REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 344�, ORDINARIA Sesi�n 25�, en mi�rcoles 22 de agosto de 2001 Ordinaria (De 16:19 a 17:42) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que modifica el art�culo 58 de la ley N� 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, a fin de compatibilizar actividad docente y profesional de funcionarios p�blicos (2719-07) (se aprueba en general y particular)........ Proyecto de ley, en primer tr�mite, que regula la responsabilidad de directores y limita indemnizaciones en empresas del Estado (2593-03) (se aprueba en general) Proyecto de ley, en primer tr�mite, que regula uso de perros gu�as, de se�al o de servicio, por personas con discapacidad (2595-11) (se aprueba en particular) Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que extiende �mbito de aplicaci�n de normas que sancionan procedimientos de cobranzas ilegales (2490-07) (se aprueba su informe) VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) P�rdida de rentabilidad y alto costo de administraci�n en AFP. Oficios (observaciones del se�or Lavandero) Posible emplazamiento en Patagonia argentina de base para programa de escudo antimisiles. Oficios (observaciones del se�or Horvath) Pago de pensiones proporcionales a per�odo de cotizaciones. Oficios (observaciones del se�or Horvath) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Sabag Castillo, Hosa�n --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:19, en presencia de 21 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 21�, ordinaria, en su parte secreta, en 8 de agosto; 22�, extraordinaria, y 23�, ordinaria, ambas en 14 de agosto, todas del presente a�o, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Dos de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que crea juzgados de polic�a local en las comunas que indica, con urgencia calificada de "suma" (Bolet�n N� 1.789-06). --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelent�sima Corte Suprema. Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley N� 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones, con urgencia calificada de "suma" (Bolet�n N� 2.628-13). --Pasa a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsi�n Social, unidas. Del se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, sobre la posibilidad de excluir del �rea que conformar�a el santuario de la naturaleza en el denominado "Parque Pumal�n", a las franjas fiscales del camino que se extender� de Puerto Montt al sur. Del se�or Ministro de Trabajo y Previsi�n Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Corporaci�n, acerca de la posibilidad de enviar a tramitaci�n legislativa un proyecto de ley que otorgue a los pensionados de la Caja de Previsi�n de la Defensa Nacional y de la Direcci�n de Previsi�n de Carabineros, los beneficios que indica. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Comunicaciones De la Comisi�n de Relaciones Exteriores, con la que se�ala que en sesi�n de 21 del mes en curso, acord� solicitar a la Sala que el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 18.700, Org�nica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elecci�n de Presidente de la Rep�blica (Bolet�n N� 268-07), sea eximido de esa Comisi�n, en atenci�n a que es una materia de competencia de las Comisiones de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. Asimismo, hace presente que el mencionado proyecto se encuentra informado por la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. --Se accede a lo solicitado. De los Senadores se�ores D�ez, Mu�oz Barra, Ominami, Parra y Pizarro, con la que solicitan el acuerdo del Senado para autorizar a la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a discutir en general y particular el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, sobre educaci�n parvularia y que regulariza la instalaci�n de jardines infantiles (Bolet�n N� 2.404-04). --As� se acuerda. Declaraci�n de inadmisibilidad Moci�n del Senador se�or Andr�s Zald�var, con la que inicia un proyecto de ley que establece un derecho de opci�n para los trabajadores que ten�an la calidad de funcionarios p�blicos a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley N� 3.500, de 1980, y que se incorporaron al nuevo sistema previsional, para que, al momento de acogerse a jubilaci�n, decidan pensionarse en su respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o a trav�s del Instituto de Normalizaci�n Previsional. --Se declara inadmisible por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, de conformidad a lo establecido en el N� 5� del inciso cuarto del art�culo 62 de la Carta Fundamental. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Esta presentaci�n obedece al prop�sito de que el Gobierno inicie una discusi�n sobre la materia. Terminada la Cuenta. )-----------------( El se�or NOVOA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, en la tabla de hoy figuran dos iniciativas cuya aprobaci�n requiere qu�rum de ley org�nica constitucional. Solicito que el proyecto, en primer tr�mite constitucional, que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado, con primer informe de la Comisi�n de Econom�a, sea tratado en el segundo lugar del Orden del D�a, a fin de aprovechar el qu�rum existente en la Sala. En caso de que �ste no se re�na, pedir�a el aplazamiento de su votaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Me parece que la petici�n de Su Se�or�a es razonable. Si le parece a la Sala, se colocar�a el referido proyecto en el segundo lugar de la tabla de esta sesi�n, a fin de dejar para el comienzo las dos iniciativas que requieren qu�rum especial. --As� se acuerda. )----------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Carmen Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, hace algunos d�as falleci� don Waldo Ort�zar, marido de la ex Senadora se�ora Olga Feli�. Ella fue una Senadora que comparti� y trabaj� mucho con nosotros y a la cual admiramos. Ante los dolorosos momentos por los cuales est� pasando, creo que corresponde que el Senado le exprese sus condolencias en forma oficial. Muchos Senadores ya le enviamos nuestro p�same; pero ser�a bueno hacerlo como Corporaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente). La Presidencia, mediante el Departamento de Relaciones P�blicas, envi� el p�same correspondiente e hizo llegar una ofrenda floral, en nombre de la Corporaci�n. Sin perjuicio de ello, no hay inconveniente en remitir en ese sentido una comunicaci�n a la ex Senadora se�ora Feli�, a petici�n de la Honorable se�ora Carmen Frei y en nombre del Senado. Me encargar� de que dicho env�o se haga efectivo. )---------------------( El se�or MU�OZ BARRA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, deseo hacer una proposici�n. Felicito al Senador se�or Cantero por haber rendido un homenaje ayer en conmemoraci�n del natalicio de don Bernardo O`Higgins. La verdad es que sent� preocupaci�n -por no decir cierto rubor- por el lamentable olvido de la Corporaci�n de no recordar el 20 de agosto al m�s grande pr�cer de Chile, al Libertador don Bernardo O`Higgins. S�lo un Honorable colega le rindi� tributo en la hora de Incidentes y, por ello, reitero mis felicitaciones a Su Se�or�a. Por lo tanto, propongo que la Mesa pida la anuencia de los Comit�s para que, en una sesi�n de la primera semana de septiembre, se rinda homenaje, con todo el protocolo que se merece, al Libertador de Chile, al Primer Director Supremo de la naci�n, al hombre tan preclaro e insigne de nuestra historia. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Cabe recordar tambi�n que el Padre de la Patria inaugur� el Senado de la Rep�blica y, adem�s, fue Diputado. Pondr� en conocimiento de los Comit�s esa petici�n. )------------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, como el proyecto que reci�n fue declarado inadmisible trata de una materia sobre la cual muchas personas me han pedido con insistencia que legislemos, sugiero enviarlo al Ejecutivo con el prop�sito de pedirle su patrocinio. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se proceder� a remitir los antecedentes al Presidente de la Rep�blica con ese objeto. Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, deseo concurrir con mi firma a suscribir el citado proyecto. Tambi�n adhiero a la petici�n de auspicio al Ejecutivo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si alg�n otro se�or Senador desea suscribir la moci�n, no tengo ning�n inconveniente. V. ORDEN DEL D�A COMPATIBILIZACI�N DE ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS P�BLICOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto, en primer tr�mite constitucional e iniciado en mensaje, que modifica el art�culo 58 de la ley N� 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, con el objeto de compatibilizar la actividad docente y profesional de los funcionarios p�blicos, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y votaci�n pendiente. --Los antecedentes sobre el proyecto (2719-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 1�, en 5 de junio de 2001. Informe de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 16�, en 31 de julio de 2001. Discusi�n: Sesi�n 22�, en 14 de agosto de 2001 (se aplaza su votaci�n). El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n consigna en su informe que los objetivos principales del proyecto son: a) Permitir que los funcionarios de la Administraci�n del Estado desarrollen actividades docentes en establecimientos privados hasta por la misma cantidad de horas semanales en que pueden desempe�ar cargos docentes en establecimientos p�blicos. b) Declarar ajustado a derecho el ejercicio de tales actividades docentes que se hayan realizado o se realicen desde la publicaci�n de la Ley de Probidad Administrativa (14 de diciembre de 1999) hasta la fecha de publicaci�n de esta ley en proyecto. Cabe se�alar que la Comisi�n analiz� en general y en particular esta iniciativa legal, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del art�culo 36 del Reglamento. El informe deja constancia de la aprobaci�n en general del proyecto por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n (Senadores se�ores Aburto, Chadwick, D�ez, Hamilton y Silva). Y en lo que respecta a la aprobaci�n en particular, se�ala que tambi�n cont� con la unanimidad de la Comisi�n. En consecuencia, el �rgano t�cnico recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto que figura en el informe. Finalmente, cabe hacer presente que esta iniciativa requiere, para su aprobaci�n, del pronunciamiento afirmativo de los cuatro s�ptimos de los se�ores Senadores en ejercicio; es decir, 27 votos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Deseo hacer presente que ya se discuti� el proyecto y que s�lo resta votarlo. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or SABAG.- Se�or Presidente, el presente proyecto apunta a resolver los eventuales problemas relacionados con la situaci�n de los profesionales de la Administraci�n del Estado, tanto de los que ejercen labores docentes, especialmente en universidades, como de quienes la ley autoriza para desempe�ar sus respectivas profesiones. Durante un per�odo se hizo distingo entre las labores docentes ejercidas en universidades estatales, con un tope de doce horas y con la debida recuperaci�n del tiempo empleado. En el caso de las universidades privadas, tambi�n era posible desempe�arlas, siempre que no perturbaran sus deberes funcionarios, lo que se entend�a como un ejercicio fuera del horario laboral. El fundamento de esta medida radicaba en que se entend�a que la docencia ejercida en establecimientos estatales constitu�a una suerte de prolongaci�n del servicio p�blico. Con todo, esto marcaba una discriminaci�n. En cuanto al desempe�o de su profesi�n, �sta siempre deb�a ser desarrollada fuera de la jornada de trabajo. La iniciativa resuelve esta situaci�n al establecer que "Se except�an las actividades docentes hasta por un m�ximo de doce horas semanales. Esta excepci�n no liberar� al funcionario del cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo, para lo cual deber� compensar las horas en que no lo desempe�are efectivamente.". A mi entender, el desarrollo de la docencia en universidades enriquece y perfecciona la actividad p�blica, y ha sido la propia Administraci�n la que la ha incentivado. Son innumerables los casos de notables funcionarios p�blicos que han dado ejemplo con sus actividades docentes. Me permito mencionar al Honorable colega Silva Cimma, autor del m�s importante Tratado de Derecho Administrativo, hoy estudiado y consultado en toda Am�rica Latina. La iniciativa tambi�n resuelve el ejercicio docente ante universidades estatales y privadas. En el trabajo de la Comisi�n se manifest� escepticismo acerca del cumplimiento efectivo del mecanismo de compensaci�n. Y para hacerlo efectivo, es necesaria la existencia de controles y una regulaci�n m�s espec�fica en el ejercicio de este derecho. Voto a favor. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, tengo solamente una inquietud. Desconozco la cantidad de profesionales funcionarios p�blicos que est�n ejerciendo actividades docentes, porque si la dotaci�n del Gobierno Central es de 165 mil funcionarios p�blicos, un porcentaje de cinco o diez por ciento significa que algunos miles de personas est�n faltando semanalmente a sus respectivas labores. Por tratarse de profesionales de alta categor�a son imprescindibles en su grupo de trabajo, y como en el sistema estatal �stos trabajan como equipo, la ausencia de uno de ellos no es f�cilmente subsanable. Ellos no ejercer�n sus labores dentro del sistema, sino que lo har�n fuera de �ste y, obviamente, ese trabajo ser�, lamentablemente, ineficiente. Sin embargo, tal como lo dijo el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, distinguidos profesionales han ejercido este derecho y son, tal vez, necesarios para las universidades, por lo cual voto favorablemente el proyecto. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, como se sabe, el proyecto que nos ocupa encuentra su origen en un problema interpretativo a que dio lugar el Estatuto Administrativo, referido a la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de un cargo p�blico y la circunstancia de que el funcionario realice actividades docentes o profesionales de car�cter particular. Quisiera recordar que la idea de autorizar a los servidores p�blicos la realizaci�n de labores docentes, especialmente en instituciones de educaci�n superior, se encuentra firmemente arraigada en nuestra historia jur�dica y es el resultado de los mismos criterios que inspiraron al legislador cuando estableci� las bases de lo que m�s tarde ser�a conocido como el esfuerzo educacional del Estado Docente. En efecto, el principio orientador de esa relevante labor de ampliaci�n de la cultura y de la educaci�n, parti� del supuesto de que deb�an aprovecharse al m�ximo todas las capacidades existentes, transformando a cada profesional que se desempe�aba como funcionario p�blico en una persona que pudiera prestar su colaboraci�n, en aras de la materializaci�n de los objetivos educacionales del Estado, mediante la transmisi�n de sus habilidades y conocimientos y destrezas profesionales a las nuevas generaciones. No puede perderse de vista, ciertamente, que cuando este proceso comenz� a gestarse, el sistema educacional del pa�s era incipiente, reducido y de exigua cobertura, por lo cual la participaci�n de un n�mero relativamente escaso de profesionales existentes, dotados de la aptitud para colaborar en esa tarea nacional, constitu�a una exigencia inexcusable. T�ngase presente que en esa �poca hab�a no m�s de cinco universidades, por lo que tampoco se contaba con suficiente masa cr�tica de profesionales que pudieran ser convocados a estos cometidos. Pues bien, el Estatuto Administrativo entendi� que el desempe�o de un cargo p�blico era compatible con cargos docentes de hasta un m�ximo de doce horas semanales. Conforme ha advertido la Contralor�a General de la Rep�blica, esa disposici�n no se aplicaba a las horas de clases que desempe�ara un funcionario en un instituto privado de educaci�n superior, por cuanto esa letra se refer�a al ejercicio de cargos dentro de la Administraci�n P�blica, y no al desarrollo de actividades privadas. Por otra parte, el mismo Estatuto permiti� a los funcionarios ejercer libremente cualquier profesi�n, industria, comercio u oficio conciliable con su posici�n en la Administraci�n del Estado, siempre que con ello no se perturbara el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley. La Contralor�a, a este respecto, resolvi� que, si bien los funcionarios pod�an desarrollar profesiones, industrias, comercios u oficios de car�cter particular, su ejercicio est� condicionado, entre otras circunstancias, a que no importe una perturbaci�n del fiel cumplimiento de las obligaciones funcionarias, entre las que se encuentra la de servir el cargo durante toda la jornada de trabajo. Esa opini�n se fund� en la idea de que siendo conciliable el ejercicio libre de cualquier profesi�n, industria, comercio u oficio con la calidad de funcionario