REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 347ª, ORDINARIASesión 6ª, en miércoles 12 de junio de 2002(Ordinaria, de 10.38 a 14.23 horas)		Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,		y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo,		y Letelier Morel, don Juan Pablo.		Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTO DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		6	II.	Apertura de la sesión		9	III.	Actas		9	IV.	Cuenta		9	-	Autorización a Comisión de Constitución para sesionar simultáneamente con la Sala		9	-	Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)		9	V.	Orden del Día. 	-	Modificación de la ley Nº 19.220, sobre establecimiento de bolsas de productos agropecuarios. Tercer trámite constitucional		10	-	Reforma del decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia. Primer trámite constitucional		15	-	Integración de Comisión Mixta		34	-	Modificación de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, en lo referente al consumo en la vía pública. Segundo trámite constitucional		34	VI.	Proyectos de acuerdo. 		Salvaguardias para industria remolachera nacional		46	VII.	Incidentes. 	-	Endeudamiento con Indap de cooperativa campesina “Buscando desarrollo”. Oficios		47	-	Reacciones por traspaso del liceo Manuel de Salas a la Universidad de Chile		48	-	Congratulaciones a ganadores del 34º concurso de cueca. Oficio		49	-	Proposiciones para enfrentar la marea roja en la Décima Región. Oficios		50	-	Medidas para solucionar problemas relacionados con la producción de la remolacha. Oficios		51	-	Creación de Comité del adulto mayor en la Región de Los Lagos. Oficio		54	-	Reflexiones acerca de la actitud de algunos señores diputados		54	-	Construcción de colector de aguas lluvia en Maipú y reposición de puente en camino a Rinconada. Oficios		55	-	Procedimiento de reintegro de dineros por las isapres. Oficio		56	-	Información sobre eventual concesión de territorio para salida de gas natural desde Bolivia. Oficio		57Pág.	-	Criterios de financiamiento para construcción de ductos de evacuación de aguas lluvia. Oficios		57	-	Medidas especiales en favor de pequeños agricultores afectados por temporales. Oficios		59	VIII.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha dispuesto el archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, de los siguientes proyectos:		61a)	Modifica la ley Nº 18.340, sobre arancel consular (boletín Nº 842-10)b)	Aprueba el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Unión Latina, suscrito en París el 15 de febrero de 1994 (boletín Nº 1229-10) (S)c)	Aprobación de las Enmiendas al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptado por resolución Nº 11 del XVI Congreso de la Organización, reunido en París entre los días 6 y 7 de diciembre de 1994 (boletín Nº 1679-10)	2.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, con “discusión inmediata”, que modifica la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres en lo relativo al consumo en la vía pública (boletín Nº 2948-07)		61	3.	Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la ley de Tránsito en los programas de educación (boletín Nº 1807-04)		64	4.	Moción de los diputados señores Ulloa, Álvarez, Cardemil, Hernández, Longueira, Montes, Pérez, doña Lily; Rojas, Salas y Von Mühlenbrock que modifica la ley Nº 19.070, con el objeto de que la psicopedagogía sea ejercida por profesionales de la educación (boletín Nº 2969-04)		67	5.	Moción de los diputados señores Alvarado, Norambuena y Pérez, don Víctor, que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 18 de la ley Nº 18.290, relativo a la renovación de licencias de conducir clase A (boletín Nº 2968-15)		68	IX.	Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Uriarte reemplazará en forma definitiva a la diputada señora Cubillos, doña Marcela, en la Comisión especial de Seguridad Ciudadana.	2.	Oficios:-De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para celebrar una sesión especial con el objeto de conocer el Informe de Desarrollo Humano del año 2001, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas. Contraloría General de la República-De la diputada señora Lily Pérez, antecedentes administrativos y contables correspondientes al período marzo 1995 a marzo 2000 de la Dirección Nacional de Aduanas. -De los diputados señores Kuschel y Reyes, copia de informe de visita extraordinaria practicada a la Oficina Regional de Emergencia de la Décima Región.Ministerio del Interior-Del diputado señor Kuschel, evolución del número de subsidios de agua potable en cada una de las comunas de la provincia de Llanquihue.-Del diputado señor Pablo Galilea, detalles del convenio de colaboración tendiente a apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de Aisén. Ministerio de Relaciones Exteriores-Del diputado señor Burgos, posible cooperación que podría haber prestado la Embajada de España en Chile en la importación de muebles. Ministerio de Hacienda-De los diputados señores Ortiz y Barros, aplicación de medidas de salvaguardia para la industria del acero. Ministerio de Agricultura-Del diputado señor Barros, beneficiarios de Indap, comuna de Litueche, Sexta Región. Ministerio de Salud-Del diputado señor García-Huidobro, sumarios sanitarios incoados a la División El Teniente de Codelco. Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del diputado señor Delmastro, traspaso de terrenos Serviu Décima Región de Valdivia; proyecto Pavimentación Participativa de Avda. Pedro Castelblanco de la ciudad de Valdivia. -Del diputado señor Espinoza, erradicación Campamento Las Camelias. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-Del diputado señor Lagos, situación de la telefonía rural en la Décima Región. Ministerio de Planificación y Cooperación-De la Corporación, mejoramiento del factor discriminatorio de la ficha CAS.Municipalidad de San José de la Mariquina-Del diputado señor Kuschel, ayudas sociales.
    
