REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 344�, ORDINARIA Sesi�n 24�, en martes 21 de agosto de 2001 Ordinaria (De 16:21 a 20:7) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESI�N III.TRAMITACI�N DE ACTAS IV.CUENTA V.F�CIL DESPACHO: Sesi�n secreta: Se adopta resoluci�n sobre solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a (Boletines N�s. S 528-04, S 544-04, S 545-04 y S 563-04) Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Acuerdo Marco para Conservaci�n de Recursos Vivos Marinos en Alta Mar del Pac�fico Sudeste, "Acuerdo de Gal�pagos" (2674-10) (se aprueba en general y particular) VI.ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, sobre transparencia, l�mite y control del gasto electoral (2745-06) (se aprueba en general) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que cambia gradualidad de entrada en vigencia de reforma procesal penal (2766-07) (se aprueba en general y particular) VII.INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) Razones de retiro de candidatura de se�or Prat y reflexiones sobre su gesti�n senatorial (observaciones del se�or Prat) Homenaje a Bernardo O'Higgins en aniversario de su natalicio. Oficio (intervenci�n del se�or Cantero) Riesgo para zona austral por procesamiento en Argentina de desechos radiactivos australianos. Oficios (observaciones del se�or Horvath) Financiamiento para desarrollo de ganader�a org�nica en Und�cima Regi�n. Oficios (observaciones del se�or Horvath) Calidad de la pol�tica en Chile (observaciones del se�or Viera-Gallo) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno y de Justicia, y el se�or Subsecretario de Justicia. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 20 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 21�, ordinaria, en su parte secreta, en 8 de agosto; 22�, extraordinaria, y 23�, ordinaria, ambas en 14 de agosto, todas del a�o en curso, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con el que hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", del proyecto que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en v�as concesionadas por veh�culos pesados, y establece facultades para facilitar la fiscalizaci�n sobre combustibles. (Bolet�n N� 2.592-15). --Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios Dos de la C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n al informe de la Comisi�n Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitaci�n del proyecto que extiende el �mbito de aplicaci�n de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. (Bolet�n N� 2.490-07). --Queda para tabla. Con el segundo se�ala que acogi� el proyecto de acuerdo sobre aprobaci�n del "Protocolo Facultativo de la Convenci�n sobre la eliminaci�n de todas las formas de discriminaci�n contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. (Bolet�n N� 2.667-10). --Pasa a la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Tres de la Excelent�sima Corte Suprema, con los que, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, emite su opini�n respecto de los siguientes proyectos: 1) El relativo a normas adecuatorias del sistema legal chileno a los proyectos de C�digo Procesal Penal y de Ley Org�nica Constitucional del Ministerio P�blico. (Bolet�n N� 2.217-07); 2) El que modifica el C�digo de Justicia Militar, con relaci�n a la competencia de los tribunales militares. (Bolet�n N� 2.746-07), y 3) El que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. (Bolet�n N� 2.766-07). --Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Del se�or Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, relativo a la zonificaci�n del borde costero en la zona austral del pa�s. Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S), con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Cantero, relacionado con la forma en que se est�n aplicando las normas sobre velocidades m�ximas en las calles y carreteras del pa�s. De la se�ora Ministra de Salud, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Mart�nez, referido al reconocimiento de los t�tulos t�cnicos otorgados por la Escuela de Sanidad Naval. Tres del se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo: Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno sobre la situaci�n que afecta a las familias que componen el Comit� de Vivienda Rinconada Los Sin Casa, de la comuna de Marchig�e. Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or N��ez, referido a la normativa que rige la licitaci�n de obras de construcci�n de viviendas. Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, relacionado con la situaci�n jur�dica de los terrenos fiscales que indica, ubicados en la Isla San Pedro, D�cima Regi�n. Del se�or Ministro de Agricultura, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Fern�ndez, referido a los da�os ocasionados en la masa ganadera por las nevazones registradas en el sector Cerro Guido, de la comuna de Torres del Paine. Del se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que da respuesta a dos oficios enviados en nombre de la Senadora se�ora Carmen Frei, sobre el Programa de Subsidio al Pago de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas, en la Segunda Regi�n. Del se�or Subsecretario de Miner�a (S), con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, sobre la posible existencia de yacimientos mineros en el �rea del denominado Parque Pumal�n, D�cima Regi�n. Del se�or Director del Servicio Electoral, con el que env�a n�mina oficial de candidatos a Senadores y a Diputados, ordenados por circunscripciones senatoriales y distritos electorales, con la letra de cada lista y el n�mero que corresponde a cada candidato. Del se�or Superintendente de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange, sobre problemas en el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chait�n. Dos del se�or Vicepresidente Ejecutivo (S) del Comit� de Inversiones Extranjeras, con los que da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador se�or Lavandero, referidos a un documento sobre las condiciones que debieran exigirse a las inversiones extranjeras en la miner�a del cobre, y a la situaci�n del cobre en nuestro pa�s. De la se�ora Directora Ejecutiva de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath sobre los derrames de petr�leo ocasionados por naves mercantes de las Regiones D�cima y Und�cima. Del se�or Intendente de la Regi�n Metropolitana, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Novoa sobre antecedentes administrativos y t�cnicos relacionados con los vertederos Las Lomas del Colorado, Santa Marta, Santiago Poniente y El Rutal. De la se�ora Gobernadora Provincial de Iquique, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Lagos acerca de diversas situaciones que aquejan a pobladores de Iquique. Del se�or Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapac� S.A., con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Lagos, relativo al centro abierto "Los Pioneros", de la localidad de Alto Hospicio, Iquique. Del se�or Subdirector Regional (S) de la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la D�cima Regi�n, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Stange sobre la situaci�n que afecta a familias huilliches del sector Hualaihu�, en la provincia de Palena. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Oficio Reservado Del se�or Subsecretario de Guerra, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Ominami acerca de la situaci�n del Regimiento Yungay de San Felipe, Quinta Regi�n, referente a la aplicaci�n del Plan de Modernizaci�n del Ej�rcito de Chile. --Queda a disposici�n de los se�ores Senadores en la Secretar�a del Senado. Solicitudes De los Senadores se�ores Aburto, Chadwick, D�ez, Parra y Viera-Gallo, con la que, de conformidad a lo previsto en el inciso sexto del art�culo 36 del Reglamento del Senado, solicitan que el proyecto de ley que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (Bolet�n N� 2.766-07), calificado de "suma urgencia", sea discutido en general y en particular en su primer informe. --Se accede. De la se�ora Julia del Carmen Saavedra Garrido y de los se�ores Manuel Jes�s Cerda Miranda, Jos� Luis Madariaga C�spedes y Carlos Arturo Ot�rola Vergara, con las que piden la rehabilitaci�n de sus ciudadan�as. (Boletines Nos. S 578-04; S 577-04, S 579-04 y S 580-04, respectivamente). --Pasan a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. Mociones En este momento han llegado a la Mesa dos mociones del Senador se�or Andr�s Zald�var, con las que inicia sendos proyectos de acuerdo que modifican el Reglamento de la Corporaci�n en materia de archivo y desarchivo de los asuntos a que se refiere el inciso primero del art�culo 36, con relaci�n a la duraci�n de los discursos. (Boletines N�s. S 581-09 y S 582-09). --Pasan a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ha pedido la palabra el Senador se�or D�ez. Puede hacer uso de ella Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia despach� esta ma�ana �y seguramente se dar� cuenta de su informe- el proyecto que modifica la vigencia de la Ley Procesal Penal. Esa iniciativa requiere informe de la Comisi�n de Hacienda, y debe iniciar su vigencia durante el mes de octubre pr�ximo. Si fuera sometida a tercer tr�mite, lo cual suceder� por las modificaciones establecidas por la Constituci�n, deber� ir a la C�mara de Diputados y posiblemente volver a Comisi�n Mixta. Ello hace indispensable que el proyecto sea despachado en el d�a de hoy. Por esa raz�n, solicito al se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda que cite a ese grupo t�cnico a una sesi�n en la que tendr�a que despacharse la iniciativa para que quede en condiciones de ser informada verbalmente, ya que su texto, en materia tributaria, es absolutamente simple y no origina mayores gastos al Presupuesto Nacional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se pedir� al se�or Presidente de esa Comisi�n que curse la citaci�n, y se la autorizar� para que sesione paralelamente con la Sala hasta las 17, con el objeto de hacer posible la rendici�n de un informe verbal. De ese modo se podr�a tratar el proyecto despu�s de conocerse tal informe, as� como el de la Comisi�n de Constituci�n, que est� por recibirse en cualquier momento. Propongo proceder as�, y tratar el proyecto en la Sala a las 18:30. --Se acuerda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Respecto del proyecto que figura en el primer lugar del Orden del D�a, la se�ora Presidenta de la Comisi�n ha solicitado que se fije igualmente hora de votaci�n, ya que exige qu�rum de ley org�nica constitucional. Me parece que, a partir de hoy, deber�amos fijar las horas de votaci�n de los proyectos en tr�mite, para asegurar el cumplimiento de los qu�rum. En el caso de la iniciativa a que acabo de referirme, propongo someterla a debate y fijar una hora para votarla en general, lo que podr�a hacerse a las 18, porque luego deberemos determinar el plazo para recibir indicaciones. Por lo dem�s, viene aprobada por la unanimidad de la Comisi�n. Los se�ores Senadores que a esa hora no hayan alcanzado a intervenir, podr�an fundamentar su voto. Si le parece a la Sala, as� se acordar�a. Acordado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por tanto, a las 6 de la tarde comenzar� la votaci�n en el orden que hemos se�alado. V. F�CIL DESPACHO El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a constituir la Sala en sesi�n secreta, a fin de tratar los cuatro primeros proyectos de la tabla. SESI�N SECRETA --Se constituy� la Sala en sesi�n secreta a las 16:30 y adopt� resoluci�n sobre las solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a de los se�ores H�ctor Hern�n Quintanilla Pe�a, Jorge Milton Mauricio Castro de la Barra, Javier Antonio Barrera Jeldes y Jos� Segundo Ojeda Aguayo. --Se reanud� la sesi�n p�blica a las 16:47. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la sesi�n p�blica. ACUERDO MARCO PARA CONSERVACI�N DE RECURSOS VIVOS MARINOS EN ALTA MAR DEL PAC�FICO SUDESTE El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, iniciado en mensaje e informado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, que aprueba el Acuerdo Marco para la Conservaci�n de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pac�fico Sudeste, "Acuerdo de Gal�pagos", suscrito en Santiago el 14 de agosto de 2000, durante la VI Reuni�n de Cancilleres de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur. --Los antecedentes sobre el proyecto (2674-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 9�, en 3 de julio de 2001. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 22�, en 14 de agosto de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El Acuerdo Marco tiene como objetivo principal la conservaci�n de los recursos vivos marinos en �reas de alta mar del Pac�fico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorias. La Comisi�n de Relaciones Exteriores, luego de rese�ar el instrumento internacional en estudio y describir la discusi�n general y particular habida en su seno, concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables se�ores Bombal, Mart�nez, Romero y Vald�s) aprobar la iniciativa en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. Cabe destacar que, por encontrarse en la tabla de F�cil Despacho, este proyecto de acuerdo debe ser tratado en general y particular a la vez. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular. Tiene la palabra el Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, informar� al Senado en nombre de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. El proyecto de acuerdo que nos corresponde analizar hoy en esta Sala cumple su segundo tr�mite constitucional y tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica. El objetivo esencial del Convenio cuya aprobaci�n se propone es la conservaci�n de los recursos vivos marinos en �reas de alta mar del Pac�fico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorias. Los Estados ribere�os del Pac�fico Sudeste -es decir, Chile, Colombia, Ecuador y Per�- suscribieron el mencionado instrumento internacional convencidos de que �sta es la forma m�s eficaz para hacer viable la conservaci�n de los recursos pesqueros explotados en la zona de alta mar adyacente a su zona econ�mica exclusiva, y en particular respecto de las especies transzonales y de las altamente migratorias, recursos que son explotados dentro y fuera de la citada zona de aquellos Estados. El fundamento de esta medida se encuentra en las siguientes circunstancias: En primer t�rmino, el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convenci�n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en estas materias. En segundo lugar, el compromiso de cooperaci�n existente entre los Estados ribere�os que forman parte de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur en orden a establecer un marco de ordenamiento a las actividades pesqueras desarrolladas en la alta mar adyacente a las zonas econ�micas exclusivas. En seguida, la tendencia a regular todos los espacios marinos, incluyendo la alta mar, mediante organizaciones regionales, con participaci�n de los Estados ribere�os y de Estados pesqueros a distancia. A continuaci�n, la necesidad de dar eficacia a las medidas de conservaci�n adoptadas en las zonas econ�micas exclusivas sobre una especie que tambi�n es extra�da en alta mar, pero sin ning�n tipo de regulaci�n. Por �ltimo, la existencia de flotas pesqueras de terceros Estados que operan de manera no regulada en la alta mar adyacente a las zonas econ�micas exclusivas de los Estados ribere�os del Pac�fico Sudeste. Se�or Presidente, el Acuerdo en informe se estructura sobre la base de un pre�mbulo y veintitr�s art�culos, y entre sus elementos esenciales es posible mencionar los siguientes: Su �mbito de aplicaci�n corresponde "exclusivamente a la zona de alta mar", frente a los Estados ribere�os (Chile, Colombia, Ecuador y Per�), desde el paralelo 5� de latitud norte hasta el paralelo 60� latitud sur, extendi�ndose hasta los 120� de longitud oeste. Asimismo, consigna la posibilidad de que a trav�s de instrumentos complementarios se extienda su aplicaci�n a otras �reas, conforme a la naturaleza, caracter�sticas, desplazamientos y relaciones ecol�gicas de las poblaciones reguladas. Especial relevancia adquiere el Acuerdo al incluir las denominadas "especies transzonales y altamente migratorias". Si bien �stas no son definidas en el Acuerdo, en t�rminos t�cnicos las primeras corresponden a especies que realizan extensas migraciones entre numerosas zonas econ�micas exclusivas y �reas de alta mar, y las segundas, a aquellas cuyo ciclo de vida se desenvuelve preferentemente dentro de la zona econ�mica exclusiva de uno o m�s Estados ribere�os, migrando hacia la alta mar en alguna de sus etapas de desarrollo (para mejor comprensi�n de los se�ores Senadores, debo advertir que estas especies son la albacora o pez espada, el at�n y el jurel). Adem�s, se consagra el inter�s preferente del Estado costero en la alta mar adyacente a sus aguas jurisdiccionales, en t�rminos tales que la obligaci�n de cooperaci�n entre los Estados costeros y los pesqueros de altura que establece la Convenci�n del Mar a los efectos de acordar las medidas necesarias para la conservaci�n de aquellas especies en la alta mar, debe ser cumplida en el marco del respeto a los intereses del Estado ribere�o. Respecto a la participaci�n de terceros Estados, este Acuerdo de Conservaci�n pretende sentar las bases para la celebraci�n de negociaciones orientadas a la debida regulaci�n de las actividades de pesca en alta mar. El car�cter de Acuerdo Marco de este Tratado permite el posterior desarrollo de sus disposiciones generales a trav�s de la concertaci�n de acuerdos complementarios. Por consiguiente, terceros Estados que efect�en faenas de pesca en esa �rea estar�n llamados a emprender acciones en el contexto del denominado "Acuerdo de Gal�pagos", ya que la ordenaci�n y la conservaci�n de recursos en alta mar se han puesto en el primer plano de la atenci�n internacional. Otra de las fortalezas de este Acuerdo es la definici�n de los Principios de Conservaci�n, lo que permitir� velar por la compatibilidad que debe haber en las medidas adoptadas en alta mar con las existentes en las zonas econ�micas exclusivas, no pudiendo ser las primeras menos exigentes que las dispuestas en estas �ltimas, lo que hace viable la conservaci�n de los recursos en explotaci�n. Con relaci�n al cumplimiento de las medidas de conservaci�n, la acci�n conjunta de los cuatro Estados ribere�os del Pac�fico Sudeste dar�, sin duda, mayor eficacia a las negociaciones. En suma, el Acuerdo de Gal�pagos es un instrumento id�neo para canalizar los intereses de Chile en la conservaci�n de los recursos vivos marinos, en particular los calificados como altamente migratorios y transzonales, y, adem�s, considera adecuadamente la pol�tica nacional en un �rea de profunda importancia socioecon�mica para el pa�s. La adopci�n del enfoque precautorio beneficia a los Estados ribere�os, toda vez que son los que tienen m�s incentivos para la conservaci�n de los recursos que se explotan en sus zonas econ�micas exclusivas. Finalmente, este instrumento permitir� consolidar una organizaci�n para la conservaci�n de los recursos vivos marinos del Pac�fico Sudeste, que implicar�, en la pr�ctica, un nivel de coordinaci�n de las pol�ticas de los pa�ses ribere�os del Pac�fico Sur mayor que el existente en el pasado, con efectos importantes para el desarrollo sustentable en Chile de las pesquer�as transzonales y altamente migratorias, como el jurel y el pez espada, y a futuro, de otros recursos. El proyecto de acuerdo en an�lisis fue aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, el Acuerdo sometido al conocimiento de la Sala es, en mi concepto, uno de los m�s importantes suscritos por Chile durante los �ltimos diez a�os en el sentido de liderar un nuevo enfoque del Derecho Internacional Mar�timo, en especial sobre aspectos que van reglamentando lentamente la administraci�n de la alta mar adyacente a las zonas econ�micas exclusivas de las 200 millas de los cuatro pa�ses miembros de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur. Este Convenio consagra en definitiva el concepto de mar presencial, planteado en Chile a fines de los a�os 80 y a principios de la d�cada de los 90, en cuanto a la necesidad de buscar una f�rmula de acuerdo internacional para proteger ciertas especies que, viviendo entre la zona de alta mar y la zona econ�mica exclusiva, se desplazan de un lado a otro. Y a rengl�n seguido, a pesar de la libertad de pesca �consagrada en la Convenci�n del Mar-, confirma la preocupaci�n del Estado ribere�o sobre situaciones que, ocurriendo en la alta mar, afectan su desarrollo en la zona econ�mica exclusiva, y, asimismo, busca un equilibrio en el uso de la alta mar para evitar que terceros Estados, actuando en esa �rea, perjudiquen indirectamente el desarrollo de los Estados ribere�os. El �rea de aplicaci�n del Acuerdo Marco (paralelo 5� de latitud norte hasta el paralelo 60� de latitud sur, que coincide con el C�rculo Ant�rtico y el l�mite extremo de la zona econ�mica exclusiva de los cuatro pa�ses miembros, extendi�ndose hasta los 120� de longitud oeste), crea una zona que muy bien podemos denominar "Mar presencial de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur". Es importante recalcar que este Acuerdo Marco se aplica exclusivamente en la zona de alta mar adyacente. Sin embargo, al hacer compatibles los principios de conservaci�n en el sentido de que las leyes nacionales sobre este aspecto tambi�n se extienden m�s all� de las 200 millas y al producirse un equilibrio entre los intereses de terceros Estados y los del Estado ribere�o �insisto-, estamos en presencia de un nuevo paso que da Chile en materia de Derecho Internacional Mar�timo para ir avanzando hacia una regulaci�n de la alta mar muy ajena ya a la completa libertad postulada hasta este momento. Deseo hacer presente que �ste es un Acuerdo que plantea a futuro una demanda por espacios mar�timos que son ricos en peces transzonales y migratorios y en diversas especies que, tarde o temprano, comenzar�n a ser observadas por la comunidad internacional frente al paulatino deterioro de la masa biol�gica mundial existente para la alimentaci�n en los oc�anos. Asimismo, el instrumento en examen permite a los cuatro Estados miembros dise�ar pol�ticas pesqueras conjuntas y establecer al respecto una comunidad mar�tima internacional con alcance pol�tico y que, en especial, consagra la efectividad de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur, organismo que en diversas oportunidades no ha sido entendido ni considerado debidamente por los Gobiernos de los cuatro pa�ses miembros. Por otra parte, la posibilidad de aplicar una legislaci�n pesquera m�ltiple lleva aparejada la idea de contar en las referidas cuatro naciones con C�digos de Pesca donde sean comunes las sanciones, las medidas de protecci�n, las multas y la aplicaci�n de los procedimientos jurisdiccionales pertinentes. Por �ltimo, hay una acci�n coordinada abierta a las Armadas de los cuatro Estados ribere�os que permitir� mejorar las relaciones; mantener material apropiado y homog�neo para las labores del caso; asegurar el cumplimiento del instrumento en an�lisis; dar protecci�n al Acuerdo Marco y a las resoluciones derivadas de �l, y, sobre todo, establecer la soberan�a transzonal derivada del hecho de acoger plenamente el concepto de "Mar presencial de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur". Insisto en que, a mi juicio, este Tratado es uno de los m�s importantes de los �ltimos 10 a�os, porque lleva aparejada posibilidades futuras insospechadas en este momento, y obligar� a nuestra Canciller�a a realizar ingentes esfuerzos para obtener su pronta ratificaci�n por parte del resto de los Gobiernos que pertenecen a la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur. Repito: hoy d�a damos un gran paso que presenta a Chile como pa�s pionero en materias de Derecho Internacional Mar�timo. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).- Se�or Presidente, quiero se�alar al Senado la importancia del Acuerdo de Gal�pagos que se somete a su consideraci�n, pues, como se dijo, constituye una iniciativa de car�cter ejemplar en el �mbito de la cooperaci�n regional adoptada por Colombia, Ecuador, Per� y Chile. Como acabo de manifestar, para el nuestro -pa�s costero- reviste enorme trascendencia. Desde el punto de vista institucional, la ratificaci�n de este instrumento internacional viene, en definitiva, a cumplir uno de los mandatos de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur -CPPS-, que en la "Declaraci�n de Santiago de 1952" estableci�, entre otros objetivos, precisamente, el procurar la preservaci�n de la integridad y conservaci�n de las riquezas de sus mares. Desde el punto de vista de la actividad pesquera nacional, el Tratado constituye un avance muy sustantivo en torno a la protecci�n de las especies transzonales y altamente migratorias. Si se consideran las cifras del a�o pasado, esta actividad represent� mil 784 millones de d�lares por concepto de ventas al exterior, lo cual la transforma en la tercera fuente de divisas de nuestra econom�a. Ello corresponde a 5,4 millones de toneladas de recursos, uno de los mayores vol�menes mundiales. Desde el punto de vista social, es relevante destacar que en Chile esta actividad en el a�o 2000 proporcion� empleo a cerca de cien mil trabajadores. Desde el punto de vista de su importancia pol�tica y estrat�gica, esta normativa es, sin lugar a dudas, una de las m�s trascendentales en la historia de la Comisi�n Permanente del Pac�fico Sur. Es uno de los Tratados m�s completos y comprensivos en su g�nero y su vigencia, una vez ratificado, nos dotar� de un instrumento jur�dico que respaldar� el trabajo que hemos realizado en torno a algunos diferendos planteados en el �mbito internacional. Cabe recordar la contienda con la Uni�n Europea, precisamente respecto del pez espada, que llev� a Chile a recurrir a la CONVEMAR, y a la Uni�n Europea, a la OMC, conflicto que fue felizmente negociado, pero que, de estar vigente este Tratado, se habr�a dado mayor certeza y fortaleza a nuestros argumentos que, a nuestro juicio, fueron s�lidos. Desde el punto de vista de la proyecci�n regional, el Acuerdo proporciona un nuevo dinamismo a la labor de la CPPS como organizaci�n preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la regi�n, al tiempo que confiere a los cuatro pa�ses un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotaci�n pesquera y dar expresi�n pr�ctica a las potencialidades en la esfera del aprovechamiento de los recursos marinos vivos. Se�or Presidente, finalmente, quiero llamar la atenci�n hacia un hecho de la mayor importancia y que se relaciona con la ratificaci�n de este Tratado. Hace 50 a�os, en 1952, en el marco de este mismo grupo de pa�ses, impulsamos la teor�a de las 200 millas marinas. Esa teor�a hoy est� incorporada en el Derecho Internacional. Ahora, 50 a�os m�s tarde, nos hallamos trabajando en torno al Acuerdo de Gal�pagos, cuya ratificaci�n esperamos del Senado y tambi�n de los Parlamentos de los otros tres pa�ses involucrados. Por cierto, deseamos que esta normativa pueda ser abordada en el �mbito internacional, precisamente para preservar las especies altamente migratorias. Se�or Presidente, es tan amplio el grado de apoyo que ha concitado el Acuerdo de Gal�pagos que incluso el se�or Presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, dada la envergadura e importancia del tema para la actividad pesquera y la preservaci�n del medio ambiente, sugiri� la realizaci�n en el Senado de un seminario que permita la adecuada difusi�n de esta materia tan trascendente para nuestro pa�s. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como ha terminado el tiempo de F�cil Despacho, solicito el acuerdo de la Sala para prorrogarlo por cinco minutos, a fin de que intervengan los dos �ltimos se�ores Senadores inscritos. Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath, por dos minutos. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, es tanta la relevancia de este Acuerdo que no ameritaba tratarlo en F�cil Despacho. Chile posee una parte relevante del Oc�ano Pac�fico y, dentro de ella, ocupa una porci�n mayor todav�a en el cuadrante del sector sudeste. Tal como se ha se�alado, desde la d�cada de los a�os 50 nuestro pa�s, con la fijaci�n de la zona econ�mica exclusiva -la cual finalmente se acord� a nivel internacional-, ha mantenido una posici�n de liderazgo. Adem�s, como manifest� el Senador se�or Mart�nez, Chile tambi�n ha sido pionero en cuanto al establecimiento del Mar Presencial, comprometi�ndose a cuidar los recursos ambientales e hidrobiol�gicos en el sector y ejercer una soberan�a de inter�s nacional e internacional. Por otra parte, la Subsecretar�a de Pesca, en algunas medidas pol�micas, ha dictado regulaciones sobre las especies pel�gicas m�s all� de las 200 millas mar�timas, inhibiendo a las empresas chilenas a capturarlas en dicha zona, justamente para cuidar esos recursos. Por otra parte, cabe destacar que somos pioneros en el uso del posicionador satelital como una manera de fiscalizar la actividad de las naves industriales en las 200 millas mar�timas, lo cual ha permitido detectar las trasgresiones a dicho l�mite y regular adecuadamente las �reas. Como ejemplo, cabe se�alar que en un mes se ha logrado controlar lo que antes no se hac�a en un a�o y en mala forma. Obviamente, estas experiencias positivas es conveniente incorporarlas en este Acuerdo para despu�s ampliarlas al resto del mundo. Finalmente, quiero enfatizar que no solamente se restringe la extracci�n de los recursos pel�gicos, transzonales o altamente migratorios, sino todos. Hay especies de no gran movilidad, como el bacalao o el mero, que tambi�n requieren ser cuidadas. Y estimo que ser�a una buena instancia para tenerlas presente. Por todos los aspectos positivos de este Tratado y por su car�cter pionero, anuncio mi voto favorable. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Adolfo Zald�var, por dos minutos. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, no cabe duda de que esta normativa va en la l�nea que en esta materia el pa�s ha mantenido desde hace un tiempo a esta parte y que est� dirigida a proteger nuestros recursos marinos, lo que reviste gran importancia. Pero deseo aprovechar la presencia de la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores para plantearle la preocupaci�n derivada de algunos hechos que merecen la mayor atenci�n por parte de la Canciller�a y del pa�s en general. Muchos pescadores artesanales y hombres de mar emigran de nuestro pa�s por motivos de trabajo y son contratados por empresas, o por terceros que los llevan a empresas internacionales, donde sus remuneraciones y su seguridad dejan mucho que desear. Hay varios casos de accidentes fatales, oportunidades en que nuestros connacionales no han tenido ni resguardo previsional o de seguro de vida, o no han logrado que se les paguen las remuneraciones adeudadas. El tema lo abordar� pr�ximamente en la Sala. En esta oportunidad, con ocasi�n de este Tratado, s�lo deseo manifestar mi preocupaci�n por lo que les est� ocurriendo a varios connacionales, y espero que la autoridad, principalmente la Canciller�a, adopte las medidas tendientes a resguardar la seguridad de ellos y de sus familias. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votaci�n. Si le parece a la Sala, se aprobar�a en general y particular el proyecto de acuerdo. Acordado. VI. ORDEN DEL D�A T RANSPARENCIA, L�MITE Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En conformidad a lo resuelto, nos abocaremos al estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la Rep�blica y en primer tr�mite constitucional, sobre transparencia, l�mite y control del gasto electoral, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. --Los antecedentes sobre el proyecto (2745-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 11�, en 4 de julio de 2001. Informe de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 17�, en 1 de agosto de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El principal objetivo del proyecto es, seg�n el informe de la Comisi�n, fijar l�mites a los gastos de las campa�as electorales y establecer normas que regulen su financiamiento y la fiscalizaci�n y publicidad de �ste. El informe consigna la aprobaci�n en general de la iniciativa por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisi�n, Senadores se�ora Frei, y se�ores Cordero, Fern�ndez y Mart�nez. En consecuencia, la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n propone a la Sala aprobarla en general. Cabe destacar que los art�culos 1� al 42 tienen el car�cter de ley org�nica constitucional, motivo por el cual requieren para su aprobaci�n el voto conforme de los cuatro s�ptimos de los se�ores Senadores en ejercicio, esto es, al d�a de hoy, 27 votos. Los art�culos 43 y 44 son normas de ley com�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En la discusi�n general, tiene la palabra la Honorable se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, el proyecto en debate reviste suma importancia -sobre todo en un per�odo de campa�a electoral- y es conveniente que el Senado de la Rep�blica se pronuncie al respecto y d� una se�al ante el pa�s. Cuando atravesamos momentos tan adversos, con tanta cesant�a y problemas econ�micos, y las campa�as realmente irrogan gastos excesivos, es bueno que el pa�s aprecie en nosotros la disposici�n favorable a cierta austeridad y a evitar los gastos excesivos en las campa�as. Estas normas ya han sido vistas en otras oportunidades, han estado presentes en la agenda legislativa, pero no hemos tenido la posibilidad de contar con los votos necesarios para aprobarlas. Pero quiero dejar muy en claro que, aun cuando fueran aprobadas por el Senado y la C�mara, no podr�n ser aplicadas en esta elecci�n, porque los plazos constitucionales est�n corriendo y el proceso se encuentra en marcha. No obstante, considero que constituye una buena se�al el que las estemos discutiendo en estos momentos. Su objetivo, como bien se dijo, es fijar l�mites a los gastos de las campa�as electorales y regular su financiamiento y la fiscalizaci�n y publicidad de �ste. Debo expresar tambi�n que se trata de una materia de gran sensibilidad en nuestro sistema pol�tico y hasta la fecha no ha sido abordada con la seriedad que ella requiere. Es complicada, de dif�cil tratamiento, pero en los debates habidos en la Comisi�n la idea de legislar fue aprobada por unanimidad, y la intenci�n es empezar a estudiarla con mucha calma, pues disponemos del tiempo necesario, y sin descuidar su efectividad. Nuestra institucionalidad pol�tica puede verse deteriorada por la desmedida influencia del dinero en ella. Esto no significa que estamos rechazando totalmente el financiamiento pol�tico, sino que queremos regular la relaci�n entre el financiamiento y la actividad pol�tica. La inadecuada vinculaci�n entre el dinero y la pol�tica puede conducir a que muchos candidatos triunfen en los comicios por el hecho de disponer de cuantiosos recursos, en desmedro de quienes carecen de ellos. Por eso, estamos tambi�n tratando de crear un sistema regulatorio de los dineros privados en la actividad pol�tica, porque todos sabemos que los que contribuyen econ�micamente a una campa�a, al ser tratada posteriormente una iniciativa que los favorezca, esperan ser resarcidos de alguna manera con el voto. Y esta iniciativa pretende precisamente impedir esa influencia inconveniente en la actividad partidaria. Chile, felizmente, tiene los �ndices m�s bajos de corrupci�n de Am�rica Latina y, por qu� no decirlo, de muchas otras partes del mundo. Y esta normativa, tan favorable para nuestro pa�s, podr�a considerarse como el punto de partida para fortalecer la �tica colectiva y la forma de interacci�n entre el sector p�blico y el privado. Es muy dif�cil abordar estos temas, pero creo que es el momento apropiado para hablar en el Senado de las relaciones entre el dinero y la pol�tica. Soy una convencida de que son dos cosas diferentes. El que desea dedicarse a los negocios, est� en pleno derecho de hacerlo de la mejor manera, y el que se dedica a la pol�tica debe establecer una separaci�n entre �sta y su vocaci�n de empresario o de hacer dinero por otros medios. Pienso que debemos convencer a los j�venes de que en la pol�tica no est� involucrada la influencia del dinero. Con tal prop�sito se propone la creaci�n de mecanismos muy transparentes de financiaci�n privada de la actividad pol�tica y para regular los l�mites y el control de �sta. Y cuando hablo del �mbito privado, quiero tambi�n dejar muy en claro que el se�or Ministro manifest� su acuerdo en la Comisi�n, donde tambi�n se refiri� a la transparencia que se pretende dar a este tema. Incluso en la prensa de hoy, como han podido apreciar los se�ores Senadores, se dice que el Gobierno tiene la intenci�n de monitorear los gastos de las campa�as parlamentarias para llegar, de alguna manera, a controlar sus excesos, materia muy dif�cil, pero que esperamos conducir a buen t�rmino. Como dec�a, desafortunamente en esta elecci�n las disposiciones de esta iniciativa no podr�n ser puestas en pr�ctica, pero creemos que en un futuro pr�ximo ello ser� posible. Se trata de determinar con certeza el monto a que asciende una campa�a pol�tica en Chile, dato que resulta casi imposible obtener el d�a de hoy, dada la completa desregulaci�n que existe sobre la materia y la ausencia de normas m�nimas de transparencia sobre el particular. En nuestro pa�s, proyecciones muy conservadoras han estimado que el gasto total de las campa�as parlamentarias en 1993 alcanz� a 15.700 millones de pesos, o sea, 37,5 millones de d�lares de la �poca. Otros estudios referentes a las elecciones parlamentarias de 1997 dan una cifra total de 39.000 millones, aproximadamente 84 millones de d�lares. Distintos institutos han hecho estudios al respecto -los documentos pertinentes me fueron proporcionados por el Ministerio del Interior y los se�ores Senadores interesados pueden solicitarlos-, por ejemplo, el que elaboraron el Centro de Estudios P�blicos y la Corporaci�n Tiempo 2000 mide el porcentaje del producto interno bruto en comparaci�n con los gastos electorales de diversos pa�ses. En el caso de Estados Unidos, su porcentaje del PIB es de 0.046, en circunstancias de que Chile es de 0.161. S�lo nos gana (en forma negativa, por cuanto hablo del gasto electoral agregado) Nicaragua, con 0,238 por ciento del producto interno bruto. Y nos comparamos con Jap�n, que tiene 0,066 por ciento; con Gran Breta�a, 0,009 por ciento, pa�ses que, sin duda, tienen bastante mayores niveles de gasto y mejores est�ndares de vida. Aunque el total de gasto de todas las campa�as que se verificaron en Estados Unidos ha crecido progresivamente desde 1952, al momento presente �ste se sit�a en cifras cercanas a los 3 mil 500 millones de d�lares. Jap�n ha seguido el mismo derrotero, pues el gasto se halla en los 3 mil millones de d�lares. En Gran Breta�a sucede lo mismo. Pero lo que resulta muy negativo para nosotros es que, con relaci�n al gasto en esos tres pa�ses, el nuestro es nueve veces superior. Se trata -como dije- de naciones con est�ndares de vida diferentes, con otros recursos, en tanto que Chile es una naci�n peque�a (15 millones de habitantes), con una pobreza, desgraciadamente, muy grande. Esto, sin duda, constituye una aberraci�n. El mensaje del Ejecutivo se�ala los grandes principios que orientan este proyecto. Y destaca, entre ellos, la regulaci�n de los sistemas de financiamiento de campa�as electorales, procurando que todos los candidatos y partidos participen en los actos electorales en un mismo pie de igualdad. Esto es consecuente con el mandato del art�culo 1� de nuestra Constituci�n Pol�tica, que asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El proyecto define los gastos electorales como "todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos pol�ticos y candidatos, con ocasi�n y a prop�sito de actos electorales.". Asimismo, determina el per�odo en que �stos se considerar�n. Igualmente, se�ala los tipos de gastos electorales, respecto de los cuales no me extender� m�s, por cuanto se encuentran claramente explicados en el mensaje y en el informe evacuado por la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. En seguida, se consignan los l�mites al gasto electoral. Y el Ejecutivo propone -el proyecto debe discutirse y puede sufrir enmiendas tanto en el Senado como en la C�mara de Diputados- que en las elecciones parlamentarias y municipales los gastos electorales se encuentren sujetos al l�mite que resulte de multiplicar por 0,02 UF el n�mero de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la circunscripci�n senatorial, el distrito o la comuna correspondientes. En el caso de las candidaturas a Presidente de la Rep�blica, dicho l�mite se calcular� considerando otro factor multiplicador, por si procede una segunda vuelta. El l�mite de gastos que podr� efectuar cada partido pol�tico ser� el equivalente al tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos tambi�n los independientes que vayan en pacto o subpacto con �l. El candidato o partido pol�tico que exceda el l�mite de gastos electorales ser� sancionado con una multa, a beneficio fiscal, equivalente al qu�ntuplo del exceso en que hubiere incurrido. Como Sus Se�or�as podr�n apreciar, se trata de un castigo bastante fuerte. Pero viendo la significaci�n del proyecto (aunque a algunos se�ores Senadores les parezca mal), la sanci�n incluso podr�a ser mayor. Despu�s, el inciso segundo del art�culo 8� dispone que "se entender� que constituye aporte de campa�a electoral toda contribuci�n en dinero, o estimable en dinero, que las personas naturales o jur�dicas de derecho privado, efect�en a un candidato o partido pol�tico, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, de donaci�n, comodato o cualquier acto o contrato a t�tulo gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.". Como pueden ver, se�ores Senadores, esto es bastante dr�stico, pero, a mi juicio, necesario. A continuaci�n, para el control de los ingresos y gastos electorales se establece la figura de los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales. Se trata de un extenso T�tulo, en donde se dispone que todo candidato a Presidente de la Rep�blica, a Senador o a Diputado deber� nombrar un Administrador Electoral �lo que habr� de efectuarse al momento de la declaraci�n de la candidatura-, el que actuar� como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligaci�n pesar� en el caso de candidatos a alcalde o a concejal correspondientes a comunas de m�s de veinte mil electores. Corresponder� especialmente al Administrador Electoral, entre otras obligaciones, llevar contabilidad completa y fidedigna de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo y remitirla al Administrador General Electoral del respectivo partido. �ste, a su vez, tendr� la obligaci�n de mandar dicha informaci�n contable al Director del Servicio Electoral. Algunas normas deben ser aprobadas con rango de ley org�nica constitucional por incidir en materias relativas a la organizaci�n del sistema electoral p�blico, al financiamiento de los partidos pol�ticos y a las atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones. En el P�rrafo 3� del T�tulo III se indica el momento de la presentaci�n y control de la contabilidad electoral. En efecto, dentro de los cuarenta d�as siguientes a una elecci�n presidencial, parlamentaria o municipal, los Administradores Generales Electorales deber�n presentar al Director del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos. A �ste tambi�n se le fija una fecha en la que deber� pronunciarse respecto de la cuenta de ingresos y gastos electorales. Se�or Presidente, la iniciativa en discusi�n constituye un desaf�o para nuestro pa�s. Creo que ser�a muy bueno que la aprob�ramos en general en forma un�nime, tal como lo hizo la Comisi�n, con los votos de los Honorables se�ores Cordero, Fern�ndez, Mart�nez y de la Senadora que habla, que la presidi�. Tambi�n sugiero fijar un plazo razonablemente largo para presentar indicaciones. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, concurrimos con nuestros votos para aprobar el proyecto en la Comisi�n y tambi�n lo haremos en la Sala, por cuanto creemos que todas las normas que digan relaci�n con la transparencia y l�mites en el gasto electoral pueden ser interesantes de considerar, y resulta, por tanto, necesario analizar el tema a fondo. Nos parece que el proyecto en discusi�n, que en general define el gasto electoral como "todo desembolso en el que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos pol�ticos y candidatos, con ocasi�n y a prop�sito de actos electorales", debe ser revisado y estudiado, por cuanto este tipo de limitaciones, que se han establecido en otros pa�ses, no se han cumplido efectivamente, y son disposiciones que normalmente pueden burlarse con mucha facilidad. Pero lo m�s grave es que esta clase de normas puede afectar a los candidatos que no se encuentran en el ejercicio del poder. Y, en esa perspectiva, la iniciativa ha de ser especialmente cuidadosa para dar las mismas facultades e iguales posibilidades al candidato que est� postulando al cargo sin tener antecedentes conocidos por la opini�n p�blica. Ello, porque la ventaja de quien ya est� ejerciendo el cargo y postula a su reelecci�n es enorme. En ese sentido, creo que se afectar�a en forma importante el sistema democr�tico si este proyecto, en el fondo, consolidara la situaci�n de quienes actualmente ejercen un cargo. Dir�a que �sa es la limitaci�n y el defecto probablemente m�s grave que puede tener: consolidar de alguna u otra manera a los que actualmente ocupan el cargo al cual se postula. De manera que el an�lisis que lleve a cabo la Comisi�n tendr� que ser especialmente cuidadoso, a fin de evitar que finalmente la ley lleve a esta situaci�n, con lo cual, obviamente, dejar�a de cumplir su objetivo de transparencia y se transformar�a en una normativa antidemocr�tica. Del mismo modo, tambi�n es preciso considerar la posibilidad de facilitar que las personas efect�en donaciones, respet�ndose el anonimato, garant�a que deber�a tener el que desee realizar un aporte. No tiene por qu� ser necesario identificar al donante, pues �ste podr�a verse expuesto a alg�n tipo de represalia o de acciones en su contra, especialmente si quien recibe la donaci�n es contrario al candidato de turno. No olvidemos que el voto es secreto. Por lo tanto, el hecho de establecer que ser� obligatorio publicitar los aportes de personas naturales, obviamente, tambi�n atenta contra el car�cter secreto del voto. Por eso, se trata de normas que es preciso analizar convenientemente. A mi juicio, el problema fundamental de la medida anterior radica en que se favorece a quien est� en el ejercicio del cargo, pues �ste se encuentra en una especie de campa�a permanente y cuenta con gastos fiscales para desarrollar su labor. Todo ello significa que de una u otra manera se deja en absoluta desventaja al postulante a ocupar un cargo por primera vez, y que, por lo tanto, no ha tenido posibilidad de darse a conocer ante la opini�n p�blica. Los Parlamentarios, los alcaldes o los concejales cuentan con distintas formas de hacerse presentes en los medios de comunicaci�n, lo cual representa una ventaja que puede ser incontrarrestable frente al candidato que no dispone de esos medios. En consecuencia, se trata de un aspecto que �repito- debe estudiarse adecuadamente. Por otra parte, existe una serie de limitaciones en el sentido de que las campa�as deben llevar una contabilidad general completa. Significar� un trabajo enorme el revisar cientos de contabilidades y analizarlas. En todo caso, creo que es una materia perfectamente subsanable. Sin embargo, a mi juicio, existe un aspecto fundamental que deberemos analizar en la discusi�n particular de las normas �respecto del cual presentaremos indicaciones, donde algunas de ellas necesariamente requerir�n del apoyo del Ejecutivo-, en cuanto al establecimiento de limitaciones a la acci�n del Gobierno de turno en una elecci�n. Porque, as� como se pretende restringir el gasto que puedan efectuar particulares en una campa�a, tambi�n el Gobierno de turno deber�a tener serias limitaciones �establecidas en el proyecto que nos ocupa- para los efectos de mantener el debido equilibrio. Si se quiere abordar el tema de fondo, cual es la existencia de reglas claras y transparentes para la competencia electoral, un punto fundamental es la influencia que el Gobierno pueda tener en las campa�as, sea por medio de la intervenci�n directa, sea por la aplicaci�n del gasto p�blico, que muchas veces puede hacerlo en forma discrecional. Para tal efecto, debe prohibirse que los personeros de Gobierno participen en campa�as p�blicas, en especial en el per�odo inmediatamente anterior a ellas, y usar bienes p�blicos en beneficio de aqu�llas. Tambi�n deben fijarse restricciones especiales al otorgamiento de subsidios y beneficios directos por parte de autoridades p�blicas. Por ejemplo, pensiones asistenciales, canastas familiares, no pueden entregarse con intervenci�n o participaci�n de candidatos oficialistas. El Gobierno debe quedar impedido de pagar honorarios o gastos extraordinarios que aumenten significativamente en per�odos anteriores a las elecciones. Para hacer efectiva tal restricci�n, debe crearse una especie de registro p�blico centralizado, por ejemplo, en la Contralor�a General de la Rep�blica, donde se indiquen las personas que reciben los honorarios o pagos, de qui�n las recibe y por qu� concepto. Para evitar el uso indebido de fondos y bienes fiscales -considerando la dificultad de probarlo- deben dictarse normas especiales en materia de prueba respecto del uso de bienes fiscales (autom�viles, tel�fonos, oficinas, personal, etc�tera), de tal manera que la autoridad sea capaz de demostrar fehacientemente que est� llevando a cabo actividades ajenas al proceso electoral. Todo esto ser� objeto de indicaciones que formularemos. Adem�s, el presupuesto utilizado por el Gobierno para publicidad debe ser limitado en los meses anteriores a una elecci�n de forma tal que no se pueda usar en apoyo de determinados candidatos. Del mismo modo -algo que tambi�n puede ocurrir-, la utilizaci�n de folletos, libros, cat�logos y otros documentos semejantes debe restringirse en los per�odos electorales a fin de precaver que por esa v�a se realice alg�n tipo de propaganda en favor de candidatos oficialistas. En la Ley de Presupuestos se establecieron limitaciones para la realizaci�n de encuestas y estudios de opini�n, salvo que cuenten con autorizaci�n espec�fica. Dichas normas deben hacerse gen�ricas y permanentes para los efectos de impedir el uso de fondos fiscales con tales finalidades. Restricciones similares a las reci�n se�aladas respecto de bienes fiscales deben extenderse a las empresas p�blicas, ya que obviamente les corresponden iguales limitaciones en cuanto al uso de los recursos, para prevenir su destinaci�n a objetivos distintos de los propios. No olvidemos que la finalidad de las empresas p�blicas no es financiar campa�as. Se�or Presidente, nosotros prestaremos nuestra aprobaci�n al proyecto -tal como hicimos en la Comisi�n-, y presentaremos diversas indicaciones en su discusi�n particular (algunas de ellas enunciamos ahora), para lo cual ser� necesario, especialmente en las que digan relaci�n a los actos del Gobierno y del sector p�blico, contar con el patrocinio del Ejecutivo para los efectos de poder establecer las respectivas limitaciones. Ello, puesto que de otra manera no se podr�a lograr, en un proyecto sobre transparencia y l�mite del gasto electoral, un equilibrio adecuado en las distintas circunstancias involucradas en dicho proceso. Pero �repito- uno de los importantes factores que desequilibran toda campa�a es la situaci�n en que se encuentra el candidato que no ocupa el cargo al cual postula, y otro es el que se refiere a la intervenci�n que un Gobierno (el de turno) pueda tener en determinada elecci�n. Tales factores se deber�an considerar en un proyecto, si realmente deseamos establecer transparencia y l�mite en el control del gasto electoral. Se�or Presidente, votaremos a favor de la iniciativa y presentaremos las indicaciones respectivas en la oportunidad que corresponda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, la Senadora se�ora Frei ha dado un completo informe. Creo que, desde ese punto de vista, resumi� en forma adecuada los fundamentos del proyecto y la motivaci�n que lo inspira. Sin embargo, en esta intervenci�n deseo referirme a algunos aspectos que, dentro del debate p�blico �incluso mencionados en la Sala-, creo necesario despejar. El objetivo m�s importante del proyecto, que se busca sobre la base de limitar o controlar el gasto electoral, es respetar la igualdad de cada ciudadana y ciudadano para elegir o ser elegido sin elementos que distorsionen tal prerrogativa en nuestra sociedad. Los Senadores de esta bancada sostuvimos en su momento una batalla muy larga y dif�cil para establecer la c�dula electoral �nica. Jorge Rogers Sotomayor, Diputado en esa �poca, fue el autor del respectivo proyecto -que recibi� todo tipo de ataques al pretender arrancar de las manos de quienes pod�an financiar la impresi�n, la distribuci�n del voto, e incluso controlar la forma c�mo �ste se emit�a- tendiente a instaurar un mecanismo imparcial que diera una posibilidad de democratizaci�n en el pa�s. Creo que nadie duda hoy d�a en Chile que la c�dula �nica, el voto secreto, la emisi�n de c�dulas por parte de un organismo centralizado, el control de acuerdo con el sistema electoral vigente (de mesas, de tribunales, de sistemas id�neos de c�mputos), nos han dado la posibilidad de avanzar en este reconocimiento a la igualdad de la ciudadana y del ciudadano para expresar su voto. El problema del gasto electoral se vincula -no quiero usar palabras que en su tiempo fueron muy discutidas, precisamente cuando se derog� el sistema de votaci�n anterior a 1958- a la pr�ctica del cohecho, que consist�a en la utilizaci�n del dinero para torcer la voluntad ciudadana. As�, la imaginaci�n, no popular, sino la de quienes financiaban el cohecho, lleg� casi a niveles de novela: el sistema del "zapato izquierdo", el del "sobre brujo", el del "billete cortado" y el de "la encerrona" corresponde a la terminolog�a que se utiliz� en su tiempo. Cuando esto se conversa con gente m�s joven, se piensa que uno tiene imaginaci�n f�rtil, como la de un novelista. Se les ha explicado en qu� consist�a y, c�mo se hac�a todo ello -varias de las personas que se encuentran en esta Sala saben que esto es verdad- y que el dinero se usaba para elegir Senadores, Diputados, alcaldes, regidores en su �poca y Presidentes de la Rep�blica. Eso, obviamente, generaba una f�rmula absolutamente antidemocr�tica para el funcionamiento del pa�s. Hoy d�a estamos en un mundo distinto y las cosas operan de otra manera. Sin embargo, se observa que el poder del dinero sigue presente, con f�rmulas m�s novedosas y m�s de acuerdo con el tiempo que vivimos, pero que son igualmente eficaces. Ellas, incluso, pueden esconder subterfugios, como el hecho de que en la actualidad cualquier candidata o candidato realmente inteligente puede declarar que el contratar un programa de radio o televisi�n locales -hoy d�a esto existe y se realizan campa�as electorales antes de la fecha permitida por la ley- no constituye gasto electoral, sino difusi�n de la persona. Todos sabemos lo que eso cuesta, c�mo se arman los equipos y de qu� manera comienza a generarse un problema de imagen. Lo mismo ocurre con el sistema relativo a los sondeos p�blicos. Sobre el particular, en estos d�as hemos asistido a un espect�culo incre�ble: a ra�z de lo que dicen supuestas encuestas, se ha producido un terremoto en una alianza electoral, lo cual ha cambiado bruscamente el cuadro de representatividad en Chile. Algunas de esas encuestas son car�simas; otras tienen un mecanismo de financiamiento m�s sutil. Pero, en el fondo, son instrumentos de creaci�n de imagen, de opini�n p�blica, que generan consecuencias como las observadas Por lo tanto, se�or Presidente, creemos que es positivo considerar un proyecto sobre limitaci�n del gasto electoral, para salvaguardar la equidad de la ciudadana y del ciudadano en su posibilidad de elegir y ser elegidos. Sin embargo, hay un segundo argumento al que tambi�n har� menci�n. Cuando se manifiesta que el aparato gubernamental es un elemento electoral importante, no s� si ello se hace recordando tiempos pasados. En todo caso, si fuere as� cabe destacar que, con motivo del Plebiscito de 1988, donde se realiz� un enorme esfuerzo p�blico visible -muchos de los que integran el Senado actuaron ante el pa�s-, la ciudadan�a fue capaz de resistir la intervenci�n electoral m�s brutal que se haya visto y de generar, incluso, un resultado que hasta hoy asombra al mundo y que en nuestro pa�s abri� las puertas de un sistema democr�tico. Por lo tanto, no es conveniente magnificar el argumento de que el aparato vinculado al Gobierno es el que elige a los candidatos. �No! Porque la Oposici�n, aunque no forma parte de �l, en la primera vuelta de la elecci�n de 1999 estuvo a punto de alcanzar la Presidencia de la Rep�blica. En consecuencia, esa afirmaci�n no es v�lida, porque todos sabemos que el sistema est� sometido a la Contralor�a General de la Rep�blica, a las leyes vigentes y puede ser objeto de denuncia p�blica, a cuyo respecto hay libertad de prensa para expresar lo que se desee y donde se quiera, como tambi�n acusar al funcionario, someterlo a proceso, e incluso destituirlo, si no cumple con la ley. Por consiguiente, dicho argumento no debe quedar establecido en el debate como punto central -vale decir, controlar la forma como act�a o no act�a el aparato p�blico-, por cuanto no es lo que motiva el proyecto de ley sobre gasto electoral. Eso ser�a escamotear el verdadero fundamento de la iniciativa. Se�or Presidente, el tercer punto que deseo destacar apunta a la exageraci�n que se hace con respecto al gasto electoral, en orden a que se tratar�a de algo absolutamente perdido. Posiblemente en algunas situaciones �l no se traduzca en una producci�n inmediata y permanente. Pero, �alguien puede negar -sobre todo quienes representamos a las regiones- que durante el per�odo electoral es cuando las radios locales, las que generan una cadena de comunicaci�n en cada una de las zonas, tienen la posibilidad de lograr un financiamiento m�nimamente m�s adecuado? No recurramos a la hipocres�a ni tampoco a argumentos que no son v�lidos. �Por qu�? Porque esas radios -las cuales hoy d�a est�n siendo absorbidas por cadenas nacionales que se conectan a trav�s de un computador y que eliminan toda presencia a nivel local o regional- encuentran precisamente en las campa�as electorales su expansi�n, su financiamiento y su posibilidad de existencia. Entonces, �cu�l ser�a el esc�ndalo que producir�a el gasto electoral? A mi juicio, lo importante ser�a normar los precios de esos programas; que se tuviese un conocimiento previo acorde con la realidad y que su acceso sea igualitario, y no como ocurre hoy d�a en ciertos casos, donde determinadas candidaturas compran radios cuyos espacios son negados al postulante opositor. As�, normalmente los candidatos de la Concertaci�n no pueden acceder a ellas, toda vez que han sido adquiridas por poderes econ�micos que controlan la situaci�n. Otro punto al que deseo referirme se vincula con la confecci�n del material impreso en las campa�as electorales, donde participan imprentas nacionales, las que utilizan en sus trabajos papel nacional. No son los candidatos que representamos a los sectores de la clase media y a la gente de trabajo quienes traemos asesores internacionales de imagen, ni los que mandamos buscar personas a Estados Unidos para que mejoren nuestra cara o nos hagan una especie de "jingle", con el objeto de que los electores nos vean m�s simp�ticos y m�s agradables. �No! Quienes hemos sido elegidos con el voto de la gente de trabajo sabemos realmente que eso no corresponde a nuestro gasto. Por lo tanto, se�or Presidente, debemos dejar en claro, primero, que aqu� se busca evitar el cohecho moderno que hoy se est� dando. No digo que lo lograremos totalmente. �No! No soy ingenuo. Pero es conveniente, a lo menos, establecer un mecanismo de freno, de contenci�n y de �tica respecto de lo que significa la utilizaci�n del dinero para forzar una voluntad determinada. Segundo, a mi juicio, es indispensable fortalecer el control del gasto electoral como complemento de la existencia de la c�dula �nica y del voto secreto, porque �se es un aspecto central del sistema democr�tico. Y tercero, estimo que la limitaci�n del gasto deber�a centrarse m�s bien en la utilizaci�n de todos los elementos -sobre todo, los for�neos e importados- que tienden a distraer los recursos que deber�an ser gastados en nuestro territorio y que, en el fondo, generan una cadena de movimientos dentro de nuestra econom�a y en la forma de actuar de las regiones. Quienes fuimos elegidos con votos populares y representamos a las regiones sabemos lo dif�cil que es enfrentar una campa�a electoral y el costo que ella reviste. Adem�s, los que obtuvimos las primeras mayor�as no ganamos por el poder del dinero, sino por el poder de la convicci�n, de la confianza de la gente, elemento que hasta el d�a de hoy el dinero no ha logrado doblegar. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, a ra�z de este debate, debo manifestar que me impresion� mucho el que hace pocas semanas el Presidente de un importante partido pol�tico del pa�s, el Diputado se�or Cardemil, y antes de producirse las �ltimas turbulencias en la Derecha chilena, renunciara a su candidatura senatorial por la Regi�n del Maule, a la cual tengo el honor de representar en el Senado. La raz�n que dio p�blicamente -por eso lo comento ac�- no fue pol�tica, sino econ�mica. Dijo que retiraba su candidatura, la cual, a mi juicio, contaba con respaldo en la regi�n. El se�or MORENO.- A �l no lo bajaron. El se�or GAZMURI.- No, se baj� solo. El motivo que adujo me impresion�: expres� que �l no estaba en condiciones de soportar financieramente la campa�a. Esa declaraci�n, que apareci� en la prensa regional y nacional, me alert� sobre un sistema pol�tico que tiene profundas enfermedades. El hecho de que un candidato con raigambre en una regi�n, perteneciente a un partido de Derecha, que se supone representa a los sectores m�s acomodados de la sociedad,... El se�or MART�NEZ.- No necesariamente. El se�or GAZMURI.- ...como es manifiesto en Chile, haya esgrimido como argumento que se retiraba de la campa�a por falta de recursos econ�micos... El se�or MART�NEZ.- Bueno, si... El se�or GAZMURI.- Su Se�or�a no tuvo ese problema. Otros almirantes lo tienen. El se�or MU�OZ BARRA.- �El Honorable colega no incurri� en gastos electorales! El se�or GAZMURI.- El se�or Senador no ha tenido problemas de caja por ese concepto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ruego a los se�ores Senadores no interrumpir. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, me llama la atenci�n que se me aluda. Yo s�lo estoy observando. El se�or GAZMURI.- Me estaba interrumpiendo, se�or Senador. Por eso lo alud�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ruego al Honorable se�or Gazmuri dirigirse a la Mesa. El se�or GAZMURI.- Si el se�or Senador quiere, le doy una interrupci�n. No tengo problema en sostener un di�logo con Su Se�or�a. Entonces, se�or Presidente, obviamente no fue la amenaza econ�mica del Senador que habla lo que hizo retirar su candidatura al Diputado se�or Cardemil; no fue el temor de lo que pudiera ser mi despliegue electoral,... El se�or MORENO.- Su Se�or�a gasta poco. El se�or GAZMURI.- ...sino, m�s bien, el del se�or Coloma, Diputado por Melipilla. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ruego a los se�ores Senadores evitar los di�logos. El se�or GAZMURI.