REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 347ª, ORDINARIASesión 7ª, en jueves 13 de junio de 2002(Ordinaria, de 10.40 a 13.57 horas)		Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,		y del señor Salas De la Fuente, don Edmundo.		Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		7	II.	Apertura de la sesión		11	III.	Actas		11	IV.	Cuenta		11	-	Envío a Comisión especial de Bomberos de proyecto sobre seguro obligatorio contra incendio, y archivo de iniciativa que otorga beneficios a esa institución		11	-	Envío a Comisión especial de iniciativas en favor de discapacitados		12	-	Archivo de proyecto sobre desechos provenientes de terceros países		13	-	Permiso constitucional		13	V.	Orden del Día. 	-	Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales. Primer trámite constitucional		13	-	Flexibilización del uso de período prenatal. Primer trámite constitucional		17	-	Beneficios a personal del sistema de salud primaria. Tercer trámite constitucional		31	-	Modificación de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Proposición de la Comisión Mixta		39	VI.	Proyectos de acuerdo. 		Conmutación de pena de multa por la de realización de trabajos comunitarios		40	VII.	Incidentes. 	-	Incorporación de la provincia de Elqui a la macrozona Nº 2. Oficios		43	-	Salvaguardias para la fructosa en defensa del cultivo de remolacha. Oficios		43	-	Aumento de cupos en los planes de empleo para la provincia de Ñuble y comuna de Chillán. Oficios		45	-	Reflexiones sobre políticas de descentralización. Recursos para obras viales en la Sexta Región. Oficios		45	-	Reconocimiento a ex Presidente Aylwin por otorgamiento de premio internacional Victorino Colombo. Oficio		48	-	Revisión de propuesta de aumento de impuesto al carbón para financiar plan Auge. Oficios		50	Pág.	VIII.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con “discusión inmediata”, que otorga beneficios al personal de la Salud Primaria. (boletín Nº 2931-11)		52	2.	Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal, en materia de actuaciones previas al juicio oral. (boletín Nº 2924-07) (S)		53	3.	Oficio del Senado, por el cual solicita que se actualice la nómina de señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. (boletín Nº 660-15)		54	4.	Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (boletín Nº 2610-07)		55	5.	Moción de la diputada señora Soto, doña Laura, y de los diputados señores Accorsi, Girardi, Jarpa, Palma y Sánchez, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas. (boletín Nº 2973-11)		63	IX.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación:-Del diputado señor Muñoz, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 12 de junio en curso para dirigirse Suiza. 	2.	Oficio: -De la Comisión de Hacienda por el cual solicita que la moción que crea un seguro obligatorio contra incendio para establecimientos comerciales e industriales, sea enviada a la Comisión especial de Bomberos, sin perjuicio de su propia competencia. (boletín Nº 2752-05). -De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual reitera la petición de archivo de la moción que permite la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre, por cuanto el Registro Civil ha manifestado que dicha situación se encuentra resuelta. (boletín Nº 585-07). -De la Comisión de Salud por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo el proyecto que modifica el artículo 5º del decreto ley Nº 1.757, que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile. (boletín Nº 2246-11).-De la Comisión de Salud por el cual solicita el consentimiento de la Sala de la Corporación para remitir a la Comisión especial que establece beneficios para los discapacitados, los siguientes proyectos que son materia de su competencia: a)	Modifica el artículo 41 de la ley Nº 19.284, referida a beneficios a discapacitados. (boletín Nº 2553-11); b)	Modifica la ley Nº 19.284, para regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de personas con discapacidad (boletín Nº 2595-11) (S); c)	Sustituye el artículo 19 de la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad. (boletín Nº 2616-11).d)	Introduce modificaciones a la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad. (boletín Nº 2638-11).e)	Modifica normas que indica para permitir la integración laboral de las personas con discapacidad. (boletín Nº 2864-11). -De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para remitir al archivo el proyecto que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de terceros países, por encontrarse regulado en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. (boletín Nº 150-11). Ministerio de Educación-Del diputado señor Kuschel, adopción de medidas para reparar iglesias de la provincia de Llanquihue. -Del diputado señor Urrutia, agilización de procesos de reconocimiento, homologación y convalidación de estudios realizados en el extranjero. Ministerio de Defensa Nacional-Del diputado señor Girardi, concesiones de acuicultura. Ministerio de Obras Públicas-Del diputado señor Alvarado, eventual falta de cumplimiento de empresa contratista encargada de la construcción de cunetas y mantención integral camino Cautín, ruta 5, Décima Región; disposición de fondos para la reparación de la ruta 5 Sur, tramo Castro-Chonchi. -Del diputado señor Ascencio, proyecto de muro costero en barrio industrial, ciudad de Quellón, Décima Región; construcción de rampa en la isla Cuacahua, provincia de Chiloé. -Del diputado señor Espinoza, denuncias por supuestos cobros excesivos de tarifas sanitarias en la Décima Región. -Del diputado señor Bayo, construcción de puente en la ciudad de Angol. -Del diputado señor Navarro, sistema de alcantarillado en la localidad de San Gregorio, Octava Región.Ministerio de Salud-Del diputado señor Sepúlveda, hospital San Vicente de Tagua-Tagua.Ministerio de Planificación y Cooperación-Del diputado señor Egaña, proyectos absorción mano de obra Octava Región.
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (84)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Díaz Del Río, Eduardo	UDI	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Escobar Urbina, Mario	UDI	II	3	Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32González Román, Rosa	UDI	I	1González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND-UDI	V	14Ibáñez Soto, Carmen	IND-RN	V	13Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Lagos Herrera, Eduardo	PRSD	X	57Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	IND-RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Pareto Vergara, Cristián	PDC	RM	20Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Opazo, Ramón	IND-UDI	I	2Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Sepúlveda Orbenes, Alejandra	IND-PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	13Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	ILC	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Varela Herrera, Mario	UDI	RM	20Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	ILC	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Pedro Muñoz, Alejandro Navarro y Víctor Rebolledo.	-Asistió, además, el ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza.(II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	El señor SALAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 23ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 24ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.ENVÍO A COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS DE PROYECTO SOBRE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA INCENDIO, Y ARCHIVO DE INICIATIVA QUE OTORGA BENEFICIOS A ESA INSTITUCIÓN.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. 	El señor ULLOA.- Señor Presidente, respecto de la petición de la Comisión de Hacienda a que se refiere el número 4 de la Cuenta, puedo informar que la Comisión especial de Bomberos creada en el período legislativo anterior y que ha proseguido con su trabajo por decisión de la Sala, bajo la presidencia del diputado señor Ortiz, ya incorporó en su agenda el proyecto que crea el seguro obligatorio contra incendio.	En segundo lugar, en cuanto a la petición de la Comisión de Salud de que se envíe a archivo el proyecto que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile, sería necesario retirarlo, porque, gracias al trabajo realizado por la mencionada Comisión especial, dicha iniciativa ya es ley de la República.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ha quedado demostrado, una vez más, que el interés principal de los integrantes de la Comisión especial de Bomberos, más allá de nuestras legítimas posiciones políticas, es ayudar a los casi 35 mil voluntarios del país. 	Es así como la semana pasada se volvió a constituir, con la asistencia de sus trece miembros, quienes me dispensaron el alto honor de elegirme presidente de dicha Comisión. En esa oportunidad, se hizo un reconocimiento de la gestión realizada por su anterior presidente, el diputado señor Jorge Ulloa. Esos gestos demuestran la forma en que actuamos en esa Comisión especial creada por nuestra Corporación.	Ahora, respecto de la petición de la Comisión de Hacienda que figura en el punto 4 de la Cuenta, fue el diputado que habla, en su calidad de miembro titular de esa Comisión desde hace muchos años, quien solicitó que la iniciativa -está suscrita por diez integrantes de la Comisión especial- también fuera enviada a la Comisión especial de Bomberos, porque el miércoles de la próxima semana nos reuniremos y sería muy conveniente que fuera incorporada en la Tabla en virtud de una solicitud oficial. Además, podríamos utilizar algunos de los argumentos contenidos en ella.	Por eso, señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado señor Ulloa que sería muy positivo que el proyecto fuera tratado por la Comisión especial de Bomberos en virtud de una petición formal, porque, muchas veces, lo que abunda no daña.	Respecto de la solicitud de la Comisión de Salud, que figura en el número 6 de la Cuenta, considero que el proyecto mencionado allí debe ser archivado porque ya es ley de la República.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Hacienda, en orden a que el proyecto de ley que crea un seguro obligatorio contra incendio para establecimientos comerciales e industriales sea conocido también por la Comisión especial de Bomberos.	Además, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Salud para archivar el proyecto que modifica el artículo 5º del decreto ley Nº 1.757, a fin de otorgar beneficios por accidentes y enfermedades a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile, porque ya se legisló sobre la materia.	¿Habría acuerdo? 	Acordado.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches.	El señor VILCHES.- Señor Presidente, el punto 5 de la Cuenta se refiere a un oficio de la Comisión de Gobierno Interior, por el cual reitera la petición de archivo de la moción que permite la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre.	Quiero solicitar el acuerdo de la Sala para que esta iniciativa -cuyo autor es el ex diputado Baldo Prokurica- no sea enviada a archivo, porque no es efectivo -como lo ha señalado el Servicio de Registro Civil e Identificación- que la situación esté resuelta. Hoy, muchas madres deben trasladarse a las capitales de regiones para dar a luz, porque sus niños deben ser registrados allí y no en las localidades en las cuales tienen su domicilio habitual.	De manera que el proyecto debe continuar en la Tabla de esa Comisión, a fin de zanjar definitivamente el problema.	Gracias, señor Presidente.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición reiterada por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, para el archivo del proyecto de ley que permite la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre, por ser una materia ya resuelta en forma práctica por el Servicio de Registro Civil e Identificación.	¿Habría acuerdo?El señor ULLOA.- Señor Presidente, hay acuerdo para no enviarlo a archivo.El señor SALAS (Vicepresidente).- Si no hay acuerdo para archivarlo, se procederá en la forma propuesta por el diputado señor Vilches.-o-ENVÍO A COMISIÓN ESPECIAL DE INICIATIVAS EN FAVOR DE DISCAPACITADOS.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Salud, que figura en el número 7 de la Cuenta, a fin de que sean remitidas a la Comisión especial las siguientes iniciativas legales que son de su competencia:a)	Modifica el artículo 41 de la ley Nº 19.284, referida a beneficios a discapacitados. Boletín Nº 2553-11;b)	Modifica la ley Nº 19.284, para regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de personas con discapacidad. Boletín Nº 2595-11(S);c)	Sustituye el artículo 19 de la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad. Boletín Nº 2616-11;d)	Introduce modificaciones a la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad. Boletín Nº 2638-11, ye)	Modifica normas que indica para permitir la integración laboral de las personas con discapacidad. Boletín Nº 2864-11. En tabla.	Acordado. ARCHIVO DE PROYECTO SOBRE DESECHOS PROVENIENTES DE TERCEROS PAÍSES.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo del proyecto que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de terceros países, formulada por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.	Acordado.PERMISO CONSTITUCIONAL.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Pedro Muñoz para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 12 de junio en curso, para dirigirse a Suiza. 	Acordado.	Asimismo, informo a la Sala que ya están con permiso constitucional los diputados señores Víctor Manuel Rebolledo González y Alejandro Navarro Brain.V. ORDEN DEL DÍACONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFI-CO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES. Primer trámite constitucio-nal.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, adoptada en Washington el 14 de noviembre de 1997.	Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Abel Jarpa Wevar.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 2855-10, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.	-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 20.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Informará sobre el proyecto la diputada señora Ibáñez.	La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en Washington, el 14 de noviembre de 1997.	Según señala el mensaje de su Excelencia del Presidente de la República, con posterioridad a la guerra fría comenzó a prestarse particular atención a una serie de problemas de violencia de origen privado, que afectan más la seguridad de las personas que la de los Estados. El recrudecimiento de la delincuencia común, el mayor comercio de drogas ilícitas, la acción creciente del crimen organizado y el terrorismo más allá de las fronteras nacionales, constituyen datos de una realidad cada vez más frecuente en nuestras sociedades.	La acumulación y proliferación de armas pequeñas y ligeras -concepto que abarca las armas de fuego, municiones y explosivos- siendo per se un problema muy serio y delicado, se presenta, por regla general, unido a los fenómenos delictivos antes esbozados, lo que agrava y multiplica sus perniciosas consecuencias.	Es reconocido también que el término del conflicto Este-Oeste generó, con una virulencia inusitada, el resurgimiento del nacionalismo en diversas regiones del orbe y de conflictos bélicos internos, en los que las armas pequeñas fueron el principal armamento usado. Su tráfico, diseminación y circulación exacerbaron tales disputas, aumentando el grado y duración de las hostilidades. La disolución de varios Estados significó, por su parte, que los arsenales de armas destinados a la seguridad pública o a la defensa fuesen canalizados al mercado negro.	Numerosas investigaciones y estudios estadísticos ratifican que el empleo de las armas pequeñas y ligeras provocan el mayor número de pérdidas humanas. Así, hay estadísticas de las Naciones Unidas que dan cuenta de que el 90 por ciento de las muertes y heridos producidos en conflictos son consecuencia de la utilización de dicho armamento.	Los esfuerzos aislados, puramente nacionales, no son hoy suficientes para encarar y resolver eficazmente cualquiera de tales retos delictivos, en particular el negocio ilícito de armas. Nuestra región no conoce conflictos armados como los que acusan otras zonas o países, por lo que dicho comercio tiene un impacto en el crimen transnacional organizado, terrorismo y narcotráfico. Afortunadamente hay conciencia en el hemisferio de que las únicas vías válidas para acometer con éxito desafíos de la magnitud de los bosquejados son la cooperación y el diálogo.	Lo anterior explica que el 14 de noviembre de 1997, 29 Estados miembros del Sistema Interamericano, entre ellos Chile, hayan suscrito la Convención en informe, con el propósito fundamental de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.	La Convención, cuyo contenido normativo se reseña más adelante, no menciona al mundo no gubernamental en general ni a la sociedad civil en particular, pese a que la cuestión sobre proliferación de las armas pequeñas y ligeras ha llegado a ser también una preocupación de los sectores no oficiales, los que han abogado por la puesta en vigor de acciones más estrictas en el combate estatal o interestatal a la proliferación de las armas pequeñas, aunque todavía no con el vigor que mostraran las ONG respecto de la prohibición de las minas antipersonal.	En el preámbulo, los Estados Partes formulan diversas declaraciones, en las que dejan constancia, fundamentalmente, de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de los Estados y de la región en su conjunto, lo que pone en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz.	Además, expresan su preocupación por la vinculación que tales actividades tienen con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.	Para luchar contra la fabricación y el tráfico ilícitos de tales armas de fuego, municiones, explosivos y materiales, los Estados Partes establecen, mediante esta Convención, un mecanismo de cooperación internacional y se comprometen, por una parte, a adoptar medidas apropiadas a nivel nacional, regional e internacional, conforme a resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de armas convencionales y a la necesidad de todos los Estados de garantizar su seguridad y, por otra, a fortalecer los mecanismos internacionales de apoyo a la aplicación de la ley, tal como el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol.	Por último, dejan constancia de que esta Convención no pretende desalentar o disminuir actividades lícitas de recreación o esparcimiento, tales como viajes o turismo para tiro deportivo o caza, ni otras formas de propiedad y usos legales reconocidos por los Estados Partes. Tampoco compromete a los Estados Partes a adoptar legislaciones o reglamentos sobre la propiedad, tenencia o comercialización de armas de fuego de carácter exclusivamente interno y reconocen que aplicarán su legislación en consonancia con el instrumento internacional en trámite de aprobación parlamentaria.	Los cinco principales compromisos que contraen los Estados Partes son los siguientes:1)	Tipificar en el orden interno los delitos de fabricación y de tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, en los grados de participación, asociación, confabulación, tentativa, incitación, facilitación o asesoramiento en relación con su comisión.2)	Declararse competente respecto de dichos delitos cometidos en el territorio del Estado por sus nacionales, por una persona que tenga residencia habitual en dicho territorio o cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite por motivos de nacionalidad.3)	Requerir el marcaje de las armas de fuego que se fabriquen en su territorio, de las que se importen y de las que fueren confiscadas o decomisadas.4)	Confiscar o decomisar las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, y asegurarse de que, en tales casos, ellas no lleguen a manos de particulares o del comercio por la vía de subasta, venta u otros medios, y5)	Adoptar medidas de seguridad para evitar que tales elementos que se importen, exporten o estén en tránsito en sus respectivos territorios sufran pérdidas o desviaciones, comprendido el establecimiento de sistemas eficaces de control de las operaciones de comercio exterior.	La Comisión escuchó a la ministra de Defensa Nacional, señora Michelle Bachelet, y al director de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Luis Winter Igualt.	La ministra sostuvo que la materia de esta Convención se reguló por primera vez a nivel interamericano, y que después ello fue asumido por otros países, incluso por la misma Organización de las Naciones Unidas. Agregó que la Dirección General de Movilización Nacional no ve en este instrumento internacional ningún elemento que, desde el punto de vista de la defensa nacional, sea incompatible con lo definido por el país. Precisó que Chile dispone de órganos y de niveles de control que van más allá de la Convención.	Enfatizó que el control que regula la ley Nº 17.798, es sobre armas que pertenecen a particulares; por ello, sostuvo que es importante la confidencialidad de la información. Frente a esto, señaló que la Convención establece que los Estados Partes no están obligados a ir en contra de las reservas que impongan sus constituciones políticas o leyes internas. Así, la ley Nº 17.798 establece que la información confidencial sobre armas privadas se entrega solamente a la policía y a los tribunales para fines específicos, y que Chile no puede entregar información o modificar su normativa interna para entregarla a los demás Estados Partes.	