?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA Sesión 7ª, en martes 15 de octubre de 2002 (Ordinaria, de 11.08 a 14.38 horas) Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Permiso constitucional9 Desarchivo de proyecto9 Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)9 V.Orden del Día. Perfeccionamiento del régimen de jornada escolar completa. Primer trámite constitucional11 VI.Proyectos de acuerdo. Suspensión de nuevos proyectos del Fondart hasta aprobación de proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Cultura. (Votación)35 Supresión de descuento de siete por ciento para salud a jubilados36 Autorización a Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para conocer diversas situaciones relacionadas con las empresas sanitarias39 VII.Incidentes. Creación de escuela de formación de Carabineros en Cauquenes. Oficio43 Inclusión de proyecto túnel internacional “Las Leñas” en obras del bicentenario. Oficio44 Rechazo a expresiones vertidas por diputado Pablo Longueira en Miami45 Información acerca del programa “Orígenes” en distritos de la Novena Región. Oficios45 Información acerca de ayuda enviada por la Oficina Nacional de Emergencia al distrito 52 con motivo de los últimos temporales. Oficios46 Apoyo a declaraciones formuladas por diputado Pablo Longueira en Miami47 Crítica a política de salud48 Campaña en favor de mujeres con enfermedades catastróficas. Oficios49 Rechazo a expresiones de diputado Pablo Longueira49 Precisiones sobre autoría en proyecto de ley y sobre intervención en foro en Miami50 Indicadores de entidades externas que refutan críticas sobre situación económica de Chile54 Construcción de plantas de oxígeno en establecimientos hospitalarios públicos. Oficio55 Saludo a docentes en el Día del Profesor56 Financiamiento de obras en Novena Región con recursos provenientes de licitación de Essar. Oficio56 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción de convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767 (boletín Nº 304905)58 2.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de gendarmería de Chile (boletín Nº 277507)58 3.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de gendarmería de Chile (boletín Nº 277507)95 4.Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que eventualmente podrían afectar el entorno natural de esta actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la Central Totihue130 Proyectos iniciados en moción del diputado señor Navarro: 5.Sobre comercialización y publicidad por medio de redes de telecomunicaciones e internet (boletín Nº 309419)164 6.Modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal para introducir el concepto de uso indebido o abusivo de datos (boletín Nº 309507)178 7.Sobre el uso del cinturón de seguridad en buses interprovinciales o interurbanos (boletín Nº 309615)185 8.Moción de los diputados señores Navarro y Valenzuela que reduce la edad para participar en juntas de vecinos (boletín Nº 309706)187 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación Del diputado señor Mora, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 12 de octubre en curso para dirigirse a Estados Unidos. 2.Oficio: Del diputado señor Longton por el cual solicita el desarchivo del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, Nº 7, letra i), de la Constitución Política de la República, en lo relativo al derecho a indemnización por error judicial (boletín Nº 74307). I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (115) NOMBRE --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Escobar Urbina, Mario --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Lagos Herrera, Eduardo --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pareto Vergara, Cristián --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Rebolledo González, Víctor Manuel --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Waldo Mora. Asistió, además, el senador señor Adolfo Zaldívar. Concurrieron, también, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza, y de Educación, señora Mariana Aylwin. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.08 horas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El acta de la sesión 2ª se declara aprobada. El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. PERMISO CONSTITUCIONAL La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Waldo Mora para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 12 de octubre en curso, con el fin de dirigirse a Estados Unidos. ¿Habría acuerdo? Acordado. DESARCHIVO DE PROYECTO La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El diputado señor Longton ha solicitado desarchivar el proyecto de reforma constitucional que modifica el número 7, letra i) del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativo a la indemnización por error judicial. Tiene la palabra el diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señora Presidenta, dicho proyecto ingresó a trámite legislativo en 1992. La Sala lo discutió en general; volvió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, posteriormente, se archivó. El Estado de Chile está en mora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no ha legislado para establecer la indemnización por error judicial. Incluso, mucha gente ha acudido a dicha organización, ya que los tribunales no están concediendo indemnizaciones por los errores judiciales. En consecuencia, por su relevancia he pedido desarchivar dicho proyecto. Ojalá el Gobierno califique su urgencia y sea tratado a la brevedad. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Longton? Acordado. RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes, en uso del derecho que le concede el artículo 34 del Reglamento. El señor MONTES.- Señora Presidenta, después de doce años de ejercer el cargo de diputado, hoy, por primera vez necesito hacer uso de esa disposición reglamentaria a fin de contestar a los insultos que me profiriera un señor diputado por la prensa, a propósito de un proyecto relativo a las ferias libres. Nunca me había ocurrido algo así. Pienso que en democracia debe existir cierto respeto entre las personas. El diputado señor Longueira señaló a la prensa que se le “robó intelectualmente” un proyecto, lo cual es de falsedad absoluta... El señor MOREIRA.- ¡Fue un robo! El señor MONTES.- Señor Moreira, no se ponga histérico. Debemos actuar con calma. Lo sostenido por el señor Longueira es totalmente falso. Se trata de dos proyectos totalmente distintos y cualquier persona que los lea podrá comprobarlo. Llevo mucho tiempo analizando el tema. En la Biblioteca del Congreso Nacional he hecho estudios de legislación comparada y eso se puede preguntar; tengo las ordenanzas municipales de todos los municipios del país; he trabajado bastante a fondo la materia; incluso, he colaborado con los feriantes en muchas de sus actividades e iniciativas, y además, con apoyo de la Comisión de Vivienda de esta Corporación, se han celebrado al menos tres seminarios, mesas de negocios, etcétera. Por ello, considero que el diputado señor Longueira ha incurrido en un gran exceso, aun cuando él comete este tipo de barbaridades con frecuencia. Basta tener presente que lo ocurrido en Miami no había sucedido jamás en la historia de Chile. Nunca el presidente de un partido político... (Hablan varios señores diputados a la vez). ¡No se pongan histéricos! ¡Están desesperados e histéricos! ¡Lavín está bajando en las encuestas, pero no es para ponerse histéricos! ¡Guardemos respeto! La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Pido a los señores diputados de la bancada de la UDI guardar silencio. De lo contrario, tendré que recurrir a las amonestaciones. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MONTES.- El país tiene que saber lo que significaría ser gobernado por histéricos. La desesperación los puede llevar a hacer cualquier cosa. Un señor diputado no puede ir a Estados Unidos y decir en una conferencia de prensa que en Chile no se puede invertir... (Hablan varios señores diputados a la vez). ¡Señores diputados, sean más honorables! ¡Asuman la historia del país! Incluso, me atrevo a decir que lo expresado por el diputado señor Longueira amerita una sesión especial de la Cámara. Nunca había ocurrido. (Hablan varios señores diputados a la vez). ¡Sean serios, señores de la UDI! El motivo del enojo del diputado señor Longueira no es porque yo le hubiera robado intelectualmente según él el proyecto, porque ello no es cierto, ya que las iniciativas son distintas, sino porque la UDI tenía preparado un tremendo circo en relación con el tema. Incluso, tengo en mi mano una circular interna en que llamaba a realizar conferencias de prensa en todo Chile, a las 12.00 horas del lunes, según ellos, en homenaje al desaparecido dirigente poblacional Simón Yévenes, oportunidad en que la UDI anunciaría su deseo de hacer más propietarios. O sea, querían efectuar una gran operación política que al final no les resultó, se les “chingó”, y eso les duele. Por tanto, para establecer claramente lo ocurrido, solicito que la acusación del diputado señor Longueira sea analizada por la Comisión de Ética de la Cámara. (Hablan varios señores diputados a la vez). ¡Debemos ser serios, señores de la UDI! ¡De una vez por todas, debemos ser serios! He dicho. El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, un breve comentario. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No corresponde! El señor MOREIRA.- ¡Reglamentario, señores! Señora Presidenta, ¿quiénes son verdaderamente los histéricos? ¿Nosotros o ellos? La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, reglamentariamente, no hay posibilidad para hacer comentarios. -Hablan varios señores diputados a la vez. V. ORDEN DEL DÍA PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda son la señora María Antonieta Saa y el señor Ortiz, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2853-04, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informes de las Comisiones de Educación y Hacienda, sesión 4ª, en 8 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. Durante su discusión en la Comisión, se contó con la colaboración de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin; del subsecretario de Educación, don José Weinstein, y de los señores Patricio Vilaplana, Hugo Montaldo, Marcos Miranda, Luis Villarroel, Emilio Oñate, Alexis Yáñez, Alejandra Contreras, todos funcionarios del Ministerio de Educación, en las reparticiones de finanzas, Programa JEC, etcétera. Asimismo, se escuchó a representantes de diversas instituciones, entre ellos, a los señores Jorge Pavez y Darío Vásquez y a la señora Carmen Gallardo, del Colegio de Profesores; a las señoras María de los Ángeles Santander y Paula Pinedo, abogadas del Instituto Libertad y Desarrollo; a la señora Dagmar Raczynski, investigadora de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; al padre Héctor Vargas, presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación; a Walter Oliva, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados de Chile; a las señoras Patricia Matte y María Domeyko, presidenta y secretaria general de la Sociedad de Educación Primaria, respectivamente; a las señoras Sonia Lavín y Silvia Del Solar, directora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación Piie, respectivamente; a don Marcos Núñez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación; a don Guillermo Mondaca, vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Técnico-Profesional; al padre Juan Díaz, vicario para la Educación de la Iglesia Católica; a don Miguel Gaete de la Fuente, presidente de la Coordinadora de Federaciones de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile; a don Juan Ramos Sandoval, director del Liceo José Tohá; también a los señores Ismael Calderón, Jorge Godoy, Eduardo Catalán, Miguel Villanueva, de la Asociación Metropolitana de Centros de Padres y Apoderados; al obispo Emiliano Soto Valenzuela; a los señores Felipe Eduardo Vidal y Eduardo Vidal, del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana; a don Francisco Fernández Fredes, presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas; a los señores Francisco Espejo y Cristián Martínez y a la señora Ana María Aburto, director nacional, jefe de Programas y jefa de la Unidad de Alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, respectivamente. Antecedentes generales. Este proyecto de modificación de jornada escolar completa diurna se encadena con numerosas iniciativas que hemos tratado en la Cámara de Diputados y programas del Ministerio de Educación que han implementado la reforma educacional, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación. Uno de los pilares de la reforma fue la creación del régimen de jornada escolar completa diurna, instaurado en 1997 por la ley Nº 19.532. El mejoramiento educacional ha sido impulsado por el Ministerio de Educación desde marzo de 1990, con los gobiernos de la Concertación. A ello apuntan los programas de las 900 escuelas; en 1992, de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, Mecebásica; de Mejoramiento Educativo dirigidos a las escuelas rurales y de Mejoramiento de la Calidad de la Educación de la Enseñanza Media, Mecemedia. A las anteriores iniciativas, también se agrega la ley N° 19.070, de 1991, sobre estatuto de los profesionales de la educación o Estatuto Docente; el DFL N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993, sobre régimen de subvenciones; la ley N° 19.410, de 1995, que modificó el Estatuto Docente y la ley de subvenciones; la ley N° 19.532, de 1997, que establece el régimen de jornada escolar completa diurna, y la ley N° 19.715, de 2001, sobre mejoramiento especial de remuneraciones. Todas ellas apuntan a los mejoramientos de los procesos educativos, a la elevación de la calidad de la educación y a la distribución equitativa de esa calidad. En este proceso de reforma existen cuatro ámbitos considerados claves: la reforma curricular, el desarrollo profesional docente, los programas de mejoramiento e innovación y la jornada escolar completa diurna. Todo lo que partió aparentemente en forma parcial y desagregada, se ha ido integrando en un todo coherente. Es así como la jornada escolar completa diurna ha avanzado en estos años, y ya existen cuatro llamados a concurso para infraestructura. Además, hemos tenido excelentes resultados con la prueba Simce en aquellos colegios donde se ha aplicado la jornada escolar completa diurna. Los países más desarrollados de Europa y del sudeste asiático tienen una extensión del año escolar de entre 190 y 250 días, con jornadas diarias de entre seis y siete horas cronológicas, lo que da un tiempo anual de 1.300 y 1.500 horas cronológicas. Los países con ingresos más altos, según un estudio del Banco Mundial, presentan un mayor número de horas anuales de docencia. Todos estos factores se han considerado para plantear una modificación de la jornada escolar completa diurna, que va en la línea de ampliar los plazos y mejorar algunos mecanismos. Se esperaba, como resultado de la ley, entre otros, que al año 2002 cerca de nueve mil establecimientos subvencionados estuvieran funcionando en jornada escolar completa de tercero básico a cuarto medio. Esto suponía esfuerzos organizativos y financieros por el aumento de las horas pedagógicas y la construcción equivalente a veinte mil salas de clases, con un costo estimado de 700 millones de dólares, según proyección al momento de entrar en vigencia la ley Nº 19.532. Desde 1996 a 2002, los recursos públicos asignados a educación se han incrementado en un 141 por ciento; la matrícula de niños y jóvenes en 7 por ciento, y la de adultos en 34 por ciento. Los padres y apoderados, entre 1996 y 1998, aumentaron su aporte por concepto de financiamiento compartido en 20 mil millones de pesos. Todos estos recursos se han orientado no sólo a la inversión en infraestructura, sino que en 32 por ciento a la entrega de textos y en 2.365 por ciento a la entrega de raciones alimentarias, así como al incremento de la remuneración por hora cronológica en enseñanza básica y media. Ideas centrales del proyecto. El régimen educacional de jornada escolar completa diurna, desde su creación en 1997, ha sido exitoso y masivo. Sin embargo, se ha estimado necesario ampliar el plazo primitivamente pensado para que los establecimientos integren este nuevo sistema. Las ideas centrales de este proyecto pueden sintetizarse en las siguientes: 1. Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC establecido en la ley N° 19.532. 2. Ajustar aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos que consulta la ley para realizar las obras de infraestructura indispensables. Se establecen nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aporte a entregar por alumno, de manera que se pueda disponer de herramientas adecuadas que permitan el financiamiento de la totalidad de la infraestructura necesaria para que aquellos establecimientos que tienen derecho a acceder al aporte, cuenten con esos recursos y puedan ingresar a la jornada escolar completa diurna. 