p�blico, tal alternativa puede verse afectada por prohibiciones o limitaciones legales y reglamentarias o por el inter�s general de la Administraci�n. Luego de las modificaciones introducidas por la ley N� 19.653 a la Ley de Bases de la Administraci�n, al Estatuto Administrativo y al Estatuto de los Funcionarios Municipales, no obstante mantenerse la regla sobre compatibilidad de cargos p�blicos que hemos comentado, se derog� el derecho a ejercer cualquier profesi�n, industria, comercio u oficio conciliable con la posici�n del funcionario en la Administraci�n o en la municipalidad. Se justific� dicha supresi�n en que ese derecho quedaba regulado, en t�rminos generales, en el nuevo art�culo 58 que se incorpor� a la Ley de Bases. Este precepto reproduce el principio de que los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesi�n, industria, comercio u oficio, conciliable con su posici�n en la Administraci�n, mientras no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios y sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley. A continuaci�n precisa que tales actividades deber�n desarrollarse fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Concluye declarando incompatibles con la funci�n p�blica las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Estas normas generan indudables conflictos de interpretaci�n, que afectan a los profesionales que ejercen labores docentes, especialmente en universidades privadas, como los autorizados legalmente para ejercer sus respectivas profesiones. Antes de la entrada en vigencia de la ley N� 19.653, los profesionales de la Administraci�n pod�an desempe�ar labores docentes o c�tedras universitarias en establecimientos estatales, con un tope de doce horas semanales, debiendo recuperar el tiempo empleado, lo que implicaba ampliar su jornada de trabajo. En cuanto a las labores docentes en universidades privadas, los profesionales gozaban de compatibilidad siempre que no se perturbara el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios. Concluyo manifestando mi plena adhesi�n a los prop�sitos del proyecto, en la convicci�n de que la norma que se somete a consideraci�n de este Senado permitir�, por una parte, precaver posibles abusos que podr�an suscitarse y, por otra, cautelar el derecho que desde hace d�cadas hemos reconocido a nuestros profesionales del sector p�blico para desempe�arse en actividades docentes en la educaci�n superior, cualquiera que sea el car�cter de la instituci�n en que ello ocurra, y prestar servicios profesionales en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Por tales razones, voto favorablemente. El se�or HOFFMANN (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general y en particular el proyecto, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 33 se�ores Senadores. Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, D�ez, Foxley, Frei (do�a Carmen), Hamilton, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, P�ez, Parra, P�rez, Pizarro, R�os, Ruiz (don Jos�), Sabag, Stange, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo) y Zald�var (don Andr�s). REGULACI�N DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y LIMITACI�N DE INDEMNIZACIONES EN EMPRESAS ESTATALES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado, con informe de la Comisi�n de Econom�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (2593-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 2�, en 4 de octubre de 2000. Informe de Comisi�n: Econom�a, sesi�n 23�, en 14 de agosto de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal del proyecto, seg�n el informe de la Comisi�n, es ajustar la actividad empresarial que desarrolla el Estado en algunos �mbitos, a los principios de transparencia, responsabilidad e inter�s p�blico, mediante disposiciones que procuran extender a los directores de empresas p�blicas, de empresas del Estado creadas por ley y de empresas del fuero com�n en que el Estado o sus organismos sean socios mayoritarios, el r�gimen de responsabilidad previsto en la ley N� 18.046, sobre sociedades an�nimas; asimilar al Banco del Estado al esquema de nombramiento de los directivos superiores de las dem�s sociedades de capital, p�blicas y privadas, de modo que sea el Consejo de dicho Banco el que designe al Gerente General y al Fiscal; fijar a las indemnizaciones convencionales por a�os de servicios y por t�rmino de contrato o expiraci�n de funciones, un tope o l�mite de 11 meses de remuneraci�n y excluir absolutamente dichas indemnizaciones respecto de los directivos superiores de confianza, cualquiera que sea su denominaci�n, entendi�ndose por tales a quienes ejercen la m�xima autoridad ejecutiva; exceptuar de la regla general anterior, sobre l�mite y exclusi�n, a las personas contratadas en virtud de un concurso p�blico en que se haya divulgado el perfil, requisitos y caracter�sticas del candidato, as� como las remuneraciones y las indemnizaciones que se ofrecen. Agrega el informe que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n de Econom�a, Honorables se�ores Lavandero, Novoa y Sabag, proponiendo en consecuencia a la Sala que adopte igual resoluci�n. Finalmente, cabe hacer presente que, seg�n el informe, el art�culo 5� de la iniciativa tiene el car�cter de norma org�nica constitucional, de modo que para su aprobaci�n necesita el voto conforme de los cuatro s�ptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n de Econom�a Senador se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, s�lo quiero se�alar lo siguiente. El proyecto pretende asimilar al tratamiento que tienen los directores de sociedades an�nimas la responsabilidad de los directivos de empresas del Estado o de aqu�llas en que �ste o sus organismos sean socios mayoritarios. De acuerdo al mensaje del Ejecutivo, se revis� qu� empresas requer�an de una ley especial para establecer este tipo de responsabilidad. Y conforme a ello, se modifica el decreto con fuerza de ley que cre� la Empresa Nacional de Miner�a; el que rige a la Empresa Nacional del Petr�leo, y el que se aplica a la Empresa de Correos de Chile. Respecto del Banco del Estado, se estim� conveniente que dos funcionarios de alto nivel, que actualmente son designados por el Presidente de la Rep�blica, sean nombrados en el futuro por el Consejo Directivo del Banco. El art�culo 5� del proyecto dispone diversas regulaciones respecto de las indemnizaciones a las cuales tendr�n derecho los funcionarios de las empresas p�blicas y de aquellas en que el Estado o sus organismos tengan participaci�n accionaria mayoritaria. Debo consignar -tal como consta en el informe- que el proyecto lo envi� el Gobierno en octubre del a�o pasado para su tramitaci�n, a ra�z de una moci�n presentada por los Senadores se�ores Moreno, Pizarro, Sabag, Ruiz-Esquide y Adolfo Zald�var, la que fue declarada inadmisible. Naturalmente, la iniciativa se origin� por el problema suscitado el a�o pasado con el pago de millonarias indemnizaciones a funcionarios p�blicos. Tambi�n quiero se�alar -tal como lo dice el informe- que la Comisi�n estuvo esperando durante mucho tiempo que el Ejecutivo enviara un proyecto alternativo para regular en su totalidad el funcionamiento de las empresas p�blicas. El Ministro de Econom�a de la �poca nos indic� que el Gobierno se encontraba estudiando una iniciativa que comprend�a esta materia y, por lo tanto, solicit� que no di�ramos curso a la tramitaci�n de esta iniciativa. Incluso, el Ministro fue invitado a la Comisi�n en algunas oportunidades, y no concurri�. La Comisi�n, considerando el tiempo transcurrido y que el tema reviste gran importancia y que debe ser regulado de manera permanente, independientemente de los problemas puntuales que hayan ocurrido, resolvi�, por unanimidad, aprobar en general el proyecto, entendiendo que existen posibilidades para el perfeccionamiento del mismo. Por tanto, de ser aprobado por la Sala, solicitar�amos un plazo para presentar indicaciones que pueda extenderse hasta el 4 de octubre, con el objeto de que �stas puedan prepararse adecuadamente. El se�or R�OS.