Opinó que la Convención armoniza con nuestra normativa interna e informó que será la Dirección General de Movilización Nacional la entidad que coordinará su cumplimiento en nuestro país.	El señor director de Política Especial de la Cancillería afirmó que el tráfico y fabricación ilícitos de armas juega un rol importante en la Red de Seguridad Humana, creada en la ONU, e integrada por Austria, Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Países Bajos, Suiza, Tailandia y Sudáfrica. Destacó que Chile es el primer país escogido por la ONU para efectuar un seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema.	La Comisión acordó, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara la aprobación de la Convención y sus anexos, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos por el mensaje.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.	El señor MASFERRER.- Señora Presidenta, es poco lo que se puede agregar al completo informe rendido por la diputada señora Carmen Ibáñez, al cual adhiero.	Para no ser repetitivo, quiero manifestar que la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente este proyecto de alcance internacional, porque es un reconocimiento al país y de esa manera somos consecuentes con lo que se ha venido haciendo en el último tiempo en materia de convenios.	Deseo dejar constancia de que este tratado no representa costo alguno, porque habrá una ayuda internacional.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señora Presidenta, después de escuchar el completo informe de la diputada señora Carmen Ibáñez, en el que se deja de manifiesto el trabajo desarrollado por la Comisión de Relaciones Exteriores, no queda más que señalar la importancia de la ratificación de esta Convención.	Ojalá que este tratado sea ejecutado con rigor por parte de los organismos técnicos, porque lo que busca es enfrentar el tráfico de armas en constante aumento en el mundo. Por antecedentes de prensa y otros, sabemos que en algunos lugares de Sudamérica, en especial en Iguazú, denominado la “triple frontera”, donde convergen Paraguay, Argentina y Brasil, se ha creado un nicho de tráfico de armas. Lo más grave es que, a partir de ciertas impunidades, ha sido reconocido como un lugar para grupos terroristas que llevan a cabo transacciones ilegales de armas.	Por ello, es indispensable que los países latinoamericanos asumamos este problema desde la perspectiva de una fuerte punición. Hay que tomar en cuenta que los países del primer mundo suelen reprochar públicamente el tráfico ilícito de armas, pero, por otra parte, poseen grandes industrias de armamento y, al momento de hacer negocios, no consideran con mayor rigor a quién le venden. En consecuencia, estamos frente a un mundo que exhibe un doble discurso al respecto.	Hago presente que en materia de convenciones internacionales sobre tráfico de armas, normalmente Estados Unidos no concurre con su firma, debido al lobby de las grandes empresas privadas y públicas de armas de esa nación que se oponen, desde el punto de vista económico, a su suscripción.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación el proyecto.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Álvarez, Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Burgos, Ceroni, Correa, Egaña, Escobar, Espinoza, García (don René Manuel), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Kast, Lagos, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Moreira, Norambuena, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Rojas, Salaberry, Salas, Silva, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vidal (doña Ximena), Vilches y Von Mühlenbrock.-o-	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Informo a la Sala que a las 12 horas comenzaremos a discutir el proyecto de ley que otorga beneficios al personal de la salud primaria.	Como el proyecto está calificado como de “discusión inmediata”, debemos despacharlo hoy; por lo tanto, lo estudiaremos en general y en particular al mismo tiempo.FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DE PERÍODO PRENATAL. Primer trámite constitucional.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal.	Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Francisco Bayo.	Antecedentes:	-Moción, boletín Nº 1309-13, sesión 27ª, en 4 de agosto de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 9.	-Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 21ª, en 14 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor diputado informante.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por su deferencia conmigo, al designarme diputado informante de este proyecto de ley.	Actos como éste, revitalizan el espíritu de un parlamentario y de un Congreso tan vilipendiado durante el último tiempo. Aquí se demuestra que, frente a problemas de interés general, impera el reconocimiento de los hechos acaecidos en el pasado y en el presente. Por eso, al autor de esta iniciativa, presentada en 1994, junto al diputado señor Seguel y a los ex diputados señores Elizalde, León y Marina Prochelle, se le entregó este alto honor de informar sobre el proyecto.	Asimismo, deseo hacer resaltar la importancia que el Ejecutivo ha dado a la materia con la participación personal y relevante del ministro del Trabajo, don Ricardo Solari, y de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, doña Adriana Delpiano. Creo que ello ha contribuido a concordar un proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión respectiva.	Entrando en materia, debo recordar que lo referente al reposo maternal está consignado en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, de 1931, que consagra un conjunto de normas muy rígidas y que han quedado obsoletas, especialmente frente a la presencia creciente de la mujer en el mundo del trabajo.	Originalmente, el permiso de maternidad abarcaba las seis semanas anteriores al parto e igual cantidad de tiempo después de él. Con posterioridad, sucesivas modificaciones ampliaron el plazo de permiso maternal posnatal de las seis semanas originales hasta llegar a las doce que establece el artículo 195 del Código del ramo, pero flexibilizando la normativa referente a la aplicación del fuero en ciertos casos.	El antecedente conocido por todos acerca de la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral, nos motivó para presentar el proyecto que hoy se discute, que tiene por objeto otorgar a la mujer trabajadora la opción de trasladar una fracción de su permiso prenatal al final del período posnatal. Este derecho de opción está dirigido a las mujeres que optan por privilegiar una extensión del período de permiso posterior al parto a fin de contar con mayor tiempo para dedicarse a la crianza y atención del recién nacido, sin que por ello se vea comprometida su salud y la de su hijo en el período anterior al parto.	De hecho, innovar en estas materias importa promover una gran discusión acerca de dos ejes valórico-jurídicos de gran trascendencia social y particularmente laboral. Por una parte, es comprensible y positivo que la normativa laboral avance hacia espacios de mayor flexibilización que signifiquen también mayor acceso de la mujer al empleo, más aún cuando todos los estudios económicos indican que la progresiva incorporación de ella al mundo del trabajo significa una baja directamente proporcional de los índices de pobreza, a través de la obtención de un segundo ingreso familiar, como del hecho de enfrentar sola la jefatura de hogar.	Por otra parte, también es atendible que en el caso particular de la trabajadora embarazada, el Estado tenga una tendencia natural a establecer criterios de protección excepcionales, atendida la significación que el embarazo tiene en una comunidad como la nuestra y también para la internacional, lo que se expresa a través de la suscripción de una frondosa red de convenios sobre la materia.	Entre estos dos ejes se ubica la discusión presente, en la que además se agrega el hecho de que los constantes mejoramientos en los estándares de la salud pública materno infantil y los avances tecnológicos que permiten una creciente certeza sobre el real estado de salud de la madre y el hijo, incorporan mayores espacios para flexibilizar algunas de las normas de un Código que rige desde 1931, y que tan latamente fueron analizadas. En esta materia, el Estado no abandona su rol protector de la maternidad y de la salud de la mujer trabajadora.	La idea matriz fundamental del proyecto consiste en establecer un sistema que permita a la mujer trabajadora embarazada extender su período de trabajo durante su permiso prenatal y ampliar, en consecuencia, su período posnatal, potenciando favorablemente los vínculos afectivos del recién nacido y su madre, además de mejorar las posibilidades de crecimiento saludable del menor. En esto, la comprobación científica resulta irrefutable.	La Comisión estimó que el proyecto no contiene artículos que revistan carácter de normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.	Para su análisis, destinó varias sesiones, a las cuales asistieron el ministro del Trabajo y Previsión Social y las personas que figuran en el informe que sus Señorías tienen en su poder. Además, recibió estudios del departamento femenino de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y de responsables de la formación clínica en las universidades Católica y de Chile y otros elementos relacionados con la materia en discusión.	El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión del 2 de abril del año en curso.	En el transcurso de su análisis general, el Ejecutivo manifestó que el tema necesariamente debe ser abordado de manera que se logre compatibilizar tanto la protección a la trabajadora embarazada como la idea de asegurar condiciones favorables a la contratación de mano de obra femenina, en el escenario de un país que no goza de buenos índices de inserción de la mujer en el ámbito laboral.	En este orden de cosas, el ministro del Trabajo y Previsión Social enfatizó la especial preocupación de las autoridades en potenciar la permanencia de la madre junto a sus hijos, sobre todo si éstos son recién nacidos. Respecto del uso de los períodos prenatal y posnatal manifestó que se deben considerar tres elementos o ideas matrices:l)	La protección de la mujer trabajadora embarazada;2)	Evitar el abuso de los empleadores, y3)	Que la decisión de la administración de estos períodos no puede quedar sólo al arbitrio o negociación de las partes, sino que debe intervenir un tercero especialista, un médico, que vise previamente, de acuerdo con los antecedentes que giren en torno de cada caso en particular.	Por su parte, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, demostró la preocupación de su servicio por el reposo prenatal, pero no objetó los beneficios indudables que en su esencia y en sus objetivos tiene el proyecto en análisis.	En su oportunidad, el Departamento Femenino de la Central Unitaria de Trabajadores señaló que el estatuto del fuero maternal chileno ha sido siempre usado como ejemplo de protección a la maternidad. Además, que desde esa perspectiva el proyecto podría ser un mejoramiento para el uso del descanso de la trabajadora, pero que debe ser normado de tal manera que no se deforme el origen del fuero maternal.	En este contexto, la Comisión recibió la opinión de expertos médicos, como el doctor Alonso Rioseco, quien manifestó que el proyecto representa una propuesta interesante que podría beneficiar a un número importante de mujeres que cursan un embarazo fisiológico y cuya situación es compatible con la transferencia de un descanso prenatal al posnatal, reconociendo la existencia de elementos peligrosos como eventuales decisiones inadecuadas si no se cuenta con la opinión de un médico o de que el empleador presione a la empleada a tomar el descanso legal en el momento que a él más le convenga.	Concretamente, en un informe de la Universidad Católica, el jefe de Neonatología, doctor Enrique Oyarzún, dice que el descanso prenatal no siempre es necesario por razones específicas de salud; el embarazo no es una enfermedad, pero sí el descanso posnatal es siempre una necesidad. Numerosos estudios científicos demuestran la importancia de la relación de la madre con su hijo en los primeros meses y los efectos que esto tiene en los lazos psicoafectivos en el desarrollo del niño, en su estabilidad emocional y en la protección de enfermedades.	Hace tres días recibimos a la Sociedad Chilena de Pediatría, cuyos representantes expresaron su preocupación por que el período de lactancia materna incluso se extendiera, como mínimo, a seis meses después del parto.	En la discusión particular, el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva que recoge en plenitud el espíritu de la moción y la perfecciona, de manera de agregar, a continuación del artículo 195 del Código del Trabajo, un artículo 195 bis para que la trabajadora pueda, “previa autorización escrita de médico o matrona, optar por trasladar hasta tres semanas del período de descanso prenatal al período posnatal. La trabajadora deberá comunicar por escrito al empleador tal decisión, con copia a la Inspección del Trabajo, con una antelación de al menos dos meses a la fecha probable del parto”.	Además, “si la madre hiciere uso de reposo dispuesto por licencia médica, la trabajadora deberá hacer uso de inmediato del período de descanso que restare, trasladándose al período posnatal sólo aquellos días que hubiere efectivamente trabajado”.	Con esta modificación se pretende otorgar un tratamiento integral a la materia en discusión, evitando el mal uso que se le pudiera dar a una legislación que está orientada a la protección de los derechos de la madre trabajadora y del recién nacido.	Asimismo, se plantearon otras indicaciones, de las cuales la más importante fue la presentada por el diputado señor Alejandro Navarro, para agregar, con las adecuaciones del caso, el siguiente inciso segundo al artículo 195 del Código del trabajo: “En el caso de parto prematuro los días restantes para completar el período de descanso prenatal, se trasladarán íntegramente al período de descanso posnatal”, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.	No existen opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general y sólo consta una indicación rechazada y otra declarada inadmisible; la primera, del diputado señor Salaberry, y la segunda, del que habla y de los diputados señores Mora, don Waldo; Monckeber, don Nicolás; Tapia, don Boris, y Vilches, don Carlos, en términos de que los días del período prenatal que se trasladen al posnatal no podrán ser compensados en dinero, pues se concluyó que estaba considerada en el texto del proyecto.	Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión recomienda la aprobación del proyecto cuyo objetivo es otorgar a la mujer trabajadora embarazada la opción de trasladar parte de los días de su permiso prenatal a fines del período posnatal.	Debo destacar que este derecho puede ser solicitado previa autorización escrita de un médico especializado, para proteger mejor los derechos de la mujer trabajadora embarazada y potenciar los vínculos afectivos del recién nacido y su madre, con lo que se beneficiarán todas las mujeres que cursen un embarazo fisiológico.	También se considera que, en caso de parto prematuro, los días no ocupados se trasladarán íntegramente al período de descanso posnatal.	Sin perjuicio de lo anterior, la trabajadora podrá solicitar por escrito a su empleador, a más tardar durante la séptima semana del período posnatal, que esa adición sea por el doble de los días trasladados, período en que prestará servicios sólo por la mitad de la jornada legal. Así, se prolongará el período de amamantamiento de su hijo más allá de los cuatro meses, si así lo conviene el empleador con la trabajadora.	Por último, hago presente que el proyecto no tiene costo adicional para el Estado y reitero que la Comisión recomienda su aprobación.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.	El señor SEGUEL.- Señora Presidente, en primer lugar, felicito al diputado señor Bayo por ser el principal autor del proyecto y haber entregado un buen informe.	La iniciativa llevaba muchos años en la Comisión de Trabajo. Incluso, con la diputada Adriana Muñoz, entre otros, evitamos que se archivara. La discutimos en varias oportunidades, durante cuatro años, período en que el diputado señor Bayo, lamentablemente, no nos acompañó en la Cámara. Felizmente ha vuelto a ser sometida a consideración de la Sala.	Sin embargo, imaginé que íbamos a contar con la presencia de todas las colegas parlamentarias, al igual que cuando se discutió el proyecto relativo al acoso sexual. Por eso me llama la atención que haya sólo cuatro damas, ya que considero que son las que mejor defenderían la iniciativa. En todo caso, trataré de hacer lo posible para lograr su aprobación por unanimidad.	Para los efectos de la historia de la ley, diré que el proyecto inició su tramitación en 1994, la que luego quedó paralizada. Al respecto, existían posiciones divergentes. Los ministros del Trabajo y del Sernam de la época eran firmes partidarios y aportaron ideas. Sin embargo, la posición oficial del Ejecutivo debía ser expresada por el ministro de Salud, y fue una gran sorpresa saber que él se oponía a la iniciativa. Dicha discrepancia figura en las actas de la Comisión de Trabajo. Los representantes del Ministerio de Salud de la época sostuvieron que el fuero maternal, prenatal y posnatal, es un beneficio propio de la madre y que no debía ser modificado, lo que reafirmaron estudios de las universidades, en el sentido de que el prenatal, por ningún motivo o causa, debe flexibilizarse. Eso obligó a la Comisión, después de haber escuchado -como lo dijo el diputado Bayo- al Departamento Femenino de la Central Unitaria de Trabajadores, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, y a los ministerios, a suspender la discusión, para evitar -a raíz de la opinión negativa del Ejecutivo- que se rechazara, a sabiendas de que se trataba de una materia digna de discutirse.	Después de un par de años, volvimos a discutir el proyecto. Nos encontramos con la grata sorpresa de que los ministerios del Trabajo, de Salud y el Sernam lo respaldaron. Dijeron que era posible la modificación que proponíamos en principio, y que les interesaría colaborar con una indicación sustitutiva en el aspecto formal, pero no en el de fondo.	En un principio, planteamos que el prenatal de cinco semanas se podía cambiar, y sostuvimos una larga discusión con el Ejecutivo. Como el diputado Bayo conoce bien la materia, por su calidad de médico, sabíamos que ello era posible.	Lo conversamos con otros señores parlamentarios y señoras parlamentarias, quienes nos dijeron que, si la condición de la mujer lo permitía, se podía extender de cinco a seis semanas el beneficio. Se nos manifestó: ¿Por qué no hacerlo? ¡Dejémoslo al criterio de la mujer trabajadora!	Hubo muchos planteamientos en ese sentido. Nosotros queríamos que el período de extensión fuera de cinco semanas, pero, en vez de nada, tres semanas era prácticamente el 50 por ciento de lo que queríamos. Representaba un gran avance. Lo acogimos y se formularon las modificaciones necesarias. 	Como bien lo explicó el diputado informante, la trabajadora podría concordar con su empleador, recomendada por un médico, que esas tres semanas se anexaran al posnatal, y que durante ese tiempo trabajara media jornada. Eso se alargaría de tres a seis semanas y llegaría a un total de dieciocho semanas, lo que nos parece un logro importante y bastante bueno.	A raíz de la aprobación de este proyecto en la Comisión de Trabajo, se formularon muchas opiniones. Incluso un diputado, que es médico, dijo públicamente -ahora no se encuentra presente- que pediría ampliar el posnatal, ojalá a seis, ocho o doce meses, lo cual me molestó, porque estuvimos muchos meses trabajando en el proyecto y él no concurrió a la Comisión o a la Sala a darnos a conocer su opinión. ¿Por qué sostiene que es bueno tener un año de posnatal? ¿Por qué no nos entregó su aporte?	Otros parlamentarios quieren revisar el proyecto, que ya lleva ocho años de tramitación en la Comisión de Trabajo. Cada miembro de la Comisión, el diputado Bayo, de Renovación Nacional; quien habla, de la Democracia Cristiana; los diputados del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, durante todos estos años supimos que existía el proyecto. Ahora, que lo hemos aprobado, quieren hacer indicaciones o reestudiarlo. Nos parece poco serio desconfiar del trabajo de la Comisión y de nuestra preocupación y dedicación.	Vamos a insistir en su aprobación, y ojalá sea por unanimidad. 	¿Qué propondremos más adelante? A raíz del planteamiento de las mujeres, porque, como todos bien sabemos, no es una enfermedad, sino un estado normal de embarazo, creemos que el prenatal puede negociarse o llegarse a un acuerdo con el empleador para extenderlo a seis semanas.	Nos interesa conocer la opinión de las mujeres que llevan a su hijo en el vientre. El padre se siente feliz con el embarazo de su esposa o compañera, pero quienes viven la hermosa situación del embarazo tienen la obligación de decirnos si es bueno modificar todo el prenatal y cambiarlo a jornada completa o a media jornada. Por lo tanto, invito a las parlamentarias que han sido mamás, como también a las que no lo han sido a que nos ayuden en este sentido.	Antes de finalizar, espero que ninguna parlamentaria en edad fértil se inhabilite de votar, como dijo el diputado señor Dittborn. Aunque les afecte o favorezca la decisión, no se inhabiliten las mujeres en edad fértil, porque esto no tiene nada que ver con el planteamiento del otro día.	Por último, anunciamos nuestros votos favorables y esperamos las recomendaciones que nos formulen las distinguidas damas sobre el proyecto.	