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (116)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Díaz Del Río, Eduardo	UDI	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Escalona Medina, Camilo	PS	VIII	46Escobar Urbina, Mario	UDI	II	3	Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Román, Rosa	UDI	I	1González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hidalgo González, Carlos	ILC	V	15Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND-UDI	V	14Ibáñez Soto, Carmen	IND-RN	V	13Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Lagos Herrera, Eduardo	PRSD	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	IND-RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paredes Fierro, Iván	IND-PS	I	1Pareto Vergara, Cristián	PDC	RM	20Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lobos, Aníbal	PPD	VI	35Pérez Opazo, Ramón	IND-UDI	I	2Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	IND-PS	I	2Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Sepúlveda Orbenes, Alejandra	IND-PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	13Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tohá Morales, Carolina	ILE	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	ILC	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Varela Herrera, Mario	UDI	RM	20Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	ILC	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Alejandro Navarro y Víctor Rebolledo.	-Asistieron, además, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, y el senador señor Juan Antonio Coloma.(II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Se va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala, sin la citación de cuatro horas previas, a fin de abocarse al conocimiento de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre la modificación de la ley de alcoholes.	¿Habría acuerdo?	Acordado.RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal, quien ha pedido la palabra en conformidad con el artículo 34 del Reglamento.	La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, en virtud de lo que establece el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, hago uso del derecho de vindicación, por cuanto he sido directamente aludida a través de los medios de comunicación por la coordinadora nacional del Fondart, señora Nivia Palma, quien ha formulado una serie de descalificaciones que pretenden afectar mi imagen como diputada y como activa luchadora por mejores condiciones de desarrollo para el mundo cultural y artístico del país.	En primer lugar, quiero aclarar que las declaraciones formuladas por la señora Palma se relacionan con el proyecto de acuerdo Nº 35, que presenté la semana pasada en la Sala y que fue aprobado por unanimidad.	Dicho proyecto de acuerdo tiene como objetivo solicitar al Fondart, por intermedio de su coordinadora nacional, mayor transparencia en la información de los proyectos que no han sido aceptados en las distintas versiones del fondo concursable, tanto regional como nacional.	Tal como se argumentaba en el proyecto, los artistas que no logran acceder al financiamiento para sus iniciativas tienen el legítimo derecho a imponerse, de manera cabal, de los motivos por los cuales el jurado desechó sus proyectos, porque de esa forma pueden mejorar las falencias de los mismos y volver a participar.	Solicité la información pertinente a las autoridades del Fondart mediante los conductos regulares y el procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara, o sea, a través de un proyecto de acuerdo, en conformidad con el rol fiscalizador que me asiste como diputada de la República, razón por la que no aceptaré que se me descalifique por los medios de comunicación.	Por lo tanto, quiero invitar a las autoridades del Ministerio de Educación, especialmente a quienes dirigen el Fondart, a trabajar por mejorar este sistema, dado el interés de miles de personas que quieren una oportunidad, lo que debe ser atendido por el Estado como respuesta al ochenta por ciento de los participantes que quedan fuera del fondo concursable sin que exista una respuesta clara sobre los motivos del rechazo.	Calidad, originalidad, viabilidad y presupuesto son los criterios en los que se enmarca la evaluación. Estoy cierta de que muchos de los postulantes nunca han tenido respuesta respecto de cuál es el requisito que no cumplieron.	