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, primero, no cabe duda de que el proyecto que nos ocupa tiene su origen concreto en el problema de las indemnizaciones, detonado por los hechos que ocurrieron el a�o pasado. Ahora, concuerdo absolutamente con los principios de transparencia, responsabilidad e inter�s p�blico aludidos tanto en el mensaje como en el informe despachado por la Comisi�n de Econom�a. Sin embargo, creo que tambi�n hay que tomar en cuenta las necesidades de funcionamiento eficiente de las empresas estatales. En ese sentido, simplemente quisiera dejar constancia de que me inspiran ciertas dudas algunas disposiciones justamente del art�culo 5�, porque inciden en una cuesti�n de orden general. Habr�a preferido que la iniciativa se hubiera presentado en el contexto de una visi�n global acerca de c�mo el Estado debe ejercer su calidad de due�o respecto de las empresas p�blicas. Tambi�n estimo que las limitaciones que se establecen en cuanto a los problemas relativos a la indemnizaci�n son -para usar un t�rmino propio del lenguaje pol�tico actual- un tanto "autoflagelantes", por ejemplo, en lo referente a que los gerentes no tienen derecho a la indemnizaci�n por a�os de servicio. En esto debiera existir un sistema mediante el cual el due�o, a trav�s de su propio holding, o de una entidad p�blica que tenga el criterio general de transparencia, pudiera fijar, de acuerdo a las situaciones de mercado de cada empresa p�blica, rangos dentro de los cuales se determinaran las remuneraciones y tambi�n las indemnizaciones. Lo mismo ser�a aplicable a los ejecutivos de primer nivel -distinto de los gerentes generales, que seg�n el proyecto que no tienen derecho a indemnizaci�n por concepto de a�os de servicio-, para cuyas indemnizaciones el texto en debate fija un l�mite m�ximo. Esto puede ser correcto, pero tiene cierto grado de arbitrariedad, sobre todo porque a lo largo del tiempo pueden variar las condiciones de mercado en las cuales se insertan las empresas p�blicas. Creo que una empresa p�blica eficiente tiene un lugar dentro del ordenamiento econ�mico del pa�s. Estimo que bien vale la pena que algunas sigan teniendo ese car�cter, as� como puede ser preferible privatizar otras. Pero, a mi juicio, las empresas p�blicas que existan como tales deben estar en condiciones de competir con eficacia. Y, en mi concepto, aqu� hay cierta tendencia, reactiva al esc�ndalo de las indemnizaciones, a generar camisas de fuerza que, francamente, pueden no ser las m�s adecuadas. Ciertamente votar� a favor del proyecto. Pero creo que para los fines de la discusi�n en particular, habr�a que tener en cuenta el marco general al cual me refer�. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, tambi�n considero que �sta es una buena iniciativa. Asimismo, me parece que con ella no se solucionan los problemas de fondo que tienen las empresas del Estado. No se trata de discutir, a prop�sito de este proyecto, qu� empresas deben estar en manos del Estado y cu�les no. Pero s� habr�a sido conveniente que se hubieran establecido ciertas normas para regular su funcionamiento. Por ejemplo, cu�les son los cargos de confianza pol�tica dentro de una empresa del Estado. Se habla de las gerencias o de los funcionarios de primer nivel. Por otra parte, en algunas se desempe�an funcionarios de carrera, que han permanecido en ellas durante muchos a�os y han adquirido un conjunto de beneficios, que los tienen como patrimonio. En el proyecto no se excluye, para los efectos de hacer una salvedad, a quienes son funcionarios de carrera dentro de la empresa y pueden ser perfectamente nominados por el directorio para ocupar los m�s altos cargos dentro de ella. Se hace una prevenci�n respecto de los ejecutivos contratados mediante concurso p�blico, cuesti�n que me parece muy bien. Pero aquellos funcionarios que son de la misma empresa y por cuya capacidad, idoneidad y carrera funcionaria los nombran en un cargo de la m�s alta responsabilidad, no tendr�an por qu� perder los derechos que hab�an adquirido anteriormente. Y esto no se encuentra establecido en el proyecto. Por consiguiente, me parece adecuado el plazo que se ha solicitado para presentar indicaciones. En lo personal, estudiar� si hay alguna que sea de iniciativa parlamentaria. De lo contrario, solicitaremos al Ejecutivo que introduzca alguna indicaci�n para resguardar los derechos de funcionarios antiguos y prestigiosos, que prestan sus servicios en la empresa y que normalmente son nominados para ocupar los m�s altos cargos. El Senado, en su oportunidad, rindi� homenaje en memoria de don Juan Pedrals, funcionario que naci� en la Empresa Nacional del Petr�leo en Magallanes y que lleg� a ocupar el m�s alto cargo dentro de ella como gerente general. Y nadie duda de la idoneidad, de la capacidad de esta persona que, desgraciadamente, falleci� en actos de servicio y que, con todo derecho, deber�a haber cobrado -seguramente lo hicieron sus familiares- los beneficios por sus a�os de servicio en la empresa. Por lo tanto, creo que habr�a que hacer una distinci�n entre los funcionarios nominados por el Gobierno de turno y que ocupan cargos de responsabilidad por su condici�n de adherentes a alg�n partido pol�tico de Gobierno, de aquellos funcionarios de carrera en la empresa, pues tal materia �como dije- no se encuentra debidamente establecida en el proyecto; y me parece que ser�a conveniente que as� ocurriese. De todas maneras, por creer que se trata de una buena iniciativa, votar� favorablemente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, tengo la sensaci�n de que el articulado del proyecto no representa en su totalidad los distintos y variados aspectos contenidos en el mensaje, debido a las diferentes caracter�sticas de las personas que laboran en empresas del Estado. La iniciativa intenta describir tres tipos de ejecutivos: primero, los que trabajan en entidades concretamente mencionadas en la normativa �que no son muchas-: la Empresa de Correos de Chile, la Empresa Nacional del Petr�leo, la Empresa Nacional de Miner�a y el Banco del Estado; segundo, quienes se rigen por normas de la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado -aqu� es donde tengo dudas bastante grandes, porque los preceptos est�n dirigidos fundamentalmente a los servicios de la Administraci�n P�blica m�s que a empresas estatales-, y tercero, los que cumplen funciones en empresas estatales y que ingresaron en virtud de concurso. Tengo la sensaci�n de que estamos en presencia de una t�pica normativa legal que para su reglamentaci�n requiere de muchas facultades del Ejecutivo y, a mi juicio, del texto de proyecto no se desprende que se le entreguen en plenitud las atribuciones que necesita. Tambi�n me parece que, como la iniciativa est� dirigida fundamentalmente a las empresas del Estado, el pa�s requiere alguna explicaci�n sobre los cargos pol�ticos existentes en Ministerios y servicios p�blicos. Aun cuando no me consta personalmente, pero en la opini�n p�blica circula la informaci�n �la he conseguido a trav�s de terceras personas y desconozco su veracidad, pues carezco de mayores antecedentes- de que los Ministros de Estado tambi�n reciben indemnizaciones por a�os de servicio. �se es un tema no resuelto. Me parece que tales indemnizaciones son producto de criterios aplicados en estos �ltimos a�os, los cuales no forman parte de la historia administrativa p�blica del pa�s. Por eso, no podemos marginarnos del asunto. En consecuencia, como se trata de una normativa dirigida a las empresas del Estado, la situaci�n referida a los funcionarios de empresas p�blicas podr�a resolverse aqu� -no s� si por iniciativa del Ejecutivo a trav�s de una indicaci�n al proyecto en debate-, a fin de que haya un solo paquete al respecto. Desde mi punto de vista, deber�a al menos darse una explicaci�n m�s profunda sobre el particular. Por eso, a uno se le presentan dudas �como las que acabo de plantear- al momento de aprobar el proyecto. Por otro lado, se�or Presidente, pr�cticamente todas las indicaciones que podr�an presentarse necesitan del patrocinio del Ejecutivo, lo cual significa que aprobaremos en general el proyecto con condiciones. Desde mi perspectiva, esas condiciones deber�an ser las siguientes: primera, otorgar mayores facultades reglamentarias al Ejecutivo para resolver todos los detalles relativos a la Administraci�n del Estado, que son infinitamente mayores que los estipulados en la respectiva norma; y segunda �la solicitud la hago formalmente al Ejecutivo a trav�s del Ministro del Interior- que el Gobierno env�e las indicaciones del caso, a fin de que exista una pol�tica clara con respecto a indemnizaciones de Ministros, jefes de servicios y otros funcionarios que corresponden al �rea pol�tica. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, no cabe ninguna duda de que algunos sucesos conocidos por el pa�s determinaron, con justificada raz�n, la necesidad de establecer un marco en materia de indemnizaciones. Sin embargo �como se�alaron algunos se�ores Senadores-, es pertinente que en la discusi�n particular del proyecto no s�lo se vele por la probidad, sino tambi�n por la productividad de quienes desempe�an tales cargos. Sobre el particular, me llama la atenci�n el art�culo 5�, que dice: "En las empresas p�blicas creadas por ley y en aquellas en que el Estado o sus organismos tengan participaci�n accionaria mayoritaria, sea que se rijan por las normas del sector p�blico o por la legislaci�n aplicable a las sociedades an�nimas, los gerentes generales o ejecutivos equivalentes, cualquiera sea su denominaci�n, no tendr�n derecho a indemnizaci�n por concepto de a�os de servicio, t�rmino de contrato o expiraci�n de funciones.". Eso significa que en tales cargos se deber� nombrar a personas de mucha fortuna o a funcionarios con variadas limitaciones que acepten desempe�ar una labor que no tendr� una compensaci�n de acuerdo a la responsabilidad de su funci�n. La citada norma contin�a: "Trat�ndose de otros ejecutivos de primer nivel o jerarqu�a de las empresas mencionadas, dichas indemnizaciones, incluidas las que se pacten bajo la modalidad a todo evento, no podr�n exceder del equivalente a un mes de remuneraci�n por cada a�o de servicio y fracci�n superior a seis meses, con un l�mite m�ximo de once meses de remuneraci�n. Para estos efectos, no podr� considerarse una remuneraci�n mensual superior a 90 unidades de fomento del �ltimo d�a del mes anterior al pago.". O sea, una persona que trabaje en esas empresas durante 20 a�os en un cargo ejecutivo de primer nivel o de jerarqu�a, no podr�a jam�s obtener una indemnizaci�n superior a los 20 millones de pesos. A mi juicio, el desempe�o en instituciones p�blicas debe tener la adecuada compensaci�n. En caso contrario, tales organismos pueden convertirse en la cancha de aterrizaje de muchos profesionales fracasados que, a trav�s de influencias o por diversos caminos, pueden conseguir la direcci�n de alguno de ellos, con lo cual el pa�s se arriesga a obtener resultados negativos en cuanto a su productividad. Por tal raz�n, en la discusi�n particular del proyecto es conveniente que, sin caer en la exageraci�n ni en una especie de amedrentamiento, no confundamos la probidad con el justo pago que debe entregarse a quienes en determinado momento cumplen una funci�n importante en las empresas p�blicas. En consecuencia, se�or Presidente, votar� a favor de la aprobaci�n general del proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hamilton. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, ser� muy breve, porque comparto en gran medida lo expresado en t�rminos cr�ticos de la iniciativa. Ella contiene, en lo fundamental, dos ideas: la primera apunta a la responsabilidad de los directores de las empresas p�blicas y la asimila a la de sus equivalentes en la empresa privada, lo cual me parece correcto y positivo desde el punto de vista de la transparencia con que se debe operar en la gesti�n p�blica. La segunda idea dice relaci�n al establecimiento de ciertas limitaciones especialmente en materia de indemnizaciones a los directivos o a los funcionarios de niveles m�s altos en las empresas p�blicas. Tal norma tiene su explicaci�n en lo que ocurri� hace poco, pero podr�a estar no suficientemente acotada y generar limitaciones o entrabamientos al ejercicio de la carrera funcionaria. Con raz�n se�al� un se�or Senador que distinto es el caso de una persona que ejerce un alto cargo en una empresa p�blica por designaci�n pol�tica del Gobierno de turno, que el de otra que llega al mismo cargo o a uno superior, pero como expresi�n y m�rito de la carrera funcionaria que ha seguido, a veces por muchos a�os. Ese tipo de distingos no se encuentra presente en el proyecto. Incluso se dice en el informe que no se pudo escuchar a autoridades de empresas p�blicas por la premura en aprobar la idea de legislar. No veo para qu� tanta urgencia. Creo necesario dar un tiempo bastante amplio para presentar indicaciones al proyecto. Adem�s, pido que con motivo de la elaboraci�n del segundo informe se invite a quienes est�n a cargo del Sistema de Administraci�n de Empresas (SAE), de manera que no se cause da�o -por supuesto, sin intenci�n- a las empresas p�blicas. Un funcionario de una empresa estatal con determinado r�gimen de indemnizaci�n, que puede ser incluso excesivamente generoso, no querr� ascender o se ir� a la competencia si de alguna las normas del proyecto le cercenan ahora o en el futuro lo que estima derechos adquiridos como trabajador de la empresa. En consecuencia, se�or Presidente, votar� favorablemente la idea de legislar, pero adhiero a las observaciones de la mayor�a de los se�ores Senadores que han intervenido con anterioridad, en el sentido de que en el an�lisis particular del proyecto se escuche a representantes de las empresas p�blicas, de manera que las decisiones que se tomen a su respecto no coarten su funcionamiento, su desarrollo y estabilidad y progreso de su personal. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, entiendo que la idea de la iniciativa es afianzar la probidad, lo cual no puede hacerse a costa de la eficiencia. En este sentido, me parece que, al establecer una restricci�n excesiva en materia de probidad, estar�amos comprando inepcia. Por otra parte, los se�ores Senadores podr�n apreciar que todas las modificaciones relacionadas con los primeros art�culos se refieren a aumentar responsabilidades, a hacer m�s riesgosa la funci�n, a responder por lo que se decide pero de manera m�s amplia a c�mo ocurre en la actualidad y, al mismo tiempo, a limitar al m�ximo las remuneraciones. En consecuencia, nos encontrar�amos en una especie de conjunto vac�o, en el cual nadie desear� ingresar, salvo que se pretenda echar abajo las empresas del Estado. Eso, a mi juicio, significa ir muy lejos; por lo que resulta necesario abocarnos m�s bien a proyectos de ley -si �stos a�n no han ingresado al Congreso, pronto llegar�n- que apunten a la creaci�n de directorios con responsabilidades equivalentes a las de las sociedades an�nimas, con exclusi�n de los Ministros de Estado �lo que hemos discutido y que me parece mucho m�s sano- que contengan la creaci�n de una instancia perfeccionada de lo que es el Sistema Administrador de Empresas (SAE), donde pueda haber una orientaci�n estrat�gica distinta. Y en esa l�nea debemos movernos, y no en la que restringe al l�mite. Por esa raz�n, formular� indicaciones al art�culo 5� del proyecto, en el sentido de consignar una norma que modifique su alcance con respecto a la restricci�n impuesta, que es de 11 meses de una remuneraci�n m�xima de 90 unidades de fomento. Esto significa una cifra del orden de los 23 millones de pesos. Imaginemos el caso de un ejecutivo de alt�simo nivel que ha trabajado durante 25 a�os en una empresa del Estado y al cual, para los efectos de la indemnizaci�n, se establece un l�mite m�ximo de 11 meses y un tope en su remuneraci�n que no excede las 90 UF. Considero que esto, aun cuando es un poco exagerado, est� bien. Sin embargo, el hecho de establecer en la norma que a un gerente general no le corresponder� indemnizaci�n o pago alguno, aunque la haya pactado a todo evento, es algo que debe modificarse, pues, a mi juicio, es una limitaci�n excesiva. Por lo tanto, lo procedente ser�a enmendar el art�culo 5� de manera de conectar el inciso primero con el segundo, se�alando que: "En las empresas p�blicas creadas por ley y en que el Estado y sus organismos tengan participaci�n mayoritaria, sea que se rijan por las normas del sector p�blico o por la legislaci�n aplicable a las sociedades an�nimas, los gerentes generales o ejecutivos equivalentes y otros ejecutivos de primer nivel o jerarqu�a podr�n recibir indemnizaciones, incluidas las que se pacten bajo la modalidad a todo evento, sin que ellas excedan el equivalente a un mes de remuneraciones por cada a�o de servicio�", etc�tera. Adem�s, como consecuencia de ello, habr�a que eliminar la parte del inciso tercero relativa al establecimiento de cargos de primer nivel, pues en la indemnizaci�n estar�an incluidos todos los altos ejecutivos. Considero que en esos t�rminos el proyecto queda mejor, por cuanto apuntar�a en la direcci�n que deber�n seguir las dem�s iniciativas tendientes a dotar a las empresas del Estado de una administraci�n �gil, eficiente y con gente de calidad. De otro lado, cabe se�alar que el Senado acord� nombrar una comisi�n especial para discutir la reforma vinculada al Estado. Sobre el particular, un conjunto de Senadores analizamos la materia, y en esa reflexi�n coincidimos en la consulta formulada por el Presidente de la Rep�blica vinculada a dicha reforma. El criterio al que arribamos apunta a que debe legislarse sobre los recursos humanos, a fin de establecer, primero, la movilidad de los funcionarios que pertenecen a los distintos servicios -esto hoy d�a no se permite- y, segundo, que se estimule su capacitaci�n y formaci�n, para que puedan llegar m�s lejos. Lo anterior va en la l�nea de lograr un Estado m�s �gil, que pueda reaccionar bien en el proceso de globalizaci�n y que aborde con m�s expedici�n toda la variedad de tareas internacionales y nacionales que debe cumplir. En tal virtud, aunque entiendo el problema, estimo que no debemos reaccionar de cierta forma frente a lo ocurrido con las indemnizaciones, que es una situaci�n que reprobamos en muchos de sus aspectos. Sin embargo, tenemos que poner cuidado y evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y, a mi juicio, en este caso el remedio resulta peor que la enfermedad, por lo menos en lo que respecta al art�culo 5�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or URENDA.