Muchas gracias.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.	El señor SALABERRY.- Señor Presidente, espero que el proyecto tenga viabilidad mientras no se elimine el subsidio maternal.	Como planteaba el diputado Seguel durante la discusión en la Comisión de Trabajo, la voluntad mayoritaria, casi unánime, ha sido privilegiar y profundizar en el tema del fuero maternal y de los permisos prenatal y posnatal. 	El fortalecimiento de los vínculos afectivos entre la madre y el recién nacido ha sido nuestra preocupación, pues así se mejoran las posibilidades de crecimiento del niño. Sin embargo, en la discusión respecto de cuánto tiempo se traslada del prenatal al posnatal, y si este traslado puede ser, en algunos casos, de media jornada -hay opiniones médicas, aunque no es un problema de salud- lo recomendable es que la madre se mantenga muy cerca del niño en los primeros meses de vida.	Presenté una indicación en la Comisión de Trabajo, que fue rechazada, tal como se consigna en el informe, por un problema bastante menor, a mi juicio, de procedimiento. 	Al no darse la oportunidad de que la indicación resolviera el problema en la Comisión, junto con las diputadas señoras Cristi y Cubillos, la semana pasada repusimos la indicación en la Sala.	El tema se refiere a cómo ampliar parte de este período posnatal, permitiéndole a la madre trabajadora compartir más tiempo con su bebé, acordando con el empleador trabajar media jornada. 	La indicación que se rechazó aparentemente por convenios internacionales, por cuanto no se puede separar a la madre del hijo antes de la sexta semana por el amamantamiento.	Por lo tanto, proponemos que, a más tardar desde la sexta semana del posnatal, la trabajadora pueda establecer, de común acuerdo con su empleador, que prestará servicios por la mitad de la jornada legal o de la estipulada en el respectivo contrato, por el doble del período posnatal que restare, es decir, si le quedan seis semanas de posnatal éstas se transformarán en doce, trabajando media jornada. En consecuencia, tendría un período posnatal cercano a los cuatro meses y medio, es decir, se agrega un mes y medio al posnatal.	Es importante señalar que los acuerdos relativos al traslado del período de descanso prenatal al posnatal, o la duplicación del período que resta del posnatal tendrán vigencia -porque serán consignados como anexo del respectivo contrato- sólo respecto del embarazo que da origen al acuerdo.	El hecho de que el trabajo de media jornada deba contar con el acuerdo del empleador se debe a que ello supone una adecuación de la estructura organizacional de la empresa.	Ignoro si la indicación se puede resolver en la Sala, aunque hubo un ánimo favorable en la Comisión a este respecto, pero si el proyecto vuelve a Comisión nuestra bancada lo votará favorablemente.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, a pesar de los esfuerzos realizados, aún vivimos en un país y en una sociedad en la cual lamentablemente existen muchos tipos de discriminación que afectan sobre todo a la mujer, no sólo en sus relaciones laborales cuando está inserta en el mundo del trabajo, sino también en el acceso al mismo y en otras que se manifiestan en el quehacer cotidiano.	Hace pocos días -disculpen que emita en la Sala un ejemplo particular de mi región-, me correspondió ver con tristeza la situación que vivía una joven madre que había sido despedida del trabajo hacía sólo pocos días por su empleador, teniendo prácticamente ocho meses de embarazo.	Esa situación refleja que aún se cometen abusos, a pesar de las normas que, supuestamente, salvaguardan la condición de la mujer. Un ejemplo muy anecdótico refleja el hecho de que las multas que se aplican por este tipo de infracciones son absolutamente ineficientes.	He querido dar este ejemplo como una clara demostración de que lo que sustenta el proyecto en su idea matriz es bastante importante, cual es otorgar mayor protección a la mujer trabajadora; evitar -como dice el informe- el abuso de los empleadores en el desempeño de las funciones laborales donde se encuentran insertas las mujeres, e incluir -lo establece en su tercer punto- a una tercera persona en la decisión que determine el traslado de hasta tres semanas del período prenatal para que la mujer pueda permanecer mayor tiempo con su hijo en el período posnatal.	Vamos a votar favorablemente el proyecto sólo si se dan ciertas condiciones importantes que permitan que la iniciativa se traduzca en elementos positivos para la mujer y no se conviertan, en la práctica, en disposiciones que no puedan ser fiscalizadas en su momento y perjudiquen abiertamente la situación de las mujeres trabajadoras, que merecen todo nuestro respeto y también, por cierto, el de sus empleadores.	Considero que el proyecto es importante, porque hay mujeres que se encuentran en buenas condiciones de salud en el período prenatal. Además, trasladar parte de ese período de descanso les permitiría trabajar algunas semanas más en su lugar de trabajo, y compartir más tiempo con su hijo en el período posnatal.	Valoro el proyecto en la medida en que sus disposiciones sean optativas y siempre que se incluya la certificación de un médico que recomiende dicha situación.	Para culminar, el diputado señor Salaberry señaló que el proyecto es importante en la medida en que no elimine el subsidio maternal. A ese respecto, debo señalar que jamás se ha pensado en suprimirlo. Plantear siquiera la idea es egoísta, ya que no ha sido en absoluto considerado en el proyecto y tampoco se incluye en el plan Auge.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.	La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, anuncio mi voto en contra del proyecto, porque, aunque considero que es una proposición interesante, nos involucrará en una normativa que, lejos de proteger a la mujer embarazada que está pronta a ser madre, la llevará francamente a una desprotección mayor que la que tiene hoy.	El proyecto se inscribe dentro de una tendencia legislativa moderna que se ha desarrollado con intensidad en varios países del mundo, la cual parte del supuesto de que las normas de protección a la maternidad tienen un efecto perverso en las trabajadoras cuando son madres, porque desde el momento en que una mujer se embaraza y se convierte en madre, desde el punto de vista de la lógica económica y natural del mercado, pierde rentabilidad e interés productivo.	En ese sentido, a nivel mundial y también en la propuesta del diputado señor Bayo, presentada en su primer período como parlamentario, se inscribe en este interesante debate cómo revisar las normas de protección a la maternidad, que son de antigua data y que, a lo mejor, no tienen vínculo con la lógica y dinámica actual del mercado nacional e internacional.	Debemos ser muy cuidadosos cuando revisemos dichas normas, sobre todo las relativas al subsidio maternal y al prenatal y posnatal, porque cuando pensemos en la protección de la madre no debemos olvidar que el eje central es el niño que está por nacer.	El proyecto establece una serie de medidas de precaución, en el sentido de que sólo bajo certificación médica la mujer puede solicitar a su empleador que le permita trabajar más semanas del período de descanso prenatal para trasladarlas al posnatal.	Sin embargo, quiero plantear mi reserva sobre la propuesta, en el sentido de que hoy nuestro mercado laboral, en lo fundamental, es exclusivo de la mano de obra, y se funda básicamente en la tecnología y en la incorporación de nuevas y modernas maquinarias, que aceleran la producción y la productividad de las empresas y expulsan masivamente la mano de obra, lo que, por cierto, se hace con mayor rapidez respecto de las mujeres que de los jóvenes.	En este sentido, el proyecto trata de resguardar -creo que con buen ánimo- la posibilidad de que las mujeres no sean expulsadas del mercado de trabajo por estas normativas de protección de la maternidad, a lo mejor, pensadas en forma extrema.	Sin embargo, verdaderamente tengo aprensiones respecto de la facultad para fiscalizar estas normas a través del Código del Trabajo y del respeto que pueden tener algunos empresarios por los acuerdos establecidos entre la trabajadora y el empleador, los cuales se fundan en lo que hoy hemos podido ver, en cuanto a la sucesiva transgresión de los derechos laborales, particularmente los relativos a las mujeres. En la Inspección del Trabajo hay gran número de denuncias por la transgresión y el no respeto del fuero maternal.	Hoy tenemos consagrada una norma respecto del fuero maternal, en cuanto a que una mujer en esas condiciones no puede ser despedida; pero eso ocurre, y nadie hace nada.	Por eso mi preocupación no es respecto de la virtud de la norma, sino de flexibilizar la maternidad en función de la lógica del mercado, que es lo que realmente inspira esta proposición. Hoy se flexibilizan los períodos prenatal y posnatal, a fin de no hacer a las mujeres absolutamente poco atractivas para el mercado.	Tengo desconfianza de que se pueda ejercer realmente una fiscalización respecto de estos acuerdos. No sé hasta qué punto serán voluntarios o llevarán a las mujeres a entrar en estos acuerdos para no perder el empleo, sobre todo cuando muchas veces, en su desesperación por no perder el empleo -no olvidemos que en Chile existe un millón y medio de mujeres jefas de hogar-, pueden llegar a exponer la vida del hijo que está por nacer.	Ésos son los reparos que tengo al proyecto, porque desconfío absolutamente de nuestras facultades fiscalizadoras, ya que no hay una cantidad suficiente de fiscalizadores; además, porque en la Inspección del Trabajo hay gran cúmulo de denuncias que no llegan a puerto, que no se resuelven.	Por eso, aun cuando existe buena intención y la iniciativa obedece a los procesos actuales de debate sobre las normas de protección de la maternidad, creo que, en lugar de proteger a las mujeres, las puede llevar a una progresiva desprotección de la salud del niño que está por nacer.	Por último, quiero expresar mi preocupación por lo señalado por el diputado señor Salaberry respecto del subsidio maternal. Creo que los anuncios hechos son carentes de fundamento, ya que no hay ninguna propuesta para eliminar el subsidio maternal, sino para volver a discutir su fuente de financiamiento. La propuesta del Gobierno me parece altamente interesante, porque traslada a la sociedad la responsabilidad sobre la maternidad, porque ella no sólo es responsabilidad de las mujeres, del padre del niño que nacerá, del empresario o del Estado, sino de todos. La sociedad debe asumir que la gestión, el embarazo, el nacimiento y el crecimiento de los niños es responsabilidad de toda una sociedad. Por tanto, me parece interesante la propuesta, en el sentido de ampliar la fuente de financiamiento del subsidio maternal.	Por otro lado, debe existir la misma preocupación acerca de la situación que viven las mujeres en los planes de las isapres, ya que ha habido un atentado permanente de éstas en contra de las mujeres que se embarazan. Ésa debió haber sido una preocupación muy importante hace algún tiempo, en cuanto a evitar la existencia de una fuente de discriminación en las isapres para las mujeres que se embarazan.	Por las razones expuestas, tengo serios reparos al proyecto, aun cuando deberá volver a la Comisión, ya que fue objeto de indicaciones.	Se ha iniciado un debate interesante sobre el tema, con una inspiración positiva, en el sentido de modernizar nuestras normas, pero puede haber un peligro inminente en cuanto a la protección de las mujeres, no sólo respecto de la maternidad, sino también a la salud, a la calidad del embarazo y a la gestión de sus hijos.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.	La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, primero, quiero referirme a las palabras del diputado señor Seguel, en cuanto a que las mujeres que estamos en edad reproductiva no podríamos votar el proyecto, pero que quienes hemos optado por tener un plan sin útero hoy lo podemos hacer y estar tranquilas.	Sin duda, el hecho más importante para una mujer es el nacimiento de sus hijos. Del mismo modo, no existe amor más grande que el que uno siente por su familia. Sin embargo, los cambios culturales en Chile respecto a la inserción laboral de la mujer han ido cambiando notablemente. Incluso, entregaré algunas cifras.	En la década de los 90, había un 30,9 por ciento de fuerza laboral femenina; en 1990, alrededor del 35,3 por ciento. Sin embargo, esta participación en el mundo laboral es mucho menor que en el resto de los países de América Latina, que en 2000 alcanzó a alrededor del 44,1 por ciento. No quiero dejar de mencionar a países como Canadá y Estados Unidos, donde más del 59 por ciento corresponde a la fuerza laboral femenina.	Por otro lado, en 1980, la mujer contraía matrimonio en edad promedio de 23,8 años; en 1999 esta realidad cambió, y la mujer contrajo matrimonio alrededor de los 27 años.	Del mismo modo, el promedio de edad en que las chilenas tienen su primer hijo es de alrededor de 26 años; el segundo, a los 28 años, y el tercero, alrededor de los 32 años.	Por otra parte, en 1960 la mujer tenía alrededor de cinco a seis hijos por familia; hoy, los últimos informes del censo indican que tiene, en promedio, 2,2 hijos por familia.	Por otra parte, el control riguroso de la natalidad y del embarazo ha sido una de las preocupaciones más importantes en materia de salud pública del Ministerio, lo que se ha reflejado en una disminución de la tasa de mortalidad infantil y de madres en el parto. 	Cabe destacar que el 76,2 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se encuentran en el sistema de salud público.	Estos antecedentes demuestran cambios culturales y dicen relación con el aumento de la inserción de la mujer en el mundo laboral, con cambios en sus conductas reproductivas y con un mejoramiento en el período de control de la gestación. Ello hace necesario pensar que estas cifras reflejan, sin duda, una mirada distinta de la sociedad en este mundo de la mujer y de la familia. Sin embargo, este cambio no ha ido acompañado de iniciativas y de medidas que ayuden a conciliar la vida laboral y familiar de la mujer chilena. Por ejemplo, hoy no es posible que las mujeres se sientan culpables de trabajar y de tener una familia.	La protección de la maternidad, de la mujer embarazada, que se encuentra incorporada en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, es bastante antigua, pues data de 1931, quedando absolutamente obsoleta ante la realidad que hoy vive la mujer trabajadora del nuevo siglo y las cifras que he dado.	Por otra parte, felicito a los legisladores, en especial a los diputados señores Bayo y Seguel por esta iniciativa. Sin duda, las palabras de la señora Presidenta también nos han hecho reflexionar, pensar y, al mismo tiempo, a lo mejor, tener que aprobar esta iniciativa de ley, pero poniendo énfasis en cómo fiscalizaremos estas medidas. 	Señor Presidente, dirigiéndome a las mujeres de nuestro país, es importante cómo debemos conciliar el mundo maternal -el hecho más importante que le ocurre a la mujer- con el mundo laboral, necesidad del mundo de hoy. Flexibilizar estas medidas crea, de alguna manera, la esperanza de que las mujeres podamos trabajar tranquilas, incorporarnos al mundo del trabajo y ver con mayor facilidad la conciliación de dos mundos: el del trabajo y el de la maternidad.	He dicho.	-Aplausos.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que, como este proyecto ha sido objeto de indicaciones, debe volver a Comisión. Ahora bien, sólo falta que haga uso de la palabra el Comité del Partido Radical. No obstante, ha llegado el proyecto, calificado de “discusión inmediata”, que beneficia al personal de la salud primaria y, según lo que establece el artículo 193 de nuestro Reglamento, debe ser tratado sobre tabla. Por lo tanto, si habla el diputado don Alberto Robles por el Partido Radical, comité que aún no ha hecho uso de su tiempo, quedarían inscritas para hacer uso de la palabra las diputadas señora Ximena Vidal, María Eugenia Mella, Laura Soto y Pía Guzmán, y los diputados señores Carlos Vilches, Jorge Burgos, Osvaldo Palma, Andrés Egaña y Francisco Bayo. 	En atención a que a las 12.30 horas termina el Orden del Día, propongo a la Sala votar este proyecto en general, y quienes quedaron inscritos para hacer uso de la palabra tendrían prioridad para hacerlo cuando el proyecto vuelva de la Comisión.	Tiene la palabra el diputado señor Seguel para plantear un punto de Reglamento.	El señor SEGUEL.- Señor Presidente, sólo para advertir dos cosas. Primero, cuando habló el señor Bayo lo hizo como diputado informante; por lo tanto, tampoco ha hecho uso de la palabra el Comité de Renovación Nacional. Segundo, comparto lo que usted ha dicho, pero si existe el acuerdo unánime de la Sala se puede ampliar el tiempo del Orden del Día para terminar la discusión de este proyecto. Lo digo, porque veo que existe mucho interés por parte de las diputadas para intervenir.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, dadas las personas que están inscritas para hacer uso de la palabra, solicito, si lo tiene a bien, que antes de que vuelva a Comisión, terminemos la discusión general del proyecto.	El señor SALAS (Vicepresidente).- ¿Usted propone que hagan uso de la palabra todos los diputados que están inscritos o que votemos?	La señora GUZMÁN (doña Pía).- No, que nuevamente se ponga en tabla para terminar la discusión general y, con posterioridad, vuelva a la Comisión.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, no lo votaríamos en general y la próxima semana se pondría nuevamente en tabla para seguir la discusión y votarlo en ese momento.	¿Habría acuerdo?	El señor BAYO.- No, señor Presidente. Votemos ahora.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bayo.	El señor BAYO.- Señor Presidente, respaldo su proposición de que hagan uso de la palabra los Comités que faltan y que, posteriormente, se vote en general, ya que, de todas maneras, este proyecto volverá a Comisión y con posterioridad, será visto por la Sala. Por lo tanto, no tiene objeto seguir postergándolo. ¡Si ya lleva más de ocho años en esta Cámara! Por eso, soy partidario de votarlo hoy en general.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala ese importante detalle: este proyecto ya lleva ocho años en la Cámara.	¿Habría acuerdo para ello?	Acordado.	Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.	El señor ROBLES.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es dar a las mujeres la posibilidad de trasladar parte de su período prenatal al posnatal. Indudablemente, los beneficios médicos de la lactancia materna son muy altos, pues es la forma de alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico, intelectual y psicosocial del niño, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuadas para el crecimiento y desarrollo de sus órganos, especialmente al sistema nervioso. 	Se ha observado que los niños amamantados son más activos, presentan un mejor desarrollo psicomotor y mayor capacidad de aprendizaje. La leche materna ha sido definida como un fluido bioactivo que permite a los niños, así alimentados, tener menor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y presentar menor incidencia y severidad de éstas. Los niños amamantados tienen menor riesgo de enfermar de diarrea, infecciones respiratorias, meningitis, septicemia e infección urinaria que los que no lo son.	Entre los efectos relativos a la salud de más largo plazo, la lactancia también confiere protección sobre ciertas enfermedades que se presentan en etapas posteriores de la vida, tales como la diabetes insulino-dependiente, las enfermedades cardiovasculares, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, el asma, leucemias, linfomas, obesidad y enfermedades alérgicas. 	La lactancia estimula un adecuado desarrollo maxilofacial y previene las caries; también beneficia la salud de la mujer. Estudios realizados en países desarrollados han demostrado que el amamantamiento, por al menos durante tres meses, puede reducir el riesgo de cáncer de mama y de cáncer ovárico epitelial en un 25 por ciento. Además, aumenta la remineralización ósea después del parto, con lo cual el riesgo de fractura de cadera en mujeres de más de 65 años se reduce a la mitad. 	Al amamantar, el contacto piel a piel y las hormonas propias de la lactancia favorecen el apego y se estimula la creación de vínculos de amor y seguridad entre la madre y el niño.	Señor Presidente, la semana pasada concurrió a nuestra Comisión el doctor Fernando Pinto Lazo, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, quien nos entregó un informe detallado sobre los beneficios que significaría aumentar de 12 a 24 semanas el período de reposo posnatal. La Sociedad de Pediatría también incluyó un estudio económico de los beneficios y costos de tal medida. Por tal razón, sugerí al señor presidente de la Comisión que concertáramos una entrevista con el ministro de Salud para hacerle saber esta propuesta, a fin de aumentar, en nuestra legislación, el período posnatal de 12 a 24 semanas, incluyéndola como una garantía explícita en la ley y en la reforma de salud que estamos discutiendo. Sin embargo, el período de reposo prenatal es también muy importante, tanto para la madre como para el hijo, sobre todo en lo que dice relación con disminuir el parto prematuro o de recién nacidos de bajo peso. También es sabido que en nuestras mujeres, en general las trabajadoras, sobre todo las de clase media y baja, deben desarrollar su actividad laboral con su vientre muy abultado, tomar micros u otro medio de transporte, subir escalas y, en muchos casos, llevar a cabo trabajos muy intensos, todo lo cual influye en el riesgo de ver afectado el parto.	