Me pregunto, entonces, si no es pertinente que se les responda y si no es el Estado el que debe garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y el desarrollo de la cultura. Por eso, nos hemos sustentado en los principios que establece la ley Nº 18.575, que obliga al Estado, en todo orden de cosas, a transparentar la información en los procesos administrativos para todos los ciudadanos que así lo requieran.	En mi calidad de diputada, continuaré trabajando por mejorar el Fondart, que genera legítimas expectativas en el mundo de la cultura, de las artes, y constituye una herramienta válida para el desarrollo y descubrimiento de nuestros talentos. No acepto que quien tiene por misión administrar correctamente una instancia del Estado -por ende, de todos los chilenos- se dedique a descalificar a las personas en lugar de generar los espacios de trabajo conjunto que permitan responder a los ciudadanos.	Agradezco a todos los diputados que creen que Chile necesita más espacios para el desarrollo de la cultura y que aprobaron el proyecto de acuerdo que presenté en la Sala.	Estoy segura de que cuando se logra unanimidad frente a un tema como éste, se está caminando en la dirección correcta. En este caso, en otorgar espacios legítimos y transparentes de participación en el desarrollo de la cultura y de las artes.	Estamos aquí para responder a las demandas ciudadanas. En virtud de una de ellas, presenté el mencionado proyecto de acuerdo y continuaré trabajando en la materia, porque me parece de especial relevancia. Mediante esa instancia solicité un mínimo esfuerzo, y sólo corresponde a las autoridades decidir si optan por el trabajo que deben realizar o se escudan en las críticas gratuitas y sin sustento.	He dicho.	-Aplausos.V. ORDEN DEL DÍAMODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.220, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Tercer trámite constitucional.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.	Hago presente a la Sala que la Comisión ha recomendado aprobar el texto propuesto, excepto el Nº 17, con el fin de perfeccionar el mecanismo de administración tributaria del IVA para que cumpla con la finalidad de incentivar la transacción de productos agropecuarios en bolsa.	Creo que esta recomendación nos evita mayores dificultades en el debate del proyecto.	Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor José Antonio Galilea.	Antecedentes:	-Informe de la Comisión de Agricultura, recaído en las modificaciones del Senado, boletín Nº 1640-01, sesión 5ª, en 11 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor diputado informante.	El señor GALILEA (don José Antonio).- Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en tercer trámite constitucional, sobre el proyecto, iniciado en mensaje, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.	En aras del tiempo, ahorraré a la Sala la descripción de los aspectos que concitaron amplio respaldo, tanto en el Senado como en la Comisión de Agricultura de la Cámara, relacionados con algunas de las modificaciones que introdujo el Senado, con el fin de resguardar el funcionamiento de las bolsas de productos agropecuarios.	Tal como lo señaló su Señoría, quiero informar a la Sala que el principal inconveniente surge con el mecanismo de administración tributaria para las transacciones de títulos respaldados por certificados de depósitos de productos físicos. Por lo tanto, en este punto convendría que la Cámara acordara aprobar todos los numerales, salvo el 17, ya que existen fundadas dudas de que los dos mecanismos de administración tributaria propuestos por el honorable Senado den garantías de funcionamiento, aspecto al cual me referiré en particular.	La normativa general aprobada por el Senado sólo grava con IVA aquellas transacciones que impliquen la tradición del producto, con excepción de la transferencia de dominio de los productos que haga el propietario en favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda. Los títulos de certificados de depósito de productos podrán ser emitidos y transados en bolsa un número ilimitado de veces, sin devengar este impuesto.	Se establece que el IVA sólo será pagado cuando algún inversionista decida retirar el certificado de depósito que lo respalda, momento en que la bolsa endosará el dominio y traspasará dicho documento al inversionista, extinguiéndose el título que lo representa, emitiendo, además, una factura de venta a quien retire el producto y una de compra a quien ingresó el título en bolsa.	Esta alternativa resguarda principios de equidad y eficiencia económica, viabiliza la obtención de financiamiento para la guarda de productos agropecuarios, mediante la transacción de títulos de certificado de depósito y, dado que no implica costos en términos de menor recaudación, no obliga a limitar, por consideraciones de orden fiscal, los productos estandarizables y no perecibles contra los cuales pueden emitirse estos títulos.	El Presidente de la República, recogiendo los planteamientos efectuados en el curso de la discusión del proyecto en la Comisión de Agricultura del Senado, adoptó la decisión de incorporar un sistema alternativo que permita la recuperación inmediata del IVA por parte de quien ingresa a la bolsa, sin generar una fuente de evasión tributaria ni comprometer al erario.	