- Se�or Presidente, votar� favorablemente el proyecto, por cuanto considero que va en la direcci�n apropiada. Sin embargo, deseo resaltar que el debate se ha centrado mucho en el problema de las indemnizaciones, sin que, en cambio, se haya abordado el objetivo principal de la iniciativa, cual es determinar las responsabilidades de los directorios, uniformarlas y tratar de asimilarlas, en lo general, a la de los directorios de las sociedades an�nimas. Me parece que esto es positivo tanto para precisar lo relacionado con las indemnizaciones como para igualarlas. Por otra parte, en lo referente al segundo objetivo, no s� concretamente cu�l es la importancia que reviste. Pero, en fin, es un hecho que el Consejo Directivo del Banco del Estado ser� el que designe a su Gerente General y a su Fiscal, y no necesariamente el Presidente de la Rep�blica. En cuanto al tema de las indemnizaciones -tal vez, fue lo que motiv� a los autores del proyecto-, es indiscutible que acontecieron situaciones muy lamentables y que ahora se pretende corregir. Sin embargo, concuerdo con lo planteado por un se�or Senador en orden a que el art�culo 5� podr�a ser susceptible de alg�n tipo de modificaci�n, pues se deja en incisos separados aquellos casos donde la designaci�n la har� el Presidente de la Rep�blica, seg�n corresponda. En mi opini�n, �sta es una materia en que debe haber equilibrio -como lo dijo el Honorable se�or Bitar-, con el objeto de limitar las indemnizaciones y de evitar abusos como los cometidos. Pero, obviamente, se debe impedir que los directores respecto de los cuales se desea que desempe�en debidamente sus funciones, con las responsabilidades consiguientes, queden en situaci�n desmedrada. En este sentido, resulta conveniente dar un tratamiento igualitario tanto a ellos como a los ejecutivos, cualquiera sea el caso. Voto favorablemente. El se�or HOFFMANN (Prosecretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto, y se deja constancia, para los efectos del qu�rum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 33 se�ores Senadores. Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, D�ez, Foxley, Frei (do�a Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, P�ez, Parra, Pizarro, R�os, Romero, Ruiz (don Jos�), Sabag, Stange, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo) y Zald�var (don Andr�s). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Conforme a la solicitud planteada a la Mesa por el Presidente de la Comisi�n de Econom�a, sugiero fijar como plazo para presentar indicaciones el martes 3 de octubre, a las 12:00. --As� se acuerda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se�ores Senadores, en raz�n de que durante el debate se aludi� a la constitucionalidad de la iniciativa, ser�a conveniente que se la remitiera tambi�n, adem�s de la Comisi�n de Econom�a, a la de Constituci�n, a fin de que revise ese aspecto. Si le parece a la Sala, as� se proceder�. Acordado. )----------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa cinco informes de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, reca�dos en los proyectos de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que a continuaci�n se indican: 1) El que aprueba el Acuerdo entre las Rep�blicas de Chile y de Nicaragua para la Promoci�n y Protecci�n Rec�proca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de noviembre de 1996. (Bolet�n N� 2.681-10); 2) El que aprueba el Acuerdo entre las Rep�blicas de Chile y de Honduras para la Promoci�n y Protecci�n Rec�proca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 11 de noviembre de 1996. (Bolet�n N� 2.682-10); 3) El que aprueba el Acuerdo entre las Rep�blicas de Chile y de Guatemala para la Promoci�n y Protecci�n Rec�proca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de noviembre de 1996. (Bolet�n N� 2.683-10); 4) El que aprueba las enmiendas de 1991 y 1996 al Anexo del Protocolo relativo a la intervenci�n en alta mar en casos de contaminaci�n del mar por sustancias distintas de los hidrocarburos, 1973, aprobadas por el Comit� de Protecci�n del Medio Marino de la Organizaci�n Mar�tima Internacional, mediante las resoluciones MEPC. 49 (31), de 4 de julio de 1991, y MEPC. 72 (38), de 10 de julio de 1996, respectivamente. (Bolet�n N� 2.714-10), y 5) El que aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminaci�n por los Buques, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, MARPOL 73-78, adoptadas mediante resoluciones del Comit� de Protecci�n del Medio Marino de la Organizaci�n Mar�tima Internacional, y por la Conferencia de las Partes de MARPOL 73-78 (Bolet�n N� 2.716-10). --Quedan para tabla. REGULACI�N DE USO DE PERROS GU�AS, DE SE�AL O DE SERVICIO PARA DISCAPACITADOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que regula el uso de perros gu�as, de se�al o de servicio, por personas con discapacidad, con segundo informe de la Comisi�n de Salud. --Los antecedentes sobre el proyecto (2595-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los Senadores se�ora Matthei y se�ores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo). En primer tr�mite, sesi�n 3�, en 10 de octubre de 2000. Informes de Comisi�n: Salud, sesi�n 38�, en 18 de abril de 2001. Salud (segundo), sesi�n 23�, en 14 de agosto de 2001. Discusi�n: Sesiones 41�, en 3 de mayo de 2001 (se aprueba en general y particular); 44�, en 9 de mayo de 2001(reapertura del debate). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Este proyecto fue aprobado en general el 3 de mayo del a�o en curso. En su segundo informe la Comisi�n de Salud hace constar, para los efectos reglamentarios, que no hubo art�culos que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones; que se aprobaron las indicaciones N�s. 3, 4, 5, 6 y 9; y que se aprobaron con modificaciones las indicaciones N�s. 1, 2, 7, 8 y 10. Agrega que todas las modificaciones introducidas al texto aprobado en general fueron acogidas por la unanimidad de sus miembros presentes. En conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del art�culo 133 del Reglamento, dichas enmiendas deben ser votadas sin debate, salvo que alg�n se�or Senador pida discutir la propuesta de la Comisi�n respecto de alguna de ellas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la relaci�n. El se�or BOMBAL.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, este proyecto ya fue analizado aqu� durante la discusi�n en general y, tal como se�al� el se�or Secretario, la Comisi�n aprob� por unanimidad las indicaciones propuestas, que fueron m�s bien adecuatorias, surgidas del debate del primer informe en la Sala. Por ese motivo, me permito sugerir que aprobemos tambi�n un�nimemente el articulado, sin debate, y as� dar una se�al m�s en favor de las personas discapacitadas, que requieren de este tipo de instrumentos para poder superar su condici�n f�sica. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�a en particular la iniciativa. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Conforme. --Se aprueba en particular y queda despachado el proyecto. EXTENSI�N DE NORMAS SOBRE SANCI�N A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Informe de la Comisi�n Mixta, reca�do en el proyecto que extiende el �mbito de aplicaci�n de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. (Bolet�n N� 2490-07) --Los antecedentes sobre el proyecto (2490-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 1�, en 5 de mayo de 2001. Informes de Comisi�n: Econom�a, sesi�n 35�, en 10 de abril de 2001. Mixta, sesi�n 25�, en 22 de mayo de 2001. Discusi�n: Sesi�n 41�, en 3 de mayo de 2001 (se aprueba en general y particular). El se�or HOFFMANN (Secretario).