En un primer momento tuve la impresión de que la flexibilización que establece el proyecto podía alterar la posibilidad de que la madre y el hijo tuviesen un buen período prenatal. Sin embargo, como cabe aceptar que la flexibilidad en materia laboral puede ser importante para la mujer trabajadora, he presentado una indicación a fin de intercalar en el artículo 2º, entre “autorización escrita de médico” y “optar por trasladar”, la expresión “especialista en obstetricia y ginecología”, para que sea sólo un médico obstetra especializado en la materia quien permita que la madre traslade parte de su prenatal al posnatal. Con dicha indicación lo que busco es asegurar el buen estado de salud de la madre y que su hijo llegue al mundo en forma adecuada, con toda la seguridad biomédica que se necesita.	Por otro lado, solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto también sea conocido por la Comisión de Salud, debido a que en la actualidad ésta sesiona en el mismo horario que la de Trabajo, lo que impide que los diputados que somos miembros de la Comisión de Salud podamos participar en la evaluación y desarrollo de la iniciativa.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal también sea enviado a la Comisión de Salud?	No hay acuerdo.	Informo a la Sala que la Mesa ha estimado conveniente no efectuar la votación del proyecto en esta sesión, pues el Comité de Renovación Nacional no ha hecho uso de la palabra y algunos de sus integrantes han manifestado que no darán la unanimidad para que el proyecto sea votado en la presente sesión. En todo caso, la Mesa se compromete a que el proyecto sea incluido en la tabla de la próxima sesión, para proseguir con la discusión en general y puedan hacer uso de la palabra tanto los diputados inscritos como otros que quieran inscribirse para intervenir.	Tiene la palabra la diputada señora Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo planteado, siempre que exista el compromiso de que votemos en general el proyecto el próximo martes, una vez cerrado el debate.El señor SALAS (Vicepresidente).- La Mesa determinará el día en que se votará el proyecto.	El señor VILCHES.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor VILCHES.- Señor Presidente, creo que ha sido muy acertada la decisión adoptada por la Mesa de votar en general el proyecto en esta sesión, debido al tiempo de tramitación que éste tiene, razón por la cual estoy dispuesto a renunciar a mi derecho de hacer uso de la palabra.	En ese sentido, propongo que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para votar hoy el proyecto, porque de esa forma agilizaríamos el trabajo de la Cámara.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg.	El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, como en la Comisión de Trabajo ocupamos varias sesiones para la discusión del proyecto, renuncio también a la petición de palabra que había solicitado, a fin de agilizar el debate.El señor SALAS (Vicepresidente).- El primer planteamiento formulado por la Mesa fue votar en esta sesión el proyecto en general y que, luego de que fuera devuelto por la Comisión a la Sala, los diputados ya inscritos tuvieran preferencia en el uso de la palabra. Sin embargo, diputados de Renovación Nacional han planteado a la Mesa que no aceptan que el proyecto se vote en esta sesión, sino que la discusión en general continúe la próxima semana.	Tiene la palabra el diputado señor Palma.	El señor PALMA.- Señor Presidente, encontramos muy importante y legítimo que diputados de nuestra bancada hayan manifestado su intención de hacer uso de su derecho a opinar sobre el proyecto, porque, sin perjuicio del legítimo derecho que también asiste a quienes desean agilizar su tramitación, más de alguno puede aportar valiosas consideraciones a la iniciativa.	Por lo tanto, insisto en que continuemos con el debate y que, al menos, puedan participar los miembros de mi bancada, pues de ella sólo ha podido hacer uso de la palabra el diputado señor Bayo, pero en calidad de informante del proyecto. En consecuencia, propongo que continuemos la próxima semana con la discusión.El señor SALAS (Vicepresidente).- El único diputado del Comité de Renovación Nacional que usó de la palabra lo hizo en calidad de informante, por lo cual propongo que, luego de que intervenga el diputado señor Palma, cerremos el debate.	Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.	La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, me opongo a que votemos en general hoy un proyecto tan importante como éste, porque si bien la iniciativa ha estado ocho años en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ha sido tratado sólo por esa Comisión, en circunstancias de que la Sala es soberana para debatir los temas.	No estamos ante una situación reglamentaria, sino ante un caso que dice relación con el contenido de un proyecto, y la experiencia señala que generalmente se cercena el debate en la Sala por enviar de vuelta los proyectos a las respectivas comisiones.	En ese sentido, me parece muy importante la proposición de la diputada señora Guzmán, porque se requiere debatir más respecto de un tema que es fundamental para las mujeres. No se trata de debatir sólo sobre los aspectos médicos involucrados, sino de una materia que, como mujeres, nos concierne, la cual debemos resolver luego de un debate en la Sala mucho más profundo y colectivo.	Por lo tanto, el proyecto no debe ser enviado de inmediato a la Comisión de Trabajo, porque allí, en virtud de lo que establece el Reglamento, deberán someterse a discusión sólo la dos indicaciones presentadas en los artículos correspondientes.	Como aquí hay un tema de contenido que es importante debatir, sea cual fuere el resultado de la votación en general, solicito que no limitemos el debate que debe efectuar la Sala respecto del proyecto, porque es muy importante transparentar esta materia hacia la opinión pública. En ese sentido, debemos ser transparentes no sólo respecto de los problemas de la Corporación, sino también de los debates y de las visiones que tenemos sobre temas trascendentales, como los que tienen que ver con la maternidad y las mujeres trabajadoras.	En consecuencia, reitero mi solicitud de que continuemos con el debate del proyecto, como lo hemos hecho con muchas otras iniciativas, para lo cual proponemos que sea incluido en el primer lugar de la tabla para la sesión del próximo martes.	He dicho.	El señor BAYO.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero pedir a la Mesa que emita un pronunciamiento definitivo sobre el tema, para que se dé igual trato a situaciones similares.	En la sesión de ayer la Sala prorrogó el Orden del Día para tratar un proyecto tan importante como el que hoy nos ocupa -las modificaciones del Senado a la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres en lo referente al consumo en la vía pública-, ocasión en la cual quedaron más de diez diputado sin poder intervenir, debido a que se cerró el debate y se procedió a votar. Sin embargo, se autorizó a los diputados que no pudieron hacer uso de la palabra para insertar su intervención en la versión taquigráfica.	Por lo tanto, no me queda claro cuál es el criterio que, finalmente, prima en estos casos. A mi juicio, la Cámara no sólo debe actuar conforme a su Reglamento, sino, además, ser consecuente.	En relación con lo anterior, hemos propuesto que se vote en general el proyecto en esta sesión. Sin embargo, los diputados que no alcancen a intervenir pueden incorporar sus discursos en la versión taquigráfica con posterioridad; porque de esa manera el país se enterará de nuestro interés de no poner freno a un proyecto que lleva ocho años en la Cámara y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión respectiva.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, hay cuatro diputadas y cinco diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Por eso, si aplicamos los porcentajes en relación con el escaso número de diputadas y con la mayoritaria cantidad de diputados miembros de la Cámara, claramente las mujeres tenemos prioridad para intervenir. Eso es lo que pido.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- La discusión del proyecto queda pendiente para la próxima semana.	Hago presente que los diputados inscritos tendrán prioridad para hacer uso de la palabra, sin perjuicio de lo cual podrán inscribirse otros parlamentarios.	Respecto de lo planteado por el diputado señor Bayo, debo recordar que el proyecto que aprobamos ayer, referido a las modificaciones del Senado a la ley de Alcoholes, venía con carácter de “discusión inmediata”, motivo por el cual tuvo ese tratamiento, situación distinta de la que tiene la iniciativa que acabamos de discutir.BENEFICIOS A PERSONAL DEL SISTEMA DE SALUD PRIMARIA. Tercer trámite constitucional.El señor SALAS (Vicepresidente).- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de la Corporación, corresponde tratar, sobre tabla, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley que otorga beneficios al personal de la salud primaria.	Antecedentes:	-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2931-11. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, a quien habla le correspondió informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, sobre el proyecto en debate en el primer trámite constitucional. Hoy debemos pronunciarnos sobre las modificaciones propuestas por el Senado, las que, a mi juicio, perfeccionan y mejoran el proyecto.	Quiero recordar que la iniciativa tiene por objeto materializar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Salud, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades. Su aplicación tendrá un costo de 1.650 millones de pesos para 2002, 5.712 millones de pesos para 2003, 7.951 millones de pesos para 2004, 8.571 millones de pesos para 2005, y, en régimen, 10.810 millones de pesos, lo que ocurrirá a contar de 2006. La medida favorece a 24 mil funcionarios de la atención primaria municipal para el período 2002-2006.	¿Por qué es importante aprobar el proyecto? Porque concede un bono no imponible ni tributable de 78 mil pesos a todos los trabajadores del nivel de atención de salud afectos a la ley N° 19.378, en relación con una jornada de 44 horas semanales y proporcional respecto de quienes cumplen una jornada inferior. El cuerpo legal señala que el beneficio se pagará dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley.	La modificación más importante introducida por el Senado se encuentra contenida en la página 3 del boletín comparado y se relaciona con el artículo 4°, referido al mecanismo para otorgar el componente variable de la asignación, en particular al desarrollo y estímulo del desempeño colectivo. El cambio más relevante es al numeral 2) de dicho artículo, que señala que “El Director de cada Servicio de Salud determinará para cada entidad administradora de salud primaria y sus establecimientos, según corresponda, las metas específicas y los indicadores de actividad, en el marco de las metas sanitarias nacionales definidas por el Ministerio de Salud”.	También se propone sustituir el encabezamiento del artículo 4°. El nuevo texto explicita la aplicación de determinadas reglas para otorgar el componente variable de asignación.	Asimismo, el Senado propone intercalar, en los incisos primeros de los artículos 1º y 2º, entre la preposición “de” y la palabra “estímulo”, la expresión “desarrollo y”. Igual modificación se propone introducir en el artículo tercero transitorio. Las demás enmiendas son sólo de carácter formal.	Por las razones expuestas, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto a fin de que los 24 mil funcionarios de la salud primaria de nuestro país reciban este beneficio en el más breve plazo.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza.	El señor ARTAZA (Ministro de Salud).- Señor Presidente, sólo para ratificar lo expresado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Las modificaciones propuestas por el Senado no cambian el proyecto en lo esencial, sino que, por el contrario, perfeccionan algunos mecanismos contenidos en la iniciativa aprobada por la honorable Cámara de Diputados.	Por ello, solicito a sus Señorías que aprueben las enmiendas en debate, a fin de que los trabajadores de la atención primaria de salud puedan recibir un legítimo reconocimiento a su labor, más aún ahora, que nos preparamos para la campaña de invierno.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.	El señor BAYO.- Señor Presidente, no siempre se tiene la posibilidad de hablar con total satisfacción. Hoy, los hechos confirman actuaciones de parlamentarios que, en su momento, expresaron determinadas opiniones en la Sala.	Cuando hace aproximadamente 20 días el proyecto fue presentado a la Cámara y calificado con urgencia de “discusión inmediata”, el diputado señor Lorenzini y quien habla hicimos presente la inconveniencia de tratar el tema en la forma impuesta por el Ejecutivo. En aquella oportunidad señalamos lo siguiente: “Lamentamos el hecho de que se obligue a la Corporación a emitir un pronunciamiento sobre una iniciativa sin el tiempo suficiente para el estudio de la misma, ni menos recibir la opinión del interesado”. Además, señalamos que esa actitud atentaba contra las facultades de que estamos investidos los legisladores y, personalmente, nos negamos a analizar el proyecto. Luego, al cabo de una o dos horas de discusión, no lo votamos porque estimamos que, en nuestra opinión, la iniciativa era impresentable.	Los hechos han confirmado que teníamos razón. Todos los diputados aquí presentes, con excepción de los mencionados, votaron por unanimidad el proyecto, incluida la diputada señora María Pía Guzmán. Veintitantos días después, recibimos las modificaciones del Senado, en las cuales se apunta a lo sustantivo. Es importante la participación de la Cámara alta en cuanto a precisar el concepto de asignación de estímulo colectivo y dejar en claro que esto no significa aumentar las remuneraciones, situación que, así entendida, vulneraba el derecho de otros funcionarios de la salud pública.	Votaremos favorablemente el proyecto, porque hemos sido testigos y actores en esta materia. Donde mejor se están haciendo las cosas en la actualidad es en la atención primaria de salud, nivel que hoy es motivo de nuestra preocupación. Por esa razón, quienes allí laboran merecen el beneficio entregado mediante el proyecto en debate.	Con todo, no puedo dejar pasar la oportunidad de resaltar la conveniencia de legislar en forma correcta. En los últimos días hemos dado ejemplos de que aquí no se legisla bien. Muchas veces ocurre que antes de que un proyecto sea presentado, ya se están formulando indicaciones para modificarlo. No sigamos dando ese ejemplo. Hagamos las cosas bien y nos evitaremos bochornos -al menos así lo siento- como el ocurrido hoy. Además, con ello evitaríamos la postergación de esta iniciativa. Si el tratamiento hubiera sido diferente, el proyecto ya sería ley.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.	El señor MELERO.- Señor Presidente, espero que el proyecto en debate sea parte integral de la gran reforma de la salud que el país espera y anhela, y dentro de ella, sin duda, lo que implica fortalecer la atención primaria, cuello de botella de la salud que compromete el 12 por ciento del gasto público del país y que significa, por cada paciente inscrito en los consultorios, un aporte del orden de los 10 mil pesos mensuales. 	Nada de esto solucionará el problema de la atención primaria. Qué duda cabe de que la atención primaria requiere una cirugía mayor y que se le proporcionen los implementos necesarios para descongestionar la atención terciaria, con lo cual se evitará que los pacientes de nuestras comunas lleguen a los hospitales. Por ello es necesario subir el monto de la subvención y también, sin duda, exigir a los establecimientos de atención primaria una complementación público-privada, una mayor flexibilidad laboral, una mayor descentralización en las tomas de decisiones, un rol más activo de los alcaldes y de los municipios. 	Lo bueno de este proyecto es que permite avanzar en la línea correcta. Además, es necesario señalar que es consecuencia de otras iniciativas que van en la dirección de vincular cada vez más el tema de las remuneraciones, bonificaciones e ingresos de los trabajadores de la salud, al cumplimiento de tareas. Es lo más rescatable que tiene. Tal como lo dice el artículo 1º, dicha asignación estará asociada al cumplimiento anual de metas sanitarias y al mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de la atención primaria de salud. 	Esto es importante, porque durante muchos años entregamos recursos económicos sin exigir el cumplimiento de determinadas tareas. No incentivamos a los trabajadores y profesionales de la salud a través de vincular sus remuneraciones al cumplimiento de metas. En esta materia es importante y bueno que así sea, que cada peso que los chilenos destinamos a la salud vaya también vinculado a una mejor atención, y no como ha ocurrido durante once años, en que hemos invertido casi un 200 por ciento más del presupuesto de la nación, pero la productividad por peso gastado cae un 5 por ciento cada año. Esa práctica es la que debemos terminar.	En ese sentido, el proyecto se va vinculando más con la materia señalada. El Senado perfeccionó su texto al considerar dos cosas muy importantes. Por una parte, la modificación al número 3) del artículo 4º establece algo importante para los alcaldes y para las entidades administradoras, no contemplado en el texto del Ejecutivo. En su momento, hicimos presente esta materia en la Comisión de Salud; finalmente, el Senado incorporó la posibilidad de apelar de la resolución relacionada con la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas fijadas a las entidades administradoras de salud, léase los municipios. La parte pertinente dice: “La resolución que dicte el Secretario Regional Ministerial de Salud, será apelable ante el ministro de Salud en el plazo de diez días, contado desde el tercer día hábil...”. La redacción dada a esa norma fortalece la descentralización, pues no pone todo el peso de la prueba sobre el ministerio, sino que también genera una instancia de apelación que nos parece importante. 	Por otra parte, también creemos que la nueva redacción del numeral 2) del artículo 4º mejora el texto inicialmente presentado por el Ejecutivo al perfeccionar la participación de las entidades administradoras y de los trabajadores.	Para tranquilidad de algunos parlamentarios, de la asociación de municipalidades y, especialmente, de algunos alcaldes que ven que después estas asignaciones no les llegan o no las reciben en la forma y en la oportunidad requeridas, lo que aumenta los déficit municipales, debo señalar que la modificación al artículo 3º señala que “Los recursos para el financiamiento de la asignación serán transferidos a las entidades administradoras de salud municipal a través de los respectivos Servicios de Salud”. Además, también se debe tener presente la forma de financiamiento establecida en el artículo cuarto transitorio, que dice que “El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el año 2002 se financiará con el presupuesto vigente de los Servicios de Salud respectivos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar estos presupuestos, en la parte que no sea posible financiar con sus recursos”.	De manera tal que no hay ninguna razón para temer que estas platas no lleguen, que los alcaldes tengan tropiezo o que no puedan participar activamente en el proceso de establecer las metas requeridas que irán asociadas al cumplimiento de los objetivos sanitarios y al mejoramiento de la atención. Todo esto debería significar la generación de un cuerpo legal que redunde en una mejor atención para la población de nuestras comunas. 	Señor Presidente, no entiendo -me gustaría que el ministro lo explicara- por qué se agregó en el inciso primero del artículo 1º, después de la palabra “estímulo”, la expresión “desarrollo y”. Sé que fue una indicación introducida por los senadores, pero no sé qué significa ni por qué se modificó esa redacción.	Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al señor ministro. 	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro. 	El señor ARTAZA (Ministro de Salud).- Señor Presidente, los senadores estimaron pertinente establecer la clara diferencia entre el componente fijo y el componente variable de la asignación. El argumento esgrimido es que estímulo y desempeño corresponden, en propiedad, exclusivamente a componentes variables. Por lo tanto, fue sugerida la modificación, acogida por el Ejecutivo, de otorgar una denominación distinta para ambos componentes. 	El señor SALAS (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Melero. 	El señor MELERO.- Obviamente, si ese es el objetivo, me parece loable y positivo. 	En definitiva, los diputados de la UDI vamos a apoyar este proyecto de ley porque entendemos que es un paso más en pro de lograr el fortalecimiento de la atención primaria, mucho más allá de lo que existe hoy.	He dicho. 	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. 	El señor PALMA.- Señor Presidente, solamente para anunciar mi voto, y el de mi bancada, Renovación Nacional, a favor de este proyecto. 	Si bien es cierto que la iniciativa fue objeto de algunas mejoras del Senado, ellas no son sustantivas. Eso lo discutimos hace algunas semanas. Por supuesto, el proyecto soluciona algunos problemas de los médicos que se desempeñan en la salud primaria, pero en sectores rurales, quienes son, quizás, los más postergados en el país en aspectos tales como lejanía, falta de desarrollo y de recursos, carencia de profesionales, concentración que existe en las grandes ciudades.	