- Ello demuestra que en esta sociedad hay una enfermedad, un problema severo entre el dinero y la pol�tica. Eso me recuerda el debate de los a�os cincuenta. En esa d�cada hubo una gran discusi�n sobre el cohecho,... El se�or MORENO.- As� es. El se�or GAZMURI.- ...que se resolvi� de manera favorable con las leyes aprobadas en el �ltimo per�odo de 1957 y que terminaron con la llamada "Ley de Defensa de la Democracia", lo que signific� el t�rmino de la exclusi�n. Al mismo tiempo, se cre� un mecanismo tendiente a dificultar el cohecho, que hab�a sido un elemento consubstancial del paisaje pol�tico chileno desde la fundaci�n de la Rep�blica. De otro lado, el actual debate sobre estos asuntos, e incluso la manera en que los diarios se refieren a ellos, me recuerdan tambi�n a la prensa de 1920, durante la que en alg�n momento se llam� "Rep�blica plutocr�tica". Y hace unos d�as, leyendo el libro "El Pensamiento Pol�tico Chileno", me enter� de que entre 1915 y 1920 las diputaciones y senadur�as ten�an un precio: 150 mil pesos una diputaci�n y 250 mil pesos una senadur�a. Con relaci�n al proyecto en debate, seg�n el mensaje los gastos de las elecciones parlamentarias de 1997 en Chile en relaci�n con el PIB duplicaron o triplicaron el costo electoral de las de los Estados Unidos. Y una organizaci�n no gubernamental supuestamente independiente, el CEP, estima que ese a�o nuestras elecciones costaron 84 millones de d�lares. �84 millones de d�lares! Esto mueve a asombro. �Es un esc�ndalo nacional! Se pagaron las cuentas de servicios de poblaciones completas. Esto significa traficar con el dolor humano. Ahora, en mi regi�n, en este invierno duro, se est�n entregando a los electores bolsas con comida. Actitudes como �sas pervierten la democracia, implican especular con el dolor de la gente y a m� -�qu� quieren que diga!- me indignan moralmente. Y eso est� ocurriendo. Aqu� hay una batalla cultural y tambi�n legal. Pero me preocupa m�s la cultural. Creo que debemos decir "basta" a esta situaci�n. Quiero invitar a que llevemos a cabo un an�lisis de fondo, largo, extenso. Si no, pervertiremos la democracia. Ya la estamos pervirtiendo. Y la perversi�n de la democracia, a mi juicio, puede traer mucho da�o a los pa�ses. En este sentido, la presente iniciativa pone el debate. Concuerdo con dos de los elementos que se proponen y que paso a comentar. El primero es el l�mite al gasto. Es posible establecer razonablemente formas de control cruzado para que tal l�mite no se sobrepase. En el texto se contemplan algunos y podemos perfeccionarlos. Adem�s, no deber�a ser tan caro difundir ideas, pensamientos, fotos de los postulantes que deseamos elegir,... El se�or MORENO.- Las fotos exclusivas son m�s caras. El se�or GAZMURI.- ...el conocimiento de sus biograf�as, los debates p�blicos, etc�tera, para que el proceso funcione bien y la ciudadan�a vote informadamente. El segundo elemento se refiere a la transparencia. Es razonable que haya transparencia respecto del origen de los fondos de las campa�as electorales. Y estoy de acuerdo en que haya discrecionalidad en las donaciones hasta cierta cantidad; pero cuando excedan determinado monto es indispensable, para la transparencia del sistema, que los electores sepan qui�nes son los donantes. Eso permitir� contrastar despu�s si ello influy� en el voto de los ciudadanos. Comparto lo expresado en su informe por la Senadora se�ora Frei, en cuanto a que en Chile todav�a tenemos un sistema pol�tico donde, en general, no hay fen�menos masivos de corrupci�n. Lo que s� estamos corrompiendo es la democracia -lo que es distinto-, la ciudadan�a y el voto ciudadano. En la actualidad, algunas personas dicen que en las campa�as no trabajan si no les pagan. �Todos quienes somos candidatos tenemos esa experiencia! Esto se ha convertido en un oficio. Adem�s, si a la gente se le paga la cuenta de la luz, se pervierte la conciencia ciudadana, la conciencia c�vica, que es la base de la democracia de un pa�s. Estimo que la transparencia es fundamental. Echo de menos en el proyecto otro elemento: un financiamiento p�blico m�nimo. El Honorable se�or Fern�ndez manifest�: "Bueno, aqu� la gente nueva est� en desventaja". Me parece ins�lita la posici�n del se�or Senador, porque significa decir "no limitemos el gasto". Eso favorecer�a a los postulantes nuevos con plata. Pero, �qu� pasa con los candidatos nuevos sin recursos econ�micos? El Honorable colega supone que la igualdad la establecer� aquel que tenga mucho dinero. Ese argumento me parece un tanto plutocr�tico. El m�o es el contrario: �qu� ocurre con los ciudadanos que tienen cualidades, corrientes de opini�n, ideas, propuestas, pero carecen de acceso a fuentes de financiamiento? �C�mo compiten? �De qu� manera se incorporan al sistema aquellos que no se encuentran vinculados, por ejemplo, al empresariado, que est� en condiciones de hacer aportes sustantivos; o a sectores profesionales, que pueden hacer aportes aunque tal vez menores? A mi juicio, al proyecto le falta �como dije- algo que s� contemplan muchas democracias modernas del mundo: un aporte p�blico, limitado -de acuerdo a las posibilidades de nuestra econom�a-, para que el financiamiento de las campa�as asegure igualdad de condiciones en la competencia electoral, que constituye una de las bases de la democracia. Por lo tanto, solicito al Gobierno incluir el punto en una nueva iniciativa -desgraciadamente, no alcanzar� a aprobarse para la presente campa�a electoral-, a fin de estudiarlo con mayor sosiego y tiempo. Es indispensable contemplar un m�nimo de financiamiento p�blico del gasto electoral, de manera de asegurar realmente igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y corrientes de opini�n del pa�s. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or INSULZA (Ministro del Interior).- Se�or Presidente, como lo ha se�alado la Senadora se�ora Carmen Frei, este proyecto persigue objetivos que supuestamente todos compartimos. No quiero retomar las cifras que ella ha entregado respecto de lo que constituye el gasto electoral en el pa�s, y la tremenda desigualdad en que nuestros candidatos se encuentran. Creo que, efectivamente, se trata no s�lo de perfeccionar las leyes en materia electoral, de facilitar mejores formas de inscripci�n, de rebajar las edades para postular a los cargos, de mejorar la posibilidad de acceso de los ciudadanos al sistema, sino tambi�n de dar oportunidad para que un hombre joven que reci�n comienza en la vida pueda ser candidato a Diputado sin tener por eso que hipotecarse por el resto de su existencia a fin de poder competir con quien tiene dinero. Eso es de la esencia de la democracia. Queremos lograr, entonces, objetivos simples con este proyecto, y nos proponemos hacerlo bien. Todos estamos de acuerdo en que hay que actuar, y tenemos una discusi�n respecto de las cosas que deber�amos realizar, para lo cual he se�alado que el Ejecutivo est� plenamente dispuesto a acoger indicaciones, a participar en una discusi�n, a dar tiempo para la presentaci�n de indicaciones (lo cual corresponde, por cierto, a los se�ores Senadores); no vemos obst�culos en eso. Pero enviemos una se�al poderosa al pa�s en cuanto a que realmente queremos ponerle un l�mite a la situaci�n y actuar de manera ecu�nime, aunque procediendo dr�sticamente. Para nosotros el l�mite es muy importante, se�or Presidente, y aqu� s� quiero dar una cifra. Alguna gente piensa que podr�amos estar incluso desvalorizando la pol�tica al rebajar mucho los l�mites. "La gente tiene que darse a conocer", se dice. Pero si tomamos, por ejemplo, la circunscripci�n m�s grande del pa�s (Santiago Oriente, si no me equivoco), con lo que hab�amos aprobado en la C�mara de Diputados antes de que por otras razones el proyecto fuera rechazado, se estar�a gastando todav�a, en esa circunscripci�n, un m�ximo de mil 283 millones de pesos. Con lo que estamos planteando ahora como opci�n, se podr�an gastar en la circunscripci�n 513 millones de pesos. �No es una cantidad peque�a! En la Quinta Regi�n, sexta circunscripci�n electoral (�sta, en la que estamos ahora), se podr�an gastar 150 millones de pesos. No estoy seguro si es �sta circunscripci�n o la interior, la que estoy mencionando. Son 150 millones de pesos para una de las dos circunscripciones de la Quinta Regi�n, lo que no es una cantidad peque�a; es una suma que cuesta mucho juntar. Por lo tanto, estamos fijando un l�mite que, dir�a, es todav�a modesto: un 0,02 de UF por elector. Eso no reduce la pol�tica a una m�nima expresi�n, pero tampoco permite que el gasto se desboque excesivamente. Tambi�n podr�a entregar datos de comunas, de los que dispongo y que voy a entregar, y que se�alan la misma situaci�n. En segundo lugar, queremos transparencia. Y transparencia significa una cosa tan simple como que, en este pa�s, un empleado p�blico se compra una casa y llega Impuestos Internos a preguntarle de d�nde sac� la plata. En cambio, si una persona se gasta mil millones de pesos en una campa�a electoral, no llega nadie a preguntarle de d�nde proviene esa cantidad. Bueno, tiene que dejar registrado el origen de los recursos, de d�nde los sac�, con todos los resguardos que puedan disponerse. Naturalmente, el proyecto es, a mi juicio, muy prudente; no exige la identificaci�n de donaciones inferiores a cierto monto; entiende que las personas que aportan cantidades peque�as de dinero no tienen por qu� quedar registradas. Pero s� exige una contabilidad y un personero responsable, un administrador electoral que se responsabilice de que la contabilidad sea decente, honesta. Con algunas salvedades, por cierto. El candidato de una comuna con 500 electores, o con mil, o con 2 mil, probablemente no pueda costearse un administrador electoral. Por esa raz�n tiene que llevar contabilidad, pero la obligaci�n de tener un administrador electoral comienza a partir de un determinado n�mero de electores. Es un proyecto, entonces, se�or Presidente, prudente. Naturalmente, no se hace cargo de todos los problemas. La cuesti�n de c�mo ganarle al incumbente, es algo que existe en todas las democracias del mundo. En algunas, se ha optado por limitar los per�odos, cuesti�n dr�stica. En otras partes esta materia es motivo de discusi�n recurrente, pero nunca ha podido ser resuelta. Es el caso de Estados Unidos, donde la limitaci�n del per�odo electoral se viene discutiendo y llevando a plebiscito en distintos Estados desde hace mucho tiempo. Sospecho, sin embargo �y eso se ha demostrado recientemente en las elecciones norteamericanas, y en las mexicanas-, que en este punto el problema est� m�s por el acceso a fondos p�blicos de manera igualitaria por parte de los candidatos, que por el establecimiento de limitaciones al gasto privado que el incumbente puede hacer. En todo caso, estamos dispuestos tambi�n a discutir este asunto. Como tambi�n lo estamos �lo declaro aqu� y lo ha planteado el Senador se�or Fern�ndez- a reproducir normas que se quieran establecer para asegurar (creo que ya existen muchas; de hecho, las voy a hacer llegar a ustedes, y esto ha sido un compromiso) las limitaciones que ya tienen los funcionarios p�blicos y el Poder Ejecutivo para no intervenir en absoluto en una elecci�n. No tenemos inconveniente en reproducir esas normas; como tampoco en agregar otras. De hecho, en la C�mara hab�amos aceptado adicionar algunas en materia de propaganda o de publicidad que hacen los organismos p�blicos, de participaci�n de los funcionarios, etc�tera. No perdamos de vista, sin embargo, el problema grave de nuestro pa�s. El m�s grave no es, ciertamente, el de la intervenci�n electoral del Estado, sino el del gasto privado descontrolado. Si no perdemos de vista eso, estamos perfectamente dispuestos a recibir, se�or Presidente, todas las indicaciones que sean �tiles para el mejoramiento de este proyecto, que consideramos tan importante. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- De acuerdo a lo resuelto por la Sala, a las 18 debe comenzar la votaci�n. Por lo tanto, vamos a iniciarla conociendo primero el pronunciamiento de los se�ores Senadores inscritos para fundamentar el voto. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, no me cabe duda acerca de que �ste es un asunto sobre el cual resulta necesario legislar. Los antecedentes existentes indican que nuestro pa�s registra un gasto electoral muy alto en comparaci�n tanto con pa�ses desarrollados, cuanto con los que se encuentran en desarrollo. Comparto las dudas sobre la eficacia del control del l�mite del gasto electoral, pero aun as� creo que el clima existente, y la convicci�n de que se produce en este caso un componente de derroche ha generado �dir�a- un ambiente ciudadano de esc�ndalo ante nuestra realidad, en especial porque en Chile existe igualmente la convicci�n generalizada de que, en definitiva, con el dinero se pueden determinar elecciones y designar Parlamentarios; y que es extraordinariamente desigual el acceso al financiamiento electoral, porque la adhesi�n de las personas y empresas que tienen m�s recursos para estos fines, se carga abrumadoramente a favor de uno de los dos bloques existentes y, dentro de ello, de uno de los partidos de ese bloque. Esto no es para no reconocer que el gasto electoral es algo indispensable y leg�timo, y que probablemente habr�a que ver con cuidado si el l�mite de 0,02 es razonable, o por lo menos hacer un segundo chequeo para evitar que se lo fije a un nivel tan bajo que, en definitiva, estimule m�s bien la evasi�n de la norma. Igualmente es evidente que hay que buscar modos �coincido con el Ministro se�or Insulza en cuanto al m�todo- para compensar la desventaja de las personas que aspiran a desplazar a quienes est�n en ejercicio del cargo. No creo que sea razonable juntar el problema del l�mite de financiamiento del gasto electoral y del control del financiamiento, con el relativo a la intervenci�n estatal. Para este �ltimo existen normas muy precisas de prescindencia. Adem�s, hay un hecho objetivo: existe el aparato central del Estado, y tambi�n est�n los municipios. De manera que el asunto de la influencia desde el aparato p�blico, en t�rminos gen�ricos, creo que afecta de una u otra manera a todos los sectores. En atenci�n a todo lo anterior, voy a votar a favor de la iniciativa, pues creo que, aprobando la idea de legislar, se da una importante se�al en cuanto a la voluntad de establecer un sistema m�s razonable en materia de gasto electoral. Sin perjuicio de lo anterior, y concordando con lo planteado por la Presidenta de la Comisi�n, Senadora se�ora Carmen Frei, deseo hacer presente que, como las normas del proyecto no se aplicar�n en las pr�ximas elecciones de diciembre, no habr�a inconveniente en fijar un plazo relativamente largo para presentar indicaciones. Existen estudios serios sobre el tema, lo que, a mi juicio, resultar�a muy �til aprovechar. Mi sugerencia es que dicho plazo se extienda hasta el t�rmino del receso de septiembre. Para finalizar, quiero hacer hincapi� en algunos aspectos de la iniciativa que me parecen interesantes. De partida, algunos de los estudios aludidos plantean la conveniencia de distinguir entre donaciones indirectas o reservadas, por un lado, y donaciones directas o p�blicas, por el otro. Asimismo, habr�a que analizar la posibilidad de dar mayores facultades a los administradores electorales y a los administradores generales electorales que se crean en el proyecto. Por otro lado, ser�a necesario precisar, a petici�n del propio Director del Servicio Electoral, las atribuciones que se le dar�an por reglamento. Considero indispensable dotar a ese organismo, de aqu� al 2004, de mayores recursos, porque, de otra manera, la eficacia de la fiscalizaci�n ser� extremadamente dudosa. Otras materias relevantes son: convertir a cada candidatura en una persona jur�dica, a fin de hacer m�s efectivo el control de sus ingresos y gastos; establecer alg�n grado de aporte p�blico para el financiamiento de programas locales de radio, como tambi�n la posibilidad de transar los tiempos de la franja electoral y de comprar espacios en radios locales; incentivar o dar un subsidio parcial al pago de las cuotas de militantes de partidos, con el prop�sito de lograr un mejor financiamiento de la actividad pol�tica; en fin, �stas y muchas otras son materias que podr�an ser objeto de perfeccionamiento de la iniciativa. Reiterando la utilidad de fijar un plazo prudentemente largo para presentar indicaciones, voto que s�. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, mucho ha tardado en producirse acuerdo en torno a esta iniciativa. Me parece oportuno recordar que en 1994 la Comisi�n Nacional de �tica P�blica, designada por el Presidente Eduardo Frei, emiti� un informe en el que hac�a un claro diagn�stico sobre el riesgo que representaba la fuerte intromisi�n del dinero en los procesos electorales y, por ende, en la generaci�n del poder pol�tico. Tanto desde la perspectiva de la �tica p�blica cuanto desde la �ptica del perfeccionamiento y fortalecimiento de la democracia, parec�a urgente abordar el tema. La Comisi�n dej� abierta incluso la posibilidad de explorar y poner en marcha un sistema que descansara, como ocurre en tantos otros pa�ses, en el financiamiento p�blico de las campa�as electorales y de la actividad pol�tica. El proyecto que ahora se vota es, en ese sentido, extraordinariamente modesto, sin costo fiscal, y con dos ideas como ejes vertebradores: la idea del l�mite en el gasto electoral y la idea de la transparencia, a la que se asocia, naturalmente, la publicidad y el control del gasto que se realiza. Celebro que, despu�s de siete u ocho a�os de emitido aquel informe, alcancemos por fin alg�n grado de acuerdo que hace viable esta iniciativa. Creo que lo ocurrido desde la elaboraci�n de dicho documento hasta ahora hace realmente urgente dar este paso. Todos los antecedentes disponibles demuestran que desde entonces el gasto electoral ha crecido a un ritmo sostenido y francamente exorbitante entre nosotros. Dicho gasto ha llegado, como muy bien dec�a el Senador se�or Gazmuri, a revestir caracteres verdaderamente escandalosos. Se est� degradando nuestra vida pol�tica y socavando la esencia de la democracia: el valor de la ciudadan�a. Por eso, se�or Presidente, este paso es urgente. Ya hay demasiadas cosas en nuestra vida pol�tica que afectan el ejercicio de la soberan�a popular y el valor de la ciudadan�a, partiendo por el sistema electoral, que hoy encajona al ciudadano y lo deja pr�cticamente sin derecho a elegir. El sistema binominal impuso l�mites muy estrechos que dejan al ciudadano enormemente restringido en sus posibilidades de elegir. Y los mismos que impusieron tal sistema, no contentos con ello, ahora quieren privarlo de la m�nima alternativa que �l contempla. Si a eso se a�ade la existencia de un gasto electoral que, haciendo burla de la ley, ya empieza a expresarse con extraordinaria fuerza entre nosotros, es evidente que resulta urgente actuar. Ser�a inexcusable no hacerlo. En estos d�as hemos estado recibiendo -en nuestros hogares, en nuestras oficinas y en distintos lugares- llamadas telef�nicas de un alcalde que invita a votar por determinados candidatos. Fui Alcalde de Concepci�n durante dos meses, y me resulta verdaderamente sorprendente lo rendidora que se ha puesto ahora �ltimo la remuneraci�n edilicia, como que permite cubrir gastos de semejante envergadura. Si adem�s sumamos el rayado mural y otras formas de propaganda que se est�n utilizando intensivamente, no cabe duda de que, una vez m�s, vamos hacia unos comicios con un gasto electoral escandaloso. La ley en proyecto, como se ha dicho, regir� para el futuro. Pero yo, como Presidente del Partido Radical-Socialdem�crata, quiero declarar esta noche que aprobar la idea de legislar ya crea un compromiso moral. Por esta raz�n, daremos todos los pasos necesarios para autolimitarnos en el gasto electoral y para que el que realicemos durante esta campa�a tenga m�xima transparencia. Es la �nica forma �tica de actuar en pol�tica y de respetar efectivamente la dignidad del ciudadano, base de la democracia. Voto a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El �ltimo inscrito para fundamentar su voto es el Honorable se�or Horvath. Despu�s se seguir� tomando la votaci�n en el orden correspondiente. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, la iniciativa aborda una materia de la m�xima importancia. El objetivo es que los candidatos sean conocidos por los electores en igualdad de condiciones, y mientras m�s conocidos, mejor. Se ha hecho un poco tradicional decir que las grandes empresas y la mayor parte monetaria est�n en la Derecha. Aparte de que hoy en d�a hablar de Izquierda y Derecha est� obsoleto, es indudable que existen enormes empresas y complejos que manejan mucho dinero que se hallan m�s cerca de la Concertaci�n que de la Alianza por Chile. Esto es algo que uno percibe en las distintas regiones de Chile y sucede en los dos sectores. Hay transversalidad tanto en los aspectos positivos como en los aspectos negativos que aqu� se han se�alado. El alto costo de una campa�a y las actuales f�rmulas de mercadeo, con mecanismos bastante sofisticados, efectivamente generan una acci�n de repudio que se manifiesta muy bien, por ejemplo, en la indolencia y en la no inscripci�n, ya reiterada, de los j�venes en los registros electorales. Es important�simo asegurar que los candidatos sean bien conocidos y evaluados por sus m�ritos, su vocaci�n de servicio, su capacidad y, en definitiva, su representatividad, y no por la cantidad de dinero que en un momento dado son capaces de movilizar para captar a �ltimo minuto a los electores, con f�rmulas tales como pagarles las cuentas, repartirles regalos y hacerles entregas de canastas, de metros c�bicos de le�a o de premios; apoyar a deportistas; ofrecer viajes. En fin, existe una enorme cantidad de maneras de proceder. A uno le gustar�a que llegara m�s dinero para estos efectos a la regi�n; pero, por cierto, la dignidad de las personas no se compra, y menos sus conciencias. Del mismo modo, es muy destacable lo que aqu� se ha indicado en cuanto a que, cualquiera que sea el Gobierno de turno, las autoridades no deben hacer sentir su influencia. El se�or Ministro ha dicho que existen instructivos en ese sentido, pero sabemos que el ingenio y la creatividad son muy amplios. En un momento dado, es posible hacer aparecer como que toda obra de una regi�n es gesti�n de un determinado Parlamentario o candidato. Incluso, percibimos de repente que las autoridades de los gobiernos regionales -a veces, los cuidados del sacrist�n ahogan al se�or cura- env�an a cierto candidato a enfrentar los problemas de la gente, como si los fuera a solucionar �l y no el Gobierno. En tal sentido, se est� visualizando cada vez mejor que las ma�as para salir elegido, las cuales antiguamente se ve�an como capacidad de la persona para ser buen representante, hoy est�n provocando franco rechazo de la ciudadan�a, en particular de quienes consideran que detr�s de un postulante u otro no debe influir determinado grupo de inter�s. Por lo anterior, creo que estamos ante una medida muy sana. Obviamente, habr� que evaluarla con bastante detenimiento en la discusi�n particular. Por ejemplo, los montos m�ximos se�alados en el art�culo 4�, en el caso de la Regi�n de Ais�n, ascender�an a alrededor de 15 millones de pesos por campa�a. Estimo que es una suma adecuada, si todos cumplen las mismas condiciones (ojal� que as� sea). Sin embargo, no s�lo debe actuarse en funci�n de las personas inscritas en cierto momento, porque cada regi�n tiene sus caracter�sticas y hay que llegar con un m�nimo de informaci�n y en igualdad de condiciones a los distintos electores, lo cual puede hacer necesario incorporar otros factores. Con ello quiero dar un ejemplo de que el aspecto en cuesti�n es susceptible de perfeccionamiento a trav�s de las indicaciones. Deseo, se�or Presidente, que el cuerpo legal en proyecto opere con la mayor brevedad y en forma muy transparente, para que las personas, independientemente de su condici�n econ�mica, puedan llegar a representar en mejor forma al Chile que anhelamos para el siglo XXI. Por lo expuesto, voto a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Secretario tomar� la votaci�n al resto de los se�ores Senadores. El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, voto afirmativamente, pese a que tengo serias restricciones y aprensiones en cuanto a la efectividad de una iniciativa como �sta si no es estudiada a fondo. Hay muchas cosas que no me convencen. Pero, como el tema en s� mismo es interesante, no puedo negarme a que se someta al proceso legislativo. El se�or CANTERO.- Se�or Presidente, este proyecto es de particular relevancia en el minuto que vivimos, cuando uno observa tantas distorsiones y alteraciones que no condicen con las normas b�sicas de la democracia. Limitar el gasto electoral como objetivo principal, por una parte, y dar transparencia a la generaci�n de los recursos pertinentes, por otra, es de especial trascendencia y motiva que la iniciativa en an�lisis sea muy oportuna. Los gastos de las campa�as est�n llegando a niveles francamente exorbitantes, escandalosos, casi inmorales en nuestro pa�s. Y es el momento de poner coto a esa situaci�n. Nadie puede sostener seriamente que en Chile existe igualdad de oportunidades en materia electoral si no est� dispuesto al mismo tiempo a fijar un l�mite o al menos, si no desea fijarlo, a establecer con claridad el origen de los dineros que financian las campa�as, para saber efectivamente qu� compromisos conllevan los aportes, que a veces resultan muy generosos. En esta materia ha habido intervenciones desafortunadas. Aqu� no podemos dividirnos entre los que tienen autoridad moral en tal sentido y quienes carecen de ella. Y, al respecto, no reconozco autoridad moral a ning�n sector, ni en esta Alta C�mara ni en la vida pol�tica nacional. Si no, pregunt�monos qu� cuenta p�blica se ha entregado sobre las campa�as presidenciales, que por cierto han sido millonarias, en un sector y otro. Digamos las cosas por su nombre: en Chile la pol�tica se hace, no s�lo incurriendo en tales excesos, sino tambi�n cometiendo un claro fraude a la fe p�blica, porque nadie da cuenta de d�nde surgen los millonarios fondos que financian las campa�as, desde la del m�s humilde concejal hasta la de la m�xima magistratura del pa�s. Cuando a un ciudadano com�n y corriente le detectan alguna inconsistencia en su contabilidad, sea cual fuere la cifra, los servicios pertinentes lo hacen objeto de una persecuci�n implacable. Pero nada de eso ocurre en materia de actividad pol�tica. Por consiguiente, me parece �tica y moralmente deseable enfrentar este problema. Considero muy importante, asimismo, establecer mecanismos que permitan limitar la intervenci�n de la autoridad pol�tica de turno, sobre todo del Ejecutivo. Como ya se ha se�alado, en esta materia existen tambi�n fuertes desbordes, y en algunos casos, claros abusos e intervenciones francamente reprochables. De otro lado, soy partidario de consagrar un mecanismo para el financiamiento p�blico de las campa�as electorales, con el claro prop�sito de dar igualdad de oportunidades a gente humilde que, no obstante tener grandes capacidades, no puede enfrentar los costos de aqu�llas. Si hace pocas semanas el presidente de un partido debi� declinar su candidatura por carecer de recursos, �qu� le queda al humilde ciudadano de clase media que desea enfrentar un acto eleccionario y no tiene c�mo financiar su campa�a? S� que habr� cuestionamientos al financiamiento de la actividad pol�tica, pero debemos enfrentarlos y abordarlos. No ignoro que en este minuto existen urgencias en el pa�s, pues mucha gente tiene hambre o necesita cobijo, educaci�n o salud. Pero lo cierto es que, si no ponemos coto al desborde mercantilista de la pol�tica, estaremos cayendo en un proceso que, como ya se ha dicho, avanza seria y firmemente hacia una corrupci�n inaceptable. Por eso, voto a favor, y desde ya hago p�blica mi petici�n al Ejecutivo para que env�e un cuerpo legal complementario donde se establezca un sistema de financiamiento que permita una real igualdad de oportunidades a todos los chilenos que deseen actuar en la vida pol�tica. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, votar� favorablemente, porque esta iniciativa contribuye en forma oportuna al indispensable perfeccionamiento de nuestra vida pol�tica. Comparto las aprensiones de los se�ores Senadores que me precedieron en cuanto a la eficacia de los procedimientos que contempla la ley en proyecto. Pero creo que a trav�s de las indicaciones deberemos hacer un esfuerzo por mejorar la forma de concretar la intenci�n contenida en el texto sometido a nuestro pronunciamiento, cual es velar por la transparencia, la normalidad, la proporcionalidad, la equidad y la justicia en el financiamiento de las campa�as pol�ticas. �stas no s�lo se solventan o se apoyan materialmente con donaciones o dinero de los candidatos, sino tambi�n haciendo uso indebido de recursos y oportunidades fiscales, de cr�ditos o de aportes externos de organizaciones internacionales o de otros gobiernos, como ocurri� en el pasado en las campa�as pol�ticas, aspecto no considerado en el proyecto y que, en mi opini�n, es necesario complementar. Voto que s�. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, cuando rend� mi informe en nombre de la Comisi�n de Gobierno, omit� dejar constancia -por eso lo hago ahora- de que asistieron a las sesiones pertinentes, adem�s de sus miembros, el Senador se�or Boeninger; el se�or Ministro del Interior con sus abogados asesores; el Director del Servicio Electoral, se�or Juan Ignacio Garc�a, y representantes de diversas entidades: del Instituto Libertad; del Centro de Estudios P�blicos; del Centro de Estudios para el Desarrollo; de la Fundaci�n Chile 21, y del Instituto Libertad y Desarrollo (las minutas donde constan las intervenciones de todos esos personeros se hallan a disposici�n de los se�ores Senadores). Voto a favor. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, me pronunciar� afirmativamente, teniendo la confianza depositada en las indicaciones conducentes a que el proyecto pase a ser una buena ley. Porque, si no se toman las providencias que hoy hacen falta para que el Gobierno camine por el recto sendero, de manera de no incurrir en abierta intervenci�n electoral, esta iniciativa, m�s que equilibrar las cosas, las desequilibrar�. La forma como act�an las gobernaciones y las distintas reparticiones del Gobierno; la manera en que se distribuyen los fondos de la Presidencia de la Rep�blica -en las contiendas electorales, vemos a diario que son empleados para repartir regalos y otorgar incentivos que influyen en las campa�as-, en fin, son aspectos que deben ser corregidos. Y este proyecto abre la oportunidad para hacerlo. En ese entendido, voto que s�. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, este proyecto concita la aprobaci�n de todos los Senadores, porque estamos conscientes de que el despilfarro �se ha usado la palabra "escandaloso"- a que se est� llegando en cuanto a gastos electorales debe tener un l�mite, un coto. Ahora, nos sentimos muy orgullosos de que, en materia de transparencia, Chile haya sido calificado por organismos internacionales como poco corrupto, con nota 7,5 -de un m�ximo de 10-, y ocupe el lugar n�mero 18, despu�s de Estados Unidos. Y eso es as�. Porque, si bien podr� haber alg�n rapi�eo en los mandos medios, no me cabe duda de que las altas autoridades del pa�s act�an con honorabilidad y transparencia. �D�nde nos estamos descuidando? En el financiamiento de las campa�as pol�ticas millonarias. �De d�nde sale el dinero? De alg�n sector. Y �ste, que lo da tan generosamente, �acaso no cobra despu�s? Porque ciertos grupos defienden muy decididamente determinados intereses. �No ser� que est�n comprometidos porque les financiaron sus campa�as electorales? En consecuencia, no s�lo debemos limitar los gastos en las campa�as electorales, sino tambi�n, derechamente, buscar financiamiento p�blico. �Por qu� andamos con cosas escondidas? Es cierto lo se�alado por el Senador se�or Cantero. Nunca dejaremos de tener pobres; jam�s faltar� una necesidad por cubrir. Pero si se va a esperar que est�n solucionados todos los problemas de pobreza en nuestro pa�s, nunca actuaremos con equidad y justicia. Por supuesto, andar pasando la poru�a de puerta en puerta resulta denigrante. Es mi deseo que los Parlamentarios lleguemos al Congreso con total independencia. �Yo me siento plenamente libre, en todos los aspectos! �Y cuando voto lo hago con absoluta libertad, porque, gracias a Dios, no tengo ning�n compromiso con alg�n sector -econ�mico, de mi Partido o de otra �ndole- que haya financiado mi campa�a para ocupar el cargo de Senador que ejerzo hoy! Por eso me interesa que todos podamos llegar al Parlamento en las mismas condiciones. Con tal objeto, deseo que el Ejecutivo tome en cuenta lo manifestado por varios se�ores Senadores y env�e un proyecto o una indicaci�n para que el financiamiento de las campa�as sea estatal. Quiero sacar una ley justa, como lo se�al� el Honorable se�or Prat. Y cuando participo en la formaci�n de la ley, prefiero actuar pensando que estoy abajo, que no soy Gobierno. Pero deseo que �ste sea justo y equitativo y no cometa abusos desde los cargos p�blicos. En consecuencia, voto a favor, y espero que este proyecto sea enriquecido con las indicaciones tanto de los Parlamentarios como del Ejecutivo. Por de pronto, estamos mandando una se�al poderosa a todos los candidatos en el sentido de que ya tenemos el ojo puesto para procurar que exista prudencia y honorabilidad en los gastos electorales. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, me parece que este proyecto va en una direcci�n adecuada: tratar de perfeccionar nuestro sistema electoral. Por ello, lo votar� favorablemente. Empero, me referir� a dos o tres aspectos, pues con ocasi�n del debate se han hecho algunas afirmaciones no siempre coincidentes con la realidad. En nuestra historia electoral, constituy� un gran paso el establecimiento de la c�dula �nica. No s� si ser�a por esa circunstancia que en la primera elecci�n en que se aplic� gan� el candidato de la Derecha, don Jorge Alessandri, con lo cual qued� en evidencia que la falta de control no favorec�a a ese sector. Ahora bien, resulta indudable que, hist�ricamente, los Gobiernos han influido en las elecciones. Por lo tanto, no podemos rasgar vestiduras ac� diciendo que eso jam�s sucede. Al contrario, la posibilidad de influencia del Ejecutivo incluso est� aumentando. Por eso, debemos procurar que la ley en proyecto sea lo m�s adecuada posible. Es preciso llegar a un justo equilibrio. Tenemos que buscar los medios para que tambi�n puedan darse a conocer las personas que no se encuentran en la pantalla, aquellas que no est�n en la opini�n ciudadana, sea por ejercer cargos p�blicos o por ser artistas de televisi�n o de otros medios. Entonces -insisto-, hay que lograr una normativa equilibrada, pues los l�mites cuantitativos -no los he examinado en detalle-, que parecen ser razonables, quiz�s resulten bajos, teniendo presente la circunstancia que se�al�. Sin embargo, deber�amos buscar tambi�n por otro lado. Por ejemplo, el gasto electoral se ha ido haciendo cada vez m�s excesivo porque -la ley lo dispone as�- tenemos campa�as extraordinariamente largas. En Inglaterra se gasta poco en los comicios porque no transcurren m�s de 30 d�as desde que se disuelve el Parlamento hasta que est�n en su asiento los nuevos Parlamentarios. En Chile, en cambio, los candidatos deben quedar inscritos cinco meses antes de las elecciones, los vencedores asumen tres meses despu�s de celebradas �stas, en fin; o sea, vivimos en campa�a. En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo colectivo y aprovechar la ley en proyecto para ir en la l�nea de llegar a justos equilibrios. La experiencia, por lo dem�s, as� lo demuestra. Se habla mucho del gasto escandaloso. Y, efectivamente, constituye una torpeza que el pa�s despilfarre recursos exagerados en los procesos eleccionarios. Empero, la realidad ha evidenciado hist�ricamente que no siempre gan� quien gast� m�s. El General Ib��ez, cuando triunf� en las elecciones de 1952, no gast� m�s de 3 por ciento del total y, sin embargo, dobl� a los candidatos que pr�cticamente coparon el gasto. Me parece, entonces, que la l�nea adecuada es, por un lado, impedir un gasto excesivo, y por otro, no negar la posibilidad de darse a conocer a personas que desarrollan actividades que por su naturaleza no las hacen aparecer ante la opini�n p�blica -por ejemplo, un buen cient�fico o un buen profesor universitario-, situaci�n que las deja en gran desventaja cuando deben competir, por ejemplo, con un actor de televisi�n o con alguien que constantemente tiene presencia en la radio o en otros medios de comunicaci�n. Y �ste es un factor que tambi�n favorece a quienes, desde el Gobierno, obviamente por la naturaleza de sus cargos, est�n en contacto con la opini�n p�blica. El proyecto puede servir de base para ir avanzando en el proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia; pero debe hacerse con el adecuado equilibrio y sin hipocres�a. Si se analizara cu�l ser� el candidato que gastar� m�s dinero en las pr�ximas elecciones, bien se sabe que no ser� precisamente de la Oposici�n. Tengo la esperanza de que se realicen esfuerzos en esta materia, a los cuales coadyuve el propio Gobierno con las indicaciones pertinentes, a fin de avanzar en este complejo proceso. Y es complejo, porque ning�n pa�s del mundo ha llegado a la perfecci�n en este �mbito. Hemos conocido los problemas y esc�ndalos relativos a gastos electorales en pa�ses tan avanzados como Alemania, Italia y otros. Dentro de ese criterio y con la certeza de que todos trabajaremos en seguir perfeccionando el sistema democr�tico, voto a favor del proyecto. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, quiero hacer una peque�a reflexi�n. Estamos ante un proyecto bastante significativo y que, en principio, constituye una buena comunicaci�n para la ciudadan�a. Considero esencial que los pol�ticos expresen a sus electores que hay un encuadramiento m�s preciso y directo respecto de lo que cada candidato puede gastar. Me preocupa que la iniciativa sea muy abstracta, dificultando la regulaci�n a fondo de la materia, ya que, a lo largo de la historia, se ha ido separando la comunicaci�n directa del candidato con sus electores hasta llegar a una comunicaci�n global y regionalizada, haciendo muy trabajoso su control. Hoy d�a mandan las comunicaciones. Independientemente de lo que cada candidato realice por cuenta propia, los medios de comunicaci�n le otorgar�n mayor o menor cobertura en sus pantallas o frente al micr�fono seg�n el inter�s o conflicto que genere en su entorno. Pienso que el pol�tico tiene directa relaci�n con el desarrollo y problemas econ�micos del pa�s; no se halla muy alejado del poder que representa la econom�a. El pol�tico administra la naci�n-Estado y �sta, con su Gobierno, genera el desarrollo econ�mico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, el pol�tico es, en �ltima instancia, el gran administrador del desarrollo del pa�s y se encuentra directamente involucrado con los signos positivos o negativos de la econom�a. De ah� la tremenda importancia que reviste elegir a las personas m�s capaces y conocedoras a fondo de los problemas nacionales. Hoy d�a es bastante dif�cil diferenciar ambos planos, aunque el modelo econ�mico y el pol�tico tienen algunas diferencias. Hace algunos a�os el modelo econ�mico y el pol�tico se superpon�an pr�cticamente en 80 � 90 por ciento, de modo que quien manejaba uno tambi�n conduc�a el otro. Pero actualmente las cosas son distintas. Tal vez por ese motivo la juventud, que vive m�s preocupada de sus problemas econ�micos, se aleja del modelo pol�tico. El proyecto, cuya finalidad es acotar los gastos de las campa�as electorales, constituye una buena comunicaci�n hacia la sociedad. Voto a favor. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, me alegro de que el proyecto se vaya a aprobar en general. Quiero recordar que a�os atr�s en el C�mara de Diputados, en dos oportunidades, no se alcanz� la mayor�a necesaria para aprobar iniciativas similares. El proyecto m�s elaborado fue presentado por tres Diputados de la Democracia Cristiana, pero, desgraciadamente, no se reunieron los votos suficientes. Este importante proyecto es equilibrado, porque en la sociedad moderna, donde la informaci�n est� destinada a las masas, la comunicaci�n necesariamente implica cierto gasto por parte de los candidatos y de las fuerzas pol�ticas. Por eso, comparto lo manifestado por el Senador se�or Sabag, en el sentido de que se deben financiar las campa�as, o los partidos, porque cumplen una funci�n p�blica. Mientras ello no ocurra, limitar el gasto electoral es un primer paso, pero, por cierto, muy insuficiente. En la discusi�n particular, debe prestarse bastante atenci�n a un punto muy delicado: la sanci�n de la infracci�n. Con cierta facilidad se coloca un l�mite, pero con mucha facilidad se cae en la tentaci�n de sobrepasarlo. �Qu� candidato, angustiado por ganar una elecci�n, se niega a recibir un aporte que lo va a ayudar, pero que excede el l�mite permitido? No s� si todos los candidatos poseen tanta fuerza moral como para resistirse. El poder del dinero siempre es muy corruptor. De Europa hemos conocido muy bullados juicios en contra de notables estadistas que han infringido leyes de esta naturaleza. Y se trataba de miembros del Partido Conservador ingl�s, de la Uni�n Cristiana Dem�crata alemana, del Partido Socialista Espa�ol o de la Derecha francesa. O sea, siempre existe la tentaci�n de sobrepasar el l�mite. De ah� que me parece muy importante establecer con nitidez la sanci�n que se aplicar� a quienes excedan dicho l�mite. En Europa la legislaci�n es tan dr�stica que pr�cticamente la sanci�n consiste en la destrucci�n de quien comete la infracci�n o del partido infractor. Ello, por cierto, no contribuye al normal funcionamiento democr�tico, pues tanto una agrupaci�n pol�tica como determinado estadista pueden caer en esa debilidad. Los casos de Helmut Khol o de Jacques Chirac son los m�s claros de los �ltimos tiempos. Sin embargo, no se puede juzgar toda su trayectoria pol�tica por el hecho de recibir un financiamiento ilegal. Ser�a absurdo. Por lo tanto, el problema estriba en aprobar una legislaci�n madura y equilibrada. Voto que s�. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, este proyecto es necesario y conveniente para una democracia representativa, en el bien entendido de que debe haber transparencia y tambi�n procurar la igualdad, a fin de que el elector o el ciudadano elija considerando todos los puntos de vista. Y eso no es f�cil de conseguir en una sociedad de masas donde los medios de comunicaci�n juegan y seguir�n jugando un rol cada vez m�s determinante. Por eso -reitero-, pienso que la iniciativa es necesaria. Y debemos perfeccionarla, para garantir que la voluntad ciudadana se exprese fiel y libremente. En este mismo sentido, quiero dejar en claro que, desde mi punto de vista, hay dos cosas que no se compadecen con la actual institucionalidad de nuestra democracia representativa. Una, es la Ley Org�nica Constitucional de los Partidos Pol�ticos, que es restrictiva y no favorece el funcionamiento de la "correa transmisora" propia de una democracia representativa. Por ello, debemos revisarla para adecuarla al verdadero rol que corresponde a los partidos pol�ticos dentro del sistema democr�tico. El segundo elemento, que me parece a�n m�s grave que el anterior, consiste en que la democracia se basa en la libre adhesi�n. Podemos razonar bien y legislar mejor para buscar la forma de que el elector conozca todos los puntos de vista que le permitan votar libre e informadamente. Pero se va en contra de todo buen proceso si la inscripci�n electoral es obligatoria. Debe establecerse un sistema en que quien cumpla 18 a�os y tenga c�dula de identidad autom�ticamente quede inscrito en el Registro Electoral. Pero la participaci�n debe ser absolutamente libre. Si as� lo entendemos, vamos a conseguir que ma�ana la democracia representativa, nuestra democracia, nuestro sistema, surja de una libre adhesi�n del ciudadano. Por eso, junto con esta modificaci�n de nuestra institucionalidad -me parece muy importante que el elector tenga la debida informaci�n y pueda escoger, entre diversas alternativas, por quien mejor interprete su idea de lo que debe ser la sociedad-, tambi�n es necesario que el ciudadano est� plenamente consciente de que su decisi�n ser� absolutamente libre y no obligatoria, como lo es hoy. Porque la deformaci�n o la desinformaci�n o el mal sistema para conformar los puntos de vista del elector sumada a la inscripci�n obligatoria nos llevar�a a una democracia que se est� construyendo sobre bases inadecuadas. La democracia parte de la libertad y se asienta tambi�n en la libre informaci�n. Aqu� radica el nudo gordiano de un sistema pol�tico que debemos fortalecer. Por eso, voto que s�. Y desde ya llamo al Ejecutivo para que, como lo anunci� el se�or Presidente de la Rep�blica, se env�e prontamente un proyecto de ley destinado al perfeccionamiento de la libre adhesi�n del ciudadano al sistema pol�tico. El se�or BITAR .- Se�or Presidente, al fundar mi voto quiero hacerlo sobre la base de los que considero los tres grandes riesgos a que est� expuesta la democracia, si se persiste en la l�nea de lo acontecido hasta ahora, es decir, en la inexistencia total de una normativa que regule la relaci�n entre pol�tica y dinero. El primero es el riesgo de una desviaci�n de la �tica que debe imperar en la pol�tica. No cabe duda de que la mantenci�n del actual estado de cosas promueve la corrupci�n o le abre las puertas a ella, al ejercicio de la influencia del dinero sobre la pol�tica y tambi�n a la transgresi�n de la que es una ley de oro de la democracia: que cada voto es igual a otro. El uso del dinero rompe esa regla, deforma la realidad e influye indebidamente sobre la pol�tica, alter�ndola. El segundo riesgo para la democracia, de proseguir actuando en la forma como lo hemos venido haciendo hasta ahora, es el atentado a la independencia de los elegidos, quienes pueden ser objeto de presiones muy grandes de parte de poderes econ�micos, que incluso se van estructurando a la luz del proceso de globalizaci�n. Los Estados van perdiendo importancia, los propios parlamentos van empeque�eci�ndose frente a estos poderes econ�micos constituidos a nivel global. En consecuencia, los elegidos democr�ticamente pueden verse crecientemente expuestos a presiones indebidas. �Y por qu� no mencionar el riesgo enorme -que se extiende cada vez m�s- del lavado de dinero, que puede tambi�n incidir, como lo hemos visto en otros pa�ses, sobre la autonom�a de las instituciones, con el consiguiente peligro de corrupci�n? Y el tercer riesgo es la ruptura de la igualdad de oportunidades. La mantenci�n de desigualdades econ�micas tan brutales en una sociedad moderna, donde los medios de comunicaci�n social son fundamentales para dar a conocer un candidato, su curr�culo y su programa, se presta para provocar fuertes distorsiones en la igualdad de oportunidades a que todo ciudadano tiene derecho al ser candidato y someterse a la voluntad popular. Esta situaci�n adquiere especial gravedad en campa�as cortas. Nosotros mismos hemos venido acortando los per�odos de campa�a, y al hacerlo, la posibilidad de nuevos candidatos a entrar en un sistema se hace extremadamente dif�cil. Por lo tanto, se corre el riesgo de que se genere un anquilosamiento pol�tico, al no disponer de instrumentos para renovar la dirigencia pol�tica, lo que es esencial para un pa�s m�s din�mico. En este �mbito tenemos que promover la apertura necesaria para contar con creciente participaci�n de generaciones de dirigentes pol�ticos j�venes.Teniendo en cuenta lo anterior, el paso que hoy damos lo considero bastante modesto. Ayuda, por un parte, a la transparencia, que es muy importante, en cuanto al origen de los fondos, y por otra, a limitar el gasto. Sin embargo, como lo han dicho tambi�n otros se�ores Senadores en esta Sala, especialmente quien me antecedi� en el uso de la palabra, en Estados Unidos -y tambi�n en Europa- en la �ltima campa�a electoral el debate sobre el tema del financiamiento electoral constituy� un punto central, aun cuando ellos ya cuentan con disposiciones regulatorias que limitan el financiamiento que personas o corporaciones puedan dar a un candidato o a un partido. En Europa, la situaci�n ha sido exactamente igual. Hemos apreciado un deterioro de la imagen y fuerza de la democracia por el uso indebido del dinero o de su b�squeda de manera indebida. En Francia muchos de los candidatos elegidos han perdido sus cargos por no ser capaces de demostrar la fuente de sus ingresos o por haberse excedido en los l�mites que establece la ley al respecto. En estas circunstancias, este paso -modesto por cierto- hay que apoyarlo. Pero yo me pregunto: �No apreciamos todos los Senadores la utilidad de la franja televisiva, que establece un m�nimo, com�n para todos? Entonces, �no es razonable extender ese sistema a otros medios de comunicaci�n o poner a disposici�n de cada candidato otros recursos, en forma m�nima, que le permitan, ante la ciudadan�a, darse a conocer a s� mismo y su programa? As� se contribuye a una democracia informada y a un voto m�s inteligente y acorde con la situaci�n que vivimos hoy. Pienso que es �til que el Gobierno considere la posibilidad de presentar una indicaci�n que ampl�e las bases para otorgar igualdad de oportunidades a los candidatos en cuanto a disposici�n de recursos, que les servir�an para dar a conocer su persona, su campa�a y su programa. En ese sentido, la estimar�a como un paso positivo que perfeccionar�a esta normativa. Voto a favor del proyecto, por considerarlo necesario desde el punto de vista moral, y por apuntar a una sana y austera democracia, con igualdad de oportunidades para todos. El se�or HOFFMANN (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Resultado de la votaci�n: por la afirmativa, 40 votos. Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Foxley, Frei (do�a Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Matta, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, Ominami, P�ez, Parra, Pizarro, Prat, R�os, Romero, Ruiz (don Jos�), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo) y Zald�var (don Andr�s). --Se aprueba en general el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Considerando que la pr�xima es semana regional, y en septiembre s�lo dispondremos de dos semanas, propongo como plazo para presentar indicaciones el martes 2 de octubre, a las 12. Acordado. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En seguida, se incluye en la Cuenta de esta sesi�n el informe de la Comisi�n de Constituci�n referente al proyecto sobre el cambio de gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Al comienzo de esta sesi�n se acord� incluir esta iniciativa en la tabla de hoy, votarla a las 18:30 y, despu�s de la relaci�n del se�or Secretario, conceder la palabra, primero, al se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda, quien emitir� un informe oral, y luego, a su hom�logo de la Comisi�n de Constituci�n, el que rendir� el informe t�cnico. (Bolet�n N� 2766-07). CAMBIO DE GRADUALIDAD DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En consecuencia, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, referido al cambio de gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Habr� un informe verbal del Presidente de la Comisi�n de Hacienda. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, calific�ndola de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (2766-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 23�, en 14 de agosto de 2001. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 24�, en 21 de agosto de 2001. Hacienda (verbal), sesi�n 24�, en 21 de agosto de 2001. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento fue autorizada por la Sala para discutir en general y particular el proyecto en su primer informe. La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n, Senadores se�ores Aburto, D�ez y Parra. En cuanto a su discusi�n particular, se deja constancia de que, con modificaciones, todos los art�culos fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, propone a la Sala la aprobaci�n del proyecto despachado por la C�mara de Diputados, con las enmiendas que indica. Cabe dejar constancia de que los art�culos 1� y 3� son normas de rango org�nico constitucional, por lo cual requieren la conformidad de los cuatro s�ptimos de los se�ores Senadores en ejercicio, es decir, 27 votos. Finalmente, corresponde se�alar que la Comisi�n de Hacienda aprob� en general y particular la iniciativa, en los mismos t�rminos en que lo hizo la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Bitar, Boeninger y Foxley. Cabe se�alar que la Comisi�n de Hacienda se encuentra autorizada por la Sala para efectuar un informe verbal. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Hago presente a Sus Se�or�as que, conforme a lo acordado por la Sala, nos encontramos en votaci�n desde las 18:30. De modo que si alg�n se�or Senador lo desea, puede dejar consignado su voto en Secretar�a. En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, efectivamente este proyecto se discuti� hoy en la tarde en la Comisi�n de Hacienda, y fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes. La iniciativa no irroga gasto al Fisco. Simplemente, lo que hace es redistribuir en el tiempo el esfuerzo de inversi�n en edificios e instalaciones para las nuevas estructuras de la reforma procesal penal (tribunales, fiscal�as y defensor�as); posterga su vigencia en la Regi�n Metropolitana, del a�o 2002 al 2004, y la anticipa en las Regiones de Tarapac�, Ais�n y Magallanes al 2002, en vez del a�o 2003. Con esto se busca adecuar el calendario de realizaci�n f�sica de obras y de capacitaci�n del personal con la implementaci�n gradual del nuevo sistema. El proyecto tambi�n sustituye los montos mensuales de las asignaciones de defensa penal p�blica desde los profesionales con grado 5. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Solicito autorizaci�n de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Justicia don Jaime Arellano. --Se accede. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la reforma procesal penal, de trascendental importancia en la convivencia ciudadana y en la forma de sancionar los delitos, ten�a un cronograma que la realidad ha hecho necesario modificar. Tanto la Comisi�n de Coordinaci�n de la Reforma Procesal Penal como el Gobierno, el Parlamento y la Corte Suprema han manifestado la conveniencia de aprobar este proyecto. Se han o�do y le�do algunas cr�ticas a la idea de que ello signifique dilatar la instalaci�n y funcionamiento del procedimiento penal en la Regi�n Metropolitana. Sin embargo, hay que analizar lo que ha sucedido en la realidad. Porque la finalidad principal, en una materia tan importante y novedosa como �sta, es que el sistema cumpla los objetivos tenidos en cuenta al aprobarlo y no enfrente dificultades mayores que puedan contribuir, no s�lo a su desprestigio, sino a la vuelta de procedimientos que evidentemente no corresponden a nuestra �poca. El primer inconveniente que se ha encontrado para mantener la fecha primitiva es la incompatibilidad entre los plazos se�alados en la ley y el dise�o y construcci�n de las edificaciones requeridas para el funcionamiento del nuevo sistema, sobre todo en la Regi�n Metropolitana, que concentra 23 juzgados de garant�a, 12 tribunales del juicio oral en lo penal, una fiscal�a nacional, 4 fiscal�as regionales, 23 fiscal�as locales, una defensor�a nacional, 2 defensor�as regionales y 15 defensor�as locales, que hay que ubicar en edificios funcionales para facilitar el cumplimiento de los objetivos. En seguida, la insuficiencia de los plazos fijados para la puesta en vigencia del nuevo sistema en cuanto a la capacitaci�n de todo el personal que requiere la reforma, por cuanto, evidentemente, ello escapa a los c�lculos y a la factibilidad de hacerlo en plazos m�s breves. La Regi�n Metropolitana concentra 152 jueces de garant�a, 150 jueces de tribunal del juicio oral en lo penal, 267 fiscales adjuntos, 4 fiscales regionales, 37 defensores locales, 2 defensores regionales, m�s todo el personal t�cnico administrativo y auxiliar. Asimismo, hay que considerar que el sistema no s�lo significa jueces y procedimientos nuevos, sino un cambio sustancial en los nuevos dise�os organizacionales de diversas instituciones que participan del sistema, a los que deben adaptarse las polic�as, gendarmes, peritos y dem�s funcionarios p�blicos. Esto tambi�n conlleva la necesidad de destreza y formaci�n para dicho personal. Por eso, la Comisi�n de Coordinaci�n de la Reforma Procesal Penal ha recomendado, por unanimidad, que aprobemos el sistema que contiene esta iniciativa. El proyecto en debate tiene los siguientes prop�sitos espec�ficos: cambiar la gradualidad prevista para la entrada en vigencia de la reforma procesal penal; regular la provisi�n de los cargos de fiscales regionales de la Regi�n Metropolitana; redistribuir los asientos y la competencia de algunos juzgados de garant�a y tribunales de juicio oral en lo penal; permitir el reforzamiento transitorio de los juzgados de garant�a con empleados de los tribunales de juicio oral; facilitar el funcionamiento de los actuales juicios de tribunales penales orales, reduciendo las atribuciones del jefe de la unidad de administraci�n de causas, para evitar que lentamente nos vayamos acercando de nuevo a un proceso penal escrito, y sustituir determinados montos de la asignaci�n de defensa penal p�blica, lo que establece mayor flexibilidad para esta nueva instituci�n. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento aprob� en general, por unanimidad, el proyecto. Tambi�n prest� su aprobaci�n en el mismo sentido respecto de cada uno de los art�culos sometidos a su consideraci�n, algunos de los cuales modifican el texto enviado por la C�mara de Diputados, lo que har� necesario un tercer tr�mite. La iniciativa -como se�al�- debe iniciar su vigencia durante el mes de octubre pr�ximo. De ah� la urgencia hecha presente por la Comisi�n para su despacho en el d�a de hoy, con el objeto de cumplir con toda la tramitaci�n antes de esa fecha: tercer tr�mite constitucional; Comisi�n Mixta, si la C�mara de Diputados rechazare las enmiendas del Senado; veto presidencial, si el Gobierno lo env�a, y la vista por el Tribunal Constitucional. Por esta raz�n, pido al Senado aprobar en general y en particular el proyecto de ley en estudio. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Entonces, proceder�amos con la votaci�n. --Se aprueba en general y particular el proyecto (32 votos), y queda despachado en este tr�mite. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, estoy plenamente de acuerdo con este reordenamiento, la postergaci�n de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Regi�n Metropolitana y su anticipo en otras Regiones. Sin embargo, en la Regi�n de Ais�n, muchas personas que trabajan en los tribunales han se�alado la dificultad de cumplir con este plazo por la necesidad de construir los edificios de tribunales y toda la organizaci�n que esto requiere, incluso las viviendas para quienes realizar�n estas funciones. Quisiera tener la certeza de que se va a cumplir con eso, para que no haya despu�s una nueva postergaci�n. Es lo que consulto al se�or Ministro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, comparto la aprensi�n se�alada, sobre todo porque en nuestra Regi�n, al rev�s de otras del pa�s, la institucionalidad judicial no se halla debidamente asentada dado que, por la extensi�n territorial, hay lugares, toda la parte norte, donde es necesaria, urgente, la existencia de al menos un tribunal m�s. Y si a eso, adem�s, se a�ade el hecho de que no contamos con un tribunal de menores, y pensamos en la necesidad de toda una legislaci�n de familia, es comprensible tener cierta aprensi�n sobre la materia. Por �ltimo, el se�or Ministro tiene perfectamente claro que las particularidades de las Regiones, como las de la Und�cima, exigen necesariamente una pronta y muy activa presencia jurisdiccional, situaci�n dif�cil de lograr en lugares realmente apartados. Por eso, experiencias como �sta, que son muy positivas para el futuro de nuestra sociedad, en zonas australes --en particular en la Regi�n que represento-- deben ser objeto de una evaluaci�n, y de un conocimiento incluso personal por parte del Ministerio de Justicia y, sobre todo, de quien lo dirige. De lo contrario, posiblemente muchas de las disposiciones que entrar�n en vigor no guarden correspondencia con la realidad. Hasta podr�a sufrir un retroceso la reforma. Por lo anterior, se�or Presidente, conf�o en que el se�or Ministro adoptar� las medidas pertinentes para cubrir la necesidad de una pronta y buena administraci�n de justicia dentro del marco de la modernizaci�n que con tanta certeza y liderazgo ha impulsado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or G�MEZ (Ministro de Justicia).- Se�or Presidente, respecto de lo se�alado por los Senadores se�ores Horvath y Adolfo Zald�var, quiero decir que el proyecto aprobado hoy --agradezco al Senado su votaci�n-- busca precisamente cumplir con la reforma procesal penal del modo en que el Congreso espera. Esto significa contar con toda la infraestructura construida, con personal capacitado, y realizar algunas modificaciones en la estructura de la reforma misma. Nos ha llegado informaci�n, de las Regiones Cuarta y Novena, acerca de algunas dificultades habidas en la aplicaci�n del sistema. Pero lo importante, se�or Presidente, es que nuestra propuesta est� encaminada en esa direcci�n. El compromiso es avanzar en el cumplimiento de los cronogramas, como lo hemos hecho en la primera y segunda etapa. Pero es imposible cumplir con los plazos establecidos para la Regi�n Metropolitana, que corresponde casi al 50 por ciento del total de la reforma. Contestando la inquietud de ambos se�ores Senadores, manifiesto que estamos preocupados por las regiones australes. De hecho, hay un equipo destinado y trabajando espec�ficamente en la materia y en el cual participan, con diligencia, personas que viven en esas zonas. Cumpliremos los plazos, se�or Presidente, como hemos dicho en diversas oportunidades, e intentaremos avanzar con mayor prontitud en las Regiones extremas, como las que representan ambos Parlamentarios. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminado el Orden del D�a. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ______________ --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or HORVATH: Al se�or Ministro del Interior, al se�or Ministro de Agricultura, al se�or Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, al se�or Intendente de la Und�cima Regi�n y al se�or Presidente del Directorio de SACOR, acerca de PROYECTO DE COMPLEJO MATADERO EN REGI�N DE AIS�N, SU ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y APOYO FINANCIERO DEL ESTADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, y a la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, solicitando analizar EFECTOS DE RECIENTE ACUERDO DE COOPERACI�N NUCLEAR SUSCRITO ENTRE AUSTRALIA Y ARGENTINA. Del se�or LAGOS: Al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, sobre PROBLEMAS EN APLICACI�N DE PLAN INTEGRAL EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N): DIFICULTADES EN ASIGNACI�N DE SITIOS, USO INDEBIDO Y VENTA ILEGAL DE TERRENOS. Del se�or LAVANDERO: A la se�ora Vicepresidenta Ejecutiva del Comit� de Inversiones Extranjeras, concerniente a INFORMACI�N ADICIONAL PARA B�SQUEDA DE DOCUMENTACI�N REQUERIDA Y CONVENIENCIA DE HACER P�BLICO DOCUMENTO RESERVADO DE DICHO COMIT�. Del se�or RUIZ-ESQUIDE: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, referente a INTERVENCI�N DE DIRECCI�N DE OBRAS PORTUARIAS POR DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCI�N DE MOLO Y PUENTE EN R�O LEBU (OCTAVA REGI�N), y al se�or Director Nacional de Vialidad, relativo a INFORMACI�N SOBRE PLAN DE EJECUCI�N DE OBRAS VIALES EN OCTAVA REGI�N. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El primer turno corresponde al Comit� Mixto, que no intervendr�. El Comit� Dem�crata Cristiano tampoco har� uso de la palabra. En el tiempo del Comit� UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable se�or Prat. RAZONES DE RETIRO DE CANDIDATURA DE SE�OR PRAT Y REFLEXIONES SOBRE SU GESTION SENATORIAL El se�or PRAT.- Se�or Presidente, estimados Senadores, perm�tanme referirme desde esta tribuna al retiro de mi candidatura a la reelecci�n, hecho que, a partir de marzo, me impedir� continuar en la Corporaci�n y que me conmueve profundamente. A la vez, me motiva a revisar mi actuaci�n como Senador en estos doce a�os, per�odo en el cual he tenido el privilegio de representar a mi Regi�n de La Araucan�a. Considero una intervenci�n de la Providencia que el retiro de mi postulaci�n se efectuara en plena tarea de contacto con la comunidad regional para sumar voluntades de apoyo a mi reelecci�n. El lunes 13 de marzo hab�a transcurrido un mes desde la inscripci�n de las candidaturas en el registro electoral. A partir de ese evento, hab�amos conformado los equipos de trabajo en cada una de las 16 comunas que integran la circunscripci�n de La Araucan�a Norte; hab�amos identificado las ideas fuerza con que quer�amos movilizar a la comunidad, y, finalmente, hab�amos entrado de lleno al contacto con los vecinos en las poblaciones de cada una de las ciudades, pueblos y villas de Malleco y parte de Caut�n. El v�nculo de mi pertenencia espiritual con mi comunidad regional ser�a evaluado en estas elecciones. �Deb�a rendir el examen m�s fundamental en nuestra democracia representativa! En los �ltimos ocho a�os, tuvimos un contacto permanente y muy intenso. En ese per�odo nos toc� atender dos campa�as municipales, la elecci�n de diputados y la presidencial. Pero ahora el examen lo rendir�a el propio Senador. Dec�a que fue providencial que la decisi�n de bajar mi candidatura se haya producido habi�ndonos dado tiempo para entrar a los hogares y estrecharnos en un abrazo, mirar a los ojos y ver el coraz�n de la gente, pues ello me ha permitido constatar que la uni�n estaba sana y fuerte, y eso deja paz en mi esp�ritu. El mismo dolor de estos d�as, que conmigo han compartido tanto mi familia, mis amigos y colaboradores como tambi�n miles de pobladores de las ciudades y de los rincones m�s apartados de la Regi�n, me anima en la convicci�n de haber representado genuinamente a mi comunidad regional. Quiero interpretarla a ella pidiendo desde esta tribuna a la comunidad pol�tica del pa�s que atienda siempre los sentimientos de la gente de la provincia, que es amante de su identidad y que ve en ella una compensaci�n al poder y las riquezas de que no dispone o que siente que le son arrebatados desde la Capital. Se�al� que fue providencial que mi candidatura fuera retirada cuando ya est�bamos estrechamente integrados a los hogares de mi Regi�n, porque tambi�n ello me ha permitido aceptar con estoicismo el sacrificio pedido personalmente por el l�der de la Alianza pol�tica, desde la que busco servir a Chile. En efecto, al ver, estando en sus casas, en los rostros de los hombres y mujeres m�s humildes de mi Regi�n, el entusiasmo por el proyecto del cambio que encarna Joaqu�n Lav�n, y la inmensa esperanza que tienen depositada en �l, he estimado tolerable todo sacrificio que tenga por fruto acercar los deseos de esa gente a la realidad. Sin conocer esos sentimientos intensos, la decisi�n adoptada me habr�a resultado intolerable. No s� por qu� la Providencia ha querido que la decisi�n que me quita la representaci�n de mi comunidad en el Senado haya estado revestida de formas que me infieren a m�, a mi familia y a mis seguidores un agravio inmerecido. Sin embargo, la fe que me asiste me hace ver, en el rigor con que modela mi humildad, una forma de estar m�s preparado para servir y m�s cercano a la gente sencilla, que me ha dado siempre su apoyo. La decisi�n que me aleja del Senado es el resultado de negociaciones al interior de la Alianza que integro, en las que, respecto de mi caso, finalmente se ha impuesto el prop�sito, largamente alimentado por antiguos detractores, de verme pagar supuestas culpas m�as por el fracaso de su proyecto pol�tico. A ellos desde aqu� les digo que no les guardo animosidad, porque quiero firmemente seguir sirviendo a Chile y, para eso, no puedo permitir que mi alma se contamine de rencores. Dejar� la Corporaci�n con el sentimiento de haber luchado derechamente durante doce a�os por lo que creo, y que he sintetizado en la presentaci�n que hago en mi p�gina de Internet, disponible al p�blico desde hace cuatro a�os. He puesto mi empe�o en defender la libertad de las personas para emprender y la de las instituciones que la hacen posible. En mi participaci�n en las distintas comisiones (de Salud, de Trabajo, de Defensa, de Econom�a y de Hacienda), as� como en la Sala, he puesto enteramente mis facultades para proteger los espacios de libertad que necesitan las personas para desarrollar su iniciativa, bajo la convicci�n de que as� se sirve el bien com�n. No he vacilado en enfrentar el riesgo de ser incomprendido, especialmente en materias sociales o laborales, donde existe la creencia generalizada de que la norma que establece derechos o privilegios especiales proteger�a a los m�s d�biles. He sostenido que la mayor libertad crea las mayores posibilidades de bienestar, con el apoyo de un Estado eficiente que garantice la igualaci�n de oportunidades. Las mayores frustraciones las he experimentado cuando se han aprobado normas que limitan el acceso a actividades leg�timas, como el destinar un veh�culo para taxi o colectivo. Sufro, desde ya, por una indicaci�n que se anuncia, la cual fijar�a por ley el horario de atenci�n de la botiller�as. Uno de los buenos logros que recuerdo es haber conseguido el env�o al archivo de un proyecto que persegu�a regular la oferta de la fruta de exportaci�n. Respecto de las instituciones que permiten la existencia de un ambiente de libertad, he defendido con fuerza la construcci�n institucional que dej� el Gobierno de las Fuerzas Armadas, que en sus aspectos medulares quiso recoger y corregir los vac�os del sistema pol�tico anterior, el que por la v�a de concentrar el poder en los partidos pol�ticos, los hab�a llevado a una situaci�n extrema de debilidad ante los grupos de presi�n. Por ello, he defendido un Senado que sea m�s que una repetici�n de la C�mara de Diputados, que es donde corresponde que se reflejen plenamente las determinaciones de los partidos pol�ticos. Por lo mismo, fui contrario a la reforma que modific� el sistema de nombramiento de los jueces integrantes de la Corte Suprema, que entrega la decisi�n a negociaciones de las colectividades pol�ticas. Por la misma raz�n, he sido contrario a las modificaciones que se proponen a la integraci�n del Tribunal Constitucional, las cuales arriesgan desnaturalizar su funci�n, remiti�ndolo a ser un mero reflejo de las mayor�as existentes en las C�maras legislativas. Igual razonamiento me ha llevado a mantener una fuerte oposici�n a la pretendida reforma que busca entregar al Presidente de la Rep�blica la facultad de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, debilitando con ello el rol profesional que les cabe desempe�ar. En resumen, he actuado de forma consecuente con mi convicci�n, en cuanto a la conveniencia de que existan variadas instituciones, dotadas de suficiente autonom�a, que act�en arm�nicamente en la consecuci�n del bien com�n. Los problemas surgen cuando ciertos actores se arrogan atribuciones de otras entidades, invaden sus facultades o violentan la autonom�a de sus decisiones. Al final de estos doce a�os -debo reconocerlo-, aprecio cada vez m�s que el sistema pol�tico y econ�mico es siempre falible si no hay un fuerte contenido �tico en la actuaci�n de quienes se desenvuelven en �l. Probablemente, si las conductas fueren m�s rigurosas en este aspecto, nos habr�amos ahorrado muchas disputas y, tambi�n, diversas leyes que han venido a entrabar el quehacer en muchos campos de la actividad. Los hechos de los �ltimos meses, que han tocado a todas las alianzas que agrupan a los partidos pol�ticos, est�n marcados por un conflicto entre el objetivo que se persigue y el recto proceder para lograrlo, en una espiral que puede llevar a una crisis que ser�a lamentable para todos. No puedo ser buen juez de una causa donde est�n envueltos mis propios intereses, pero no ser�a honesto si omitiera se�alar que mi retiro del Senado se hace a trav�s de procedimientos que deben ser rectificados. Dejar� esta Corporaci�n para volver a mi comunidad regional, desde donde voy a procurar contribuir a hacer realidad lo que juntos hemos so�ado. Me llevar� un compromiso contra�do por el Alcalde Joaqu�n Lav�n el s�bado 19 en Temuco, en orden a incluir en su futuro programa de Gobierno tres aspectos muy sentidos en La Araucan�a, que impuls�bamos en nuestra campa�a para la reelecci�n. El primero consiste en dar un salto substancial para ampliar la cobertura de la atenci�n y de la educaci�n preescolar en la regi�n, incluida con igual intensidad la poblaci�n infantil de la ruralidad, atendiendo que el d�ficit existente en estas prestaciones es el principal causante de la pobreza regional. El segundo comprende la necesaria adecuaci�n de los mecanismos de medici�n de la pobreza familiar, especialmente la llamada ficha "CAS", que en la modalidad actual deja al margen de beneficios sociales indispensables, como pensiones asistenciales y otras, a personas por el solo hecho de ser propietarios de mini propiedades rurales que no les reportan ingresos, o por vivir como allegados en casa de familiares que disponen de comodidades m�nimas. Finalmente, el tercero se refiere al compromiso de incorporar en los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el apoyo estatal a iniciativas comunitarias destinadas a construir capillas o templos para las comunidades cristianas de base, de acuerdo con modalidades similares a las que hoy existen para la construcci�n de locales deportivos, sedes sociales y otras obras destinadas a atender necesidades comunitarias. Al terminar esta intervenci�n, deseo manifestar en forma muy sentida que me ha sido muy grato trabajar junto a todos mis pares en el ambiente del Senado, que fortalece la confianza en la capacidad que tenemos de construir juntos una patria mejor. Me ir� agradecido de la amistad que todos me han brindado. Llevar� tambi�n una especial valoraci�n de quienes apoyan la labor legislativa en las Comisiones y las �reas administrativas, formada a trav�s de conocer la entrega con que realizan su labor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, tiene la palabra el Honorable se�or Cantero. HOMENAJE A BERNARDO O'HIGGINS EN ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. OFICIO El se�or CANTERO.- Se�or Presidente, deseo hacer propicia mi intervenci�n en la hora de Incidentes para ocuparme, aunque improvisadamente, en un tema que, a mi juicio, es de la mayor importancia y respecto del cual el Senado no puede estar ajeno. Me refiero al justo homenaje que merece el Padre de la Patria don Bernardo O'Higgins. En momentos en que vivimos la fuerza de la globalizaci�n, cuando nuestras juventudes y la sociedad en general se ven invadidas por valores for�neos y espacios de comunicaci�n ajenos, quiero referirme a la figura de Bernardo O'Higgins, rindiendo un homenaje de conmemoraci�n. El 20 de agosto de 1778 nace en Chill�n don Bernardo O'Higgins, hijo de don Ambrosio O'Higgins, un irland�s al servicio de Espa�a -entonces Teniente Coronel de Dragones, que llegar�a a ser Virrey del Per�-, y de do�a Isabel Riquelme, una joven perteneciente a una distinguida familia criolla. Nacido fuera del matrimonio, el joven Bernardo no tuvo una ni�ez f�cil. La adolescencia del que llegar�a a ser Padre de la Patria y Director Supremo, Capit�n General y Libertador de Chile y del Per�, estuvo marcada por situaciones dif�ciles que forjaron su temple y su coraje. Llev� su apellido materno hasta la muerte de su padre. Las actas de nacimiento y de bautismo reconocen a don Bernardo Riquelme. A los cuatro a�os de edad es enviado a Talca, a la casa de don Juan Albano Pereira, amigo de su padre, y a los 11 a�os vuelve a Chill�n, e ingresa a estudiar en el colegio de los recoletos franciscanos. Dos a�os m�s tarde, es enviado al Per�, donde contin�a sus estudios, primero, en el Colegio del Pr�ncipe y, luego, en el Convictorio de San Carlos, regido en ese entonces por el educador reformista presb�tero Toribio Rodr�guez de Mendoza, maestro de la generaci�n que a�os m�s tarde liderar�a la emancipaci�n del Per�. Fue seguramente all� donde nace en O'Higgins el ideal revolucionario y libertario; donde inicia su aproximaci�n a las ideas de la enciclopedia y del iluminismo; donde conoce el pensamiento de Danton, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros. Tambi�n tuvo acceso a libros que en esa �poca estaban prohibidos por La Corona, por un lado, y por la Iglesia, por otro, adem�s de ser perseguidos por la Inquisici�n. Eran textos que hablaban de un esp�ritu libertario. A los 17 a�os se traslada a C�diz, Espa�a, a la casa del comerciante chileno Nicol�s de la Cruz, quien luego lo env�a a terminar sus estudios a Inglaterra, en la Academia de Richmond, donde estudia geograf�a, bot�nica, matem�ticas, f�sica, disciplinas entonces desconocidas en Am�rica hispana. Tambi�n estudia franc�s, m�sica y esgrima. Posteriormente, en Londres complet� una formaci�n s�lida en lo intelectual, y moderna y amplia en lo pol�tico, madurando en el contacto con la inquieta juventud inglesa y observando el funcionamiento de las ya centenarias instituciones de esa naci�n. Fue all� donde conoci� al pr�cer venezolano Francisco de Miranda -llamado "El Precursor", por ser quien ilumin� con su esp�ritu el coraz�n de juventudes que lucharon a partir de esa fecha por la emancipaci�n de Am�rica-, quien hab�a sido general de las tropas revolucionarias francesas y cuyas ense�anzas e influencias hacen que esos sentimientos libertarios sean irrevocables y traspasados a O'Higgins y a una pl�yade de j�venes que se formaban en esas latitudes. En esa �poca se gesta toda una generaci�n, caracterizada por Miranda, Bol�var y San Mart�n, todos ellos instruidos en el compromiso americanista, con ideas innovadoras, quienes, junto con O'Higgins, fueron la base de la emancipaci�n. En 1802, a los 24 a�os, vuelve a Chile dotado de una cultura m�s amplia que la mayor�a de sus compatriotas y con conocimientos, aptitudes y prop�sitos poco comunes en los dem�s j�venes criollos de su edad. En ese per�odo, tras hacerse cargo de la hacienda "Las Canteras", que le legara su padre, se vincula con don Juan Mart�nez de Rozas e integra un c�rculo secreto de j�venes libertarios conocidos como "los duendes patriotas", que logr� influir en parte de la oficialidad de la regi�n sure�a, pensando en ganar su favor si se produc�a la anhelada llegada de alguna fuerza libertadora. De hecho, m�s tarde muchos de esos oficiales se plegaron a las fuerzas patriotas. O'Higgins es sorprendido en esas actividades el 18 de septiembre de 1810. Act�a colaborando con Juan Mart�nez de Rozas, Vocal de la Primera Junta de Gobierno. Pero no pierde su tiempo y con sus propios recursos forma un regimiento c�vico, al que se incorporan los trabajadores de su hacienda. �l mismo se preocupa de recibir formaci�n militar, la que obtiene del Capit�n don Juan Mackenna, veterano de las guerras europeas. Cuando en 1811 se inaugura por fin el nuevo Congreso, participa activamente en �l, no obstante encontrarse enfermo, aline�ndose en el bando de la minor�a patriota, enfrent�ndose en los debates con moderados y realistas; pero, al darse cuenta de que ser�a imposible avanzar m�s r�pido hacia la emancipaci�n, consider� necesario abandonar el Congreso junto a sus partidarios. Pero se produce el primer golpe militar de don Jos� Miguel Carrera, que hizo posible que el Congreso recuperara su actividad. O'Higgins contribuy� a la dictaci�n de la Ley de Vientres y de una nueva Ley de Cementerios, que no lleg� a aplicarse entonces, pero que tuvo validez posterior. Al poco tiempo de abandonar esas actividades es nuevamente llamado por la patria cuando, en 1813, tiene lugar el desembarco de las fuerzas espa�olas del General Pareja y se inicia la Guerra de la Independencia. Deja sus tareas y su patrimonio y, con un pu�ado de fieles mal armados, comienza la lucha. Llega a Talca, donde une sus fuerzas al ej�rcito patriota de Jos� Miguel Carrera. Captura Linares y Los Angeles. Es ascendido a Teniente Coronel, participando en numerosas acciones de guerra en San Javier de Loncomilla, Tucapel, Yumbel, Huilquilemo, Gomero, Quilacoya y Rere. El 17 de octubre de 1813 ocurre la sorpresa de El Roble, en la que O'Higgins convierte una inminente derrota en victoria. All� exclama su c�lebre frase "Vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente que me siga". Tras la victoria de El Roble, recibe el reconocimiento p�blico, siendo calificado por Jos� Miguel Carrera como "el primer soldado capaz en s� solo de reconcentrar y unir heroicamente el m�rito de las glorias del Estado chileno". Inmovilizado Carrera en Concepci�n, la Junta de Gobierno designa a O'Higgins como General en Jefe del ej�rcito patriota, cargo que asume el 2 de febrero de 1814. Luego de derrotar a las tropas realistas en El Quilo y Quechereguas, es obligado por el Gobierno de Santiago a pactar con los espa�oles en Lircay. Liberado Carrera despu�s de la firma del Tratado de Lircay, asume nuevamente la jefatura del Gobierno e invita a O'Higgins a reconocer su autoridad. All� surgen algunos roces. Sin embargo, reconciliado con Carrera y, ante una nueva expedici�n espa�ola al mando de Osorio, unieron sus fuerzas. Y se enfrentaron los ej�rcitos patriota y espa�ol en Rancagua, en octubre de 1814. Sitiado en Rancagua por fuerzas superiores y experimentadas, O'Higgins resiste, en espera de refuerzos que no llegan. Ante el desastre, el 2 de octubre rompe el cerco, salv�ndose con unas pocas fuerzas patriotas y pasando luego a Argentina. As� se pone t�rmino a la denominada Patria Vieja. En Argentina traba amistad con el Gobernador de Buenos Aires, don Jos� de San Mart�n, y juntos planifican la emancipaci�n de Chile y de Per�, dando forma al Ej�rcito de los Andes. Durante la segunda quincena de enero de 1817 ese ej�rcito cruza la cordillera, y el 12 de febrero, la divisi�n al mando de O'Higgins derrota al ej�rcito espa�ol en Chacabuco. Cabe destacar que, en ese escenario, y frente a tan magno acontecimiento, O'Higgins exclama: "Este triunfo y cien m�s se har�n insignificantes si no dominamos el mar", como un pre�mbulo de la frase que pronunci� en su lecho de agon�a: "Magallanes, Magallanes", dejando clara su visi�n de estadista y su proyecci�n a los intereses mar�timos y australes de nuestro pa�s. El 16 de febrero de 1817 acept� la jefatura del Estado, pasando a ocupar el cargo de Director Supremo. Funda la Escuela Militar, una de sus primeras realizaciones. Se dirige al sur, a fin de enfrentar en Concepci�n a las fuerzas espa�olas, que se hab�an hecho fuertes en Talcahuano. No lo logr�, pero mantuvo intacto al ej�rcito patriota. Fiel a su esp�ritu libertario y a su visi�n de estadista, se preocupa de adoptar las primeras medidas, que ir�n dando forma al esp�ritu nacional. En noviembre de 1817 hace efectiva la abolici�n de los t�tulos de nobleza y al a�o siguiente proclama ante el mundo la independencia de Chile de toda dominaci�n extranjera, dictando una proclama que es jurada por todas las ciudades del pa�s. Preocupado siempre de concretar el desaf�o de que nuestro pa�s se ubicara en el lugar que, por su geograf�a, estaba llamado a ocupar en el Pac�fico, en 1817 establece las bases de la que ser� la primera escuadra nacional, que liberar�a al Per� y m�s tarde dominar�a la costa del Pac�fico, entre el Cabo de Hornos y California. Una vez culminada la Guerra de la Independencia con la victoria de Maip�, el 5 de abril de 1818, O'Higgins se aboca de lleno a dar forma a la nueva naci�n. Decreta la abolici�n de los mayorazgos; autoriza la internaci�n de libros; funda bibliotecas; establece un esp�ritu libertario en materia de cultura, y, en fin, va desarrollando lo que constituyen las bases de nuestra nacionalidad. Enfrentado a la determinaci�n de imponerse por la fuerza de las armas sobre sus opositores ante una crisis derivada de los costos que signific� el establecimiento de la primera escuadra nacional, flota que estuvo a cargo de evitar el retorno de las fuerzas espa�olas, Bernardo O'Higgins se ve ante un dilema. Lo que podr�a haber hecho, que era utilizar la fuerza, ya que contaba con la adhesi�n del Ej�rcito, fue desechado por la posibilidad de que ello trajera un per�odo de enfrentamientos e inestabilidad que habr�a afectado el desarrollo de Chile. Prefiri� inmolarse pol�ticamente, abdicando el 28 de enero de 1823. Lo hizo voluntariamente, con pleno dominio de la situaci�n, porque lo crey� mejor para Chile. Con un gesto de grandeza ejemplar, �l mismo firm� el Acta de Abdicaci�n; transfiri� el mando; proclam� personalmente al nuevo Gobierno, y tom� juramento a sus integrantes. Asumi� el exilio en el Per�, naci�n que lo recibi� como propio, toda vez que en ese ambiente libertario las rep�blicas nacientes se entend�an como hermanas, asimilando el esquema de las provincias argentinas y la visi�n que llegaba de los Estados Unidos de Norteam�rica. Recibi� all� el reconocimiento y el cari�o de una naci�n agradecida, pero rechaz� toda participaci�n pol�tica. En el exilio, cultiv� su amistad con Bol�var, de quien fue uno de sus principales consejeros militares. Rechaz� el mando de tropas que Bol�var le ofreci� en palabras elogiosas dici�ndole el 14 de junio de 1824: "Un bravo general como Ud., temido por los enemigos y experimentado entre nuestros oficiales y jefes, no puede menos que dar un nuevo grado de aprecio a nuestro ej�rcito. Por mi parte, ofrezco a Ud. un mando en �l, si no correspondiente al m�rito y situaci�n de Ud. a lo menos propio a distinguir a cualquier jefe que quiera se�alarse en un campo de gloria, porque un cuerpo de Colombia a las �rdenes de Ud. debe contar con la victoria.". Posteriormente, en un brindis en homenaje a O'Higgins, Bol�var dec�a: "Brindo por el buen genio de Am�rica que trajo el General San Mart�n con su Ej�rcito Libertador, el General O'Higgins que generosamente lo envi� desde Chile.". Con justicia se le reconoce a Bernardo O'Higgins un rol preponderante en la Historia, como militar, libertador, Senador, Diputado y Director Supremo de Chile, y he querido traer a colaci�n aspectos importantes de su biograf�a, de su trayectoria tan emblem�tica, porque en el mundo contempor�neo, en esta Sociedad de la Informaci�n, en este mundo de la sociedad global, muchas veces perdemos de vista nuestros valores. He querido tambi�n hacer presente un homenaje de conmemoraci�n en esta oportunidad, destacando el esfuerzo que en el d�a de ayer, 20 de agosto, a lo largo de Chile, el Instituto O'Higginiano y la sociedad chilena brindaron en homenajes rendidos en distintas ciudades del pa�s. Particip� en el homenaje que el Instituto O'Higginiano realiz� en la ciudad de Antofagasta, donde observ� el compromiso por exaltar los m�s elevados valores de este prohombre de nuestro pa�s, como ejemplo y ense�a que ilumine e inspire a las juventudes de Chile. Es por eso que pido que esta intervenci�n sea enviada al Instituto O'Higginiano, con el saludo del Senado y con el reconocimiento a su obra de difusi�n, a la trayectoria brillante y al ejemplo para las juventudes de nuestro pa�s, que encontramos en la Historia y en los acontecimientos que vivi� Bernardo O'Higgins, que fueron tan importantes y tan cruciales como los tiempos que vivimos hoy: el iluminismo que se hac�a presente en esa emancipaci�n que buscaban los pa�ses. Y hoy, cuando muere la sociedad industrial y nace la Sociedad del Conocimiento, Chile reclama a su juventud ese mismo esp�ritu de aventura, de pasi�n por los desaf�os y de b�squeda del desarrollo econ�mico y del crecimiento social y cultural. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento, con la adhesi�n de los Comit�s Dem�crata Cristiano, Partido Socialista, Renovaci�n Nacional e Independientes. RIESGO PARA ZONA AUSTRAL POR PROCESAMIENTO EN ARGENTINA DE DESECHOS RADIACTIVOS AUSTRALIANOS. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, me referir� a los antecedentes del reciente acuerdo de cooperaci�n nuclear que han suscrito los Gobiernos de Australia y de Argentina, que habilitan a este �ltimo pa�s para procesar el combustible nuclear irradiado de un reactor nuclear que ser� construido por Argentina en Australia, en el sector de Lucas Heights. De acuerdo a algunos antecedentes preliminares que hemos podido obtener, la planta de tratamiento se instalar� probablemente en la provincia de R�o Negro, a unos 140 kil�metros de la frontera con Chile. Por las caracter�sticas de los elementos radiactivos, esto afectar� sustancialmente la condici�n de privilegio ecol�gico que tiene el sur del continente americano, y en particular la Patagonia, que cuenta con una enorme perspectiva desde el punto de vista de su producci�n, en car�cter de limpio, natural y org�nico. La realizaci�n de este contrato implica el acatamiento de una exigencia imperativa expresada por el sistema de impacto ambiental australiano, en orden a no autorizar la construcci�n del reactor, a menos que exista previamente una estrategia v�lida para el manejo del combustible irradiado, fuera del territorio australiano. Seg�n los acuerdos comerciales, el combustible nuclear irradiado al reactor propuesto, se transportar� desde Australia a Argentina para ser devuelto nuevamente al primer pa�s luego de ser convertido en un desecho nuclear de larga vida, de nivel intermedio. Es necesario recordar que en Australia es ilegal el reprocesamiento o la disposici�n de combustible irradiado en su propio territorio; pero se permite la exportaci�n del combustible irradiado. En los hechos, Australia no cuenta con instalaciones para almacenar o depositar desechos nucleares procesados. Es m�s, actualmente no existe estrategia alguna legal, industrial o t�cnica, que se realice en aquel pa�s para tratar o almacenar los desechos nucleares que ellos mismos producen, o que hayan sido confeccionados de alguna manera o re-tratados en el extranjero. En esta materia, preocupa especialmente saber si antes de firmar este convenio se consult� a los pa�ses lim�trofes que pudieran verse afectados; si se mencionan los acuerdos del Grupo de R�o referentes al transporte de desechos nucleares por las costas de Am�rica Latina, recientemente refrendados por la Cumbre de Presidentes. En la reuni�n de Cancilleres del Grupo de R�o, de 18 de marzo pasado, reafirmada por el Presidente en la Cumbre de Santiago, de 17 del presente mes de agosto, se establece observar un control estricto sobre las embarcaciones que transiten por las aguas jurisdiccionales adyacentes y lograr las garant�as para la no contaminaci�n del medio marino; el intercambio de informaci�n sobre las rutas elegidas; la comunicaci�n de los planes de contingencia para los casos de siniestros; el compromiso de recuperar materiales en caso de vertimiento; la descontaminaci�n de las zonas afectadas, y el establecimiento de mecanismos y normas efectivas de responsabilidad en caso de da�o. Este compromiso fue firmado tambi�n por el Presidente se�or De la R�a, de Argentina. El proceso de ratificaci�n de lo se�alado comenz� en Australia el 21 de agosto de 2001, y dura quince d�as h�biles, seg�n la legislaci�n de ese pa�s. Cualquiera instituci�n interesada, australiana o extranjera, est� habilitada para presentar al Comit� Conjunto de Tratados una posici�n que solicite aclaraciones sobre el convenio por ratificar. Este Comit� deber� presentar un informe al Parlamento, antes de aprobar, rechazar o modificar dicho convenio. Cabe presentar, por lo tanto, dentro del plazo se�alado, entre otras, las siguientes interrogantes a dicho Comit�: 1.- �Cu�l ser� la pol�tica australiana si los pa�ses europeos deciden cesar el procesamiento de los residuos nucleares? 2.- �Espera Australia que Argentina procese los desechos nucleares australianos? Si es as�, �en qu� cantidad, c�mo se realizar�a, d�nde se ubicar�a la planta y en qu� momento comenzar�a este procesamiento? 3.- Si la planta de tratamiento se ubica cerca de la frontera con Chile, �Australia har� una consulta previa a nuestro pa�s? 4.- Por otra parte, ni en el acuerdo de cooperaci�n nuclear ni en el contrato comercial se menciona la necesidad de realizar consultas previas a los pa�ses que se encuentran implicados en la ruta mar�tima elegida por los nav�os que transporten los desechos, de ida y vuelta. Se presume que la ruta elegida pasar� por el Cabo de Hornos, desde Australia y hacia ella, con los desechos radiactivos, y desde Argentina para devolver los desechos procesados, vulnerando los acuerdos del Grupo de R�o. 5.- Es indispensable conocer de antemano el lugar exacto donde se establecer� la planta de procesamiento, en caso de que se concrete. Por la cercan�a con los pa�ses lim�trofes, se debieran considerar consultas previas con las naciones afectadas. Estas y muchas otras inquietudes respecto del se�alado convenio debe plantearlas con urgencia nuestra Canciller�a al Parlamento australiano, de modo de evitar que llegue a prosperar algo que, sin lugar a dudas, implicar� serios riesgos para el medio ambiente latinoamericano, y muy en especial para el de nuestro pa�s y el de la Patagonia sudamericana. Por lo anterior, solicito que se oficie a la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, al se�or Ministro Secretario General de la Presidencia y a la se�ora Directora Ejecutiva de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente, para que esta presentaci�n se efect�e dentro de los plazos. Del mismo modo, pido que, a trav�s de la Canciller�a, se plantee esta materia al Grupo de R�o, al MERCOSUR, al Gobierno y al Congreso australiano, y al Comit� Conjunto de Tratados antes se�alado. Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLO DE GANADER�A ORG�NICA EN UND�CIMA REGI�N. OFICIOS El se�or HORVATH.- En otro orden de materias, se�or Presidente, deseo expresar que la ganader�a de la Regi�n de Ais�n tiene historia y ha sido objeto de muchos y variados apoyos. De acuerdo con los mercados mundiales y con sus �ltimas tendencias, esta Regi�n tiene la oportunidad excelente de contar con una producci�n de car�cter limpio, natural u org�nico y certificada como tal. En el caso de la producci�n ganadera, se requiere de un complejo de procesamiento que permita cumplir con las normas internacionales. Hay empresas privadas que lo han empezado a hacer para cubrir cierto grado de la producci�n, pero en ning�n caso alcanzan todav�a el total de la producci�n regional. La empresa SACOR ha realizado un estudio de prefactibilidad que justifica la construcci�n del citado complejo. Tambi�n, se requiere efectuar con la mayor brevedad posible un estudio de factibilidad, as� como contar con el aval de CORFO y del Estado para la inversi�n. Con esta obra, m�s la capacitaci�n sistem�tica de los agricultores y ganaderos de la Regi�n, se podr�n aumentar notablemente los precios pagados a los productores y, por ende, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por lo expuesto, solicito que se me hagan llegar todos los antecedentes del proyecto; que se financie el estudio de factibilidad y que se otorgue el apoyo del Estado para conseguir recursos destinados a su concreci�n, en lo posible con cargo a iniciativas que reciban apoyo financiero en mejores condiciones que los cr�ditos privados. Dados los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, se puede lograr la participaci�n de agencias u organismos internacionales, tales como Agroinvest, de Hungr�a, o la GTZ, de Alemania, entre otros, a la luz de los acuerdos del Seminario Taller de Producci�n Limpia, realizado con el auspicio del Ministerio de Agricultura y de la Comisi�n de Medio Ambiente del Senado. Esta petici�n se hace con el acuerdo de los cuatro Parlamentarios de la Regi�n de Ais�n, y, por lo tanto, solicito que as� se oficie a los se�ores Ministros del Interior y de Agricultura, a la se�ora Intendenta de la Und�cima Regi�n, y a los se�ores Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y al se�or Presidente del Directorio de SACOR Limitada. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde el turno al Comit� Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. CALIDAD DE LA POL�TICA EN CHILE El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, quiso la casualidad que la intervenci�n que ten�a preparada coincidiera con el discurso de despedida del Senador se�or Prat. En primer lugar, deseo reconocer su m�rito en todos estos a�os en el Parlamento. No obstante las diferencias de ideas, comprendo perfectamente la situaci�n en la cual se ha visto envuelto. Mi intenci�n era hablar sobre la calidad de la pol�tica, la coherencia de esta actividad. Es muy importante que exista una relaci�n clara, expl�cita y n�tida entre palabras, actuaciones e im�genes. Y, a mi juicio, la crisis que se ha producido a ra�z del abandono de la candidatura senatorial por la Quinta Regi�n Costa de Sebasti�n Pi�era, y, en compensaci�n, lo que ha ocurrido con el Senador se�or Prat y el se�or Hermann Chadwick, en sus pretensiones de reelecci�n y de elecci�n, respectivamente, nos muestra, justamente, la necesidad de reflexionar sobre la calidad de la pol�tica en Chile. Muy en particular, me quisiera referir al papel jugado por Joaqu�n Lav�n, por una raz�n muy simple: porque �l concit� mucha adhesi�n ciudadana y contin�a estando muy arriba en las encuestas. Por tanto, su responsabilidad es muy grande, ya que, en palabras del Senador se�or Prat, es "l�der de un sector". Siendo as�, a �l con mayor raz�n que a nadie habr�a que exigir plena coherencia entre las palabras, las im�genes y sus actuaciones. En una entrevista de 1999 en la revista Capital, el se�or Lav�n dec�a que su candidatura a Presidente "ha surgido al rev�s de como surgen normalmente los candidatos de la centro derecha. Aqu� no se reuni� un grupo de empresarios o de personas de alto nivel a definir entre ellos cu�l ser� el candidato, como ha sido tradicionalmente la forma de actuar de este sector", y eso lo se�ala en t�rminos de cr�tica. Entonces, cabr�a preguntar c�mo fue que surgieron los acuerdos para bajar las candidaturas de Sebasti�n Pi�era, de Hermann Chadwick y del Senador se�or Prat. �No fue acaso en una reuni�n con empresarios o con personas de alto nivel donde se tomaron esas decisiones? Cuando le preguntan sobre los poderes f�cticos, Joaqu�n Lav�n dice: "No me preocupa mayormente. No s� cu�les son esos poderes, s� que Andr�s Allamand los ten�a bien clasificados..." Curioso que �l no sepa cu�les son esos poderes en circunstancias de que despu�s da la impresi�n de que en parte de las decisiones en las cuales �l de alguna manera se ve involucrado esos poderes tienen un papel importante. Respecto de Sebasti�n Pi�era, el se�or Lav�n dec�a en 1999 que cuando aqu�l baj� su candidatura en ese a�o "no hubo concesiones pol�ticas". Y despu�s le preguntan, "�Tiene considerado a Pi�era, que se ha ofrecido p�blicamente en varias oportunidades para ser su fogonero?". A lo que responde: "Por supuesto que s�, m�s que fogonero, porque estos tiempos no son para..." locomotoras. "La creatividad y el empuje de Sebasti�n Pi�era es algo que nosotros no podemos desperdiciar". Si es as�, si �l valora tanto el empuje y la creatividad de Sebasti�n Pi�era, �por qu� entonces, directa o indirectamente, se vio envuelto en todos los acontecimientos que determinaron su abandono de la candidatura parlamentaria? �Por qu� no le brind� apoyo en sus pretensiones parlamentarias? �Por qu� la Uni�n Dem�crata Independiente, Partido al cual pertenece Joaqu�n Lav�n, tuvo que ir a buscar al Almirante Arancibia para hacer naufragar la candidatura de Sebasti�n Pi�era? �Por qu� no se jug� con limpieza, esperando que en las elecciones fuera el ciudadano el que resolviera democr�ticamente qui�n ser�a el Senador de la Derecha en la circunscripci�n de la Quinta Regi�n Costa? En otra entrevista del diario "El Mundo", de Espa�a, de 12 de enero del 2000, Joaqu�n Lav�n dice: "Pol�tica significa servicio p�blico. Un pol�tico debe ser un empleado de la gente y esto es as� porque ya no est�n en juego los modelos de sociedad. Cuando llegu� a ser alcalde cambi� de parecer sobre la forma de afrontar los problemas. Hasta entonces hab�a estado enfrascado en peleas pol�ticas, pero me di cuenta de que los problemas de la gente eran pr�cticos y ten�an poco que ver con las cosas que discut�amos los pol�ticos. Supe que los problemas de los chilenos no son ideol�gicos, sino de gesti�n.". Si es as�, si crey� que siendo alcalde hab�a aprendido que los problemas de la gente no se resolv�an meti�ndose hasta el fondo en peque�as peleas partidistas, �por qu� entonces intervino en una disputa interna entre dos Partidos en la elecci�n parlamentaria de una importante Regi�n como es la Quinta? Joaqu�n Lav�n se define a s� mismo como independiente. Y en una entrevista en el diario "El Mercurio" de Valpara�so dice: "Mi relaci�n con la UDI y RN es y seguir� siendo una muy buena relaci�n.". "Yo no soy" -aclara- "�rbitro de la derecha. Siento que mi rol es ayudar a que las necesidades que la ciudadan�a hizo presente en esp�ritu durante la elecci�n se proyecten en algo real a futuro. �C�mo? Preservando el clima de unidad, y velando para que la soluci�n de los problemas de la gente sean la prioridad en la agenda del gobierno.". Consultado sobre qu� llamado formular�a a esos dos Partidos, responde: "No quiero hacer llamados ni dar consejos.". Sin embargo, respecto de la crisis en comento, Joaqu�n Lav�n no fue �nicamente �rbitro, sino que adem�s impuso una soluci�n. Y no s�lo dio consejos, sino que actu� en forma directa para implantar un camino que en la pr�ctica significa restar a los ciudadanos posibilidades de elegir. Porque cuando el Senador Prat no va a la reelecci�n; cuando Sebasti�n Pi�era se retira, o cuando Herman Chadwick no compite, los electores de las circunscripciones pertinentes (no personas reunidas entre cuatro paredes �lo que criticaba Lav�n-, ni un grupo empresarial o gente de alto nivel, sino los ciudadanos) tienen menos posibilidades para decidir qui�nes ser�n sus representantes en el Parlamento. Por eso, se�or Presidente, es importante puntualizar en la hora de Incidentes del Senado que ha quedado en claro que no hay coherencia entre palabras, im�genes y actuaciones, y que la opini�n p�blica debe pasar de un primer estado, de perplejidad o asombro, a un segundo estado, de reflexi�n. �Por qu� sucede esto? �Por qu� una persona que se colocaba m�s all� de la pol�tica, que apelaba a la unidad de todos los chilenos, en la pr�ctica termina interviniendo de manera tan directa y unilateral en disputas, no ya entre sus adversarios y sus partidarios, sino entre sus propios partidarios, y trata con tanto rigor a quien, seg�n dice, tiene tantos m�ritos y de cuyo entusiasmo, energ�a y capacidad, como tambi�n afirma, no podr�a prescindir? Sin embargo, no s�lo ha prescindido de esa persona, sino que adem�s la apart� en forma abrupta de las candidaturas, y con ello, de la vida parlamentaria. Seg�n expres� el Honorable se�or Prat esta tarde, aqu� hay una enorme contradicci�n entre m�todos y fines. Aqu� se buscan ideales -por supuesto, no los que yo comparto-, pero los m�todos empleados contradicen los fines perseguidos. Son m�todos -lo manifest� el Senador se�or Prat- que no deber�an repetirse, que habr�a que desterrar, m�xime cuando leemos en el diario electr�nico "El Mostrador" que, seg�n Sebasti�n Pi�era, su abrupta bajada se debe a que "no todo lo que se dijo en p�blico es igual que lo que sucedi� en privado". A mi entender, la opini�n p�blica, para elegir con todo fundamento, tiene derecho a saber qu� sucedi� en privado, porque de eso depende que cuente con mayores elementos de juicio antes de decidir. Entre sus denuncias, Sebasti�n Pi�era se�ala que fue objeto de seguimientos desde el mes de julio. Dice haber comunicado ese hecho a Ricardo y a Ignacio Rivadeneira, vecinos suyos y que tienen altas responsabilidades en Renovaci�n Nacional. El propio Ricardo Rivadeneira declara que advirti� a Sebasti�n Pi�era que hab�a un auto parado en la puerta de su casa, el cual despu�s lo sigui�. Y a�ade: "en ese momento pens� que eran periodistas. Ni siquiera lo vi como algo tan malo, porque o si no le hubiera tomado la patente". No es la primera vez que Sebasti�n Pi�era sufre ese tipo de amedrentamientos. Debemos recordar la intervenci�n telef�nica hecha por la DINE, que motiv� la formaci�n de una Comisi�n Investigadora en la C�mara de Diputados, cuyos resultados ser�a interesante recordar. Y ha habido otro tipo de amenazas hacia �l y su familia. Sebasti�n Pi�era entreg� dichos antecedentes al Ministro del Interior, a trav�s del Subsecretario, y se dispuso protecci�n policial. Se�or Presidente, poco a poco se va revelando una verdad: para dirimir una leg�tima disputa pol�tica al interior de una alianza, se han usado m�todos que no son los de la persuasi�n ni los del consenso, sino los de la presi�n y la fuerza. Es lamentable que Joaqu�n Lav�n haya actuado directamente en toda esa crisis. En mi concepto, �l debe una explicaci�n al pa�s, al que tiene que hablar con la verdad. Es obligaci�n suya decir qu� sucedi� en privado, porque de lo contrario su credibilidad se ve vulnerada o herida. �se es el primer gran error pol�tico de Joaqu�n Lav�n. Y yo dir�a m�s: es la primera gran inconsecuencia de esa persona, que tiene un arraigo tan grande en la ciudadan�a, de donde se desprende que mucha gente lo sigue. Por eso, reviste importancia formular un llamado para que �l aclare definitivamente la situaci�n y no se limite a decir: "Lo hecho, hecho est�". Porque, si es as�, hay muchas cosas mal hechas que se podr�an tapar expresando: "Hecho est�". �No! La ciudadan�a necesita saber con claridad lo que ha ocurrido, para poder emitir su voto de manera informada en la pr�xima elecci�n parlamentaria. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Desea enviar un oficio con su intervenci�n al Alcalde de Santiago, se�or Senador? El se�or VIERA-GALLO.- No. Muchas gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 20:7. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n