Este sistema permite, a quien ingresa a la bolsa, la obtención de un débito de IVA, pagado por la bolsa, la que, a su vez, obtiene un crédito fiscal por el valor del IVA, que podrá compensar al retirar productos -no necesariamente los mismos que dieron lugar al citado crédito- y pagar el IVA correspondiente a esa transacción.	La bolsa contará con cuentas únicas de créditos y débitos de IVA y, en la medida en que ingresen productos a la bolsa y se opte por utilizar este sistema alternativo de administración tributaria, deberá pagar el IVA y adquirir los créditos correspondientes, los que podrá compensar al salir productos del sistema y pagarse el IVA sobre los mismos, que será retenido por la bolsa, generándose el débito respectivo.	La opción entre ambos sistemas queda confiada a la bolsa, la que podrá operar en forma simultánea con ambos. En la práctica, el sistema alternativo supondrá contar con mayor capital de trabajo, necesario para pagar el IVA a quien ingresa a la bolsa, costo que será trasladado a las comisiones que cobre a quienes operen en el sistema.	En definitiva, el productor podrá operar de dos maneras distintas que le ofrece la bolsa.	Sin embargo, a pesar de que estas dos fórmulas alternativas concitaron el respaldo mayoritario del honorable Senado, es indispensable señalar que la Comisión de Agricultura recomienda rechazar el número 17, en virtud de los antecedentes entregados por el señor Marco Antonio González, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, quien, respecto de los mecanismos de administración tributaria, indica que en esta materia las modificaciones aprobadas por el Senado no solucionan las deficiencias de la ley y hacen muy difícil que pueda ser viable un proyecto de creación de una bolsa. En su concepto, ambos sistemas no solucionan los problemas planteados, por cuanto no cumplen con los requerimientos básicos en materia tributaria, al no generar costos adicionales a los que existen actualmente ni evitar que existan distintos tipos de productos según su IVA asociado, logrando que el agricultor pueda financiar su IVA y que se generen incentivos para la formalización de operaciones.	Otro inconveniente dice relación con el hecho de que no existe una norma genérica de eliminación de impuestos, por lo que se desconoce qué ocurrirá con futuros, opciones y pactos de retrocompra, entre otros. Asimismo, el sistema propuesto hace más caras las transacciones de productos agrícolas en bolsa y ocasiona que los productos no sean commodities.	Por lo tanto, propone que en la bolsa exista una exención de IVA a las transacciones, siempre que no haya transferencia física. Agrega que, al ingresar, el productor recibe de la bolsa una factura de compra luego de la primera venta; ese IVA debe ser pagado por Tesorería a la bolsa. Para retirar los productos físicos del almacenaje, se debe emitir una factura y pagar el IVA correspondiente, el cual debe ser retenido por la bolsa y pagado a Tesorería. Adicionalmente, se requiere una exención de impuesto a las ganancias de capital y de impuesto de timbres y estampillas.	En virtud de los antecedentes expuestos, que a la Comisión le parecieron importantes, y como el sistema de bolsa de productos agropecuarios hasta hoy no ha funcionado, básicamente porque carecía de mecanismos de administración tributaria, estimamos razonable y prudente que el numeral 17 sea visto en Comisión Mixta, con el objeto de asegurarnos de que los sistemas que se establezcan garanticen el funcionamiento de la bolsa de productos.	Como consecuencia del estudio de esta modificación, y luego de ponderar los dos sistemas tributarios propuestos por el Ejecutivo, la Comisión consideró que el primero de ellos no permite al agricultor recuperar el IVA de inmediato, y, el otro, obliga a la bolsa a asumir el costo financiero de la operación, por lo que se inclina por sugerir el perfeccionamiento del mecanismo de administración tributaria, a fin de que se cumpla con la finalidad de incentivar la transacción de productos agropecuarios en la bolsa.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señora Presidenta, el diputado informante ha ilustrado debidamente cuáles son, a nuestro juicio, los problemas que subsisten para que la bolsa de productos agrícolas se transforme en un instrumento eficiente. Recordemos que se trata de una iniciativa que lleva muchos años en el Parlamento y que no ha encontrado una fórmula eficaz para resolver el problema tributario que bien describía el diputado informante.	Por tal razón, coincido plenamente con las observaciones que se han formulado, en particular en lo que se refiere al manejo del impuesto al valor agregado, pues las dos alternativas descritas presentan inconvenientes. Tanto es así que generan un costo adicional al productor o a la bolsa, lo que, en la práctica, hace bastante inviable el funcionamiento de la bolsa de productos agrícolas.	Como el proyecto se encuentra en tercer trámite, la única opción que tiene la Cámara es aprobar o rechazar las modificaciones del Senado. Dado que existió consenso en la Comisión de Agricultura en que es necesario modificar el numeral 17, que intercala un título VII a la iniciativa de ley, pero no tenemos la posibilidad hacerlo, se sugiere rechazar la modificación del Senado, con el propósito de que el proyecto vaya a Comisión Mixta.	