Con este proyecto estamos cumpliendo un compromiso asumido por el Gobierno, a través del ministerio respectivo. Por ello es bueno apurar el tranco, como lo estábamos haciendo con el proyecto anterior, pero en otra dirección. Por tanto, pido que lo votemos.	He dicho. 	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 	El señor ROBLES.- Señor Presidente, nos parece sumamente importante aprobar este proyecto, porque, como lo dijimos en la sesión del 15 de mayo, se trata de una materia que el Ministerio de Salud había concordado con los trabajadores de la atención primaria, y es tremendamente importante cumplir con ese acuerdo.	Reafirmando lo que señalé en esa sesión, quiero reiterar que la atención primaria de nuestro país ha tenido un vuelco importantísimo desde el advenimiento de los gobiernos de la Concertación. 	Considero necesario refutar lo señalado por el diputado señor Melero, por cuanto la atención primaria es la que mejor ha desarrollado sus funciones en los últimos tiempos. Los recursos invertidos han permitido dotar al país de toda la infraestructura sanitaria que requiere para atender bien y dignamente a la gente más modesta.	Se han construido más consultorios que nunca. Por lo tanto, la atención primaria ha tenido un tratamiento especial por parte de los gobiernos de la Concertación, porque sabemos que es en donde debemos resolver la gran mayoría de los problemas de salud que afectan a nuestros pacientes. 	Por lo tanto, si el diputado señor Melero revisa las cifras, tanto en atención primaria como secundaria y terciaria, se dará cuenta de que lo ocurrido en este país en los últimos 10 años es un cambio significativo en la atención de salud para nuestra gente. Lo que hemos hecho hasta este momento es tapar un gran hoyo que dejó el gobierno militar en las décadas anteriores, porque no invirtió absolutamente nada en hospitales y en atención primaria. 	Por eso, el proyecto viene a reafirmar algo señalado por el Ministerio de Salud: avanzar en un tipo de reforma que considere la entrega de remuneraciones al personal de atención primaria sobre la base de elementos de gestión, de desarrollo y de atención a los pacientes.	Para la historia de la ley, sólo deseo llamar la atención respecto de una modificación que propuso el Senado en relación con el articulado. Durante el estudio del proyecto en la Comisión de Salud, el diputado que habla formuló indicación para sustituir la expresión “Ministerio de Salud” por “la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud”, en el texto del artículo 4º, número 3), que establece la entidad que debe evaluar las metas para otorgar este beneficio 	Me alegra muchísimo que el Senado haya entendido que la evaluación debe hacerse a nivel regional, y que declarara admisible y haya acogido la indicación que planteé. La norma que aprobó dice: “La evaluación del nivel de cumplimiento de las metas fijadas a las entidades administradoras de salud municipal y sus establecimientos, se efectuará por el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo,...”, tal como lo planteó quien habla.	Por otra parte, deseo insistir en un aspecto que me parece primordial. Es efectivo que no estamos facultados para modificar el artículo cuarto transitorio del proyecto, que dice: “El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el 2002 se financiará con el presupuesto vigente en los Servicios de Salud respectivos.”. No obstante, solicito, por su intermedio, señor Presidente, que el ministro de Salud le haga entender al de Hacienda que el cargo debe hacerse principalmente al ítem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria Tesoro Público, ya que los servicios de salud tienen problemas financieros muy importantes como para imputar a sus presupuestos este tipo de gastos, que es necesario realizar.	Termino diciendo que me alegro de que el proyecto esté calificado con urgencia de “discusión inmediata” y que deba ser discutido hoy, porque creemos que debe transformarse en ley lo antes posible.	Anuncio el voto favorable de nuestra bancada.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Debo hacer presente a la Sala que debemos votar ahora el proyecto. Como está por concluir el tiempo destinado para el Orden del Día, pido el asentimiento de la Sala para prorrogarlo hasta las 13 horas, con el objeto de terminar la tramitación del proyecto, así como para realizar la votación del que figura en el número 3 de la Tabla.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.	El señor MASFERRER.- Señor Presidente, comparto plenamente las palabras del diputado señor Melero y la voluntad de nuestro partido de votar favorablemente el proyecto.	Sin embargo, no quiero dejar pasar la ocasión para responder lo manifestado por el señor Robles, quien no sé si habló como diputado o como médico. Él atacó la gestión del gobierno militar en el área de la salud, especialmente en la atención primaria, el que tuvo las agallas y la fuerza suficientes para entregar a las municipalidades la gestión de este sector, a mi juicio el más importante para mejorar la salud de la población. La Concertación, en cambio, después de once o doce años todavía no ha presentado un proyecto al respecto. Es posible que el diputado señor Robles presente una iniciativa para traspasar los consultorios municipalizados a los hospitales. No sé si ésa es la idea que quiere plantear aquí y si será compartida por el Gobierno.	Hoy tenemos salud municipal gracias al tremendo esfuerzo que efectúan los alcaldes a fin de que la gente aislada y la más modesta pueda acceder a la salud, para lo cual traspasan recursos propios a los departamentos de salud con el objeto de atender a esa población. No creo que con 1.052 pesos mensuales, en el caso del área rural, o con casi 900 pesos mensuales, cuando se trata de las zonas urbanas, se pueda atender a tanta gente que lo necesita.	Aquí se ha dicho que en el gobierno militar no se invirtió en hospitales ni en consultorios. A eso debo responder que, respecto de la Sexta Región, eso no es cierto, ya que se amplió el hospital de Rancagua; se proyectó y se edificó el de San Fernando, que es un lujo para la Sexta Región y para el distrito que represento; se amplió el de Santa Cruz; se inició la construcción del gran hospital de Rengo en 1990. Además, en las comunas de mi región se construyeron varias obras de infraestructura para este sector. Así, en Las Cabras, por ejemplo, se levantaron dos consultorios; asimismo, se construyeron siete postas rurales en lugares que nunca se había contado con estos servicios. En consecuencia, debemos ser justos cuando criticamos.	Creo que todos estamos en el ánimo de mejorar la atención de salud de nuestros compatriotas, pero son los alcaldes quienes están haciendo el mayor esfuerzo en ese sentido.	Valoramos el proyecto, pero no aceptamos que se den a conocer antecedentes que no son efectivos, por lo menos respecto de la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins.	En cuanto al articulado del proyecto, debo señalar que se modificó la redacción de su artículo cuarto transitorio; pero me queda una duda, ya que en su parte final dice: “podrá suplementar estos presupuestos, en la parte que no sea posible financiar con sus recursos”. Para nadie es un misterio que, en todas partes, los servicios de salud están tremendamente endeudados, incluso el del distrito que representa el diputado señor Robles. No obstante, aquí se emplea la forma verbal “podrá”. Habría sido más preciso decir “deberá”, porque no vaya a ser cosa que -esto ya nos ha pasado- el Ministerio respectivo dé instrucciones a las direcciones de salud del país para dejar de hacer otras cosas, con el objeto de poder entregar esos recursos a los beneficiarios de esta ley.	Quiero dejar constancia de esta aprensión. Ojalá que el señor ministro de Salud, presente en la Sala, nos precise que su Ministerio entregará estos recursos, porque todos sabemos que las direcciones de los servicios de salud no cuentan con ellos, pues todas están endeudadas. En la Sexta Región deben más de 3 mil millones. ¿De dónde sacarán recursos para entregarlos a las municipalidades?	Señor Presidente, solicito le conceda el uso de la palabra al señor ministro de Salud con el objeto de que nos aclare el punto para apoyar el proyecto con mucha mayor tranquilidad. Además, considero indispensable rescatar el gran aporte que hacen los alcaldes para mejorar la atención de la salud primaria.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro de Salud.	El señor ARTAZA (Ministro de Salud).- Señor Presidente, para tranquilidad del diputado señor Masferrer, debo precisar que el artículo cuarto transitorio está redactado de acuerdo con la técnica legislativa habitual que utiliza del Ministerio de Hacienda para estos efectos.	Además, debo informarle que ya tenemos las partidas presupuestarias para el 2002, y aclararle que el 90 por ciento de los recursos provienen de la partida Tesoro Público y sólo el 10 por ciento es de cargo de los servicios de salud, dineros que ya estaban previstos para tal efecto, por lo que no implican ningún tipo de reasignación ni menos disminución de los recursos que utilizan esos servicios para la atención de las personas.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.	El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en honor al tiempo y a su sugerencia de que despachemos éste y otro proyecto que tenemos por delante, sólo deseo ratificar la votación favorable de los diputados de la bancada socialista a este proyecto, además de hacer nuestras las palabras claras y bien fundamentadas del diputado señor Robles, quien entregó argumentos muy sólidos para respaldar el proyecto y para expresar la importancia que la bancada Socialista y Radical le concede a la atención primaria de salud.	A nuestro juicio, la iniciativa beneficia a los trabajadores de la atención primaria de una manera moderna, pues incentiva la buena atención para los usuarios de este importante servicio público.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.	El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, deseo expresar nuestro apoyo al proyecto que otorga beneficios al personal de la salud primaria y, al mismo tiempo, pedir al ministro de Salud la corrección de una omisión respecto del Comité Técnico Consultivo.	Entiendo que dicho Comité, que será requerido por el respectivo director de Servicio para determinar la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas, estará compuesto exclusivamente por personal calificado de este sistema de salud.	Sin embargo, el ministro sabe que tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud insisten en la necesidad de contar con buenos sistemas de petición de cuenta, a fin de que la participación no sea sólo simbólica, como suele ocurrir en nuestro país con cuerpos legales que no tienen un verdadero funcionamiento. En tal sentido, para el diseño y la evaluación de metas se debiera consultar no sólo a representantes de las autoridades sanitarias y de los trabajadores, sino también a algún experto elegido por los usuarios -los pacientes- o por las juntas de vecinos de los territorios en los cuales se lleva a cabo la evaluación. Ello es para evitar la sospecha de que esa asignación sea un sobresueldo establecido a priori. Además, debe tenerse en cuenta que muchas veces la comunidad tiene reclamos respecto de la atención proporcionada por dichos establecimientos. Sería bueno que los pacientes pudieran opinar a través de un representante, sea médico o experto, que incluso puede ser externo.	Pido al ministro, encarecidamente, estudiar esta dimensión, ausente en el proyecto, y, vía instructivos, experimentar esta práctica en este proceso de puesta en vigencia de la asignación de este bono por cumplimiento de metas.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para cerrar el debate.	Acordado.	Según lo convenido, queda pendiente la votación del proyecto hasta las 13 horas.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación el proyecto de ley que otorga beneficios al personal de la salud primaria.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado.	Despachado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kast, Lagos, Leay, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta.MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA. Proposición de la Comisión Mixta.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse de la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la ley de Tránsito en los programas de educación.	Antecedentes:	-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 1807-04, sesión 6ª, en 12 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Debo informar a los señores diputados que la Comisión Mixta rechazó esta iniciativa, entre otras cosas, por considerar que constituiría un mal precedente el hecho de que, por medio de una disposición legal, se agregaran contenidos coyunturales al currículum escolar, como la enseñanza de la ley de Tránsito, que, por lo demás, puede ser aprendida de muchas otras formas. Además, porque la propia ley orgánica constitucional de Enseñanza establece mecanismos para la incorporación de nuevos contenidos curriculares.	Sometido el proyecto a votación, fue rechazado por seis votos en contra y uno a favor. Se pronunciaron negativamente los senadores señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega, y los diputados señores García y Saffirio. Sólo votó afirmativamente el diputado señor Espinoza.	En consecuencia, la Comisión Mixta recomienda rechazar la moción.	Si le parece a la Sala, se daría por aprobada la proposición.	Varios señores DIPUTADOS.- ¡Que se vote!	El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación la proposición de la Comisión Mixta.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 2 abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobada la proposición de la Comisión Mixta y rechazado el proyecto.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Espinoza, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jarpa, Jiménez, Lagos, Martínez, Meza, Monckeberg, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Valenzuela, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta.	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Álvarez, Forni, Kast, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Norambuena, Paya, Pérez (don Víctor), Recondo, Salaberry, Silva, Ulloa, Uriarte, Urrutia y Varela.	-Se abstuvieron los diputados señores:	Jaramillo y Leay.VI. PROYECTOS DE ACUERDOCONMUTACIÓN DE PENA DE MULTA POR LA DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMUNITARIOS	El señor SALAS (Vicepresidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.	Se va a dar lectura al primero de ellos.	El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 50, de la señora Soto, doña Laura; de los señores Ascencio, Jarpa y Escalona, de la señora Ibáñez, doña Carmen; del señor Sánchez, de la señora Saa, doña María Antonieta; del señor Rossi, de la señora Allende, doña Isabel, y del señor Jaramillo.	“Considerando:	Que, de conformidad al artículo 20 bis de la ley Nº 18.287, sobre procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, que fuera modificada en esta parte por la ley Nº 19.450, del año 1996, los jueces de policía local pueden, cuando han condenado al pago de una multa, conmutar en todo o en parte dicha pena por la realización de trabajos en favor de la comunidad.	Que la norma en comento establece algunos requisitos de procedencia:a)	Que el infractor carezca de medios económicos.b)	Que lo solicite expresamente al tribunal.c)	Que “la Municipalidad o el alcalde haya previsto la posibilidad de efectuar trabajos en favor de la comunidad”.	Que esta norma -que de paso se debe criticar en cuanto a su redacción, por la imprecisión de hacer referencia a la autoridad local con los vocablos Alcalde o Municipalidad, en circunstancias de que son conceptos jurídico-administrativos diversos- condiciona la aplicación de la norma a la elaboración de programas de trabajos comunitarios, los cuales, a nuestro juicio, deben ser establecidos mediante ordenanzas municipales, cuya legalidad estaría justamente determinada por la habilitación legal de que son objeto las administraciones municipales para generarlos.	En el fondo, hay una suerte de fenómeno “paradelegativo”, esto es, una disposición de facultades normativas por parte del Legislativo a órganos que ordinariamente no tienen potestades para dictar normas obligatorias de aplicación general en determinadas materias, en este caso las referidas a las modalidades de cumplimiento de las penas.	Que más allá de esta crítica, que es esencialmente jurídica, no podemos desconocer los méritos de la misma, pues permite por una parte eximir del pago de las multas a personas sin recursos y al mismo tiempo, mantener la integridad de las penas, mediante trabajos en favor de la comunidad en donde el sujeto está inserto.	Que, investigando en los archivos de prensa, se ha podido detectar que al menos la ilustre municipalidad de Ñuñoa ha elaborado una Ordenanza sobre la materia, que se encuentra plenamente vigente y que permite a los jueces de policía local proceder a la conmutación.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar al señor presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Hernán Pinto Miranda, para que, en uso de sus atribuciones, solicite a los señores alcaldes del país y a sus respectivos concejos municipales, elaboren ordenanzas que permitan a los jueces de policía local, de conformidad al artículo Nº 20 bis de la ley Nº 18.287, sobre procedimientos ante los juzgados de Policía Local, que fuera modificada en esta parte por la ley Nº 19.450 del año 1996, conmutar las multas que se apliquen a los infractores, ya sea en todo o en parte, por la realización de trabajos en favor de la comunidad”.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.	La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en conformidad con lo que establecen la Constitución Política de la República y el artículo 20 bis de la ley Nº 18.287, “sobre procedimientos ante los juzgados de policía local”, que fuera modificada en esta parte por la ley Nº 19.450, de 1996, los jueces de policía local pueden, cuando han condenado al pago de una multa, conmutar en todo o en parte dicha pena por la de realización de trabajos en favor de la comunidad.	Constituyó un escándalo público la detención de una señora, en Santiago, incluso con un bebé de pocos meses, por no regar su antejardín.	Esta situación, muy injusta, según pudimos apreciar al ver en las noticias la imagen de la detención de esa mamá, nos movió a investigar qué ocurría en este tipo de casos. Los jueces de policía local fueron enfáticos en señalar que mientras no exista una ordenanza de parte de la municipalidad respectiva que lo permita, no se puede conmutar la pena.	El juez de policía local se encuentra imposibilitado de hacerlo, pese a saber, incluso por declaración del infractor, que éste no tiene cómo pagar la multa.	En mi opinión, el proyecto de acuerdo va en la dirección correcta, aun cuando sabemos que puede haber algún debate jurídico sobre su legalidad. Como se sabe, las ordenanzas las dictan las municipalidades, y en tanto el juez no disponga de una normativa municipal al respecto, no podrá conmutar esa pena por la de trabajo comunitario.	Por lo anteriormente señalado, pido a la honorable Cámara que apruebe el proyecto de acuerdo, sin perjuicio de que ayer se me anticipó que el Ejecutivo enviaría a trámite legislativo un proyecto de ley con el mismo fin.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, quiero agregar un aspecto que no atenta contra el hecho de estar dispuesto a aprobar este proyecto de acuerdo, presentado, entre otros, por la diputada Laura Soto.	En verdad, el problema no se solucionará de esta forma, aunque sí puede ayudar. Será muy difícil conseguir que todos los municipios dicten este tipo de ordenanza. Un proyecto de esta naturaleza no es vinculante para las más de 300 municipalidades que existen en el país. Se requiere un proyecto de ley -entiendo que será enviado al Congreso en los próximos días- que modifique la ley de procedimiento en los juzgados de policía local, para sustituir el apremio que hoy se aplica a quien no cumple con una multa impuesta por un juzgado de policía local. Por ejemplo, perseguir su pago mediante una acción ejecutiva, sin limitación del monto, o también, si se acredita que el infractor no dispone de recursos para pagar una multa, por muy pequeña que sea, establecer que deberá responder con trabajo comunitario. En la actualidad esa decisión es meramente potestativa, no sólo es parte del municipio -hay muchos que no tienen el reglamento-, sino también del propio infractor, quien puede no aceptar trabajar en beneficio de la comunidad.	En consecuencia, para que realmente esto se solucione -en el hecho, esto es una prisión por deudas, con lo cual, a mi juicio, se altera la Constitución, ya que en nuestro país sólo puede estar detenida una persona por delito y no por falta- es indispensable la modificación del cuerpo legal señalado por la diputada, sin perjuicio de que el proyecto de acuerdo pueda ayudar por cuanto más de un municipio puede considerar una modificación voluntaria de sus ordenanzas.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.	El señor PAYA.