- La controversia entre ambas ramas legislativas se origin� en el rechazo por la C�mara de Diputados de las modificaciones introducidas en el Senado al art�culo �nico del proyecto. En el informe de la Comisi�n Mixta se consigna que la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores se�ora Matthei y se�ores Lavandero, Novoa y Sabag, y de los Diputados se�ores �lvarez (don Rodrigo), Encina, Ortiz y Villouta- acept�, como modo de resolver la controversia, la alternativa de texto aprobada por el Senado. La Secretar�a elabor� un bolet�n comparado, dividido en cinco columnas, que contemplan el texto legal vigente de la ley N� 19.496, sobre protecci�n de los derechos de los consumidores; el proyecto aprobado por la C�mara Baja; las modificaciones introducidas por el Senado rechazadas por esa Corporaci�n; la propuesta de la Comisi�n Mixta, y el texto final. Cabe informar que la C�mara de Diputados ya dio su aprobaci�n al informe. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n. El se�or NOVOA.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, ser� muy breve. La Comisi�n Mixta propone aprobar el texto que en su momento fue acogido por unanimidad en el Senado, en el cual se extienden a todas las operaciones de consumo -aun cuando no involucren la concesi�n de un cr�dito- las disposiciones que impiden que las cobranzas extrajudiciales afecten la privacidad de las personas, su honor o su honra. De ese modo se subsana una omisi�n, ya que al aprobarse dicha norma se la limit� s�lo a las operaciones de cr�dito. Por lo tanto, solicito acoger un�nimemente el informe de la Comisi�n Mixta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�a el informe. El se�or PARRA.- Muy bien. La se�ora FREI (do�a Carmen).- S�. --Se aprueba el informe de la Comisi�n Mixta y queda despachado el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminado el Orden del D�a. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )----------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: De la se�ora FREI (do�a Carmen): Al se�or Ministro del Interior, sobre REUBICACI�N DE EQUIPOS SISMOL�GICOS DE DEPARTAMENTO DE GEOF�SICA DE UNIVERSIDAD DE CHILE (SEGUNDA REGI�N). Del se�or HORVATH: Al se�or Ministro de Hacienda y a la se�ora Ministra de Salud, relativo a ELIMINACI�N DE COTIZACIONES DE SALUD A JUBILADOS, y a la se�ora Ministra de Salud, acerca de CREACI�N DE INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOG�A. Del se�or LAVANDERO: A la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, respecto de AVANCE EXPORTADOR ENTRE 1991 Y 2001 EN NOVENA REGI�N. Del se�or MORENO: Al se�or Subsecretario del Interior, con relaci�n a CONSTRUCCI�N DE PLANTA ELEVADORA EN BASE A BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, EN POBLACI�N ARBOLEDAS, y atinente a OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AVENIDA LA CRUZ, AMBAS EN COMUNA DE PEUMO, SEXTA REGI�N. Del se�or STANGE: A la se�ora Ministra de Educaci�n, al Instituto Nacional de Deportes y al se�or Intendente Regional de la D�cima Regi�n de los Lagos, referente a CONSTRUCCI�N DE GIMNASIO EN LICEO INSULAR DE COMUNA DE QUINCHAO, PROVINCIA DE CHILO� (D�CIMA REGI�N). )----------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or LAVANDERO.- Pido la palabra. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. P�RDIDA DE RENTABILIDAD Y ALTO COSTO DE ADMINISTRACI�N EN AFP. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, uno de los principales problemas que enfrenta el pa�s es el que afecta a millones de trabajadores y -lo que es m�s grave a�n- a los jubilados con relaci�n a los fondos previsionales colocados en las AFP. Cada trabajador cotiza obligadamente en una AFP el 13 por ciento de su sueldo, pero s�lo el 10 por ciento queda como ahorro previsional en el Fondo de Pensiones. El 3 por ciento restante va a la administradora privada, la que toma un seguro para el imponente con un costo aproximado de 0,8 por ciento. El saldo de ese 3 por ciento corresponde al gasto operacional por administraci�n y a las utilidades de esas empresas privadas, y constituye pr�cticamente el 20,46 por ciento de los recursos netos que el trabajador deposita en la AFP. En los �ltimos tres a�os, las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron utilidades (provenientes de ese 3 o casi 3 por ciento que deducen del 13 por ciento mensual) de m�s o menos 80 mil millones, 92 mil millones y 95 mil millones de pesos, respectivamente. Como podemos apreciar, las AFP ganaron sumas colosales por un monopolio cautivo obligatorio, y los trabajadores perdieron una significativa parte de sus ahorros por este concepto. Las p�rdidas sufridas en el Fondo de Pensiones han dejado al descubierto una situaci�n bastante grave, por la ineficiencia con que las administradoras han manejado los recursos previsionales del mundo laboral. Y �ste es un sistema monop�lico, en el cual la persona est� obligada a cotizar. En los tres a�os anteriores la rentabilidad del sistema cay� de tal manera que todos los depositantes perdieron entre 2 y 4 millones de pesos anuales. Es falsa la aseveraci�n que hizo en el pasado la Superintendencia de AFP, en el sentido de que el Fondo de Pensiones ha tenido una rentabilidad promedio de 11 por ciento a lo largo de su historia. En el primer a�o de formaci�n del Fondo, �ste lleg� a 350 millones de d�lares y ten�a una rentabilidad de hasta 17 por ciento. Hoy maneja casi 38 mil millones de d�lares y tiene una p�rdida cercana a 12 por ciento. Por lo tanto, determinar un promedio de todos esos a�os, sin ponderar las cantidades, es como sumar peras con manzanas. En consecuencia, la rentabilidad ponderada promedio del Fondo es en realidad de 4,5 y 5,5 por ciento, seg�n se considere o no el aspecto del seguro, lo que es la mitad de lo que p�blicamente expresa, no s�lo el conjunto de las empresas de AFP, sino que la propia Superintendencia en el pasado. Los administradores privados de estos fondos, a su vez, invirtieron, teniendo otras alternativas, en valores especulativos, al punto de que las acciones llegaron a constituir, en un momento, casi el 30 por ciento del Fondo, y hoy, con la ca�da del valor de estas acciones, ellos son los responsables de la fuerte baja en la rentabilidad del sistema. El costo administrativo de manejar estos 38 mil millones de d�lares del Fondo de Pensiones ha alcanzado m�s de 5 mil millones de d�lares. �Qu� significa esto? Que por esta poco profesional administraci�n, el costo para cada trabajador se eleva a la tremenda cifra de 20,46 por ciento de sus cotizaciones, lo que equivale a las utilidades que obtiene el sector privado administrador del Fondo. Esto es un costo absolutamente excesivo. Se explica por los abusos en los sistemas de captaci�n, tales como el hecho de que, si un trabajador se traspasa de una AFP a otra, le han regalado en el pasado, y ahora tambi�n, viajes, software, y la realidad es que todo sale del bolsillo del cotizante previsional. El costo de administrar el Fondo, que asciende como hemos dicho a 20,46 por ciento, es muy superior al registrado en otros pa�ses, y m�s alto que el de las antiguas cajas de previsi�n de Chile. En Singapur, donde tambi�n funciona el sistema de AFP, el costo de administraci�n es diez veces m�s bajo que en Chile; en Estados Unidos, ocho veces menor que lo que arroja el de todos los ahorrantes previsionales en nuestro pa�s. El problema es grave, y de principios, ya que las AFP se crearon para resolver problemas previsionales. No obstante, se han convertido en instrumento para que los grupos econ�micos puedan realizar negocios propios y personales. Se perdi� as� su objetivo, que era mejorar y asegurar una buena previsi�n a sus cotizantes. En cambio ahora, estos Fondos se aprovechan para realizar inversiones rentables para quienes, por cuenta propia o de terceros, los manejan. En nuestro pa�s hay cerca de 6 millones de trabajadores. S�lo el 25 por ciento va a poder jubilar por las AFP. El otro 25 por ciento es candidato s�lo a una pensi�n m�nima que le pagar� el Estado. Del 50 por ciento restante, la gran mayor�a s�lo podr� eventualmente postular a una pensi�n asistencial. �stos son los resultados concretos que nos depara este sistema previsional a todos los trabajadores chilenos. Yo creo que debemos perfeccionar el sistema. La soluci�n -lo hemos se�alado en varias oportunidades- pasa por ese perfeccionamiento, y por un rol m�s activo del Ejecutivo en la materia. Ya propuse rebajar las comisiones que cobran las AFP, de 3 por