REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIASesión 33ª, en jueves 11 de diciembre de 2003(Ordinaria, de 10.34 a 13.33 horas) Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel. y del señor Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 - Prórroga de plazo a Comisión de Agricultura 9 - Permisos constitucionales 9 - Envío de proyecto a Comisión de la pequeña y mediana empresa 9 V. Orden del Día. - Informe de la delegación concurrente al encuentro parlamentario con ocasión del quincuagésimo octavo período de sesiones de Naciones Unidas 10 - Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre las reuniones efectuadas entre las delegaciones parlamentarias del Congreso Nacional y del Parlamento Europeo 14 - Modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo, de 1947, entre Chile y Brasil. Primer trámite constitucional 15 - Informe de la Comisión de Agricultura Investigadora del destino de los dineros declarados irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario y para el Fisco 18 VI. Proyectos de acuerdo. - Eliminación de toda forma de discriminación en ingreso a la educación superior. (Votación) 34 - Violación masiva de derechos humanos de mujeres en las ciudades de Juárez y Chihuahua, México 35 - Plan de traspaso de bienes raíces a organizaciones deportivas 37 VII. Incidentes. - Investigación de denuncia de Prodemu de la Novena Región. Oficios 38 - Información sobre programas habitacionales en Novena Región. Oficio 39 - Información sobre programas de promoción del turismo en la Novena Región. Oficios 40 - Creación de nuevas carreras en la Universidad Austral de Chile. Oficios 40 - Participación de instaladores electricistas colegiados en electrificación rural de la Novena Región. Oficio 41 - Pensión de gracia a hijos nacidos en partos múltiples. Oficio 41 Pág. - Antecedentes sobre régimen de extracción pesquera en la Octava Región. Oficio 42 - Aniversario de la comuna de Chiguayante. Oficios 44 - Obras viales en la ciudad de Concepción. Oficios 45 - Disponibilidad en regiones de pólizas de seguros por daños a terceros. Oficio 46 - Agilización de página web de Chilecompra. Oficios 46 - Incorporación de zonas rurales de Temuco a programa Orígenes y adelanto de construcción de consultorio de comuna de Padre Las Casas. Oficios 47 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto relativo a la importación de las mercancías del sector defensa calificadas como “pertrechos”. (boletín Nº 3204-02) 48 2. Moción de los diputados señores Jaramillo; Ortiz; Letelier, don Felipe; Escalona, y Ceroni, que modifica la ley N° 18.525, para perfeccionar los mecanismos de resguardo en contra de la competencia externa desleal. (boletín N° 3432-03) 48 3. Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el I de la ley N° 17.105 (boletín N° 1192-11) 52 IX. Otros Documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: - Del diputado señor Salas por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 14 de diciembre próximo, para dirigirse a Montevideo. - Del diputado señor Kuschel por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 14 de diciembre próximo, para dirigirse a Montevideo. - Del diputado señor Letelier, don Felipe, por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 14 de diciembre próximo, para dirigirse a Montevideo. 2. Oficio: - De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual solicita la prórroga, en 30 días, del plazo inicialmente concedido para evacuar su informe relativo al proyecto de acuerdo N° 220, sobre la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (98)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Bayo Veloso, Francisco RN IX 48Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Torres, Rodrigo PPD V 14Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14Ibáñez Soto, Carmen RN V 13Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Longton Guerrero, Arturo RN V 12Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 13Tapia Martínez, Boris PDC VII 36Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Varela Herrera, Mario UDI RM 20Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.34 horas. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El acta de la sesión 27ª se declara aprobada. El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Se va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE AGRICULTURA. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para prorrogar por 30 días el plazo inicialmente concedido para evacuar su informe relativo al proyecto de acuerdo Nº 220, sobre la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria. ¿Habría acuerdo? Acordado.PERMISOS CONSTITUCIONALES. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por los señores Edmundo Salas, Carlos Ignacio Kuschel y Felipe Letelier para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 14 de diciembre próximo, para dirigirse a Montevideo. ¿Habría acuerdo? Acordado. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE LA PEQUEÑA Y DE LA MEDIANA EMPRESA. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Calos Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta, hace un par de sesiones se pidió que el proyecto de ferias libres fuera enviado a la Comisión Especial de la Pequeña y de la Mediana Empresa, Pymes; pero por alguna razón que desconozco, quedó radicado en la Comisión de Gobierno Interior, en circunstancias de que la Comisión de las Pymes es la especializada. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que sea visto, en primer lugar, por la Comisión Especial de la Pequeña y de la Mediana Empresa, Pymes, y, posteriormente, por la de Gobierno Interior. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Me parece muy razonable su petición. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍAINFORME DE DELEGACIÓN CONCURRENTE AL ENCUENTRO PARLAMENTARIO CON OCASIÓN DEL QUINCUAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO DE SESIONES DE NACIONES UNIDAS. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la delegación que concurrió al encuentro parlamentario con ocasión del quincuagésimo octavo período de sesiones de las Naciones Unidas, efectuado el 27 de octubre de 2003. Diputado informante es el señor Carlos Abel Jarpa. Antecedentes: -Informe de la delegación, sesión 17ª, en 11 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 14. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Quiero recordarles que estas reuniones forman parte de las actividades de la Unión Interparlamentaria Mundial, que ha logrado el estatus de organización observadora en las Naciones Unidas. Ofrezco la palabra al diputado informante. El señor JARPA.- Señora Presidenta, en nombre de la delegación de parlamentarios que concurrió a Nueva York con ocasión del quincuagésimo octavo período de sesiones de las Naciones Unidas, oportunidad en que se llevó a cabo la audiencia parlamentaria organizada por la Unión Interparlamentaria, en colaboración con las Naciones Unidas, paso a informar sobre su cometido. Tal como dijo su señoría, la Unión Interparlamentaria es un organismo observador ante las Naciones Unidas. Previa a la reunión de la asamblea, la delegación sostuvo una reunión con el embajador representante de Chile ante las Naciones Unidas, señor Heraldo Muñoz, quien nos hizo una exposición sobre materias tales como la situación de Iraq, la postura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de Estados Unidos respecto del programa de reconstrucción en Iraq y de otros aspectos de relevancia internacional. La reunión de la Unión Interparlamentaria se efectuó en el Salón del Consejo Económico y Social el lunes 27 de octubre de 2003. La delegación chilena estuvo compuesta por el senador Mariano Ruiz-Esquide y por el diputado señor Rodrigo Álvarez y por quien les informa. Además, contamos con la eficiente labor de nuestra secretaria, doña Jacqueline Peillard. En el acto inaugural participaron el señor Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, y el Presidente de la Unión Interparlamentaria, senador Sergio Páez. La reunión contemplaba dos grandes temas para debatir. El primero, denominado “La reforma de Naciones Unidas como una condición esencial para alcanzar mejores grados de seguridad mundial”. Sobre el particular expusieron los señores Robert Hunt, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y don Pier Fernandino Cassini, Presidente de la Cámara de Diputados de Italia. El señor Hunt reafirmó la importancia del trabajo que realiza la Unión Interparlamentaria y solicitó encauzarlo hacia el estudio de las reformas que deberán introducirse a Naciones Unidas. Destacó la incorporación de la sociedad civil dentro de este proceso, cuya finalidad es dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, muy especialmente dentro del escenario actual donde se requiere reorientar el rol de esta instancia internacional y, además, el aumento de sus miembros. Hizo especial hincapié en la falta de fuerza legal que tienen las resoluciones de la Asamblea General, por cuanto su aplicación queda sujeta a criterios políticos o morales. A su vez, el señor Pier Fernandino Cassini se refirió al multilateralismo y a la credibilidad y futuro de las Naciones Unidas y del resto de los organismos que la componen. Insistió, al igual que el señor Hunt, en la necesidad de reformular esta instancia, tomando en cuenta para ello que debe incorporarse una mayor capacidad de iniciativas que respondan a los planteamientos iniciales, aumentando la participación de más países, repotenciando la labor que desarrollan otros organismos internacionales dentro de los principios democráticos y de buena gobernanza, todo ello dentro de los principios y objetivos comunes que contiene la Declaración del Milenio. El segundo aspecto a debatir fue el relativo a “Progresos y fracasos en la lucha contra el terrorismo global.” Participaron como panelistas los señores Inocencio Arias, presidente del Comité Contra Terrorismo del Consejo de Seguridad, y nuestro embajador permanente de Chile ante Naciones Unidas, señor Heraldo Muñoz. En primer lugar, el señor Arias se refirió a los avances y retrocesos experimentados por las Naciones Unidas a lo largo de su historia específicamente sobre la lucha contra el terrorismo. Al respecto, destacó dos puntos fundamentales. El primero, relativo a las fuentes de financiamiento, y el segundo, a la necesidad de forzar a los Estados a suscribir convenios contra los hechos de terrorismo, pues constituyen crímenes contra la humanidad. Uno de los problemas detectados se refiere a la falta de capacidad que existe para fiscalizar la implementación de dichos acuerdos. En relación con los desafíos que se plantean, señaló los siguientes: las armas de destrucción masiva, la proliferación de terroristas suicidas durante los últimos años, la utilización de armamento de destrucción masiva y de armas químicas y biológicas y sus efectos en la salud humana. En su alocución, el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, señor Heraldo Muñoz, indicó que el régimen de sanciones establecido constituía un instrumento clave en la lucha contra el terrorismo y, por lo mismo, las medidas de sanciones requieren la cooperación de todos los estados para congelar los activos financieros y los recursos económicos, de la aplicación de un embargo de armas y de restricciones de viaje contra individuos y entidades pertenecientes o asociadas con Osama Bin Laden, Al-Qaida o talibanes. En el tercer aspecto por considerar, denominado “Evaluación del peligro por crisis no resueltas”, usaron de la palabra Sir Kieran Prendergast, subsecretario general de Naciones Unidas para asuntos políticos, y el señor Terje Roed Larsen, coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, quienes expusieron sobre el particular en los términos siguientes: El señor Prendergast, en primer lugar, destacó la importancia de evaluar las crisis no resueltas, como son las de Oriente Medio, Líbano, Siria, Pakistán, en los cuales falta voluntad política para obtener soluciones globales. También, destacó la existencia de percepciones divergentes y la proliferación de armas. El señor Terje Roed Larsen destacó el estancamiento que ha sufrido la Hoja de Ruta, para lo cual citó el aumento de violencia en la frontera del Líbano, la construcción y efectos del muro que separa los terrenos palestinos. Enumeró, asimismo, dos iniciativas relacionadas con los principios de acción y de quiebre, y otra, relativa a la colaboración que prestan los pueblos en los temas de paz y reconciliación, como asimismo, en la reciprocidad. II. El segundo panel denominado, “Financiamiento para el desarrollo”, se llevó a cabo en dos etapas, en las cuales se abordaron los aspectos siguientes:a) “Seguimiento de Naciones Unidas a la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (Monterrey, 2002)”. Los panelistas fueron el señor José Antonio Ocampo, subsecretario general de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico y Social, y la señora Nancy Birdsall, presidenta del Centro para el Desarrollo Global en Washington DC. El señor Ocampo comenzó su intervención haciendo una breve reseña de los acuerdos adoptados en Monterrey relativos al Financiamiento para el Desarrollo, punto de encuentro donde se trataron temas relativos al desarrollo de los países de menores ingresos, donde los factores pobreza y desarrollo cobran especial importancia. Se trata de incorporar a un amplio sector, como la sociedad civil, los parlamentos y el sector privado con miras a desarrollar una nueva forma de cooperación entre Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Dentro de las muchas preocupaciones, recalcó la relativa a la reestructuración de la deuda de los países que presentan un alto grado de endeudamiento. Asimismo, destacó la falta de un marco adecuado y la necesidad de conformar un grupo de expertos que analice, además, aspectos relativos a materias impositivas. A continuación, la señora Birdsall resaltó la importancia de rol de los parlamentarios en cuanto al cumplimiento y desarrollo de las metas para el milenio y sobre los compromisos adquiridos en Monterrey. Existe un consenso general en cuanto al incumplimiento de los compromisos que adquirieron los países ricos, de seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas relativas a transferencia tecnológica, alivio de la deuda y, en general, de ir en ayuda de los países más pobres. La globalización requiere un cambio de normativa tendiente a lograr una mayor transparencia. En el tema tributario, se refirió al sistema de impuestos al carbono. Finalizadas las intervenciones anteriores, se produjo un importante diálogo, en el cual participó el señor Mariano Ruiz Esquide, quien, en síntesis, señaló que la situación de los países más pobres, en relación con los más ricos (conflicto norte-sur), sería más deficitaria que antes de la globalización. Deuda externa, balanza financiera negativa, Sida, corrupción, etcétera, son elementos que se relacionan. Asimismo, destacó la diferencia de ingresos que se reproduce al interior de los países, lo cual, lamentablemente, no constituye un diagnóstico compartido. Asimismo se refirió al rol decreciente de las Naciones Unidas, y el valor del nuevo rol de la Unión Interparlamentaria. Todos los factores anteriormente enumerados deberían ser enfocados con un diagnóstico compartido y la proposición de medidas concretas, para lo cual, se debería tener presente, en primer lugar, el valor de la democracia como sistema de vida, así como también sería menester revaluar el rol ético de la política del poder. Otras medidas que deberían adoptarse dicen relación con la necesidad de establecer una agenda de globalización solidaria y progresista; instaurar programas de desarrollo real y no sólo de crecimiento y potenciar una acción más activa de los parlamentos. El segundo tema fue “El rol de la instituciones de Bretton Woods en la arquitectura financiera internacional”. Participaron los señores Eduardo Doryan, representante especial del Banco Mundial ante las Naciones Unidas, y Reinhard Munzberg, representante especial del Fondo Monetario Internacional ante las Naciones Unidas. El señor Doryan enumeró cinco grandes desafíos, entre los cuales cabe señalar los siguientes:1. Profundización del multilateralismo e intensificación del rol de los parlamentos sobre este aspecto;2. Ampliación horizontal del multilateralismo mediante acciones que incorporen a todos los sectores;3. Participación y ampliación del multilateralismo e intensificación de las deliberaciones parlamentarias;4. Cierre de la brecha que implica el problema de la seguridad en los negocios.5. Desequilibrio del antiguo multilateralismo. A su vez, el señor Munzberg se refirió al seguimiento de los acuerdos de Monterrey en la asamblea y al apoyo de las metas del milenio. En cuanto a la necesidad de contar con un mayor grado de transparencia, se hizo hincapié en la conveniencia de contar con un mayor grado de información, así como en aumentar la capacidad y la asistencia técnica en los distintos campos. También se destacó la importancia de crear mecanismos que permitan reestructurar la deuda, con participación de los Parlamentos. Finalmente, se instó a reanudar las negociaciones de Cancún, sobre liberación del comercio y ayuda financiera. El último panel se denomina “Después de Cancún: líneas de acción sugeridas para superar el impasse en materia de comercio y destrabar las potenciales vías de financiación del desarrollo.” En este sentido, la Unión Interparlamentaria desarrolló una importancia labor de seguimiento de la ronda de Doha, donde se reunieron más de 300 legisladores de 70 países, con motivo de la Quinta Conferencia Ministerial. Allí se logró consensuar una declaración final que contiene los aspectos centrales, desde la dimensión parlamentaria de la Organización Mundial de Comercio, OMC, tendientes a destrabar las negociaciones en curso. Hicieron uso de la palabra el señor Rubens Ricúpero, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Unctad, y el señor Kobsak Chutikul, miembro de la Cámara de Representantes de Tailandia y de la Comisión Post Doha de la Unión Interparlamentaria-Unión Europea. El señor Ricúpero formuló comentarios en torno del antiguo Gatt y de la Organización Mundial del Comercio. Hizo presente el peligro que significa la sobrerreacción de los acontecimientos negativos y se refirió, especialmente, a la incapacidad para llegar a acuerdos en la reciente Conferencia de Cancún. Señaló que la incapacidad para llegar a un acuerdo no significaba que la ronda no se pudiera llevar a cabo y que, según su parecer, el incumplimiento de los plazos se debía a falta de voluntad política. Profundizando sobre el particular, se refirió al segundo documento emitido en Cancún como base para las negociaciones, el cual consideraba aceptable. Su sugerencia fue volver al texto y retomar las negociaciones, partiendo de la base de que los principales socios comerciales son la Unión Europea y Estados Unidos. Asimismo, destacó la necesidad de relanzar nuevamente los acuerdos de Doha y de adoptar un papel diligente en torno del debate. A su vez, el señor Chutikul opinó que las negociaciones oficiales se encontraban estancadas y que no existía nada nuevo ni alentador. Finalmente, todos los participantes destacaron la importancia de la incorporación de la Unión Interparlamentaria en esta instancia internacional, como una manera de activar y potenciar el trabajo que desarrollan ambas instituciones en ámbitos distintos, pero en pos de intereses comunes, como la paz, los valores de la democracia y los derechos humanos, y en hechos tan relevantes como el proceso de la normalización institucional de Irak, en que los parlamentos deben jugar un rol preponderante en el proceso de pacificación y edificación de una sociedad libre. He dicho.INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE LAS REUNIONES EFECTUADAS ENTRE LAS DELEGACIONES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO NACIONAL Y DEL PARLAMENTO EUROPEO. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre las reuniones efectuadas entre las delegaciones parlamentaria del Congreso Nacional y del Parlamento Europeo. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Edgardo Riveros. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 23ª, en 19 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra al diputado informante. El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, paso a informar sobre las reuniones celebradas los días 27 y 28 de octubre de 2003 entre las delegaciones parlamentarias del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo, con el objeto de constituir la comisión parlamentaria de asociación entre ambas entidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del acuerdo de asociación entre la República de Chile y la Unión Europea y sus estados miembros. En la primera reunión, las delegaciones efectuaron una evaluación de las relaciones entre Chile y la Unión Europea y un análisis general de la situación internacional, aspecto al cual me referiré en detalle más adelante. En la segunda reunión, celebrada en la Sala de sesiones del Senado, en Valparaíso, las delegaciones se ocuparon de las materias siguientes:1º De la cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea, sus estados miembros y Chile;2º De la aprobación del “reglamento interno” de la Comisión Parlamentaria de Asociación entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo, y3º De la redacción y firma de la “Declaración de Instalación” de la Comisión Parlamentaria de Asociación entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo. Este último documento fue firmado por el senador Gabriel Valdés y por el diputado que informa, por parte del Congreso chileno, y por los eurodiputados señores Rolf Linkohr y Fernando Fernández Martín. Respecto de la “Declaración de Instalación” de la Comisión Parlamentaria de Asociación entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo, quiero referirme, en particular, a tres aspectos: En primer lugar, en la declaración que da cuenta del contenido de la reunión, se destaca el respaldo decidido que tanto el Parlamento Europeo como el Congreso Nacional de Chile han dado al fortalecimiento progresivo de los profundos vínculos entre la República de Chile y la Unión Europea, al desarrollo de acciones de mutuo beneficio, en los más variados campos de la relación bilateral, especialmente a partir del Acuerdo Marco de Cooperación, conocido como el “Convenio de Roma”, de 1990, y consolidados en el “Acuerdo de Florencia”, de 1996, que tuvo como objetivo final preparar la asociación de carácter político y económico entre ambas partes, definitivamente alcanzada en el Acuerdo firmado en Bruselas, en 2002. En segundo lugar, ambas delegaciones constataron la entrada en vigencia provisional, el 1 de febrero de 2003, del acuerdo por el que se establece una asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, por la otra, en cuyo artículo 9 ambas partes instituyen la Comisión de Asociación Parlamentaria entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo, con el objeto de que sirva de foro entre los miembros de ambos parlamentos en materias pertinentes a la aplicación de dicho acuerdo, y con facultades para requerir información al respecto al Consejo de Asociación, órgano político superior del acuerdo; así como para adoptar decisiones y recomendaciones dirigidas al Consejo de Asociación, al Parlamento Europeo o al Congreso Nacional de Chile. Sin perjuicio de ello, declaran la necesidad de que los parlamentos nacionales europeos, que aún no lo han hecho, procedan a una rápida ratificación del acuerdo de asociación entre la República de Chile, la Comunidad Europea y sus estados miembros, para permitir su vigencia plena y definitiva. En este punto, destaco dos aspectos: En primer lugar, que es bastante inédito que en un acuerdo de esta naturaleza se haya establecido particular y formalmente una relación entre parlamentos, con los objetivos que acabo de expresar. En segundo término, que surja de esta reunión un llamado para que los parlamentos de la Unión Europea, que aún no han procedido a aprobar lo que queda pendiente en materia del tratado de asociación, o sea, la parte de cooperación y de política, pues sabemos que el libre comercio ya está en pleno rigor desde febrero de este año, demuestra cuáles son las posibilidades de desarrollo de un diálogo como el señalado. Por último, la declaración señala la conveniencia de adoptar medidas que den la mayor eficacia a las disposiciones institucionales del acuerdo de Bruselas de 2002, particularmente en cuanto a la cooperación científica y tecnológica entre Chile y la Unión Europea, y la necesidad de establecer metas y plazos concretos dentro de la propuesta de trabajo para el año 2004, a fin de tratar proyectos específicos en el marco del Sexto Programa de Cooperación Científica y Tecnológica entre ambas partes. Esto refleja, en síntesis -no puedo ser exhaustivo sobre lo tratado en dos días de reuniones-, la temática y la forma de abordarla por ambas declaraciones. Tal como señalé al comienzo, se firmó el reglamento interno de la comisión parlamentaria de asociación entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento europeo, documento que obra en poder de los señores diputados, por lo que no me referiré a él. Es cuanto puedo informar. He dicho.MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO, DE 1947, ENTRE CHILE Y BRASIL. Primer trámite constitucional. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, de 1947. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Waldo Mora. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 3387-10, sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 11 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 13. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Para informar el proyecto, ofrezco la palabra al diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre Chile y Brasil, que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, suscrito el 4 de julio de 1947, constitucional con el objeto de organizar en forma segura y ordenada los servicios aéreos internacionales regulares entre ambos países, sometido a consideración de la Corporación en primer trámite constitucional. En dicho instrumento, ambos gobiernos se confieren mutuamente derechos para que las empresas de su nacionalidad establezcan tales servicios en las rutas especificadas en las tablas anexas al convenio. Además, reconocen como válidos, para los fines de la explotación de los servicios acordados los certificados de navegabilidad y competencia y las licencias expedidos o validados por una de las partes contratantes. Durante la décimotercera reunión de consulta aeronáutica entre las autoridades de Chile y de Brasil, celebrada en Río de Janeiro en julio de 1996, las partes contratantes acordaron modificar el convenio de 1947, con el objeto de adecuar sus disposiciones después de más de cincuenta años de vigencia, conforme al contenido y alcance actual de los tratados de esta especie en materia de derechos de tráfico y de reconocimiento de certificados de las aeronaves y licencias de personal aeronáutico. Las modificaciones que se introducen al convenio de 1947 le agregan, en primer lugar, un artículo II bis, que precisa los derechos de tráfico que se conceden a las empresas aéreas de la otra parte contratante para que opere los servicios de transporte aéreo convenidos, y consagra la reserva de cabotaje en el territorio de las partes para sus respectivas empresas aéreas designadas. Los derechos de tráfico que se precisan corresponden a los de las primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta libertades del aire y son los siguientes: El derecho de sobrevolar el territorio de la otra parte pero sin aterrizar en él. El derecho de aterrizar en el territorio de la otra parte sin fines comerciales; por ejemplo, escala técnica, sin dejar ni tomar pasajeros, equipaje o correspondencia. El derecho de embarcar y desembarcar en el referido territorio, en los puntos de las rutas especificadas, pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, separadamente o en combinación, originados en o destinados a puntos en el territorio de la otra parte contratante. Ello significa, dice el mensaje, poder efectuar tráfico aéreo entre los territorios de ambas partes contratantes. Además, se consagra el derecho de embarcar y desembarcar en los territorios de terceros países, en los puntos de las rutas especificadas, pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, separadamente o en combinación, originadas en o destinados a puntos en el territorio de la otra parte contratante. Por último, estipula el derecho de embarcar y desembarcar en el territorio de la otra parte contratante, pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, separadamente o en combinación, originados en o destinados a puntos en el territorio de terceros países, a través de su territorio. En segundo lugar, mediante un nuevo párrafo 2, que se agrega al artículo IV, se regula, conforme a las actuales modalidades de operación de aeronaves, el mutuo reconocimiento de los certificados de navegabilidad y de competencia y licencias expedidas y validadas por una de las partes contratantes, para los efectos de operaciones de los servicios que resultaren de un contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronaves, celebrados entre empresas de ambas partes contratantes, para permitir que tripulaciones chilenas operen aeronaves brasileñas o tripulaciones brasileñas operen aeronaves chilenas. En el estudio de este acuerdo internacional, la Comisión escuchó al secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, señor Bernardo Domínguez; al asesor jurídico de la junta, señor Rodrigo García, y a la asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), señorita María Elena Varas. El secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil señaló que las modificaciones al convenio de 1947 no entregan nuevas libertades, sino que sólo enumeran las ya concedidas, de forma tal que se expresa que Brasil reconoce a Chile la sexta libertad y Chile, por su parte, reconoce a Brasil la quinta libertad. Aseveró que un segundo aspecto de las modificaciones otorga una mayor flexibilidad en el intercambio de flotas, lo cual permite, a modo de ejemplo, que las aerolíneas se arrienden aviones entre sí u operen con tripulaciones nacionales del otro país. En el fondo, se reconocen las distintas formas de operación que se dan entre dos líneas aéreas en la actualidad. La asesora del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Direcon explicó que los acuerdos de transporte aéreo modernos expresan las libertades que conceden, cosa que no ocurre en el convenio de 1947. Agregó que el Congreso de Brasil aprobó las modificaciones en informe en noviembre de 2001. La Comisión compartió plenamente los propósitos que han llevado a los gobiernos de Chile y de Brasil a la celebración del acuerdo en informe, de manera que, en mérito de los antecedentes expuestos y el contenido normativo del acuerdo, por unanimidad, decidió recomendar a la honorable Cámara que le preste su aprobación, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo con modificaciones formales, de menor entidad, que se salvan en el texto sustitutivo propuesto en el informe entregado a los honorables colegas. Es cuanto puedo informar. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señora Presidenta, se nos ha convocado para conocer un proyecto de acuerdo, como muy bien lo ha informado nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado señor Riveros, que tiene como propósito modificar el convenio sobre transporte aéreo entre Chile y Brasil suscrito en 1947. Estas modificaciones responden a la necesidad de adecuar las disposiciones del convenio de 1947, después de más de cincuenta años de vigencia, conforme al contenido y alcance actual de los tratados de este tipo, en materia de derechos de tráfico y de reconocimiento de certificados de la aeronave y licencias del personal aeronáutico. Este acuerdo nos parece positivo, por cuanto viene a complementar el acuerdo anterior suscrito entre ambas Repúblicas. Además, constituye un logro en la liberación del transporte aéreo internacional, ya que permite satisfacer de mejor forma las necesidades del transporte de pasajeros, especialmente cuando se trata de hombres de negocios y del comercio en general. Todo avance en la materia constituye un beneficio, no sólo para los países que suscriben los acuerdos, sino para los ciudadanos de dichos países, a quienes le son traspasados tales beneficios. En general, los acuerdos suscritos por Chile en esta materia siempre nos han parecido positivos, por cuanto se establece una serie de libertades aplicables al transporte aéreo, lo que se ajusta a la política aero-comercial que nuestro país ha venido siguiendo, especialmente en este último tiempo. Por lo tanto, invito a los colegas a sumarse en forma positiva a este Acuerdo, por cuanto nos parece que beneficiarán especialmente nuestro país. Por las razones expuestas, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En votación el proyecto aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil para modificar el Convenio sobre Transporte Aéreo, de 1947. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Dittborn, Egaña, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Prieto, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock.INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA INVESTIGADORA DEL DESTINO DE LOS DINEROS DECLARADOS IRRECUPERABLES PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA EL FISCO. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora del destino que tuvieron los dineros declarados irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y para el fisco. El diputado informante es el señor Ignacio Urrutia. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 29ª, en 9 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 13. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la la palabra al diputado Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, voy a resumir el informe en tres puntos. Primero, daré a conocer las razones que se tuvieron para formar la Comisión; segundo, los principales problemas que llevaron a que se produjera esta pérdida fiscal y, tercero, las conclusiones de la Comisión. A través del proyecto de acuerdo Nº 208 se mandató a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que se constituyera como investigadora a fin de que informara a la Corporación sobre el destino que tuvieron los 7 mil 800 millones de pesos en capital que, junto a los 2 mil millones de pesos en intereses, se transformaron en dineros irrecuperables para el Indap y para el fisco. Se fundamentó tal encargo, principalmente, en el hecho de que la Cámara de Diputados aprobó, en general, un proyecto de ley que faculta al ministro de Agricultura para autorizar al director nacional del Indap a liberar, remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos otorgados por ese instituto a organizaciones integradas por beneficiarios del mismo y que, a la fecha de publicación de la ley, se encuentren morosas, siempre que los proyectos financiados con estos créditos hayan tenido un resultado económico adverso, no atribuible a dolo o culpa de los referidos garantes. Esta situación y otras más fueron analizadas por una comisión investigadora hace algún tiempo, precisamente, para indagar y realizar una amplia y exhaustiva investigación de los créditos concedidos a numerosas organizaciones de pequeños campesinos, muchos de los cuales se otorgaron de manera irregular y significaron una enorme pérdida para el Indap, toda vez que en la mayoría de los casos fue imposible su recuperación. No obstante que este proyecto de ley venía a dar una solución justa a aquellos pequeños agricultores que de buena fe se constituyeron en aval de dudosas operaciones comerciales, es indesmentible que un porcentaje relevante de empresas agrícolas que obtuvieron créditos por parte del Indap, entre 1995 y 2000, por un valor de 7 mil 800 millones de pesos, han fracasado, por lo que no cabe duda de que, a pesar de los resguardos que el proyecto contenía en orden a no beneficiar a deudores que pudieran haberse visto involucrados en actos dolosos o culposos, hay un perjuicio evidente al fisco, por lo que se hizo necesario realizar una investigación acuciosa en este sentido. Los principales problemas los podemos sintetizar en los siguientes puntos:1) Problemas de gestión. Uno de los problemas más recurrentes que afectó la ejecución de los proyectos fue la deficiente capacidad de gestión de los administradores a cargo de las empresas, expresada en gestión organizacional, administrativa, comercial, técnica, financiera y de recursos humanos. Estos problemas perjudicaron a un total de 138 empresas e implicaron a 195 proyectos, por un monto de 6 mil 75 millones 740 mil pesos, equivalentes al 54,5 por ciento del total. Es necesario señalar que, en la totalidad de los casos, los recursos del crédito fueron utilizados en los fines para los cuales fueron solicitados.2) Problemas técnicos. En la ejecución de los proyectos también se presentaron problemas de carácter técnico que afectaron el resultado productivo y financiero de las empresas en las regiones Quinta, Sexta y Séptima. Estos problemas perjudicaron a un total de 26 empresas e implicaron a 46 proyectos, por un monto de 991 millones 748 mil pesos, equivalentes al 8,9 por ciento del total. En esta categoría se destacan los créditos otorgados a siete empresas productoras de tomate bajo invernadero de la región del Maule, cuyas plantas sufrieron una intoxicación con cobre mientras se encontraban en la etapa de almácigo en dependencias de la empresa proveedora, por lo que su ocurrencia escapa a la responsabilidad de los productores.3) Problemas comerciales. En el desarrollo de los proyectos también se presentaron problemas de carácter comercial que afectaron el resultado financiero de las empresas en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Metropolitana. Estos problemas perjudicaron a un total de 67 empresas e implicaron a 89 proyectos, por un monto de 2 mil 316 millones 587 mil pesos, equivalentes al 20,8 por ciento del total. En esta categoría se deben destacar los créditos que fueron afectados, esencialmente, por problemas de bajos precios, como es el caso de la leche bovina, viñas y hortalizas, o por el no pago por parte de algunos clientes, lo cual redujo los ingresos y la rentabilidad de las empresas. 4) Problemas climáticos. En algunas regiones, como la Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima, Novena, Décima y Metropolitana, algunos créditos fueron afectados por factores climáticos, como heladas y sequía, alcanzándose la proporción de monto más alta en la Región Metropolitana, con un 45,7 por ciento, seguida por la Quinta, con el 25 por ciento. Los rubros más perjudicados fueron las hortalizas, el forestal y los frutales menores. Se debe señalar que, en gran parte, estos problemas eran evitables; pero en el momento del otorgamiento del crédito, no existía en el país un seguro que cubriera este tipo de riesgo, instrumento que sólo está disponible desde septiembre de 2000.Conclusiones aprobadas por la Comisión. Como consecuencia de las opiniones vertidas en el seno de la Comisión, del examen de la documentación recopilada, considerando, en especial, los antecedentes contenidos en el informe emitido con fecha 6 de marzo de 2002, relativo a la investigación que la Comisión efectuó respecto de los créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, a partir de 1994 en adelante, tanto a sus beneficiarios como a las organizaciones de éstos y, en atención a que la Cámara de Diputados mandató a esta Comisión para constituirse como investigadora e informar sobre el destino que tuvieron diversos créditos concedidos por el Indap y que se transformaron en recursos irrecuperables para el fisco, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:1. La aplicación de la ley que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Indap, ley Nº 19.901, puede significar una pérdida patrimonial para esa institución de alrededor de 11 mil millones de pesos, en la medida en que los créditos concedidos no puedan ser cobrados a las empresas deudoras y los garantes o avales se beneficien de la mencionada ley.2. Los antecedentes investigados confirman que, en numerosos casos, el Indap, al otorgar créditos a empresas campesinas, sobreestimó los proyectos y subestimó su riesgo asociado, así como también la capacidad de los deudores para administrar negocios de mayor envergadura que la habitual. De igual modo, en su afán por estimular la asociatividad campesina, no evaluó debidamente los riesgos y la viabilidad de los negocios emprendidos.3. La Comisión estima que un significativo número de empresas que obtuvieron créditos del Indap no pudieron hacer frente a su endeudamiento, por cuanto se vieron afectadas por causas no atribuibles necesariamente a las instituciones. Factores de orden técnico que redujeron la productividad de los proyectos, deficiente gestión y administración y otros vinculados a elementos externos, como problemas climáticos y comerciales, explican en parte la imposibilidad de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.4. No obstante lo anterior, la Comisión ha alcanzado la convicción de que, durante el período analizado, en algunos casos, el Indap otorgó créditos sin sujeción a sus normas reglamentarias e incurrió en falta de control y de seguimiento de los créditos otorgados, entre otras causas. El informe aprobado unánimemente por esta misma Comisión el 6 de marzo de 2002, luego de una exhaustiva investigación que cubrió el período 1994-2000, da debida y detallada cuenta de estas y otras irregularidades.5. La Comisión hace presente que precisar el monto de los recursos públicos que puedan resultar irrecuperables dependerá del éxito o fracaso de las acciones que el propio Indap lleva adelante para cobrar esos créditos. Sólo hasta que esas acciones estén concluidas y se produzcan los efectos de la ley Nº 19.901, será posible determinar con exactitud la pérdida y las empresas campesinas que la originaron.6. Finalmente, la Comisión valora que, a partir de la investigación concluida en el año 2002, el Indap inició un proceso de modernización institucional que, entre otros objetivos, apunta a evitar que los errores e irregularidades que la investigación permitió establecer vuelvan a ocurrir. Sometidas a votación las conclusiones, fueron aprobadas por unanimidad. En consecuencia, nuestra Comisión recomienda remitir este informe a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Agricultura para su conocimiento y fines pertinentes. Acordado en sesiones de fechas 3 de junio, 12 y 26 de agosto, 14 de octubre, 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2003, con la asistencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Jaime Quintana, presidente; Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Ramón Barros, José Antonio Galilea, Javier Hernández, Felipe Letelier, Fernando Meza, Sergio Ojeda, José Pérez, Carlos Recondo, Leopoldo Sánchez e Ignacio Urrutia. Es todo cuanto puedo informar. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra al diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señora Presidenta, es la segunda vez que esta Cámara discute este tema. La primera vez fue el 2 de septiembre de 2003, a propósito de la discusión de un proyecto que actualmente es ley de la República. Ahora, nuevamente estamos analizando el tema a propósito de la investigación que realizó la Comisión de Agricultura sobre los fondos declarados irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y para el fisco. Votaré favorablemente el informe, en razón de que concluye que las causas de la no recuperación de los créditos otorgados por el Indap no acreditan una responsabilidad mayor de ese organismo. El Indap entregó créditos por 7 mil 800 millones de pesos a empresas campesinas, capital que ha devengado intereses por 2 mil millones de pesos, sumas que son irrecuperables para el Indap y para el fisco. El Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto -hoy es ley de la República- que faculta al ministro de Agricultura para autorizar al director nacional del Indap a remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos otorgados por ese instituto a las organizaciones integradas por beneficiarios del mismo y que, a la fecha de publicación de esa ley -2 de septiembre de 2003- se encuentren morosas. Esa liberación opera siempre que los proyectos beneficiados con los créditos tengan resultados económicos adversos, que no sean atribuibles a dolo o culpa de los referidos garantes. En ese sentido, no opera en los casos de personas que estén siendo procesadas o que tengan la calidad de imputadas. Ese proyecto se aprobó en el entendido de que los dineros otorgados a través de créditos son irrecuperables y de que los garantes estaban siendo perjudicados porque no podían acceder a otros créditos. Por otro lado, no ha habido nada turbio en el no pago del crédito. Si bien es cierto que se levantaron las cauciones, no hubo condonación de pagos ni se dio por cancelada la deuda. Sin duda, al no recuperarse ese dinero y al renunciar el Estado a las garantías, se causa un daño al erario. Sin embargo, en estos hechos no ha habido nada delictivo, ninguna maniobra fraudulenta ni ningún aprovechamiento o enriquecimiento ilícito. Tampoco se han detectado casos en que los créditos hayan sido utilizados para fines distintos de aquellos para los cuales fueron solicitados; nadie se ha echado nada al bolsillo ni se ha robado nada. Tal como se sostiene en las conclusiones, muchas empresas que obtuvieron créditos del Indap, sencillamente no pudieron hacer frente al endeudamiento, pues se vieron afectadas no por causas atribuibles a ellas, sino por motivos absolutamente ajenos a su voluntad, tales como factores de orden técnico, que redujeron la productividad de los proyectos, o gestión y administración deficientes. En otros casos, se vieron afectadas por elementos externos como problemas climáticos o comerciales. La magra situación económica y financiera por la que ha pasado y está pasando la agricultura chilena -en particular, la pequeña y la mediana- ha contribuido a crear problemas de incumplimiento y morosidad. Esto hace que el campesinado -también ocurre con los empresarios agrícolas- no pueda cumplir sus compromisos. De manera que la seguidilla de empresas quebradas en un período de fluctuaciones y de incertidumbre económica hace muy difícil asegurar la recuperación del ciento por ciento de los créditos. Pese a todo lo que he señalado, el Indap es responsable de no cautelar los recursos del Estado, porque otorgó créditos sin hacer un estudio previo y un análisis de los antecedentes del deudor. Por eso, hemos llegado a la conclusión que, considerando los problemas económicos, la incertidumbre, las falencias y los malos negocios, en muchos casos, el Indap sobreestimó los proyectos que financió y subestimó los riesgos asociados. Tampoco percibió ni midió la capacidad de los deudores para administrar negocios de mayor envergadura. En su afán de estimular la asociatividad campesina, tampoco evaluó debidamente los riesgos y la viabilidad de los negocios emprendidos. El trabajo del Indap está dirigido fundamentalmente a los pequeños campesinos. Los beneficiarios de sus créditos son los pequeños productores agrícolas, las organizaciones legalmente constituidas, es decir, con personalidad jurídica. Pero los problemas de los pequeños y medianos campesinos son históricos; nunca los hemos podido solucionar. Sin embargo, debemos reconocer que, sucedidos los hechos que involucraron pérdidas para el Estado, el Indap adoptó precauciones y estableció sistemas para no volver a cometer los mismos errores. Así lo decimos en la conclusión número 6: “La Comisión valora que a partir de la investigación concluida el año 2002 -antes hubo otra-, el Indap inició un proceso de modernización institucional que, entre otros objetivos, apunta a evitar que los errores e irregularidades que la investigación permitió establecer vuelvan a ocurrir”. Esto ha hecho posible lograr, además, mejorías significativas en su gestión crediticia -así ha sido reconocido por todos los sectores-, tanto en los créditos administrados directamente como en la generación de instrumentos de intermediación financiera. Por lo tanto, como no hubo mayores responsabilidades, la Comisión acordó enviar este informe al Presidente de la República y al ministro de Agricultura, para su conocimiento y fines pertinentes, pero a ningún organismo fiscalizador o sancionatorio. A través del tiempo, el Indap ha cumplido una gran labor de promoción del desarrollo económico, social y tecnológico entre los pequeños productores agrícolas y campesinos. Todos estamos de acuerdo en que ha otorgado asistencia técnica y capacitación a este sector campesino. Además, ha formulado y ejecutado programas de desarrollo y ha contribuido a mejorar los canales de comercialización, de acceso a los insumos y a la industrialización. Toda esta obra gigantesca realizada por ese organismo no puede ser desconocida, aunque existan los problemas expuestos en esta sesión que, a veces, son propios de los periodos de recesión económica. Lo positivo es que el Indap sirve y ha servido mucho. Lo negativo es que se quiera hurgar en lo más profundo y encontrar aguas negras, que no son el verdadero color del Indap, pues tiene un color transparente y limpio. Quiero manifestar mi reconocimiento a don Ricardo Halabí, director nacional del Indap, y a todos los funcionarios que laboran en ese organismo por el trabajo que han realizado en aras del desarrollo, protección y fomento de la pequeña y mediana agricultura, que es su objetivo fundamental. Las dificultades que hoy enfrenta no pueden opacar su tremendo aporte al desarrollo de campesinos y medianos productores. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, es bastante preocupante lo que se desprende de la lectura del informe, particularmente, porque se establece que hay una pérdida patrimonial cercana a los 11 mil millones de pesos, que es prácticamente irrecuperable. Se señala que se sobreestimó la calidad de los proyectos a financiar y que no hubo una adecuada evaluación del riesgo asociado, razón por la cual los créditos fueron entregados a un conjunto de empresas que fracasaron por diversas circunstancias. Pero lo que me extraña es que en el informe no se señale de quién son las empresas que fracasaron y quiénes son los deudores. A mi juicio, si las comisiones investigadoras llegan a conclusiones sabidas por todos, no están cumpliendo con el mandato de la Sala de investigar a fondo los hechos, con lo cual desprestigian aún más al Congreso. La verdad es que las dudas relacionadas con el Instituto de Desarrollo Agripecuario, Indap, siguen flotando en el aire; aún persiste la percepción de que se financió a empresas que nada hicieron. No comparto las conclusiones del informe porque fueron hechas con guante blanco, porque, en definitiva, nada aportan a lo que ya sabíamos. Por eso, lo que debemos plantearnos como Cámara es para qué nos embarcamos en este tipo de investigaciones, si vamos a concluir en lo que ya se sabe, sin llegar al fondo del tema: primero, aclarar quiénes son los deudores y por qué deben y, segundo, establecer, a partir de ello, las responsabilidades. Ésta es una Cámara política. En el informe se afirma que no hay política agraria y que el proyecto de apoyo a la pequeña y mediana empresa agrícola fracasó porque no fueron exitosas, por decirlo de una manera elegante. ¡Fracasaron rotundamente!, pero no se establecen responsabilidades políticas y tampoco se señala por qué ocurrió. Pero eso no es responsabilidad de Ricardo Halabí; lo sabemos muy bien. Entonces, lo que se debe señalar son las responsabilidades políticas. Me parece que las conclusiones son sólo un buen acuerdo, evidentemente, para no decir nada, lo que provoca grave daño a la credibilidad de las comisiones investigadoras. Por lo tanto, quiero pedir a los colegas que trabajaron en el informe que nos digan cuál es su relevancia, porque de su lectura -reitero- se desprende que hay 11 mil millones de pesos que no son recuperables. Hace referencia a una serie de elementos de orden técnico y climatológico que sólo corresponden a la gestión de las empresas, pero que la situación deberá ser decidida por la justicia; que no es necesario prejuzgar, ya que, si ha habido malversación o uso indebido de recursos públicos, ello deberá ser determinado por los tribunales; que lo que cuenta es que se actuó de buena fe, que no hay que pensar que hubo mala fe. Pero la verdad es que no acostumbro a pensar que se actuó de mala fe. Lo único que estoy señalando es que, atendida nuestra labor fiscalizadora, el informe no es apropiado ni adecuado, porque nada aporta. El monto de los recursos públicos no está determinado porque, sin duda, será necesario hacer muchas gestiones para cobrarlo. Está bien, el Indap está haciendo el esfuerzo. Respecto del tema de los créditos otorgados para adquisición de maquinaria agrícola, el informe señala que dada la situación de endeudamiento de las empresas, el hecho de que el 66 por ciento de ellas no está operando -de un total de 38 organizaciones incluso dos de ellas se disolvieron- las perspectivas de desarrollo de las restantes, en este giro, no son buenas, salvo dos de ellas, que se encuentran con sus créditos vigentes. Por último, el valor comercial de las maquinarias en garantía es de 375 millones de pesos, monto que equivale al 31,4 por ciento de la deuda total. Por lo tanto, si se deben mil millones, pero el respaldo de la maquinaria agrícola sólo alcanza la suma de 375 millones, ¿de dónde saldrán los otros setecientos millones para adquirir maquinaria agrícola? ¿Cuáles son las empresas y quiénes son sus propietarios? No quiero los nombres de fantasía, sino los de sus dueños. No aparecen en el informe. Los parlamentarios no podemos participar en todas las comisiones por nuestras diversas responsabilidades, pero, por lo menos, debió incluirse el nombre de las empresas para saber si efectivamente son reales, si hicieron el esfuerzo o simplemente recibieron el dinero y lo gastaron en otra cosa. No se trata de hacer un enjuiciamiento ni de denostar al gobierno al que pertenezco. Lo único que señalo es que la gente no nos cree en esta materia. En particular, los campesinos de mi distrito han pagado sus créditos. Si alguno se arranca con el dinero, como en el caso de la comuna de Florida, el Indap lo liquida, le cobra los créditos y lo urge. A pequeños campesinos de economías de subsistencia esa institución los demanda y los persigue, incluso porque alguien que era o no del Indap -da lo mismo- cobró el dinero y no lo devolvió. Sin embargo, cuando he ido a pedir la condonación de esos créditos, se me ha contestado que ellos deben pagar el 70 por ciento de la deuda, en circunstancias de que sus ingresos no superan los 120 ó 130 mil pesos mensuales. Nadie se atreve a decir quiénes son los dueños de empresas que han obtenido créditos por 11 mil millones de pesos y no se sabe si los van a pagar. La Cámara de Diputados no debe permitir este doble estándar. En ese sentido, el ministro Campos está en la línea adecuada. Lo he conversado con él y con el señor Halabí. Queremos más claridad, porque el informe no da transparencia. Sin duda, discrepo de lo planteado por el diputado Ojeda, por cuanto señala que no hay aguas negras y que este informe es transparente. No prejuzgo, sino que pido claridad sobre dónde están y quiénes deben, del partido político que sean. No es un problema de militancia de los deudores. En definitiva, los tribunales de justicia determinarán si los créditos son recuperables o no. Pero, a lo menos, uno quisiera que se estableciera una cierta responsabilidad política, pero en las conclusiones ni siquiera se indican los responsables de la planificación y evaluación de los programas, del otorgamiento de los créditos y de la definición de las políticas. No hay responsabilidad. En definitiva, el único mérito del informe es determinar claramente que cierta gente recibió dinero y no puede pagar los créditos y que la política de administración de recursos para los pequeños y medianos campesinos ha sido un fracaso. En el informe se mencionan los problemas de gestión -si los campesinos hubieran tenido una posibilidad de gestionar, los resultados no habrían sido tan desastrosos-, técnicos, que afectan el carácter productivo y financiero; climáticos, comerciales, en relación con las diversas modalidades respecto de las fluctuaciones en el mercado. Enseguida, figuran los problemas de producción y comercialización de queso de cabra, de producción de leche bovina, de producción en invernaderos, de créditos fiscales y de maquinaria agrícola. Hay maquinaria agrícola por un valor de 375 millones de pesos para garantizar mil millones de pesos. Lo importante es saber dónde está el resto del dinero que no cubre ese 31,4 por ciento, porque está claro que era para adquirir maquinarias. El sistema de crédito fiscal es muy claro en otros ámbitos, particularmente en la adquisición de bienes de uso de capital. Por lo tanto, no me satisface el informe. Sólo constata una realidad que ya conocíamos, aunque me parece positiva la propuesta de que los tribunales determinen el monto de los recursos públicos que es recuperable. En definitiva, hay una investigación del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que inició un proceso de modernización, pero es tremendamente insuficiente para develar los alcances de las irregularidades reconocidas en el informe. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, quiero aclarar que la nómina de las empresas involucradas se encuentra en poder de la Comisión. Lamentablemente, por un error de omisión, no las incluimos en el informe. Pero eso no significa que no hayamos estudiado los antecedentes. Con anterioridad la Cámara de Diputados realizó una exhaustiva investigación el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, durante los años 1994 y 2000, y las empresas que figuraron en el informe de entonces son las mismas que hoy aparecen liberadas de cauciones. No hay cambios. Por eso, se consideró innecesaria su inclusión. En general se trata de gente que no ha cometido ilícitos, pues quienes lo hicieron se encuentran procesados por los tribunales de justicia. Desde la Región Metropolitana hacia el sur se han iniciado alrededor de nueve juicios, tanto por el Indap como por el Consejo de Defensa del Estado. La gente que incurrió en ilícitos no queda liberada. En consecuencia, sólo se benefician aquellos que no cometieron delitos y que fracasaron en sus empresas por problemas de gestión, climáticos, comerciales, etcétera. Muchos, por ignorancia, firmaron como avales. En el informe se recalca que la información está acreditada por la investigación que la Cámara aprobó en marzo de 2002, en la cual figura el detalle de todas las empresas y los respectivos nombres de sus dueños. Tal vez, nuestro error fue no volverlas a nombrar. La Cámara de Diputados nos pidió investigar lo sucedido con 7 mil 800 millones de pesos, a los que hubo que agregar 2 mil millones más, es decir, 9 mil 800 millones de pesos entre capital e intereses. Nuestra conclusión es que las pérdidas superarán esa cifra, pues alcanzarán, aproximadamente, a 11 mil millones de pesos. Ahora bien, si la Sala rechaza el informe porque no se nombran las empresas involucradas, está en su derecho. Pero, reitero, cometimos el error de no mencionarlas por estar consignadas en una investigación anterior. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, muchos quisieran que los antecedentes que reúne una comisión investigadora fueran enviados a los tribunales de justicia para que aplicaran penas del infierno a los imputados. Sin duda, comparto los juicios del diputado señor Urrutia, en el sentido de que el trabajo de la Comisión va mucho más allá del informe. No contiene todos los antecedentes porque lo habrían hecho mucho más voluminoso, sin perjuicio de que los relativos a las empresas del caso figuran en otro anterior. Para contextualizar el debate, primero, esto ocurre entre 1995 y 2000. No es algo nuevo. Segundo, se propone autorizar la liberalización de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar los créditos, pero este punto restringe a personas naturales que sirvieron de aval incluso en casos que ni siquiera tuvieron que ver con los negocios, muchos de los cuales fracasaron. Tercero, el fisco podría llegar a perder 11 mil millones de pesos, pero todavía no termina el proceso de cobranza que lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap. Algunos preferirían que esa institución no existiese, en circunstancias que para los campesinos más modestos representa la única oportunidad de fomento y de apoyo a la pequeña agricultura, que no es precisamente la que hace los mejores negocios. Como se sabe, hasta ahora los recursos del Ministerio de Agricultura se reparten en 50 por ciento para la gran agricultura y 50 por ciento para las pequeña y mediana agricultura, pero, de acuerdo con el último proceso presupuestario, esa situación se revertirá y el Indap dispondrá de más porcentualmente, en relación con la gran agricultura, la empresarial, la que necesita menos instrumentos de fomento; la que va a hacer las cosas de todas maneras y la que seguirá exportando, de lo cual nos alegramos. En concreto, el instituto contará con mayores recursos para programas de recuperación de suelos. Por lo tanto, la investigación que se realizó es importante. Sin embargo, debe situarse en el lugar que corresponde: acotada a créditos otorgados por 7 mil 800 millones de pesos, que, sumados los intereses, podrían llegar a 11 mil millones. Pero, reitero, el Indap está efectuando el proceso de cobranza. Para aquellos que quisieran que no existiera esa institución y que no apoyara a los pequeños productores, un solo dato: en 2000, de cada 100 pesos que colocaba, recuperaba 63. Hoy, de cada 100 pesos, se recupera 96. Por tanto, está funcionando mejor en el otorgamiento de sus créditos y cobranzas, lo que nos garantiza que la pérdida de 11 mil millones de pesos podría ser muy inferior. El señor HALES (Vicepresidente).- Señor diputado, han pasado seis minutos y medio de los diez que tiene su bancada. El señor QUINTANA.- Termino diciendo que se hizo un análisis detallado de la situación de cada una de las empresas y que no hay reparo alguno de la Contraloría hacia el Indap ni antecedente que amerite llevar a alguien a los tribunales de justicia, como algunos quisieran. Por consiguiente, espero que se recupera una gran cantidad de recursos para privilegiar aquellos proyectos más rentables de la pequeña agricultura. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, del análisis del informe sólo cabe sentir cierta satisfacción por la gente que será beneficiada con la liberación de cauciones para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap. Pero, con la misma honestidad hay que considerar por qué se produce esto y por qué la gente se ve en la imposibilidad de poder servir su deuda. Por ejemplo, en la Novena Región, hace cuatro o cinco años, los pequeños agricultores cosechaban las papas “en media” porque el saco costaba entre 800 y 1.000 pesos. Se produjo un tremendo “debacle”, porque mucha de esa gente, que había adquirido maquinaria con créditos del Indap, no pudo servir su deuda. Son los vaivenes de la agricultura. Por eso, más allá de las conclusiones que debemos sacar hoy, ésta era una buena oportunidad para que la Comisión hubiera recomendado que el Banco del Estado abriera nuevamente oficinas agrícolas, anhelo largamente esperado por todos los agricultores independientemente del rubro en que trabajan. Por una razón muy simple. Aquí hubo que hacer una ley especial para salvar a un sinnúmero de personajes. Además, cuando existe una oficina agrícola del Banco del Estado se puede negociar con él. Por ejemplo, si un campesino no puede pagar 4, 5 ó 10 millones de pesos, por lo menos el banco le da facilidades para abonar 1, 2 ó 3 millones, sin perder su pool de maquinarias. En este momento, hay 26 cobranzas del Indap en la Novena Región en que están involucradas las maquinarias. El mayor porcentaje de los once mil millones que está relacionado con la adquisición de maquinaria agrícola. Cuando se les quita la maquinaria a los agricultores se les impide seguir trabajando, porque estos elementos son indispensables para el trabajo agrícola. La papa, el trigo y la avena tienen procesos de cultivo distintos, y los agricultores -en su mayoría, comunidades mapuches- ya se han acostumbrado a trabajar con técnicas modernas y a obtener mejores cosechas, que es lo que todos queremos. Entre paréntesis, se suele hablar de la “agricultura campesina”, y la verdad es que, con todo respeto, no conozco la agricultura urbana. La agricultura siempre ha sido campesina. Mi familia se ha dedicado a la agricultura casi por ciento cincuenta años y nunca ha tenido un campo en medio de la ciudad. Señalo esto porque hay que descartar algunas expresiones que confunden a la gente. Se dice que ahora el Indap recupera 96 pesos de cada 100 pesos. No dudamos de que sea así, porque ha usado el sistema de “descreme”, es decir, a la gente que puede representar un riesgo no le presta plata, por ningún motivo. En consecuencia, debiera recuperar el ciento por ciento. Por otra parte, cuando aprobamos en el Congreso cien mil millones de pesos para el Indap, queremos que esa plata llegue a la gente más necesitada. El Gobierno habla de la agricultura de sustentación, pero, en la mayoría de los casos, la gente involucrada en ella no tiene acceso a esos créditos, porque sus porcentajes de recuperación son muy bajas. Para qué vamos a hablar del pueblo mapuche que, prácticamente, no tiene acceso al crédito -lo digo con conocimiento de causa-, porque la ley indígena estableció que sus tierras son inembargables. Por lo tanto, son discriminados. Pero, lo que es peor, se ha aplicado mucho lo que se llama la “ley de la pringa”. Esto es, si en una familia compuesta por varios agricultores campesinos dueños de una pequeña parcela, uno de ellos no paga, el Indap no le da crédito al resto. Entonces, por los once mil millones de pesos que se deben al Indap, se ha hecho mucho daño a los pequeños agricultores, porque no les dan las condiciones necesarias para que puedan trabajar su tierra. El señor HALES (Vicepresidente).- Diputado García, le aviso que ha ocupado más de la mitad del tiempo de su bancada y se encuentra inscrito el diputado José Antonio Galilea. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Perdón, Presidente, no sabía eso. En resumen, estoy de acuerdo con el informe de la Comisión. Vamos a aprobar este proyecto, pero ojalá el Indap se reestructure. Es el anhelo de todos los parlamentarios de los sectores agrícolas, sin distinción de su color político, para que la plata llegue efectivamente a los pequeños campesinos. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero entregar mi total respaldo a nuestras comisiones investigadoras. Pueden tener muchos déficit o problemas, pero son un instrumento muy importante con que cuenta la Cámara de Diputados para entrar de lleno y en profundidad en problemas que inquietan a la opinión pública y a quienes formamos parte de ella. Si bien podemos estar de acuerdo o no con las conclusiones o evaluar que éstas muestran alguna carencia en su densidad y otros aspectos, en este caso quisiera señalar que hay un tema que me preocupa, cual es que la información que contiene este informe puede ser de poco valor para las enmiendas o correcciones que debe llevar a cabo la institución, sobre todo porque tenemos que resguardar nuestro rol fiscalizador en relación con el diseño, la implementación y la focalización de las políticas públicas, en este caso, de las políticas de fomento productivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap. Refiriéndome específicamente a la Cuarta Región, que represento, creo que para enmendar las políticas de fomento diseñadas por el Indap para los pequeños y medianos agricultores, sirve de muy poco decir que el endeudamiento de los ganaderos y de los productores de leche y queso de cabra es consecuencia de la competencia entre el sector artesanal y el industrial. Reitero, ese punto, contenido en la página 14 del informe, sirve muy poco para corregir políticas de fomento del Indap en la zona. Hoy, entre los productores de queso de las regiones Cuarta, Quinta y Metropolitana existe un endeudamiento altísimo que alcanza a alrededor de 600 millones de pesos. En la Cuarta Región, la explicación de este endeudamiento no es la competencia entre los sectores artesanal y el industrial. El origen del problema radica en un mal enfoque o diseño de la política del Indap hacia esos sectores. Si eso no se reconoce y consigna en el informe, sencillamente no podremos enmendar los instrumentos de fomento que se están destinando a los ganaderos y productores de queso de cabra. En aproximadamente ocho años, se invirtieron dos mil millones de pesos en la construcción de 32 plantas queseras, en el proceso de industrialización de este producto. De ellas, actualmente sólo funcionan dos. O sea, hay dos mil millones de pesos provenientes de fondos públicos que hay que recuperar cobrándoseles a los agricultores y ganaderos. Cuando el diseño de una política es errónea en su origen, no sé quién puede responder del endeudamiento de los afectados. Hoy, el endeudamiento de ganaderos pobres de las comunas de Canela, Illapel y Combarbalá no se debe a la competencia entre artesanales e industriales, sino a que las plantas queseras -cada una de ellas cuesta 70 millones de pesos- no sirven en una zona donde no llueve con frecuencia. Entonces, hay un error de origen que, de no consignarse en el informe, indefectiblemente nos llevará a situaciones como ésta, en que se trata de recuperar fondos públicos cobrándoselos a los propios campesinos y ganaderos, en circunstancias de que ellos han sido víctimas del diseño erróneo de una política de fomento. Valoro el trabajo de los colegas de la Comisión investigadora, pero en la medida en que dicho error no sea reconocido en un informe, no se vislumbra un cambio en la situación descrita, por lo menos en la región que represento, donde la actividad quesera es tan importante desde el punto de vista productivo y económico, ni mucho menos va a ser comprendida por los deudores, en términos de hacerse responsables de un problema que tiene su origen -insisto- en el mal diseño de una política y de los instrumentos de fomento aplicados a ese sector. Señor Presidente, con su venia, cedo el minuto que resta de mi intervención al diputado Leopoldo Sánchez. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Señora diputada, le queda un minuto y diez segundos que daré al diputado Sánchez, pero cuando le corresponda intervenir. Ofrezco la palabra el diputado Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en primer lugar, me llama la atención que en el informe de una comisión investigadora de créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap no esté presente ningún representante del Ejecutivo y, especialmente, del Indap. Todos queremos que ese instituto exista y se fortalezca, porque reconocemos la labor que, por ley, le corresponde realizar en beneficio de los agricultores pequeños y modestos de nuestras regiones, distritos y comunas agrícolas. En segundo lugar, no es la primera comisión investigadora que analiza los problemas del Indap, que son recurrentes. Se tenía entendido que el subsecretario iba a presentar un proyecto para la modernización de este organismo y ésta podría haber sido la gran oportunidad para que nos lo diera a conocer. Me parece bien que todos los años asignemos más recursos a ese Instituto, pero, una vez más, nos dicen que hay recursos prácticamente irrecuperables, por un monto de 12 mil millones de pesos. No sé por qué la Comisión no indica el nombre de las empresas que los recibieron. Comparto la inquietud del diputado Navarro en el sentido de conocerlas. La gente debe saber cuáles son, quiénes fueron los beneficiarios, quiénes fueron los directores regionales que entregaron los recursos y de acuerdo a qué procedimientos. También me llama la atención -hay que decirlo- que aparezcan votando el informe parlamentarios que en el pasado fueron directores regionales del Indap. Eso no me parece correcto. En mi región, la Sexta, del Libertador Bernardo O`Higgins, seguimos con problemas en la empresa Desarrollo Campesino, Decam: hay más de mil cien millones de pesos que todavía no se aclaran. El jefe de área de la comuna de Las Cabras, ex presidente de la Democracia Cristiana, partido político importante, fue destituido del cargo porque cometió un fraude mayúsculo. El caso está en los tribunales y todavía no se aclara absolutamente nada. Nadie devuelve los dineros y no se sabe si los ocuparon en campañas políticas, para favorecer a determinados candidatos. Aquí el Ejecutivo no está presente. Algunos dicen que no ha pasado nada, que hay que mandar este informe al Presidente y, otra vez, no hay culpables. Ahora, cuando uno hace estas consultas, dicen que Masferrer está en contra del Indap. No estoy en contra de ese instituto; por el contrario, quiero que se consolide, pero hagamos las cosas con transparencia. Señor Presidente, quiero que este informe no se vote hoy. Pido la presencia del Ejecutivo para que sigamos discutiendo el tema. La gente quiere saber qué se está haciendo con los recursos de todos los chilenos. Hoy, esta institución tan importante maneja 100 mil millones de pesos. Me parece bien, pero me parece muy mal que no tengamos un debate claro, franco. Digamos las cosas como son; aquí hay responsabilidades. Por algo a los campesinos les fue mal. Pido que nos den un informe técnico. A lo mejor, los grupos o asociaciones que se formaron no tenían ningún sentido -lo estoy viendo así-, y sólo lo hicieron para que esos grupos de familias o de localidades fueran numerosos, porque representaban muchos votos. Después, quizás, les dijeron que no se preocuparan, porque sus deudas se las iban a condonar. Al parecer, así se hicieron las campañas, señor Presidente, porque esto ocurrió en los años 1998, 1999 y 2000, cuando estábamos entrando en las elecciones parlamentarias. Entonces no hay que ser tan ingenuos. Quisiera que el debate continuara el próximo martes para tener la oportunidad de decir todo lo que sabemos y dar una solución real, de una vez por todas, para que cada día el Indap sea más técnico. Así evitaríamos que se siguiera operando en forma política, hasta el extremo de decir que el Indap pertenece a un determinado partido de la Concertación. Esto me molesta y me duele, porque queremos hacer bien las cosas. Hoy perfectamente podríamos haber escuchado a un representante del Ejecutivo para saber cómo está trabajando actualmente este Instituto. Recientemente en la Sexta Región, de nuevo el contralor regional, después de una investigación, ordenó una serie de sumarios por irregularidades. Así, destituyó al director regional del Instituto, quien ya había designado a los jefes de área con el fin de iniciar la campaña política para las próximas elecciones municipales. Entonces, no usemos para eso al Indap. ¡Terminemos de una vez por todas! Y una vez más hago patente mi reclamo: hay que dejar de robar, hay que dejar de tomar platas que son de todos los chilenos, las cuales, por lo demás, están destinadas exclusivamente para los agricultores más modestos y más pequeños, quienes hoy no tienen derecho a créditos porque, lamentable y lógicamente, no hay recursos. Eso les dicen. “No hay plata; además, tampoco pueden acceder a crédito alguno porque después no tienen cómo pagarlo”. Sin embargo, sí se pueden formar estas empresas de papel. Debemos conocer el nombre de fantasía de estas empresas y el de las personas que están involucradas, con el fin de determinar cómo se entregaron estos recursos y por qué. Técnicamente, nadie lo ha dicho. “Les fue mal” dicen. Pero ¿por qué les fue mal?, ¿fueron mal asesorados? O hubo algo concebido para formar estos grupos con el único propósito de entregarles recursos, y luego decirles: “No te preocupes, porque después les vamos a condonar la deuda con la presentación de un proyecto en el Congreso, o vamos a pedir una comisión investigadora”, en la cual, como todos sabemos, no pasa absolutamente nada. Yo no me presto para eso y exijo que sigamos debatiendo este problema por considerarlo muy importante, ya que se trata de plata de todos los chilenos. Se entregaron al Indap 100 mil millones de pesos anualmente -más de 1.200 millones de dólares- durante estos últimos 12 años, recursos que deberían haberse invertido en beneficio directo del pequeño propietario. Cuando recorro mi distrito -donde hay muchos pequeños propietarios y parceleros-, compruebo que no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos la tierra, también un buen clima y el agua. Se supone que en tiempos modernos debemos tecnificar el riego; sin embargo, seguimos regando a potrero tendido, al igual que en tiempos de la colonia. ¿Dónde está el Indap? ¿Qué hace el Indap? Lamentablemente, con estos recursos se ha favorecido al jefe de área del Indap en Las Cabras, ex presidente de la Democracia Cristiana, quien se robó gran parte de los recursos que le correspondían a una comuna modesta y sencilla, como es la querida comuna que he mencionado. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible. No quiero ser odioso, pero al escuchar al diputado Masferrer, no puedo dejar de opinar que si hay gente que robó y esquilmó al fisco, debiera estar en manos de la justicia. Al respecto, no puedo dejar de recordar el episodio de los “pinocheques”. Punto; no quiero hablar más de eso. Volviendo al tema en debate, quiero hablar en forma positiva. La Comisión de Agricultura hizo un trabajo serio, trató de ser objetiva. Gente de Derecha, con mucha nobleza, que valora lo que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el aporte muy importante que hace al mundo rural, trató de ser lo más objetiva posible, emitiéndose, como resultado, este informe serio. Hoy, quienes dirigen el Indap, en particular Ricardo Halabí, efectúan importantes esfuerzos por superar las irregularidades que hubo, las que no trataron de ocultar. Agradezco el escaso tiempo que me concedieron, y quiero terminar refiriéndome a la sexta versión de la Expo Rural, que se llevó a cabo este fin de semana, en Santiago. Me alegro de que miles de pequeños agricultores y campesinos, que permiten que el quehacer de nuestro pueblo se refleje en el campo, hayan montado una exposición y acometido una aventura de exportación muy atractiva y con singular éxito. ¡Ésas son las cosas que debemos rescatar y valorar! He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, creo que algunos señores diputados no leyeron este informe de la Comisión de Agricultura ni el que, ella misma, evacuó en marzo de 2002, cuando hizo una profunda y pormenorizada fiscalización de lo que estaba ocurriendo en el Indap. Digo esto porque me resultan inaceptables los argumentos del diputado señor Navarro al descalificar la seriedad de la Comisión y el contenido del informe. Para la Comisión de Agricultura no tenía ningún sentido, con motivo de esta nueva investigación, hacer una réplica de su informe de marzo de 2002. Ambas investigaciones suponían un mismo lapso durante el cual se investigaron las acciones del Indap. Por lo demás, parece que algunos diputados tampoco leyeron el mandato que esta Sala entregó a la Comisión de Agricultura. Me voy a permitir recordárselo. La Sala mandató a la Comisión de Agricultura para investigar el destino de los 11 mil millones de pesos que podían volverse irrecuperables para el Indap, como fruto de la aplicación de la ley N° 19.901. Explicaré, a quienes no lo recuerdan, que la ley N° 19.901 faculta al director nacional del Indap para liberar a los avales y alzar las cauciones de socios de empresas campesinas que habían sido mal manejadas o sobreendeudadas por el mismo Indap, y que ellos habían avalado esos créditos sin tener responsabilidad alguna en su administración. Por tal razón, el Gobierno y esta Cámara estimaron necesario facultar al director nacional del Indap para liberar de tal responsabilidad a esos pequeños campesinos. La Cámara asumió que a partir del momento en que los pequeños campesinos que avalaron estos créditos se acogieron el beneficio de la ley N° 19.901, algunos de los once mil millones de pesos se volverían irrecuperables para el Indap, y por esa razón la Sala mandató a la Comisión de Agricultura para averiguar el destino de tales recursos. Para saber qué pasó con esos dineros, basta fijarse en las conclusiones del número 1 al 6 de este informe, particularmente en el 5, que señala: “La Comisión hace presente que precisar el monto de los recursos públicos que puedan resultar irrecuperables dependerá del éxito o fracaso de las acciones que el propio Indap lleva adelante para cobrar esos créditos. Sólo hasta que esas acciones estén concluidas y se produzcan los efectos de la ley N1 19.901, será posible determinar con exactitud la pérdida y las empresas campesinas que la originaron”. En esta oportunidad no estamos discutiendo -porque no fue ése el mandato que recibió la Comisión de Agricultura- si el Indap lo está haciendo bien o mal; si los programas que lleva adelante son correctos o incorrectos o si los recursos públicos que el Estado entrega al Indap para su administración se están utilizando de manera eficiente o no. Si algún señor diputado quiere traer a la Sala la discusión acerca de cómo lo está haciendo el Indap, coopero de inmediato con mi firma para juntar las cuarenta requeridas y realizar una sesión especial con el objeto de analizar todo lo que hace el mencionado instituto; pero la Sala, insisto, mandató a la Comisión para efectuar una fiscalización concreta. Estimo que eso no puede dar pábulo para hacer una gran discusión y estigmatizarlo. Debo recordar que en la investigación llevada a cabo en marzo de 2002 -la tengo aquí- están mencionadas todas las empresas que el diputado Navarro quería ver: Decam, Buscando Desarrollo, Procampo, Pulelfu, Campocoop, etcétera. Ésa fue la investigación profunda que hizo en su momento la Comisión de Agricultura. El informe que analizamos hoy tiene menos hojas que el anterior porque el cometido de la Comisión fue mucho más simple: averiguar el destino de los once mil millones de pesos que perdería el Indap como consecuencia de la aplicación de la ley N° 19.901. De modo que -insisto- si alguien presente quiere hacer un análisis completo acerca de cómo está trabajando el Indap en el mundo campesino -encuentro razonable y, además, legítimo que muchos parlamentarios tengan esa duda-, convoquemos a una sesión especial e invitemos a don Ricardo Halabí, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario; al ministro de Agricultura, quien viene poco al Congreso, y a otros funcionarios del Indap, y sometámoslos a un interrogatorio para saber qué está haciendo el instituto y, finalmente, entregarles nuestras opiniones respecto de cómo corregir su trabajo y cumplir los cometidos que la ley le entrega. Por último, si un mérito tiene el informe que ahora obra en poder de los señores diputados -el mismo del informe de marzo de 2002-, es que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Agricultura, y resulta inédito en este Congreso que una comisión investigadora emita un informe cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad. Eso, en lugar de generar una crítica en algunos señores diputados, debería concitar el reconocimiento a un trabajo serio y bien hecho. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Barros. El señor BARROS.