- Señor Presidente, comparto la inquietud de la diputada señora Laura Soto y me parece bien que se estudie un sistema alternativo. Pero no creo razonable -por eso pedí intervenir- que al final del día sigamos repitiendo algo que es falso en el tan bullado caso de esa señora de la comuna de Providencia. Ella fue detenida como cualquier persona que no cumple con las resoluciones judiciales. Nos puede parecer insensato que por no mantener un jardín se haya llegado a esa situación, pero es importante que la opinión pública sepa que el no cumplimiento de las resoluciones judiciales acarrea consecuencias, entre otras, apremios, como el arresto que sufrió esa señora. Ella no fue detenida por no regar o plantar el jardín.	Por una imposición reglamentaria, he intervenido en el tiempo destinado a argumentar en contra; sin embargo, anuncio que voy a votar a favor del proyecto de acuerdo. Discúlpenme que haya torcido la nariz al Reglamento, pero quería señalar que no me parecía razonable seguir repitiendo algo que se ha dicho hasta el cansancio, pero que no es efectivo.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar en contra, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- No hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.	-Transcurrido el tiempo reglamentario:	El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum requerido, queda pendiente la votación para la próxima sesión ordinaria.VII. INCIDENTESINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE ELQUI A LA MACROZONA Nº 2. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo de Renovación Nacional tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director de la Corporación Nacional Forestal para que consideren la posibilidad de excluir de la macrozona Nº 1 a la provincia de Elqui e incorporarla en la macrozona Nº 2, al igual que al resto de la Cuarta Región, pues esta provincia corresponde al límite norte de la Cuarta Región con el desierto, y es obvio que con los beneficios que otorga esta macrozona es más factible desarrollar una serie de proyectos que favorezcan la reforestación y, de ese modo, combatir la desertificación.	Es así como en el boletín técnico Fia-Corfo-Infor, denominado “Acacia, Saligna, Leguminosa arbórea de uso múltiple para las zonas áridas y semiáridas de Chile”, se señala a la provincia de Elqui como una zona potencial para la plantación de estas especies. Además, la reforestación va en directo beneficio social, ya que origina puestos de trabajo, lo que actualmente no sucede en la Cuarta Región por no estar considerada esa provincia en la macrozona Nº 2.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.SALVAGUARDIAS PARA LA FRUCTOSA EN DEFENSA DEL CULTIVO DE REMOLACHA. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.	El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, como representante de una zona eminentemente agrícola, mi preocupación central es por la evolución de su actividad y por la política fiscal orientada en ese sentido.	Como hemos dicho muchas veces, no se trata de defender a un grupo de hombres o de mujeres que viven de la agricultura, sino todo el desarrollo social que rodea la vida rural. Cada vez se escucha con más fuerza la voz del sur, que reclama el cuidado de la agricultura.	Hace pocos días supimos que en Estados Unidos, el padre de la economía de libre mercado, se anunció, en el marco de la nueva ley agrícola, una subvención de 180 mil millones de dólares para los agricultores.	Hoy en Chile enfrentamos una disyuntiva tremendamente importante.	Hace algunos meses, el Congreso discutió en profundidad acerca de las salvaguardias y respecto del futuro del mercado del aceite. En la actualidad, podemos decir con plena libertad que ese mercado prácticamente no existe en nuestro país. Todo partió con una perforación de las bandas, como hoy está ocurriendo con la remolacha. 	Por su intermedio, señor Presidente, exijo del Ejecutivo la mayor urgencia en la aplicación de la salvaguardia del 30 por ciento que se ha pedido para la fructosa.	Lo anterior es fundamental para mantener viva la ilusión de la actividad agrícola en gran parte del país. Basta con recordar que este cultivo alcanza al 21 por ciento de nuestro país. Además, la mayoría de los productores son pequeños campesinos que poseen menos de 10 hectáreas. 	Debo señalar que la importación de fructosa ha aumentado en un 724 por ciento, y ha desplazado del mercado a los productores de azúcar casi en un 30 por ciento, lo que ha provocado un grave daño a este sector agro-industrial.	Todos los países protegen este cultivo, y ello no es ninguna novedad. El arancel consolidado del 98 por ciento que aprobamos en el Congreso ni siquiera es comparable con el aprobado por la Unión Europea, de 378 por ciento, y el de Estados Unidos, de 287 por ciento.	Hoy son aproximadamente 7 mil los productores de remolacha, y en la provincia de Ñuble los recursos para esta área tan sólo son de 32.500 millones de pesos. 	Todas las razones señaladas justifican ampliamente la defensa directa, urgente, de este cultivo. ¡Ahora! No podemos seguir esperando. Sabemos que la remolacha requiere un tiempo de preparación para su producción. Lo concreto es que hoy, dada la incertidumbre que existe en este ámbito, no tenemos precio, no sabemos cuántas hectáreas se dedicarán a este cultivo, no tenemos certeza de cuánto traerán las empresas importadoras de insumos y semillas. Y lo más importante, por cada mes que esperamos se dejan de sembrar 2 mil hectáreas. De 48 mil, hoy estamos en 38 mil. ¿Por qué? Porque siguen ingresando al país sustitutos. La mezcla entra sin grandes barreras, lo cual es una burla para nuestro mercado, porque, de sus componentes, el 99,5 por ciento es azúcar y sólo la diferencia corresponde a otros insumos. ¿Es ésa una razón seria para omitir las barreras de entrada? ¿Podríamos proceder de igual manera cuando exportamos nuestros productos? Hablemos las cosas como son. ¡Aquí nos están haciendo lesos, y por eso exigimos del Gobierno una gestión mucho más fuerte!	Ojalá no tropecemos dos veces con la misma piedra. En ocasiones nos damos muchas vueltas para responder por qué en Chile hay tanto desempleo. Es cierto que influyen factores internacionales y políticas internas, pero lo más importante es la omisión. Muchos campesinos dejaron de sembrar maravilla y raps. No quiero que ahora nuestros campesinos, especialmente los de mi región, dejen de producir la remolacha y abandonen el campo para irse a la ciudad. Por eso, todos los parlamentarios que representamos a zonas agrícolas reclamamos y pedimos urgencia en la fijación de la salvaguardia.	Por tanto, solicito que se oficie al Presidente de la República y a los ministros de Economía y de Agricultura para que se proceda a la brevedad en el sentido indicado.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Masferrer, Álvarez, Uriarte, Escobar, Tapia, Jiménez, Pareto, Jarpa, Jaramillo y Ojeda, y de la diputada señora Caraball. AUMENTO DE CUPOS EN LOS PLANES DE EMPLEO PARA LA PROVINCIA DE ÑUBLE Y COMUNA DE CHILLÁN. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, en esta ocasión quiero dar a conocer mi preocupación y malestar por la situación que se produce respecto de los planes de empleo en la provincia de Ñuble y en la ciudad de Chillán.	El gobernador de la provincia de Ñuble, don Patricio Huepe, y el alcalde de Chillán, don Aldo Bernucci, me han hecho llegar su preocupación porque de 11.292 empleos considerados para la Región del Biobío con cargo a esos planes, sólo 1.151 han sido destinados a la provincia de Ñuble, de los cuales 241 son para la ciudad de Chillán.	Quiero destacar que en la Organización Municipal de Información Local, Omil, de la ciudad de Chillán, existen 2.150 solicitudes de empleo y, lo que es más grave, 950 corresponden a jefes de hogar. Es decir, si a dicha ciudad sólo han llegado 241 fuentes de empleos y hay 950 jefes de hogar que lo han pedido, sólo se le dará trabajo a cerca del 25 por ciento. Y lo más importante, según las estadísticas del INE, es que en la provincia de Ñuble, en el trimestre febrero a abril, los desocupados alcanzan al 7,43 por ciento, es decir a 11 mil personas. En definitiva, los planes de empleo sólo han cubierto las necesidades del 10 por ciento de los cesantes de esa zona.	Quiero señalar la discriminación que sufre la provincia de Ñuble respecto de la región, ya que en esta última existe un índice de desocupación que alcanza, aproximadamente, a 9.6 por ciento, porcentaje que corresponde a 58 mil habitantes. Es decir, mientras en la región se ha dado trabajo a aproximadamente 19 por ciento de los desempleados, en la provincia de Ñuble sólo ha alcanzado a un 10 por ciento.	Esta situación motivó que el martes 11 recién pasado, un grupo de desempleados tratara de tomarse la Gobernación de la provincia de Ñuble. Gracias a la gestión realizada por el gobernador, don Patricio Huepe, quien les explicó a los afectados la preocupación, tanto de la Gobernación como de la municipalidad de Chillán y de la seremi del Trabajo, se calmaron los ánimos.	Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros del Interior, de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, con copia de mi intervención, a fin de que se aumenten los cupos en los planes de trabajo para Chillán y para la provincia de Ñuble, con el objeto de paliar las dificultades que viven cerca de setecientos hogares cuyos jefes se encuentran desocupados.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz, Boris Tapia, Juan Masferrer, Jaime Jiménez, Waldo Mora, Cristián Pareto y de quien preside.REFLEXIONES SOBRE POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN. RECURSOS PARA OBRAS VIALES EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.	El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en estos últimos días hemos sido azotados por las inclemencias del tiempo, específicamente por el exceso de lluvias.	Me llama mucho la atención la difusión periodística que se ha dado a las autoridades, incluso al Presidente de la República, cuando visitan algunos lugares de la ciudad de Santiago, como si no existieran las demás regiones, que son importantes y a las cuales tanto les debe la capital.	Se anuncia la entrega de grandes recursos para la capital. Sin embargo, los medios de comunicación no informan cómo están sufriendo las regiones. No sólo Santiago fue azotado por las lluvias, sino muchas otras regiones, desde la Cuarta al sur. 	En las regiones estamos acostumbrados a las inclemencias del tiempo y a hacer patria día a día, sin que Santiago ni los medios de comunicación se preocupen de lo que sucede en las demás regiones.	Sin embargo, en las campañas electorales, especialmente en las presidenciales, todos los candidatos hablan de las regiones, de la descentralización y de la importancia de que todo el territorio nacional sea habitado.	A los parlamentarios de regiones nos cuesta mucho mantener tranquila a nuestra gente, ilusionarla y decirle que vendrán días mejores. En las noticias, nadie se acuerda de ellas. Tampoco le damos la importancia debida en esta Cámara, pese a que existe la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.	Quiero proponer, de acuerdo con las atribuciones de que dispone la Mesa, crear la Comisión de Regionalización, a fin de hablar y preocuparnos exclusivamente de las regiones. 	Se está haciendo un daño inmenso a Chile entero. Casi todos los diputados presentes en la Sala en estos momentos son de regiones. Los representantes de Santiago no están porque el Gobierno de turno les hace la pega.	Un informe preliminar del censo señala que en las zonas rurales ha disminuido la población. De casi un 20 por ciento que había hace diez años, hoy apenas se llega al 13 por ciento. ¡Mala suerte, señor Presidente! 	¡Cómo me gustaría convencer a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto!	En las futuras elecciones presidenciales puede darse el caso de que no sea necesario preguntarles a las regiones cómo votan, ya que la mitad de Chile estará en Santiago.	La falta de recursos y de incentivos está impidiendo que las personas se queden en el campo, en las provincias o en las regiones, pese a que les gusta vivir en esos lugares.	No hay descentralización. Faltan atribuciones para que las industrias que sufrieron inundaciones en Santiago se vayan a regiones. En ellas tenemos mano de obra especializada, colegios, liceos industriales, comerciales, técnicos, etcétera, y jóvenes con ganas de trabajar. Pero a ellos no se les da la importancia que corresponde. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Emigran a Santiago.	Si no se le pone coto a esta situación, y pronto, aumentará el drama. No quiero ser parte de él, por lo menos tengo las fuerzas, las ganas y el deseo de decir, ¡basta! ¡Basta con seguir centralizando el país! ¡Queremos entregar mucho y hacer mucho por Chile!	Santiago se ha alimentado toda su vida de lo que producen las regiones. 	Los caminos en las zonas rurales son de tierra; por eso, cuando llueve y se deterioran, hay que pasarles máquinas. La mantención de los caminos se traspasó en forma unilateral a las municipalidades, a las cuales no se les entregaron los recursos necesarios para ello. Y cuesta mucha plata arrendar esas máquinas. Santiago tiene todo pavimentado. Con justicia se reclama por colectores de aguas lluvia; pero nosotros todavía vivimos en la tierra y sufrimos por la contaminación.	Hay gente que con mucho esfuerzo hace producir la tierra, pese a las competencias desleales de otros países, como lo decía el diputado Monckeberg. 	Quienes se atreven a producir no tienen caminos para sacar la fruta; no hay caminos habilitados, porque están cortados, no hay puentes y no hay plata. Santiago, en cambio, sí tiene plata.	Es necesario asignar recursos a la comuna de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, a fin de pavimentar un camino de sólo seis kilómetros para una localidad maravillosa, de buena gente -como es la gente de campo-, que se llama Aguas Buenas. Hace muchísimos años que venimos diciendo que lo vamos a pavimentar.	También deben asignarse recursos para hacer defensas fluviales, de manera que el río no se desborde en las zonas agrícolas ni en las poblaciones ribereñas. Es urgente que, de una vez por todas, se haga el encauzamiento de los ríos Antivero y Tinguiririca.	En las últimas lluvias, gente de San Fernando hacía turnos alrededor del río; otros rezaban para que no se saliera, porque si eso ocurriera, se inundaría toda la parte urbana de la ciudad. Sin embargo, no se ha hecho nada, a pesar de que llevamos años y años pidiendo recursos, los que siempre son menguados y escasos para las regiones.	Estoy convencido de que el problema que denuncio hoy le sucede a todos los parlamentarios de regiones. Deberíamos formar una Comisión integrada exclusivamente por diputados de regiones, por los que estamos aquí, que nunca faltamos y que siempre hablamos de las grandes necesidades de nuestras regiones.	Santiago no se interesa por las regiones, los diputados de Santiago nunca están aquí, porque el gobierno central los defiende. El Presidente de la República canaliza los donativos de todos los chilenos hacia los pobladores de la capital, a quienes les lleva ropa y mediaguas, y les ofrece sacarlos de los campamentos.	Pero ¿qué pasa con las regiones? ¿O se olvidó el Presidente Lagos de que Chile no es sólo la Región Metropolitana, sino un país mucho más extenso, más grande y que también tiene electores?	Los datos recogidos por el censo nos hacen pensar que el día de mañana, a quienes somos de regiones, no nos consultarán; ocurrirá lo mismo que sucede en la Cámara cuando alguien no vota: le dicen que su voto ya no influye. Eso le dirán a las regiones; Santiago mandará y decidirá.	Por eso, siempre me opondré a cualquier proyecto que otorgue recursos a los habitantes de Santiago. Deben ser ellos, con sus propios recursos, con sus buenos trabajos, con sus buenas rentas, los encargados de proveerlos. Sé que también hay pobres y gente modesta, pero son los menos.	Debido a las políticas centralistas, las regiones no tienen derecho alguno, y la juventud ya no tiene posibilidad ni de soñar.	Siempre se le ha mentido a la gente, porque el Presupuesto de la nación no se basa en las grandes necesidades de la comunidad, en la falta de caminos, de hospitales, de postas, de consultorios, de colegios, de universidades.	Sin ir más lejos, la Sexta Región, conformada por 33 comunas, no cuenta con una universidad que tenga algún aporte fiscal. Entonces, ¿dónde van los jóvenes? A Santiago, y después se quedan en la capital, porque ahí está la pega. ¡Esto es dramático!	¡Cómo quisiera que el Presidente Lagos partiera con todos sus ministros en una caravana que recorriera las comunas y los miles de sectores rurales y villorrios para que viera en terreno lo que ocurre! Que también fuera la prensa para que constatasen que tenemos muchas, muchísimas necesidades.	A uno le cuesta incentivar a los habitantes de regiones. Chile nace en las regiones; ¿quién dijo que nace de Santiago? Santiago da servicios, nada más. Los que producimos somos los que vivimos a lo largo de nuestra querida patria.	Por eso solicito que se otorguen los recursos para las obras viales que se requieren en la Sexta Región. Ya está bueno que nos dejemos de andar apagando incendios, que terminemos con el temor de que se va a salir el río y de dar soluciones de parche a los problemas.	En nuestro país hay técnicos y profesionales capacitados para hacer un estudio serio acerca de situaciones como las descritas. Todos queremos trabajar en la elaboración del mejor proyecto para que, por lo menos en una región de Chile, podamos decir que se ha escuchado a su gente y que se le ha dado los recursos para que viva tranquila y siga produciendo.	Hoy, que existe un acuerdo con la Unión Europea, es importante seguir exportando, sobre todo para una región netamente frutícola y de gran productividad agrícola, que deja miles de millones de dólares a Chile, pero a la región, cero peso.	Espero que mi intervención se haga llegar también a su Excelencia el Presidente de la República.	Hace falta una política real, clara, definida, con la opinión de la gente, que beneficie a todos, no sólo a los de un lado o sobre la base de los votos que se puedan obtener.	Chile se merece algo mejor. Eso queremos los que estamos aquí: que la gente de Colchagua, zona huasa, pueda soñar que contaremos con la voluntad del Presidente de la República para enviar los recursos necesarios a fin de solucionar estos problemas.	Solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, y que se le adjunte copia de mi intervención. Él fue ministro de Obras Públicas; por lo tanto, debe tener un poco más de sensibilidad, pues sabe lo necesario que es contar, al menos, con una máquina motoniveladora para reparar los caminos, pues el agua se llevó toda la carpeta y hay que hacerla de nuevo. No tenemos caminos pavimentados.	Asimismo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el propósito de que se otorguen recursos para pavimentar el camino a la querida localidad de Aguas Buenas, de gente buena, y para elaborar un catastro de los ríos Antivero y Tinguiririca, que dividen San Fernando de cordillera a mar.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.RECONOCIMIENTO A EX PRESIDENTE AYLWIN POR OTORGAMIENTO DE PREMIO INTERNACIONAL VICTORINO COLOMBO. Oficio.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, junto con la diputada señora Eliana Caraball queremos hacer un reconocimiento muy especial a un gran estadista, a un gran hombre público que el próximo domingo 16 de junio, en la ciudad de Milán, Italia, recibirá el premio internacional Victorino Colombo por su aporte a la humanidad: el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar.	El premio se le otorga por su gran aporte para terminar con las grandes diferencias económicas y con el hambre que azota a América Latina y a gran parte del mundo.	¿Cuál fue la reacción de este estadista al conocer la noticia? Dijo que este galardón no era por sus modestos merecimientos personales, sino más bien un testimonio a quienes en América Latina, y en especial en nuestro querido Chile, han luchado por los mismos valores e ideales humanistas cristianos a los cuales consagró su vida Victorino Colombo, destacado político italiano que ocupó numerosos cargos, entre otros, presidente del Senado y ministro de Comercio, de Salud, de Marina Mercante y de Transportes y Telecomunicaciones, en diversos gobiernos de ese país europeo.	Nuestro ex mandatario se encuentra actualmente en Roma, participando, junto con una delegación chilena, en la Cumbre de la Alimentación de la FAO. Allí, destacó que la superación de la pobreza del hombre en el mundo actual no es principalmente un problema de aumento de la producción agrícola de los países en desarrollo, sino que el tema radica en que en América Latina y en el Caribe hay 224 millones de personas en condición de pobreza, muchas de las cuales padecen hambre.	También mencionó cifras indesmentibles. Por ejemplo, que en el último decenio, 1990-2000, los niveles de pobreza en Chile bajaron de 38,6 a 20,6 por ciento; que cuando asumió el primer gobierno de la Concertación, en 1990, los niveles de indigencia eran de 12 por ciento, pero bajaron a 5,7 por ciento en el mismo período. Se trata de datos oficiales de la Cepal, indiscutibles.	Por esas cosas de la vida, justo el 16 de junio, fecha en que se celebra el día del padre en Chile, en Milán, Italia, se le otorgará un premio a este gran estadista, quien en sus cuatro años de gobierno, no sólo demostró una gran capacidad, sino que fue el padre de la recuperación de la democracia en Chile. A quienes creen en la justicia imanente -entre los que me sumo-, debo decirles que normalmente se da este tipo de situaciones, sobre todo en actividades como el servicio público.	