3. En atención a que, de acuerdo con la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, las secretarías regionales ministeriales de Educación son las encargadas de otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales, contando para ello con el personal adecuado para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho reconocimiento y dado que los requisitos para ingresar a la JEC son muy similares, es más razonable que éstos sean revisados, igualmente, por la secretaría regional ministerial de Educación correspondiente. Al otorgar estas facultades a las secretarías ministeriales de Educación, se está dando un paso muy importante, en términos de la descentralización de los procesos. Por último, se ha estimado necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos, en lo relativo a la protección del derecho a la educación, con la introducción de algunas modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones. Objetivos del proyecto. Cambio de fecha. Este punto es extremadamente importante. Se propone una modificación a la norma que permite a determinados establecimientos excepcionarse de ingresar al régimen de jornada escolar completa, cambiando las fechas que se considerarán respecto de las pruebas nacionales de medición de calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006, es decir, al ingreso del año escolar 2007. En la discusión habida en la Comisión, llevada a cabo en un ambiente de absoluta cordialidad y colaboración, fuimos intercambiando puntos de vista y construyendo juntos un pensamiento similar y poco discordante hasta concluir que era muy importante fijar como plazo el año 2007 para implementar la jornada escolar completa en todos los establecimientos, tanto municipales como privados subvencionados, que presentaran vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico y educacional. Nos pareció que el proyecto debía poner el acento en esos establecimientos y darles prioridad absoluta, de modo que a comienzos del año escolar 2007 estuvieran en condiciones de emprender la jornada escolar completa. Respecto del resto de los establecimientos particulares subvencionados y atendidas las intervenciones de algunos invitados, como la señora Patricia Matte y el señor Walter Oliva, extendimos el plazo al año 2010, con total acuerdo del Ministerio de Educación. El hecho de poner el acento en los establecimientos vulnerables y el de ampliar el plazo hasta el año 2010 para implementar la jornada escolar completa, constituyen dos puntos fundamentales del proyecto sobre los cuales hubo total acuerdo en la Comisión. Obligación de ingreso. En segundo lugar, el mensaje indica que se ha estimado absolutamente necesario para el éxito del programa y de las políticas educacionales del Gobierno que, a contar del año 2003, los nuevos establecimientos subvencionados que se creen, funcionen, obligatoriamente, en el régimen de JEC. Perfeccionamiento en mecanismos de inversión. Los cuatro concursos llevados a cabo para entregar capitales de inversión e infraestructura escolar han sido una valiosa experiencia. Eso llevó al ministerio a perfeccionar los mecanismos de inversión de los recursos, a fin de beneficiar a todos los alumnos respecto de los cuales no se dispone de la infraestructura necesaria para su ingreso a la jornada escolar completa. Por eso, se estimó necesario hacer extensiva la figura que permite crear establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar y a la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes. Se trata de otro punto fundamental, porque permite focalizar los recursos en comunas donde no han existido iniciativas municipales o de otros entes para construir nuevos establecimientos. El proyecto permite perfeccionar estos mecanismos, con el objeto de construir colegios en lugares donde no se ha planificado la jornada escolar completa, o completar los ciclos de los que sí cuentan con ella. Garantía en favor del fisco. En cuarto lugar y dada la experiencia acumulada en los cuatro concursos que se han desarrollado a la fecha, se ha visto la necesidad de establecer algunas mejoras que consideren todas las posibles situaciones que afectan a los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales, de manera de perfeccionar la garantía constituida sobre ellos en favor del fisco, para hacer procedente la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional. En el mismo orden de ideas y considerando que la infraestructura escolar tiene una vida útil de 30 años, se rebaja a 30 años el plazo máximo por el cual deben constituirse la hipoteca y prohibición. La Comisión estuvo completamente de acuerdo en esta materia. Apoyo del Ministerio de Educación. En quinto lugar, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación cuente con herramientas adecuadas para otorgar asistencia técnica en la preparación de los proyectos de infraestructura que postulen al aporte, de tal manera que esa asistencia técnica se entregue a quienes efectivamente la necesiten. Muchas veces, los municipios o los sostenedores no tienen la capacidad técnica necesaria para presentar buenos proyectos, lo que les resta posibilidades en los concursos. Por eso, facultamos al Ministerio de Educación para apoyarlos con asistencia técnica, sobre todo a los colegios vulnerables. Desconcentración. En sexto lugar, se busca hacer más eficiente el procedimiento de ingreso de los establecimientos al régimen de JEC mediante la radicación de éste en las secretarías regionales ministeriales de Educación, en términos de que sea más coherente la revisión del cumplimiento de los requisitos para otorgar el reconocimiento oficial y de aquellos necesarios para ingresar a la JEC. Esto significará una gran desconcentración, pues se facultará a las secretarías ministeriales para analizar los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para ingresar a la JEC y permitirá una mejor focalización de los colegios, esto es, se construirán donde hagan falta. Participación. En séptimo lugar, el proyecto se preocupa de la gestión educativa de los establecimientos, para lo cual consagra una serie de medidas tendientes a la participación de la comunidad, lo que despertó gran interés en la Comisión y se tradujo en la presentación de indicaciones para apoyar tales medidas. El mensaje señala que la cuenta sobre gestión educativa del establecimiento, que debe rendir el director, sea por escrito y esté dirigida a toda la comunidad escolar, no sólo a los centros de padres y apoderados. Además, se deberá dejar constancia de las observaciones presentadas por esa comunidad, las que quedarán a disposición de los interesados en un registro público. Todas estas medidas de participación llevaron a la Comisión a una reflexión profunda sobre el particular. En el curso de la tramitación del proyecto realizamos un seminario que se centró en el análisis del tema. Hubo consenso en crear los consejos escolares, organizaciones en las que participaría toda la comunidad escolar y que cumplirían un rol importante en la vida del establecimiento. No todo lo debatido en ese seminario se plasmó en el informe, razón por la cual muchos diputados han señalado que presentarán indicaciones. Incluso, se ha pedido al Ejecutivo ampliar estos capítulos en el segundo informe. Ampliación de sujetos beneficiados con financiamiento. En octavo lugar, se reconoce la necesidad de financiar la infraestructura necesaria para que los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, puedan ingresar al régimen de JEC. Se trata de establecimientos técnico-profesionales que en la actualidad se encuentran administrados por corporaciones privadas, pero cuya propiedad es fiscal. En ese sentido, el proyecto establece un monto de recursos aportados por el ministerio para que, a partir de 2007, se incorporen a la jornada escolar completa con la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Subvención para adultos. En noveno lugar, se establece una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003. Protección del derecho a la educación. Finalmente, para proteger de manera más eficaz el derecho a la educación, se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. El proyecto no sólo modifica la ley Nº 19.532, que estableció el régimen de JEC, al ampliar los plazos de inicio del sistema a los años 2007 y 2010, sino que también consagra una serie de medidas en cuanto a las hipotecas, al funcionamiento de los créditos, que recogen la experiencia de los concursos anteriores y perfeccionan los sistemas de distribución. Se garantiza el funcionamiento de los establecimientos que reciben el aporte a un máximo de treinta años; se hace equivalente el período por el que debe otorgarse la autorización de uso, con aquel por el que debe constituirse la garantía para la entrega del aporte; se permite calcular el aporte sobre un parámetro más alto, también en función de la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento y las dificultades topográficas del terreno. Es muy distinto construir una escuela en un cerro de Puerto Montt que en la ciudad de Santiago, en términos de topografía y necesidades de recursos. En la discusión en particular se podrá dar cuenta de todos estos mecanismos, que contaron con el total acuerdo de la Comisión y la contribución de los diputados y diputadas en cuanto a precisar las normas. Modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Las modificaciones más importantes a este decreto se refieren al reglamento interno que deberá regir las relaciones entre los establecimientos educacionales, los alumnos y también los padres y apoderados, el que deberá señalar normas de convivencia, sanciones y reconocimientos que originen su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos aplicables para determinar dichas infracciones o destacado cumplimiento, y las instancias de revisión. Los reglamentos deberán ser notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación del pago, dejándose constancia escrita de ello. Queremos que la aceptación del reglamento del colegio deje de ser un trámite burocrático y se transforme en una instancia de participación de la comunidad escolar. También se crea una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumno de educación de adultos, respecto de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. Se precisa que siempre se pagará el ciento por ciento de esta subvención, independientemente del régimen en que el establecimiento atienda a los demás alumnos. Modificaciones a la ley Nº 19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación. Se modifica su artículo 8°, de modo de hacer extensiva la infracción grave que allí se establece a los establecimientos particulares subvencionados y no sólo a los municipales, cuando los sostenedores no aplican los aumentos de subvención a las situaciones contempladas en la ley. Esta es una antigua reivindicación de los profesores de los colegios subvencionados, a quienes el proyecto hace justicia, pues los recursos entregados para subvención deben aplicarse estrictamente a las situaciones que la ley establece, cosa que en muchas partes no se estaba haciendo. Modificaciones al Estatuto Docente. En relación con los establecimientos particulares subvencionados, se señala que los docentes tendrán los mismos beneficios que aquellos que se desempeñan en el sector municipal, respecto de una hora no lectiva adicional. Esta es también una antigua aspiración de los profesores. Incremento de la subvención. Se incrementa la subvención establecida en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, para aquellos establecimientos que se encuentran funcionando en el régimen de JEC, con el objeto de financiar la hora no lectiva adicional para los docentes con 38 o más horas semanales de contrato. El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, en la Comisión. Quiero volver a destacar el ánimo constructivo y de colaboración con que se discutió la iniciativa por parte de los diputados de todos los partidos, de la ministra de Educación y del personal de su ministerio. Muchos diputados manifestaron la idea de profundizar los temas de participación. Esperamos que esto sea recogido por la honorable Sala, a fin de revisar nuevamente el proyecto en la Comisión de Educación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor José Miguel Ortiz, diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. Durante su estudio en la Comisión participaron la señora Mariana Aylwin, ministra de Educación, y los señores Patricio Vilaplana, jefe de la División de Planificación y Presupuesto; Hugo Montaldo, abogado coordinador de la jornada escolar completa, y Marcos Miranda, coordinador del programa jornada escolar completa, JEC, todos de dicha Secretaría de Estado. Además, en representación del ministro de Hacienda, asistió el señor José Espinoza, asesor de la Dirección de Presupuestos. La iniciativa aborda las siguientes materias: a) Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC hasta el año 2007, en el caso de los colegios del sector municipal y de alta vulnerabilidad, y hasta el año 2010 para el resto. Sobre el particular, la ministra de Educación puntualizó que es prioritario para el Gobierno centrar los esfuerzos en los establecimientos más vulnerables desde los puntos de vista socioeconómico y educativo, sin perjuicio de que, en la medida en que haya más recursos, se incorpore el resto de los establecimientos. b) Disponer la obligatoriedad, a contar del año 2003, de que los nuevos establecimientos subvencionados que se creen operen en el régimen de jornada escolar completa, JEC. En este aspecto y para la historia fidedigna de la ley, es bueno señalar que los establecimientos educacionales son alrededor de 9.850, y que año a año se crean al menos cien, cifra que resulta significativa. Con esta medida se los obligará a operar en el régimen de jornada escolar completa. c) Perfeccionar los mecanismos de inversión, en particular al permitir la creación de establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, como también la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes. d) Rebajar el período de constitución de las garantías hipotecarias de 50 a 30 años, toda vez que la infraestructura escolar tiene una vida útil más cercana a esta última. Este tema fue ampliamente discutido en la Comisión, porque muchos sostenedores estiman que la garantía no estaba acorde con la realidad de las instalaciones educativas. Es bueno que esta Sala sepa cuál es la realidad del sistema de la jornada escolar completa. El señor Patricio Vilaplana señaló que existen 6.370 establecimientos operando en dicho sistema, de los cuales 5.023 corresponden a establecimientos vulnerables. Agregó que se han realizado cuatro concursos para financiamiento de infraestructura y que están en proceso un quinto y un sexto concursos. La información actualizada con que cuento señala que hace diez días se dieron a conocer los resultados del quinto concurso sobre financiamiento de infraestructura. El informe financiero del 3 de enero de 2002 fue reemplazado por otro, de fecha 3 de mayo de este año. Como diputado informante, quiero poner énfasis en el informe financiero, para después explicitar a grandes rasgos la discusión que se produjo en la Comisión de Hacienda. Como consecuencia de que se suprimieran los artículos 4º y 5º de la iniciativa, que decían relación con el incremento de las horas no lectivas y la subvención escolar a los establecimientos afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, se plantea lo siguiente: El número 2) del artículo 1º establece que el Ministerio de Educación podrá asignar recursos a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980. Para conocimiento de los colegas que no han participado en las discusiones de la Comisión de Educación, debo señalar que setenta establecimientos educacionales técnico-profesionales están siendo administrados por corporaciones privadas de origen empresarial sin fines de lucro. Con ello se autoriza al Ministerio de Educación para crear la infraestructura educacional que permita incorporar a sus alumnos a la jornada escolar completa diurna. En la ley de Presupuestos de cada año se determinará el monto que se destinará para este objeto, por lo que esta disposición no representa mayor gasto fiscal durante 2002. El número 2) del artículo 2º crea, a contar del año 2003, la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los alumnos de educación de adultos en los establecimientos subvencionados. Lo anterior representa un mayor gasto fiscal anual de 350 millones de pesos, considerando una matrícula de 116.623 alumnos a junio de 2001. Entrando en la discusión particular de los artículos que nos correspondió estudiar, que fijó la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, debo señalar lo siguiente: El artículo 1º introduce las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.532: El numeral 1) modifica el artículo 1º en los términos siguientes: En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente: “Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media”. En la letra b), se incorpora el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente: “Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010”. En la letra d), se reemplaza, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el inciso primero” por “los incisos primero y segundo”, y el guarismo “2001” por “2006 ó 2009, según corresponda”. En la letra e), se sustituye, en el inciso cuarto que ha pasado a ser quinto, la expresión “año 2002” por “inicio del año escolar 2007 ó 2010, según corresponda”. Puestas en votación las letras a), b), d) y e) del numeral 1) del artículo 1º, fueron aprobadas por unanimidad. Por el numeral 2) se agrega, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis: “Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos. Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos”. La ministra de Educación, señora Mariana Aylwin, puntualizó que son 70 los establecimientos técnico-profesionales de propiedad fiscal administrados por corporaciones empresariales. Agregó que dichos establecimientos, por el hecho de ser fiscales, porque están entregados en comodato a esas corporaciones, no participan de los concursos de aporte de capital. En consideración a lo anterior, se propone que a dichos establecimientos se les aseguren los recursos para que puedan ingresar al sistema de jornada escolar completa al inicio del año escolar 2007. Puesto en votación este numeral, fue aprobado por unanimidad. El numeral 3) modifica el artículo 4º en los siguientes términos: La letra a) sustituye el inciso primero por el siguiente: “Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos”. Es bueno que los parlamentarios sepan que esto era algo muy anhelado por los sostenedores, por cuanto se amplía la forma en que ellos pueden utilizar los recursos que, año a año, el Presupuesto de la Nación asigna para infraestructura, a través de la partida correspondiente al Ministerio de Educación. Puesta en votación la letra a) del numeral 3) del artículo 1º, fue aprobada por unanimidad. La letra c) reemplaza el inciso tercero por el siguiente: “Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que los habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8º de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización”. El resto de los numerales fueron aprobados por unanimidad, con excepción del 8), que modifica el artículo 8º, cuyas letras a), b), c), d) e) y f) fueron aprobadas por mayoría de votos. A continuación, me referiré a algunas indicaciones que, estoy convencido, contribuyeron a perfeccionar la iniciativa. Los diputados señores Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Lagos, Ortiz y la señora Carolina Tohá, presentaron la siguiente indicación, argumentando que mejora la proposición de la Comisión de Educación: a) Reemplázase la letra d) por la siguiente: “d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan, y las instancias de revisión correspondientes. Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados, para lo cual se entregará una copia de los mismos al momento de la matrícula o de su renovación cuando éstos hayan sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo. Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos. Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa. La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”. Lo anterior es en respuesta al amplio debate que se produjo debido a que algunos colegios sancionan a sus alumnos, excluyéndose algunas situaciones que dieron origen a una iniciativa parlamentaria que ya es ley de la República: “El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento”. Hubo otras indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad. Es importante destacar también la modificación que introduce el numeral 5) del artículo 2º, que modifica el artículo 37 de la siguiente manera: En la letra a), se agrega, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente: “Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo”. Debo recordar que esta materia ya había sido planteada con motivo de la discusión de otros proyectos relacionados con la educación; es decir, debía existir una señal muy clara y precisa del Gobierno, en cuanto a aumentar la subvención anual para la educación de adultos. La explicación de la autoridad bastante lógica, por lo demás es que durante el último tiempo el número de adultos interesados en completar sus estudios ha crecido en forma considerable, pero las matrículas han permanecido estancadas. Ahora, con el incremento de la subvención para la educación de adultos, como profesor, no me cabe la menor duda de que el próximo año serán más los adultos que podrán completar su enseñanza básica y media. Por último, el artículo 2º transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto incluido el aumento de la subvención para la educación de adultos, que para 2003 será de 350 millones de pesos, se financiará con cargo al ítem 5001032533.104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, y al presupuesto del Ministerio de Educación. Me alegro mucho de que, mediante la modificación de la jornada escolar completa y el mejoramiento de la infraestructura escolar, se posibilite a los sectores de más bajos ingresos y más vulnerables de nuestra sociedad acceder a la educación. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Hago presente a la Sala que el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones. La Comisión de Educación rechazó 39 y la de Hacienda aprobó dos. Además, en la Sala se han presentado tres. De manera que debe volver a Comisión, y ahora sólo corresponde discutirlo y votarlo en general. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señora Presidenta, el proyecto en debate forma parte de la reforma educacional que comenzó en 1992, es decir, hace diez años, lo que nos permite evaluar si se ha logrado el objetivo perseguido: mejorar la calidad de la educación, necesidad que todos compartimos. En la década pasada se incrementó fuertemente el gasto en educación: de 500 mil millones, en 1992, a cerca de un billón 800 mil millones; es decir, alrededor del 300 por ciento en diez años. Entonces, cabe preguntarse si se ha logrado un resultado acorde con los recursos utilizados; pero los únicos elementos de que disponemos para saberlo son los sistemas de evaluación existentes: el Simce, la Prueba de Aptitud Académica, la prueba internacional denominada Timss, etcétera. La prueba Simce de 1999 nos mostró el desempeño de los alumnos de cuarto año básico en matemáticas, comunicación y lenguaje y ciencias naturales. El resultado en las escuelas municipalizadas fue inferior a 240 puntos, y en la media alcanzó a 250. ¿Qué significa este puntaje en términos prácticos? El propio Simce establece cuatro categorías: deficiente, básico, intermedio y alto. La suma de las categorías deficiente y básico arrojó los siguientes resultados: en lenguaje, el 50 por ciento de los alumnos está entre deficiente y básico, y en matemática, el 63 por ciento se encuentra en ese mismo nivel. Sin duda, estos datos demuestran la preocupante situación de los cuartos años básicos del país. El caso más crítico se presenta en matemáticas, ramo en el cual más de un tercio de los alumnos es considerado con desempeño deficiente. En la prueba Timss, que mide el rendimiento en matemáticas y ciencias, efectuada en 1999 a los alumnos de octavo básico de diversos países del mundo, Chile obtuvo 392 puntos, frente a un puntaje promedio de 487 puntos. El puntaje máximo lo obtuvo Singapur, con 604 puntos, y el mínimo, Sudáfrica, con 275. Señalo estas cifras porque es bueno tenerlas presente cuando discutimos un proyecto de ley que modifica el régimen escolar completo, que se inició en 1997, y que constituye el eje de la reforma educacional en marcha. Como lo expresé al iniciar mi exposición, la reforma educacional y, por lo tanto, la jornada escolar completa tiene como meta mejorar la calidad de la educación. Después de varios años desde que empezó a implementarse, aún no se ha definido cuál es la meta concreta que se quiere alcanzar con todos los cambios que se están llevando a cabo. En el caso de la jornada escolar completa, el aumento de 30 a 38 horas semanales en la educación básica, y de 36 a 42 horas en la media, si bien puede parecer adecuado, toda vez que significa más horas de estudio por parte de los niños, la relación tiempo-rendimiento no es directa; el mayor tiempo de permanencia en la escuela no se traducirá necesariamente en mejor calidad. El resultado dependerá, en gran medida, de los contenidos que se entreguen en ese mayor tiempo y de la forma de lograrlos. La experiencia así lo demuestra: algunos países con jornada escolar completa han mejorado notablemente; otros, con jornada reducida, también han logrado excelentes resultados. En nuestro país existe conciencia, gracias a las estadísticas, de que la prueba Simce revela la brecha que existe entre la educación particular y la municipal, problema que debe ser corregido. La jornada escolar completa puede ser una manera de lograrlo si se hace bien. Si bien los objetivos del presente proyecto apuntan en el sentido correcto, no son suficientes ni solucionarán los innumerables problemas que se han ido presentando. Debido a su gran diversidad, en Chile existen enormes diferencias entre una región y otra. Entonces, como las realidades son distintas se requieren soluciones diferentes y es necesario que exista la flexibilidad suficiente que permita adaptar los recursos a esas realidades. En muchos establecimientos la jornada escolar completa no ha funcionado bien, principalmente por falta de recursos humanos: no hay suficientes profesores que se hagan cargo del alargamiento de la jornada, o bien cuando un profesor se enferma, no hay otro que lo reemplace. Además, no será posible que en el plazo fijado por el proyecto, el año 2007, exista jornada completa en todo el país, debido a la carencia de terrenos en las comunas con gran concentración urbana. Por otra parte, si no somos capaces de elevar nuestra tasa de crecimiento por sobre el 5 por ciento, es una utopía pensar que lograremos la meta con tasas de entre el 2 y 3 por ciento. Es necesario hacer una evaluación seria de la marcha de la jornada escolar completa. Han transcurrido cuatro años desde que se implementó y en marzo terminó el plazo fijado por la ley Nº 19.532 para que se incorporaran todos los establecimientos; sin embargo, más del 30 por ciento aún no lo ha hecho. Antes de la dictación de la ley sólo el 23 por ciento tenía jornada escolar completa; de manera que en ese plazo se ha incorporado sólo alrededor del 40 por ciento. Cabe mencionar que la evaluación realizada por la Universidad Católica en 2001 no revela mayores logros académicos como consecuencia de estos cambios; los resultados positivos dicen relación, principalmente, con beneficios sociales, generados por la mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas. Por eso, debemos insistir en el establecimiento de metas concretas relacionadas con el mejoramiento de la educación y en que las escuelas sean evaluadas sobre la base de avances de este tipo, puesto que es la única manera de saber si estamos mejorando efectivamente la calidad de nuestra educación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señora Presidenta, considero oportuno reconocer el trabajo realizado por las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda en lo que dice relación con el proyecto en discusión, por la trascendencia que tiene para el país. Está fuera de toda duda la importancia de dar a nuestra juventud los espacios adecuados para que desarrolle sus potencialidades, especialmente a aquellos estudiantes que acceden a la educación subvencionada y que pertenecen al segmento más necesitado de la comunidad, precisamente aquel en que, según todos los estudios sobre calidad de la educación, se producen las mayores dificultades. Tal como se recordó durante la discusión del proyecto que establece la obligatoriedad de la educación media, los resultados del Simce dados a conocer recientemente muestran una realidad preocupante. Según la explicación de la ministra de Educación, los resultados tienen un comportamiento mejor en aquellos estudiantes que están en jornada escolar completa. Es decir, de acuerdo con la autoridad educacional, existe una correlación positiva entre la ampliación de la jornada escolar y los resultados académicos en los establecimientos subvencionados. De manera que no queda más que entregar nuestro respaldo a esta iniciativa. No obstante, con la misma claridad y seriedad que exige una materia de esta naturaleza, es imperioso que seamos muy rigurosos frente al tema, como lo fuimos en la Comisión de Educación, en la cual escuchamos como consta en el informe las opiniones de las más diversas autoridades y representantes educacionales de todo el país. Es importante recordar que recogimos la experiencia de directores de establecimientos de enseñanza básica y media que llevan varios años en el sistema, así como de quienes pertenecen a un sector no menos importante y muchas veces olvidado en el análisis de la temática educacional: los mal llamados no docentes o paradocentes. Consciente de que muchas de las falencias de nuestras disposiciones legales radican en la nula o escasa participación de las personas que deben aplicarlas, pedí que se invitara a la Comisión a tres directores de las comunas pertenecientes al distrito que represento y al presidente nacional de los funcionarios de la educación, a fin de conocer sus vivencias. El proyecto en cuestión no aborda ni recoge todas las materias involucradas, así como tampoco soluciona todos los déficit y problemas que se han venido presentando, relacionados principalmente con los establecimientos pioneros en el acceso a esta modalidad, que pagaron las consecuencias de ser los primeros en aplicar la jornada escolar completa y que hoy muestran serios problemas de infraestructura y de recursos pedagógicos para cumplir con eficacia la función encomendada. Por eso, en su momento, junto con otros colegas manifesté serios reparos, no al fondo, sino a la forma en que se estaba desarrollando la JEC. A mi juicio, ha habido una postura efectista tendiente a cumplir metas, sin detenerse a analizar las circunstancias y las variables que ello implicaba. El objetivo era cumplir con las fechas establecidas; cada región y cada provincia tenían un itinerario. De allí el énfasis que ponían las autoridades provinciales para que los municipios postularan a los proyectos. Asimismo, se incentivó a los profesores que pensaron que tendrían mejoramientos económicos, puesto que no se les advirtió que el aumento de la jornada era para atender a los niños y niñas y que no implicaba necesariamente más horas en sus contratos. Hubo una presión, y sus resultados están afectando a alumnos, profesores e, incluso, municipios, que no pueden acceder a proyectos porque las estadísticas indican que no hay recursos para incorporarlos a la jornada escolar completa, lo que implica que cualquier mejora debe ser financiada con dineros de la corporación. Lo importante no es el tiempo que nos demoremos en este proceso ojalá sea el menor posible, sino que lo hagamos bien y con dignidad, porque para un país no es bueno tener espacios escolares muy modernos y adecuados, junto a otros, de la misma escuela o liceo, en pésimas condiciones y con los alumnos hacinados en su interior. Por eso, la ampliación del plazo hasta el año 2007 para que los establecimientos educacionales de enseñanza diurna, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal y particulares considerados vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y/o educacional, incorporen la jornada escolar completa, viene a subsanar un conjunto de dificultades y, lo que es más importante, permite asimilar la experiencia acumulada en los cuatro concursos desarrollados. El proyecto da un enfoque muy certero a la priorización que establece para la selección de los establecimientos vulnerables en el aspecto socioeconómico y educativo cuando los recursos son escasos, y da una señal muy precisa en el sentido de que, junto con las condiciones socioeconómicas, importan también los resultados académicos. A su vez, la modificación que se introduce al inciso quinto del artículo 4º, en cuanto a que el cálculo del aporte se hará sobre la base de un parámetro más alto, pues considera esto es muy significativo factores como ubicación geográfica, tipo de enseñanza que se imparte y dificultades topográficas, constituye un avance muy importante porque descentraliza la política de asignación de recursos y considera las características particulares de cada localidad. De ahí el fundamento de radicar el procedimiento de postulación de los proyectos pedagógicos y de infraestructura en las secretarías regionales ministeriales de educación, a fin de uniformar el proceso y de que la aplicación de los criterios de evaluación recaiga en un organismo que, por sus particularidades, conoce a cabalidad la realidad regional. De igual modo, es muy importante considerar la matrícula del proyecto postulado, en atención a que en la actualidad hay un gran desfase entre la que existía en la fecha de referencia junio de 1997 y el número de alumnos que hay al momento de acceder a la jornada escolar completa, iniciativa que compatibiliza la oferta educacional con los derechos de elección de padres y apoderados. Igualmente positivas son las disposiciones tendientes a garantizar el derecho de protección de la educación, a través de medidas tales como la subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de educación de adultos, construcción de nuevos establecimientos, recuperación de los existentes y habilitación, normalización y ampliación de los mismos, normas que amplían el destino del aporte suplementario por costo de capital a otras finalidades que las señaladas en el texto primitivo. Dentro de la política de ampliación de la cobertura de la JEC, merecen especial mención las posibilidades de acceso a esta modalidad de los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, mediante la asignación de recursos directos, dada su imposibilidad de participar en los concursos por ser propiedad fiscal. Al existir conciencia de que la gestión y la transparencia son bienes altamente significativos para la adecuada marcha del establecimiento, el compromiso de la comunidad educativa y el entorno en que ésta se inserta, se perfeccionan dos instrumentos orientadores del trabajo pedagógico y administrativo: el reglamento interno y el informe de gestión, que resultan fundamentales para resguardar derechos y especificar deberes de los diferentes estamentos de la unidad educativa y mostrar a la comunidad circundante el grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Hay aquí un avance interesante que va en la línea de hacer responsable a la escuela o liceo del producto que está entregando a la sociedad, que es, precisamente, la que aporta los recursos y que, como tal, merece una permanente rendición de cuentas. La idea del informe de gestión o cuenta pública, en mi concepto muy positiva, debe ser perfeccionada, a tal punto que junto con ella se entreguen informes permanentes, según el régimen escolar de cada establecimiento trimestral o semestral, porque es necesario realizar oportunamente las correcciones pertinentes y comprometer a la comunidad y a los padres. Con la finalidad de precisar mejor el objetivo de que la comunidad conozca los rendimientos académicos derivados principalmente de las pruebas nacionales, considero conveniente que se incluyan también, a continuación del artículo 11, que se reemplaza en virtud del numeral 11) del artículo 1º, los promedios nacionales y regionales por calidad de establecimiento. Asimismo, se debe consignar que los liceos humanísticos y científicos den a conocer los resultados obtenidos en la prueba de aptitud académica o en el sistema de selección que se establezca. Ambos datos permitirán saber de manera muy clara la calidad de la educación que se está entregando. Son tantos los aspectos positivos del proyecto que resultaría muy largo enumerarlos. Si bien existe una mayor garantía en favor del fisco frente a los problemas derivados de la mala calidad de la construcción, me asiste la íntima convicción de que en la discusión particular debiéramos incorporar elementos de mayor rigurosidad con el objeto de que, quien se asigne la ejecución de los trabajos, garantice su calidad y oportunidad. De lo contrario, me temo que seguiremos escuchando en la Sala realidades indignantes y dilapidando los recursos que no tenemos. En esta materia, hay variados ejemplos. Queda pendiente también un tema extremadamente sensible: la alimentación. Si bien es imposible extender universalmente este beneficio, estimo que se debieran hacer todos los esfuerzos posibles y aprovechando la presencia de la señora ministra de Educación, que sabemos que los está realizando para que se garantice el acceso a aquellos niños cuyos padres están cesantes o provienen de sectores rurales. Señora Presidenta, con los alcances que he señalado, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto en general. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, antes de dar mi opinión en relación con el proyecto de ley, quiero saludar afectuosamente a los maestros en vísperas del Día del Profesor, ocasión en la cual se inicia un nuevo proceso de negociación, caracterizado según palabras de dirigentes del magisterio como una apuesta a un cambio educacional de fondo, y no sólo a mejoras salariales, las que, por cierto, son importantes. Por ello, me parece oportuno señalar que el cumplimiento de la jornada escolar completa supone más maestros; pero, también, avanzar hacia una jornada de 44 horas para que se imparta una educación de mejor calidad, con menos alumnos por curso para que el mayor tiempo de permanencia en las aulas no sea una lata, sino una óptima combinación de metodologías y procesos. Para los maestros esa mayor cantidad de horas en un solo establecimiento, sin andar a la carrera de colegio en colegio, debe traducirse en una mejor remuneración. Pero, del mismo modo, en una razonable distribución del tiempo de trabajo, tanto en actividades lectivas como de evaluación, planificación, formación general y de atención de alumnos. Nadie puede discutir seriamente los efectos de la jornada escolar completa. Es indudable que los alumnos con más horas en sus establecimientos, con una modificación al currículo, haciéndolo pertinente y efectivo, junto a una mejor implementación en textos y material informático, recibirán un mayor aprendizaje. En todo caso, al momento de evaluar la jornada escolar completa, y especialmente al momento de mirar lo que aún está pendiente, no podemos dejar de hacer la distinción entre dos modalidades de nuestro sistema educativo. Me refiero a la educación municipal y a la particular subvencionada, que son objeto de financiamiento de parte del Estado, a través del llamado aporte de capital. La primera afirmación que habría que hacer, es que gran parte de los estudiantes no incorporados a la jornada escolar completa pertenecen a los establecimientos más grandes del país, lo que hace suponer que las inversiones pendientes son cuantiosas y, por lo tanto, cobra mucho efecto el proyecto de ley en el tiempo que se necesita adicionar para la materialización de estas obras. En segundo término, nos parece que, como Estado, debemos hacer, para estos efectos, una clara opción por la educación municipal, la cual, sin duda, es la más vulnerable y, además, no tiene otra posibilidad de allegar recursos y de hacer las inversiones necesarias si no es por la vía estatal. Por su parte, los establecimientos particulares subvencionados pueden ser sujetos de crédito. En muchos casos, los sostenedores no traspasan en forma íntegra los recursos que reciben por concepto de subvenciones a pagos de sueldos y asignaciones, estando especificadas en las partidas correspondientes. No es raro encontrar que, en estos casos, se ahorre dinero por esta vía por decirlo de manera moderada, porque también muchos recursos fiscales destinados a la educación han terminado lucrando a personas y menoscabando el sistema y sus objetivos. Por lo anterior, se hace imprescindible la fiscalización en el sistema particular subvencionado. Hay estudios serios que nos permiten sostener que por falta de ella, con todo lo que el Estado pierde año a año por concepto de subvenciones, se podría, por ejemplo, haber financiado el plan Auge hace rato o la recuperación de los sueldos que el magisterio estima perdidos durante las últimas tres décadas. Hay situaciones más extremas aún, como los establecimientos particulares subvencionados con financiamiento compartido. Aquí, creo que no cabría un aporte estatal desde ningún punto de vista. Finalmente, junto con respaldar el proyecto de ley, estimo que para avanzar con equidad en lo que nos queda de la jornada escolar completa, el criterio debiera ser uno solo: que el Estado invierta en las familias más pobres. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señora Presidenta, el objetivo del proyecto es tremendamente importante. Tiene que ver con el cambio de fechas para ampliar la posibilidad de que los establecimientos logren alcanzar la jornada escolar completa, la obligación de ingreso, el perfeccionamiento de mecanismos de inversión, garantía en favor del fisco, etcétera. Sin embargo, hay dos o tres temas más que me parecen muy relevantes. El primero es la participación, uno de los elementos más importantes en el gobierno del Presidente Lagos y que evidentemente debe tener cualquier tipo de reforma que quiera hacerse de cara a quienes reciben los servicios del Estado, sobre todo en educación, que se imparte a los hijos de la mayoría de los chilenos en establecimientos subvencionados. Por lo tanto, me parece de fundamental importancia que se consigne en el proyecto que el director debe rendir cuenta de su gestión a los educandos y a los padres y apoderados. La participación ciudadana en materias educacionales implica necesariamente que los padres y apoderados y los escolares que reciben la educación, es decir, la comunidad escolar en conjunto, tendrán una instancia para decir lo que piensan al respecto. En un proyecto de esta naturaleza es imprescindible que así se consigne. Además, en esta materia, la participación es de vital importancia y su ejercicio ampliará la democracia de que hoy goza el país. También me parece muy importante que se establezca una subvención para mantener la educación de adultos. Si bien éstos han recibido un proceso educativo, no es menos cierto que muchos en comunas rurales y alejadas requieren de un apoyo formal de establecimientos subvencionados para que alcancen una mejor calidad de vida. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante décadas, todavía un pequeño porcentaje de adultos no sabe leer ni escribir. Es necesario ir en su apoyo. Ningún ciudadano debe quedar sin desarrollo en términos educacionales, sobre todo en el siglo XXI. Pero, tal vez, el punto más importante tiene que ver con la protección del derecho a la educación, y el proyecto amplía los mecanismos que permiten mejorarlo. Quiero referirme, en particular, al artículo 2º, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, algunas de las cuales, a mi juicio, van en la línea de proteger al escolar de distintas situaciones. El artículo 6º del DFL Nº 2 establece que los establecimientos de enseñanza, para impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los requisitos que se enumeran. Es muy importante que el Estado ponga determinadas condiciones en este sentido para proteger a las escolares que, por ejemplo, por razones de su juventud, se embaracen, o habiendo sido madres, tengan que amamantar a sus hijos. Incluso a los padres. El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causales de medidas de exclusión o de restricción o que impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento. Es un avance muy importante de la forma en que el Estado concibe el respeto a la libertad de las personas. Sabemos que no es bueno que una adolescente se embarace, principalmente porque este estado constituye un importante problema de salud en nuestro país, pero no es menos cierto que es absurdo desconocer que gran cantidad de niñas se embarazan antes de los 16 años, realidad que se vive en el distrito que represento. Por lo tanto, es clara la determinación del Estado de que los establecimientos educacionales que reciben subvención no podrán excluir ni tomar medidas que restrinjan el derecho a la educación de las jóvenes que se encuentran en esas circunstancias. Como el proyecto volverá a Comisión, es relevante avanzar en otras materias que apunten en la línea de respeto a la libertad y protección a la enseñanza, como asimismo que se introduzcan elementos que protejan la libertad de culto de los educandos. La ley de igualdad de culto es para toda la población. Sin embargo, en algunos establecimientos educacionales no se aplica. Por lo tanto, es imperativo que en los subvencionados por el Estado se permita que los educandos elijan libremente el culto. Por ello, este elemento es tremendamente necesario para avanzar en el desarrollo educacional de nuestro país. Es evidente que todo lo que amplíe la libertad de las personas va por el buen camino. Porque estamos tratando el proyecto en general, quiero mencionar un aspecto que hace pocos días apareció en la prensa: una estudiante de educación media fue segregada por sus antecedentes relativos a su condición o afinidad sexual. Parece necesario debatir su caso. Si bien todos coincidimos en que la educación debe orientar a los jóvenes en relación con su sexualidad, no es posible negarla simplemente porque, de una u otra manera, se ha optado por una condición sexual que no es la más aconsejable desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Dentro del ámbito de las libertades, establecimientos que reciben el beneficio de la subvención del Estado deben abrir sus puertas a todos los educandos, sin considerar su situación socioeconómica u otras de diversa índole. Por eso, es fundamental aprobar el proyecto en análisis. Alabo que la Cámara de Diputados avance en la seguridad de que en el futuro nuestros hijos recibirán una educación que incluirá los valores del Estado, de la democracia, de la libertad, de la fraternidad, de la tolerancia. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Recuerdo a la Sala que quedan quince minutos para el término del Orden del Día. Debemos despachar en general el proyecto y quedan cinco diputados inscritos para intervenir, por lo que les pido que abrevien sus intervenciones para que todos tengan la posibilidad de participar en el debate. Tiene la palabra el diputado señor Bauer. El señor BAUER.- Señora Presidenta, el proyecto que nos convoca, sobre la jornada escolar completa, es la continuación de una ley en funcionamiento en buena parte de la educación chilena. La iniciativa, en mi opinión, es meramente mecánica, por decirlo de alguna manera, ya que, por un lado, prorroga la entrada en vigencia del sistema a todo el país y a todo tipo de escuelas y, por el otro, resguarda los intereses del Estado que ha entregado a los privados con el fin de adecuar sus instalaciones a esta nueva modalidad, así como también garantizar el funcionamiento de éstos en el tiempo, pero nada dice en relación con la calidad de la educación. Cantidad nunca ha sido sinónimo de calidad. Durante la discusión del proyecto, entre otras informaciones, recibimos el estudio de la Universidad Católica respecto de la jornada escolar completa, en el que se concluyen muchas condiciones de la jornada escolar, como la conveniencia de los alumnos de permanecer más horas en la escuela, lo que evita que pasen mucho tiempo en la calle o frente a los televisores, pero nada concluyente respecto de la calidad de la educación. Creemos firmemente que para mejorar la calidad de la educación se hace necesario, sin duda, aumentar el aporte del Estado por cada estudiante, de manera de mejorar la calidad de los profesores, de optimizar el número de alumnos por sala, etcétera. En colegios particulares subvencionados, administrados por entes sin fines de lucro, en los sectores de más bajos ingresos, los resultados han sido espectaculares. Ello nos dice que con recursos todo se puede mejorar. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero insisto en que debemos velar por la calidad de la educación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señora Presidenta, podría comentar varias materias, pero quiero concentrarme sólo en tres y plantear de manera muy general los puntos que deberemos seguir desarrollando en un segundo informe y quizás en otros proyectos. Durante la discusión del proyecto un debate muy importante, llegamos a la conclusión de que con la ampliación del plazo para incorporar la jornada escolar completa estaríamos enviando una señal fuerte en el sentido de que la prioridad apunta hacia los establecimientos más vulnerables, hacia aquellos que tienen menores resultados en el mejoramiento de sus aprendizajes, sobre todo porque el último Simce confirmó una noticia: los establecimientos que cumplen jornada escolar completa mejoran su rendimiento escolar. Por eso, en la medida en que madure el proceso y que todos hayan adoptado la jornada escolar completa, los rendimientos van a mejorar. Sin embargo, preocupa que el mejoramiento se dé a velocidades muy distintas. En los establecimientos más vulnerables, el mejoramiento es más lento que en aquellos que poseen condiciones favorables desde el punto de vista socioeconómico. Por eso, se adoptó la decisión de privilegiar a los establecimientos vulnerables con la implementación de la jornada escolar completa. Tendrán plazo sólo hasta el 2007. Los demás podrán demorarse un poco más. Hay que profundizar esta primera señal, junto con la decisión de que el ministerio aporte recursos para que los establecimientos más vulnerables desarrollen sus proyectos. En el futuro, a raíz de otros proyectos, por ejemplo, cuando se discuta el nuevo sistema de nombramiento y evaluación de los directores o el mecanismo de participación de la comunidad escolar en las decisiones, no debiéramos esperar los indicadores de los establecimientos que se quedan atrás para reforzarlos con programas adicionales, sino que debiéramos generar, sin más trámites, nuevas modalidades y modernizaciones que los privilegien y favorezcan, especialmente a los más vulnerables. Que ellos sean los primeros que elijan y evalúen a los nuevos directores; los primeros en que la comunidad escolar se organice y participe. No esperemos que se queden atrás para apurarlos. Privilegiémoslos, démosles condiciones preferenciales. En lugar de dejar atrás a los que tienen problemas, tratemos de apoyarlos y reforzarlos, de manera que la energía de los que van más adelante les genere un incentivo. Un segundo punto fundamental del proyecto es la protección del derecho a la educación. Fundamentalmente, se regulan los reglamentos para asegurar el respeto a la normativa legal y a los convenios internacionales sobre derechos del niño. Se obliga a que se den a conocer los reglamentos a los apoderados; se regulan las expulsiones para que haya procesos de apelación, para que a mitad de año no se expulse a nadie por razones económicas o de rendimiento. Pero, en esta materia, quedó pendiente un aspecto fundamental: la regulación de los procesos de selección. Resultó ser más complejo de lo que esperábamos y en un segundo informe habrá que trabajar con mayor rigurosidad. Dos temas difíciles. Primero, el cobro que se hace, pese a ser ilegal, por los procesos de selección. En estricto rigor, no se debe cobrar en los establecimientos subvencionados para dar la prueba de admisión. Sin embargo, sucede y es una realidad muy extendida. Tenemos dos posibilidades: o buscamos una manera de controlar que eso no suceda, o lo regulamos y aseguramos que al menos los establecimientos gratuitos no cobren. Si son gratuitos, las familias que postulan a ellos, probablemente, no tienen la posibilidad de pagar por un proceso de selección. El segundo problema es aún más difícil, pero debe discutirse en el segundo informe: ¿cuán válido es que los establecimientos seleccionen a los alumnos? Todos sabemos que, en muchos casos, eligen el tipo de familia, seleccionan a los niños por afecto, exigen que haya una condición. Por ejemplo, que los padres no estén separados. ¿Eso es válido? A una familia que acepta un proyecto educacional y quiere que su hijo se eduque en los valores y en la visión religiosa de ese establecimiento, ¿se le puede pedir que reúna determinadas características? Esto quedó para el segundo informe y es algo sobre lo cual se debe legislar. En principio, en la actualidad se permite cualquier criterio de selección discriminatorio. Por último, se va a reforzar el sistema de educación de adultos con una subvención de retención para los establecimientos que se dedican a ella. Esto es fundamental y coherente con el hecho de hacer obligatoria la educación por doce años. En Chile, la mayoría de la población, el 70 por ciento de los mayores de quince años, no tiene escolaridad completa. En la fuerza laboral, más del 40 por ciento no tiene escolaridad completa. Cuando sea obligatoria la educación de doce años, esas personas van a enfrentar obstáculos cada vez más difíciles en el mundo laboral y les costará más ser ciudadanos plenos. Vamos a reforzar los establecimientos que imparten educación para adultos no sólo destinando más recursos a ella, sino que también realizando una gran campaña nacional que involucre a municipios, a parlamentarios, a las familias. La escolaridad de los adultos es una tarea que requiere del reconocimiento y apoyo de todos los chilenos. Este proyecto es importante, pero nos deja muchos desafíos hacia delante, tanto para el segundo informe como para el futuro. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Quedan cinco minutos para el término del Orden del Día. Tiene la palabra el diputado señor Rojas, a quien le pido, por favor, que sea breve. El señor ROJAS.- Señora Presidenta, es difícil ser breve en una materia tan importante para quienes, de una u otra forma, estamos ligados a la educación. Ciertamente, este proyecto nos enorgullece y, en definitiva, aspiramos a que siga adelante porque este innovador proceso educativo dará un nuevo impulso al desarrollo del país. En su justa medida, contribuirá a salir del subdesarrollo. Por otro lado, claramente debemos señalar que la heterogeneidad de nuestro territorio hace que tengamos que analizar con mayor fineza este proyecto. ¿Por qué? Claramente no es lo mismo la implementación de una jornada completa en zona urbana que rural. Puede darse un problema tan simple como es la expansión de la infraestructura para desarrollar las clases o el que dice relación con el mayor espacio educacional que se suscita en el territorio urbano. Sin duda, se pretendió solucionar los problemas con la creación y puesta en marcha de la jornada escolar completa, en 1997, acompañada por una serie de programas como el Mece, la escuela P900 y, más tarde, los de mejoramiento educativo, que permitieron, aunque en forma desagregada y parcial, dar un paso que reconocemos, con la esperanza de buscar una coherencia mayor. En efecto, según consta en el mensaje, este proyecto busca ampliar el plazo para funcionar en jornada escolar completa hasta el inicio del año escolar 2007. La JEC presenta dos principios básicos para el desarrollo, que son la equidad y la calidad educativa. El Gobierno señala que la equidad se manifiesta en privilegiar la entrada al sistema de la JEC diurna de establecimientos que atienden a escolares en riesgo social y educativo, aumentando el tiempo de trabajo a escolares, a todos por igual, con lo que supuestamente se obtiene una igualdad en la oportunidad de aprendizaje. Asimismo, debemos tener en cuenta la calidad educativa, aunque en toda la discusión no se pudo acotar claramente qué vamos a entender por calidad educativa. Claramente, el Presidente del Colegio de Profesores, señaló la importancia de definir qué queremos y qué entendemos por calidad de la educación, dado que hoy no tenemos una evaluación ni estudio que señalen claramente que las medidas adoptadas por el Gobierno están en la línea correcta. Dentro del funcionamiento y su soporte económico, es necesario buscar el fortalecimiento del financiamiento compartido, que ha sido el gran aporte de los padres y apoderados al proceso educativo y ha permitido asimismo reforzar el sistema de cooperación complementaria en cuanto a los recursos que entrega el Gobierno. En materia de resultados, ¿qué se pretende obtener ante estos cambios? De acuerdo con la información recogida en la Comisión, ha disminuido la tasa de reprobación y deserción escolar lo reconocemos, pero también hay inquietudes relacionadas con la calidad de la educación. Dichos resultados reflejan deficiencias, mayoritariamente en las áreas de matemáticas y de comprensión del medio social y cultural. Lamentablemente, no existe un referente verdadero de evaluación del proceso que permita señalar que estamos frente al éxito o al fracaso, por lo cual es necesario pedir al Ministerio de Educación que enfrente este tema con objetivos claros y transparentes que permitan una constante evaluación, para no tener que lamentar, al cabo del proceso, que todo el esfuerzo no sirvió o no cumplió con los objetivos planteados. En esta materia sólo existe un estudio que realizó la Pontificia Universidad Católica de Chile, a petición del Ministerio de Educación, en el cual usó como muestra los establecimientos de las regiones Octava y Metropolitana. Dicho estudio concluyó en que la participación del cuerpo docente en el proceso de incorporación al sistema de Jornada Escolar Completa, JEC, es muy débil, por cuanto en las decisiones sólo participa el sostenedor y el director del establecimiento; asimismo en que la participación de los padres y apoderados es baja y plantea la preocupación existente en materia de infraestructura y equipamiento, especialmente para llevar a efecto los procesos alimentarios de los alumnos y las mejoras laborales de los docentes. Al principio, hubo entusiasmo de parte nuestra en apoyar la jornada escolar completa, porque es una herramienta indispensable y está en lo correcto, pero con algunos cambios. Estoy seguro de que, de perfeccionarse el sistema, nuestros jóvenes lograrán un aprendizaje óptimo. En definitiva, apoyaremos este proyecto de ley, no obstante considerar que es indispensable que vuelva a la Comisión a fin de que las indicaciones que hemos propuesto puedan analizarse en el segundo informe. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).