REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 345�, ORDINARIA Sesi�n 5�, en martes 9 de octubre de 2001 Ordinaria (De 16:17 a 18:23) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA............................................................................................................... Acuerdos de Comit�s.................................�����������. V. ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que modifica la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el fin de prohibir o regular, en su caso, la importaci�n o cultivo de especies hidrobiol�gicas gen�ticamente modificadas (2753-03) (vuelve a Comisi�n de Pesca)............................ Proyecto de acuerdo, en primer tr�mite, que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo (2799-10) (se aprueba en general y particular)................................................ Proyecto de acuerdo, en primer tr�mite, que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (2800-10) (se aprueba en general y particular).............................. VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)..................................................... Implicancia mundial de atentado terrorista contra Estados Unidos (observaciones del se�or Fern�ndez).......................................................... Obras de regad�o y viales en Quinta Regi�n. Oficios (observaciones del se�or Romero) Respeto de acuerdo para extracci�n de recursos pesqueros de Regi�n de Ais�n. Oficios (observaciones del se�or Horvath).............................. Apoyo presupuestario para bosque nativo. Oficios (observaciones del se�or Horvath). Actuaciones de chilenos contrarias a intereses del pa�s en materia de precio del cobre. Oficios (observaciones del se�or Lavandero)........... Consideraciones sobre caso Aero Continente (observaciones del se�or Viera-Gallo) Incumplimiento de contratos por empresas constructoras de Regi�n del Maule en viviendas populares. ??????Oficio (observaciones del se�or Gazmuri) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno, y el se�or Director de Asuntos Jur�dicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:17, en presencia de 17 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 1�, de la Legislatura Extraordinaria; 2�, especial, secreta, y 3�, especial, en 2 de octubre; y 4�, ordinaria, en sus partes p�blica y secreta, en 3 de octubre, todas del presente a�o, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con el que retira la urgencia al proyecto que modifica el decreto ley N� 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones (Bolet�n N� 2.628-13). --Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios Tres de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n, en los mismos t�rminos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que concede nacionalidad por gracia al sacerdote norteamericano Ricardo Sammon O�Brien (Bolet�n N� 2.561-07). --Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica. Con los dos siguientes comunica la aprobaci�n de los proyectos de ley que se indican: 1) El que permite la revisi�n judicial de contratos civiles y mercantiles (Bolet�n N� 309-07), y 2) El que modifica la ley N� 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (Bolet�n N� 2.705-07). --Pasan a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Del se�or Ministro del Interior, con el que contesta un oficio del se�or Presidente del Senado, relativo a los hechos ocurridos el 9 de septiembre pasado, producto de los cuales las murallas del edificio de la C�mara Alta en Santiago fueron da�adas por un grupo de manifestantes. De la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Fern�ndez, referido a informaciones de prensa relativas a la reducci�n de las operaciones de la Fuerza A�rea de Chile en la Ant�rtida, por razones presupuestarias. De la se�ora Ministra de Planificaci�n y Cooperaci�n, en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, sobre la transformaci�n y modernizaci�n de la agricultura nacional. De la se�ora Ministra de Educaci�n, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, acerca del mejoramiento de la infraestructura de la Escuela "Sonia Ampuero Ampuero", de la localidad de Pumanzano, comuna de Ancud. Del se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, respecto del uso del Fondo de Capacitaci�n en la Und�cima Regi�n en los �ltimos diez a�os. Dos del se�or Ministro de Obras P�blicas: Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, sobre el funcionamiento de la planta de pesaje de Puerto Chacabuco, Und�cima Regi�n. Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, tocante a la licitaci�n de las obras de construcci�n de dos puentes en la localidad de La Vega de Popuya, comuna de Navidad, Sexta Regi�n. Del se�or Ministro de Salud (s), con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Bombal, relativo a la limitaci�n establecida en la ley N� 19.086 para la planta de profesionales del sector salud. Del se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, concerniente a la situaci�n que afecta a los habitantes de la Villa R�o Pudeto, comuna de Ancud, D�cima Regi�n. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes Dos de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, reca�dos en los proyectos de acuerdo, en primer tr�mite constitucional, que a continuaci�n se indican: 1.- El que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de diciembre de 1999 (Bolet�n N� 2.799-10), y 2.- El que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997 (Bolet�n N� 2.800-10). --Quedan para tabla. Moci�n Del Senador se�or Adolfo Zald�var, con la que inicia un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Bruno Predonzani Pitacco (Bolet�n N� 2.801-07). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. (Este proyecto no podr� tratarse mientras no sea incluido en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Secretario dar� a conocer los acuerdos de los Comit�s. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Los Comit�s, en sesi�n de hoy, acordaron lo siguiente: 1.- Incluir en la tabla del Orden del D�a y despachar en la presente sesi�n, los proyectos de acuerdo (informados por la Comisi�n de Relaciones Exteriores) que a continuaci�n se indican: a) el que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, y b) el que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. 2.- Tratar y despachar en la sesi�n ordinaria de ma�ana -con informe oral, si fuere necesario-, el veto del Ejecutivo reca�do en el proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contrataci�n de empr�stitos para financiar la construcci�n de un Parque Cient�fico-Tecnol�gico, y faculta al Presidente de la Rep�blica para otorgar la garant�a del Estado. )----------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Solicito autorizaci�n para que ingrese a la Sala el asesor jur�dico de la Canciller�a don Claudio Troncoso. --Se otorga. V. ORDEN DEL D�A PROHIBICI�N O REGULACI�N DE IMPORTACI�N O CULTIVO DE ESPECIES HIDROBIOL�GICAS TRANSG�NICAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el fin de prohibir o regular, en su caso, la importaci�n o cultivo de especies hidrobiol�gicas gen�ticamente modificadas, con informe de la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura. --Los antecedentes sobre el proyecto (2753-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Horvath y Ruiz De Giorgio). En primer tr�mite, sesi�n 13�, en 11 de julio de 2001. Informe de Comisi�n: Pesca y Acuicultura, sesi�n 4�, en 3 de octubre de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Esta iniciativa se origin� en moci�n de los Senadores se�ores Horvath y Ruiz. La Comisi�n se�ala en su informe que el principal objetivo del proyecto es prohibir la importaci�n o cultivo de especies hidrobiol�gicas transg�nicas o gen�ticamente modificadas, sancionar la infracci�n a esta prohibici�n y asegurar que las investigaciones que se realicen con esas especies eviten su propagaci�n. Agrega que fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores se�ores Horvath, Mart�nez, Ruiz y Stange- y, en consecuencia, propone a la Sala adoptar la misma resoluci�n. Finalmente, hace presente que la aprobaci�n del texto debe contar con el voto conforme de 24 se�ores Senadores, por tratarse de normas de qu�rum calificado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. El se�or MART�NEZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede usar de ella Su Se�or�a. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, hemos recibido una serie de antecedentes adicionales sobre este proyecto. Por eso, solicito que �l vuelva a la Comisi�n por encontrarnos con una informaci�n que hace necesario revisarlo frente a los organismos t�cnicos. Dispongo de informes provenientes de universidades que no se hab�an pronunciado inicialmente al respecto, y que ahora est�n entregando informaci�n sumamente interesante y complementaria que hace posible enriquecer la legislaci�n que finalmente se despache. De ah� mi solicitud, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, me alegro mucho de que el Honorable se�or Mart�nez haya planteado la necesidad de ese tr�mite. Tambi�n opino que es conveniente una revisi�n a fondo del texto por parte de la Comisi�n informante. En segundo lugar, debo hacer notar que las referencias del proyecto no son las que corresponden, lo que configura tambi�n un error formal, porque no aluden a la �ltima versi�n de la Ley de Pesca. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, tambi�n estoy de acuerdo con la proposici�n formulada por nuestros Honorables colegas. Personalmente, sugerir�a adem�s, sin �nimo de dilatar su tratamiento, que el proyecto en cuesti�n sea visto por dos Comisiones que podr�an trabajar conjuntamente: la de Agricultura, dado que existe una vinculaci�n directa con el hecho de que actualmente hay una cantidad de productos transg�nicos que se est�n comercializando, y la Comisi�n de Salud, que regula los alimentos de consumo humano y le compete lo que se refiere a productos transg�nicos. A mi juicio, ser�a pertinente contar con informaci�n que pueden proporcionar esas Comisiones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, concuerdo con las proposiciones hechas en t�rminos de que el proyecto vuelva a Comisi�n. Ahora bien, no es por complicar aun m�s el cuadro, pero entiendo que en otra Comisi�n (presumo que es la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales) se encuentra un proyecto, si no similar, al menos referido al mismo asunto, que dice relaci�n a someter todo lo referente a productos transg�nicos al mecanismo de evaluaci�n de impacto ambiental. Adem�s, autoriza algunas decisiones locales sobre prohibici�n. Me parece que todo esto debiera analizarse en conjunto. Opino que habr�a que ver cu�l es el procedimiento, ya que no se puede hacer trabajar a cinco comisiones unidas. Pero, aunque fuera con informes sucesivos, convendr�a que las dos iniciativas pudieran verse en conjunto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En este caso, debo hacer presente a los dos �ltimos se�ores Senadores que han hecho sus planteamientos que �ste es un tema espec�fico, objeto de una moci�n parlamentaria que tiene un solo prop�sito, el cual est� relacionado con asuntos de pesca e hidrobiol�gicos. Es decir, nada tiene que ver con la agricultura ni con otras materias. Por lo tanto, no podr�an abocarse a estudiar el proyecto Comisiones que no tiene que ver con la materia de que �ste trata. La iniciativa tiene que volver a la Comisi�n de Pesca, como est� acordado, y ah� se resolver�. En cuanto a la otra iniciativa, podr�a examinarse en la forma que ha se�alado el Honorable se�or Moreno, lo cual no sucede con �sta, por tratarse precisamente de pesca. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, �podr�a otorgarme el uso de la palabra, por favor? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en efecto, como lo hace notar el Honorable se�or Boeninger, el proyecto relativo a la modificaci�n de la Ley de Bases, originado en moci�n parlamentaria, es much�simo m�s amplio como para establecer una regulaci�n, y tambi�n en cuanto al impacto ambiental de la liberaci�n de transg�nicos, en este caso de especies de ganado y agricultura. En lo relativo a la pesca, como Su Se�or�a bien se�ala, es muy espec�fico. Sugerir�a, para el caso de los recursos hidrobiol�gicos, el estudio por parte de los integrantes de la Comisi�n de Salud; y que los de la de Agricultura pudiesen participar en conjunto con la Comisi�n de Pesca, inform�ndoles cada vez que vayamos a sesionar. Efectivamente, como lo se�ala el se�or Presidente de la Comisi�n de Pesca, han llegado antecedentes adicionales, y la idea del proyecto, as� como la de los autores de la moci�n, es ampliar m�s bien por la v�a de la regulaci�n, que por la de prohibici�n. Por ello, va a ser presentado con otra caracter�stica a la Sala. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No hay inconveniente en que la Comisi�n de Pesca invite a miembros de la Comisi�n de Salud, u otros; pero el proyecto es espec�ficamente de pesca. Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, lamento discrepar de Su Se�or�a sobre la interpretaci�n que est� exponiendo. Porque, realmente, los productos transg�nicos son destinados al consumo humano o a la preparaci�n de materias primas que tengan por resultado final el consumo humano a trav�s de alimentaci�n animal. Ya existe un decreto que fue modificado, el n�mero 293, del Ministerio de Salud, el cual establece la conveniencia de adoptar medidas de informaci�n a la poblaci�n en materia de alimentos que son o contienen elementos transg�nicos. Por lo tanto, �sta no es una materia ajena al proyecto. �Si no se trata de producir salmones para largarlos a volar en un avi�n! El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Son para comerlos; pero no es materia de agricultura. El tr�mite fue aprobado as�. Para autorizar una modificaci�n necesitar�amos el asentimiento un�nime de la Sala. El se�or MORENO.- �Ahora entiende por qu�, se�or Presidente, he insistido en que los asuntos de pesca sean entregados a la Comisi�n de Agricultura! El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por lo tanto, el proyecto se mantiene en la Comisi�n de Pesca en tanto no exista unanimidad para proceder de otro modo. �Hay acuerdo para que esta iniciativa vuelva a la Comisi�n de Pesca? Acordado. CONVENIO PARA REPRESI�N DE FINANCIACI�N DEL TERRORISMO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer tr�mite constitucional, relativo a la represi�n de la financiaci�n del terrorismo, informado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Los antecedentes sobre el proyecto (2799-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En primer tr�mite, sesi�n 3�, en 2 de octubre de 2001. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 5�, en 9 de octubre de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El proyecto de acuerdo enunciado por el se�or Presidente se encuentra en primer tr�mite constitucional, y propone la aprobaci�n del Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999. Este instrumento tiene como objetivo principal intensificar la cooperaci�n internacional entre los Estados, con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y pr�cticas para prevenir la financiaci�n del terrorismo, as� como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores. La iniciativa se encuentra informada por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, la que, luego de rese�ar los antecedentes tenidos en consideraci�n para el estudio del instrumento internacional, y despu�s del debate desarrollado en su seno, consigna la aprobaci�n en general y particular del proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Bombal, Mart�nez, Romero y Vald�s, proponiendo a la Sala que adopte el mismo criterio. Cabe se�alar que, por tratarse de un proyecto de art�culo �nico, y de conformidad a lo preceptuado en el art�culo 127 del Reglamento del Senado, la Comisi�n propone al se�or Presidente que se discuta en general y particular a la vez. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, en primer lugar, debo agradecer a la Presidencia del Senado y a los Comit�s la acogida de la solicitud que formul� la unanimidad de la Comisi�n de Relaciones Exteriores en cuanto a incluir este asunto en la tabla de la presente sesi�n, dada su trascendencia y considerando la se�al que nosotros debi�ramos dar en el �mbito en que se sit�a esta materia. Los proyectos que nos corresponde analizar, que cumplen su primer tr�mite constitucional en el Senado, tuvieron origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica. Fueron estudiados en conjunto, y son los que aprueban el Convenio Internacional para la Represi�n de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997, y el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, adoptado en la Asamblea General de la misma Organizaci�n, el 9 de diciembre de 1999. El objetivo de los instrumentos en examen es intensificar la cooperaci�n internacional entre los Estados, con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y pr�cticas para prevenir atentados terroristas con bombas y la financiaci�n del terrorismo, as� como reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores. Estos Acuerdos, en especial el relativo al financiamiento de actividades terroristas, son complementarios de los siguientes Tratados, de los cuales nuestro pa�s es Parte. 1. Convenio para la represi�n del apoderamiento il�cito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970. 2. Convenio para la represi�n de actos il�citos contra la seguridad de la aviaci�n civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971. 3. Convenci�n sobre la prevenci�n y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplom�ticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. 4. Convenci�n Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 5. Convenci�n sobre la protecci�n f�sica de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980. 6. Protocolo para la represi�n de actos il�citos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviaci�n civil internacional, complementario del Convenio para la represi�n de actos il�citos contra la seguridad de la aviaci�n civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. 7. Convenio para la represi�n de actos il�citos contra la seguridad de la navegaci�n mar�tima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988. 8. Protocolo para la represi�n de actos il�citos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. Todos ellos forman un conjunto de disposiciones internacionales, respecto de las cuales s�lo falta que nuestro pa�s ratifique el convenio en estudio y el que se discutir� a continuaci�n en la Sala. Al respecto, cabe hacer presente la importancia que para la comunidad internacional reviste que un Estado forme parte de esos instrumentos internacionales, pues otorgan una garant�a de seriedad y, particularmente, una se�al muy potente de nuestra actitud frente al terrorismo. Por los acuerdos en estudio, Chile se compromete a tipificar y sancionar las conductas enunciadas en sus art�culos 2, teniendo en cuenta la gravedad de la materia. Para este efecto, debe tenerse en consideraci�n la Resoluci�n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 28 de septiembre del presente a�o, que ha dado un plazo de noventa d�as con el objeto de hacer un seguimiento del avance en este tipo de materias. La legislaci�n financiera y procesal que ha de enviarse a tr�mite legislativo para su adecuaci�n, probablemente nos pondr� a la cabeza de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, incluida la asociaci�n del mismo con el narcotr�fico. Asimismo, la aprobaci�n un�nime en general y particular de ambos proyectos de acuerdo por la Comisi�n constituye una se�al clara y firme, sin vacilaciones ni ambig�edades, de nuestra voluntad de luchar contra este flagelo de la humanidad. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, agradezco la disposici�n de �nimo del Honorable Senado para debatir el convenio sometido en estos momentos a consideraci�n de la Sala y el que lo ser� a continuaci�n. Recuerdo que precisamente el martes de la semana pasada, con motivo de la sesi�n especial del Senado para analizar la situaci�n derivada de los atentados terroristas del 11 de septiembre �ltimo, dimos a conocer la relevancia de aprobar los dos �nicos convenios que Chile a�n no ha suscrito en materia de terrorismo. Transcurrida una semana despu�s de los hechos, en la Comisi�n de Relaciones Exteriores del Senado, ambos convenios se aprobaron en forma un�nime. Los dos instrumentos internacionales resultan de gran importancia, ya que mediante ellos nos ponemos al d�a en el �mbito de los compromisos que hemos asumido como pa�s en esa direcci�n. El Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, sometido ahora a la consideraci�n de la Sala, indica en primer lugar qu� actos constituyen delitos, para se�alar luego que los cometen quienes -por el medio que fuere, directa o indirectamente, il�cita y deliberadamente- provean o recolecten fondos con la intenci�n de que se utilicen, o a sabiendas de que ser�n utilizados en todo o en parte, para cometer alguno de los actos que expresamente se se�alan. A continuaci�n, se explicitan las obligaciones que cada uno de los Estados deben cumplir, con el objeto de adoptar las medidas necesarias, de conformidad con sus principios jur�dicos internos, para la identificaci�n, la detecci�n y el aseguramiento de la incautaci�n de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos que se indican en la convenci�n. Al mismo tiempo, se incluyen medidas respecto a las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en transacciones financieras, con el prop�sito de identificar plenamente a sus clientes y prestar especial inter�s en las actividades que parezcan inusuales o sospechosas en cuanto a que pudieran dar origen a alg�n tipo delictivo. La implementaci�n del convenio sirve para agotar en t�rminos de control y de represi�n, las fases de desarrollo de los actos terroristas, desde las preparatorias -vale decir, la financiaci�n-, as� como las posteriores a su consumaci�n, una vez producidos los atentados. Tiene presente, desde luego, el car�cter transnacional de las actividades terroristas, as� como su financiaci�n, en el entendido de que s�lo con una respuesta coordinada de la comunidad internacional, en su conjunto, es posible combatir el flagelo terrorista en todas sus formas y manifestaciones. En la definici�n de "delito", incluye tambi�n los actos tipificados en otros convenios, como se�al� el se�or Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, al dar cuenta de su informe. Prev� tambi�n la posibilidad de levantar el secreto bancario. Al mismo tiempo, creo importante destacar que, desde el punto de vista jur�dico interno, la aprobaci�n de este convenio obliga a asumir como Estado un conjunto de responsabilidades. En efecto, dentro de los poderes colegisladores del pa�s, ser� necesario tipificar estos delitos no considerados en nuestra legislaci�n y avanzar en el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera en Chile, de manera de llevar adelante las investigaciones pertinentes. La forma y la modalidad de la expresi�n y tipificaci�n de estos delitos, as� como tambi�n de sus procedimientos, es materia que debe ser resuelta por nuestros legisladores y, desde esa perspectiva, enfrentar el tema que fue largamente analizado durante la ma�ana de hoy por varios se�ores Senadores. Por estas consideraciones, me gustar�a dar tranquilidad a Sus Se�or�as en cuanto a que, si bien Chile adquiere el compromiso de sancionar estos delitos, la forma y la modalidad en que ello se efect�e depender� �nica y exclusivamente de las normas que el Poder Legislativo dicte, para los efectos de tener una adecuada coherencia. De manera que al prestar la aprobaci�n al proyecto de acuerdo -como esperamos-, adquirimos la obligaci�n de realizar las modificaciones en nuestra legislaci�n interna, a fin de dar cumplimiento a tal compromiso. �ste es el convenio que se somete a consideraci�n de la Sala y que espero sea aprobado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, por lo que estamos viviendo en estos momentos, los dos convenios que se van a despachar hoy son muy oportunos; sin embargo, algunas disposiciones del que se encuentra ahora en debate, merecen mayor atenci�n, porque ponen en duda la eficacia del instrumento. Desde luego, pese a tratarse de algo bastante normal en otros tratados internacionales, el art�culo 12 del convenio sobre represi�n de atentados terroristas expresa que se podr� negar la extradici�n de una persona cuando se piense que ella va a ser enjuiciada o castigada "por motivos de raza, religi�n, nacionalidad, origen �tnico u opini�n pol�tica". Esto quiere decir que, en lo futuro, se podr�a rechazar la entrega de un terrorista o de una persona acusada de haber cometido un atentado con bomba, si se considerase que en el Estado solicitante ser� juzgada en forma indebida por motivos tan amplios como la raza, la religi�n o la opini�n pol�tica. O sea, el tratado podr�a resultar letra muerta si no hay buena fe de los Estados en su cumplimiento. A mi entender, este punto es importante. Otra cl�usula que me llama mucho la atenci�n, porque no logro entenderla -ojal� alg�n miembro de la Comisi�n o la se�ora Ministra pudiera aclarar su sentido- dice relaci�n a la parte final del n�mero 2 del Art�culo 19, conforme al cual no estar�n sujetas al presente convenio las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto b�lico. Eso me parece l�gico, porque en la esencia de una guerra est� el que se lancen bombas. Sin embargo, a continuaci�n, se prescribe: "tampoco lo estar�n las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales", y que no son b�licas. �Qu� quiere decir esto? �Que si un militar, en el ejercicio de las funciones oficiales del Estado, comete un atentado con bomba, no se le aplican las normas de este convenio? Estimo necesario precisar el punto, porque no se refiere a actos b�licos o a los ocurridos durante una guerra declarada, pues se supone que los militares cumplen funciones oficiales al realizar tal tipo de actividades. Por �ltimo, el art�culo mencionado concluye con la frase "en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional.", frase que me parece bastante herm�tica. Desconozco si en la Comisi�n se discuti�. El se�or VEGA.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, sobre el particular, quiero invitar a los se�ores Senadores a que presten atenci�n al art�culo 5 del convenio, que establece: "Cada Estado Parte... adoptar� las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopci�n de legislaci�n interna, para que los actos criminales comprendidos en el �mbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intenci�n o el prop�sito de crear un estado de terror en la poblaci�n en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de �ndole pol�tica, filos�fica, ideol�gica, racial, �tnica, religiosa u otra similar y sean sancionadas con penas acordes con su gravedad.". A mi juicio, tal art�culo se relaciona con la inquietud manifestada en la Sala y la responde en forma adecuada. Respecto de la segunda inquietud, cabe se�alar que precisamente en los n�meros 1 y 2 del art�culo 19 a que se ha hecho referencia, se hace alusi�n a la existencia de otras normas del Derecho Internacional que regulan esta situaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, como complemento del alcance hecho por el se�or Senador que intervino antes de la se�ora Ministra -tengo entendido que se refiri� al segundo de los convenios y no al primero-, quiero se�alar que en el art�culo 2 del proyecto de acuerdo sobre represi�n de la financiaci�n del terrorismo se consigna una frase equ�voca, la cual, en mi opini�n, seguramente ya fue aclarada en su interpretaci�n. Dice: "Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, il�cita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intenci�n de que se utilicen, o a sabiendas de que ser�n utilizados, en todo o en parte, para cometer...", etc�tera. Creo que la expresi�n "il�cita" est� de m�s, porque si alguien provee recursos para estos fines, evidentemente est� cometiendo el delito que se quiere perseguir. No s� c�mo habr� sido interpretado esto o si responde a un problema de traducci�n. Porque, es obvio: aunque sea l�citamente y se trate de dineros debidamente obtenidos, si est�n destinados a los actos que se se�alan o existe la intenci�n de que se utilicen en ellos, eso debiera estar absolutamente sancionado. Hago s�lo e alcance, porque no he tenido tiempo de leer el texto del convenio con el debido detenimiento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, quiero aclarar lo siguiente: con relaci�n al presente convenio internacional y al que viene a continuaci�n, ambos suscritos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es necesario entender que est�n redactados en un lenguaje general. Sus traducci�n literal no corresponde necesariamente al lenguaje que cada uno de los pa�ses ocupa en el momento de tipificar los respectivos delitos. Por eso, la norma aludida se entiende como un mandato de incriminaci�n, y ser� resorte de cada uno de los Estados, de sus Poderes Legislativos, regular los correspondientes tipos penales y establecer las normas de procedimiento necesarias, de acuerdo a la coherencia legislativa de cada uno. Por lo tanto, la disposici�n responde a un lenguaje de car�cter internacional. El paso posterior para que efectivamente rija corresponder� al trabajo interno de esta propia Corporaci�n en el momento de legislar. )---------------( El se�or D�EZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Solicito autorizaci�n del Senado para que las Subcomisiones Mixtas de Presupuestos puedan sesionar paralelamente con la Sala. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si no hay opiniones en contrario, y tal como se ha procedido en a�os anteriores, se autorizar�a a dichas Subcomisiones para sesionar paralelamente con la Sala durante todo el per�odo en que debatan el proyecto de la Ley de Presupuestos. Acordado. )--------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, como se ha dicho aqu�, estamos en presencia de un proyecto de acuerdo sobre un tratado internacional que solamente puede ser aceptado o rechazado. Es decir, no se le pueden introducir modificaciones, atendida la naturaleza de la aprobaci�n a que est� obligado el Senado, lo cual no nos permitir�a entrar a precisar numerosas normas vagas o imprecisas, que pueden conducir a situaciones bastante absurdas o peligrosas. Sin embargo, me parece que el tratado en debate, como se ha manifestado en la Sala, deber� complementarse con la legislaci�n interna. Imagino que, atendido el tiempo que transcurra entre la �poca en que se apruebe el instrumento internacional y cuando se presente a consideraci�n del Congreso el proyecto respectivo para adecuarlo a las leyes internas, �ste ya estar� muy avanzado. De modo que en el pr�ximo tiempo deber�amos de apreciar concretamente las normas de ajuste respectivas, porque, obviamente, aqu� se introducen cambios que pueden ser muy importantes. Por estas razones, quiero consultar a la se�ora Canciller si hay estudios avanzados respecto de esta materia y cu�ndo se supone que los proyectos de adecuaci�n se presentar�n al Congreso. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, hace un rato sostuvimos una reuni�n con los Ministros del Interior, Secretario General de la Presidencia, de Hacienda y de Justicia, a fin de coordinar los esfuerzos legislativos que deberemos llevar a efecto precisamente para incluir los tipos penales ahora exigidos y realizar las modificaciones necesarias dentro de nuestra legislaci�n interna de manera de dar cumplimiento al convenio en discusi�n y al que trataremos en seguida. Vamos a presentar oportunamente algunas iniciativas legales, que seguramente ser�n analizadas por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia. Adem�s, est�n en curso otras como la relativa a la unidad de inteligencia financiera, cuya tramitaci�n se ha iniciado en la C�mara de Diputados. De todas maneras, aprovecho de se�alar una vez m�s que la suscripci�n de estos convenios constituye una manifestaci�n de voluntad de cada uno de los Estados. En seguida, viene un esfuerzo de nuestros legisladores para avanzar en la direcci�n se�alada. La voluntad pol�tica de hacerlo existe, por cuanto creemos que una materia de este tipo requiere atenci�n especial. Si nos hemos comprometido como pa�s en la lucha contra el terrorismo, dentro del Parlamento debemos avanzar en esa direcci�n. Lo que nos parece m�s adecuado en ese sentido es aprobar estos dos convenios primeramente y despu�s realizar los ajustes necesarios en la legislaci�n interna. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vega. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, en la misma l�nea de lo expresado por la se�ora Ministra, creo que estamos en un momento muy oportuno, porque comienza a tratarse el Presupuesto Nacional. En la ma�ana consult� sobre el particular con representantes de la Direcci�n General de Aeron�utica. Desgraciadamente, ella desconoc�a el convenio en debate, a pesar de que en su accionar se gu�a por otros tratados ratificados por Chile con anterioridad. Cabe destacar que la Direcci�n General de Aeron�utica ha implementado, desde el momento que ocurri� el atentado y desde mucho antes, diversas medidas que han permitido al sistema aerocomercial chileno ser un modelo en el mundo. Por eso, LAN Chile fue la primera l�nea a�rea autorizada para llegar a los Estados Unidos despu�s del 11 de septiembre, lo cual muestra la estricta regulaci�n que nuestro pa�s ha llevado adelante sobre estos temas. Por estas razones, solicito al se�or Presidente que, en lo posible hoy o ma�ana, se env�e a la Direcci�n General de Aeron�utica el texto del convenio en debate, de manera que esa entidad pueda expresar sus necesidades en el Presupuesto de este a�o, que ha comenzado a tratarse hoy y que en lo referente a la Direcci�n General de Aeron�utica se analizar� en la pr�xima semana. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviar�a hoy el texto del convenio en debate a la Direcci�n General de Aeron�utica. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Bombal. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, en la misma l�nea de lo planteado por el Senador se�or Fern�ndez, deseo expresar que ya en la Comisi�n de Relaciones Exteriores qued� claro que existe un conjunto de disposiciones que habr�a que dictar y otras que readecuar para que nuestra legislaci�n se halle a tono con lo que aqu� se est� aprobando. Quisiera llamar la atenci�n respecto de dos aspectos. En primer lugar, tanto el convenio en debate como el que veremos a continuaci�n se enviaron al Congreso despu�s de lo sucedido en Nueva York, en circunstancias de que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en los a�o 1997 y 1999. Es decir, ha tenido que ocurrir este hecho para que se los remitiera. �se es un dato que debe registrarse. Otro antecedente importante proporcionado por la se�ora Ministra en la Comisi�n -que puedo poner a disposici�n de la Mesa para ser repartido a todos los se�ores Senadores porque es muy interesante- es la resoluci�n 1373, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de este a�o, que es tal vez la m�s en�rgica de las adoptadas por ese organismo en materia de seguridad y antiterrorismo. Probablemente, como tambi�n se dijo en la Comisi�n, este tipo de acuerdos no se ve�a antes, cuando estaban enfrentadas las dos potencias en el Consejo; pero como ya se ha despejado el camino, por lo menos respecto de una de ellas, y adem�s por el atentado contra los Estados Unidos, estamos conociendo decisiones tan en�rgicas como �sta. Uno de los puntos de dicha resoluci�n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que deseo destacar dice: "Observa con preocupaci�n la conexi�n estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas il�citas, el blanqueo de dinero, el tr�fico il�cito de armas y la circulaci�n il�cita de materiales nucleares, qu�micos, biol�gicos y otros materiales potencialmente letales,". Es decir, pone de relieve el tr�fico de drogas como un elemento constitutivo de peligro o de amenaza dentro del contexto de la lucha antiterrorista. En seguida, en el punto 6 del documento en comento se se�ala: "Decide establecer, de conformidad con el art�culo 28 de su reglamento provisional, un Comit� del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo, para verificar la aplicaci�n de la presente resoluci�n," �contiene muchos elementos similares a los de los Convenios que estamos aprobando- "con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al Comit�, a m�s tardar 90 d�as despu�s de la fecha de aprobaci�n de la resoluci�n y con posterioridad conforme a un calendario que ser� propuesto por el Comit�, de las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resoluci�n;". Me interesa que esta resoluci�n sea conocida por los se�ores Senadores, porque describe todos los riesgos a que est� expuesta la comunidad internacional en lo que respecta al terrorismo, en particular, en cuanto a la tipificaci�n de delitos, congelaci�n de fondos y prohibiciones a quienes den refugio, amparen y protejan a los que realizan estas actividades. Se�or Presidente, para no extenderme sobre esta materia ahora, podr�a repartirse copia de este importante documento, que desde ya pongo a disposici�n de la Mesa, para que, en el contexto de lo que estamos aprobando, se sepa que la Comisi�n tambi�n tuvo en cuenta lo informado por la se�ora Ministra respecto de esa relevante resoluci�n aprobada el 28 de septiembre de este a�o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que �reitero- es la m�s en�rgica que se ha visto hasta ahora por parte de ese organismo en materia de lucha antiterrorista. Por las razones expuestas, las bancadas de Senadores de la UDI e Independientes votaremos a favor del proyecto de acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si Su Se�or�a hace llegar el texto a la Mesa, podremos distribuirlo a todos los se�ores Senadores. Tiene la palabra el Honorable se�or Romero; en seguida, el Senador se�or Bitar, para luego proceder a votar. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, solamente quiero ratificar lo expresado por el Honorable se�or Bombal, en el sentido de que nosotros analizamos los Convenios teniendo en vista las decisiones adoptadas en este aspecto por los organismos de las Naciones Unidas, en particular por el Consejo de Seguridad. Debo se�alar que existe el compromiso moral y �tico de Chile y de todos los Estados signatarios del Tratado de cumplir efectivamente con el avance establecido y con el plazo de 90 d�as que se han planteado, con el objeto de demostrar hechos concretos m�s que una voluntad pol�tica. En ese sentido, estoy confiado, porque la se�ora Ministra as� lo ha manifestado y as� creo que va a ocurrir. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, deseo respaldar los proyectos de acuerdo enviados por el Gobierno -en este caso concreto, el relativo a la represi�n del financiamiento del terrorismo-, en el entendido de que, como lo se�ala su art�culo 21, se sujeta a "las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los prop�sitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes.". Hago esta aclaraci�n porque cuando se adoptan medidas en circunstancias de crisis se puede caer en el riesgo de restringir las libertades. Por eso, al momento de votar a favor del proyecto de acuerdo, quiero ratificar que estamos resguardando las libertades y el Estado de Derecho, como primera cuesti�n fundamental. El terrorismo debe ser combatido en el marco de este �ltimo, pero jam�s restringiendo aqu�llas. El segundo aspecto importante, adem�s de la conexi�n que se supone que existe entre el terrorismo y la droga, como se mencion� por otros se�ores Senadores, dice relaci�n al debate que pr�ximamente se originar� en el Senado con relaci�n a la ley de drogas y con la unidad de inteligencia financiera, lo cual me lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que �sta se cree para los meros objetivos vinculados con el proyecto sobre drogas. Sin embargo, respecto de la lucha contra el lavado de dinero, debi�ramos contemplar tambi�n, a la hora de analizar el proyecto, la posibilidad de extender ese delito, por ejemplo, al proveniente de la venta de armas, la trata de blancas u otras fuentes, que tambi�n deben ser objeto de un tratamiento igualmente duro, porque alimentan el terrorismo. En el mismo sentido, es necesario dar pasos que permitan ir a la creaci�n -como ya se ha anunciado- de un sistema de inteligencia nacional m�s coordinado y eficaz, que diga relaci�n a estos temas y que, por cierto, se desarrolle en el marco de la m�s estricta sujeci�n al Estado de Derecho y el respeto a las libertades de las personas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No habiendo m�s inscritos, procederemos a votar. --Se aprueba en general y en particular, dej�ndose constancia para los efectos del qu�rum exigido de que se emitieron 40 votos favorables. CONVENIO PARA REPRESI�N DE ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer tr�mite constitucional, que aprueba el Convenio Internacional para la Represi�n de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. --Los antecedentes sobre el proyecto (2800-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En primer tr�mite, sesi�n 3�, en 2 de octubre de 2001. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 5�, en 9 de octubre de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El Convenio tiene como objetivo principal intensificar la cooperaci�n internacional entre los Estados, con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y pr�cticas para prevenir atentados terroristas con bombas y enjuiciar y castigar a sus autores. La iniciativa se encuentra informada por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, la que aprob� en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Bombal, Mart�nez, Romero y Vald�s, y propone a la Sala adoptar igual resoluci�n. Finalmente, por tratarse de un proyecto de art�culo �nico y de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 127 del Reglamento del Senado, la Comisi�n sugiere que esta iniciativa se discuta en general y en particular a la vez. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como ya se realiz� el debate de ambos Convenios, �ste podr�a darse por aprobado en general y en particular, con la misma votaci�n anterior. Aprobado. Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, junto con agradecer a la Sala la aprobaci�n de ambos Convenios, que sin lugar a dudas constituyen un importante avance en el trabajo que como pa�s estamos realizando en el tema del terrorismo, quiero aclarar que ellos fueron con antelaci�n objeto de un acucioso estudio por parte del Ejecutivo. Los proyectos de acuerdo, una vez aprobados en el �mbito de las Naciones Unidas, requieren de informes de distintas entidades dentro del Ejecutivo: la Direcci�n de Seguridad P�blica, los Ministerios del Interior y de Hacienda, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Direcci�n de Presupuestos, el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio Nacional de Aduanas. Una vez que los respectivos organismos han remitido su informe y est�n contestes en aprobar el Convenio, s�lo entonces se env�a el proyecto de acuerdo al Congreso Nacional. De manera que el hecho de tramitar una iniciativa aprobada en 1999 no es un descuido, sino que obedece precisamente al proceso interno de reunir los antecedentes necesarios. Agradezco, se�or Presidente, la disposici�n del Senado de trabajar en forma tan expedita en la aprobaci�n de los dos instrumentos sometidos a su consideraci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Agradezco la oportunidad de su aclaraci�n, porque podr�a haberse pensado que se dej� pasar el plazo m�s all� de lo necesario. )-------------------------( El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado en este momento a la Mesa dos informes de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n reca�dos, uno, en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional e iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Moreno, Sabag y Zald�var, don Adolfo, que establece como requisito para ser alcalde el haber cursado ense�anza media o su equivalente; y el otro, en el proyecto de ley en primer tr�mite constitucional e iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Hamilton y Sabag, sobre supresi�n de los feriados que indica. (Bolet�n N� 2779-06). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Quedan para tabla. Est� terminado el Orden del D�a. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )--------------------------( -Los oficios cuyo env�o se anuncia son del tenor siguiente: De la se�ora FREI (do�a Carmen): Al se�or Director Nacional de SERNATUR, sobre DECLARACI�N DE ZONA DE INTER�S TUR�STICO A SAN PEDRO DE ATACAMA Y CUENCA GEOT�RMICA EL TATIO (SEGUNDA REGI�N). Del se�or HORVATH: A la se�ora Ministra de Educaci�n, acerca de AUMENTO DE N�MERO Y MONTO DE BECAS "PRIMERA DAMA DE LA NACI�N" EN REGI�N DE AIS�N, y al se�or Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relativo a SOLUCI�N HABITACIONAL A 10 FAMILIAS INSTALADAS EN CALLE LAS AVUTARDAS y tocante a DEMORA EN ENTREGA DE VIVIENDAS B�SICAS A 30 FAMILIAS DE COMIT� "EL 17" (ambos de Puerto Ais�n). Del se�or LAGOS: Al se�or Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapac�, respecto de ANTECEDENTES RELATIVOS A CONTRATOS DE ESSAT, y en cuanto a OPERACI�N DE DESALARI S.A., y PRODUCCI�N, FACTURACI�N Y P�RDIDAS DE ESSAT ARICA DURANTE 1999 Y 2000 (todos de la Primera Regi�n). Del se�or STANGE: A la se�ora Ministra de Educaci�n, acerca de TRASLADO DE PROFESIONALES Y SITUACI�N DE CENTRO DE DIAGN�STICO DE PUERTO MONTT, y al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sobre ADECUACI�N DE DECRETO SUPREMO 212, DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE LOCOMOCI�N COLECTIVA URBANA E INTERURBANA. )--------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Incidentes, los Comit�s Mixto y Dem�crata Cristiano no har�n uso de su tiempo. En el turno del Comit� UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. IMPLICANCIA MUNDIAL DE ATENTADO TERRORISTA CONTRA ESTADOS UNIDOS El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, me voy a referir al tema del terrorismo, dado que no tuve oportunidad de participar en la sesi�n especial destinada a tratarlo. Hace hoy casi un mes que en todo el mundo empezamos a vivir una nueva etapa hist�rica: el terrorismo, despu�s de a�os y aun d�cadas de advertencias comparativamente m�s locales en su alcance y envergadura, finalmente asest� un golpe cuyas repercusiones alcanzan a todo el mundo y a todos los seres humanos, sin distinci�n de continentes, credos, ideolog�as, ni siquiera grados de desarrollo. Estamos frente a un fen�meno nuevo en la historia, cual es el terrorismo global. La secuela de consecuencias que venimos observando en estas semanas, y la anticipaci�n de las que seguir�n por un futuro hoy indefinible, indican que ellas ser�n inevitablemente sentidas, directa o indirectamente, desde las sociedades de m�s refinado desarrollo hasta las m�s retrasadas. Ni nuestro pa�s ni ning�n otro pueden eludir esas consecuencias. No ser�n, tal vez, iguales para todos, pero ser�a iluso refugiarse en un intento in�til de aislacionismo neutralista. La realidad mundial no lo permite. M�s a�n, la naturaleza del peligro terrorista no lo permite, porque tambi�n nuestro pa�s puede ser su blanco en cualquier momento. El hecho detonador del cambio mundial ya se produjo en Nueva York y Washington. En el nuevo cuadro, hoy, lo prioritario es orientar la pol�tica nacional en busca de minimizar los costos. Pero nadie puede ignorar que habr� que asumirlos, y probablemente no ser�n menores. El alineamiento de Senador ya ha sido se�alado por el Presidente de la Rep�blica y por la inmensa mayor�a de los dirigentes y partidos pol�ticos. Nuestro pa�s se ha definido contra el terrorismo, ha condenado los atentados en Estados Unidos y expresado su solidaridad y �nimo de colaboraci�n en la lucha antiterrorista. No est� claro, en cambio, qu� se har� para traducir esas posiciones generales en pol�ticas concretas. Las declaraciones y los gestos simb�licos no bastar�n para evitar que el terrorismo nos alcance. Es cierto que nuestro pa�s no tiene hoy motivos para estimarse un objetivo prioritario de acciones terroristas; pero si Senador se descuida en prevenirlas con eficacia, no puede excluirse que se vea transformado, virtualmente de la noche a la ma�ana, en centro de operaciones de organizaciones que busquen atentar contra terceros. Evidentemente, eso s�lo se puede impedir mediante una pol�tica clara y definida. Sin ir m�s lejos, en el �ltimo tiempo hemos escuchado, al menos una versi�n, en el sentido de que las ramificaciones de los grupos que actuaron en Estados Unidos intentar�an atentar tambi�n contra intereses norteamericanos en Sudam�rica, mediante acciones planificadas en pa�ses ubicados en este continente. Esa versi�n no ha sido comprobada, pero despu�s de lo que hemos observado en estos d�as, no cabe descartarla como imposible, ni siquiera improbable. Debemos sacar la lecci�n obvia de la poca credibilidad que el mundo desarrollado asign�, hasta el 11 de septiembre pasado, a los indicios de que el terrorismo preparaba algo de gran monta contra la superpotencia estadounidense. Ahora sabemos que no eran escasos, pero nadie los tom� suficientemente en serio, hasta que la tranquilidad confiada fue reemplazada por la incredulidad ante el horror de dimensiones antes impensables. Por lo dem�s, Senador no carece de experiencia en este campo. La tuvo intermitentemente, desde los a�os finales de la d�cada de 1960 hasta los iniciales de la d�cada de 1990. El terrorismo alcanz� a nuestro Senado, por primera vez en la historia de la Rep�blica, cuando asesin� a uno de nuestros colegas, el Senador Jaime Guzm�n, en 1991. El terrorismo tuvo la organizaci�n y fuerza suficientes para rescatar en helic�ptero a algunos de los responsables de ese asesinato desde la c�rcel de alta seguridad de nuestra capital, el 30 de diciembre de 1996. Tambi�n ha tenido y tiene vinculaciones amistosas que permiten a todos los responsables de ese asesinato mantenerse enteramente impunes hasta el d�a de hoy. Nuestro pa�s no est�, pues, ajeno a este problema. El terrorismo debe ser combatido simult�nea y sistem�ticamente en todos los frentes. Porque, tal como se ha planteado, es, efectivamente, una guerra en la que est� en juego la vida de miles de personas, instituciones, formas de vida democr�tica y, eventualmente, incluso de naciones enteras. El debilitamiento del mundo frente al terrorismo, cuyas consecuencias ahora sufrimos, deriva de que, ya por muy largo tiempo, uno o varios de esos frentes fueron descuidados u olvidados. Urge retomar la acci�n desde ahora mismo, para recuperar en cuanto sea posible el tiempo perdido. A mi juicio, son prioritarios los siguientes frentes: 1) El frente ideol�gico 2) El frente pol�tico y diplom�tico 3) El frente jur�dico-constitucional, legal y judicial 4) El frente militar 5) El frente educacional 1) El frente ideol�gico Es indispensable una ratificaci�n expresa e inequ�voca de todos los partidos, movimientos y grupos activos en nuestra vida p�blica, en cuanto a que se condena el terrorismo, en todas sus manifestaciones, cualesquiera sean su manifestaci�n, origen y motivos que se invoquen para emplearlo. Quien de verdad est� contra �l, de verdad lo rechace en todas sus formas, de verdad no lo acepte en modo alguno, ni siquiera cuando en apariencia favorece los intereses de un sector y golpea al adversario, debe ser consecuente y condenarlo sin ambig�edades, sin reservas, sin condicionamientos ni distingos de ninguna especie. Ese repudio formal, categ�rico, por todos los partidos democr�ticos, ciertamente no detendr� el terrorismo de otros. Sin embargo, s� definir� l�neas claras, divisorias, y dificultar� la labor de quienes pretenden enga�ar con una cara democr�tica, pero que mantienen inocultables v�nculos con organizaciones que legitiman y emplean la violencia en la busca de sus objetivos pol�ticos. Porque esa violencia, incluso en su m�s primitiva expresi�n de desorden callejero, ya ha traspasado el l�mite de la pac�fica discusi�n democr�tica, para entrar en el plano de la fuerza, plano cuyo desenvolvimiento natural y l�gico es el terrorismo. Frente a �l, en consecuencia, no cabe distinguir; tampoco condenarlo en el adversario, pero tolerarlo en otros, cuando no apoyarlo, as� sea con el silencio. El terrorismo es, por principio, inaceptable y repudiable siempre, y debe ser castigado sea quien fuere el que lo cometa, cualquiera sea la motivaci�n ideol�gica, pol�tica, religiosa, �tnica u otra que invoquen sus perpetradores. La disyuntiva es inevitable y clara: si no se condena el terrorismo, es que se lo acepta. En esto no caben t�rminos medios ni ambig�edades. Por supuesto, siempre habr� quienes practiquen un doble juego, condenando verbalmente lo que en realidad ejercen en el clandestinaje. Pero incluso las actitudes frente a una definici�n expresa contribuyen a mostrar d�nde est� cada cual a este respecto. Para pronunciarse sobre el particular, conviene tener presente que la definici�n de terrorismo no requiere m�s a�os de estudio y discusi�n, como desgraciadamente ha ocurrido en algunos ambientes internacionales. El tipo delictivo ya est� precisado por an�lisis en todo el mundo e, incluso, en la normativa internacional, y se resume como el "Uso de violencia o amenaza de violencia por individuos a nivel subestatal, con el prop�sito de sembrar el p�nico en una sociedad, para debilitar e incluso derrocar a las autoridades titulares y causar un cambio pol�tico.". 2) El frente pol�tico y diplom�tico De la definici�n anterior deben fluir conductas pol�ticas y diplom�ticas consecuentes. a) Se debe promover, impulsar y tomar parte activa en una campa�a mundial permanente contra el terrorismo, a la luz de la definici�n ideol�gica se�alada. b) Debe fomentarse, igualmente, una campa�a nacional permanente contra el terrorismo. c) Esas campa�as son indispensables para que las autoridades puedan contar con el necesario apoyo de la opini�n p�blica interna y externa para las medidas que inevitablemente deber�n tomar contra el terrorismo. La �nica otra alternativa para que la opini�n p�blica mundial comprenda por qu� se debe actuar con total firmeza contra ese peligro es esperar que el terrorismo, finalmente, golpee a un pa�s con la brutalidad con que lo hizo contra Estados Unidos. Evidentemente, lo humanitario y lo sensato ser�a agotar todos los esfuerzos para prevenir semejante golpe y evitar sus v�ctimas. Una l�nea constante y sin ambig�edad alguna que debe seguir la pol�tica exterior chilena es el alineamiento y la promoci�n de v�nculos reales y muy activos de colaboraci�n con todos los pa�ses que combaten el terrorismo, as� como el consecuencial aislamiento de aqu�llos que lo promuevan o lo acepten. Deben darse pruebas de solidaridad efectiva con las naciones que lo combaten. Entre otras, por ejemplo, el intercambio pleno y expedito de informaci�n de inteligencia antiterrorista. La consecuencia conceptual exige poner t�rmino inmediato y total a los distingos pol�ticos y diplom�ticos entre algunos violentistas y terroristas, y otros igualmente violentistas y terroristas, seg�n la proximidad o distancia que se pueda tener con sus objetivos pol�ticos. Hoy, las actuaciones pol�ticas y diplom�ticas de Chile y de otras naciones del mundo, desgraciadamente, incurren en esa distinci�n. Por ejemplo, desde 1959, Cuba tiene un r�gimen que ha promovido sistem�ticamente la violencia pol�tica, el extremismo y el terrorismo; que mantiene escuelas de guerrillas, cuyos especialistas y graduados han sido exportados a otros pa�ses -incluido Chile- y a otros continentes; y que tiene v�nculos amistosos con otros reg�menes igualmente totalitarios. Con esa misma Cuba, sin embargo, mantenemos relaciones comerciales, consulares, diplom�ticas y de amistad cultivada por m�ltiples v�as, cerrando voluntariamente los ojos a su prontuario terrorista y al hecho de que brinde refugio a terroristas responsables del asesinato de un Senador chileno. El r�gimen castrista participa como un igual en las instancias diplom�ticas y de alta pol�tica internacional y es acogido amistosamente por quienes se proclaman antiterroristas. Inconsecuencia evidente, cuyos costos, tarde o temprano, no podr�n evitarse. Por cierto, m�s all� del �mbito continental, iguales consideraciones valen para otros pa�ses -por ejemplo, Libia-, cuyos reg�menes han sido judicialmente declarados responsables de instigaci�n o protecci�n de graves actos terroristas -como el derribamiento de una aeronave comercial sobre Escocia mediante una bomba-, pero contin�an desempe��ndose con toda normalidad en el plano internacional pol�tico y econ�mico. L�gicamente, tampoco Chile puede permanecer indiferente ante estos movimientos pol�tico-diplom�ticos de naciones que se acercan a otras que admiten el terrorismo. Por ejemplo, nuestro pa�s no puede ser indiferente cuando el Gobierno de Venezuela despliega una pol�tica de ostensible entendimiento con los reg�menes de Castro, en Cuba; de Kaddafi, en Libia, y de Hussein, en Irak, todos los cuales admiten, practican o toleran el terrorismo. Tarde o temprano, esa inconsecuencia est� llamada a tener altos costos para Chile. Sin ir m�s lejos, hoy no sabemos, por ejemplo, qu� grado de establecimiento y desarrollo pueden tener los grupos terroristas fundamentalistas en Latinoam�rica. Chile deber�a estar en la primera l�nea de los pa�ses del continente en su inter�s por esclarecer este punto. A la inversa, hay naciones que han combatido el terrorismo, como Espa�a; pero, luego, quienes as� lo hacen desde cargos de autoridad, cumpliendo con su obligaci�n de resguardo de la comunidad, se ven criticados, perseguidos -es el caso de los Ministros socialistas- o, incluso, condenados por la opini�n p�blica o por instancias judiciales nacionales o internacionales. La solidaridad que hoy se proclama al respecto, en realidad, se ha practicado largamente con quienes han cometido los actos terroristas y no con aquellos que los han combatido. Ante las consecuencias que ya conocemos y ante las que pueden sobrevenir, lo indispensable es, ahora, que la solidaridad se reoriente resueltamente, con hechos y no meras palabras, hacia quienes procuran impedir que haya nuevas v�ctimas y no hacia los que buscan producirlas. De otro modo, quienes terminan internacionalmente aislados no son los terroristas, sino, parad�jicamente, aquellos que tienen el valor de combatirlos. Un modelo de falta flagrante de solidaridad frente al combate contra ese terrorismo es Suiza, que recientemente neg� la extradici�n a Chile, alegando la inexistencia en nuestro pa�s de Estado de Derecho, de uno de los condenados -al que ampar�- por el asesinato del Senador Guzm�n. Es deseable que, a esta fecha, Suiza haya reconsiderado su posici�n y que, por su parte, el Gobierno chileno est� resuelto a hacer esfuerzos m�s en�rgicos frente a situaciones semejantes. Por cierto, Chile no debe permitirse la ingenuidad de creer que el terrorismo se origina y despliega s�lo en otros pa�ses, pero no en nuestro territorio. Hace ya una d�cada que muchas voces advirtieron de las conexiones de financiamiento y de apoyos pol�tico, diplom�tico, de entrenamiento y log�stico entre ciertos grupos violentistas que explotan el problema mapuche y otros movimientos terroristas internacionales. 