REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 345�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 23�, en martes 15 de enero de 2002 Ordinaria (De 16:21 a 21:23) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, MARIO R�OS, VICEPRESIDENTE, Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA Acuerdos de Comit�s V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de reforma constitucional, en primer tr�mite, que introduce diversas modificaciones a la Carta Fundamental (2526-07 y 2534-07) (se aprueba en general) Homenaje en memoria de ex Diputado don Octavio Jara Wolff (se rinde) VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) Reforma constitucional y partitocracia (observaciones del se�or Mart�nez) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros del Interior subrogante, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno, de Justicia y del Trabajo y Previsi�n Social. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 25 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 21� y 22�, ordinarias, en 8 y 9 de enero del presente a�o, respectivamente, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Tres de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en car�cter de "Simple", respecto del proyecto de ley sobre transparencia, l�mite y control del gasto electoral (Bolet�n N� 2.745-06). Con el segundo y el tercero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en car�cter de "Suma", respecto de los siguientes proyectos de ley: 1) El que modifica el decreto ley N� 3.500, de 1980, en materia de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Bolet�n N� 2.628-13), y 2) El que modifica la Ley del Deporte, N� 19.712 (Bolet�n N� 2.838-04). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes. Oficios Cuatro de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n, con las enmiendas que se�ala, al proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Horvath y Stange, que autoriza la construcci�n de monumentos en Puerto Ais�n y Coyhaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse (Bolet�n N� 2.157-04). --Queda para tabla. Con los dos siguientes hace saber que ha aprobado las modificaciones propuestas por el Senado respecto de los siguientes proyectos de ley: 1) El que modifica el C�digo de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a la persona privada de libertad (Bolet�n N� 2.306-07), y 2) El que introduce modificaciones a la ley N� 17.322 y a otras normas de seguridad social (Bolet�n N� 2.765-13). --Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes. Con el cuarto comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que modifica la Ley del Deporte, N� 19.712, con urgencia calificada de "Suma" (Bolet�n N� 2.838-04). --Pasa a la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y a la de Hacienda, en su caso. Del se�or Ministro del Interior, mediante el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la posibilidad de instalar un ret�n de Carabineros en la localidad de Mall�n Grande, provincia de General Carrera, Und�cima Regi�n. De la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, sobre la pol�tica de Estado aplicable al territorio ant�rtico chileno, en cuanto al financiamiento de la base de la Fuerza A�rea y de la Escuela F-50. Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, relativo a la instalaci�n de l�neas telef�nicas para diversas localidades de la isla Mill�n, comuna de Puerto Montt, D�cima Regi�n. Del se�or Subsecretario del Interior, mediante el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Lagos, respecto a la investigaci�n sobre la desaparici�n de la persona que indica, en la localidad de Alto Hospicio, comuna de Iquique. Del se�or Subsecretario de Transportes, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Romero, atinente al contenido del Decreto N� 20, de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsi�n Social, que establece el Reglamento sobre Seguridad para el Transporte de Trabajadores Agr�colas de Temporada. Del se�or Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros, a trav�s del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la posibilidad de instalar un ret�n de Carabineros en la localidad de Mall�n Grande, provincia de General Carrera, Und�cima Regi�n. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe De la Comisi�n de Defensa Nacional, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que reemplaza, en los textos legales que indica, las expresiones "Teniente General" por "General de Ej�rcito"; "Mayor General" por "General de Divisi�n", y "Brigadier General" por "General de Brigada" (Bolet�n N� 2.718-02). --Queda para tabla. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or HOFFMANN (Secretario).- Los Comit�s, en reuni�n celebrada en el d�a de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1.- Postergar el homenaje en memoria del ex Ministro de Relaciones Exteriores de la Rep�blica Argentina don Guido Di Tella, que se iba a rendir hoy, hasta el martes pr�ximo, 22 del presente, al inicio de la hora de Incidentes; 2.- En cuanto al proyecto de reforma constitucional, que figura como �nico asunto en el Orden del D�a de esta sesi�n, iniciar su votaci�n al t�rmino del homenaje que hoy se rendir� en memoria del ex Diputado se�or Octavio Jara Wolff; y 3.- Facultar a la Mesa para incluir en el Orden del D�a de la sesi�n ordinaria de ma�ana mi�rcoles los proyectos de los cuales se d� cuenta en esa misma oportunidad. V. ORDEN DEL D�A REFORMA DE CAP�TULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde continuar la discusi�n general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Senadores se�ores Chadwick, D�ez, Larra�n y Romero y de los Senadores se�ores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, en primer tr�mite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la Carta Fundamental, con primer informe e informe complementario de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. --Los antecedentes sobre los proyectos (2526-07 y 2534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyectos de ley: (mociones de los se�ores Chadwick, D�ez, Larra�n y Romero y de los se�ores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo). En primer tr�mite, sesi�n 7�, en 4 de julio de 2000. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 12�, en 6 de noviembre de 2001. Constituci�n (complementario), sesi�n 22�, en 9 de enero de 2002. Discusi�n: Sesiones 16�, en 14 de noviembre y 18�, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusi�n); 19�, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisi�n para informe complementario). El se�or HOFFMANN (Secretario).- El primer informe fue discutido en general por la Sala en sesiones de 14 de noviembre y 18 y 19 de diciembre de 2001. En esta �ltima ocasi�n, se determin� que el proyecto volviera a Comisi�n, para los efectos de que emitiera un informe complementario, a fin de precisar los acuerdos relativos a la composici�n del Senado y la forma de elegir a los Senadores, a la remoci�n de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la integraci�n y funciones del Consejo de Seguridad Nacional. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, luego de intercambiar opiniones sobre los puntos en cuesti�n y por la unanimidad de sus miembros, Honorables se�ores Aburto, Chadwick, D�ez, Hamilton y Silva, resolvi� lo siguiente: 1.- Suprimir el n�mero 18 del art�culo �nico permanente del proyecto, contenido en el primer informe, que propon�a eliminar los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del art�culo 45, atinente a los Senadores institucionales y a los vitalicios. 2.- Como consecuencia de lo anterior, eliminar los numerales 14; 15, letra b); 19, letra a); 26; 27 y 29, y la disposici�n cuarta transitoria. 3.- Dejar constancia de que las antedichas supresiones persiguen facilitar la b�squeda de acuerdos en el tr�mite del segundo informe, teniendo presente que la Comisi�n, en forma un�nime, concuerda en la eliminaci�n de los Senadores institucionales y de los vitalicios, pero que algunos se�ores Senadores estiman que la materia se encuentra vinculada al n�mero de miembros que integrar�n la C�mara Alta y a la forma de elegirlos. 4.- Hacer constar que las indicaciones que los se�ores Senadores deseen presentar deber�n formularse al texto consignado en el informe complementario. Con todo, tambi�n podr�n efectuarse indicaciones respecto de las materias pendientes para la discusi�n particular, cuales son las que corresponden a la composici�n del Senado, al sistema electoral para integrarlo, a la remoci�n de los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la composici�n del Consejo de Seguridad Nacional. Cabe hacer notar que los n�meros 1, 2, 3, 4, 8, 9, 31, 32, 33, 34 y 36, y las disposiciones transitorias n�meros 5 y 6 inciden en los Cap�tulos I, III, VII, X y XIV de la Constituci�n Pol�tica, por lo que requieren para su aprobaci�n del voto favorable de las dos terceras partes de los se�ores Senadores en ejercicio, o sea 31. Adem�s, los n�meros 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, y las disposiciones transitorias n�meros 1, 2, 3 y 4 inciden en los Cap�tulos II, IV, V, VI y XIII, requiriendo para su aprobaci�n el voto conforme de las tres quintas partes de los se�ores Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos favorables. Finalmente, Sus Se�or�as tienen a la vista un bolet�n comparado de cinco columnas, elaborado por la Secretar�a de la Comisi�n, que consigna el texto de la Carta Fundamental; el proyecto iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Chadwick, D�ez, Larra�n y Romero; el proyecto propuesto por los Senadores se�ores Bitar, Hamilton, Silva Cimma y Viera-Gallo; las indicaciones presentadas y otras mociones consideradas, y, finalmente, el texto refundido del primer informe y del informe complementario. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la relaci�n del proyecto. Tiene la palabra el Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, como muy bien lo ha expresado el se�or Secretario, la Comisi�n se aboc� al mandato de la Sala de elaborar un informe complementario del anterior. Despu�s de un debate en el que participaron todos sus miembros y adem�s con la asistencia de otros cinco o seis se�ores Senadores, la Comisi�n estim� m�s conveniente en el primer tr�mite no informar respecto de algunas materias con votos de mayor�a y de minor�a, lo que pod�a hacer dif�cil el encuentro de una soluci�n definitiva; en consecuencia, acord� suprimir el n�mero 18 del proyecto permanente de reforma constitucional, que enmienda el art�culo 45 de la Carta, referente a la composici�n del Senado. Como consecuencia de lo anterior, acord� eliminar los n�meros 14, 15, letra b), 19, letra a), 26, 27, y 29, y la disposici�n cuarta transitoria, debiendo desplazarse las numeraciones correspondientes tanto en los art�culos permanentes del proyecto como en los transitorios. La Comisi�n, por la unanimidad de sus miembros, tambi�n dej� constancia en cuanto a que est� de acuerdo con la eliminaci�n de los Senadores institucionales y vitalicio; sin embargo, algunos Honorables colegas han planteado que el asunto est� ligado al n�mero de miembros que integrar�n el Senado y a la forma de elegirlos, motivo por el cual se ha resuelto efectuar las supresiones que ya hemos indicado, con el objeto de facilitar en el segundo informe la b�squeda de los acuerdos correspondientes. , Asimismo, para evitar interpretaciones ambiguas, dej� constancia de que las indicaciones que los se�ores Senadores deseen presentar deber�n formularse al texto aprobado en general por la Comisi�n, que es el que se consigna en el informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto. Del mismo modo, ser�n admisibles las indicaciones relacionadas con otras materias que han sido objeto de estudios en la Comisi�n y que quedaron pendientes para el segundo informe, y que fueron propuestas en las reformas constitucionales que dieron origen a este informe, referidas a la composici�n del Senado, al sistema electoral para integrarlo y a lo concerniente a las disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas. La Comisi�n tom� el acuerdo por la unanimidad de sus miembros, dejando constancia el Honorable se�or Silva que dio su acuerdo para concurrir con los dem�s miembros de la Comisi�n a formar la unanimidad, recordando que, junto con el Honorable se�or Parra, son autores de un proyecto de reforma constitucional que propone un Senado integrado por 47 se�ores Senadores elegidos en votaci�n directa. No obstante lo anterior, contribuy� con su voto al acuerdo un�nime. Es todo, se�or Presidente. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Andr�s Zald�var. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, si la Mesa lo tiene a bien, y antes de que intervenga el Honorable se�or Zald�var, quiero plantear un problema de previo y especial pronunciamiento. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- En la tabla de hoy figura un informe respecto de dos mociones de reforma constitucional; sin embargo, el texto que se propone es uno s�lo. Desde el punto de vista reglamentario, no pueden fusionarse dos proyectos de reforma constitucional o dos proyectos de ley. De manera que quiero preguntar --es una duda que me ha asaltado desde un punto de vista t�cnico, porque no quiero que incurramos en un vicio de nulidad por errores de procedimiento en la formaci�n de la ley o de la Constituci�n, en este caso- �cu�l es el proyecto que estamos votando? �Estamos votando la moci�n a), que se integra a la otra? �Estamos votando la moci�n b), que se integra a la otra? �C�mo dilucidamos esta disyuntiva, que me parece no menor desde un �ngulo formal? Desde el punto de vista del fondo, entiendo� El se�or HAMILTON.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite una interrupci�n, se�or Presidente? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hamilton sobre lo mismo. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, en mi opini�n, lo que vamos a votar es el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, referente a la idea de legislar sobre todas las materias contenidas en ambos proyectos y analizadas durante todo este tiempo por ella. �sa fue la forma como se acord� tratar este asunto, incluso con la participaci�n del Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- �Puedo continuar, se�or Presidente? El se�or R�OS (Vicepresidente).- S�, se�or Senador. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, �me permite una explicaci�n? El se�or LARRA�N.- Lo que estoy tratando de se�alar es que la Sala no vota informes, sino opiniones sobre un proyecto de ley o de reforma constitucional, a menos que exista un acuerdo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, �me permite una interrupci�n? El se�or LARRA�N.- Si estamos votando un acuerdo, me parece muy bien. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Senador, �me permite una interrupci�n? El se�or LARRA�N.- Por cierto, con la venia de la Mesa. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Honorables se�ores Larra�n y Viera-Gallo, la Mesa entiende que lo que se va a discutir y resolver ahora es el informe complementario de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, que est� en manos de los se�ores Senadores. No se est�n votando proyectos separados. El se�or Presidente de la Comisi�n de Constituci�n dio a conocer hace un instante los aspectos m�s relevantes del debate habido en ella, para finalmente concluir en lo que ser� la votaci�n que hoy d�a vamos a tener. La Mesa entiende que lo que se va a votar efectivamente es el informe complementario, que recoge el informe anterior y otras modificaciones posteriores, de acuerdo con el texto que est� en manos de los se�ores Senadores. El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Quiero ratificar lo que dice Su Se�or�a: en la p�gina siete del informe complementario, se consigna lo siguiente: "TEXTO SOMETIDO A APROBACI�N EN GENERAL", el cual corresponde al proyecto de reforma constitucional que la Comisi�n de Constituci�n propone a la consideraci�n de la Sala. No hay otro. El se�or LARRA�N.- Perdone que insista, se�or Presidente. El se�or SABAG.- �Me permite una interrupci�n? El se�or LARRA�N.- Yo entiendo y comparto el texto en gran medida. De manera que mi observaci�n no apunta al problema de fondo. Lo que planteo se refiere a un problema de forma no menor. La Comisi�n no tiene capacidad para presentar una iniciativa a trav�s de un informe. Los miembros de la Comisi�n pueden presentar una reforma constitucional como la propuesta en el texto, pero no pueden, a prop�sito de un trabajo �creo yo-, fusionar dos reformas constitucionales,... El se�or VIERA-GALLO.- Perd�n, se�or Presidente. El se�or LARRA�N.- �porque siempre los informes deben hacer referencia a uno o a varios proyectos de ley, pero remitirse a uno determinado. �A cu�l nos estamos refiriendo? �Al a) o al b)? Porque hay dos en el ep�grafe del informe. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera�Gallo; despu�s vamos a resolver el otro asunto. El se�or VIERA-GALLO.- Lo que la Comisi�n ha hecho es muy simple -el se�or Senador tom� parte en su trabajo-: tuvo en cuenta los proyectos que presentamos los Senadores de la Concertaci�n y los de la Alianza por Chile. En torno de esos dos, m�s otras iniciativas presentadas por otros Honorables colegas, resolvi� presentar un texto �nico, que es la que se propone. No existe otro. Se tuvo como base los proyectos anteriores. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Honorables se�ores Viera-Gallo y Larra�n, en el debate que tendremos en el transcurso del d�a de hoy, la Mesa se va a regir por el informe complementario de la Comisi�n de Constituci�n que est� en sus manos. Dicho documento es el resultado de la revisi�n y an�lisis que la Comisi�n ha hecho de todos los textos, como lo record� el Honorable se�or Viera-Gallo, y que finalmente presenta un texto al debate de la Sala del Senado. Y sobre ese punto ofrezco la palabra al Honorable se�or Andr�s Zald�var, a quien ya se la hab�a ofrecido. El se�or LARRA�N.- Exc�seme, se�or Presidente. Para cerrar el tema, simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con el texto y que votar� favorablemente la idea de legislar sobre la materia. Pero, al mismo tiempo, debo expresar que el hecho de no dilucidar el problema que he planteado va a generar un vicio de nulidad en esta reforma constitucional. Quiero dejar planteado antes ese problema, porque creo que tiene soluci�n. Pero como no hay �nimo de buscarle arreglo, me quedo aqu�, por lo menos habiendo tranquilizado mi conciencia. El se�or BITAR.- �Cu�l es la soluci�n que propone, se�or Senador? El se�or LARRA�N.- La soluci�n es muy simple� El se�or R�OS (Vicepresidente).- �Ruego a los se�ores Senadores evitar los di�logos! En la Versi�n Taquigr�fica qued� constancia de lo se�alado por el Honorable se�or Larra�n. La Mesa entiende que existe bastante claridad sobre el particular. El informe complementario de la Comisi�n es el documento oficial respecto del cual se pronunciar� la Sala. Tiene la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, la consulta del Honorable se�or Larra�n es muy importante, porque se refiere no s�lo a los dos proyectos mencionados, sino a muchos otros que modifican la Carta Fundamental. Es m�s. La C�mara de Diputados nos envi� un proyecto de reforma constitucional que acorta el per�odo presidencial. Por lo tanto, si aprobamos el informe en comento, �queda zanjado definitivamente el tema de los cuatro a�os del mandato presidencial? La C�mara Baja ya se pronunci� sobre ese aspecto. Entiendo que la Comisi�n trat� todos los proyectos de reforma constitucional y que �stos se hallan comprendidos en el informe sometido a nuestra consideraci�n. �sa es mi consulta, que se suma a la del Senador se�or Larra�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la Comisi�n actu� en este caso en la forma como usualmente lo ha hecho cuando se encuentra con proyectos de ley que versan sobre una misma materia y que tienen una idea central similar. El informe que obra en poder de Sus Se�or�as es el pronunciamiento de la Comisi�n sobre los proyectos de la Alianza por Chile, de la Concertaci�n y de todos los de reforma constitucional que se analizaron. De esa manera se ha procedido ordinariamente en todas las Comisiones. Cuando se presenta una indicaci�n sustitutiva, el informe se refiere al proyecto y a aqu�lla. Al fusionar dos proyectos �algo que hemos hecho innumerables veces cuando hay dos mociones sobre la misma materia presentadas por distintos se�ores Senadores-, el pronunciamiento de la Comisi�n recae en ambos textos, y as� se deja constancia. En este caso, la Comisi�n se pronunci� acerca de las dos mociones de reforma constitucional mencionadas y sobre otros proyectos que fueron considerados. �se es el origen del texto propuesto que figura en el informe. Ser�a il�gico que la Comisi�n formulara una proposici�n respecto de la iniciativa de la Alianza por Chile y presentara otra de igual tenor en cuanto a la de la Concertaci�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Si algunos se�ores Senadores tienen dudas en cuanto a las materias que abarca este debate, les recomiendo que analicen la p�gina 5 del informe de la Comisi�n de Constituci�n Legislaci�n y Justicia. All� se encuentran establecidas las bases generales del proceso legislativo de esta reforma constitucional en estudio. Tiene la palabra el Honorable se�or Andr�s Zald�var. El se�or NOVOA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, acerca de lo se�alado por un se�or Senador, deseo puntualizar lo siguiente. Entiendo que se pueden fusionar dos proyectos que est�n en el mismo tr�mite. Pero, si en el informe sometido a nuestra consideraci�n se trata una iniciativa �aprobada por la C�mara Baja- que modifica la Carta Fundamental, no podemos estar discutiendo una reforma constitucional que est� en primer tr�mite respecto de algunos aspectos y en segundo tr�mite acerca de otros. Me parece que tal situaci�n va m�s all� de un detalle formal, porque eso claramente dice relaci�n al proceso de formaci�n de la ley. A mi juicio, estamos en el primer tr�mite constitucional. Se trata del primer informe de dos proyectos que fueron analizados juntos por la Comisi�n, a los cuales se les introdujeron indicaciones. Sin embargo, no podemos incorporar en dicho informe un proyecto, en segundo tr�mite constitucional, ya aprobado por la C�mara de Diputados. El se�or D�EZ.- No se ha incorporado, se�or Senador. El proyecto que propone el informe y el de la C�mara de Diputados no est�n juntos. Es posible que aqu�l sea aprobado por la Sala, se rechace lo relativo a la duraci�n del mandato presidencial, y luego, el Senado deba pronunciarse sobre este �ltimo. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, voy a recuperar la palabra. El se�or D�EZ.- De manera que son dos proyectos separados que la Comisi�n no ha confundido. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Contin�a con el uso de la palabra el Honorable se�or Andr�s Zald�var. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s.- Se�or Presidente, normalmente no he intervenido mientras he ejercido la Presidencia de la Corporaci�n. Sin embargo, hoy deseo hacerlo respecto del proyecto de reformas constitucionales mismo, m�s que a aspectos reglamentarios, como los que hemos escuchado, que deben ser resueltos por la Mesa y la Secretar�a oportunamente. Lo importante es referirnos al tema de fondo. En mi opini�n, estamos frente a un debate substancial que debemos llevar a cabo con mucha altura de miras. Por tanto, nuestras intervenciones tienen que apuntar hacia la b�squeda del bien com�n de nuestro pa�s. Todos conocemos el origen de la Constituci�n Pol�tica de 1980. Quienes estamos en la Sala tuvimos muy diferentes posiciones respecto de ella. Sobre el particular, en los a�os 80 el Senador que habla hizo la m�s fuerte oposici�n al plebiscito de 1980 que aprob� dicha Carta. Incluso, tuve que vivir fuera de mi patria, porque reclam� contra la ilegitimidad de ese proceso. Sin embargo, transcurrido un tiempo en la b�squeda de la recuperaci�n de la democracia, y despu�s de haberse realizado el plebiscito de 1988 -que defini� el t�rmino del R�gimen militar y el regreso de los Gobiernos democr�ticos en Chile-, hubo un acto de entendimiento y se alcanzaron acuerdos entre quienes, en ese momento, detentaban el poder y las fuerzas pol�ticas que hab�an ganado el plebiscito. Se realizaron negociaciones, precisamente, como fruto de la capacidad, del ejercicio democr�tico de di�logo que podemos alcanzar los ciudadanos. Es de justicia destacar en dichas negociaciones la participaci�n del entonces Ministro del Interior don Carlos C�ceres, as� como la de quien m�s tarde fuera miembro de esta Corporaci�n, el ex Senador se�or Jarpa. A su vez, por parte de la Concertaci�n participaron importantes dirigentes encabezados por don Patricio Aylwin, quien despu�s llegar�a a ser Presidente de la Rep�blica. En virtud de esas negociaciones, en junio de 1989, se llev� a cabo un plebiscito en el que se sometieron a votaci�n precisamente aquellas reformas que, seg�n se acord�, deb�an ser ratificadas por esta v�a. Como sabemos, �ste fue aprobado. Ahora bien, debemos tener claridad que desde ese momento todos los que participamos en dicha votaci�n popular, voluntariamente sancionamos la legitimidad de la Constituci�n que antes hab�amos objetado. Por lo tanto, nos comprometimos -lo se�alamos reiteradamente-, a que en el futuro, cualquier acci�n que tienda a su rectificaci�n, deb�a ser sometida precisamente a las normas de la Carta Fundamental que aceptamos despu�s de las modificaciones de 1989. Y lo hicimos conscientemente, pues cre�amos que en el Parlamento que se elegir�a ese a�o podr�a buscarse una f�rmula para llevar adelante las reformas que quedaron pendientes y que hab�an sido reconocidas precisamente por los negociadores, tanto por parte de don Sergio Onofre Jarpa, como por los representantes la Concertaci�n. Tales reformas constitucionales pendientes se refer�an a materias tan importantes como la composici�n del Senado, la generaci�n de los mandatos de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional y otros. Pero exist�an dos asuntos principales: el de los Senadores Institucionales y el del sistema electoral. En las campa�as presidenciales, substancialmente en la primera, el candidato de la Concertaci�n y los candidatos Hern�n B�chi y Francisco Javier Err�zuriz, sostuvieron que har�an dichas reformas. M�s a�n, hay una declaraci�n del entonces Presidente de Renovaci�n Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, que apareci� en el diario "El Mercurio", donde nos invitaba a aceptar las proposiciones hechas por el Ministro C�ceres y que m�s adelante nos preocup�ramos de las rectificaciones a la Carta que podr�an realizarse en el Congreso. Llevamos 11 a�os conversando sobre la posibilidad de estas reformas. En lo que a m� respecta, incluso escrib� un libro titulado "La Transici�n Inconclusa", en el que hago un an�lisis a fondo, lo m�s documentado que pude, con el fin de demostrar que para terminar con la transici�n pol�tica en nuestro pa�s �no porque no haya democracia, pues, a mi entender, existe en plenitud- era necesario implementar las reformas pendientes. Gracias a Dios, el a�o pasado surgi� una nueva posibilidad, despu�s de varios esfuerzos por tratar de reformar la Carta Fundamental. Y fueron sometidos a la consideraci�n de nuestra Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento proyectos de reforma tanto por los Partidos de Oposici�n como de la Concertaci�n. Ello dio lugar a debates en los cuales tambi�n me ha tocado participar tratando, en el fondo, de negociar o de buscar acercamientos para lograr esa reforma que tanto hemos esperado y poner fin, de una vez por todas, a este debate en el pa�s. Me felicito por el trabajo que ha hecho la Comisi�n. Pienso que honra a esta Corporaci�n la calidad y el esfuerzo demostrados por todos los se�ores Senadores, sin excepciones; unos, sosteniendo una tesis, y otros, apoyando criterios absolutamente distintos. Pero todos imbuidos de un esp�ritu plenamente democr�tico. En este aspecto, deseo felicitar a los integrantes de la Comisi�n y a cuantos participaron en su tarea. Y lo hago principalmente en la persona de su Presidente, el Honorable se�or D�ez. Considero muy serio y acucioso el informe que se nos ha entregado, y puede realmente contribuir a dar t�rmino a esta discusi�n o por lo menos avanzar en este sentido. Para no incurrir en redundancias, no me referir� a algunas de las importantes materias que esta reforma aborda, por haber sido ya consideradas por varios oradores, y me limitar� exclusivamente a destacar el hecho de que, finalmente, podr�amos lograr que el Consejo de Seguridad Nacional se constituyera verdaderamente en un ente asesor del Presidente de la Rep�blica y no en un organismo que, cuando es citado por �ste, pone en tensi�n al pa�s, que se pregunta qu� es lo que puede suceder o no en los debates que se produzcan. A quienes, por haber desempe�ado la Presidencia del Senado, nos ha correspondido participar en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, cada vez que hemos concurrido a ellas -no es que dudemos de la sensatez de quienes lo han compuesto y lo componen-, nos ha surgido el temor de que, en un momento dado, los temas tratados puedan provocar un conflicto institucional insuperable, como podr�a suceder si no existiese concordancia entre algunos de sus integrantes que representan a las instituciones armadas, aun cuando su n�mero fuese minoritario, y quien representa el Poder Ejecutivo, como lo es el Presidente de la Rep�blica. Personalmente, he tenido esa impresi�n y creo que, por el bien y el adecuado funcionamiento de sus instituciones, el pa�s requiere una reforma como la que nos propone el informe. Tambi�n me felicito por las conclusiones a que se ha llegado tendientes a la conformaci�n de un Tribunal Constitucional que realmente ostente la categor�a de tal. Y esto no quiere decir que no la tenga actualmente. Debo expresar mi reconocimiento a dicho organismo por su actuaci�n durante estos once a�os. Podemos haber tenido discrepancias, pero creo que sus Ministros han desempe�ado su labor con mucha seriedad. Incluso ellos mismos nos han propuesto f�rmulas para reestructurar ese organismo, las que, seg�n creo, est�n contenidas en esta iniciativa. Ellas, a mi juicio, constituir�n un gran avance para la institucionalidad de nuestro pa�s al radicar en este Tribunal la totalidad de la competencia constitucional, traslad�ndola de la Corte Suprema. Es importante, asimismo, lo relativo a la reducci�n del mandato presidencial. Pienso que cometimos un error grav�simo cuando en un momento dado innovamos al respecto e hicimos que las elecciones parlamentarias no coincidieran con las presidenciales. Considero un gran avance el hecho de terminar, de una vez por todas, con un tema que m�s bien es de car�cter sem�ntico, pero que puede tener significado pol�tico, como lo es el de que las Fuerzas Armadas sean las �nicas garantes de la constitucionalidad. Me parece muy bien establecer en la Carta Constitucional que todas las instituciones son garantes en este sentido, y no s�lo �stas sino que todos y cada uno de los ciudadanos, civiles o militares, cualquier hombre o mujer: todos somos garantes de nuestra Constituci�n y tenemos la obligaci�n de respetarla. En lo relativo a las facultades fiscalizadoras de la C�mara de Diputados tambi�n se han dado pasos positivos, y lo mismo ocurre con los estados de excepci�n, asunto que hab�a quedado postergado, sin ser modificado. Sin embargo, quedan dos materias fundamentales, como lo dice el informe complementario que hoy d�a conoce el Senado, a las que, a mi juicio, debemos abocarnos con apertura, con generosidad, con vista a que el pa�s funcione bien en el pr�ximo tiempo: el nombramiento y remoci�n de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, y el sistema electoral. Creo que respecto de las nominaciones se ha avanzado en la b�squeda de un entendimiento. Sin embargo, dado que las remociones constituyen un tema delicado, quiero que reflexionemos con seriedad y responsabilidad acerca de lo que puede suceder al respecto. En mi calidad de miembro del Consejo de Seguridad Nacional, me pregunto qu� suceder�a si el d�a de ma�ana hubiera que recurrir a la facultad del Consejo de Seguridad Nacional para proceder a la remoci�n de uno de los Comandantes en Jefe por grave incumplimiento de sus funciones. �Qu� actitud asumir�an en ese momento los representantes de las Fuerzas Armadas al tener que pronunciarse sobre la sanci�n a uno de sus pares? �Es conveniente, es bueno para el pa�s, para sus instituciones, para los propios Comandantes en Jefe, someter a