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La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta, al escuchar el debate, es estimulante comprobar que hay una especie de consenso y de gran apoyo al proyecto, porque una de las cuestiones más revolucionarias en esta materia es el silencio positivo.
Cuando uno habla de la administración del Estado y de la persona, claramente nota que la persona está frente a una especie de monstruo. Por eso, desde la recuperación de la democracia, una de las principales peticiones que hemos formulado se refiere a la creación de un defensor del pueblo, un ombudsman, como contraparte de este verdadero monstruo que tiene todas las garantías para decir no, para estar en silencio, para no contestar o para dejar las cosas en statu quo, en estado amarillo.
En cuanto al silencio positivo, la revolución consiste en que si la administración pública no contesta en un lapso determinado, su requerimiento será considerado como aceptado.
Pero, deseo hacer una pequeña reflexión o, por lo menos, poner una nota más preocupante al respecto. Por un lado, se le dice al interesado que existe el silencio positivo a su favor. Estamos hablando de la gente más pobre, que no tiene quién la defienda, porque los grandes inversionistas siempre tendrán defensores, pero los pequeños empresarios, las personas solas, aquellos que van sin un abogado, se sienten como frente a algo desmesurado, a una especie de monstruo. Entonces, hablamos de silencio, lo que está bien, pero ¿por qué en el artículo 43 hablamos de abandono?
Sé que debe haber certeza, y que la certeza jurídica es muy importante, pero parece que se produce un desequilibrio. Por una parte, el proyecto establece que la administración debe contestar; pero, por otra, establece que cuando por la inactividad de un interesado el procedimiento iniciado por él separaliza por más de treinta días, la administración le advertirá que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono. Esto me parece muy peligroso, porque estamos hablando de la gente más desvalida, vulnerable, no de aquellos que están apoyados, no de los grandes inversionistas, no de los que van con sus contadores auditores o abogados, sino de la persona común y corriente.
Por lo tanto, mientras no tengamos un ombudsman, como el que hemos estado pidiendo durante doce años, solicito votar en forma separada el artículo 43.
También me preocupa el artículo 53, respecto del cual la alegación del diputado señor Pérez puede ser atendible. Por ello, también debería votarse en forma separada por tratarse de funciones jurisdiccionales que pueden confundirse. Es muy importante saber qué se está votando y que vamos por el camino más recto y no por el de dar por un lado y, por el otro, restar.
He dicho.
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