3) El frente jur�dico Lo anterior no significa postular un combate sin normas, ajeno a los derechos humanos y al Derecho en general. Eso ser�a una regresi�n a la barbarie propia de extremistas y terroristas de todos los matices. Los principios de democracia, Estado de Derecho y sociedad de libertades son irrenunciables. Pero tampoco cabe hoy d�a suponer que la mentalidad terrorista puede ser enfrentada con �xito sin que los pa�ses tengan atribuciones jur�dicamente amplias y eficaces para actuar contra un enemigo que en su actuaci�n no reconoce l�mites, consideraciones ni compasi�n alguna. Es indispensable una actitud de realismo maduro, capaz de asumir efectivamente lo inevitable de la proporcionalidad de la respuesta. Puede lamentarse que el mundo no sea todo lo ideal que deseamos; pero mientras no lo sea, si queremos sobrevivir, habr� que emplear, dentro del Derecho, los medios aptos para permitir nuestra supervivencia. Estados Unidos tuvo que admitirlo as� en la hora del golpe m�s tr�gico que haya recibido en su historia, despu�s de haberse autolimitado imprudentemente en esta materia durante las �ltimas d�cadas. Y la reacci�n que ahora anticipan el Presidente Bush, el Procurador General de la Naci�n y otras autoridades es un retorno a las normativas que se fueron dejando de lado en los �ltimos a�os. -En el nivel constitucional La reforma constitucional de 1991 redujo la severidad de las normas del art�culo 9� -declara que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos."-, en cuanto hizo posible a su respecto la amnist�a y el indulto general, excluyendo s�lo el indulto particular. Asimismo, permiti� la libertad provisional del procesado por delitos terroristas, lo que la norma original prohib�a. A la luz de cuanto hemos presenciado en las �ltimas tres semanas, ser�a �til repensar esas normas. Igualmente, ser�a conveniente precisar el texto que la reforma constitucional de agosto de 1989 dio al inciso sexto del N� 15� del art�culo 19 de la Carta Fundamental. Su tenor vigente declara "inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organizaci�n cuyos objetivos, actos o conductas" "procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como m�todo de acci�n pol�tica.". Esta redacci�n es amplia, por cierto. Pero, en el nuevo escenario mundial, valdr�a la pena explicitar para prevenir que, so pretexto de libertad de opini�n, ense�anza o culto, o invocando pretextos �tnicos, religiosos, culturales o de cualquier otra �ndole, se pretenda por cualquier v�a justificar la apelaci�n a la violencia o propugnar �sta como m�todo aceptable de acci�n. Si se est� contra el terrorismo, es preciso tambi�n ir a la ra�z e inicio del itinerario violentista que culmina, como se ha visto, en los atentados. -En el nivel de los instrumentos internacionales En este campo, aprobamos hoy d�a el Convenio Internacional para la Represi�n de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, y el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, adoptado por dicha Organizaci�n el 9 de diciembre de 1999. Lamentamos, s�, que los proyectos de acuerdo pertinentes se hayan presentado precisamente despu�s de haber ocurrido la tragedia que conocemos. A mi entender, no debi� esperarse un plazo tan largo para someterlos a la consideraci�n del Congreso Nacional. Lo anterior es tanto o m�s necesario cuanto que, ante el aumento de la amenaza del uso de armas qu�micas, biol�gicas u otras no convencionales, incluidas las inform�ticas, se requerir� la m�xima colaboraci�n posible de la comunidad internacional para su prevenci�n y combate. Por cierto, no se trata s�lo de aprobar dichos instrumentos, sino tambi�n de hacerlos cumplir rigurosamente, tanto por los adversarios como por los afines pol�ticos. Es inconsecuente ratificar en las Naciones Unidas un convenio contra las bombas si la autoridad permite que ciertos grupos fabriquen, distribuyan y detonen en la v�a p�blica bombas de fabricaci�n personal sin ser impedidos ni obstaculizados en su acci�n y -peor a�n- siendo expresamente tolerados y cohonestados por la propia autoridad que pudiera inhibir, eventualmente, la acci�n de la fuerza p�blica. El pa�s asisti� a esa situaci�n precisamente en torno a las fechas del atentado que hoy conmociona al mundo. Al respecto, no es v�lida la excusa seg�n la cual lo que se vio fueron simples disturbios callejeros, cuya magnitud no puede compararse con lo que ocurri� en Nueva York y Washington. Porque es exactamente en ese ambiente de violencia impune que se cultivan, entrenan y perfeccionan las organizaciones que se especializan en la violencia como m�todo de imposici�n de su voluntad sobre la sociedad. Y la maduraci�n l�gica de aqu�llas lleva a la organizaci�n terrorista. La experiencia internacional sobre el particular es inequ�voca. -En el nivel de la legislaci�n interna Las importantes modernizaciones procesales a que est� abocado nuestro pa�s deber�n considerar adem�s la redoblada gravedad que la Constituci�n y los tratados internacionales asignan a los delitos terroristas. Los ajustes a la reforma procesal penal que est�n previstos precisamente en la presente etapa de su aplicaci�n gradual deber�n atender a este distingo ineludible y contemplar procedimientos especiales, abreviados y simplificados en congruencia. Desde esta perspectiva, la improcedencia general de la libertad provisional en cuanto a procesados por delitos terroristas cobra plena justificaci�n. Cuesta admitirlo as�. Empero, la refinada coordinaci�n de los atentados terroristas en Estados Unidos indica que el tiempo de acci�n de que disponen los miembros de la organizaci�n terrorista y los contactos que existen entre ellos son determinantes para su �xito. En consecuencia, se justifica en tal sentido un procedimiento judicial de la mayor severidad y celeridad. Por supuesto, habr� que distinguir siempre entre el combate contra el terrorismo y los excesos en que algunos puedan incurrir. Un ordenamiento jur�dico antiterrorista adecuado no significa carta blanca para que los funcionarios correspondientes act�en de cualquier modo. Obviamente, el delito no se puede combatir con el delito. La civilizaci�n supone autolimitaci�n. Pero no cabe olvidar que se trata de una guerra, donde deben tomarse medidas muy duras y en que no pocas veces se cometen errores. Olvidarlo conduce a la inconsecuencia de terminar condenando en las palabras al terrorismo, pero en los hechos, a quienes lo combaten. Por eso mismo, la respuesta de apoyo o no apoyo a Estados Unidos y sus aliados cuando se realicen las acciones antiterroristas que se est�n preparando ser� muy importante para debilitar o fortalecer la causa del terrorismo en el mundo. La posici�n chilena a este respecto ha sido, afortunadamente, muy clara. 4) El frente militar Creo indispensable que el pa�s recobre conciencia de que las Fuerzas Armadas y de Orden son irreemplazables en la lucha antiterrorista. Por definici�n constitucional, ellas son "esenciales para la seguridad nacional" y "Ninguna persona, grupo u organizaci�n podr� poseer o tener armas u otros elementos similares" sin previa autorizaci�n otorgada en conformidad a la ley respectiva. El terrorismo es un desaf�o capital al orden p�blico y a la seguridad interior del pa�s. Siendo as�, combatirlo cae naturalmente dentro de la competencia espec�fica de las Fuerzas de Orden y Seguridad P�blica, en los t�rminos previstos por el art�culo 90, inciso tercero, de la Carta. All� se radicar�a con exclusividad la competencia en cuanto a los �rganos constitucionalmente llamados a actuar y respecto de los instrumentos a los que, conforme al Texto Fundamental, el Estado puede y debe apelar para enfrentar este problema. Por ello, me parece razonable que el Gobierno impulse ahora la creaci�n de una Agencia Nacional de Inteligencia, para coordinar mejor la defensa del pa�s contra esta nueva forma de guerra, "sin fronteras f�sicas", sin territorio definido, sino redes pol�ticas y econ�micas globales. Considero igualmente positivo que la autoridad haya consultado el parecer de las Instituciones Armadas en esta materia. Y concuerdo, en general, con las recomendaciones que ellas formularon a favor de un sistema de inteligencia que no dependa del Gobierno de turno y funcione como organismo t�cnico del Estado, apol�tico y con suficiente autonom�a; un organismo consultivo del Presidente de la Rep�blica, con participaci�n de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuyo Director goce de inamovilidad similar a la de un jefe de servicio del m�s alto nivel, con capacidad t�cnica multidisciplinaria, capaz de recopilar informaci�n �til para cumplir los objetivos del pa�s en los �mbitos de seguridad interior y exterior, econ�mico, industrial y militar. Dado ese esquema, me parece que la lucha antiterrorista encontrar�a un instrumento valioso en un organismo semejante. Y espero que pronto el Congreso pueda abocarse al estudio de ese proyecto. 5) El frente educacional Todos los dirigentes y analistas mundiales han coincidido en que la guerra que se ha iniciado contra el terrorismo ser� de larga e indefinible duraci�n; requerir� constancia, y no podr� descuidar ning�n frente. Por lo tanto, hay que prepararse, eventualmente, para largos a�os de confrontaciones en este campo. Despu�s de todo, tambi�n ha sido de d�cadas la maduraci�n de la organizaci�n terrorista hasta que pudo asestar un golpe semejante a Estados Unidos. No es casual en absoluto que aparezca vinculada al movimiento de los talibanes, esto es, de los "estudiantes" de ciertas escuelas isl�micas extremistas. El mismo principio debe ser usado para promover valores positivos, contrarios a la violencia y, desde luego, al terrorismo. Presumo que ning�n sector se opondr�a a que, del mismo modo como el Ministerio de Educaci�n inculca los valores democr�ticos y c�vicos por medio de sus programas escolares obligatorios, hiciera otro tanto con una expresa e incondicional repulsa moral y c�vica al terrorismo, lo que hoy d�a no ocurre. No diviso en eso ninguna objeci�n ni �tica ni jur�dica. En lo constitucional, el terrorismo es por esencia contrario al pluralismo que la Carta Fundamental consagra y, asimismo, a la libertad de ense�anza y dem�s derechos fundamentales que se garantizan. Estimo leg�timo, entonces, formar a las generaciones j�venes, desde la m�s temprana edad, en una �tica que repudie absolutamente el terrorismo y aleje el riesgo de idealizar como modelos juveniles a figuras que no vacilaron en emplearlo. Por lo dem�s, el frente educacional no se circunscribe s�lo a lo escolar. Cabe recordar que en la consulta que el Gobierno formul� al Senado en abril de 1991, hace m�s de 10 a�os, entre otros muchos puntos, pidi� parecer respecto de la conveniencia de una gran campa�a publicitaria nacional en contra del terrorismo, que denunciara su verdadera naturaleza. Apoy� entonces esa iniciativa, sujeta a la obvia condici�n de que tal campa�a no se instrumentalizara con sesgo pol�tico y denunciara, por tanto, toda forma terrorista, de cualquier origen, sin mayor blandura para con un sector que para con otro. Pienso que una campa�a de esas caracter�sticas ser�a tanto m�s necesaria ahora, dando prioridad especial, desde esta perspectiva de educaci�n colectiva, a lo que el terrorismo no es. Eso significar�a denunciar diversos mitos que se han ido acumulando en torno a �l. Cabe seguir en esto a dos analistas de gran prestigio internacional: el profesor de la Universidad de Cambridge Walter Laqueur y el historiador, tambi�n brit�nico, Paul Johnson. Su visi�n recoge la larga experiencia de su pa�s en este campo. El terrorismo no es una respuesta a la injusticia econ�mica, social o pol�tica, que expresar�a la desesperada reacci�n de personas empujadas a la violencia por angustiosas tensiones y frustraci�n. As� lo hizo ver Laqueur en 1977. Si as� fuese, no habr�a estallado primero con salvaje brutalidad precisamente en las pr�speras y liberales sociedades de la Europa occidental, altamente desarrollada e indiscutiblemente democr�tica. El terrorismo no es meramente un s�ntoma m�s dentro de un conjunto de males que aquejan a la sociedad contempor�nea -tales como la violencia juvenil, la mayor delincuencia com�n, la poluci�n ambiental, la explosi�n demogr�fica u otras semejantes-, sino un problema espec�fico. As� lo se�al� Johnson en 1979. Como otros males, puede ser aislado y, tambi�n, remediado. Desde esa noci�n, se despejan otros mitos: a) El terrorismo no es una expresi�n equivocada de idealismo que busca beneficiar a la humanidad, sino la deliberada supresi�n de los instintos morales del hombre. Supone eliminar los reflejos morales en quien lo perpetra, porque ning�n hombre ni mujer puede ser un terrorista efectivo si conserva los elementos morales propios de la persona humana. Por eso, la organizaci�n terrorista suprime sistem�ticamente tales instintos en sus miembros. Y, por eso mismo, el terrorismo no es s�lo la negaci�n de la civilizaci�n, sino adem�s la negaci�n de la humanidad como tal. Desde esta perspectiva, el terrorismo, el campo de concentraci�n nazi, el "gulag" y el terrorismo fundamentalista son expresiones de una misma mentalidad. b) El terrorismo no es un arma pol�tica. En realidad, es la m�xima manifestaci�n del rechazo de la pol�tica como medio normal por el que la comunidad resuelve conflictos. Es un substituto monstruoso para todo el proceso pol�tico. Y, siendo la pol�tica el medio civilizado para evitar el enfrentamiento de la fuerza por la fuerza, el terrorismo es un ataque, no s�lo a un gobierno, sino a toda la civilizaci�n. Es la anticivilizaci�n. c) El terrorismo no es un mal necesario de nuestra sociedad, sino una opci�n deliberada por la exaltaci�n de la violencia. Esa violencia se elige por un grupo como forma de actividad, como aberrante intento de justificar el asesinato y la destrucci�n. Con eso, la visi�n terrorista se iguala a todos los totalitarismos. d) El terrorismo no es oposici�n a las fuerzas represivas de la sociedad. Su acci�n no conduce a una organizaci�n social m�s libre, sino a todo lo contrario. Los pa�ses que, como parte de su pol�tica de Estado, financian y mantienen la infraestructura internacional del terrorismo son, sin excepci�n, totalitarios. Ning�n r�gimen democr�tico hace otro tanto. e) El terrorismo no es exitoso en el seno de los Estados totalitarios. Puede destruir a un Estado que se ci�a al derecho, puede destruir a una democracia, pero no a un r�gimen totalitario. El terrorismo no opera donde faltan las libertades. Por el contrario, lo hace precisamente donde ellas s� existen, y lo hace abusando de esas libertades. As�, las pone en el mayor peligro, porque la sociedad no puede sino reaccionar en defensa propia. Y, al hacerlo, por desgracia se ve forzada a establecer restricciones justamente al sistema de libertades. Todo esto evidencia la falsedad de afirmar que puede cumplir una funci�n liberadora. f) Por �ltimo, el terrorismo tampoco es un pretexto que invocan determinados reg�menes para justificar su autoritarismo. Este mito hizo que muchas sociedades libres, por temor a que las tildaran de autoritarias, renunciaran a la propia defensa y que sus autoridades abdicaran la responsabilidad de aplicar la ley. El terrorismo tiene �xito cuando provoca mayor represi�n. Pero mayor a�n es su �xito cuando anula la voluntad de autodefensa, lo cual se expresa en una cadena de concesiones inevitablemente sin fin. Al cabo, y pese a ellas, el terrorismo volver� a golpear cuando lo desee. �sa es la tr�gica lecci�n aprendida por Estados Unidos y el resto del mundo hace tres semanas. Por eso, hay que luchar contra el terrorismo, por todo el tiempo que sea necesario y en todos los frentes. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, tiene la palabra el Honorable se�or Romero. OBRAS DE REGAD�O Y VIALES EN QUINTA REGI�N. OFICIOS El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, hubiera querido iniciar esta intervenci�n teniendo a la vista los antecedentes que solicit� al Ministerio de Obras P�blicas acerca de las partidas presupuestarias y de las obras que se piensa llevar a cabo en la Quinta Regi�n. Sin embargo, hasta hoy ha sido imposible contar con ellos. En consecuencia, hago un reclamo formal por aquello. Me parece que, en un r�gimen democr�tico, todos debemos tener acceso a informaci�n -hasta el momento se ha negado la que ped�- sobre las obras p�blicas proyectadas, en este caso para la Regi�n que represento en esta Alta C�mara. Aun as�, me referir� a algunas de ellas, porque considero esencial dar a conocer al pa�s situaciones que son extraordinariamente serias. El primer cap�tulo se refiere a los embalses. La Quinta Regi�n es la �nica que carece de un embalse de regad�o con las dimensiones y caracter�sticas de los existentes en otras Regiones. Durante varios a�os se han estado realizando estudios sobre esta materia, y la indefinici�n subsiste. Hace poco solicit� el env�o de un oficio �tampoco he obtenido respuesta- para indagar sobre la ubicaci�n definitiva del embalse precordillerano, pues se ha cambiado de criterio acerca del lugar contemplado originalmente para su construcci�n. Lo anterior me parece muy relevante, porque, en t�rminos productivos, necesitamos urgentemente incorporar 32 mil hect�reas, con la particularidad de que ello tendr�a el m�rito de crear entre 25 mil y 28 mil empleos (�se es el c�lculo de la relaci�n por hect�rea de riego). El lugar inicial era Puntilla del Viento. Hoy se habla de Lomas de la Iglesia. En tal sentido, me parece fundamental contar con los antecedentes respectivos. Por ende, en primera instancia, pido que se oficie de nuevo a la Direcci�n pertinente del Ministerio de Obras P�blicas para disponer del informe emanado de la Gerencia T�cnica de dicho embalse. En segundo lugar, est� aprobado todo lo relativo a la ingenier�a del embalse Chacrilla, el cual permitir�a regar parte de siete mil hect�reas del valle de Putaendo, beneficiando a una zona muy pobre y contribuyendo a paliar la gran cesant�a all� existente. Dadas las caracter�sticas del embalse de Chacrillas, ser�a el �ltimo que se construir�a con recursos fiscales directos, sin recurrir al sistema de concesiones. En tal sentido se comprometieron el ex Ministro del ramo don Jaime Toh�, y el actual, se�or Carlos Cruz. En tercer lugar, permanentemente estamos insistiendo en las obras de los embalses de Alicahue y El Sobrante, en la provincia de Petorca; empero, no conocemos el monto de inversi�n considerado al respecto en las partidas presupuestarias para el pr�ximo a�o. Eso, en cuanto al riego. En lo concerniente al problema vial, el primer tema que se plantea es el de la Ruta Bioce�nica, para la cual se llam� a licitaci�n hace algunas semanas. Ella surge desde el Cristo Redentor y se proyecta hasta el camino internacional, a la altura de San Pedro, desde donde penetra hacia lo que se ha denominado "Troncal Sur". Ser�a esencial que la Ruta Bioce�nica alcanzara a las comunas de Puchuncav� y Quintero, por sus particularidades para descongestionar los puertos chilenos centrales. Nosotros tenemos tres grandes puertos: San Antonio, Valpara�so y Quintero-Ventanas. Pienso que esa ruta, a trav�s de Valle Alegre y del sector Colmo, podr�a alcanzar a las referidas comunas. Igualmente, es necesario conocer los planteamientos relativos al camino Los Laureles, que fue abierto hace algunos d�as con el objeto de llevar a cabo all� los trabajos indispensables para empalmar el tr�fico entre Limache y el camino internacional. De esa manera, sectores muy importantes, como Tabolango y La Victoria, podr�an acceder m�s directamente que hoy a Limache, su capital comunal. La localidad de Tabolango se encuentra pr�cticamente aislada; sus habitantes, para llegar a Limache, deben ir a Quillota, donde tienen que tomar un segundo medio de locomoci�n. En esta oportunidad deseo destacar la acci�n sostenida, perseverante, del alcalde de Limache, don Germ�n Irarr�zabal, cuya intervenci�n permiti� la apertura del camino Los Laureles. Asimismo, est� estudiando la factibilidad de abrir un camino por Lliull�u a la localidad de Curacav�, que constituir�a otra alternativa para dar mayores posibilidades a una zona que hasta hace muy poco tiempo se hallaba pr�cticamente cerrada. En ese mismo sector, quiero poner de relieve las obras que se han ejecutado en la cuesta La Dormida, que constituye un antiguo sue�o de muchos de nosotros. Su pavimentaci�n ya est� a punto de iniciarse. Cuatro de los cinco puentes se encuentran terminados. Sin embargo, ignoramos (tampoco disponemos de datos referentes a las partidas presupuestarias) si efectivamente en el primer semestre del pr�ximo a�o -como se nos ha dicho- esa ruta va a quedar del todo concluida. El Troncal Sur est� concesionado, de modo que no es dable inversi�n ni financiamiento fiscal. Antes formaba parte del camino de la cuesta La Dormida; hoy d�a se ha anexado a la Ruta 68. Obviamente, todo ello va a aprovecharse y facilitar� el acceso a las comunas de Quilpu� y Villa Alemana que, en su conjunto, actualmente poseen m�s de 250 mil habitantes. Quiero destacar esto, porque hoy el troncal tradicional, el que cruza las dos comunas, desde Pe�a Blanca hasta Quilpu�, pr�cticamente es el �nico acceso a ellas. El Troncal Sur permitir� un desahogo vial y posibilitar�, entonces, mayor comodidad para el desarrollo de industrias y actividades de todo orden. Pero muy unido a los accesos a Quilpu� y Villa Alemana se encuentra la Cuarta Etapa de la Avenida Espa�a, materia que ha despertado debate y que, naturalmente, reviste mucha importancia, no solamente para Vi�a del Mar, sino tambi�n porque, sin su concreci�n, la salida del Troncal Sur simplemente quedar� ahogada, pues no habr� fluidez de tr�nsito. En la pr�ctica, colocar l�neas f�rreas bajo nivel y permitir el desarrollo de las obras lesionar� y limitar� los desplazamientos de la comunidad. Deseo, adem�s, referirme al tema de ferrocarriles, que tambi�n deber�a incorporarse como l�nea presupuestaria. Hay dos aspectos involucrados en esta materia. Por eso, estoy muy preocupado de saber la prioridad que les dar� el Ministerio de Obras P�blicas. Se ha hablado de un tren r�pido Santiago-Melipilla, que cruce pr�cticamente por el sector Lo Orozco y desemboque en Villa Alemana-Quilpu�, para empalmar con la actual l�nea ferroviaria desde el Puerto hasta Limache, que hoy se halla administrada por MERVAL. �ste es un punto relevante, porque una obra de esta �ndole tiene impacto en la totalidad de la Quinta Regi�n. Pero tambi�n en otro tema muy fundamental quiero disponer de antecedentes. Me refiero a si el tren que hoy va desde el Puerto hasta Limache llegar� hasta ah�; o, como se prometi�, en una primera etapa recuperar� el trayecto Quillota-Calera y, en un segundo tramo, unir� San Felipe-Los Andes. Para nosotros, que no hemos podido conseguir informaci�n, es una inc�gnita. Se�or Presidente, solicito que, en mi nombre, se oficie a las autoridades que corresponda para que se den a conocer los antecedentes respecto de todos los temas a que he aludido. Recurro a esta v�a, porque de otro modo el Parlamentario que habla, que se ha preocupado de estas materias, simplemente no tendr� acceso a ellos. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Restan 6 minutos y 58 segundos al Comit� Renovaci�n Nacional e Independiente. El se�or HORVATH.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. RESPETO DE ACUERDO PARA EXTRACCI�N DE RECURSOS PESQUEROS DE REGI�N DE AIS�N. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, despu�s de la movilizaci�n de los pescadores de la D�cima Regi�n de Los Lagos, la Subsecretar�a de Pesca dict� la resoluci�n N� 1783 -recurrida de protecci�n-, que permit�a por parte de aquellos y mediante declaraci�n de "zonas contiguas" la extracci�n de recursos en la Regi�n de Ais�n. Despu�s de ardua negociaci�n entre los representantes de las organizaciones de pescadores y buzos mariscadores de Ais�n, representados por don Misael Ruiz y don Renato Flores, y las autoridades de Gobierno, se lleg� a un acuerdo en La Moneda, el cual posibilit� el retiro de los recursos judiciales presentados. Sin embargo, dicha Subsecretar�a dict� una nueva resoluci�n, la N� 2118, que contiene s�lo algunos de los puntos del se�alado acuerdo, omiti�ndose varios de ellos. En particular, las organizaciones se�alan que se pretende ampliar el plazo para la extracci�n de algunos recursos bent�nicos, vulnerando incluso las vedas biol�gicas. Por otro lado, la fiscalizaci�n, que permite conocer cu�ntos pescadores acceden de la D�cima a la Und�cima Regi�n, la har�a un funcionario joven, contratado por la municipalidad de Las Guaitecas s�lo por media jornada. Obviamente, ello torna pr�cticamente imposible garantizar que la fiscalizaci�n para la pesca, y tambi�n para los proyectos de pesca de investigaci�n, se realice en buena forma. Del mismo modo, los pescadores insisten en que igualmente se estar�an vulnerando otros acuerdos adoptados con el se�or Ministro del Interior. Por ello, solicito que se env�en oficios, en mi nombre, a los se�ores Ministro del Interior y Subsecretario de Pesca y a la se�ora Intendenta de la Regi�n de Ais�n, con el objeto de que se respeten e incluyan todos los aspectos acordados. APOYO PRESUPUESTARIO PARA BOSQUE NATIVO. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, no he podido percibir, ni en la presentaci�n del se�or Ministro de Hacienda ni en las distintas partidas que se consideran para el Presupuesto del a�o 2002 la subvenci�n para el manejo apropiado del bosque nativo. Insistentemente, se nos ha se�alado que en este a�o se habr�a llegado a acuerdo para activar el proyecto que se encuentra en tramitaci�n desde hace nueve a�os en el Congreso. Tenemos antecedentes muy claros -y tambi�n los posee la autoridad- en cuanto a que, con alta rentabilidad social y econ�mica, esto permitir� activar 131 mil nuevos empleos, y generar�, adem�s, una valoraci�n del bosque nativo que, sin esta ley, est� siendo muy mal manejado y utilizado para otros fines que impiden que en el futuro se mantenga en buenas condiciones. Por lo tanto, solicito que se oficie a los se�ores Ministros de Hacienda y de Agricultura, con el objeto de que se considere una partida extraordinaria en materia de bosque nativo, que espec�ficamente pueda consignarse en alg�n grado m�s relevante para la Regi�n de Ais�n, como plan piloto, teniendo en cuenta que es la zona con m�s bosque nativo en Chile y, tambi�n, donde se han desarrollado buenos proyectos demostrativos por la CONAF, el Instituto Forestal, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro y el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperaci�n Internacional (GTZ). He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, cedemos el tiempo que resta a nuestro Comit� al Senador se�or Lavandero. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Al Comit� Renovaci�n Nacional e Independiente le quedan 3 minutos. A este tiempo debe agregarse el perteneciente al Comit� Institucionales 1. De modo que Su Se�or�a puede intervenir por 18 minutos. Tiene la palabra el Senador se�or Lavandero. ACTUACIONES DE CHILENOS CONTRARIAS A INTERESES DEL PA�S EN MATERIA DE PRECIO DEL COBRE. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, a�o tras a�o se observa c�mo el precio del cobre va cayendo en los mercados internacionales hasta llegar a poco m�s de 62 centavos de d�lar la libra de cobre y se sabe que este componente es un elemento principal para estimar los ingresos en nuestro presupuesto nacional, que se distribuye entre los planes de construcci�n de vivienda, de salud, de pavimentos participativos, de electrificaci�n rural y tambi�n por cierto en educaci�n. Parte importante de los problemas de las regiones m�s pobres, como La Araucan�a, se ha resuelto siempre con los excedentes que el Fisco recibe del cobre. De manera que, cuando baja el precio del metal rojo, uno sabe que los problemas de los m�s pobres entran en serias postergaciones debido a los necesarios recortes presupuestarios. Y, por cierto, se comienzan a buscar explicaciones. Entonces, se culpa a las especulaciones extranjeras o a la crisis asi�tica o a los atentados terroristas, aunque estos �ltimos no coincidan con el momento en que comenz� a bajar el precio del cobre en los mercados internacionales. Lo �nico que uno no se imagina es que ello ocurra desde Chile y por la intervenci�n de chilenos que, a veces, act�an como representantes del Estado, y otras, y al mismo tiempo, como asesores y representantes de empresas extranjeras en esos mismos organismos gubernamentales para obtenerles ventajas sustanciales en contra de lo que le conviene al pa�s y de los intereses de nuestros compatriotas. Por estas razones, quiero leer algunos p�rrafos de actas de dos organismos de Gobierno donde, desgraciadamente, con plena evidencia, se ratifica lo que he estado se�alando, incluso en la sesi�n anterior del Senado.Y all� los se�ores Senadores y los chilenos podr�n comprender por qu� la principal riqueza de nuestro pa�s ha sido atacada desde dentro, particularmente por altos funcionarios nuestros, quienes han tomado decisiones confundiendo los intereses propios con la defensa de un bien p�blico. Por el hecho de que Chile exporta el 50 por ciento del cobre que se comercia en el mundo, las actuaciones de estos funcionarios han constituido un factor importante en la baja del precio, el cual al d�a de hoy es poco m�s de 62 centavos de d�lar la libra. Quiero citar un informe de COCHILCO, de fecha 1� de julio de 1991 y luego otro referido a la sesi�n N� 322 del Comit� de Inversiones Extranjeras, que corrobora el acuerdo adoptado en el primero. El texto se�ala: "Con fecha 1� de julio de 1991 el Sr. Ministro de Miner�a someti� a consideraci�n de la Comisi�n Chilena del Cobre un proyecto de recomendaci�n para el Comit� de Inversiones Extranjeras con el objeto de que en el futuro no se autoricen inversiones de capital para empresas mineras que se limiten a explotar y exportar cobre en calidad de concentrados. Expresaba la recomendaci�n del Sr. Ministro de Miner�a que las razones de esta propuesta eran, por un lado, el contenido de los contratos de venta de concentrados celebrados por Minera Escondida Limitada, su inconveniencia desde el punto de vista del inter�s nacional y el impacto negativo de los mismos sobre el mercado internacional y, por el otro, la decisi�n del Ministerio