REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 345�, ORDINARIA Sesi�n 4�, en mi�rcoles 3 de octubre de 2001 Ordinaria (De 16:18 a 18:48) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS CUENTA V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que fija bases de procedimientos que rigen actos de la Administraci�n del Estado (2594-06) (se aprueba en general) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.175, Org�nica Constitucional sobre Gobierno y Administraci�n Regional, y otros cuerpos legales, en materia de planes reguladores (2680-06) (se aprueba en particular) Sesi�n secreta: se adopta resoluci�n sobre solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a (S 576-04 y S 574-04) VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)..................................................... Eventual licitaci�n a empresa privada para creaci�n de banco de datos de infractores a Ley de Tr�nsito. Oficios (observaciones del se�or Viera-Gallo) Respuesta a observaciones de funcionarios p�blicos sobre trabajo de Parlamentarios, expertos y economistas en cuanto a situaci�n del cobre chileno. Oficios (observaciones del se�or Lavandero)................................ Pronta entrega de viviendas en sector Escuela Agr�cola, (Ais�n). Oficio (observaciones del se�or Horvath) Deterioro de eje vial en regi�n de Ais�n. Oficio.(observaciones del se�or Horvath) Ordenamiento de pesquer�as bent�nica y demersal en D�cima y Und�cima regiones. Oficios (observaciones del se�or Horvath)............................................ VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:18, en presencia de 19 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 26�, ordinaria, en su parte secreta; y 28�, ordinaria, en 4 y 11 de septiembre, respectivamente; 29�, especial, y 30�, ordinaria, ambas en 12 de septiembre, todas del presente a�o, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Cuatro de la C�mara de Diputados: Con los tres primeros comunica que ha dado su aprobaci�n a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley: 1.- El que modifica la ley N� 19.518, sobre Estatuto de Capacitaci�n y Empleo (Bolet�n N� 2.627-13); 2.- El que crea juzgados de polic�a local en las comunas que indica (Bolet�n N� 1.789-06), y 3.- El que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en v�as concesionadas por veh�culos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalizaci�n sobre combustibles (Bolet�n N� 2.592-15). --Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus respectivos antecedentes. Con el cuarto comunica que ha rechazado la totalidad de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre sistemas de prevenci�n de la infecci�n causada por el virus de inmunodeficiencia humana, y que ha acordado designar a los se�ores Diputados que indica para que concurran, en representaci�n de esa Corporaci�n, a la Comisi�n Mixta que deber� formarse. (Proyecto con urgencia calificada de "simple"). (Bolet�n N� 2.020-11). --Se toma conocimiento y se designa a los se�ores Senadores que integran la Comisi�n de Salud para que concurran a la formaci�n de la referida Comisi�n Mixta. Del se�or Secretario Regional Ministerial de Obras P�blicas de la Sexta Regi�n, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, referido al Proyecto de Agua Potable Rural "Entre Puentes El Cardal", comuna de Nancagua. --Queda a disposici�n de los se�ores Senadores. Informe De la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura, reca�do en el proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Horvath y Ruiz De Giorgio, en primer tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con la finalidad de prohibir o regular, en su caso, la importaci�n o cultivo de especies hidrobiol�gicas gen�ticamente modificadas (Bolet�n N� 2.753-03). --Queda para tabla. Solicitud Del se�or Jorge Washington Vargas Mancilla, con la que pide la rehabilitaci�n de su ciudadan�a (Bolet�n N� S 590-04). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. )---------------------( La se�ora FREI (do�a Carmen).- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Se�or�a. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, la Comisi�n de Gobierno, a petici�n de algunos se�ores Senadores de distintas bancadas, formul� un planteamiento al Ejecutivo sobre el proyecto �actualmente en estudio en aqu�lla- que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el cual fue acogido por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, solicito a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala a fin de ampliar el plazo para presentar indicaciones, con el objeto de permitir que dicha Secretar�a de Estado las haga llegar. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Cu�nto tiempo propone, Su Se�or�a? La se�ora FREI (do�a Carmen).- Dos o tres d�as, se�or Presidente. El se�or MORENO.- Una semana. La se�ora FREI (do�a Carmen).- No. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Podr�amos extender el plazo hasta el pr�ximo martes. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Es preferible hasta el pr�ximo lunes, porque de ese modo la Comisi�n puede sesionar el martes. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se ampliar� el plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor hasta las 18 del lunes 8 de octubre. Acordado. V. ORDEN DEL D�A PLAZOS PARA PROCEDIMIENTO Y REGULACI�N DE SILENCIO ADMINISTRATIVO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administraci�n del Estado (ex proyecto de ley que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo), con nuevo informe de las Comisiones de Gobierno y de Constituci�n, unidas, y con urgencia calificada de "simple". --Los antecedentes sobre el proyecto (2594-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 2�, en 4 de octubre de 2000. Informes de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 24�, en 17 de enero de 2001. Gobierno y Constituci�n, unidas (nuevo), sesi�n 1�, en 2 de octubre de 2001. Discusi�n: Sesi�n 25�, en 23 de enero de 2001 (se aprueba en general). El se�or HOFFMANN (Secretario).- Cabe se�alar que la Sala aprob� en general el proyecto en sesi�n de 23 de enero del a�o en curso, disponiendo posteriormente por acuerdo de Comit�s que su discusi�n particular se efectuara por las Comisiones de Gobierno y de Constituci�n, unidas, las que analizaron y votaron las dos indicaciones presentadas. Una, formulada por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, y otra, por el Honorable se�or Silva, resultando finalmente sustituido en su totalidad el proyecto de ley primitivo. De manera que las Comisiones unidas estimaron conveniente que los dem�s se�ores Senadores examinen el nuevo texto que se propone con el objeto de que puedan formular las indicaciones que consideren pertinentes. En sesi�n de 4 de septiembre, la Sala acord� reabrir debate sobre la iniciativa, entendiendo que el informe despachado por las Comisiones unidas configura el primer texto del proyecto en discusi�n. En consecuencia, el objetivo principal de la iniciativa es fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administraci�n del Estado, incluyendo en �l los principios b�sicos que lo informan; los derechos de las personas en sus relaciones con la Administraci�n; el empleo de medios electr�nicos; la regulaci�n y c�mputo de los plazos; las etapas del procedimiento; los medios de prueba; los recursos, y finalmente los efectos del silencio administrativo. El informe de las Comisiones unidas se�ala que todos los acuerdos adoptados respecto de las indicaciones formuladas contaron con la unanimidad de los miembros presentes, Honorables se�ora Frei y se�ores Canessa, Chadwick, D�ez, Silva, Stange y Viera-Gallo, y proponen a la Sala, por consiguiente, la aprobaci�n del proyecto. Cabe destacar que los incisos finales de los art�culos 34 y 64 revisten el car�cter de normas org�nicas constitucionales. En consecuencia, se requiere para su aprobaci�n de las cuatro s�ptimas partes de los se�ores Senadores en ejercicio, es decir, 27 votos favorables. Por �ltimo, Sus Se�or�as tienen en su poder un bolet�n comparado, elaborado por la Secretar�a, que consigna el proyecto original aprobado por el Senado en sesi�n de 20 de enero del presente a�o; las dos indicaciones presentadas, y el texto aprobado por las Comisiones unidas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra la Senadora se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, la iniciativa que hoy nos corresponde informar fue aprobada en general por el Senado el 6 de marzo de este a�o. Inicialmente, el proyecto ten�a por objeto establecer plazos para tramitar las solicitudes que se presenten ante la Administraci�n P�blica y regular el silencio administrativo. Su redacci�n original se estructuraba en ocho art�culos. Durante la discusi�n en general -en marzo pasado- se acord� que su estudio en particular lo efectuaran las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, unidas, las que se abocaron a analizar dos indicaciones. Una, formulada por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, y otra, por el Honorable se�or Silva. Ambas proponen la sustituci�n del proyecto primitivo por otro que, de conformidad con el art�culo 60, N� 18), de la Constituci�n Pol�tica, fija las bases de los procedimientos administrativos, incluyendo los principios b�sicos que los informan, los derechos de las personas, el empleo de medios electr�nicos, la regulaci�n de plazos, las etapas del procedimiento, medios de prueba, recursos y efectos del silencio administrativo. Las Comisi�n unidas estimaron que estas materias eran concordantes con las ideas matrices contenidas en el mensaje, lo que se consigna en el cuerpo del informe. No obstante haber estudiado reglamentariamente las indicaciones y redactado un nuevo texto del articulado, los miembros de las Comisiones unidas consideraron conveniente que los dem�s se�ores Senadores puedan analizarlo y participar en su redacci�n final. Con tal prop�sito, se solicit� y se obtuvo el acuerdo de la Sala para que el informe reca�do en el nuevo texto del proyecto sea considerado como primer informe, el cual, de aprobarse, dar�a lugar a un nuevo plazo para presentar indicaciones. Con el proyecto en estudio se contribuye a fortalecer nuestro Estado de Derecho, toda vez que llena un vac�o en el orden jur�dico, que ha generado una pluralidad de pr�cticas administrativas que no siempre protegen adecuadamente a los ciudadanos. Por ello, hemos procurado consignar en �l un conjunto de normas destinadas a reconocer los derechos de las personas en su relaci�n con la Administraci�n, los recursos administrativos que pueden interponer, as� como el proceder que ha de seguir aqu�lla frente a las peticiones que formulen los administrados. Hago presente, finalmente -como se�al� el se�or Secretario-, que la totalidad de los acuerdos reca�dos en la iniciativa legal fueron adoptados por la unanimidad de los se�ores Senadores de ambas Comisiones que participaron en los debates. Trabajamos bastante; su estudio dur� un buen tiempo, y se pudo compaginar muy bien lo propuesto por el Presidente de la Rep�blica con el nuevo proyecto presentado por el Honorable se�or Silva. Por ese motivo, deseo que quede bien claro que la iniciativa que aprobamos en general, en su oportunidad, pr�cticamente no tiene mucho que ver con el texto que ahora ha sido sometido a la consideraci�n del Senado, que aborda la materia con mayor profundidad. El Senador se�or Silva y, tal vez, tambi�n el Honorable se�or D�ez, como representante de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, informar�n m�s detalladamente al respecto. Se�or Presidente, dado que el proyecto fue acogido por unanimidad en ambas Comisiones, propongo aprobarlo en general y fijar un plazo prudente para presentar nuevas indicaciones, a fin de continuar con su estudio. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA- Se�or Presidente, como se�al� la se�ora Presidenta de la Comisi�n de Gobierno, se trata de un proyecto distinto. Sin embargo, algo tiene que ver con el anterior, pues la materia es la misma. En el fondo, en el proyecto primitivo, que se denomin� de bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administraci�n del Estado, �nicamente se trataban dos aspectos espec�ficos. Aun cuando se anunciaba como un nuevo proyecto acerca de dicha materia, s�lo se limitaba a regular los plazos y los eventuales efectos de un silencio positivo y negativo. Nada m�s. En las Comisiones unidas consideramos fundamental aprobar toda la idea a la cual se refiere espec�ficamente el art�culo 60, N� 18), de la Constituci�n Pol�tica, que establece que son materia de ley "Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci�n p�blica". En verdad, �sta es la �nica manera de salvaguardar fundamentalmente el Estado de Derecho y de establecer seguridad jur�dica para todos los habitantes, en funci�n con la actividad cada vez m�s intensa de la Administraci�n. La idea de la existencia de una normativa de procedimientos administrativos, regulada por una ley de bases de la Rep�blica, no solamente se consagra en el citado art�culo de la Constituci�n vigente, sino que viene de la Carta Fundamental de 1925. Ese antecedente se consider� esencial para, con posterioridad, poder aprobar la ley del contencioso administrativo. Porque en la medida en que no exista una ley previa de procedimientos administrativos a la cual deber� someterse la Administraci�n del Estado, es improbable que ma�ana pueda aplicarse otra relativa a lo contencioso administrativo, como lo consagraba la Constituci�n de 1925 y lo dispone tambi�n la actual Carta Fundamental en su art�culo 38. Lo curioso es que, hasta la fecha, esa ley no se ha dictado. En el Gobierno del Presidente Aylwin se propuso un proyecto de ley de bases de la Administraci�n del Estado sobre procedimientos administrativos b�sicos, pero se retir� despu�s de haber estado un tiempo archivado. En el fondo, ahora se trata de reemplazar �como bien lo dijo la Honorable se�ora Frei- la iniciativa propuesta por el Ejecutivo que quiso regular la materia, pero s�lo respecto de dos puntos espec�ficos: plazo y silencio. De ah� que el Senado estim� que era la oportunidad de regular toda la materia, y �se es el prop�sito del proyecto que se somete a su consideraci�n. La iniciativa reviste una importancia fundamental, porque en el fondo otorga seguridad jur�dica a toda la poblaci�n del pa�s, en la medida en que hipot�ticamente puedan producirse eventuales arbitrariedades por parte de la Administraci�n. De all� que se trata de un proyecto completo que, desde el punto de vista doctrinario, se halla a tono con las m�s modernas pr�cticas en materia de procedimientos administrativos, tanto en Espa�a como en otros pa�ses, espec�ficamente, tambi�n, en Argentina y Uruguay. El proyecto que nos ocupa es m�s extenso que el primitivo, por la sencilla raz�n de que, en vez de los 8 art�culos originales, actualmente contiene 67 art�culos que forman parte de cinco cap�tulos. En