasta la fecha, porque la empresa IMC Construcciones se encuentra en quiebra y las casas estar�an embargadas, pese a haber sido adjudicadas. Aparte esta anomal�a y la demora con que las casas puedan ser entregadas, hemos recibido antecedentes de que personas, aparentemente vinculadas con la Secretar�a Regional Ministerial de la Vivienda, estar�an ofreciendo casas alternativas a estas familias, con el objeto de que baje la presi�n que se ejerce sobre el Ministerio y la empresa para resolver la situaci�n. A�n m�s, es probable que dichas casas alternativas reci�n est�n empez�ndose a construir. Por lo anterior, solicito que se oficie al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que remita los antecedentes respecto de esta materia. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Habi�ndose cumplido el objetivo de la sesi�n, se levanta. --Se levant� a las 18:59. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n