de Miner�a de promover una nueva fundici�n y refiner�a a trav�s de ENAMI que sea capaz de tratar en el pa�s el exceso de concentrados que se viene produciendo y aumentar el valor agregado de las respectivas exportaciones.". "En sesi�n del H. Consejo celebrada el 6 de agosto de 1991, el Consejero, Sr. Patrick Cussen Mackenna, hizo presente que la recomendaci�n planteada por el Sr. Ministro de Miner�a le merec�a una importante preocupaci�n por cuanto en la actualidad exist�an en Chile muchos proyectos que est�n considerando y en el futuro pueden considerar la producci�n y exportaci�n de concentrados de cobre. Ante ello, el Sr. Ministro de Miner�a se refiri�, espec�ficamente, al Proyecto La Candelaria, cuyos due�os consideraban presentar pr�ximamente al Comit� de Inversiones Extranjeras una solicitud de inversi�n extranjera por US$ 1.500 millones. Al respecto, el Sr. Ministro hizo presente la necesidad de agregar valor, dentro del pa�s, a las exportaciones de concentrados de cobre e indic� que este tema preocupaba al propio Presidente de la Rep�blica en raz�n de los recursos que por conceptos de divisas e impuestos se pierden al no agregar valor a estas exportaciones. Se�al�, adem�s, que los chilenos deb�an padecer el aumento en los cargos de tratamiento por el exceso de concentrados existentes en el mercado, todo lo cual estar�a posibilitando la construcci�n de fundiciones fuera de Chile, de alguna manera financiadas por los propios chilenos.". "Tom� la palabra don Guillermo Atria R., quien comenz� por describir el operar de los japoneses con respecto a sus fundiciones, a la forma c�mo han protegido el negocio y c�mo en definitiva lo han hecho rentable para ellos. Tambi�n dio ejemplos adicionales, en los cuales existe un subsidio a las fundiciones como es el caso de Tailandia. Hizo presente que, dado el nivel de los cargos de tratamiento, Chile financia con sus exportaciones de concentrados las nuevas fundiciones que en el futuro se construyan fuera de Chile. Por lo tanto, concluy� que es de especial inter�s para el pa�s forzar las negociaciones con los inversionistas extranjeros a fin de que los nuevos inversionistas fundan en Chile y exporten c�todos de cobre. Agreg� que al exportar c�todos de cobre, el productor chileno se acerca al consumidor, lo cual es altamente positivo. "A continuaci�n," -y esto es importante- "don Patrick Cussen M. hizo presente que asist�a" -incre�ble- "al almuerzo en su calidad de asesor financiero del Proyecto Candelaria y no en su calidad de Consejero de la Comisi�n Chilena del Cobre. Indic� que el tema entra�aba un problema de imagen y que en su opini�n el Estado no deb�a intervenir en la asignaci�n de esos recursos.". "Concluy� haciendo presente que deb�a ser el mercado el que determinara si era bueno hacer una fundici�n en Chile o no, pero que en ning�n caso deb�a forzarse al inversionista a llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza.". Se�or Presidente, destaco estos hechos graves, porque demuestran lo que hemos venido diciendo: hay funcionarios con dos sombreros. Con el de asesor y defensor de los intereses de las multinacionales, acuden a los organismos de los cuales son consejeros a favor del Estado, pero no a defender los intereses estatales, sino los de empresas extranjeras. De la simple lectura efectuada, el Senado puede apreciar la gravedad de la situaci�n, la cual ha terminado por afectar a nuestro pa�s en su principal riqueza, que es el cobre. Hago notar que hoy, diez a�os despu�s de tales acuerdos, que evitaron que los importantes concentrados de esas empresas tuvieran que ser refinados en Chile, uno de esos mismos organismos ha se�alado que, en la d�cada pasada, por no refinar nuestro cobre en Chile, hemos perdido m�s de 3 mil millones de d�lares y, en el pr�ximo decenio, perderemos otros 9 mil millones de d�lares. Una persona ajena a quienes me asesoran, el Intendente de la Segunda Regi�n se�or Alfonso Dulanto, ha afirmado en un documento p�blico y en un seminario sobre refinaci�n de cobre, que el pa�s pierde 1.500 millones de d�lares al a�o y cerca de 20 mil empleos, directos e indirectos, por no refinar nuestro cobre en Chile. A lo anterior podemos agregar que, de 47 empresas mineras, 44 declaran p�rdidas no en forma casual, sino de manera permanente; algunas durante 23 a�os seguidos y las m�s nuevas durante 15, a fin de no pagar impuestos en Chile. Por otra parte, est� absolutamente claro que nuestro pa�s, por explotar un recurso no renovable como el cobre, es el �nico pa�s de importancia que no paga una patente minera a la producci�n de dicho mineral. Para completar este catastr�fico cuadro de nuestra principal riqueza, con la sobreproducci�n mundial de cobre, desde Chile, hemos destruido, adem�s, los ingresos de CODELCO, que constituyen recursos muy importantes de nuestro presupuesto. Todas las razones expuestas y los documentos le�dos ameritan una explicaci�n de parte de COCHILCO y el Comit� de Inversiones Extranjeras. Por lo tanto, solicito, se�or Presidente, que estas opiniones, por su gravedad, sean trasmitidas al Presidente del Banco Central, quien estuvo presente en el acuerdo ya referido, y citar� sus palabras en mi intervenci�n en el Senado. A este respecto, dar� lectura a ese documento del Comit� de Inversiones Extranjeras en su sesi�n N� 322, donde se refleja el resultado final de la inversi�n de la minera La Candelaria, que se acept� en la misma forma deplorable como se hizo con la minera La Escondida. Dice: "El se�or Ministro de Miner�a" �insistiendo en la recomendaci�n que hab�a manifestado ante COCHILCO� "manifest� conocer este proyecto desde sus inicios y haber tenido varias conversaciones con los inversionistas, sus representantes y asesores, a los cuales les hizo saber el inter�s del Gobierno en el proyecto, como tambi�n que se llegue a una exportaci�n con mayor valor agregado, sin que a su vez ello signifique una indicaci�n de c�mo deben actuar. Se�al� que no se ha condicionado esta aprobaci�n a la asociaci�n de la inversionista en una fundici�n, pero s� se les ha hecho ver que el inter�s del Gobierno es que se exporte m�s c�todo y menos concentrado de cobre.". Finalmente, en esa sesi�n habl� el se�or Presidente del Instituto Emisor e hizo ver que �l "hab�a motivado una discusi�n en el Banco Central sobre el costo de adoptar medidas administrativas que son peligrosas.". Agreg� que "la participaci�n del Estado en el financiamiento es complicada porque compromete recursos del Estado.". Y sugiri� "conversar con los inversionistas, obtener m�s antecedentes y ojal� una propuesta m�s razonable dada la situaci�n en que ellos han puesto al Comit�.". Concluye el documento del comit� que, "Atendido lo avanzado de la hora, se sugiri� aceptar lo propuesto por el se�or Presidente del Banco Central". Vale decir, se�or Presidente, "despu�s de la muerte, la �ltima paletada". Las palabras del Ministro, quien llev� la opini�n del Presidente de la Rep�blica a un comit� de funcionarios p�blicos, no sirvieron absolutamente para nada. Ah� qued� ese proyecto sobre La Candelaria, igual como el relativo a La Escondida, todo lo cual se traduce en que el sector privado extranjero hoy s�lo produce concentrados y termina por abultar con sobreproducci�n los concentrados chilenos. Esto pr�cticamente no s�lo hace declinar muy gravemente aquella submateria prima cuando se negocia para su refinamiento en el extranjero, sino que dificulta fiscalizar el concentrado de cobre y otros metales preciosos, como oro, plata, vanadio, etc�tera. Por lo anterior, solicito que estas palabras sean transmitidas mediante oficio al se�or Presidente del Banco Central, como tambi�n a los se�ores Ministros de Econom�a, Miner�a y Energ�a, y de Hacienda, y por cierto al se�or Presidente Ejecutivo de CODELCO. Ello, con el objeto de que, dada la gravedad de los documentos que he le�do, respondan acerca de c�mo es posible que funcionarios pertenecientes a entidades de Gobierno, que ejercen un cargo estatal y cuya labor es fiscalizar a las empresas multinacionales, acudan a representarlas con cargos remunerados por esas empresas y traten de convencer, y lo logren, al resto de los consejeros de los organismos estatales de que las peticiones de las empresas multinacionales extranjeras son favorables para los inversionistas y que no perjudican a Chile. Esto, en contra de lo expresado en su oportunidad por el propio Presidente de la Rep�blica, a trav�s del Ministro de Miner�a de la �poca. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Socialista, tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. CONSIDERACIONES SOBRE CASO AERO CONTINENTE El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, han pasado algunas semanas desde que se desat� la pol�mica debido a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la empresa Aero Continente por lavado de dinero proveniente del narcotr�fico. Sin embargo, estimo conveniente hacer algunas consideraciones sobre dicho caso, teniendo en cuenta la importancia y peligrosidad del narcotr�fico para nuestra sociedad. En la sociedad globalizada, el crimen organizado asume diversas formas -el terrorismo (como lo hemos visto en estos d�as), el tr�fico de drogas y de armas, las asociaciones mafiosas, entre otras-, siendo un imperativo para la comunidad internacional y los diversos Estados adoptar las medidas necesarias para combatirlo. En ese sentido, el caso de Aero Continente me parece sugestivo, porque revela algunas debilidades serias de nuestra sociedad para hacer frente a este tipo de organizaciones delictivas. No centrar� mis reflexiones en el desarrollo del proceso judicial, en las diversas resoluciones dictadas, ni en el razonamiento jur�dico que haya servido de fundamento. Me interesa m�s la forma en que la sociedad ha reaccionado frente a la querella por lavado de dinero, el tipo de informaci�n entregada y la orientaci�n final que, a mi juicio, pudiera tener la gente al respecto. El narcotr�fico, a diferencia de la acci�n terrorista, no es llamativo; es por definici�n clandestino y sigiloso en sus m�todos. Pero sus consecuencias son tanto o m�s perniciosas que las de aqu�lla, pues va carcomiendo las bases de la convivencia social. Mientras el terrorismo encuentra en sus reducidos pero activos miembros la forma m�s eficaz y segura de lograr sus fines, el narcotr�fico requiere construir redes cada vez m�s extensas para alcanzarlos: redes de personas que participan en el delito y redes de apoyo. Para ello, se corrompen las instituciones, se consiguen apoyos de todo orden y se montan enormes aparatos de protecci�n, procurando quienes lo practican ganar incluso la simpat�a de la comunidad a trav�s de obras de beneficencia p�blica o mediante la alteraci�n de los hechos, para transformarse de victimarios en v�ctimas. La ley N� 19.366 facult� al Consejo de Defensa del Estado para realizar investigaciones preliminares, incluido el an�lisis de inteligencia financiera, a fin de reunir antecedentes sobre el lavado de dinero, delito que por su naturaleza es dif�cil de pesquisar. Esas diligencias pueden efectuarse dentro y fuera de Chile. En tal sentido, es bien conocida la colaboraci�n que nuestros cuerpos policiales brindan a la Interpol. Concluida esa investigaci�n, el mencionado Consejo -que est� integrado por juristas de destacada trayectoria- decide, conforme al pronunciamiento de los dos tercios de sus miembros, si ejerce o no la acci�n penal. Al pesquisar el lavado de dinero, Chile est� cumpliendo con el art�culo 3� de la Convenci�n de Viena, de 1988, y con las recomendaciones de la Comisi�n Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), del Grupo de Acci�n Financiera creado por el llamado "G-8" y de la misma Asamblea General de la Organizaci�n de Naciones Unidas. Pues bien, siguiendo esas orientaciones y la normativa institucional descrita, y con los antecedentes tenidos a la vista, se interpusieron las acciones legales que significaron la suspensi�n judicial de las operaciones de Aero Continente en Chile y la detenci�n temporal de sus principales ejecutivos, hoy levantada tras sendos fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, y esperamos que termine por esclarecer completamente los hechos. Sin embargo, la manera en que la sociedad ha reaccionado ante �l revela su falta de preparaci�n para enfrentar sucesos de esta envergadura. En primer lugar, llama la atenci�n c�mo, a poco andar, situaciones ajenas a la investigaci�n misma transforman, con mucha facilidad, al acusado en v�ctima. La experiencia indica que habitualmente el lavado de dinero se traduce en la creaci�n de empresas de diversa �ndole y que, por tanto, son inevitables las consecuencias sociales de las investigaciones en materia de empleo o de alteraciones en las distintas actividades econ�micas, que muchas veces son masivas y deben ser atendidas eficientemente. Sin embargo, esas consecuencias no deber�an impedir ni dificultar el accionar de la justicia, si se considera que las poderosas organizaciones involucradas en este tipo de delitos son extremadamente h�biles para aprovechar tales circunstancias. En este caso particular, se advierten curiosas contradicciones, destinadas a producir efectos concretos en la opini�n p�blica. En efecto, de acuerdo a las facultades que entrega la ley, el juez decret� la intervenci�n de la empresa, prohibiendo sus vuelos e incautando las aeronaves. Lo anterior permit�a cumplir un doble objetivo. Por una parte, atender el imperativo del texto legal en orden a impedir la continuidad del presunto hecho il�cito que se investiga y de incautar los instrumentos que sirvieron para la comisi�n del mismo, y por otra, facilitar, a trav�s del nombramiento de un administrador, el conocimiento de la real situaci�n financiera de la empresa. Ello fue duramente criticado por los voceros de Aero Continente, quienes se�alaron la inconveniencia de la medida, manifestando que se persegu�a el t�rmino de su giro. Sin embargo, esto nunca estuvo entre los objetivos de las medidas cautelares impuestas por el juez, y siempre se pens� que, cumplidos los prop�sitos rese�ados, se dispondr�a el reinicio de las operaciones. Por el contrario, resulta curioso que las acciones destinadas a dificultar los vuelos provinieran precisamente, en forma directa o indirecta, de los titulares de Aero Continente. En efecto, pudiendo haberse reanudado temporalmente los vuelos para sortear la situaci�n de los frustrados pasajeros, eso no fue posible debido a que la propia empresa suspendi� el pago de los seguros, sin los cuales la Direcci�n General de Aeron�utica Civil no permite que ellos se realicen. M�s a�n, sin considerar lo anterior, la falta de abastecimiento de insumos b�sicos, como el combustible, es una realidad, debido al retraso en el pago a los proveedores, lo cual habr�a hecho muy dif�cil la reanudaci�n de los vuelos. En este sentido cabe se�alar, adem�s, que la situaci�n financiera de la empresa dificultaba cualquier otra alternativa (como el pago directo de las p�lizas o la compra de boletos en otras aerol�neas) para los pasajeros