nuestras Fuerzas Armadas a esa tensi�n innecesaria? Considero que la Comisi�n se ha esforzado por buscar soluciones en tal sentido, y ojal� en la discusi�n en particular pudi�ramos lograrlas. A mi juicio, en lo atinente a nominaci�n hemos alcanzado un progreso sustantivo que, a mi modo de ver, puede ser la soluci�n e integrarse a la Constituci�n. Pero en lo referente al segundo tema, creo que debemos hacer un gran esfuerzo, no para extremar las cosas ni para supeditar y terminar con la independencia de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a sus resoluciones ni tampoco para poner en riesgo la facultad que le corresponde al Presidente de la Rep�blica, a quien ellas est�n sometidas. Ambos puntos debemos compatibilizarlos, pero circunscritos al bien primario, y �ste, indiscutiblemente, es que las Fuerzas Armadas est�n supeditadas al Presidente de la Rep�blica. En caso contrario, no funcionan las instituciones democr�ticas. Pienso tambi�n que debemos preocuparnos del sistema electoral y de los Senadores institucionales. Y en esta Sala quiero hacer un reconocimiento respecto de los Senadores institucionales, tanto de este per�odo como del anterior, sin distinciones. Creo que ellos han cumplido lealmente sus funciones, considerando su calidad de designados, y han hecho aportes importantes. He mantenido con ellos muy buenas relaciones. No es entonces un problema relacionado con sus calidades personales, que hay que reconoc�rselas a todos y cada uno de ellos, sino con nuestra concepci�n de c�mo debe estar conformada esta Corporaci�n. Si queremos que lo est� en forma mixta por Senadores designados, institucionales, de cualquier g�nero, y por Senadores elegidos, o si s�lo debe serlo por Senadores elegidos. Se ha mencionado muchas veces que en otros pa�ses hay Senados de composici�n mixta. Sin embargo, hay una gran diferencia, y lo puedo afirmar con conocimiento de causa en lo que respecta al de Italia, citado frecuentemente. En �l, los miembros que ostentan tal calidad no alcanzan a constituir el dos por ciento de un total de casi trescientos Senadores. En cambio, en esta Corporaci�n la composici�n mixta de parlamentarios no elegidos en relaci�n con elegidos bordea el veinte por ciento, situaci�n que rompe, a mi modo de ver, el concepto que tenemos de un Senado, que adem�s es distinto a otros que carecen de facultades legislativas. No debemos olvidar que esta Corporaci�n es m�s o menos equivalente a la C�mara de Diputados en materia legislativa, y yo dir�a que es casi similar. Insisto en que el tema no guarda relaci�n con las personas que invisten tal representaci�n. Brindo un reconocimiento a quienes han sido nuestros compa�eros, nuestros pares, durante estos once a�os, porque han cumplido y siguen cumpliendo sus funciones con mucha seriedad y han constituido un gran aporte para nuestra Corporaci�n. En el fondo, se trata de definir qu� Senado es el que deseamos, punto que debemos resolver en nuestra discusi�n en particular. Tales razones son las que me han llevado en estos momentos a intervenir, y quisiera terminar con unas reflexiones sobre el sistema binominal. He escuchado que �ste tuvo por objeto, cuando se discuti� por los contituyentes, el evitar la proliferaci�n de partidos y promover la formaci�n de coaliciones o bloques, como efectivamente los hay en la actualidad. Hoy d�a en el pa�s existen dos bloques. Pero yo les pregunto, sobre la base de la �ltima elecci�n parlamentaria, si efectivamente el sistema binominal est� contribuyendo a la consolidaci�n de los bloques parlamentarios o de los bloques de los partidos que componen la coalici�n. Veamos lo que sucede hoy en cada uno de nuestros sectores. En la �ltima elecci�n, �con qui�n pele� o compiti� el candidato que postulaba en una coalici�n? �Con el representante de la alianza opositora o, como sucedi� en la generalidad de los casos, con su compa�ero de coalici�n, provocando muchas veces heridas que despu�s ser� muy dif�cil cerrar? �No vimos incluso, a trav�s de las diferentes medios de prensa, el tratamiento que se dieron candidatos que pertenec�an a una misma coalici�n? �Es bueno para el funcionamiento de nuestra democracia y del sistema electoral que ese tipo de acciones se vaya repitiendo cada vez m�s? �Terminar� ello fortaleciendo o destruyendo las coaliciones? Entonces, pensemos seriamente qu� rectificaciones debemos hacer, no s�lo por la proporcionalidad de la representaci�n, que en la mayor�a de los casos se da, y en otros, no. �No ser� bueno, por el bien com�n de la naci�n, que estudiemos tambi�n el sistema electoral y no nos cerremos en c�lculos personales o partidarios, sino que veamos este asunto como pa�s, como instituci�n? Analicemos la cuesti�n todos. Porque Chile no termina ni el 2002, ni el 2006 ni el 2010. Las Constituciones deben dictarse con proyecci�n de largo plazo. Y �se es un tema que debemos plantearnos cada uno de nosotros. Yo me felicito, porque observ� en los �ltimos d�as, sobre todo en los momentos finales de las negociaciones, que hoy no est� cerrada la posibilidad de estudiar el tema, no para imponer las ideas de unos u otros, sino -insisto, y ojal� que as� sea- para que cada cual trate de enriquecer el proyecto al estudiarlo y discutirlo en particular. Algunas materias ya est�n muy bien logradas. Y respecto de los asuntos pendientes, ojal� con la participaci�n de todos nosotros, sin distinci�n de bancadas, con los Senadores institucionales y con los que representan a las diferentes coaliciones, espero que en el pr�ximo tiempo podamos traer a la C�mara Alta un proyecto de reforma constitucional que permita a Chile tener una carta de navegaci�n para prolongar, con visi�n de futuro y de pa�s, una democracia donde todo funcione bien, no para unos, sino para la comunidad completa. He dicho. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Chadwick. El se�or CHADWICK.- Se�or Presidente, estamos debatiendo la idea de legislar acerca de un conjunto de reformas constitucionales en que la Alianza por Chile -tanto Renovaci�n Nacional como la UDI-, a trav�s de sus distintos Senadores, ha tenido un rol muy activo, que la hace sentirse parte e impulsora del proceso que hoy d�a nos convoca. Al respecto, hemos actuado con la absoluta convicci�n de que la Carta de 1980 ha sido extraordinariamente positiva y exitosa en dos materias que ten�a como tareas por cumplir. Primero, en sus aspectos m�s sustantivos, permiti� crear un sistema pol�tico e institucional que ya durante doce a�os de vigencia de la plena democracia ha demostrado su solidez y estabilidad y que, m�s all� de diferencias puntuales que puedan presentarse con algunas instituciones, ha respondido a los diversos requerimientos y sido capaz de dar gobernabilidad al pa�s en momentos muy dif�ciles. �Y por Dios que es importante saber combinar democracia y gobernabilidad! (ello, a la luz de lo que ocurre en otras naciones de Latinoam�rica, que puede servirnos como ejemplo). Al mismo tiempo, tal vez en sus aspectos m�s esenciales, ha sabido armonizar un espacio de garant�as, derechos y libertades personales como nunca hab�a conocido nuestro sistema pol�tico en sus reg�menes constitucionales. Por eso, el Texto Fundamental de 1980 vigente durante este tiempo ha tenido extraordinario �xito en lo sustantivo y, adem�s, en los aspectos transitorios o circunstanciales, como ha sido abordar a trav�s de sus instituciones una etapa muy compleja en la vida pol�tica del pa�s: el tr�nsito de un R�gimen militar a uno democr�tico. La Constituci�n de 1980 ha contribuido a que hoy d�a contemos con un r�gimen democr�tico pleno, s�lido, donde los problemas surgidos se han resuelto en paz, sin conflictos mayores y sin que nuestra democracia enfrente ahora riesgo o amenaza alguna. Por lo tanto, el balance es muy positivo. Sin perjuicio de ello, se�or Presidente, hemos impulsado un proceso de reformas, porque, a no dudarlo, ya m�s de 20 a�os de vigencia de la Constituci�n y 12 a�os de plenitud democr�tica nos abren un espacio para efectuar un an�lisis m�s sereno, m�s tranquilo, dejando de lado algunos prejuicios, y ver en qu� podemos perfeccionarla. Obviamente, 22 a�os son tiempo m�s que suficiente para realizar ese an�lisis. Adem�s, las circunstancias y los escenarios pol�ticos muy fuertes que predominaban cuando se dict� la Carta que hoy nos rige se han modificado. Pensemos tan s�lo en dos escenarios que estuvieron muy presentes en los a�os 80 y que en la actualidad, o han desaparecido, o se consolidaron de manera distinta. Desapareci� y fracas� el r�gimen comunista en el mundo. La doctrina marxista leninista, que sirvi� de fundamento a sociedades totalitarias y estuvo especialmente presente en los a�os 80, porque as� deb�a ser en cualquier orden institucional, desapareci� del orbe. Y ello, sin duda, genera un modo distinto de ver o de revisar algunas de las apreciaciones que se hicieron al momento de dictar nuestra Constituci�n. Por otro lado, en cuanto a los riesgos propios del proceso de transici�n -que la Carta contempl� en sus or�genes- de un R�gimen militar a uno democr�tico, el paso del tiempo ha demostrado que desaparecieron, que los temores que naturalmente influyeron en su momento se disiparon y que hoy d�a tenemos un sistema de pleno funcionamiento democr�tico. En tal virtud, la Alianza por Chile, recogiendo el paso del tiempo y buscando tambi�n lo que se�al� reci�n el se�or Presidente del Senado -acuerdos en materias constitucionales-, ha estado presente en este proceso de reformas a la Carta Fundamental. �Qu� acordamos en la Comisi�n? A mi modo de ver, hasta el momento, aspectos muy importantes, que ya justifican el proceso de reforma, aun cuando no sea posible lograr acuerdo en materias que se encuentran pendientes. B�sicamente, la modificaci�n reca�da en el Tribunal Constitucional, instituci�n medular de la Carta, donde nos pusimos de acuerdo en una materia que siempre fue discutida y conflictiva en el pasado: su integraci�n. Buscamos para ese organismo una integraci�n que equilibre en mejor medida la participaci�n de los tres Poderes del Estado, preservando su car�cter de entidad judicial. Le dimos una competencia mucho m�s amplia al entregarle un control a posteriori de la ley, de los tratados internacionales y de los auto acordados. De ese modo, creemos haber puesto a dicho Tribunal en camino para generar una jurisprudencia constitucional t�cnica, especializada y estable en el tiempo, que Chile necesita bastante. Tambi�n enmendamos el rol fiscalizador de la C�mara de Diputados, cuesti�n extraordinariamente importante, porque, quiz�s, uno de los desaf�os m�s grandes que tiene hoy la democracia es su legitimidad en t�rminos de combatir de manera eficaz la corrupci�n y los abusos de poder. El dise�o de la Carta de 1980, que recog�a la tradici�n constitucional chilena, no es el mejor para los efectos de fiscalizar, pues, en la medida en que las mayor�as de Gobierno coinciden con las mayor�as parlamentarias, la fiscalizaci�n deja de ser eficaz. Y, al respecto, hemos vivido numerosas experiencias durante estos a�os en la C�mara Baja. Por eso, se dio un paso muy trascendente en tal sentido. Y celebro que la Concertaci�n haya estado de acuerdo en entregar facultades fiscalizadoras a minor�as al interior de la C�mara de Diputados, donde un tercio de �sta contar� con herramientas eficaces para fiscalizar los actos de la Administraci�n y as� romper el c�rculo vicioso de Gobierno y mayor�as parlamentarias, que tornaba muy ineficaz la fiscalizaci�n. Un tercer aspecto, muy importante -el se�or Presidente del Senado tambi�n se refiri� a �l-, se vincula con el rol de las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional. Concordamos en que ese rol, que la Constituci�n del 80 entrega a los Institutos Armados con car�cter exclusivo, sea compartido por todas las instituciones de la Rep�blica. Aqu� hay una instituci�n nacida bajo una exigencia hist�rica que el tiempo se ha encargado de ir eliminando. Porque el mencionado rol de las Fuerzas Armadas buscaba precisamente tener la mejor y m�s poderosa garant�a de que el sistema constitucional y democr�tico estuviera protegido y fuera preservado frente a amenazas que pudiesen surgir en un momento o en un escenario pol�tico determinado. �se fue el sentido que la Carta Fundamental dio al mencionado rol de los Institutos Armados como garantes del orden institucional de la Rep�blica: defender la democracia ante amenazas que pudieran revertirla o destruirla. Hoy d�a, el paso del tiempo nos indica que esos elementos, que en su momento se ve�an como amenazas, se han ido atenuando y pr�cticamente no existen. El compromiso de las Fuerzas Armadas con el r�gimen constitucional y democr�tico ha sido pleno durante estos doce a�os. Y es muy valioso destacarlo. Por tanto, a la luz de esos antecedentes y de los nuevos escenarios que estamos enfrentando, perfectamente podemos tener garant�as de que nuestro r�gimen constitucional y democr�tico descanse, no s�lo en las Fuerzas Armadas, sino en todas las instituciones de la Rep�blica. Por ello dimos ese paso, que tambi�n nos parece relevante en la b�squeda de acuerdos constitucionales. Aparte estas materias, se aprobaron otras que s� son importantes; carecen de la significaci�n pol�tica de las que se�al� con anterioridad, pero apuntan igualmente al perfeccionamiento de la Carta: modificar los estados de excepci�n constitucional; elevar al rango de norma fundamental la exigencia de la probidad p�blica; establecer la posibilidad de renunciar al cargo parlamentario por razones de salud o de incompatibilidad moral en su ejercicio; nombrar embajadores con acuerdo del Senado. Son materias que ya est�n acordadas y que, en mi concepto, tienden a perfeccionar la Ley Suprema. Obviamente, otras materias quedaron pendientes y son quiz�s las de mayor complejidad pol�tica. En primer lugar, la integraci�n del Senado. En la Comisi�n de Constituci�n hubo acuerdo un�nime -y as� lo votamos- para terminar con la instituci�n de los Senadores institucionales y vitalicios. En mi concepto -el Honorable se�or Andr�s Zald�var lo se�al� reci�n, y me ahorra palabras-, la instituci�n en comento ha cumplido una funci�n muy importante al permitir una representaci�n institucional no pol�tica que ha tra�do al proceso legislativo una visi�n y un aire distintos, lo cual ha sido muy trascendente para perfeccionar el resultado de la ley. Por esa v�a, desde 1990 hasta hoy han llegado al Senado personalidades que han hecho un aporte significativo, y en distintos momentos, permitido romper o desbloquear la composici�n pol�tica de esta Alta Corporaci�n, favoreciendo la b�squeda de acuerdos, la posibilidad de encontrar consenso; dando a esta rama del Parlamento un rol diferente del de la C�mara de Diputados, y, de ese modo, justificando plenamente la referida instituci�n. Sin embargo, hemos estado de acuerdo en modificarla, b�sicamente por dos razones. Primero, porque creemos que hacerlo constituye un paso significativo en la b�squeda de estos consensos constitucionales. Desde las bancadas de la Concertaci�n, el tema de los Senadores institucionales y vitalicios se ha levantado siempre como una bandera sustantiva para ellas en t�rminos del perfeccionamiento de la Carta. Nosotros hemos estado dispuestos a introducir la enmienda pertinente, precisamente en la b�squeda de los encuentros constitucionales. Pero tambi�n quiero expresar que visualizamos el riesgo de que aquel mecanismo tienda a desnaturalizarse en el tiempo, desde el momento en que Senadores institucionales respondan, m�s que a su nombramiento, a intereses partidistas y confundan su funci�n institucional con la de dirigente pol�tico. La instituci�n de los Senadores institucionales y vitalicios no se cre� en la Carta con esa finalidad -para ella est� la elecci�n-, sino con la de recibir en la C�mara Alta el aporte y visi�n diferentes, por su origen, de personas ajenas al mundo partidista. Ambos elementos pesaron en nosotros para los efectos de dar este paso y terminar con la existencia de la mencionada instituci�n a partir del a�o 2006. �Pero qu� ocurri�? Es importante se�alarlo: el acuerdo alcanzado y votado en la Comisi�n de Constituci�n fue modificado para este informe complementario porque el Gobierno, a trav�s del se�or Ministro del Interior, con mucha franqueza -a mi entender, es la manera de buscar acuerdos y avanzar-, sostuvo que la eliminaci�n de los Senadores institucionales estaba indisolublemente vinculada a la modificaci�n del sistema binominal. Por esa raz�n estuvimos de acuerdo en unir estos temas y facilitar reglamentariamente la discusi�n que estamos llevando a cabo, pues entendemos que el Ejecutivo -y no podr�amos pensar de otra manera- procura con ello darse tiempo para seguir buscando entendimiento. Pero nos parecer�a incomprensible que la voluntad pol�tica de terminar con la instituci�n de los Senadores institucionales y vitalicios -expresada en la votaci�n de la Comisi�n y consignada en el informe-, de la cual han hecho por m�s de veinte a�os un baluarte de perfeccionamiento democr�tico, hoy d�a se guardara en sus bolsillos y pasara a ser una moneda de cambio meramente instrumental. �Qu� podr�a pensarse luego de que el Presidente Lagos, en su campa�a, hace poco tiempo, nos se�alara la imposibilidad de que un r�gimen democr�tico funcionara sobre la base de que ocho personas eligieran a cuatro Senadores? Entonces, si es para darse tiempo y hacer una buena reflexi�n, bienvenido sea. Pero considerar�amos inadmisible que existiera en ello la intenci�n definitiva de que principios democr�ticos que la Concertaci�n dice sustentar en t�rminos muy profundos hoy fueran simples instrumentos de cambio basados en apreciaciones constitucionales. En segundo lugar, tambi�n queda pendiente el sistema electoral. Si eliminamos los Senadores institucionales y vitalicios, en la l�gica con que estamos trabajando en la Constituci�n, se abren alternativas. Primero, quedar con un Senado de 38 miembros sin introducir ninguna modificaci�n. Porque han se�alado el Gobierno y la Concertaci�n que no quieren legitimar el sistema binominal. Es aceptable. Entonces, hay una opci�n: se van los Senadores institucionales y vitalicios y quedan 38 Senadores elegidos, con lo cual la Concertaci�n no tiene necesidad de introducir enmienda alguna ni de emitir opini�n sobre el sistema binominal. Empero, se afirma que la C�mara Alta no puede funcionar con ese n�mero de integrantes. Yo respondo que bastar�a con trabajar un d�a m�s a la semana para que esta Corporaci�n funcionara perfectamente con 38 Senadores: se compensa de inmediato el tercio faltante con un d�a adicional por semana. Y nosotros no tenemos inconveniente alguno en configurar un Senado de 38 miembros sin necesidad de introducir ninguna modificaci�n al sistema electoral. Existe una segunda alternativa: reemplazar a los Senadores institucionales y vitalicios y crear cuatro, cinco o seis circunscripciones m�s. Tampoco hay de nuestra parte una negativa a priori a esa sustituci�n y a ampliar el n�mero de Senadores a 50 � 52. Creemos, s�, que ello debe hacerse sobre la base de nuevas circunscripciones, pero manteniendo el sistema binominal, pues pensamos que ha sido un aporte muy importante al escenario de estabilidad pol�tica de que goza el pa�s. El sistema binominal, se�or Presidente, nos ha permitido combinar grandes conglomerados pol�ticos, como los existentes en las democracias m�s desarrolladas y en los pa�ses con mayor estabilidad. Y lo que no hemos podido lograr o se ha retrasado, quiz�s por nuestra cultura pol�tica, el sistema binominal lo est� permitiendo sobre la base del incentivo a que haya esos grandes conglomerados. Y lo pensamos de verdad, realmente. Porque la cr�tica que se nos formulaba hace un tiempo en el sentido de que admit�amos aquel mecanismo s�lo por una ventaja electoral, en que la minor�a deseaba aprovecharse y lograr cargos parlamentarios sin tener los votos necesarios, en la actualidad carece de validez, porque el escenario pol�tico del pa�s est� virtualmente empatado. Y si lo analizamos desde la perspectiva electoral, es factible que a muchos nos convenga o nos resulte m�s �til o pr�ctico introducir cambios al sistema binominal, pensando en nuestros intereses partidistas. Pero no estamos dispuestos a aceptarlos, ni aun cuando nos resultara ventajoso desde la perspectiva partidaria, porque creemos que dicho sistema es bueno para el pa�s. Las cr�ticas que se formulaban en el sentido de que el sistema binominal distorsionaba la relaci�n votos-parlamentarios electos me recuerdan una muy buena exposici�n que hizo, en su calidad de experto, el Ministro de Defensa de ese momento, don Mario Fern�ndez -presente hoy en la Sala-, quien se�al� algo muy notable: que el sistema binominal vigente en Chile estaba ofreciendo resultados m�s proporcionales que los del sistema proporcional que se aplicaba antes de septiembre de 1973. Y tan cierto es lo sostenido por el titular de Defensa de la �poca, que la �ltima elecci�n parlamentaria nos dio, con el sistema binominal, un resultado exactamente proporcional: 63 Diputados de Gobierno y 57 de la Oposici�n, con 47 y 44 por ciento de los votos, respectivamente. Por lo tanto, parece que la distorsi�n del sistema binominal en la relaci�n votos-parlamentarios electos no es tal y que en los hechos aqu�l se est� imponiendo de manera distinta. En consecuencia, pensamos que es bueno y necesario para el pa�s mantener ese sistema, y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Perd�n, se�or Senador, pero termin� su tiempo. El se�or CHADWICK.- Si Su Se�or�a me concede dos minutos adicionales, concluyo de inmediato. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con el acuerdo de la Sala, no habr�a problema. Puede concluir su intervenci�n en ese tiempo, se�or Senador. El se�or CHADWICK.- Gracias, se�or Presidente. El tercer tema pendiente es la remoci�n de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Quiero hacer m�o lo que el Gobierno expuso en su momento ante la Comisi�n respecto de la materia, aprovechando que se halla en esta Sala el Ministro se�or Fern�ndez, quien plante� en aquella instancia que para el Ejecutivo era esencial preservar y proteger tres principios fundamentales: Fuerzas Armadas despolitizadas, profesionales y unidas en el ejercicio de su trabajo. Comparto plenamente esos tres principios, y me hago la siguiente reflexi�n. Si queremos Fuerzas Armadas efectivamente despolitizadas y profesionales, �podemos pensar en institutos armados modernos que hoy tienen una preparaci�n y carreras militares, o en institucionales plenamente t�cnicas, de estudio, capacitaci�n, exigencias, ex�menes, evaluaci�n de conductas, pero donde, no obstante toda esa estructura profesional, la remoci�n de su m�ximo jefe dependa �nica y exclusivamente del criterio discrecional del Presidente de la Rep�blica, cualquiera que �ste sea? Eso, dentro de una institucionalidad moderna, no es compatible con Fuerzas Armadas profesionales y despolitizadas. Resulta incoherente que, despu�s de todo ese trabajo de profesionalizaci�n, al llegar a la c�spide de la carrera militar, la mera voluntad del Primer Mandatario de turno determine si la persona sigue o no en su cargo. Precisamente para proteger los principios que el Gobierno expuso en la Comisi�n, los cuales compartimos, estimamos que, en el caso espec�fico de la remoci�n de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo deber�a contar con el acuerdo de otro �rgano distinto. Nos parece adecuada la forma como actualmente la Constituci�n regula la materia. Obviamente, no descartamos proposiciones distintas que tiendan a resguardar los principios referidos y, en la medida que as� sea, estaremos disponibles para estudiarlas y respaldarlas, siempre y cuando se respete la profesionalizaci�n, la despolitizaci�n y la unidad de las Fuerzas Armadas. Termino, se�or Presidente, manifestando que votaremos favorablemente la idea de legislar; que tenemos la mejor disposici�n y voluntad pol�tica para seguir buscando acuerdos en temas pendientes, tal como lo hemos hecho en el trabajo de la Comisi�n; y que, en la discusi�n particular, presentaremos indicaciones a fin de perfeccionar las normas all� acordadas. He dicho. )-----------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Presidenta de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto relativo a la Ley del Deporte, que tiene cierta urgencia y que originalmente deb�a ser visto por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, s�lo sea analizado por �sta �ltima, debido a que trata materias relacionadas �nicamente con indemnizaciones por la cesaci�n en sus funciones de algunos empleados. �Habr�a acuerdo? --As� se acuerda. )----------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado a la Mesa en este momento el informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n referido al proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que declara feriado legal y regula los d�as de realizaci�n de censos oficiales, con urgencia calificada de "suma". (Bolet�n N� 2.854-06). --Queda para tabla. _______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la discusi�n general. Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, siempre que se debaten reformas constitucionales, sobre todo referidas a materias como las que se han estado analizando, generalmente existe mucho inter�s en o�r y opinar acerca de temas como los se�alados por el Senador se�or Chadwick. Pero ello corresponde a un estudio posterior, ya que el propio informe de la Comisi�n, en sus acuerdos globales, se refiere tanto a la supresi�n de incisos del art�culo 45 de la Carta Fundamental, que establecen la composici�n del Senado, como a otras normas que ya se han indicado. En consecuencia, no me pronunciar� sobre esos asuntos hoy d�a, ya que no corresponden a la discusi�n general. Cabe se�alar solamente la determinaci�n de la Comisi�n de estudiarlos m�s adelante, teniendo a la vista las indicaciones que se presenten. En todo caso, siempre hay ciertos valores y principios que chocan en alguna forma. Es cierto que muchos se�ores Senadores son partidarios de terminar con los Senadores institucionales; pero tambi�n existen otras formas de designaci�n, ya sea a trav�s de la ley o mediante los reemplazos por vacancia del cargo. Se puede eliminar la facultad de la Corte Suprema de elegir o designar un Senador y otorg�rsela al partido pol�tico o a los apoderados de un candidato independiente, cuando el titular cese en su cargo.. Por lo tanto, en materia de designaciones, usualmente habr� opiniones distintas. Sin embargo, deseo plantear algunas ideas globales respecto de los aspectos m�s trascendentes de los criterios con que la Comisi�n analiz� la reforma constitucional. En primer t�rmino, se�or Presidente, en cuanto al sistema electoral, vuelve a plantearse la idea de que las elecciones parlamentarias y presidencial se celebren en una misma ocasi�n y, en otra, las municipales y de consejos regionales. Uno de los grandes problemas del pa�s y, en general de todos los Estados occidentales, es que la acci�n del Poder Ejecutivo es de tanta relevancia que termina opacando las funciones y responsabilidades de los poderes normativos. Si el Presidente de la Rep�blica fuera elegido junto con los miembros del Congreso, seguramente, por la pr�ctica y l�gica del proceso mismo, la elecci�n parlamentaria quedar�a absolutamente marginada o sujeta a la votaci�n que obtenga el candidato a la Presidencia. Anticipo que presentar� una indicaci�n al respecto. Desde mi punto de vista, la elecci�n separada de poderes ejecutivos y normativos, sin duda, permitir�a no solamente una participaci�n ciudadana m�s acorde con la realidad, sino tambi�n lograr mayor claridad respecto de las funciones y responsabilidades de cada uno. Yo aspiro a que el d�a de ma�ana se elija al Primer Mandatario junto con los alcaldes de Chile; de esa forma, se elegir�an los poderes ejecutivos, nacionales y locales, en unos mismos comicios. Dos a�os despu�s se realizar�an las elecciones de los poderes normativos, esto es, de senadores, diputados, consejeros regionales y concejales. De esa manera, podremos avanzar en un proceso de administraci�n m�s eficiente para nuestro pa�s. La forma de llenar las vacancias de cargos parlamentarios consagrada en la Constituci�n, a mi juicio, constituye un grave error, pues claramente da la espalda a la acci�n democr�tica propiamente tal. Si en un momento determinado un parlamentario fallece o debe dejar el cargo por diversas razones, lo deber�a reemplazar quien designe el partido pol�tico al cual pertenece y no corresponde al compa�ero de lista. Es evidente que se act�a sobre situaciones no conocidas por la poblaci�n. Existen muchos senadores y diputados que no han sido elegidos por votaci�n propia, sino por la alta cantidad de votos de su compa�ero de lista, y esto naturalmente debe representarse en la eventualidad de que la persona deje el cargo. No me parece adecuado que se elimine -esto es muy trascendente, se�or Presidente- la facultad del Senado para dirimir las contiendas de competencia. La Comisi�n ha acordado que dicha responsabilidad se traslade al Tribunal Constitucional. �Qu� nos dice la experiencia, que es distinta de la teor�a? Nos indica que las contiendas de competencia usualmente se relacionan con dos entes: el Poder Judicial -concretamente, la Corte Suprema- y la Contralor�a General de la Rep�blica, debido a que comparten responsabilidad afines sobre algunas materias, lo que origina conflictos de competencia que deben ser aclarados. Trasladar una funci�n tan importante y ordenadora de la vida institucional al Tribunal Constitucional (integrado, entre otros, por miembros del Poder Judicial), desde el punto de vista t�cnico -destaco este t�rmino- inhibir� su libertad y transparencia para actuar. En consecuencia, quitar esta facultad al Senado, aparte de debilitar sus funciones institucionales, constituye un grave error. No me parece l�gico marginar de la alternativa de ser candidato a diputado o senador a los concejales y consejeros regionales. Ellos tambi�n forman parte del poder normativo de Chile: nosotros, desde el punto de vista nacional; ellos, desde el punto de vista regional o comunal. Impedir que el campo electoral sea m�s amplio y abierto, dejando al margen a personas que aspiran a un esca�o en el Parlamento y que cumplen una funci�n p�blica, sobre todo en el campo normativo, no me parece un criterio adecuado y, m�s bien, representa un retroceso en la participaci�n ciudadana, que deber�a considerarse. Otro tema trascendente es la conformaci�n del Tribunal Constitucional. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento propone que sus nueve integrantes, designados por la Corte Suprema (3), el Presidente de la Rep�blica (3) y el Senado (3), s�lo sean abogados. En mi opini�n, la Constituci�n no es patrimonio de los abogados; sino de todos los chilenos. Ella representa los principios y valores de una sociedad. No me parece adecuado marginar en este campo a muchas personas con calidad moral y ciudadana. Por eso, presentar� una indicaci�n para que los designados por el Senado sean ciudadanos sin apellidos, sobre la base de una f�rmula que en definitiva extienda las responsabilidades constitucionales al resto de los chilenos. Se alega que el Tribunal Constitucional es un �rgano de derecho. Tambi�n lo es el Tribunal Electoral, y puede estar compuesto por personas que no sean abogados. Los �rbitros arbitradores ejercen acciones de derecho y pueden no ser abogados. Entonces, expresar con tanta determinaci�n que el Tribunal Constitucional, por ser de derecho, no puede estar conformado por miembros no letrados, no debe considerarse, desde mi punto de vista, como un argumento de bases muy fundamentadas como para mantener esa proposici�n. Acaso lo m�s delicado de toda reforma constitucional sea el tema de las regiones, que, seg�n el art�culo 45 de la Carta Fundamental, son trece. Se�alar este n�mero y establecerlas como entes geogr�ficos pol�ticos del pa�s significa ubicarlas en el mismo nivel constitucional de otros �rganos de la institucionalidad -y que se mencionan en esa norma-, como el Tribunal Constitucional, las propias Fuerzas Armadas, los Poderes del Estado y la Contralor�a General de la Rep�blica. Las dem�s estructuras y organizaciones -vale decir, servicios, comunas, y otros m�s- est�n regulados a otro nivel, es decir, por disposiciones org�nicas constitucionales. El hecho de que la Comisi�n de Constituci�n proponga eliminar de la Carta la expresi�n "trece regiones", bajando el rango de constitucional a org�nico constitucional, aparte de disminuir la expresi�n institucional geogr�fica pol�tica de Chile, que ha sido tan importante para el desarrollo del pa�s, implica restarnos nuevamente algunas competencias o potestades para presentar proyectos de ley destinados a la eventual creaci�n de nuevas regiones, a la consolidaci�n de otras, etc�tera, quedando ellas entregadas exclusivamente al Presidente de la Rep�blica. Finalmente, como ya ha terminado el tiempo de mi intervenci�n, deseo manifestar que nos encontramos ante una reforma constitucional que, en su esp�ritu, tiene aspectos positivos. Sin embargo, los ejemplos que he mencionado indican claramente la necesidad de realizar una profunda revisi�n de su texto, a fin de consolidar, al tenor de los tiempos modernos, el desarrollo de un pa�s que pretende crecer en armon�a y con muchas alternativas de igualdad de oportunidades para todo su pueblo. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, enfrentarse a un proyecto encaminado a reformar la Ley Fundamental de la Rep�blica, como el que hoy motiva nuestra atenci�n, siempre ser� una tarea ardua y compleja, en la cual debemos poner extremo cuidado y prolijidad, entre otras razones, porque la sola intenci�n de adentrarse en estos rumbos est�, per se, llena de peligros, de cuyas potencialidades no siempre alcanzamos a percatarnos plenamente y, por ello, no podemos olvidar poner en ejercicio las mejores virtudes en su tratamiento, custodiando no infringir principios u olvidar experiencias. Su aquilatamiento resulta -hoy m�s que nunca- exigible al constituyente derivado. En efecto, sin desconocer que el C�digo Normativo B�sico siempre podr� ser objeto de reformas, precisiones o adecuaciones estimadas convenientes o necesarias, no podemos dejar de reconocer que las dos d�cadas de vigencia de la Constituci�n de 1980 han sido para Chile a�os en los que se han alcanzado grandes logros, que la historia reconocer� haber sido posibles en gran medida por la estabilidad y protecci�n de los derechos de las personas que ella asegur�, y por los adecuados contrapesos y dispersi�n del poder que estructur�. Al efecto, cabe se�alar que la m�xima cr�tica formulada a la Constituci�n de 1980 es que ella fue una imposici�n de "la dictadura", lo que puede inducir equivocadamente a suponer que se dict� "entre gallos y medianoche", sin mayor estudio. Pues bien, esta Constituci�n es la que en nuestra historia soberana ha sido objeto de m�s largos y acuciosos estudios, con intervenci�n de distinguid�simos juristas de diversas tendencias, siendo aprobada en un plebiscito donde, con una poblaci�n inferior, votaron tantas personas como en la reciente elecci�n parlamentaria. A�n m�s, ella incluy�, desde un comienzo, disposiciones transitorias que fueron cumplidas rigurosamente, traduci�ndose en el traspaso del poder a la Oposici�n, en la oportunidad y en la forma preestablecida nueve a�os antes. Incluso m�s, en 1989 se le introdujeron 54 modificaciones, discutidas y acordadas por personeros de Gobierno y de Oposici�n, las cuales fueron sometidas a un plebiscito, con enorme participaci�n ciudadana, en que el pueblo aprob� los cambios propuestos ratificando impl�citamente la propia Constituci�n que se modificaba. No es el minuto de realizar un examen pormenorizado de todas y cada una de las virtudes y aciertos que ella trajo consigo, desde su entrada en vigencia hasta nuestros d�as, no s�lo en lo tocante al correcto ordenamiento de los Poderes P�blicos, sino en hacerla genuinamente un sistema de normas superiores aplicables directamente a todos, sin excepci�n alguna, y centrada en la persona. Sin embargo, algunas caracter�sticas esenciales deben ser recordadas, y lo hago con el preciso prop�sito de cuidar que ellas no sean alteradas. Reconozco, en primer lugar, que el inciso segundo del art�culo 5� nos pone una frontera insuperable, en el sentido de que ninguna reforma podr� dejar de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En segundo t�rmino, nuestra Constituci�n es, y deber�a seguir siendo, una declaraci�n viva de los valores y tradiciones que dieron lugar a nuestra Naci�n y a nuestra Patria. No puede ser estimada, desde ning�n punto de vista, como una Carta neutral, de frente a los ejes centrales de toda su estructura, partiendo por la existencia de un Estado al servicio de la persona y que jam�s podr�, leg�timamente, tener otra finalidad que no sea el bien com�n. En tercer lugar, las experiencias hist�ricas que explican algunas de sus normas constituyen todav�a antecedentes destinados a que las futuras generaciones no pasen por lo que otros antes ya debieron sufrir. Destaco lo anterior porque avizoro riesgos inquietantes. En efecto, una reforma que en la pr�ctica recorre casi todo el andamiaje constitucional puede hacer surgir la tentaci�n de variadas y numerosas iniciativas o indicaciones que incluso vayan m�s all� de su actual contenido, lo que, estimo, introduce innecesariamente un manto de incertidumbre acerca de su estabilidad, que deber�amos procurar evitar y que en alguna medida la Comisi�n elimina en su informe complementario. No olvidemos que, en esta sede, no s�lo examinaremos en su m�rito aquellas indicaciones, sino que, por sobre todo, estaremos dando una se�al al pa�s, que probablemente estar� lejos de la voluntad de sus autores, pero que introducir� un factor de preocupaci�n innecesario. Por lo mismo, me impongo y reclamo la m�xima prudencia. Admito, asimismo, que algunas reformas propuestas parecen, en principio, adecuadas e, incluso, necesarias. Veo claramente tambi�n que, atendida la naturaleza de los cambios que se proponen, algunos afectan asuntos de menor jerarqu�a que otros, pero todos son importante, y aunque no lo parezca ante una primera mirada, est�n todos ellos interrelacionados. Afortunadamente, dos integraciones distintas del Congreso podr�n ocuparse del proyecto, sumando las miradas juiciosas al examen de su contenido, alcances y riesgos. En lo personal, s�lo podr� participar como Parlamentario en este primer tr�mite constitucional, votando en general el informe que se nos ha entregado, luego de un largo y acucioso trabajo de la Comisi�n de Constituci�n, lo que me induce a procurar dar a conocer mis puntos de vista s�lo en algunas materias relevantes. No es posible, por el breve tiempo de que dispongo y por la importancia que revisten y el gran n�mero de ellas, ocuparme de todas y cada una de las modificaciones propuestas. De ah� que me limitar� a formular s�lo algunos comentarios sobre los fundamentos que se dan respecto de la idea de modificar la Carta a todo evento y acerca de dudas de procedimiento. El primero se refiere a que las reformas a la Constituci�n, se dice, est�n sometidas a tr�mites o exigencias demasiado estrictos. La verdad es que, precisamente por el car�cter que tiene una Carta Fundamental, pr�cticamente todas las democracias del mundo establecen exigencias severas para acordar cualquier cambio de ella, porque, siendo la ley de las leyes, la base sobre la cual se edifica un Estado de Derecho, es necesario que sea estable y no est� sujeta a m�ltiples alteraciones. Tal como ha se�alado el Vicepresidente del Senado: "�sta comienza a percibirse s�lo como una ley m�s, frente a los ojos del pueblo, quien muchas veces permanece ignorante de la trascendencia que esto tiene, sobre todo cuando estas medidas resultan efectivas para quienes buscan desestabilizar las fortalezas intr�nsecas que por s� sostienen todo el andamiaje de la convivencia social en una sociedad democr�tica.". De all� que la democracia m�s fuerte de la tierra cuenta con una Constituci�n que, en lo esencial, es la misma aprobada hace bastante m�s de dos siglos y para cuya reforma se requiere del voto conforme no s�lo de los dos tercios de los miembros del Senado y de la C�mara de Representantes, sino de su ratificaci�n posterior por el 75 por ciento de los Parlamentarios de los Estados de la Uni�n. Si no es bueno modificar bajo cualquier pretexto las leyes comunes, creando muchas veces inestabilidades innecesarias de los derechos y obligaciones de las personas e instituciones, m�s grave es efectuar eso con la Carta Fundamental. En consecuencia, no es prudente facilitar o estimular alteraciones de �sta que, como ya hemos debido lamentar en muchas ocasiones, se realizan m�s con el �nimo de impresionar a la opini�n p�blica, o de obtener logros meramente pol�ticos o aparentes, que de hacer cambios que se justifiquen realmente. Por lo tanto, en principio no creo que sean buenos los cambios encaminados a agilizar las reformas y a hacerlas tanto o m�s expeditas que una ley com�n. En segundo lugar, se insiste en que la Carta da fundamento a sistemas electorales que no ser�an democr�ticos. Al efecto, se estima como un ideal que todo sistema eleccionario sea estrictamente proporcional y que no haya posibilidad de ning�n tipo de elecci�n indirecta o de designaciones que consideren otras circunstancias importantes para el buen gobierno, para la estabilidad de la naci�n y de sus instituciones, o que ayuden a las Regiones y tambi�n a las localidades o comunas peque�as a defenderse del poder central absorbente. Si uno hiciera una revisi�n muy somera de los sistemas electorales actualmente en aplicaci�n por las democracias, se encontrar�a con una sorpresa: que en la inmensa mayor�a de ellas no se produce una elecci�n de representantes del pueblo proporcional a la votaci�n popular; que no todas las minor�as eligen representantes, y, a�n m�s, que muchos cargos de importancia son desempe�ados por personas designadas, no sobre la base de elecciones directas, sino de ciertas circunstancias que se juzgan trascendentes, como nuestros Senadores institucionales y los miembros del CORE. Se ataca, asimismo, que la Constituci�n establece que todas las Regiones o subregiones deben elegir igual n�mero de Senadores. Pues bien, esto no s�lo tiene muchas ventajas y tiende a menguar los efectos del centralismo, sino que es lo que sucede en la mayor parte del mundo. En el grueso de las naciones con sistemas bicamerales existe, adem�s de una C�mara pol�tica, un Senado o su equivalente, elegido en forma indirecta -como Francia, Inglaterra, Canad�- y con igual n�mero de miembros para cada uno de los Estados o provincias que los componen, cualquiera que sea el n�mero de sus habitantes. As� acontece en Estados Unidos, como tambi�n hoy en Argentina, donde recientemente se modificaron las normas pertinentes y en que la provincia de Buenos Aires, con m�s de la tercera parte de la poblaci�n del pa�s, elige los mismos tres Senadores que La Rioja, Santa Cruz o Tierra del Fuego, que entre todas no llegan a un mill�n de habitantes. En cuanto al vilipendiado sistema binominal, resulta curioso que en Chile hayamos podido comprobar, en cuatro elecciones parlamentarias sucesivas, que la proporcionalidad de los elegidos es muy aproximada a la de la votaci�n y, desde luego, mucho m�s ajustada a �sta que lo que ocurre, por v�a de ejemplo, en Inglaterra y Espa�a, donde los Partidos Laborista y Popular, con votaciones del orden de 44 por ciento, dominan abrumadoramente la C�mara de los Comunes y el Parlamento espa�ol, respectivamente, al margen de que muchas colectividades pol�ticas menores no tienen posibilidad de elegir representantes. En otros pa�ses que se acercan a la proporcionalidad, no existe la posibilidad de que un partido elija representantes si no obtiene un m�nimo global de votos. No olvidemos que en nuestro antiguo sistema proporcional esto no se reflejaba en la composici�n del Congreso; que en 1965 la Democracia Cristiana, con el 42,3 por ciento de los votos, eligi� 82 de 150 Diputados, y que las disputas entre miembros de las mismas listas ten�an quiz� m�s dureza que la que actualmente se produce. Asimismo, el pa�s que pretendi� establecer la proporcionalidad absoluta: Italia, ante la ingobernabilidad en que esto se tradujo, modific� la ley electoral, estableciendo parcialmente un sistema mayoritario. Lo natural es, pues, que los pa�ses busquen sistemas electorales que permitan un buen manejo pol�tico. Curiosamente, como en otros aspectos de los cuales podemos estar orgullosos, Chile ha sido capaz de crear un sistema electoral que se compara ventajosamente con la inmensa mayor�a de los que rigen en el mundo y el cual ha contribuido enormemente a la estabilidad pol�tica. Desde otro �ngulo, la tendencia exagerada a que el pueblo resuelva a nivel nacional, por la v�a del plebiscito, cualquier materia importante, y aun el deseo de concentrar todas las elecciones, aunque pueden tener algunas ventajas, implican tal vez mayores inconvenientes y riesgos. Recordemos cu�nta cr�tica mereci� la circunstancia de que el gobierno nazi recurriera a plebiscitos que siempre gan�, y -sorprendentemente- no s�lo dentro de Alemania. Por ello, la experiencia mundial y la prudencia han llevado a reservar los plebiscitos para materias muy trascendentes, o para las de car�cter local que conciernen a un n�mero no muy elevado de personas. Y por algo el grueso de las democracias son representativas. Por otra parte, el reducir exageradamente el n�mero de elecciones y procurar concentrarlas todas envuelve el riesgo de que, por aspectos meramente circunstanciales, se otorguen poderes sin contrapeso que pueden resultar peligrosos. Al respecto, vemos los problemas que hoy se vislumbran en Venezuela, derivados de la amplia mayor�a de que un l�der carism�tico dispuso en un momento dado, pero que ya no le acompa�a. Sin embargo, esto no le impide actuar pr�cticamente sin l�mite en la direcci�n de su pa�s. No es mi intenci�n -ni es posible- agotar en este debate un tema tan complejo. Adelanto estas ideas para hacer ver lo cuidadosos que debemos ser cuando pretendemos modificar en forma extrema ese conjunto armonioso y equilibrado de disposiciones de nuestra Constituci�n, que debidamente cumplido ha hecho posible un gran crecimiento del pa�s en los �ltimos 20 a�os. Por �ltimo, quiero referirme a aspectos m�s bien procesales o de tramitaci�n. No obstante que a la luz de las normas de nuestra Carta Fundamental puede resultar dudoso el procedimiento a seguir en materia de reformas constitucionales, en la pr�ctica, aunque no haya disposici�n expresa que lo diga, las hemos tramitado como el grueso de las leyes en general, tomando en cuenta, eso s�, las normas establecidas en el Cap�tulo XIV, sobre qu�rum y ratificaci�n por el Congreso Pleno. En lo que concierne a la presente iniciativa sobre modificaci�n de la Ley Suprema, nos encontramos con que en el informe de la Comisi�n respectiva se analizan o mencionan no s�lo los dos proyectos de reformas constitucionales presentados por sendos grupos de Senadores, sino que tambi�n numerosas indicaciones formuladas en el transcurso de su tramitaci�n. Por la circunstancia inusual, y a mi criterio no reglamentaria, de que la Comisi�n se abstuvo de pronunciarse acerca de dos enmiendas procesales espec�ficas, la Sala le solicit� una ampliaci�n del primer informe. Pues bien, dicho �rgano t�cnico, en vez de ampliar ese documento, opt� por dejar sin efecto determinados acuerdos a que hab�a llegado en aspectos que estim� relacionados con la materia que no hab�a contado con su pronunciamiento. Al efecto, en una declaraci�n un�nime se�ala coincidir en la supresi�n de los Senadores institucionales y vitalicios, pero que, por estar ello vinculado con aspectos sobre los cuales no se hab�a pronunciado, decidi� castrar las resoluciones del primer informe. Estrictamente, estar�amos en una situaci�n peor que la anterior, porque la Comisi�n no cumpli� con el mandato de la Sala y, adem�s, estim� conveniente dejar sin efecto acuerdos ya adoptados. No escapa a mi percepci�n que eso obedece al �nimo de buscar consensos pol�ticos amplios, que se hacen precisamente m�s necesarios por tratarse de materias que requieren de qu�rum especial. Sin embargo, me queda la duda de si esto no se traduce en un doble vicio: el ya se�alado de que la Comisi�n no cumpli� su mandato y redujo el informe, por cuanto dentro de eventualmente un mismo proyecto habr� materias que podr�n ser objeto de un primer informe (como corresponde en la discusi�n general), y luego de un segundo; y otras que s�lo ser�n resueltas en este �ltimo, cre�ndose un tratamiento de hecho discriminatorio. Por otra parte la Comisi�n, en la que podemos llamar la parte resolutiva de su informe complementario, expresa: El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ha concluido su tiempo, se�or Senador. El se�or URENDA.- �Me permite terminar la idea, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Muy bien. El se�or URENDA.- "D. Dejar constancia, asimismo, que las indicaciones que los se�ores Senadores deseen presentar deber�n formularse al texto aprobado en general por la Comisi�n, que es el que se consigna en este informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto.". Y agrega: "Del mismo modo, podr�n presentarse indicaciones en relaci�n a las otras materias que han sido objeto de estudio en esta Comisi�n y que quedaron pendientes para el segundo informe,". Me parece adecuado que, dentro del claro esp�ritu de la Ley Org�nica Constitucional del Congreso, se limite el campo de las indicaciones. Pero desde el punto de vista reglamentario no coincido con el criterio de que sea la Comisi�n la que haga posible el procedimiento de que se puedan formular indicaciones con relaci�n a materias sobre las cuales omiti� pronunciarse y que, naturalmente, no se hallan contempladas en el texto sometido a la discusi�n general de esta Corporaci�n. No es mi �nimo crear obst�culos al debate de materias tan trascendentes como aquellas a que el Senado est� -y estar�- abocado. Pero es preciso que esta Alta C�mara tenga conciencia de que se est� siguiendo un procedimiento no consultado expresamente ni en la Constituci�n, ni en la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, ni en nuestro Reglamento, y sobre el cual no existe precedente. No estoy seguro de que este procedimiento no pueda ser considerado viciado por el Tribunal Constitucional. En todo caso, en lo que a m� concierne, mi posici�n sobre el proyecto y mi voto se referir�n s�lo al texto que figura en el informe complementario, sin perjuicio de que, aunque en la pr�ctica probablemente ello no tenga trascendencia, no coincida con todas las materias aprobadas, por lo cual presentar� dentro del plazo que se fije, y en todo caso antes del t�rmino de mi mandato, las indicaciones que estime pertinentes. A este respecto, concordando con el criterio de muchos Honorables colegas, estimo que el plazo para formular indicaciones debe vencer despu�s del 11 de marzo a fin de que los Senadores hoy electos tengan la posibilidad de formular indicaciones, sin que ello obste -como he dicho- a que aquellos que dejaremos el Senado podamos presentarlas mientras mantengamos la calidad de integrantes de esta Corporaci�n. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, solamente deseo hacer algunas reflexiones acerca de los aspectos m�s complicados, a mi juicio, que faltan por resolver en la segunda etapa del debate. En primer lugar, valoro el trabajo de la Comisi�n de Constituci�n. Como se se�al�, pienso que se ha realizado un esfuerzo serio por concordar una reforma global de la Carta Fundamental. Hay materias en las cuales el resultado de dicha labor es claramente positivo, por ejemplo, todo lo desarrollado respecto del Tribunal Constitucional y los estados de excepci�n. En fin, estimo que existe un conjunto de acuerdos que efectivamente perfeccionan de manera importante la Constituci�n, en el sentido en que nosotros -y yo en particular- deseamos que se efect�en las reformas, vale decir, fortaleciendo el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y que exista una Constituci�n plenamente democr�tica. Entiendo que el esfuerzo que se est� llevando a cabo no tiene que ver con determinada reforma a la Carta Fundamental, sino m�s bien con el af�n pol�tico por cerrar de manera definitiva una controversia constitucional desarrollada en el pa�s de una forma u otra durante los �ltimos 22 a�os. �se es el asunto central relacionado con este momento de la discusi�n. En estos doce a�os de vida democr�tica, se han realizado bastantes reformas constitucionales y algunas de ellas significativas. Por ejemplo, las tendientes a modificar el sistema judicial; los cambios en la composici�n y en la designaci�n de la Corte Suprema; la creaci�n del Ministerio P�blico; la reforma municipal que dio origen, por primera vez en el pa�s, aunque en forma imperfecta, al proceso de descentralizaci�n pol�tico. Es decir, hemos efectuado algunas reformas constitucionales de importancia, no asuntos menores. Pero comprendo que el ejercicio que intentamos realizar tiene un car�cter distinto en cuanto a analizar si podemos superar la controversia sostenida durante estos �ltimos 22 a�os -insisto-, respecto de que una parte sustantiva del pa�s considera que la Constituci�n de 1980 posee algunos elementos que contravienen y contradicen la doctrina democr�tica en uso en la historia de Chile y en el occidente, donde la democracia ha tenido su m�ximo desarrollo. Por tanto, el tema es si podemos, no clausurar otras reformas constitucionales que seguramente vendr�n, pero s� lograr un acuerdo sustantivo sobre la arquitectura b�sica de nuestro r�gimen constitucional. Porque ello, de alguna manera, cierra un ciclo hist�rico, y abre otro donde el perfeccionamiento de la democracia y, en consecuencia, de la Constituci�n es un asunto siempre abierto. Adem�s, hoy d�a el sistema democr�tico est� sujeto a dificultades, peligros y problemas nuevos, no de los ochenta ni de los noventa. Se trata de la gobernabilidad, de la profundizaci�n de la descentralizaci�n, del saneamiento de la vida pol�tica y de la participaci�n. Son materias centrales para asegurar la calidad del sistema pol�tico, y algunas de ellas pueden requerir reformas constitucionales. Pero no estamos en esa discusi�n �la que, dir�a, se puede denominar de las enmiendas constitucionales de segunda generaci�n, de perfeccionamiento del sistema democr�tico-, sino en un ejercicio cl�sicamente constituyente, en el sentido de que la arquitectura central del orden constitucional no sea materia de debate contingente. �se es el punto. Y para ello debemos ponernos de acuerdo, no en una lista que s�lo contenga reformas, sino en aquellos aspectos que nos han dividido durante 22 a�os. �se es todo el asunto. �se es el ejercicio constitucional y pol�tico que el pa�s nos exige y, seg�n entiendo, es el �nimo con que ha trabajado la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento del Senado. Al momento de hacer un primer balance habr� que constatar, desde mi punto de vista, algunos avances muy significativos. Ya se han se�alado algunos de ellos: eliminaci�n del rol tutelar de las Fuerzas Armadas y de Orden, atribuci�n y composici�n del Consejo de Seguridad Nacional, generaci�n y naturaleza del Tribunal Constitucional y muchos otros. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que subsisten diferencias en dos puntos que forman parte de nuestra controversia hist�rica y que mientras no las resolvamos no tendremos una arquitectura constitucional que contenga un elemento central de toda Constituci�n moderna: que ella concite el acuerdo, en sus aspectos fundamentales, de la inmensa mayor�a de la ciudadan�a, al margen de la calidad de sus contenidos. �se es un elemento central para cerrar esta controversia hist�rica, que estimo esencial para la estabilidad del pa�s en el mediano y largo plazo, y para dedicar todo nuestro esfuerzo al perfeccionamiento de nuestras instituciones, y no a esta discusi�n interminable, sin resolver, sobre la naturaleza de las instituciones mismas, que es lo que estamos haciendo. En tal sentido, pienso que subsisten todav�a dos diferencias en las que habr� que seguir trabajando, si deseamos concluir bien, no a medias, este proceso de discusi�n. En primer lugar, las atribuciones del Presidente de la Rep�blica en su relaci�n con las Fuerzas Armadas y de Orden. La llamada inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros es una cuesti�n relevante desde el punto de vista de una sana doctrina constitucional democr�tica. No conozco pa�s del mundo donde el Primer Mandatario no pueda remover al jefe de la Polic�a. Lo anterior no tiene que ver con el car�cter profesional, jerarquizado y las altas misiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, sino con la concepci�n de que dichas instituciones son un instrumento fundamental del Estado para el cumplimiento de sus pol�ticas. Y, por tanto, deben estar sujetas, no a su autonom�a en la consecuci�n de sus fines �ltimos, sino a la voluntad pol�tica del Estado. Y en Chile el Jefe del Estado y del Gobierno es el Presidente de la Rep�blica. Por consiguiente, debe asegurarse ese principio fundamental y esencial para el orden democr�tico, para el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, y no para su politizaci�n. Como aqu� no ha existido un proceso constituyente democr�tico, estamos repitiendo la misma discusi�n realizada hace m�s de 25 a�os en el Consejo de Estado del R�gimen militar, donde hubo dos doctrinas. Por una parte, la de Jaime Guzm�n, respecto de la autonom�a de las Fuerzas Armadas y de Orden. �l manifestaba -est� escrito- que hab�a que tender a unas Fuerzas Armadas tan aut�nomas como el Poder Judicial. Y la tradicional tesis constitucional e hist�rica chilena, defendida en dicho Consejo por todos los ex Comandantes en Jefe que participaron en el debate, comenzando por el General Izurieta -no el actual, sino uno de sus antecesores, que fue jefe supremo del Ej�rcito durante el per�odo del ex Presidente Jorge Alessandri-, como tambi�n por los ex Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza A�rea. Ese debate lo hemos seguido en detalle todos estos a�os, y se consigna en las actas del Consejo de Estado. Es el mismo debate: es la tesis de la autonom�a disfrazada de distintas formas. Porque la Constituci�n, al final, fue una transacci�n entre las dos concepciones. En un ejercicio de car�cter constituyente hay que sentar una doctrina; y hubo una, defendida en el Consejo de Estado, que fue la doctrina de la autonom�a, de la cual surgi� un conjunto de instituciones. �Si Jaime Guzm�n pensaba bien, y en orden! Por lo tanto, de una concepci�n general se derivaban tambi�n diversas instituciones. �sta no es una discusi�n banal. No se trata de situarnos en el medio para lograr un buen acuerdo. Tenemos que concordar un principio. Y yo sostengo el viejo y tradicional principio del pa�s y de la democracia, que en Chile funcion� durante 180 a�os. Adem�s, el debate se hizo estando muy cercanos los acontecimientos que terminaron con el quiebre democr�tico de 1973. En el fondo, lo que se quer�a evitar con todas estas cortapisas a la autoridad presidencial que eran evidentes en este campo �no estoy inventando ning�n argumento; todo est� dicho y escrito-, era que no ocurriera lo que sucedi� entre 1970 y 1973, cuando � se dec�a- un Presidente, equivocado, hab�a "cautivado" al Comandante de la principal rama de nuestra Defensa Nacional. Estoy repitiendo los mismos planteamientos de Izurieta y de otro gran constitucionalista, probadamente de Derecha y partidario del R�gimen Militar, Julio Philippi, que defendi� id�ntico principio. �Y qu� dijo �l? La inamovilidad es la que los politiza, y el mecanismo que estableci� la Constituci�n para la remoci�n de los Comandantes en Jefe los divide. Es el mismo argumento que hoy traigo a colaci�n aqu�, el cual no s�lo por antiguo es bueno, sino que es bueno en s� mismo. Para m�, resolver bien este asunto es esencial si queremos lograr un acuerdo en la arquitectura gruesa de nuestro marco constitucional. De lo contrario, no vamos a cerrar el ciclo y tendremos que continuar con reformas parciales. Despu�s se ver� c�mo vota cada uno. Pero quiero insistir en que, desde mi perspectiva, aqu� se trata de llegar a un punto donde cerremos un viejo pleito sobre la arquitectura fundamental de nuestro orden constitucional. Creo que, despu�s de 12 a�os de transici�n, deber�amos poder hacerlo. La otra diferencia la tenemos respecto del r�gimen electoral. Pero el asunto no se limita solamente a eso. Quiero hacer un contrapunto con el Senador se�or Chadwick. En cuanto a la composici�n del Congreso, hay dos elementos. Uno de ellos se refiere a los Senadores institucionales. Omito los reconocimientos personales hacia ellos �yo los reconozco-; pero no es eso lo que estamos discutiendo aqu�. Aqu� estamos discutiendo la Constituci�n y sus instituciones y no sobre personas. Finalmente, se ha producido acuerdo sobre su eliminaci�n. Yo espero que no sea un acuerdo de oportunidad y de c�lculos menores en cuanto a las eventuales futuras mayor�as en el Senado, sino un acuerdo sincero. Al menos lo quiero creer as�. S� que en el mundo la discusi�n sobre sistemas electorales es muy rica y que no hay sistema perfecto. Eso lo entiendo muy bien. Hay muchos sistemas, pero resulta que el establecido en nuestra Constituci�n tiene una caracter�stica que no posee ninguno de los otros sistemas electorales existentes en el resto del mundo: est� hecho para dificultar la creaci�n de mayor�as en el Parlamento. Todos los dem�s, desde el proporcional m�s perfecto hasta el uninominal �que presenta una inmensa cantidad de problemas-, pasando por el proporcional corregido, est�n concebidos para favorecer la formaci�n de mayor�as parlamentarias y, de ese modo, fortalecer la gobernabilidad. El chileno est� hecho para propiciar un empate. Aqu�, un tercio vale lo mismo que dos tercios. Y se dice que eso es bueno. Bueno podr� ser, pero democr�tico no es, porque en democracia las diferencias se resuelven por el principio de la mayor�a. Cuando no existen diferencias, no hay para qu� usar el principio de la mayor�a. La democracia sirve para resolver, mediante dicho principio, los desacuerdos existentes en la sociedad. No s� por qu� �entiendo que hubo un largo debate entre los constituyentes, y el Senador se�or Fern�ndez nos puede ilustrar en ese sentido- se opt� por el sistema binominal. El se�or FERN�NDEZ.- �Porque es el mejor! El se�or GAZMURI.- Pero la deficiencia que presenta �y por eso tenemos un problema de principio con �l y no con cualquier otro- es la de que no favorece la formaci�n de mayor�as, lo cual, en mi opini�n, es un grave problema de los sistemas pol�ticos. �stos deben fortalecer la creaci�n de mayor�as para asegurar gobernabilidad. Ahora, si la situaci�n electoral da empate, el sistema electoral tendr� que reproducir ese empate. Pero, cuando la situaci�n electoral y pol�tica no da empate, los sistemas pol�ticos que tiendan a la igualaci�n no son �tiles para el progreso. Para m� y para la Concertaci�n �no lo quisiera s�lo para �sta--en Chile hay varias fuerzas que pueden postularse como un tercio y obtener la mitad del Parlamento; y eso, para m�, no es bueno desde el punto de vista democr�tico y de la sociedad chilena. Por eso �y con esto termino, se�or Presidente-, el tema de la composici�n del Congreso est� estrictamente vinculado, a mi juicio, a un acuerdo sobre el sistema electoral. S� que partimos de posiciones muy distintas, pero, si nos quedamos con las afirmaciones del Senador se�or Chadwick en cuanto a que su sector no est� dispuesto a transar nada sobre este punto, no vamos a poder culminar con �xito el proceso de lograr un gran acuerdo constitucional �creo que es el esp�ritu de todos- que dirima hist�ricamente la pugna que hemos tenido durante los �ltimos 22 a�os sobre la arquitectura gruesa de nuestra democracia. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En conformidad a lo resuelto por los Comit�s y aprobado por la Sala, se suspende la discusi�n del proyecto de reforma constitucional, a fin de rendir homenaje en memoria del ex Diputado se�or Octavio Jara, recientemente fallecido. Una vez concluido el homenaje, se iniciar� la votaci�n de la iniciativa. HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO DON OCTAVIO JARA WOLFF El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, estimados colegas: Octavio Jara ennobleci� la pol�tica. Se entreg� a la vida p�blica por amor a la democracia y a la libertad, sin afanes mezquinos, sin c�lculos individuales. Actu� con responsabilidad, enfrentando riesgos y sacrificios personales, por su profunda vocaci�n de servicio. Ejerci� como Diputado durante dos per�odos en representaci�n del Partido Por la Democracia y postul� al Senado por la Octava Regi�n en 1997. Naci� en Los �ngeles en julio de 1944. All� realiz� sus estudios b�sicos y medios. Posteriormente, ingres� a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepci�n, donde obtuvo el t�tulo de abogado. Sensible defensor de los derechos esenciales de las personas, se comprometi� en la lucha pol�tica contra la dictadura militar y en la defensa de quienes eran atropellados en sus derechos fundamentales. Tras el golpe, fue detenido y maltratado. Dicha experiencia reforz� su convicci�n libertaria y su voluntad de afirmar un Estado de Derecho para que ning�n chileno sufriera lo que �l padeci�. Ejerci� la presidencia de la Comisi�n de Derechos Humanos de la ciudad de Los �ngeles; integr� el Grupo de Estudios Constitucionales; desempe�� la presidencia regional de la Alianza Democr�tica �antecedente pol�tico de la Concertaci�n de Partidos por la Democracia-, y ocup� la presidencia provincial del Partido por la Democracia durante la realizaci�n del plebiscito de octubre de 1988 y la elecci�n presidencial de 1989, a�o que marc� el reinicio de la democracia con el triunfo del se�or Patricio Aylwin. Fue un Diputado serio, honesto y creativo, con capacidad para construir consensos en un per�odo que se caracteriz� por el fuerte ideologismo manifestado por quienes expresaban desconfianza en la democracia. Octavio Jara aspiraba a un Chile democr�tico, moderno y progresista. Para ello entend�a que era necesario modificar la Constituci�n Pol�tica de 1980, especialmente aquellas instituciones como los Senadores designados y vitalicios, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, e incorporar la atribuci�n presidencial para remover a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Entre sus preocupaciones estuvo la necesidad de sustituir la ley electoral binominal por las graves distorsiones a la representatividad ciudadana. En cierta forma, se�or Presidente, tambi�n se rinde un homenaje a su memoria hoy, cuando el Senado est� por votar la idea de legislar sobre las reformas constitucionales. Su esfuerzo, entonces, germina hoy tambi�n en la Sala. Fue un gran promotor de la regionalizaci�n, ubic�ndose a la vanguardia de quienes promovimos la descentralizaci�n, a fin de lograr m�s igualdad de oportunidades y un desarrollo m�s pujante para Chile. Ten�a gran capacidad para comprender los fen�menos pol�ticos, sociales, culturales y medioambientales desde una perspectiva integradora. Sab�a siempre interpretar un fen�meno en su particularidad, pero en sus relaciones con otros. As� alcanzaba superioridad conceptual, mayor rigor y viabilidad en sus propuestas. Un ejemplo fue su activa participaci�n en el debate sobre la construcci�n de las centrales hidroel�ctricas de Pangue y de Ralco, en el Alto Biob�o. Estos discutidos proyectos fueron enfocados por Octavio Jara desde las perspectivas del desarrollo nacional, considerando no s�lo las alteraciones ecol�gicas y culturales que producir�an, sino tambi�n los intereses de las comunidades pehuenches. Propuso en aquella ocasi�n crear paralelamente a la construcci�n de las centrales un proyecto de desarrollo integral para las comunas y etnias afectadas y un plan de manejo de los recursos naturales que asegurara su uso sustentable y arm�nico, cuyo financiamiento ser�a parte de los costos de construcci�n de las centrales, los cuales �dec�a �l- ser�an recuperados por el pa�s y por la empresa por medio de los importantes beneficios que obtendr�an una vez concluidos. Tambi�n se�alaba Octavio �me acuerdo bien, lo conversamos tantas veces- que el gran olvidado si esto no se hac�a ser�an los pobres, particularmente los pehuenches que habitaban esas comunas, quienes estar�an subsidiando a los grandes centros urbanos y a las grandes empresas. Espero que hoy las ideas de Octavio Jara inspiren una pol�tica de Estado superior. No ca�a en simplismos. Siendo entusiasta defensor del medio ambiente, �l mismo advirti� muchas veces de las distorsiones con que se abordaba por algunos el tema ecol�gico, vincul�ndolo al marketing pol�tico, y olvidando las necesidades del progreso. Pero, asimismo, valoraba la necesidad del crecimiento y rechazaba a quienes buscaban impulsar este crecimiento con subordinaci�n de la problem�tica ambiental y de la equidad social. "Lo que debemos hacer" -dec�a- "es objetivar la discusi�n y entender que el crecimiento econ�mico sostenido, la sustentabilidad ambiental y la equidad social se deben asumir y relacionar como procesos paralelos y simult�neos, en tanto se potencian entre s�". Los diversos temas de inter�s ciudadano, incluyendo los val�ricos y la ampliaci�n de las libertades, acapararon poderosamente su atenci�n. Un r�pido recuento de sus propuestas nos llevan a destacar: -Su compromiso por el respeto y protecci�n de las culturas nativas, lo que le hizo participar en la elaboraci�n de la ley sobre protecci�n, fomento y desarrollo de los pueblos ind�genas, que incluy� su reconocimiento constitucional como etnias que forman parte de la diversidad de la naci�n chilena. -Desde su posici�n laica se interes� particularmente en la elaboraci�n de la ley que otorg� mayor igualdad para la constituci�n y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas, para hacer realidad el pleno ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, la tolerancia y la igualdad. -Se comprometi� activamente en la creaci�n de una nueva Ley de Matrimonio Civil que contemple el divorcio vincular como una f�rmula humanitaria para mitigar el dolor y el quiebre emocional de una ruptura matrimonial, garantizando los derechos de los c�nyuges y de los hijos. -Le correspondi� una activa participaci�n en las modificaciones al C�digo Org�nico de Tribunales, materias que abord� con profundo conocimiento. -Se preocup� de los detenidos desaparecidos, impulsando iniciativas para conocer el destino de las v�ctimas. Antes de la creaci�n de la "Mesa de Di�logo", Octavio, junto con otro Diputado, realizaron en 1991 un llamado a los Comandantes de las distintas guarniciones del pa�s para que entregaran informaci�n sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Su sentido de reparaci�n a las v�ctimas lo comprometi� tambi�n con la elaboraci�n de normas en beneficio de los exonerados pol�ticos. -Junto con otros Diputados de su colectividad pol�tica inici� una moci�n �ya convertida en ley- para eliminar la existencia de hijos ileg�timos, terminando con una odiosa discriminaci�n que conten�a nuestro ordenamiento jur�dico desde el siglo XIX. -Tambi�n se preocup� por la infancia, llamando la atenci�n frente a la existencia de cerca de 700 mil ni�os menores de seis a�os que viven en situaci�n de pobreza, cuyo desarrollo psicomotor les lleva acceder a la educaci�n b�sica en condiciones de enorme desventaja. Para enfrentar esta materia, abog� por el reconocimiento e institucionalizaci�n de la educaci�n preescolar, a trav�s de modificaciones legales y constitucionales. -La mujer fue igualmente centro de su preocupaci�n para incrementar sus derechos, alcanzar mayor igualdad y crear mejores condiciones para su inserci�n laboral. Actuando desde la presidencia de la Comisi�n de Transporte, abord� otros temas fundamentales: -Las tarifas del Metro, abordadas desde el punto de vista de la racionalidad econ�mica, del inter�s p�blico y del inter�s local de la Regi�n Metropolitana. -Las pol�ticas de transporte urbano y la modernizaci�n del transporte p�blico, incluidos los problemas de congesti�n vehicular, tarificaci�n vial y ampliaci�n de la infraestructura. Se anticip� as� a muchas de las obras en curso hoy d�a. -La necesidad de desarrollar el transporte ferroviario, considerando a futuro la saturaci�n del transporte por carreteras y la conveniencia de elevar la velocidad del transporte de carga y de pasajeros a trav�s de trenes modernos, lo que es un apoyo al proceso de regionalizaci�n, al desarrollo del turismo y a la descongesti�n. Y alcanz� a ver los frutos de sus propuestas. -Propuso las bases para una pol�tica nacional de telecomunicaciones. -Denunci� en su oportunidad la falta de competencia en la industria el�ctrica, se�alando que el grupo ENERSIS dominaba, a trav�s de ENDESA, el mercado de la generaci�n el�ctrica y el de la transmisi�n de energ�a, as� como el mercado de la distribuci�n por medio de CHILECTRA Metropolitana. -Se interes� en la prevenci�n de los desastres naturales. Propuso dise�ar un plan nacional de prevenci�n y mitigaci�n de desastres por inundaci�n y la creaci�n del Instituto de Prevenci�n de Desastres, integrada a la comunidad cient�fica y universitaria. -Como Diputado present� una moci�n para legislar en favor de los minusv�lidos, sordos y no videntes. -Impuls� una iniciativa legal para la construcci�n de viviendas sociales, junto al entonces Diputado Isidoro Toh�, en terrenos fiscales que quedan sin utilizar por modificaciones en los trazados de los caminos. En la C�mara de Diputados, tuvo especial preocupaci�n por mejorar la capacidad fiscalizadora de la Corporaci�n, proponiendo enmiendas reglamentarias para mejorar la transparencia y la eficacia. Integr� las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Obras P�blicas, Transporte y Telecomunicaciones y de Agricultura; fue miembro de varias comisiones especiales y mixtas en las que tuvo el respeto de sus pares. Honorables se�ores Senadores: he hecho la semblanza de un hombre p�blico destacado, que se entreg� a la vida entendi�ndola en dos dimensiones fundamentales de la pol�tica: como instrumento para solucionar las carencias de nuestra sociedad y como una actividad eminentemente �tica para lograr el bien com�n. Octavio Jara fue un hombre aut�ntico, justo, tolerante, comprometido con su patria y con su regi�n, pero particularmente comprometido con los dem�s seres humanos, especialmente con los m�s d�biles. Sent�a fuertemente su compromiso con su colectividad pol�tica, el Partido Por la Democracia, el compromiso con su Gobierno y con la Concertaci�n, y lo declaraba sin ocultamientos ni ambig�edades, porque lo entend�a leg�timo y bueno. En �l no hab�a atisbos de tecn�crata que se viste de aparente neutralidad frente al quehacer pol�tico. Mas�n y agn�stico como opci�n filos�fica, su autenticidad nunca lo llev� a ocultarlo. Cre�a en la libertad de conciencia y que �sta alcanzaba a quienes no eran creyentes. Quiero hacer una breve reflexi�n sobre este rasgo de Octavio Jara. En nuestra cultura predominante es visto a veces con desconfianza aquel que no profesa un credo religioso. El declararse laico, agn�stico o ateo para algunos significa ser dubitativo en sus principios �ticos. Octavio Jara ten�a valent�a para reconocerlo; no ocultaba sus convicciones, porque para �l tal compromiso no correspond�a a un mandato divino, sino que a un imperativo humano, sustentado en la libertad del hombre, en sus valores y en su racionalidad. Estuve con �l horas antes de su muerte. Se iba de la vida a los 57 a�os. Mir�ndolo, entonces, pens� en cuantas tensiones, desazones, peque�as disputas y ambiciones menores atiborran nuestras vidas y nublan nuestra vista. Y pens� que ante la muerte un hombre se mide por sus obras y principios, por sus afectos, por el amor con que se entreg� a su familia y a su causa. En todo ello, Octavio es un ejemplo para nosotros. Se cas� con Any Quilodr�n, con quien tuvo dos hijas: Ximena y Julieta, que nos acompa�an hoy junto con sus amigos, muchos de ellos de Los Angeles, a los que quer�a entra�ablemente. A estas tres mujeres, vinculadas a un hombre que por sus m�ritos se destac� entre sus pares, entrego el saludo profundo y emocionado del Partido Por la Democracia. He dicho. --(Aplausos). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, la muerte de un hombre justo, profundamente admirado por la comunidad de la que form� parte, joven y en el mejor momento de su vida, enciende en nosotros no s�lo sentimientos de dolor, sino las mismas dudas de las que dio cuenta en uno de sus m�s hermosos poemas Rub�n Dar�o: "Dichoso el �rbol que es apenas sensitivo, y m�s la piedra dura, porque �sa ya ni siente�". As� empieza el poeta para reflexionar en torno a la contradicci�n fundamental en la que se desarrolla nuestra existencia: la de la vida y la muerte, para terminar en la duda que arrastramos permanentemente a trav�s de nuestra existencia y que ha acompa�ado al hombre desde los inicios de su presencia en la tierra: no saber a d�nde vamos ni de d�nde venimos. Pero, en definitiva, como bien sostuvo el Honorable se�or Bitar, la verdad, aquella que nadie puede poner en entredicho, es la vida misma. Y es por su vida que hoy rendimos homenaje a Octavio Jara Wolff. Una vida de compromiso, de valor, de consecuencia y de generosidad. Tuve el privilegio de conocerlo en sus a�os de estudiante universitario y de compartir con �l, a lo largo de su existencia, muchos momentos de importancia, no s�lo en el desarrollo de su rica personalidad, sino en la vida del pa�s y en la lucha por ideales comunes. Joven estudiante asumi� posiciones pol�ticas y tambi�n una definida actitud ante la vida que lo llev� a vincularse a la fraternidad juvenil, organizaci�n paramas�nica que en los a�os 60 gozaba de una enorme fuerza en nuestra vida nacional. En sus a�os mozos fue militante del Partido Radical; m�s tarde, del Partido Socialista, y concurri�, finalmente, a la creaci�n del Partido Por la Democracia. Laico y socialdem�crata, de alg�n modo pertenece a todas las fuerzas que comparten esos ideales. En los a�os 70 particip� en el Gobierno del Presidente Allende y sufri� resignadamente los efectos de la represi�n. Sin embargo, nunca tuvo actitudes revanchistas ni de condena para quienes lo hab�an sometido a un tratamiento vejatorio e injusto. Se comprometi� con valor en la lucha por la democracia, a pesar de su experiencia y en los momentos m�s duros. El Consejo Regional del Colegio de Abogados de Concepci�n, que abarca la jurisdicci�n de la Corte de Apelaciones de Concepci�n, por ende, las provincias de Concepci�n, Biob�o y Arauco, lo invit� a incorporarse a �l cuando reci�n se efectuaban las primeras elecciones para constituirlo en los a�os 80. Octavio viv�a en Los �ngeles; sin embargo, acept� el desaf�o. Y con enorme disciplina, desafiando el rigor del invierno y tambi�n las tensiones que originaba la situaci�n pol�tica del pa�s en aquel momento, viajaba a participar en las reuniones de ese Consejo y a entregar su aporte. Ya antes, como aqu� se ha recordado, hab�a organizado y presidido el grupo de estudios constitucionales en la ciudad de Los �ngeles. Se hab�a incorporado, m�s tarde, a la Alianza Democr�tica, a la Comisi�n de Derechos Humanos, dando con ello testimonio de la consecuencia a que me he referido. Elegido, con altas votaciones, Diputado por la provincia de Biob�o, en dos oportunidades, postul� al Senado de la Rep�blica en 1997. Quiero dejar constancia aqu� de su enorme generosidad. Antes de tomar la decisi�n de postular a ese cargo, tuvo conmigo tres conversaciones, invit�ndome a que yo asumiera la candidatura senatorial en esa ocasi�n por una circunscripci�n que no corresponde a la de mi residencia. Es que en �l hab�a siempre generosidad, nunca ambici�n. La pol�tica no la viv�a a partir de un proyecto personal, sino que la viv�a como una actitud de compromiso con el destino com�n. En aquellos mismos a�os, llamado por el Directorio de la Universidad de Concepci�n a ocupar un sill�n en el cuerpo que dirige la parte administrativa y financiera de esa instituci�n, no rehuy� esa invitaci�n. Por el contrario, se sinti� honrado por la posibilidad de servir a su alma mater, dando, una vez m�s, muestras del compromiso y la generosidad que lo caracterizaron siempre. Chile ha perdido un gran pol�tico, un gran dem�crata, un gran hombre p�blico. Nos queda, sin embargo, el hermoso testimonio de su vida; esas vidas que ense�an, gracias a las cuales la democracia se va vigorizando y transformando en acci�n generaci�n tras generaci�n. A su esposa Any, a sus hijas, les entregamos el testimonio de todo nuestro afecto y de nuestra solidaridad. Ante el dolor compartido que sentimos por la partida de Octavio, nos surge la resignaci�n al constatar que en �l tuvimos un hermoso ejemplo de vida que, sin duda, nos seguir� acompa�ando en el futuro. He dicho. --(Aplausos). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, estimada y querida familia de Octavio Jara. Los Senadores democratacristianos adhieren, por mi intermedio, al homenaje que esta Corporaci�n rinde al ex Diputado don Octavio Jara. M�s all� de la camarader�a y amistad generadas en una lucha com�n de muchos a�os por recuperar la democracia, lograr el triunfo de sus ideas y trabajar por un pa�s con justicia y equidad, nuestras palabras trasuntan un profundo y sincero pesar por su muerte y un p�blico reconocimiento a sus virtudes. Para algunos de nosotros, esta amistad fue generada en a�os de convivencia legislativa en la C�mara de Diputados. Para otros, ella se acrecent� en la diaria preocupaci�n por nuestra Regi�n, muy especialmente, por Biob�o, su tierra natal, a donde volvi� en medio de un pesar ciudadano pocas veces visto. Para m�, adem�s, se acrecent� en conversaciones en distintos rincones de nuestra provincia, en visiones compartidas de nuestro quehacer e incluso en competencias partidarias y electorales que, por su fraternidad y respeto, m�s fueron un proceso de cercan�a que uno de separaci�n o enervamiento, como suele suceder. Lo se�al� en su despedida, y lo reitero ahora. Su vida fue un permanente testimonio de consecuencia pol�tica y personal. Su paso entre sus pares, su partido y su mundo, especialmente el de los m�s d�biles, fue un camino de entrega y de servicio. Su se�or�o constituy� un gran ejemplo en pol�tica, y su sentido de hombre gregario, de hombre amoroso con su esposa y sus hijas nos enterneci� a la hora de recordar sus dolores, asumidos con entereza. Su muerte �como todas aquellas que nos tocan profundamente- es en verdad un ta�ido de campana para cada uno de nosotros mismos, que nos duele y nos mortifica en nuestra condici�n de seres limitados. Su partida al Horizonte Eterno, en el que cre�a como un camino de perfecci�n y tolerancia, es tambi�n el reconocimiento de su trascendencia, a la que todos aspiramos y que Octavio ya est� vislumbrando. En su di�logo con el Ser Eterno, se sonreir� probablemente porque habr� visto esa luz que aqu� ve�amos de distintos colores, y su Arquitecto y nuestro Dios lo habr�n recibido en el m�rito de su coherencia que todos admiramos. Por ello, los Senadores democratacristianos lo recordaremos con emoci�n muy sincera, como lo hacen hoy sus camaradas, como lo hicieron ayer sus amigos en Los �ngeles o lo har�n por siempre su esposa y sus hijas, a quienes saludamos con respeto, cari�o y amistad. He dicho. --(Aplausos). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, se�ores Senadores, familiares de nuestro querido Octavio: En aquellos momentos en que, en la provincia de Biob�o llegamos al Cementerio General de Los �ngeles para despedir los restos de Octavio Jara, en realidad se expresaron muchos discursos. Hubo dirigentes pol�ticos, representaciones de gremios, muchos dirigentes sociales, estuvo presente el mundo acad�mico, como recordaba el Senador se�or Parra. En definitiva, una sociedad completa. Y la raz�n fundamental por la cual lleg�bamos a ese lugar a despedir a Octavio era principalmente porque reflej� en su vida p�blica -en cuyo transcurso fue parlamentario, dirigente- un conjunto de consideraciones que sobrepasaron todos los aspectos de car�cter pol�tico y doctrinario que una persona pueda tener. Lo que pasa es que Octavio Jara fue un hombre de Chile, no fue un hombre de un partido o de una agrupaci�n, fue �repito- un hombre de Chile, de este pa�s que nosotros queremos y respecto del cual naturalmente aspiramos a que todos seamos parte de �l, y a que, en alguna forma, en el reflejo de nuestras labores y nuestras acciones, podamos representar mejor esta condici�n de ser hombres p�blicos de Chile. En el caso de Octavio Jara, su acci�n y su presencia nacional fue el reflejo de un hombre de Chile. Nadie en la provincia de Biob�o, salvo algunas excepciones, pudo saber en definitiva cu�l era su partido pol�tico. �se no era el tema. La gente no votaba por �l porque era de un partido pol�tico determinado, o porque pertenec�a a una coalici�n determinada. Lo hac�a porque era Octavio Jara, el hombre de Chile, el que representaba tantos valores y tantas fuerzas espirituales que cada uno de nosotros siempre aspiramos tenerlas para concordar acciones que en com�n signifiquen caminos mejores para nuestra patria. Quiero recordar en esta Sala un hecho muy interesante. Es cierto que, junto con el Honorable se�or Ruiz-Esquide, fuimos candidatos a Senadores Octavio Jara y yo. Era una condici�n muy especial porque entre nosotros siempre existi� estimaci�n y respeto. M�s a�n: en esas esquinas polvorientas de Antuco, en alguna oportunidad los tres tambi�n conversamos, porque nuestra infancia transcurri� en ese lugar, en una peque�a localidad de no m�s de dos mil quinientos habitantes, ubicada a unos setenta kil�metros al poniente de Los �ngeles. Y en esos encuentros junto al volc�n Antuco, cerca de nuestra cordillera, hubo muchas veces expresiones y palabras de aliento hacia lo que cada uno estaba haciendo. Por eso, a menudo, convers�bamos con Octavio, con la confianza que ten�amos, acerca del hecho tan inc�modo de encontrarnos finalmente los tres de candidatos, de los cuales s�lo dos ser�an elegidos. Ello result� ser siempre complicado para nosotros. Siempre. En cierta forma, pudo haber producido alg�n efecto negativo entre nosotros, pero nunca se dio. Es posible que alg�n hecho en la campa�a, de persona ajena a nosotros mismos, haya tenido lugar, pero al t�rmino de ella qu� fant�stico era o�r a trav�s del tel�fono la voz de Octavio expres�ndome sus saludos, como seguramente lo hizo tambi�n con el Honorable se�or Ruiz-Esquide. Esa actitud se deb�a a que �l era un hombre de Chile, de esta realidad que aspiramos a que se desarrolle en la plenitud de sus formas y con la belleza del alma que algunos pueden mostrar con tanta facilidad como en el caso de Octavio. Era, en definitiva, una persona que representaba fielmente lo que el pa�s quer�a: la paz. Chile quiere paz, y Octavio daba esa paz. Eso no significaba que no pudiese tener de pronto expresiones aparentemente duras, por lo dem�s, muy pocas veces recurri� a ellas, porque sus principios y valores tampoco los transaba. Pero eso no le imped�a entregar paz a la gente, a los hombres y mujeres que estaban en su entorno, a su propia familia, y muy especialmente a la sociedad que represent�. En nombre de los Senadores presentes, particularmente del Honorable se�or Cantero que, por alguna raz�n, propia de los cambios de itinerario de los aviones y la tardanza con que nos impusimos de su fallecimiento, no ha podido estar presente, como quer�a hacerlo, entrego estas palabras de afecto y de cari�o a la familia de Octavio Jara, con mucha pasi�n, por lo que �l representaba, ya que la luz y el camino que siempre nos mostr� constituy� una gu�a permanente para todos, sin preguntar jam�s cu�les eran sus opiniones pol�ticas o religiosas, porque, insisto, Octavio era un hombre de Chile. He dicho. --(Aplausos). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, la noticia de la enfermedad de Octavio Jara fue tan imprevista como injusta, e igualmente desconcertante su muerte. Tuve la suerte de ser su colega por ocho a�os en la C�mara de Diputados, adonde llegamos juntos en 1990 con el idealismo propio de quienes tienen conciencia de abrir una nueva etapa en la vida republicana. Ambos, adem�s, pertenecimos a la misma bancada en ese momento, represent�bamos a diversos distritos de la Octava Regi�n �en su caso, a Los �ngeles- y a comunas de la provincia de Biob�o, su tierra natal. En dicho lapso pude apreciar su gran calidad humana, su compromiso social a toda prueba y su destacada capacidad profesional, la que le vali� el reconocimiento de sus colegas y de los habitantes de su zona. Octavio Jara, como aqu� se ha dicho, fue un abogado que se destac� en la defensa de los derechos humanos. Su entrega generosa es recordada por muchos hombres y mujeres de la Regi�n del Biob�o, y fue testimoniada en sus funerales por la presencia de tantas personas que le expresaron, con su postrer saludo, gratitud y afecto. Me result� imposible asistir a los funerales de Octavio, tal vez por lo improviso de la noticia de su fallecimiento. Su fecunda labor legislativa ha sido recordada aqu�, por lo cual s�lo me resta corroborar todo lo ya se�alado al respecto. La Regi�n del Biob�o lamenta la partida de uno de sus hombres m�s connotados, cuya acci�n ser� recordada por largos a�os, particularmente en su vinculaci�n con las organizaciones sociales y en materia de obras p�blicas, donde siempre desarroll� una tarea preponderante para agilizar los innumerables proyectos de adelanto concretados durante la pasada d�cada. Quienes pudimos trabajar junto a Octavio no olvidaremos jam�s su sencillez y c�mo sin vacilaci�n defendi� con ardor sus ideales: los de la libertad, la tolerancia y la justicia social; su trabajo perseverante y silencioso, pero ciertamente efectivo, a favor del pa�s; su responsabilidad y vocaci�n de servicio p�blico para acometer cada una de las tareas que desempe��, y su firme anhelo por lograr una sociedad m�s justa, con pleno respeto a los derechos de todos y con mejores condiciones de vida, especialmente para los m�s pobres. En nombre de la bancada de Senadores socialistas, expreso a su viuda, Any; a sus hijas, Jimena y Julieta; a sus dem�s parientes; a sus amigos de Los �ngeles que nos acompa�an esta tarde, y al Partido por la Democracia nuestro sincero pesar y solidaridad en este dif�cil momento. El mejor homenaje que podemos rendir a Octavio Jara es perseverar en la lucha para concretar los ideales por los cuales �l vivi�. He dicho. --(Aplausos en la Sala y en tribunas). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Bombal. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente: En representaci�n de los Senadores del Comit� Uni�n Dem�crata Independiente e Independientes, tengo el honor de rendir homenaje a don Octavio Jara Wolff, quien fue destacado miembro de la C�mara de Diputados. Le conoc� en esa rama del Parlamento durante dos per�odos. Por tanto, puedo testimoniar ante el Senado c�mo me impresionaron la estatura moral y la capacidad de Octavio, un pol�tico serio, talentoso, alejado de todo protagonismo, de gran tolerancia en el campo de las ideas; una persona intachable, consecuente; un servidor p�blico a carta cabal, comprometido con su gente, con su Regi�n; un gran se�or de la pol�tica; un caballero, retra�do, pero siempre afectuoso. La vocaci�n de servicio p�blico de Octavio Jara -como se record� en esta Sala- se manifiesta mucho antes de su labor parlamentaria, cuando reci�n a los 15 a�os de edad decide incorporarse a las filas del Partido Radical, y m�s tarde, a las del Partido Socialista. Luego particip� en el Grupo de Estudios Constitucionales; presidi� la Comisi�n de Derechos Humanos de su ciudad, y m�s tarde ocup�, en las distintas alianzas pol�ticas de la �poca, cargos muy relevantes. Como era l�gico, un hombre de tanta raigambre en su zona result� electo con una importante mayor�a -la primera mayor�a distrital- para ocupar el cargo de Diputado. Ya en la C�mara Baja, se destac� integrando -como lo record� el Senador se�or Bitar- importantes Comisiones, en las m�s diversas materias. Su gran capacidad de trabajo parlamentario se vio reflejada en el hecho de que, de los treinta y nueve proyectos de la m�s distinta naturaleza que patrocin� durante su ejercicio como Diputado, treinta y cuatro fueron de su autor�a. Con raz�n se le consideraba un parlamentario serio y de labor rigurosa. S�lo un eficiente trabajo parlamentario y una identificaci�n plena con su zona explican las enormes muestras de dolor con que la ciudad de Los �ngeles y la provincia de Biob�o lo despidieron hace pocas semanas. El contacto permanente que Octavio manten�a con la comunidad, sumado a ese estilo de trabajo -serio, consecuente y ajeno a todo protagonismo pol�tico-, le significaron ser considerado por sus pares de la C�mara Baja como uno de los mejores Diputados en 1997. El rev�s que tuvo en la elecci�n parlamentaria en que aspiraba a llegar al Senado no termin� con su vocaci�n de servicio p�blico. En su calidad de abogado, pas� a desempe�ar de inmediato importantes tareas en el Sistema de Administraci�n de Empresas de CORFO; fue consultor del Ministerio de Obras P�blicas y asesor del de Econom�a. La autoridad pol�tica de la �poca consider� en forma instant�nea su talento y capacidad para que continuara desarrollando el trabajo p�blico, que era su gran vocaci�n. Esa incansable labor a favor de la gente de su tierra constituye un ejemplo digno de imitar. Su c�nyuge y sus hijas deben saber que Octavio siempre ser� recordado como un hombre �ntegro, respetuoso y de palabra; un gran Diputado, y un gran servidor p�blico. Se�or Presidente, en nombre de los Senadores del Comit� Uni�n Dem�crata Independiente e Independientes, expreso nuestro profundo pesar por el lamentable fallecimiento de Octavio Jara. Su partida, sin duda, constituye una p�rdida muy sensible para su Regi�n y su partido; para el pa�s, y para la vida pol�tica en general. Nos deja Octavio grandes legados, que sabremos aquilatar aunque no hayamos compartido un mismo ideario pol�tico. Precisamente, sus grandes cualidades personales hacen que ahora, cuando ya no se encuentra entre nosotros, su ejemplo y vida adquieran una dimensi�n de mayor trascendencia a�n. Quienes profesamos una fe, por lo mismo, respetamos profundamente a aquellos que, como Octavio, viven consecuentemente su agnosticismo. En esta hora, con mucho cari�o y respeto, ofrecemos nuestra acci�n de gracias a Dios por habernos permitido conocer a Octavio Jara, seguros como estamos de que no ha muerto, sino que vive eternamente, como viven para siempre los hombres justos. He dicho. --(Aplausos en la Sala y en tribunas). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Mesa expresa a la viuda, hijas y dem�s familia del ex Diputado se�or Octavio Jara Wolff su p�same y condolencias. Queda concluido el homenaje. REFORMA DE CAP�TULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la discusi�n general del proyecto de reformas constitucionales. Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or FERN�NDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Se�or Presidente, en la Constituci�n se consagran las reglas sobre la forma como se origina, se ejerce y se controla el poder, as� como los derechos y las garant�as de las personas. Se trata de la norma fundamental de un ordenamiento jur�dico. Ninguna otra inferior puede contradecirla y todos los �rganos del Estado deben actuar conforme ella lo establece. La Carta expresa el consenso b�sico de una sociedad. Ella aborda de modo general las grandes directrices que definen y orientan el debate pol�tico y fija las reglas del juego a las que tal debate debe ajustarse. Ello no implica que el Texto Fundamental carezca de opciones val�ricas; pero la expresi�n de las mismas proviene de la sociedad en cada �poca hist�rica y se manifiesta pol�ticamente en el Parlamento. La Ley Suprema no puede encerrar el debate pol�tico, sino que, por el contrario, debe proporcionar un cauce para su buen desarrollo y perfeccionamiento. La Constituci�n debe reflejar lo m�s claramente posible las distintas visiones que existen en una sociedad. Junto con su aplicaci�n pr�ctica, tal amplitud le otorga su legitimidad. Con todo, la Carta no es una construcci�n abstracta ni est�tica. Las instituciones de un pa�s sirven de base fundamental a partir de la cual se logra el desarrollo integral de la sociedad. Cuando ellas no cumplen su cometido, los pa�ses no se desarrollan y se generan inestabilidades o asimetr�as que amenazan el orden democr�tico. Las democracias, por otra parte, son integrales. Requieren dimensiones econ�micas, sociales y pol�ticas. No puede haber estabilidad si estos tres elementos no se ajustan arm�nicamente. Conviene tener presentes tales consideraciones en esta ocasi�n, cuando el Senado debate una serie de modificaciones a la Carta Fundamental. �sta no es la primera vez que el Congreso aborda reformas constitucionales en los �ltimos a�os. Durante el Gobierno militar, en 1989, se introdujeron al texto de 1980 cincuenta y nueve enmiendas; en la Administraci�n de Patricio Aylwin, cuatro; en la de Eduardo Frei, siete, y bajo el actual mandato ya se han consagrado otras dos. Pero tambi�n ha habido intentos frustrados de modificaciones a la Carta: en el Gobierno de Patricio Aylwin, dos, y en el de Eduardo Frei, cinco. Desde 1992 a la fecha, pr�cticamente ning�n a�o ha estado ajeno al debate constitucional. Dicha experiencia nos indica que no debemos desaprovechar esta oportunidad para avanzar sustantivamente en la adaptaci�n de la Carta a los tiempos que vivimos. Los consensos logrados en la Comisi�n de Constituci�n, expresados en su informe y en el propio articulado que conocemos, permiten presagiar que nos encontramos en buen camino. El trabajo de dicho organismo t�cnico, especialmente el de su Presidente, Senador don Sergio D�ez, ha sido un aporte duradero para nuestro devenir pol�tico y constitucional. Estamos obligados a terminar bien este tema. Siempre ronda el argumento de que no es el momento para reformas; de para qu� cambiar algo que ha funcionado bien; de para qu� preocuparnos de los asuntos pol�ticos en desmedro de otras cuestiones que interesan a la gente. Sin embargo, tal argumentaci�n liviana no considera la evidencia de que existen en nuestra Carta problemas que urge resolver. La Constituci�n no puede ser fuente permanente de controversias. Por el contrario, debe ser la expresi�n unitaria de los consensos sobre las instituciones del pa�s. Por lo tanto, no sigamos postergando los cambios y ajustes necesarios a la Carta y emprendamos un esfuerzo definitivo para consagrar un Texto Fundamental que por muchas d�cadas responda a todos los chilenos. La reforma que nos ocupa introduce treinta y seis disposiciones permanentes y seis transitorias, seg�n el informe que conocemos. No se trata, por lo mismo, de algo menor, sino de un cambio sustantivo que abarca gran cantidad de materias dogm�ticas y org�nicas. Sin entrar en su detalle, suficientemente expuesto por el informe y en las exposiciones que hemos escuchado, deseo, empero, detenerme en lo que, a juicio del Gobierno, constituye una gran carencia de la propuesta que estamos discutiendo. En efecto, hay tres temas sustanciales que han debido postergarse para la discusi�n particular: la supresi�n de los Senadores vitalicios y designados o institucionales y el reemplazo del sistema binominal; la forma de remoci�n de los Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros, y la nueva configuraci�n del Consejo de Seguridad Nacional. Admitamos que la Comisi�n tiene ideas avanzadas respecto de cada uno de esos temas, pero admitamos tambi�n que no ha logrado consenso sobre ellos. El Gobierno considera que las reformas son un solo todo, a partir del esp�ritu consensual que presidi� el debate en la Comisi�n. Para decirlo muy claramente, la supresi�n de los Senadores institucionales y vitalicios sin el cambio del sistema electoral binominal y la ausencia de facultad presidencial para remover a los Comandantes en Jefe y de una regulaci�n para el Consejo de Seguridad Nacional har�an de �sta una reforma parcial, que no afrontar�a los temas m�s esenciales para nuestra democracia. No se trata de monedas de cambio -al rev�s de lo que se ha dicho aqu� durante el debate-, sino de principios en cada uno de esos tres temas. Deseo precisar adem�s algunos aspectos planteados, especialmente por el Senador se�or Chadwick, y que me han aludido directamente. En efecto, en el debate de la Comisi�n al que fui invitado como experto en materias electorales -no como Ministro de Estado; en ese momento, de Defensa-, admit� dentro de una larga exposici�n que el sistema binominal era proporcional en los resultados. Pero agregu� algo que aqu� se ha omitido: que era proporcional considerando a los partidos que obtienen representaci�n parlamentaria. Por lo tanto, no se corrige con eso la proporcionalidad que estamos pidiendo para toda la sociedad chilena. Si entran en el c�mputo para los efectos de medir la proporcionalidad los partidos que no logran representaci�n, adem�s de las abstenciones y los no inscritos, estamos obviamente ante un sistema que no es proporcional. Eso, en primer t�rmino. En segundo lugar, en mi comparecencia como Ministro de Defensa, al discutirse los temas referidos a las Fuerzas Armadas, hice hincapi� en el profesionalismo que deb�a resguardarse en cualquier reforma constitucional. Pero a�ad� que, a juicio del Gobierno, ese profesionalismo estaba resguardado en cuanto al Presidente le fuera restablecida la facultad para remover a los Comandantes en Jefe. Sin embargo, debemos elegir entre aprobar o rechazar el articulado propuesto. Ante esta disyuntiva, optamos por aprobarlo, pues deseamos avanzar, pero esperando alcanzar las reformas sustanciales en las siguientes etapas legislativas. No quisi�ramos que se entendiera que por el hecho de que dichos aspectos no est�n en el texto propuesto por la Comisi�n hemos renunciado a ellos. Estos son asuntos medulares de la reforma; no son accesorios o intrascendentes. Por ello, el Gobierno insistir� en estos puntos durante la discusi�n particular mediante indicaciones en la direcci�n se�alada. En tal entendido, de buena fe, en nombre del Gobierno, llamo pues a aprobar las reformas en general. Pero advierto que el Congreso Nacional deber� suprimir la instituci�n de los Senadores institucionales y vitalicios; reemplazar el sistema electoral binominal; restablecer la facultad presidencial para remover a los Comandantes en Jefe y al General Director de Carabineros, y modificar el car�cter resolutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Nuestra Constituci�n deber� consagrar un Senado �ntegramente elegido por el pueblo, mediante un sistema electoral que exprese las mayor�as y minor�as ciudadanas. En ese momento, cuando la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica d� cuenta de un verdadero consenso nacional, habremos cerrado una etapa de nuestra historia y cumplido con el encargo de nuestro pueblo. He dicho. _______________ El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, solicito autorizaci�n a fin de que la Comisi�n de Constituci�n, citada para las 19, pueda sesionar simult�neamente con la Sala. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Le pido comenzar a las 19:15, se�or Senador, si no hay inconveniente. El se�or D�EZ.- Lo haremos en esa forma, se�or Presidente. --Se otorga la autorizaci�n solicitada. _______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Conforme a lo resuelto, corresponde votar la idea de legislar. Varios se�ores Senadores no alcanzaron a intervenir durante la discusi�n general. Por tanto, propongo iniciar la votaci�n con ellos, en el orden de inscripci�n y con el ruego de ser lo m�s breve posible, para seguir nominalmente una vez terminada la lista. --As� se acuerda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable se�or Ominami. El se�or OMINAMI.- No intervendr�, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica conforma el marco en el cual se inserta y desarrolla todo el sistema legal y pol�tico de un pa�s, ya que en ella se establecen las distintas relaciones de los Poderes del Estado, se determina su g�nesis y se fijan sus funciones. All� se contienen los derechos fundamentales de la persona humana y se enuncian los grandes principios que inspiran el ordenamiento jur�dico. Toda disposici�n con fuerza normativa y poder vinculante, por lo tanto, debe ce�irse a la Carta y adecuar a ella su validez tanto formal cuanto material. Como expresi�n del poder constituyente, el Texto Fundamental es la m�xima manifestaci�n de la soberan�a, raz�n por la cual su supremac�a impera sin contrapeso en todas las ramas del sistema normativo. La Constituci�n de 1980 cumpli� m�s de 20 a�os y ha tenido una vigencia que ha sido examinada por distintos actores de la vida p�blica nacional. Ha sido analizada en distintos foros, especialmente universitarios, con participaci�n de diferentes personalidades del quehacer p�blico, los que han concordado en estimar su gran �xito en nuestro sistema democr�tico. Ha permitido al pa�s transitar en paz desde un r�gimen militar a uno plenamente democr�tico, lo cual ha significado que la aplicaci�n de sus normas transitorias cumplieron cabalmente su objetivo, cual era que ese traspaso del poder se hiciera pac�ficamente, lo que no ha ocurrido en otras naciones de nuestro continente ni se recuerda algo parecido en otra parte del mundo. Con ello ya se ha cumplido, reitero, un cometido fundamental en el desarrollo del sistema democr�tico nacional: el traspaso pac�fico del poder de un sistema a otro plenamente democr�tico. Adem�s, la Constituci�n ha tenido gran fuerza. No s�lo ha permitido ese traspaso del poder, sino que tambi�n ha dado estabilidad y progreso al pa�s. Ha posibilitado que la Administraci�n, sobre la base de las facultades que establece, impulse el desarrollo del pa�s, el que es considerado, incluso en el campo internacional, como una excepci�n dentro de nuestro continente en cuanto a tranquilidad, seriedad y responsabilidad en su actuar. Y en ello tiene gran responsabilidad la Carta de 1980. Quienes han ejercido el poder conforme a las atribuciones consignadas en la Constituci�n lo han podido hacer adecuadamente. No olvidemos que en el pasado se se�alaba que los Presidentes de la Rep�blica no pod�an gobernar porque no ten�an facultades y que el Congreso les imped�a cumplir apropiadamente con su funci�n principal, cual es administrar la naci�n. Eso no ha ocurrido desde la vigencia de la Constituci�n de 1980, que cre� un sistema pol�tico basado en un presidencialismo fuerte, que permite a los Jefes de Estado administrar y gobernar efectivamente el pa�s. Adem�s, el reconocimiento internacional como pa�s ordenado y serio en el cumplimiento de sus obligaciones tanto internas como externas ha atra�do a grandes inversionistas extranjeros, quienes, en virtud de las garant�as constitucionales, especialmente las relativas al derecho de propiedad, se sienten suficientemente protegidos. Saben que la Constituci�n respeta esas garant�as del mismo modo que los dem�s derechos de las personas. A mi juicio, se est� en presencia de un Texto Fundamental que posibilita gobernar con eficiencia y procura el progreso y beneficio del pa�s. Y eso obedece al ejercicio de facultades tan importantes que muchas veces se critica a la Constituci�n por exhibir un car�cter presidencialista que se ha tildado de "exagerado". Pero este presidencialismo, sustentado en facultades muy trascendentales de que no dispon�a antes para administrar la naci�n, se encuentra constre�ido por ciertos contrapesos indispensables. Vale decir, se otorgan amplias facultades al Jefe de Estado para administrar, pero tambi�n se crean contrapesos a ellas. El contrapeso normal -y m�s importante- en un r�gimen democr�tico es el Congreso Nacional. Tambi�n lo es el Poder Judicial independiente. Esos son los contrapesos m�s fundamentales del poder omn�modo del Presidente de la Rep�blica. Sin embargo, no pueden ser los �nicos contrapesos. �Qu� ocurre cuando la misma mayor�a que gobierna coincide con la del Congreso? �Qu� sucede si el Parlamento tiene el mismo signo pol�tico que el Presidente de la Rep�blica? Como ese contrapeso natural se halla ausente, las facultades del Primer Mandatario pasan a ser exageradas. Entonces, cuando se concibi� la actual Constituci�n fue necesario entender que exist�a otro tipo de contrapesos a las facultades presidenciales omn�modas. Se trata de facultades amplias que nosotros, a pesar de ser opositores al Gobierno, aplaudimos, defendemos y estimamos necesarias para que el Presidente pueda gobernar. No obstante, como digo, se requieren otros contrapesos adem�s del Congreso y del Poder Judicial aut�nomo, a fin de alcanzar un equilibrio constitucional adecuado. Me refiero, entre otros aqu� se�alados, al sistema binominal. Se ha dicho que no representa adecuadamente al pa�s, pero se trata de un mecanismo que, v�lidamente ejercitado, ha exhibido resultados proporcionales muy parecidos a lo expresado por la ciudadan�a. Baste recordar lo ocurrido en la elecci�n reci�n pasada con los porcentajes obtenidos por la Oposici�n y por el Gobierno, y tambi�n lo sucedido en comicios anteriores, donde, si algo aconteci�, fue la sobrevaloraci�n de los porcentajes de la Concertaci�n en el Congreso. Pero, en todo caso, se trata de un sistema que ha permitido dar estabilidad al pa�s al crear dos grandes fuerzas: una de Gobierno y otra de Oposici�n, lo que facilita la gobernabilidad. Los sistemas pol�ticos y los electorales no tienen por qu� considerar a todos los actores de la vida nacional. No existe la posibilidad de que ello ocurra. Cuando el proporcionalismo se ha aplicado de esa forma, como en Israel y, en el pasado, en Italia, los pa�ses devienen en ingobernables o imposibles de administrar adecuadamente, o se est� ante el gobierno de las minor�as que permiten que las mayor�as tengan el control del Congreso. Los ejemplos de la historia presente nos revelan que cuando las minor�as entran a gobernar se produce un desequilibrio que impide la adecuada administraci�n del Estado. Por eso el sistema binominal -que no es exclusivamente mayoritario, sino que incluso deber�a considerarse como proporcional dentro de la cl�sica definici�n de sistemas mayoritarios y proporcionales- ha permitido la formaci�n de dos bloques: uno de Gobierno y otro de Oposici�n, los que posibilitan que el pa�s progrese y se desarrolle y que el Presidente de la Rep�blica pueda gobernar con facultades del tipo ya se�alado. Se han distorsionado y caricaturizado ciertos aspectos del sistema binominal. Se dice que el 33 por ciento vale lo mismo que el 66 por ciento, hecho que ciertamente no ha ocurrido en ninguna elecci�n. Nunca se ha dado en el �mbito nacional el caso de que una fuerza pol�tica haya obtenido el 66 por ciento y la otra el 33 por ciento. Con la aplicaci�n del sistema binominal, en el pa�s se produce una proporcionalidad muy semejante a la existente en la realidad en el Congreso. Por otra parte, no debe olvidarse que las grandes democracias, las que se desarrollan, las que prosperan, las que tienen �xito, est�n basadas en sistemas mayoritarios, como la de Estados Unidos, donde hay dos partidos pol�ticos. En sistemas mayoritarios, como el ingl�s -en que existen dos partidos pol�ticos (hay un tercer partido con escasa representaci�n en el Congreso)-, gana el que obtiene un voto m�s. Incluso podr�a darse el caso de que un solo partido pol�tico est� representado en la C�mara de los Comunes. En consecuencia, se est� frente a un sistema que da absolutas garant�as de proporcionalidad al pa�s en t�rminos generales, como qued� demostrado en la �ltima elecci�n y en las anteriores. De tal suerte que aqu� se est� ante uno de los equilibrios concebidos en la Constituci�n precisamente con miras a que el Presidente de la Rep�blica pueda ejercer facultades amplias. Entonces, si se pretende cambiar el sistema binominal, deben modificarse tales facultades. Y esto conviene entenderlo bien: no puede continuar teni�ndolas conforme a la Constituci�n si no hay un sistema de equilibrio en el Congreso. De otra manera, inevitablemente, el mismo poder presidencial se aplicar� en el Parlamento, y como �ste no podr� fiscalizar o levantar su voz, aqu�l ser� depositario de un poder total. Por lo tanto, si se desea modificar la normativa electoral sin incurrir en caricaturas o en f�rmulas que desnaturalicen el sistema pol�tico chileno, deben revisarse las facultades del Primer Mandatario, devolvi�ndoselas al Congreso. No somos partidarios de ello, no obstante ser Oposici�n, porque creemos que el actual sistema es m�s eficaz y, efectivamente, permite gobernar. Otros mecanismos electorales pueden llevar a la demagogia, al populismo y a la ineficacia, como desgraciadamente est� ocurriendo en muchos pa�ses de nuestro continente. Estas razones respaldan nuestro criterio de mantener el binominalismo, sistema que, como digo, se encuentra �ntimamente ligado a las facultades presidenciales. Adem�s, la dogm�tica de la Constituci�n ha sido tremendamente exitosa. Se ha analizado en centros universitarios, tanto chilenos como extranjeros, por representar una concepci�n muy importante, moderna, o, en otros t�rminos, una aproximaci�n visionaria de los derechos y deberes de las personas, as� como de las acciones para hacerlos cumplir. Tal como lo acabo de se�alar, la Carta de 1980 ha sido visionaria en ese sentido. Tan as� es que se ha arraigado fuertemente en la ciudadan�a. A diario se ejercen derechos constitucionales, especialmente el de protecci�n, innovaci�n trascendental de nuestra Constituci�n, ejercicio que se enriquece por la rica jurisprudencia que se desprende de los fallos de los tribunales. Pero tambi�n la normativa constitucional de 1980, en raz�n de sus caracter�sticas, ha sido criticada injustamente. Su flexibilidad, contrariamente a lo que se ha manifestado y a lo que mucha gente cree, ha quedado demostrada por las correcciones, enmiendas y perfeccionamientos que se le han introducido. �Ha sido modificada catorce veces! Es la Constituci�n m�s modificada en nuestra historia, y lo ha sido para perfeccionarla. Entonces, la cr�tica a su inmovilismo o al car�cter p�treo de algunas instituciones que establece es absolutamente falsa. Para que un Gobierno pueda administrar el pa�s con eficacia y la democracia sea exitosa -o sea, no fracase, como ha ocurrido en otras partes-, se requiere que las facultades presidenciales vayan acompa�adas de los llamados "contrapesos", como, por cierto, el sistema binominal, los Senadores institucionales y no poder remover a su arbitrio a los Comandantes en Jefe. El Presidente de la Rep�blica no es el Estado; es el Gobierno, lo cual es distinto. Ahora no puede pedir, como lo hac�a en el pasado, la renuncia a los Comandantes en Jefe por situaciones muy particulares, incluso por razones pol�ticas. Hoy eso no puede ocurrir, porque carece de esa facultad omn�moda; pero s� puede solicitar al Consejo de Seguridad Nacional que acepte la remoci�n de uno de ellos. No me cabe duda alguna de que, si hay motivos fundados y serios, contar� con la aprobaci�n de ese organismo. Otra cosa es que el Primer Mandatario pretenda considerar a los Comandantes en Jefe como si fueran sus Ministros, sus Subsecretarios o sus funcionarios de su confianza. No. Las Fuerzas Armadas pertenecen a la naci�n toda y no al Gobierno. En consecuencia, consideramos que en este �mbito la normativa vigente es adecuada, sin perjuicio de que puede consagrarse alguna f�rmula mediante la cual, contando siempre con la voluntad del Presidente y de otro organismo -por ejemplo, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional (o de algunos de sus miembros) o de otros �rganos-, se regule la remoci�n de los Comandantes en Jefe. Pero no somos partidarios de que ello ocurra conforme al mero arbitrio o voluntad del Primer Mandatario. En atenci�n al tiempo, no podr� exponer muchas otras consideraciones. Por lo tanto, s�lo me resta pronunciarme a favor de la idea de legislar. Voto que s�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, la Carta Fundamental fue producto, por cierto, del reconocimiento de valores intr�nsecos y, tambi�n, de acuerdos logrados en la sociedad en per�odos significativos. Por eso, dada la naturaleza del debate, y considerando todos los elementos de esta reforma, es conveniente fijar un plazo para la presentaci�n de indicaciones teniendo en cuenta los nuevos integrantes del Senado que deber�n jurar en marzo. Entonces, ese plazo podr�a extenderse, por lo menos, hasta abril del a�o en curso. La normativa propuesta es producto tambi�n de aportes de la Alianza por Chile, de la Concertaci�n de Partidos por la Democracia, de veinticinco iniciativas provenientes de mociones parlamentarias y de otros importantes proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Por lo tanto, me parece bien que, en este escenario, haya quedado para discusi�n particular temas que es necesario abordar, como el de los integrantes del Senado y la forma de su elecci�n; los miembros y funciones del Consejo de Seguridad Nacional; el nombramiento y permanencia de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, lo cual, por lo dem�s, ha funcionado bien. Es una materia que debe ser analizada con mayor profundidad. Como autor de una de las mociones que forman parte de la reforma en estudio, deseo destacar algunos aspectos no planteados en el debate. En primer lugar, creo que, por la manera en que se regula la regionalizaci�n en algunos de los art�culos de esta reforma -por ejemplo, en el 3�, el 99 y el 45-, ella sufrir�a un franco retroceso. Es no es menor el hecho de que el art�culo 3� -de un solo p�rrafo- se haya dividido en tres incisos y en el primero se diga perentoriamente: "El Estado de Chile es unitario.".(Punto aparte). La f�rmula anterior, que contempla la divisi�n en regiones y un proceso de descentralizaci�n y desconcentraci�n, por lo menos va en la l�nea correcta. Lo que aqu� se ha planteado me parece negativo. M�s bien hay que se�alar que Chile se divide en regiones, las que pueden tener cierto grado de autonom�a de acuerdo con la ley. Respecto del art�culo 99 -como bien manifest� el Senador se�or R�os-, tampoco puede ser adecuado que de constitucional se pase a rango de ley de qu�rum especial la creaci�n, supresi�n, denominaci�n de regiones, provincias y comunas. Creo que esto llevar�a a intentos de generar regiones y otras instancias que no se enmarcan en un buen proceso de regionalizaci�n y que pueden caer en un franco localismo. En lo referente al art�culo 45, que define el n�mero de Senadores y las trece regiones de Chile, obviamente hay que hacer una buena evaluaci�n sobre el aporte de los Senadores institucionales antes de introducir cualquier enmienda, y evitar la tentaci�n de abrir cupos para las c�pulas o de generar m�s espacios para la representaci�n de los sectores m�s concentrados en poblaci�n. Estimo m�s conveniente un sistema proporcional para la C�mara de Diputados y uno territorial para el Senado. En Estados Unidos esto ha funcionado bastante bien. Y no son menores las instancias que se han intentado en el Congreso Nacional de abrir una representaci�n territorial al sector oce�nico, Isla de Pascua y Territorio Ant�rtico. Por otro lado, en lo tocante al medio ambiente, la primera reforma se plante� en 1990, cuando inici� sus funciones el Congreso -fui coautor de ella-, y apuntaba precisamente al perfeccionamiento del recurso de protecci�n, que hoy se encuentra pr�cticamente imposibilitado de plantearse en raz�n de que el art�culo 20 establece que �l proceder� cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci�n sea afectado por un acto en el que concurran dos elementos: que sea arbitrario e ilegal. A mi juicio, la propuesta para reemplazar la expresi�n "acto arbitrario e ilegal" por "acto u omisi�n ilegal" constituye un gran avance para asegurar esa garant�a consagrada en el N� 8� del art�culo 19. En cuanto a la provisi�n de vacantes parlamentarias, considero inapropiada la actual modalidad de que se provean con el compa�ero de lista de quien ces� en el cargo, dado que normalmente entre ellos se produjo la competencia m�s exacerbada. Las nuevas f�rmulas contempladas me parecen bien, pero son susceptibles de perfeccionamiento. Podr�a analizarse incluso la posibilidad de que una sea el reemplazo con el compa�ero de lista. Lo relativo al sistema binominal debe continuar discuti�ndose, a pesar de que ya se rompi� en la instancia municipal. Al abrirse la elecci�n de alcalde separada de la de concejales, aqu�l por lo menos no tendr� que corresponder a dos grandes bloques pol�ticos de nivel nacional, con lo que estoy de acuerdo. El tema territorial en Chile no se halla bien salvaguardado. En esta l�nea, hay dos mociones parlamentarias que no han sido acogidas en el proyecto: la referente a que los tratados o acuerdos internacionales que afecten el territorio, los l�mites y la soberan�a siempre deben ser considerados por el Congreso Nacional, y la atinente a elevar el qu�rum para su aprobaci�n a tres quintos de los Diputados y Senadores en ejercicio. Casos como el de Laguna del Desierto; la mala negociaci�n acerca del Campo de Hielos Sur; el de Douglas Tompkins y otros que, con proyectos atractivos o no, est�n comprando sistem�ticamente el territorio nacional en el sur de Chile, deben ser salvaguardados en mejor forma en nuestra Carta Fundamental. Tambi�n significa un avance el aumento de 7 a 9 de los miembros del Tribunal Constitucional: 3 provenientes de la Corte Suprema, 3 designados por el Presidente de la Rep�blica y 3 elegidos por el Senado. Discrepo, s�, del traspaso a dicho Tribunal de las contiendas de competencia administrativas y judiciales. El Senado ha actuado bien en este sentido. Adem�s, he sido testigo de c�mo el Tribunal Constitucional se autointerpret� y se dio plazo para las reservas de constitucionalidad, que corresponden al d�a en que el Congreso Nacional termina de votar un proyecto o un tratado. Eso es realmente ins�lito y debe ser modificado. Concuerdo en otorgar mayor capacidad de fiscalizaci�n a la C�mara de Diputados. Hemos visto c�mo investigaciones importantes que se realizan no concluyen en sanciones o correcciones definitivas, sino que m�s bien generan gran impacto social y de prensa. Con respecto a la duraci�n del per�odo del Presidente de la Rep�blica y la simultaneidad de su elecci�n con la de Parlamentarios, la Comisi�n desarroll� un extenso debate. Es preciso seguir revisando estos puntos. La incorporaci�n, en el art�culo 8�, nuevo, de normas tendientes a garantizar y exigir que el ejercicio de las funciones p�blicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al deber de probidad representa un enorme progreso. Sin embargo, habr�a que agregar la prescindencia de cualquier inter�s ajeno al bien p�blico, como se propuso originalmente. La modificaci�n de las normas sobre nacionalidad y ciudadan�a, en el sentido de que los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, puedan manifestar su voluntad de ser tambi�n chilenos, al extender el principio del "jus soli" al de "jus sanguinis", tambi�n creo que es muy positiva. La eliminaci�n de la causal de p�rdida de la nacionalidad chilena contemplada en el N� 3� del art�culo 11 merece mayor explicaci�n. La Comisi�n desestim� la enmienda destinada a reemplazar la obligatoriedad del sufragio en las votaciones populares y expres� la conveniencia de avanzar hacia un sistema autom�tico de inscripciones electorales y voluntariedad de sufragar. Ser�a bueno incluir esta materia en la presente reforma. Se suprimen las legislaturas ordinaria y extraordinaria, estableci�ndose un per�odo �nico de sesiones. Esto permitir�, de alguna manera, un mejor contrapeso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Al mismo tiempo, significar� mayor rendimiento en las labores del Congreso e impulsar� las iniciativas parlamentarias, que en la actualidad se ven francamente disminuidas. Por las razones expuestas, voto favorablemente el proyecto en general. Reservar� las observaciones de mayor profundidad para el debate del segundo informe, proceso que se abrir� en marzo pr�ximo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, no es casualidad que en los �ltimos doce a�os -considerados como per�odo de transici�n- hayamos estado discutiendo sobre temas constitucionales. En pocos pa�ses del mundo se observa una situaci�n como �sta. En Am�rica Latina pr�cticamente ninguna de las naciones que han vivido transiciones ha hecho del tema constitucional un tema central. Ni Argentina -que cont� por largo tiempo con una instancia constituyente en Santa Fe- logr� resolver ese problema desde el punto de vista estrictamente constitucional. Los uruguayos siguieron trabajando casi con la misma Carta Pol�tica que ten�an antes del golpe de Estado en su pa�s. Chile es una de las pocas excepciones. Y, como digo, no es casualidad. En el mundo moderno existen dos maneras de construir Constituciones: o se imponen por la fuerza, o son producto de un gran consenso nacional. En nuestro pa�s, lamentablemente hubo cierta imposici�n, con las caracter�sticas y rasgos que todos conocemos. En efecto, en la Constituci�n de 1980 fue imposible participar en su discusi�n y estuvo pr�cticamente vedado formular indicaciones o hacer observaciones fundamentales, no s�lo a los sectores proclives al R�gimen militar, sino a toda la sociedad chilena, la que estuvo al margen de la factibilidad de analizar o reflexionar acerca de los alcances de la Carta Fundamental, que se aprob� posteriormente a trav�s de un plebiscito. Por lo tanto, los chilenos carecimos de una instancia constituyente -�se fue uno de los graves problemas que tuvimos- que verdaderamente nos permitiera generar todas las legitimidades que se requieren para los efectos de construir este nuevo consenso constitucional. No es el momento de "llorar sobre la leche derramada", pero este hecho forma parte de la historia reciente de nuestro pa�s y, en consecuencia, debemos dar cuenta de ello. Ese factor ha sido un freno significativo a la transici�n. Podr�amos haber terminado �sta hace mucho tiempo, independientemente de los problemas de derechos humanos. Sin embargo, la falta de esa instancia constituyente y la larga discusi�n sobre el tema constitucional han redundado en que la transici�n chilena se alargue m�s all� de lo esperado. Lo m�s grave es que las instituciones nacieron con cierto grado de ilegitimidad. Aparte las consideraciones personales que podamos tener respecto de los Senadores designados y vitalicios, lo cierto es que en la teor�a democr�tica que conocemos tales instituciones tienen un grado de ilegitimidad. Hasta hace poco, quienes componen las bancadas de Derecha se�alaban que la instituci�n de los Senadores designados era una teor�a democr�tica perfectamente sostenible. Hoy todo el pa�s est� informado de que ellos son partidarios de modificarla. Las teor�as no se modifican en rangos de tiempo tan breves. Por lo tanto, se confirma lo que siempre sostuvimos, en orden a que desde el punto de vista de la teor�a democr�tica moderna, surgida en el siglo XIX, los Senadores designados y vitalicios no corresponden, salvo en aquellos excepcionales reg�menes pol�ticos donde el Senado puede estar compuesto por miembros vitalicios, pero cumplen tareas totalmente distintas de las que competen al Senado de la Rep�blica de Chile. El se�or CORDERO.- Nosotros damos qu�rum. El se�or N��EZ.- Es l�gico que Sus Se�or�as defiendan dicha instituci�n. Me refiero a aquellos que ya no la defienden. El principio de que los Senadores designados mantendr�an el equilibrio del sistema pol�tico se ha venido abajo. Y es natural, porque no se sustentaba en la teor�a democr�tica, que ahora parece que todos queremos defender. Lo que est� ocurriendo con esta reforma representa un esfuerzo loable. Coincido con lo expresado en su intervenci�n por el se�or Presidente del Senado en cuanto a que los integrantes de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia y otros se�ores Senadores no pertenecientes formalmente a ella realizaron un gran trabajo, que debemos valorar. Pero ese esfuerzo no est� exento de riesgos y quiero se�alarlo con mucha claridad. Hay riesgo de que no generemos los consensos o acuerdos sustantivos que nos permitan dar un paso esencial en la tarea de construir un consenso democr�tico que verdaderamente refleje las legitimidades que la sociedad chilena necesita. Me habr�a gustado que en esta reforma hubi�semos al menos discutido o reflexionado sobre otras materias no necesariamente pol�ticas. Ellas tienen, por supuesto, un fundamento pol�tico; pero el pa�s requiere que las instituciones, sobre todo el Senado y la C�mara de Diputados, analicen qu� tipo de estructura del aparato pol�tico-administrativo del Estado deseamos para los pr�ximos 50 a�os. Hace mucho rato que estamos hablando de descentralizaci�n, pero no sabemos en qu� consiste �sta ni c�mo quisi�ramos llevarla a cabo. A mi juicio, esta reforma debiera haber abierto la posibilidad de discutir en serio qu� estructura pol�tico-administrativa del Estado chileno queremos para el futuro pr�ximo. Por eso, lamento mucho que el Ejecutivo no haya incorporado en su momento las modificaciones correspondientes. Lo cierto es que no basta con elegir los Gobiernos Regionales, con su actual composici�n y estructura; no basta con elegir a los Consejeros Regionales. Hay varias cuestiones que dicen relaci�n con el tema del tipo de Regiones que queremos en el pa�s, que est�n pendientes. Es m�s: resulta que en la misma Constituci�n que se nos est� proponiendo se termina, en el art�culo 45, con las 13 Regiones que el pa�s ha tenido durante los �ltimos a�os. Seguramente ello nos va a llevar a una discusi�n mucho m�s grave de la que aparentemente surgir� a prop�sito de la eliminaci�n de la existencia de las 13 Regiones. �Vamos a volver, acaso, a las 25 provincias que ten�a Chile? Si eso es lo que realmente queremos, bueno, pero admitamos que ello significa dar por terminado el tema de la regionalizaci�n. Porque volver nuevamente a las mismas provincias que ten�amos en 1925, fruto de la Constituci�n que surgi� ese a�o, o mantener las 13 Regiones hoy vigentes son dos conceptos distintos de organizaci�n y administraci�n del Estado. Aqu� hemos abierto una caja de Pandora. Estoy de acuerdo en que discutamos y reflexionemos sobre esta materia. Chile no puede tener 13 Regiones. Podr� haber 14 � 15, y quiz� presentar� indicaciones al respecto porque he estudiado bastante el tema durante muchos a�os, a partir de la regionalizaci�n que abriera CORFO, en 1938. Pero el volver a las 25 provincias a prop�sito de la modificaci�n constitucional en votaci�n nos coloca ante un cuadro absolutamente distinto. Es uno de los temas que no hemos debatido, y creo que tiene tanta trascendencia como el que m�s. Personalmente, se�or Presidente, hace mucho rato que soy partidario de estudiar la naturaleza de nuestro bicameralismo, y lo he planteado en otras oportunidades. No creo que un r�gimen democr�tico se sustente sobre un bicameralismo en donde ambas C�maras pr�cticamente son similares. Y si hemos de mantener el Senado, lo cierto es que debiera preocuparse de las grandes tareas de la naci�n chilena, que son, b�sicamente, relaciones exteriores, defensa y la hacienda p�blica. Y creo que podr�amos perfectamente avanzar hacia un tipo de Senado como el que existe en otros pa�ses, pero a condici�n, obviamente, de que contemos con una C�mara de Diputados distinta de la actual. Y eso no lo hemos discutido. S� que es un tema muy controvertido, que dentro de la propia Concertaci�n no hay una opini�n muy concreta al respecto, y s� tambi�n que en la Alianza por Chile tampoco existe unanimidad sobre el particular. Pienso que en nuestro pa�s tenemos un presidencialismo extremo. Sea quien fuere Presidente de Chile, lo cierto es que no hay en Am�rica Latina, y menos en Europa, un Presidente como el de nuestro pa�s, que cuenta con tantas atribuciones. Lo cierto es que sus atribuciones son de tal naturaleza que pr�cticamente dejan al Parlamento con no m�s de 20 iniciativas de ley. Y esto, obviamente, es un tema significativo, que dice relaci�n con el tipo de estructura pol�tica que queremos dar al Estado nacional. En el texto contenido en el informe que hemos recibido se habla de que el Ministro del Interior ser� quien deber� subrogar al Presidente de la Rep�blica. Sin embargo, el Ministro del Interior no es Vicepresidente de la Rep�blica, salvo cuando el Primer Mandatario deja el territorio nacional. Por lo tanto, no hay ninguna raz�n para que sea el Ministro del Interior quien asuma esa labor. En lo personal, me gustar�a que mi amigo Jos� Miguel Insulza subrogara al Presidente Lagos, si se da el caso. �se no es el tema� El se�or CORDERO.