A fin de ahorrarnos un debate técnico y como no tenemos posibilidad de resolver esta materia en la Sala, solicito que la Mesa someta a votación el proyecto. En tal sentido, invito a los señores diputados a rechazar la modificación del Senado, consignada en el numeral 17, con lo cual la iniciativa deberá ir a Comisión Mixta, instancia en la que se podrían efectuar algunas modificaciones en el sentido planteado por el diputado informante.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.	El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, nuestra bancada apoya la propuesta de los dos honorables diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pues la solución planteada nos parece razonable. Por ello, cuenta con nuestro apoyo, razón por la cual pedimos al resto de las bancadas de la Concertación que la aprueben.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.	El señor SILVA.- Señora Presidenta, sólo deseo señalar nuestro acuerdo con lo planteado por la unanimidad de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Si bien su título señala que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, en verdad el proyecto también pretende promover un mecanismo que solucione uno de los cuellos de botella de la agricultura: la comercialización.	El Nº 17, tal como lo propone el Senado, entraba, por las razones señaladas por el diputado señor Galilea, la puesta en marcha de las bolsas de productos agropecuarios.	Pido acoger la recomendación de la Comisión de Agricultura, efectuada por unanimidad, de modo de enviar el proyecto a Comisión Mixta, resolver el tema y poner en marcha las bolsas de productos agropecuarios, a fin de disponer en el más breve plazo de ese instrumento de comercialización, de gran utilidad.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, como integrante de la Comisión de Agricultura y diputado representante de zonas eminentemente agrícolas, considero muy importante la iniciativa en debate. Muchos servicios y áreas de la economía tienen el privilegio de contar con entidades como las bolsas de comercio. Incluso, nuestro país ha llegado a transar productos en bolsas internacionales, donde se comienza a utilizar otro tipo de expresiones, como ADR, etcétera.	Entonces, ya era hora de que el producto agrícola, que no deja de ser importante en el PIB, tuviera la posibilidad de transitar por las bolsas. Como señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, más allá del aspecto tributario -que fue uno de los problemas planteados en un momento dado- lo más importante aquí es que las bolsas de productos agropecuarios también entrarán a competir en las distintas bolsas de productos.	Por lo tanto, para la bancada del Partido por la Democracia éste es un proyecto importantísimo, porque significa un gran avance para un sector de la economía nacional como es la agricultura.	He dicho. 	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Agricultura y las intervenciones de los distintos señores diputados, si le parece a la Sala se votarán en conjunto todas las modificaciones del Senado, con excepción del número 17, que intercala entre los títulos VI y final, un título VII, nuevo, denominado “Disposiciones de administración tributaria”, que se votarán en forma separada.	¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?	Acordado.	En votación todas las enmiendas del Senado, con excepción del número 17. 	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobadas.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Melero, Meza, Montes, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Silva, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Varela, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación el número 17 propuesto por el Senado.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, pido que cambie mi voto, es en contra y aparece a favor. 	El señor TUMA.- Señora Presidenta, yo también me equivoqué.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aunque sus votos no inciden en el resultado de la votación, les pido que hagan llegar su petición a la Mesa.	Rechazado el número 16 propuesto por el Senado.	Despachado el proyecto, el cual corresponde que vaya a Comisión Mixta. 	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Melero, Meza, Montes, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Silva, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.REFORMA DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 120, DE HACIENDA, LEY ORGÁNICA DE LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. Primer trámite constitucional.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que reforma el decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia. 	Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señora Carolina Tohá. 	Antecedentes:	-Moción, boletín Nº 2815-05, sesión 11ª, en 30 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 4.	-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 5ª, en 11 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la señora diputada informante. 	