- Señora Presidenta, una vez más, el Indap es motivo de una comisión investigadora y, nuevamente, también, de una pérdida de miles de millones de pesos. En primer lugar, los pequeños agricultores no tienen la responsabilidad final respecto de esta pérdida. En el informe se consigna, claramente, que el Instituto sobreestimó los proyectos por financiar y su riesgo asociado, así como también la capacidad de los deudores para administrar negocios. En la Comisión se llegó a la convicción de que el Indap otorgó créditos sin sujetarse a las normas reglamentarias que lo rigen, y que incurrió en faltas de control y de seguimiento. Por lo tanto, como este cuento no es nuevo, debe movernos a reflexión. Asimismo, al ser la pequeña agricultura la más expuesta a los nuevos escenarios que se aproximan a raíz de la firma de los tratados de libre comercio, Indap tendrá que ser objeto de una modificación radical, y no deberá seguir siendo feudo de partido político alguno. Tampoco se debe continuar utilizando políticamente a los pequeños agricultores, sino que éstos deben ser asesorados y evaluados con criterios eminentemente técnicos. Eso planteó la Comisión desde inicios del año pasado, cuando algunos recién comenzábamos nuestra labor legislativa. En mayo o junio de 2002, el ministro de Agricultura manifestó, ante el requerimiento de algunos diputados, que se encontraba muy adelantado el estudio de un proyecto de ley para introducir modificaciones profundas al Indap. Han transcurrido casi dos años y aún no pasa nada. Por eso, nos vemos una vez más en la necesidad de efectuar una investigación, a fin de acreditar la falta de transparencia, la utilización política y la ausencia de criterios técnicos con que actuó el Indap. En la medida en que algunos continúen utilizando políticamente a ese organismo, terminarán por sepultar definitivamente la pequeña agricultura en Chile, a la cual tanto dicen defender. Por eso, emplazo al ministro de Agricultura a que haga realidad la transformación del Indap, a fin de que, de una vez por todas, deje de ser una entidad política, cuestión reconocida por todos, y para que sus créditos se otorguen con criterios técnicos, amparados por un directorio que tenga ese carácter, en lugar de que sus integrantes respondan a la directiva de algún partido político. Ésa es la única manera de apoyar a la pequeña agricultura, de manera que pueda enfrentar los desafíos que traerán consigo los tratados de libre comercio, porque dicho sector es el más frágil para competir en los exigentes mercados internacionales. Por lo tanto, debemos terminar con el asistencialismo y abocarnos al fomento productivo, única manera de que el pequeño agricultor salga adelante, el cual debe ser llevado adelante con criterios eminentemente técnicos. En consecuencia, se debe poner fin al manoseo político que se sigue produciendo, ante el cual muchos hacen la vista gorda. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro por un minuto. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, desgraciadamente no hay tiempo para hacer un análisis más profundo sobre este semiinforme, el cual, sin duda, constituye un mero resumen de la información que otorgó el Indap. A mi juicio, el informe es absolutamente incompleto, porque no responde nuestras dudas respecto de las empresas involucradas, de quiénes fueron las personas responsables del otorgamiento de los créditos del Indap y de cuáles fueron las empresas asesoras de ese organismo que no cumplieron con la fiscalización y con la asesoría correspondiente. En consecuencia, solicito que la Mesa recabe el asentimiento unánime de la Sala para que el informe vuelva a la Comisión de Agricultura, a fin de que sea nuevamente analizado, porque creo que no se ha cumplido con el mandato otorgado por la Sala de determinar el destino de 11 mil millones de pesos que no podrán ser recuperados. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Cerrado el debate. Corresponde votar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora del destino de los dineros declarados irrecuperables para Indap y para el fisco. El diputado señor Alejandro García-Huidobro ha solicitado que el informe vuelva a Comisión. Si le parece a la Sala, así se acordará. No hay acuerdo. El señor MASFERRER.- Señora Presidenta, en mi intervención solicité continuar el debate del informe en la próxima sesión, ya que hay temas pendientes que deben discutirse. Además, pedí la asistencia de representantes del Ejecutivo para requerirles información sobre el destino de algunos recursos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tampoco hay unanimidad al respecto. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 6 abstenciones. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Longton, Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena) y Von Mühlenbrock. -Votaron por la negativa los siguientes señores: García-Huidobro, Masferrer, Navarro y Villouta. -Se abstuvieron los diputados señores: Aguiló, Egaña, Espinoza, Forni, Letelier (don Juan Pablo) y Norambuena. VI. PROYECTOS DE ACUERDOELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. (Votación). El señor HALES (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 332. En votación. -Durante la votación: El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, como este proyecto es muy importante, pido que conmine a mis colegas a votar. El señor HALES (Vicepresidente).- Señor diputado, de acuerdo con el Reglamento, los diputados presentes en la Sala tienen la obligación de votar. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor HALES (Vicepresidente).- No se obtuvo quórum. Rechazado por falta de quórum.VIOLACIÓN MASIVA DE DERECHOS HUMANOS DE MUJERES EN LAS CIUDADES JUÁREZ Y CHIHUAHUA, MÉXICO. El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 333, de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Caraball, doña Eliana; Sepúlveda, doña Alejandra; Cristi, doña María Angélica; Guzmán, doña Pía; Tohá, doña Carolina; Allende, doña Isabel; Soto, doña Laura, y del diputado señor Rossi. “Considerando: Que la defensa y la promoción de los derechos que emanan de la dignidad de la naturaleza humana son obligaciones de todas las instituciones de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Constitucional y en las Convenciones sobre Derechos Humanos suscritas por Chile, tanto en el plano doméstico como en el internacional. Que, en el nivel mundial, existe preocupación por la existencia de graves atentados en contra de los derechos esenciales de cientos de mujeres mexicanas que residen en Ciudad Juárez y en Chihuahua, quienes, a lo largo de los últimos diez años, han sido víctimas de horrendos delitos, que, a agosto de este año, han causado la muerte de trescientas setenta mujeres, existiendo evidencia de que, al menos, ciento treinta y siete de ellas han muerto asesinadas tras horribles actos de violencia sexual. Asimismo, Amnistía Internacional lleva un registro de otras ochenta y cinco mujeres que hasta la fecha se encuentran desaparecidas. Que las muertes y las desapariciones de estas mujeres tienen patrones comunes, pues se trata normalmente de mujeres jóvenes, muy pobres, que laboran como obreras en las numerosas empresas de maquila de esa zona fronteriza con los Estados Unidos de América. Lamentablemente, durante muchos años, las autoridades locales y federales mexicanas no han sido capaces de reconocer las dimensiones de estos patrones comunes y han tratado este fenómeno como si se tratara simplemente de casos aislados de crímenes propios del ámbito privado, no generando, por tanto, acciones y políticas adecuadas para hacer justicia y reprimir estos hechos delictivos, así como tampoco para prevenir estos casos de violencia flagrante y atroz en contra de las mujeres. Que, para Amnistía Internacional, no existe duda de que los homicidios con violencia sexual en Ciudad Juárez y Chihuahua son una de las manifestaciones más preocupantes y terribles de violencia en contra de la mujer. Para este organismo humanitario, ‘todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad chihuahuense, caracterizada de por sí por altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana, debidas al narcotráfico y al crimen organizado que opera en la zona”. Que la magnitud y la gravedad de estos hechos ya han motivado a organismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a indagar sobre la materia, por cuanto, a juicio de estas instituciones, en estos casos se está en presencia, no de simples hechos delictivos, sino de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, fundadas en razones de discriminación de género, razón por la cual el Estado de México debe asumir su responsabilidad internacional, a la luz de las Convenciones sobre Derechos Humanos vigentes en ese país del norte. La Cámara de Diputados acuerda:1. Expresar su honda preocupación por la grave situación de violación masiva de los derechos humanos esenciales de cientos de mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua, en los Estados Unidos Mexicanos, que han muerto asesinadas, se encuentran desaparecidas o han sido víctimas, sistemática y masivamente, de violencia sexual, haciendo votos para que las autoridades del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal mexicano colaboren activamente en el esclarecimiento de los múltiples delitos cometidos, asegurando que estas graves violaciones de los derechos humanos no queden en la impunidad. 2. Transmitir esta preocupación a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.3. Solicitar a S.E. el Presidente de la República y, por su intermedio, a la señora ministra de Relaciones Exteriores, que, en los foros multilaterales sobre derechos humanos de los cuales Chile forma parte, se plantee la preocupación del Estado de Chile por estos casos de graves atentados contra la vida y la dignidad de las mujeres mexicanas.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, existe una honda preocupación a nivel mundial por lo que ha venido ocurriendo en Ciudad Juárez, en México, en los últimos diez años, período en que han muerto asesinadas 370 mujeres. Existe evidencia de que al menos 131 de ellas murieron asesinadas, luego de haber sufrido horrendos actos de violencia sexual. Por su parte, según los registros de Amnistía Internacional, habrían muerto al menos otras 85, que hasta la fecha se encuentran desaparecidas. Estas muertes -repito- habrían ocurrido durante los últimos diez años en Ciudad Juárez -fronteriza con Estados Unidos de América-, donde existen problemas de narcotráfico y otros. Sin embargo, ha habido una enorme negligencia en la investigación de estos hechos. Se nombraron fiscales especiales para investigar lo sucedido, pero cuatro de ellos renunciaron luego de un tiempo. Los casos no están resueltos y hay problemas con los peritajes. Las autoridades han sido absolutamente negligentes. Además, han señalado en forma peyorativa que se trata de mujeres que salen de noche, en circunstancias de que se trata de trabajadoras de empresas de maquila, que deben caminar en descampado. Reitero, existe gran preocupación mundial por estos hechos. El proyecto de acuerdo persigue que la Cámara de Diputados manifieste su preocupación por esta situación gravísima relacionada con los derechos humanos y con la aplicación de la justicia y que se transmita nuestra inquietud a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de Estados Unidos Mexicanos, y que se solicite a su Excelencia el Presidente de la República y a la canciller, señora Soledad Alvear, que, en los foros multilaterales sobre derechos humanos de los cuales Chile forma parte, se plantee la preocupación del Estado de Chile por estos graves atentados en contra de la vida y de la dignidad de mujeres mexicanas. Repito, hasta el momento las víctimas son 370, a las que se suman 85 desaparecidas. No obstante, no hay investigación alguna al respecto, a pesar de que esto se arrastra desde hace diez años. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tuve la posibilidad de conocer la situación en la Ciudad de Juárez y, además, me entrevisté con el procurador general del Estado de Chihuahua. Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del parlamento mexicano ha manifestado en innumerables oportunidades su preocupación por el tema. No resulta comprensible, dada la masividad y relevancia de los hechos denunciados, que no se haya podido avanzar en la investigación. Nos parece procedente que la Cámara pueda pedir acciones y manifestar su preocupación respecto de este asunto. Por lo tanto, pido que se recabe la unanimidad de la Sala para la aprobación del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado.PLAN DE TRASPASO DE BIENES RAÍCES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al próximo proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 334, de los diputados señores Valenzuela, Delmastro, Becker, Muñoz, don Pedro, y Araya. “Considerando: Que en Rancagua y otras ciudades, se repiten los fracasos de los proyectos de Chiledeportes para apoyo infraestructural a clubes deportivos, debido a que no cuentan con comodato de largo plazo de bienes públicos o del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), lo que obliga a crear un programa específico de traspaso gratuito o comodato por cincuenta años a los mismos, como una medida de potenciar dichas organizaciones comunitarias. La Cámara de Diputados acuerda:1. Solicitar al señor ministro de Vivienda y Urbanismo que se sirva proseguir o reiniciar el plan Chile Comuna, con las instituciones sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, etcétera, o Chiledeportes, para regularizar comodatos con la participación de los municipios.2. A su vez, pedirle donar, a título gratuito, estos bienes a aquellas instituciones deportivas locales que notoriamente muestren ser espacios efectivos de participación y elaboración de programas de fomento de la recreación y del deporte.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, esto es de carne y hueso, y no una abstracción de un diputado. He visto con desaliento cómo instituciones deportivas de mi región no pudieron ejecutar proyectos ganados en Chiledeportes, por no tener recintos deportivos. La ley del Deporte establece que las entidades deportivas pueden recibir en comodato, hasta por cuarenta años bienes inmuebles para ser destinados a sus actividades. En todas las regiones, el Serviu tiene abogados que se encargan de estos asuntos. Incluso, hubo un plan para regularizar temas pendientes de comodatos precarios que tenían muchas instituciones deportivas. Por lo tanto, a través del proyecto de acuerdo se solicita que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implemente un plan especial en favor de instituciones solventes que sean beneficiadas con comodatos por un período prolongado de tiempo, o con su donación a título gratuito. No se trata de quitar al Estado el rol de garante de los bienes nacionales de uso público al entregárselos a cualquiera institución deportiva, sino de ordenar esta materia para que las instituciones puedan recibir donaciones y ejecutar los proyectos de Chiledeportes. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, son las organizaciones deportivas de más escasos recursos las que no pueden acceder a los beneficios que entrega Chiledeportes. Últimamente, los han obtenido organizaciones consolidadas que cuentan con recursos e infraestructura. Al único organismo que el Serviu puede otorgar en comodato bienes raíces del Estado es a Chiledeportes. Por lo tanto, con el permiso del autor del proyecto de acuerdo, solicitaría incorporar esa posibilidad, de manera que fuera Chiledeportes el que entregara en comodato esos bienes a las organizaciones deportivas. Con ello se solucionaría un grave problema que afecta a estas entidades. ¿Cuáles son las organizaciones que se llevan los recursos? Invito a los colegas a que vean cuáles son los resultados anuales del Fondeporte. No son las más humildes, ni las que tienen más necesidades, ni las que han dedicado años de su existencia para lograr desarrollarse. En efecto, la mayoría de ellas no puede optar a recursos del Estado porque, lamentablemente, no cuentan con bienes o con una propiedad para construir, al menos, camarines. Generalmente, las canchas donde realizan sus actividades provienen de herencias, sociedades, etcétera. No sólo valoro el proyecto, sino que considero se complementa con otro, cuya finalidad es entregar recursos al deporte rural de una manera mucho más directa. Hoy, la mayoría de los recursos que entrega Chiledeportes se concentran en las grandes instituciones deportivas de las ciudades. El señor Ernesto Velasco, director de Chiledeportes, expresó que para el próximo año se considera un porcentaje importante de recursos, y que se aplicará un criterio de ruralidad muy trascendental. Sería sano que la Cámara aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. VII. INCIDENTESINVESTIGACIÓN DE DENUNCIA DE PRODEMU DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, quiero leer una carta que me envió la señora América Belmar Montero, directora ejecutiva de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, de la Región de La Araucanía, y representante del gabinete de la señora del Presidente de la República. Lo hago, porque puede servir como advertencia a muchos colegas. Dice: “Temuco, diciembre 05 de 2003 “Señor “René García García “Diputado de la República “Presente. “De mi consideración: “Junto con saludar muy cordialmente a usted, paso a plantearle una situación que está afectando a nuestra Fundación de la IX Región. “Nos hemos enterado de que la señora Edith Carrasco Uribe, Rut 12.192.219-3, domiciliada en San Martín 162, Temuco, se hace pasar en forma indebida como monitora del Prodemu, valiéndose de esto para pedir apoyo en distintos organismos públicos y privados, en circunstancias de que en nuestro staff no existe ni existió nadie con ese nombre. “Ante esta situación, que nos parece bastante grave, hemos querido alertar a los distintos organismos públicos de lo que está sucediendo e informarles, además, que no es política de nuestra Institución solicitar insumos para implementar necesidades de los grupos de mujeres que asesoramos. Nuestras peticiones, si las hubiera, serán efectuadas en forma oficial mediante cartas u oficios con la firma y timbre de la respectiva Directora Ejecutiva Regional o Provincial y, además, quien porte dichas peticiones llevará una identificación institucional. “Atenta a cualquier consulta, le saluda con atención “América Belmar Montero, Directora Ejecutiva de la IX Región”. Al parecer, no es la primera vez que gente inescrupulosa realiza este tipo de acciones, por lo que pido que se oficie a la señora América Belmar, a fin de que nos envíe más antecedentes sobre el tema, y a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Temuco, para que investiguen la denuncia, adjuntando copia de mi intervención y de la carta. Asimismo, pido que se oficie al director del diario Austral de Temuco para que publique esta intervención, con el objeto de alertar a las personas, a fin de que no den ningún tipo de cooperación a estas instituciones si la persona que la solicita no es un representante legalmente acreditado. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS HABITACIONALES EN NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Además, pido oficiar al ministro de Vivienda a fin de que me informe, en forma detallada, acerca de los programas de Subsidio Unificado, de Vivienda Nueva Básica, de Vivienda Social Dinámica sin Deuda y de Fondos Concursables en la Novena Región, así como respecto de los fondos que el Ministerio ha dispuesto para ellos en los últimos dos años. También pido que me informe sobre el número de programas que se están aplicando en las diferentes comunas de la Región de La Araucanía. Formulo esta solicitud porque muchas municipalidades y comités piden esta información, que es muy difícil de conseguir, para conocer el monto de los fondos, cuántos son los programas que se pueden desarrollar y cuánta gente podrá participar en ellos sin problemas. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Enseguida, pido oficiar a la directora regional del Sernatur de la Novena Región para que me informe acerca de los programas que ha implementado para ayudar a las diferentes instituciones que hoy se dedican al tema del turismo. Hemos visto que en Pucón hay gente que se está dedicando a la pesca. Hay que felicitar a las autoridades por esta iniciativa. ¿Qué planes existen para implementar esta actividad en Pucón y en Cunco, que también hoy, en forma incipiente, desarrolla esta actividad? Me gustaría saber si existe alguna petición de instalación de camping u otras para personas que quieran aprovechar el turismo. Me parece muy positivo que se implementen programas en tal sentido y que la gente por fin entienda la importancia del turismo, lo que éste significa, hacia dónde nos va a llevar y, en definitiva, las ventajas que conllevan estos planes. Finalmente, pido oficiar al director regional del Indap para que me informe sobre el financiamiento de programas, que son muy interesantes, especialmente para el etnoturismo. Hemos recibido muchas consultas sobre la materia, pero hemos quedado preocupados por no poder contestarlas a cabalidad, como quisiéramos. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores Carlos Kuschel, Fernando Meza, Alberto Robles, Rodrigo González, Fidel Espinoza y Alejandro Navarro.CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, pido que se oficie al rector de la Universidad Austral de Chile, señor Carlos Amtmann Moyano; a la directora del campus Puerto Montt, señora María Beatriz Vera Oyarzún; a la honorable Junta Directiva, al honorable Directorio y al honorable Consejo Académico de la misma universidad, para expresarles nuestra satisfacción y agradecimiento por el enorme impulso a la educación universitaria que le están confiriendo a la ciudad de Puerto Montt con la creación de cinco nuevas carreras en este campus, ubicado en el balneario de Pelluco. Las nuevas carreras son ingeniería civil industrial, psicología, tecnología médica, ingeniería comercial y fonoaudiología, las que se agregan a las dos ya existentes: ingeniería en computación e ingeniería en agricultura. Se trata de carreras que se harán efectivas a partir del año académico 2004, las cuales son necesarias por las especialidades de que tratan, compatibles con la vocación económica y social de nuestra zona y que vienen a respaldar e impulsar aún más a dicha casa de estudios superiores. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.PARTICIPACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS COLEGIADOS EN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, queremos ceder al diputado señor Fernando Meza los tres minutos y medio que restan al Comité de Renovación Nacional. El señor HALES (Vicepresidente).- Muy bien, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el tiempo que me ha cedido el Comité de Renovación Nacional. Hace pocos días recibí la visita de la directiva del Colegio Profesional de Instaladores Electricistas de Chile, compuesta por los señores Jorge Salazar e Isaías Infante, presidente y vicepresidente, respectivamente. Ellos me plantearon una situación que les preocupa, relacionada con las instalaciones de electrificación rural en la Novena Región. Es loable ver en cada uno de los proyectos de electrificación rural, que llegan a los lugares más recónditos de La Araucanía, el aporte del Estado, de los vecinos y de las empresas privadas -como la Sociedad Austral de Electricidad S.A., Saesa, o la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Frontel-, para que los vecinos puedan disfrutar de este adelanto que ya cubre casi el 90 por ciento de las necesidades rurales de dicha región. Sin embargo, me preocupa una situación. Los instaladores particulares colegiados, como gremio, quienes son autorizados por la SEC, pueden realizar todas las electrificaciones rurales debido a su capacitación profesional. Ellos insisten -por eso doy a conocer este aspecto en Incidentes- que están en condiciones de hacerlo con el sólo aporte del Estado y de los vecinos. De manera que esta situación hace dudar -por lo menos es lo que sucedió con esta visita a mi oficina- de si realmente el aporte de las empresas corresponde a un desembolso propio o tiene que ver con un aparente aumento de los presupuestos, para luego aparecer como donantes generosas de estos millones y millones de pesos. En consecuencia, solicito que se oficie al intendente de la Novena Región, pues el programa de electrificación rural depende del gobierno regional, con el objeto de que instruya a la Serplac para que, si es posible y si está dentro de sus facultades, solicite a los instaladores autorizados por la SEC y agrupados en el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile de la Novena Región, un presupuesto cada vez que haya que licitar un proyecto de electrificación rural. Repito: ellos aseguran que es suficiente con el aporte de los vecinos y del Estado, y, como ejemplo, me mencionaron el caso del proyecto de Liumalla, que favoreció a 32 vecinos, en el cual el Estado aportó 18 millones de pesos, los vecinos, cinco millones de pesos, y Saesa aparece entregando 21 millones de pesos. Solicito que se envíe el oficio mencionado con el objeto de transparentar esta situación. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.PENSIÓN DE GRACIA A HIJOS NACIDOS EN PARTOS MÚLTIPLES. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que considero importante y que dice relación con una situación que ocurrió en la comuna de Los Muermos. En febrero de este año, la gente de nuestra región, en particular la de la provincia de Llanquihue, se conmovió con un hecho -dado a conocer profusamente en sus titulares por el diario “El Llanquihue” y que también fue motivo de información en los noticiarios de los principales medios radiales de la zona, como radios Reloncaví, Biobío y Acogida, de los Muermos-: el nacimiento de tres pequeñas niñas: Sara Belén, Ana Sol y María José, hijas del matrimonio formado por Cecilia Morales y Jorge Villarroel, jóvenes de no más de 33 años de edad, pero que ya eran padres de otros tres hijos. Se trata de una familia de muy escasos recursos que se beneficia del programa Puente. Este hecho conmovió mucho a nuestra zona, porque la situación socioeconómica de esa familia ya era compleja, y la llegada por la gracia de Dios, de tres pequeñas al mundo, aumentó aún más su precariedad. Desde esa fecha comenzamos a realizar gestiones ante el Ministerio del Interior, específicamente con el subsecretario de esa cartera, señor Jorge Correa Sutil, y con otras autoridades, con el objeto de estudiar la posibilidad de entregar una pensión de gracia a esas tres menores. Han pasado muchos meses, pero dentro de unos días más el Presidente de la República les otorgará ese beneficio, lo cual nos alegra tremendamente. En nuestro país, el número de partos múltiples, es decir, aquellos en que nacen tres o más hijos, no es despreciable. Así, por ejemplo, en 1990, hubo 107 partos múltiples; en 1995, 108, y en 2001, 127. No se trata, en todo caso, de una cifra muy significativa, sino de una que puede ser abordada por el Estado a través de una iniciativa legal. Sabemos que el Presidente de la República ha tomado con seriedad el caso de esa familia de Los Muermos. Quiero destacar, también, el rol desempeñado por el colega Rodolfo Seguel, quien ha iniciado acciones tendientes a solicitar que el Ejecutivo legisle sobre la materia. La pobreza de esa familia se ve agravada por la cesantía del padre y las condiciones socioeconómicas de la madre, una dueña de casa que con tanto esfuerzo ha pretendido salir adelante frente a esta nueva situación que Dios le ha dado. Por lo expuesto, pido que se oficie al Presidente de la República, a fin de que se agilice la presentación de una iniciativa legal que permita otorgar de manera automática una pensión de gracia, hasta los dieciocho años de edad, a los hijos o hijas nacidos en partos múltiples, y que pertenezcan a familias cuya condición socioeconómica se encuentre bajo la línea de pobreza. Creemos que se trata de una iniciativa que no involucra recursos que el Estado no pueda solventar. De esa forma, se dará tranquilidad a aquellas madres que reciben una bendición como ésta, pero que, lamentablemente, por su situación socioeconómica, tienen dificultades para mantener a sus hijos y entregarles una buena educación y una mejor salud. Agradecemos la buena disposición del Presidente Ricardo Lagos para entregar a las hijas de este matrimonio de Los Muermos una pensión de gracia, decisión que, sabemos, firmará dentro de los próximos días. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.ANTECEDENTES SOBRE RÉGIMEN DE EXTRACCIÓN PESQUERA EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todavía están presentes en el ambiente las repercusiones de la aprobación de la denominada ley de Pesca corta. La ley N° 19.849, que determinó el régimen artesanal de extracción, más conocido como RAE, otorga la facultad para entregar derechos de explotación, no de propiedad, sobre determinados recursos pesqueros artesanales. Dentro de una región, se entrega una parte de la cuota artesanal establecida para un recurso específico, con el fin de evitar lo que denominamos la “carrera olímpica”, es decir, que el que pesca más y más rápido gana y tiene mayor cuota. El artículo respectivo de la ley de Pesca establece que la distribución de la fracción artesanal de una región se realiza sobre la base de la historia real de desembarque, concepto mucho más amplio que la estadística que, para estos efectos el Servicio Nacional de Pesca, pues, además, añade factores como antigüedad, es decir, los años de operación de estas pesquerías, y la habitualidad en ellas, o sea, si se dedican permanente o temporalmente a este tipo de actividad. El RAE también utiliza como modalidad la asignación por la vía de la organización. ¿Qué más importante que fortalecer la organización de los pescadores artesanales, lo que por décadas no han podido realizar? El RAE vía organización es un sistema flexible, tanto en su designación como en su operación anual. Cada año se determina, por decreto del Ministerio de Economía, el porcentaje de la cuota regional artesanal que explotará una organización, debido a que la composición de los socios del RAE puede variar, al igual que el tonelaje que se asigna anualmente a cada socio, de conformidad con el régimen biológico pesquero, para proteger la especie. Afortunadamente, esta modalidad la han incorporado los pescadores artesanales de la Octava Región, quienes se reunieron esta mañana con el subsecretario de Pesca, señor Felipe Sandoval, y le hicieron presente que se debe autorizar la modalidad de organización, por cuanto representa un paso muy significativo. Se han asociado los pescadores de Talcahuano, San Vicente y Lo Rojas, los que conforman casi el 70 por ciento de la organización artesanal de la Octava Región. Es importante que a quienes tengan historia, hayan trabajado permanentemente, sean propietarios de sus lanchas y estén organizados, se les otorgue, en mérito, la oportunidad de realizar su actividad mediante el régimen artesanal extracción. La principal amenaza que hoy se cierne sobre la pesca artesanal dice relación con algo que nosotros no autorizamos, sino la Subsecretaría de Pesca. Hay más de 70 lanchas nuevas que están en plena construcción en los astilleros de las grandes empresas industriales y que serán traspasadas, vía comodato o contrato fiduciario, a los pescadores artesanales; es decir, se les entregan en administración, no en propiedad. Aquí tengo las fotos de los astilleros de las empresas pesqueras de la Octava Región, como Pesquera Alimar y Pesquera Landes. Todas las lanchas que están en construcción, de propiedad de las industrias, exigirán una mayor cuota. Cuando aprobamos la ley, fijamos un régimen de administración pesquera artesanal para que participaran los pescadores artesanales y no los industriales que quieren meter lanchas al sistema artesanal. Por lo tanto, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca, a fin de que nos informe en detalle respecto del tipo de embarcación al que se otorgó permiso de pesca para adscribirse al régimen de administración pesquera y sobre sus propietarios, claramente identificados. Además, que nos señale si son válidos los contratos por medio de los cuales se entrega en administración a los pescadores artesanales lanchas pertenecientes a la industria pesquera, porque de ese modo, de manera indirecta, pero evidentemente visible, se está entregando la cuota artesanal al sector industrial y se está haciendo dependiente, de manera absoluta, al pescador artesanal respecto de las industrias. Además, solicito que se nos informen los motivos por los cuales la Subsecretaría de Pesca no autoriza de manera inmediata, tal como lo dispone la propia ley. El señor Felipe Sandoval fue el autor, el inventor, el padre del RAE, medida a la que, en principio, quien habla le tenía mucha desconfianza, pues sosteníamos que lo que se requería eran las máximas condiciones y facilidades para que la gente se organizara de acuerdo con el mejor modo de explotar la cuota. Se planteó el RAE con las organizaciones. Sin embargo, poner de acuerdo a patrones de pesca, a dueños de embarcaciones, a tripulantes pesqueros y a la gente de Lo Rojas, Talcahuano y San Vicente es una tarea magna, porque subsisten muchas desconfianzas. Ello se ha logrado. Por lo tanto, me parece absolutamente inapropiado desaprovechar esta oportunidad y postergar tal decisión. La cuota de 2004 ya se otorgará, razón por la cual necesitamos que este sistema esté funcionando a partir del 1º de enero. Necesitamos impedir que estas lanchas puedan ingresar al mundo artesanal; necesitamos claridad y transparencia. De otro modo, se vulnerará el espíritu de la ley que todos aprobamos. Por lo tanto, solicito información respecto de la línea que seguirá la Subsecretaría de Pesca en cuanto a estas lanchas, sobre suscripción y sobre la cuota de pesca artesanal para el 2004. En particular, deseo solicitar, de manera formal, la aprobación del RAE, Régimen Artesanal de Extracción, para las organizaciones de la Octava Región que lo han logrado con mucho esfuerzo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, hoy se cumplen siete años de la instalación del primer concejo municipal de la comuna de Chiguayante, la cual fue creada el 28 de junio de 1996. Chiguayante significa neblina matinal o sol entre niebla. Hoy, esta hermosa y pujante comuna enfrenta el futuro con grandes avances y se ha transformado en el lugar de la provincia de Concepción predilecto para vivir. Chiguayante, que forma parte del distrito 44, conjuntamente con las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, al cual tengo el alto honor de representar en esta Cámara, actualmente tiene una población de 81 mil 254 habitantes y se destaca como una de las comunas de mayor crecimiento, de acuerdo con las cifras arrojadas por el último censo. Su historia se remonta al 4 de marzo de 1819. El director supremo, don Bernardo O’Higgins, mediante decreto, creó el camino público de Concepción a Hualqui, conocido como el Camino de la Frontera de don Ambrosio, que fue incorporado a la división político-administrativa del país. En 1845, un nuevo decreto crea las subdelegaciones de Concepción. A Chiguayante le correspondió pertenecer a la Quinta, que iba desde Agua Colorada hasta Las Trancas de Hualqui, por el sur, y desde Punta de Chiguayante hasta Agua de las Niñas, por el norte. El 7 de octubre de 1925, por decreto presidencial -artículo 37, número 740-, se crea por primera vez la comuna de Chiguayante, siendo su primer alcalde el señor Walter Schaub, secretario, el señor René Gárate, y vocal, el señor Jorge Wilson. Las sesiones se realizaban el primer y tercer sábado de cada mes, en las dependencias de la familia Schaub, que eran ocupadas como recinto municipal. Pero el 30 de diciembre de 1927, por medio, nuevamente, de decreto presidencial, se relega a Chiguayante a la condición de subdelegación de Concepción. La comuna duró exactamente un año, once meses y doscientos veintitrés días. En 1990, vecinos de la ciudad crearon el Comité Procomuna para promover el restablecimiento de la condición de comuna para Chiguayante, lo que lo se hizo realidad, gracias al tesón y al esfuerzo de dicho comité y de los parlamentarios de la zona, el 28 de junio de 1996, cuando se publicó en el Diario Oficial la ley N° 19.461, que creó por segunda vez la mencionada comuna. Quiero destacar que en esas gestiones le cupo una activa participación al diputado José Miguel Ortiz. Hoy, la comuna espera concretar un viejo anhelo, cual es la prolongación de la avenida costanera hasta Chiguayante. Asimismo, completar la construcción del eje O’Higgins-Manuel Rodríguez, que en días pasados tuvimos ocasión de inaugurar, conjuntamente con el Presidente Lagos y el alcalde Tomás Solís. Y, así, tantas otras obras de progreso que esperamos llevar adelante en conjunto con parlamentarios de la zona, autoridades y vecinos de la comuna. Por eso, pido que se oficie al alcalde de la comuna, con copia de mi intervención a las concejalas Lorena Haquin y Nivia Rivera, y a los concejales Jaime Bahamondes, Iván Francesconi y José Antonio Rivas, como un homenaje a esa pujante comuna que hoy cumple años. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alejandro Navarro, José Miguel Ortiz, Edmundo Villouta y Eduardo Saffirio.OBRAS VIALES EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el sábado 13 de diciembre comienzan oficialmente las obras de ensanche y mejoramiento de la calle Paicaví, de Concepción. En los casi 14 años que he representado en esta Cámara al distrito Nº 44, he sido perseverante en la petición de los presupuestos necesarios para la ejecución de obras públicas en Chiguayante, San Pedro de la Paz y Concepción. En materia de vías, fui persistente en plantear que quedaba pendiente la calle Paicaví. Una y otra vez no obtuve éxito. Por ello, hago un reconocimiento al intendente señor Jaime Tohá, con quien se consiguió ahora el respectivo financiamiento. Este sábado se inician, con una inversión de 1.700 millones de pesos, las obras de doble calzada de la avenida Paicaví, que permitirán su tránsito en doble sentido, entre las avenidas Los Carrera y San Martín. Entre este último cruce y la plaza Perú, la remodelación mantendrá una calzada simple, con sentido unidireccional. Los trabajos demorarán casi un año, es decir, se prolongarán de aquí a noviembre de 2004, y permitirán que la calle Paicaví se transforme en uno de los ejes estructurales de la ciudad, como es la avenida Los Carrera. La segunda parte de la obra contempla la construcción de una semirrotonda en dicha avenida, con un paso bajo nivel en el cruce ferroviario y una vía exclusiva para buses, hasta empalmar con la autopista Concepción-Talcahuano, en el sector adonde se ubica la Universidad Católica. El proyecto comienza con la demolición de antiguas viviendas de la calle Paicaví y la pavimentación de un tramo de siete cuadras. Eso, obviamente, generará molestias para nuestros vecinos, pero está en juego el desarrollo de nuestra ciudad. La inversión total de las obras bordeará los 14 mil millones de pesos. Hago un reconocimiento en esta Sala por este logro, así como por todas las peticiones que han sido acogidas en la Comisión Mixta de Presupuestos. Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio de reconocimiento al ministro de Vivienda, al intendente de la Octava Región, al seremi de Vivienda de la Octava Región y al director regional del Serviu, porque han hecho posible el inicio de las obras de pavimentación de la calle Paicaví. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña, Eduardo Saffirio y Edmundo Villouta.DISPONIBILIDAD EN REGIONES DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, hago presente un reclamo reiterado de los adquirentes de autos nuevos, relacionado con el seguro obligatorio por daños a terceros. En esta época, en la mayoría de las ciudades los agentes o corredores de seguros no disponen de esa póliza única, porque las compañías las retiran alrededor del mes de octubre para efectuar una especie de rendición de cuenta. No dejan en poder de los agentes una cantidad mínima de dichas pólizas. Por otra parte, los bancos suelen ocupar sus propias compañías de seguros, de modo que, en la práctica, controlan la contratación y administración de los seguros de desgravamen en los créditos hipotecarios. Con ello hacen un doble negocio: por una parte, otorgan el crédito, y por otra, el cliente se ve obligado a contratar el seguro con la compañía perteneciente al mismo banco, sin tener la posibilidad de buscar la compañía de seguros que más le convenga. Hay que poner término a esta discriminación y abuso de poder económico de los bancos que también tienen compañías de seguros. Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Valores y Seguros, a fin de que verifique esta situación y exija a las compañías de seguros mantener en poder de los agentes o corredores de ciudades pequeñas una cantidad mínima de pólizas. Así, por ejemplo, se evitaría que personas de Angol deban viajar a Temuco o a Concepción a solicitar ese documento. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.AGILIZACIÓN DE PÁGINA WEB DE CHILECOMPRA. Oficios. El señor VILLOUTA.- En segundo lugar, quiero referirme al programa Chilecompra. Conversé con dos o tres pequeños comerciantes que abastecían a diversos organismos públicos de sus ciudades y que ahora tienen que hacerlo a través de dicho programa. Uno de ellos me comentó que había demorado una hora en buscar, en la pagina web de Chilecompra, un artículo que pudiera ofrecer en alguna de sus propuestas o licitaciones, lo que significa un trabajo agotador. Hace un tiempo señalé la situación que se estaba produciendo. Por ejemplo, se ofrecía a 7 mil pesos el saco de cemento, en circunstancias de que en la ciudad donde se iba a ocupar su precio alcanzaba a los 4 mil pesos. Como la operación se tiene que hacer a través del programa Chilecompra, los proveedores de esas ciudades no pueden competir o encontrar la información apropiada. Por lo tanto, solicito que se oficie a los señores ministros de Economía y del Interior, a fin de solicitar mayor agilización de la página web de Chilecompra. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INCORPORACIÓN DE ZONAS RURALES DE TEMUCO A PROGRAMA ORÍGENES Y ADELANTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en una reunión de trabajo con dirigentes campesinos mapuches del sector de Botrolhue, comuna de Temuco, se nos planteó a mí y a algunos dirigentes mapuches de la Conadi -entre los cuales estaba el consejero Hilario Huirilef, primera mayoría nacional en la reciente elección- el interés de los campesinos de de zonas rurales de Temuco de que en la próxima evaluación -entiendo que se realizará dentro de poco tiempo- del programa Orígenes, que ya está funcionando en algunas comunas de La Araucanía, se hagan los estudios correspondientes para que Temuco rural sea incorporado a ese importante programa de Gobierno, que en el caso de la comuna de Padre Las Casas -a la que también represento en la Cámara- ha sido bastante exitoso. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Planificación y Cooperación, señor Andrés Palma, y al secretario ejecutivo del programa Orígenes, señor Enzo Pistaccio, con el objeto de que adopten las medidas necesarias para que se realicen los estudios pertinentes a fin de que Temuco rural sea incorporado a dicho programa. En segundo lugar, de acuerdo con antecedentes que tengo en mi poder, según lo contemplado en el convenio de programación de salud para La Araucanía, en algún momento del segundo semestre de 2004 se pretende empezar la construcción de un nuevo consultorio en la comuna de Padre Las Casas, lo que aumentará al doble su infraestructura sanitaria. Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Salud y de Hacienda, a fin de se estudien la factibilidad técnica y financiera de adelantar la construcción de dicho consultorio, de manera que se ejecute dentro del primer semestre de 2004. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz y de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.33 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado. “Nº 23.261 Valparaíso, 10 de diciembre de 2003. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley relativo a la importación de las mercancías del sector defensa calificadas como “pertrechos”, correspondiente al boletín Nº 3204-02. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4494, de 14 de agosto de 2003. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.2. Moción de los diputados señores Jaramillo, Ortiz, Felipe Letelier, Escalona y Ceroni. Modifica la ley N° 18.525, para perfeccionar los mecanismos de resguardo en contra de la competencia externa desleal. (boletín N° 3432-03)“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo prevenido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.CONSIDERANDO:1° Que nuestro país, ha hecho una verdadera opción estratégica por un desarrollo económico centrado en la apertura a los mercados internacionales, para lo cual, desde al menos dos décadas se ha preocupado de propender a la más completa libertad de comercio y ha desplegado grandes esfuerzos para abrir nuevos mercados a los productores nacionales. Consecuencia de lo anterior, ha sido entre otras muchas innovaciones y transformaciones institucionales, la baja generalizada y muy prematura, en relación a los países del entorno sudamericano, de los aranceles aduaneros; la proscripción en nuestro país de las barreras para-arancelarias y recientemente la suscripción de múltiples acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, orientadas a facilitar y el comercio exterior chileno, entre los que podemos destacar a modo ejemplar, los acuerdos de liberalización comercial con Canadá y con México; los acuerdos con Corea del Sur; la incorporación como país asociado al Mercado Común del Sur; el reciente Acuerdo de Asociación Política y Económica con la Unión Europea y el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y los futuros acuerdos con la India y con los países de la comunidad centroamericana y del Caribe.2° Que en la actualidad, un importante porcentaje del Producto Interno Bruto de Chile tiene su origen en el comercio internacional, siendo éste el motor de los más dinámicos sectores de la economía nacional, como son el sector acuícola y pesquero, forestal, frutícola, minero y recientemente de servicios; los que a su vez generan una parte sustantiva de los empleos privados en Chile. Tanto es así que a nivel mundial, según datos oficiales de la Organización Mundial de Comercio, el año 2001, Chile figura como el décimo quinto exportador mundial de productos agrícolas con una participación en el mercado global de un 1,3%, equivalente a operaciones por más de 6,97 miles de millones de dólares.3° Que en consecuencia, para Chile, no es un asunto menor, la forma en que se desenvuelven los mercados internacionales. La apertura a los mercados externos también supone riesgos, y esos riesgos están representados hoy en día principalmente por la inestabilidad de importantes economías extranjeras; por las operaciones financieras especulativas y finalmente por la competencia desleal proveniente de terceros países, en los cuales no se han asumido los principios y valores sustentados por nuestro país, en el sentido de propender a una competencia sana, justa y ordenada por las preferencias de los consumidores extranjeros. Así, Chile y en concreto su industria y producción primaria nacional, han debido enfrentar las amenazas y daños concretos de productores externos, los cuales mediante precios depredatorios, en algunos casos, prácticas de dumping del más diverso origen y extensión han socavado las bases de varias áreas productivas nacionales, como son entre otras la industria del cuero y el calzado, la industria textil. Desde un punto de vista técnico el dumping, es la venta de un producto en moneda extranjera, a precios más bajos que el mismo costo de producción, o por lo menos inferior a aquel a que es vendido dentro del mercado interno del país de origen, constituyendo de esta forma una práctica de competencia desleal en los mercados internacionales, que autoriza de conformidad a las legislaciones domésticas e internacionales la imposición de gravámenes especiales “antidumping”. A esta clase de prácticas deben sumarse nuevas amenazas a la producción interna, como ocurre con la agricultura tradicional del Sur de Chile, la cual se ve enfrentada a la competencia desleal de productos provenientes de países del Mercosur que ingresan con aranceles reducidos y a muy bajo precio, por la existencia de subsidios en sus países de origen o por un tipo de cambio irreal, que mejora la competitividad de precios en nuestro país.4° Que la actual legislación doméstica de nuestro país se encuentra en armonía con los acuerdos internacionales vigentes en la materia. En efecto, la ley N° 18.525 que Establece Normas sobre Importación de Mercancías al País contempla al menos tres mecanismos que tratan de salvaguardar los principios de la libre y sana competencia entre la producción nacional y la proveniente del extranjero. Dichos mecanismos son la institución de la valoración aduanera de las mercancías; los derechos compensatorios, los derechos antidumping y las sobre tasas arancelarias. Cada uno de estos instrumentos mencionados es plenamente concordante y se encuentra legitimado en el concierto internacional por los tratados multilaterales suscritos por Chile en materia de comercio exterior. En efecto, ya desde la suscripción del General Agreement of Trade and Tarifs (en adelante GATT) y especialmente luego de la Ronda de Uruguay, se ha contemplado la posibilidad de recurrir a dispositivos jurídicos de excepción de conformidad a la legislación interna de cada Estado Parte cuando existan antecedentes fundados de estar en presencia de una competencia desleal proveniente del extranjero que cause grave daño a un área o sector de la producción. Lo mismo sucede en el caso de los países subdesarrollados, respecto ala autorización para proteger las áreas de industrias incipientes. Respecto a esto último no debe olvidarse el hecho que en la Declaración de la Ronda de Tokio del Gatt, que data del año 1994 se reconoce a los gobiernos de los países en desarrollo la posibilidad al momento de diseñar y aplicar políticas y programas de desarrollo económico de prestar asistencia a ramas de producción nuevas o nacientes o de estimular el crecimiento de sectores productivos existentes, y para ello es dable adoptar medidas de salvaguardia para restringir temporalmente las importaciones. Ahora bien, aunque ello es posible, es menester cumplir con una estricta regulación, pues obviamente ello genera perjuicios para los países exportadores y en general alteran los principios y regulaciones que ordenan el comercio entre las naciones.5° Que en relación a la plena concordancia entre la legislación interna y la internacional en la materia, debemos citar el artículo 9° de la ley N° 18.525, antes citada, que efectúa una remisión al Gatt, al señalar que en “En caso de que concurran las circunstancias previstas en el Artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio, el Presidente de la República podrá, mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, aplicar sobretasas arancelarias ad valorem, previo informe favorable de la Comisión a que se refiere el artículo 11 (Comisión Antidistorsiones). Tampoco se puede olvidar el hecho no menor, que el Tratado de Marrakech que es el constituyente de la Organización Mundial de Comercio, dejó subsistente las normas del Gatt en la materia, y que como decíamos, habían sido recientemente actualizadas a través de la denominada Ronda de Uruguay, una las más largas e importantes de la institucionalidad internacional del comercio internacional, por la prologada lucha que dieron en ella los países subdesarrollados y en vías de desarrollo para mejorar las condiciones de sus intercambios con los países del Hemisferio Norte.6° Que por lo expuesto resulta lógico concluir que nuestro ordenamiento doméstico junto con ajustarse a la legalidad internacional, esta misma legalidad internacional genera un espacio de desarrollo normativo bastante limitado, no siendo posible crear nuevos instrumentos de protección ni emplear los actualmente vigentes más allá de los límites reconocidos por el Derecho Internacional Económico, a través de la institucionalidad de la Organización Mundial del Comercio. Sin perjuicio de aquello, para estos autores, aún queda un espacio, aunque mínimo, de perfeccionamiento normativo, cual es el referido a los plazos por los cuales se pueden establecer las medidas de excepción arancelaria con fines de protección de la competencia desleal proveniente del extranjero. En efecto, la actual norma del artículo 9° establece la facultad del presidente de la República, para que mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, aplique sobretasas arancelarias ad valorem, previo informe favorable de la Comisión Antidistorsiones. El plazo actualmente autorizado como máximo para la vigencia de las sobretasas no podrá exceder de un año, incluido el período de aplicación provisional de la medida; sin perjuicio de la prórroga de la misma medida cuando persistan las circunstancias que motivaron su aplicación, para lo cual se requerirá igualmente el informe favorable de la Comisión referida en el inciso primero. A nuestro juicio no se infringe la ley internacional, prevalerte en la materia con la extensión de estos plazos, de dos años, en la primera decisión de la Comisión y de cuatro años en total en caso de prórroga. Lo mismo a nuestro juicio, debe aplicarse en el caso de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios para la importación de aquellas mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño actual o inminente a la producción nacional al importarse con precios disminuidos a consecuencia de efectos artificiales en sus respectivos mercados. En este caso, el artículo 10° de la Ley, como sabemos, autoriza al Presidente de la República a determinar las mercancías a las que se aplicarán derechos antidumping, y derechos compensatorios, su monto y duración, previo informe de la Comisión Antidistorsiones, con límites temporales también, que no pueden exceder de un año, lo que a nuestro juicio es un plazo por decir lo menos mezquino y que genera una tremenda precariedad en la industria y producción nacional, toda vez que cuando se ha producido el daño a la industria nacional fruto de la competencia desleal, por precios depredatorios, las consecuencias de los mismos son de tal entidad y gravedad, que protegerse por solo un año, puede significar un efecto protector neutro y por ende ineficaz para los fines buscados, por lo cual proponemos que se duplique ese plazo para establecer estos derechos, pasando de uno a dos años. Estos dos años, son muy razonables, si se pone atención en el hecho de que a diferencia de lo que sucede en las sobretasas, en los derechos compensatorios antidumping, no hay posibilidad de prórroga de las medidas, por lo cual, cada una de estas medidas, en el tiempo, deben ser adoptadas por separado, en el caso de persistir las amenazas o daños a la producción interna por la competencia de productos subsidiados en su origen.7° Que, atendida la naturaleza de este proyecto de ley, podría estimarse prima facie, la que está radicada dentro de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, lo cual a nuestro juicio no es exacto, toda vez, que no se infringe el artículo 62 de la Carta Fundamental, pues no se trata de normas sobre administración financiera ni presupuestaria del Estado, ni en ningún caso, de imponer suprimir, condonar o reducir tributos (Artículo 62 inciso 4° número 1), toda vez que sólo se trata de prorrogar el plazo de vigencia de una norma sobre protección de la producción nacional. Mucho menos, se está en presencia de una norma que suprima o determine funciones o atribuciones a servicios públicos, pues las potestades legales sobre las cuales se desenvuelve este proyecto de ley, ya se encuentran radicadas como competencias específicas por mandato legal en un órgano. Acá solamente se regulan las condiciones de ejercicio, en ningún caso se hace nacer un derecho o atribución ex novo en algún órgano de la Administración, que es lo que la Constitución Política de la República deja entregado en exclusiva al Primer Mandatario en su calidad de colegislador.8° Que estimamos, como legisladores, nuestro deber, aprovechar al máximo los estrechos márgenes que nos entrega la institucionalidad y la normativa internacional protectora del libre comercio, con la finalidad de evitar las funestas consecuencias que tiene sobre nuestra economía, abierta al mundo, como nunca en la historia de la República, la existencia de prácticas abusivas, que mal enfrentadas dan pábulo a cuestionar las bondades mismas de un modelo de desarrollo económico. Chile debe competir, con libertad y apertura de sus fronteras, pero salvaguardando también los derechos, el esfuerzo y el sacrificio de los productores internos, que sí actúan con estricto apego a la normativa jurídica nacional e internacional que regula el comercio entre las naciones, no hacerlo sería renunciar a parte de nuestro mandato popular y a nuestras obligaciones constitucionales, que nos obliga a promover las mejores condiciones materiales, para el pleno desarrollo de una economía doméstica que esté puesta al servicio del desarrollo de la persona humana. Confiamos en consecuencia que la Honorable Cámara de Diputados, estudie con la suficiente profundidad y detenimiento esta iniciativa, que hoy sometemos a su consideración. Por tanto, en mérito de los antecedentes expuestos, los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente,PROYECTO DE LEY “Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la ley N° 18.525 “Que establece normas sobre exportaciones”:1. En el inciso 4° del artículo 9° reemplázase los guarismos “uno” por “dos” y “dos” por “cuatro”.2. En el artículo 10, en su único inciso, reemplázase el guarismo “uno” por “dos”.”. 3. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, diciembre 9 de 2003. Oficio Nº 2.032 Excelentísima señora Presidentade la Cámara de Diputados: Remito a vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los autos rol Nº 395, relativo al proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro segundo de la ley Nº 17.105, el que fue enviado a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República. Dios guarde a V.E. (Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL, Presidente; JAIME SILVA MAC IVER, Secretario (S). Santiago, nueve de diciembre de dos mil tres. Vistos y considerando: Primero.- Que, por oficio Nº 4.600, de 28 de octubre de 2003, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el Libro Segundo de la Ley N° 17.105, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 20, 49, 50 y 53 del artículo primero; el Nº 1) del artículo cuarto, y los artículos séptimo, octavo y transitorio, del mismo; Segundo.- Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución, establece que es atribución de este Tribunal “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;INORMAS DE LA CONSTITUCIÓN QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LASLEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES APLICABLESAL CONTENIDO DEL PROYECTO Tercero.- Que, el artículo 74, incisos primero y segundo, de la Constitución, dispone lo siguiente: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.”; Cuarto.- Que el artículo 80 B de la Carta Fundamental señala: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.”; Quinto.- Que el artículo 102 de la Constitución establece: “El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la que regulará además su integración y organización. Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Asimismo, resolverá la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional, sobre la base de la propuesta que formule el intendente.”; Sexto.- Que los artículos 107 y 108 de la Constitución Política disponen: “Artículo 107. La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales. Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos. Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva. Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana. Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley. La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia.” “Artículo 108. En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde. El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.”IINORMAS SOMETIDAS A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Séptimo.- Que, las disposiciones del proyecto remitido sometidas a control, establecen: "Artículo primero.- Apruébase la siguienteLEY SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: “Artículo 4º.- No podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas:1. Los miembros del Congreso Nacional, Intendentes, Gobernadores, alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia; 2. Los empleados o funcionarios fiscales o municipales;3. Los que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos;4. Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido clausurados definitivamente;5. Los consejeros regionales y los concejales, y6. Los menores de dieciocho años. A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica sólo podrá otorgársele patente para el expendio de bebidas alcohólicas, con informe anual favorable de la respectiva Prefectura de Carabineros.” “Artículo 6º.- Las municipalidades podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas tanto en la parte urbana como en la parte rural de la comuna o la agrupación de comunas respectiva.” “Artículo 7º.- En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E, F y H del artículo 3º no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes. El número de patentes limitadas en cada comuna, distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior, será fijado cada tres años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas. Si, requerido por el intendente regional, el alcalde no informara dentro del plazo de treinta días, contado desde la recepción del respectivo requerimiento, se procederá sin su informe. Con el objeto de dar cumplimiento a los incisos precedentes, y, en su caso, de reducir el número de patentes a la nueva cantidad que se fijare de acuerdo a esas disposiciones si fuere menor a la existente, las municipalidades no renovarán las patentes otorgadas a los establecimientos respectivos cuando sean definitivamente clausurados por infracción a esta ley o a disposiciones municipales, ni aplicarán el procedimiento de remate que se regula en los incisos siguientes, de modo tal que las patentes limitadas caduquen cuando no sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que se alcance el número de ellas que se hubiere previsto. Las patentes limitadas que no hubieren sido pagadas en su oportunidad legal se rematarán en pública subasta al mejor postor, a beneficio de la municipalidad respectiva, y serán adjudicadas por un valor que no podrá ser inferior al mínimo de su clasificación, más los derechos de inspección y reajuste que correspondan. Los remates se efectuarán quince días después de haberse levantado el acta correspondiente y previa publicidad, en tres oportunidades, en el medio de comunicación local que tenga mayor difusión. Los postores deberán cancelar, además del precio de la subasta, el semestre vencido de la patente, más los intereses penales que se hubieren devengado.” “Artículo 8º.- La municipalidad determinará, en su respectivo plano regulador, o a través de ordenanza municipal, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse establecimientos clasificados en las letras D), E) y O) del artículo 3º y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local. Sin perjuicio de ello, no concederá patentes, para que funcionen en conjuntos habitacionales, a aquellos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que determine mediante ordenanza municipal. Para los efectos previstos en los incisos anteriores, la municipalidad solicitará a Carabineros de Chile informe escrito, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que se reciba la respectiva solicitud. Si Carabineros de Chile no emitiere el informe dentro del plazo señalado, se procederá sin este trámite. Tampoco se concederá patentes para el funcionamiento de alguno de los establecimientos indicados en el inciso primero, que estén ubicados a menos de cien metros de establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales, de terminales y garitas de la movilización colectiva. La municipalidad podrá excluir de esta prohibición a los hoteles o restaurantes de turismo. La distancia se medirá entre los extremos más próximos de los respectivos establecimientos, tomando la línea de acceso principal más corta, por aceras, calles y espacios de uso público.” “Artículo 20.