Es importante tener en cuenta que para los países en desarrollo es ilusorio poner sus productos en los grandes mercados internacionales, debido a los enormes subsidios, del orden de los 360.000 millones de dólares al año, vale decir, 1.000 millones al día, con que las naciones más prósperas favorecen su producción agrícola. Si estos subsidios se redujeran a la mitad, se abrirían importantes probabilidades para la comercialización de la producción agrícola de los países en desarrollo. Aún más, si la mitad de dichos subsidios se destinara a combatir el hambre en el mundo, en el corto plazo se pondría fin a este flagelo que nos abruma, nos amarga y nos preocupa. Por eso, hay que seguir avanzando para terminar con el hambre en América Latina.	El próximo domingo 16 de junio, una vez más, un país europeo con hermosas tradiciones -uno de los quince integrantes de la Unión Europea que firmó el acuerdo con Chile como asociado y no como parte de un tratado de libre comercio- nos demuestra que no en vano el nuestro es el segundo país con el cual en conglomerado se asocian. Antes se hizo con México, lo que implicó que en un año, de 2000 a 2001, dicho país subiera sus exportaciones en 30 por ciento hacia los quince integrantes de la Unión Europea. En octubre de este año, Chile debiera concretar los términos de esta asociación, cuyos resultados empezarán a verse a contar del 1 de enero de 2003. Ello significará bajar más aún los índices de pobreza y de indigencia.	Por eso, a tres días del reconocimiento que se hará a ese gran estadista, don Patricio Aylwin Azócar, nos llena de alegría que en nuestra patria exista un servidor público como él, que ha dedicado más de sesenta años de su vida al quehacer público en los cargos más importantes de la institucionalidad y de los poderes del Estado en Chile: presidente del Senado, ocho veces presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, primer mandatario entre los años 1990 y 1994, y quien hasta hoy presta servicios a nuestra patria, a América Latina y al mundo en general.	Por eso, la diputada señora Eliana Caraball, el Primer Vicepresidente, diputado señor Edmundo Salas, y el diputado que habla solicitamos que se haga llegar un oficio, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, a este gran estadista, Patricio Aylwin Azócar, manifestándole la alegría que sentimos porque en un país europeo tan importante como Italia se le haga este reconocimiento a través de la entrega del premio internacional Victorino Colombo.	Solicito, además, que se adjunte copia de mi intervención.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Mario Escobar y Enrique Jaramillo.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, adhiero plenamente a lo expresado por el diputado señor José Miguel Ortiz. Digo plenamente, con énfasis y con mucho agrado, porque con orgullo puedo comentar que, a propuesta del diputado que habla, el ciudadano Patricio Aylwin Azócar es hijo ilustre de La Unión, mi ciudad.REVISIÓN DE PROPUESTA DE AUMENTO DE IMPUESTO AL CARBÓN PARA FINANCIAR PLAN AUGE. Oficios.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que no deja de ser preocupante, no sólo para la Décima Región de Los Lagos, uno de cuyos distritos represento, sino también para las regiones Octava y Duodécima y para todos quienes desarrollan la actividad carbonífera a lo largo de nuestro país.	En la Región de Los Lagos, la empresa carbonífera San Pedro de Catamutún, dedicada a la explotación y comercialización del carbón subbituminoso, sufrió un lamentable siniestro, que duró once meses en el subterráneo del suelo fértil de la Décima Región, el cual terminó con el sustento de más de quinientos trabajadores y del de sus familias. Ello significó, además, el fin de una prestigiosa empresa de la zona.	Tratar de levantarse nuevamente ha involucrado realizar gestiones al más alto nivel, que esperamos sean exitosas. Existen conversaciones con empresarios alemanes y españoles interesados en la explotación de este mineral y de la energía. Mantener la actividad ha sido igualmente dificultoso para las diversas empresas que se dedican a este rubro.	Lo que este parlamentario desea plantear es la preocupación que ha recogido de diversos sectores, debido a que el aumento del impuesto al carbón ha sido considerado dentro de las posibilidades de financiamiento del plan Auge, en el marco de la reforma de la salud. Sin embargo, como antecedente, existe la opinión de expertos, conocida a través de los medios de comunicación, en cuanto a que la aplicación de dicho gravamen es una medida ineficiente, porque permitiría al Estado aumentar su recaudación entre ocho millones y ocho millones y medio de dólares anuales, pero con un costo para los usuarios del orden de los cincuenta millones de dólares. Lo anterior refuerza, con cifras muy claras, lo que quiero plantear en esta oportunidad. 	En la propuesta que el Ejecutivo ha formulado respecto del financiamiento del plan Auge, se ha contemplado un precio de 0,21 unidad tributaria mensual por tonelada métrica, lo que significa un costo mayor de nueve dólares por tonelada de carbón mineral. Se debe considerar que el costo de producción de carbón subbituminoso es de entre 18 y 20 dólares por tonelada, y su precio de venta varía entre 20 y 24 dólares. Con esto quiero graficar que, de aumentarse en nueve dólares el impuesto, implicaría, lisa y llanamente, el término de la actividad, por cuanto no sería rentable, y con ello estaríamos perdiendo un importante rubro empresarial en nuestro país, tan necesitado de reactivación.	Hago notar que el costo de importación del carbón mineral no pasa más allá de 25 dólares. Les recuerdo que en la producción, se considera un costo de entre 18 y 20 dólares, pero si le sumamos los 9 del nuevo impuesto, se elevaría a 29. Por lo tanto, se excedería en cinco dólares.	El carbón subbituminoso, energético que ocupan las empresas cupríferas de nuestro país, es el último energético que existe en Chile. A diferencia de lo ocurrido en Enacar y en otras empresas que se dedicaron a la explotación de este mineral, pero no tuvieron éxito rentable, aquí estamos hablando de empresas que realizan la actividad en forma rentable y con muestras claras de una alta absorción de mano de obra.	Entiendo la necesidad de buscar distintas alternativas de financiamiento para mejorar la salud de todos los chilenos, pero me parece necesario advertir yerros como el que comento. El carbón, por su vulnerabilidad entre el costo de producción y su precio de venta, no puede ser gravado para financiar en parte el plan Auge. De ser así, se estaría cometiendo un equívoco grave, que podría generar un impacto altamente negativo en la actividad económica de las regiones Duodécima, Décima y Octava.	Por las razones expuestas, solicito que se oficie a los ministros de Salud y de Hacienda y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, a fin de que nuevamente se revise la política de financiamiento del plan Auge y que se considere el comportamiento económico que se podría suscitar con un eventual aumento del impuesto al carbón.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Mario Escobar y de quien habla.	Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.	-Se levantó la sesión a las 13.57 horas.GUILLERMO VITTA PÉREZ,Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de junio de 2002.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga beneficios al personal de la Salud Primaria, correspondiente al boletín Nº 2931-11, con las siguientes modificaciones:Artículo 1º	En su inciso primero ha intercalado, entre la preposición “de” y la palabra “estímulo”, la expresión “desarrollo y”.Artículo 2º	Ha intercalado, en su inciso primero, entre la preposición “de” y la palabra “estímulo”, la expresión “desarrollo y”.	En su inciso segundo ha suprimido los vocablos “fijo o”.	En la primera oración de su inciso tercero ha reemplazado la palabra “fijo” por “base”, y la expresión “la base señalada” por “las remuneraciones señaladas”, respectivamente.Artículo 3º	Ha incorporado como inciso quinto, nuevo, el siguiente:	“Los recursos para el financiamiento de la asignación, serán transferidos a las entidades administradoras de salud municipal a través de los respectivos Servicios de Salud”.Artículo 4º	Ha sustituido su encabezamiento por el siguiente:	“Artículo 4º.- Para efectos de otorgar el componente variable de la asignación, se aplicarán las siguientes reglas:”.	Ha reemplazado su número 2), por el que sigue:	“2) El Director de cada Servicio de Salud determinará para cada entidad administradora de salud primaria y sus establecimientos, según corresponda, las metas específicas y los indicadores de actividad, en el marco de las metas sanitarias nacionales definidas por el Ministerio de Salud y los objetivos de mejor atención a la población beneficiaria. Sobre esta base se evaluará el desempeño de cada entidad administradora y se harán los traspasos de fondos correspondientes.	Para efectos de la determinación de las metas, el respectivo director de Servicio deberá requerir la opinión de un Comité Técnico Consultivo presidido por dicha autoridad e integrado por el director de Atención Primaria del Servicio de Salud o su representante, un representante de las entidades administradoras de salud ubicadas en el respectivo territorio jurisdiccional y por un representante de los trabajadores a través de las entidades nacionales, regionales o provinciales que, según su número de afiliados, posea mayor representatividad, todo ello sin perjuicio de las consultas adicionales a otras instancias que estime pertinentes.”.	Ha sustituido su número 3), por el siguiente:	“3) La evaluación del nivel de cumplimiento de las metas fijadas a las entidades administradoras de salud municipal y sus establecimientos, se efectuará por el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo, a partir de la información proporcionada por los Servicios de Salud y por las propias entidades administradoras, la que deberá ser entregada por dichas entidades a la señalada autoridad, a más tardar el 31 de enero de cada año. La resolución que dicte el Secretario Regional Ministerial de Salud, será apelable ante el ministro de Salud en el plazo de diez días, contado desde el tercer día hábil siguiente al despacho de la resolución por carta certificada dirigida al domicilio de la entidad administradora de salud municipal.”.Artículos TransitoriosArtículo tercero	Ha intercalado entre la preposición “de” y la palabra “estímulo” la expresión “desarrollo y ”.	En sus letras a), b), c) y d), ha sustituido el vocablo “fijo”, cada vez que aparece, por la palabra “base”.-o-	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3752, de 15 de mayo de 2002.	Acompaño los antecedentes respectivos.	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado, CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.2.	Oficio del Senado a través del cual modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal en materia de actuaciones previas al juicio oral. (boletín Nº 2924-07) (S)	Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY:	“Artículo único.- Elimínase, en el inciso primero del artículo 281 del Código Procesal Penal, la frase “junto con los registros que debieren acompañarse,”.”.-o-	Dios guarde a vuestra Excelencia.,	(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.	Moción de los honorables senadores señores Fernández, Coloma, Chadwick, Stange y Novoa, mediante la cual inician un proyecto de ley que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal, en materia de actuaciones previas al juicio oral. (boletín Nº 2924-07)	Considerando que:1.	Se ha suscitado una polémica en torno a una resolución de la Excelentísima Corte Suprema, del 20 de marzo de 2002, por la cual ésta imparte instrucciones a los jueces de garantía acerca de cuáles son los registros que éstos deben enviar a los tribunales del juicio oral, conjuntamente con el auto de apertura del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código Procesal Penal.2.	Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema ha expresado su parecer, por intermedio de su Comisión de Comunicaciones, señalando textualmente: “Sería conveniente que fuera el legislador el que modifique la norma del artículo 281 del Código Procesal Penal, bastando con eliminar la expresión “junto con los registros que debieren acompañarse”, para que la instrucción de la Corte Suprema, motivo de la polémica y “consecuencia de dicha disposición legislativa, tenga el mismo destino”. Esto es, que dicha instrucción quede sin efecto.3.	Para introducir oportunamente tales correcciones y ajustes al nuevo sistema procesal penal es que se estableció, en su oportunidad, la gradualidad progresiva de su aplicación, en los términos previstos por la disposición 36ª transitoria de la Constitución Política del Estado, según la reforma constitucional aprobada por la ley Nº 19.519, publicada el 16 de septiembre de 1997.	Por tanto, venimos en proponer la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEYArtículo único:	Elimínese en el inciso 1º del artículo 281 del Código Procesal Penal, la frase “junto con los registros que debieren acompañarse”.3.	Oficio del Senado.	“Nº 19.996	Valparaíso, 12 de junio de 2002.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, acordó dirigir oficio a esa honorable Cámara a fin de reiterar la solicitud planteada mediante oficio Nº 19.683, de 16 de abril del año en curso, en orden a que, si lo tiene a bien, esa Corporación designe y actualice, según sea el caso, la nómina de los honorables señores diputados que la representarán en la Comisión Mixta que deberá resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares, correspondiente al boletín Nº 660-15.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en virtud del referido acuerdo.	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.4.	Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la contraloría General de la República. (boletín Nº 2610-07-2)“Honorable Cámara:	La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.	La decisión de remitir esta iniciativa en informe a esta Comisión, fue adoptada por la Corporación en su sesión 4ª de fecha 6 del mes en curso, para los efectos previstos en el artículo 119 del Reglamento.	De conformidad a lo establecido en la citada disposición reglamentaria, la Comisión debe pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estima conveniente, deberá recomendar aprobar o desechar las enmiendas propuestas.	Durante el desarrollo de su trabajo, la Comisión contó con la colaboración de los siguientes integrantes de la contraloría General de la República:	-Don Arturo Aylwin Azócar, contralor general de la República.	-Don Hernán Llanos González, jefe de Auditoría Administrativa.	-Don Gastón Astorquiza Altares, jefe de la División Jurídica.	-Don Jorge Correa Fontecilla, subjefe de la División de Coordinación e Información Jurídica.RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓNA.	La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes, acordó recomendar la aprobación de todas las enmiendas propuestas por el Senado, salvo la contenida en el número 21 del artículo 1º en cuanto reemplaza el inciso segundo del artículo 133 bis de la ley orgánica de la Contraloría, propuesto por el Nº 19 del artículo 1º del texto aprobado por la Cámara de Diputados, el cual fue rechazado por mayoría de votos.	El pronunciamiento favorable de la Comisión se basó en la consideración de que las modificaciones propuestas por el Senado, varias de ellas puramente formales, permitían un mejor logro de los fines perseguidos por el proyecto, es decir, introducir una serie de modificaciones destinadas a actualizar en los aspectos más urgentes, la normativa que rige al órgano contralor.B.	Asimismo, cabe señalar que los Nºs 1, letra b), 5, 6, 8 ( que pasó a ser 9), 9 (que pasó a ser 10), 10 (que pasó a ser 11), 11 (que paso a ser 12), 12 (que pasó a ser 14), 14 (que pasó a ser 16), 15 (que pasó a ser 17), 16 (que pasó a ser 18), 17 (que pasó a ser 19), 18 (que pasó a ser 20), 20 (que pasó a ser 22) y 21 (que pasó a ser 23) del artículo 1º y el artículo 2º transitorio (que pasó a ser 3º), no fueron objeto de modificaciones por parte del Senado, debiendo, en consecuencia, entendérselos aprobados.ALCANCES DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADOARTÍCULO 1º	Introduce diversas modificaciones a la ley orgánica de la Contraloría General de la República.Número 1	Realiza cuatro modificaciones al artículo 10:1º	El inciso primero de este artículo señala como función del contralor tomar razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los jefes de servicios que deban tramitarse por medio de la contraloría, encomendándole, además, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer dentro de los treinta días siguientes a su recepción, debiendo darles curso, a pesar de su representación, en caso de insistencia del Ejecutivo.	La Cámara propuso adecuar la terminología de este inciso al texto constitucional, reemplazando los términos “y se pronunciará” por la expresión “representará”, como también reducir de treinta a quince días el plazo del contralor para pronunciarse sobre la constitucionalidad o legalidad de los decretos y resoluciones.	El Senado acogió ambas modificaciones, pero plantea facultar al contralor para prorrogar el plazo, mediante resolución fundada, por otros quince días en caso de existir motivos graves y calificados.2º	El inciso tercero obliga al contralor a dar cuenta al Jefe del Estado y al Congreso de los decretos de insistencia que hubiere dictado.	La Cámara precisó señalando que la comunicación debe dirigirse a esta Corporación, criterio con el que coincidió el Senado sólo con adecuaciones formales.3º	El inciso sexto exige que la resolución del contralor por la que exime del trámite de la toma de razón, a uno o más Ministerios o servicios en caso de decretos o resoluciones que concedan licencias, feriados, permisos u otras materias que no considere esenciales, debe ser fundada y contener las modalidades por las que se fiscalizará la legalidad de dichos decretos o resoluciones, debiendo, además, dar cuenta a la Cámara de Diputados cada vez que haga uso de esta facultad, para los efectos de lo establecido en el artículo 39, atribución 1ª, letra c) de la Constitución Política.	El Senado introdujo esta nueva letra para el solo efecto de rectificar la referencia constitucional, remitiéndola al artículo 48 de la Carta Política.4º	Los incisos quinto a undécimo se refieren, detalladamente, a la facultad del contralor para eximir del trámite de la toma de razón a decretos o resoluciones que concedan licencias o feriados o que traten materias que no considere esenciales; a la tramitación de los llamados decretos de emergencia, es decir, aquellos que el Presidente de la República dispone que tengan un trámite extraordinario de urgencia por cuanto perderían su oportunidad o se desvirtuarían si no se aplicaran de inmediato; a aquellos que pueden aplicarse antes de la toma de razón, y a aquellas medidas que pueden hacerse efectivas de inmediato, aun antes de expedirse el respectivo decreto o resolución.	La Cámara propuso substituir todos estos incisos, resumiéndolos en dos, para referirse en el primero a la facultad del contralor para eximir del trámite de la toma de razón a decretos y resoluciones que se refieren a materias que considere no esenciales, y en el segundo, facultar al contralor para que, de oficio o a petición del Jefe del Estado, autorice, por resolución fundada, se cumplan antes de la toma de razón, los decretos y resoluciones que dispongan medidas que puedan desvirtuarse o que perderían oportunidad si no se las aplica de inmediato o que tienden a evitar o reparar daños a la colectividad o al Estado, en casos de terremotos, inundaciones, incendios, etc.	El Senado propone mantener los incisos quinto y sexto, referidos a la facultad del contralor para eximir del trámite de la toma de razón a decretos o resoluciones que se refieren a materias no esenciales, al contenido de las resoluciones que lo autoricen y a su comunicación a la Cámara, como también el inciso undécimo que permite hacer efectiva la responsabilidad administrativa del jefe que dictó una resolución que pudo aplicarse antes de su toma de razón o que dispuso la aplicación de una medida antes de expedirse el correspondiente decreto o resolución, en los casos en que el contralor no da curso al decreto o resolución respectivo.	En cambio, coincide con la Cámara en substituir los incisos séptimo a décimo, referidos a los decretos de emergencia, en los mismos términos que ella propuso, pero en un solo inciso y condicionando la autorización para que se cumplan antes de la toma de razón, a que no afecten derechos esenciales de las personas.5º	Como ya se dijo, el Senado mantiene el inciso undécimo de este artículo, en razón de lo cual introduce una modificación puramente formal para remitir los efectos en él indicados al inciso precedente, es decir, el señalado en el párrafo anterior.Número 2	La Cámara propuso derogar el artículo 12, disposición que establece que el contralor tendrá derecho a asistir, por sí o por delegados, a las sesiones de los consejos de las instituciones cuya fiscalización le esté encomendada, con derecho a voz y sin percibir mayor remuneración.	El Senado propone substituir esta norma para establecer que el contralor tendrá derecho a designar delegados cuando lo estime conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones, a fin de que asistan a sesiones específicas de las referidas instituciones.Número 3	La Cámara propuso transformar en facultativa la obligación que el artículo 14 impone al contralor de intervenir, por sí o por delegado, en la destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública, especies valoradas y otros efectos.	