- A m� no� El se�or N��EZ.- Bueno, pero a m� s�. Ni siquiera es Jefe de Gabinete. Eso no est� en la Constituci�n Pol�tica. Tal expresi�n es una especie de bautizo que ha recibido hace mucho tiempo a trav�s de los peri�dicos. Los peri�dicos lo llaman "Jefe de Gabinete", pero el Presidente, que nombra al Ministro del Interior, nunca se refiere a �l de esa manera, s�lo en su calidad de Ministro del Interior. En consecuencia, es una figura a la que debemos dar sustantividad. No la tiene. Ni es Vicepresidente, salvo cuando sale el Jefe del Estado del territorio nacional; ni tampoco es Jefe de Gabinete. Y no me parece posible que no toquemos el tema al tratar la presente reforma. Hace alg�n tiempo, con el Senador se�or Bitar presentamos un proyecto de reforma constitucional para incluir en la Carta el tema de la iniciativa popular para la formaci�n de la ley. No viene en el proyecto en comento. Es lamentable, sobre todo en un pa�s que tiene restringida la posibilidad del plebiscito, establecida solamente para cuando existen desacuerdos entre el Parlamento y el Presidente de la Rep�blica. En ese caso el Presidente puede llamar al plebiscito. Por eso insisto: encuentro lamentable que el pa�s haya perdido la posibilidad de que sea su propia sociedad organizada la que genere iniciativas de ley. Como digo, ya hace seis a�os que presentamos un proyecto con el Senador se�or Bitar para dejar lo se�alado precedentemente consignado en la Constituci�n. En seguida, deseo referirme a los temas m�s delicados que han centrado la discusi�n que hemos sostenido hoy en la tarde. Ante todo, debo se�alar que no estoy convencido de que la estabilidad pol�tica observada en la transici�n chilena se deba a la Constituci�n. Ella ha jugado un rol, un papel importante, sin duda alguna, pero de ninguna manera ha sido la �nica causa. Nuestra estabilidad pol�tica es producto de muchas otras situaciones, no solamente del ordenamiento constitucional. Se debe a la madurez de los partidos pol�ticos, de sus dirigentes; a la capacidad que han tenido las fuerzas sociales del pa�s para enfrentar la transici�n desde el punto de vista de sus intereses; a la capacidad demostrada por el mundo empresarial y los trabajadores, en fin. Hay un conjunto de factores que explican el hecho de que Chile haya tenido estabilidad pol�tica durante su transici�n, y, en consecuencia, no estoy por comprarme esta idea de algunos de que ello se deba solamente a la Constituci�n Pol�tica que nos ha regido durante estos a�os. Asimismo, no estoy convencido de que los dos bloques sean parte de la naturaleza de la sociedad chilena. Los dos bloques existentes son producto directo del sistema electoral que se nos impuso. Si �ste no hubiera existido, las fuerzas pol�ticas ser�an distintas. Tal vez no tendr�amos los dos bloques. Es que Chile no es una sociedad de bloques; no es Estados Unidos ni los grandes pa�ses europeos, en donde siempre tienden a existir dos fuerzas pol�ticas. El pensar lo contrario es no entender la heterogeneidad y diversidad de nuestra sociedad. Chile es bastante m�s diverso. Y cuando una sociedad es diversa, es obvio que su sociedad pol�tica se exprese en partidos pol�ticos distintos. Por consiguiente, creo que los dos bloques no son producto de la Constituci�n, sino de la imposici�n de un sistema electoral que hemos heredado. El Senador se�or Chadwick nos se�al� que en la �ltima elecci�n el sistema binominal se acerc� bastante a la realidad y que, en consecuencia, la representaci�n, tanto del Senado como de la C�mara de Diputados, refleja, de alguna manera, lo que los bloques han obtenido en las �ltimas elecciones. Eso no fue siempre as�. Es obvio: despu�s de siete elecciones, al final logramos un grado de cierta homogeneidad en la representaci�n popular, pero ello es consecuencia de la imposici�n de doce a�os de un sistema binominal que ha generado grave desprestigio al sistema pol�tico chileno. Y, por cierto, entra�a un grave problema de legitimidad, porque resulta que los Parlamentarios -los Diputados y Senadores que llegan a este recinto- representan, en su conjunto, no m�s del 40 por ciento de las personas que votan, y conste que no hablo de las que se abstienen ni de las que votan nulo o que no se inscriben. Debido al sistema imperante, los Senadores y Diputados no representamos m�s del 40 por ciento de las personas que votan. Hay un 60 por ciento de chilenos que queda fuera, que no se siente representado, no solamente porque no vot� por nosotros, sino sencillamente por el sistema binominal. En �ltimo t�rmino, esas personas no se sienten representadas por sus mandatarios, y esto es un problema extraordinariamente serio. En consecuencia, me parece absolutamente l�gico que hayamos observado la necesidad de tratar en conjunto la composici�n del Senado, el sistema electoral y la supresi�n de los Senadores designados y vitalicios. No solamente es leg�timo que hayamos hecho esto. Creo que hay que discutirlo a fondo. Lo se�alado por el Senador se�or Chadwick, sin embargo, es una notificaci�n: el sistema binominal no se modifica. Me parece que tal notificaci�n es extraordinariamente grave. Porque pone un grado de rigidez a la posibilidad de llegar a un consenso, un acuerdo, a lo cual estamos dispuestos todos, en la medida, por supuesto, de que realmente podamos llegar a concordar en una modificaci�n del sistema electoral vigente. Por �ltimo, la potestad del Presidente de la Rep�blica para remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, me parece absolutamente l�gica dentro de un sistema presidencial. Quienes elaboraron la Constituci�n estaban convencidos de la necesidad de que Chile deber�a tener un sistema presidencial; y entiendo que el ex Senador Guzm�n gener� bastantes ideas en ese sentido desde el punto de vista te�rico. Dentro de un sistema presidencial de la naturaleza del chileno, que es distinto del franc�s -presidencial por antonomasia y el m�s presidencialista de todos, aunque ahora ya no-, resulta obvio que el Presidente de la Rep�blica, que en la Carta de 1925 era general�simo de todas las Fuerzas Armadas, tenga tal potestad. Durante la vigencia de la Constituci�n del 25 ning�n Jefe de Estado ejerci� tal potestad de manera arbitraria. La situaci�n que vivimos en tiempos de la Unidad Popular fue excepcional, y ning�n Jefe de Estado anterior a esa �poca �repito- ejerci� dicha potestad en forma arbitraria. En general, las Fuerzas Armadas de nuestro pa�s no tuvieron la espada de Damocles de que sus Altos Mandos fueran removidos en cualquier momento por razones pol�ticas. Por lo tanto, considero absolutamente l�gico... El se�or MART�NEZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or N��EZ.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Estamos en votaci�n, se�ores Senadores. El se�or MART�NEZ.- Pero Su Se�or�a est� haciendo uso de 15 minutos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se tom� el acuerdo de que los Senadores inscritos podr�an utilizar ese tiempo durante la fundamentaci�n de su voto. El se�or MART�NEZ.- Entonces, �no puedo hacer uso de la interrupci�n que gentilmente me ha concedido el Honorable se�or N��ez? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No, porque estamos en votaci�n. Puede continuar Su Se�or�a. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, deseo solicitar que, dada la naturaleza de las materias que estamos tratando, el per�odo para formular indicaciones no concluya el 15 de marzo, sino, al menos, a fines de dicho mes. Sabemos que el 11 de marzo se incorporan al Senado nuevos colegas y que en esa misma fecha algunos de los actuales dejan la Corporaci�n, por lo que no podr�n intervenir en la discusi�n particular de la iniciativa. En consecuencia, se�or Presidente, pido formalmente, en nombre del Comit� Socialista, que el plazo para presentar indicaciones sea extendido por lo menos hasta el 30 de marzo. Voto que s�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable se�or Stange. El se�or STANGE.- Se�or Presidente, se inici� nuevamente un tr�mite de discusi�n general como resultado de un proyecto que reforma profundamente la Carta Fundamental de 1980. Antes de avanzar mayormente en la materia, quiero hacer una breve referencia sobre el "poder constituyente", toda vez que se han elevado algunas opiniones que discrepan en cuanto a ciertos aspectos no esenciales de dicha potestad. En raz�n de fundamentaciones estrictamente constitucionales y legales, y bas�ndonos en el "Tratado de Derecho Constitucional" de don Alejandro Silva Bascu��n, debemos recordar que la soberan�a reside en la naci�n, la que delega su ejercicio en las autoridades elegidas al efecto. Pero, trat�ndose de una Constituci�n como la nuestra, supone momentos de reflexi�n colectiva en que se manifiesta la voluntad de fijar o modificar las bases fundamentales del ordenamiento del poder pol�tico. Es dable reconocer que el sistema constitucional imperante contempla dos caracter�sticas sobresalientes: la primera, que nuestra Carta es "estable", pues de lo contrario no expresar�a la permanencia de la idea de Estado; y la segunda, que ella misma contiene el germen de la "variabilidad", lo que permite reflejar el movimiento progresivo del esp�ritu p�blico. Sin embargo, tal como lo anticipara, los "momentos de reflexi�n p�blica" tienen por objeto verificar, masiva y responsablemente, que la Constituci�n no obedece a las necesidades del pa�s y que debe ser cambiada. Queda demostrada la legitimidad de toda iniciativa tendiente a modificar la Carta Fundamental. Pero, en forma anal�tica y al margen de la legalidad o de la raz�n pura, se deben considerar aspectos tan importantes como la oportunidad para iniciar un debate parlamentario ajeno a los resultados de una "reflexi�n p�blica", en plazos exiguos, sin mayor conocimiento p�blico y s�lo con fundamentos nacidos de c�pulas partidistas, cuyos proyectos de reforma eluden muchos otros temas esenciales, para abocarse a otros asuntos de no tanta relevancia pero que, no obstante ello, pueden tener efectos perniciosos para nuestra democracia. Al tenor de los informes de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, son tres las ideas b�sicas de la presente iniciativa, a saber: 1.- Modificar la composici�n del Senado y del Tribunal Constitucional, de modo que aqu�l sea �ntegramente elegido mediante votaci�n popular y sean eliminados los Senadores vitalicios y los institucionales, que tanto han aportado en esta Corporaci�n. 2.- Suprimir el Consejo de Seguridad Nacional, acabando, de esta manera, con el �nico canal v�lido para hacer presente al Poder Ejecutivo aquellas materias que seg�n las autoridades que lo componen ponen en riesgo la estabilidad institucional. 3.- La idea, no estrictamente constitucional, de reformar el sistema electoral binominal, reemplaz�ndolo por otro proporcional. Estamos discutiendo un proyecto de reforma constitucional que, en general, y seg�n opini�n del se�or Ministro del Interior, pretende "modificar" la Carta Fundamental para impedir, seg�n sus dichos, "la tutela militar, la composici�n y las funciones del Congreso Nacional y el sistema electoral", que ser�an los pilares de una democracia protegida que es necesario cambiar. Ah� radica el problema de esta iniciativa. Nuevamente, deseo insistir en un aspecto de la mayor trascendencia para el Senador que habla. Me refiero a los "momentos de reflexi�n p�blica". El Honorable se�or Chadwick indic� que "no le parece que el pa�s est� tan expectante con respecto a las presentes enmiendas". Vale decir, las reformas propuestas, que pueden contener algunos elementos formales positivos, no son de mayor inter�s para la ciudadan�a trabajadora o productora de bienes, ni menos para quienes tienen el asiento de sus actividades fuera de la Regi�n Metropolitana o de las grandes ciudades. Ninguno de los grupos sociales y pol�ticos que regularmente visito y con los cuales tengo contacto fluido en la D�cima Regi�n de Los Lagos �a la que represento electoralmente-, me ha tratado jam�s el tema y nunca me han realizado preguntas sobre el particular. Queda claro, entonces, que bien poco les preocupa si el Tribunal Constitucional estar� integrado por decisi�n exclusiva del Presidente de la Rep�blica, o con acuerdo del Senado, o por Ministros que dejar�n de pertenecer a la Corte Suprema, y as� sucesivamente. Pero s� creo que les gustar�a estar informados respecto del aumento del costo de funcionamiento del Tribunal Constitucional que se proyecta. La Constituci�n que nos rige y la de 1925, hoy derogada, fueron instauradas mediante plebiscito, esto es, a trav�s de consultas a la comunidad nacional, la que s�lo pod�a aprobar o rechazar el proyecto. No hubo debate parlamentario sobre el particular y el poder constituyente primario estuvo radicado en las Comisiones Redactoras respectivas para, posteriormente, transferirse a la naci�n una vez que los textos pertinentes fueron sancionados. No obstante su aparente generaci�n no estrictamente democr�tica, ambas tuvieron larga vigencia en el tiempo: la de 1925, por espacio de 48 a�os, y la actual, que lleva m�s de 20. La Constituci�n de 1980 se estructur� sobre la base de un sistema de preeminencia presidencial, tendiente a evitar los errores, y tambi�n los horrores, de la sangrienta Revoluci�n de 1891 a que dio origen la antigua Carta de 1833. En la actual efectivamente existe -y ha existido, con buenos resultados- un sistema democr�tico que se protege a s� mismo, pues se estima que esa forma de gobierno es, por ahora, la menos perjudicial de todas y la que mayores garant�as otorga a los ciudadanos y a la comunidad en general. Basta comparar las garant�as constitucionales presentes en el derogado Texto de 1925 con los 26 n�meros del art�culo 19 de la actual Constituci�n, que representan otras tantas situaciones que se aseguran a todas las personas, sean naturales o jur�dicas. Para cautelar un adecuado manejo de la institucionalidad, existen necesarios contrapesos encaminados a evitar que determinados poderes del Estado se desborden fuera de la �rbita de sus atribuciones. Adem�s, la Carta de 1980 contempla un sistema pr�cticamente original, mediante el cual las Fuerzas Armadas y de Orden pueden hacer presente al Jefe del Estado, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su posici�n frente a un hecho, acto o materia que, a su juicio, atente contra la seguridad nacional o las bases de la institucionalidad. De haber existido una disposici�n similar en la derogada Constituci�n de 1925, se podr�an haber evitado los motivos que dieron origen al Gobierno Militar ante el agotamiento de otras alternativas, al tenor de lo declarado por el Presidente de la Democracia Cristiana de la �poca. La Constituci�n de 1980 es una buena Carta Fundamental. Permite la existencia de una democracia pluralista; en ella no hay movimientos o corrientes de opini�n pol�tica excluidas "per se"; tiende a la formaci�n de grandes bloques de partidos, como lo contemplan normativas centenarias de democracias estables como la norteamericana y la inglesa. El propio Presidente de la Rep�blica reconoce que "las Instituciones funcionan". Es decir, utilizando la Constituci�n como medio para ello, se alcanzan los objetivos de Gobierno. Francamente, ignoro el resultado pr�ctico que se pretende con esta reforma sometida al debate parlamentario en el Senado, pues hubiese sido preferible entregar previamente a un conocimiento generalizado de la comunidad el fin �ltimo de ella para entrar a un sereno an�lisis y, con el aporte de los nuevos legisladores que se incorporen pr�ximamente, llegar a textos consensuados que rescaten lo mejor de las propuestas y podamos perfeccionar, sin desmantelar ni romper una esencia que por 20 a�os ha resultado exitosa. Tampoco en nada cambiar� la situaci�n de determinados habitantes del pa�s, chilenos por el "jus solis" o por el "jus sanguinis", cuyos ancestros o algunos de ellos pertenecieron a etnias que en su �poca fueron originarias, si el Estado -en una declaraci�n que no puede ser sino rom�ntica- dice que de ahora en adelante ser�n de su "preferente preocupaci�n". Si observamos el quehacer de los Gobiernos de la Concertaci�n, su preocupaci�n ha sido m�s que preferente, y sus resultados no est�n aparejados con tan elevados prop�sitos. Y respecto de los dem�s habitantes, �habr� una "especial preocupaci�n"? �No ser�a �sa una evidente discriminaci�n? Hay otras modificaciones de forma a normas positivas que en algo mejoran la aplicaci�n del texto constitucional, pero a todas luces resultan inoportunas en el tiempo en que nos encontramos, pues est�n a punto de terminar su mandato un importante n�mero de se�ores Senadores. Su r�pido estudio no resulta adecuado para legislar en materia constitucional. La prisa en este �mbito no es buena consejera. Reconozcamos que en numerosas leyes hemos creado instituciones inaplicables o defectuosas, que hemos debido corregir. Sin ir m�s lejos, la legislaci�n sobre tabaquismo, el cercenamiento de las potestades policiales, las normas sobre fotorradares, ciertas f�rmulas de la Ley de la Renta, las modificaciones a las normativas sobre delitos-faltas, constituyen meras muestras que nos debieran hacer recapacitar. Legislemos, seamos constituyentes, pero con el debido conocimiento previo y p�blico y, obviamente, con el apoyo ideol�gico de nuestros representados. Al respecto, estimo que hay una situaci�n que debe ser abordada en este estudio, para no volver a cambiar la Constituci�n en algunos meses m�s. Es preciso que el Ejecutivo considere introducir modificaciones limitativas a la adquisici�n del derecho de dominio y a la garant�a de su tenencia, cuando ella perjudica la integridad territorial nacional. Creo que este caso es �nico en el mundo y, como no hay limitante legal, tampoco existe impedimento para que aumente su propiedad. Me estoy refiriendo al caso de la Regi�n de Los Lagos, que represento en el Senado, donde un ciudadano extranjero, actuando por s� o en representaci�n de entidades for�neas, ha hecho de su dominio vastos inmuebles que cortan el territorio nacional de mar a cordillera, limitando de hecho los derechos del Estado y de los particulares que deben utilizar el derecho real de paso. Si bien nuestra Carta Fundamental, en los n�meros 23 y 24 del art�culo 19, limita en una cierta medida los requisitos para la adquisici�n del dominio en algunos casos o para la conservaci�n del mismo -cuando los intereses generales de la naci�n, la seguridad nacional, la utilidad, la salud p�blica o la conservaci�n del patrimonio ambiental lo requieran-, ello no ha impedido el "abuso del derecho", lleg�ndose a los l�mites que se han expuesto. Por lo tanto, solicito que, por intermedio de la Presidencia del Senado y con acuerdo de la Sala si es necesario, se oficie al Poder Ejecutivo, con el objeto de que env�e una indicaci�n sobre la materia o ampl�e el proyecto en debate, pues se trata de un caso de seguridad nacional de suma urgencia. Finalmente, por no participar de la idea general de desmantelar la actual Ley Suprema, voto en contra del proyecto de reforma constitucional. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, de conformidad con el Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, har� uso de la palabra s�lo porque quien habla, como otros parlamentarios, durante largo tiempo, nos opusimos a muchas de las modificaciones constitucionales que hoy se est�n aprobando. Me parece importante dejar constancia del fundamento de esta posici�n en un debate que no s�lo no atrae la atenci�n p�blica, sino que tampoco la de los miembros de esta Corporaci�n, a juzgar por lo que hemos podido ver esta tarde. Cuando junto con los Honorables se�ores D�ez, Chadwick y Romero presentamos en junio del 2000 el proyecto de reforma constitucional -que gener� un proyecto de la Concertaci�n y otros considerandos de proyectos anteriores en el trabajo de la Comisi�n-, nos pareci� que 20 a�os de funcionamiento de la Carta era tiempo suficiente como para evaluar lo que hab�a sido su incorporaci�n en la vida jur�dica del pa�s, en el ordenamiento de las instituciones fundamentales y en la adecuaci�n del sistema de los Poderes P�blicos. El examen que hicimos -que en buena medida se ha refrendado en varias de las intervenciones que hemos o�do-, en muchos aspectos, es positivo. Algunos cap�tulos de la Constituci�n �sobre todo, los relacionados con toda la parte dogm�tica y con las garant�as institucionales- han sido considerados un verdadero progreso en la historia del Derecho Constitucional chileno. Por lo tanto, al mirar esas instituciones, que por cierto siempre son perfectibles, ha habido un reconocimiento en cuanto a que gran parte de sus normas realmente constituyeron un progreso en nuestro Derecho Constitucional y en nuestro ordenamiento jur�dico fundamental. Tambi�n lo avalan los resultados. Independientemente del cuestionamiento de una u otra instituci�n, de hecho, en estos pr�cticamente 12 a�os de funcionamiento de la Carta en pleno r�gimen democr�tico, hemos tenido un pa�s que no s�lo ha vivido en democracia, sino en el que las instituciones funcionan, como lo ha se�alado el propio Presidente de la Rep�blica, y que permite la representaci�n pluralista, con un adecuado equilibrio de poderes, que hace que Chile funcione. Hay estabilidad pol�tica, econ�mica y social, lo que demuestra la existencia de un equilibrio institucional, que se ha alcanzado en buena medida gracias a las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental. Por cierto, que no se le puede atribuir a un texto legal la causa de toda la situaci�n de estabilidad que hemos vivido en estos a�os; pero ciertamente debe reconocerse que aqu�lla ha jugado un papel muy importante. Por eso, debemos reconocer que el tr�nsito desde un gobierno de facto, de un gobierno militar, de un gobierno autoritario a uno democr�tico se ha logrado en buena medida gracias al dise�o de la Constituci�n. Los actores han jugado un rol muy trascendente. Creo que los Gobiernos de la Concertaci�n han tenido tambi�n una conducta pol�tica que cabe destacar. Por ejemplo, me parece que en todo lo que dice relaci�n a las Fuerzas Armadas �se esperaba que iban a tener un comportamiento distinto, por ser detractores de las mismas durante el Gobierno Militar-, me parece que han actuado bien. Son muchos los factores, pero dentro de ellos, indiscutiblemente, la Constituci�n ha jugado un papel relevante. Es importante subrayar que la Carta de 1980 no s�lo limit� al Estado, sino tambi�n al Derecho, lo cual tiene un profundo significado jur�dico, que hoy debemos destacar. Sin perjuicio de ello, tambi�n hemos asistido a un debate que se ha estructurado alrededor del funcionamiento de distintas instituciones. Por eso, quienes patrocinamos la moci�n en representaci�n de la Alianza por Chile buscamos un camino para perfeccionar algunas instituciones y colaborar en la b�squeda de un consenso, a fin de que en torno de la Constituci�n -que es la ley fundamental que estructura el orden jur�dico y pol�tico del pa�s- exista el mayor consenso posible. Y aun cuando nunca se podr� alcanzar el consenso total, s� cre�mos conveniente avanzar en ello. Por eso, propusimos normas para modificar la composici�n del Senado. Advertimos en el �ltimo tiempo una desnaturalizaci�n del funcionamiento de los Senadores institucionales, desde el momento en que dejan de serlo y algunos pasan a ser Senadores de partidos, que no se distinguen de los elegidos, porque asumen responsabilidades pol�ticas y no institucionales. Y tenemos temor de que esa tendencia se mantenga y se acent�e hacia el futuro si se sigue en el mismo camino. Por eso, y no porque haya un cambio en la teor�a democr�tica, planteamos enmendar la composici�n del Senado. La modificaci�n del Tribunal Constitucional tambi�n va en la misma direcci�n. Y el cambio en las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional es consecuencia de las enmiendas anteriores. Estimamos conveniente mejorar los equilibrios y contrapesos, y, entre otras consideraciones, aumentar la facultad fiscalizadora de la C�mara de Diputados, ya que no tiene capacidad para fiscalizar de verdad al Gobierno de turno cuando las mayor�as pol�ticas coinciden con �ste. Tambi�n hemos considerado necesario mejorar el funcionamiento del Parlamento, por ejemplo, al suprimir las legislaturas ordinarias y extraordinarias, dado que corresponden a conceptos de otros tiempos. En consecuencia, el trabajo realizado por la Comisi�n, que recoge en parte sustancial el proyecto que presentamos, nos llena de satisfacci�n. Y tambi�n nos complace el hecho de que se haya podido llegar a muchos acuerdos respecto del proyecto que posteriormente presentaron los Honorables colegas de la Concertaci�n, recogiendo no s�lo los planteamientos que ellos mismos formularon otrora, sino tambi�n ciertas reformas espec�ficas que estaban en la Comisi�n y que hab�an sido presentadas en forma individual por algunos se�ores Senadores, sin reflejar posiciones de grupos, sino m�s bien anotando puntos concretos. Por lo tanto, el trabajo de la Comisi�n merece nuestro reconocimiento. Uno nunca estar� ciento por ciento de acuerdo con todo lo que se realiza, pero estimo bastante valiosa la labor efectuada por ella. Por eso, estamos en condiciones de aprobar el proyecto. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que me produce un enorme desconcierto el hecho de que ciertas materias, al final, a pesar de que hab�a unanimidad a su respecto, hayan sido separadas y su aprobaci�n condicionada al pronunciamiento favorable de esta reforma constitucional. El hecho de que hoy d�a, por ejemplo, el tema de la composici�n del Senado, en el cual hay consenso en los miembros de la Comisi�n de Constituci�n, como se desprende de la lectura de sus actas, haya sido separado del texto general porque no hab�a acuerdo en otras materias �el sistema electoral binominal y la remoci�n de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas-, me parece absolutamente incre�ble. Aqu� no se puede, a �ltima hora, condicionar un proceso importante, de envergadura, en donde todos hemos hecho concesiones. No cabe se�alar que por oponernos a un punto espec�fico, como, por ejemplo, el sistema binominal, estamos actuando en forma cerrada o estrecha, en circunstancias de que, por distintas consideraciones que hicimos presentes en su momento, hemos cambiado posiciones sobre materias que anta�o votamos en contra. En cambio, actualmente, las estamos promoviendo y defendiendo. Eso demuestra apertura y b�squeda de equilibrios, de com�n acuerdo y de consenso. Pero los consensos suponen acuerdos. Si en doce o quince materias hay acuerdo solamente en 90 por ciento de ellas, el porcentaje restante en que no se logr� entendimiento no obliga a tachar al adversario o a suspender lo ya acordado. Considero inexplicable que la Concertaci�n, que muchas veces propuso reformas constitucionales para terminar con los Senadores designados y los vitalicios, hoy d�a, pueda condicionar la aprobaci�n de esa materia al cambio del sistema electoral binominal o de la forma de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca lo hicieron, nunca lo plantearon. Y si ahora lo hacen, al final, las razones son espurias; pueden relacionarse con el c�lculo electoral o con contradicciones pol�ticas. Deseo escuchar las explicaciones ante la opini�n p�blica, pues me parece que no se sustentan, y si cae en ese juego, la Concertaci�n quedar� en una posici�n muy err�nea. En cuanto a la modificaci�n de la forma como se remueven los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, en general, hemos manifestado alguna flexibilidad. Ello queda demostrado, por ejemplo, en el tema de los garantes de la institucionalidad, pues, a pesar de que tiene un sentido claro en el origen de la norma, compartimos el que otros pueden darle un sentido equ�voco, por lo que estamos dispuestos a arreglar esa situaci�n. En este sentido, tambi�n estamos contestes en analizar otras alternativas que no impliquen dejar a la mera voluntad unilateral del Presidente de la Rep�blica la remoci�n de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Ello podr�a quedar en manos del Consejo de Seguridad Nacional, sin la participaci�n de los Comandantes en Jefe, por mencionar una idea que pueda abrir espacios a acuerdo. Lo concreto es que no entregaremos una nueva atribuci�n al Primer Mandatario, en un r�gimen exageradamente presidencialista, respecto de una materia tan delicada, cuando queremos tener Fuerzas Armadas profesionales. No deseamos convertirlas en un Ministerio m�s o en una instancia pol�tica de dependencia exclusiva del Gobierno, pues de esa forma, precisamente, le quitaremos su car�cter profesional. Por otro lado, en lo que dice relaci�n al sistema electoral, me parece que en la Sala se han entregado muchas opiniones que reflejan falta de comprensi�n del mismo. Desde luego, no existe un sistema electoral que pueda considerarse democr�tico por excelencia, ya que hay tantos sistemas como pa�ses en el mundo. Si bien es cierto que existen tendencias mayoritarias o proporcionales, no lo es menos que cada naci�n le incorpora tal grado de modificaciones que resulta dif�cil se�alar cu�l es el sistema electoral democr�tico por excelencia. Cada pa�s escoge su propia realidad. Tambi�n se manifest� aqu� que el sistema electoral binominal conduce al empate. Nada m�s equivocado. No conduce al empate. Ello depende de los momentos pol�ticos. No hubo empate en 1990 ni en 1993 ni en 1997. S�lo se produjo recientemente. Pero no por lo ocurrido ahora podemos generalizar. A lo que s� conduce es a centrar el debate pol�tico. A mi entender, �sta es una de las contribuciones del sistema electoral binominal. Al recoger el pensamiento de algunos polit�logos, como, por ejemplo, el de �ngel Sartori -cuya competencia a nivel internacional nadie discute-, quien, cuando analiza las causas de la ca�da del r�gimen pol�tico chileno en 1973, las atribuye precisamente a la existencia en nuestro pa�s de un sistema de partidos pol�ticos m�ltiple polarizado, que cada vez que hab�a elecciones procuraba partir de cero; es decir, que la historia comience con cada uno de ellos en su momento. Y cuando uno de estos grupos se encontraba en el poder, quienes no lo estaban, se convert�an inmediatamente en sus enemigos, sea cual fuere su filiaci�n. Lo anterior ocurr�a porque el sistema favorece las posiciones extremas. En palabras de Sartori, el sistema pol�tico m�ltiple polarizado y proporcional es un sistema centr�fugo que saca a los pa�ses del centro pol�tico, de la moderaci�n y del equilibro. En cambio, el sistema binominal hace precisamente lo contrario: ordena a los actores, porque no discrimina en la proporcionalidad, salvo en los partidos peque�os, a los que no les reconoce representaci�n. Por ejemplo, el Partido Comunista, con 4, 5 � 6 por ciento de la votaci�n no ha tenido representaci�n parlamentaria. Eso es efectivo. Pero el sistema persigue consolidar grandes bloques, los cuales alcanzan su consolidaci�n en forma proporcional. As� ha sido pr�cticamente siempre, como ha quedado demostrado en sucesivas elecciones, con la salvedad de la situaci�n de los partidos peque�os. Por consiguiente, se trata de la opci�n de un pa�s de construir grandes bloques y de evitar que los peque�os grupos que obtienen 4 � 5 por ciento de los sufragios se conviertan en los �rbitros de la situaci�n. Precisamente, en un momento pol�tico de empate como el que vive Chile, la existencia de estos peque�os partidos podr�a ser fatal, pues se convertir�an en �rbitros, a pesar de no tener representaci�n democr�tica. De manera que nada podr�a ser m�s antidemocr�tico que permitir que esas peque�as colectividades fueran determinantes, como ha ocurrido en otros pa�ses con sistemas que conducen a formar dos bloques y dan cabida a partidos pol�ticos menores que por su posici�n extrema pueden llevar a esa naci�n al abismo o a malas soluciones. Lo otro que se esgrime como argumento es el factor num�rico. Ello es, a mi juicio, bastante peligroso. Se sostiene que un tercio vale lo mismo que dos tercios. De hecho eso no ha existido, salvo en el caso puntual de una candidatura a Diputado o Senador. Pero en las grandes cifras, nunca ha ocurrido algo semejante. Adicionalmente, deseo manifestar que si seguimos esa l�nea, en la elecci�n presidencial el 51 por ciento se lleva el ciento por ciento. Cabe recordar que Joaqu�n Lav�n obtuvo 49 por ciento de sufragios y, sin embargo, se fue para la casa sin una gota de poder. Y si no se hubiera presentado a las elecciones municipales, en estos momentos, ser�a un ciudadano particular m�s que ni siquiera ocupar�a el cargo de alcalde ni tendr�a ninguna posici�n. Son argumentos falaces. Cuando se habla de que un tercio vale lo mismo que dos tercios, es tan falaz como el afirmar que 51 por ciento es equivalente al ciento por ciento. El sistema electoral es materia discutible. No niego que haya personas que tengan opiniones distintas, pero, como dicen, "por sus frutos los conocer�is", y el actual sistema ha permitido el funcionamiento pol�tico, democr�tico, pluralista, representativo y real de Chile. Por eso, no estamos disponibles para cambiarlo. Si la Concertaci�n estima que si no se modifica el sistema electoral vigente, no hay reforma constitucional, deber� asumir su responsabilidad hist�rica. Y nos vamos a encargar de que el pa�s sepa que, por el af�n de lograr el poder total, no est�n hoy d�a dispuestos a introducir cambios trascendentales en la Constituci�n, aun cuando siempre los quisieron. Por ello, creo que no podemos limitar, ni por la v�a de la extorsi�n pol�tica, nuestras intenciones. Lo anunciamos desde ya: si �sa es una condici�n, no habr� reforma constitucional. Pero quienes la est�n imponiendo deben saber que se encuentran recurriendo a una extorsi�n pol�tica antidemocr�tica y que el pa�s lo sabr�. Por tales consideraciones �por las primeras, no por las �ltimas-, quiero manifestar mi aprobaci�n al proyecto en el cual me cupo participaci�n como coautor de una de las mociones que le dieron origen, y si bien no soy miembro de la Comisi�n, asist� a la mayor cantidad de sesiones que pude, contribuyendo en la medida de mis posibilidades a mejorar nuestra situaci�n institucional y a dejar una Constituci�n estable que, salvo ajustes menores, no tenga durante un largo per�odo m�s motivos de debate. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se dar� curso a la votaci�n nominal. --(Durante la votaci�n). El se�or BITAR.- Se�or Presidente, al fundar mi voto quiero se�alar que me embarga el sentimiento de estar tomando una decisi�n muy relevante para el pa�s, por ser autor, junto con los Honorables se�ores Viera-Gallo, Silva y Hamilton, del proyecto de la Concertaci�n. Entiendo que aqu� se expresa el deseo de dar un paso trascendental destinado a acercar la Constituci�n a su legitimidad, basado en la voluntad ciudadana plena. Esto no ha existido, ha habido demoras prolongadas, y la Historia ense�a que las rep�blicas que no saben acondicionar a tiempo sus marcos constitucionales a la evoluci�n y al sentimiento ciudadanos, caen en crisis. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar el extenso per�odo de p�rdida de legitimidad de la rep�blica parlamentaria, que culmin� en 1925, con una transformaci�n constitucional en condiciones que no fueron las m�s adecuadas para el orden del pa�s. Entonces, surge la pregunta: �s�lo en crisis debemos abordar estas tareas? Y la respuesta es que si tenemos la capacidad de prevenir e inteligencia para avanzar, y lo hacemos a tiempo, el pa�s caminar� mejor. Desde esta perspectiva, considero que, aunque esto se hace con retardo, constituye un paso muy relevante. Si fructifica, como debe fructificar una reforma completa, que d� un paso serio hacia la democracia, creo que ser� un hecho de suma importancia. Asimismo, debo se�alar que nuestra satisfacci�n proviene de considerar que la Constituci�n de 1980 y sus dos reformas, llevadas a cabo en 1988 y 1989, se verificaron en momentos en que predominaba una alteraci�n del orden institucional, cuando no exist�a democracia ni se hallaba en funcionamiento el Congreso, y que �sta es la primera de envergadura que se realiza dentro de un marco democr�tico, bajo la vigencia de un Parlamento Hay, adem�s, dos temas fundamentales sobre los cuales quiero sentar una opini�n, al votar favorablemente en general este proyecto. Con relaci�n a las Fuerzas Armadas, quiero se�alar que el pa�s se ha enrielado en una normalizaci�n institucional, que ya es una realidad, y que la Constituci�n debe reflejar esta realidad. Creo que ha sido tambi�n un �xito notable de la transici�n democr�tica chilena el reciente nombramiento de la actual Ministra de Defensa. Su designaci�n tiene un efecto simb�lico y emblem�tico que, a mi juicio, muestra el punto en que nos encontramos. Ha constituido una se�al de repercusi�n nacional y mundial el que sea la primera mujer en la historia de Chile la que ocupe ese cargo, proveniente de un partido como el Socialista, cuya confrontaci�n con la dictadura y el trato que �sta le dispens� son ampliamente conocidos. Y, adem�s, por tratarse de la hija de un general que falleci� durante esa dictadura debido a los maltratos sufridos. Por lo tanto, es una expresi�n de voluntad de toda la ciudadan�a, incluyendo a las Fuerzas Armadas, el mirar hacia el futuro, superar esa situaci�n, de lo cual todos debemos alegrarnos. Tal normalizaci�n debe culminar restituyendo al Presidente de la Rep�blica la facultad de nombrar y remover a los Comandantes en Jefe. Y hago votos para que en la discusi�n en particular esto se lleve a cabo sin condicionantes que debiliten la autoridad del Primer Mandatario, porque ello comprometer�a el Estado de Derecho. Creo tambi�n que este paso que damos ahora despeja la situaci�n h�brida de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones que conllevan un poder pol�tico paralelo de los militares, inaceptable en un orden democr�tico, como ocurre, por ejemplo, con la designaci�n de Senadores. La segunda observaci�n, que dejo marcada al fundar mi voto, para considerarla en la discusi�n en particular, se relaciona con la necesidad de modificar el sistema electoral. Pienso que ello es indispensable para pasar de una democracia empatada a una que permita que las mayor�as se expresen cabalmente y, por lo tanto, sea capaz de innovar. Debo manifestar aqu� mi preocupaci�n ante la posibilidad de que pasemos de una democracia empatada a una democracia "empantanada" por un sistema electoral que no refleja la expresi�n mayoritaria del pa�s. El sistema actual est� dise�ado para el empate entre mayor�a y minor�a. Si una es de 48 por ciento, y la otra de 52 por ciento, no se nota. Pero si una es de 60 por ciento, y la otra, de 40 por ciento, o si se da una cifra de 58 por ciento, y otra de 37 por ciento, como ha ocurrido en elecciones como la del 93, se produce una grave deformaci�n que altera el funcionamiento normal del sistema. Algunos podr�an justificar este esquema en circunstancias excepcionales, de muy aguda polarizaci�n como lo fue el t�rmino de una dictadura. Pero en una democracia madura puede constituirse en factor de entrabamiento, de p�rdida de legitimidad y de bloqueo a la innovaci�n, y ese entrabamiento puede estar m�s cerca de lo que creemos. Yo no pienso como aquellos que se�alan que se puede simplemente dejar correr el tiempo, y de ese modo resolver las cosas. Considero que no debemos actuar con ceguera. Hay que hacer una reforma y, por tanto, es indispensable modificar el art�culo 45 en forma simult�nea, en lo relativo a los Senadores vitalicios y designados. Es necesario, adem�s, fijar un nuevo n�mero de Senadores y modificar el sistema binominal. En ese sentido, se avanza a una Constituci�n democr�tica, no por conveniencia de un n�mero, sino por principios. Si pretendemos contar con un r�gimen democr�tico, el sistema electoral debe ser modificado. �sta ha sido siempre, desde un comienzo, la posici�n de la Concertaci�n. Es inexplicable la actitud de una Oposici�n, que siempre estuvo en contra, y que ahora quiere actuar por tajadas y aceptar una parte. �Por qu� no aceptamos este avance completo, con un sistema electoral que perfeccione el actual? No promovemos un sistema proporcional, es otro extremo, pero creemos, s�, que esta modificaci�n debe verificarse. Hay dos materias adicionales que por no disponer de m�s tiempo me limitar� a mencionarlas y respecto de las cuales he propuesto su modificaci�n, y en cuyo estudio espero que se avance. Una, las nuevas formas de participaci�n ciudadana. He propuesto una reforma constitucional para tener una iniciativa popular de ley. Ha habido oposici�n tanto para el plebiscito como para la iniciativa popular de ley. A mi juicio, en una democracia moderna debemos abrirnos a nuevas formas. En este aspecto hay una falencia, y si damos ese paso ser� un gran avance para el pa�s. Y la segunda, una enmienda constitucional que mejore la educaci�n por la v�a de establecer que ser�n obligatorias la educaci�n b�sica y la media, lo cual constituye un gran salto respecto de la educaci�n primaria obligatoria, que se aprob� en 1920. El siglo XXI puede tener otra proyecci�n. Por lo tanto, estamos por una democracia de verdad. �sa es la posici�n de la Concertaci�n, y queremos dar un paso sustantivo en ese sentido. No es falaz tener una posici�n contundente como �sta; lo falaz es aceptar las cosas a medias. Voto favorablemente. El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, el tiempo y el esfuerzo dedicados a este asunto permite adivinar por qu� un tercio de nuestros compatriotas ni siquiera participan en el m�s elemental de los ritos democr�ticos, como son las elecciones. Reformar la Constituci�n interesa apenas a un tres por ciento de los ciudadanos, cifra que representa a los cuadros de los grupos pol�ticos mejor organizados. Todos sabemos que ahora los verdaderos desaf�os, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto, son de car�cter socioecon�mico. Se me objetar� que no s�lo de pan vive el hombre. Pero mientras el sistema de salud p�blica colapsa; mientras la educaci�n p�blica garantiza la mediocridad de la pr�xima generaci�n; mientras la cesant�a se hace estructural y la seguridad p�blica se desvanece, �no es un poco vergonzoso o dif�cil de explicar que el Senado concentre sus mejores afanes en modificar la institucionalidad para redistribuir el poder pol�tico? La autoridad est� en deuda con la ciudadan�a. Nuestro aporte legislativo para fortalecer condiciones encaminadas a solucionar los problemas que afectan en forma cotidiana a la gente ha sido escaso. De hecho, hemos permitido la aprobaci�n legal de recetas ya fracasadas en todo el mundo y cuya aplicaci�n est� disolviendo a la clase media y empujando hacia la pobreza a un n�mero cada vez mayor de compatriotas. Es comprensible, entonces, el verdadero desinter�s del pa�s real frente al espect�culo de las luchas partidistas. Es imposible estar conforme con el esp�ritu de complaciente ineficacia que hoy impera en la esfera pol�tica, paralizando hasta la esperanza de medidas rectificadoras. Con todo, se�ores Senadores, no hay que desesperarse. Afortunadamente, no todo funciona mal en nuestro pa�s: el sistema institucional a�n resiste y la Carta Fundamental de 1980 todav�a presta a la comunidad nacional el servicio esencial para el cual fue concebida, esto es, sostener los pilares de un mejor futuro para Chile al hacer posible la democracia, el progreso econ�mico y el desarrollo social de un pa�s que durante medio siglo hab�a perdido su vitalidad y cohesi�n como consecuencia del odio predicado incansablemente por los representantes de ciertas ideolog�as universales y totalizadoras. Si el actual orden institucional ha funcionado bien, �c�mo entender tanto empe�o en debilitarlo? No basta con invocar el prestigio de la voz "perfeccionar" para justificar un cambio a todas luces artificial, innecesario e inconveniente. A este paso, sumidos en el espejismo de una transici�n infinita, acabaremos por retroceder hasta batirnos por asuntos que cre�amos resueltos hace m�s de un cuarto de siglo. Se�or Presidente, escuch� con atenci�n y respeto todas las opiniones vertidas en la Sala. No comparto las motivaciones de las c�pulas partidistas ni creo que las disposiciones constitucionales hayan sido obst�culo para la vigencia del r�gimen democr�tico. Muy por el contrario, pienso que la integridad del orden institucional ha proporcionado estabilidad al juego pol�tico. Y �se es un bien que no debi�ramos despreciar. Asimismo, al menos para m�, ha quedado de manifiesto que la intenci�n de quienes impulsan con mayor entusiasmo esta reforma inorg�nica es alcanzar, a trav�s de indicaciones, el n�cleo de la Constituci�n. Para ellos, esto se traduce en la anulaci�n de la funci�n pol�tica que cumplen las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, es decir, garantizar en todo momento y circunstancia el funcionamiento de las instituciones, como se dice ahora. No nos enga�emos: si todos garantizan, nadie garantiza. �Y a qui�n favorecer� la desaparici�n de la efectiva, real y verdadera garant�a del libre funcionamiento de las instituciones republicanas? A mi juicio, aprobar la idea de legislar en los t�rminos propuestos supone olvidar que cada naci�n digna de ese nombre tiene instituciones propias, ligadas en su origen a una trayectoria hist�rica concreta y destinadas a encauzar su porvenir, �nico e irrepetible, hacia el cumplimiento de un gran objetivo nacional. No debiera acomplejarnos lo que otros hacen. Ser�a un grave error sustituir la experiencia vital de nuestra patria, gallarda en tantas ocasiones decisivas, d�ndonos por suced�neo un ideal te�rico, contenido en las m�s hermosas p�ginas del mejor texto de teor�a pol�tica jam�s escrito. En suma, tengo gran respeto por las disposiciones constitucionales que han sostenido exitosamente el esfuerzo de nuestro pueblo hacia el logro de sus leg�timas aspiraciones, y me parece que la reforma que nos ocupa, en su propio m�rito, es inconveniente para el bien de Chile. En consecuencia, voto no a la idea de legislar. El se�or CORDERO.- Se�or Presidente, primero quiero efectuar una reflexi�n. Se ha hablado tanto, durante toda la tarde, del problema de los Senadores institucionales, designados o vitalicios, que se produce tambi�n una confusi�n: se confunde a los designados con los institucionales, etc�tera. Pero yo me pregunto: �Y por qu� no se habla de los candidatos? �Qui�n los elige? �El pueblo? �O los ponen los partidos pol�ticos? �Qu� participaci�n tiene el pueblo en la elecci�n de los candidatos? �Ninguna! Entonces, no hay que rasgar vestiduras tan fuertemente, porque, a mi juicio, a ese respecto existe una equivocaci�n. En este minuto, todos los candidatos que re�nen los requisitos exigidos para ser Diputado o Senador pueden inscribirse en una Regi�n. Y con nuestro sistema computacional, es factible votar en los Redbanc. Un alto porcentaje de candidatos a Diputado o Senador no cumplen con la cantidad de votos que necesitan para ser elegidos, y los designa la ley. Es decir, �son designados...! Se�or Presidente, un detenido an�lisis de las materias sobre las que se pretende legislar permite concluir que ellas son totalmente ajenas al inter�s de la ciudadan�a y, adem�s, que las disposiciones que se pretende introducir son altamente inconvenientes para nuestro orden institucional. En una democracia como la nuestra, el Parlamento debe ser la expresi�n de la voluntad ciudadana. En la medida en que nos apartamos de dicha voluntad, nuestras acciones dejan de ser leg�timas, pues se constituyen en actos cupulares, s�lo de inter�s para la clase pol�tica. De esta forma, se desatiende el sentir de la comunidad, que es la real despositaria de la soberan�a, y las decisiones resultantes, aun cuando son formalmente correctas, pierden legitimidad sustancial. Espec�ficamente, deseo salvar mi responsabilidad ante las futuras generaciones manifestando mi en�rgica oposici�n a este nuevo intento de convertir a las m�ximas autoridades de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en simples funcionarios de confianza del R�gimen de turno. Tengo el personal y categ�rico convencimiento de que la inamovilidad es la �nica garant�a real de imparcialidad e independencia de las funciones militar y policial. Sobre esto no puede haber dos opiniones. Y los hechos lo est�n demostrando. Todas las instituciones que seg�n nuestro orden institucional deben tener independencia del poder pol�tico est�n protegidas con la inamovilidad en el cargo de la autoridad que las ejerce. As� ocurre con los jueces y ministros del Poder Judicial; con el Contralor General de la Rep�blica; con los consejeros del Banco Central; con el Fiscal Nacional, y con otras autoridades que cumplen funciones esenciales en la vida nacional. Todos ellos desempe�an tareas que -como se�al�- no pueden estar supeditadas al Gobierno de turno: ni a �ste ni a ning�n otro. Los mandos superiores de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros encabezan instituciones permanentes del Estado, y no del Gobierno. Por lo tanto, se deben a toda la ciudadan�a, y no a determinados sectores sociales o pol�ticos. Por eso, su funci�n debe estar garantizada con la inamovilidad en el cargo. En el caso espec�fico de Carabineros, la inamovilidad del General Director es un gran "paraguas" que cubre a todos los miembros de la Instituci�n. S�lo contando con esta garant�a el Alto Mando puede actuar en forma profesional e independiente, resistiendo las naturales presiones y reacciones viscerales que suele tener la autoridad pol�tica respecto de las actuaciones policiales. Podr�a dar innumerables ejemplos. Empero, s�lo deseo recordar que en junio reci�n pasado -�junio reci�n pasado!- se formul� una falsa acusaci�n en el sentido de que personal de Carabineros de unidades de Valpara�so estaba presuntamente involucrado en una red de protecci�n al narcotr�fico. La reacci�n de la autoridad pol�tica fue exigir la baja de diez miembros de la Instituci�n. La respuesta del Mando fue categ�rica, neg�ndose a la exigencia del Gobierno y reiterando que los carabineros no tienen m�s derechos que los ciudadanos comunes, pero tampoco menos, y que las sanciones expulsivas �nicamente se adoptar�an cuando se estableciera de manera clara la responsabilidad de los presuntos involucrados. �Y qu� pas�? Actuando de oficio, la justicia resolvi� r�pidamente y, declarando la absoluta inocencia de los uniformados, restableci� la verdad y su dignidad. De haber estado vigente la reforma que se pretende introducir hoy, tendr�amos a diez funcionarios inocentes expulsados de Carabineros, sin derecho a defensa y mancillados en su honor, por una decisi�n caprichosa de la autoridad pol�tica. Como se�al�, existen innumerables situaciones que ilustran la gravedad de los efectos de la norma propuesta en la reforma, las que haremos presentes en su oportunidad. Por tales consideraciones, y actuando en inter�s de la comunidad y de sus instituciones fundamentales, voto que no. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, a todo lo manifestado por los Senadores institucionales que me antecedieron en el uso de la palabra, deseo agregar dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. El de forma, a su vez, tiene dos divisiones que considero important�simas. Primero, se habla mucho aqu� de la soberan�a popular, de la representaci�n que se tiene en el Parlamento. Eso no lo desconozco. Al contrario, es un elemento fundamental de la autoridad de quienes estamos legislando. Por lo tanto, es primario. Pero, si aplicamos aquello, �qu� grado de participaci�n real ha tenido la naci�n en esta reforma que se propone? Aparentemente, casi ninguno; limitad�simo, dir�a yo. Porque no ha habido una difusi�n amplia, pormenorizada, de las proposiciones que tanto la Alianza por Chile como la Concertaci�n de Partidos por la Democracia y diversos se�ores Senadores han hecho en esta oportunidad. Aqu� ha estado ausente la difusi�n de las ideas fundamentales. Por ello, s�lo 2,3 por ciento de la gente, seg�n la �ltima encuesta, se interesa en esto, pues pertenece a una �lite. De manera que la naci�n no est� presente. Quiero insistir en el punto, porque es grav�simo: �D�nde est�n los foros sobre la reforma? �D�nde est�n las comunicaciones en la prensa? �D�nde est�n las invitaciones para discutir? Cuando se hicieron las reformas que llevaron a la Constituci�n del 80, cuyo estudio comenz� en octubre de 1973, se tuvo especial cuidado de que toda la ciudadan�a fuera entrevistada a trav�s de diferentes formas y encuestas, y finalmente se las someti� a plebiscito. Sin embargo, en este caso no tenemos una difusi�n amplia y la ciudadan�a sigue indiferente. Claro. Se va a aprobar por la mayor�a -no hay duda- la idea de legislar. Pero la naci�n est� indiferente, en circunstancias de que, de prosperar las modificaciones a la Carta, le van a afectar en su vida durante los pr�ximos diez, doce o quince a�os. Segundo aspecto de forma. �Sobre qu� proyecto nos vamos a pronunciar en general: el de la Concertaci�n, el de la Alianza por Chile o el que estamos analizando, que figura en este documento? �Cu�l de los tres textos votaremos? Y no es una cuesti�n menor, porque puede invalidar todo el proceso. Reglamentariamente, eso no puede ocurrir. Sin embargo, est� ocurriendo. Entro ahora al aspecto de fondo: �para qu� se va a modificar una Constituci�n cuyo texto ha permitido que Chile, institucionalmente, se mantenga inc�lume en el concierto de Am�rica Latina y en resto del mundo a pesar del temporal pol�tico, social y econ�mico que azota al continente? Lo que sucede es que el inter�s fundamental es esencialmente administrar el poder pol�tico. Y por eso aparecen todas estas proposiciones para introducir cambios respecto del Consejo de Seguridad, para romper la inamovilidad de los Comandantes en Jefe en forma abierta, cambiando lo que rige ahora, en que se halla condicionada la Concertaci�n, etc�tera. Reitero: el inter�s fundamental es administrar el poder pol�tico. En una democracia formada, el poder pol�tico debe estar administrado, como lo establece la Constituci�n de 1980, por un fraccionamiento de �l. Y ese fraccionamiento se encuentra en los partidos pol�ticos, en los grupos intermedios de la sociedad. Pero aqu� estos �ltimos no figuran. Luego, la reforma en estudio apunta a fortalecer a aquellas colectividades. Tengo gran respeto por las tiendas pol�ticas. Ellas canalizan las ideas. Sin embargo, s�lo representan al 7 por ciento de los chilenos. El resto no est� representado. Los independientes, tampoco. En ninguna parte de las modificaciones propuestas aparece que se aumenta el cupo de los independientes, que se pueden presentar listas fuera de los partidos. Se rigidiza el proceso y avanzamos en un sentido negativo, que tuvo un tremendo efecto durante la vigencia de la Carta de 1925. El equilibrio del poder es la clave. Empero, cada vez m�s vamos al rompimiento de ese equilibrio. Incluso el Presidente -esta Constituci�n es esencialmente presidencialista, por el gran poder que entrega al Primer Mandatario; lo hemos escuchado- tiene dificultades hoy para buscar a los hombres que lo acompa�an en su gesti�n como Ministros, porque los partidos pol�ticos le est�n exigiendo, a trav�s de diferentes formas, el acondicionamiento. Estamos en presencia, entonces, de una reforma constitucional que a mi juicio ha sido, desgraciadamente, expuesta de manera muy apresurada. Razones personales (las reconozco) m�s que pol�ticas (las respeto, porque provienen de personas). Pero ello no es prudente para la salud del pa�s. A mi parecer, se ha actuado apresuradamente. Es bueno meditar mucho, porque la Constituci�n, en �ltimo t�rmino, es un mosaico. Y cuando uno retira las piezas fundamentales, se deforma su figura; es decir, se deforma su esp�ritu. Mi voto es contrario a la idea de legislar. La considero altamente negativa, pues rompe el dique que significa analizar en forma previa si conviene o no modificar estas materias. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, en la sesi�n pasada en que se debati� en general este proyecto hice ver c�mo el Senado que tenemos ha sido exitoso y ha venido a cumplir una aspiraci�n de muchos Presidentes de la Rep�blica que ve�an en la C�mara Alta anterior, la de la Constituci�n de 1925, un obst�culo para su labor de gobernar. El Senado mixto, con participaci�n de miembros institucionales, respondi� a una demanda hist�rica y no surgi� por generaci�n espont�nea del constituyente de 1980. Asimismo, creo que la presencia de distintas instituciones mediante personeros que se han nutrido de una vida de participaci�n en ellas es una necesidad cada vez m�s creciente en los tiempos actuales. Tengo la impresi�n de que la experiencia que nos trae la dram�tica situaci�n de Argentina en gran medida tambi�n recoge la importancia de apoyarse en muchas instituciones s�lidas y no concentrar todas las responsabilidades en una o dos; en este caso, en los partidos, al entregarles por entero la decisi�n pol�tica en el Senado. Sin embargo, hay adem�s otra fuerza que en circunstancias normales influir�a en mi decisi�n, cual es el deseo natural de sumarse a una iniciativa que va en la b�squeda de acuerdos y persigue la voluntad de contar con instituciones que conciten el respaldo de todos los actores pol�ticos. En mi opini�n, por primera vez en doce a�os, en el Senado se ha generado una iniciativa que re�ne a pr�cticamente la totalidad de las fuerzas pol�ticas representativas del pa�s. Sumarse a ese movimiento cuando ya se ha iniciado es una inclinaci�n natural. Sin embargo, mi caso es muy particular, pues estoy terminando mi participaci�n en esta Corporaci�n. Hoy d�a se est� votando la idea de legislar; pero no existe acuerdo formado sobre c�mo terminar� el proyecto. Hay muchas materias pendientes y ello lo refleja la discusi�n habida en la Sala, pero no hay consenso en c�mo resolverlas. Me siento inhabilitado para dar mi voto favorable a la iniciativa, ya que no tendr� ninguna injerencia en el debate y votaci�n en particular. Por esta raz�n, he optado por abstenerme. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, voto favorablemente el proyecto. Sin embargo, mi planteamiento es b�sicamente la visi�n de un hombre que no intenta concebir la Constituci�n s�lo como un instrumento de derecho, sino tambi�n como el marco, el cauce, en el cual una sociedad democr�tica tiende hacia su perfecci�n. Por ello, todo lo que apunte a su petrificaci�n obviamente no da funcionalidad al desarrollo de la sociedad democr�tica. Por lo mismo, desde 1990 hemos intentado reformar la Carta Fundamental en procura de su efectivo desarrollo. La democracia es esencialmente la posibilidad de perfecci�n y hasta la fecha el proceso de mejorar la Constituci�n ha sido lento y extremadamente insuficiente y menor. La iniciativa que nos ocupa refunde las opiniones tanto de la Alianza Por Chile �el conglomerado de la Oposici�n- como de la Concertaci�n, en los t�rminos en que lo fundament� el Honorable se�or D�ez, y constituye una manera de avanzar. De eso, no cabe ninguna duda. Pero hay tres o cuatro elementos esenciales, se�alados aqu� con extraordinaria claridad, que debieran ser objeto de cambios, a fin de que la Carta Fundamental realmente sea un instrumento de plena y absoluta libertad, y de real y objetiva democracia, sin otra presi�n que la mayor�a del pueblo que se expresa de manera razonable. �sa es mi concepci�n democr�tica. Entiendo que otros se�ores Senadores tengan una idea de la democracia distinta o que la conciban de forma diferente o que la prefieran protegida o limitada. En tal sentido, apruebo el proyecto de reforma constitucional, pensando que se modificar�n los aspectos pendientes. En todo caso, despu�s de escuchar a algunos se�ores Senadores de Oposici�n, tengo serias dudas de que realmente se avance en los puntos que han quedado abiertos para ser analizados en la discusi�n particular, especialmente lo relativo al sistema binominal. A mi juicio, �ste no se relaciona con una expresi�n num�rica �si s�lo fuera eso, no tendr�a mayor trascendencia-, sino con la legitimidad de quienes est�n representados y quienes no lo est�n, pues lo vigente puede dejar fuera del r�gimen pol�tico parlamentario a personas con buen respaldo ciudadano. Esta situaci�n genera la peor de las formas de quebrar el sistema por quienes se sienten permanentemente perjudicados. Luego de o�r los planteamientos de los se�ores Senadores que nos han notificado expresamente que no aprobar�n ninguna de las ideas pendientes, uno se pregunta: �cu�l es la raz�n, entonces, de aprobar la idea de legislar? Y la respuesta es: s�lo la esperanza fundada de que se logren acuerdos. Tambi�n debo decir, con mucha franqueza -y lamento que no est� presente en la Sala el se�or Senador que lo manifest�-, que no podemos aceptar que se exponga a la Concertaci�n. Se nos dice que estamos cayendo en una actitud espuria por el hecho de no aceptar los argumentos que nos se�alan o que vamos a negociar la situaci�n de los Senadores institucionales o designados. Se trata simplemente de la forma de negociar -que en estos doce a�os ha permitido lograr la normativa constitucional actual y que todav�a debe ser reformada- frente a una Oposici�n tan tajante que, gracias al mismo m�todo creado durante la dictadura en la Constituci�n de 1980 y que no fue cambiado en 1989, est� aprovechando una mayor�a que, m�s all� de las personas, no representa la voluntad mayoritaria del pa�s. Por eso, rechazo en�rgicamente que se nos diga que adoptamos una actitud espuria o, peor todav�a, que se nos notifique con extraordinaria soberbia que no se aceptar�n otras ideas en el momento en que se est� aprobando el proyecto en general, en el cual se ha dejado expresa constancia de la posibilidad de apertura para discutir, en particular, otro tipo de soluciones. En ese entendido, considerando esa limitante y esa esperanza a veces no muy fundada despu�s de escuchar a la Alianza Por Chile, pero convencido de que esto es un avance �la pol�tica es tambi�n el arte de lo posible-, voto favorablemente la iniciativa y rechazo plenamente esta suerte de notificaci�n p�blica que se nos ha hecho, que rompe el proceso con que se venido discutiendo el proyecto. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, quiero hacer una reflexi�n no para cerrar este importante debate, sino para que no quede en su esp�ritu y en el ambiente general que la Constituci�n Pol�tica o las Fuerzas Armadas son las responsables de los desacuerdos, de los enclaves autoritarios y de los problemas que han generado distintas situaciones pol�tico-hist�ricas. Tales desacuerdos no son producto de la Carta Fundamental ni de este presente. En realidad, provienen de los siglos pasado y antepasado. Lo que ahora estamos haciendo es un an�lisis muy coyuntural de su aplicaci�n a partir de 1980. Se ha hablado de dictadura, de presiones por parte de las Fuerzas Armadas y de democracia protegida, en circunstancias de que, en realidad, son muy pocos los pa�ses del mundo que tienen instituciones armadas como las nuestras. No existe en la regi�n latinoamericana ni en Europa Fuerzas Armadas tan vocacionales y profesionales como las de Chile. Es un privilegio decir que actualmente el personal militar est� en sus cuarteles, despu�s de un largo per�odo de gobierno militar, subordinado a la autoridad pol�tica y preocupado de sus responsabilidades por la defensa de la patria, en forma externa e interna. Estimo que merecen respeto por haber contribuido a hacer posible el momento presente de Chile. Las Fuerzas Armadas jam�s han estado en una revoluci�n. La anarqu�a pol�tica y el debilitamiento del Estado de Derecho han sido siempre los motivos que las han obligado a salir de sus cuarteles. Sin embargo, inmediatamente despu�s de neutralizado cada uno de estos efectos, las Fuerzas Armadas vuelven a cumplir las responsabilidades que les encomienda la Constituci�n. Me permito hacer este alcance porque es deber de todos los chilenos expresarles nuestro respeto y reconocimiento por su contribuci�n al pa�s, en el pasado y en el presente. En cuanto a las reformas constitucionales en s�, se ha discutido mucho lo relativo al Cap�tulo X. Me habr�a gustado que este tema no se hubiese tocado. Sin embargo, se ha debatido bastante acerca del significado de la expresi�n "garantes" y la trascendencia de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Creo que desde el punto de vista doctrinario no se ha analizado en su verdadera profundidad lo establecido en el inciso segundo del art�culo 90 de la Carta Fundamental, referente a lo que son las Fuerzas Armadas. Tal vez, la doctrina no se aborda en su totalidad. Cuando se habla de las Fuerzas Armadas no s�lo se alude a las Instituciones de la Defensa. Las Fuerzas Armadas son la sumatoria de ellas, pero, para que act�en en forma conjunta, necesitan una direcci�n o un mando superior, que es el Presidente de la Rep�blica. Por lo tanto, al se�alarse que las Fuerzas Armadas son garantes, se est� diciendo que Primer Mandatario, apoyado por las Fuerzas Armadas, son los garantes de la institucionalidad. Y el art�culo 24 de la Carta Fundamental, cuando se refiere a la responsabilidad del Presidente de la Rep�blica, no establece que es el primer garante de la naci�n. No est� escrito. Si lo estuviera, habr�a concordancia en la l�nea de mando: la autoridad superior es el Presidente de la Rep�blica, con el apoyo con las Instituciones de la Defensa, que constituyen las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurre con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe en cuanto a algunos aspectos que deber�an analizarse en la instancia particular de discusi�n, porque en este campo la Constituci�n tiene una profundidad doctrinaria que no ha sido destacada suficientemente. Creo que aqu� no hay acuerdo. Desde mi ubicaci�n, puedo ver perfectamente bien c�mo se entrecruzan desacuerdos y fundamentos, algunos de �stos muy buenos. Tales desacuerdos debilitan la posibilidad de aprobar una reforma profunda, cuyos alcances sean consecuentes con este presente. No s� si existe manera de alcanzar un acuerdo que nos involucre a todos. Lo digo porque la Constituci�n es la base fundamental donde descansa la supervivencia de la naci�n. Por estimar muy prematura la reforma y por el hecho de que la Carta de 1980 ha respondido a sus objetivos originales, voto negativamente la idea de legislar. El se�or HOFFMANN (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto (40 votos contra 5 y 2 abstenciones). Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Foxley, Frei (do�a Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larra�n, Lavandero, Matta, Matthei, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, Ominami, P�ez, Parra, P�rez, Pizarro, Romero, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Vald�s, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo), Zald�var (don Andr�s) y Zurita. Votaron por la negativa los se�ores Canessa, Cordero, Mart�nez, Stange y Vega. Se abstuvieron los se�ores Prat y R�os. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como no hay qu�rum para tomar acuerdos, en la sesi�n de ma�ana se fijar� el plazo para la presentaci�n de indicaciones. En todo caso, la Mesa acepta desde ya proposiciones. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, insin�o que no sea antes del 15 de abril. El se�or VEGA.- �Cu�ndo vamos a definir el asunto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ma�ana. El se�or VEGA.- �Y por qu� no lo resolvemos ahora? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Porque no tenemos qu�rum para tomar acuerdos. Habr�a que suspender la sesi�n y llamar a los se�ores Senadores, pero, por respeto al Honorable se�or Mart�nez, que intervendr� en la hora de Incidentes, no lo har�. El se�or MART�NEZ.- Muchas gracias, se�or Presidente. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. _______________ --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or HORVATH: Al se�or Ministro de Bienes Nacionales, a la se�ora Subsecretaria de la misma Cartera y al se�or Presidente de la Comisi�n de Bienes Nacionales del Senado sobre PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA OCUPACI�N DE BIENES INMUEBLES FISCALES EN ZONA AUSTRAL (UND�CIMA REGI�N); al se�or Director Nacional de Aeron�utica Civil y se�ores Directores Regionales de la D�cima y Und�cima Regiones, acerca de PROHIBICI�N DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE AVIONES BIMOTORES EN AER�DROMO LA PALOMA (D�CIMA REGI�N). Del se�or STANGE: Al se�or Ministro del Interior, en cuanto a DISTRIBUCI�N DE RECURSOS DE FONDO COM�N MUNICIPAL EN COMUNAS DE D�CIMA REGI�N. _______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Pido el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador se�or Ruiz-Esquide. �Habr�a acuerdo? Acordado. --Pasa a presidir la sesi�n el Honorable se�or Ruiz-Esquide, en calidad de Presidente accidental. _______________ El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, los Comit�s Institucionales 1, UDI e Independientes y Renovaci�n Nacional e Independiente me han cedido su tiempo. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Bien, se�or Senador. REFORMA CONSTITUCIONAL Y PARTITOCRACIA El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, Honorables se�ores Senadores, en relaci�n con el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento de esta Corporaci�n, reca�do en el proyecto de reforma constitucional que ha refundido dos mociones con que se inician sendas iniciativas tendientes a introducir diversas modificaciones a la Carta Fundamental, y que a su vez integran indicaciones y otras proposiciones de reformas que estaban en tramitaci�n, debo formular algunos planteamientos que estimo esenciales para los efectos de comprender los alcances de la aprobaci�n en general de la idea de legislar para modificar la Constituci�n de 1980, que acaba de ser votada y aprobada por esta Sala. Cabe destacar que estamos en presencia de una proposici�n de reforma no s�lo bastante extensa, sino que cualitativamente trascendente, por la entidad de las mutaciones que pretende introducir a nuestro ordenamiento constitucional. Tan evidentes son tales caracter�sticas que, por esta raz�n, la Comisi�n de manera inusual acord� editar con formato de un libro su informe para su adecuado conocimiento "por parte de las autoridades del sector jur�dico, acad�mico y judicial, y de la opini�n p�blica informada de la naci�n.". Esta difusi�n elitista, me pregunto, �c�mo se concilia con la remisi�n al pueblo que en nombre de la democracia se hace para justificar tantas decisiones, pueblo al que se le ha dado voto aun cuando sea analfabeto? Esto responde a una explicaci�n partitocr�tica, de acuerdo con los razonamientos que haremos. Se ha pretendido justificar esta vastedad con el argumento de que se han cumplido veinte a�os de vigencia de nuestra Carta Fundamental y que, por lo tanto, corresponde actualizarla, revisarla y colocarla en sinton�a con nuevas realidades. La Constituci�n de 1980 ha sufrido ya -contando las 54 primeras alteraciones que se le introdujeron en 1989- m�s de diez reformas en tan solo veinte a�os de vigencia, convirti�ndose en la Carta m�s revisada de nuestra historia republicana, lo que dificulta convencerse de que se tratar�a de actualizar sus disposiciones. De hecho, adem�s, desde 1990 el Congreso permanentemente ha debido atender m�ltiples iniciativas reformadoras, invoc�ndose como justificaci�n a la mayor�a de ellas el terminar lo que muchos entienden por "transici�n" y que, en definitiva, es s�lo su anhelo de revertir la institucionalidad a esquemas pret�ritos, no queriendo aceptar que la aut�ntica transici�n transcurri� entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Una de las notas caracter�sticas de las Cartas Fundamentales es su perdurabilidad y estabilidad en el tiempo, puesto que ello constituye una decisiva garant�a para el adecuado desenvolvimiento del pa�s y de sus habitantes. En materia constitucional, Chile tiene el orgullo de haber demostrado solidez jur�dica con la vigencia por casi cien a�os de su Constituci�n de 1833, con s�lo muy pocas modificaciones. Por otra parte, nuestra Carta fue el resultado de largos y concienzudos estudios y an�lisis que recogieron la experiencia m�s grave y traum�tica de nuestro devenir hist�rico y pol�tico, y fue confeccionada conforme a avanzados criterios de constitucionalismo, habiendo demostrado en su aplicaci�n que represent� un decidido avance en nuestra historia constitucional, sobre todo si se la mira a partir de los perfeccionamientos que introdujo a la Carta de 1925. S�lo por mencionar algunos ejemplos evidentes, cabe destacar la maciza y extensa consagraci�n de los derechos esenciales de la persona, el perfeccionamiento de los mecanismos de control de la supremac�a constitucional, el establecimiento de nuevas garant�as o mecanismos de defensa de los derechos de las personas, la consagraci�n del llamado Orden P�blico Econ�mico, o el innovador y pionero tratamiento de asuntos tales como el terrorismo o la contaminaci�n del medio ambiente. Es democr�ticamente importante anotar, de otro lado, que toda la informaci�n disponible en relaci�n con los pareceres, opiniones, inquietudes y problemas de la ciudadan�a, nos indica que pr�cticamente nadie est� preocupado o interesado por la circunstancia de si se aprueban o no estas reformas a la Constituci�n. Y ante esa situaci�n nos vemos enfrentados a una disyuntiva que por desgracia se est� tornando recurrente: o somos realmente representantes de la voluntad del pueblo y nos abocamos con prontitud a las demandas que aparecen como las m�s relevantes y urgentes para los chilenos, o nuevamente asumimos el papel de grupo de iluminados con bater�a propia que, a pesar de lo que nos est� diciendo el pueblo -soberano de una democracia-, decidimos que es necesario hacer otra cosa. Y, por ello, dedicamos, como en este caso, tiempos importantes de nuestra labor a una discusi�n que nosotros podr�amos estimar como de gran importancia, pero que al com�n de la gente no le interesa; realmente no siente que sea vital o indispensable y no quiere que nos enfrasquemos en ella. Como una manera de reafirmar lo anterior, debo se�alar que en la reciente campa�a electoral para renovar la totalidad de la C�mara de Diputados y parte del Senado, una vez m�s se enarbol� por las fuerzas de la Concertaci�n el t�pico de las reformas constitucionales como un factor importante que deb�a tener presente la ciudadan�a al momento de escoger a los futuros Parlamentarios. Sin embargo, los resultados de las urnas demostraron que ese t�pico no s�lo no tuvo ninguna repercusi�n en el electorado, sino que sus efectos resultaron negativos para sus fomentadores. De esto se deduce adem�s una trascendente conclusi�n: ning�n sector pol�tico avanzar� mayormente en su respaldo ciudadano por el hecho de aprobar o no aprobar estas reformas constitucionales; de modo que todos aquellos que pretenden sacar cuentas alegres en uno u otro sentido del proceso de votaci�n a que hemos asistido, me parece que adolecen de una falta de realismo pol�tico muy relevante. En lo que respecta al texto mismo de las reformas que la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento ha sometido a nuestra consideraci�n, y sin perjuicio de apreciar que hay ciertos ajustes aislados que podr�an estimarse convenientes, creo que en su contenido general encierra problemas de magnitudes pol�ticas e hist�ricas no menores. En efecto, pienso que una nota muy marcada del proyecto dice relaci�n a una pretensi�n del partidismo pol�tico por alcanzar cuotas de poder o influencia cada vez mayores en los diferentes y m�s importantes �rganos del Estado. Todos sabemos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han estado sujetos hist�ricamente al af�n de ser dominados por las directivas partidistas, las cuales permanentemente tratan de impartir �rdenes, criterios de acci�n o lineamientos a sus militantes que ocupan cargos en esos dos Poderes del Estado. El problema radica muchas veces en que el mecanismo m�s viable para alcanzar la titularidad de integrantes de ellos pasa necesariamente por el ingreso a una tienda pol�tica, la cual los catapulta hacia tales cargos. Una vez all�, las lealtades se hacen sentir y resulta dif�cil desatenderse por completo del partido. El problema de todo lo anterior no es desestimable si se tiene presente que los partidos pol�ticos extienden as� su natural �mbito de actuaci�n a realidades que no les corresponden, con el grave riesgo de desvirtuar el parecer del soberano, que, aunque parezca redundante, es el pueblo, y no las directivas partidarias. La Constituci�n de 1980 se hizo cargo de este problema, que, como ya se�al�, es de antigua data. Cualquiera que conozca la historia patria podr� darse cuenta de que las dificultades en torno de este asunto han sido arduas y de que varios Jefes del Estado hicieron saber su parecer cr�tico respecto de la excesiva influencia de los partidos en los quehaceres y decisiones gubernativos. Sobre el particular, cito a don Arturo Alessandri Palma, dos veces Presidente de Chile y de cuya legitimidad democr�tica nadie podr�a dudar, al punto de que su estatua preside el Palacio de La Moneda, quien, al promediar su primer Gobierno, refiri�ndose a los desbordes de la actividad partidista se�al�: "siempre he pensado que es indispensable corregir este mal y este pensamiento lo he acentuado durante los tres a�os y medio de mi administraci�n, porque durante este tiempo he visto c�mo se han estrellado in�tilmente todos mis esfuerzos a favor del Bien P�blico contra esta roca de los intereses partidistas. Constantemente he estado luchando contra la intervenci�n de la pol�tica dentro del gobierno, o sea, la acci�n de los partidos pol�ticos en la Administraci�n P�blica. Y por eso digo que, mientras haya pol�tica partidista en la Administraci�n del Estado, es totalmente imposible pretender hacer buen gobierno en el pa�s". Nuestra actual Carta Fundamental adopt� medidas para aminorar las extralimitaciones en torno del poder, que resultan relativamente habituales por parte de los partidos, cuyos malos h�bitos, acrecentados durante el transcurso del tiempo, en gran parte fueron responsables de la mayor crisis de nuestra institucionalidad en 1973. Tal esfuerzo de la Constituci�n del 80 por superar la posibilidad de esas extralimitaciones partidistas ha sido etiquetado como "antidemocr�tico" o creador de "enclaves autoritarios", por cuanto representa espacios, instancias o funciones que no est�n bajo un control o influencia directa de los partidos. De all� que se advierte la tendencia de fortalecer o acrecentar, en vez, lo que en mayor propiedad podr�a denominarse "enclaves partidocr�ticos". Un ejemplo de lo anterior es la propia figura de los Senadores institucionales, que en parte encarno, y que ahora se pretende aventar. Estos Senadores son jur�dicamente y de verdad Parlamentarios elegidos por el pueblo, seg�n su voluntad expresa y solemnemente manifestada dentro de un esquema selectivo de segundo grado, v�a absolutamente leg�tima en nuestro sistema jur�dico, en el derecho comparado y en la experiencia internacional. T�ngase presente, de paso, c�mo con el tiempo de estada en el extranjero que la �poca actual parece imponer al Primer Mandatario, han asumido la Jefatura del Estado, con todas sus prerrogativas, los Ministros del Interior, Secretarios de Estado que a veces han llegado a sumar m�s de un a�o en estas funciones. �Qui�n podr� objetar su real representaci�n popular por provenir de un sistema indirecto o de segundo grado dispuesto as� por el pueblo? Si se eliminan los Senadores institucionales se habr� despose�do al trascendental Poder del Estado que conformamos de la posibilidad de que criterios del todo independientes se hagan sentir tanto en la discusi�n de los relevantes asuntos que aqu� se analizan, como en la elaboraci�n de las normas legislativas que rigen nuestra convivencia. Si se quiere eliminarlos argumentando que han sido desnaturalizados por pertenecer alguno de ellos a definidas y claras corrientes partidistas, bastar� que esto se aclare en una modificaci�n especial, estableciendo que no deben integrar partidos pol�ticos. Similar situaci�n se puede parangonar con la que se pretende establecer respecto del Tribunal Constitucional. Dado lo delicado y el superior rango de sus atribuciones, resulta fundamental que ese �rgano sea lo m�s neutro posible en t�rminos pol�tico-partidistas, de modo que nada amague su real independencia para obrar conforme a criterios estrictamente jurisdiccionales en el orden normativo supremo, y que as� no se repita m�s una estructura netamente vulnerable a ser politizada, como ocurr�a en el per�odo previo a 1973. Por eso, la Constituci�n de 1980 determin� que 5 de sus 7 miembros tuvieran un origen no pol�tico. Sin embargo, con los cambios que ahora se proponen, dos tercios de su composici�n estar�n de manera clara bajo la real y directa influencia de los partidos y/o coaliciones partidistas. Resulta por ello preocupante que se fortalezcan las atribuciones del Tribunal Constitucional en este nuevo contexto, sobre todo si las funciones que se le encomiendan derivan de la privaci�n que se pretende hacer de atributos de evidente m�s clara independencia partidista, como son los del Poder del Estado que representa la Corte Suprema. Ello ocurre espec�ficamente respecto del decisivo punto jurisdiccional de la inconstitucionalidad de las leyes. Con las reformas que se est�n proponiendo, todo este control de las leyes, tanto a priori como a posteriori, quedar�a radicado en el referido �rgano de origen esencial y determinantemente pol�tico-partidista a que nos hemos referido. Desde la perspectiva de un Estado de Derecho en forma, ese fen�meno me parece del todo preocupante. Otra �rea que la Constituci�n de 1980 pretendi� dejar a salvo de la introducci�n de criterios pol�tico-partidistas, sobre todo por los nefastos precedentes que se hab�an dado y por lo extremadamente peligroso que resultaba, es la relativa a las Fuerzas Armadas. La inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las mismas; la designaci�n en ese cargo de entre 5 oficiales generales de mayor antig�edad; la exigencia de una "proposici�n previa" del respectivo Comandante en Jefe para los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales castrenses, seg�n la normativa complementaria e inherente por su naturaleza a la Constituci�n; la participaci�n de los altos Jefes Institucionales en el Consejo de Seguridad Nacional, son todos mecanismos establecidos con el objeto de asegurar el profesionalismo castrense, evitando que en la composici�n de los altos mandos se pudiera caer en la tentaci�n de optar por criterios de instrumentalizaci�n pol�tico-partidistas. De hecho, la experiencia vivida en materia de designaci�n de Comandantes en Jefe bajo el imperio de la Constituci�n de 1925 es reveladora en sus efectos negativos. Por ejemplo, en el caso de los Comandantes en Jefe del Ej�rcito, entre 1925 y 1973 duraron como promedio 18 meses en su cargo, lo que implica que varios de ellos s�lo alcanzaron a ejercerlo por pocos meses, situaci�n que obviamente impide cualquier planificaci�n seria y sistem�tica en el mando de la instituci�n, limitando as� gravemente su desarrollo. Bajo la normativa presente, las Fuerzas Armadas se han desenvuelto con total normalidad con relaci�n al Gobierno y los desaf�os y misiones que les son propios, y sus integrantes tienen una importante mayor certeza de que sus respectivas carreras profesionales se desarrollar�n conforme a estrictos criterios t�cnicos y objetivos, sin interferencia de otras variables ajenas a la vocaci�n militar. No hay, por consiguiente, situaciones reales que ameriten alterar esa situaci�n, sino s�lo pretensiones subjetivas que obedecen en no pocos casos a revanchismos trasnochados, exigencias ideol�gicas o falaces comparaciones con realidades de otros pa�ses que nada tienen que ver con nuestra traum�tica y �nica experiencia hist�rica. Pero, en todo caso, con estas proposiciones se asegura el control pol�tico partidista en este decisivo componente de la naci�n toda. Al respecto, cabe considerar que el mayor imperativo por resguardar el profesionalismo castrense se origin� en Chile ante la introducci�n de criterios ideol�gicos que aspiraban a la dominaci�n del poder total y, por lo mismo, a controlar ideol�gicamente a las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de sus afanes totalitarios. De hecho, uno de los puntos centrales que se tuvo en vista al momento de discutirse y aprobarse la reforma constitucional a la Carta de 1925, conocido como "Estatuto de Garant�as Constitucionales", fue el de asegurar el car�cter estrictamente profesional de las Fuerzas Armadas. La pregunta obvia que cabe hacerse es por qu� en ese momento hist�rico -a�o 1970- se hizo imperioso reafirmar tal car�cter. �Qu� se tem�a o qu� se esperaba para Chile y sus Fuerzas Armadas? Ser�a interesante que la Democracia Cristiana nos contestara esa pregunta, por cuanto ella fue la gestora de tal reforma y la que se la impuso al ex Presidente Allende y a la Unidad Popular. Por otra parte, en lo relativo al rol de garantes de la institucionalidad que se asigna en la Constituci�n a las Fuerzas Armadas, si bien no cabe duda, como lo propone el proyecto en discusi�n, de que todos los �rganos del Estado son garantes del orden institucional, no puede sin embargo desconocerse que tal funci�n tiene una especificidad en su modo y oportunidad de ser aplicable. Con lo que previene el art�culo 90 de la Constituci�n s�lo se quiso resaltar la apropiada singularidad que tiene esa garant�a por parte de las Instituciones Armadas, situaci�n que no resulta necesaria con otros �rganos del Estado. Dicha disposici�n no pretendi�, pues, excluir la funci�n garantizadora de aquellos otros �rganos, sino que no omitir para tales efectos la especificidad de garantes que compete de suyo a las Fuerzas Armadas. El art�culo 90, en efecto, quiere se�alar que las Fuerzas Armadas son garantes del orden institucional -como los dem�s �rganos del Estado-, pero bajo modalidades, oportunidades y formas que corresponden a su naturaleza, caracter�sticas y misiones, de modo que su supresi�n significar�a empobrecer cualitativa y cuantitativamente el real sentido respecto de ellas que trae el garantizar el orden institucional del pa�s. Aqu�llas tienen, por lo dem�s, bajo la norma de ser garantes de la institucionalidad, el imperativo de mantener la democracia que asumen cuando se da esta expresi�n. Debe subrayarse, al respecto, que en el caso de las Fuerzas Armadas dicha especificidad est� estrechamente vinculada a los otros objetivos o misiones que les encarga el art�culo precitado, y que las vincula a acontecimientos que comprometan la defensa de la naci�n y la seguridad nacional. En ese sentido, obviamente representa una misi�n disuasiva de �ltima instancia, cuando ya en el resguardo de esos bienes supremos se hace evidente la ineficacia de otras soluciones derivadas de la organicidad del pa�s y del c�mulo de deberes compartidos en cuanto a garantizar el orden institucional de la Rep�blica por parte de los otros �rganos del Estado. As� lo reconoci� expresamente el hist�rico acuerdo de la C�mara de Diputados, de 22 de agosto de 1973, convocado por la bancada democratacristiana. La reforma constitucional que ahora se pretende estudiar, en forma previa a las indicaciones que cada uno formule -aun cuando en definitiva la Comisi�n no incluy� una proposici�n sobre el punto de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe ni se resolvi� lo relativo al Consejo de Seguridad Nacional-, est� orientada n�tidamente a hacer desaparecer o debilitar de manera sustantiva aquellas �reas que el Constituyente de 1980 quiso mantener saludablemente al margen del control pol�tico-partidista o ideol�gico. Desde una perspectiva general, en la apreciaci�n del proyecto de reforma se observa, por otra parte, un aspecto de extrema importancia en las pretensiones de avance partidocr�tico en nuestra estructura p�blica a que nos hemos referido. Como se sabe, no es novedosa tal tendencia en nuestra historia, como tampoco lo es la situaci�n de que cuando ese fen�meno se ha acentuado el pa�s ha vivido situaciones de gran conflictividad o de p�rdida de energ�a en el progreso. El caso de la llamada "Rep�blica Parlamentaria" es la mayor expresi�n del fen�meno. De hecho, entre muchas manifestaciones en el sentido se�alado que se aprecian en el articulado del proyecto de reforma en an�lisis y que abarcan varios �mbitos de la vida nacional, merece especial atenci�n lo concerniente al prop�sito de reforzar la labor fiscalizadora del Congreso y particularmente la de la C�mara de Diputados. En efecto, se sugiere un conjunto de medidas que, dependiendo del esp�ritu y orientaci�n que se les d�, podr�an estar sentando las bases para una posterior evoluci�n hacia un sistema neoparlamentarista, tal como en su momento aconteci� con la reforma de octubre de 1874 a la Constituci�n de 1833, que de acuerdo con los historiadores sent� los presupuestos para que despu�s de 1891 y hasta mediados de la d�cada del veinte se diera curso, en los hechos, a la ya referida y denominada "Rep�blica Parlamentaria", cuyas caracter�sticas inspiraron los juicios de don Arturo Alessandri Palma que hemos citado. Por lo dem�s, la tendencia a favor de un parlamentarismo o semiparlamentarismo ha estado expl�citamente manifestada desde que la Concertaci�n empez� a gobernar, proviniendo la idea principalmente del Partido Socialista, pero concurriendo tambi�n personeros u otros sectores o agentes pol�ticos. De manera que no resulta aventurado suponer que nos hallamos en un proceso de calculada mutaci�n de nuestro r�gimen pol�tico presidencialista, y entrando a una etapa ya recorrida varias veces en toda la historia de Chile en la pugna entre los atributos del Poder Ejecutivo y las pretensiones de las frondas, ll�mense aristocr�ticas o partidistas. La Constituci�n de 1925 trat� de zanjar este incordio, aunque a la postre infructuosamente, siendo en este punto la decisi�n clara del Constituyente de 1980 poner un esquema de soluci�n que diera s�lida respuesta a tal din�mica en extremo negativa para los intereses permanentes y superiores del pa�s. Desde otra perspectiva, no podemos dejar de considerar que estamos entrando aceleradamente en una nueva �poca. Esta frase, que muchas veces tambi�n se utiliz� en el pasado, hoy tiene un asidero real muy incisivo sobre todo de la mano de los avances tecnol�gicos y los l�mites inconcebibles a que se nos est� llevando, con una capacidad formidable de introducir cambios culturales y val�ricos profundos en las personas. En el contexto en que vivimos, lo esperable de una reforma constitucional es que apunte a perfeccionar la Carta Fundamental, y no a desmantelarla. Los puntos m�s importantes que se pretenden cambiar sustancialmente o hacer desaparecer ser�an susceptibles de perfeccionamientos con adecuada imaginaci�n creativa, que, junto con mantener la institucionalidad vigente, satisficieran las razones que a lo menos se exigir�an como justificaci�n de los cambios. El aprobar la idea de legislar es abrir las puertas para una reforma verdaderamente regresiva, que nos llevar�a de nuevo a experiencias ya sufridas por el pa�s y comprobadamente negativas para su desarrollo. En la l�nea del perfeccionamiento, lo que s� de manera sorprendente se echa mucho de menos es un cambio profundo referido a la composici�n, estructura y funcionamiento de los partidos pol�ticos. Me parece que la ciudadan�a ha dado suficientes muestras de aspirar a que se lleve a efecto un cambio bastante decisivo en la manera como se presentan y act�an las colectividades pol�ticas, y, en cuanto legisladores, deber�amos tomar debida cuenta de ello, si decimos que escuchamos la voz del pueblo. En la consolidaci�n de nuestra democracia y considerando el problema desde el nacimiento de los partidos pol�ticos, aparece un verdadero "eslab�n perdido", no solucionado en nuestra estructura republicana, para llevar a la realidad conceptos b�sicos que conforman la democracia sobre la base de los t�rminos "demos" y "kratos"; es decir, de la relaci�n entre el pueblo y el poder, los dos puntos esenciales de una aut�ntica democracia. Porque ocurre que nuestro ordenamiento jur�dico no contempla un v�nculo necesario entre la organizaci�n y estructura directiva de los partidos pol�ticos con las correlativas determinaciones del pueblo. Este vac�o es evidente y no se satisface con el escaso n�mero de adherentes exigido inicialmente para la creaci�n de un partido pol�tico. La regulaci�n legal de �stos hace posible que tanto su directiva como sus comisiones pol�ticas no requieran obligatoriamente de la integraci�n de personeros que hayan recibido mandato popular a trav�s de elecciones libres, salvo en el estamento de los consejos generales, �nicas instancias donde se contempla la presencia de parlamentarios, pero de manera que en definitiva constituyen una minor�a. Por lo tanto, si se analiza la vida pol�tica del pa�s y la incidencia que en ella tienen los partidos pol�ticos, atendida la situaci�n se�alada puede con seriedad afirmarse que el poder p�blico en definitiva y en la pr�ctica reside en estos agentes colectivos llamados partidos pol�ticos, que tienen el insondable y decisivo vac�o, en su misma base, de una desconexi�n con el pueblo, origen y causa del esquema democr�tico. A esta enorme desconexi�n la he llamado el "eslab�n perdido" en el sistema democr�tico, y debiera ser el objeto primordial de una reforma constitucional que en verdad termine con los "enclaves autoritarios", no militares, sino civiles partidistas o "partitocr�ticos", con sus propias utop�as e ideolog�as y en cuyas organizaciones realmente reside el poder, al disponer las candidaturas y al intervenir en las innumerables instancias de la conducci�n del pa�s y en el comportamiento dentro de los Poderes del Estado de los personeros que legalmente son los representantes aut�nticos del pueblo que los eligi�. Si no se resuelve esta anomal�a, bastante grande, que es como la viga que no se ve en el ojo propio, la Constituci�n Pol�tica deber�a ser reformada estructurando la organicidad del pa�s sobre la base de la organizaci�n partidista y no sobre los tradicionales Poderes del Estado, cuya composici�n y ejercicio de sus respectivas atribuciones no puede prescindir de los partidos pol�ticos. En definitiva, pienso que tenemos que estar a la altura de las circunstancias nacionales y mundiales y de lo que la gente espera de nosotros. Debemos estar dispuestos a ser realmente innovadores, a perfeccionar efectivamente nuestra democracia, pero en el sentido correcto de dar m�s poder a las personas y a sus organizaciones y no en el de aumentar las condiciones que favorezcan el establecimiento de un monopolio del poder a cargo de los partidos pol�ticos. En este �ltimo aspecto radica uno de los puntos clave: no es que no sean leg�timas las opciones personales de vida p�blica pol�tica, como tampoco las asociaciones partidistas, que son de derecho natural y del todo positivas. Lo inaceptable es el monopolio excluyente, que ha llevado a que los pol�ticos partidistas definan como "poderes f�cticos" a �mbitos determinantes de la realidad nacional y que, con los debidos resguardos, no pueden ser marginados de la cosa p�blica. De acuerdo con lo que hemos dicho, y mientras ello no se enmiende, los verdaderos poderes f�cticos desde un punto de vista democr�tico son los partidos pol�ticos, en su estatus deficitario actual frente a la representaci�n de la soberan�a popular. Si aprobamos las reformas planteadas en los t�rminos en que se encuentran elaboradas, lo �nico que estaremos logrando es distanciar cada vez m�s al mundo pol�tico de la civilidad, con el grave riesgo de ilegitimidad que ello trae consigo para todo el sistema pol�tico. Con ellas se ha iniciado un movimiento que arrastrar� todo el edificio de leyes org�nicas constitucionales que se derivan de las modificaciones a la Carta, cuya discusi�n particular ha de comenzar pronto. Conforme a lo expresado, y dada la entidad de mis apreciaciones y aprensiones, no me ha sido posible aprobar siquiera en general un proyecto tan gravemente distorsionador del orden constitucional que nos rige, nacido de importantes experiencias y que fuera tan larga y hondamente estudiado y sancionado por el pueblo en dos oportunidades. Por estas razones, he votado negativamente la idea de legislar. Espero que se ilumine a las personas para tratar de rectificar tales situaciones. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 21:23. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n