afectados, puesto que los compromisos pendientes, a corto plazo, exced�an en m�s de seis veces los activos l�quidos de la misma, lo que configuraba una situaci�n t�cnica de quiebra, muy diversa de la declarada por sus personeros a los �rganos fiscalizadores. Y en estos d�as hemos visto precisamente que Aero Continente se encuentra en mora en el pago de remuneraciones de sus propios trabajadores. Pues bien -retomando el an�lisis-, a las f�rtiles condiciones para que la opini�n p�blica acogiera determinados argumentos de la empresa, distintos de la realidad de los hechos y de su situaci�n financiera, se une cierta animadversi�n, por parte de algunos sectores, a la acci�n del Consejo de Defensa del Estado, �rgano estatal de gran prestigio encargado de llevar adelante la persecuci�n de estos delitos mientras no entre en vigor en plenitud la reforma procesal penal, todo lo cual s�lo puede beneficiar al narcotr�fico. Hay algunos sectores que parecen regocijarse por cualquier traspi� que sufra ese organismo p�blico ante los estrados judiciales, sin considerar la idoneidad jur�dica de los consejeros de �l, ni medir las consecuencias de sus cr�ticas. En este caso, luego de la liberaci�n de los ejecutivos inculpados, muchas personas, sin antecedentes, culparon al Consejo de Defensa del Estado de haberse apresurado; de actuar irresponsablemente, movido por la espectacularidad, sin contar con pruebas suficientes. No repararon -o no quisieron hacerlo- en que s�lo se trat� de una diligencia y en que el proceso judicial todav�a est� en marcha. Aquellos que tan ligeramente emiten esas opiniones desconocen, adem�s, el contenido del sumario. En nuestra legislaci�n, el delito de lavado de dinero es de dif�cil prueba. M�s a�n si nos atenemos a la jurisprudencia o interpretaci�n que los tribunales han hecho de la norma, la cual muchas veces no es la m�s adecuada, sobre todo considerando que por lo general se trata de delincuentes profesionales, dotados de abundantes medios econ�micos y gran capacidad de acci�n. F�cil es prever que en esta clase de il�citos dif�cilmente se hallar�n pruebas tan evidentes como para no ser susceptibles de discusi�n alguna en los tribunales. En estos delitos, la constataci�n de los hechos surge de sutiles nexos, de acciones irregulares, de maniobras sospechosas y de v�nculos indiciarios, que en el caso particular en comento parecieran existir. Ellos, si bien no constituyen pruebas cabales, a lo menos son presupuestos plausibles que respaldan el accionar del Consejo. Ser�a lamentable que el Consejo de Defensa del Estado asumiera cabalmente la interpretaci�n que unos tribunales han dado hasta ahora de la tipificaci�n del delito y se abstuviera de iniciar cualquier acci�n por no contar con "las pruebas absolutamente irrefutables". Porque, entonces, ser�a la sociedad chilena la que se ver�a perjudicada. En efecto, resulta extra�o el v�nculo de la empresa Aero Continente con Fernando Zevallos, quien en Per� enfrenta tres causas por el mismo motivo, dos de ellas pr�cticamente falladas seg�n la legislaci�n peruana. S�lo resta que �l se presente para realizar el juicio abreviado y llevar adelante la condena. Dichos procesos se encuentran suspendidos por su falta de comparecencia. Poco se dijo al respecto en la prensa chilena. Poco se inform� a la opini�n p�blica nacional sobre este hecho irrefutable. No se trata necesariamente de la utilizaci�n directa del dinero de operaciones de tr�fico de drogas efectuadas en Per� en la implementaci�n de la empresa Aero Continente en Chile, sino, como lo se�al� el procesamiento, de los extra�os hechos que motivan la salida de Zevallos del pa�s nortino, de las imputaciones que se le hacen y de la r�pida transferencia de sus operaciones comerciales al extranjero una vez iniciado el proceso penal contra la banda llamada "los norte�os", cuyo nexo con Zevallos se probar�a en los aportes de dinero para la formaci�n de Aero Continente. A estos �ltimos se refiere el informe elaborado por la Comisi�n Waisman, constituida en Per� bajo el Gobierno del Presidente Paniagua para investigar los il�citos cometidos durante el r�gimen de Alberto Fujimori. La misma Comisi�n Waisman estableci� los v�nculos de Zevallos con el ya bien conocido, o, mejor dicho, mal conocido se�or Montesinos. Existen, por tanto, innumerables antecedentes que fundan seriamente las sospechas de que Fernando Zevallos dirige una organizaci�n delictiva destinada al lavado de dinero, mediante la organizaci�n de la empresa Aero Continente en Per� y posteriormente en Chile. Tal vinculaci�n se manifiesta en las remesas de dinero, aportadas por familiares o sociedades ligadas a Zevallos, destinadas a financiar las p�rdidas de Aero Continente provocadas por su continuo funcionamiento por bajo los costos operacionales. Es interesante considerar que Aero Continente obtuvo el 13 por ciento del mercado a�reo con m�todos de dumping, es decir, mediante el cobro de tarifas rebajadas. As� hizo salir del mercado a la empresa Avant. Sin embargo, con eso provoc� tambi�n que la Fiscal�a Nacional Econ�mica iniciara una investigaci�n de tales pr�cticas de cobro de tarifas tan bajas. Entonces, curiosamente, Aero Continente inici� una campa�a de desprestigio del Fiscal Nacional Econ�mico. En algunos documentos se habla claramente de la necesidad de que dicho funcionario abandone la Fiscal�a. Desgraciadamente -supongo que por otros motivos- as� sucede: el Fiscal Nacional Econ�mico, que realizaba esas investigaciones, al final abandon� su cargo. M�s a�n, resulta evidente el inter�s por asentar la empresa en Chile, aun con perjuicios econ�micos, como un medio necesario para posibilitar la obtenci�n de las rutas a fin de extender sus operaciones a los Estados Unidos, lo que a una empresa peruana le resultar�a m�s dif�cil. El presunto accionar de Zevallos tras la chapa de "Hern�n Gonz�lez" -con la cual dirig�a las operaciones desde Miami- es en s� an�malo, lo mismo que el hecho de no acreditar las fuentes de financiamiento que permitieron la creaci�n de Aero Continente. Pregunto, �qu� empresario utiliza un seud�nimo, una chapa (como se dice vulgarmente) para dirigir sus empresas? La propia estructura de Aero Continente es extra�a. Se ha acreditado que en Per� cuenta con un significativo departamento de an�lisis, que clasifica y compra informaci�n sobre materias muy distintas al mercado a�reo. Del mismo modo, la existencia de aparatos comunicacionales de importancia, tanto en Chile como en Per�, es inusual. En Per� se busc�, por ejemplo, neutralizar al ex congresista Jorge Polack, quien denunci� a la citada empresa y para lo cual se lleg� a crear un medio de comunicaci�n destinado a desprestigiarlo. En nuestro pa�s tambi�n se han realizado actividades en este sentido, para granjearse favores de personas en la vida p�blica. En cierto documento uno de los directivos de Aero Continente se�ala, concretamente, que hab�a d�as en que ellos se juntaban con cuatro parlamentarios. Agrega que ya se constitu�an pol�ticamente, porque al juntarse con la Derecha ten�an que alabar al "caballero"; y al hacerlo con la Izquierda deb�an alabar al "compa�ero". Y concluye diciendo que un d�a se van a equivocar y les van a sacar la� (puntos suspensivos). O sea, Aero Continente realiz� actividades con parlamentarios de uno y otro sector, a fin de obtener protecci�n y ampararse de la aplicaci�n rigurosa de la ley. Llaman la atenci�n, tambi�n, otras incursiones de la empresa en que busca financiar campa�as de posibles candidatos al Parlamento, entre ellas, la de determinada persona -que despu�s no se present�- que iba a postular por la provincia de Copiap�. Al respecto, expresan que ese candidato les ser�a muy conveniente porque de resultar electo tendr�an un Diputado incondicional a favor de su empresa, am�n de la enorme cantidad de amigos con los que �l ya contar�a en la C�mara de Diputados y en la de Senadores. Se�or Presidente, a mi juicio, cosas de esta naturaleza, en que hay una empresa que, obviamente, busca eludir el cumplimiento de la ley; que trata de remover a funcionarios p�blico; que se re�ne con parlamentarios de uno y otro sector para obtener favores, buscando financiar sus campa�as, y que est� acusada de narcotr�fico, es algo muy grave. Ello, porque no se trata de un financiamiento normal que una empresa pueda aportar a determinado candidato, sino obtener de �l si es elegido que sea incondicional de una empresa acusada de narcotr�fico. Por eso, en mi opini�n, estas cosas deben decirse. Desgraciadamente, la sociedad chilena no reaccion� con fuerza ante ello. No he visto que la prensa publique art�culos sesudos, para denunciar estas actividades. A veces me pregunto si esto que hac�an con algunos candidatos a parlamentarios no se habr� practicado tambi�n con la prensa. Porque as� empez� el narcotr�fico en Colombia, cuando la gente miraba para el techo, y poco a poco estas redes se fueron infiltrando en la sociedad. Se�or Presidente, el pa�s requiere combatir el narcotr�fico de un modo en�rgico. As� lo reclama la ciudadan�a, particularmente ante delitos de la magnitud del que estamos hablando. Si es necesario para ello podr�a mejorarse la ley, de modo de facilitar la investigaci�n, prueba y sanci�n de los il�citos. Ya se encuentra en la C�mara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley de Drogas. Pero, por sobre todo, debe acrecentarse la conciencia c�vica en torno de los medios que utiliza el crimen organizado, y de los nocivos efectos del narcotr�fico en nuestra sociedad. No queremos un pa�s donde el narcotr�fico penetre en la vida p�blica, en la pol�tica, en el Parlamento o en el Gobierno; menos en la magistratura o en la polic�a. No se puede confundir a la opini�n p�blica alterando la ponderaci�n de los hechos; centrando toda la pol�mica y el debate en hechos menores, propios de nuestro quehacer interno y de la coyuntura; debilitando y desprestigiando la acci�n de los �rganos p�blicos, sin advertir la amenaza verdadera, que es la del narcotr�fico. Pueda ser que los reprobables actos de terrorismo perpetrados en Estados Unidos y que han conmovido al mundo, contribuyan a cambiar los h�bitos nacionales y volvamos a enfrentar en forma seria y responsable el crimen organizado en todas sus formas, y en este caso muy especial del narcotr�fico; que la justicia chilena pueda actuar libremente, con plena autonom�a; que, sobre todo, se informe con objetividad a la opini�n p�blica de lo que ocurre para que cada cual pondere la informaci�n y se forme un juicio, y que las empresas que act�an en la vida econ�mica lo hagan conforme a un c�digo de �tica que garantice el bien com�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el turno del Comit� Institucional 2, tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE REGI�N DEL MAULE EN VIVIENDAS POPULARES. OFICIO El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, quiero expresar mi preocupaci�n acerca del funcionamiento de los programas habitacionales a cargo del Gobierno. Hemos realizado un gran esfuerzo en estos a�os por un muy ambicioso programa de construcci�n de viviendas. Creo que en los a�os de Gobiernos de la Concertaci�n nunca se hab�a construido tanto en Chile. Una parte fundamental de esa actividad corresponde a viviendas subsidiadas, es decir para sectores pobres y medios del pa�s. Sin perjuicio de que nuestras metas cuantitativas sean muy satisfactorias, nos encontramos con demasiada frecuencia con que la calidad de la vivienda que se entrega, sobre todo en los sectores subsidiados y populares, deja mucho que desear. Opino que en el tiempo que viene la meta de asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos con pobladores que hacen esfuerzos importantes para obtener los subsidios a trav�s de la organizaci�n y del ahorro previo, debe constituir preocupaci�n fundamental de las pol�ticas p�blicas en este campo. Har� menci�n de un hecho muy puntual, pero que en mi opini�n tiene importancia en la medida en que ejemplifica el tipo de asuntos que tenemos que corregir. Hay una modalidad de obtenci�n de vivienda popular consistente en que, cuando se constituyen grupos habitacionales, �stos reciben individualmente el subsidio, y despu�s contratan con empresas del ramo la construcci�n de las viviendas y, a veces, la urbanizaci�n o los trabajos anexos del programa. La experiencia demuestra que se producen all�, muchas veces, asimetr�as muy fuertes entre las dos partes involucradas en el contrato. De un lado, est�n los dirigentes poblacionales, que son muy buenos como tales y que se esfuerzan mucho para reunir los grupos, alcanzar el ahorro previo y consolidar la organizaci�n. Pero en el momento de tratar con empresas constructoras -a menudo no muy consolidadas en el mercado- frecuentemente ellas no cumplen los t�rminos del contrato, quedan obras paralizadas, etc�tera. Como una forma de paliar esta asimetr�a en la relaci�n, el Ministerio de la Vivienda, con raz�n, ha establecido una modalidad de empresas consultoras que realizan asesor�a t�cnica. Se trata de organizaciones que, seg�n entiendo, son contratadas por los servicios de la Vivienda para las organizaciones de pobladores. Personalmente he recibido muchas quejas sobre algunas de estas empresas en cuanto al cumplimiento de sus contratos en la Regi�n del Maule, particularmente de la empresa Planing Sociedad An�nima. Comit�s de distinto tipo (el �ltimo del que recib� una extensa documentaci�n es uno de la Villa Futuro, de Lontu�), reclaman tanto del incumplimiento de la empresa contratista como del incumplimiento de la atenci�n que prestan las consultoras en general y la denominada Planing en particular. Opino que en estas materias debemos ser muy estrictos en la exigencia del cumplimiento de los contratos, tanto de empresas del Estado, cuanto de las que �ste contrata para asesorar a los comit�s de vivienda. Tengo la impresi�n de que �ste es un problema que tiene que ver con el buen uso de recursos p�blicos, pero, adem�s, con el respeto esencial para con la gente modesta de nuestro pa�s. Realmente, causa indignaci�n cuando, despu�s de un a�o, uno visita viviendas b�sicas que fueron inauguradas con gran alegr�a por las respectivas familias y encuentra fallas de construcci�n que en verdad son inconcebibles desde el punto de vista de los contratos. No s� cu�l es la magnitud de este fen�meno, pero mi impresi�n es que un porcentaje no despreciable de las viviendas que se entregan no cumplen con las condiciones m�nimas establecidas en los contratos respectivos. Creo que a esto hay que ponerle atajo y remedio al m�s breve plazo. Sobre esta situaci�n particular que afecta a la empresa mencionada y a los comit�s de la Regi�n del Maule, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que informe qu� ha hecho la autoridad regional de Vivienda con relaci�n a las numerosas denuncias de los pobladores sobre estos incumplimientos. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Habi�ndose cumplido el objetivo de la sesi�n, se levanta. --Se levant� a las 18:23. Manuel Oca�a Vergara Jefe de la Redacci�n