el Cap�tulo I, sobre Disposiciones Generales, se establecen las normas de regulaci�n del procedimiento administrativo y se dispone c�mo regir� �ste, sin perjuicio de algunas normas espec�ficas sobre procedimientos especiales, por ejemplo, la relativa a la toma de raz�n de los actos de la Administraci�n del Estado que est� regulada por la Ley Org�nica Constitucional de la Contralor�a General de la Rep�blica. En seguida, se establecen conceptualizaciones acerca de la vigencia del proyecto desde el punto de vista de su extensi�n. Tambi�n se dispone cu�les ser�n los principios fundamentales a que se someter� la ley en proyecto, por ejemplo, en cuanto a indicar que los procedimientos administrativos deber�n ser necesariamente escritos; que se ajustar�n a principios como el de la celeridad, de la impugnabilidad (que permita la posibilidad de reclamar respecto de ciertos actos de la Administraci�n); de la publicidad, como norma general de los actos administrativos, etc�tera. El Cap�tulo II se refiere a la regulaci�n del procedimiento administrativo que se aprueba. Se establece la definici�n del acto administrativo; la utilizaci�n eventual o hipot�tica de medios electr�nicos por parte de la Administraci�n, en consonancia con el proyecto de ley que se encuentra en actual tramitaci�n en el Congreso, que fue aprobado en general por el Senado hace muy poco tiempo, sobre sistema de firma electr�nica y de servicio de certificaci�n. En seguida, se refiere a la capacidad para actuar frente a la Administraci�n; a qui�nes habr� de estimarse interesados en el procedimiento administrativo; a qui�nes podr�n ser, hipot�ticamente, apoderados de esos asociados o colectivos que puedan actuar. Luego, se establecen las normas sobre plazos, que era uno de los dos aspectos que contemplaba el proyecto primigenio. Adem�s, se agregan disposiciones referentes a la iniciaci�n del procedimiento administrativo, tanto de oficio como a petici�n de parte; a las medidas provisionales que la Administraci�n podr� disponer; a la instauraci�n o instrucci�n del procedimiento; a la prueba a que se someter�n en un momento dado las solicitudes que los particulares planteen, y a la finalizaci�n del procedimiento. En el Cap�tulo III se consignan normas pormenorizadas sobre publicidad y especificidad de los actos administrativos: la notificaci�n, la publicaci�n, la ejecuci�n, el principio de la ejecutoriedad del acto administrativo (que significa que una vez aprobado el acto regir� instant�neamente) y la eventual retroactividad del mismo. En el Cap�tulo IV, se establece la posibilidad de revisi�n de los actos administrativos, disponiendo que todo acto emanado de la Administraci�n ser� objeto o susceptible de recursos, no contenciosos, sino pura y simplemente administrativos, regulando espec�ficamente la existencia de un recurso de reposici�n ante la misma autoridad de la cual ha emanado el acto, o de recurso jer�rquico ante el superior respectivo, que podr�, por esa v�a, conocer del acto emanado del inferior y, eventualmente, o aceptarlo o enmendarlo. Se consagra tambi�n un recurso extraordinario de revisi�n para casos excepcionales, que taxativamente se mencionan, y se establece la posibilidad de que la Administraci�n pueda revisar sus actos de oficio o aun aclarar los efectos o el contenido de un acto ya aprobado. Finalmente, en el Cap�tulo V, sobre disposiciones finales, se establece, entre los art�culos 64 a 67, el contenido de un procedimiento de urgencia. Para aquellos casos en que la naturaleza del acto o del procedimiento de que se trate lo aconseje se podr� ordenar que se les aplique la tramitaci�n de urgencia, reduciendo aun eventualmente los plazos que la ley se�ala para el procedimiento com�n. Por �ltimo, se consagran normas especiales para el silencio administrativo. El silencio administrativo -como los se�ores Senadores saben- no es otra cosa que la circunstancia de que en un momento dado, frente a un requerimiento o a una solicitud de un particular, la Administraci�n no conteste, es decir, guarde silencio, provocando por esta v�a, la eventual posibilidad de incursi�n de arbitrariedades que puedan afectarlo. Para esos efectos, se estudian los casos en que el silencio ser� positivo. O sea, si transcurren los plazos que se�ala la ley sin que la Administraci�n se pronuncie, se entender� que debe producir efectos positivos a favor del solicitante, en cuyo caso ese acto autom�ticamente, una vez certificado con los medios que la ley establece, entra a producir efectos como si fuese un pronunciamiento expreso de la Administraci�n del Estado. A la inversa, consagrando tambi�n los principios generalmente reconocidos por la doctrina, se determina en qu� casos el silencio ser� negativo. Es decir, si se trata de actos que de alguna manera perjudicaran, por el planteamiento del particular, al patrimonio p�blico, en tal caso el silencio no operar� a favor del recurrente, sino de la Administraci�n. �ste es el contenido, naturalmente expuesto de manera muy generalizada, de todos los aspectos del proyecto, que integralmente contempla lo que se denomina Ley de Bases Generales de la Administraci�n del Estado. Para terminar, quiero hacer presente que no se estim� prudente recoger algo que ven�a ya en la iniciativa primigenia del Ejecutivo, que era la posibilidad de otorgar delegaci�n de facultades al Presidente de la Rep�blica para que complementara los ocho art�culos que hab�a presentado en la iniciativa primitiva. Y se estim� que no era �til hacerlo por la sencilla raz�n de que, habiendo sido reemplazado por un proyecto completo, no parec�a pertinente dejarse abierto un camino para utilizar algo que en Chile, en todo caso, constituye una v�a excepcional dentro de la norma constitucional. Es cuanto puedo se�alar, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si me permite la Sala, suspenderemos por un minuto la discusi�n de este proyecto, porque parte de la Cuenta qued� pendiente. --Se suspende la discusi�n del proyecto. )------------( MODIFICACI�N A LEY N� 19.175 Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE PLANES REGULADORES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado en este momento a la mesa una comunicaci�n de las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Vivienda y Urbanismo, unidas, con la que se�alan que fueron retiradas las indicaciones formuladas para la discusi�n particular del proyecto, en segundo tr�mite, que introduce modificaciones a la ley N� 19.175, Org�nica Constitucional sobre Gobierno y Administraci�n Regional, y otros cuerpos legales, en materia de planes reguladores. En consideraci�n a lo anteriormente expuesto, y conforme a lo que precept�a el art�culo 120 del Reglamento, procede declarar aprobado en particular el referido proyecto de ley, en los t�rminos consignados en el texto del primer informe de la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se hace presente en esa comunicaci�n que dicho texto fue aprobado por la Sala con qu�rum de ley org�nica constitucional, por incidir en materias de esa jerarqu�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (2680-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 9�, en 3 de julio de 2001. Informe de Comisi�n: Vivienda, sesi�n 17�, en 1 de agosto de 2001. Discusi�n: Sesi�n 23�, en 14 de agosto de 2001 (se aprueba en general). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se toma conocimiento de la referida comunicaci�n. De acuerdo con lo establecido en la disposici�n reglamentaria se�alada por el se�or Secretario, debe darse por aprobado el proyecto en particular, dejando constancia del qu�rum, que es de 27 votos afirmativos. Hay 29 se�ores Senadores en la Sala. El se�or FERN�NDEZ.- �Se aprob� por unanimidad? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- S�, se�or Senador, y se retiraron las indicaciones. De modo que, obligatoriamente, debemos proceder en la forma expuesta. --Queda aprobado en particular el proyecto, con 29 votos a favor. )------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a el debate del proyecto que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administraci�n del Estado (ex proyecto de ley que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo). Como se trata de una iniciativa que contiene normas con rango de ley org�nica constitucional, para evitar problemas de qu�rum al momento de tomar la votaci�n y, adem�s, como ya ha sido informada, solicito autorizaci�n de la Sala para que los se�ores Senadores que lo estimen conveniente puedan dejar consignado su voto en la mesa. --Se accede. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, uno de los esfuerzos legislativos m�s importantes impulsado por el Ejecutivo dice relaci�n con la acelerada transformaci�n del mercado de capitales a la vista de la necesidad de abrir m�s la cuenta de capitales y las materias conexas. Estos esfuerzos est�n orientados en la direcci�n correcta, ya que pretenden hacer m�s expeditas las operaciones y poner en actividad nuevas fuentes de financiaci�n abriendo expectativas mayores en el quehacer econ�mico, de tal modo de integrarnos en plenitud a las demandas de la globalizaci�n. Abundando en estos temas, Chile ha celebrado varios tratados de libre comercio -recientemente con Centroam�rica, por ejemplo- y contempla con gran expectativa el que pueda llevar a cabo con Estados Unidos. Nos favorece una econom�a s�lida que ha mantenido razonablemente su crecimiento, cuentas fiscales saneadas y, conforme a la transparencia internacional, un bajo �ndice de corrupci�n, que nos coloca en el lugar n�mero 18 entre 91 pa�ses. Una econom�a moderna necesita sustancialmente funcionar aceleradamente en el marco regulativo del Estado. En otras palabras, precisa de una Administraci�n �gil y eficiente. Aqu� es justamente donde se produce algo que podemos denominar "Dos velocidades". Por una parte, el ritmo que orienta a nuestra nueva econom�a, caracterizada por la velocidad de las transacciones, la r�pida respuesta para celebrar contratos y muchas otras formas de actividad empresarial que demandan a la Administraci�n figuras tales como autorizaciones, permisos, concesiones, etc�tera. Tambi�n aqu� debemos incluir a todos los usuarios que, en general, requieren sus servicios y realizan tr�mites en ella. En el otro extremo, nuestra Administraci�n P�blica est� encadenada a una legislaci�n manifiestamente obsoleta y no responde a las realidades y necesidades vigentes de sectores econ�micos o de los ciudadanos en general. El presente proyecto pretende responder oportunamente a las demandas de personas o instituciones, eliminando procedimientos engorrosos y lentos. Lo grave de la ineficiencia de la Administraci�n reside en el desaliento y frustraci�n causados por el hecho de que muchos planes no se puedan concretar. Ello impide crear nuevos puestos de trabajo e impulsar la econom�a, y perjudica los ingresos fiscales. Desde el punto de vista externo, deteriora nuestra imagen, ya que, por una parte, Chile se muestra como una interesante plaza para invertir, y por otra, no ofrece una capacidad administrativa a la altura de las circunstancias. En los hechos, este tema es, a mi entender, fundamental en el marco de la ansiada modernizaci�n del Estado. Hemos sido capaces de mejorar nuestra administraci�n de justicia y muchas otras materias de innegable inter�s p�blico. Por ello, conf�o en que tambi�n lo logremos en el caso de nuestra Administraci�n, erradicando la lacra de la burocracia y la inseguridad jur�dica que genera en las personas e instituciones que necesariamente recurren a ella. El establecimiento de plazos m�ximos, ajustados a una respuesta adecuada, inspirados en los principios de gratuidad, imparcialidad e inexcusabilidad, junto con la correcta regulaci�n del silencio administrativo, permitir�n ir resolviendo todas estas situaciones. Tambi�n es relevante el hecho de delegar facultades legislativas en el Presidente de la Rep�blica para dar mayor extensi�n y profundidad a los principios establecidos en este proyecto. En definitiva, se trata de recuperar los derechos de los ciudadanos y de las instituciones en sus relaciones con la Administraci�n P�blica. Voto favorablemente en general el proyecto. El se�or ZALD�VAR (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, �sta es una iniciativa muy trascendente, que viene a llenar un vac�o de nuestra legislaci�n al establecer un estatuto jur�dico claro para todos los actos de la Administraci�n y los procedimientos inherentes a ella. Esto es muy importante para el Estado y tambi�n para los ciudadanos interesados en efectuar tr�mites ante la Administraci�n P�blica. Deseo hacer referencia a ciertos puntos espec�ficos que me parecen relevantes. En primer lugar, al car�cter supletorio del procedimiento consignado en el art�culo 1�. Esto es muy significativo, porque puede haber leyes que establezcan otras formas de procedimiento, m�s �giles o con caracter�sticas especiales, las que, obviamente, prevalecer�n sobre la normativa en estudio, que tiene car�cter supletorio. Segundo, en cuanto al �mbito de aplicaci�n del proyecto en an�lisis, estimo necesario tener en cuenta que la definici�n de Administraci�n P�blica que se da para estos efectos es m�s restrictiva que la contenida en la Ley de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, al quedar excluidas las empresas p�blicas. Por ejemplo, este procedimiento no rige para CODELCO ni para las empresas p�blicas, sino para la Administraci�n central y descentralizada del Estado. En la Comisi�n manifest� mis temores en cuanto a que alg�n servicio pudiera verse entrabado por la aplicaci�n de este procedimiento. Y puse como ejemplo el caso de un liceo p�blico, una escuela unidocente rural o un consultorio de salud primaria municipal. Sin embargo, tal como qued� el proyecto, por su car�cter general y bastante flexible, ese riesgo que yo advert�a no existe. Por lo tanto, es preciso no olvidar que estamos legislando para construir las bases s�lidas de ciertos principios elementales que deben regir la Administraci�n del Estado, excluyendo a las empresas p�blicas. Asimismo, estimo conveniente que se haya considerado la posibilidad de emplear mecanismos electr�nicos, como se consigna en los art�culos 5� y 20. Y cuando se dice que uno de los principios de la Administraci�n es el de escrituraci�n, debe entenderse que la forma de producirla, como lo se�ala el art�culo 5�, es por escrito o por medios electr�nicos. Ello, sin duda, ser� fundamental en el futuro. Sobre el punto, sin embargo, hay un aspecto del proyecto que deber� ser concordado con el relativo a la firma electr�nica. En realidad, hay varios ac�pites del mismo que se refieren a su aplicaci�n en la Administraci�n P�blica. Y hay otra iniciativa en tr�mite, ya aprobada por la C�mara de Diputados, y pendiente en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia del Senado, sobre la firma electr�nica en general, tanto para el uso por particulares como por la Administraci�n. Parece obvio, en consecuencia, lo que