ciento de la renta mensual imponible, a 1 por ciento, que es la cifra vigente en el resto del mundo. Esta propuesta regulatoria no es una cosa extra�a, porque cuando hay una situaci�n monop�lica en el mercado (como sucede con el agua potable, la telefon�a o la electricidad), el Estado fija precios, comisiones y utilidades. Otra posibilidad, y lo hemos dicho, es que los bancos se incorporen a esta actividad a trav�s de la apertura de libretas previsionales con comisiones de no m�s del uno por ciento sobre el 13 por ciento del sueldo imponible. Ello, porque hoy, el propio Banco del Estado ofrece mejores condiciones de rentabilidad a sus ahorrantes que los Fondos de Pensiones. Cualquier ahorrante con una libreta en el Banco del Estado obtiene mayor rentabilidad que la que ofrece cualquier fondo previsional manejado por estas AFP privadas. Una tercera posibilidad, a lo mejor hipot�tica, porque es necesario que exista una voluntad pol�tica para aplicarla (y no veo que hoy pueda existir tal voluntad) es que las personas depositen su dinero en el INP, para obtener, con el resguardo del Estado, una previsi�n que no dependa de las especulaciones que se realizan con los fondos de pensiones, en la mayor�a de los casos s�lo en beneficio de los administradores privados. Estos hechos ocurren a pesar de que hemos colocado algunas medidas de resguardo, peros �stas todav�a no son suficientes. Por desgracia, en el Senado aun no tenemos una mayor�a para llevar adelante leyes que hagan m�s transparente el sistema y dejen de ser una hijuela pagadora del sector privado. S� que se encuentran en estudio otras medidas; pero lo sucedido demuestra que el sector privado no siempre hace las cosas tan bien como se dice. Y es necesario que el Gobierno agilice medidas destinadas a mejorar las condiciones de rentabilidad de estos Fondos, y tambi�n la extensi�n del sistema previsional hacia aquellos que, o su sector patronal no les cotiza, o bien, d�ndose cuenta de que los beneficios son magros, sencillamente prefieren incorporar a sus sueldos tales recursos. Para mayor seguridad de que los fondos previsionales sirvan a los trabajadores fundamentalmente para su jubilaci�n efectiva, y no s�lo�repito- para negocios de terceros o para pol�ticas macroecon�micas, se hace imprescindible realizar cambios, implementando algunas o todas las f�rmulas que se est�n proponiendo; u otras que el Gobierno pueda incorporar. Pero creo que la situaci�n ha hecho crisis. No es posible que las Administradoras obtengan cada a�o miles de millones de pesos de utilidades y que quienes depositan a�o tras a�o, los trabajadores, esto es, el sector m�s d�bil, est�n perdiendo los fondos que han depositado en las AFP. Pero m�s grave a�n es que sean rebajadas las jubilaciones y las pensiones de quienes ya las han conseguido, s�lo porque esas empresas privadas obtienen rentabilidades negativas o muy menguadas. Por lo anterior, se�or Presidente, solicito remitir los antecedentes expuestos al Ministerio respectivo y a la Superintendencia del ramo, a fin de que se acelere el env�o de un proyecto que permita resguardar en parte los recursos que con tanto sacrificio aportan cada mes los trabajadores de nuestro pa�s. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde el turno del Comit� UDI e Independientes. No har� uso de la palabra. En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. POSIBLE EMPLAZAMIENTO EN PATAGONIA ARGENTINA DE BASE PARA PROGRAMA DE ESCUDO ANTIMISILES. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en la sesi�n anterior me refer� al riesgo que significa el acuerdo de procesamiento de desechos radiactivos australianos por parte de Argentina, en el sentido de que ello podr�a afectar la calidad del territorio austral, particularmente, en cuanto a sus aptitudes de producci�n limpia, y tambi�n del mar jurisdiccional de Chile y de las �reas donde hemos entrado en corresponsabilidad en virtud de los acuerdos internacionales suscritos entre ambos pa�ses. Hoy deseo hablar de la suerte de revuelo y consternaci�n que ha provocado la posibilidad de que en la Patagonia argentina se establezca una base para el programa de escudo antimisiles propiciado por el Gobierno de Estados Unidos. Si a ello sumamos el que con cierta periodicidad se plantea localizar en aquella zona del vecino pa�s un dep�sito o repositorio para desechos radiactivos, debemos concluir que de manera permanente, s�lo para obtener de manera f�cil cuantiosas sumas de dinero -en el fondo, es como comprar la soga del ahorcado-, se est�n poniendo en riesgo la seguridad del cono sur americano y, en especial, las privilegiadas condiciones ambientales de la Patagonia tanto chilena como argentina. En ese sentido, me gustar�a que a trav�s de la Canciller�a chilena; de las instancias del MERCOSUR; de todos los acuerdos en que participan ambas naciones, y, desde el punto de vista t�cnico, de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente, se dieran a conocer estos antecedentes a niveles nacional e internacional para, de acuerdo con las reglas del juego, buscar la forma de evitar que proyectos de ese tipo fructifiquen. Entiendo que el vecino pa�s est� pasando por una situaci�n econ�mica y social muy grave. Pero, por obtener dineros en forma f�cil, se podr�a generar una crisis de muy largo aliento y con consecuencias mucho m�s graves. La idea de establecer una base para la defensa contra misiles fue expuesta en el diario "The Financial Times", donde un analista econ�mico se�ala que, m�s que por la v�a de la justificaci�n econ�mica para Argentina, como un aliado, corresponder�a que el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hiciera tal planteamiento para justificar la ayuda de Estados Unidos a ese pa�s. Eso tambi�n ha generado cierta controversia, por cuanto no se visualiza que la naci�n del norte pueda ser amenazada desde el continente ant�rtico. Empero, quiero situar el hecho en el contexto de garantizar a la Patagonia chilena y argentina su condici�n de zona privilegiada ecol�gicamente, que adem�s le posibilita lograr un verdadero desarrollo, con calidad humana para sus habitantes, y constituirse en un polo de atracci�n desde la perspectiva tanto tur�stica como de la futura llegada de inmigrantes provenientes de otros pa�ses. Por ello, solicito oficiar a la se�ora Canciller y al se�or Ministro de Defensa Nacional, para que nos hagan llegar los antecedentes que posean al respecto, como asimismo a la se�ora Directora Ejecutiva de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente y al se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, que coordina la instancia ministerial de la CONAMA. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. PAGO DE PENSIONES PROPORCIONALES A PER�ODOS DE COTIZACIONES. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, muchas veces, como Parlamentario, me he referido a la situaci�n que viven en nuestro pa�s los jubilados. Hemos visto que gradualmente se ha ido estableciendo una pol�tica de Estado que busca mejorar su calidad de vida y generarles instancias de participaci�n ciudadana, as� como mejores condiciones econ�micas y sociales. Sin embargo, hasta la fecha se mantiene una situaci�n que, a mi entender, incluso tiene rasgos de ilegalidad: el cumplimiento del requisito de acreditar 1.044 semanas o 20 a�os de cotizaciones para jubilar. As�, numerosas personas que, pese a cumplir tal exigencia, no logran demostrar ese per�odo de imposiciones quedan sin pensi�n o deben optar por pensiones asistenciales, pasando los dineros correspondientes, que les pertenecen, a manos del Fisco. A mi juicio, eso no es justo. El Estado chileno deber�a hacer un esfuerzo en la materia y propiciar la dictaci�n de una ley que permitiera a esa gente recibir al menos la parte proporcional al tiempo que pudieran demostrar como cotizantes. En tal sentido, pido oficiar a los se�ores Ministros del Trabajo y de Hacienda con el objeto de que se analice en profundidad la situaci�n descrita y se informe al Senado acerca del universo de personas que se ver�an beneficiadas de aprobarse una modalidad de pago proporcional como la que he planteado. Gracias, se�or Presidente. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. --Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comit�s Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2 y Mixto, ning�n se�or Senador hace uso de ella. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por no haber otros asuntos que tratar, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 17:42. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n