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La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señora Presidenta, tal como señalaba el diputado señor Ojeda , hoy todos estamos muy contentos con este proyecto de ley, al cual le daremos nuestra aprobación.
El Gobierno y los partidos políticos suscribieron un acuerdo y un compromiso para avanzar en el debate y posterior aprobación de 49 iniciativas que buscan modernizar el Estado y mejorar la transparencia y la probidad pública. Sin duda, entre ellas estuvo la iniciativa en análisis, que llevaba un par de años en discusión en el Congreso Nacional.
No cabe duda de que este proyecto de ley, que hoy probaremos, ya que cuenta con el apoyo casi unánime de todos los partidos políticos, significa un cambio revolucionario. Su dimensión va mucho más allá de lo que algunos pudieran suponer. Pone en su justa medida a la persona y a las iniciativas empresariales frente al Estado y a sus órganos centrales, descentralizados, incluyendo los municipios y otros que tienen relación cotidiana con la gente, ya que el proyecto no sólo establece y regula los procedimientos administrativos, sino que además le da valor al silencio administrativo, como señalaba el diputado informante. Eso será trascendental y significará un cambio profundo y revolucionario en nuestra legislación administrativa. Impondrá una carga enorme al Estado, porque se deberá adecuar no sólo a los procedimientos que se establecen, sino que además tendrá que asumir la gran responsabilidad que se está “echando en los hombros”. En definitiva, lo moderniza y agiliza, lo cual es muy relevante. Me alegro de que hoy se esté dando este paso.
Recuerdo muy bien que en muchas oportunidades con mis colegas recibimos a los pequeños y a los medianos empresarios. Este proyecto satisface una aspiración muy sentida de todos los sectores, que muchas veces ven cómo se congelan, demoran o pierden sus iniciativas o emprendimientos por uno u otro trámite, por una mal entendida burocracia, una burocracia muy lenta, que liquida a la persona, a su iniciativa, a su voluntad, a su posibilidad de emprender.
Por tanto, el proyecto responde a la aspiración consciente de los pequeños, medianos y grandes empresarios, porque además de ser un cambio revolucionario, es una señal económica potente. Se le dice al país que el Estado está dispuesto a asumir la responsabilidad de agilizar los trámites relativos a iniciativas privadas o de otro tipo que se realizan en oficinas públicas. Se da valor al silencio. En definitiva, cuando el Estado no se pronuncie, los trámites se entenderán como aprobados en la forma que señala la ley, con algunas limitaciones, por cierto, porque tampoco el Estado puede “comprar” una serie de problemas a “tontas y a locas”.
En Atacama hay muchas peticiones de concesión de acuicultura que llevan cinco, seis, siete u ocho años de tramitación, lo que resulta difícil de entender cuando en algunas provincias de esa región el índice de cesantía llega al 20 por ciento. Muchas de esas concesiones están atrasadas por cuestiones de orden administrativo, por ejemplo, porque el Estado no tiene la capacidad de hacer los planos necesarios para registrarlas y adecuarlas correctamente a la realidad geográfica. Pero cuando el proyecto sea ley de la República, el Estado tendrá que asumir su responsabilidad y acelerar esos trámites entrabados en la Subsecretaría de Pesca o en otros órganos del Estado.
A veces, uno tiene que apelar a la buena voluntad de los funcionarios y pedirles por favor que apuren un determinado trámite, porque no existe una norma que les diga que si determinada presentación no se tramita dentro de cierto plazo razonable se va a entender aprobada.
El proyecto, que estoy seguro será ley, también terminará con otra mala práctica que ocurre en algunas instituciones del Estado, ya que permite que las autoridades digan la verdad a la gente. Por ejemplo, “Mira, esta petición te la vamos a rechazar”. O sea, tomará la decisión, la responsabilidad y el riesgo de decir: “No, no se puede aprobar esa solicitud por esto o por esto otro”. El interesado no tendrá que esperar una respuesta de la próxima autoridad que llegue, sino que obliga a la autoridad de los diferentes órganos del Estado alcaldes, ministros, intendentes, gobernadores, en fin todos quienes tienen que resolver, a pronunciarse, o las conmina o avanza no quiero ser tan categórico a que sean tremendamente claros y honestos, para no seguir con esta cosa comme si comme ça, media amarilla, como me señalan, que muchas veces no resuelve ni en favor ni en contra y sólo retarda la decisión de lo pedido. Eso es muy importante.
Por lo anterior, somos entusiastas partidarios de este proyecto, que está en la agenda que hemos suscrito los partidos políticos con el Gobierno, por lo que considero tremendamente relevante aprobarlo.
También obligará al municipio o al órgano del Estado que corresponda a contestar al vecino común y corriente que le ha presentado una solicitud.
Además, la iniciativa constituye un cambio revolucionario en nuestra administración pública y una señal económica potente en un momento económico difícil, complejo. Ojalá que el próximo paso sea la creación de los tribunales en lo contencioso administrativo. También coloca en su justa dimensión al Estado y a sus órganos respecto de la persona y de la iniciativa personal o colectiva.
En fin, porque conmina y permite avanzar hacia la honestidad, transparencia, etcétera, votaré a favor de este importante proyecto de ley, al igual que mis colegas de la bancada democratacristiana.
He dicho.
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