se�alo en el sentido de que es necesario hacer compatibles ambos proyectos. Deseo abordar, a continuaci�n, un punto muy significativo que motiv� esta iniciativa, que constituye un importante avance de modernizaci�n de la Administraci�n y que requiere del an�lisis de todos los se�ores Senadores, para estar seguros de que el paso que vamos a dar es el adecuado y correcto. Me refiero al silencio administrativo, principio consignado en los art�culos 65 y 66 del proyecto en estudio. La redacci�n final que se dio a esta instituci�n no naci� del Ejecutivo sino de indicaciones que formulamos los Senadores en la Comisi�n, y es el correlato de otro principio, cual es el abandono del procedimiento administrativo por parte del interesado, que est� contemplado en el art�culo 44. Respecto del silencio positivo, el art�culo 65 dispone que "Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud sin que la Administraci�n se pronuncie sobre ella, el interesado podr� denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que deb�a resolver el asunto", etc�tera. A rengl�n seguido, agrega que "La autoridad deber� estampar recibo de la denuncia�". Y su inciso segundo establece que "Si la autoridad no se pronuncia en el plazo de un mes contado desde la recepci�n de la denuncia, la solicitud del interesado se entender� aceptada.". Esto es extremadamente importante, pues los plazos son los consignados en el art�culo 25, bastante perentorios para lo que est� acostumbrada nuestra Administraci�n. Porque si se trata de remitir un documento, solicitud o expediente, debe hacerse llegar a la autoridad correspondiente dentro de 24 horas; en caso de providencias de mero tr�mite, deber�n dictarse dentro de 48 horas; si son informes, dict�menes u otras actuaciones, tendr�n que evacuarse dentro de diez d�as, y si se trata de decisiones definitivas, deben ser expedidas dentro de veinte d�as h�biles, calidad inherente a todos los anteriores. Si transcurridos dichos plazos, o un mes despu�s de efectuada la denuncia, y la Administraci�n no responde, quiere decir que la solicitud se entiende aceptada, con s�lo tres excepciones: en general, cualquier materia en que se afecte el inter�s fiscal, es decir, el patrimonio p�blico, que parec�a l�gico exceptuar; los procedimientos de impugnaci�n de la propia Administraci�n, y cualquier uso del derecho de petici�n, tal como est� contemplado en la Constituci�n, por la amplitud del mismo. Fuera de estas tres excepciones, toda petici�n no respondida en los plazos se�alados se entiende aceptada. Esto rige para la Administraci�n civil y militar del Estado. Respecto del silencio negativo, el art�culo 66 dispone que "Se entender� rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal." �Cu�ndo se entiende rechazada? En los tres casos se�alados precedentemente. O sea, hay silencio positivo y negativo. Esto significa colocar una norma muy exigente a la Administraci�n del Estado. Dar este paso en la legislaci�n es muy importante, tal como lo han hecho muchos pa�ses, entre ellos, Espa�a, Argentina, Per� y otros de Am�rica Latina. Resulta esencial que, para el segundo informe, todos los Senadores estudien la materia a fondo, porque se trata de un nuevo, relevante y exigente estatuto. Ahora bien, en cuanto a los actos administrativos que concluyan por aplicaci�n del silencio positivo o negativo transcurrido el plazo legal, cabe precisar que tendr�n el mismo efecto que aquellos que culminaren con una resoluci�n. Con dicha constancia, el interesado puede hacer valer los derechos correspondientes o tomar las decisiones que estime del caso. Esta medida es algo que ha venido reclamando el mundo empresarial desde hace tiempo, pues considera que la Administraci�n P�blica es muy lenta en resolver algunas de sus peticiones. Cito como ejemplo tr�mites relativos al estudio de impacto ambiental y otras materias que dilatan decisiones de inversi�n. Sin embargo, tambi�n guarda relaci�n con situaciones m�s pedestres, como autorizaciones de municipalidades para ampliar locales u otorgamiento de patentes para que ciertos establecimientos puedan funcionar. En otras palabras, la iniciativa es muy amplia y en ello radica la importancia que todos le atribuimos. Por otra parte, el Presidente de la Rep�blica solicit� facultades extraordinarias para reglamentar la materia, pero las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, unidas, decidieron no aceptarlas, porque, entre otras razones, podr�a implicar asuntos que no son de iniciativa del Presidente de la Rep�blica por tratarse de proyectos que requieren qu�rum especial para su aprobaci�n. Todo lo anterior configur� un proyecto muy importante, como han se�alado la Senadora se�ora Carmen Frei y los Honorables se�ores Sabag y Silva --quien es el autor de la iniciativa--, que significa un avance en la modernizaci�n de la Administraci�n P�blica, protegiendo sustantivamente los derechos de los ciudadanos al hacer las actuaciones m�s transparentes, imparciales, objetivas y expeditas. Quiero referirme, por �ltimo, a un problema que, a mi juicio, debe ser subsanado mediante una indicaci�n. Aludo a la trascendencia de que la Administraci�n P�blica lleve un registro de todas las solicitudes, tr�mites o procedimientos que inicie. Dicho registro no es el mismo al que hace menci�n el art�culo 19, que es, en el fondo, una especie de copia del expediente en su totalidad. Hablo de un registro p�blico que est� al alcance de los interesados a fin de que cada cual pueda saber en qu� etapa y situaci�n se encuentra su solicitud. Los datos que debe contener son el nombre del solicitante, la materia de la petici�n, la fecha de presentaci�n, el plazo para resolver y si �ste ya ha vencido o no. Reitero: este registro p�blico es distinto de la copia del expediente a que hace menci�n el art�culo 19. Para que quede meridianamente claro este hecho, presentar� una indicaci�n. Termino, se�or Presidente, manifestando que este avance es muy relevante dentro del conjunto de materias que el Ejecutivo ha consultado al Senado en cuanto a la modernizaci�n del Estado. La Corporaci�n se ha adelantado a dar una respuesta, no general, sino pr�ctica y concreta, a trav�s de un proyecto que avanza significativamente en dicha direcci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or D�ez, Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, el proyecto que se somete a la consideraci�n del Senado corresponde a un progreso inevitable en la realidad que vivimos. La vida contempor�nea ha hecho que el hombre tenga muchas m�s actividades, lo que obliga a la legislaci�n, sin poder evitarlo, a fijar determinadas condiciones y requisitos para que las personas se desenvuelvan dentro del marco del bien com�n y no perjudiquen los derechos de otras. Esto supone la intervenci�n del Estado en una serie de materias que antes no correspond�an a su �mbito, motivo por el cual una reglamentaci�n procesal clara que fije los derechos, las peticiones, las pruebas, los resultados, los recursos contra las resoluciones, etc�tera, es absolutamente indispensable. Sin duda, este proyecto constituye una respuesta importante a nuestro deseo de modernizar el Estado. El Senado ha sido testigo de la renovaci�n y creaci�n de varios cuerpos jur�dicos de importancia, tales como la Ley de Filiaci�n y de Adopci�n, el nuevo C�digo de Procedimiento Penal, la nueva Ley de Matrimonio Civil, etc�tera. Ello ha demostrado que no hemos sido renuentes en la adaptaci�n de la legislaci�n a las realidades que nos presenta la vida, la actividad y la ciencia contempor�neas. Como resultado de las deliberaciones de las Comisiones unidas, tenemos a la vista un muy buen proyecto. El hecho de que dichas Comisiones estimaran conveniente que el informe reca�do en el proyecto fuera considerado como un primer informe, fijando plazo para presentar indicaciones, destaca la convicci�n de que los Senadores tienen mucho que aportar al texto que se propone, m�s a�n cuando no exist�a un documento que permitiera un an�lisis ordenado y sistem�tico. Quiero dejar constancia de mi satisfacci�n al ver que aqu� se est� llenando una necesidad. Se le pone plazos a la acci�n del Estado y se valora el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Ambos son importantes, porque el silencio negativo da origen a los recursos correspondientes y tiene fecha cierta el rechazo, de manera que se clarifica la situaci�n procesal, de la cual muchos abogados se han quejado a lo largo de los a�os. Ser�a injusto si no dejo constancia de que este texto en gran medida se debe a la labor desempe�ada por el Honorable se�or Enrique Silva. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento le pidi�, en virtud de su experiencia tanto universitaria como de ex Contralor de la Rep�blica, que nos propusiera una redacci�n; y en base fundamentalmente a esa indicaci�n y a otra del Ejecutivo -que coincide en algunas partes con la del se�or Senador y le da patrocinio a materias que podr�an no ser de origen parlamentario-, se elabor� un proyecto que implica un avance trascendente y que no s�lo honra al Senado, sino principalmente al se�or Senador que puso su experiencia y su sabidur�a en muchos de estos art�culos. As�, junto con las Comisiones de Gobierno y de Constituci�n, se logr� dar cuerpo a esta iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, las exposiciones de los se�ores Senadores han aclarado mis dudas en cuanto a que el proyecto es siempre supletorio de regulaciones espec�ficas, con lo cual se salva la diferencia que pueda existir en aquellos aspectos que afectan a las Fuerzas Armadas, por las condiciones especiales en que la administraci�n se desempe�a en ellas. Hago presente que la administraci�n de las instituciones armadas es absolutamente reglamentada; est� sometida a los principios generales establecidos por ley, con una estricta responsabilidad en la emisi�n de los actos administrativos, llevando un completo control de ellos. De manera que el proyecto, que se hace extensivo a ellas, viene a cerrar un marco. Sin embargo, no he alcanzado a averiguar si se consult� la opini�n espec�fica de las Fuerzas Armadas, pues cabe tener en cuenta que, en algunos casos especiales, puede producirse una situaci�n de colisi�n. Pero como se trata de principios, se supone que la validez que plantea el Senador se�or Silva respecto del car�cter supletorio estar�a vigente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, el Senador Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, como mencion� anteriormente el Honorable se�or Sabag, aqu� estamos legislando sobre una materia de gran relevancia. En el transcurso del tiempo, el pa�s, en un segmento muy importante, que es la actividad privada, se ha ido adaptando a la forma de funcionamiento y de toma de decisiones del mundo actual, particularmente de los pa�ses m�s desarrollados. El cambio tecnol�gico, la mayor interdependencia, los procesos de modernizaci�n, han hecho que esas decisiones privadas adquieran una velocidad creciente y -yo dir�a- exponencial. Alguien hoy d�a ha definido la competencia o la competitividad internacional precisamente como la capacidad de tomar decisiones r�pidas. Se dice que el r�pido es el que gana al lento y no que el grande le gana al peque�o. Entonces, el problema radica en que la actividad privada nacional, por lo menos en los sectores vinculados a bienes transables internacionalmente, funciona a enorme velocidad, y en que la Administraci�n P�blica, que en raz�n de procedimientos inadecuados, de una cultura burocr�tica y de muchos otros factores, contin�a funcionando con penosa lentitud y tremenda dificultad para tomar decisiones. Lo anterior se hace particularmente evidente y perjudicial en temas que inciden en la posibilidad de la econom�a nacional de crear fuentes de trabajo, de poner en marcha nuevas decisiones de inversi�n, de generar espacios para la capacidad emprendedora de los chilenos, para los nuevos emprendedores, para la gente joven con ideas nuevas, etc�tera. Todo este sector, que intenta hacer cosas y que requiere de rapidez en su ejecuci�n, se encuentra con que debe recurrir a autorizaciones a trav�s de procedimientos �que los privados, y muchas veces la burocracia p�blica, no entienden-, en los cuales intervienen demasiados servicios -que elaboran informes, subinformes y comentan los emitidos por otros-, produci�ndose una notable duplicaci�n de tr�mites. Frecuentemente, �stos se paralizan porque se argumenta que los antecedentes presentados est�n incompletos o que son de mala calidad. Los servicios p�blicos acostumbran a consultarse entre s� y, si no hay respuesta, surgen las t�picas disputas sobre esferas de influencia y de �mbito de decisi�n, lo que caracteriza la lucha burocr�tica. Todo esto desemboca en que el sistema de decisi�n nacional es b�sicamente muy dual, toda vez que una parte opera a la velocidad con que se mueve el mundo, y la otra, queda muy retrasada, lesion�ndose en definitiva el potencial de desarrollo de la econom�a y la posibilidad de generar empleos, y, sobre todo, ahoga el esp�ritu emprendedor y la capacidad innovadora que en el siglo XXI los pa�ses necesitan para competir internacionalmente en forma exitosa. Sin duda, el proyecto en an�lisis implica un avance en tal sentido, ya que sistematiza procedimientos e incorpora elementos del Derecho Administrativo muy necesarios. Sin embargo, tengo ciertas aprensiones y consultas que formular. Tal vez no entiendo bien -he le�do muy r�pido la iniciativa- ciertos contenidos. Particularmente, me preocupa lo relacionado con los plazos. Seg�n estimo, el proyecto establece procedimientos y fija determinados plazos -a �stos se refer�a el Senador se�or Viera-Gallo- en temas que hoy carecen de ellos, lo cual no significa que se modifiquen los ya existentes. Sin embargo, la cultura burocr�tica, que ahoga la capacidad de emprender y de desarrollar nuevas iniciativas, ha florecido con una capacidad infinita de inventar plazos, procedimientos, etapas, prerrequisitos, etc�tera, constituyendo una verdadera mara�a que nadie entiende. Porque esos plazos, incluso los m�ximos -que resultan excesivos-, son te�ricos y en la pr�ctica no se cumplen, a menudo en raz�n de que los antecedentes est�n incompletos, de que el otro servicio no contest�, etc�tera. Y numerosos proyectos de inversi�n -algunos de gran envergadura y que habr�an generado much�simos empleos- han quedado sumergidos en el pantano burocr�tico por muchos meses. Aqu� se habla de un plazo m�ximo de seis meses, pero hay proyectos que se encuentran esperando por m�s de un a�o o un a�o y medio. Y hemos sabido de proyectos de inversi�n interesantes e importantes para Chile que, por las razones se�aladas, se han ido otros pa�ses. El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador, con la venia de la Mesa? El se�or FOXLEY.