REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 349ª, ORDINARIASesión 37ª, en jueves 4 de septiembre de 2003(Ordinaria, de 10.40 a 13.39 horas) Presidencia de los señores Silva Ortiz, don Exequiel y Jarpa Wevar, don Carlos Abel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 6 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 V. Orden del Día. - Proyecto aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transanacional. Primer trámite constitucional 9 - Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología investigadora de los problemas derivados de la inscripción de dominios en Internet y conductas de Microsoft en Chile 20 VI. Proyectos de acuerdo. - Comisión investigadora de eventual uso de fondos públicos en actividades electorales 33 - Calificación de urgencia para proyecto sobre responsabilidad penal 34 - Creación de la comuna de Alto Biobío 36 - Extensión de subsidio único familiar para estudiantes 39 VII. Incidentes. - Reconocimiento a la labor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 42 - Información sobre licitación o venta de Enap y Esmag en Duodécima Región. Oficio 42 - Prohibición de construir en terrenos de vía férrea entre Río Bueno y La Unión. Oficio 43 - Alcantarillado y copa de agua para comunas de Valdivia. Oficio 43 - Información sobre protección a la maternidad. Oficios 43 - Información sobre prohibición de venta de bebidas alcohólicas en Tomé. Oficios 44 - Cobro de consultoras a postulantes a programa de fondos concursables del Ministerio de Vivienda. Oficio 44 - Tragedia en incendio en Quellón. Mantenimiento de grifos en comunas de Chiloé. Oficio 46 - Convención internacional sobre protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. Oficios 47 - Aniversario de anexión de territorio austral. Oficios 49 Pág. - Saludos a Calbuco y casas de estudios superiores a instituciones de la Décima Región. Oficios 49 - Reforzamiento de acción policial en comuna de Puerto Montt. Oficios 50 VIII. Documentos de la Cuenta. - Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. Crea la comuna de Cholchol, en la Región de La Araucanía (boletín N° 3341-06) 51 2. Crea la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío (boletín N° 3342-06) 54 3. Crea la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá (boletín N° 3343-06) 58 4. Moción de los diputados señores Uriarte, Norambuena, Forni, Luksic, Hales, Meza y Salaberry, que ordena la anotación de los vehículos robados en el Registro de Vehículos Motorizados (boletín N° 3344-15) 62 IX. Otros Documentos de la Cuenta. 1. Oficios: - De la señora Presidenta de la Cámara de Diputados por el cual, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 15, inciso segundo, de la ley N° 18.918 y 14, inciso cuarto, del Reglamento de la Corporación, ha procedido a declarar inadmisible el proyecto, de origen en una moción de las Diputadas señoras Mella, doña María Eugenia, y Muñoz, doña Adriana, y de los Diputados señores Saffirio, Silva, Riveros, Espinoza, Ortiz, Burgos, Luksic y Robles, que modifica la ley N°19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, por tratarse de una materia que corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispuesto en el número 2° del artículo 62 de la Constitución Política de la República. Excma. Corte Suprema - Señor Villouta, irregularidades en notaria de comuna de Traiguén. Contraloría General de la República - Señor Ramón Pérez, presunto fraude al fisco en la Región de Tarapacá. Ministerio de Relaciones Exteriores - Señora Laura Soto, situación vivida en aeropuerto de los Estados Unidos de América por un connacional. Ministerio del Interior - Señor Navarro, mecanismos establecidos para escuchar las opiniones de los grupos indígenas. - Señor Delmastro, autorización para el subsidio de transporte de lanchas. - Señor Navarro, constitución de una servidumbre de tránsito que grava un predio fiscal a favor de otro de propiedad de Forestal Hawarden S.A. de la comuna de Quellón. Intendencia de la Octava Región - Señor Navarro, proyecto de construcción de casetas sanitarias localidad de Dichato. Municipalidad de Monte Patria - Señor Molina, estado de tramitación proyecto ampliación colectores población Nueva Esperanza, de Monte Patria. Municipalidad de Fresia - Señor Kuschel, reposición del camino vecinal a Punta Capitanes, comuna de Fresia. Municipalidad de Valdivia - Señor Espinoza, convenio para la conservación de los humedales de la comuna de Valdivia. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (87)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Bayo Veloso, Francisco RN IX 48Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Encina Moriameza, Francisco PS IV 8Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa UDI I 1González Torres, Rodrigo PPD V 14Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 17Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 13Tapia Martínez, Boris PDC VII 36Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valenzuela Van Treek, Estaban PPD VI 32Varela Herrera, Mario UDI RM 20Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor SILVA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS El señor SILVA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 32ª se declara aprobada. El acta de la sesión 33ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA El señor SILVA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.V. ORDEN DEL DÍA.PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. Primer trámite constitucional. El señor SILVA (Vicepresidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Iván Moreira. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 3246-10, sesión 1ª, en 3 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 32!, en 26 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto aprobatorio de la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, en la llamada Asamblea del Milenio, con el objeto de promover la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, entendiéndose por tal la estructurada por personas que se conciertan durante cierto tiempo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material, de uno o más de los delitos tipificados con arreglo a la Convención. Este es uno de los pocos acuerdos aprobatorios de convenciones de las Naciones Unidas importantes de que tenemos la oportunidad de dar cuenta en la Sala. Ojalá, sea aprobado por unanimidad. La organización internacional contra la delincuencia requiere de herramientas que permitan combatir este flagelo. Por eso la importancia del proyecto. Llegado a este punto, quiero hacer un paréntesis para saludar al diputado Jorge Burgos, de la Democracia Cristiana. ¿Por qué lo hago?, se preguntarán nuestros colegas democratacristianos. Porque en la época en que se dieron los primeros pasos en esta tarea, la persona que, en nombre de Chile, firmó el Acuerdo fue, precisamente, el diputado Jorge Burgos, quien en esos días ocupaba el cargo de subsecretario del Interior. Este gesto responde a una sana práctica que siempre debería darse en la convivencia política al interior de esta Sala, y, así, tener la capacidad suficiente para reconocer los méritos del otro. Por eso he hecho este breve, pero importante paréntesis. Espero que cuando se trate de los proyectos de ley que presente la Oposición, y en los futuros gobiernos que presidamos, también nuestros méritos sean reconocidos. Pero continuaré con el proyecto que nos ocupa. Esta Convención, calificada durante los debates de la Asamblea General como “conjunto normativo ejemplar” y como “primer instrumento jurídico mundial en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada”, al mes de julio de 2003 había sido suscrita por 146 Estados, entre ellos, 22 países americanos, y ratificada por 39 naciones, entre las cuales se incluye a Argentina, Canadá, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Según los antecedentes proporcionados por el director de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Luis Winter, la Convención surgió de la preocupación general existente en la comunidad internacional ante el creciente problema del crimen transnacional organizado. Debido a esa inquietud, la Organización de las Naciones Unidas creó un comité ad hoc que celebró diez sesiones, entre enero de 1999 y octubre de 2000, con una participación, en promedio, de representantes de cien Estados, entre ellos, Chile. El Ministerio del Interior nos ha recomendado la aprobación de esta Convención, porque sus términos, instituciones, alcances y procedimientos en nada contravienen el ordenamiento constitucional, penal y procesal vigente en Chile. Por el contrario, este instrumento perfecciona y actualiza la normativa interna, uniformándola con la legislación internacional en lo que se refiere a la prevención, investigación, persecución y castigo de las conductas delictivas que traspasen las fronteras del Estado. Debe tenerse presente que nuestro país se ha comprometido a dar cumplimiento a la resolución Nº 1.373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que, a propósito de los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros potencialmente letales. A ese respecto, se pone de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a este reto y a esta amenaza graves a la seguridad internacional. Por último, entre estos antecedentes generales, se informa que Naciones Unidas aprobó, en su oportunidad, dos protocolos que complementan la Convención: uno, destinado a prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, en particular de mujeres y niños, y el otro, dirigido a prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar, los que, al no existir inconvenientes de derecho para que sean aprobados separadamente de la Convención, serán sometidos a la consideración de la honorable Cámara próximamente, según informaciones entregadas a la Comisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En sus 41 artículos, la Convención regula las siguientes materias: el ámbito de aplicación de la Convención; los principios que deberán observar los Estados parte durante su aplicación y el juzgamiento y sanción de los acusados; el decomiso e incautación de los bienes, equipos u otros instrumentos que correspondan al producto de los delitos; el alcance de la obligación de establecer jurisdicción de los Estados sobre los delitos tipificados en la Convención; la extradición de las personas acusadas de participación en estos delitos y la cooperación judicial correspondiente; los órganos que se ocuparán de la aplicación de la Convención, y las cláusulas finales de este instrumento internacional. Los delitos por tipificar son los siguientes: La participación en un grupo delictivo organizado, entendiéndose por tal el grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o que, directa o indirectamente, les permita obtener un beneficio económico u otro, de orden material. El blanqueo del producto del delito, consistente, sustancialmente, en la conversión o la transferencia de bienes, o en la ocultación o disimulación de su verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad, en ambos casos a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con la finalidad de ocultar o disimular su origen ilícito o de ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La corrupción, considerándose como tal, en términos amplios, la promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales, y la solicitud o aceptación por un funcionario de un beneficio indebido que tenga los alcances de la conducta anterior. La obstrucción de la justicia, consistente, en lo principal, en el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso o el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, en relación a los delitos comprendidos en la Convención. En resguardo de su soberanía, los Estados parte éstos deberán observar en la aplicación de la Convención los principios de la igualdad soberana, de la integridad territorial, de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y del debido respeto de la jurisdicción y funciones internas de los Estados. Además, no podrán ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. Los Estados deberán penalizar los delitos teniendo en cuenta su gravedad, considerando los derechos de la defensa de las personas acusadas y garantizando su comparecencia en todo el procedimiento penal. También deberán tener presente su gravedad al imponer condiciones para otorgar la libertad anticipada o condicional a personas declaradas culpables de tales delitos y al establecer un plazo de prescripción dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de estos delitos, el que deberá ser prolongado. Cada Estado parte deberá adoptar, de conformidad con sus principios jurídicos, las medidas legales, administrativas o de otro tipo que sean necesarias para establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como en los delitos de lavado de dinero, de corrupción de un funcionario público o de obstrucción de la justicia, tipificados en virtud de esta Convención. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado tales delitos. Señor Presidente, el proyecto de acuerdo cobra mayor importancia, dada la preocupación manifestada por el Estado de Chile y por el Congreso Nacional en materia de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción. La firma este tratado internacional nos permite defendernos como país. Para los efectos de la extradición de las personas acusadas de participación en delitos tipificados en la Convención, los Estados parte contraen el compromiso de considerarla incluida, por estos delitos, en todo tratado vigente y en los que se celebren en el futuro. Asimismo, se obliga a tener presente esta Convención como base para concederla en los casos de no existir tratado específico que la permita. La Comisión de Relaciones Exteriores escuchó al ministro de Justicia, señor Luis Bates Hidalgo; al director de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Luis Winter Igualt; al jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, abogado Francisco Maldonado, y al profesor y abogado penalista, señor Waldo del Villar. En lo sustancial, todos coinciden en juzgar conveniente la participación de Chile en esta Convención. El profesor del Villar concluyó su exposición afirmando que no se visualiza contradicción entre ella y el derecho interno, el que, en gran medida, ya se ha hecho eco de las inquietudes que la justifican. Además, hizo notar la norma de este instrumento que señala textualmente: “Cada Estado Parte adoptará de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención”. Por lo expuesto en este informe, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara que preste su aprobación a la Convención en trámite, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, que se salvan en el texto sustitutivo correspondiente. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, antes que todo, quiero agradecer las elogiosas palabras, por cierto inmerecidas en mi caso, del diputado Iván Moreira. Luchar contra el crimen organizado requiere de muchos recursos; pero, esencialmente, de una comunidad internacional organizada. Si no lo hiciéramos, daríamos una ventaja muy difícil de superar. Por eso, la Convención -como se dijo en la Comisión de Relaciones Exteriores y lo planteó el diputado informante- es un muy importante tratado para contar con los instrumentos necesarios en la lucha contra el crimen organizado en sus distintas fases. De aprobarse la Convención, el Estado de Chile contraerá algunas obligaciones. Es cierto -como planteaba un profesor citado en el informe- que hay muchas materias que están establecidas desde hace mucho tiempo en nuestro derecho, y que, probablemente, estamos en una situación jurídica superior a varios de los países firmantes que ya han ratificado esta importante Convención; hay otras que no forman parte de nuestro ordenamiento legal, pero que, a partir de la entrada en vigencia de la Convención, será obligatorio contemplar, por lo que deberemos legislar a la brevedad sobre ellas. Algunas iniciativas pueden tener origen en mociones, por lo que es una buena oportunidad para que los parlamentarios estudien reformas procesales y de derecho sustantivo a fin de presentar proyectos que implementen la Convención en el derecho interno. Esto es básico, porque el tratado no tendrá los efectos esperados si no nos ponemos al día en aquello que aceptemos incorporar en nuestra legislación. Por otro lado, quiero referirme a dos situaciones positivas. En primer lugar, ayer aprobamos el informe de la Comisión Mixta relacionado con el proyecto que incorpora nuevas tipificaciones delictuales a la ley antiterrorista. Dimos un paso al incluir, por un lado, “solicitar” como verbo rector, y, por otro, el delito específico, autónomo, de recaudación de fondos para el terrorismo. En consecuencia, nos hemos adelantado al cumplimiento de una exigencia de la Convención. En segundo lugar, no hace mucho establecimos la posibilidad de que la corrupción de un funcionario público de otro país sea considerada delito en Chile. Anteayer, con ocasión del estudio de la creación de la Unidad de Análisis Financiero, también mejoramos, tal como lo dispone la Convención, la tipificación del delito de lavado de dinero. Configuramos más delitos base, es decir, que conduzcan al lavado de dinero, y, particularmente, establecimos de manera más clara el dolo directo y el eventual en la tipificación del delito y en la condena a los culpables. Sin embargo, como ya lo expresé, hay una serie de materias no consideradas en nuestra legislación. A mi juicio, una en particular requiere un estudio profundo. Para ello, el Ejecutivo debería enviar a la brevedad un proyecto -entiendo que se está trabajando en eso desde hace varios años, casi décadas- relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de la entrada en vigor de esta Convención, que probablemente será ratificada tanto por la Cámara como por el Senado, será obligación considerar esa materia en nuestro derecho interno. Por tanto, nos enfrentaremos a una situación bastante compleja si esta Convención pasa a integrar nuestra legislación -de acuerdo al artículo 5º de la Constitución-, pero no legislamos en forma oportuna para dar cumplimiento a lo que dispone. La materia más compleja, por lo dificultoso del tema y por el escaso derecho comparado al respecto, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, materia absolutamente ausente -puede haber un par de excepciones- en nuestra legislación. En definitiva, me parece bueno para el país y para el Estado -que contará con más instrumentos para combatir la delincuencia organizada- que aprobemos por unanimidad la Convención. Ello nos obligará a trabajar en temas pendientes, particularmente en el que he señalado. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, después del detallado informe entregado por el colega Iván Moreira en relación con el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, es poco lo que puedo agregar. Parece que, como es su costumbre, dicho colega estudió y se preparó. Asimismo, deseo atestiguar el esfuerzo y dedicación en el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores. En cuanto a los comentarios del diputado señor Burgos, quien, como subsecretario del Interior, tuvo la oportunidad de participar en la generación de este acuerdo, los considero importantísimos. Lo hizo bien como subsecretario de esa cartera. Ahora habría que evaluar dónde lo hace mejor: en la Cámara o en el Gobierno. El objetivo de este proyecto es promover la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, entendiéndose por tal la estructurada por personas que se conciertan durante cierto tiempo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material, de uno o más de los delitos tipificados con arreglo a la Convención. Los fundamentos de la Convención son proteger a la sociedad de la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas, y luchar, junto a la comunidad internacional, contra su expansión y diversificación. Como comentario final, debo señalar que esta Convención nos parece muy apropiada, dado que constituye un instrumento útil para el combate de la delincuencia organizada transnacional, particularmente peligrosa debido a que las conductas descritas se refieren a delitos gravísimos, como tráfico de drogas, lavado de dinero, conductas terroristas, cohecho, etcétera. Por eso, anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente este proyecto, como lo ha hecho con otros que, al igual que éste, ayudan a la convivencia internacional, pacifican los espíritus y entregan instrumentos para combatir este flagelo en el mundo. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, tal como lo han señalado los diputados Burgos y Masferrer, el informe entregado por el diputado señor Moreira subraya la importancia del proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que se inserta en el marco de un mundo globalizado. En tal sentido, sólo quiero anunciar, en nombre del Partido Radical, que lo votaremos favorablemente, pues así como nuestro país ha abierto sus fronteras económicas mediante la firma de diferentes acuerdos -ayer, el Presidente Bush firmó el Tratado de Libre Comercio con Chile-, también existe el riesgo de que gran cantidad de dinero circulante sea utilizada en actividades tales como el lavado de dinero y el terrorismo. Por tal razón, es necesario aprobar este proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre todo porque en países vecinos, como Perú y Bolivia, el narcotráfico es un delito habitual, lo cual es muy riesgoso. Otros factores que deben impulsarnos a acoger la iniciativa son la existencia de guerrillas en Colombia, el derribamiento de las torres gemelas y lo ocurrido en Argentina. Estos hechos hacen necesario que la comunidad internacional combata a quienes financien o realien estas acciones, que provocan tanto dolor y preocupación en la sociedad, a la cual el proyecto en comento tiende a proteger. Espero que la Sala apruebe el proyecto por unanimidad, tal como ocurrió en la Comisión. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la Asamblea General de la Organización las Naciones Unidas en noviembre de 2000. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en los tiempos en que nos ha tocado vivir, asombran las capacidades de apropiación y de adaptación a las nuevas realidades económicas y tecnológicas. Sin embargo, el beneficio obtenido por ello va acompañado de la violencia y de la criminalidad. Como ocurre con todos los fenómenos sociales -los diputados Burgos, Kuschel y Jarpa concuerdan con este planteamiento-, ellos evidencian los cambios de los tiempos que nos toca vivir. En efecto, el fundamento del proyecto nace de esta Convención, que tiene por objeto combatir más eficazmente la delincuencia organizada, que inquieta al mundo. Y no podía ser otra que la Organización de las Naciones Unidas la que hubiera llevado a un país como el nuestro, que entra prácticamente al desarrollo, a preocuparse de las bandas criminales organizadas que, desde hace mucho tiempo, son capaces de traspasar las fronteras nacionales. Chile está siendo vulnerado por estas bandas criminales que aprovechan su espacio territorial para ejecutar acciones ilícitas, para cuya comisión se valen de las facilidades de comunicación y de transporte de personas -lo decía muy bien el diputado informante, don Iván Moreira-, a fin de operar en terceros países, y, desde allí, desviar sus actividades delictuales a otros países que también comienzan a ser influidos por estas bandas organizadas en el mundo. Esta situación es esencialmente preocupante para Chile, país que, fruto de su sistema político, social y económico, carente muchas veces de regulación para los mercados financieros -tal vez por falta de desarrollo-, aparece como destino para la comisión de delitos como el lavado de dinero o simplemente como espacio de refugio de criminales transnacionales. Felizmente, este Congreso Nacional ha tenido una preocupación constante respecto de estos temas, la que se ha hecho notar al Ejecutivo a través de proyectos de acuerdo y de iniciativas parlamentarias. Ayer escuchamos en las noticias que, con la firma del tratado de libre comercio por parte del Presidente de Estados Unidos, Chile comienza a vivir una nueva etapa. Por lo tanto, este proyecto nuevamente nos lleva a sentirnos agradados por la preocupación que este país tiene sobre los efectos que hemos comentado. Esta Convención, que nace en el seno de las Naciones Unidas, cubre ámbitos diversos e importantes, como, por ejemplo, el blanqueo del producto de los delitos, como es el lavado de dinero; la corrupción con implicancia transnacional, la emigración de personas, la trata de blancas, etcétera. Como se verá, todos estos aspectos son esenciales para hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, tanto en relación con la investigación de los hechos delictivos como en la ejecución de las penas. Señor Presidente, en este último período legislativo ha sido evidente la forma en que este Congreso Nacional, en ejercicio de sus competencias legislativas en el proceso de ratificación parlamentaria de las normas del derecho internacional público y privado que ha suscrito Chile, ha efectuado una consistente e intensa recepción de derechos extranjeros, por lo que este fenómeno, que tal vez en el quehacer legislativo diario no se percibe, va uniendo con una rapidez que sorprende no sólo a los mercados globales, sino a una comunidad jurídica internacional. En algunos minutos más conoceremos el informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el tema de Microsoft. La ciencia y la tecnología de hoy asustan a quienes no nacimos con el microsoft, sino con las ondas corta y larga como única posibilidad de recepción de mensajes de otras latitudes. Era el gran avance de los años 40. A pesar de todo, muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Estoy seguro de que este asunto, más tarde que temprano, tendrá que analizarse desde una perspectiva sistemática por el mundo de la academia, al cual muy bien representan los diputados Carlos Kuschel, Patricio Walker, René Manuel García y otros estudiosos del tema que nos preocupa. El proceso de recepción del derecho extranjero muchas veces hace cuestionarse las bases mismas de principios que otrora fueron sacrosantos, como el de la soberanía nacional, que se relativizan tras la aprobación de proyectos de acuerdo como éste, que involucran compromiso para el Estado y para todos sus organismos. Este aspecto debería ser profundizado por los colegas expertos en la materia, sobre todo por los mencionados con anterioridad, porque ellos están muy cerca de la modernidad, tema que nos preocupa. Anuncio mi voto afirmativo para este proyecto de acuerdo que nos permite ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, lógicamente daré mi voto favorable a este proyecto de acuerdo, aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Como se ha dicho, es bueno combatir a fondo la delincuencia, el lavado de dinero, el tráfico, sobre todo en Chile, que se está transformando en un corredor de la droga, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Algo está fallando en nuestra patria; tal vez, falta más mano dura para impedir la obstrucción a la justicia. Éste último es el punto que más me preocupa, porque aun cuando la policía actuará y descubrirá a las personas implicadas en ilícitos, ¿qué pasará si se falsean los antecedentes presentados a la justicia? En ese caso, no se podrá actuar, el delincuente quedará libre -tal vez podrá ser investigado en otros procesos- y se seguirá ocupando a nuestro país como un corredor. El tema no se puede abordar en forma aislada. Me gustaría que el diputado informante me dijera cuántos países ya han ratificado este acuerdo, porque no sacamos nada con que lo ratifique Chile si, a lo mejor, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que son los más complicados en este tema, no han hecho lo mismo. Las buenas intenciones de las Naciones Unidas y de los diferentes Parlamentos Latinoamericanos apuntan a atacar frontalmente a la delincuencia organizada. Pero muchas veces es tal el poder que tiene esa gente en algunos países que, incluso, ha infiltrado los Poderes del Estado y los convenios no se han podido aprobar. No podemos ser una isla. Si nos interesa aprobar este tipo de convenios para que rijan en plenitud, para que haya capacidad de apretar, de hacer las cosas bien, Latinoamérica tendría que ratificar el proyecto en discusión. Me llama mucho la atención que, cuando en Bolivia o en Perú se quiere combatir la coca, los principales oponentes a ello son los mismos agricultores y la gente que trabaja en ese rubro. Consideran que es un bien fantástico, que les da mucha utilidad. Si Estados Unidos quisiera proteger a su juventud contra la droga, sería mejor negocio que le preguntara a cada agricultor relacionado con la coca cuánto gana y le pagara un sueldo mensual. Dentro de los mismos países mencionados hay gente enquistada que les dice que debe ser rechazado ese tipo de proyectos y proteger su agricultura. ¡Cómo va a ser una manera de proteger la agricultura el que todo el mundo tenga acceso a la coca! Para nosotros eso es incomprensible. Pero así es la cultura de esos países. Eso es lo que hay que trabajar con calma. Cuando se analizan estos tratados, como decía el diputado señor Jaramillo, uno se encuentra con cosas curiosas. Aquí hay gente que tiene muchos nexos con los países que voy a nombrar, con los cuales nos gustaría contar con mejores vínculos. De paso, aprovecho de expresar que ojalá pase lo mismo con la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, y que no perjudique nuestra agricultura, a la que, desde ya, anuncio que la protegeremos. Por ejemplo, Estados Unidos de América -¡cosa curiosa!- casi nunca ratifica los Acuerdos de la ONU, porque dicho país actúa de motu proprio. Esta situación es preoucpante, porque esa nación debiera ser uno de los principales apoyos en esta tarea y tener mano dura para combatir este tipo de delincuencia. De allí salen los traspasos de bienes que son consecuencia de negocios sucios, de gente que forma un capital y finalmente blanquea esos dineros mal habidos. Pero eso tiene un costo: ¿Cuántos miles y miles de jóvenes y de niños insertos en la drogadicción entran en un proceso que después resulta irreversible? Se trata de un peligro patente, y, por lo tanto, debemos preocuparnos de erradicar de raíz la corrupción derivada del tráfico de drogas. Ese delito deriva en el blanqueo de dinero, en el traspaso de bienes, etcétera. Incluso, muchas veces esas organizaciones financian actos terroristas para utilizarlos como una herramienta distractiva. En Colombia, por ejemplo, el ejército de los terroristas es más poderoso que el del propio país. En consecuencia, cooperar para combatir este flagelo es una tarea que incumbe a todos los órganos del Estado. Quiero un Chile libre de drogas y de lavado de dinero. Este problema no es de exclusiva competencia de un gobierno determinado, sino de todos, y todos debemos ser capaces de matar el monstruo cuando está creciendo, porque en su adultez termina atrapándonos con sus tentáculos. El dinero no corrompe por sí solo; siempre hay alguien que desea dañar a otra persona, que no aguanta la tentación de ganar dinero fácil. Ojalá que éste sea el primer paso para detener estas conductas delictivas en Chile. Por lo señalado, en nombre de Renovación Nacional y en el mío, anuncio, con mucho entusiasmo y fuerza, nuestro voto favorable al proyecto. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta Cámara, para mí constituye un deber señalar que esta Convención es el tipo de documentos oficiales por los cuales la Comisión ha venido clamando desde hace algún tiempo, ya que, día a día, constata la existencia de grupos o bandas internacionales que incurren en los delitos que se tipifican en dicho instrumento. Hemos avanzado en el conocimiento de lo que significa la existencia, en Chile, de este tipo de organizaciones extranjeras que actúan, tanto en el país como en el exterior, en general, en delitos vinculados al lavado de dinero y al tráfico de drogas. Incluso, al revés de lo señalado por el diputado René Manuel García, precisamente, dadas las características de seguridad y de tranquilidad que imperan en Chile, los delincuentes saben que se trata de un país ordenado donde las cosas están funcionando bien y donde no existen ejércitos o bandas de narcotraficantes en pugna, como ocurre en otros lugares en los cuales es muy complejo y difícil traficar drogas. Entonces, los países más calmos y tranquilos, como el nuestro, se transforman en los más fáciles para desarrollar este tipo de actividades. ¡Vaya paradoja! En los países donde se está mejor, resulta más fácil traficar drogas, hecho que -lo hemos revisado en distintas oportunidades- es extraordinariamente peligroso. En relación con el concepto de soberanía al cual se refirió el diputado Jaramillo, cabe señalar que los países van cambiando sus conceptos según avanza el tiempo y las circunstancias. Así, entre los siglos XVII y XIX, por ejemplo, como consecuencia de la extracción y traslado de minerales preciosos desde América Latina hacia a Europa, la abundante piratería que surgió en ese momento llevó al establecimiento de una legislación que contradecía el concepto de Estado-nación, que se desarrollaría a partir de 1800 en todos los países, el cual consistía en una especie de Estado encastillado, con soberanía absoluta, donde nadie podía intervenir en el juzgamiento de delitos cometidos en su territorio. Pero ese concepto jurisdiccional cambió en el caso de la piratería, de manera que quien comete ese delito pudo ser detenido y juzgado en cualquier Estado, porque los países consideraron el ilícito como internacional. Traigo esto a colación porque hoy, en pleno siglo XXI, existen precisamente bandas internacionales del siglo XXI. En los siglos XVII y XVIII ya se pensó en establecer un convenio para combatir la piratería. En la actualidad, se hace a través de las reglas propias de la modernidad y de acuerdo con las necesidades del mundo interconectado. Para mí constituye una verdadera pasión la cantidad de oportunidades que ofrece el mundo interconectado: información, precios más bajos, productos que llegan de todos los lugares del mundo y que se pueden encontrar hasta en los más modestos supermercados, educación por medios inimaginables, inversiones que pueden efectuarse en cualquier parte del mundo, viajes, tecnología, comercio, nuevos mercados. Todo maravilloso. Sin embargo, también hay amenazas; este mundo interconectado es de oportunidades y de amenazas. Por lo tanto, Chile debe estar preparado para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas de diversa índole: competencia desleal, industrias que son aplastadas por productores que invaden los mercados, legislaciones laborales dispersas y diferentes que hacen más difícil la competencia, y delincuentes bien informados -a eso se refiere, precisamente, este Convenio- y tecnológicamente bien preparados. Como lo señaló muy bien el diputado René Manuel García, tienen muchos conocimientos e información, lo que, unido a la tecnología computacional, les permite organizar bandas, intercomunicarse y utilizar armamento sofisticado en cualquier parte del mundo. Tal como manifestó el profesor José Luis Cea cuando discutíamos la creación de la Corte Penal Internacional, es necesario pensar de otra manera el concepto de soberanía. Lo mismo ocurrió cuando se trató de crear el Tribunal Civil de Roma. Asimismo, hay que entender que en este mundo globalizado e interconectado, tal como se pensó cuando se legisló sobre la posibilidad de juzgar los delitos de piratería, tal vez, algún día, se juzgarán, incluyendo a Chile, los delitos de derechos humanos, que constituyen una amenaza para la humanidad. Hoy no ocurre eso, pero estoy cierto de que nuestro Congreso Nacional no se quedará atrás y legislará para que estos delitos sean juzgados sobre la base de una estructura jurídica internacional. La Convención compromete a los Estados a adoptar las medidas legales, administrativas o de otra índole que fueren necesarias para prevenir, investigar y juzgar los delitos que los Estados parte se comprometen a tipificar en su ordenamiento interno, ya sea que se cometan en su territorio, a bordo de un buque que enarbole su pabellón, en contra de uno de sus nacionales, o que se cometan fuera de su territorio, pero con la finalidad de producir efectos en su territorio. Asimismo, tipifica los delitos y define lo que es un grupo delictivo organizado, señalando que es el estructurado por tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Es decir, la Convención avanza en describir muy bien lo que es un grupo organizado, porque una cosa es hablar en forma coloquial de bandas organizadas, y otra muy distinta tipificarlas. Se avanza también en relación con el lavado de dinero y respecto del tema de la soberanía. Sobre este último punto, la Convención dispone que, en resguardo de la soberanía de los Estados parte, estos deberán observar en la aplicación de la Convención los principios de la igualdad soberana, de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y de respeto de la jurisdicción. Entonces, la idea del peso relativo de la soberanía cuando se trata de delitos contra la humanidad, que ocurren en todo el mundo -como lo expresó José Luis Cea cuando se discutió la creación de la Corte Penal Internacional-, en materia de derechos humanos, también es aplicable, como concepto, a la idea de independencia, de Estado soberano, de justicia y de mundo interconectado que debe enfrentar grandes amenazas, no obstante que éste ofrece maravillosas oportunidades. Por lo tanto, convencida de que contribuirá a la lucha contra la delincuencia, no sólo en el mundo, sino también en nuestro territorio, y preocupada y dolida por la invasión de bandas que incitan a cometer estos delitos, la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto de acuerdo que aprueba esta Convención. Para terminar, felicito a los miembros de la Comisión, a Jorge Burgos por el trabajo de lujo que realizó como subsecretario del Interior y que apuntó en esa línea, y al diputado Iván Moreira por el completo informe que entregó. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, sólo para ratificar lo dicho aquí y destacar la importancia que reviste la aprobación de esta Convención. Es evidente la relación que existe entre terrorismo organizado, delincuencia transnacional organizada, drogas ilícitas, tráfico ilícito de armas, productos químicos, etcétera. Quienes hemos estado vinculados al estudio de los problemas que ocasiona el tráfico de drogas, desde que en la Cámara aprobamos la ley antidrogas, estamos conscientes de que los esfuerzos realizados por casi todos los países, lamentablemente, han resultado infructuosos. Sin duda, existe consenso internacional en cuanto a que la cooperación entre los pueblos es tremendamente importante si se pretende tener éxito en la lucha contra la droga. Por eso, anuncio con mucho agrado que nuestra bancada va a aprobar esta Convención, porque constituye el primer instrumento jurídico mundial -esto es muy importante- en la lucha contra la criminalidad organizada. Por cierto, esto es de gran relevancia, sobre todo en el Chile de hoy, que todavía teme que se repitan hechos como los sucedidos, hace casi dos años, un 11 de septiembre, en Estados Unidos de América. Por eso, el Congreso Nacional está respondiendo a una necesidad mundial, que obliga, como consecuencia de los hechos que hemos recordado, a una comunidad de acciones en pro de la lucha contra la criminalidad organizada. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor JARPA (Vicepresidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada”. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguientes resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JARPA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Paredes, Riveros, Robles, Saffirio, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock.INFORME DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA INVESTIGADORA DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE DOMINIOS EN INTERNET Y CONDUCTAS DE MICROSOFT EN CHILE. El señor SILVA (Vicepresidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en la investigación sobre los problemas producidos con motivo de la inscripción de dominios en internet, las conductas realizadas por Microsoft en Chile y las consecuencias de la campaña antipiratería seguida por algunas empresas en el país. Diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología es el señor Carlos Kuschel. Antecedentes: -Informe de la Comisión investigadora, sesión 16ª, en 13 de noviembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 13. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, la Comisión de Ciencias y Tecnología estudió dos proyectos de acuerdo que dicen relación con estas materias: el Nº 470, aprobado el 3 de octubre de 2000, y el Nº 572, aprobado el 4 de junio de 2001. Concluimos nuestro trabajo en octubre de 2001; de manera que estamos informando con casi dos años de atraso sobre un tema que dice relación con la inscripción de dominios de internet, con las conductas de Microsoft en Chile y con las consecuencias de la campaña antipiratería seguida por algunas empresas. Hago presente lo tardío del informe, porque en muchos aspectos hemos perdido actualidad, en particular en las materias señaladas. Mediante el primer proyecto de acuerdo, la Cámara de Diputados facultó a la Comisión de Ciencias y Tecnología, con el fin de que se constituyera como Comisión investigadora para abordar, en un plazo máximo de treinta días, la problemática actual y futura que pudiera generar la inscripción de registros de dominio, tanto particulares como corporativos, en particular las relacionadas con el patrimonio cultural e histórico del país, así como de organismos e instituciones del Estado, por parte de personas o empresas organizadas para ello, considerando especialmente el incremento de los registros de dominio en Chile, y emitiera un informe que explicara detalladamente los procedimientos y alcances del proceso de registro de nombres de dominio en el dominio general cl, así como en las formas punto com, punto net y punto org, junto a propuestas legislativas y reglamentarias tendientes a evitar los problemas señalados. Éstas son formas que se utilizan en el ámbito de la informática en todo el mundo. Mediante el segundo proyecto de acuerdo la Cámara de Diputados mandató a la misma Comisión para que, constituida en Comisión investigadora, ampliara el alcance de los objetivos que persigue en la problemática actual y futura que puede generar la inscripción de registros de dominio en el uso de internet, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de acuerdo Nº 470, y le encomendó, además, que investigadora acerca de los ilícitos que las justicias norteamericana, europea y de otros países han establecido que fueron cometidos por Microsoft y los daños que de ellos se derivarían para nuestro país, y que formulara las propuestas legislativas y reglamentarias pertinentes. Además, se le encomendó que investigara las circunstancias que rodean la campaña antipiratería que desarrolla la ADS y que efectuara las propuestas legislativas y reglamentarias tendientes a evitar los daños que significaría esta campaña para la economía chilena, y a informar a las empresas nacionales, muy especialmente a las Pymes, sobre sus derechos y posibilidades de defensa frente a dicha actividad. La Comisión recibió al señor Álvaro Díaz Pérez, subsecretario de Economía; al señor Patricio Poblete Olivares, director de Nic-Chile; a la señora Margarita Valdés, abogada asesora de Nic-Chile; al señor Ignacio Jara Valdivia, jefe del Programa Enlaces del Ministerio de Educación; al señor Nicolo Gligo, director de Prospectiva y Estrategia Internacional de la Corfo; al señor Rodrigo González, gerente general de la empresa Max Media; al señor Guillermo Carey, miembro del Comité Asesor de Nic-Chile y miembro electo de Domain Name Supporting Organization (Dnso), que es un consejo asesor de Icann; al señor Rodrigo Rojas Palma, abogado de la Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos S.A. (Sonda); al señor Sergio Amenábar, presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi); al señor Andrés Echeverría, secretario de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi); al señor Rodrigo Alonso Aguirre, gerente general de Microsoft Chile S.A.; al señor Antonio García Varela, director de Consumidores en Acción ONG (Conacción); al señor Jorge Miguel Otero, asesor jurídico de la empresa Microsoft Chile S.A.; al señor Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual (Conapi); al señor Humberto Carrasco, magíster en derecho informático; al señor Alberto Contreras, abogado; al señor Osvaldo Schaerer de la Vega, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (Acti), y al señor Enrique Fanta Ivanovic; subdirector del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. Asimismo, la Comisión remitió oficios a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear; al jefe del departamento de informática de la Cámara de Diputados; al director ejecutivo y al subdirector del proyecto de reforma y modernización del Estado, señores Rodrigo Egaña Baraona, y Enrique Fanta Ivanovic, respectivamente. En relación con la inscripción de dominios en Internet, la Comisión propone:1. Incorporar el sistema de nombres de dominio “country code” (ccTLD) “.cl”, de Chile, al patrimonio y administración directa del Estado de Chile a través de la dictación de un decreto supremo 2. Modificar la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, y su respectivo reglamento, como una forma de incorporar el registro de nombres de dominio a la legislación chilena.3. Crear de un conservador de nombres de dominio con carácter autónomo e independiente En relación con la investigación de los ilícitos cometidos por Microsoft y sus efectos en Chile, la Comisión recibió dos proposiciones: una, del señor Walker, don Patricio, y la otra, del señor Navarro, don Alejandro. La proposición del Diputado Walker, don Patricio, se aprobó por la unanimidad de los señores Diputados presentes y se acordó incorporar la proposición del diputado Navarro como voto de minoría. La proposición del diputado Walker dice: De los antecedentes reunidos y de los testimonios recibidos, es posible concluir: a) Las conductas imputadas a Microsoft en el proyecto de acuerdo Nº 572 constituyen hechos ocurridos fuera del territorio nacional, atribuidos a Microsoft Corporation, empresa norteamericana sin domicilio en Chile y no sometida a la legislación chilena.b) Las conductas imputadas son objeto de procesos judiciales pendientes e investigaciones aún no terminadas -me refiero a octubre de 2001-.c) El proceso seguido en Estados Unidos en contra de Microsoft fue revisado por la corte de apelaciones de dicho país, y se dictó sentencia con fecha 28 de junio del 2001, que rechazó muchas de las imputaciones efectuadas por el juez Jackson a dicha empresa, concluyendo que no existía mérito suficiente para dividirla.d) La misma sentencia dedica más de veinte páginas a descalificar la actuación del juez señor Jackson, a quien lo acusa de parcial, sesgado y falto de ética, removiéndolo del caso.e) Microsoft y el Gobierno de Chile se encuentran desarrollando una serie de proyectos en beneficio del Estado de Chile, de la educación y, especialmente, de las Pymes, como producto del acuerdo firmado por su Excelencia el Presidente de la República y el señor Bill Gates, con fecha 28 de noviembre de 2000, en la ciudad de Redmond, Seattle, Estados Unidos de América, con motivo de la visita efectuada por el Presidente de la República y una comitiva de personeros de gobierno, parlamentarios y representantes del sector privado. Así, carece de todo asidero la afirmación de que Microsoft causa perjuicio a Chile por 800 millones de dólares, más aun cuando dicha empresa debe pagar al fisco de Chile el 30 por ciento de cada licencia que vende a título de impuesto adicional de retención, señalado en el artículo 59 de la ley de impuesto a la renta, el que es muy superior al que normalmente se aplica en Chile a cualquier otra industria o comercio. Esto tiene que ver con la piratería, como veremos más adelante.f) Respecto de la campaña de la ADS, se ha acreditado que ella se enmarca dentro de la legalidad, habiéndose ejercido por sus asociados las acciones judiciales que permite el ordenamiento jurídico, comúnmente ejercidas por toda la industria basada en la propiedad intelectual, como videos, música y libros. Asimismo, se acreditó que las acciones judiciales se efectuaron dentro de los procesos legales establecidos en la ley y que no se siguió ninguna acción judicial en contra de las Pymes, no obstante existir facultad legal para ello. Además, la campaña fue acompañada de rebajas de precio y facilidades de financiamiento por los distribuidores de software. El artículo 73 de la Constitución Política de la República, en parte, dispone: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Dicha disposición constituye el fundamento de la división de poderes, propia de un Estado de Derecho, y está en concordancia con los artículos 1º, 4º y 12 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de los cuales establece claramente que al Poder Legislativo no le corresponde revisar materias propias del ámbito judicial. Asimismo, de conformidad con el artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno, no teniendo competencia para fiscalizar conductas de empresas privadas. De hecho, las investigadas por el juez Jackson se limitan a conductas entre particulares y no guardan relación alguna con el Gobierno de Chile. De este modo, el proyecto de acuerdo, al pretender revisar las acciones judiciales iniciadas con motivo de la campaña de la ADS, al dar por establecidos hechos que están siendo investigados en una jurisdicción extranjera y al pretender revisar actuaciones entre particulares, es contrario a la independencia del Poder Judicial y ajeno a la competencia de la Cámara de Diputados. La Comisión hace suya la aprensión en cuanto a la necesidad de proteger eficaz y oportunamente la propiedad intelectual, manifestada por la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual, Conapi, formada al alero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile e integrada por la Cámara Chilena del Libro, la Sociedad de Gestión de Derechos Literarios, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la Sociedad Chilena de Intérpretes, la Asociación de Impresores de Chile, la Asociación de Distribuidores de Software, la Asociación de Productores Fonográficos, la Sociedad de Escritores de Chile, el Colegio de Bibliotecarios, el Consejo Nacional del Libro y la Cultura y Distribuidores de Videogramas. No obstante lo anterior, la Comisión estima imprudente el tono agresivo de la campaña de la ADS, por encontrarlo impropio en un momento difícil para la economía del país. Sin embargo, la Comisión valora el hecho de no haberse iniciado acciones legales en contra de las Pymes y las facilidades de financiamiento y rebajas de precios ofrecidas por los distribuidores de software. Se recomienda a la ADS continuar con su esfuerzo de proteger la propiedad intelectual, empleando un tono más positivo y menos beligerante. Se ha tomado conocimiento del instructivo presidencial para el desarrollo del gobierno electrónico, GAB. PRES. Nº 005, de 1 de mayo de 2001, en cuanto dispone el absoluto respeto a la propiedad intelectual del software, y solicita que éste se extienda a todo el sector público, incluidas las empresas del Estado, y cubra la propiedad intelectual no sólo del software, sino también de videos, música, libros y demás creaciones intelectuales amparadas por el derecho de autor. El señor JARPA (Vicepresidente).- Diputado Kuschel, se ha completado el tiempo que se fijó para que rindiera su informe. Le pido que redondee la idea. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, he resumido mi exposición al máximo. Me remití solamente a los considerandos de los proyectos de acuerdo y ahora expongo las conclusiones de la Comisión. El señor JARPA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se le otorgarán algunos minutos para que concluya. ¿Habría acuerdo en tal sentido? Acordado. Puede continuar su señoría. El señor KUSCHEL.- La Comisión insta al Congreso y al Supremo Gobierno a redoblar los esfuerzos para actualizar la legislación nacional sobre propiedad intelectual, con la creación de mecanismos que propicien un adecuado y oportuno respeto de la misma, para que Chile se coloque a la par de las naciones más avanzadas y sea un polo de desarrollo en esta área, tal como lo están haciendo Irlanda o India. A continuación figura el voto de minoría, a proposición del diputado señor Alejandro Navarro, quien seguramente desea fundamentarlo. Por razones de tiempo, dejaré hasta aquí mi informe. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, agradezco al Partido por la Democracia la cesión de su tiempo, que me permite entrar en un tema apasionante. El trabajo de la Comisión y, particularmente, los más de dos años que tardó este informe en ser visto en la Sala demuestran que, a pesar del avance tecnológico que ha impulsado el Gobierno y, en especial, de la exigencia mundial de desarrollo, de crecimiento y de modernidad, esta materia no está acorde con la preocupación del Congreso. Los dos años que el informe se demoró en llegar a la Sala -sólo hace una hora y media me enteré de que se vería hoy- revelan que, en definitiva, tenemos una cierta lejanía y no comprendemos cabalmente el fenómeno. He solicitado autorización a la Mesa para exponer mediante el sistema Datashow, pero no se me ha otorgado. Se me ha señalado que sólo pueden hacerlo los diputados informantes. Siento que -espero demostrarlo- el Congreso y el Gobierno de Chile deben tener una preocupación más decidida respecto de un fenómeno que recién comenzamos a visualizar. Expondré las razones fundamentales por las cuales creo que la Comisión investigadora intentó cumplir su trabajo, pero no logró explicar por qué Microsoft está siendo enjuiciada en Estados Unidos de América y en Europa. Aquí no hay enemigos de Microsoft. Los Estados de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos de América -a través de su Departamento de Justicia- están llevando hoy, en septiembre de 2003, acciones en contra de Microsoft. Además, señalaré por qué, en términos de los acuerdos comerciales que hemos suscrito en el TLC, me parece inaceptable que aquellos delitos que Microsoft comete en Estados Unidos de América y en Europa no sean considerados como tales en Chile. Es decir, las actitudes que Europa y Estados Unidos de América -los propios Estados; no la competencia- le impugnan a Microsoft son hechos legales en Chile. Desde hace más de cinco años se vienen presentando diversas denuncias en contra de Microsoft, particularmente a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. El 29 de julio de 2001, Microsoft fue condenada en apelaciones, en Washington. El 6 de julio de 2001, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Corte de Apelaciones, solicitó urgencia para continuar con las acciones contra Microsoft. Después, el 16 de julio de 2001, BusinessWeek, la revista de negocios más vendida en el mundo, denunció una campaña ilegal de Microsoft, a través de la cual pretendía engañar al Senado de Estados Unidos de América respecto de situaciones que esa Cámara estaba investigando. El 24 de julio de 2001, el Senado decidió efectuar una investigación a Microsoft, la que está en desarrollo. Entre paréntesis, debiera ser un honor para esta Cámara, de un país ubicado en Sudamérica, en el rincón del mundo, investigar a Microsoft. Los resultados del informe de minoría revelan aquello. El informe de mayoría, en cambio, me parece insuficiente y desproporcionado. Durante el proceso de la investigación, diversos diputados intervinieron para que no se televisara el debate, lo que me parece una situación absolutamente extraña, pero la puedo entender. Se acordó suspender las transmisiones televisivas de la Comisión investigadora, por cuanto se sostuvo que el tema decía relación con una empresa privada. Creo que es la única vez que la Cámara ha impedido el debate televisivo de una Comisión investigadora. Además, se terminó anticipadamente con la investigación, cuando aún quedaban cuarenta días. Varios parlamentarios solicitaron adelantar su cierre y elaboraron un informe de mayoría, de una página y media, que, en mi opinión, es una vergüenza con respecto al grado de dedicación y de compromiso, debido a la importancia de la materia. Tal como señalan la Comunidad Económica Europea y el gobierno de los Estados Unidos de América -cuya cercanía ideológica que pudiera atribuírseles a quienes hemos planteado esta investigación, no es tal-, a través de informes internacionales, Microsoft tiene un total y absoluto dominio sobre internet o está propiciando dicho dominio. Diversos países, entre ellos Alemania, Brasil y Chile han manifestado su preocupación por el avance incontenible del monopolio Microsoft. Hemos intentado investigar en tres grandes áreas: La primera está relacionada con los delitos y daños que produce la condición monopólica de Microsoft. Por medio de la segunda se pretende saber cómo podemos defendernos de esa situación. La tercera, que no se ha resuelto ni siquiera en Estados Unidos de América ni en la Comunidad Europea, es cómo eliminar hoy el monopolio. ¿Qué pasaría si prescindiéramos de Windows? En la Comisión tuvimos la posibilidad de recibir a los expertos de Linux, que aparece como una alternativa deseable, pues es gratuito y sin posibilidad de virus. Se trata de un software de código abierto, es decir, proporciona a los usuarios total y absoluta transparencia, lo que impide la totalidad de los hechos delictivos que mencionaré a continuación. Hoy, en Chile, en materia de daño a las personas, Microsoft suministra programas con basuras y vicios ocultos, lo que las obliga a comprar, cada cierto tiempo, un nuevo computador, cada vez con mayor capacidad. Los equipos quedan obsoletos en uno o dos años. Sin embargo, si no se usaran los sistemas de Microsoft, deberían durar perfectamente siete o más años. Lo que ocurre es que dichos sistemas están diseñados para que los equipos dejen de ser capaces de atender los cambios sucesivos de los programas. Es decir -insisto-, se introduce basura a las computadoras, lo que impide la modernización y el desarrollo, y adelanta su obsolescencia. Actualmente, un programa de software puede llegar a costar hasta el 80 por ciento del hardware. Es decir, un programa para un computador puede llegar a costar 50, 60, 70 y hasta 80 por ciento del valor del computador completo. Los programas Word y Excel son los caballos de Troya para este delito. El primero de ellos siempre duplica las necesidades que tiene para operar. En un comienzo, un computador necesitaba medio megabyte; luego, uno, dos, cuatro, etcétera; hoy necesita 128 megabytes. En la Comisión tuve la oportunidad de ver tres computadores en funcionamiento, con varios años de diferencia entre ellos. La velocidad de encendido entre uno y otro nos dejó pasmados. Hoy, para encender un computador necesitamos cinco minutos; hace diez años, sólo cuarenta o cincuenta segundos. ¿Por qué hoy, con toda la modernidad, los computadores siguen creciendo y el tiempo de encendido sigue aumentando? En 1994, un computador con 12 megabytes en RAM funcionaba perfectamente. En 1997, ya tenía 32 megabytes; en el 2000, 128 megabytes y hoy se utilizan 256 megabytes. Esto es innecesario y el resultado de un esquema ilegal. Un megabyte, en RAM, equivale a un libro de trescientas páginas; por lo tanto, cuando Word necesita 100 megabytes para escribir, significa que para ello requiere de una capacidad equivalente a cuarenta mil libros de trescientas páginas cada uno. Esto es un artificio, es parte del engaño, pues Word -reitero-, hace diez años, hacía lo mismo con mil páginas y, anteriormente, lo hacia con cien páginas. Si hemos tomado la decisión de investigar a Microsoft en Chile, lo hacemos con el absoluto convencimiento de que el Estado tiene que precaverse de los delitos por los cuales hoy esa corporación es denunciada, demandada y juzgada en Europa y en Estados Unidos de América. ¿De qué se la acusa? ¿Por qué se procesa y condena a Microsoft en Europa, con cuya Comunidad Económica nuestro país ha firmado un tratado de libre comercio? Se señala que, valiéndose de su monopolio -que está lejos de mi ideología y de mi forma de pensar-, obliga a los fabricantes de computadores a instalar el programa Windows; que les prohíbe instalar los programas que deseen; que les exige que sus PC, al ser encendidos, muestren los mensajes y la publicidad que Microsoft determina, y que le paguen por cada PC que se vende, contenga o no programas de su marca. Todos esos hechos fueron comprobados a través de los procesos que lleva el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. El conjunto de estas acciones han permitido a Microsoft retrasar -también en Chile- el desarrollo tecnológico en el área del software, y obligado a personas, a empresas y a gobiernos, a reemplazar, cada vez con mayor frecuencia, los computadores y programas que utilizan, a los cuales les cobran cada vez más por programas supuestamente nuevos que, además, funcionan mal. En la Cámara de Diputados aún no sabemos cuánto ha pagado el país por concepto del uso de licencias. En la Comisión, insistentemente, pedí al Ejecutivo que me entregara toda la información relacionada con el pago de licencias. La Policía de Investigaciones me señaló que, en los últimos tres años, pagó 168 millones de pesos; la Contraloría General de la República e Impuestos Internos respondieron que, entre 1995 y 1999, no se pagó ningún tipo de licencias. Sin embargo, sabemos que los costos son elevados. Una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América acusa a Microsoft de conductas monopólicas y de otros ilícitos. Estas sentencias condenatorias datan de 1999. La Corte de Apelaciones, en 2001, después de aplicar una multa de casi mil millones de dólares, confirmó que Microsoft incurrió en delitos, y los especificó claramente. Los principales actos ilegales por los cuales Microsoft fue demandado por la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, en Washington D.C., a partir del 18 de mayo de 1998, son: amarrar productos, es decir, obligar a comprar lo que no se quiere a cambio de adquirir lo que sí se necesita; imponer acuerdos comerciales; impedir la competencia de otros en el mercado; desarrollar prácticas anticompetitivas con el objeto de afectar a otros y mantener su monopolio; privar a los consumidores de su libertad de elección; reducir la capacidad de elección de los consumidores; forzar a los fabricantes de PC y a otros compradores a actuar bajo su absoluta direccionalidad; obligar a los fabricantes de PC a adoptar una secuencia uniforme de encendido de pantalla y apertura especificada por Microsoft; afectar adversamente la innovación; desincentivar la investigación y desarrollo de nuevos productos, e impedir que competidores, a pesar del éxito obtenido en desarrollar innovaciones, comercialicen sus productos mejorados. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea determinaron investigar a Microsoft, no por el cúmulo de ilícitos mencionados, sino por algunos más recientes. En Chile está a la venta la versión innecesaria y defectuosa de Windows 2000 y la de Windows XP. Con este último hemos entrado a nueva era, ya que a través de él se pagará el arrendamiento del software. Es decir, por cada computador se hará exigible un software, puesto que, cada vez que sea instalado, un código determinado pedirá una autorización de acceso para permitir su uso y, con eso, evitar la piratería y la duplicación. Esto es equivalente, por ejemplo, a que si compráramos un casete con música, se nos dijera que sólo puede ser escuchado en una determinada radio. Por lo tanto, si hay mil computadores, en cualquier lugar del Estado, tendremos que pagar mil licencias, una por cada computador, y cada vez que queden obsoletas, habrá que renovarlas. Y, como indiqué, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó que los programas contienen basura, que adelanta su obsolescencia e impide modificarlos. Nuestra Cámara de Diputados se ha visto obligada a sustituir el programa Office 97 por el Office 2000, y en pocos meses tendrá que pasar del programa Windows 98 a Windows 2000. En México intenté entrar a mi página web -www.navarro.cl-, donde aparece parte importante de estos contenidos -cuya discusión se ha dilatado tanto, pues han transcurrido más de dos años y medio para analizar este informe-, pero no pude visualizar toda la información, porque el Senado de la República de México ocupa Windows 2000 y yo tengo Windows 95. ¿Qué se deduce de esto? Que, aunque no lo necesite, debo comprar el programa Windows 2000, y la Cámara de Diputados deberá comprar licencias de softwares que no requiere, puesto que, en definitiva, por el dominio del mercado, se la obliga a “renovarse”. En relación con la protección del consumidor, las sentencias condenatorias señalan que Microsoft ha incurrido en numerosos delitos en perjuicio de los consumidores. Les impone costosas restricciones; impone a los fabricantes provisiones que los inducen a concentrar sus esfuerzos en producir equipos caros; expuso, a quienes utilizan el navegador en Windows 98, a riesgos de privacidad y de seguridad que son específicos de los controles de los programas Internet Explorer y ActiveX; produjo daño a consumidores que quisieron usar Internet Explorer, y ningún otro navegador, con Windows 98 -es decir, obliga a utilizar su navegador-; obstruyó innovaciones; privó considerablemente a los consumidores de su libertad de elegir; exigió a los proveedores de internet que crearan contenidos diferenciados, los cuales estaban disponibles sólo para usuarios de Internet Explorer, sobre la base de que serían más atractivos a través de ese programa que de cualquier otro buscador, y también exigió explícitamente a los proveedores que el contenido apareciera degradado cuando fuera visto con el navegador de Netscape, en vez del explorador de Microsoft. Todos estos informes que tengo en mi poder son copias oficiales de las actas de la investigación que ha efectuado el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. En el caso de la pequeña y mediana empresa (Pyme), estamos ante un problema realmente grave, como también en el ámbito de la educación. Tengo en mis manos copia del convenio que firmó el Ministerio de Educación con Microsoft, por el cual recibimos una donación de un millón de dólares. La notable lucidez comercial o visión de futuro de Microsoft no se condice con lo que pensamos, con su falsa generosidad. En todo el paquete de acuerdos no estaba incluido el Office 2000, cuya licencia tiene un costo aproximado de 200 mil pesos. La versión académica vale 100 mil pesos, pero se nos ha indicado que habrá una rebaja de 50 por ciento; o sea, vamos a pagar 50 mil pesos por cada licencia. El convenio establece entre 15 mil y 100 mil estudiantes; es decir, por el solo concepto de licencias del Office académico, el Ministerio de Educación deberá pagar, en los próximos dos años, un total de 7 millones de dólares, y hemos recibido en donación un millón de dólares. Ésa es la “generosidad” de Microsoft. Además, las imposiciones de este convenio con el Mineduc han sido desconocidas. ¿Cuál es su cláusula séptima? A pesar de que esto me pueda significar un nuevo conflicto con mi gobierno, debo decir que es realmente escandalosa. Señala: “El Ministerio, en atención al esfuerzo y despliegue de recursos físicos y humanos que Microsoft realizará en la educación chilena, y, en virtud de las obligaciones contraídas por este acuerdo, se compromete a dar una amplia difusión a los programas y proyectos en que Microsoft participe en virtud del mismo, cuya naturaleza y extensión se acordará de mutuo consentimiento entre las partes a través de los canales habituales del Ministerio”. Hoy, en Chile, Microsoft tiene el monopolio, el 95 por ciento del mercado sobre el manejo de los softwares, y el Estado le brinda toda la posibilidad de acceder a lo más esencial: la educación. ¿Qué sucede con el resto de la competencia? ¿Cuáles son las condiciones que ofrece Microsoft para permitir el desarrollo del software libre, como lo han determinado todos los estados en el mundo, particularmente de Europa? Entonces, ¿cuál es la tendencia modernizadora del Estado chileno, que va en contra de lo que establecen Europa y Estados Unidos de América respecto de esta empresa monopólica? No quiero leer una noticia de 1999, referida al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y al juez Jackson, sino lo que señala el sitio bbcmundo.com, con fecha 6 de agosto de 2003: “Ultimátum para Microsoft. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, advirtió al gigante informático Microsoft que debe permitir una mayor competencia con sus rivales y no abusar de su posición dominante en el mercado. “Luego de una investigación que llevó cuatro años -la Cámara de Diputados estudió cinco meses el caso-, las autoridades europeas llegaron a la conclusión de que Microsoft continúa aprovechándose de su monopolio, evitando el uso de otros programas informáticos para mirar películas o escuchar música dentro de su sistema operativo Windows”. Por su parte, la CNN en español, con fecha 6 de agosto de 2003, señala en su página en internet: “La Unión Europea acusó el miércoles a Microsoft de monopolio y definió por primera vez las medidas que pretende imponer a la corporación de informática por lo que calificó como abusos persistentes de su posición dominante en el mercado”. “La conclusión preliminar de la Comisión es que los abusos de Microsoft siguen produciéndose”, dijo la Comisión Europea en un comunicado. El comisionado europeo de competencia, Mario Monti, dijo que la Comisión había enviado a Microsoft una última declaración de objeciones, que incluye la identificación de los remedios apropiados”. Se trata de una reacción clara, nítida, de defensa de los usuarios y, particularmente, de la seguridad nacional. Tengo en mis manos informes de parlamentarios de todo el mundo que han llevado adelante este tipo de programas. Me referiré sólo a Windows. Hace dos años Microsoft liberó el fatídico Service Pack 5, que es una actualización del sistema operativo, y lo puso a disposición del público a través de Internet. Lo particular de este caso es que, durante el proceso de actualización, un empleado de Microsoft se olvidó de llevar a cabo un programa de limpieza previa de los programas, cuyo objetivo era eliminar todo rastro de nombres. Hoy en Europa y Estados Unidos no se sabe si los programas que difundió Microsoft tienen lo que se llama “puerta trasera, que está presente en todos los computadores que operan con Windows NT y subsiguientes. Se acaba de reconocer que no existe suficiente evidencia al respecto como para preocuparse, pero queda claro que hay anomalías de seguridad. En nuestro país desconocemos estas informaciones y, por ello, lamento el voto de mayoría de mis colegas de la Comisión Investigadora. Ellos no han leído, ni se han preocupado de tener a la vista los informes internacionales. Lamento profundamente, asimismo, que la Comisión haya tardado tanto tiempo en hacer llegar este informe a la Sala. Advierto que nuestro país, a la luz de los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos, y particularmente, frente a los desafíos de aquellos que se dicen libremercadistas o de alta competencia, debe poner el acento en evaluar lo que aquí se ha dicho. Quiero solicitar encarecidamente a los señores diputados que nos preocupemos de este punto. Asimismo, deseo que se les consulte a los diputados miembros de la Comisión el porqué de su voto de mayoría y por qué una investigación de miles de páginas se tradujo en un informe final de una página y media. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, la responsabilidad de cuándo se presentan los informes de las comisiones a la Sala no es de la Comisión. Incluso, algunos diputados ya no pertenecemos a esa Comisión, y en otros casos, se trata de una comisión constituida en otro período legislativo. Respecto de la tardanza con que llegó este informe a la Sala, quiero referirme a la forma como ha evolucionado la situación. En lo que dice relación con NIC Chile, sistema de nombres de dominio en Chile, en 1987 se le encomendó al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile la labor de llevar a cabo el registro de nombres para dominios “cl”. Este departamento asumió la responsabilidad, con acuerdo del doctor Jon Postel, quien coordinaba estas funciones como parte de las tareas de la Internet Assigned Numbers Authority. Hoy, las funciones de esta autoridad las tiene a su cargo Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). De acuerdo con la práctica internacional, el Departamento de ciencias de la Computación de la Universidad de Chile ofrece este servicio a la comunidad bajo el nombre de Nic-Chile, servicio que operó en forma completamente gratuita durante más de diez años. En 1997, Nic-Chile introdujo el cobro de una tarifa y se convirtió en pionero en el mundo al establecer la primera política de resolución de disputas por nombres de dominio basada en arbitraje. Actualmente, Nic-Chile exhibe una impecable trayectoria, ya que, desde octubre de 2001 hasta octubre de 2003, no hemos tenido noticias de nuevas dificultades. Nic-Chile tiene profesionales y equipos del mejor nivel, que aseguran un servicio ininterrumpido. En relación con la alta aceptación del dominio “.cl” en la comunidad de usuarios, en Chile, la gran mayoría de las empresas y personas que inscriben nombres de dominio, lo hacen bajo este “.cl”. En otros países, como España y Francia, la mayoría prefiere “.com”, debido al exceso de regulaciones existentes en esos países. En la actualidad, en nuestro país hay más de 90 mil nombres de dominio inscritos. El sistema de resolución de disputas ha sido muy exitoso en impedir que se generalicen los abusos en las inscripciones. Al mismo tiempo, permite combatir los abusos opuestos. Hasta ahora, tenemos una alta calidad de servicio al cliente, y el precio por dominio está dentro de los más bajos del mundo, aproximadamente veinte mil pesos por un período de dos años. Luego, la Contraloría General de la República reconoció la legalidad de la actuación de la Universidad de Chile en esta materia, otro aspecto más en el cual estábamos un poco desacompasados respecto de la solicitud que formuló esta misma Sala. Respondiendo un oficio de la Cámara, enviado en septiembre del año pasado, en que se cuestionaron diversos aspectos legales de la gestión de la Universidad de Chile en la administración de registros de dominio de “.cl”, la Contraloría General emitió un informe que, como conclusión, señala: “...esta Contraloría cumple con informar que no aprecia reparos que formular a su respecto, en relación con la actuación de la Universidad de Chile en la materia”. La investigación, que concluyó en este informe, se originó a causa del oficio Nº 10.927, de 5 de septiembre de 2001, del entonces segundo vicepresidente de esta Corporación, diputado don Rodolfo Seguel, quien solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre un conjunto de interrogantes formuladas por el diputado don Alejandro Navarro, en relación con la administración del sistema de nombres de dominio en nuestro país. Vistos estos antecedentes, con fecha 28 de enero de 2002, por oficio Nº 3.722, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento sobre atribuciones de la Universidad de Chile para administrar y registrar nombres de dominio “.cl”. En efecto, su respuesta a la Cámara de Diputados, que debiera conocer el diputado don Alejandro Navarro, la Contraloría General analiza las diversas objeciones que él mismo había formulado respecto de la actuación de la Universidad de Chile en la materia, especialmente en lo relativo a la legalidad de la gestión de la Universidad en materia de administración de los nombres de dominio “.cl”. Concluye señalando la inexistencia de reparos a dicha gestión. Mediante decreto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de junio de 2003, se creó el Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números, que se constituyó como un órgano consultivo, que tiene por misión generar discusión amplia en la materia. Esa iniciativa fue liderada por las subsecretarías de Economía y de Telecomunicaciones. Esos son antecedentes nuevos en lo que dice relación con Nic-Chile o la Universidad de Chile. En lo que dice relación con Microsoft, la Comisión Nacional Preventiva, frente al planteamiento que hiciera ante ella la ONG Conacción, emitió un dictamen con fecha 27 de marzo de 2003, que en su numeral 7 dice: “Requerida la ONG Conacción por la Fiscalía, para que proporcionara antecedentes circunstanciados sobre los hechos y conductas denunciadas, no atribuibles a Microsoft Corporation, en que hubiese incurrido concreta y directamente la empresa Microsoft Chile S.A., la denunciante -o sea la ONG Conacción- no aportó antecedente alguno.”. A continuación, en el numeral 8, el dictamen de la Comisión Nacional Preventiva expresa: “Con lo relacionado, es dable señalar que la denuncia de la ONG Conacción dice relación con conductas ocurridas en el extranjero, que serían atribuibles a Microsoft Corporation, empresa con domicilio en los Estados Unidos, y no a su filial en Chile, Microsoft Chile S.A.. Tales conductas han sido objeto de un proceso seguido ante el tribunal competente en los Estados Unidos, que aún no ha concluido. “Por otro lado, la denuncia no contiene conductas directamente imputables a Microsoft Chile S.A. que atenten contra la libre competencia en el mercado nacional, ni se han acompañado antecedentes fundados y graves que permitan concluir que las conductas imputadas a Microsoft Corporation que son objeto de proceso seguido en el extranjero hayan afectado la libre competencia en Chile. “Consecuente con lo anterior, corresponde rechazar la denuncia, atendido que no se comprobaron infracciones al Decreto Ley Nº 211.”. Este dictamen, que fue notificado a la Fiscalía Nacional Económica y a la denunciante, se adoptó en la sesión de 21 de marzo de este año, por la unanimidad de los miembros presentes: la señora Andrea Butelmann Peisajoff (presidenta) y los señores Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga, y fue remetido a esta Cámara por el secretario abogado de la Comisión Preventiva Central, señor Francisco Varas Fernández. Estos elementos adicionales al informe son útiles para actualizar el conocimiento que la Sala debe tener sobre un tema tan importante, como es el que estamos tratando. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, estamos frente al informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que hace más de dos años se constituyó en investigadora de los hechos que hoy conoce la Sala. Los dos años que se tomó la Comisión para el cumplimiento de la tarea encomendada pueden parecer un tiempo largo, pero lo cierto es que en materias como la ciencia y la tecnología es una eternidad. Por lo tanto, mucho de lo que se ha mencionado en el informe, lamentablemente, es difícil que pueda ser defendido hoy día, después de haber transcurrido esos dos años. Hago presente a la Sala que de los diputados que integraban la Comisión de Ciencia y Tecnología -de la que actualmente soy miembro- cuando se constituyó en investigadora de estos hechos, sólo el señor Correa aún es parte de ella. Por lo tanto, todo esto debemos mirarlo con mucha detención. Es un tema difícil, complejo, no fácil de entender. Con todo, no me referiré exclusivamente al tema de Microsoft, como lo ha hecho el diputado Navarro, pues creo que esta materia tiene un alcance mayor. Además, me parece obsesivo continuar investigando a esta firma norteamericana. Aparentemente, hay otros temas que se han pasado por alto. Concretamente, la Comisión investigó los problemas producidos con motivo de la inscripción de los dominios de internet. Aquí debiéramos señalar qué sucedió hace dos, tres o cuatro años respecto de lo que se pretendía con internet. En primer lugar, se hicieron grandes negociaciones. Basta recordar que un banco compró el sitio patagon.com en varios cientos de millones de dólares, y se creó toda una expectativa que, finalmente, no se cumplió. Muchas personas pensaron que registrar un nombre en un sitio de internet era el oro de la nueva California, lo que no fue así. Como bien señalaba el colega Kuschel, Chile puede demostrar una situación ordenada en esta materia, lo que es un ejemplo para el resto del mundo. En algún momento se creyó que podían surgir problemas, pero no fue así. En cuanto a las conductas realizadas por Microsoft en Chile, debo señalar que se trata de un tema bastante más complejo. Si escarbáramos un poco más, nos encontraríamos con disputas entre grandes consorcios de la tecnología. Ya no sólo se trata de peleas entre firmas, sino entre países. Dos grandes protagonistas son la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. En esa pelea se llevan adelante una serie de juicios respecto de los cuales debo reconocer que no me siento habilitado para analizarlos en profundidad. Con todo, en Chile existen los canales legales para abordar ese tema. Quiero recordar que en este tema existe responsabilidad del Gobierno. Hace algún tiempo, el Presidente de la República, acompañado de una vasta delegación, viajó a Silicon Valley, donde firmó una serie de convenios para acceder al primer nivel de la tecnología mundial. En ese viaje se firmaron convenios, se llevaron a cabo reuniones y se recibieron aportes. ¿Qué sucedió con los acuerdos que el Gobierno de Chile firmó en esa época con las principales firmas de tecnología computacional del mundo? Con todo, como se ha manifestado, Microsoft no tiene mayores problemas con la legalidad chilena. Por último, el informe aborda las consecuencias de la campaña antipiratería realizada por algunas empresas del país. Indudablemente, se trata de un tema que preocupa, sobre todo si, a futuro, se encarecen mucho los costos de actualización de los PC, lo que no sólo debe inquietar a nivel de privados. Otro tema que también figura en el informe, que tampoco se ha profundizado, se relaciona con la situación del programa Enlaces, que en su oportunidad se publicitó profusamente y cuyo objetivo es permitir que todos los colegios se encuentren enlazados a través de un sistema computacional, con acceso a internet y tecnología actualizada. Respecto de este punto, he llevado a cabo algunas investigaciones, en particular en la Octava Región. Si tuviera que calificar el proyecto, éste obtendría mala nota. Sobre el particular, se hizo un gran esfuerzo y una gran difusión, con mucha parafernalia, como, a veces, este Gobierno acostumbra; pero, posteriormente, no se hace seguimiento, no se actualiza, lo que impide que se cumpla con el objetivo final. Por lo tanto, es un tema que debiera preocuparnos como Comisión de Ciencias y Tecnología. A su vez, se hablaba de vender seis mil computadores, a través de Corfo, a la pequeña y mediana empresa. En consecuencia, sería interesante que, como Cámara, investiguemos para saber si ha llegado dicha tecnología a las Pymes, a fin de que se puedan desempeñar con mayor eficacia. En realidad, el informe es extemporáneo, por lo que me sumaré, al igual que la Unión Demócrata Independiente, a los diputados que en aquella oportunidad concurrieron con su voto para decir que no correspondía realizar esta investigación o que la información que se dio en ese momento bastaba. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Como faltan dos minutos para el término del Orden del Día, se suspende la sesión por ese lapso, para luego votar. -Transcurrido el tiempo suspensión: El señor JARPA (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Corresponde votar el informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en la investigación sobre los problemas producidos con motivo de la inscripción de dominios en internet y sobre las conductas realizadas por Microsoft en Chile y las consecuencias de la campaña antipiratería seguida por algunas empresas en el país. Tiene la palabra el diputado señor Navarro por un asunto reglamentario. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el informe contempla un voto de mayoría y uno de minoría. Como autor del voto de minoría, solicito votarlos en forma separada. El señor JARPA (Vicepresidente).- Señor diputado, la Mesa debe poner en votación el informe de la Comisión. Se entiende que prima el informe de mayoría. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito información para que los diputados que no estuvieron presentes en el debate sepan lo que están votando, porque no se sabe si rige el voto de mayoría o el de minoría. El señor JARPA (Vicepresidente).- Señor diputado, de acuerdo con el Reglamento, la Mesa debe poner en votación el informe que envió la Comisión y que fue presentado por el diputado Carlos Ignacio Kuschel. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención. El señor JARPA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Araya, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Letelier (don Juan Pablo) y Navarro. -Se abstuvo el diputado señor Encina.VI. PROYECTOS DE ACUERDOCOMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EVENTUAL USO DE FONDOS PÚBLICOS EN ACTIVIDADES ELECTORALES. El señor JARPA (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 264. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JARPA (Vicepresidente).- Por no haber alcanzado el quóum necesario, se declara rechazado.CALIFICACIÓN DE URGENCIA PARA PROYECTO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL. El señor JARPA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- ¨Proyecto de acuerdo Nº 266, de los señores Burgos, Saffirio, Walker, Muñoz, doña Adriana; Leal, Montes, Saa, doña María Antonieta, y Bustos. “Considerando: Que el fenómeno de la delincuencia es multicausal, lo cual es una aseveración indiscutida. En el análisis de sus causas es donde suelen encontrarse diversas posturas o tesis sobre las políticas públicas que es indispensable concretar, para obtener resultados positivos en la tarea de mejorar los estándares de seguridad ciudadana. Sin embargo, en una de estas causas -la conducta antisocial de las personas jóvenes- existe un importante grado de acuerdo en que allí está radicado uno de los elementos centrales en donde deben aplicarse planes y programas de reinserción social. Cabe preguntarse: ¿quiénes son esos jóvenes?, ¿qué tipo de acciones realizan?, ¿sus actividades antisociales van acompañadas de otros problemas?, ¿cómo varían estos actos u omisiones en el tiempo?, ¿qué se puede deducir de los antecedentes de tales conductas?, ¿qué se puede hacer para prevenir estas primeras infracciones del ordenamiento jurídico? Tales preguntas deben responderse mediante la creación de instrumentos e instituciones capaces y eficientes. Que también hay consenso general en el país en que el sistema penal juvenil aplicado está absolutamente colapsado y que requiere de una profunda reforma estructural y doctrinaria. Es probable que, por estas razones, el Ejecutivo haya sometido a tramitación legislativa un proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín Nº 3021-07). Este proyecto de ley está construido sobre la experiencia de legislaciones comparadas recientes y recoge un principio que, sin duda, es aceptado en forma unánime: al joven infractor es indispensable ayudarlo a salir de tal situación. Para ello, es esencial mantener a los jóvenes fuera del sistema de justicia penal adulto, alejándose de todo afán populista de castigar, sin abrirle simultáneamente puertas objetivas de reinserción plena a la sociedad. Que desde hace varios meses el proyecto está detenido, habiendo quedado paralizada su urgente tramitación. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a V.E. que haga presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín Nº 3021-07), para que se reinicie con la mayor brevedad su tramitación”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, si hay algo en que transversalmente estamos de acuerdo ello es en que uno de los problemas básicos del tema de la seguridad ciudadana está radicado en lo que estamos haciendo con los jóvenes que caen en conductas antisociales. Podremos, eventualmente, discutir respecto de algunos instrumentos, pero no hay duda de que el sistema jurídico chileno está absolutamente colapsado en la forma y modo en que hemos enfrentado la situación de los jóvenes que incurren en acciones antisociales. Me refiero al discernimiento. En la actualidad, en ninguna parte del mundo se aplica el discernimiento. Es más, su aplicación termina entregando a los jóvenes que, por distintas razones sociales cometen delito, a la justicia para adultos. A partir de aquello, el Ejecutivo, el año pasado, incorporó a la legistura un proyecto, con urgencia calificada de Suma, que tenía por objeto modificar el sistema no sólo desde la perspectiva de bajar el umbral de la responsabilidad penal. Es un tema, pero no el único, porque no se soluciona el problema diciendo que serán responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años. Si no somos capaces de entregar, desde la perspectiva del Estado, la posibilidad de reintegrar a los jóvenes que han caído en conductas antisociales, no sólo dejaremos de mejorar la situación, sino empeorándola. A partir de aquello, creemos indispensable reponer la urgencia de un proyecto que estaba radicado en esta Cámara, para los efectos de establecer, a la mayor brevedad posible, un nuevo sistema general sobre responsabilidad penal juvenil. Si los costos del proyecto son muy altos -cuestión que preocupa a muchos diputados- podemos, eventualmente, imitar el sistema que hemos ocupado con la reforma procesal penal y, en consecuencia, partir por las regiones extremas -en Magallanes, por ejemplo, como apunta el diputado Luksic- donde el problema no está tan profundizado. Por esas razones, agradeceré a la Sala dar la unanimidad al proyecto de acuerdo. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, dudo que haya objeción para reponer la urgencia a un proyecto que estamos esperando desde hace más tres años. Nos permitirá, además, dar una mirada rehabilitadora al problema de los jóvenes, sobre todo, porque involucra una promesa de futuro. Debemos reconocer que en este campo hay falencias, como el discernimiento, que es válido sólo para los menores hijos de papás ricos que incurren en delitos y no para los que provienen de familias modestas, que siempre son condenados. En el fondo, estamos de acuerdo con el proyecto y con la posibilidad de bajar el umbral de edad, aunque puede ser debatible. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JARPA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Galilea (don Pablo), Girardi, Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Longton, Longueira, Luksic, Molina, Navarro, Norambuena, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Prieto, Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tarud, Uriarte, Urrutia, Venegas, Villouta y Walker.CREACIÓN DE LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO. El señor JARPA (Vicepresidente).- El proyecto de acuerdo Nº 270 es igual al proyecto de acuerdo Nº 264. Por lo tanto, el señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 271, de los señores Navarro, Accorsi, Pérez, don José; Meza, Tuma, Venegas, Valenzuela, Ceroni, Robles y Muñoz, don Pedro. “Considerando: Que la comuna de Santa Bárbara, en la VIII Región del Biobío, con una superficie de 3.379 kms2, tiene una poblaciáon de 20 mil habitantes, con casi dos tercios de ellos en la zona rural, siendo el grupo etáreo mayoritario el de 0 a 44 años, con más del 50% del total de la población. Más del 91% de sus habitantes está afiliado al sistema público de salud y el 94% de los menores de 6 años son atendidos por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Que en esta comuna un 20% de los hogares son encabezados por mujeres, que en promedio tiene más de 63 años, en tanto que los hombres tienen un promedio menor a los 50 años. Las mujeres tienen 6,4 años de escolaridad, los hombres 6,5 años, y el analfabetismo registra un índice superior a 13%. En la comuna hay más de 4 mil casas, de las cuales casi 2.500 son propias, cerca de 1.500 cuentan con arranque domiciliario de agua potable, en tanto que existen sólo poco más de mil viviendas conectadas al alcantarillado. Que la población mayor de 15 años representa el 47,6% de la fuerza de trabajo de Santa Bárbara, con más de 12 mil personas ocupadas. Más de 2.300 personas, un 13.8% de la comuna, son indigentes, sobre 4 mil habitantes, son considerados pobres no indigentes, con un 23,7% del total comunal. En los hogares indigentes hay en promedio 4,4 personas, en tanto que en los pobres no indigentes hay 3,9 personas. Más de 18 mil habitantes reciben el SUF; más de 15 mil reciben Pasis; se entregan 400 SAP urbanos y un centenar de SAP rurales. Que entre los problemas de desarrollo urbano de Santa Bárbara están los de vivienda, pavimentación, infraestructura urbana, evacuación de aguas servidas y aguas lluvias; el manejo y disposición de los residuos sólidos domiciliarios y la descontaminación de la laguna Biobío; la mantención de la red secundaria de caminos rurales; la falta de desarrollo del potencial turístico, una deficiente capacitación laboral y problemas de acceso al servicio de electrificación rural; el alto índice de cesantía, un déficit de infraestructura para acceder a la JEC y la necesidad de mejoras en infraestructura, equipamiento y adquisición de vehículos para el sector salud. Que el documento “Diagnóstico y Propuestas para la Integración de Territorios Aislados”, elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad Católica para la Subdere en agosto de 1999, constata que hay territorios con diferentes grados de aislamiento, producto de factores geográficos, económicos o culturales, con la consiguiente carencia en materias administrativas, de recursos y de oportunidades, con incidencia en la efectiva participación en las decisiones regionales y en los beneficios del progreso del resto del país. Que es indudable que el Estado tiene, además de su responsabilidad en términos de asegurar la mayor equidad social a sus habitantes, una ineludible tarea en términos de lo que podría denominarse la equidad territorial mínima necesaria, con el fin de asegurar un desarrollo más armónico y equitativo de los territorios que, aparecen en condiciones de aislamiento crítico, representa también una respuesta a los desafíos de un Estado moderno en materia de soberanía. Que a su vez, el documento “Metodología para la Definición de Territorios Especiales”, elaborado por la Subdere, la UCV y el Pnud-Chile, de noviembre de 2002, señala que “nuestro país contiene un conjunto de territorios con una vasta diversidad de condicionantes ambientales dadas, principalmente, por su emplazamiento...”, a lo que se asocia la existencia de “una diversidad de etnias, que habitan a lo largo del territorio desarrollando las potencialidades naturales con sus propias especificidades”. Que este informe concluye que “tal localización y diversidad cultural le imprime al país un desafío que dice relación con un manejo tal que lo comprenda equitativamente en cuanto a las posibilidades de desarrollo que solicita el mundo actual, en el sentido que sea capaz de responder tanto a los requerimientos de estructurarse en la red que impone la globalización, como a las respuestas locales de desarrollo de la propia identidad local”. El estudio da cuenta también de “una desigual integración territorial, cuestión que se ve mayormente agravada en los momentos en que el fenómeno de la globalización obliga a enfrentar este desafío con una estructura del país equitativamente integrada”. Que el estudio de la Subdere considera los siguientes criterios y variables para determinar territorios especiales: 1) Criterio económico, con las variables ingreso, inversión, fuerza de trabajo, desempleo e incentivos públicos; 2) Criterio social, con las variables salud, educación, pobreza, demografía, identidad cultural y servicios básicos; 3) Criterio territorial ambiental, con las variables paisaje, recursos naturales, patrimonio, calidad ambiental, condición geopolítica, aislamiento e infraestructura; 4) Criterio institucional-administrativo, con las variables organización, administración pública y acceso a la información. Que respecto de las comunas rezagadas socialmente, el estudio sobre territorios especiales concluye que “el sólo acceso a un conjunto de bienes y servicios básicos para toda la población no hace a la equidad, puesto que las diferencias finalmente se establecen en base a lo que cada uno hará con esos bienes y servicios y eso está ligado a las valoraciones, motivaciones, capacidades y apela a toda la carga cultural de los sujetos. El supuesto que está en la base de este estudio es, que no se pueden imaginar acciones contra la exclusión social que no se basen en acciones contra la exclusión espacial”. Que en el caso específico de la VIII Región, 46 de las 52 comunas que la constituyen (88,5%) presentan alguna situación de rezago social, siendo predominantes el rezago social crítico y el rezago social reciente, con un 51,9% y 32,7% de las comunas en esa situación, respectivamente. El 69,2% de las comunas presentan una situación de desventaja en la dimensión socioeducativa. Considerando sólo las comunas en situación de rezago social esta incidencia alcanza al 76,1 por ciento. Que el documento “Diagnóstico y Propuesta Metodológica para Modificar la División Político Administrativa del país”, elaborado por el Instituto de Geografía de la UC para la Subdere en el año 2003, propone la creación de comunas basada en la “Política de Estructuración Territorial de Comunas”, superando el desfase entre las estructuras territorial, comunal, administrativa, participativa y funcional municipal. Se trata de la creación de comunas, basándose en: criterio territorial; criterios económicos, productivos y financieros; criterios de servicios públicos; y criterio socio-cultural y organizativo que permitan un análisis objetivo y riguroso de la estructuración comunal el país. Que la creación de comunas debe considerar procedimientos técnicos, que consideren criterios cuantificables, basados en información oportuna y pertinente. La creación de una comuna, tiene que tener en cuenta criterios generales básicos, como la mantención de un equilibrio territorial, la valoración de la dimensión política, los procedimientos legales y administrativos de la petición y las disposiciones constitucionales. Es importante considerar que esta propuesta representa una ayuda a la decisión final y corresponde a la componente técnica de la evaluación de una solicitud. La decisión final siempre tendrá una importante componente de carácter político. Que la ley Nº 19.526, publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1997, modificó el artículo 62 Nº 2 de la Constitución Política, el párrafo penúltimo del capítulo XIII: Gobierno y Administración Interior del Estado de la carta fundamental, agregando a ésta una nueva disposición transitoria. Estas modificaciones implican el fortalecimiento de la autonomía municipal. Esta normativa encomienda a la LOC respectiva regular su administración transitoria y el procedimiento para la instalación de nuevas municipalidades. También regula los procedimientos de traspaso del personal municipal y de los servicios, y establece los resguardos para cautelar el uso y disposición de los bienes ubicados en el territorio de las comunas nuevas. Que en la actual comuna de Santa Bárbara se encuentra la localidad denominada Alto Biobío, ocupando gran parte del territorio comunal, y concentrando a la mayor parte de la población rural, y donde existe una importantísima concentración de población mapuche pehuenche, quienes se dedican mayoritariamente a la agricultura y a la ganadería y, a pesar del desarrollo de los proyectos hidroeléctricos Pangue -ya en funcionamiento- y Ralco -en construcción- conservan y cultivan su cultura y sus tradiciones. Que en el sector del Alto Biobío aparece claramente diferenciado del sector urbano de la comuna, en su dinámica económica, medio ambiental y cultural, lo que ha tendido a potenciarse con la designación de esa zona como área de desarrollo indígena. Pese al incremento de inversión pública realizada en la comuna en la última década, que entre 1990 y 1999 significó un incremento desde 20 mil millones a 140 mil millones de pesos tanto de origen regional como sectorial, no ha sido lo suficiente para proyectar las potencialidades naturales, ecológicas y turísticas de la zona, ni tampoco ha permitido el adecuado desarrollo económico, ni la necesaria capacitación de los recursos humanos. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, disponga que en el marco de las investigaciones sociales y estudios metodológicos que, en conjunto con distintos organismos, desarrolla la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, se analice detalladamente la conveniencia de que el actual sector Alto Biobío, en la comuna de Santa Bárbara, en la VIII Región, se convierta en la comuna de Alto Biobío, de manera de fortalecer la autonomía que en los hechos existe respecto del sector urbano de Santa Bárbara, y proyectar el desarrollo de sus potencialidades económicas, turísticas, ecológicas y culturales”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que se hace innecesario el proyecto de acuerdo Nº 271, porque hoy se dio cuenta del mensaje de su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que crea la comuna de Alto Biobío.EXTENSIÓN DE SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR PARA ESTUDIANTES. El señor JARPA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 272, de los señores Navarro, Accorsi, Pérez, don José; Meza, Robles, Ceroni, Tuma, Jaramillo, Venegas y Quintana. “Considerando: Que la ley Nº18.020, modificada por la ley Nº19.775, establece la entrega del Subsidio Único Familiar (SUF) para personas de escasos recursos. Que este subsidio -equivalente a una asignación familiar- se solicita en la municipalidad de la comuna donde reside el postulante y se paga mensualmente a las madres, a las embarazadas, al padre, al guardador o a las personas que tengan a su cargo niños y niñas de hasta dieciocho años de edad que vivan a sus expensas. También se otorga a las personas inválidas y deficientes mentales, sin restricción de edad. Que los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:a) Responder la encuesta de la Ficha Cas-2; b) No deben percibir ingresos o beneficios mensuales iguales o superiores al monto del subsidio, cualquiera que sea su origen, excepto la pensión de orfandad; c) Los mayores de seis años deben acreditar la calidad de alumno regular en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación;d) Los niños y las niñas menores de seis años deben acreditar, una vez al año, que participan en los programas establecidos por el Ministerio de Salud, mediante la presentación de fotocopia del carné de control de salud; e) Los postulantes (madre, padre o tutor del menor) deben presentar fotocopia de la cédula de identidad, del certificado de nacimiento o cédula de identidad del niño o de la niña;f) Presentar liquidación de sueldo o declaración jurada simple que acredite la remuneración de la madre, padre o tutor del postulante;g) En el caso del subsidio a la madre, se debe acreditar ser madre de un niño o niña causante del subsidio único familiar, yh) Las postulantes embarazadas deben presentar certificado médico, o de la matrona, desde el quinto mes de embarazo. Que, luego de las modificaciones introducidas por la ley Nº 19.775, se incorporaron como requisitos:a) Estar cesante;b) Tener, a lo menos, cincuenta y dos semanas o doce meses de imposiciones, continuos o discontinuos -en cualquier régimen previsional afecto al sistema-, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la cesantía; c) Estar inscrito en el Registro de Cesantes, que deberá llevar cada institución previsional, yd) Estar inscrito en el Registro de Cesantes de cada municipalidad, la que ésta deberá llevar con el fin de asignar trabajos de asistencia en beneficio de la comunidad. Que, en el caso de los postulantes inválidos y deficientes mentales, deben acreditar su discapacidad mediante un certificado emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) que les corresponda por domicilio. Que el valor del SUF, en 1999, correspondió a tres mil veinticinco pesos por cada niño o niña beneficiados, pagado por el Instituto de Normalización Previsional (INP) en los lugares establecidos para ello a contar del mes siguiente a aquél en que el postulante fue seleccionado. Durante 1999, se entregó un promedio mensual de novecientos siete mil ciento veinticuatro subsidios con un costo anual de treinta y cuatro mil millones ochocientos ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos (M$ 34.808.155). El pago se realiza durante tres años y, si se mantienen las condiciones que lo originan, se puede volver a postular. Este beneficio termina el 31 de diciembre del año en que los niños o las niñas cumplen los dieciocho años, o cuando dejan de reunir alguno de los requisitos. El niño o niña deficiente mental es acreedor al doble del beneficio (seis mil cincuenta pesos), es decir, al valor de dos SUF. El derecho a subsidio se extinguirá cuando deje de concurrir alguno de los requisitos establecidos por la ley para su otorgamiento o mantención y su pago se hará hasta el mes en que el causante mantenga esa calidad o que concurran las circunstancias que habilitaron su concesión. Que, en el caso de extinción del derecho, el beneficiario deberá comunicar esta circunstancia a la municipalidad dentro de los treinta días siguientes y se abstendrá de seguir cobrando el subsidio con posterioridad a la oportunidad indicada en el punto anterior. Si se extinguiere por cumplimiento de los dieciocho años de edad, el beneficio se pagará hasta el 31 de diciembre del año en que el causante alcance esa edad, siempre que se encuentre vigente el plazo de tres años de duración del subsidio. Los funcionarios inspectivos o fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Seguro Social, del Servicio de Impuestos Internos y de las municipalidades que tomen conocimiento de la percepción indebida de este beneficio deberán informar de inmediato a la municipalidad respectiva. Los subsidios familiares también se extinguirán por no cobro del beneficio durante seis meses continuados, cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le requiera el alcalde o la entidad pagadora del mismo, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que fije el reglamento. La extinción del beneficio derivada de esta última causal se considerará como una revisión del mismo. Que, extinguido el derecho, el alcalde dispondrá, mediante resolución fundada, la cancelación de la inscripción en el registro y comunicará esta resolución al Servicio de Seguro Social con objeto de que este organismo se abstenga de seguir pagando el beneficio. Que, en aquellas comunas como Coronel, Lota, Arica, Vallenar, Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, Talcahuano, Talca, Curicó y otras, en que las cifras de cesantía son superiores al promedio nacional, la mayoría de las familias con hijos estudiantes optan al beneficio. Sin embargo, existen no pocos casos en que, pese a superar la edad límite de los dieciocho años, los jóvenes siguen cursando con mucho esfuerzo sus estudios. Que, a pesar del importante esfuerzo gubernamental para dar atención preferencial a los sectores más postergados, materializado en el impulso al trabajo focalizado del Programa Chile Solidario y a los importantes recursos destinados anualmente al financiamiento del SUF, que se otorga a cerca de un millón de beneficiarios. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a V.E. que se sirva estudiar la elaboración de un proyecto de ley que, al modificar la ley Nº 18.020, permita que el SUF pueda considerar como personas beneficiarias a los mayores de dieciocho años mientras conserven la condición de estudiantes, tal como ocurre con la asignación familiar, en que el beneficio se otorga hasta los veinticuatro años”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, según entiendo, en la actualidad son beneficiarios del Subsidio Único Familiar los hijos que acreditan la calidad de estudiante hasta los 24 años. Si estoy equivocada, me gustaría que el autor del proyecto aclarara el punto. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la ley Nº 18.020, promulgada el 11 de agosto de 1981, modificada por última vez mediante la ley Nº 19.775, de 30 de noviembre de 2001, establece la entrega del Subsidio Único Familiar, SUF, para personas de escasos recursos. Los postulantes a dicho subsidio deben estar encuestados con la ficha CAS; los causantes del subsidio no deben percibir ingresos o beneficios mensuales iguales o superiores al monto del subsidio, cualquiera sea su origen, y los postulantes mayores de seis años deben acreditar la calidad de alumno regular en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación. Otros requisitos son que los niños y niñas menores de seis años deben acreditar que, una vez al año, participan en los programas de salud; los postulantes -madre, padre o tutor del menor- deben presentar fotocopia de la cédula de identidad, la liquidación de sueldo, entre otros. Luego de ser modificada la ley, se incorporaron los siguientes requisitos: estar cesantes; tener, a lo menos, cincuenta y dos semanas o doce meses, continuos o discontinuos, de imposiciones en cualquier régimen provisional; estar inscrito en el Registro de Cesantes, entre otros. En el caso de los postulantes inválidos, deben acreditar su calidad de personas con discapacidad. El subsidio único familiar, en 1999, fue de 3 mil 25 pesos. Durante 1999 se entregó un promedio mensual de casi un millón de subsidios. El pago se realiza durante tres años y, si se mantienen las condiciones, continúa. En la municipalidad de Coronel me tocó conocer la extinción de subsidios por cumplir sus beneficiarios dieciocho años de edad. El subsidio se paga hasta el 31 de diciembre del año en que el beneficiario cumple esa edad siempre que se encuentre dentro del período de tres años. Los subsidios igual se extinguen a esa edad aunque los beneficiarios estén estudiando. No se extiende hasta los 24 años. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo pide al Gobierno que el subsidio se prolongue, en el caso de los beneficiarios mayores de 18 años que conserven su condición de estudiantes, tal como ocurre con la asignación familiar hasta los 24 años. Consideramos de toda justicia adoptar esa medida para que muchos jóvenes puedan continuar sus estudios en la universidad, ya que el usbsidio representa un ingreso importante en sus familias. La pérdida del beneficio ha causado graves problemas. En Coronel tenemos 26 casos. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, según lo planteado por el diputado señor Navarro, estoy de acuerdo con la aprobación del proyecto. En su comuna, como dijo, 26 estudiantes dejaron de percibir dicho subsidio. Por lo tanto, es necesario apoyar a sus familias. Obviamente, un subsidio de 3 mil 500 pesos es poco, pero de algo sirve. Quedan aún muchas cosas pendientes. Por ejemplo, los subsidios a los inválidos. Por lo tanto, apoyo el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Aprobado.VII. INCIDENTESRECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el turno que corresponde al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero referirme a la labor realizada por una de las comisiones, quizás, más importantes de los últimos años, creada para analizar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. El seguimiento del trabajo hecho por varios diputados integrantes de esa Comisión nos da una visión positiva, pese a lo difícil que consideramos sería su estudio. La buena conducción de las comisiones nos indica el correcto camino a seguir, a fin de arribar a un buen término, especialmente cuando se trata de las comisiones especiales. Casi siempre es normal llegar a buen término, pero en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos surgieron innumerables interrogantes, desde cómo se iba a abordar el tratado hasta cómo se iba a conducir la Comisión. Precisamente quiero hablar sobre la conducción de la Comisión. A veces, en deportes, se usa la expresión impecable para referirse a un correcto desempeño. Lo hizo extraordinariamente bien. El diputado señor Edgardo Riveros, en su difícil tarea de presidirla, nos dio y nos sigue dando garantías a todos los sectores -cosa normal en las distintas comisiones especiales-, lo que sumado al conocimiento con que está actuando en el estudio del tratado, me llevan a expresarle mi reconocimiento por su extraordinaria capacidad. Por lo tanto, así como ayer nos alegramos por la firma del tratado por el Presidente de los Estados Unidos de América, con humildad reconozcamos la capacidad demostrada por el diputado señor Riveros en la conducción de la Comisión que estudia el mencionado acuerdo comercial. Entre nosotros, no siempre se destacan las cosas que se hacen. Mi modesta intervención no hace sino reconocer el desempeño del presidente de la Comisión, don Edgardo Riveros, quien ha estudiado en profundidad las relaciones exteriores de nuestro país. Solicito que mi intervención sea enviada en nombre de la Cámara al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado señor Edgardo Riveros. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- La Mesa ha tomado nota de su petición, señor diputado.INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN O VENTA DE ENAP Y ESMAG EN DUODÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Economía a fin de que me informe si en los planes del Gobierno se ha considerado la licitación o venta de la Enap y Esmag, en la Duodécima Región. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR EN TERRENOS DE VÍA FÉRREA ENTRE RÍO BUENO Y LA UNIÓN. Oficio. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que impida cualquier tipo de construcción en la vía ferroviaria entre las comunas de Río Bueno y La Unión, pues existe la posibilidad de que ese tramo se utilice como recorrido de un tren turístico de pasajeros en la provincia de Valdivia, Décima Región de Los Lagos. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.ALCANTARILLADO Y COPA DE AGUA PARA COMUNAS DE VALDIVIA. Oficio. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que nos informe si en los planes de esa cartera se ha considerado alcantarillado para la comuna de Lago Ranco y para la localidad de Llifén, comuna de Futrono, ambas de la provincia de Valdivia, y la construcción de una copa de agua potable en nuevos sectores de viviendas de la comuna de La Unión, provincia de Valdivia, Décima Región de Los Lagos. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Trabajo para que informe sobre los derechos a lactancia y a amamantar -artículos 203 y 206 del Código del Trabajo-, que le corresponde a toda madre trabajadora con hijos menores de dos años. En mi opinión, la Dirección del Trabajo tiene una visión equivocada sobre el tema, ya que sus dictámenes no protegen el derecho de amamantar, que va en beneficio del lactante menor de dos años. Incluso a la trabajadora debe pagársele los pasajes de locomoción para que pueda trasladarse al lugar donde se encuentra su hijo. Claramente, este es un derecho que está consagrado en nuestra legislación. En ese sentido, también solicito al ministro del Trabajo que informe cuál es el número de dictámenes, de denuncias y, en particular, qué está pasando en la Dirección del Trabajo. Un proyecto sobre la materia está hace siete años en el Senado. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara y la Comisión del Trabajo del Senado aún no lo estudia. También pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que informe sobre las investigaciones, las medidas sanitarias y todo aquello que tenga relación con los beneficios de la lactancia materna. Está comprobado que la lactancia materna contribuye a que los niños sean sanos. Si ello no ocurre, los menores enferman con facilidad y deben ser sometidos a costosos tratamientos que aumentan la pesada carga fiscal. En este sentido, debe haber una tarea conjunta de los ministerios del Trabajo y de Salud a fin de garantizar la lactancia materna. Recientemente, se celebró el mes internacional de la lactancia materna. El ministro del Trabajo dijo que las mamás tenían que perder el temor y sacarse la “pechuga” para darle leche a sus hijos. Coincidimos con el ministro, pero queremos que tengan el permiso legal que les corresponde a las madres trabajadoras y no depender de si hay sala cuna o no. ¿Qué culpa tiene el niño de que no haya sala cuna donde trabaja su madre porque allí prestan servicio menos de veinte mujeres? Lo hemos venido planteando hace siete años en un proyecto que es de mi autoría y que está en el Senado. Además, pido que se oficie a los ministros del Trabajo y de Salud para que envíen todos los informes nacionales e internacionales que tengan sobre la protección del derecho a la maternidad y a la lactancia, de manera que haya coherencia con lo que aprobamos en la Cámara, lo que despacha el Senado y, en particular, los propios ministerios. También pido que el ministro del Trabajo informe respecto de la situación de las mujeres contratadas a honorarios, particularmente en las municipalidades, y en general en la administración pública, en la que se deberían cautelar estos derechos. Las mujeres embarazadas que trabajan a honorarios en la administración pública no tienen derecho al fuero maternal. Esta es una pesada carga, una inconsistencia y una incoherencia que debe terminar. Asimismo, solicito que se oficie a todos los ministros, a fin de que envíen una relación del número total de mujeres embarazadas que trabajan o trabajaron a honorarios y no han podido impetrar el derecho al fuero maternal, que le corresponde a toda madre trabajadora pero que el Estado chileno y, por supuesto, muchos privados, no posibilitan su ejercicio. Este es un gran anhelo de miles de mujeres y el Estado debe responder. El próximo lunes 8 de septiembre, a las 11.00 horas, en el Palacio Ariztía realizaremos un seminario sobre el tema y no dispongo de la información que he solicitado. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TOMÉ. Oficios. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por último, pido que se oficie a la ministra de Defensa y al general director de Carabineros de Chile a fin de que nos informe sobre las medidas tomadas en la comuna de Tomé, Octava Región, llegándose a lo que podría denominarse el establecimiento de la ley seca. Se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en todos los bingos y actividades sociales cuyo objetivo es reunir dinero para ir en ayuda de niños enfermos de cáncer, construir sedes y contribuir a otras nobles aspiraciones sociales. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con el texto de su intervención. COBRO DE CONSULTORAS A POSTULANTES A PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, intervenir hoy tiene un sentido bastante especial. Estoy muy preocupado por una situación que sólo en el distrito Nº 56, que represento, afecta a casi setecientas familias. Específicamente, me refiero a las comunas de Puerto Octay, Purranque, Río Negro y Puyehue. Si se considera la provincia de Osorno, las familias afectadas serían más de mil doscientas. Se trata de un tema muy sensible y que se relaciona con el Programa de Fondos Concursables del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, uno de los mejores programas creado por los gobiernos de la Concertación en el ámbito social para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que también es conocido con el nombre de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda, que permite acceder a la casa propia a gente de muy escasos recursos, que nunca antes tuvo esa posibilidad por cuanto veía la incapacidad de contar con el dinero para pagar los dividendos. De acuerdo con este programa, a las familias se les exige que reúnan diez unidades de fomento, lo que logran con mucho esfuerzo y dedicación. Hacen bingos y beneficios de diferente índole para juntar peso a peso la cantidad exigida y depositada en su libreta de ahorro para la vivienda. Una vez reunidas las diez unidades de fomento, sus comités postulan al beneficio de acceder a la casa propia sin pagar dividendo alguno. ¡Qué gran programa social del Gobierno del Presidente Lagos! Pero, lamentablemente, como siempre, detrás de cada cosa positiva o situación que esencialmente apunta al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, no faltan quienes se aprovechan de estos sistemas. En este caso, debo denunciar un problema, a mi juicio, de carácter nacional. Hay personas -consultoras externas- que organizan estos comités, y cobran a cada familia la suma de dos o tres unidades de fomento por hacer el proyecto, aparte del ahorro que deben reunir. Los comités, confiados en que estas consultoras presentarán al fondo concursable proyectos muy bien calificados, después de varios meses se encuentran con la noticia de que son malos y que no tienen posibilidad alguna de materializar el sueño de la casa propia. Esta situación afecta a doscientas familias en Puerto Octay, a doscientas cincuenta en Purranque y Corte Alto, a ciento veinte en Río Negro y Riachuelo, a cien en Puyehue, a seiscientas en Osorno, que no pertenece a mi distrito, pero igual he sentido el reclamo de la gente. Todas estas familias han sido organizadas por estas empresas de papel, que lo único que han hecho es sacarle el dinero a gente humilde y esforzada para después presentar en el Serviu proyectos que no tienen ninguna posibilidad técnica de ser aprobados. Lamentablemente, se amparan en el hecho de que los comités ni siquiera pueden acusarlos por estafa, porque cuando les reclaman por la demora les dicen que en el próximo concurso tendrán remediadas las observaciones técnicas presentadas por el Serviu. Asimismo, existe un problema con el Serviu y con el ministerio de Vivienda y Urbanismo, al que se debe poner atajo. Alabo lo que hace el director del Serviu de la Décima Región. Él ha puesto un equipo técnico al servicio de los comités de gente pobre, porque las personas humildes, aparte de los 170 mil pesos de ahorro, no tienen cómo pagar 40 mil pesos más a esos inescrupulosos. El ministro debe tomar cartas en el asunto para que estas consultoras no sigan abusando, desde Arica a Magallanes, de los sueños y esperanzas de la gente humilde de tener una casa para poder brindar una mejor calidad de vida a sus hijos. Estoy muy preocupado por este tema, porque he recibido el reclamo de mucha gente -aunque no de los dirigentes de estos comités, porque muchas veces ellos les creen a quienes administran las consultoras- que dice que están cansados de esperar. Cuando hemos visto la calidad de los proyectos presentados por estas consultoras, nos hemos dado cuenta de que no sólo es mala e ineficiente, sino que, además, ha quedado plenamente demostrado que los proyectos presentados no tienen ninguna posibilidad técnica de acceder a beneficios del Estado. Agradezco al Comité del Partido por la Democracia por brindarme la posibilidad de denunciar un hecho que, a lo mejor, también lo observan diputados de su bancada en sus respectivos distritos, en que -repito- hay personas que no tienen la más mínima consideración y abusan de la confianza de gente humilde que, a veces, junta mil o quinientos pesos diarios para su libreta, que después entregan a quienes ni siquiera elaboran técnicamente bien sus proyectos para brindarles alguna posibilidad. Daré a conocer la situación de Osorno, donde seiscientas familias han jurado que sus proyectos fueron presentados al Serviu por esta consultora, la cual les cobró más de dos unidades de fomento a cada familia. Estas consultoras han recaudado más de 40 millones de pesos, pero sus proyectos no han tenido ningún resultado positivo. Hace veinte días, la subsecretaria de Vivienda, señora Sonia Tschorne, me envió un oficio en el que ratifica que de los diez proyectos presentados por una de las empresas en cuestión, que comprende seiscientas setenta familias del distrito que represento y seiscientas de Osorno, ninguno tenía la más mínima calificación. ¡Ninguno! Es decir, de todos los proyectos presentados, el ciento por ciento fue rechazado. Eso no es seriedad. En Osorno, los proyectos fueron presentados sobre la base de terrenos inundables, que jamás van a tener la visación técnica ni la posibilidad para construir una sola casa. Eso es un abuso que no podemos tolerar, sobre todo -insisto en ello- si se trata de gente esforzada y humilde. Pido que se oficie al señor ministro de Vivienda y Urbanismo, al intendente, al Seremi de Vivienda y al director del Serviu de la Décima Región, adjuntando copia de mi intervención, para que se tomen cartas en el asunto y se impida que estos señores se amparen en la ignorancia de la gente para hacerles creer que van a tener su casa con proyectos que no tienen ninguna calificación técnica. Con el director del Serviu de la Décima Región hemos desarrollado un trabajo importante para evitar que esta situación siga ocurriendo. También debo destacar la excelente labor que ha desarrollado el director del Serviu de Osorno, don Armando Pérez, quien, a través de los medios de comunicación, en reiteradas ocasiones ha solicitado a la gente que no le siga pagando dinero a empresas de papel por proyectos que pueden realizar con el mismo Serviu o con empresas serias que no cobran ningún peso a la gente humilde. El oficio al ministro de Vivienda es para que se adopten medidas tendientes a evitar que las empresas de este tipo y también las personas mal utilicen los programas de gobierno para el lucro personal. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Carlos Kuschel, Gabriel Ascencio, Enrique Jaramillo, Rodrigo González y de quien habla.TRAGEDIA EN INCENDIO EN QUELLÓN. MANTENIMIENTO DE GRIFOS EN COMUNAS DE CHILOÉ. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a un hecho que causó profundo dolor en la ciudad de Quellón. Me refiero al incendio ocurrido el sábado recién pasado, en el cual una señora y sus tres hijos, de cinco, cuatro y dos años, murieron calcinados sin que la comunidad y los bomberos pudieran impedir este trágico desenlace. Este hecho conmocionó a Quellón y a una parte de Chiloé. Como estuve hasta el día martes en la ciudad pude observar la participación de más de tres mil personas en las exequias de las víctimas. Por lo expuesto, quiero solicitar que se oficie al alcalde de la Municipalidad de Quellón para que por su intermedio hagamos llegar nuestras condolencias a don Rubén Amulef, quien perdió a su esposa e hijos. Derivado del hecho que acabo de mencionar, surgió un problema frecuente en la zona sur, relacionado con el escaso mantenimiento de los grifos y los problemas de presión de agua que éstos deben tener para ser operables por los bomberos. Un grifo que estaba a cincuenta metros del lugar donde se produjo el incendio simplemente no funcionó, no había agua en ese momento. En una fiscalización que se hizo rápidamente, la municipalidad y la Superintendencia de Servicios Sanitarios comprobaron que un gran porcentaje -casi el cuarenta por ciento- de los grifos de Quellón estaban inutilizables, algunos, porque estaban enterrados; otros, porque no era posible abrir la llave de pie, y otros simplemente porque no hay presión de agua. Con ocasión de esa fiscalización, la Empresa de Servicios Sanitarios de esa ciudad pasó un bochorno muy grande. Entendemos que la mantención de los grifos y la obligación de que se encuentren operativos le corresponde a Essal y simplemente no la está haciendo. Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios con el objeto de que ordene la fiscalización del mantenimiento de los grifos de las otras nueve comunas de Chiloé -ya la hizo en Quellón-, a fin de determinar si éstos se encuentran operativos, si existe o no presión de agua, etcétera. Dicha información se requiere para una próxima reunión que vamos a tener el próximo 26 de septiembre en Chiloé, con el superintendente, con los comandantes de los cuerpos de Bomberos, con los alcaldes y con personeros de la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos, con el objeto de analizar el tema de los grifos que es un problema que afecta a la zona. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS. Oficios. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema relacionado con la situación de los migrantes. En 1990, Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, suscrita en 1993 por el Gobierno de Chile. En su oportunidad, fue aprobada por la Cámara de Diputados, y desde hace más de tres años ésta se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a la espera de una decisión. Esta Convención es muy importante, por cuanto se calcula que en Chile viven cerca de 160 mil extranjeros, provenientes no sólo de estados limítrofes, sino también del resto de Latinoamérica y otras naciones. En su oportunidad, la Comisión tuvo en cuenta la importancia y la magnitud del fenómeno migratorio que afecta a la comunidad internacional, consideró la vulnerabilidad en que frecuentemente se encuentran los trabajadores migratorios y sus familias debido a la ausencia del Estado de origen, y otras dificultades que les impide conseguir empleo. Además, tuvo en cuenta que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de estos trabajadores, que se encuentran dispersos, y también la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se encuentran en situación irregular, con el objeto de desalentarla mediante el reconocimiento más amplio de sus derechos humanos fundamentales. La Convención está llamada a establecer un régimen normativo internacional de protección y asistencia a los trabajadores migrantes, cuyo objeto es asegurar el respeto de sus derechos humanos fundamentales, como, asimismo, la regulación jurídica de las garantías propias de toda persona que debe desplazarse a un país extranjero por causas de trabajo o el ejercicio de una profesión o actividad lucrativa, lo que también se extiende a sus familiares. En el orden estrictamente laboral, la Convención se sustenta en el principio de igualdad de trato al migrante respecto de los nacionales del país de inmigración, lo que importa equipararlos a la misma condición jurídica de estos últimos en cuanto a sus relaciones de trabajo, cualquiera sea la forma de regulación de éstas en la legislación interna. En su artículo 25 dispone que los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el otorgado a los nacionales del Estado del empleo en lo relativo a la remuneración de sus servicios y demás condiciones del contrato. En particular expresa que en estas últimas deben considerarse, especialmente, materias tales como horas extraordinarias, horarios de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, término de la relación laboral y, en general, cualquiera otra que, conforme a la legislación y prácticas nacionales, quede comprendida en dicho concepto. La misma disposición previene que no podrán celebrarse contratos privados de empleo que importen un menoscabo al principio de igualdad de trato que en él se consagra. También en dicho precepto se señala que los estados parte deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de dicho principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo, y determina que los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus deberes se verán limitados en forma alguna a causa de tales irregularidades. La legislación interna no contempla restricciones de los derechos a los extranjeros o la pérdida de los mismos a causa de irregularidades en su permanencia, sin perjuicio de que ello pueda dar lugar a la aplicación de sanciones pecuniarias o a su expulsión del país en caso de que se trate de infracciones graves y reiteradas. Tampoco se prevén normas que en razón de tales irregularidades exoneren a los empleadores del cumplimiento de las estipulaciones de los contratos de trabajo que celebren con personal extranjero. La normativa laboral chilena no establece diferencias entre nacionales y extranjeros en el ejercicio del derecho de sindicación, pudiendo estos últimos, incluso, ser elegidos directores sindicales, de conformidad con la ley. Entonces, esta Convención debería ser aprobada, con el objeto de estabilizar los derechos humanos de los trabajadores migratorios, que -como se ha señalado-, en Chile, ascienden a cerca de ciento sesenta mil. Pero, para que ello ocurra, debe ser aprobado por el Senado. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear, a fin de que agilice la tramitación de ese proyecto de acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y al presidente del Senado, don Andrés Zaldívar, en el mismo sentido, a fin de lograr la ratificación de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Kuschel y Alejandro Navarro.ANIVERSARIO DE ANEXIÓN DE TERRITORIO AUSTRAL. Oficios. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, el próximo 21 de septiembre se cumple un año más de la anexión del extenso territorio magallánico a Chile, como consecuencia de la llegada de la goleta “Ancud”, un día como éste, al Estrecho de Magallanes, cerca del Fuerte Bulnes, hecho del cual hoy nos enorgullecemos. Los chilotes que viajaron a la zona están consignados en la historia y la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que les rindió homenaje. Considero que es uno de los hechos históricos más importantes de nuestra provincia y que suele ser olvidado al analizar nuestra historia. Por lo tanto, solicito que se oficie a los alcaldes de Ancud y de Punta Arenas con el objeto de saludarlos cordialmente con ocasión del arribo de la goleta “Ancud” a Magallanes y desearles éxito, prosperidad y desarrollo a sus comunas. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Kuschel y Alejandro Navarro.SALUDOS A CALBUCO Y CASAS DE ESTUDIOS SUPERIORES E INSTITUCIONES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero enviar un saludo a importantes centros de estudios superiores e instituciones de mi región, que han estado cumpliendo aniversario. La Universidad Austral de Chile, que mantiene sedes en Puerto Montt, acaba de cumplir 49 años al servicio de la educación superior y del desarrollo en todos los aspectos de nuestra zona. Por lo tanto, quiero mandar un saludo al rector y a los decanos de las facultades que mantiene esa universidad en las distintas ciudades. Asimismo, deseo enviar un saludo similar al rector de la Universidad de Los Lagos y a los respectivos decanos y jefes de área, porque ese centro de estudios acaba de cumplir diez años como universidad. Antes funcionó como sede de la ex Universidad Técnica, como del Instituto Profesional de Osorno, etcétera. Además, quiero enviar un saludo a los habitantes de la ciudad de Calbuco, porque se acaban de cumplir 150 años del gran incendio que la afectó. Esto está relacionado con lo que mencionó el diputado Ascencio, pero hace 150 años ni siquiera existían cuerpos de bomberos. Aprovecho la oportunidad de saludar al Cuerpo de Bomberos de Calbuco, que en esa ocasión sufrió un gran impacto económico, porque muchas de las actividades que se realizaban allí empezaron a efectuarse en Puerto Montt, que había sido fundada poco antes del incendio, en febrero. Por otra parte, un grupo de empresarios se trasladó a Ancud, lo que significó un duro golpe para la economía calbucana, que era relativamente activa. Se mantuvieron en la ciudad sólo algunas familias importantes, porque el incendio, ocurrido en 1853, arrasó con más de la mitad del pueblo. Como lo señaló el diputado Ascencio, considero que sería bueno verificar el estado de funcionamiento de los grifos en las principales ciudades y centros poblados de la provincia de Llanquihue, porque no hay explicación para que no estén operativos. Así se podrían evitar tragedias como la muerte de una señora y sus hijos en un incendio, en circunstancias de que había un grifo a cincuenta metros. Con la actual capacidad operativa de los bomberos eso no debería ocurrir, pero no es posible evitarlo si no hay agua. En 1862 se reconoció como diáconos a los fiscales que son una institución católica existente en nuestra región. En esta oportunidad me estoy refiriendo a los fiscales de la comuna de Calbuco, cuya misión es bautizar, a veces casar y dar la extremaunción, cumpliendo así labores propias de sacerdotes o diáconos. Generalmente, pertenecen a una misma familia y se suceden unos a otros. Incluso, hay mujeres que cumplen esa labor. Cuando la institución está cumpliendo 141 años, en Calbuco existen once fiscales. Por lo tanto, solicito que se oficie al cura párroco de Calbuco, a fin de saludar, por su intermedio, a cada uno de los fiscales de esa comuna. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado Gabriel Ascencio.REFORZAMIENTO DE ACCIÓN POLICIAL EN COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios. El señor KUSCHEL.- Por último, he recibido oficios del ministro del Interior y del intendente de la Décima Región, en los cuales me responden que, por ahora, no es posible fortalecer las medidas de seguridad en la comuna de Puerto Montt, donde la delincuencia ha experimentado un gran incremento. Lo mismo me informan que Valdivia está incluida entre las dieciséis comunas prioritarias. Posteriormente, se incorporará Osorno, que tiene indicadores de seguridad ciudadana peores que los de Puerto Montt; pero, en esta ciudad hay sectores focalizados en que la delincuencia es muy alta, aunque el promedio general es bajo comparado con el de otras comunas y ciudades del país. Por lo tanto, solicito que se oficie, una vez más, al ministro del Interior, al intendente de la Décima Región, y al alcalde de Puerto Montt, a fin de que la acción policial se concentre en los sectores y poblaciones que he indicado y que ellos conocen. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado Gabriel Ascencio. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.39 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de SesionesVIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que crea la comuna de Cholchol, en la región de La Araucanía. (boletín Nº 3341-06)“Honorable Cámara de Diputados: Vengo en someter a vuestra consideración un proyecto de ley, que tiene por objeto modificar la división política y administrativa en la Región de la Araucanía, creando al efecto la nueva comuna de Cholchol. La iniciativa propuesta se vincula, en términos generales, a la conveniencia de adecuar periódicamente la estructura territorial del país al dinamismo demográfico, a los requerimientos de crecimiento de la actividad económica y a la necesidad de satisfacer en forma más eficaz las demandas de la comunidad, armonizándolos con criterios técnicos que aseguren su viabilidad como nueva unidad territorial. La comuna que se propone, se configura con territorios de la comuna de Nueva Imperial, en la Provincia de Cautín, y contará con una población aproximada de 10.000 habitantes, en su gran mayoría de origen mapuche, organizada en más de veinte comunidades. Su superficie es de 535 Km2., y dispone de escuelas municipales y de postas rurales. Como puede apreciarse, en relación con esta propuesta específica, destaca el hecho que en su territorio se presentan particulares características étnico culturales de su población, que la diferencian claramente del resto de la comuna de Nueva Imperial, lo que suscita dificultades para poder administrarlo adecuadamente desde su municipio. En tal sentido una administración directa podría definir, orientar e implementar con mayor eficacia líneas de desarrollo específicas para sus pobladores. Por otra parte, al dotarse de una administración propia a ésta territorio se le permitiría, además, la canalización de diversas acciones de programas nacionales y regionales hacia áreas específicas y acotadas a sus realidades territoriales y culturales. La solicitud de creación de esta comuna, constituye una antigua aspiración de su comunidad, la que se ha visto potenciada por la circunstancia de que en la década de 1920, tuvo la condición de tal durante varios años. Por otra parte, realza aún más esta petición de creación, el hecho inédito que ésta fuera solicitada expresamente por esa honorable Cámara a mi Gobierno, a través de la aprobación del Proyecto de Acuerdo, de fecha 14 de Noviembre de 2002. Finalmente, cabe añadir que esta proposición cuenta, asimismo con el respaldo del Alcalde de Nueva Imperial y de las autoridades regional y provincial correspondientes. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Créase la comuna de Cholchol, sede de Cholchol, en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía. Comprende la parte de la actual comuna de Nueva Imperial, ubicada al norte del siguiente límite: El lindero sur de los predios roles 1258-8 y 1258-4, desde el río Damas hasta el lindero sur del predio rol 606-30; el lindero sur del predio rol 606-30, desde el lindero sur del predio rol 1258-4 hasta el estero Curaco; el estero Curaco, desde el lindero sur del predio rol 606-30 hasta su desembocadura en el estero Codihue; el estero Codihue, desde la desembocadura del estero Curaco hasta su confluencia con el estero Peleco; el estero Peleco, desde su confluencia con el estero Codihue hasta el lindero norte del predio rol 606-20; el lindero norte de los predios roles 606-20,606-989 y 606-990, desde el estero Peleco hasta el lindero norte del predio rol 606-895; el lindero norte y oriente del predio rol 606-895,desde el lindero norte del predio rol 606-990 hasta el estero Coilaco; el estero Coilaco, desde el lindero oriente del predio rol 606-895 hasta el lindero norte del predio rol 615-83; el lindero norte del predio rol 615-83, desde el estero Coilaco hasta el lindero poniente del predio rol 615-82; el lindero poniente de los predios roles 615-82, 615-84, 615-67, 615-48, 615-47 y 615-46, desde el estero Coilaco hasta el lindero sur del predio rol 606-174; el lindero sur del predio rol 606-174 y sur y oriente del predio rol 615-39, desde el lindero poniente del predio rol 615-46 hasta el lindero norte del predio rol 615-49; el lindero norte de los predios roles 615-49, 615-18, 615-50, 615-53, 615-54 y 615-17, desde el lindero oriente del predio rol 615-39 hasta el lindero poniente del predio rol 615-320; el lindero poniente de los predios roles 615-320, 615-319 y 615-754, desde el lindero norte del predio rol 615-17 hasta el lindero oriente del predio rol 615-538; el lindero oriente del predio rol 615-538 y el lindero poniente del predio rol 615-747, desde el lindero poniente del predio rol 615-754 hasta el lindero sur del predio rol 608-20; el lindero sur del predio rol 608-20, desde el lindero poniente del predio rol 615-747 hasta el río Cholchol; y, el río Cholchol, desde el lindero sur del predio rol 608-20 hasta la desembocadura del estero Tranahuillín. Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las disposiciones pertinentes del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, entiéndase incluida la nueva comuna Cholchol en los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, a contar del 1 de enero de 2004.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1º.- Durante el período en que la comuna de Cholchol, creada por esta ley, no tenga instalada su respectiva Municipalidad, se agrupará con la comuna de Nueva Imperial, para los fines que establece el artículo 107 de la Constitución Política de la República. Para efectos de la administración de la comuna de Cholchol, la Municipalidad de Nueva Imperial, en la que recaerá transitoriamente esta función, deberá llevar presupuesto y contabilidad únicos, sin perjuicio de que internamente se consagre un procedimiento que permita llevar en forma separada y por comuna, ambas actividades, a partir de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley, con el propósito de preparar la futura administración de la nueva comuna. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Intendente Regional de La Araucanía, efectuarán un estudio del costo total que implicará la instalación precitada, cuyos resultados deberán remitirse al Presidente de la República. Autorízase al Presidente de la República para que, una vez evacuado el estudio mencionado, destine parte de los recursos del Fondo Común Municipal que correspondan a la comuna de Cholchol para financiar la instalación de su municipalidad. Esta destinación de recursos deberá efectuarse de forma tal de no afectar el regular funcionamiento y financiamiento de los servicios que se prestan a la agrupación de comunas. Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, mediante disposiciones con fuerza de ley, regule la forma de instalación de la municipalidad de Cholchol, la que en todo caso deberá quedar instalada a la fecha en que asuman las autoridades electas en la próxima elección municipal general. En la disposición con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior, se determinará, asimismo, el porcentaje de los cargos de la planta de la Municipalidad de Nueva Imperial que deberá ser adscrita a la planta de la Municipalidad de Cholchol, ponderando, para este efecto, la proporción de la población aportada a la nueva comuna por la comuna originaria. La citada proporción deberá determinarse, cuando sea procedente, respecto de cada una de las plantas reguladas en la Ley Nº 18.883. La responsabilidad del proceso de instalación de la señalada municipalidad corresponderá al Alcalde de Nueva Imperial, con la asesoría permanente y durante todo el proceso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, asesoría que podrá ejercerse directamente o con la colaboración del Intendente Regional, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 3º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Municipalidad de Cholchol y los requisitos de ingreso y promoción de los cargos. El alcalde de la Municipalidad de Nueva Imperial, mediante decreto alcaldicio, identificará los funcionarios titulares que se traspasan a la Municipalidad de Cholchol, en cuya planta el alcalde de esta última comuna, deberá nombrarlos a contar de la instalación del nuevo municipio, a fin de proveer los cargos según la proporción establecida en el artículo 2º transitorio precedente. El nombramiento de este personal se hará sin sujeción a las normas sobre concurso de la ley Nº 18.883, debiendo, en todo caso, cumplir con los requisitos de ingreso correspondientes. Los cargos de los funcionarios que se traspasen se entenderán suprimidos en la planta de la Municipalidad de Nueva Imperial, una vez efectuado el nombramiento a que se refiere el inciso anterior. Los traspasos de personal referidos se efectuarán sin solución de continuidad y sin que puedan ser disminuidas las remuneraciones que percibían. Si el nuevo cargo fuere de menor grado, los respectivos servidores percibirán la diferencia por planilla suplementaria, imponible y reajustable en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector municipal. Artículo 4º.- Autorízase a la Municipalidad de Nueva Imperial para transferir el dominio, a título gratuito, a la Municipalidad de Cholchol, de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva comuna. Asimismo, se autoriza a la Municipalidad de Nueva Imperial para transferir, también a título gratuito, a la Municipalidad de Cholchol, los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos alcaldes. El traspaso de los créditos y obligaciones de la Municipalidad de Nueva Imperial, que correspondan o incidieren en el patrimonio o en la administración de la nueva comuna, se efectuarán de común acuerdo por ambos alcaldes y sus respectivos concejos. Las donaciones efectuadas a la Municipalidad de Cholchol, por aplicación de lo dispuesto en los incisos precedentes, no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271. Por su parte, los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederán a inscribir, respectivamente, los inmuebles y vehículos a nombre de la Municipalidad de Cholchol, en virtud de requerimiento escrito del alcalde. La transferencia de los bienes indicados estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones. Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, durante el período de administración transitoria, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con la colaboración del Intendente Regional, deberá coordinar, entre otras materias, los traspasos a que se refiere el artículo 4º precedente, como asimismo, la inversión que se efectúe en el territorio de la comuna de Cholchol, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 6º.- En tanto no se efectúe la modificación correspondiente al Título Final de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre distritos electorales y circunscripciones senatoriales, continuará vigente para todos los efectos legales su actual conformación territorial. Artículo 7º.- Lo dispuesto en la presente ley, se entiende sin perjuicio de las normas sobre instalación de nuevas municipalidades, establecidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Ministro del Interior; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE TIENE POR OBJETO MODIFICAR LA DIVISIÓNPOLÍTICA Y ADMINISTRATIVA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA,CREANDO LA COMUNA DE CHOLCHOL1. El proyecto de ley en comento crea la comuna de Cholchol en la región de La Araucanía, cuyo territorio es parte de la actual comuna de Nueva Imperial.2. La modificación legal propuesta no significa un mayor gasto fiscal. (Fdo.): MARIO MARCELL CULLELL, Director de Presupuestos”.2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la región del Biobío. (boletín Nº 3342-06)“Honorable Cámara de Diputados: Vengo en someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto modificar la división política y administrativa en la Región del Biobío, al crear la comuna de Alto Biobío. La iniciativa propuesta se vincula, en términos generales, a la conveniencia de adecuar periódicamente la estructura territorial del país al dinamismo demográfico, a los requerimientos de crecimiento de la actividad económica y a la necesidad de satisfacer en forma más eficaz las demandas de la comunidad, armonizándolos con criterios técnicos que aseguren su viabilidad como nueva unidad territorial. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con esta propuesta específica, destaca el hecho que en este territorio se presentan particulares características étnico culturales de su población, que la diferencian claramente del resto de la comuna de Santa Bárbara, lo que suscita serias dificultades para poder administrarlo adecuadamente desde su municipio. En tal sentido una administración directa podría definir, orientar e implementar con mayor eficacia líneas de desarrollo específicas para sus pobladores. Por otra parte, la dotación de una administración propia a este territorio permitiría, además, canalizar diversas acciones de programas nacionales y regionales a áreas específicas y acotadas a sus realidades territoriales, culturales y étnicas. La comuna propuesta dispone de un equipamiento básico: escuelas, consultorio general postas, carabineros, sedes de Corporación Nacional Forestal (Conaf), corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza). En el ámbito económico, la actividad forestal, acuícola y apícola actuales, el funcionamiento pleno de las represas, más la utilización de la laguna El Barco, permitirá un desarrollo turístico sustentable de significación. En suma, a través de la comuna propuesta se facilita, por una parte, mejorar la gestión de la administración del Estado, al reducir y racionalizar el ámbito territorial de su responsabilidad y, por otra, aproximar y adecuar la acción de la autoridad más directamente a la comunidad en esta área donde, por las distancias, accesibilidad y sus particularidades ya señaladas, su presencia física es imprescindible para promover, en mejor forma, el desarrollo y la participación. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Créase la comuna de Alto Biobío, Sede Ralco (Biobío), en la provincia de Biobío, Región del Biobío. Comprende la parte de la actual comuna de Santa Bárbara, ubicada al oriente del siguiente límite: El estero Los Coihues, desde su desembocadura en el río Biobío hasta su origen; la línea recta, desde el origen del estero Los Coihues hasta la cumbre del cerro La Pepa; la línea de cumbres que limita por el poniente y el norte la hoya del estero Pirquinco, desde el cerro La Pepa hasta la cota 1670 en la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del estero Azul Grande, pasando por las cotas 1804 y 1544; la línea de cumbres que limita por el poniente y el norte la hoya del estero Azul Grande, desde la cota 1670 en la línea de cumbres que limita por el norte la hoya del estero Pirquinco hasta la cota 2035 en la cordillera de Tricauco, pasando por las cotas 1848, 1541 y 2036; la línea de cumbres que limita por el norte las hoyas de los esteros Blanco Grande, Tropelhuén y La Gloria, desde la cota 2035 hasta el cerro Boquete; la línea de cumbres que limita por el sur las hoyas de las quebradas Los Pinos, El Puesto y La Torre y del estero Costillar, desde el cerro Boquete hasta la cota 2010, pasando por el cordón Quilaquín y el cerro Costillar; la línea de cumbres que limita por el poniente y el norte la hoya del estero Cenicienta, desde la cota 2010, en la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del estero Costillar hasta la cota 2407, pasando por los cerros Los Mulatos y Pino Hachado; y la línea de cumbres que limita por el oriente la hoya de la quebrada Lleyo, desde la cota 2407 hasta la cota 2453, en la línea de cumbres que limita por el sur la hoya de la laguna de la Laja. Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las disposiciones pertinentes del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, entiéndase incluida la nueva comuna Alto Biobío en los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, a contar del 1 de enero de 2004.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1º.- Durante el período en que la comuna de Alto Biobío, creada por esta ley, no tenga instalada su respectiva Municipalidad, se agrupará con la comuna de Santa Bárbara, para los fines que establece el artículo 107 de la Constitución Política de la República. Para efectos de la administración de la comuna de Alto Biobío, la Municipalidad de Santa Bárbara, en la que recaerá transitoriamente esta función, deberá llevar presupuesto y contabilidad únicos, sin perjuicio de que internamente se consagre un procedimiento que permita llevar en forma separada y por comuna, ambas actividades, a partir de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley, con el propósito de preparar la futura administración de la nueva comuna. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Intendente Regional de Biobío, efectuarán un estudio del costo total que implicará la instalación precitada, cuyos resultados deberán remitirse al Presidente de la República. Autorízase al Presidente de la República para que, una vez evacuado el estudio mencionado, destine parte de los recursos del Fondo Común Municipal que correspondan a la comuna de Alto Biobío para financiar la instalación de su municipalidad. Esta destinación de recursos deberá efectuarse de forma tal de no afectar el regular funcionamiento y financiamiento de los servicios que se prestan a la agrupación de comunas. Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, mediante disposiciones con fuerza de ley, regule la forma de instalación de la municipalidad de Alto Biobío, la que en todo caso deberá quedar instalada a la fecha en que asuman las autoridades electas en la próxima elección municipal general. En la disposición con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior, se determinará, asimismo, el porcentaje de los cargos de la planta de la Municipalidad de Santa Bárbara que deberá ser adscrita a la planta de la Municipalidad de Alto Biobío, ponderando, para este efecto, la proporción de la población aportada a la nueva comuna por la comuna originaria. La citada proporción deberá determinarse, cuando sea procedente, respecto de cada una de las plantas reguladas en la Ley Nº 18.883. La responsabilidad del proceso de instalación de la señalada municipalidad corresponderá al Alcalde de Santa Bárbara, con la asesoría permanente y durante todo el proceso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, asesoría que podrá ejercerse directamente o con la colaboración del Intendente Regional, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 3º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Municipalidad de Alto Biobío y los requisitos de ingreso y promoción de los cargos. El alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara, mediante decreto alcaldicio, identificará los funcionarios titulares que se traspasan a la Municipalidad de Alto Biobío, en cuya planta el alcalde de esta última comuna, deberá nombrarlos a contar de la instalación del nuevo municipio, a fin de proveer los cargos según la proporción establecida en el artículo 2º transitorio precedente. El nombramiento de este personal se hará sin sujeción a las normas sobre concurso de la ley Nº 18.883, debiendo, en todo caso, cumplir con los requisitos de ingreso correspondientes. Los cargos de los funcionarios que se traspasen se entenderán suprimidos en la planta de la Municipalidad de Santa Bárbara, una vez efectuado el nombramiento a que se refiere el inciso anterior. Los traspasos de personal referidos se efectuarán sin solución de continuidad y sin que puedan ser disminuidas las remuneraciones que percibían. Si el nuevo cargo fuere de menor grado, los respectivos servidores percibirán la diferencia por planilla suplementaria, imponible y reajustable en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector municipal. Artículo 4º.- Autorízase a la Municipalidad de Santa Bárbara para transferir el dominio, a título gratuito, a la Municipalidad de Alto Biobío, de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva comuna. Asimismo, se autoriza a la Municipalidad de Santa Bárbara para transferir, también a título gratuito, a la Municipalidad de Alto Biobío, los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos alcaldes. El traspaso de los créditos y obligaciones de la Municipalidad de Santa Bárbara, que correspondan o incidieren en el patrimonio o en la administración de la nueva comuna, se efectuarán de común acuerdo por ambos alcaldes y sus respectivos concejos. Las donaciones efectuadas a la Municipalidad de Alto Biobío, por aplicación de lo dispuesto en los incisos precedentes, no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271. Por su parte, los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederán a inscribir, respectivamente, los inmuebles y vehículos a nombre de la Municipalidad de Alto Biobío, en virtud de requerimiento escrito del alcalde. La transferencia de los bienes indicados estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones. Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, durante el período de administración transitoria, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con la colaboración del Intendente Regional, deberá coordinar, entre otras materias, los traspasos a que se refiere el artículo 4º precedente, como asimismo, la inversión que se efectúe en el territorio de la comuna de Alto Biobío, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 6º.- En tanto no se efectúe la modificación correspondiente al Título Final de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre distritos electorales y circunscripciones senatoriales, continuará vigente para todos los efectos legales su actual conformación territorial. Artículo 7º.- Lo dispuesto en la presente ley, se entiende sin perjuicio de las normas sobre instalación de nuevas municipalidades, establecidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Ministro del Interior; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE TIENE POR OBJETO MODIFICAR LA DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CREANDO LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO1. El proyecto de ley en comento crea la comuna de Alto Biobío en la región del Biobío, cuyo territorio es parte de la actual comuna de Santa Bárbara.2. La modificación legal propuesta no significa un mayor gasto fiscal. (Fdo.): MARIO MARCELL CULLELL, Director de Presupuestos”.3. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que crea la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. (boletín Nº 3343-06)“Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley que tiene por objeto modificar la división política y administrativa en la Región de Tarapacá, creando la nueva comuna de Alto Hospicio.I. FUDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. La iniciativa propuesta se enmarca en la conveniencia de adecuar periódicamente la estructura territorial del país conforme al dinamismo demográfico, a los requerimientos de crecimiento de la actividad económica y a la necesidad de satisfacer en forma más eficaz las demandas de la comunidad, armonizando estos requerimientos con criterios técnicos que aseguren su viabilidad como nueva unidad territorial. Las características de emplazamiento del territorio de la propuesta comuna de Alto Hospicio y su explosivo crecimiento demográfico –cuya estimación se aproxima a los 60.000 habitantes–, han derivado en serias dificultades para su adecuada administración desde el municipio de Iquique. En tal sentido, una administración propia permitiría definir líneas de desarrollo específicas para aquél, considerando sus particularidades, muy diferentes al restante territorio de Iquique. Aunque la población de la nueva comuna propuesta tiene una alta dependencia desde el punto de vista laboral con la comuna de Iquique, dispone, sin embargo, de un equipamiento básico: escuelas, postas, carabineros, bomberos, entre otros, de cierta relevancia, lo cual le concede de hecho un grado de organización social importante. De este modo, la primera finalidad de la presente iniciativa es la creación de la comuna de Alto Hospicio, en mérito de las consideraciones expuestas. Adicionalmente, con ello se logra el objetivo de relevar a la actual administración de Iquique de la atención del territorio y población de esta localidad, lo que permitirá a esta municipalidad concentrarse en los crecientes problemas y desafíos turísticos, industriales y de servicios que se observan en la capital regional. Por otra parte, la presente iniciativa también propone modificar el artículo 12 de la Ley Nº 18.846, incorporando a la nueva comuna de Alto Hospicio, entre las comunas que se benefician del precio que paga la sociedad administradora y explotadora de la Zona Franca de Iquique al Estado de Chile, en virtud de la concesión de que es titular. Con esta modificación se dotará a la comuna que se propone crear, de un porcentaje de este ingreso comunal, proporcional a la nueva división territorial. En suma, a través de la comuna propuesta se permite, por una parte, mejorar la gestión de la administración del Estado al reducir y racionalizar el ámbito territorial de su responsabilidad. Por otra parte, se logra aproximar la acción de la autoridad a la comunidad en un área donde, por las distancias y accesibilidad, su presencia física es imprescindible para promover en mejor forma el desarrollo y la participación. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Créase la comuna de Alto Hospicio, Sede Alto Hospicio, en la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. Comprende la parte de la actual comuna de Iquique, ubicada al oriente del siguiente límite: La poligonal, desde el cerro Toro hasta el trigonométrico Cerro Aldea, pasando por los cerros Anzuelo, Covadonga, Riquelme y Esmeralda; el paralelo astronómico del trigonométrico Cerro Aldea, desde dicho trigonométrico al poniente, a la cota 500 de la carta 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar; dicha cota 500, desde su intersección por la prolongación del paralelo astronómico del trigonométrico Cerro Aldea hasta su intersección por el paralelo astronómico del trigonométrico Uribe; dicho paralelo astronómico, desde la cota 500 al oriente, hasta el trigonométrico Uribe; y la poligonal, desde el trigonométrico Uribe hasta el morro de Tarapacá, pasando por el trigonométrico Molle. Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las disposiciones pertinentes del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, entiéndase incluida la nueva comuna Alto Hospicio en los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, a contar del 1 de enero de 2004. Artículo 3º.- Reemplázase el artículo 12 de la Ley Nº 18.846, por el siguiente: “Artículo 12.- El precio de la concesión cederá en un veinte por ciento en favor de la Municipalidad de Iquique; en un veinte por ciento en favor de la Municipalidad de Alto Hospicio; en un treinta por ciento en favor de las demás municipalidades de la provincia de Iquique, por iguales partes; en un veinte por ciento en favor de la Municipalidad de Arica, y en un diez por ciento, dividido por partes iguales, en favor de las municipalidades de Camarones, Putre y General Lagos. Los recursos captados por los citados municipios por este concepto sólo podrán destinarse a financiar proyectos de inversión y sus correspondientes estudios.”.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1º.- Durante el período en que la comuna de Alto Hospicio, creada por esta ley, no tenga instalada su respectiva Municipalidad, se agrupará con la comuna de Iquique, para los fines que establece el artículo 107 de la Constitución Política de la República. Para efectos de la administración de la comuna de Alto Hospicio, la Municipalidad de Iquique, en la que recaerá transitoriamente esta función, deberá llevar presupuesto y contabilidad únicos, sin perjuicio de que internamente se consagre un procedimiento que permita llevar en forma separada y por comuna, ambas actividades, a partir de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley, con el propósito de preparar la futura administración de la nueva comuna. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Intendente Regional de Tarapacá, efectuarán un estudio del costo total que implicará la instalación precitada, cuyos resultados deberán remitirse al Presidente de la República. Autorízase al Presidente de la República para que, una vez evacuado el estudio mencionado, destine parte de los recursos del Fondo Común Municipal que correspondan a la comuna de Alto Hospicio, para financiar la instalación de su municipalidad. Esta destinación de recursos deberá efectuarse de forma tal de no afectar el regular funcionamiento y financiamiento de los servicios que se prestan a la agrupación de comunas. Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, mediante disposiciones con fuerza de ley, regule la forma de instalación de la municipalidad de Alto Hospicio, la que en todo caso deberá quedar instalada a la fecha en que asuman las autoridades electas en la próxima elección municipal general. En la disposición con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior, se determinará, asimismo, el porcentaje de los cargos de la planta de la Municipalidad de Iquique que deberá ser adscrita a la planta de la Municipalidad de Alto Hospicio, ponderando, para este efecto, la proporción de la población aportada a la nueva comuna por la comuna originaria. La citada proporción deberá determinarse, cuando sea procedente, respecto de cada una de las plantas reguladas en la Ley Nº 18.883. La responsabilidad del proceso de instalación de la señalada municipalidad corresponderá al Alcalde de Iquique, con la asesoría permanente y durante todo el proceso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, asesoría que podrá ejercerse directamente o con la colaboración del Intendente Regional, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 3º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Municipalidad de Alto Hospicio y los requisitos de ingreso y promoción de los cargos. El alcalde de la Municipalidad de Iquique, mediante decreto alcaldicio, identificará los funcionarios titulares que se traspasan a la Municipalidad de Alto Hospicio, en cuya planta el alcalde de esta última comuna, deberá nombrarlos a contar de la instalación del nuevo municipio, a fin de proveer los cargos según la proporción establecida en el artículo 2º transitorio precedente. El nombramiento de este personal se hará sin sujeción a las normas sobre concurso de la ley Nº 18.883, debiendo, en todo caso, cumplir con los requisitos de ingreso correspondientes. Los cargos de los funcionarios que se traspasen se entenderán suprimidos en la planta de la Municipalidad de Iquique, una vez efectuado el nombramiento a que se refiere el inciso anterior. Los traspasos de personal referidos se efectuarán sin solución de continuidad y sin que puedan ser disminuidas las remuneraciones que percibían. Si el nuevo cargo fuere de menor grado, los respectivos servidores percibirán la diferencia por planilla suplementaria, imponible y reajustable en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector municipal. Artículo 4º.- Autorízase a la Municipalidad de Iquique para transferir el dominio, a título gratuito, a la Municipalidad de Alto Hospicio, de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva comuna. Asimismo, se autoriza a la Municipalidad de Iquique para transferir, también a título gratuito, a la Municipalidad de Alto Hospicio, los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos alcaldes. El traspaso de los créditos y obligaciones de la Municipalidad de Iquique, que correspondan o incidieren en el patrimonio o en la administración de la nueva comuna, se efectuarán de común acuerdo por ambos alcaldes y sus respectivos concejos. Las donaciones efectuadas a la Municipalidad de Alto Hospicio, por aplicación de lo dispuesto en los incisos precedentes, no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271. Por su parte, los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de Registro Civil e Identificación, procederán a inscribir, respectivamente, los inmuebles y vehículos a nombre de la Municipalidad de Alto Hospicio, en virtud de requerimiento escrito del alcalde. La transferencia de los bienes indicados estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones. Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, durante el período de administración transitoria, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con la colaboración del Intendente Regional, deberá coordinar, entre otras materias, los traspasos a que se refiere el artículo 4º precedente, como asimismo, la inversión que se efectúe en el territorio de la comuna de Alto Hospicio, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada instalación de la nueva comuna. Artículo 6º.- En tanto no se efectúe la modificación correspondiente al Título Final de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre distritos electorales y circunscripciones senatoriales, continuará vigente para todos los efectos legales su actual conformación territorial. Artículo 7º.- Lo dispuesto en la presente ley, se entiende sin perjuicio de las normas sobre instalación de nuevas municipalidades, establecidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Ministro del Interior; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE TIENE POR OBJETO MODIFICAR LA DIVISIÓNPOLÍTICA Y ADMINISTRATIVA EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ,CREANDO LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO1. El proyecto de ley en comento crea la comuna de Alto Hospicio en la región de Tarapacá, cuyo territorio es parte de la actual comuna de Iquique.2. En esta misma iniciativa legal, se propone modificar el artículo 12 de la ley Nº 18.846, incorporando a la nueva comuna de Alto Hospicio entre las comunas beneficiarias del precio que paga la sociedad administradora y explotadora de la Zona Franca de Iquique al Estado de Chile, en virtud de la concesión de que es titular.3. Las modificaciones legales propuestas no significan un mayor gasto fiscal. (Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL, Director de Presupuestos”.4. Moción de los diputados señores Uriarte, Norambuena, Forni, Luksic, Hales, Meza y Salaberry. Moción que ordena la anotación de los vehículos robados, en el Registro de Vehículos Motorizados. (boletín Nº 3344-15). El robo o hurto de vehículos motorizados es un hecho, desgraciadamente, de ordinaria ocurrencia en nuestro país. Incluso se han detectado verdaderas industrias para el desmantelamiento de dichos vehículos. Las personas víctimas de estos delitos se limitan a denunciarlo y los organismos policiales efectúan las pesquisas e investigaciones necesarias para ubicarlo. Sin embargo, esta industria no existiría sin la posibilidad de vender el vehículo robado, para lo cual se alteran sus características. Por ese motivo, el artículo 34 de la Ley del Tránsito establece que si un vehículo, por ejemplo, cambia de color u otra característica, ello debe ser anotado en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva la Dirección de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, es curioso, pero no se puede anotar el hecho mismo de la sustracción dolosa del vehículo, lo que constituye un vacío que le resta eficacia al sistema. Por tal razón, resulta indispensable que el propietario afectado o una autoridad judicial o policial pueda solicitar que se practique la inscripción referida al robo. Ello pone el alerta a un eventual comprador del vehículo robado, y en caso de que lo compre, quedará de manifiesto que conocía el origen ilegal de la especie, lo que dará lugar a la aplicación de las normas penales respectivas. Por lo anterior, vengo en presentar el siguienteProyecto de ley “Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 34 de la ley Nº 18.290 de tránsito: “Asimismo, deberá anotarse la denuncia por la sustracción de un vehículo motorizado sometido a régimen de registro, hecha por su propietario o por una autoridad policial o judicial. La compraventa u otro contrato celebrado respecto de un vehículo en cuyo registro figure esta anotación, efectuada con antelación a la celebración del contrato, hará presumir que las partes tenían conocimiento del hecho de la sustracción.”.”.