- La municipalidad respectiva deberá suspender la autorización de expendio de bebidas alcohólicas a los establecimientos que se encuentren en los casos siguientes:1. Si la patente hubiere sido concedida por error, o transferida a cualquier título, a alguna de las personas señaladas en el artículo 4º;2. Si el local no reuniese las condiciones de salubridad, higiene y seguridad prescritas en los reglamentos respectivos, y3. Si la patente no fuera pagada en la oportunidad debida.” “Artículo 49.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez, en cualquier caso conociendo de un proceso, a petición escrita y fundada del alcalde o del concejo municipal, podrá clausurar definitivamente un negocio cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para producir la clausura. La solicitud se tramitará en cuaderno separado. La resolución del juez será fundada y apelable en el solo efecto devolutivo.” “Artículo 50.- Sin perjuicio de las clausuras impuestas por la autoridad judicial, los Intendentes y Gobernadores podrán clausurar los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, donde se hubieren cometido hechos delictuosos graves, o que constituyan un peligro, para la tranquilidad o moral públicas. El afectado podrá, dentro de diez días, reclamar de la clausura ante el juez de policía local correspondiente, quien citará a comparendo de contestación y prueba para dentro de quinto día. El juez deberá resolver en única instancia, manteniendo la clausura u ordenando alzarla, en fallo que deberá ser fundado.” “Artículo 53.- Con excepción de las conductas delictivas descritas y sancionadas en los artículos 42 y 46, las infracciones a la presente ley se reputan contravenciones para todos los efectos legales y, en ese carácter, quedan sujetas a la competencia y al procedimiento aplicables a los juzgados de policía local.” “Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 307, de 1978, de Justicia:1) Reemplázase el número 8º de la letra c) del artículo 13, por el siguiente: “8º A la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de ese cuerpo legal.”.” “Artículo séptimo.- Agrégase, en la letra ñ) del artículo 65 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el siguiente texto, cambiando el punto final (.) por una coma (,): "dentro de los márgenes establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. En la ordenanza respectiva se podrán fijar horarios diferenciados de acuerdo a las características y necesidades de las distintas zonas de la correspondiente comuna o agrupación de comunas. Estos acuerdos del concejo deberán ser fundados.".” “Artículo octavo.- Declárase que, de conformidad con el artículo 5º de la ley Nº 19.814, la derogación del artículo 45, número 2º, letra f), del Código Orgánico de Tribunales, dejó subsistente la competencia de los juzgados de letras para conocer de los delitos contemplados en la ley Nº 17.105, de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de dicha ley, en concordancia con el artículo 45, número 2º, letra d), y 4º, del Código Orgánico de Tribunales, en las regiones en las que no haya entrado en vigencia la reforma procesal penal.” “Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Se exceptúan los artículos 53 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en el artículo primero; 190 de la Ley de Tránsito, contenido en el artículo tercero; 13, letra c), número 8º, del Código Orgánico de Tribunales, contenido en el artículo cuarto, y 16 bis de la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, contenido en el artículo sexto. Estas normas entrarán en vigencia gradualmente para las Regiones V, VI, VIII, X y Metropolitana de Santiago, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la ley Nº 19.665, aplicándose entretanto las disposiciones legales existentes. En las regiones V, VI, VIII, X y Metropolitana, en tanto el Ministerio Público no asuma sus funciones de dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública, corresponderá la defensa del Estado y del interés social comprometido en los juicios que se originen por la investigación del delito de conducción en estado de ebriedad, al Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes del Consejo de Defensa del Estado. Los juicios en que se investigue el delito mencionado en el inciso anterior y que se encontraren en tramitación a la fecha de publicación de la presente ley, seguirán su procedimiento conforme a las normas penales y procesales vigentes al momento del acaecimiento de los hechos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, los productos que, a la fecha de publicación de esta ley se encontraren envasados y etiquetados y no cumplan con el requisito que se introduce en el artículo 34 de la ley Nº 18.455 mediante el artículo segundo, sólo podrán expenderse hasta seis meses después de tal fecha.".”; Octavo.- Que, de acuerdo al considerando segundo corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional; Noveno.- Que, el artículo 65, letra n), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece, de acuerdo con lo que señala el artículo 108, inciso tercero, de la Carta Fundamental, que el alcalde requiere del acuerdo del concejo para “Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes.”; Décimo.- Que las normas comprendidas en los artículos 4º, 6º, 7º, 8º y 20 del artículo primero del proyecto remitido, al regular en la forma que en ellos se indica el ejercicio de esa facultad, son propias de dicha ley orgánica constitucional; Decimoprimero.- Que el artículo 65, letra ñ), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone, según lo que indica el artículo 108, inciso tercero, de la Constitución, que el alcalde, con acuerdo del concejo, debe “Fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas existentes en la comuna.”; Decimosegundo.- Que el artículo séptimo del proyecto en estudio al modificar dicho precepto, es propio, igualmente, de la ley orgánica constitucional antes mencionada; Decimotercero.- Que las normas comprendidas en los artículos 49, 50 y 53 del artículo primero y artículo cuarto, Nº 1º, octavo y transitorio del proyecto en análisis, son propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74, incisos primero y segundo, de la Constitución, en atención a que legislan sobre la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República; Decimocuarto.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expresado, en los artículos 7º y 50 del artículo primero del proyecto se otorgan, en materia de administración interior del Estado, atribuciones tanto a los Intendentes como a los Gobernadores en relación con el número de patentes limitadas en cada comuna del país y la clausura de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, razón por la cual dichos preceptos forman parte, también, de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.IIIOTRAS NORMAS ORGANICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO Decimoquinto.- Que se ha sometido a control de constitucionalidad el artículo séptimo del proyecto, en virtud del cual se modifica el artículo 65, letra ñ), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que autoriza al alcalde a determinar el horario de funcionamiento de los establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas, agregándose que deberá hacerlo “dentro de los márgenes establecidos en el artículo 21 de la Ley Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.”; Decimosexto.- Que el artículo 21, comprendido en el artículo primero del proyecto señala: “Artículo 21.- Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas deberán funcionar con arreglo a los siguientes horarios: Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, sólo podrán funcionar entre las 9.00 y las 1.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se ampliará en dos horas más la madrugada de los días sábado y feriados. Se exceptúan las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza que expendan al por mayor, que sólo podrán funcionar entre las 10.00 y las 22.00 horas. Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias, sólo podrán funcionar entre las 10.00 y las 4.00 horas del día siguiente. Se exceptúan los salones de baile o discotecas, que sólo podrán funcionar entre las 19.00 y las 4.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se ampliará en una hora más la madrugada de los días sábado y feriados. La restricción horaria no regirá el 1º de enero y los días de Fiestas Patrias. Los alcaldes, con acuerdo fundado del concejo municipal, podrán disponer en la ordenanza respectiva horarios diferenciados de acuerdo a las características y necesidades de las distintas zonas de la comuna o agrupación de comunas, dentro de los márgenes establecidos en los incisos precedentes. Decimoseptimo.- Que, para determinar el verdadero alcance del artículo séptimo, este Tribunal, en la misma forma en que lo ha resuelto anteriormente, como es el caso de la sentencia de 25 de abril de 1995, Rol Nº 197, no puede dejar de pronunciarse sobre el artículo 21 antes transcrito, norma a la cual el precepto sometido a control se remite expresamente y con la que se encuentra indisolublemente vinculado, razón por la que forma parte, igualmente, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de lo que dispone en su inciso final, no puede dejar de integrar dicho cuerpo legal, de acuerdo con lo que señala el artículo 108, inciso tercero, de la Carta Fundamental; Decimoctavo.- Que el artículo 25 del artículo primero del proyecto remitido expresa: “Artículo 25.- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público. La contravención a esta prohibición será sancionada con alguna de las siguientes medidas:1º Multa de hasta una unidad tributaria mensual. 2º Amonestación, cuando aparecieren antecedentes favorables para el infractor. El infractor podrá allanarse a la infracción y consignar de inmediato el 25% del monto máximo de la multa ante el oficial de guardia de la unidad policial, o el suboficial en su caso, quien deberá integrar las sumas pagadas dentro de tercero día en la Tesorería municipal o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio la Municipalidad. En caso de que el infractor no consigne, será citado para que comparezca ante el juez de policía local competente. Se entenderá también que la persona acepta la infracción y la imposición de la multa, poniéndose término a la causa, por el solo hecho de que pague el 50% del monto máximo de ésta, dentro de quinto día de citado al tribunal, para lo cual presentará la copia de la citación, en la que se consignará la infracción cursada. La Tesorería municipal o la entidad recaudadora harán llegar al tribunal el comprobante de pago a la brevedad. El oficial de guardia, o el suboficial en su caso, dará cuenta en el más breve plazo al juzgado de policía local de las multas pagadas, del dinero recaudado y las citaciones efectuadas, dejando constancia del hecho de ser la primera, segunda o tercera oportunidad en que las personas fueron sorprendidas incurriendo en esta contravención. En todo caso, cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 20 bis de la ley Nº 18.287, el juez podrá conmutar la multa impuesta por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad ofrecidos por la Municipalidad respectiva u otro organismo público. Sin perjuicio de lo anterior, dichos trabajos podrán realizarse también en una persona jurídica, de beneficencia, de derecho privado, que los contemplare. Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad que procediere por los delitos o faltas cometidas por el infractor.”; Decimonoveno.- Que el artículo 26 del artículo primero del proyecto en análisis señala: “Artículo 26.- Lo dispuesto en el artículo precedente también tendrá lugar respecto de quienes fueren sorprendidos en la vía pública o en lugares de libre acceso al público en manifiesto estado de ebriedad. En este caso, si una persona hubiere incurrido en dicha conducta más de tres veces en un mismo año, Carabineros denunciará el hecho al juez de policía local correspondiente. Este podrá imponer, en una audiencia que se citará al efecto, alguna de las siguientes medidas:1º. Seguir alguno de los programas a que se refiere el artículo 33 o un tratamiento médico, sicológico o de alguna otra naturaleza, destinado a la rehabilitación, y2º. Internarse en un establecimiento hospitalario o comunidad terapéutica que cuente con programas para el tratamiento del alcoholismo, de conformidad a lo dispuesto en los ar-tículos 33 a 38. Para resolver, el juez de policía local podrá requerir los informes y diligencias que estime convenientes, a efectos de determinar el diagnóstico de habitualidad de ingesta alcohólica. En su resolución, el juez precisará la duración de la medida, que no podrá exceder de noventa días, renovable, por una vez, por un período similar. Las resoluciones que apliquen estas medidas serán apelables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley Nº 18.287.”; Vigesimo.- Que dichas disposiciones corresponden, con las adecuaciones del caso, a los artículos 113 y 114 de la Ley Nº 17.105; Vigesimoprimero.- Que por sentencia de 27 de junio de 2002, Rol Nº 353, se declaró que ambos preceptos eran propios de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74, incisos primero y segundo, de la Constitución Política, y que, además, el primero de ellos formaba parte, también, de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 80 B de la Carta Fundamental; Vigesimosegundo.- Que, en estas circunstancias, esta Magistratura, al igual que lo hiciera en una situación similar, en la sentencia dictada con fecha 30 de abril de 2002, Rol Nº 349, ha de ejercer el control de constitucionalidad sobre dichas disposiciones en atención a que, como se ha indicado, tienen naturaleza orgánica constitucional; Vigesimotercero.- Que el artículo 58, del artículo primero del proyecto establece: “Artículo 58.- Derógase el Libro II de la ley Nº 17.105, de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. Las disposiciones legales que hagan referencia al Libro II de la ley Nº 17.105 se entenderán hechas a esta ley, en las materias a que dichas disposiciones se refieren.”; Vigesimocuarto.- Que, en atención a que la Ley Nº 17.105 contiene normas de carácter orgánico constitucional, como es el caso de los artículos 113 y 114, según ya se ha señalado y, en la misma forma que lo hiciera en la sentencia de 30 de abril de 2002, Rol Nº 349, este Tribunal debe pronunciarse sobre el artículo 58, inciso primero, del artículo primero, puesto que en la medida que deroga preceptos orgánicos constitucionales tiene la misma naturaleza; Vigesimoquinto.- Que los artículos 7º y 8º del artículo primero del proyecto en análisis indican que las patentes a que se alude no podrán exceder en cada comuna la proporción que se señala y que cada municipalidad deberá determinar las zonas en que se permitirá la instalación de los establecimientos a que se hace referencia; Vigesimosexto.- Que el artículo transitorio del proyecto de Ley Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas expresa: “Artículo transitorio.- La nueva proporción del número de establecimientos afectos a patentes limitadas que se señala en el inciso primero del artículo 7º no afectará a los que se encuentren en funcionamiento y cumplieren todos los requisitos preexistentes. Asimismo, aquellos establecimientos que expendan bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 8º, que quedaren comprendidos dentro de una zona del territorio comunal en la que tales establecimientos no podrán instalarse en lo sucesivo por la entrada en vigencia de un plano regulador, modificación del plano regulador u ordenanza municipal que así lo establezca, de conformidad a lo previsto en dicho artículo, tampoco se verán afectados por esa nueva disposición, siempre que a esa fecha cumplieren todos los requisitos exigidos para su funcionamiento. Sin perjuicio de ello, si el número de patentes limitadas que se hubiere otorgado excediere la nueva proporción, tales patentes no podrán transferirse ni se renovarán, y serán canceladas en caso de término de giro, clausura definitiva del establecimiento, falta de pago de la patente o cualquiera otra circunstancia que obste al funcionamiento del establecimiento respectivo, hasta que se alcance el número de ellas que correspondiere. De igual forma se procederá con las patentes de los establecimientos que quedaren comprendidos dentro de las zonas del territorio comunal en que, de acuerdo al artículo 8º, no podrán instalarse o no podrá concederse patentes en lo sucesivo, y que cumplieren todos los requisitos exigidos para su funcionamiento, hasta la completa extinción de las patentes otorgadas con anterioridad. Las patentes de expendio de bebidas alcohólicas actualmente en vigor quedarán comprendidas, de pleno derecho, en las categorías equivalentes que correspondieren de acuerdo a la nueva clasificación que se establece en el artículo 3º.”; Vigesimoseptimo.- Que, de igual modo a como lo ha resuelto en oportunidades anteriores, como es el caso de la sentencia de 1º de julio de 2003, Rol Nº 379, este Tribunal debe pronunciarse sobre el artículo transitorio antes transcrito, debido a que por el contenido de sus normas configura con los artículos 7º y 8º del artículo primero sometidos a control de constitucionalidad, un todo armónico e indivisible que no es posible separar, formando parte, en consecuencia, de la misma manera y por la misma razón de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.IVNORMA QUE SE APRUEBA EN LOS TERMINOS QUE SE INDICAN Vigesimoctavo.- Que en el artículo transitorio del proyecto remitido se expresa que “Esta ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”; Vigesimonoveno.- Que en su inciso segundo se agrega que “Se exceptúan los artículos 53 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en el artículo primero; 190 de la Ley de Tránsito, contenido en el artículo tercero; 13, letra c), número 8º, del Código Orgánico de Tribunales, contenido en el artículo cuarto, y 16 bis de la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, contenido en el artículo sexto. Estas normas entrarán en vigencia gradualmente para las Regiones V, VI, VIII, X y Metropolitana de Santiago, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la ley Nº 19.665, aplicándose entretanto las disposiciones legales existentes.”; Trigesimo.- Que la referencia que en dicho inciso segundo se hace al artículo “13, letra c), numero 8º, del Código Orgánico de Tribunales, contenido en el artículo cuarto,”, debe entenderse al artículo 13, letra c), número 8º de la Ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, según se desprende del contenido del artículo cuarto del proyecto;VCUMPLIMIENTO DE QUORUM, INFORME Y DECLARACION FINAL Trigesimoprimero.- Que, consta de autos que los preceptos a que se ha hecho referencia, han sido aprobados en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República y que, sobre ellos, no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad; Trigesimosegundo.- Que, asimismo consta de autos que se ha dado cumplimiento al artículo 74, inciso segundo, de la Constitución, de acuerdo al tenor del oficio de 3 de junio de 1996, que la Corte Suprema dirigiera al Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y del oficio de 14 de abril de 2003, que esa misma Corte enviara al Senado, informando sobre el proyecto remitido; Trigesimotercero.- Que, las disposiciones contempladas en los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 20, 21, 25, 26 49, 50, 53, 58, inciso primero –en cuanto deroga preceptos de naturaleza orgánica constitucional-, y transitorio del artículo primero; el Nº 1) del artículo cuarto, y los artículos séptimo, octavo y transitorio, del proyecto sometido a control, no son contrarias a la Carta Fundamental. Y, visto, lo prescrito en los artículos 63, inciso segundo, 74, incisos primero y segundo, 80 B, 82, Nº 1º e inciso tercero, 102, 107 y 108 de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, de 19 de mayo de 1981, Se declara: Que los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 20, 49, 50 y 53 del artículo primero; el Nº 1) del artículo cuarto, y los artículos séptimo y octavo del proyecto remitido, son constitucionales. Que los artículos 21, 25, 26, 58 –inciso primero, en cuanto deroga preceptos de naturaleza orgánica constitucional-, y transitorio del artículo primero del proyecto son, igualmente, constitucionales. Que el artículo transitorio del proyecto es constitucional en el entendido de lo expresado en los considerandos Vigesimonoveno y Trigesimo de esta sentencia. Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben. Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 395. Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su presidente señor Juan Colombo Campbell, y los ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva, Hernán Álvarez García, Juan Agustín Figueroa Yávar, Marcos Libedisnky Tschorne, Eleodoro Ortiz Sepúlveda y José Luis Cea Egaña. Autoriza el Secretario Subrogante del Tribunal Constitucional, señor Jaime Silva Mac Iver. Conforme con su original. (Fdo.): JAIME SILVA Mac Iver, Secretario (S).A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTADE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDOÑA ISABEL ALLENDE BUSSIPRESENTE”.