El Senado propone substituir este artículo para permitir al contralor adoptar las medidas que estime convenientes para la adecuada fiscalización de la destrucción e incineración de estos documentos, especies y efectos, incluyendo la posibilidad de designar delegados.Observaciones	A juicio del señor contralor, esta forma daría más amplitud para efectuar la fiscalización.Número 4.-	La Cámara propuso agregar un artículo 21 bis para disponer que la contraloría deberá efectuar en las formas, plazos y modalidades que ella misma establezca, auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, resguardar el patrimonio público y la probidad administrativa. En el cumplimiento de estas funciones, deberá evaluar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y su sistema de control interno; fiscalizar la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, especialmente las referidas a la ejecución presupuestaria de los recursos públicos; examinar las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros; comprobar la veracidad de la documentación sustentatoria; verificar el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios públicos y formular las proposiciones para subsanar los vacíos que detecte.	Dentro de estas facultades puede, en casos calificados, autorizar a los organismos sujetos a su fiscalización, la contratación de auditorías de estados financieros a empresas particulares externas, las que estarán sujetas a su tuición técnica.a)	El Senado substituyó esta proposición para suprimir, en el artículo 21 A, por excesivamente amplia, la facultad de evaluar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y para permitir a estos servicios contratar, sin necesidad de la autorización de la contraloría, pero sin perjuicio de sus facultades fiscalizadoras, auditorías de sus estados financieros a empresas particulares externas.b)	Asimismo, agregó un artículo 21 B, para precisar que la contraloría, en el ejercicio del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.Observaciones	Ante las dudas planteadas por varios señores diputados, el señor contralor precisó que la disposición, válida para todos los órganos de la administración, refería las auditorías, las que podrían ser contratadas libremente por los servicios sin necesidad de autorización del órgano contralor, sólo a los estados financieros de los servicios fiscalizados sin afectar las facultades fiscalizadoras de la contraloría, la que perfectamente podría rechazar una de estas auditorías si no estaba conforme con ella.	Asimismo, el nuevo artículo 21 B que agregaba el Senado, precisaba los límites de las auditorías, en el sentido de que se trataba de controles amplios de legalidad, pero sin que ello significara cuestionar las políticas del Gobierno.Número 7	La Cámara propuso derogar todo el Título V que trata de las “Cauciones”. (artículos 68 a 84 de la ley orgánica).	El Senado propone, en cambio, substituir el actual artículo 68 de la ley orgánica, con que se inicia ese Título, reproduciendo su inciso primero el que dispone que todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, y agregando dos nuevos incisos para señalar, mediante el primero, que las cauciones podrán consistir en seguros, fianzas y otras garantías que determine el reglamento que dictará el Presidente de la República, el que deberá, además, contener las modalidades, el monto y las condiciones de las cauciones como también las normas relativas a su cancelación y liquidación.	El segundo inciso mantiene respecto de estas materias, las facultades fiscalizadoras de la contraloría para velar por el cumplimiento de estas normas y para que se hagan efectivas las responsabilidades en caso de infracción.	Por último, el Senado agrega un nuevo número para derogar el resto del articulado de este Título, vale decir, los artículos 69 a 84.Observaciones	Los representantes de la contraloría explicaron que la proposición del Senado mantiene en la ley orgánica la obligación de caucionar y la facultad del contralor para fiscalizar y velar por que se hagan efectivas las responsabilidades, pero suprime su obligación de calificar las cauciones.Número nuevo	El Senado agregó un nuevo número, que figura como 13, para substituir en el inciso tercero del artículo 109, la frase “secretario del tribunal” por “secretario del juzgado”.	El artículo 109 señala que los reparos que se formulen a las cuentas, deberán contestarse dentro de quince días a contar de la notificación, o en el plazo que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento establecida en el Código de Procedimiento Civil si el notificado residiere fuera de los límites urbanos de la ciudad.	Su inciso segundo señala que a la contestación deberán acompañarse todos los documentos que el cuentadante estime necesarios para su defensa.	Su inciso tercero dispone que si los reparos no son contestados dentro de plazo, el juez de cuentas, con el solo mérito del certificado del secretario del tribunal, declarará la rebeldía, salvo que decida ampliar el plazo.Observaciones	De acuerdo a los representantes de la contraloría, la modificación del Senado obedece a la necesidad de actualizar los términos a la nueva estructura de los juzgados de cuentas.Número 13	El artículo 118 dispone que en los juicios de cuentas, será juez de segunda instancia el contralor.	La Cámara propuso substituir este artículo para dar una conformación colegiada al tribunal de segunda instancia, el cual queda presidido por el contralor e integrado por dos abogados que hayan destacado en la actividad profesional o universitaria, designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna del contralor. Igual mecanismo se utilizará para la designación de los reemplazantes de los abogados, quienes durarán cuatro años en sus cargos, percibirán una asignación equivalente a cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan y no estarán afectos a las incompatibilidades remuneratorias que pesan sobre el personal de la contraloría ni a la prohibición de ejercicio libre de la profesión.	El Senado acogió la norma, pero plantea mantener la incompatibilidad establecida en el inciso quinto del artículo 47, es decir, que estos abogados no podrán percibir otras remuneraciones por servicios prestados al Estado, salvo las provenientes de la educación pública hasta un máximo de dos cátedras universitarias.Observaciones	El señor contralor precisó, ante las consultas de algunos diputados, que estos abogados pertenecerían a la planta de la contraloría, gozarían de inamovilidad y no dependerían del contralor, y, en cuanto a las incompatibilidades, el Senado había propuesto mantener respecto de ellos la que les impide ocupar otros cargos remunerados en la Administración Pública.Número 19	La Cámara propuso agregar un artículo 133 bis, nuevo, para establecer que en los sumarios que se instruyan en las municipalidades, corresponderá al contralor general hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios sumariados, aplicando directamente las sanciones que correspondan.	Su inciso segundo señala que si la sanción fuere superior a la de multa, será apelable ante la Corte Suprema.	El Senado propone modificar el texto de la Cámara para establecer que el contralor deberá proponer a la correspondiente autoridad, que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, autoridad que deberá aplicar directamente las sanciones que procedan.	Reemplaza, asimismo, el inciso segundo, para establecer que, en el caso que la autoridad administrativa imponga una sanción distinta, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de la toma de razón por parte del contralor.Observaciones	El señor contralor explicó que la proposición del Senado soslayaba las críticas al texto propuesto por la Cámara, en el sentido de ser discriminatorio, por cuanto sólo los funcionarios municipales serían los únicos afectos a la aplicación directa de sanciones por parte del contralor, lesionando así el principio de la autonomía municipal.	Por ello, al establecer que el contralor solamente propondría la sanción disciplinaria a la autoridad municipal, sería ésta quien tendría que aplicarla, pero en el caso de imponer una distinta a la propuesta, debería fundarla en resolución sujeta al trámite de la toma de razón, mecanismo que permitía evitar que los alcaldes hicieran caso omiso de la proposición del órgano de control, quien hoy día no tiene medio alguno para evitarlo.	La Comisión estuvo de acuerdo con la proposición del Senado, pero observó, a sugerencia de los diputados señores Burgos y Bustos, que el inciso segundo no solucionaba totalmente el problema por cuanto al emplear los términos “en el caso que la autoridad administrativa imponga una sanción distinta”, estaba dejando fuera la posibilidad de que esta autoridad no impusiera sanción alguna no obstante la proposición del contralor, motivo por el cual creía más apropiado substituir tales términos por los siguientes: “en el caso que la autoridad administrativa adopte una decisión distinta”.	No obstante, dados los términos del artículo 119 del Reglamento, que sólo le permite sugerir aceptar o rechazar las modificaciones propuestas por el Senado, acordó, por mayoría de votos (6 votos en contra, 2 a favor y 4 abstenciones) recomendar el rechazo de este inciso segundo.Número 22	El artículo 143 se refiere al contenido del informe anual sobre el ejercicio financiero del año anterior y sobre las demás actividades desarrolladas por la contraloría durante igual período, comprendiendo el balance general del activo y del pasivo de la Hacienda Pública al 31 de diciembre anterior; un estado de las operaciones efectuadas en el año fiscal anterior; un estado detallado de las rentas percibidas y gastos realizados en igual período y demás cuentas que indica.	La Cámara propuso substituir este artículo para establecer que el contralor general deberá elaborar anualmente la cuenta pública sobre la gestión de la contraloría en el año anterior, la que contendrá un resumen de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones; una relación de los decretos de insistencia dictados por el Presidente de la República, con indicación de los fundamentos de la representación y de la insistencia; una reseña de las principales dudas y dificultades suscitadas con motivo de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pudiendo sugerir modificaciones para un mejor funcionamiento de la Administración; un estado de la situación financiera de la contraloría y otras materias que el contralor estime convenientes.	El inciso segundo señala que la cuenta debe ser dada a conocer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, a más tardar en el mes de mayo de cada año.	El Senado acogió esta disposición, pero substituyó en su inciso segundo los términos “será dada a conocer” por “será enviada”, por razones de mayor precisión.	Asimismo, agregó un inciso tercero, nuevo, para establecer que cada contralor regional deberá elaborar anualmente una cuenta pública de la gestión de la Contraloría regional correspondiente al año anterior, la que enviará al Gobierno regional.Artículo 2º	Modifica el artículo 11 del decreto ley Nº 799, de 1974, texto legal que dicta normas regulatorias del uso y circulación de vehículos estatales.	Esta norma dispone sancionar las infracciones a este cuerpo legal con alguna de las medidas disciplinarias previstas en el Estatuto Administrativo, señalando que una vez comprobada la infracción, se entregará el vehículo a la Intendencia respectiva, la que, a su vez, deberá entregarlo a la Jefatura de la repartición a la que estuviere asignado. El parte correspondiente se enviará al Departamento de Inspección de la contraloría para que haga efectiva la responsabilidad y aplique las sanciones que procedan.	La Cámara propuso agregar un inciso final a este artículo para permitir al contralor, en casos calificados y en atención a las circunstancias del hecho, delegar en el respectivo servicio la facultad de hacer efectiva la responsabilidad administrativa del infractor.	El Senado plantea agregar una oración final a este inciso, para señalar que la delegación no impedirá el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la contraloría.Artículo 3º	Agrega un artículo 62 bis, nuevo, a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.	La Cámara propuso este artículo para establecer que la potestad sancionadora de la contraloría para hacer efectiva la responsabilidad administrativa del personal de las municipalidades, no se aplicará a los alcaldes.	El Senado propone suprimir este artículo, el que como consecuencia de las modificaciones que propone introducir al artículo 133 bis de la ley orgánica de la contraloría (número 19, página 8 de este informe) ha perdido su razón de ser, toda vez que de acuerdo a esa modificación, la contraloría sólo propondrá hacer efectiva la responsabilidad administrativa y no aplicará sanciones.Artículo 4º	Agrega un artículo 55 bis, nuevo, a la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.	La Cámara propuso este artículo señalando que todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.	El inciso segundo señala que las cauciones podrán consistir en seguros, fianzas y otras garantías que determine el reglamento que dicte el Presidente de la República, el que deberá señalar, además, las modalidades y condiciones de ellas y las normas relativas a su cancelación y liquidación.	El inciso tercero señala que lo anterior es sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la contraloría para velar por el cumplimiento de estas normas y para que se hagan efectivas las consiguientes responsabilidades.	El Senado propone suprimir este artículo, el que como consecuencia del nuevo artículo 68 que propone para la ley orgánica de la Contraloría (número 7, página 6 de este informe) ha perdido todo sentido, puesto que lo que dispone sería repetitivo del artículo mencionado.Artículo 1º transitorio	La Cámara propuso esta norma para señalar que mientras no se dicten las disposiciones reglamentarias a que se refiere el artículo 55 bis de la ley Nº 18.575, introducido por esta ley, seguirán aplicándose las disposiciones sobre cauciones contenidas en el Título V de la ley Nº 10.336.	El Senado propone reemplazar esta norma para referirla a la dictación de las normas reglamentarias señaladas en el nuevo texto del artículo 68 de la ley Nº 10.336, como consecuencia de la supresión del artículo 55 bis propuesto por la Cámara, en razón de lo ya dicho respecto del artículo 4º del proyecto. Artículo 2º transitorio	El Senado propone este artículo para establecer que los recursos de apelación que se hubieren deducido a la fecha de publicación de esta ley, en contra de sentencias de primera instancia recaídas en juicios de cuentas, seguirán siendo conocidos y resueltos por el contralor, pero los fallos que resuelvan sobre los recursos de revisión, es decir, los que se interponen ante el contralor para que revise lo resuelto en sentencias de segunda instancia, podrán ser objeto del mismo recurso de revisión ante el tribunal colegiado de segunda instancia que se establece en el nuevo artículo 118 (número 13, página 7 de este informe).MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO VOTADAS EN CARÁCTER DE NORMAS ORGÁNICO CONSTITUCIONALES	El Senado votó en carácter de orgánico constitucionales, todas las modificaciones introducidas al texto propuesto por la Cámara, por tener directa incidencia en las facultades y atribuciones de la contraloría General de la República.MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO QUE SON DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	No hay modificaciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.	Sala de la Comisión, a 11 de junio de 2002.	Se designó diputado informante al señor Jorge Burgos Varela.	Aprobado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los diputados señor Jorge Burgos Varela (Presidente), señoras Marcela Cubillos Sigall, María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y señores Gabriel Ascencio Mansilla, Juan Bustos Ramírez, Guillermo Ceroni Fuentes, Eduardo Díaz del Río, Marcelo Forni Lobos, Zarko Luksic Sandoval, Nicolás Monckeberg Díaz y Darío Paya Mira.	(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Secretario”.5.	Moción de la diputada señora Laura Soto, y los diputados señores Accorsi, Girardi, Jarpa, Palma y Sánchez.	Establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas. (boletín Nº 2973-11)	“Vistos	El artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, la ley Nº 17.105 sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, la ley Nº 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.	Considerando:	Según estudios del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, Conace, un 70,84% de trabajadores, son consumidores de alcohol. Es un hecho que este problema, puede acarrear graves consecuencias, si la persona bajo la influencia del alcohol se encuentra efectuando faenas peligrosas.	Según el doctor Trucco, de la Asociación Chilena de Seguridad, el abuso del alcohol y las drogas, produce una baja en la producción de las empresas, incrementando la accidentalidad, y cuesta al país 42 mil millones de pesos anuales.	Y si bien el alcohol, a diferencias de las sustancias sicotrópicas y estupefacientes, es considerada lícita, causa enorme preocupación la falta de una legislación, que regule la actividad comercial, en beneficio de la población.	Entre los expertos existe el convencimiento de que la ingesta del alcohol, ocupa el primer lugar en el mercado de las drogas lícitas e ilícitas. Y lo que es más preocupante, es que el alcohol es la droga más ampliamente usada entre los adolescentes de nuestro país.	La ley Nº 18.455 define las diferentes clases de bebidas alcohólicas, determinando que hay bebidas fermentadas y destiladas. Estas últimas contienen el 95% de etanol y sólo un 5% de agua, las que las hace mayormente riesgosas, para la salud. El alcoholismo puede matar de muchas maneras diferentes.	Si una persona empieza a beber a temprana edad, reduce su esperanza de vida por 12 años y más, teniendo mayores perspectivas de desarrollar enfermedades graves.	Entre las enfermedades más graves están:1.	Cardiopatías: Aunque el consumo moderado del alcohol fermentado, parece reducir el riesgo de los ataques cardíacos al mejorar los niveles de colesterol, dosis más grandes de alcohol pueden desencadenar latidos del corazón irregulares y aumentar la presión arterial hasta en las personas sin una historia de cardiopatías. Un estudio principal encontró que personas que consumían más de tres bebidas alcohólicas al día tenían una presión arterial mayor a lo normal. Un 11% de todos los casos de hipertensión son causados por ingesta alcohólica excesiva. El abuso crónico del alcohol también puede lesionar el músculo del corazón que conduce a la insuficiencia cardíaca; las mujeres son particularmente vulnerables a este trastorno.2.	Cáncer: El alcohol y su consumo son agentes que concitan al consumo de otras drogas, como el tabaquismo. Cerca del 75% de cáncer del esófago y 50% de cáncer a la boca, la garganta y la laringe se atribuyen al alcoholismo. El alcoholismo también se asocia con un mayor riesgo para el cáncer colon-rectal. El riesgo para el cáncer hepático aumenta en los alcohólicos y hasta el beber moderadamente puede aumentar las perspectivas del desarrollo del cáncer de mamas en las mujeres.3.	Trastornos mentales y neurológicos: El uso habitual del alcohol deprime el sistema nervioso central, produciendo depresión clínica, confusión y en los casos graves, psicosis y trastornos mentales.4.	Cirrosis: El hígado en particular es puesto en peligro por el alcohol. En este órgano, el alcohol se convierte en una sustancia aún más tóxica, “el acetaldehído”, el que puede causar daño sustancial, incluyendo cirrosis en 10% de personas con alcoholismo. El daño hepático es más común y se desarrolla más rápidamente en las mujeres. Dentro del tracto gastrointestinal, el alcohol puede contribuir a la causa de úlceras y de pancreatitis, una grave infección del páncreas.	Nos preocupa que existe actualmente en el mercado un uso indiscriminado de publicidad a favor del uso de alcoholes, en los cuales se utiliza incluso mensajes subliminales de bienestar, de éxito y de belleza.	Para introducir regulación en la publicidad que incentiva el consumo de alcohol, se propone el siguiente:PROYECTO DE LEYArtículo 1	Modifica el artículo Nº 35 de la ley Nº 18.455, sobre la Producción y Comercialización de Alcohol etílico “destilado” en la siguiente forma;Agregar un inciso 6º	“todo producto que contenga alcohol etílico destilado y derivados, en envase nacional, importado o de cualquier origen, y toda acción publicitaria de lo mismo, cualquiera sea la forma o el medio en que se realice, deberá contener una clara y precisa advertencia que su ingesta puede producir graves riesgos para la salud:”. En todos estos envases y su etiquetado, se formulará clara y nítidamente, en caracteres negros sobre fondo claro, o caracteres blancos sobre fondo oscuro, enmarcada en un rectángulo que ocupe a lo menos de un 10% de la superficie o espacio total del envase o propaganda publicitaria; expresada en castellano;Advertencia“El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud y afecta a la familia	Modifícase el inciso 1º de la siguiente forma: después de volumen el punto final cámbiase a punto y coma, agregándose la siguiente frase:	“El consumo de este producto causa daños neurológicos al niño por nacer”.Artículo 2	Modifíquese en la ley Nº 17.105, el artículo 123, inciso 3º, de la siguiente forma:	Después de la expresión “que proporcionan bebidas alcohólicas a menores de 18 años”, agregar: “serán castigados con una multa de un octavo a un cuarto de sueldo vital; y si se permitiese que éstos lleguen a embriagarse, serán castigados con una multa de medio a un sueldo vital”.