- Con todo gusto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, s�lo deseo aclarar lo que est� manifestando el se�or Senador. Si la ley espec�fica un plazo y �ste no se cumple, el interesado, dependiendo de la naturaleza del acto administrativo, pedir� que se certifique dicho incumplimiento. Si la decisi�n no afecta el patrimonio fiscal, como ocurre con algunos proyectos de inversi�n, la solicitud se entender� aprobada. En cambio -como lo expres� el Honorable se�or D�ez-, si se afecta el patrimonio fiscal- por ejemplo, si se trata de concesiones o de importaciones, ya que hay tributos comprometidos- la petici�n ser� rechazada. Pero, a partir de ese rechazo cierto, se puede apelar o recurrir a los tribunales. Es decir, se acaba el problema que Su Se�or�a est� denunciando muy justamente. Gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, el Senador se�or Silva tambi�n me ha solicitado una interrupci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, s�lo deseo completar lo manifestado por el Honorable se�or Viera-Gallo. El art�culo 26 resuelve la duda planteada por el Honorable colega, por cuanto dice expl�citamente que "Los plazos de d�as establecidos en esta ley son de d�as h�biles.". Por su parte, el art�culo 24 dispone que "Los t�rminos y plazos establecidos en �sta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administraci�n en la tramitaci�n de los asuntos, as� como los interesados en los mismos.". Entonces, si fuera de los plazos que establezca esta ley hay otros consignados en diferentes normativas, la Administraci�n tambi�n estar� obligada a respetarlos. Si no lo hace, se aplicar� el procedimiento aludido por el Senador se�or Viera-Gallo. De esa manera, afortunadamente, queda resuelta la duda. El se�or FOXLEY.- Agradezco a los se�ores Senadores su aclaraci�n. Por eso, considero que este proyecto de ley constituye un avance respecto a lo ya existente. No cabe duda de ello. Sin embargo, deseo enfatizar que, seg�n la experiencia escuchada -no vivida porque no soy empresario-, en el actual marco jur�dico a menudo se fijan plazos para la elaboraci�n de informes, por ejemplo en la CONAMA, el COREMA, el �rgano que realiza estudios de impacto vial, etc�tera. En algunos casos deben emitirlos alrededor de 32 servicios. Cada uno de ellos cuenta con un plazo y pueden argumentar que la otra repartici�n no entreg� a tiempo los antecedentes. En numerosas oportunidades peque�os empresarios, industriales, etc�tera, de la Regi�n Metropolitana me han contado la pesadilla de conseguir la aprobaci�n de determinados procedimientos. Por ejemplo, desde 1994 muchos industriales de la Regi�n Metropolitana han estado solicitando autorizaci�n para realizar inversiones, pero desde esa fecha no han obtenido respuesta porque hab�a un procedimiento administrativo que lo imped�a. Como digo, cada servicio p�blico cuenta con plazos; puede darles comienzo y tambi�n congelarlos si no tiene a la vista todos los antecedentes que estima necesarios para adoptar la decisi�n. A menudo para ello se argumenta que los antecedentes son insuficientes o de mala calidad. En reiteradas ocasiones he presenciado c�mo a la persona que inicia la tramitaci�n de una solicitud se le devuelve toda la documentaci�n y se le dice: "No sirve lo que usted me envi�. H�galo todo de nuevo". Por lo tanto, lo que debe hacerse es luchar contra la cultura burocr�tica, que es un modo de decidir, de vivir, de convivir, de tomar decisiones en la Administraci�n P�blica. El se�or D�EZ.- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or FOXLEY.- Con todo agrado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, considero muy interesante y de extraordinaria importancia lo que est� planteando el Senador se�or Foxley. Por eso, propondr� a las Comisiones unidas enviar el proyecto al Colegio de Abogados y a las asociaciones gremiales, industriales, dentro del plazo de recepci�n de indicaciones, para o�r su opini�n sobre un texto ya determinado (no sobre una idea, como lo era el texto original del Ejecutivo), de manera que puedan prestarnos su colaboraci�n. Adem�s, sugiero al Senador se�or Foxley -y no es una iron�a- que como sus art�culos en "La Segunda" son tan le�dos, destine uno de ellos a incentivar a las empresas a preocuparse del asunto y a informarnos sobre la materia. Agradezco la interrupci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, en el fondo, lo que estoy diciendo es que si bien el proyecto constituye un aporte muy positivo, si lo ponemos en el contexto del tema de la reforma y modernizaci�n del Estado, ayudar�a en mayor grado si fuera m�s ambicioso desde el punto de vista de los plazos, en el sentido de acortarlos e introducir m�s automaticidad en los procedimientos. Una lectura r�pida de la iniciativa me indica que para ser sujeto del silencio administrativo el interesado deber� demostrar que existe inactividad en el tr�mite y obtener de la autoridad una certificaci�n de ese hecho. Asimismo, en ciertos casos la Administraci�n tendr� facultad para ampliar los plazos establecidos para un procedimiento, y tambi�n para reducirlos a la mitad. O sea, el margen todav�a es muy discrecional. Hay mucho tr�mite dentro del tr�mite. Al respecto, pregunto: �no se podr�a pensar en t�rminos m�s ambiciosos, en plazos m�s breves y en procedimientos m�s autom�ticos? �Por qu� digo esto? Porque la reforma del Estado es un asunto que a quienes estamos en la cosa p�blica nos ha preocupado desde hace muchos a�os. Diversos Gobiernos han hecho presente la necesidad de modernizar la Administraci�n P�blica. Normalmente ocurre que se elaboran estudios muy completos, sistem�ticos, que ocupan varios vol�menes, donde se indica lo que se debe hacer. Cuando uno lee esos estudios usualmente concuerda con cuanto all� se propone, pero en definitiva constata que una vez terminados pr�cticamente no pasa nada y la Administraci�n P�blica sigue funcionando con la misma l�gica con que ha operado siempre. Por eso, me parece que deber�a pensarse en dar vuelta los t�rminos. En vez de propiciar una reforma coherente, completa, general del Estado, que implica 35 � 45 programas distintos, �por qu� no plantear la reforma administrativa como una acci�n estrat�gica y que al mismo tiempo constituya una se�al muy poderosa a la burocracia para cambiar sus procedimientos de decisi�n? Yo postular�a que se fijara un t�rmino muy breve. En el proyecto se contempla un plazo m�ximo, para cualquier tr�mite, incluyendo los procedimientos existentes, de seis meses. Y como entiendo que se trata de d�as h�biles, ya estamos hablando de ocho meses. Esto quiere decir que cuando alguien presenta una solicitud pueden pasar ocho meses antes de que se le conteste. �sa no es la velocidad de la nueva econom�a, de la econom�a globalizada. Necesitamos algo mucho m�s exigente. Propongo fijar un plazo �nico, para cualquier tr�mite, no superior a 60 d�as y que considerando este t�rmino cada jefe de servicio plantee al Gobierno lo que necesita para adecuar sus procedimientos de decisi�n: programas de capacitaci�n de personal, simplificaci�n de gestiones internas, elementos tecnol�gicos que requiere para que su servicio se ponga en red y pueda actuar a trav�s de Internet. Lo expuesto implica establecer un plazo m�ximo de 60 d�as, absolutamente autom�tico, del que nadie se pueda exceptuar; que cada jefe de servicio presente el programa de readecuaci�n que precisa para someterse a dicho plazo, y que si los asuntos no se resuelven en ese lapso, no s�lo se aplique el silencio administrativo, sino que el jefe del servicio haga dejaci�n de su cargo. Si no hacemos algo de esta envergadura, de esta naturaleza, nunca conseguiremos modernizar y reformar el Estado. Es necesario reemplazar una cultura hist�rica -que viene desde la Colonia; desde los tiempos de los espa�oles-, que es la cultura burocr�tica, por aquella que se necesita en una econom�a globalizada: la cultura emprendedora. Para ello es indispensable una acci�n estrat�gica dr�stica, a partir de la cual se readecue todo lo dem�s. Cualquier otro camino significa un avance gradual. Y el proyecto en debate configura un avance gradual, porque me temo que finalmente, en manos de la burocracia, de nuevo puede terminar en procedimientos muy engorrosos y en plazos bastante m�s largos que los que precisa Chile si quiere ser un actor significativo en la econom�a global. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, el Honorable se�or Foxley expres� muchas de las ideas que yo pensaba se�alar. Adem�s, la propuesta que hizo me parece el camino m�s correcto. Debo aclarar que lo aprobado por las Comisiones unidas no es exactamente lo que ha planteado el Senador se�or Silva. Y la lectura del bolet�n comparado me confirma que el criterio de Su Se�or�a es m�s adecuado que el conjunto de otras disposiciones surgidas aparentemente del debate en ese �rgano t�cnico de las indicaciones a que hizo referencia el Honorable se�or Viera-Gallo, formuladas por �l y por otros se�ores Senadores. En mi concepto, �ste es un proyecto b�sicamente reglamentario. Es preciso recordar que las funciones de la Administraci�n P�blica se encuentran reguladas, en t�rminos generales, en la ley N� 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, donde desde el art�culo 4� al 11 se establece la acci�n de los distintos �rganos que la componen. El art�culo 4� expresa: "El Estado ser� responsable por los da�os que causen los �rganos de la Administraci�n en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.". Esa sola norma ya establece -a mi entender, muy globalmente- la responsabilidad que cabe al Estado en todas las funciones propias del crecimiento y de la acci�n individual o colectiva de los habitantes del pa�s. El art�culo 5� es del tenor siguiente: "Las autoridades y funcionarios deber�n velar por la eficiencia de la Administraci�n, procurando la simplificaci�n y rapidez de los tr�mites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles.". A lo anterior se agrega lo contemplado en el resto de los art�culos citados (hasta el 11), que se refieren a los actos administrativos, a los �rganos de Administraci�n del Estado, a las autoridades y jefaturas, a las autoridades y funcionarios, al r�gimen jerarquizado a que estar� afecto el personal, en fin, a todo un procedimiento global, claro y definido para que la Administraci�n sea eficiente. El se�or ZURITA.- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or R�OS.- Muy bien. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable se�or Zurita. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, a mi juicio, no se puede tener un c�digo adjetivo sin contar con uno sustantivo. El Senador se�or Foxley, como economista, dio en el clavo. La iniciativa fija plazos para reclamar y para resolver. �Para reclamar de qu�? �De la negativa fundada en que falta un informe o un papel? El proyecto constituye un excelente c�digo de procedimiento, pero no tenemos un c�digo sustantivo. El C�digo Civil es un c�digo sustantivo. �Y c�mo se ejercen las acciones para obtener que se cumpla lo que en �l se establece? A trav�s de las normas del C�digo de Procedimiento Civil. La normativa en estudio pretende cumplir un Estatuto Administrativo que posiblemente no sea tan completo como el que se necesita. Constituye un gran avance el valorar el silencio, porque �ste, como fuente creadora de derecho, es excepcional�simo. Eso de que "quien calla otorga" s�lo es v�lido en el lenguaje popular. En Derecho, quien calla rara vez otorga; lo hace cuando la ley lo establece. Si a una persona la llaman a confesar deudas y no va, se entiende que tiene esa deuda. Si en una absoluci�n de posiciones el interesado no acude a responder las preguntas, se dan por contestadas afirmativamente todas las formuladas en forma asertiva. �ste es un gran avance del c�digo adjetivo. Pero coincido con el Senador se�or Foxley. �Vamos a llegar a aplicar este c�digo, si no tenemos d�nde encajonar al que no cumple? Gracias, se�or Presidente. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, la intervenci�n del Senador se�or Zurita se refiere, en realidad a la exposici�n anterior hecha por el Honorable se�or Foxley. Me alegro mucho, en todo caso, de o�r la opini�n del Senador se�or Zurita, porque ahora disponemos de una interpretaci�n m�s amplia y profunda sobre lo que ha expresado el Honorable se�or Foxley, y, en alguna forma, de una interpretaci�n del concepto global establecido en la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, que est�bamos recordando. Por mi parte, concluyo se�alando que esta norma legal busca dos objetivos fundamentales: primero, resolver las materias producto del silencio administrativo; y segundo, los plazos. Esos parecieran ser los dos elementos que dieron origen a este debate. Creo oportuno observar que al agregarse a nuestro an�lisis dos problemas reales y que deben ser resueltos, no hay raz�n alguna para extenderse en un conjunto de asuntos de orden administrativo, sobre los que el Presidente de la Rep�blica tiene potestad al recaer sobre �l la responsabilidad de que la administraci�n se desempe�e con eficiencia. No debemos olvidar que el cuerpo legal que regula la materia, dispone en su art�culo 1� que "El Presidente de la Rep�blica ejerce el gobierno y la administraci�n del Estado", con la colaboraci�n de los �rganos establecidos por la Constituci�n y las leyes. La mencionada Ley Org�nica Constitucional establece m�s adelante: "La Administraci�n del Estado estar� constituida por" los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad P�blica, la Contralor�a General de la Rep�blica, municipalidades, etc�tera. Por tal motivo, las potestades del Presidente de la Rep�blica sobre los �rganos b�sicos y fundamentales (estableci�ndose lo que recordaba sobre el art�culo 4� respecto de la responsabilidad del Estado sobre los da�os que se causen por incumplimiento de la acci�n administrativa) se contienen en una norma que claramente entrega al Jefe del Estado las atribuciones necesarias para ir determinando algunas acciones administrativas, como es el caso de los plazos. Comparto globalmente lo se�alado por el Senador se�or Foxley sobre definici�n de este asunto. Pero, al mismo tiempo, no me parece oportuno �por la experiencia que tengo- que los plazos sean iguales en todos los actos administrativos. �stos, necesariamente, han de ser distintos. Siempre vienen a la memoria (y aqu� se han mencionado) los plazos referidos a los informes de impacto ambiental. �se ha sido el ejemplo m�s recurrente. Efectivamente, en numerosos casos tales informes han terminado extendi�ndose por muchos meses, y en algunas oportunidades, pareciera, por a�os. Es evidente que �ste ha sido un tema distinto al de la resoluci�n de una situaci�n menor en que, de partida, ya existe experiencia en el pa�s (est�n todas las capacidades necesarias repartidas por Chile entero para resolver asuntos determinados de la Administraci�n), en cuanto al ejemplo sobre un estudio de impacto ambiental. Es innegablemente distinto. El Honorable se�or Silva me est� solicitando una interrupci�n, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede concederla Su Se�or�a. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, s�lo quiero se�alarle al se�or Senador que es efectivo que la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica da a �ste, en su calidad de Jefe del Gobierno y de la Administraci�n del Estado, una serie de atribuciones. Pero no debe olvidarse que el n�mero 18) del art�culo 60 de la Constituci�n se�ala expl�citamente "S�lo son materias de ley:... Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci�n p�blica;".Y lo que est� haciendo este proyecto es justamente regular las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci�n. Eso no puede ser materia de la potestad reglamentaria, se�or Presidente, porque se incurrir�a en inconstitucionalidad. De ah� que no son solamente, ni pueden serlo, preocupaciones de un proyecto de esta �ndole los plazos y el silencio, sino tambi�n todos los dem�s aspectos que, afortunadamente, esta iniciativa est� incluyendo con el prop�sito de respetar las normas que establecen que esto ser� materia de ley, y no de potestad reglamentaria. Muchas gracias. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, con mucho respeto -porque se lo tengo al Senador se�or Silva por todo lo versado que es en materias de administraci�n: es profesor universitario en la especialidad, ex Contralor General de la Rep�blica, abogado distinguido de gran experiencia, en fin, son muchas las razones para sentir temor en un debate con Su Se�or�a sobre interpretaci�n-, quisiera agregar un par de ideas para rebatir en cierta forma lo que el se�or Senador se�ala. Concuerdo, obviamente, con lo que precept�a el n�mero 18) del art�culo 60 de la Carta, en cuanto a que, entre las disposiciones que son exclusivamente materia de ley, est�n "Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci�n p�blica;". Y tales bases se encuentran precisamente en la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado. El art�culo 5� de ese cuerpo legal dice: "Las autoridades y funcionarios deber�n velar por la eficiencia de la Administraci�n, procurando la simplificaci�n y rapidez de los tr�mites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. "Los �rganos de la Administraci�n del Estado deber�n cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acci�n, evitando la duplicaci�n o interferencia de funciones.". Desde mi punto de vista, se�or Presidente, la norma constitucional que recuerda el Senador se�or Silva (n�mero 18 del art�culo 60), y la que estoy citando (art�culo 5� de la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, N� 18.575), entregan al Presidente de la Rep�blica facultades reglamentarias para que act�en en plenitud los preceptos que he se�alado. Por eso, se�or Presidente, expreso al Honorable se�or Silva que estoy m�s de acuerdo con la indicaci�n que formul� Su Se�or�a a aquel otro conjunto de normas agregadas por la Comisi�n. Las indicaciones del Senador se�or Silva, en mi opini�n, son m�s definidas, m�s claras: no agregan ese conjunto de otros elementos que terminan complicando la vida. Por ejemplo, el art�culo 4� (entiendo que estamos en la discusi�n general; pero quiero expresarlo en ese car�cter) propuesto por las Comisiones unidas no corresponde a la indicaci�n presentada por el Honorable se�or Silva. Dice: "Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estar� sometido a los principios de escrituraci�n, gratuidad, celeridad, conclusivo, econom�a procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstenci�n, no formalizaci�n, inexcusabilidad, impugnabilidad y publicidad.". Con raz�n, el se�or Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia quiere enviar este proyecto al Colegio de Abogados, para que opine. En verdad, uno tiene que pensar que en definitiva este conjunto de elementos termina complicando lo que ser�a el procedimiento m�s �gil que nosotros requerimos. Voy a votar favorablemente. Sin embargo, me parece que hay dos ideas que deber�an incorporarse, al margen de lo se�alado por el Senador se�or Foxley. La primera est� referida a la responsabilidad que tiene hoy d�a la municipalidad en la recepci�n de documentos formales para las acciones de otros servicios p�blicos en el pa�s. Un ejemplo. La persona que viva en la comuna de Tir�a, ubicada a 180 kil�metros de la capital regional, Concepci�n, tiene derecho a iniciar un tr�mite en la Administraci�n del Estado, concretamente en la Secretar�a Municipal correspondiente a su comuna. Eso est� establecido y se lo permiten, lo que no significa que los plazos que se est�n estableciendo se consideren desde el instante mismo en que se realiza la presentaci�n. Porque no est�n incorporados los aspectos de informaci�n de car�cter electr�nico tan definidamente como se ha se�alado aqu� al poner un ejemplo. Me parece indispensable que se tenga presente �se consider� en un primer proyecto sobre materias administrativas que se envi� al Poder Legislativo hace ya unos siete a�os, y que finalmente no se analiz�- la necesidad de crear los Diarios Oficiales regionales. No es posible que solamente exista uno nacional, que muchas veces, o las m�s de ellas, no llega a conocimiento de los usuarios a lo largo del pa�s. Es indispensable. Existe un conjunto de actos regionales que afectan b�sica y fundamentalmente a una regi�n. No es posible que esos actos sean conocidos s�lo a trav�s del Diario Oficial nacional, que termina siendo un documento que tiene (o trata de tener) difusi�n en todo el pa�s; pero que en ning�n caso completa la informaci�n que requieren los usuarios. Esos dos elementos son fundamentales, adem�s de los se�alados por el Senador se�or Foxley; y la disposici�n que tiene, a mi juicio, el Presidente de la Rep�blica para avanzar en la acci�n administrativa que m�s all� del acto del silencio y de los plazos que deben establecerse, representa hoy d�a este proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, en primer t�rmino, lamento que el se�or Ministro del ramo no est� presente en la Sala, porque, dada la complejidad del debate y la forma como �l se est� llevando a cabo, a varios Senadores nos habr�a gustado que alg�n representante del Ejecutivo, con responsabilidad, aclarase nuestras dudas sobre la iniciativa y se impusiese de lo que aqu� se dice. En segundo lugar, felicito a los Honorables colegas que integraron las Comisiones unidas bajo la diligente direcci�n de la Senadora se�ora Frei, quien trabaj� horas extraordinarias en la discusi�n del proyecto. Adem�s, aunque sea innecesario decirlo, reitero que conf�o profundamente en la sabidur�a y experiencia del Senador se�or Silva, quien en estas materias posee un conocimiento m�s acabado y exhaustivo que cualquiera de los Senadores presentes. Por otra parte, hago m�os los conceptos del Honorable se�or Foxley. Puedo agregar otros ejemplos; pero para no utilizar mucho tiempo, s�lo deseo mencionar dos que, en mi opini�n, son bastante delicados. El primero tiene que ver con la larga e interminable tramitaci�n que afecta a aqu�llos que pretenden utilizar aguas subterr�neas. Porque sencillamente no se les contesta. Es decir, ellos realizan las obras y, por razones A, B o C o por falta de estudios, se les niega el permiso, despu�s de que el interesado ha hecho una inversi�n de 20 � 30 millones de pesos para cavar un pozo. O sea, existe un elemento de poca transparencia. Y deseo dejar constancia de esta situaci�n, porque el primer argumento para aprobar un proyecto de esta naturaleza, cualquiera que sea su complejidad -y al respecto no comparto lo expresado por el Senador se�or R�os, aunque haya sido muy bien dicho-, radica en la importancia de definir ciertas cosas y normar la vida de todos los chilenos. Es posible que no seamos capaces de aplicar todos los t�rminos que aparecen en los art�culos citados con anterioridad. Pero �a qu� apunta la iniciativa? A una mayor transparencia y probidad, y a reducir las tentaciones para impedir que elementos laterales o colaterales, por m�todos no l�citos, tiendan a obtener o paralizar resultados en lo que es funci�n del Estado. Un segundo ejemplo -tambi�n se�alado por el Honorable se�or Foxley- dice relaci�n a la legislaci�n relativa a las municipalidades. Hoy d�a la tranca y gran parte de los problemas que afectan a las personas que quieren realizar inversiones se encuentran en la municipalidad, no en los Ministerios. Es ah� donde se producen casos de corrupci�n y dilaci�n que, en el fondo, comienzan m�s all� de los plazos que fija la Ley General de Urbanismo y Construcciones o de la regulaci�n de las propias municipalidades para otorgar permisos de construcci�n o aprobar proyectos espec�ficos. Es vox populi que esto ocurre en la Regi�n Metropolitana. Y, a mi entender, �se no es un punto menor. El se�or SILVA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or MORENO.- Sin ning�n problema, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, el proyecto que nos ocupa contempla la soluci�n para la inquietud que Su Se�or�a plantea. Aprovecho esta oportunidad para aclarar la duda formulada por el Senador se�or Foxley, en cuanto a si los plazos son s�lo de d�as h�biles y no de meses. La ley dice espec�ficamente que los plazos ser�n de d�as h�biles, de manera que no tiene justificaci�n la inquietud del se�or Senador frente a lo que se propone en el proyecto. El proyecto persigue justamente la soluci�n de ese problema, porque su texto se hace extensivo a los municipios. De manera que toda la cantidad de normas referidas a plazos -de las que Su Se�or�a con fundamento se queja- ser�n solucionadas por esta v�a, porque, en la hip�tesis de que cualquier municipio exceda dichos plazos, autom�ticamente quedar� sometido a las normas sobre regulaci�n del silencio positivo o negativo. Gracias por su interrupci�n, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede continuar el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Deseo hablar ahora en nombre de los m�s pobres, a quienes, al parecer, esta iniciativa no incluye. Porque hemos hablado de inversiones, de proyectos, de solicitudes; en fin, de todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, quiero se�alar que como Senador que representa a gente modesta he recibido a gran n�mero de personas que me han pedido que les apure el tr�mite del c�lculo de sus pensiones. Muchas veces no s� qu� contestar, porque de acuerdo con la computaci�n es posible realizar tal tr�mite objetivamente. Pero, pese a haberse acogido la petici�n de una persona, pasan ocho, diez y hasta doce meses sin que reciba una contestaci�n, sumi�ndola en la m�s angustiosa de las situaciones, pues no tiene a qui�n recurrir ni dispone de los medios econ�micos necesarios para contratar a un abogado. Incluso, si aprobamos la iniciativa, no sabr�a c�mo hacer la reclamaci�n. Ante ese cuadro, se encuentra inerme. El se�or VIERA-GALLO.- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or MORENO.- S�, Su Se�or�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, yo tambi�n represento a muchos pobres -como dir�a el Honorable se�or Moreno-, al igual que la Senadora se�ora Frei y muchos otros. Todos sabemos de estos problemas. El proyecto en an�lisis �aunque no creo que sea una panacea- va a ayudar a resolver los problemas de los pobres, en el sentido de que si al solicitante no le responden en el plazo prefijado, se entender� que su petici�n -de pensi�n, por ejemplo- ha sido rechazada, porque compromete patrimonio fiscal. Pero desde ese momento, podr� reclamar. La ley en proyecto establece con mucha claridad que hay el recurso de reposici�n y el recurso jer�rquico con plazos determinados. Y, por �ltimo, puede recurrir ante los tribunales. Es cierto que toda esa mara�a jur�dica muchas veces no es eficaz, pero no puede culparse de ello a esta iniciativa ni menos se�alarse que los Senadores que trabajamos en las Comisiones no nos preocupamos por los pobres, sino s�lo por las grandes inversiones. Tambi�n nos interesamos, por ejemplo, de que la patente para el almac�n del barrio popular se otorgue dentro del plazo determinado. Es decir, en el proyecto tambi�n se favorece a las PYMES. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede continuar el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, me alegro de que por lo menos a trav�s de las observaciones hechas hayamos incluido en el debate esa parte del problema, sin querer decir con eso que los se�ores Senadores que participaron en las Comisiones no la hayan considerado. Pero, junto con ese ejemplo, quisiera citar otros, como el caso de quienes deben acudir al COMPIN. Pienso que muchos Senadores no saben que se trata de una situaci�n realmente dram�tica. No lo digo con �nimo excluyente. Porque a dicho organismo acuden quienes se encuentran en estado de invalidez y no se les contesta respecto de un simple papel o certificado que requieren para cumplir ciertos tr�mites. En cuanto a quienes mantienen cr�ditos con organismos dependientes del Estado y que piden la renegociaci�n... El se�or FERN�NDEZ.- El Banco del Estado. El se�or MORENO.- Exactamente, el Banco del Estado y otros. Al no recibir respuesta deben recurrir a terceras personas ajenas para tratar de que se les permita renegociar, se les conteste o se les despeje su problema. Un punto de complejidad mayor tiene que ver con el ciudadano o ciudadana que acude a un servicio de salud, porque necesita que lo operen de la vista. Se le contesta que hay hora para el a�o siguiente. S� que tal situaci�n no se podr� solucionar ahora, pero la menciono, porque se relaciona con la calidad de vida de la gente m�s modesta del pa�s. Votar� a favor del proyecto, se�or Presidente, porque pienso que realmente sirve, pero deseo que estas reflexiones tiendan a que en el momento en que lo discutamos en particular, tambi�n expliquemos pedag�gicamente a la gente c�mo pueden ser defendida o protegida por una nueva legislaci�n que aparentemente busca agilizar los procedimientos de la vida cotidiana de las personas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En todo caso, todos los Senadores tendremos oportunidad de aportar estas buenas ideas en el momento en que discutamos el proyecto en particular, de manera de resolver los problemas de la gente. Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, este proyecto es un avance muy importante dentro del Derecho P�blico chileno, al cual ha contribuido en forma determinante el Honorable se�or Silva, el que entre otras cosas es profesor de Derecho Administrativo y quien ha sido un real y valioso aporte, como lo es, por lo dem�s, en todas las iniciativas legales en que interviene. Sin embargo, este proyecto, naturalmente, no va a solucionar todos los problemas administrativos del pa�s. No debe llamarse a enga�o a la opini�n p�blica en ese sentido. �l sistematiza y regula algunas materias; pero, obviamente, los problemas en tal �rea son mucho m�s complejos y no van a ser resueltos adecuada y exclusivamente con su sola aprobaci�n. Algunos se�ores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra hicieron referencia a la COMPIN, a la salud, al Banco del Estado, a las inversiones en general. Yo invito a Sus Se�or�as a que formulen las indicaciones correspondientes dentro del plazo que se fije, porque ellas podr�an solucionar los problemas concretos aqu� planteados. Las reflexiones de tipo general no van a resolver las dificultades administrativas nacionales. No obstante, me parece que nosotros debemos asumir una responsabilidad muy importante, porque muchas veces se recarga a la Administraci�n con tr�mites legales aprobados en el Congreso. Son numerosas las facultades que se dan a los servicios -algunas discrecionales-, demand�ndoles el cumplimiento de ciertos tr�mites, los cuales son exigidos por haberlos establecido las leyes. De tal manera que no corresponde hacer cargos a la Administraci�n y a su personal respecto del funcionamiento de aqu�lla, pues los Gobiernos y el Congreso tienen responsabilidad en la aprobaci�n de numerosas normas que exigen regulaciones. El trabajo realizado en Comisi�n -dirigido en forma muy acertada por la Honorable se�ora Carmen Frei-. en la cual me ha correspondido participar en algunas ocasiones, ha sido muy serio y responsable. Gracias a �l se sistematizan muchos principios administrativos. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar indicaciones. Y, obviamente, si se hacen observaciones que mejoren la iniciativa en todo lo que dice relaci�n a la inversi�n, los que participen en las Comisiones estar�n dispuestos a considerarlas; pero debe tratarse de indicaciones precisas y concretas, porque en los principios, en la mayor celeridad y eficiencia de la Administraci�n y en permitir que las inversiones se hagan en forma m�s acelerada, obviamente que todos estamos de acuerdo. La Administraci�n P�blica es muy compleja y no basta con establecer un par de normas de tipo general para solucionar sus problemas. Por otra parte, aqu� se ha dicho que el proyecto no considera a los pobres, pero me parece que, precisamente, va en beneficio de la gente m�s modesta. Las empresas que hacen grandes inversiones en el pa�s poseen equipos jur�dicos especializados que conocen cabalmente la legislaci�n y adem�s tienen fuertes contactos. En numerosos casos, incluso, parten por entrevistarse con las autoridades superiores del Estado. Obviamente, se encuentran en situaci�n privilegiada respecto de los dem�s. La mayor parte de los tr�mites concebidos en el proyecto apuntan precisamente a la gente m�s modesta, que no est� en condiciones de plantear sus posiciones a trav�s de estudios jur�dicos. Esta iniciativa es muy interesante, pero no es la �ltima que se va a plantear sobre la materia. De hecho, hay otras que abordan temas de la mayor trascendencia. Por ejemplo, una Comisi�n se encuentra trabajando en la consulta efectuada por el Presidente de la Rep�blica acerca de la modernizaci�n del Estado. �ste es un gran tema pendiente. Debemos considerar los alcances del proyecto en debate, el cual, a mi juicio, es extraordinariamente positivo. Sus normas regulan diversas materias, entre otras, las siguientes: consagra legalmente la celeridad y la econom�a procesal, vale decir, exige a la Administraci�n la eliminaci�n de tr�mites innecesarios; dispone que los incidentes no suspenden la tramitaci�n de la causa principal; establece responsabilidad disciplinaria para el funcionario que falte a las normas legales o reglamentarias; declara el principio de publicidad, muy importante para el conocimiento de la actividad de la Administraci�n; estatuye el principio de inexcusabilidad, por el cual la Administraci�n queda obligada a resolver una determinada cuesti�n, evitando de esta manera que un asunto permanezca sin resoluci�n; permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitaci�n de un proyecto, as� como identificar al autor o a los autores de una determinada diligencia, con el fin de exigirles despu�s la correspondiente responsabilidad; determina examinar la forma en que se hallan los documentos en la propia Administraci�n. A este respecto, cabe resaltar que hoy en d�a a la persona que efect�a un tr�mite muchas veces se le pide acompa�ar un documento que ya consta en los expedientes de la Administraci�n. Por lo tanto, el proyecto establece que, frente a esa situaci�n, no debe exigirse al interesado una nueva copia o un tr�mite diverso. De otro lado, se contempla expresamente la utilizaci�n de medios electr�nicos. Naturalmente, la ley no puede obligar a la Administraci�n a emplear medios de los cuales carece; pero, si las autoridades financieras proporcionan con tal fin recursos adecuados en el Presupuesto de la Naci�n, indudablemente la norma va a ser mucho m�s eficiente. En todo caso, el proyecto consagra ciertos principios. En mi opini�n, va a ser necesario analizar con mayor profundidad -probablemente a trav�s de indicaciones- el tema del silencio, salvo cuando �ste afecte el patrimonio fiscal. Me parece que debemos acotarlo, porque, por la simple v�a de se�alar que se encuentra afectado el patrimonio fiscal, puede servir de puerta de escape para muchas situaciones. Sin embargo, afectado o no afectado dicho patrimonio, se trata de una declaraci�n controvertida, raz�n por la cual el silencio, en los t�rminos en que viene planteado, puede verse severamente restringido. Por lo tanto, creo que esta materia merece mayor reflexi�n. Entiendo el alcance de la proposici�n, en cuanto se busca que la mera omisi�n no perjudique los intereses de los chilenos; pero estimo que deber�amos establecer m�s precisi�n sobre el punto para evitar que el silencio sirva de escape o de salida natural en este tipo de situaciones. Se�or Presidente, me parece que estamos en presencia de un proyecto importante, muy bien tratado, que requiere una tramitaci�n r�pida, a fin de que comience a regir cuanto antes. Pienso que, una vez transcurrido el plazo para presentar indicaciones, deber�amos despacharlo a la brevedad, a fin de que pase a la C�mara de Diputados y se convierta pronto en ley, porque muchos de los procedimientos administrativos que hoy en d�a afectan a la gente m�s humilde adolecen de graves defectos que el proyecto soluciona, aunque sea en parte. Por eso, se�or Presidente, le voy a dar mi voto favorable. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en primer t�rmino, deseo destacar la iniciativa y el complemento que ha realizado, por la v�a de las indicaciones sustitutivas, el Senador se�or Silva. En la C�mara Baja, junto con el Diputado se�or Orpis, en su oportunidad intentamos hacer una moci�n en esa misma l�nea, precisamente para regular el silencio administrativo y definir plazos por la v�a de echar abajo algunos tr�mites y no dejarlos en situaci�n indefinida. Como hemos visto en el propio Congreso y tal como se ha mencionado ya en alguna medida, existen cuerpos legales que regulan los plazos y el silencio administrativo. Uno de ellos es la Ley de Bases del Medio Ambiente, que establece plazos bien definidos, al cabo de los cuales, si no se ha dado debida respuesta, en algunos casos se entienden aprobados tr�mites muy importantes. Adem�s, consagra el concepto de "ventanilla �nica" �tal vez la expresi�n no sea la m�s adecuada-, que obliga a un servicio a coordinar al resto dentro de determinados plazos. Esto permite que un servicio coordinador haga el seguimiento de todo el tr�mite. Ahora, las fallas de la Ley de Bases y de proyectos mayores que no se han cristalizado se deben, fundamentalmente, a que ese cuerpo legal no fue seguido de una pol�tica ambiental, a que la normativa qued� trunca en algunos aspectos y a la ausencia de una ley general de ordenamiento territorial. Ello se ha traducido en que importantes proyectos terminen en una suerte de judicializaci�n. En segundo lugar, si queremos resolver a fondo la necesaria modernizaci�n del Estado, tendr�amos que revisar tambi�n la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, ya que el principio de que s�lo se puede hacer lo que la ley ordena para evitar excesos, tambi�n puede atentar en contra. No obstante que debe existir una necesaria coordinaci�n entre los servicios p�blicos, vemos hoy una suerte de compartimentos estancos en lo que concierne a las funciones, por cuanto una persona, por muy profesional que sea y detecte determinadas situaciones, no puede entrar al �mbito de otro servicio porque no le corresponde, lo cual hace que el esfuerzo estatal se malgaste. As�, vemos caminos p�blicos con basura, con cortes de �rboles, con instalaciones que no corresponden, y la autoridad competente �Vialidad- no tiene posibilidad alguna de influir en ello. Lo mismo sucede con los lechos de los r�os. La verdad es que la burocracia en Chile es temida a nivel popular. En todas las �reas se exige tal cantidad de documentos que cuando se logra cumplir con los requisitos, el primero ya se encuentra vencido. A lo anterior se suma la circunstancia de que Chile es un pa�s en el cual se trabaja "demasiado". Cumplimos extensos horarios, sin embargo el resultado es muy bajo, como lo revelan las estad�sticas. El hecho de que la oficina y los tr�mites est�n por sobre la realidad lleva a una suerte de mundo kafkiano que, en mi opini�n, debe ser corregido, y en buena medida el proyecto va por esa l�nea. Ahora, con respecto a los principios y a los procedimientos que se establecen en la iniciativa, que son muy valiosos, creo que la abstenci�n y la inhabilitaci�n en alg�n momento deben tocar el tema de la politizaci�n. Es innegable que la Administraci�n P�blica, por herencia de Gobiernos de distintos colores, es una suerte de carrera pol�tica a la cual se ingresa por la v�a partidista. Ello permite que exista una especie de carrera administrativa casi paralela. Hay un excesivo n�mero de cargos de confianza. No se requiere ser un buen profesional o un funcionario eficiente para ascender. M�s bien se necesita estar en la l�nea de la voluntad del cargo de confianza. Ello conduce a que la Administraci�n del Estado, en general, caiga en una suerte de indolencia, en la que quien poco o nada hace nada teme y, finalmente, no se produzca el profesionalismo que �sta requiere. En mi opini�n �insisto-, el proyecto pone el dedo en la llaga y abre la posibilidad de entrar en otros �mbitos. Obviamente, puede ser perfeccionado por la v�a de las indicaciones. Por ejemplo, la publicidad no necesariamente debe realizarse a trav�s de los diarios oficiales. Muchas veces, al efectuarse mediante las radios y los medios de comunicaci�n local, cuando puede afectarse positiva o negativamente no s�lo a los interesados, sino tambi�n a terceros, se puede complementar en buena forma. En seguida, el hecho de establecer alg�n grado de obligatoriedad en cuanto a que las causas que se llevan a la Administraci�n P�blica deban contemplar una visita a terreno, hace que de alg�n modo los funcionarios no necesariamente se enteren de los problemas exclusivamente a trav�s de los documentos. La verdad es que �stos jam�s van a reflejar la realidad. En algunas leyes ya se han incorporado las visitas a terreno. Por ejemplo, cuando se trata de sanear un t�tulo, es una instancia obligatoria. Creo que con ese tipo de procedimientos tambi�n lograremos reducir la excesiva jerarqu�a de la oficina y de los tr�mites con respecto a la realidad. En resumen, junto con destacar lo positivo de la iniciativa anuncio que votar� a favor de ella y que presentaremos las indicaciones correspondientes. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra, �ltimo inscrito. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, el desarrollo del debate pone en evidencia que es necesario hacer un esfuerzo para aclarar bien la naturaleza y el alcance del proyecto, pues si no se tiene claridad en esa materia, las indicaciones pueden a la larga orientarse equivocadamente. Hay una primera cuesti�n que me parece fundamental. Se ha dicho que la iniciativa tiene car�cter supletorio respecto de otras normas que ya fueron dictadas y est�n vigentes entre nosotros. No participo de ese criterio. Desde mi punto de vista, lo que hace el proyecto es establecer un procedimiento de alcance general en todo el �mbito administrativo a que se refiere el art�culo 1� del texto. Lo que no hace el proyecto es derogar expresa ni t�citamente los procedimientos actualmente vigentes. De manera que este procedimiento general va a regir en defecto de procedimientos especiales actualmente establecidos y que, como acabo de manifestar, mantienen su vigencia. Este punto es extraordinariamente importante a prop�sito, en particular, de la intervenci�n del Honorable se�or Foxley, pues si la ley que se pretende dictar tiene car�cter supletorio, vendr�a a llenar vac�os respecto de los procedimientos que hoy est�n establecidos. Pero si por el contrario lo que hace es establecer simplemente un procedimiento diferenciado, que opera en todos aquellos casos en que no hay procedimientos especiales, evidentemente, los dem�s procedimientos se mantendr�n in �ntegrum. Reitero que lo que el proyecto hace es consagrar un procedimiento nuevo, que coexiste con los procedimientos especiales a que me he referido. Perm�taseme poner un ejemplo en una materia particularmente sensible. Procedimientos muy reglamentados en el campo administrativo son los propios de la administraci�n fiscalizadora; en particular, los de la administraci�n tributaria, los que realiza el Servicio de Impuestos Internos cuando fiscaliza a un determinado contribuyente. A trav�s de las normas que se est�n proponiendo, las disposiciones del C�digo Tributario no est�n siendo alteradas, no obstante ser muy criticables. Muchas veces, el Servicio de Impuestos Internos, por no existir plazos dentro del amplio plazo de caducidad de que dispone para realizar los actos de fiscalizaci�n, puede efectuar los que establece el C�digo sin observar determinados plazos. Es decir, puede mantener fiscalizado a un contribuyente durante un largo per�odo de tiempo con la consiguiente inseguridad jur�dica para �l. Si se le quiere dar a la iniciativa un car�cter derogatorio o supletorio, es bueno decirlo de manera expresa. Evidentemente, en ese entendido, el alcance de ella quedar� mucho m�s claro. En segundo lugar, debo hacer presente que todos participamos de la idea de dar m�xima celeridad a la actividad de la Administraci�n, pero tambi�n es una preocupaci�n generalizada en el pa�s el que sus actos se ajusten a derecho y sean adem�s t�cnicamente bien concebidos, a fin de que su eficacia sea la que la comunidad espera. Sobre la Administraci�n pesa no s�lo la fiscalizaci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica, sino tambi�n el control social y pol�tico. Cada vez que ella incurre en alg�n error, �ste es representado y se le atribuye muchas veces intencionalidades absolutamente ajenas a quien realiza el acto. Por eso, es necesario equilibrar y conciliar la satisfacci�n a la pretensi�n de los particulares que est�n ejerciendo sus derechos con la forma en que la Administraci�n debe actuar en el marco del Estado de Derecho, con actos y resoluciones bien concebidos y que se ajusten plenamente a la ley y a los principios jur�dicos fundamentales. Por �ltimo, quiero destacar que el proyecto, adem�s de los que aqu� se han se�alado, va a tener un efecto extraordinariamente importante en nuestra vida jur�dica. Con demasiada frecuencia los administrados recurren al recurso de protecci�n para buscar amparo a sus derechos y garant�as constitucionales, y no s�lo frente a actos, sino tambi�n a omisiones de la Administraci�n. La dictaci�n de esta ley en proyecto va a permitir ordenar esta materia. Pero como muy bien se�al� su autor, el Honorable se�or Silva, tiene un correlato necesario, que es la creaci�n de los tribunales administrativos y la dictaci�n de las normas que regulen el contencioso administrativo. En consecuencia, hay un esfuerzo mayor por realizar, no s�lo porque estas otras iniciativas son fundamentales, sino por lo que se�al� en la primera parte de mi intervenci�n, en el sentido de que, sin duda, ser� necesario formular indicaciones para conseguir el prop�sito aludido. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como no hay m�s inscritos se dar� por cerrado el debate. En votaci�n. El se�or HOFFMANN (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 35 se�ores Senadores. Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, D�ez, Fern�ndez, Foxley, Frei (do�a Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Moreno, Novoa, N��ez, Ominami, P�ez, Parra, Prat, R�os, Ruiz (don Jos�), Sabag, Silva, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo), Zald�var (don Andr�s) y Zurita. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijar� como plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el 30 de octubre, a las 12. As� se acuerda. SESI�N SECRETA --Se constituy� la Sala en sesi�n secreta a las 18:8, y adopt� resoluci�n sobre la solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a de do�a Carmen Rosa Herrera L�pez y de don Sergio Ignacio Guti�rrez Carrasco. --Se reanud� la sesi�n p�blica a las 18:14. )-------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la sesi�n p�blica. Terminado el Orden del D�a. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )-----------------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or BOMBAL: Al se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, tocante a TOPE DE GRADOS RESPECTO DE PROFESIONES DEDICADAS A SALUD P�BLICA (REITERACI�N DE OFICIO). Del se�or CANESSA: Al se�or Ministro del Interior, sobre APLICACI�N A MIEMBROS DE FUERZAS ARMADAS DE BENEFICIOS DE LEY N� 19.123 (REITERACI�N DE OFICIO). Del se�or HORVATH: Al se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social, atinente a HABILITACI�N DE LOCALES DE PAGO DE PENSIONES EN SECTORES POPULOSOS. Del se�or LAGOS: A Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sobre ANGUSTIANTE SITUACI�N DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA "GUARDIAMARINA RIQUELME" Y DESTINO DE AQU�LLA Y DEL MUELLE DEL MISMO NOMBRE, y al se�or Ministro de la Vivienda y Urbanismo, acerca de DIFICULTADES DE POBLADORES DE LA NEGRA Y LA PAMPA POR APLICACI�N DE PLAN INTEGRAL EN ALTO HOSPICIO (todos de la Primera Regi�n). Del se�or MORENO: A la se�ora Ministra de Educaci�n, sobre ASIGNACI�N DE DESEMPE�O EN CONDICIONES DIF�CILES A EDUCADORES DIFERENCIALES. Del se�or N��EZ: A la se�ora Ministra de Educaci�n, acerca de IMPLEMENTACI�N DE PROGRAMAS DE EDUCACI�N SEXUAL (TERCERA REGI�N). Del se�or ROMERO: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, acerca de PROPUESTA SOBRE CONSTRUCCI�N DE EMBALSE PRECORDILLERANO DE R�O ACONCAGUA, y al se�or Director de Presupuestos, relativo a PROLONGACI�N FERROVIARIA DE LIMACHE A QUILLOTA Y LA CALERA, y en cuanto a ESTUDIOS SOBRE TREN TRASANDINO LOS ANDES-MENDOZA. (ambos de la Quinta Regi�n). Del se�or STANGE: Al se�or Ministro Secretario General de Gobierno, sobre VULNERACI�N DE DERECHOS LABORALES POR APLICACI�N DE LEY N� 19.712; a la se�ora Ministra de Educaci�n, respecto de DEFICIENCIAS DE ESTRUCTURA Y PROBLEMAS DE SALUBRIDAD EN ESCUELA RURAL "DORILA AGUILA AGUILAR", y al se�or Ministro de Obras P�blicas tocante a SITUACI�N QUE AFECTA A CENTRO DE ESQU� "ANTILLANCA" (ambos de la D�cima Regi�n). )---------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Incidentes, el Comit� Institucionales 2 ha cedido su tiempo al Senador se�or Viera-Gallo, quien tiene la palabra. EVENTUAL LICITACI�N A EMPRESA PRIVADA PARA CREACI�N DE BANCO DE DATOS DE INFRACTORES A LEY DE TR�NSITO. OFICIOS El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, en forma muy breve, deseo plantear una inquietud surgida en la opini�n p�blica. Se ha difundido la idea -me parece que del Ministerio de Obras P�blicas- de licitar a una empresa privada la conformaci�n de un banco de datos de todas las infracciones cursadas por inspectores municipales a los autom�viles mal estacionados, de tal manera que cuando el pr�ximo a�o el due�o del veh�culo vaya a cancelar el permiso de circulaci�n, tendr�a que hacerse cargo de esos partes. Al respecto, debo recordar que seg�n la ley N� 19.628, sobre protecci�n de datos de car�cter personal, s�lo pueden tratarse en forma electr�nica o manual y constituir un banco de datos de personas cuando la ley lo autoriza o cuando el titular consiente en ello. En el caso de los datos tratados por los organismos p�blicos, el art�culo 20 dispone que "El tratamiento de datos personales por parte de un organismo p�blico s�lo podr� efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeci�n a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitar� el consentimiento del titular.". �Cu�les son �stas? Primero, que en ello tenga competencia el respectivo Ministerio. No veo que el de Obras P�blicas tenga algo que ver con los partes cursados por los inspectores municipales por mal estacionamiento. Y, segundo, debe haber una ley que lo autorice. Yo, por lo menos, desconozco que ese Ministerio disponga de una facultad legal espec�fica para echar a andar un banco de datos de esta naturaleza. De modo que, a primera vista, pareciera que esa repartici�n estatal no podr�a en este sentido favorecer a una empresa privada. Si lo hace, estar�a infringiendo la ley. �Y qu� significa eso? Que las personas afectadas pueden, en primer t�rmino, recurrir ante el juez de letra en lo civil del domicilio del responsable, en un procedimiento bastante r�pido, para pedir que se borre su nombre de ese banco de datos. Adem�s, el que infringe la ley, aunque sea un organismo p�blico, tiene que reparar el da�o causado, que, en este caso, consistir�a justamente en el monto del parte. Por consiguiente, pido que se oficie en mi nombre a los Ministros de Obras P�blicas y del Interior (porque entiendo que �ste, a trav�s de las SUBDERE, se relaciona con los municipios), haci�ndoles ver que el Gobierno no puede llevar adelante la licitaci�n a una empresa privada para que confeccione datos de infractores de partes municipales, si no existe una ley que lo autorice. Cosa muy distinta ser�a que �ste enviara una iniciativa legal al Parlamento con este objeto. Se�or Presidente, hago presente tal situaci�n porque no quisiera que, por desconocimiento de la ley, el Gobierno sufriera un traspi� en esta materia. No voy a pronunciarme sobre el fondo del asunto, es decir, si resulta conveniente o no que exista tal banco de datos. Pero no me parece posible, a trav�s de la confecci�n de un banco de datos no autorizado por ley, vincularla infracci�n de una norma del tr�nsito con el pago de la patente. Porque, entre otras circunstancias, puede ocurrir que quien cometi� la infracci�n no sea el due�o del auto, de manera que �ste, que pudo haberlo prestado (hay tantas circunstancias factibles), al final se vea perjudicado en su patrimonio, al tener que responder por infracciones que no son de su responsabilidad. Por ello, solicito que los oficios contengan tambi�n esta intervenci�n, a fin de que tanto el Ministro de Obras P�blicas como el del Interior comprueben si est�n facultados o no, conforme a la ley N� 19.628, para llevar adelante la propuesta que ha sido difundida, al menos en forma muy publicitada y debatida, en la prensa nacional. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece al Senado, los oficios que solicit� Su Se�or�a se enviar�n en nombre de todos los Senadores aqu� presentes. Acordado. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento, con la adhesi�n de los se�ores Senadores presentes El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En seguida, corresponde el tiempo del Comit� Mixto, que no har� uso de �l. El turno que sigue pertenece al Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or LAVANDERO.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. RESPUESTA A OBSERVACIONES DE FUNCIONARIOS P�BLICOS SOBRE TRABAJO DE PARLAMENTARIOS, EXPERTOS Y ECONOMISTAS EN CUANTO A SITUACI�N DEL COBRE CHILENO. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, con mucha sorpresa me he enterado que en el diario La Naci�n, en la secci�n "Legales y Negocios", algunos funcionarios p�blicos se han referido en forma muy descomedida a Senadores, Diputados, expertos y economistas que hemos trabajado desde largo tiempo en el tema del cobre. En esta oportunidad, quisiera no solamente responder esas observaciones, sino justificar mi inter�s por esta materia, al igual que en el pasado lo hiciera Radomiro Tomic. Creo que precisamente ahora, cuando analizamos la Ley de Presupuestos, discutimos en el fondo c�mo son distribuidos los pocos recursos de que dispone el Estado para resolver los grandes problemas que d�a tras d�a deben sortear, en la pr�ctica, la clase media, los trabajadores, e indudablemente, los m�s pobres. Por eso, es importante que se sepa que por la falta de recursos, se postergan o se realizan lentamente las reformas que muchas veces la gente exige de manera apremiante. Y el Estado debe llevarlas a cabo s�lo en la medida que disponga de los recursos, o bien -como he se�alado eufem�sticamente- "desvistiendo a un santo pobre para vestir a otro santo pobre". �sta es, en el fondo, la gran pugna pol�tica entre la Derecha y nosotros: si el avance y modernizaci�n lo hacemos hoy o lo postergamos para otras generaciones, como preconizan algunos sectores pol�ticos m�s proclives a los grupos empresariales, que pretenden obtener m�ximas utilidades, con el menor pago de impuestos y los m�s bajos salarios posibles. Porque nadie puede discutir la necesidad de contar con hospitales, policl�nicas y postas, ni tampoco si es necesario construir m�s casas para los comit�s de allegados, o invertir en m�s educaci�n y mejores jubilaciones, tareas que, evidentemente, s�lo podr�an materializarse si el Estado tuviera m�s recursos. Hoy d�a -como dije hace alg�n momento-, para atender a los 15 millones de chilenos el Estado dispone �nicamente del 20 por ciento del Producto, pues el 80 por ciento restante queda en manos privadas, que muchas veces ni siquiera pagan impuestos. �se es el tema. La principal riqueza de nuestro pa�s es el cobre y puede cumplir con el rol de entregar m�s recursos. En un extremo, los empresarios pugnan por sus utilidades, y en el otro, el sector mayoritario, compuesto por empleados y trabajadores, por m�s inversiones y cambios. De all�, desde hace ya cinco o seis a�os, mi inter�s en la materia. Por cierto, he tenido que profundizar mis conocimientos y estudiar minuciosamente el tema para poder enfrentar este problema. Por eso, me entristece que funcionarios p�blicos, en vez de referirse a los grandes temas que planteo, lo singularicen en mi persona o en quienes defienden una posici�n de esta naturaleza, y que estas publicaciones en La Naci�n y en el �rea minera de El Mostrador puedan contener algunos t�rminos tan peyorativos y descalificatorios en lo personal, sin que en modo alguno contesten derechamente y con argumentos de fondo los grandes temas que muchos de nosotros hemos planteado. Pero los hechos hablan por s� mismos. Si Chile pierde tantos millones de d�lares con las mineras extranjeras es porque tienen a su servicio no s�lo asesores privados, como el se�or Marco Arellano, sino tambi�n autoridades de Gobierno o de empresas del Estado. Estos "expertos", en vez de defender los leg�timos intereses de nuestro pa�s en el cobre, apoyan a las multinacionales mineras. Y como no disponen de argumentos v�lidos, deben limitarse a cubrir de dicterios a los que pensamos en forma diferente, sin que jam�s -repito-, ni privada ni p�blicamente, nos hayamos referido a ellos. Entre las falsedades a las que recurre el se�or Herrera - cito textualmente al Vicepresidente de CODELCO- est� lo siguiente: "La mayor parte de estas empresas mineras est�n endeudadas con los bancos y no con sus filiales". Afirmaci�n cuya falsedad queda comprobada al advertir que la ley contra la evasi�n tributaria �comentada en parte en el mismo reportaje de "La Naci�n- legisl� precisamente para limitar el endeudamiento de las empresas extranjeras con filiales financieras de sus casas matrices domiciliadas, adem�s, en para�sos tributarios. Es lamentable que un Vicepresidente de la principal empresa del Estado pareciera estar al servicio de mineras extranjeras privadas argumentando incluso razones carentes de veracidad. Son superficiales tambi�n las afirmaciones del se�or Herrera al sostener que "Chile realiza una discriminaci�n positiva hacia el sector minero del r�gimen tributario en los �ltimos 15 a�os y lo diferencia de todos los otros sectores de la actividad econ�mica para favorecer las inversiones.". �C�mo es posible que el se�or Herrera ostente el cargo de Vicepresidente de Administraci�n y Finanzas de CODELCO, si no sabe que en Chile la legislaci�n tributaria, sobre todo la de la renta, es �nica y se aplica a todas las empresas existentes en el pa�s, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, y no existe, en consecuencia, discriminaci�n positiva a favor del minero! Tampoco es posible sostener, como lo hace en sus pedestres afirmaciones -y utilizo el mismo calificativo que atribuy� a las m�as el "doctor tributario", se�or Marco Arellano-, que la falta de tributaci�n de las empresas extranjeras se deber�a s�lo a una adecuada planificaci�n impositiva, puesto que ello se debe principalmente a la evasi�n de impuestos mediante la venta a menor precio a casas comercializadoras de la misma matriz (precios de transferencia), situadas adem�s en para�sos fiscales, a pesar de que esta pr�ctica est� penada desde hace m�s de 30 a�os por la Ley de la Renta, espec�ficamente por la ley N� 19.503. �Es �ste el tipo de evasi�n que le planifican los doctores en derecho tributario a las empresas extranjeras? Otra forma de evadir y eludir impuestos por parte de las mineras extranjeras est� basada en la permisividad de las autoridades de Gobierno encargadas de fiscalizarlas. Por ejemplo, la de COCHILCO, que debe autorizar los contratos de venta de cobre al exterior de todas las empresas mineras, a pesar de las m�ltiples peticiones realizadas desde el Senado, se ha negado a publicar las exportaciones de las mineras extranjeras, precisamente, para que los Parlamentarios y la opini�n p�blica