?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA Sesión 31ª, en martes 20 de agosto de 2002 (Ordinaria, de 11.06 a 14.55 horas) Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Permiso constitucional9 Archivo de proyectos10 V.Orden del Día. Estimulación del crecimiento y plataforma de inversiones desde Chile al exterior. Primer trámite constitucional10 Calificación de producción cinematográfica. Tercer trámite constitucional. Acuerdos de los Comités. Integración de la Comisión Mixta41 VI. Proyectos de acuerdo. Realización de estudios relacionados con la minería42 Investigación de la Empresa Metalpar45 VII.Incidentes. Extracción de áridos en la comuna de La Florida y destino de pozos en Región Metropolitana. Oficios50 Priorización de proyectos en la Novena Región. Oficios52 Cierre de oficinas de la Conaf en la Novena Región. Oficio.52 Irregularidades en municipalidad de Coelemu. Oficio52 Auditoría al Servicio de Salud de Araucanía Norte. Oficio53 Campaña de protección de menores de edad53 Discriminación en atención de reclamos telefónicos. Oficios54 Investigación por muerte de mujer con embarazo gemelar. Oficio54 Revisión de procedimiento de cierre de local de expendio de bebidas alcohólicas en Gorbea. Oficios55 Saludos con ocasión del natalicio de don Bernardo O’Higgins Riquelme. Oficio56 Inconveniencia de cerrar el hospital de Chanco. Oficio56 Planteamiento de la Federación del personal de las Fuerzas Armadas en retiro de la Octava Región. Oficios57 Inclusión de patologías de salud mental en el plan de Acceso universal con garantías explícitas, Auge. Oficio.58 Pág. Homenaje y reconocimiento a la comuna de Alhué al cumplir su 247º aniversario. Oficios59 Incumplimiento de compromiso de construir paso internacional Las Leñas. Oficios60 Homenaje al Padre Hurtado al cumplirse 50 años de su muerte. Oficio61 Ampliación de requisitos en programas de empleo financiados con rebajas tributarias. Oficios62 Intervenciones ilícitas en correos electrónicos. Oficios62 Condolencias por fallecimiento del artista Said Salomón Mérlez Patiño63 Focalización de recursos para activar la economía y generar empleos en la Región de Atacama64 VIII.Documentos de la Cuenta. Mensajes de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos que aprueban Convenios: 1.Entre Chile y el Reino de Noruega, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, y su protocolo (boletín N° 302710)67 2.Entre Chile y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta, y su protocolo (boletín N° 302810)94 3.Entre Chile y la República de Polonia, para evitar la doble tributación, y su protocolo (boletín N° 302910)120 4.Convenio de Seguridad Social entre Chile y la República Bolivariana de Venezuela (boletín N° 303010)147 5.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que modifica la ley general de Cooperativas (boletín N° 85503)162 Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, respecto de los siguientes proyectos: 6.Modifica el decreto ley N° 1.939, de 1977 (boletín N° 282112)163 7.Sobre financiamiento urbano compartido (boletín N° 265114) (S)163 8.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que introduce modificaciones a la legislación sobre zonas francas (boletín N° 277005)164 9.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención de los derechos del niño relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (boletín N° 301210)164 Pág. 10.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero (boletín N° 301505)172 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: Del Grupo Interparlamentario Chileno-Kuwaití por la cual informa que procedió a constituirse y eligió como presidente al diputado señor Tuma. Del diputado señor Accorsi, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 16 de agosto en curso para dirigirse a Canadá. 2.Oficios: De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para remitir al archivo los proyectos que a continuación se indican, por encontrarse regulados en la ley N° 19.816: a)Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aumentar en ciertos casos el límite máximo de velocidad y las sanciones asociadas a su infracción (boletín N° 235415). b)Modifica la ley N° 18.290, para suprimir la utilización de fotorradares (boletín N° 274715). c)Establece sanciones para la contratación abusiva de servicios de fotorradares por parte de las municipalidades (boletín N° 276115). d)Deroga disposiciones de las leyes N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de Policía local, y N° 18.290, de Tránsito, y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones (boletín N° 281707) (S). e)Modifica la ley N° 18.287, en lo relativo al Registro de Multas de Tránsito no pagadas (boletín N° 286115). I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (114) --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Escalona Medina, Camilo --Escobar Urbina, Mario --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Lagos Herrera, Eduardo --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pareto Vergara, Cristián --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Rebolledo González, Víctor Manuel --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Lepoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Enrique Accorsi. Asistieron, además, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Jorge Lavandero, y el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.06 horas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El acta de la sesión 27ª se declara aprobada. El acta de la sesión 28ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. PERMISO CONSTITUCIONAL. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El diputado señor Accorsi, de conformidad con los artículos 57 de la Constitución Política y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de agosto en curso. El señor RECONDO.- Señora Presidenta, pido la palabra. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra su Señoría. El señor RECONDO.- Señora Presidenta, la semana pasada, tanto en la Sala como ante la opinión pública, nuestra bancada hizo presente la forma inadecuada en que se estaba haciendo uso de la norma legal y reglamentaria de los permisos constitucionales, por lo cual quiero reiterar nuestro rechazo a la forma en que algunos diputados están haciendo uso de dichos preceptos. De acuerdo con antecedentes previos, ningún diputado que ha pedido este permiso ha estado afuera por más de tres o cuatro días. Por lo tanto, nos parece inconveniente la forma, y queremos solicitarle, de acuerdo con el Reglamento, que se someta a votación este permiso. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, las consideraciones han sido recogidas por la Mesa, y, como informalmente le planteé la semana pasada, estamos haciendo un estudio en relación con la situación para ver qué alternativas o fórmulas reglamentarias se pueden aplicar. Se ha pedido votar la solicitud de permiso constitucional del diputado señor Enrique Accorsi. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado el permiso constitucional. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Egaña, Escalona, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Hales, Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Se abstuvo el diputado señor Galilea (don Pablo). ARCHIVO DE PROYECTOS. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de archivo de proyectos, propuesta por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en razón de que dichas materias han sido recogidas en la ley Nº 19.816, publicada el 7 de agosto pasado. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO Y PLATAFORMA DE INVERSIONES DESDE CHILE AL EXTERIOR. Primer trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini. -Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 301505, sesión 21ª, en 30 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 10, de esta sesión. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre este proyecto de ley, que es bastante complejo, pero que trataré de explicar en forma didáctica. Fue calificado con “suma urgencia”. No tiene disposiciones de quórum especial ni indicaciones rechazadas o artículos que no fueran aprobados por unanimidad, excepto unos numerales del artículo 1º. La iniciativa contiene siete artículos permanentes y dos transitorios. Modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, sobre impuesto a la renta; el decreto Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios; el decreto ley Nº 3.475, de 1980, sobre impuesto de timbres y estampillas, y la ley Nº 19.622, que establece la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales. Sometido a votación en general, el proyecto fue aprobado en forma unánime. En la discusión particular, los señores diputados plantearon varias observaciones, que seguramente volverán al debate, especialmente respecto de la plataforma de inversiones. En este sentido, se recogió una propuesta de la Comisión, en términos de retirar del proyecto dos temas para ser estudiados con más calma, e ingresarlos en una nueva iniciativa en las próximas semanas. Las materias observadas se refieren al tratamiento tributario de las agencias de empresas chilenas en el exterior y, también, a la definición de los créditos utilizados para calcular el endeudamiento con personas relacionadas residentes en el exterior. Al debate de la Comisión asistieron el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner; los señores René García y Juan Alberto Rojas, subdirector normativo y abogado del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente, y la señora Bernardita Piedrabuena y el señor Marcelo Tokman, asesores del Ministerio de Hacienda. El proyecto plantea un conjunto de medidas tributarias para estimular el crecimiento. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno busca generar más certidumbre tributaria, rebajar impuestos que afectan la inversión, disminuir costos financieros, simplificar trámites y reducir los costos tributarios para la exportación de servicios, aprovechando las ventajas comparativas que ofrece un país estable y con un significativo desarrollo de su infraestructura financiera. Además, se estaría cumpliendo con los compromisos tributarios adquiridos en base a la agenda pro crecimiento. Es decir, estas medidas tributarias buscan fomentar el crecimiento gracias a las condiciones sanas de nuestra economía, aprovechando, en forma más efectiva, los beneficios del mundo globalizado, y generando incentivos a la inversión y al crecimiento. Pero también tiene medidas reactivadoras que van a ser complementadas con tratados de doble tributación que deberíamos ver en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, junto con el proyecto que crea los tribunales tributarios, que también está por ingresar al Congreso. Estamos buscando una reforma potente para dar un impulso productivo y de inversión, incentivando tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras, y también a aquellos que deseen aprovechar nuestra estabilidad, infraestructura y servicios para, desde Chile, invertir en el exterior. El proyecto tiene cinco aspectos claros. El primero se refiere a la depreciación acelerada. Aquí se está legislando sobre una antigua aspiración de nuestros empresarios, especialmente de las pymes, respecto del incentivo que significa acortar las tablas de vida útil tributaria de los activos; extender el mecanismo de depreciación acelerada para los activos cuya vida útil fluctúa entre tres y cinco años, y avanzar en términos de simplificaciones tributarias. O sea, es posible, a través de la utilización del mecanismo de la depreciación acelerada, prácticamente en un año tomar todo el valor de la inversión y llevarlo a resultados. Cuando ello ocurre, se disminuyen las utilidades y, por lo tanto, se pagan menos impuestos. Es decir, el Estado hace un sacrificio para que los pequeños y microempresarios puedan invertir en nuevos bienes o en bienes usados en el extranjero, y así dar más capacidad instalada, más tecnología, más modernización a su producción y, obviamente, generar más empleo. Por lo tanto, estos mecanismos y está probado en la historia mundial, desde el punto de vista contable y tributario son los mejores para poder estimular la inversión al recuperar más rápidamente los costos. Sobre este tema, hemos hecho comparaciones con otros países y estamos en mejor situación que Estados Unidos, Alemania, Brasil, Perú, Malasia, etcétera, y, por lo tanto, esta depreciación permitirá otorgar este incentivo a los empresarios. El costo para el fisco no es menor: 217 millones de dólares. Estamos hablando de más de 160 mil millones de pesos en su valor presente. Esto empezará a aplicarse a partir del próximo año. Se descuenta tributariamente en las declaraciones de marzo a abril de 2004, lo que alcanza un monto de 16,3 millones de dólares; 42,6 millones el 2005; 27,7 millones el 2006, y así continúa en los años siguientes. Entonces, ésta es la primera gran modificación que fue aprobada por unanimidad, con algunas observaciones, por la Comisión de Hacienda. El segundo tema es latamente esperado en nuestro país. Se trata de hacer permanente la eliminación del pago del impuesto de timbres y estampillas para reprogramar créditos hipotecarios con fines de vivienda. Esto significa que los empresarios, en ciertas circunstancias, y las personas siempre podrán, cuando tengan un crédito hipotecario, acercarse a vitrinear en los bancos, y adoptar las rebajas de intereses que, de una vez por todas, debieran traspasarse a los usuarios, a los consumidores, al no tener que pagar el impuesto de timbres y estampillas y eximirse del cincuenta por ciento de los gastos de notario público y de conservador de bienes raíces. Es posible que algún día no se pague por notario y conservador. Ello será materia de otro proyecto, que espero promuevan los señores parlamentarios. De todos modos, la exención del cincuenta por ciento constituye un gran incentivo. Se incorpora, inicialmente por dos años, una norma que señala que los empresarios que hayan contraído obligaciones de cualquier tipo incluso de consumo con garantía hipotecaria, podrán hacer uso del beneficio. Esto es nuevo y constituye un gran incentivo, sobre todo para dueños de pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, han puesto su casa, oficina u otro bien raíz como garantía. Entonces, se persigue trasladar la rebaja de tasas de intereses desde los bancos hacia las personas y las empresas. El menor ingreso tributario que generará la norma se estima en 24 millones de dólares; tres millones en los meses que restan del presente año, si se aprueba el proyecto; doce millones en el año 2003 y nueve millones en el año 2004. Un tercer tema, del cual más de algún señor diputado se acordará porque lo debatimos en diversas oportunidades, se refiere a la recuperación del IVA. Cuando se trató el proyecto sobre evasión tributaria se estableció como nuevo requisito para recuperar el IVA de las adquisiciones, que el comprador pagara al vendedor al menos una fracción del precio equivalente al impuesto devengado en la operación. Esto fue aprobado hace poco más de un año. Sin embargo, con el correr del tiempo recibimos distintas insinuaciones del mundo empresarial, tanto de los proveedores como de los compradores, de que esto no funcionaba, debido a que se detectaron inconvenientes en la comercialización de los productos y en el aspecto financiero de las operaciones afectas, además de las dificultades que generaba su aplicación respecto del control de su cumplimiento por la administración tributaria. La ley Nº 19.747 suspendió la aplicación de esta norma hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa elimina en forma definitiva esa disposición, porque su aplicación a la larga afectaba a los pequeños vendedores. El proyecto, en consecuencia, adecua las normas tributarias vigentes en tres materias: reduce los plazos en el régimen de depreciación acelerada, libera del impuesto de timbres y estampillas los préstamos con garantía hipotecaria e introduce diversas modificaciones a las leyes sobre impuesto a la renta, sobre ventas y servicios y sobre timbres y estampillas, temas todos que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión. Los otros dos temas que abordó la Comisión que, sin duda, serán debatidos por los señores diputados en la Sala se refieren al perfeccionamiento tributario de las operaciones de las empresas chilenas en el exterior. Se pretende evitar la evasión y la elusión del pago de impuestos por rentas generadas en Chile, producto de operaciones realizadas afuera. Es decir, que las tributaciones correspondientes a la ganancia de capital que se obtenga por la venta de los derechos sociales de las sociedades constituidas en el país en forma directa o cuando la operación se haga fuera del país en forma indirecta no se evadan, no se eludan y queden en el país. El proyecto propone reconocer como renta de fuente chilena las rentas que se obtengan tanto en la enajenación de los derechos sociales de una sociedad constituida en el país como en las operaciones que se realicen fuera de éste. Se busca evitar que se postergue, prácticamente en forma indefinida, el pago del impuesto sobre la utilidad que se habría generado en Chile de haberse vendido los derechos afuera. Por eso se busca hacerlo fuera del país. Cuando se trata de renta de fuente chilena, lo lógico, lo normal, lo usual, es que la ganancia de capital por la venta de estas sociedades aun cuando se haga a través de una triangulación en el extranjero tribute en el país y tenga su ingreso a través de los impuestos. Por lo tanto, la iniciativa define, aclara y establece que se eviten la evasión y la elusión de las rentas que se generen en el país, para que no sean tributadas afuera, muchas veces en paraísos fiscales, donde al final no tributan. El quinto tema que se trató en la Comisión, relativo a la plataforma financiera como se le ha llamado en círculos económicos, y que constituye una legislación especial, compleja, difícil, apunta a permitir, dadas nuestras actuales condiciones económico-financieras, comparadas con las de nuestros vecinos, que centros de negocios establecidos, a lo mejor en Sao Paulo o en Buenos Aires, puedan venir al país y desde aquí, realizar sus inversiones al exterior. Se trata de que aprovechemos nuestra infraestructura, la capacidad de nuestros profesionales, nuestro modernismo desde el punto de vista digital y computacional, la sana exposición financiero-económica (ahí están los bonos soberanos, que revelan nuestras tasas de interés). Por lo tanto, es bueno aprovechar, coyunturalmente, la actual condición económica, y ojalá a largo plazo, para atraer a las empresas a invertir desde Chile. Éste es un tema nuevo que fue bastante debatido en la Comisión, con muchos aportes de los señores diputados; incluso, el ministro aceptó que esto se mejorara con la experiencia. Estamos experimentando en la idea de que haya exención de pago de impuestos en el país cuando se trate de este tipo de empresas. Ésa es la motivación; ése es el incentivo: que inversores de otros países vengan, utilicen nuestro país; nosotros no les vamos a cobrar por la pasada, pero evidentemente habrá otros beneficios para Chile. Ahora, debemos ser cuidadosos. Por eso el proyecto es bastante exigente en los requisitos para acceder a operaciones de este tipo. No nos podemos arriesgar a que nos consideren paraíso tributario, que son de pasada: las platas no permanecen en él, y, desde el punto de vista internacional, no tienen una base. Las inversiones que se hacen en ellos son teóricas, no reales. Por lo tanto, debemos prevenir que nos cataloguen como paraíso tributario ante la comunidad financiero-económica internacional. También debemos evitar que se abuse de la facilidad que estamos otorgando, y que chilenos, mediante estas operaciones, evadan o eludan el pago de impuestos. En resguardo de ello, el proyecto incorpora una serie de restricciones tendientes a evitar que los inversionistas residentes en Chile utilicen la plataforma para no pagar los impuestos. Por eso, al crear el régimen tributario especial, considera medidas que justifiquen incorporar a nuestro país en las listas de regímenes tributarios con algunas garantías, pero no como paraíso tributario. Eso acarrearía un costo muy elevado. En esas circunstancias, hemos aprobado no por unanimidad, sino con algunas abstenciones o votos en contra exigir a las empresas que quieran acogerse a este tratamiento que su objeto en Chile sea exclusivamente invertir en el exterior; es decir, es de pasada, y sus accionistas o socios, obviamente, no deben estar domiciliados en el país; sólo llegan y desde aquí deben invertir afuera. No vienen a hacer negocios en el país, actividad que mantiene una tributación normal. Además, se prohíbe que los inversionistas vengan de paraísos tributarios, porque no debemos dar cabida al razonamiento de que de aquí nos vamos a paraísos tributarios, no tributamos, no tenemos información, y de ahí utilizamos a Chile como plataforma. En este caso no procede. Asimismo, se prohíbe que las inversiones se realicen en los paraísos fiscales, y que éstas no sean productivas o de servicios, ni de carácter permanente, evitándose de ese modo las de carácter especulativo, propias del señalado tipo de regímenes tributarios. La iniciativa exige que las sociedades que se acojan al nuevo régimen renuncien al secreto y a la reserva bancaria. Es indispensable que nuestras autoridades conozcan lo que están haciendo esas empresas en el mercado internacional, cómo funcionan al utilizar nuestra plataforma financiera, porque es evidente que si no se posee la información sería imposible aplicar las restricciones mencionadas y no habría cómo evitar el mal uso de esta norma de excepción que estamos creando en el proyecto. Por motivos de precaución, la iniciativa tiene una aplicación paulatina, es restrictiva ya que se aplica sólo a las nuevas inversiones en la región y, en la medida en que funcione en el futuro, con el aporte de los empresarios, de los parlamentarios y de quienes utilicen el sistema, podremos ir generando una nueva legislación para complementarla. En síntesis, el proyecto, bastante complejo, abarca tres áreas: depreciación acelerada, exención de impuesto de timbres y estampillas, y eliminación del IVA, de utilización previa a pagar la factura, además de otros dos temas: el que hace referencia a la plataforma especial de negocios de extranjeros que invierten desde Chile al exterior y a aquellas operaciones de empresas chilenas en el exterior. El endeudamiento y las inversiones en el extranjero serán tratados en otra iniciativa. La Comisión recomienda la aprobación del proyecto de ley. Su discusión se efectuó en sesiones de 30 de julio, 1,7 y 13 de agosto, a las que asistieron las diputadas señoras María Eugenia Mella y Carolina Tohá, y los diputados señores Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Alberto Cardemil, Julio Dittborn, Camilo Escalona, Sergio Aguiló, Carlos Hidalgo, Enrique Jaramillo, Eduardo Lagos, Samuel Venegas, José Miguel Ortiz, Exequiel Silva, Gastón von Mühlenbrock y Pablo Lorenzini. Ojalá los diputados aprecien el significado de este proyecto en su real magnitud, más allá de las pequeñas diferencias y de las imperfecciones, que pueden ser corregidas en la iniciativa que complementará este proyecto y en la relacionada con los tribunales tributarios. Es todo cuanto puedo informar. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta) Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, me deja tranquilo escuchar al presidente de la Comisión de Hacienda, señor Pablo Lorenzini, quien, en su clarísimo relato, nos habla de cinco interesantes puntos, que pueden sintetizarse en la generación de nuevas y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad productiva nacional. Este proyecto no podía ser más oportuno. Se plantea cuando sabemos que Chile está complicado económicamente por ser vecino de aquellos que sufren una crisis por decir lo menos impactante en el mundo americano. Ayer se dio a conocer la baja en la actividad económica; sólo llegamos a un 0,3 por ciento, lo que obliga nuevamente a corregir las expectativas de crecimiento. A mi juicio, no alcanzaremos al 2,5, pero estamos creciendo. Las razones de esta situación hay que buscarlas tanto en factores externos como en algunos procesos internos. A lo mejor, no corresponde analizarlas en este momento, pero como es lógico, cuando en esta Sala se discute sobre instituciones y normativas relacionadas con la actividad económica, estas consideraciones no pueden estar ausentes. Hoy la coyuntura nos obliga a ser más prudentes que nunca en lo que hacemos, pedimos y decimos. El Presidente de la República lo expresó: “En tiempos de crisis, muchas veces hay que postergar expectativas legítimas y reivindicaciones justas”. Pero eso deben hacerlo todos los sectores en proporción a sus ingresos, los que más tienen y los que menos tienen, y no como ocurre normalmente, que los que menos tienen son los que más se aprietan el cinturón, y los que más tienen, siempre conservan intacto su estándar de vida. Dentro de las distintas normas del proyecto, quiero destacar aquellas sobre exención de impuestos, por incidir, en general, en una gran cantidad de personas, es decir, por ser favorecido un inmenso número de familias. Ello, indudablemente, provoca un ordenamiento tributario. La disposición declara exentos del pago de impuesto de timbres y estampillas los documentos que se suscriben con motivo de operaciones destinadas al otorgamiento de préstamos para pagar una deuda hipotecaria, las que se contrajeron para la adquisición, construcción o ampliación de viviendas y las relacionadas con créditos con garantía hipotecaria, como pueden ser las renegociaciones de las pymes. Se refiere a toda operación con garantía hipotecaria. Se busca que las personas aprovechen las interesantes diferencias de tasas de interés que hoy ofrece el mercado, posibilidad que, por estos impuestos, antes no se tuvo. Por supuesto, es un espacio mejorado. Sin embargo, lamento que la disposición del artículo 2º transitorio, que contempla la exención general para todas las operaciones hipotecarias por un lapso de dos años liberación que se hace en las normas permanentes para fortalecer al sector inmobiliario no se haya hecho extensiva a otras operaciones de créditos, por ejemplo, a las que se emplean en algunas renegociaciones de créditos agrícolas. Más adelante, el tema de la deuda agrícola será generalizado, y las renegociaciones con los bancos serán masivas. Por eso, los futuros proyectos de ley deben considerar la liberación de este impuesto de timbres y estampillas en las renegociaciones de los créditos agrícolas. Atendida la difícil situación económica que vivimos, los beneficios de las operaciones de refinanciamiento deberían llegar a mayor cantidad de deudores. En consecuencia, pido al Gobierno la consideración de esta solicitud en los trámites posteriores de esta iniciativa, con la finalidad de aliviar, aunque sea un poco, la pesada carga económica que soportan los agricultores del país que producen y cultivan los sustitutos de importaciones. Una vez más manifiesto mi apoyo al trabajo del equipo económico, en especial de nuestro ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre. Le ha tocado un duro trabajo. Habrá muchos ministros de Hacienda exitosos en tiempos de bonanza y en el mundo entero, pero muy pocos pueden manejar con firmeza una economía con tantas dificultades como las que hoy imperan en el mundo. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cito a reunión de Comités. Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo. El señor HIDALGO.- Señora Presidenta, este proyecto de ley, sin duda, representa el sentir de muchos chilenos en materia de reactivación. Sin embargo, en honor a la verdad, a nuestro juicio contiene cuatro elementos: tres muy buenos y uno muy malo. El primero dice relación con el impuesto de timbres y estampillas. Me parece muy bien renovar esta herramienta que sirve efectivamente para reactivar y renegociar deudas. El tema de la depreciación acelerada también es fundamental para reactivar la economía del país. El tercer elemento es reponer, corregir o derogar lo relacionado con el IVA. Hoy se cumple un año de la suspensión de la aplicación de esto, postergando su activación hasta diciembre de este año. ¿Por qué hago hincapié en lo que se refiere al IVA? Sin duda, para el Gobierno era muy bueno, porque significaba, de alguna forma, llenar las arcas fiscales, dado que su objetivo era recaudar fondos en forma mensual; pero, mecánicamente, era impracticable. Se trataba lo digo con mucho respeto de una expropiación del capital de trabajo de todas las compañías, de las pequeñas, medianas y grandes empresas que se dedican a una actividad económica. En esa oportunidad, los gremios le hicieron ver no se intervino políticamente a las autoridades de Hacienda y al Presidente de la República que dicha iniciativa era impracticable, y se logró que su aplicación se pospusiera hasta diciembre de este año. Con esta modificación, definitivamente se deja sin efecto. El cuarto elemento, a nuestro juicio, es dañino, especialmente para la inversión extranjera, que en cualquier país del mundo es vital para el crecimiento y el desarrollo económico de las naciones. La plataforma de inversiones, aun cuando tiene uno o dos puntos que pueden ser subsanables, en el fondo es tremendamente perjudicial, y voy a fundamentar por qué. En primer lugar, de alguna manera cambia las reglas del juego al inversionista extranjero en Chile y espanta a los posibles inversores, lo que es muy grave, sobre todo frente a la crisis mundial y regional que nos afecta. Chile necesita reglas claras, especialmente en lo que se refiere a inversión extranjera. En segundo lugar, la plataforma de inversiones es algo impracticable. Se ha dicho especialmente por la prensa que éste es un proyecto con nombre y apellido. Así como sucedió con el IVA, lo más probable es que, si se llega a aprobar lo relativo a la plataforma de inversiones, al cabo de un año tengamos que revisar la ley, y nos demos cuenta de que debemos dejarla sin efecto. Esto necesita un análisis mucho más profundo, de los especialistas, ya que el tema es tremendamente complejo. La bancada de Renovación Nacional dará su apoyo a lo relacionado con el impuesto de timbres y estampillas, con el IVA y con la depreciación acelerada, pero sólo a algunos puntos de la plataforma de inversiones. El proyecto tiene nombre y apellido; es un traje a la medida. Sin embargo, más que traje a la medida, esto puede ser una camisa de fuerza, ya que, de aprobarse, es probable que no se concrete la venta de una compañía minera, y nos encontremos con un inversionista que no quiere seguir en el país, pero que la ley le prohíba vender. Lo encuentro de suma gravedad. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, hubo dos momentos. En primer término, hubo unanimidad en cuanto a que el proyecto contiene un conjunto de medidas tributarias para estimular el crecimiento. Además, quedó absolutamente claro ante la presencia del señor ministro de Hacienda que, respecto del tema tributario, el Gobierno desea empezar a cumplir un compromiso adquirido en torno de la agenda pro crecimiento. Más aún, se reconoció la posibilidad de llevar a cabo un conjunto de medidas tributarias para fomentar el crecimiento, gracias a las sanas condiciones de la economía nacional. Más adelante, hubo inquietud lógica, por cierto al plantearse la situación de la compañía minera Disputada de Las Condes. Se expresó que el proyecto tal como lo dijo el diputado señor Hidalgo tenía nombre y apellido. Sin embargo, es bueno que se sepa que esa respetable empresa al igual que todos los inversionistas, nacionales y extranjeros ha arrojado pérdidas durante los veinticinco años que lleva funcionando y, curiosamente, en este instante sus dueños quieren venderla en uno de los paraísos tributarios, y, por rara casualidad, a otra empresa que también depende de la Exxon. Lo lógico es que si las empresas trabajan en Chile, aunque contablemente no arrojen utilidades como la citada, cuyos registros siempre han sido rojos, paguen un impuesto o contribución al país. En vista de ello, algunos miembros de la Comisión de Hacienda solicitaron una segunda discusión como siempre ha sucedido, se impuso el fair play de la Comisión de Hacienda, para lo cual se logró unanimidad. En esa segunda discusión tuvo una participación muy especial y relevante el presidente de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, diputado señor Lorenzini, quien, el lunes pasado, se reunió con todo el equipo de Hacienda. En esa oportunidad, se acordó acoger la solicitud de la Comisión de que se formulara un conjunto de indicaciones. Siempre ha habido voluntad y decisión para atraer inversión que signifique empleos y aumento del consumo, lo que permitirá un real crecimiento económico. Las modificaciones buscan aprovechar en forma más efectiva los beneficios del mundo globalizado, con incentivos a la inversión y al crecimiento. Pero, a su vez, y ante la creciente complejidad que nos plantea dicha globalización, en el proyecto se proponen medidas para actualizar y perfeccionar la normativa tributaria, ya que tiene vacíos para enfrentar la complejidad de las relaciones empresariales y económicas en un mundo cada vez más interdependiente. Algunas modificaciones intentan abordar los problemas que suscita, en particular, la presencia de paraísos tributarios en la actividad económica. En primer lugar, ¿cuáles son las claves del proyecto? Permitir a extranjeros crear empresas en Chile, con el fin exclusivo de invertir en el exterior, exentas del pago de impuesto a la renta por las utilidades que obtengan en el extranjero. La iniciativa es exigente en cuanto a requisitos, con el fin de evitar que el país llegue a ser considerado un paraíso tributario, prevenir el abuso de la norma y evitar que chilenos no paguen impuestos por este régimen especial. Los empresarios y las personas que integran las comitivas presidenciales con los ministros respectivos, expresan que, tal como está la situación en nuestro continente, la estabilidad de Chile es muy importante. Se reconoce la seriedad de sus políticas y la calidad de la infraestructura y de los recursos humanos. Esos antecedentes son fuertes incentivos en todo el contexto regional. El inversionista extranjero podrá utilizar a Chile como plataforma de inversión regional, desarrollar su actividad con más eficiencia en el exterior y disminuir costos y riesgos de diversa especie y consideración. A las empresas que quieran acogerse al tratamiento de plataforma se les exigirá que su objetivo en nuestro país sea exclusivamente invertir en el exterior, y que los accionistas o socios no estén domiciliados en Chile. Además, se prohíbe que los inversionistas provengan de paraísos tributarios. En segundo lugar, el diputado informante también hizo mención a la depreciación acelerada. Al acortar las tablas de vida útil tributaria de los activos, se profundiza el incentivo a la inversión. Se extiende el mecanismo de depreciación acelerada para los activos cuya vida útil fluctúe entre tres y cinco años, a un año. Es decir, se avanza en términos de simplificación tributaria. En tercer lugar, hay una modificación al impuesto de timbres y estampillas para los documentos en que conste el otorgamiento de créditos hipotecarios. Se elimina en forma permanente su pago en los casos de reprogramación de créditos hipotecarios otorgados para la adquisición, construcción o ampliación de vivienda; se exime, por dos años, en las reprogramaciones de créditos con garantía hipotecaria. En cuarto lugar, hay un perfeccionamiento tributario respecto de operaciones de empresas chilenas con el exterior. Con esa modificación se busca evitar la evasión y elusión de rentas generadas en Chile mediante operaciones realizadas en el exterior. Finalmente, también existen modificaciones al IVA, algo que se ha planteado en forma permanente en la Comisión de Hacienda y en esta Sala. Se restituye en forma permanente el procedimiento para recuperar el crédito fiscal del IVA. Por las razones expuestas, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana anuncio que apoyaremos total y absolutamente este proyecto. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Hago presente a los señores diputados que este proyecto tiene urgencia calificada de suma. Por lo tanto, cada señor diputado tiene derecho a dos discursos de cinco minutos. Los señores diputados pueden usar los diez minutos de una sola vez, pero no más allá de ese tiempo. Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, este proyecto ha tenido muchos problemas y ha sido discutido públicamente. De hecho, me sorprende ver el nombre con el que figura en el Orden del Día. Dice: “Proyecto que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero”. Además, nos hemos referido a esta iniciativa como un proyecto que incentiva la inversión, parte de la agenda pro crecimiento del Gobierno con el sector privado. Pero, en verdad, tiene algunos elementos que en su forma son muy preocupantes. Fue muy desafortunado que el proyecto ingresara un jueves a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nosotros pensábamos que sólo contenía normas reactivadoras, que era lo que habíamos visto en los medios de comunicación respecto del tema de timbres y estampillas, en el sentido de que este impuesto se elimina para las reprogramaciones de deudas con garantía hipotecaria, o lo que se refiere a la depreciación acelerada, como asimismo algunas correcciones a la ley del IVA, lo cual nos parecía muy razonable. Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Hacienda fuimos sorprendidos con normas tributarias, y nos vimos en la obligación de deshacer el camino andado. Pero no sólo los diputados de la Oposición o de la Comisión fuimos sorprendidos; al parecer también lo fue el ministro de Hacienda, por cuanto, a los pocos días, este proyecto fue modificado en varias de sus normas, las que posteriormente fueron eliminadas. La improvisación que el Ejecutivo mostró en el análisis y discusión de este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue muy desafortunada, porque evidentemente uno espera que cuando el equipo de Hacienda, encabezado por el ministro, plantea cambios a la normativa vigente, lo haga habiendo sopesado sus costos y desventajas, y no como ocurrió en este caso: hicieron aparecer estos cambios como ventajosos, pero a los pocos días se juzgaron en forma negativa para el país. Eso fue muy desafortunado, porque la economía pasa, especialmente ahora en que el continente vive una situación delicada, por un momento muy especial. Como país debemos dar la sensación de seguridad y de unidad frente a lo que estamos haciendo, y no de improvisación, como ocurrió respecto de este proyecto. Esa actuación de las autoridades de Hacienda provoca intranquilidad en los mercados, y eso no ayuda en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en la parte económica. Por lo tanto, creo que Hacienda debe pensar mejor las cosas antes de llegar al Congreso Nacional con importantes cambios, como son los que contiene esta iniciativa. En cuanto al fondo, para despejar temas, el proyecto contiene algunas normas respecto de las cuales no hay discusión, que todos aprobamos en la Comisión y que también apoyaremos hoy. Por ejemplo, me refiero a la exención del impuesto de timbres y estampillas, a la depreciación acelerada o a lo relacionado con el IVA. En cuanto al tema del paraíso financiero, tengo la íntima convicción de que no será la palanca de nuevas inversiones que la autoridad espera. A mi juicio, con esta plataforma serán muy pocas si es que hay algunas las inversiones de cuantía que lleguen al país para ser invertidas en terceros países, por sus numerosas restricciones. No me quiero referir a todas ellas; son temas que requieren mucho tiempo. Pero hay una que quiero destacar: el proyecto, al referirse a las inversiones que harían hipotéticamente uso de esta plataforma, señala: “El capital no podrá ser enterado en caso alguno con cargo a créditos otorgados a la sociedad o a los socios o accionistas de ésta”. Me pregunto: ¿qué negocio en el mundo funciona sin crédito? No conozco ninguno. Existen distintos niveles de crédito y todos los negocios manejan alguno de ellos. En el proyecto en discusión se prohíbe que el capital que se entere para aprovechar las ventajas tributarias de la plataforma financiera, provenga de algún crédito. En otras palabras, todo debe corresponder a capital fresco, aun cuando en el mundo real las cosas no funcionan así. Entre muchas otras razones, ésta me parece de un irrealismo tal, que impedirá que la plataforma opere, lo que es lamentable. Espero equivocarme y que no ocurra lo que estoy presagiando. Finalmente, quiero hacer referencia al número 1) del artículo 1°, que fue el que generó mayor discusión en la Comisión. El artículo diseña un traje a la medida para una operación de venta de un activo chileno que está en curso en el extranjero, lo cual, a mi juicio, es muy negativo. El país es soberano para modificar las normas tributarias cuando así lo estime conveniente, pero un asunto distinto es cambiarlas o hacer un traje con nombre y apellido en un momento en que se está realizando la transacción de un activo de una importante compañía extranjera. Por lo demás, como señalaba el diputado señor Ortiz, nunca se ha probado que la Disputada de Las Condes haya evadido algún impuesto. Pueden no gustarnos las normas tributarias a las que se ha sujetado esa compañía durante los últimos 20 años, y es legítimo querer cambiarlas, como también es probable que, una vez cambiadas, no llegue ninguna inversión minera a Chile. Eso también es posible. Pero lo que me parece muy negativo para un país que quiere diferenciarse del resto de América Latina y que está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es diseñar una norma especial para una compañía que nunca ha evadido un tributo en Chile al menos nadie lo ha demostrado, simplemente porque ahora decidimos que esas normas no nos gustan. Lo razonable para un país serio es cambiar la legislación minera si en verdad este Congreso no está de acuerdo con parte de su normativa; pero debería regir para las nuevas inversiones. De ese modo, si alguien está evaluando invertir en Chile, en África, en Asia o en cualquier otro lugar del mundo con el propósito de explotar una mina, puede comparar las distintas legislaciones tributarias y financieras que la regulan. Pero, aplicarla a inversiones que se han mantenido durante años, me parece que implica cambiar las normas y perjudicar la imagen del país. Sería bueno conversar el tema y que, dentro de tres o seis meses, el ministro nos cuente si a partir de esta modificación se logró recaudar algo más. Tengo la sensación de que no recaudaremos ni un solo peso más, y que haremos un grave daño a la imagen de seriedad del país, en un momento en que el continente latinoamericano se incendia económicamente, en que Chile es una excepción, por lo que necesita mantenerse como un país serio, estable, que respeta a los inversionistas, que no les cambia las normas a mitad de camino ni hace trajes a medida porque en determinado momento la legislación no le gusta. En ese sentido, la norma que se votará es perjudicial para la imagen del país y, en general, el proyecto es desafortunado, aun cuando posee elementos positivos que aprobaremos. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, frente a las palabras del colega Dittborn, quiero señalar que uno de los asuntos que debemos resolver es si queremos vivir en Chile o en las Bahamas. Ése es un tema de fondo. Si hay empresas que durante decenios no han pagado impuestos al Estado chileno, como principal país productor de cobre del mundo deberíamos tener, al igual que otros países, una política de defensa de nuestros recursos naturales. Canadá, Estados Unidos, Australia, Argentina y la mayoría de los países productores de materia prima, en particular de cobre, garantizan la inversión extranjera sobre la base del cobro de algún impuesto al recurso natural, en especial si se trata de un recurso no renovable, como el cobre. Por lo tanto, el día en que las empresas mineras deciden irse del país, dejan un hoyo y, en muchos casos lo pueden decir los colegas de la Región de Atacama, sin haber entregado un aporte significativo ni a la región ni al país. Así sucedió con Maricunga y con Ojos del Salado, en la Región de Atacama, donde quedaron los hoyos y graves daños medioambientales cuando bajó el precio del oro. Esas empresas no pagaron ni impuestos ni patentes, porque éstas ni siquiera se pagan en las comunas donde llevan a cabo la actividad minera. Quiero dar respuesta a lo señalado por el colega Dittborn en la última parte de su intervención, así como a lo señalado por el presidente de la Exxon. Debemos recordar que la Disputada de Las Condes se compró, en 1978, en 98 millones de dólares, y que esa empresa no ha pagado impuestos durante 22 años. El presidente de la Exxon señaló que no tuvieron utilidades, a pesar de que el precio promedio del cobre entre 1978 y 2002 fue de 1,20 centavos de dólar. Es decir, nadie puede explicarse por qué no tuvo utilidades una empresa que durante 22 años no pagó impuestos y que, además, manejó un precio de venta del metal extremadamente privilegiado. Nadie puede explicarse tampoco cómo una empresa adquirida en 98 millones de dólares, que no registra utilidades durante 22 años, es vendida en 1.300 millones de dólares. ¿Qué ocurrió? Que la Exxon recurrió a un vacío en nuestra legislación y sobreendeudó la empresa. Cuando existe un forado en materia de impuestos, la idea es tratar de cerrarlo para defender el interés tributario del país, pues se trata de un problema de país, que no tiene que ver sólo con el Gobierno actual. La empresa contrae una deuda superior al capital propio, por la vía de paraísos tributarios, lo que no permite al Estado conocer exactamente el nivel de la deuda, y no se inyectan los recursos como capital. Como muy bien sabe el colega Dittborn, destacado economista, si se inyectan como capital deben pagar 35 por ciento de impuesto. Entonces, se introducen como intereses de la deuda, con lo cual pagan 4 por ciento. Lo que ha hecho la Exxon, sobre la base del sobreendeudamiento, es eludir, durante todos estos años, 31 por ciento de impuestos. Lo que estamos discutiendo específicamente es que una empresa que se venda en Chile o en cualquier lugar del mundo, si es chilena y explota recursos de nuestro país, debe pagar impuestos, como lo hacen todas. Hago un llamado a que en esta materia mantengamos un criterio de racionalidad, de lógica tributaria, de defensa mínima de los intereses del país, en un tema tan cardinal como el relativo a nuestros recursos naturales, y a no defender intereses contrapuestos con el interés nacional. Pido al colega Dittborn que sobre esto tengamos una política más de Estado. Es evidente que aquí podemos colocar en discusión el decreto ley N° 600 o el sistema de tributación. Incluso, con algunos colegas de Renovación Nacional y de la UDI creemos que es posible discutir el tema del royalty. Quiero decir a los representantes del Consejo Minero, que en los diarios de hoy señalan que el royalty no existe en otros países, que eso no es cierto. En la mayoría de los países hay royalty. Tal vez no a nivel nacional, pero sí de los estados mineros, como sucede en Rusia, en Canadá y en otros países. Lo que ocurre es que se encubre. Se dice que no existe en el país porque no es un royalty nacional, sino federal, que tributa a las regiones donde se encuentran los minerales. Soy partidario de poner el tema en una discusión abierta, a fin de que se garanticen las inversiones, pues nadie quiere ahuyentarlas ni modificar las reglas del juego respecto de las que ya existen. Pero, cuando se genera una nueva empresa, cuando se produce una transacción comercial, la plataforma de inversiones garantiza lo que ocurre en cualquier transacción, es decir, que se paguen los impuestos cuando se vende la empresa. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. No se trata de un traje a la medida, sino de defender el patrimonio nacional. Invito a todos los colegas a que hagamos un esfuerzo para defender el interés del país por sobre ideologismos o posiciones más cercanas o más lejanas a las empresas. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, la discusión que algunos parlamentarios solicitamos mediante un proyecto de acuerdo, se está anticipando con el análisis de esta iniciativa, relacionada con las inversiones extranjeras en la minería, en especial de las empresas Exxon Mobil y Disputada Las Condes, que se está vendiendo en 1.300 millones de dólares. Se ha adelantado la discusión, porque en los diarios de hoy podemos leer que el Presidente Ricardo Lagos tranquilizó a los ejecutivos del Consejo Minero al decirles que no habrá cambios tributarios. Señora Presidenta, por su intermedio quiero preguntar al ministro de Hacienda si el proyecto en debate tiene que ver con los tributos que pagan las mineras, porque hay una empresa, con nombre y apellido, que sería la primera afectada por este tributo: Exxon MobilDisputada de Las Condes. Quiero saber si esto no tiene que ver con los tributos. ¿Por qué no damos la cara al país de una vez por todas? ¿Por qué no dejamos los complejos de lado y discutimos el tema? Los parlamentarios que integramos la Comisión de Minería fuimos bastante serios al pedir un estudio de esta materia, mediante un proyecto de acuerdo, porque sabemos que la información no está en un solo servicio. Se encuentra en el Servicio de Impuestos Internos, en Cochilco, en la Contraloría General de la República, en las oficinas de inversiones extranjeras. Por eso, tenemos que dejar de lado los complejos, no esconder la cara y mostrar de una vez por todas que después de 25 años de dictadas las leyes que regulan la inversión extranjera, se requiere hacer una evaluación, un estudio serio, con gente que en forma responsable diga a esta Cámara de Diputados si se han cumplido todas las leyes y si no ha habido evasión tributaria. Tenemos derecho a saberlo, porque nuestra obligación constitucional es fiscalizar los actos del Gobierno. Sin duda, nos sorprende un poco este proyecto, que ingresó tan rápido a tramitación y que se anticipa a los estudios que hemos pedido. Pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias con los estudios. No tengo ningún complejo en decirlo, porque hay mucha gente que ha estudiado estos temas y siempre han quedado a mitad de camino. En Chile hay connotados ejecutivos, profesionales, ingenieros, abogados y economistas que recomiendan hacer este estudio. ¿Qué respuesta tenemos en este momento? Que esto ahuyentará a los inversionistas, que impedirá la llegada de más inversiones al país. Yo creo que están equivocados quienes dan esa respuesta, porque las reservas de cobre están en Chile. Aquí no ocurre lo que en otro tipo de negocios, como una fábrica de automóviles, que se puede llevar a otro país, porque las minas de cobre y de oro están aquí y son reconocidas como las reservas más grandes del mundo. No nos vamos a farrear el prestigio que tenemos. Tampoco pretendemos cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Hemos pedido un estudio, reitero, porque es necesario hacer una evaluación del decreto de ley Nº 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, porque han transcurrido 25 años desde su dictación, y las respuestas están a la vista. Hay empresas que durante 22 años jamás tributaron, y otras, como La Escondida, que a la fecha ha pagado 1.200 millones de dólares en impuestos al Estado chileno. ¿Cómo va a ser lo mismo una y otra empresa? Las riquezas y los costos del proceso son los mismos; lo que cambia es la ley del mineral. Sin duda, ahí se produce la diferencia entre quienes tienen mayores o menores utilidades. Debemos actuar con seriedad. Creo, muy sinceramente, que ha llegado el momento de hacer una evaluación, con los estudios pertinentes, como los del senador Jorge Lavandero, que ha sido descalificado en reiteradas oportunidades, pero que ahora quiero reivindicar. Quien no quiera hacer una evaluación, le está negando al país la posibilidad de conocer esta verdad. Ello es necesario, porque nadie tiene la información completa sobre estas empresas, sino que está dispersa en distintos organismos. Las normas que estamos analizando, sin duda, cambian las reglas del juego, tal como lo ha dicho el diputado señor Julio Dittborn. Esto tiene nombre y apellido. Se trata de la compañía que está vendiendo Exxon Mobil a Angloamérica, negocio que corre el riesgo de perderse. No tengo temor en decirlo. Si no cambiamos las reglas vigentes, el negocio puede hacerse o no hacerse; pero insisto en que a estas empresas no les pueden poner ruedas y llevárselas a otros países. Sabemos el juego que se está haciendo. Lo han señalado otros parlamentarios en esta Sala. Efectivamente, los países considerados “paraísos fiscales” son lo que facilitan los recursos para realizar muchos de estos proyectos. Se invierten mil millones o mil quinientos millones de dólares, pero jamás llega el total de esos recursos al país. Quiero que los señores parlamentarios mediten sobre esto: nunca han llegado esos recursos completos al país, porque una mínima parte corresponde a dinero fresco, y otra, a créditos para invertir en el equipamiento que necesitan esos proyectos. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Es necesario revisar y evaluar la inversión extranjera. No tengamos temor. El Instituto Libertad y Desarrollo señala, en un informe que está a la mano de cualquier señor parlamentario, que el royalty que se pagaba en Canadá era de 20 por ciento, y que ahora, para promover la inversión en la minería, lo han bajado a 10 por ciento. ¿Podemos creer a los ejecutivos de estas grandes empresas que dicen que no se paga royalty en otros países? Aquí debemos hablar con la verdad. Necesitamos aprobar la solicitud para efectuar los estudios correspondientes, y, con todas las cartas sobre la mesa, tomar una buena decisión, como país, para las inversiones de los próximos 25 ó 30 años. La principal riqueza de Chile, el cobre, está en discusión e involucrada en el proyecto en análisis. Por eso señalé que se adelantó la discusión; pero estamos dispuestos a realizarla en cualquier instancia. Solicito al señor ministro dar respuesta a mi pregunta: si ayer le dieron tranquilidad a los inversionistas de estas empresas de que no habrá cambios tributarios, ¿qué estamos discutiendo y a punto de aprobar? He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, utilizaré algunos minutos para precisar lo que el proyecto dice y lo que no dice, toda vez que al estar emparentado con otros temas que han sido objeto del debate público, se suele confundir su real alcance o dimensión. En primer lugar, el proyecto refleja, como pocos otros es bueno que así lo reconozcamos, que el Gobierno tiene un espíritu nacional, que piensa en las grandes mayorías y que no se hace eco de presiones corporativas o ideologizadas de ninguna naturaleza. El proyecto incluye dos elementos de reducción tributaria. El principal de ellos, el mecanismo de depreciación acelerada, tiene un costo fiscal de 230 millones de dólares. Muchos podrán decir que esto refleja un indebido acercamiento del Gobierno hacia los empresarios, y preguntarse por qué no usamos esa suma en aumentar el gasto social para favorecer a tantos sectores vulnerables del país. Sin embargo, el Gobierno, consciente de que esto puede significar inversiones que, de otro modo, no se materializarán, en particular en el caso de la pequeña y mediana empresa agrícola, o de los sectores de la construcción o fabril, no tiene complejos ideológicos de ninguna naturaleza para establecer medidas tributarias que garanticen mayor crecimiento y, por esa vía, mayor empleo. En segundo lugar, también tenemos pérdidas tributarias por la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramación de créditos. No nos preocupa tener pérdidas tributarias si ellas significan que la familia chilena, a través de los créditos de consumo, y que el pequeño empresario, mediante los créditos de capital de trabajo, puedan tener un mejor acceso a fuentes bancarias de créditos y no ser, de alguna forma, víctimas de un monopolio por parte del banco, debido a las dificultades y a los costos que implica cambiarse de banco si tienen la oportunidad de obtener un crédito más barato. La eliminación del impuesto de timbres y estampillas se inscribe en un conjunto de iniciativas que los señores diputados irán conociendo, para dar más competencia y movilidad a nuestro sistema financiero. Insisto, ambos tienen costos fiscales, pero significan más bienestar, más empleo, más crecimiento. No tenemos complejos de ninguna naturaleza para introducir estas modificaciones. Sin embargo, y aquí me quiero detener un poco, el Gobierno ha estimado oportuno, en el contexto de una discusión sobre plataforma de inversiones, actualizar nuestra legislación tributaria respecto de algunos temas propios de la globalización para no ser expropiados en nuestra base tributaria por los paraísos fiscales. Me llama poderosamente la atención el concepto de interés nacional que subyace tras algunas intervenciones. En la prensa de hoy, tanto nacional como internacional, se puede comprobar que los Estados Unidos de América, la economía más poderosa del mundo, está debatiendo si sufre o no el “síndrome japonés” de estancamiento y deflación. Mientras se produce esta discusión, el Presidente Bush ha enviado copiosa legislación e instrucciones administrativas sobre un conjunto de disposiciones, destinadas a combatir los paraísos tributarios. Asimismo, ha enviado copiosa legislación, que ha ido y venido, sobre nuevos estándares de reportes contables para las empresas. ¿Ha escuchado alguien que se le acuse de cambiar las reglas del juego? Si un gobierno soberano se da cuenta de que hay vacíos en la legislación, que implican engañar a los mercados, no reportar adecuadamente las ganancias, no pagar los impuestos correspondientes, ¿tiene que esperar que todos quienes pueden evadir tributos terminen de sacarlos antes de introducir modificaciones a la legislación? ¿Qué concepto de interés nacional es ése? En el caso concreto que nos ocupa, si un chileno dueño de un activo o de una empresa vende ese activo a otro chileno, según nuestra legislación debe pagar el impuesto por ganancia de capital; si vende un activo, el impuesto de compraventa, y si vende un bien o un servicio, el IVA. Resulta que como consecuencia de la globalización, que es algo más que ver televisión por cable, los países civilizados del mundo se han enfrentado a la competencia desleal de paraísos tributarios, que ofrecen oscuros refugios a quienes quieren eludir impuestos y expropiar la base impositiva de los países que operan con reglas del juego transparentes. Debido a la internacionalización de la economía chilena, las empresas sofisticadas, que realizan transacciones en paraísos tributarios, pueden evadir impuestos legalmente. ¿Qué debe hacer un gobierno responsable frente a esa evidencia? Obviamente, cerrar esa posibilidad. Si el día de mañana nos enteramos de que, debido a las tecnologías de internet u otras las transacciones de bienes y servicios se comienzan a desarrollar en paraísos tributarios y no se paga el IVA, ¿las vamos a contemplar con las manos amarradas o vamos a actualizar nuestra legislación a lo que implica la modernidad? Es obvio que haremos lo segundo. Atraer inversión extranjera dejándose expropiar la base tributaria implica realmente una actitud de rendición ante el capital extranjero que no se condice con nuestro nivel de desarrollo ni con la soberanía de la cual todos los chilenos nos sentimos orgullosos. En el momento en que detectemos maniobras, a través de paraísos tributarios, que signifiquen expropiar nuestra base tributaria, cambiaremos la legislación de acuerdo con esa realidad. Aquí no ha habido improvisación de ninguna naturaleza. Si vemos la legislación internacional, podremos comprobar las copiosas discusiones que se han suscitado en Europa y en Estados Unidos respecto de temas como normas contables y paraísos tributarios, que implican idas y venidas entre el Ejecutivo y el Legislativo por largos meses, porque estamos en un terreno nuevo y complejo. No me pongo ni colorado por haber presentado una iniciativa que, por lo demás, fue votada por unanimidad en la Comisión de Hacienda trece días después de que ingresara a la Oficina de Partes de la Cámara y seis días después de que yo la explicara en detalle en la Comisión. No me pongo ni colorado, porque es mi deber, como ministro responsable, tratar de que la legislación se ajuste lo más posible a la realidad global. Si mediante el diálogo con la sociedad civil y con expertos tributarios, establecemos que hay vacíos en la legislación propuesta, la mejoraremos. Prefiero ponerme colorado una vez frente al reconocimiento de que no previmos ciertas alternativas, que amarillo por mucho tiempo, por orgullo. Así progresan los países, cuando existe flexibilidad, espíritu nacional y cuando son intelectualmente abiertos a entender la realidad de un mundo complejo. En el proyecto se recoge un tema de interés nacional sin miedo a presiones ideológicas de cualquier origen; se reivindica nuestra soberanía; es proinversión; rebaja impuestos en medio de una catástrofe regional, y señala claramente la forma de salir adelante en estas circunstancias. He dicho. Aplausos. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señora Presidenta, en relación con el proyecto que hoy nos convoca, existen diferentes apreciaciones y puntos de vista respecto de la posibilidad de reactivación económica. Quiero centrar mi intervención en lo que realmente aporta la iniciativa a la reactivación económica, como la depreciación acelerada, que disminuye los plazos actuales, lo que incentivará la inversión en maquinaria, en renovación de equipos, en tecnología y en mejoramiento de instalaciones, todo lo cual redundará en aumento de la productividad y de la dinámica económica. Asimismo, hay que destacar algunas modificaciones incorporadas hace algún tiempo en la ley sobre impuesto a la renta, que dicen relación con el impuesto al valor agregado, las cuales afectaban las relaciones con los proveedores, problema que hoy se elimina definitivamente, y que tenían por finalidad ejercer control en la parte administrativa e implicancias no menores desde el punto de vista financiero. Por otra parte, dada la tendencia a bajar las tasas de interés, resulta positivo eximir del impuesto de timbres y estampillas a todas aquellas personas que, en determinado momento, decidieron invertir en la construcción, adquisición o ampliación de una vivienda. Al traspasar esa rebaja de tasas a los dividendos, el presupuesto familiar se verá aliviado. Otro punto importante es que este beneficio se hace extensivo también a los créditos con garantía hipotecaria destinados a otros fines; por ejemplo, líneas de crédito, que pueden facilitar la obtención de capital de trabajo o mejorar las condiciones para conseguirlo. Sin embargo, esta extensión es restringida, porque, en general, las empresas pactan sus líneas de crédito a más de un año, con tasas variables, y los bancos fijan un spread que, de una u otra forma, refleja la utilidad del negocio. Es un avance limitado, pero creo que va en la dirección correcta. Ahora bien, como estamos hablando de reactivación, quiero hacer algunas proposiciones, que más adelante podrían ser consideradas por la autoridad, a fin de conducir la tan esperada y retardada reactivación económica en nuestro país. Primero, mayor flexibilidad de las normas que regulan el factoring. Hoy día, la legislación autoriza al emisor de la factura para acceder a su descuento. Segundo, una modificación a la ley general de Bancos que permita a muchas pequeñas y medianas empresas acceder a financiamiento. Tercero, eliminar la norma que establece que el factoring debe incorporarse al libro de deudores de la Superintendencia de Bancos, lo que limita las operaciones de crédito. Son iniciativas dignas de estudio que podrían facilitar a la pequeña y mediana empresa acceder al crédito. Siguiendo con la reactivación, sería conveniente revisar la normativa que rige para el fondo de garantía del pequeño empresario. Actualmente, cuando se otorga un crédito con esa garantía que es buena, porque está respaldada por el Estado, el banco que otorga el crédito puede demorar más de 365 días en recuperar esos recursos, para volver a prestarlos. Con la modificación de dicha normativa se facilitaría el acceso de la pequeña y mediana empresa a esos recursos, con el objeto de promover su desarrollo. También sería interesante considerar a futuro la posibilidad así lo estamos estudiando al interior de la UDI de que los bancos destinen un porcentaje de su capital a un fondo especial para las pymes, que no esté afecto, dentro de ciertas limitaciones, a las tasas máximas que rigen para los créditos otorgados a los pequeños y medianos empresarios, situación que ha dejado a muchos fuera del financiamiento bancario. Por último, tal vez sería conveniente revisar las normas sobre clasificación de créditos en el caso de las reprogramaciones. Cuando una pequeña o mediana empresa debe reprogramar una deuda, aunque tenga acceso al fondo de garantía de la pequeña empresa, que cuenta con el respaldo del Estado, el solo hecho de reprogramar implica mayores riesgos para el banco con el cual se está llevando a cabo la negociación. Hago estas proposiciones al señor ministro, porque si las analizamos y las conversamos, entre todos podemos forjar una legislación que contribuya a la reactivación del país, entregando mayores posibilidades de acceder al crédito a la pequeña y mediana empresa. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, ¿sabe el ministro cuándo se pondrá colorado? Cuando el próximo mes de septiembre no nos envíe el proyecto sobre los tribunales tributarios; cuando no nos envíe el proyecto relacionado con el endeudamiento de partes relacionadas, que debió postergar en atención a las presiones de que fue objeto; cuando no nos envíe el proyecto que tiene que ver con las agencias en el exterior. ¡Echó pie atrás sólo por las presiones públicas ejercidas por los empresarios de nuestro país, que son los que tienen el capital! ¿Cómo le vamos a decir que debe ponerse colorado, cuando lo que estamos discutiendo es lo mínimo que necesita un país para progresar? Ese proyecto fue votado a favor por todos los diputados. Pero ¿sabe lo que pasó, señor ministro? Después de que fue votado en la primera sesión seguramente, hubo algún llamado telefónico, porque son muchos los millones de dólares en juego; son las multinacionales las que están detrás de esto, fue replanteado. Ya lo dijo el diputado Ortiz: fair play; lo replanteamos. Así trabajamos en la Comisión de Hacienda; pero el ministro dejó dos temas afuera. Espero que durante el mes de septiembre no se ponga colorado y se atreva a enviar esos dos proyectos, además del relacionado con los tribunales tributarios, que elaboramos con el diputado Jaramillo. Allí está el sistema completo para evitar lo que está ocurriendo con nuestro país. Éste no es un proyecto de ley específico, porque puede servir para las empresas mineras, forestales o pesqueras; el día de mañana, incluso las telefónicas. ¿Acaso el ministro no recuerda lo que ocurrió con las empresas españolas en el caso de Emos, cuando nos enteramos, ocho años después, de que tenían un pacto estratégico en Estados Unidos? No podían participar en la licitación; pero no lo sabíamos. ¡Claro que Chile debe tener acceso a la información! ¡Claro que tenemos derecho a conocer las situaciones existentes en los “paraísos fiscales” en los cuales operan las multinacionales! ¿O es que no sabemos qué está sucediendo con las inversiones? Estamos sacando las platas de Chile al extranjero. Cuando hay utilidades, “paraísos fiscales”, no pagan; cuando hay pérdidas, vuelven a Chile y las imputan a los impuestos. Evidentemente, estamos frente a un temapaís en que las presiones son inmedibles. Hasta el Presidente de la República se reúne con los empresarios y dice que no va a cambiar las políticas. ¡Hasta cuándo! Que el ministro no se ponga colorado; ojalá siga en esa línea para que podamos recibir esos cientos de millones de dólares. Lo saben los diputados Álvarez y Dittborn, quienes también entienden de finanzas internacionales. Ustedes ven lo que pasa en Estados Unidos con el caso de la Enron y con otras empresas. ¿Qué va a pasar cuando en Chile ocurra algo similar? El superintendente lo sabe, pero dice que aquí nunca pasará nada, hasta que pase. Aquí hay una elusión, una evasión, debido a los altos niveles financierocontables que nuestras autoridades no son capaces de pesquisar. Eso es lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos. Le estamos entregando facultades y ojalá le entregáramos más capacitación a sus funcionarios y más recursos, porque ya no basta con revisar la planilla del IVA ni la declaración del global complementario: es necesario revisar las transacciones hechas a través de internet, de los sistemas modernos, donde no hay respaldos ni facturas. Grandes operaciones internacionales con buenos expertos ahí está el negocio del futuro, todos aquellos muchos de la Concertación que están asesorando a esas multinacionales y que hacen lobbies. Pero le digo al ministro que el problema no está aquí en la Cámara se lo vamos a probar, aunque algunos se pueden oponer, sino en el Senado. Me preocupa la capacidad de lobby que tienen esas empresas. Es mucha la plata que está en juego, y son muchos los favores que pagar. ¡Entonces, el ministro sí que se va a poner colorado, porque va a tener problemas, incluso, con los parlamentarios de la Concertación! ¡Claro que estamos hablando de un tema que duele: de no permitir blanquear afuera lo que debe hacerse en nuestro país! Tenemos los precios de transferencia. ¿Cómo no vamos a aprobar que el Servicio de Impuestos Internos los revise? Afuera nos venden caro, pero aquí vendemos barato y, por lo tanto, generamos pérdidas. Pero el que nos compra, es decir, la multinacional, la agencia, la coligada, la matriz o la subsidiaria, obtienen las utilidades. Pero ¿dónde? En Jamaica, en países conocidos como paraísos tributarios; en Islas Caimán, etcétera. ¿Por qué hay 2 mil millones de dólares chilenos afuera? ¿Cuál es la ventaja de tener las platas afuera? Quiero decir con todas sus letras. ¡Claro que La Disputada está enojada! ¿Saben lo que quiere hacer? ¡Aprovechar los 400 millones o 600 millones de dólares! Desde que compraron la mina, en 1977 ó 1978, nunca han pagado impuestos. ¿Saben por qué no lo hicieron? Por desidia, tanto del gobierno militar como de los de la Concertación. ¿Cómo se va a poner colorado el ministro por atreverse a terminar con algo que los anteriores gobiernos ni siquiera intentaron? No se ponga colorado, ministro. Es evidente que nuestras arcas necesitan 300 millones de dólares y que nuestro país requiere dos planes Auge y empleos para los próximo cinco años. ¿Cómo se puede explicar, señores economistas, que una empresa que durante 20 años no ha obtenido utilidades se venda en 1.300 millones de dólares, y que la venta se realice afuera, en un paraíso fiscal donde no le pagan a nadie? ¡La plata de los chilenos puesta afuera! Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Dejemos la politiquería barata y vayamos a los temas de fondo. Este país quiere ser plataforma financiera, desea atraer inversionistas para que operen desde aquí. Hoy el nuestro es el mejor país de Sudamérica, está financiera y económicamente sano; estamos creciendo al 3 por ciento. ¡Me da lata que las propias autoridades digan que estamos mal! Siempre hemos crecido en ese porcentaje o en un poco menos; sólo durante dos o tres años crecimos en un porcentaje superior. Este país no da para crecer al 7 u 8 por ciento. Por eso, en las actuales condiciones económicas que vive el mundo, un 3 por ciento es formidable. ¡No estamos mal! Lo que pasa es que nos están preparando para que no subamos el gasto; lo que quieren es que el próximo Presupuesto no sea deficitario, sino superavitario. Entonces, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuándo trabajaremos para la gente? ¡Métale flexibilización! Esto es igual que la bencina: cuando sube el precio internacional, la suben en exceso; pero cuando éste baja, no hacen lo mismo. Ahora, le bajamos los salarios a la gente; pero después, cuando la cosa esté mejor, partimos de un piso más bajo. ¡No hay que tocar a los empresarios internacionales en los temas mencionados! Los diputados de la Oposición lo plantearon en forma seria, pero los dejamos de lado: hay que estudiarlo con más calma. Espero que el ministro no se tome mucho tiempo y que en la próxima reunión de gabinete no le tiren las orejas y le digan que está asustando a las multinacionales, porque el día de mañana Telefónica, las empresas sanitarias o las eléctricas pueden encontrarse en el mismo “tete”, y se puede terminar con la inversión externa en el país. No, señora Presidenta. Aquí se está terminando con el uso de subterfugios de alto nivel para no dejar en Chile lo que corresponde. ¡Qué lindo: las utilidades afuera y las pérdidas en Chile! ¿Es eso lo que estamos defendiendo? ¿Es eso lo que los diputados van a votar en contra: que después de 30 años estemos corrigiendo esa irregularidad? Si la cosa no es contra las mineras, sino contra cualquier empresa que pretenda baipasear al país, contra cualquier empresa que crea que somos bobos. Afuera, se ríen, hacen sus movimientos. Hasta el Fondo Monetario hace los suyos: que Uruguay sí, que Argentina no, que Brasil... Y nosotros, en el mismo bote. No se ponga colorado, ministro. Espero que podamos discutir aquí sobre tribunales tributarios independientes, para que la gente pueda opinar acerca de sus tributos. Pero serán muchas las presiones que el ministro deberá seguir soportando. De una u otra manera, el país ha dejado de percibir hoy tenemos un caso claro, pero podemos hacer el cálculo con las empresas que han recurrido a todas estas maniobras internacionales mil, 2 mil o 3 mil millones de dólares. Es plata de todos los chilenos. No somos un país sólo de empresarios; también hay consumidores. El ministro de Economía nos pide secreto para la fijación de las tarifas. ¡Otro más! ¡Otro ministro que está influido! ¿Cómo se puede pedir secreto para la fijación de tarifas? ¿Qué le parece eso, diputado García? El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡Muy mal! El señor LORENZINI.- Nosotros no podemos participar; los usuarios, tampoco. ¿Acaso la UDI votará en contra de esto también? Si lo único que estamos tratando de hacer es regular, de acuerdo con normas internacionales; es lo que está tratando de hacer un país que ha demostrado seriedad y responsabilidad en sus finanzas. ¡No al secreto, no a los arreglos cupulares, no a siete empresarios que se reúnen con un ministro, con un presidente o con quién sea! ¡Esto es democracia! ¡La gente nos necesita! ¡Hagamos justicia! ¡Pongámonos los pantalones! ¿Saben una cosa? Prefiero recibir menos, pero con las manos limpias y con transparencia; prefiero que algunos de estos inversionistas se vayan, porque no dejan nada en el país. Hay muchos que vienen a usarnos de pasada. ¡Que se vayan; no los necesitamos! He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, en primer lugar, respecto de uno de los aspectos que tocó en su extensa intervención el diputado señor Lorenzini, puedo decirle que la UDI prefiere actuar antes que hablar. Es así como en relación con la decisión de un ministro de decretar, secretamente, una serie de determinaciones tarifarias, los parlamentarios de la UDI han presentado un recurso de ilegalidad a fin de dejar sin efecto tal determinación. Además, haremos una presentación ante la Contraloría General de la República y esta tarde presentaremos un proyecto de acuerdo ya está redactado para impedir que las determinaciones tarifarias sean consideradas secretas o reservadas por el ministro de Economía. De manera que esperamos contar con el apoyo del diputado Lorenzini, porque ya hemos iniciado acciones en la línea de defender los intereses de los chilenos, que tienen derecho a conocer, en forma pública y clara, todo el proceso de fijación de las tarifas del agua, del teléfono, de la energía eléctrica, etcétera. En cuanto al proyecto en discusión, formularé dos consideraciones generales. En primer lugar, la iniciativa está inserta en el marco de lo que se conoce como el gran paquete reactivador. Al respecto, mantenemos nuestra opinión: no nos parece que sean grandes medidas para reactivar el país. Algunas son interesantes y, tal vez, las votemos a favor; pero, en general, no permitirán revertir el Imacec o lograr tasas de crecimiento muy superiores al 3 por ciento. Si nos consolamos con ese porcentaje, lamentablemente como lo dijo el diputado Longueira hace un tiempo, no pasará nada y los pobres deberán seguir esperando. Necesitamos tasas muy superiores. Si bien votaremos favorablemente, que quede claro que no son las grandes medidas reactivadoras que espera el país. En segundo lugar, como comentario general, deseo expresar que, dentro de los muchos proyectos que me ha tocado ver en la Comisión de Hacienda, éste es uno de los más desconcertantes e inaceptables. Para explicarlo, recurriré a una metáfora similar a la que utilizó ayer el ministro de Hacienda, cuando dijo que la economía chilena era como la casa de concreto del chanchito Práctico. Pues bien, este proyecto de ley era una casa de paja o de madera, porque al ingresar a la Comisión de Hacienda de la Cámara, se cayó al primer soplido. ¿Y por qué se cayó? Porque era un muy mal proyecto para los intereses del país. De manera que jamás debió ingresar a dicha Comisión porque adolecía de serios defectos. De hecho, el proyecto debió haberse votado, lo cual habría dejado muy contentos a los partidarios de la idea de que la Cámara debe dar señales; pero habría sido un desastre haberlo aprobado en los términos en que venía redactado. A pesar de haber sido mejorado mediante algunas indicaciones presentadas por diversos diputados y por el propio Ejecutivo, continúa siendo profundamente equivocado y desastroso en algunos aspectos para los intereses del país. Es malo porque no apunta a solucionar, como dijo el ministro de Hacienda, un problema tributario. En parte, puede ser eso; pero, en realidad, está dirigido por eso sí que hay que ponerse colorado a una operación específica, para la que se ha pedido autorización, lo que es muy malo para la imagen del país. Es absolutamente inadecuado legislar para situaciones puntuales. Tal como se lo dije al ministro en su momento, puede que no nos gusten muchas de las normas tributarias a las cuales se han acogido determinadas empresas; pero, desde el punto de vista de la soberanía por eso hay que ponerse colorado, ahora se sabría a nivel internacional que en Chile legislamos para casos específicos. Ya lo hicimos en una ocasión con la ley de Opas para el Banco de Chile, y tampoco se lograron los resultados que esperaban los autores de esa modificación. Éste es un traje legal a la medida, que, como todos los trajes de ese tipo, traerá consecuencias gravísimas. El numeral 1) del artículo 1º se refiere a este traje a la medida para el caso de la Disputada de Las Condes, y es probable que algunos digan que se trata de que el fisco cobre 300 millones de dólares por esa operación. Pero, por favor, digámoslo con claridad: no hay operación tributaria o comercial en virtud de la cual una de las partes tenga que pagar 300 millones de dólares, y quienes piensen así, o son ingenuos o tienen total desconocimiento de la realidad tributaria, comercial y financiera de las operaciones. Nadie hará una operación para pagar 300 millones de dólares. Ahora, si a costa de la credibilidad chilena, igual aprobamos esta norma, les aseguro que no llegará ni uno solo de esos 300 millones de dólares; sin duda, la cifra será considerablemente inferior. Entonces, sólo por darnos un gustito probablemente aceptable ante determinada operación, estaremos poniendo en duda la seriedad de nuestra legislación, hecho que, a la larga, sólo acarreará perjuicios y problemas a nuestra economía. Es cierto que la Disputada tiene muchos problemas; pero no olvidemos que tiene el mérito de haber sido la primera empresa que invirtió en el sector minero después del desastre de las políticas mineras aplicadas entre 1970 y 1973; fue la primera empresa minera que estuvo dispuesta a confiar en Chile. Por lo menos, debemos reconocer eso. Es posible que sean malos los instrumentos tributarios que usa; pero no les quepa duda alguna de que es mucho peor para los intereses y para el futuro del país que las empresas inversionistas estadounidenses, escandinavas o de cualquier otro país como dijo el diputado Lorenzini sepan que cuando no nos gusta algo, a pesar de que nos están consultando acerca de una operación, les cambiamos las reglas del juego para cobrarles más impuesto, lo que, sin duda, es inaceptable. Les puede gustar, pero es inaceptable y, desde el punto de vista de la inversión internacional, producirá severos efectos. Es cierto que el proyecto tiene aspectos positivos, y por eso algunos diputados vamos a votarlo favorablemente. Por ejemplo, soluciona un problema relacionado con el IVA, respecto del cual tuvimos grandes discrepancias con el diputado Tuma, y que nosotros ya votamos en contra. De manera que los diputados de la Alianza por Chile estamos conscientes de que vamos a repetir nuestra votación para eliminar esta norma porque la consideramos absolutamente equivocada. Además, establece un mejor sistema en materia de depreciación. Pero ¡ojo!, que no nos digan después como nos puede ocurrir que lo usarán también las mineras; porque lo van a usar dentro de su estructura, y les significará un pequeño beneficio. Por lo tanto, debemos tener claro que esto debe ser absolutamente para todos. Es positiva la reprogramación hipotecaria y la plataforma financiera, aunque en esto coincido con el diputado Dittborn: como muchas cosas, la bolsa off shore y los mercados de valores secundarios sencillamente no van a funcionar, por errores de diseño. De manera que se trata de un proyecto que partió mal, no como la sólida casa del chanchito Práctico a que hizo alusión el ministro Eyzaguirre, sino como la casa de paja de uno de los tres hermanos, que se cayó al primer soplido, y fue necesario introducirle una serie de cambios. Tiene aspectos positivos, pero, en general, consideramos que es inaceptable y que no va a resultar. Por lo tanto, para votar en contra las modificaciones al impuesto a la renta, a transfer prizing, pedimos votación separada para los números 1), 3), 4) y 5) del artículo 1º y para el artículo 1º transitorio. Para concluir, quiero hacer un recuerdo. En este debate se ha hablado varias veces de establecer royalties para la industria minera. Más allá de que el Presidente de la República haya dicho hoy que eso no estaba en sus planes, me gustaría citar uno de los mejores informes sobre tributación a nivel mundial, preparado por la Escuela de Minas del Estado de Colorado, Estados Unidos. ¿Qué dice en materia de royalties, para los parlamentarios que quieren establecerlos en Chile? Que en el reciente siglo traduzco ha existido la tendencia a desincentivar todos los sistemas tributarios basados en royalties y a remplazarlos por sistemas que descansan en mecanismos tributarios que se basan en la capacidad de pagar, por ejemplo, impuestos basados en las ganancias. La mayoría de las naciones ha eliminado los royalties totalmente, mientras que otras han reducido su importancia. Eso es lo que ocurre a nivel tributario internacional. Con respecto al proyecto insisto, la UDI votará algunos aspectos en forma favorable; pero otros, en forma negativa. Hacemos la advertencia, tal como lo hicimos cuando discutimos el proyecto de ley de Presupuestos y se nos dijo que el país crecería al 4,5 por ciento, afirmación que rebatimos por considerarla falsa, ya que, en nuestra opinión, sólo íbamos a crecer a menos del 3 por ciento. Ahora estamos viendo que, con suerte, crecemos al dos y medio por ciento. Lo mismo ocurrirá en este caso: es un mal proyecto, no va a funcionar la plataforma financiera, y habremos puesto en peligro la credibilidad de Chile por una operación que, en caso alguno, va a redituar los millones de dólares que algunos iluminados pretenden que traerá a nuestro país. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona. El señor ESCALONA.- Señora Presidenta, la discusión se ha centrado en uno de los aspectos de la iniciativa; pero vale la pena dejar establecido nuestro acuerdo con las medidas tendientes a reducir los plazos en el régimen de depreciación acelerada, como una manera de incentivar a las empresas para que renueven sus inventarios, y con la exención del pago del impuesto de timbres y estampillas de los préstamos con garantía hipotecaria. Son medidas que reducen la capacidad del Estado, desde el punto de vista impositivo, y que, en su momento, deberán tener una debida compensación. Desde nuestro punto de vista, debido a su dimensión, la carga tributaria en nuestro país presenta serias dificultades para que el Estado pueda cumplir con su tarea social y, en consecuencia, esperamos tener la capacidad de reponer un nivel de carga tributaria acorde con nuestras obligaciones sociales. La discusión se ha situado en la disposición que existe para evitar que las operaciones realizadas en el exterior por empresas establecidas en el país, continúen abriendo un forado tremendo, especialmente en lo que se refiere a materias primas no renovables. En este caso, la discusión se ha centrado en la venta de la minera la Disputada de Las Condes por parte de Exxson a la Angloamérica, empresa sudafricana, operación que como se ha señalado alcanza, aproximadamente, los 1.300 millones de dólares. Se habla de que este proyecto es un terno hecho a la medida. Resulta curiosa la lógica empleada en este caso: se rechaza un traje hecho a la medida como se ha dicho aquí para el Estado de Chile, para mantener otro traje hecho a la medida para la empresa Exxon, a fin de que pueda llevar a cabo la elusión tributaria, y se recurre a un argumento absolutamente engañoso: que se estarían cambiando las reglas del juego. En realidad, no se está haciendo eso, porque en nuestro país existe un impuesto a las ganancias de capital. Lo que ocurre es que, en este caso, estamos frente a una típica situación de evasión legal. Las personas doctas en la materia saben perfectamente bien que aquí se está burlando la ley chilena. Eso es lo que pasa. De modo que no estamos cambiando ninguna regla del juego; por el contrario, el Estado de Chile, según informes internacionales, tiene uno de los más altos márgenes de credibilidad y seguridad del mundo; en ese campo, nuestra capacidad está fuera de toda duda. Lo que sí debe hacer el Estado de Chile es dar cuenta de su interés por fortalecer sus capacidades, de manera de hacer cumplir la legislación nacional, la misma que aceptaron las empresas transnacionales al momento de invertir en el país. Curiosa filosofía la que se expresa en esta Sala. No se entiende que son las compañías transnacionales las que violan las reglas del juego porque, por la vía de la elusión tributaria, no cumplen con los compromisos adquiridos al momento de invertir en Chile, y se afirma que es el Estado de Chile, al pretender hacer operable su legislación y hacer cumplir las disposiciones tributarias, el que está cambiando las reglas del juego. Esta situación nos retrotrae necesariamente a una visión más general respecto de cuáles son las fuerzas políticas que están interesadas en salvaguardar los intereses del Estado-nación, y aquí ha quedado de manifiesto que, por razones de corto plazo, hay algunas que no están cautelando los intereses del país. Es más, la pasión con que los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente defienden estos intereses transnacionales, que violan de manera bochornosa la legislación nacional y se amparan en mecanismos de elusión tributaria, revela que, en su subconsciente, están pensando que nunca van a gobernar. No se ponen en el caso de que algún día pueden estar a la cabeza del Estado; no piensan en que, desde el punto de vista del juego democrático, cualquier fuerza política puede llegar a gobernar, y que es responsabilidad de todos los partidos políticos cautelar el interés nacional esto no sólo del actual gobierno o del Presidente Lagos, sino que del conjunto de quienes aspiran a dirigir el país, cautelar las reglas del juego, las cuales incluyen el respeto a la legislación nacional, así como la obligación del Estado de actuar, desde el punto de vista legal, a través de los mecanismos democráticos establecidos a pesar de las imperfecciones, para que esa legislación sea respetada. No es posible atender la filosofía que se ha expuesto, en el sentido de que como es una operación muy grande, de 1.300 millones de dólares, es imposible pagar los tributos. En consecuencia, se sugiere que simplemente aceptemos que las obligaciones tributarias que tienen las empresas transnacionales no se cumplan. ¡Curiosa filosofía de una fuerza que aspira a tener un Presidente de la República en algún tiempo más! Es decir, como las transnacionales hacen operaciones tan grandes y con gran cantidad de capital involucrado, ¡resignémonos a que no cumplan con sus obligaciones tributarias! ¡Hagamos de Chile un paraíso en el que las transnacionales no cumplan con las obligaciones establecidas en nuestra legislación! Como las transnacionales son tan grandes, ¡aceptemos que violen la legislación! El diputado señor Álvarez debería proponer una modificación legal de artículo único del siguiente tenor: “Permítase que las empresas transnacionales hagan todo lo que quieran en el país”. Lógicamente, como tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que eso francamente sería un escándalo y ha adquirido las dotes profesionales que le indican claramente que es algo impresentable, plantea el argumento de que el Gobierno estaría faltando a las reglas del juego. No se está faltando a las reglas del juego. Simplemente, se está diciendo que se cumpla con la legislación nacional y que el Estado-nación actúe en defensa del interés nacional. Por lo tanto, asistimos, una vez más, a una discusión en la que se genera una apariencia para esconder el contenido. El Gobierno, acorde con su responsabilidad a la cabeza del Estado, está generando los mecanismos que permitan preservar el interés nacional. Como última consideración, la globalización no significa que los Estados deban desaparecer. En la Cámara, muchas veces hemos asistido al mismo debate. Hubo un tiempo hasta hace no muchas décadas en el que la Derecha tenía pensamiento nacional. Hoy está confundida; no lo tiene. Ha olvidado completamente las obligaciones que las fuerzas políticas tienen en defensa del interés de la nación. Al menos, el Gobierno de Chile lo quiere cautelar con este proyecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, después de escuchar al marxista Escalona, que tiene clara noción de lo que son las naciones, el patriotismo y los estados, es poco lo que puedo agregar. Este no es un proyecto que carezca de efecto en el momento económico que vive el país. Sin embargo, ante discursos tan encendidos, no puedo dejar de señalar que la discusión sobre lo que pagan las mineras se debe, en gran medida, a que hace algunos meses la UDI sostuvo un encuentro con la Confederación de Trabajadores del Cobre. Fruto de él nos comprometimos con ellos a estudiar varias materias de la política minera chilena, y parte del trabajo que estamos haciendo concluyó con una invitación al senador democratacristiano señor Jorge Lavandero, quien por diez años durante los gobiernos de la Concertación ha estado diciendo todo lo que les escuchamos hoy a sus representantes, pero nadie le hizo caso. Hemos escuchado el discurso encendido del diputado Lorenzini; pero cuando el senador Lavandero lo planteó en la Democracia Cristiana según señaló, nadie lo infló. Hemos escuchado la gran preocupación que existe por defender los intereses del país, en circunstancias de que el senador Lavandero seamos francos ha hecho el ridículo en el Senado, ya que no hay hora de Incidentes en la que no haya intervenido para hablar sobre esa materia. De hecho, escribió dos libros sobre el particular. Si escucharan lo que dijo el senador Lavandero cuando expuso frente a los diputados y senadores de la UDI, quedarían todos sorprendidos respecto de por qué durante estos diez años no se ha hecho nada. Hoy, con discursos muy rimbombantes y con argumentos inexplicables, hemos visto, una vez más, a diputados de la Concertación defender el interés nacional. Sin embargo, ¿por qué guardaron silencio durante diez años? El senador señor Lavandero, en reiteradas ocasiones, hizo presente esa situación en el Senado, incluso ante la presencia de los ministros, pero según él su partido nunca le dio el espacio que le dio la UDI. No obstante, ahora aparecen las voces de quienes quieren establecer royalties y de los que están preocupados de los impuestos que pagan las compañías mineras, fruto de las versiones de prensa que han circulado sobre el trabajo de una comisión de expertos tributarios de la UDI, entre los que se cuentan socialistas, pepedés y democratacristianos que están trabajando para revisar si hay normas que requieran ser corregidas y perfeccionadas en aras de la transparencia. Como eso ha aparecido en los medios, se convirtió en una gran preocupación para la Concertación. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Entonces, ¡vote a favor! El señor LONGUEIRA.- No se pongan nerviosos. Les diré por qué no votaremos a favor algunas normas. (Hablan varios diputados a la vez). Me da risa escucharlos ahora, porque guardaron silencio durante los diez años en que la minería privada del país creció en la forma en que lo hizo. Por eso, hoy no les queda más que está reacción histérica y nerviosa. Los inversionistas se preguntan qué otras normas les cambiarán ustedes en el futuro. Por eso este año creceremos apenas al dos por ciento. Ésa es la razón por la que no hay inversión en el país. Este no es un proyecto cualquiera. Entiendo que ustedes no crean, pero eso ocurre cuando se cambian las reglas del juego. Se deben revisar y perfeccionar todas las normas para que no haya más evasión. Pero si los cambios son con efecto retroactivo, muchas personas lo pensarán dos veces antes de venir a invertir en Chile. Eso significa que no vamos a recaudar muchos recursos que podríamos concentrar en el futuro. Por lo tanto, por buscar mayor recaudación mediante una modificación con efecto retroactivo, se está generando incertidumbre y falta de credibilidad y de conducción. Ésas son las señales que está dando el país en una región donde sobran las señales para no venir a invertir. Entiendo que ustedes no crean en eso, pero ésa es la razón por la que el país crece al dos por ciento. Llevamos cinco años creciendo a ese ritmo. Por eso, el país necesita, precisamente, señales de estabilidad. Si tenemos que cambiar normas porque constituyen un forado tributario, cambiémoslas para los que lleguen a invertir. No nos oponemos a perfeccionar dichas normas. Por eso estamos empeñados, desde hace meses, en una comisión tributaria con técnicos de la Concertación que han trabajado junto al senador señor Lavandero, y no tenemos temor alguno en hacerlo. Si coincidimos en muchas de las cosas que nos señalen, propondremos su implementación. (Aplausos). Deberían haber aplaudido hace diez años, no hoy. Pero, bueno. (Risas). ¿Por qué no se invierte en la región? ¿Por qué no hay empleos? ¿Por qué no hay desarrollo? No nos extrañemos. Es, precisamente, por culpa de legislaciones como ésta. No pretendo adjudicar intencionalidad, como lo insinuó un parlamentario. Hay gente que cree en esto, y otra, no. Ésa es la diferencia. Al modificar normas hacia atrás, se crea incertidumbre en las personas que pueden venir a invertir. De repente, el día de mañana, por otra causal otro forado tributario, habrá nuevas modificaciones a las normas por las cuales llegaron los inversionistas a invertir en el país. Por eso, no se trata de discutir si somos partidarios o no de perfeccionar esas normas: somos partidarios de perfeccionarlas. El punto está en si se hace con efecto retroactivo y se modifican las condiciones con las cuales se vino a invertir al país. No se trata de vulgarizar la discusión y decir: “Dejemos que las multinacionales vengan a hacer lo que quieran. Ustedes son los malos y nosotros, los buenos”. Tenemos un punto de vista radicalmente distinto. Creemos que se afecta al país cuando se cambian las reglas del juego con las que se vino a invertir, nos guste o no. Obviamente, si ellas permiten un forado tributario en el tiempo, cambiémoslas para las futuras inversiones. Pero evitemos una señal de contagio con la región. Hoy, la gran preocupación es cómo conservar al país aislado de una región cada vez más incierta e insegura, de la cual escapan los capitales. En vez de marcar una diferencia y de subrayar la credibilidad de las instituciones de un país que debemos promover todos para que vengan a invertir en él, este proyecto contagia y nos asimila a una región incierta de Latinoamérica. Lamentablemente, muchas de estas normas van en el sentido contrario de lo que requiere el país. Por eso, las vamos a votar en contra. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta, antes de abordar lo dicho por el diputado que me antecedió, quiero referirme a un punto que no ha sido mayormente tocado: el impuesto de timbres y estampillas de los créditos hipotecarios, cuyo costo, según el informe financiero, es de 25 millones de dólares, entre 2002 y 2004. Antes de tomar esta medida, sería importante saber qué ha pasado con la aplicación del sistema de reprogramación; quiénes fueron los beneficiados, en tamaño y monto de los deudores, y cuál ha sido el costo fiscal efectivo. Veinticinco millones de dólares es mucho dinero. Eso cuesta, en La Florida, un hospital de mediana complejidad, con 290 camas, por ejemplo. Me gustaría saber qué efecto ha tenido esta medida sobre el sector inmobiliario y la reactivación. Hasta qué punto esto ha sido o no reactivador. Si uno revisa las versiones de las sesiones en que se discutió esta materia, verifica que en su oportunidad se le hizo ver al ministro que se beneficiaba a un segmento muy pequeño de deudores, porque la mayoría no era objeto de un crédito para reprogramar. Cuatrocientos sesenta mil deudores tienen deudas por menos de mil UF. Para ellos es muy difícil conseguir un crédito de reprogramación. Me gustaría saber, con cifras, si fue de otra manera o no; si pudieron reprogramar deudores de otro nivel, y quiénes fueron los beneficiados. Es importante recordar que cuando se discutió esta medida, el ministro se comprometió a tener un grupo de expertos para estudiar de qué manera los deudores de la ex Anap y todos aquellos que tuvieron que reprogramar con el Banco Central podían incorporarse a estos beneficios o a otros, y también parte de los que repactaron con la ley Nº 19.003. Eso fue el 17 de julio del año pasado. Hasta el momento, no conocemos el resultado. Hay un problema serio con los seis mil quinientos cincuenta y nueve deudores de la ex Anap, que no se ha considerado adecuadamente. Lo hemos dicho una y otra vez. El diputado Dittborn y la senadora Matthei han dicho que había un corralito que perjudicaba a grandes ahorrantes, pero no dijeron cómo fue el negociado que llevó a la quiebra al sistema de Anap, que investigó la Cámara de Diputados en 1991. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero decir al señor ministro que en el corralito hay deudores que están a punto de perder sus casas porque nunca les imputaron sus ahorros como parte del precio de sus viviendas. No se ha buscado una solución a sus problemas y tienen una deuda subordinada con el Banco Central. He estado desde hace más de un año y medio haciendo ver que esta situación debe abordarse, y reclamo porque, lamentablemente, no ha sido así. Cuando alguien oye al diputado Longueira por la televisión, a lo mejor dice: “Está hablando en serio. Es algo que él reflexionó. Tiene preocupación por la inversión y por el país”. Pero quiero decir por su intermedio, señora Presidenta, que este parlamentario tiene amnesia. No se acuerda de 1997, cuando en un proyecto de ley misceláneo quisimos modificar el sistema tributario para la minería. ¿No recuerda el diputado Longueira la iniciativa se aprobó en la Cámara y se rechazó en el Senado cuando en 2000, en el proyecto de ley de evasión tributaria, quisimos modificar el sistema tributario para la gran minería, y la Unión Demócrata Independiente también lo votó en contra? Entonces, estamos enfrentando una situación de hecho. En este momento, se requiere un sentido de país frente al exterior y corresponde corregir la anomalía de empresas que no han tributado por muchos años, pese a que han tenido grandes utilidades a costa del patrimonio nacional. Es muy fácil caricaturizar a los que piensan distinto. Pero tenemos que hacernos cargo de la propia historia y de lo que ha hecho la Unión Demócrata Independiente respecto de estas materias. Se opuso, y no es verdad que cuando ellos hablaron con la Confederación del Cobre recién empezó la historia. La historia empezó mucho años antes de eso, porque ha habido reiterados intentos para corregir esta irregularidad, esta forma de elusión y de evasión. Es muy fácil decir que aquí se proponen acciones a la medida. A la medida fue la legislación de 1989 y todos los decretos leyes que se despacharon. ¿En cuánto vendieron Inacap? Saben ustedes que se apropiaron de Inacap con un pago de cero peso y que solamente se han dado unas “bequitas” año a año. Se quedaron con Inacap, por poner un solo ejemplo, que se valorizaba en 80 mil UF. Y podemos poner como ejemplo a muchas otras empresas. Como no había Congreso, esas disposiciones eran a la medida. Es muy importante que seamos serios y que cuando discutamos un tema nacional, como el de estas empresas que no están pagando tributos, busquemos unidad y soluciones, más que entrar a caricaturizar por la prensa, que lo único que hace es desacreditar al país, en vez de dar una respuesta para captar recursos que inadecuadamente se están llevando ciertas empresas. Es muy importante apoyar estas medidas. Ojalá se perfeccionen en el trámite que queda por delante. Pero se trata de defender los intereses del país y no solamente operaciones publicitarias, a las cuales nos tiene bastante acostumbrados el diputado Longueira. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en forma breve, sólo para que se efectúe una votación adecuadamente informada: el proyecto no tiene efecto retroactivo alguno. Se refiere a gravar, como corresponde, las ventas de fuentes chilenas, aun si las operaciones se realizan en el exterior, en futuras operaciones. Muchas gracias. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señora Presidenta, este tema, indudablemente, tiene una tremenda importancia, y quiero agregar un par de cosas. La Compañía Minera Disputada de Las Condes tiene más de ochenta años de operaciones en Chile. Se acogió al decreto ley Nº 600 y fue vendida a la Exxon, allá por 1978. Hoy, a través de su empresa contralora, se pretende vender en la cifra de 1.300 millones de dólares. El punto que han tocado algunos colegas en el debate, sin duda, no es sencillo ni simple, sino de gran trascendencia, no sólo por la operación en sí misma y por la norma a que hizo alusión el ministro, sino porque hay una gran discusión respecto del aporte de la minería privada en Chile durante los últimos años. No es de menor importancia recordar algunas cifras. En particular, respecto del cobre, históricamente en Chile los diputados y los senadores han tenido una voz relevante. Es importante reconocer que si no se aprueba la norma, no sólo el fisco dejará de percibir una suma legítima de alrededor de 300 millones de dólares si la operación se hiciera en el país, sino, además, por la operación misma y dado que la empresa que adquirirá la Exxon a través de un paraíso tributario sería la empresa Angloamérica, que realiza operaciones en Chile, también podrá utilizar el crédito fiscal que tiene aquí la Compañía Minería Disputada de Las Condes, de alrededor de 600 millones de dólares. Ésa es una gran cantidad de recursos. Como representante de una zona minera, quiero pedirles que tengamos especial cuidado en esto. Hoy, la gran minería del cobre es necesaria. También es cierto que ha aportado una enorme cantidad de recursos, los que han sido útiles para generar empleos. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Diputado señor Mulet, redondee su idea. El Orden del Día ha sido largamente sobrepasado. El señor MULET.- Termino, señora Presidenta. Pero no es menos efectivo que la gran minería privada de cobre, durante los últimos diez años, está aportando en Chile en promedio, menos de 150 millones de dólares anuales, en circunstancias de que Codelco, en un año normal, entrega más de mil millones de dólares. Llamo a reflexionar en profundidad, a decir las cosas de verdad. Hoy, quien ha cambiado las reglas del juego en esta operación no es el Ejecutivo que propone la norma en análisis; quienes cambiaron las reglas del juego y están haciendo en el extranjero la operación de una empresa que tiene 90 años de funcionamiento en Chile es la empresa Exxon con Angloamérica, con el propósito de evadir o eludir impuestos que debería pagar en Chile. No es el Gobierno, no es la Concertación, sino la empresa, la que actúa de esa manera. Que eso quede en claro. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kast, Kuschel, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Rebolledo, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Por no haber sido objeto de indicaciones, quedan aprobados, con la misma votación, todos los artículos, salvo los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 1º, respecto de los cuales se pidió votación separada, lo mismo que en relación con el artículo 1º transitorio. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, cuestión de Reglamento. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, por cuarta vez no está el diputado Felipe Letelier en la Sala, y aparece votando. Ésta es la segunda vez que él lo hace, pero es la cuarta ocasión que lo denuncio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Se sacará el voto del diputado señor Felipe Letelier de la votación, señor diputado. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, ése no es el punto. El hecho que he mencionado es bastante grave. El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡Que pase a la Comisión de Ética! La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, haga llegar por escrito sus observaciones a la Mesa. En votación los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 1º. El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, respecto del artículo 1º, pedimos que se realice una sola votación para los números 1, 3 y 5; otra, para el Nº 4, y que después se vote el artículo 1º transitorio. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación los números 1, 3 y 5 del artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Rebolledo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García(don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Urrutia Varela, Vargas y Von Mühlenbrock. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación el Nº 4 del artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 34 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: ÁlvarezSalamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Rebolledo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. Votó por la negativa el diputado señor García (don René Manuel). Se abstuvieron los diputados señores: Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, Galilea (don Pablo), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación el artículo 1º transitorio. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 46 votos. No hubo abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Rebolledo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado el proyecto en general y en particular. CALIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Tercer trámite constitucional. Acuerdo de los Comités, Integración de Comisión Mixta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, sobre calificación cinematográfica. -Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 267504, sesión 17ª, en 16 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 7. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Al respecto, informo a la Sala que en reunión de Comités sostenida esta mañana se acordó proponer a la Sala rechazar las modificaciones del Senado y enviar el proyecto a Comisión Mixta, no por problemas de diferencia de fondo o de contenido, sino por una clara diferencia de procedimiento entre la Cámara y el Senado en lo que se refiere a la calificación de los artículos. Mientras la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto calificando 18 artículos de quórum de ley orgánica constitucional y un artículo como de quórum calificado, el Senado aprobó y despachó el proyecto calificando sólo tres artículos como de quórum calificado. Basados en esas manifiestas diferencias de procedimiento, se acordó proponer a la Sala rechazar las modificaciones del Senado y enviar el proyecto a Comisión Mixta para su mejor tramitación. En votación. Durante la votación: El señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, ¿vamos a votar el acuerdo de los Comités o las modificaciones del Senado? Le pido que precise la votación. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, acabo de informar sobre el acuerdo de los Comités. En votación las modificaciones del Senado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 101 votos. Hubo 4 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Rechazadas las modificaciones del Senado. Votó por la afirmativa el diputado señor Jeame Barrueto. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kast, Kuschel, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Rebolledo, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra),Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Se abstuvieron los diputados señores: Bayo, Burgos, Galilea (don José Antonio) y Montes. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Como el proyecto irá a Comisión Mixta, propongo a la Sala integrar dicha Comisión con la diputada señora María Pía Guzmán y los diputados señores Marcelo Forni, Edgardo Riveros, Víctor Jeame Barrueto y Fidel Espinoza. Acordado . VI. PROYECTOS DE ACUERDO REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA. El texto definitivo del proyecto de acuerdo Nº 84, presentado en la sesión 30ª, es el siguiente: “Considerando: Que, el artículo 1° del Código de Minería, repitiendo una norma constitucional, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos v las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Que, dada la referencia legal anterior, la propiedad legal pertenece al Estado, el cual es el responsable de asignar las concesiones correspondientes para la explotación eficiente de los recursos mineros. Que, debido a la importancia que tienen los recursos naturales para nuestro país, en especial los mineros, hay que concentrarse en analizar el eventual agotamiento o subutilización de éstos, producto de imperfecciones que puedan producirse en el mercado. Que, en primer lugar, hay que identificar que algunos recursos mineros pueden definirse como energéticos en acervo. Es decir, no son renovables, lo que implica que la explotación presente impide su explotación en el futuro. Mientras sea positivo el uso, la cantidad del mineral debe agotarse en un tiempo finito; además, la transformación física de los insumos energéticos es tal que queda excluido el reciclaje. Que, las empresas contractuales mineras se transforman en Chile en sociedades de personas, las cuales pueden retirar rentas para reinvertirlas en otras empresas sin pagar el impuesto adicional mientras no sean retiradas de la sociedad que recibe la inversión o distribuidas por éstas. Además, establecerse como sociedad de personas le permite a las grandes empresas no tener la obligación de publicar sus resultados financieros y con ello mantener en la oscuridad, a las autoridades fiscales, las verdaderas utilidades que obtienen, lo cual le resta toda transparencia al negocio minero y a su tributación. Que, la depreciación acelerada es uno de los instrumentos usados por las grandes empresas mineras para evadir el pago de impuestos, debido a que reduce la base imponible de las empresas sobre la cual se calculan los tributos, lo que se traduce en que en los primeros años de operación de los proyectos mineros las empresas presentan pérdidas tributarias y, por lo tanto, no pagan impuesto de primera categoría hasta el momento en que existan utilidades tributarias. Hay empresas que, como ocurre con La Disputada Las Condes, jamás han pagado impuestos, ya que durante 25 años siempre declaró pérdidas. Que, dadas estas consideraciones, la explotación indiscriminada de los recursos mineros puede producirse por un defectuoso comportamiento en la asignación de concesiones por parte del Estado y distorsiones en el marco de la relación presente-futuro que lleven a un debilitamiento en la equidad entre generaciones actuales y las que vendrán. De esta forma, la sobreexplotación de recursos mineros puede llevar a un agotamiento prematuro y a un sobrestock en el mercado mundial, como muchos expertos afirman que hoy ocurre. Que, asimismo, la subutilización de estos recursos podría provenir de mercados rnonopólicos u oligopólicos, como también de distorsiones que desincentiven la exploración o búsqueda de nuevos recursos. Que, de esta forma, es necesario analizar la posibilidad de establecer un pago de derechos. Dentro de este marco, hay que señalar que los tipos de contribuciones que debieran introducirse son el pago proporcional sobre el precio del recurso inexplorado (royalty value), el pago específico sobre la unidad extraída, el pago proporcional a la renta y el pago al valor del recurso extraído (royalty). Ello debería considerar recursos para el gasto en las regiones donde se extrae la riqueza. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su Excelencia que encomiende a los Ministros de Hacienda y de Minería la elaboración de estudios técnicos sobre la industria minera, que determinen, entre otros, los siguientes aspectos: Posibilidades de poder de mercado (monopólicos u oligopólicos); Antecedentes técnicos que demuestren, sobre la base de consideraciones constitucionales, legislativas v económicas, la necesidad de establecer un royalty, determinando el tipo más adecuado para el desarrollo de nuestra economía y que, a la vez, sirva de estímulo a la inversión extranjera. Nivel de eficiencia de los mercados de futuros. Modificación del actual marco tributario de las empresas mineras." La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde terminar la discusión del proyecto de acuerdo Nº 84, cuyo trámite quedó pendiente. Ofrezco la palabra a un señor diputado o señora diputada que lo impugne. Tiene la palabra diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señora Presidenta, este tema hay que tratarlo en forma seria por lo que representa para el país. No nos oponemos a una discusión sobre la política tributaria, de impuestos, del Estado chileno con respecto a la minería. De hecho, hay una serie de elementos contenidos en el proyecto que, en definitiva, inducen a errores sobre la política minera. Por ejemplo, en uno de sus puntos señala que la depreciación acelerada es uno de los instrumentos usados por los agentes de las empresas mineras para evadir el pago de impuestos. En verdad, esa depreciación la aplican todas las empresas nacionales o internacionales y nunca ha sido un elemento de evasión de impuestos. Además, se expresa que la explotación indiscriminada de recursos mineros puede producir un defectuoso comportamiento en la asignación de concesiones por el Estado. Hay que ver lo que ha sido la exploración minera en los últimos veinte años en Chile: las reservas, en vez de disminuir, han aumentado. También se proponen elementos que señalan el nivel de eficiencia en los mercados a futuro. La única empresa que ha manejado mercados especulativos a futuro ha sido Codelco, por lo cual perdimos 270 millones de dólares. Hoy, ninguna empresa extranjera o nacional trabaja sobre la base de mercados especulativos; todas funcionan con mercados a futuro, como debe hacerlo cualquier empresa moderna, pero en términos de respaldo físico. Entonces, como bien lo señalaba el diputado Longueira, estamos de acuerdo en que pueda haber discusión sobre el tema, en escuchar distintas opiniones, y lo hemos hecho con el senador Lavandero para ver si efectivamente el sistema tributario actual, que se aplica a la inversión extranjera en Chile, puede ser modificado o si hay que mejorar sólo aspectos como establecer mayor transparencia, en el caso de la exportación de concentrados, etcétera. Aquí se parte de premisas erróneas, no quiero decir falsas, sino equívocas. Finalmente, se crea un royalty. Si se analiza la política de los royalties mineros en distintas partes del mundo, fundamentalmente en algunos estados de Canadá y de Estados Unidos, se concluye que fueron impuestos, pero de manera ordenada. En todo caso, si se analiza su comportamiento de los últimos diez años en esos mismos países, la tendencia va a la baja y a la eliminación de dichos royalties, porque provocaron gran distorsión en la inversión y en el desarrollo de los proyectos mineros. En conclusión, estamos en contra de este proyecto de acuerdo porque se basa en consideraciones absolutamente equivocadas que no dicen relación con la realidad. Señalar que la depreciación acelerada es un mecanismo que usan las empresas mineras para evadir impuestos, es no entender absolutamente nada. Dentro de esa perspectiva reitero, estamos de acuerdo en que haya debate acerca del tema. Mucha gente opina que con las exportaciones de concentrados se saca mineral y no se paga impuesto. Esas discusiones hay que realizarlas y analizar el tema. En lo que no puedo concordar es en que, como consecuencia de aquello, se quiera colocar un royalty, porque lo único que hará será distorsionar el mercado de las inversiones mineras en Chile. No nos olvidemos de que la minería significó para el país, en la década de los 90, el ingreso de 20 mil millones de dólares, más de 75 mil puestos de trabajo, más de 1.800 kilómetros de carretera, construcción de puertos, etcétera, esto es, un desarrollo espectacular. Esa inversión debemos seguir atrayéndola. Por eso, este debate hay que sostenerlo en forma seria, sin ideologías, de manera que nos permita mejorar alguna legislación si es que encontramos algunas deficiencias técnicas. Me sumo a que debe haber mayor transparencia, pero eso no quiere decir que, en definitiva, coloquemos un royalty o suprimamos condiciones como en el proyecto de ley que acabamos de votar, que lo único que generarán será ahuyentar la inversión extranjera y disminuir puestos de trabajo y el desarrollo minero del país. En Chile, con la explotación de la riqueza minera no están quedando hoyos, sino, finalmente, más reservas de cobre y de otros minerales que tiempo atrás no se habían descubierto. No nos vaya a pasar lo que ocurrió con el salitre, en que, por colocar tantas restricciones, al final nos quedamos con el salitre en la tierra y empobrecidos como país. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bayo, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Meza, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Palma, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Robles, Rossi, Saffirio, Sepúlveda (doña Alejandra), Tarud, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Burgos, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, GarcíaHuidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Kast, Leay, Masferrer, Melero, Molina, Norambuena, Olivares, Paya, Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock. INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA METALPAR . La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 85. El señor Prosecretario le va a dar lectura. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 85, de los diputados señores Navarro, Palma, Longton y Sánchez. “Vistos: Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y Considerando: 1. Los miles de reclamos que los afectados por las acciones comerciales, financieras y judiciales de la empresa comercial Metalpar, han efectuado ante los medios de comunicación, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y distintos servicios públicos como el SII, la Tesorería General de la República, el Servicio de Aduanas y el Consejo de Defensa del Estado y que se ven graficados en las más de 2 mil 500 acciones judiciales que existen en diversos tribunales del país. 2.Que la empresa Metalpar, bajo los nombres “Comercial Metalpar”, “Automeister”, “Mercobus” y algunos otros pone a disposición de los potenciales interesados buses o taxibuses de determinadas características, para cuya adquisición la propia empresa ofrece financiamiento directo, determinando unilateralmente el pie y las formas de pago, incluyéndose la “opción” de utilizar el crédito fiscal como parte de pago en el pie, generando la posibilidad teórica de que con un pie de 4 millones se puede acceder a un bien de un valor igual o superior a los 30 millones de pesos. 3. Que en este proceso de comercialización, la factura de venta, al referirse a las condiciones de la transacción, señala que dicha venta se efectúa al contado, que además ésta no incluye el pago de IVA y expresamente señala que el objeto de la venta está afecto a contrato de prenda industrial en favor de Inversiones Metalpar. 4.Que en el proceso de facturación la empresa Metalpar señala expresamente que por resolución del SII de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64, inciso final del DL 825 de 1974 y modificado por la ley Nº 18.364, artículo 33, letra b) se autoriza al comprador para pagar el IVA diferido, asumiendo de esta forma, por disposición legal la calidad de sujeto pasivo de dicho impuesto, aun cuando no se haya efectuado el trámite para la autorización del cambio del sujeto pasivo y pago diferido ante el Servicio de Impuestos Internos. El uso de este beneficio, de acuerdo a este procedimiento, genera graves perjuicios al Fisco, que no puede recuperar estos dineros, sobre todo, cuando el deudor llega a la insolvencia luego de ser ejecutado por Metalpar. 5.Que los compradores hacen efectivo este beneficio establecido en la ley Nº 18.634, trámite para el cual presentan la solicitud y demás requisitos al Servicio de Aduanas, siendo cancelado el crédito fiscal con cheque nominativo que les entrega la Tesorería General de la República. 6.Que para completar el pago al contado de la compra del bus o taxibús, el comprador debe solicitar un crédito a la empresa Inversiones Metalpar S.A., los que oscilan entre los 2 millones y medio y los 4 millones de pesos, con el fin supuesto de completar la compra al contado de la máquina. 7.Que las partes celebran un contrato de prenda industrial con el fin de asegurar el pago del mutuo concedido, considerando este contrato varias cláusulas: una de aceleramiento, es decir, que el no pago o el simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas o documentos entregados para facilitar su cobro y pago, se hará exigible el total de lo adeudado; y estableciendo que todos los gastos e impuestos derivados del contrato, así como las inscripciones, garantías y documentos, serán de cargo del deudor prendario, así como los que en su oportunidad afecten la correspondiente cancelación y alzamiento de prendas. 8.Que apenas el comprador incurra en un atraso de sus pagos, se inicia por parte de la empresa Metalpar, un juicio ejecutivo de realización de prenda, el que no admite tercerías. Que en este proceso se dan situaciones irregulares como que los valores demandados no siempre corresponden a la realidad adeudada; que no se practiquen las notificaciones correspondientes; que exista un accionar abusivo por parte de los receptores, quienes muchas veces actúan acompañados de fuerza pública, aunque el tribunal no haya dado lugar y, además, no entregan copias del mandato de ejecución; que en algunos casos los teléfonos y la dirección de martillero público designado no son reales, por lo que resulta imposible conocer el paradero de la máquina; que los buses sean incautados y trasladados a Santiago quedando en los patios de la demandante; que muchas veces los remates se ejecutan sin que hayan existido las dos publicaciones debidas; el precio del remate no cubre la deuda, por lo que se persigue al deudor en otros bienes; que en algunos juicios se han admitido tercerías por parte de la Tesorería, sin obtener resultados favorables y, por último, que es la empresa Inversiones Metalpar la que se adjudica los buses. 9.Que el uso de este procedimiento genera graves perjuicios al fisco, que no puede recuperar estos dineros, sobre todo cuando el deudor llega a la insolvencia luego de ser ejecutado por Metalpar. 10. Que de estos procedimientos la única beneficiada es la empresa Metalpar, ya que en el proceso de venta motiva al comprador a diferir el pago del IVA, fomenta la solicitud de crédito fiscal en sus clientes para recibir ese dinero como parte de pago del pie, constituye prenda industrial sobre dichos bienes, a sabiendas de que se obtienen los efectos descritos, evitando tercerías y gozando de pago presente, por lo que al ejecutar hacen valer lo anterior al remate del bien, el cual se adjudican y vuelven a vender. 11. Que los perjudicados de este proceso son, primero, el Estado de Chile que, según los antecedentes, le resulta imposible recuperar los dineros que por concepto de estos beneficios salen de sus arcas y, segundo, los compradores, que en su mayoría son pequeños empresarios o simples emprendedores de un proyecto, quienes no visualizan que adquieren tres deudas: con el Servicio de Impuestos Internos, por concepto de pago de IVA, la Tesorería General de la República por concepto de crédito fiscal a bienes de capital destinados al transporte público de pasajeros y con Inversiones Metalpar, por el mutuo otorgado para la compra de dicho bien, el que al ser rematado a bajos precios no cubre el total de la deuda. 12. Que en los últimos días se han conocido numerosos testimonios a través de los medios de comunicación en que se han ratificado todos los antecedentes anteriormente expresados, lo que ha redundado en la activación de los miles de procesos judiciales en curso, lo que ha significado entre otras diligencias la detención por parte de la Policía de Investigaciones de los principales ejecutivos de la empresa Metalpar, en razón de una orden amplia de investigar emanada del Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso, por una demanda de estafa presentada por uno de los afectados. La Cámara de Diputados acuerda: 1.Mandatar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para que se constituya en Comisión investigadora de las irregularidades cometidas por la empresa Metalpar, para que conozca todos los antecedentes en relación al mecanismo aplicado para compraventa de bienes de capital para el transporte público de pasajeros, así como las denuncias relacionadas con las fallas estructurales en el chasis de las máquinas, y tome conocimiento detallado de las gestiones desarrolladas por los servicios públicos que han conocido del tema, especialmente el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, para que sugiera las acciones administrativas, legales y legislativas que sean pertinentes”. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para plantear una cuestión de Reglamento, tienen la palabra, en primer lugar, el diputado Jiménez y, después, el diputado Recondo. El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, hace tres semanas, la Sala conoció un proyecto similar a éste y lo votó en contra. En esa ocasión, como presidente de la Comisión, hice ver que para cumplir con el trabajo que nos correspondía no necesitábamos un proyecto de acuerdo que pidiera a la Comisión de Transporte y Obras Públicas recibir las denuncias de personas que supuestamente habían sido afectadas por una operación comercial de la empresa de carrozados Metalpar. Hoy se presenta un proyecto en igual sentido. En la ocasión anterior impartí instrucciones para que la Comisión recibiera a esa gente. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, ésa no es materia de Reglamento. El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, hemos recibido a las personas afectadas y citado a los empresarios; también oficiamos a los directores del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, podría haber pedido la palabra para hablar en contra. El señor JIMÉNEZ.- Entonces, pido que, al menos, algún diputado autor de este proyecto nos explique cuál es el sentido de la iniciativa, por cuanto hemos hecho mucho más que una Comisión investigadora. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para eso, debo ofrecer la palabra. Además, su intervención no corresponde a una cuestión de Reglamento. Tiene la palabra el diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señora Presidenta, haré una observación reglamentaria. El texto del proyecto de acuerdo dice: “Mandatar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para que se constituya en Comisión investigadora de las irregularidades cometidas por la empresa Metalpar,...”. Este proyecto es absolutamente inconstitucional, en primer lugar, porque el número 4 del artículo 1º del Reglamento de la Cámara de Diputados establece: “Comisión investigadora es un organismo colegiado creado por acuerdo de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras,...”. A su vez, el artículo 48, número 1), de la Constitución Política establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: “Fiscalizar los actos del Gobierno”. Sin embargo, en el proyecto de acuerdo se plantea la constitución de una Comisión fiscalizadora e investigadora de la empresa privada Metalpar. Además, el número 16 del artículo 1º del Reglamento de la Cámara, dispone: “Proyecto de Acuerdo es la proposición que cinco o más Diputados presentan por escrito a la Sala con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del Gobierno,...”. En este proyecto no se cumple ninguna de las normas de la Constitución ni de Reglamento. Por lo tanto, queremos plantear, una vez más, que la Cámara de Diputados ha puesto en discusión un proyecto de acuerdo completamente inconstitucional, por lo que pedimos a su Señoría un pronunciamiento al respecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, en reiteradas ocasiones la Mesa ha dado su opinión sobre el tema, cual es que, de acuerdo con las actuales disposiciones reglamentarias, no tiene facultades para calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado proyecto de acuerdo. De modo que le propongo que presenten a la Comisión de Régimen Interno un proyecto de modificación reglamentaria para poder debatir este tema que, por cierto, parece importante. Invito a los diputados a que lean los artículos pertinentes del Reglamento, por cuanto reitero que la Mesa no tiene facultades en esta materia para calificar su constitucionalidad. Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, es razonable la preocupación constitucional expresada por el diputado Recondo. Efectivamente, la redacción formal del proyecto de acuerdo se refiere a un conjunto de irregularidades cometidas por una empresa privada; por tanto, es enteramente pertinente recordar las disposiciones que nos rigen. Sin embargo, como su Señoría también ha señalado, en el Reglamento no existe una disposición que obligue a la Mesa a declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de acuerdo y parece razonable invitar a corregir ese error. Pero, más allá de la formalidad con que se presentó el proyecto de acuerdo, hay organismos del Estado mencionados en él, como son el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, los cuales tienen la obligación de fiscalizar a esa empresa. En virtud de sus obligaciones jurídicas y constitucionales, sería menester que esta Cámara investigara si efectivamente lo hicieron. El señor JIMÉNEZ.- Eso lo hicimos. El señor AGUILÓ.- Termino de inmediato, diputado Jiménez. A todas luces, este problema ha preocupado en forma generalizada a la opinión pública. Incluso, importantes dirigentes de esa empresa han sido detenidos, en algunos casos fueron encargados reos y hay procesos pendientes. Pero, corresponde investigar y en eso tiene razón el diputado Recondo de qué manera los organismos públicos, particularmente los consignados en el proyecto de acuerdo no obstante que su redacción es confusa en la materia, han fiscalizado una empresa que sigue operando, importando máquinas de Brasil, particularmente, transformando sus chasis en Chile y generando un conjunto de distorsiones que, en su momento, las entidades y oficinas públicas deben fiscalizar. De manera que, compartiendo el hecho de que el proyecto contiene errores formales, concordamos en su fondo, en cuanto a que la Comisión de Obras Públicas se constituya en investigadora más allá de que ya lo esté haciendo de hecho, a través de un mandato, que no está de más para reafirmar lo realizado, y después entregue un informe a la Sala a fin de intercambiar puntos de vista respecto del mismo, porque será muy interesante, no sólo para los miembros de la Comisión, sino para el resto de los diputados, conocer el resultado de sus investigaciones. En ese sentido, a mi bancada le parece pertinente el proyecto y por eso lo respalda. He dicho. La señora MUÑOZ doña Adriana (Presidenta).- Ofrezco la palabra, por un minuto y medio, para hablar a favor del proyecto. Ofrezco la palabra. Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señora Presidenta, más allá del tema reglamentario a que ha hecho mención el diputado Recondo, las trasnochadas palabras del diputado Aguiló me recuerdan aquellos resquicios legales con que se fiscalizaba cualquiera actividad privada en el país. La Comisión de Obras Públicas como expresó su presidente, a petición de los propios autores de este equivocado proyecto de acuerdo, recibió y conoció a aquellas personas que supuestamente se sentían afectadas por la actividad de una empresa privada. Pero también, a petición de la empresa, recibió a los ejecutivos de la misma y conoció de ambas partes una serie de hechos que han acontecido durante el último tiempo. En ese mismo acto corroborado por un oficio que se acordó enviar, a petición de los ejecutivos de la empresa, la Comisión de Obras Públicas ofició a organismos del Estado, tales como el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros, para saber si se han producido o no esos supuestos ilícitos. Llama la atención que, ante la voluntad de la Comisión de conocer una serie de hechos, al día siguiente, o durante el desarrollo de la discusión, los autores de este proyecto de acuerdo, a través de los medios de comunicación, usaron y abusaron del dolor de las personas afectadas. Entre ellos, el diputado Fidel Espinoza hizo referencia al diputado Navarro por jugar con el dolor de personas afectadas por situaciones económicas graves. Empero, un día después, el mismo diputado Espinoza culpó a quienes nos hemos opuesto en la Comisión de Obras Públicas a investigar las actividades de una empresa privada. Por lo expuesto, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar en contra de este proyecto. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Ofrezco la palabra, por un minuto y medio, para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 3 abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Encina, Escalona, Espinoza, Jaramillo, Jeame Barrueto, Lagos, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Robles, Rossi, Tarud, Tohá (doña Carolina), Valenzuela y Vidal (doña Ximena). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Mora, Norambuena, Ojeda, Palma, Pareto, Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Salaberry, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Villouta y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados señores: Burgos, Hales y Muñoz (doña Adriana). VII. INCIDENTES EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA COMUNA DE LA FLORIDA Y DESTINO DE POZOS EN REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, el pasado 3 de agosto falleció por inmersión, en la comuna de La Florida que represento en el Congreso, el menor Máximo Vergara Gallardo, de tan sólo 14 años. Máximo era el hijo menor, entre tres hermanos, de la familia VergaraGallardo, y el único hijo hombre. Su madre, la señora Graciela Gallardo, lo recuerda como un buen niño, tranquilo, ordenado, regalón, porque le gustaba jugar, como a todos los niños de su edad. Ese día salió con un grupo de seis niños. Lamentablemente, se alejaron un poco más de lo usual de su sector, San José de la Estrella, cerca de Santa Raquel, y se internaron hasta los terrenos de la constructora Fe Grande, ubicada en Miguel Mujica N° 4410, comuna de La Florida, donde existe extracción de pozos áridos. En innumerables ocasiones los dueños del terreno han cerrado los límites de ese territorio, pero existen personas que, por las noches, una y otra vez rompen los cercos para consumir droga y alcohol a escondidas de la vigilancia policial. Durante el día, por esos lugares y a través de forados, luego de ir al colegio, muchos niños y jóvenes de nuestra comuna se internan a jugar, con el inminente riesgo de sus vidas, tanto por la circulación de camiones que extraen los áridos de los pozos, como por su uso equivocado de algunos al utilizarlos como piscinas. En estos pozos áridos ya han fallecido siete personas y sus aguas pantanosas son las que atraparon a Máximo, el que sólo pudo ser rescatado sin vida 3 horas después de su caída. Buscar responsables no es fácil, pero la municipalidad de La Florida ha señalado que no es de su responsabilidad el cierre de un recinto privado, sino de sus dueños. Éstos, por su parte, han cerrado en innumerables ocasiones la propiedad, han puesto letreros que advierten sobre el peligro, pero esos letreros, al poco tiempo, son robados y los cercos de la pandereta bulldog siempre tienen forados, lo que permite el fácil ingreso a ese lugar de los niños y jóvenes del sector. Los dueños de la empresa constructora Fe Grande se han comprometido con esta diputada a cerrar con doble cerco el lugar y, para su resguardo, fotografiar los arreglos que se hagan ante un notario público. Igual compromiso han adquirido ante la municipalidad de La Florida. Espero, al igual que todos en nuestra comunidad, que realmente estos cercos no vuelvan a ser quebrados ni rotos y que quienes lo hacen, tomen conciencia de que se convierten en cómplices de homicidio, en especial de niños y jóvenes. Esto último, obviamente, no devolverá la vida a Máximo ni a ninguno de los que han fallecido en ese lugar. Tampoco dará conformidad ni consuelo a sus padres, pero desde esta tribuna hago votos por que estos hechos no se vuelvan a repetir. Para ello, pido el apoyo de los diputados presentes para solicitar, en primer lugar, que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, para que informe a esta diputada sobre el plazo que le queda a esta empresa para seguir extrayendo áridos en la dirección anteriormente individualizada, cuyos roles van desde el 12.35088 al 12.35023, y, en segundo lugar, al presidente del Consejo Regional Metropolitano para que dé a conocer las conclusiones y el trabajo de la comisión establecida para determinar qué pasará con los pozos áridos en la Región Metropolitana, y, en el caso de aquellos pozos cuya autorización de explotación esté pronta a expirar, qué sucederá con los recintos en cuanto a su relleno y futuro destino de uso. En conclusión, ésta es una pequeña iniciativa desde el punto de vista de la norma, a través de la cual se puede lograr algún tipo de tranquilidad respecto del futuro. Pero estamos conscientes de que mientras la comunidad no asuma plena responsabilidad sobre la materia, que involucre tanto a personas que viven en el sector como también lejos de él, quienes se acercan a ese lugar, quebrantan todas las normas e, incluso, rompen los muros que ha levantado la empresa, este tipo de accidente puede seguir ocurriendo. Reitero mi petición de oficios. Espero que este hecho no vuelva a suceder y sirva como un llamado de atención a nuestra comunidad. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, del PPD, del Partido Socialista y Radical y de la UDI. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hace un par de meses, el señor intendente, por oficio ordinario N° 725, comunicó a cada uno de los alcaldes de la Novena Región de La Araucanía que, debido a la escasez de fondos, sólo debían dar preferencia a tres proyectos en su comuna: sobre educación, caminos y electrificación. Quiero que se envíe un oficio para consultarles a cada uno de ellos acerca de qué proyectos eligieron, de manera de verificar después si el intendente, como presidente del Consejo Regional, Core, respetó su palabra empeñada en ese oficio, puesto que el compromiso es que los proyectos señalados serían priorizados siempre y cuando fueran aprobados previamente por el concejo y su alcalde. Quiero saber si cumplió con su palabra o bien cambiaron los proyectos. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista y Radical y del PPD. CIERRE DE OFICINAS DE LA CONAF EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hace pocos días, denuncié que se había cerrado la oficina de la Conaf, de Curarrehue. Sin embargo, quedé corto al denunciar que habían sido cuatro las comunas favorecidas con la compra de durmientes. Además de la señalada, se cerraron las de Cunco, Melipeuco y Lonquimay, es decir, todas las oficinas de la Conaf que debían estar activas para trabajar con los 400 pequeños empresarios favorecidos con la venta de durmientes. ¿Qué contestó la Conaf? Que debió proceder de esa forma porque había vencido el plazo y no contaba con dinero. ¡Absolutamente falso! Hay un proyecto alemán llamado “Conservación y preservación del bosque nativo” que ofreció pagar dos meses a Conaf para que no cerrara sus oficinas; sin embargo, esa corporación no aceptó. Quiero saber si esas oficinas se reabrirán o no y en qué se ha gastado la plata del proyecto alemán de la Conaf para la conservación y preservación del bosque nativo. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista y Radical y del PPD. IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE COELEMU. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, por su intermedio, pido que se oficie cuanto antes al contralor general de la República, para que emita, también con rapidez, un pronunciamiento respecto de las innumerables e insólitas irregularidades cerca de diez que han denunciado dos concejales de la municipalidad de Coelemu: deudas ocultas, compraventas efectuadas por el alcalde en materia de vestuario personal con platas municipales, contratación de familiares, arriendo indebido de bienes municipales, irregularidad en el otorgamiento de licencias, etcétera. Sólo me referiré a una. En relación con el mobiliario de dos escuelas de la comuna, hay dos actas de apertura con la misma fecha y hora: una por 16 millones de pesos y otra por 42 millones de pesos. Por intermedio de su Señoría, pido que se acompañen estos documentos al oficio solicitado al señor contralor, de modo que a la brevedad adopte medidas sobre el particular, ya sea entregando estos antecedentes a la justicia criminal, iniciando un juicio de cuentas contra el alcalde o ampliando la demanda de su remoción que se presentó en el Tribunal Electoral. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con los documentos requeridos y la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, de la UDI, del PPD y del Partido Socialista y Radical. AUDITORÍA AL SERVICIO DE SALUD DE ARAUCANÍA NORTE. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, solicito el envío de un oficio al ministro de Salud para recabar su respuesta a una petición formulada por este parlamentario en marzo de este año. Concretamente el 19 de marzo, pedí la realización de una auditoría amplia sobre el Servicio de Salud de Araucanía Norte. El 13 de mayo el ministro ordenó la materialización de la auditoría, pero han transcurrido más de cuatro meses y no he tenido respuesta. En los últimos cuatro días he tratado de comunicarme con la jefa del departamento de auditoría para recabar antecedentes sobre la materia, pero no me ha sido posible contactarme con ella. Eso me impulsa hoy a solicitarle al ministro que dé respuesta a la petición que le formulé hace tantos meses y de la cual aún no tengo conocimiento. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente, del Partido Socialista y Radical, del Partido por la Democracia y de la Democracia Cristiana. CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto y medio, la diputada señora Carmen Ibáñez. La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).- Señor Presidente, como integrante de las Comisiones de Familia y de Relaciones Exteriores, hago presente que el martes 13 de este mes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó el “Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño” relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Protocolo obedece a la necesidad de establecer obligaciones, para todos los países signatarios, de proteger efectivamente a los menores y castigar los actos de utilización con fines sexuales y, en particular, el secuestro internacional, dura realidad que afecta en especial a los países subdesarrollados, donde muchos niños desaparecen para ser vendidos en el extranjero o para extraerles sus órganos. Por ello, hago un llamado a todos mis colegas diputados para que difundamos en todos los distritos cuando tengamos la oportunidad de intervenir en radioemisoras locales u otros medios de comunicación la campaña de protección de los menores en la forma propuesta por la presidenta de la Comisión de Familia, diputada señora María Antonieta Saa, en cuanto a que todos los niños, desde la edad más temprana posible, tengan cédula de identidad, ya que así se registrarán obligatoriamente sus huellas digitales para evitar la sustracción y facilitar su búsqueda en el caso de extravío. La pérdida o extravío de un menor es una espina que puede destruir una familia, y la sola posibilidad de que sean utilizados con fines de venta en el extranjero o para extraerles sus órganos, nos debe impulsar a reprimir esta conducta, que es uno de los crímenes más atroces imaginables. He dicho. DISCRIMINACIÓN EN ATENCIÓN DE RECLAMOS TELEFÓNICOS. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, fundamentalmente al subsecretario de Telecomunicaciones, a raíz de una circular de la Compañía Telefónica sobre los tiempos de atención de los reclamos técnicos, ya que dicha circular viola el artículo 2º de la ley de Telecomunicaciones y el artículo 1º de la Constitución Política. En efecto, aunque establece tiempos distintos de espera para la atención de instituciones sensibles los hospitales y Carabineros, en lo que estoy absolutamente de acuerdo, discrimina a los sectores más pobres; por ejemplo, dispone 72 horas de espera para éstos, en circunstancias de que la ley consigna 12. Esto discrimina entre pobres y ricos y contra personas que requieren del servicio telefónico como cualquier otra institución. Señor Presidente, dado que esto es absolutamente ilegal e inconstitucional, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones para que explique la situación, y sancione a la Compañía si esta circular, firmada por ella, se está aplicando. Señor Presidente, cedo el resto de mi tiempo al diputado señor Escalona. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Unión Demócrata Independiente y del Vicepresidente que habla. INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE MUJER CON EMBARAZO GEMELAR. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, pido que se oficie al director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, doctor Hugo Araya Padilla, con el objeto de que se investigue el caso de Virginia Ríos Saavedra, vecina de Toltén, quien falleció el lunes 24 de junio del presente año, tras practicársele una cesárea por un parto gemelar en el hospital de Angol, Novena Región. Según lo relatado por el esposo de Virginia Ríos, ella ingresó al hospital el 20 de junio con una acumulación de líquido para ser intervenida, pues se encontraba en los últimos meses de un embarazo gemelar. Un día más tarde, la paciente presentó problemas respiratorios, falta de aire y ahogos, ante lo cual el médico le recetó un inhalador y calmantes. El 22 de junio, a las 16 horas, Virginia presentó diarrea y vómitos, por lo que fue inyectada a las 20 horas, con el objeto, de acuerdo con la información que proporciona su esposo, de eliminar los síntomas. Esta paciente continuó con las molestias hasta el día 24, en que se practicó la cesárea. Según su marido, quien se encontraba en el pabellón quirúrgico al momento en que se practicó la cesárea, se produjo una hemorragia que, según el médico tratante, doctor Pedro Hoffmann, se encontraba controlada. Sin embargo, horas más tarde el doctor le informó que la paciente se encontraba grave, por lo que debía ser derivada a la Clínica Alemana, de Temuco, con problemas respiratorios y una hemorragia. En el traslado, cuando se encontraban entre la comuna de Ercilla y la localidad de Pailahueque, el auxiliar paramédico informó que la batería de los equipos se había agotado. Al llegar a Temuco una ambulancia Samu solicitó el transbordo de la paciente, lo cual fue negado por el equipo original. Esta paciente ingresó a la Clínica Alemana, de Temuco, a las 20.30 horas, y tras media hora en pabellón se informó al esposo que probablemente ella tenía una embolia pulmonar, pero que estaba estable dentro de su gravedad. Sin embargo, a las 21.15 horas la paciente falleció. Como hasta el día de hoy no se ha entregado una respuesta de lo sucedido, solicito una investigación y que se me informe sobre el procedimiento llevado a cabo durante el parto gemelar de Virginia Ríos Saavedra, para aclarar las causas de su lamentable fallecimiento. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE LOCAL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN GORBEA. Oficios. El señor MEZA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al general de la Novena Zona de Carabineros, señor José Bernales, y al intendente de la Novena región, señor Ramiro Pizarro, con el objeto de que se revise el procedimiento de cierre de un expendio de bebidas alcohólicas, denominado “Lumaco”, ubicado en calle Manuel Bulnes Nº 49, de la comuna de Gorbea, decretado por la intendencia con fecha 24 de julio. Cabe mencionar que esta petición se originó en una solicitud que efectué ante la máxima autoridad regional, tras registrarse una serie de hechos delictuales en ese lugar, entre los que se incluye un homicidio. Pese al cierre del local, los ruidos continúan y la presencia de clientes clandestinos es evidente. Según los últimos antecedentes, Paola Pérez Trecanao, vecina del sector que participó en la denuncia, fue agredida físicamente el viernes 16 de agosto y amenazada de muerte, junto a su hija de seis años. Cabe destacar que este hecho perpetrado en contra de esta mujer, que presenta siete meses de embarazo, y de su hija que se encontraba en un período postoperatorio, fue efectuado por cuatro trabajadores tres mujeres y un hombre del local nocturno cuyo cierre se había ordenado. Esto complica mucho más la situación porque los hematomas provocados por los golpes dados a la menor dificultaron la cicatrización de una cirugía que se le había efectuado. Ante mi preocupación y la de los pobladores, y en especial de las víctimas de estas agresiones, ya que uno de los hechores tiene domicilio a pocos metros de la señora Paola Pérez, solicito que se revise el procedimiento de cierre del local y el proceso judicial que sigue la causa de Paola Pérez en la fiscalía de Pitrufquén. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Unión Demócrata Independiente y Democracia Cristiana. SALUDOS CON OCASIÓN DEL NATALICIO DE DON BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, como sólo tengo tres minutos para hacer uso de la palabra, no alcanzo a leer la intervención que había preparado. No obstante, no debe pasar inadvertido que el 20 de agosto es el natalicio del Padre de la Patria, don Bernardo O’Higgins, quien, como todos sabemos, fue fundador del Ejército, precursor de la Armada y hombre clave en la formación de Chile como nación. Solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional con el objeto de hacerles llegar mis saludos a los señores comandantes en jefe del Ejército y de la Armada, con ocasión del mencionado natalicio. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota, y de este Vicepresidente. INCONVENIENCIA DE CERRAR HOSPITAL DE CHANCO. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en todas las encuestas realizadas durante los últimos años, la salud está dentro de las cuatro prioridades de la población. El plan Auge, el cual apoyamos, tiende a mejorar en parte la atención de salud. Para financiarlo, hemos insistido, en varias oportunidades, en que, entre otras cosas, debe mejorarse la gestión hospitalaria, lo que no significa cerrar hospitales, como está ocurriendo en la comuna de Chanco, provincia de Cauquenes, Séptima Región, por una supuesta mala administración. Si fuese así, tendrían que cerrar todos los hospitales públicos del país. El hospital de Chanco atiende a los habitantes de esa comuna, además de los de Pelluhue, su comuna vecina, con una población de aproximadamente 20 mil personas, la que, en época de verano, por ser comunas costeras, se duplica. El cierre de dicho hospital significa desviar a esa población al hospital de Cauquenes, ubicado a 50 kilómetros de distancia, que no tiene ni siquiera la capacidad para atender a su propia población, de alrededor de 50 mil habitantes, por lo que, en muchos casos, debe desviar a parte de ésta a Talca. Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Salud con el objeto de que se detenga esta aberración y, al mismo tiempo, nos explique las verdaderas razones por las que se pretende cerrar el hospital de Chanco. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota, y de este Vicepresidente. PLANTEAMIENTOS DE LA FEDERACIÓN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN RETIRO DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, la Federación del Personal de las Fuerzas Armadas en Retiro de la Octava Región del Biobío que tiene su sede central en Talcahuano, el primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile, a través de su presidente, señor Esteban Vigore, y de su secretario general, señor Ramón Gómez, hizo llegar hace algunas semanas al senador señor Jorge Arancibia Reyes y al diputado que habla, en mi condición de integrante de la Comisión de Defensa y, en esa oportunidad, de presidente de ella, las materias que preocupan al personal en retiro de las Fuerzas Armadas de esa federación, compuesta por muchas organizaciones y que, a su vez, integra la Confederación Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Señor Presidente, ellos señalan que durante estos años han ido percibiendo que distintos sectores de la sociedad han logrado un pequeño pero importante mejoramiento para la situación de quienes integraron durante años el servicio público. Lamentablemente, no se ha dado un trato similar al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, por una situación comprensible. En consecuencia, estiman que ha llegado la hora de que, en atención a que se está generando una integración cívicomilitar cada vez mayor, también comiencen a ser considerados para recibir ese tipo de beneficios, porque prestaron servicios a la patria, a la que todos deseamos engrandecer. En ese sentido, señor Presidente, ellos se han remitido básicamente a tres grandes temas: En primer lugar, el de la previsión. Señalan que hace más de 20 años que el sector de las Fuerzas Armadas y Carabineros en retiro no recibe reajustes, por lo que están comenzando a tener situaciones económicas críticas, sobre todo si se considera que un número muy importante de ellos percibe pensiones extremadamente bajas, toda vez que algunas ni siquiera superan los 40 mil pesos y la gran mayoría sólo asciende a 80 mil pesos. En ese mismo sentido, se espera con inquietud el anuncio del IPC anual, que en los últimos tres años no ha sobrepasado el 3 por ciento, y que, hasta junio de este año, iba en 0,6 por ciento. Estiman absolutamente imprescindible que se eleven los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, con el objeto de paliar la dificilísima situación económica por la que están atravesando muchas de estas personas. En segundo lugar, el de la salud. Plantean que tienen un muy buen sistema de salud, que elaboró el Congreso Nacional. No obstante, este sistema sólo opera donde existen hospitales institucionales, ya que en otros lugares deben atenderse en forma particular, lo que les acarrea severas dificultades económicas, por lo que solicitan mayor cantidad de convenios, particularmente en lugares donde no hay hospitales institucionales. En tercer lugar, el del adulto mayor. Solicitan que todos los adultos mayores sean integrados en esta legislación que hemos despachado, con el objeto de que se impida la marginación de ciertos sectores. Desde esa perspectiva, la Federación del Personal en Retiro considera que ha llegado la hora de que el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros este gran sector pasivo que dio su cuota de esfuerzo y sacrificio a la patria, sea debidamente considerado. Por lo anterior, solicito oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, al vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a la ministra de la Defensa Nacional y al ministro de Hacienda, con el objeto de hacerles llegar los planteamientos que acabo de hacer en nombre de la Federación del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota, y de este Vicepresidente. INCLUSIÓN DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL EN EL PLAN ACCESO UNIVERSAL CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS, AUGE. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, los chilenos hemos sido conmocionados otra vez por un nuevo asalto con violación a una menor de 12 años, ocurrido en la comuna de La Reina. No cabe duda alguna de las razones por las que esa niña se encuentra en estado de choque emocional y psicológico, al igual que sus padres. Realmente, es una situación conmovedora y comprensible. Preocupa que hoy en día, a la violencia e inseguridad ciudadana que vive nuestro país, se hayan agregado nuevas consideraciones a los delitos, las que resultan tremendamente graves y peligrosas por parte de quienes los cometen, como son el sadismo, la maldad, la alevosía y las claras desviaciones patológicas sexuales. Esto no es nuevo. Lo hemos visto en la forma en que actuó el delincuente de La Dehesa, en tantos casos de pedofilia que se han denunciado y en otros que día a día se van repitiendo. Ello obliga a que el país deba preocuparse y tomar en forma muy seria estas nuevas patologías, que van de la mano con la delincuencia. Para nadie es una novedad que el robo con violencia haya aumentado en 20 por ciento desde el año 95, y que según estimaciones y proyecciones de la entidad Paz Ciudadana se cometan 520 mil delitos de mayor connotación social al año, equivalentes a 1.400 delitos diarios. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Chile demuestra que 25 por ciento de los chilenos presenta alguna patología de tipo mental; o sea, una de cada cuatro personas mayores de 15 años. Como decía, en los últimos días y meses esto se hace cada vez más inquietante. Desgraciadamente, menores de edad, en una cifra también muy importante, revelan esta patología mental. Entonces, no es de extrañar que a diario constatemos cómo aumenta la violencia intrafamiliar, el abuso sexual a menores, las violaciones, la pedofilia y, en general, muchos delitos que atentan contra la dignidad humana. En este sentido es muy importante reconocer que existe una débil atención de salud mental. No se promueve la importancia de atender dichas patologías para prevenir situaciones que cada vez se van empeorando. No hay recursos, no hay medicamentos ni instituciones suficientemente dedicadas al problema de la salud mental. Los fondos no son más del 2 por ciento del presupuesto total, cifra desproporcionada para un país que necesita una importante y urgente atención de salud mental. Por lo anteriormente expuesto y por la comisión reiterada de delitos que nos han conmovido, como son los de La Dehesa y La Reina, solicito que se oficie al ministro de Salud para que el plan Auge contemple una atención prioritaria para los problemas de salud mental. Sé que son muy escasos los recursos para ello y que sólo se han fijado para determinado límite de edad, lo que no ayudará a satisfacer las necesidades que requiere nuestro país. Considero que el problema de salud mental debe ser prioritario y urgente, al igual como lo son las cardiopatías y cánceres que se repiten con más frecuencia entre los chilenos. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ignacio Urrutia, Jorge Ulloa, Gonzalo Uriarte, Eugenio Bauer, Jorge Burgos y de quien les habla. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA COMUNA DE ALHUÉ AL CUMPLIR SU 247º ANIVERSARIO. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, en esta oportunidad he querido intervenir no sólo para rendir un homenaje a la comuna de Alhué que en el día de ayer celebró 247 años de existencia, sino también para hacer un reconocimiento a la localidad de más extrema pobreza de la Región Metropolitana. En efecto, Alhué se encuentra ubicada a 150 kilómetros de Santiago. Su población es de tan sólo 4 mil habitantes y, lamentablemente, sus índices de pobreza e indigencia son demasiado elevados en comparación con la media nacional. Debido a ello, me encuentro ante el deber moral de enviar desde este hemiciclo una palabra de aliento y reconocimiento a los habitantes de esa comuna, quienes, con tanto estoicismo, padecen los flagelos de la pobreza y la indigencia. Haciendo un poco de historia, recordemos que desde que las tierras de Alhué fueron entregadas a doña Inés de Suárez, este valle ha sido conocido por su riqueza aurífera y la fertilidad de sus campos, hasta que el 19 de agosto de 1755 el entonces gobernador del reino, don Domingo Ortiz de Rozas, autorizó la fundación de una villa en lo que hasta ese día era asiento minero. La historia y la tradición se entrelazan con la modernidad y la rapidez del mundo actual; pero el encanto de las calles de esta comuna se ha perdido, y la realidad deja entrever uno de los grandes problemas de la zona: la falta de comunicaciones de todo tipo, no sólo con la Región Metropolitana, sino también más dramático aún con el resto del país, pues se ha transformado en una comuna prácticamente aislada. Alhué cuenta con una sola vía de acceso pavimentada, cuyo 60 por ciento está en deplorables condiciones; incluso, algunos de sus tramos se transforman en intransitables. En materia de comunicaciones, y tal como lo he señalado, su situación no es mejor. Sólo desde hace dos años cuenta con servicio telefónico, y la televisión abierta llegó hace poco más de dos meses. Muchas de las virtudes geográficas y climáticas de esta comuna se opacan por la falta de oportunidades para los jefes de familias, quienes emigran en busca de mejores oportunidades, dejando detrás de ellos no sólo a su familia, sino también la desesperanza al no poder desarrollar sus aspiraciones en su propia tierra. Señor Presidente, no basta con inaugurar caminos ni proclamar éxitos efímeros, porque en este caso lo imperioso y necesario es el compromiso de todas las autoridades para que obviamente me incluyo una comuna tan antigua como Alhué pueda destacar dentro de la Región Metropolitana, ya no como una de las más pobres y aisladas, sino como un lugar en donde se conjugan la nobleza de sus habitantes, la riqueza de sus aires y la tradición de nuestra patria. Solicito que esta intervención sea enviada al alcalde, a los concejales y a todos los funcionarios municipales de la comuna de Alhué, como una forma de hacerles llegar un mensaje de aliento y el saludo de un amigo que siempre se preocupará por esta comuna de Chile. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará copia de la intervención de su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada señores Ignacio Urrutia y Eugenio Bauer, además del diputado Burgos y de quien les habla. INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE CONSTRUIR PASO INTERNACIONAL LAS LEÑAS. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, una vez más este fin de semana el cruce fronterizo con la República Argentina, Los Libertadores, fue cerrado por una nevazón que, como tantas otras en temporada de invierno, obstruye el normal tráfico entre los dos países con los perjuicios económicos por todos conocidos. Esta situación se repite año a año, y todos sabemos que la solución de este problema no está en seguir invirtiendo en el actual paso Los Libertadores, sino en buscar una nueva alternativa, la cual nació con el ingreso de Chile al Mercosur, que nos comprometió como país a buscar la solución definitiva de este problema. Un estudio financiado por ambos países, después de analizar 34 pasos, concluyó que la alternativa más viable por su altura importante para que no sea bloqueado por la nieve y su menor costo de construcción, es el paso Las Leñas, ubicado en la Sexta Región. Concluido este estudio efectuado por empresas constructoras internacionales y en el plazo de tres años, los Presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem firmaron una declaración conjunta el 20 de agosto de 1999, en la cual daban su aprobación para iniciar los estudios geológicos y de ingeniería para la construcción del corredor bioceánico Las Leñas. Posteriormente, en la ciudad de Buenos Aires, el 19 de mayo de 2000, los Presidentes Lagos y De la Rúa reiteraron el mandato de respaldar la obtención del financiamiento para el inicio de los estudios geológicos y de ingeniería para el túnel, de baja altura, de Las Leñas. En la inauguración de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional del 21 de mayo de 2000, el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, planteó: “Desde el punto de vista de nuestras conexiones terrestres internacionales, el desafío mayor es la construcción de la nueva conexión, entre la zona central de Chile y la provincia de Mendoza a través del paso Las Leñas, que permitirá la consolidación de un corredor bioceánico entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay”. El punto 6º del convenio marco entre el gobierno central y el de la Sexta Región, firmado por el ministro del Interior, don José Miguel Insulza, y el intendente regional de la época, don Raúl Herrera, dice: “Las partes manifiestan su decidida voluntad de avanzar en la concreción de las siguientes iniciativas, consideradas de carácter estratégico para la Nación: “Primero: Construcción del corredor bioceánico paso Las Leñas”... Después figuran otros puntos que no vienen al caso citar. Señor Presidente, hasta la fecha no se ha avanzado en este proyecto como se había acordado. Pareciera que la firma de los Presidentes de ambos países y del ministro del Interior son letra muerta: no se cumplen los convenios aunque estén firmados por ambos Presidentes. Por lo tanto, solicito el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas para que nos informe cuándo parten los estudios geológicos del proyecto paso Las Leñas de la Sexta Región y cuándo el Ministerio tiene programado terminar dicho proyecto, de acuerdo a la voluntad expresa de los Presidentes de ambos países. Asimismo, al ministro del Interior para que nos informe acerca del avance del convenio marco firmado por él y por el intendente de la Sexta Región. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Ignacio Urrutia, Gonzalo Uriarte, Jorge Burgos, Sergio Ojeda, Edmundo Villouta y de quien habla. HOMENAJE AL PADRE HURTADO AL CUMPLIRSE 50 AÑOS DE SU MUERTE. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, el domingo recién pasado se cumplió medio siglo de la muerte del sacerdote jesuita Alberto Hurtado Cruchaga, declarado beato por el Vaticano, y verdadero santo para la inmensa mayoría de los chilenos. Sin duda, fue un chileno que construyó su santidad tal vez en el terreno más complejo para ello: en la vocación del servicio cotidiano, con los desprovistos de bienes, con aquellos que han perdido la esperanza, con aquellos que no han sabido de oportunidades. A esos hermanos en Cristo, fue capaz de hacerles sentir la esperanza y de entregarles una oportunidad. Su entrega, su solidaridad activa, entendida como la conducta humana que importa dar la mano para acompañar, y no simplemente para ejercer la caridad, constituyen la razón de ser de su corta pero realizadora existencia. Alberto Hurtado fue un hombre de nuestros tiempos. Su acción siempre la acompañó con oración para estar cerca de quien inspiró su misión en la tierra. Es probable que si aún estuviera entre nosotros, desde la revista Mensaje, no se uniría al coro facilista del desprestigio de la política. Por el contrario, nos convocaría a ser mejores, más comprometidos con los pobres, a realizar con más rigor nuestra tarea legislativa. Sería duro en la crítica, cuando hay poca transparencia o cuando hay elementos de corrupción. Pero, en definitiva, nos diría: “Sigan adelante con vuestra acción política, entendiendo ésta como una misión de servicio público”, como lo dijo tantas veces, poniendo el amor en las obras más que en las palabras. Más concretamente todavía, y citando para ello al sacerdote jesuita Antonio Delfau, hoy el padre Hurtado nos animaría a democratizar el país, a ponernos en el lugar del otro, a conocer en carne propia, aunque sea por breve tiempo, lo que es vivir en un campamento, trabajar en una fábrica, estar cesante, ser allegado, soportar la oferta de droga en cada esquina, estudiar en un colegio municipalizado, vivir un mes con un sueldo mínimo o formar una familia en un espacio de 45 metros cuadrados. Nuestro país sería otro si los líderes de opinión viviéramos en carne propia, como lo hizo el padre Hurtado, lo que vive el común de la gente; si trabajáramos en las salitreras del norte; si compartiéramos las alegrías y tristezas de nuestro pueblo, en especial con los más desprotegidos y desamparados. Quizás sólo así el padre Hurtado, desde arriba, pueda cerrar su jornada diciendo: “Contento, Señor, contento”. Solicito enviar mis saludos al director del Hogar de Cristo, con copia de mi intervención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. AMPLIACIÓN DE REQUISITOS EN PROGRAMAS DE EMPLEO FINANCIADOS CON REBAJAS TRIBUTARIAS. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en las dos últimas semanas he conocido dos casos que me han llamado mucho la atención, relacionados con los programas de empleo que se financian con las rebajas tributarias correspondientes a los contribuyentes de primera categoría. En el primer caso, Ceprof Limitada, de Concepción, inscribió a personas para cursos de capacitación sin que reunieran los requisitos ni supieran lo que estaban haciendo. Lo curioso de este caso es que la empresa recomendó a los contribuyentes que harían uso de estas franquicias pedir préstamos al Banco del Estado. Éste accedió a dichos préstamos, pero los cursos que se realizaron no cumplían con el requisito de que las personas figuraran en sus planillas como empleados, con el debido pago de imposiciones, o como aprendices. De manera que hace un par de meses, Impuestos Internos les notificó de esta irregularidad, por lo que les está conminando al pago de multas y de otro tipo de sanciones. También sucedió algo similar en Traiguén, donde hay alrededor de dieciséis personas involucradas. Ahí el caso no fue tan dramático, en el sentido de que no pagaron los cursos, porque esperaban las rebajas del impuesto a la renta, declarado el 30 de abril, para poder pagar. Resulta que los cursos también eran para personas que no podían ser incluidas como empleados de estos pequeños empresarios. No sé si en otras partes del país se han dado estas situaciones. Por ello, solicito al Sence, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía, que se sirva revisar la tramitación de estas autorizaciones, porque incluso una de las personas afectadas, de Angol, me señalaba que a veces las empresas que se forman para hacer uso de estas franquicias a través de cursos, al poco tiempo desaparecen y algunos de sus socios crean nuevas sociedades que caen en la misma situación. Es decir, entusiasman a pequeños contribuyentes para que hagan estos cursos, sean familiares, amigos o desconocidos, sin saber que están incurriendo en irregularidad legal. Creo que entre los documentos que se solicitan, los contribuyentes deberían incluir una copia de la última planilla de imposiciones, a fin de confirmar que quienes recibirán esa franquicia son trabajadores de la empresa o están en vías de serlo. Es la única forma de salvar el error que cometen contribuyentes que, generalmente, tienen poco conocimiento de las leyes y provocan situaciones que pueden ser demasiado complicadas para ellos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los dos oficios solicitados por su Señoría a los cuales se adjuntará el texto de su intervención para mejor comprensión del tema, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y José Miguel Ortiz. INTERVENCIONES ILÍCITAS EN CORREOS ELECTRÓNICOS. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el sábado 17 de agosto último, en un diario de circulación nacional aparece una crónica con el título “Furia chilena en el extranjero contra los diputados”. En un subtítulo agrega que “patiperros” nacionales hicieron peticiones a parlamentarios, a través de correos electrónicos, quienes les dieron pésimas respuestas. El titular es abiertamente acusatorio y, por supuesto, reitera la actitud de algunos medios de comunicación de condenarnos anticipadamente por hechos o situaciones que atentan en contra de nosotros. Al parecer, hoy en día resulta muy fácil y productivo criticarnos. Es como un deporte nacional. En dicha publicación se me imputa que, en una respuesta negativa, señalo: “Estimados señores, ruego no enviar más correos a mi casilla. Les agradece, Sergio Ojeda”. No he recibido cartas en los términos señalados por la crónica ni chilenos en el extranjero me han solicitado ayuda, por lo que tampoco he enviado email pidiendo que no me manden cartas. Rechazo categóricamente esta imputación por ser absolutamente falsa; más aún cuando soy un diputado que, como característica fundamental, gozo de la reputación de ser muy receptivo y cercano a los problemas de la gente y porque, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, soy sensible a los problemas de los chilenos residentes en el extranjero. En dicha Comisión hemos considerado el problema de este grupo de compatriotas que están fuera del país, de manera que ignoro por qué se mal utilizó mi nombre y mi correo electrónico. Desconozco la técnica, pero se me ha hablado de los hackers, nueva forma de piratería invasiva de la propiedad de los correos electrónicos. He sabido que es una práctica que se está utilizando en forma ilícita y a la que se está recurriendo reiteradamente. Esta situación debe preocuparnos de alguna manera, porque implica una invasión que perjudica y puede dar lugar a dificultades de comprensión. Los chilenos que viven en el extranjero pueden enviarme la correspondencia que deseen en la seguridad de que la responderé como acostumbro; pero, repito, algo raro está sucediendo en las computadoras. Por eso pido que el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, o el organismo que corresponda, me informen respecto de posibles denuncias sobre actos de piratería y de las actuaciones del ministerio para enfrentar esta situación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará oficios al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y al subsecretario de Telecomunicaciones, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención. CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DEL ARTISTA SAID SALOMÓN MÉRLEZ PATIÑO. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a una noticia que ha causado profundo dolor en la Región de Atacama, en particular en mi ciudad, Copiapó. Ayer falleció Said Salomón Mérlez Patiño, más conocido como el “Negro Said”, joven que nació en Copiapó hace 30 años y que desarrolló su enseñanza secundaria en el Liceo Católico de Atacama, donde siempre destacó por su capacidad y su vínculo con el deporte. Posteriormente, cuando estudió en La Serena, fue presidente de la Federación de Estudiantes de esa ciudad. El “Negro Said” o Said Salomón Mérlez Patiño, que hace una semana falleció víctima de un accidente automovilístico, salió de Atacama para probar suerte como coreógrafo y bailarín. Destaco este hecho porque es difícil que un joven proveniente de una región minera como Atacama, que viajó mil kilómetros a Santiago, hubiera adquirido tanta fama en los matinales, en los Estudios Gigantes, en “Buenos días a todos” y trabajara con Margot Kahl, Jorge Hevia, en el programa de Rafael Araneda, y con otros artistas nacionales. Es un ejemplo de esfuerzo, de capacidad y de honestidad para los jóvenes chilenos. La gente de Copiapó recordó con mucho afecto el momento en que fue el encargado de animar con danzas, desde el punto de vista de calentamiento del ambiente, el Festival de Viña del Mar, antes de la entrega de las gaviotas. Era un artista en crecimiento, un hombre que tenía gran potencialidad, y por eso su muerte ha provocado un dolor muy grande. Quien no haya conocido al “Negro Said” se puede haber sorprendido al ver los titulares de los diarios matinales, de que se generara esta conmoción, la cual se debió a que todos reconocían en él un gran talento, un hombre bueno, un joven de mucho empuje y empeño, muy valioso. Por eso Copiapó, mi ciudad, hoy está de luto. Sus restos están llegando en estos momentos a ese lugar. Sus funerales se realizarán mañana. Desde esta Cámara, donde represento a Copiapó, hago llegar mis condolencias a su madre, a su compañera, a su hijo de 8 años, a los amigos y parientes y a la gente del mundo de la televisión, que lo quiso y trabajó con él. Para nosotros, su muerte significa un gran vacío, en especial para quienes representamos a Copiapó y a la Región de Atacama, porque no es frecuente que los jóvenes tengan, como él, la posibilidad de triunfar a tan temprana edad. FOCALIZACIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA Y GENERAR EMPLEOS EN LA REGIÓN DE ATACAMA. El señor LEAL.- Señor Presidente, ayer, el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, recibió a la intendenta de mi región, Yasna Provoste Campillay, y a parlamentarios de la Concertación: el senador Ricardo Núñez y los diputados Jaime Mulet, Alberto Robles y a quien les habla, para referirse a los temas relativos a nuestra región. Se trata de una práctica instaurada por el Primer Mandatario con todas la regiones de Chile, desde donde vendrán sus intendentes y parlamentarios para discutir a fondo los temas que las afectan. A través del canal de la Cámara de Diputados, quiero decirles a mis conciudadanos de la Región de Atacama que la reunión fue extraordinariamente importante. Planteamos temas fundamentales: que la Tercera Región tiene la cesantía más alta del país, con el 11,3 por ciento; que Vallenar registra el mayor índice de desocupación, y que ciudades como Copiapó, con 10 por ciento de cesantía, han superado su máximo histórico. Por tal razón, pedimos al Presidente adelantar la ejecución de obras públicas relativas a infraestructura, como el nuevo aeropuerto y las carreteras, cuya construcción está planificada para 2003 y 2004. Al mismo tiempo, solicitamos implementar una política para la pequeña minería, particularmente en lo que se refiere a la ampliación y al fortalecimiento de los planteles de la Enami. También, planteamos al Presidente Lagos con muy buena acogida de su parte que la mayor inversión productiva que se puede llevar a cabo en la provincia de Chañaral es la ampliación de la planta de electroobtención o de electrowing. De hecho, los mineros de Chañaral, Diego de Almagro, El Salado e Inca de Oro saben que es así, porque eso permitirá que haya una planta para procesar los ripios y el mineral de baja ley, actividad que puede dar trabajo a más de mil personas, las que se pueden incorporar a la actividad productiva si somos capaces de entregar los 2,8 millones de dólares que se requieren para la ampliación de la planta El Salado y posteriormente instalar una planta semejante en Vallenar. Se trata de inversiones productivas, de pocos recursos, pero que generan mucho empleo y dinamismo, por lo que solicitamos al Presidente de la República acelerar y facilitar la entrega de los fondos para la ampliación de la planta de electrowing de El Salado. Además, hemos pedido que los recursos del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal Pamma se dosifiquen. De hecho, como lo sostuvo la intendenta señora Yasna Provoste en la reunión sostenida ayer con el Presidente Lagos, en la región de Atacama hay más de doscientos proyectos por financiar, los que también generarían empleo. Por lo tanto, planteamos que el Gobierno focalice los recursos en aquellos proyectos productivos que generan empleo en vez de hacerlo en planes de empleo, ya que éstos no necesariamente implican la creación de una dinámica de reactivación económica en nuestras regiones. Con el Presidente intercambiamos opiniones respecto de un tema tan importante para nosotros como es el tributario. Al respecto, quiero subrayar a mis compatriotas de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y de la Región de Atacama que hoy en la Cámara aprobamos un proyecto de acuerdo para pedir al Gobierno que elabore estudios relacionados con la tributación minera. Dicho proyecto de acuerdo lo presentamos junto con el diputado señor Vilches, ambos representantes de distritos ubicados en la Tercera Región, el cual fue firmado por diputados de los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical Social Demócrata y Renovación Nacional. Lamentablemente, el proyecto fue votado en contra por los diputados de la UDI. Lo señalo porque en momentos en que debemos reflexionar sobre el valor y el significado de nuestros recursos naturales, respecto de la forma de incorporar mayor valor agregado a la producción minera y sobre cómo acercamos mayor inversión al campo de la minería, pero sin permitir que los recursos sean llevados de nuestro país sin pagar impuestos, me parece grave que la UDI haya votado en contra de un proyecto de acuerdo que fue aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, el cual en definitiva pretende comenzar a debatir el tema. Después de lo que vivimos con la Compañía Minera Disputada de Las Condes, empresa que fue comprada en 98 millones de dólares y que ahora se está vendiendo en 1.300 millones de dólares, la cual en 22 años no ha pagado impuesto alguno al Estado, todos los partidos del país deberían tener una sola postura: defender el interés nacional. Estoy muy contento de que dicho proyecto de acuerdo se haya aprobado, porque nos permite iniciar una reflexión sobre el tema con el Presidente de la República. Comprendemos que el Primer Mandatario y el ministro de Minería hayan señalado al Consejo Minero que no habrá cambios en esa tributación, pero queremos que haya un debate sobre el particular. Por lo tanto, pido que dicho proyecto de acuerdo sea enviado al Presidente de la República y también al ministro de Minería, señor Alfonso Dulanto, a fin de que se sepa lo que la Cámara de Diputados aprobó. En los próximos días, junto con el alcalde de Copiapó, señor Marcos López, me reuniré con el subsecretario de Desarrollo Regional para analizar con él muchos temas que tienen que ver con la ciudad de Copiapó. Nos preocupa mucho que Copiapó tenga un nivel de desocupación como el que presenta en estos momentos, porque es una ciudad dinámica, la cual se debe apoyar mucho más, así como a sus pequeños mineros y a los pequeños y medianos empresarios, a fin de que la actividad económica se desarrolle y Copiapó vuelva a crecer con el dinamismo a que nos tenía acostumbrados en los últimos años. La municipalidad, con el alcalde a la cabeza, está haciendo un gran esfuerzo para lograr ese objetivo y generar mayor empleo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Hago presente a su Señoría que el proyecto de acuerdo Nº 84 ya fue enviado al Presidente de la República. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.55 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.