- Señora Presidenta, no cabe duda de que el proyecto sobre jornada escolar completa es uno de los más importantes en materia educacional que ha discutido la Cámara en este período legislativo. En la Comisión tuvimos oportunidad de escuchar a representantes de diversos sectores de la comunidad, tanto de organismos públicos como privados, de establecimientos escolares como universitarios, y de todos ellos recibimos el testimonio sobre el impacto positivo de la aplicación del régimen de jornada escolar completa, no sólo porque se ha ampliado el tiempo escolar, sino también porque ha permitido cambiar muchos aspectos internos en los establecimientos, en cuanto a mejorar la participación de los profesores e incentivar la participación de organismos de la comunidad, pero, sobre todo, permitir a los niños desarrollar actividades complementarias, reforzar sus aprendizajes y avanzar, especialmente en establecimientos de sectores socioeconómicos más deprimidos. El resultado del último Simce así lo indica. Los establecimientos con jornada escolar completa han mejorado notablemente su rendimiento en casi todas las asignaturas y ello es consecuencia de la mayor dedicación y tiempo escolar, y del aumento de posibilidades que tienen los alumnos en los establecimientos donde se ha aplicado esta legislación. Sin embargo, aún hay aspectos que corregir al interior de la vida escolar, los cuales permitirían mejorar mucho más el rendimiento y, sobre todo, la calidad de la educación. No cabe duda de que, hoy, el principal desafío de la educación en Chile no reside en incrementar el acceso y la cobertura, aun cuando todavía falta por completar muchos aspectos en ese sentido, especialmente en educación preescolar y universitaria, sino en la calidad. Para poder avanzar en la reforma educacional que se ha impulsado en los últimos años, la calidad es esencial. Por ello, en la discusión habida en la Comisión, notamos que es necesaria una mayor incorporación de la comunidad, de la familia y los profesores en los procesos educativos. Hoy, los actores educacionales no tienen la suficiente motivación para involucrarse y participar en la vida escolar. Por eso, además de realizar un seminario sobre las mejores condiciones para optimizar la vida al interior de los establecimientos, en la Comisión discutimos un aspecto que subrayó la diputada informante, María Antonieta Saa, y que quiero relevar especialmente. Hoy se plantea el mayor desafío de vincular la acción educativa con la familia, ya que ésta es un factor esencial para estimular a los alumnos, especialmente de las comunas más alejadas, de sectores urbanos marginales o de lugares culturalmente más deprimidos. La incorporación de la familia pasa por crear mecanismos regulatorios que permitan mayor participación de los padres y apoderados, como asimismo de los profesores, de los no docentes y de la comunidad que rodea la escuela, a fin de hacer de la educación como lo ha planteado la Unesco una tarea de todos. Esperamos que esta participación se logre a través de la anexión de mecanismos hoy dispersos en nuestra legislación que permitan desarrollar comunidades escolares verdaderas. Dichos mecanismos los hemos llamado “consejos escolares” y son experiencias educacionales que se han acrecentado con mucha fecundidad en otros países del mundo. Aquí, a partir de nuestra propia experiencia, es posible establecer consejos escolares debidamente regulados, a los cuales las familias se podrían incorporar más activamente; que el consejo de profesores tenga mayor participación, y la comunidad, expresada en los distintos organismos que rodean la escuela, también pueda participar. Estos mecanismos deberán ser regulados a través de una legislación especial que afecte en particular a los establecimientos subvencionados, tanto municipales como de educación particular. En la Comisión acordamos presentar indicaciones en el sentido de incorporar a la legislación estos consejos, a fin de complementar y mejorar este proyecto en su segunda discusión. De esa manera, junto con continuar la línea de mejoramiento en nuestros establecimientos educacionales, se incorporarán también aspectos más cualitativos que apunten a estimular más a nuestros alumnos, a hacer que los actores involucrados en esta materia tengan más protagonismo en el proceso educacional que se desarrolla en nuestras escuelas y, con ello, incrementar efectivamente la calidad de la educación. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para cerrar el debate, ofrezco la palabra al diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta, discutir nuevas normas para la jornada escolar completa no puede sino partir de un balance de la reforma educacional. Ahora no podemos hacerlo porque el tiempo es limitado, pero en el debate en particular deberíamos tomarnos el tiempo necesario para hacer un análisis mucho más en profundidad sobre la materia. Una de las premisas básicas es que la educación es un problema de la sociedad, es público. A través de la educación se va prefigurando la sociedad, y es responsabilidad de ésta asegurar calidad y equidad para todos. No se trata sólo de un problema de cada cual: cada cual no se las arregla por su cuenta en materia de educación. Eso responde a una concepción conservadora de nuestra sociedad que llevaría a quienes poseen un capital familiar, educativo y cultural mayor, a reproducirlo en sus herederos. Además, nunca se habría efectuado una reforma educacional, estructural, profunda, de esta envergadura. La importante reforma impulsada por Eduardo Frei Montalva amplió la cobertura educacional. Ahora se enfrentan los problemas de la educación chilena en muchas dimensiones: el acceso a medios educativos modernos de todo tipo; la formación de profesores, incluyendo pasantías en el exterior y la búsqueda de mejores condiciones de vida; la jornada escolar completa, con infraestructura creada para tal efecto, y las modificaciones al currículum. Hasta la creación del Sies, jamás se había cuestionado la facultad del Estado para establecer un currículum nacional, prerrogativa que existe en todo el mundo. Es una función básica de la sociedad a través del Estado. También es importante reconocer que existen problemas, que no toda la reforma se está desarrollando tan bien como uno quisiera. Quizá el problema más serio consiste en que hay colegios que han avanzado más que otros. La estrategia impulsada por la reforma ha abierto oportunidades para que los establecimientos educacionales las aprovechen. Algunos lo han hecho plenamente, porque gozaban de condiciones preexistentes para ello; en cambio, otros han debido enfrentar muchas dificultades. Esto se encuentra más asociado a colegios que atienden a niños en condiciones más vulnerables, en situación socioeconómica precaria o que provienen de familias con capital cultural o situaciones familiares específicas. Allí, los profesores no sólo deben ser educadores, sino, también, en muchas ocasiones, transformarse en padres de familia. En cuanto a esa realidad, es necesario perfeccionar la manera en que se está desarrollando la reforma. Por ejemplo, a lo mejor no es bueno que en este tipo de establecimientos haya cursos con 45 alumnos, sino grupos más reducidos o contar con un profesor ayudante. También son necesarios sicólogos y asistentes sociales que ayuden a la gestión de los profesores, quienes no tienen por qué estar preparados para cumplir otras funciones. Asimismo, se requiere que el Ministerio de Educación disponga de más facultades. Por ejemplo, no es posible que un funcionario de ese ministerio no pueda visitar el colegio San Andrés de La Florida o se entere de que es un establecimiento en que las cosas no funcionan bien y, sin embargo, no tenga facultades para actuar, salvo cerrarlo, en circunstancias de que en ese sector se requiere un colegio. En el evento de que no exista otro, el ministerio debería contar con facultades para actuar en ese establecimiento. Por tal razón, la Comisión, por unanimidad, solicitó al ministro de Educación que pida más facultades para actuar en ese aspecto. Otro problema que ha debido enfrentar la reforma se relaciona con la participación de los actores del proceso educativo, cuales son los padres, los profesores los no docentes y la comunidad del entorno. Hay un problema en el gobierno de la escuela. Por eso estamos planteando una modificación al funcionamiento, características y rol del director. No podemos seguir con directores que permanecen en sus puestos de por vida. Debe existir capacidad para revalidar o no a los funcionarios, como también consejos escolares representativos de los distintos estamentos que permitan equilibrar la gestión del colegio. Muchos pensamos que los consejos escolares deben tener facultades para decidir sobre materias que no sean propiamente educativas, sino complementarias, como el reglamento interno del colegio y otras. Finalmente, se presenta el problema relacionado con el financiamiento compartido. La Universidad de Chile acaba de terminar un estudio que demuestra el escaso impacto que ha tenido esa modalidad sobre la calidad educativa y que el diferencial está dado mucho más por el tipo de alumno que se atiende que por el hecho de contar con más recursos. Esto también requiere de una revisión y en el proyecto se proponen medidas al respecto. El balance global de la reforma es muy positivo. El país está embarcado en una de las reformas estructurales más importantes y que apunta a lo fundamental: obtener mayor calidad y equidad. Se han hecho muchas cosas valiosas, pero repito hay problemas que superar y en esa dirección ha estado trabajando la Comisión, para hacer posible que el proyecto se perfeccione, desarrolle y alcance mayor solidez. Los socialistas votaremos en general a favor del proyecto; sin embargo, insisto, tenemos muchas indicaciones para perfeccionarlo en el debate en particular. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cerrado el debate. En votación en general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado en general el proyecto. Vuelve a Comisión para su segundo trámite. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jarpa, Kast, Kuschel, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la señora ministra de Educación. La señora AYLWIN, doña Mariana, (ministra de Educación).- Señora Presidenta, sólo quiero valorar el hecho de que el proyecto haya sido aprobado en general por la unanimidad de la Sala, como asimismo el espíritu constructivo de todas las propuestas generadas en el debate. Espero que en el segundo informe podamos enriquecerlo con ellas. Muchas gracias. VI. PROYECTOS DE ACUERDO SUSPENSIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DEL FONDART HASTA APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA CULTURA. (Votación). La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Informo a la Sala que se ha suspendido hasta mañana el tratamiento de los proyectos de acuerdo N°s 122 y 123. Corresponde votar, por última vez, el proyecto N° 124, que propone la suspensión de nuevos proyectos del Fondart hasta la aprobación de la ley que crea el Fondo Nacional de la Cultura. En votación. --Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 46 votos. No hubo abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Egaña, Errázuriz, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Kast, Kuschel, Leay, Longton, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker. SUPRESIÓN DE DESCUENTO DE SIETE POR CIENTO PARA SALUD A JUBILADOS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 125. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 125, de los señores Errázuriz, Bayo, Bauer, Mora, Martínez y Barros. “Considerando: Que a las personas jubiladas se les descuenta, por concepto de salud, un siete por ciento de su pensión. Que las pensiones y jubilaciones son muy bajas y los pensionados y jubilados, dificultosamente pueden alimentarse, vestirse y comprar sus remedios con el monto que reciben. Que el aporte de los jubilados al sistema de salud, por concepto del descuento del 7 por ciento de sus jubilaciones, asciende, anualmente, a alrededor de ciento diez mil millones de pesos ($ 110.000.000.000). Que, respecto de quienes jubilen anticipadamente, es comprensible el descuento del 7 por ciento para salud, pero no así para quienes jubilen por edad. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que disponga el estudio de un proyecto de ley que elimine gradualmente el descuento del siete por ciento de salud a los jubilados por edad cuyas pensiones sean inferiores a ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) y que les permita recibir atención en forma gratuita en el sistema público de salud, ya que durante toda su vida contribuyeron al sistema público.” La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, con este proyecto se pretende solucionar el problema del descuento de 7 por ciento que, por concepto de salud, se hace a los jubilados por edad, por cuanto la mayor parte de sus pensiones y jubilaciones son extraordinariamente bajas. Hoy, dicho aporte alcanza a 110 mil millones de pesos anuales. No se trata tampoco de eliminar ese descuento a todas las personas que han jubilado, puesto que muchas lo hacen en forma anticipada, sino sólo respecto de aquellas que han trabajado y cotizado durante toda su vida, y perciben pensiones o jubilaciones inferiores a 150 mil pesos. A ellas se les continuará proporcionando atención médica, pero esta vez en forma gratuita, en el sistema público de salud. Este problema me lo plantearon jubilados de las comunas de La Pintana y de Puente Alto, pero, evidentemente, afecta a todos. Por eso, con el diputado Accorsi, quien me proporcionó las cifras contenidas en el proyecto, hemos solicitado que la Cámara de Diputados formule esta petición al Presidente de la República, ya que no tenemos facultades constitucionales para presentar un proyecto de ley que reitero suprima el referido descuento de 7 por ciento para salud a los jubilados por edad, cuyas pensiones sean inferiores a 150 mil pesos. Ojalá que este proyecto de acuerdo sea aprobado por toda la Sala, de manera que no aparezcan algunos diputados tratando de obtener beneficios. Me interesa que se apruebe, más allá de que se pueda sostener quién es el autor o los autores. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, sólo quiero exponer nuestra posición favorable al proyecto de acuerdo. Efectivamente, es de justicia eliminar el descuento de 7 por ciento para salud que se hace a los pensionados y jubilados del país, porque, además del proceso de cotización a que han estado sujetos durante toda su vida, se suma lo insuficiente del monto de sus pensiones. En esta materia, el gobierno de la Concertación ha ido avanzando. Es así como presentó un proyecto de ley, aprobado por la unanimidad del Parlamento, en el sentido de eliminar la cotización por sobre el 7 por ciento, que pagaban una serie de pensionados de varias cajas de previsión del antiguo sistema. Ese proyecto se convirtió en ley de la República el año pasado, y esos pensionados, gradualmente, han visto aumentar sus pensiones por el solo efecto de la eliminación de la sobrecotización. Creemos que en esta perspectiva es posible seguir avanzando. Por ello, entonces, apoyamos este proyecto de acuerdo, el cual, ojalá, cuente también con la acogida favorable del Ejecutivo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo. El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, este proyecto de acuerdo contiene dos partes. En la primera se propone eliminar, gradualmente, el descuento de 7 por ciento de salud a los jubilados por edad cuyas pensiones sean inferiores a 150 mil pesos, con lo cual estamos enteramente de acuerdo, como ha señalado mi camarada Edgardo Riveros. Pero la segunda parte señala que “los jubilados por edad con pensiones inferiores a 150 mil pesos reciban atención en forma gratuita en el sistema público de salud, ya que durante toda su vida contribuyeron al sistema público”. Al respecto, hay que hacer la salvedad de que hay una disposición, formulada por el actual gobierno del Presidente Ricardo Lagos, por la cual se elimina el copago a las personas de la tercera edad, vale decir, a aquéllas de más de 65 años. Ella está vigente; por lo tanto, el segundo punto es redundante. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, adhiero a lo señalado por mi colega Patricio Cornejo, quien es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y fue el parlamentario que principalmente promovió la iniciativa, consignada en el segundo punto del proyecto de acuerdo, que el Ejecutivo acogió. Pero dicho punto, además, es restrictivo, porque podríamos volver atrás. La disposición actual del Gobierno, en el sentido de atender gratuitamente a personas de la tercera edad en todos los centros asistenciales de la red pública, dice relación no sólo con aquellas que reciben una pensión o jubilación igual o inferior a 150 mil pesos, sino que, incluso, es ampliable a todas aquellas que tengan una pensión superior. De forma que, de aprobarse este proyecto de acuerdo tal como está, si el Ejecutivo adoptara la decisión que se propone, volveríamos atrás en cuanto a que las personas de la tercera edad deberían empezar a pagar el copago en los hospitales públicos, por lo menos aquellas que están en las letras C y D de Fonasa, las cuales tienen una pensión superior a 150 mil pesos, en circunstancias de que ya cuentan con gratuidad en virtud de las disposiciones vigentes. Por esa razón, de no modificarse este proyecto de acuerdo, habría que votarlo en contra porque significaría un paso atrás en la dirección señalada. He dicho. El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, solicito el acuerdo unánime de la Sala para eliminar el segundo punto del proyecto de acuerdo. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a la proposición del diputado Errázuriz? Acordado. En votación el proyecto de acuerdo con la reciente modificación de la Sala. --Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Kast, Kuschel, Lagos, Leay, Longton, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Monckeberg, Moreira, Mulet, Navarro, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Urrutia y Varela. Se abstuvieron los diputados señores: Montes, Muñoz (doña Adriana) y Paredes. El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).- Señora Presidenta, cuestión de Reglamento. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra su Señoría. El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).- Señora Presidenta, a pesar de estar conforme con la modificación que se hizo al proyecto de acuerdo, recuerdo que no se pueden modificar los proyectos de acuerdo sin el consentimiento unánime de todos los que lo presentaron. No sé si en este caso se recabó. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Se acaba de hacer, señor diputado. El proyecto tuvo el respaldo unánime de la Sala y así lo consignó la Mesa. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES PARA CONOCER DIVERSAS SITUACIONES RELACIONADAS CON LAS EMPRESAS SANITARIAS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Secretario va a dar lectura al próximo proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 126, de los señores Navarro, Sánchez, Valenzuela, Robles, Espinoza, Aguiló y Rossi. “Vistos: Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y Considerando: 1.Que en agosto pasado la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) aplicó una multa de 10 UTA, equivalente a 3,5 millones pesos, a la empresa de Servicios Sanitarios de Aisén S.A. (Emssa S.A.), tras constatar que la sanitaria no realizó la medición del consumo de agua potable a través de medidores, durante los meses de septiembre a diciembre del año 2001, situación que afectó a lo menos a 108 clientes del sector Rivera Sur de la ciudad de Puerto Aisén, equivalentes a 700 familias, quienes percibieron en sus boletas consumos que triplicaron sus promedios normales. 2.Que a fines de agosto pasado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, aplicó una multa de 20 UTA, equivalente a 6,9 millones de pesos a la empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbío S.A.) luego de detectar un incumplimiento en la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas de Chillán en el mes de febrero del año en curso, al verificarse que en ocho muestras analizadas para coliformes fecales, tres de ellas presentaron más de mil coliformes fecales por 100 ml, lo que transgrede lo dispuesto por el D.S. Segpres Nº 90. 3.Que también en agosto de 2002 la Siss aplicó una multa de 70 UTA, equivalente a 23,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador (Essel S.A.), tras constatar que la planta de tratamiento de aguas servidas de Rancagua operaba en forma deficiente, constatándose a través de los resultados del informe de autocontrol de la planta, que de las 50 muestras analizadas para coliformes fecales, 21 de ellas presentaron más de 1.000 coliformes fecales por 100 ml, transgrediendo lo dispuesto en la norma de emisión Nº 90. 4.Que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha señalado que “está ejerciendo un permanente control de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas, a fin de cautelar la calidad ambiental de los cursos receptores y la correcta prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas como contrapartida al pago que hacen los usuarios por dicha prestación”. 5.Que en regiones como la Séptima la construcción de viviendas sociales coincide con el área de concesión de la empresa sanitaria Essam, situación que tras la aprobación de cambios de uso de suelo dejaba a las sanitarias impedidas de dar servicio sobre la base de la actual normativa, las que, sin embargo, lo prestaban conforme a las normas de excepción contenidas en el DFL Nº 382, de 1988, sin que hubiera pretendido cobrar un arancel adicional. 6.Que pese a lo anterior, y según se ha denunciado en esta honorable Cámara, la empresa Essam está demorando excesivamente la tramitación de ampliaciones de sus áreas de concesión, período en el que aparentemente se pretende establecer un tarifado excepcional, lo que se traduce en un costo adicional al cancelado en el resto de la comuna, para los propietarios de las viviendas sociales por concepto de agua y alcantarillado. 7.Que la empresa Aguas Nuevo Sur contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para la comuna de Talca, la que se instalaría en el sector de Colín en la comuna de Maule y que por ello se ha planteado desde sus mil quinientos habitantes la preocupación por el adecuado funcionamiento de esta planta. Frente a esta legítima aprensión, desde la Corema Regional sólo se habría dicho que “aún no se sabe lo dañina que puede ser la instalación de esta planta”. 8.Que la Siss ha establecido mediante el DFL Nº 70/88 y su Reglamento, el DS Nº 453/89, para una empresa modelo, un cobro por alcantarillado que incluye los servicios de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas. Sin embargo, en una situación que ha generado preocupación en varias comunas del país, esta tarifa se aplica considerando factores de prorrateo establecidos mediante resolución Siss Nº 1800/01 entre todos los clientes, incluso los pertenecientes a localidades o ciudades donde no existan plantas de tratamiento, bajo el argumento de que “se verían favorecidos por un menor cobro en sus cuentas a pesar de que directa o indirectamente percibirían beneficios asociados a la existencia de plantas descontaminantes en otras localidades”. 9.Que este último supuesto resulta absolutamente ambiguo respecto de otras argumentaciones de la propia Siss en el sentido de que “las empresas sanitarias están legitimadas para cobrar por el tratamiento de las aguas servidas que recolectan, siempre que efectivamente realicen esta tarea”, lo que además se ve agravado por la mala o nula información proporcionada sobre esta materia por las empresas sanitarias a sus clientes, especialmente a través de su boleta de consumo. 10. Que en el documento “Guía para la elaboración y revisión de declaraciones de impacto ambiental para plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas”, disponible en las oficinas de la Conama y que incluso puede ser descargado de la página web de esa repartición se entregan, en el número 4, los antecedentes para acreditar y justificar que el proyecto no requiere presentar un estudio de impacto ambiental, pese a que por definición los lodos producidos en el proceso son residuos industriales y que se ha propuesto en varias localizaciones de estas plantas el uso de estos lodos como fertilizantes. 11. Que, sobre el particular, los estudios internacionales señalan que aunque efectivamente algunos países siguen usando los lodos residuales como aportes para el mejoramiento de tierras, este proceso es efectuado bajo estrictas normas de cumplimiento sanitario, especialmente en lo relacionado con el carácter de biológicamente no activo de estos residuos, con el fin de evitar la propagación de enfermedades como la hepatitis. En otros, como Alemania, ya han dejado de lado esta práctica por la saturación de fósforo y nitrógeno que los lodos producían, generando un efecto contrario al deseado, ya que se afectaba la calidad de los suelos. La Cámara de Diputados acuerda: Mandatar a la Comisión de Obras Públicas y Transportes para que, en un plazo de 60 días, conozca de las situaciones relacionadas con el cobro irregular de tarifas, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas a lo largo del país, sus efectos económicos y ambientales, y la posibilidad de que los lodos residuales se utilicen para mejorar la calidad de los suelos, y sugiera las iniciativas legislativas necesarias para evitar que estas situaciones afecten a los clientes del sistema de agua potable y alcantarillado”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro para hablar a favor del proyecto. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, con los parlamentarios firmantes, hemos presentado este proyecto de acuerdo a fin de hacer un análisis profundo y detenido de la situación de las empresas sanitarias, sobre la base de los propios informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En el caso de la Empresa de Servicios Sanitarios de Aisén, Emssa S.A., la Superintendencia aplicó una multa de 10 unidades tributarias anuales, equivalentes a 3,5 millones de pesos, debido a que 108 clientes recibieron, durante seis meses del año 2001, boletas por consumos que triplicaban sus promedios normales, lo que constituye una franca irregularidad. Del mismo modo, a fines de agosto pasado, la Superintendencia aplicó una multa de 20 unidades tributarias anuales, equivalentes a 6,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbío, luego de detectar un incumplimiento grave en el tratamiento de aguas servidas, ya que verificó que de ocho muestras analizadas, tres presentaron más de mil coliformes fecales por cien mililitros, lo que transgrede lo dispuesto en el decreto supremo Nº 90, de la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, en agosto de 2002, la Superintendencia aplicó una multa de 70 unidades tributarias anuales, equivalente a 23,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador, Essel S.A., pues constató que veintiuna de cincuenta muestras analizadas, es decir, casi el 50 por ciento, presentaban más de mil coliformes fecales por cien mililitros, lo que transgrede lo dispuesto en la norma de emisión Nº 90. La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha actuado con eficacia y ha cautelado la calidad ambiental. No obstante, existen diversas situaciones de incumplimiento de la normativa por las diferentes compañías de agua potable y de tratamiento de aguas servidas en las diversas regiones. Es así como la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A., Essam, de la Séptima Región, ha demorado excesivamente la tramitación de ampliaciones de sus áreas de concesión con el objeto de establecer un costo adicional al del consumo de los pobladores que están fuera de su área de concesión. Por su parte, la empresa Aguas Nuevo Sur ha expresado a los 1.500 habitantes del sector de Colín, comuna de Maule, provincia de Talca, que la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en dicho sector no causará problemas. Increíblemente, la Corema de la Séptima Región sólo se ha remitido a decir que “aún no sabe lo dañina que puede ser la instalación de esta planta”. El documento “Guía para la elaboración y revisión de declaraciones de impacto ambiental para plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas”, disponible en la oficina de la Conama y que, incluso, puede ser descargado desde su página web, entrega antecedentes para acreditar y justificar que el proyecto para la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas no requiere presentar un estudio de impacto ambiental, pese a que, por definición, los lodos producto del proceso son residuos industriales. Esto es de suma gravedad, porque vamos a tratar aguas servidas para lograr la limpieza de las mismas, lo que es muy bueno; pero el resultado de este proceso son lodos industriales, con alto contenido de microorganismos y de metales pesados, que deben ser llevados a un relleno sanitario adecuado. Además, todos los estudios internacionales que hemos consultado señalan que el tratamiento de esos lodos debe hacerse bajo una estricta supervisión sanitaria por su composición biológica. En Alemania se ha dejado de lado la utilización de esos lodos en la fertilización de la tierra, debido a su saturación con fósforo y nitrógeno. Señor Presidente, a estas situaciones se suman las denuncias presentadas permanentemente a lo largo de todo el país, a través de la Superintendencia, por cobros por tratamiento de aguas servidas, en circunstancias de que no existen dichas plantas en las comunas, en las provincias y ni siquiera en las regiones de los lugares donde se realizan tales cobros. Del mismo modo, las denuncias por cobros abusivos por metro cúbico de agua consumida, que permanentemente se formulan a la Superintendencia, demuestran que esto se ha convertido en una práctica habitual de las empresas sanitarias. Por lo tanto, considero conveniente porque éste es un reclamo que los señores diputados deben de haber recogido en cada una de las comunas y distritos que representan que se mandate a la Comisión de Obras Públicas para que, en un plazo de 60 días, conozca de la aplicación de la legalidad, a través de la Superintendencia, a las empresas sanitarias, así como del resultado de las multas aplicadas por el cobro irregular de tarifas y del mecanismo de evaluación de impacto ambiental para la construcción de estas plantas, lo que se está realizando a lo largo del país. Señor Presidente, la preocupación permanente de los vecinos de todo el país en relación con esta materia requiere de una respuesta de la Cámara de Diputados, porque no puede quedar sin fiscalización la labor que está realizando la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que se puede lograr mediante el informe que debería elaborar la Comisión, el que posteriormente sería conocido por esta Sala. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas para hablar en contra del proyecto de acuerdo. El señor ROJAS.- Señor Presidente, sin duda lo que plantean el diputado Navarro y otros diputados en el proyecto de acuerdo puede tener un objetivo bastante loable para dar respuesta a la preocupación que ha existido respecto de los cobros irregulares de las empresas sanitarias, específicamente en las zonas donde se están construyendo nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, debo señalarle al diputado Navarro, porque a lo mejor no tiene la información respectiva, que ya se creó una Comisión especial, presidida por el diputado Patricio Melero, que ha llevado a cabo una investigación bastante acuciosa sobre la materia y que, según entiendo, mañana dará a conocer su informe a la Sala. Por lo tanto, la aprobación de este proyecto de acuerdo estaría fuera de contexto, porque ya viene la solución a la preocupación del diputado Navarro. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SALAS (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SALAS (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor SALAS (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum requerido, el tratamiento de este proyecto queda pendiente para la sesión ordinaria de mañana. VII. INCIDENTES CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN CAUQUENES. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Entrando en hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor Ceroni por cuatro minutos. El señor CERONI.- Señor Presidente, en la provincia de Cauquenes una de las dos que represento, la comunidad tiene gran interés en concretar un proyecto: la instalación de una escuela de formación de Carabineros. Lo anterior se ve factible porque existe la infraestructura para su edificación en un terreno de 4,5 hectáreas, dejado por el regimiento Andalién cuando cambió de sede. Las autoridades de la provincia gobernadora y alcalde de Cauquenes han conversado con el Ejército de Chile, institución que se mostró dispuesta a ceder el terreno a Carabineros, mediante la compensación de 338 millones 613 mil pesos. Lo importante es que el consejo regional ha dado su aprobación para cancelar dicha cantidad con fondos regionales; es decir, desde el punto de vista material se dan todas las condiciones para hacer realidad este proyecto. Por su parte, Carabineros de Chile también está interesado, porque la construcción de esta escuela permitiría la formación de más de cien jóvenes. Hemos realizado múltiples gestiones junto con la gobernadora y el alcalde de Cauquenes y, dada la importancia que la instalación de dicha escuela tiene para mi provincia, solicito que se oficie a la ministra de Defensa adjuntando copia de mi intervención para que también su cartera realice gestiones a fin de materializar esta iniciativa a la brevedad. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se oficiará en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los Comités del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Renovación Nacional, Democracia Cristiana y UDI. INCLUSIÓN DE PROYECTO TÚNEL INTERNACIONAL “LAS LEÑAS” EN OBRAS DEL BICENTENARIO. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela por tres minutos. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, estos días han sido importantes para Rancagua, pero también de cierta frustración. Importantes, porque se cumple un aniversario más de la Batalla de Rancagua, con todo el significado que ello implica en el despertar del sentido nacional, y también porque el 5 de octubre se celebra el aniversario de la ciudad Santa Cruz de Triana, fundada por Manso de Velasco. Por la importancia que revisten nuestros héroes locales desde Lastarria, como un gran intelectual liberal del siglo XIX, hasta Óscar Castro y Lucho Gatica, aunque no le den visa en Estados Unidos, nuestra ciudad se distingue en el país. Por otro lado, hay frustración porque hemos sabido que, siguiendo con la mentalidad centralista imperante en el país, entre los acuerdos que ha adoptado la Comisión Nacional Bicentenario integrada por grandes figuras nacionales y en la cual no existen comisiones representativas de cada región que puedan presentar sus propios portafolios de proyectos hacia el 2010 no se ha incluido el proyecto de mayor relevancia y esperanza para nuestro sector: la construcción del túnel internacional Las Leñas, el cual ni siquiera está en carpeta. Esta discriminación nos frustra como ciudad y constituye un escándalo desde el punto de vista de los intereses nacionales, pues no se trata de fetichismo local. Se habla de reponer el tren que conectaba la Quinta Región con Mendoza, obra que anteriormente fue desechada porque, al igual que el paso del Cristo Redentor, registra un promedio de 30 a 60 días de inactividad por razones climáticas. Sin embargo, se insiste en ese proyecto, en circunstancias de que lo más rentable, con visión amplia de país, como megaproyecto nacional para el bicentenario, es el túnel Las Leñas. Lamentablemente se desecha no sólo por la crisis fiscal de Argentina han comunicado que no están en condiciones de cofinanciar los estudios geológicos, sino también por falta de voluntad y de creatividad por parte de las autoridades en generar viabilidad para este proyecto mediante otra vía de financiamiento. Por tanto, solicito que se oficie a la Comisión Nacional Bicentenario para saber, en primer lugar, qué ha ocurrido con la petición de numerosos parlamentarios de crear un fondo con el objeto de que los megaproyectos de las regiones que no sean tomados en cuenta por ese organismo de “iluminados”, puedan tener alguna oportunidad de financiamiento. En segundo lugar, a fin de que dicha Comisión nos informe sobre las razones aducidas para desechar el megaproyecto del túnel internacional Las Leñas, por cuanto sería útil para la integración física y económica con el Mercosur. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, el país necesita una explicación por parte de ciertos conductores políticos de Derecha. Ello, porque las últimas expresiones públicas del presidente de la UDI aparecen contradictorias con el esfuerzo de muchos empresarios en pro de lo que éstos llaman “vender Chile” en el extranjero. Empresarios nacionales y dirigentes gremiales han viajado a varios países para presentar la buena situación de Chile en distintas áreas, con el fin de invitar a sus pares a que inviertan aquí para dar trabajo y aprovechar las buenas condiciones de la economía nacional. No obstante, el presidente de la UDI acaba de decir en Miami todo lo contrario. No es lo mismo “vender Chile” que desprestigiarlo. Al respecto, el país necesita una explicación, porque estamos hablando de dirigentes políticos que pretenden dirigir el gobierno el día de mañana, e, incluso, llegar hasta la Presidencia. Además, están desconociendo hechos. Tienen derecho a expresar opiniones, pero los hechos son innegables. Hemos demostrado que podemos tener una economía en condiciones de estabilidad, de crecimiento superior, incluso, al de muchos países desarrollados. Al mismo tiempo, hemos asegurado la continuidad de los programas sociales. Y como país, tenemos una posición que ha significado el aprecio no sólo de los inversionistas, sino también de distintos analistas en el mundo. Puede suscitarse el debate que quiera, pero no es posible aceptar, al menos sin una explicación al resto de los chilenos, la organización de una campaña especializada para contradecir la campaña de presentar a Chile como país apto para invertir. Ahora, la Derecha ha iniciado una campaña para que no se venga a invertir en Chile. El país debe entender que, con eso, aparentemente perdemos todos, pero siempre hay algunos que ganan: los especuladores, que pueden aprovechar un momento de baja para comprar bonos y obtener ganancias especulativas, y ganan los políticos que creen que pueden hacer de las suyas, desprestigiando a Chile y abusando de las buenas intenciones del resto de los chilenos. Esto no debe quedar impune; debe ser castigado, como se acostumbra en democracia: con el voto, con la palabra, con el juicio; no como se castigaba en dictadura. Será castigado como lo hace el pueblo de Chile bien informado. (Hablan varios señores diputados a la vez). Y los chilenos tienen derecho a saber, aunque sus Señorías griten, incluso aquí en la Sala o donde sea, qué quiere decir esta confabulación. El endeudamiento ha sido un tema recurrente de la Derecha no de los empresarios, sino de sus políticos. Y justamente ése es el tema que el diputado Longueira aborda en Estados Unidos a través de sus declaraciones en Miami. Que vengan acá y ojalá en una sesión especial podamos debatir de cara al país qué significa la verdad de los hechos y las interpretaciones para ir a desprestigiar, no a un gobierno ni a un ministro ni a una política económica, sino a Chile. He dicho. INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA “ORÍGENES” EN DISTRITOS 48 Y 49, DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, voy a referirme a un tema muy importante para la Región de La Araucanía en general. Desde hace varios años, diferentes gobiernos, y en las últimas décadas con mucho mayor ordenamiento, quizás, se ha tratado de solucionar los problemas de las comunidades indígenas. Su incorporación al desarrollo y progreso del país en general ha sido motivo de preocupación para todos nosotros. Se han destinado muchos recursos para lograr esos objetivos. Pero es cuestionable el uso y la eficacia con que aquéllos han sido usados. Se da como ejemplo lo sucedido con el Fondo de Tierras Indígenas, cuya evaluación en los próximos días debería estar en nuestras manos con ocasión de la discusión del proyecto de Presupuestos de la Nación para el año 2003. Este preámbulo justifica nuestra aprensión frente al programa “Orígenes”, que nos llenó de esperanzas y de fe, el que tiende a desarrollar, en forma integral, las comunidades indígenas, sin los paternalismos excesivos del pasado, y a entregar mejores oportunidades y capacidades a los usuarios del programa. Lo destacable del programa es su carácter participativo y descentralizado. Ha sido esperado con mucha fe y esperanza, pero esta última se ve frustrada. En el distrito 48 existe una lista de comunidades que serían beneficiadas. Los recursos destinados, que superan los 133 millones de dólares, son aportes del Gobierno y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué ha pasado con el programa? Por ejemplo, en la comunidad de Juan Maica, en abril llegaron dos promotores que ofrecieron una serie de cosas e hicieron sugerencias. A pesar de las reiteradas consultas de los usuarios del programa, la verdad es que hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. En este programa, que interesa a las comunidades indígenas, hay recursos estatales y municipales. Es un programa que apunta al quid del asunto en lo referente al desarrollo indígena. Por eso, solicito enviar oficio a la ministra de Planificación para que se sirva entregar la siguiente información: 1)La estructura del programa estatal responsable del programa en La Araucanía. 2)La nómina de los funcionarios a cargo con su definición de funciones y remuneraciones. 3)Estado de avance del programa con especificación de los planes que deberían estar desarrollándose en este minuto. Esto tiene importancia para los distritos 48 y 49. Uno de los representantes de este último distrito es el señor José Antonio Galilea. Por ello solicito que el oficio también vaya en su nombre. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Socialista que así lo indican. INFORMACIÓN ACERCA DE AYUDA ENVIADA POR LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA AL DISTRITO 52 CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS TEMPORALES. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, la comunidad nacional está en conocimiento de los grandes temporales que han afectado a la Novena Región hasta el momento. Lo trágico es que la propia Oficina Nacional de Emergencia ha declarado que “no estaba preparada” para esta emergencia, porque en octubre no llovía. Esa respuesta me parece increíble e infantil. Si hubiese habido un terremoto, ¿habría que haberle avisado al director de la Onemi: “Oiga, va a venir un terremoto en diez días más, así que prepárese”? Es una respuesta “interesante”, para que la gente sepa cómo funcionan dicha oficina y el gobierno regional en La Araucanía. Han pasado el viernes, el sábado y el domingo, y recién el lunes en la mañana el intendente se reunió con los seremis y la Oficina Regional de Emergencia. Tanto el sábado como el domingo fue imposible comunicarse por teléfono con la intendencia. Por lo tanto, recién ayer llegó la ayuda. En las comunas de Loncoche, Gorbea y Toltén hay caminos cortados; en Curarrehue hubo muertos; toda la gente estaba aislada, sin ningún tipo de locomoción ni comunicación, y recién ayer se empezaron a preocupar, si bien es cierto que el gobernador fue a ver la casa en la que hubo un derrumbe y, por desgracia, murió una persona. Pero no llegó ninguna ayuda. Me parece increíble la respuesta del Gobierno a la petición de la gente, en circunstancias de que no tenían nada: sólo un par de frazadas y 400 cajas para toda la Novena Región. Pido enviar un oficio al intendente de la Novena Región para que me informe en qué ha consistido la ayuda de la Onemi en las comunas de Cunco, Curarrehue, Pucón, Villarrica, Loncoche, Gorbea y Toltén, y sobre cuándo empezó a llegar. Asimismo, pido enviar un oficio a los alcaldes de las municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura, en nombre de los alcaldes del distrito Nº 52, a fin de que envíen ayuda a sus colegas que enfrentan esta desgracia como consecuencia de los temporales. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. APOYO A DECLARACIONES FORMULADAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me parece increíble la conducta del Gobierno respecto de las declaraciones del señor Pablo Longueira, presidente de la UDI. No pertenezco a ese partido soy de Renovación Nacional, pero concuerdo plenamente con lo manifestado por su presidente. En verdad, el Gobierno nos ha ido anestesiando poco a poco para que no se acepten críticas. El señor Longueira sostiene que en esas reuniones efectuadas en Miami no estuvo “vendiendo a Chile”, sino que dio a conocer la realidad del país. Habló de la cesantía, de las inversiones, de todo. Según este mismo criterio, diputado Hales, usted, como uno de los firmantes de la Declaración de los 15, sí que vendió al país, porque ese documento dio la vuelta al mundo. En consecuencia, según la visión de este Gobierno, si el señor Longueira por el solo hecho de hacer una declaración es “vendepatria”, habría que fusilar a los 15 diputados que firmaron esa declaración. Ése es el concepto estalinista que hoy está teniendo parte de la Concertación, a fin de ir anestesiando al país para que no se acojan las críticas. Como muy bien se ha dicho, en democracia las críticas deben ser aceptadas, trabajar en la solución de los problemas, pero no levantar banderas porque habla una sola persona. Los personeros de la Concertación se sienten muy perjudicados por los dichos del diputado señor Longueira, en circunstancias de que él no ha mentido, pues señaló que la cesantía alcanza al 10 por ciento y se refirió a la inversión extrajera. Entonces, ¿qué pretenden? Lo que sí nos parece grave es un país que no acepte críticas, pues eso conduce a una suerte de estalinismo, y, lo que es peor, a una dictadura constitucional. Eso es “envolver” al país sin aceptar las críticas. Lo que me parece inconcebible e imperdonable es que los que hablan de democracia no acepten las críticas. Me alegro de que el presidente de uno de los partidos de la Alianza por Chile tenga tanto poder como para poner en jaque a un Gobierno tan “maravilloso” como el de la Concertación. ¡Me parece increíble! Lo que debe hacer el Gobierno es llamar a la Concertación y a la Oposición para reunirse, porque nosotros, aunque les parezca mentira, queremos que al país le vaya bien, porque cuando eso ocurre le va bien a su gente. Ése es el fondo del asunto. No deseamos que le vaya mal a ningún gobierno, porque mientras más mal esté, más sufre la gente. Eso es lo que pretendemos evitar. Desde mi punto de vista, las críticas que se han hecho son constructivas. El ministro del Interior lo sabe, pero el diputado señor Hales lo ignora. Por eso, termino diciendo que me parece increíble cómo se ha llevado y desviado el tema, y la desinformación en la cual está incurriendo la Concertación. He dicho. CRÍTICA A POLÍTICA DE SALUD. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, la deuda hospitalaria no se soluciona sin corregir su verdadera causa, la cual no se ha tocado en la nueva reforma de salud: el financiamiento del costo real de las prestaciones de salud. Como muy bien dijo ayer el Presidente de la República en una reunión con directores de servicios de salud y de hospitales, el no pago de la deuda hospitalaria asegura el fracaso de cualquier plan de mejora de la salud. Dicha deuda alcanza ya los 60 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta financiar el plan Auge. A pesar de todos los aportes que se le hacen cada cierto tiempo, la deuda continúa creciendo, porque no se soluciona su causa. En verdad, no se quiere resolver ese problema. De hecho, en la Comisión de Salud presentamos una indicación al ministro de esa Cartera, pero no nos dio ninguna respuesta inteligente. Lo cierto es que no se quiere corregir el problema, pues así todos los directores de los hospitales de Chile están obligados a ahorrar, ahora bajo la amenaza de cambiarlos si no lo hacen, pues son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República. Como ninguno ha ganado un concurso, obviamente cuidan sus puestos. Los directores de hospitales siguen restringiendo los gastos y continúan ahorrado todo lo posible, para no incrementar la deuda en demasía. Así se puede disponer de los dineros estatales para otros asuntos si se pagan después las deudas hospitalarias. Sin embargo, ese gasto es menor que el asignado, sin el ahorro extremo al que se obliga a incurrir a los directores. Lo malo de esa manera perversa de financiar la salud es que se hace mediante ahorro a costa de los más pobres y de la clase media, postergando las atenciones de salud por meses, a veces por años, mientras la gente pobre continúa agravándose, a veces irremediablemente, o muriendo. Lo anterior fomenta la flojera y el desuso de los recursos, pues si más se trabaja, más deuda se genera, pues esas acciones de salud no son completamente pagadas por el nivel central de salud. Como los hospitales tampoco alcanzan a pagar lo que esas acciones valen, se genera deuda hospitalaria en forma permanente. Así, se cierran salas, no se compran remedios, se empobrecen los hospitales al no renovar equipos, igual que los funcionarios al suprimirse las horas extras, pues cuestan más dinero, sin importar que los pacientes se queden solos y corran riesgo; total, son de escasos recursos. Parece que basta con realizar campañas de publicidad para convencer a la clase media de que los demás son los culpables. Gastar en publicidad es más barato que mejorar a la gente pobre y a la clase media. En verdad, se administra mal; no se ha sabido gobernar. Llevamos muchos ministros y tres Presidentes de la República de la Concertación que han prometido solucionar los problemas de la salud, lo cual no puede esperar. Sin embargo, estamos igual. En salud y en temas como la agricultura, la pequeña y mediana empresa, la economía, el comercio, el empleo, la seguridad ciudadana y la pobreza, se dan excusas. La verdadera culpable es la que gobierna desde hace doce años, con amplias mayorías: la Concertación. Es tiempo de hacer cambios. He dicho. CAMPAÑA EN FAVOR DE MUJERES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza; al director del Fondo Nacional de Salud, señor Álvaro Erazo, y a la Primera Dama de la Nación, señora Luisa Durán de Lagos, a fin de darles a conocer que la provincia de Arauco registra un aumento preocupante en enfermedades catastróficas que afectan a la mujer, específicamente el cáncer de mama y el cáncer cérvicouterino. Sin duda, para esas mujeres habrá una buena respuesta del servicio público cuando la reforma de la salud, proyecto actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, se implemente y sea una realidad. Sin embargo, dicho proceso demorará un tiempo, probablemente un par de años, hasta el pleno despliegue de la reforma. Mientas eso ocurre, quiero proponer a las autoridades antes señaladas la puesta en marcha de una operación que podría denominarse “campaña por la vida de la mujer”, financiada por Fonasa, con recursos del Ministerio de Salud o de otras instituciones públicas, la cual tendría como finalidad reforzar la actividad de los servicios de salud. Es decir, el propósito es movilizar recursos, de los cuales actualmente no se dispone, a fin de lograr la implementación de instalaciones móviles en la comunidad, en especial en el mundo rural, con el objeto de llevar a cabo los respectivos exámenes y análisis, unidades que deben estar en condiciones de responder efectivamente a la actual necesidad de atención de la salud pública nacional, a saber, las enfermedades catastróficas que afectan a la mujer, realidad que existe no sólo de los sectores rurales del país, sino también en los urbanos. Por eso, me atrevo a sugerir a las autoridades de salud que la iniciativa se denomine “campaña en favor de la mujer”. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Comité Socialista y Radical que así lo indican a la Mesa. RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO PABLO LONGUEIRA. El señor ESCALONA.- En segundo lugar, quiero referirme a un debate público suscitado en los últimos días. Muchos de los diputados presentes están informados de que sufrí un período de exilio entre 1974 y 1982, época en que los servicios represivos, conocidos tristemente por la historia del país como la Dina y el Comando Conjunto, eran instrumentos de terrorismo de Estado que se encargaban materialmente de eliminar cualquier tipo de oposición, prohibir la circulación de diarios y cerrar las radioemisoras democráticas, realidad que fue debidamente investigada. De hecho, las violaciones a los derechos humanos constituyen una verdad registrada en el informe elaborado por la Comisión Rettig, a comienzos de los noventa. Por esa razón, me parece que escapan completamente a la actual realidad las declaraciones del diputado señor Pablo Longueira, en el sentido de que en los años de la dictadura militar había chilenos que desprestigiaban al país. En el informe de la Comisión Rettig está comprobado que hubo más de mil detenidos desaparecidos durante la época en que los medios de comunicación estaban clausurados y prohibidos, en que a los que no eran detenidos desaparecidos se los expulsaba del país. Esa tragedia la vivió Chile hasta aproximadamente 1983, año en que una protesta nacional, encabezada por el actual diputado señor Rodolfo Seguel, permitió cambiar radicalmente la situación que se vivía hasta ese momento, generó espacios de libertad y posibilitó que hubiera disidencia y que se generaran condiciones para que existiera una oposición política a la dictadura, proceso que después influyó en la recuperación de la democracia. Esta realidad no se puede ignorar ni tampoco faltar tan descaradamente a la verdad. Es decir, intentar homologar una campaña antipatriótica y antinacional de desprestigio, con el propósito de dificultar y de entorpecer las operaciones financieras actuales, es muy desafortunado, en comparación con la situación que viviera Chile bajo el terrorismo de Estado del régimen militar, en el que participó el señor Longueira. Francamente, no guarda relación una cosa con la otra. Los parlamentarios que se molestan con nuestro rechazo a la conducta visceralmente opositora del presidente de la UDI, no pueden ignorar su compromiso con el régimen militar. Aunque hoy lo quieran desconocer, desde el punto de vista político se comprometieron con un régimen que violó los derechos humanos. Por eso, en mi condición de víctima de las violaciones de los derechos humanos, por haber estado obligado a vivir en el exilio, por haber tenido una letra “L” en mi pasaporte que prohibía mi ingreso al país y por haber estado privado del derecho de vivir en mi patria por decretos sucesivos del régimen militar, expreso mi absoluto y completo rechazo a la insinuación de que, bajo la dictadura, los opositores tuvimos la posibilidad de expresar nuestra oposición y rechazo al terrorismo de Estado en Chile, porque en esas condiciones organismos como la Dina y el Comando Conjunto lo hacían absolutamente imposible, no sólo por la vía de la crítica política como es posible hacerlo hoy en democracia, sino también, lisa y llanamente, a través de la eliminación física de los opositores. He dicho. PRECISIONES SOBRE AUTORÍA DE PROYECTO DE LEY Y SOBRE INTERVENCIÓN EN FORO EN MIAMI. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero responder a varios parlamentarios y, por cierto, al diputado Escalona, quien, cuando se atropellaban los derechos humanos en todos los países socialistas del mundo, no sólo guardó silencio, sino que vivió al amparo de esas dictaduras. Entiendo por qué se retira de la Sala: porque en el siglo XX los derechos humanos fueron violados sistemáticamente en los países donde triunfaron sus amigos. A todos los chilenos nos alegra que ahora defiendan la democracia y los derechos humanos, lo cual nunca hicieron en el pasado, ya que guardaron silencio ante la violación sistemática y permanente por parte del Estado soviético y de todos aquellos países donde triunfó el marxismo. Chile no comenzó a vivir cuando ganó la Concertación, sino que los chilenos nos liberamos de una dictadura como la que lamentablemente aún existe en una isla en el mundo. El diputado Hales, comunista, converso hace poco tiempo, también hizo referencia a este tema. Ahora da la bienvenida a la democracia y a la defensa de los derechos humanos, pero, en el pasado, guardó silencio sistemático y permanente. Si ésta es la forma en la que los representantes de la Izquierda chilena quieren discutir estos temas, sean bienvenidos al debate. Sabemos que en el pasado el Partido Socialista llamó, en su Congreso Nacional de 1967, a tomar el poder por las armas. Aquí no hay personas recién nacidas. Entendemos que pretendan engañar a muchos jóvenes que no vivieron la historia pasada; pero hay muchos chilenos que estamos acá para recordar la historia y no para repetirla. El diputado Montes, en la mañana, hizo uso del tiempo que le concede el Reglamento y se refirió a mis expresiones respecto de la presentación de un proyecto de ley elaborado por los alcaldes, diputados y senadores de la UDI. Es un proyecto que hemos trabajado desde hace más de cuatro meses con la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, donde hay dirigentes de todos los partidos políticos. El resultado de esa labor, realizada durante muchos días, fue la creación de un gran estatuto para las ferias libres del país, que termina con la precariedad con que viven miles de chilenos en ese comercio. Nuestros opositores han anunciado que nos pasarán a la Comisión de Ética de la Cámara. Primero, no lo pueden hacer. Segundo, quiero recordarles a los “amigos” que tantas veces me han amenazado con pasarme a la Comisión de Ética, de acusarme constitucionalmente, de declararme inhábil, etcétera, que lo hagan alguna vez. A los que hay que pasar a la Comisión de Ética es a los copiones. En efecto, cuando los copiones tomaron conocimiento de que nuestro partido había elaborado un proyecto de ley, el que se entregó a todos los dirigentes el miércoles después de que esa organización le pidiera al diputado Montes hace diez años que presentara uno, y nunca lo hizo, casual y sorpresivamente, al día siguiente que formulamos el nuestro, entregaron el suyo. Lo dejo a criterio de ustedes. Lo único que quiero decir es que jamás habría hecho una cosa así. Tengo la conciencia tranquila de haber destinado muchas horas a elaborar el proyecto más lindo que he hecho en mi vida: crear un estatuto para todos los trabajadores de las ferias libres del país. Y quiero decir que la UDI recibirá todas las sugerencias de los parlamentarios que deseen colaborar para perfeccionar esa iniciativa de ley. ¡Pero a los copiones les decimos copiones! Digamos las cosas por su nombre. En segundo lugar, el diputado Montes, acaloradamente, como suele hacerlo en sus intervenciones, como todos los miembros de la Concertación, se refiere como loro a mis expresiones en Miami. Quiero señalar estas oportunidades sirven para conocer humanamente a las personas que fui invitado como presidente de la UDI, al igual que el presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar, hace algunas semanas para exponer ante los chilenos que trabajan en empresas chilenas instaladas en Miami y en Chile. En dicho encuentro no había ningún medio de comunicación extranjero. El único medio invitado por la Cámara no sé si sería único, pero estaba presente fue el diario “La Tercera”. Y el lunes se publicó parte de mi intervención, que consistió, básicamente, en hacer un llamado a todos los chilenos de Miami para que sean capaces de defender el sistema económico de Chile, en una región en la que, con los gobiernos populistas de izquierda de Brasil, de Venezuela, de Argentina y de Perú, lamentablemente vamos a vivir los eternos ciclos a que nos llevan los izquierdistas y que nos dejan con más pobreza en Latinoamérica. En el análisis señalé que debíamos defender a Chile. Fue un análisis para gente inteligente, todos chilenos. Respecto de que habría hecho un llamado a no invertir en Chile, quiero que me muestren dónde lo dije. Los únicos que llamaron a no invertir en Chile son quienes hoy, como loros, están repitiendo la pauta comunicacional del Gobierno. Esa intervención la hice con la finura de alguien que está frente a gente inteligente para hacer un diagnóstico sobre el país. ¿Qué señalé respecto del Gobierno? Que Chile puede más; que podríamos estar creciendo al cuatro o al cinco por ciento este año; que podríamos crecer al cinco o al seis por ciento el próximo. Eso cree la Unión Demócrata Independiente. Consideramos que Chile tiene ese potencial. Si no lo logramos, es por culpa del gobierno que tenemos. Además, agregué que estimaba que el ministro y el Presidente tenían claro lo que hay que hacer, pero que es la propia Concertación la que les impide gobernar bien, y el mejor ejemplo lo puedo graficar con la ley de rentas II, en cuya discusión fuimos invitados por el Gobierno para llegar a un acuerdo, y lo alcanzamos, pero finalmente el presidente de la Democracia Cristiana lo destruyó. Entonces, debemos hacernos cargo de un problema: muchos chilenos están pasando hambre. Por tercer año consecutivo tenemos el diez por ciento de cesantía, y los índices que entrega el INE consideran que una persona está trabajando aun cuando sólo lo haga dos horas a la semana. Por lo tanto, la cesantía en las zonas populares, a las cuales representa la UDI en el Congreso, llega a veinte y a 25 por ciento por tercer año consecutivo, y cada vez que discutimos la ley de Presupuestos, le advertimos al país que obviamente no se cumplirán los pronósticos hechos por el Gobierno. Hoy, reclaman que esto se planteó en Miami. Pero ¿qué me dijeron cuando dije lo mismo en marzo en Icare, en Chile? Lo mismo. Lo que ocurre en nuestro país es que el Gobierno quiere imponernos una dictadura informativa, en la que a quien opina distinto del Gobierno se le deja caer un aparato financiado por todos los chilenos, y dicen que el tipo es pesimista, destructivo, poco positivo. Entonces, ya nadie se atreve a decir la verdad en nuestro país. Fíjense que el otro día vinieron aquí unos dirigentes artesanales de la Décima Región a hablar conmigo; y el dirigente de la Concertación dijo: “Mire, señor, vinimos a hablar con usted porque es el único que se atreve a decir las cosas en Chile. Y cada vez somos menos, y esto le hace muy mal a la democracia chilena, porque no estamos frente a personas que no cometen errores”. Aquí todos hablan como loros, están todos pauteados, nadie ha leído mis declaraciones. Perdónenme, si casi parecí oficialista en lo que dije; algunos incluso se decepcionaron con mi intervención. Y aquí están todos sin haber leído mis declaraciones. Ninguno estuvo en Miami, ni hubo ningún medio de comunicación presente. Sin embargo, se dijo que estamos en una campaña internacional. No hay una sola nota de esto en los medios internacionales; si llegara a salir algo, es lo que se ha dicho en Chile. El Gobierno cree que los chilenos somos tontos. Lo que se dice en Chile sale en el extranjero; por lo tanto, da lo mismo en qué lugar se digan las cosas. Estamos en un mundo globalizado. Las polémicas que tenemos aquí, podemos verlas en el noticiario de la CNN (ahí estamos con el caso Ríos todos los días). Y cuando los inversionistas extranjeros ven los conflictos que ocurren en nuestro país, dicen que Chile está igual que el resto del mundo. Precisamente, lo que debemos hacer es precisar cómo lograr que Chile sea distinto, que haya credibilidad, traer la inversión extranjera. Pero aquí se dice proyecto-plataforma-inversiones. Perseguimos a la empresa minera que entró con condiciones clarísimas en el pasado y presentamos un proyecto con efecto retroactivo. ¿Saben qué piensa la gente? ¿Qué más se les ocurrirá a estos señores el próximo año? Por eso se van. Ya no está Argentina ni Brasil, Chile es un mercado chico. Entonces, sean un poco más responsables. Acepten la crítica. La gente lo está pasando muy mal en Chile. Les quiero decir que no hay nada que nos dé más energía que cuando los vemos así, porque demuestran la desesperación y cómo se anclan al poder. Por eso los chilenos votarán por el cambio en 2005, porque se cansaron de estas prácticas, de la prepotencia, de la dictadura informativa, en que todos los días hay que recibir una pauta oficialista, y al que piensa distinto se le deja caer un aparato comunicacional para atacarlo personalmente. Les quiero decir que se equivocaron con nosotros; sacamos fuerzas para enfrentarlos, igual que la mentira oficial, como ésta que se ha montado por mi intervención en Miami. Nadie ha leído lo que dije en Miami, ninguno de los que habla estuvo en Miami. Pero aquí hay parlamentarios que se atreven a decir: “No. Esto es traición a la patria”. Perdónenme, ¿y la viga que tienen en el ojo, el tejadito de vidrio? ¿Creen que los chilenos tenemos mala memoria? Cuando Chile enfrentó una de las recesiones más crudas que ha existido en Latinoamérica, estuvieron haciendo boicot para que hubiera más pobreza en Chile. En mis declaraciones no hay una sola mala expresión, porque, primero que todo, ahí no había inversionistas. Yo no fui a hablar al Fondo Monetario ni a las Naciones Unidas; fui a hablarle a un grupo de chilenos. Por lo tanto, lo único que se ha sabido de mi intervención se ha publicado en Chile. Ocurre que ahora la pauta oficial del Gobierno y de los loritos de la Concertación es que hay una campaña internacional. Dicen que fui a hablar afuera. A ellos les contesto. ¡No! “Afuera no ha salido nada”. Entonces, no sigan con el circo, no den el espectáculo que están dando ahora, en las conferencias de prensa a las que han citado para decir que me pasarán a la Comisión de Ética, que declararán inhabilidades. ¿Saben qué más? Lo único que hacen es desprestigiarse. Hemos querido hacer uso de la palabra porque la gente va a votar por el cambio cuando ve a la Concertación haciendo estas cosas, cuando ve el grado de inconsecuencia de la Concertación, en que hoy día quieren imponer una dictadura informativa, un discurso oficialista; en que al empresario, al político, al dirigente gremial o al dirigente vecinal que finalmente no le dice amén a las autoridades, se lo pasa altiro a la lista negra. He vivido esta experiencia muchas veces y tengo fuerzas para enfrentar muchas más. Por eso estamos en la política chilena para enfrentar la mentira, las falsedades y a fin de que, ojalá, alguna vez eliminemos estas prácticas en que la intolerancia del Gobierno llega a los límites en que la estamos viviendo hoy día. Por eso, queremos decirles a los diputados señores Montes, Hales, Escalona, Aníbal Pérez y Lorenzini que ocasiones como ésta nos dan la oportunidad de conocer la calidad humana de los parlamentarios y, por cierto que lamentamos verlos dando el espectáculo que dan, cuando los escuchamos decir mentiras y nos damos cuenta de que son unas marionetas pauteadas por el gobierno de turno. Es lamentable, porque todos estamos aquí en representación de la gente que nos eligió, pero les hacen un daño profundo a la democracia y al Congreso con el espectáculo que están dando. He dicho. -Aplausos. INDICADORES DE ENTIDADES EXTERNAS QUE REFUTAN CRÍTICAS SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHILE. El señor SALAS (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde a la Democracia Cristiana. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, quiero intervenir tratando de ser objetivo y de hacer aportes al país, sin calificar a los adversarios políticos de marionetas ni de loros, sino de aportar. Eso es lo que los chilenos quieren: políticos que aporten y no descalifiquen. Simplemente mencionar los hechos. Todos los indicadores elaborados por las más prestigiosas instituciones internacionales colocan a Chile como una de las mejores economías del mundo, lo que contrasta con las opiniones de algunos analistas y, hoy día, de algunos políticos que cuestionan la economía chilena. Por cierto, el diputado señor Kast grita detrás de la puerta como lo hicieron durante 17 años sin dar la cara frente a las brutalidades que pasaban. Le digo al diputado señor Kast que me conteste en Incidentes, que haga uso de su c.i., que hasta el momento no lo hemos conocido. Voy a señalar algunos índices si la neurosis del diputado señor Kast termina. Índice de opacidad, por ejemplo, 2001, de Price Waterhouse Coopers, colocó a Chile en el segundo lugar entre los 35 países, después de Estados Unidos y Singapur, ambos en primer lugar. Este índice mide las prácticas para manejar la economía: si son claras, formales, fácilmente discernibles y ampliamente aceptadas por los mercados mundiales. El ranking de libertad económica. The Heritage Foundation, una de las fundaciones más de derecha de Estados Unidos, el año 2002 pone a Chile en el noveno lugar, junto a Gran Bretaña y Australia, entre 155 países, detrás de Hong Kong, Singapur, Nueva Zelandia, Islandia, Luxemburgo, Estados Unidos y Holanda. The Economist puso a Chile en el quinto lugar de riesgo país, en un ranking de sesenta países. Sobre Chile sólo están Singapur, Alemania, Estados Unidos y Hong Kong. El Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubica en el primer lugar a Chile entre todos los países latinoamericanos, tercero entre las economías emergentes y decimoctavo entre cien países evaluados. El Índice de Compatibilidad Económica de 2002, del Instituto Internacional para el Desarrollo, ubicó a Chile en el vigésimo lugar entre 49 naciones. El estudio de Tax School of Business de la universidad norteamericana de Dartmouth, sobre acceso a mercado emergente, coloca a Chile en primer lugar entre las economías de América Latina y tercero entre 44 economías emergentes. El Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), coloca a Chile en el trigésimo octavo lugar entre 179 países evaluados. Los indicadores internacionales colocan a Chile entre las mejores economías del mundo. Se distingue en todos los índices de transparencia: baja corrupción, libertad económica, riesgopaís, competitividad y desarrollo humano. Pero la crítica irresponsable, por cierto, puede afectar la imagen internacional de Chile, no del Gobierno. Se dice que el país ha perdido la confianza de los organismos internacionales. ¡Falso! La exitosa colocación de bonos soberanos chilenos en Estados Unidos y en Europa sólo se explica por la confianza de la banca internacional en la economía chilena. En todo foro internacional, pese a quien le pesare, la conducción económica chilena se pone como modelo. Se dice que el Gobierno no ha dado a conocer la verdadera deuda del sector público. A este coro se han unido segundones de The Wall Street y de medios de prensa chilenos. Todas las cifras del sector fiscal, de las empresas del Estado y del Banco Central están en internet. No falta ninguna. Ésos son los hechos que se pretenden descalificar con palabrerías, con insultos. Son los hechos de nuestra economía. Obviamente, no vamos a pedir que defiendan la economía, que defiendan lo que ha hecho el país durante estos doce años. No tienen por qué defenderlo si no es de ellos; no lo lograron. Pero sí que sean capaces de decir la verdad en Chile o afuera. Eso pide la gente, que no quiere declaraciones como las del diputado Longueira en Estados Unidos. Los persistentes ataques a la política económica de ciertos medios de prensa y los planteamientos de algunos importantes dirigentes del gremio empresarial confirman que estamos en presencia de una acción coordinada que hace daño a Chile, no al Gobierno, lo que no tiene otra explicación que estos sectores buscan anteponer sus propios intereses a los de la Patria. Es distinto actuar con responsabilidad que con irresponsabilidad. Acá hemos visto irresponsabilidad. No puede pasarle a Chile que políticos, de cualquier partido que sean, antepongan aquello de El Príncipe: que el fin justifica los medios. No por obtener el gobierno, en algunos años más, deben estar dispuestos a horadar lo fundamental del país: su estabilidad y capacidad económica. Cuidémoslas, porque también puede servirles a ellos si es que el pueblo lo decide. He dicho. CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE OXÍGENO EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo. El señor CORNEJO.- Señor Presidente, quiero relevar un hecho extraordinariamente importante ocurrido dentro del ámbito de la salud. Hoy en la mañana tuve oportunidad de visitar el hospital Carlos van Buren, de Valparaíso, acompañado de un senador de la región, donde conocimos la construcción de una planta de oxígeno realizada con un empréstito obtenido en el propio ministerio, del orden de 280 millones o 300 millones de pesos, con lo cual ese establecimiento hospitalario se independizó de los proveedores de oxígeno. En conversaciones con los directivos de ese servicio de salud, comprobamos que el costo de producción de oxígeno es un octavo del precio de venta al cual hoy lo expende el comercio nacional. En Chile sólo hay dos empresas productoras de oxígeno, y ellas son las que fijan el precio. Evidentemente los principales consumidores de este vital elemento son los establecimientos hospitalarios chilenos. El esfuerzo de ese servicio de salud es realmente encomiable, por cuanto, a través de técnicos del propio hospital, fueron capaces de instalar esta planta que produce el elemento a tan bajo costo, lo que le ha significado reducir la famosa deuda hospitalaria, tan comentada hoy en los medios de difusión, en un 19 por ciento. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Salud, con el objeto de que la experiencia del servicio de salud Valparaíso-San Antonio en el hospital Carlos van Buren pueda ser extrapolada a todos los servicios de salud del país y a los hospitales que tengan necesidad de este elemento. Además, quiero recalcar que esta experiencia es una demostración clara y eficiente de que el Estado es capaz de producir a costos mucho más bajos de lo que hoy existe en el mercado. Muchas veces hay mercados como éste, que son falsos, donde se produce el concierto de algunas empresas para encarecer un producto y obligar a que se les compre a ellas. El ejemplo que han dado el hospital Carlos van Buren y el servicio de salud Valparaíso-San Antonio, demuestra en forma clara que el Estado es capaz de producir; que es falsa la disyuntiva de que todo hay que entregarlo a privados para que ellos sean los que provean de productos a todo el mundo. También esto es un mentís al tema de la privatización con un ejemplo muy simple y muy sencillo realizado en la ciudad de Valparaíso. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Villouta y la mía. SALUDO A DOCENTES EN EL DÍA DEL PROFESOR. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, mañana se celebra en todo Chile el Día del Profesor. Quiero aprovechar esta tribuna para expresar mis saludos y felicitaciones a todos los docentes, especialmente a los de aulas, que son los que normalmente se llevan las críticas respecto de la educación. Todos quisiéramos que los resultados de la prueba Simce y de la Prueba de Aptitud Académica fueran cada vez más satisfactorios. FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN NOVENA REGIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE LICITACIÓN DE ESSAR. Oficio. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, el 25 de octubre se abrirá, en la Novena Región, la licitación correspondiente a la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía, Essar. Las autoridades y parlamentarios de la zona estamos preocupados por conseguir beneficios similares a los que obtuvo la Octava Región, a través de la licitación de Essbío, y la Quinta, respecto de la de Esval. Por tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda nuestra petición, a fin de que se considere la factibilidad de que, del resultado económico que se obtenga de la licitación, al igual como se procedió en las Regiones Octava y Quinta, se entreguen fondos para el gobierno regional, con el objeto de financiar obras importantes. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con mi adhesión. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. --Se levantó la sesión a las 14.38 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.