en general no se enteren de los precios de transferencia, entre 15 y 25 por ciento inferiores a los de la Bolsa de Metales de Londres, siendo esta pr�ctica la principal causa por la que dichas empresas declaran p�rdidas y no pagan impuesto a la renta en Chile. Cabe preguntarse al respecto c�mo es posible que COCHILCO oculte tales informaciones, al igual como lo hacen algunos organismos fiscalizadores del Estado. La respuesta es simple: no s�lo en CODELCO existen funcionarios como el se�or Juan Eduardo Herrera; tambi�n los hay en la COCHILCO y en el Ministerio de Miner�a, los que en lugar de defender los intereses de CODELCO o del pa�s, parecieran -digo yo- estar s�lo al servicio de los intereses de las empresas extranjeras. Como consecuencia de lo anterior, ciertos servicios del Estado, como Aduanas e Impuestos internos, no obstante su alto inter�s, no disponen de los antecedentes, ni de los fiscalizadores, ni de los recursos para auditar a dichas empresas. Muchos de esos funcionarios han estado largo tiempo al servicio de las mineras extranjeras y, posteriormente, desempe�an por alg�n tiempo tareas de Gobierno o ingresan a empresas estatales, como CODELCO y ENAMI, para volver nuevamente al sector privado. Al parecer, llegan s�lo en comisi�n de servicio a la administraci�n de entes estatales o a reparticiones de Gobierno y, una vez cumplida su misi�n, retornan al sector privado. Es la permisividad y complicidad de estos "misioneros" la que permite la evasi�n y elusi�n tributaria de las mineras extranjeras, y no la excelencia de su planificaci�n tributaria. La pol�tica originada por estas interesadas influencias -insisto- ha perjudicado a Chile y a CODELCO, al permitir que 44 de las 47 empresas privadas productoras de cobre sostenidamente declaren p�rdidas para no pagar impuestos en Chile, seg�n un oficio del Servicio de Impuestos Internos. En este sentido, me pregunto c�mo es posible que tanto el se�or Juan Eduardo Herrera como don Marco Arellano, defensores de las pol�ticas extremas de las multinacionales extranjeras, se atrevan a negar o a justificar que La Disputada de Las Condes, filial de Exxon, durante 23 a�os declare p�rdidas; o que Barrick Gold, propietaria del mineral El Indio, haga lo propio durante 15 a�os para no pagar impuestos en Chile. Cabe agregar que ninguna de las grandes empresas privadas extranjeras que explotan la gran miner�a de Chile tiene en sus propios pa�ses una pol�tica tan injusta, permisiva y da�ina en esta materia para sus respectivos estados. El �ltimo que exhib�a pol�ticas similares a las nuestras fue Per�, debido a la preocupaci�n internacional que le gener� Sendero Luminoso, pero hace seis meses fueron derogadas las disposiciones que Chile a�n mantiene. Actualmente, todas las empresas tributan; y adem�s, por explotar recursos no renovables, pagan regal�as o derechos sobre los minerales que extraen. �De qu� competencia leal se habla si tanto en Jap�n como en Indonesia y Estados Unidos se subsidia la refinaci�n del mineral entre tres y un centavo de d�lar por libra de cobre, en contra de nuestros intereses, para que nuestro cobre finalmente no sea refinado en Chile? No es con t�rminos descalificatorios en mi contra o hacia mis asesores que los se�ores Herrera y Arellano pueden desvirtuar nuestras afirmaciones. Tendr�an que hacerlo desmintiendo las cifras y argumentaciones que hemos proporcionado, lo que pr�cticamente es imposible. Porque no veo c�mo podr�an desmentir que La Disputada, El Indio y, en general, pr�cticamente todas las empresas extranjeras del cobre, a excepci�n de tres, no pagan impuestos. O desmentir que por causa de la sobreproducci�n generada por la inversi�n extranjera, el precio del metal haya disminuido de 1,5 d�lares, en 1989, en valores actuales, a s�lo 63 centavos de d�lar en la actualidad, generando miles de millones de p�rdida al fisco chileno. Ante esta aplastante realidad, para defender a sus queridas multinacionales mineras, a los se�ores Juan Eduardo Herrera y Marco Arellano s�lo les queda plantear argumentos especiosos, falsear algunos hechos, la diatriba y la descalificaci�n. Por eso, se�or Presidente, me resulta incre�ble que el se�or Herrera -que est� para defender en el mercado al cobre chileno- reduzca el mercado s�lo a la demanda, olvidando la oferta de producci�n de cobre. Tal omisi�n es m�s grave aun si se piensa que Chile es productor y oferente de dicho metal, el cual -repito- se transa hoy d�a en poco m�s de 63 centavos de d�lar y sus precios los �ltimos cuatro a�os han sido los m�s malos del siglo. Ello se debe, en primer lugar �reitero-, a la sobreproducci�n mundial desde Chile; es decir, a la oferta que olvida el se�or Herrera. El problema de sobreproducci�n se agrava por la disminuci�n de la demanda debido a la baja en los niveles de actividad en Estados Unidos y en el mundo, ya antes de los atentados terroristas, lo que ha llevado claramente a una recesi�n mundial. Los errores sistem�ticos de COCHILCO y de funcionarios de Ministerios relacionados con el cobre nos han recordado la siguiente formulaci�n del acad�mico norteamericano Noam Chomsky en relaci�n a los intelectuales en el poder: "Ese tipo de gente es muy arrogante. Piensan que lo entienden todo y son muy peligrosos cuando se acercan al poder. Y las razones son obvias. Si cometen un error, tienen un problema, porque se les dio un puesto en el poder por su supuesta competencia e inteligencia. Entonces, �c�mo pueden equivocarse? Por lo mismo, tienden a perseverar en sus errores.". Los errores sistem�ticos de esos personeros, como el se�or Juan Eduardo Herrera, han perjudicado enormemente a la sociedad chilena y a la Concertaci�n, y, sin embargo, muchos no se atreven a decir nada seguramente por los altos intereses econ�micos involucrados. Creo que ha llegado la hora de continuar diciendo la verdad, para que ella sea conocida por todos los chilenos. Quiero, se�or Presidente, que estas observaciones se env�en a los se�ores Ministros de Miner�a y de Hacienda, al Vicepresidente de CODELCO y, por cierto, a los diarios "La Naci�n" y "El Mostrador" de Internet, en su �rea relativa a la miner�a. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. PRONTA ENTREGA DE VIVIENDAS EN SECTOR ESCUELA AGR�COLA, (AIS�N). OFICIO El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en primer lugar me referir� brevemente a una situaci�n bastante grave relacionada con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la Regi�n de Ais�n, particularmente en el sector Escuela Agr�cola, se construy� una nueva poblaci�n utilizando t�cnicas novedosas, con dise�o muy atractivo, cuyas viviendas parecen de otro pa�s por su excelente calidad. Obviamente, las familias adjudicatarias, que se encuentran m�s que entusiasmadas, pretenden vivir en ellas. Y aun cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se comprometi� a entregar m�s 200 viviendas, en mayo del presente a�o s�lo alrededor de 60 las recibieron, quedando pendientes 144 para septiembre. El sector fue visitado en invierno, entre otras autoridades, por el Ministro se�or Jaime Ravinet y el propio Primer Mandatario, quienes ratificaron p�blicamente el compromiso inicial, agregando algunos adelantos comunitarios. La Empresa IMC, que est� a cargo de las obras, al parecer quebr�. Vi las casas y se encuentran en condiciones de ser habitadas. Las obras pendientes son m�nimas y tal vez podr�an realizarse en forma paralela con cargo a las garant�as que debe tener todo contrato en el sistema p�blico. Las 144 familias adjudicatarias han recibido una preocupante informaci�n por parte del sector jur�dico del Ministerio, en el sentido de que la entrega de las casas no ser� en breve plazo, la que en ciertos casos se postergar�a por algunos a�os. A lo anterior se suma el hecho de que las viviendas est�n abiertas, aunque algunas personas las cuidan. Adem�s, perciben que sus ingresos se ver�n menoscabados, por cuanto deber�n continuar en su actual condici�n de allegados o pagando arriendo o sujetos a otras f�rmulas para resolver sus problemas habitacionales. Creo que se trata de una situaci�n grave, dado el compromiso asumido por la autoridad. Por lo tanto, solicito oficiar al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo con el objeto de que se lleve a cabo una investigaci�n sobre el particular, se entreguen los antecedentes del caso y se busque la forma legal de superar el problema, de manera de entregar las casas dentro de un mes, lo cual es por completo factible desde el punto de vista f�sico. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. DETERIORO DE EJE VIAL EN REGI�N DE AIS�N. OFICIO El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, con bastante sorpresa hemos presenciado a lo largo de los �ltimos diez a�os el grado de abandono en que se encuentra el principal camino pavimentado (y eje vial de la Regi�n de Ais�n) entre Coihaique, Puerto Ais�n y Chacabuco. La verdad es que el Ministerio de Obras P�blicas ha licitado en varias ocasiones su mantenci�n y cuidado preventivo, pero no ha funcionado. Los sistemas de drenaje no est�n operativos; el pavimento tiene las junturas desprotegidas; el agua llega a sus bases, por lo que hay tramos que se est�n descolgando; y debido al tr�nsito pesado a que el camino es sometido, se ha ido rompiendo en forma bastante r�pida. (Esta situaci�n contrasta con la ruta entre Balmaceda y Coihaique, pavimentada mucho antes). Su grado de abandono no guarda ning�n grado de comparaci�n. Y a pesar de haberse realizado una inversi�n millonaria, requiere una reparaci�n urgente, aunque tal vez a estas alturas sea un poco tarde. Por ello, solicito oficiar al Ministro de Obras P�blicas para que resuelva la situaci�n descrita e informe las causas del abandono de esa importante v�a de la zona austral. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento ORDENAMIENTO DE PESQUER�AS BENT�NICA Y DEMERSAL EN D�CIMA Y UND�CIMA REGIONES. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en �ltimo t�rmino deseo referirme a los problemas que afectan a los pescadores artesanales y buzos mariscadores de la Regi�n de Ais�n respecto de sus similares de la Regi�n de Los Lagos. Uno de ellos guarda relaci�n con los recursos bent�nicos de la Und�cima Regi�n, a los cuales la Subsecretar�a de Pesca ha posibilitado el acceso, mediante la declaraci�n de zona contigua, de los interesados de D�cima Regi�n, sin estudios que avalen esa medida y, por el contrario, con antecedentes del Instituto de Fomento Pesquero relativos a que algunos recursos, como el erizo, se extraen en buena medida ilegalmente y, adem�s, en porcentajes de captura bajo la talla m�nima que sobrepasan el 40 por ciento. Los pescadores artesanales y los buzos mariscadores de la Regi�n de Ais�n, entendiendo la necesidad social de los pescadores de la Isla de Chilo�, han aceptado el ingreso de los del sector de Quell�n, lo que representa un esfuerzo no menor, porque su n�mero tal vez los supera en un porcentaje mayor que el ciento por ciento. Sin embargo, solicitan que el acceso se realice en forma ordenada, bien fiscalizada, por acuerdo entre las partes y con las respectivas sanciones de la autoridad de pesca. En caso de abrirse esa posibilidad mediante la declaraci�n de zona contigua, miles de pescadores entrar�an sin fiscalizaci�n -como de hecho ocurre-, y el eventual agotamiento de los recursos afectar�a no s�lo a los pescadores de la Regi�n de Ais�n, sino que a los propios buzos mariscadores de la D�cima Regi�n. Por lo dem�s, deber�a existir un sentido m�nimo de equidad respecto de los que viven en condiciones aisladas durante todo el a�o, que no tienen por qu�, con la misma facilidad, compartir sus recursos con aquellos que vienen a extraerlos s�lo en breves per�odos. Una situaci�n similar vive la pesquer�a demersal: la merluza austral -de gran valor-, tambi�n ha experimentado un grave deterioro en cuanto a su cantidad y calidad. Sobre el particular, llama la atenci�n que no se est�n cumpliendo normas establecidas en la ley y en decretos emanados de la Subsecretar�a de Pesca, que respecto de estas dos Regiones fijan cuotas globales anuales de captura, con fracciones y subdivisiones de ella. En el caso de la D�cima Regi�n, mediante decreto N� 458 exento, de 4 de enero de 2001, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, se fija la cuota global de 5 mil 400 toneladas desde el paralelo 41� 28, 6� de latitud sur al l�mite sur de la D�cima Regi�n. El art�culo 3� del mismo decreto dispone que "En el caso de que las cuotas establecidas en el art�culo 1� sean extra�das antes del t�rmino del respectivo per�odo, se deber�n suspender las actividades extractivas correspondientes, entendi�ndose que desde ese momento el recurso se encuentra en veda,". Recabadas distintas fuentes de informaci�n, se observa que a fines de julio las capturas desembarcadas alcanzar�an a 4 mil 539 toneladas. Mediante resoluci�n N� 1616, de 2 agosto, se autoriz� una pesca de investigaci�n que permiti� la extracci�n de 291 toneladas; y el 11 de septiembre la Subsecretar�a de Pesca, por resoluci�n N� 1931, concedi� una nueva cuota de investigaci�n para capturar 300 toneladas en la zona de Puerto Montt, Hualaihu� y Calbuco; y para Chilo� y Palena, mediante resoluci�n N� 2041, se otorg� una cuota de 90 toneladas. El problema surge porque en septiembre los desembarques de la especie superan casi tres veces lo autorizado: Hualaihu�, 410 toneladas; Puerto Montt y Calbuco, 330 toneladas, y se supone que en Chilo� ser� una cantidad mayor. Por lo tanto, la suma total de captura sobrepasa las 5 mil 748 toneladas. Entonces, de acuerdo con el respectivo decreto, se entender�a que el recurso entrar�a en veda a partir de octubre, sancion�ndose la sobrepesca. Lo descrito no s�lo genera un claro desorden administrativo, sino tambi�n, en momentos puntuales, un exceso de oferta de pescado fresco, lo que reduce los precios, afectando a los pescadores de la D�cima Regi�n, y tambi�n a los de la Regi�n de Ais�n, que s� han desarrollado su actividad en forma ordenada, ajust�ndose a las cuotas asignadas. Adem�s, antecedentes de que disponemos indican que la sobrecaptura reduce la talla de los peces, perjudicando la calidad y la futura mantenci�n del recurso. La autoridad, inexplicablemente, en vez de apoyar el ordenamiento premia el desorden, que se traduce en movilizaciones sociales y en presiones de la m�s variada �ndole, lo que demuestra que la actividad no est� funcionando bien. En consecuencia, solicito que, en mi nombre, se oficie al Servicio Nacional de Pesca, a la Subsecretar�a de Pesca y a la Contralor�a General de la Rep�blica, para que proporcionen todos los antecedentes de que disponen sobre la materia, con el objeto de buscar una f�rmula que permita regionalizar los recursos, regularizar los registros de pescadores artesanales, evitar que el problema siga ocurriendo y sancionar a quienes lo han permitido. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 18:48. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n