La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señora Presidenta, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción del diputado señor Alejandro Navarro, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 120, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia. 	El proyecto tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, modificar los porcentajes de distribución de los recursos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia y que la actual ley asigna a un conjunto de organismos de beneficencia constituidos como corporaciones de derecho privado.	En segundo lugar, eliminar a dos de los organismos beneficiarios establecidos por la ley: la Fundación Septiembre y la Fundación Graciela Letelier de Ibáñez, conocida como Cema-Chile. 	La primera, constituida en 1973, tiene por finalidad -según lo establecen sus estatutos-, proveer ayuda económica y social a las viudas y huérfanos de los militares muertos con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973. 	Por su parte, Cema-Chile es una entidad cuyos objetivos sociales han ido variando. Hoy es una agrupación que ya no depende exclusivamente de la esposa del ex comandante en jefe del Ejército, ya que reúne principalmente a esposas de oficiales del Ejército que realizan diversas labores sociales. 	El proyecto propone la eliminación de los aportes a estas instituciones y su reasignación al resto de las organizaciones previstas en la ley. Actualmente, Cema-Chile recibe el 20 por ciento de los fondos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia, y la Fundación Septiembre, el 1,5 por ciento de los mismos.	Debo señalar que, a pesar de que diversos integrantes de la Comisión de Hacienda -entre los cuales me incluyo- consideramos urgente modificar el actual sistema de asignación de recursos de la Polla Chilena de Beneficencia por considerarlo obsoleto y poco transparente, la Comisión optó por rechazar el proyecto por considerarlo inconstitucional, en virtud del inciso tercero del artículo 62 de la Constitución Política, que establece que “Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado,...”. Pues bien, la Polla Chilena de Beneficencia es una empresa pública que forma parte del sistema de empresas del Estado. 	A juicio de esta diputada informante -criterio que, sin duda, también es compartido por gran parte de los miembros de la Comisión de Hacienda-, deberíamos reflexionar seriamente sobre lo delicado que resulta que un proyecto que a todas luces es inconstitucional -aunque puede ser muy bien intencionado y tener, incluso, fines justificados- haya logrado sortear los mecanismos de admisibilidad de la Cámara. Esto no es bueno para la institucionalidad ni para la imagen de nuestra Corporación, porque al no cumplirse las expectativas generadas en la ciudadanía, se produce frustración e incomprensión de nuestra labor.	Atendido lo anterior, me permito sugerir que la Mesa o la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento estudien mecanismos que permitan mejorar el sistema de control constitucional durante el proceso de formación de las leyes.	Por último, consultamos al Ejecutivo sobre su posición respecto del fondo de esta materia, el que nos manifestó su interés en patrocinar un proyecto de ley en este ámbito. Es más, se está trabajando en el diseño de un sistema de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil con fines sociales, que será más amplio, transparente y flexible que los existentes, basado en la modificación de las actuales asignaciones de la Polla Chilena de Beneficencia y en el establecimiento de nuevas fuentes de recursos. Esta es una buena noticia, sobre todo considerando la polémica naturaleza de algunos organismos beneficiarios y el escaso control sobre el uso de los recursos que reciben.	En mérito de lo anterior, la Comisión acordó, por unanimidad, rechazar íntegramente el proyecto, habida consideración de su inconstitucionalidad. 	He dicho. 	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.	El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, en la misma línea de lo manifestado al final de su informe por la diputada señora Carolina Tohá, solicito que la Mesa se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto, puesto que en la Comisión de Hacienda consideramos por unanimidad que era inconstitucional, criterio compartido también por el Ejecutivo.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, a la Mesa no le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, sino sólo sobre las indicaciones que se for-mulen. Las reservas de constitucionalidad son resueltas por el Tribunal Constitucional.	Por lo tanto, a pesar de que la Comisión de Hacienda propone rechazar el proyecto por razones de inconstitucionalidad, la Mesa debe someterlo a debate, con el objeto de que la Sala apruebe o rechace la idea de legislar sobre la materia. Mi obligación reglamentaria es seguir ofreciendo la palabra a las señoras diputadas y a los señores diputados.	Para plantear una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.	El señor ESCALONA.- Señora Presidenta, después de escuchar su fundamentación sobre la posición de la Mesa, debo señalar que presenté dos proyectos de ley que la Mesa declaró inconstitucionales sin siquiera incluirlos en la Cuenta.	Por eso, debo manifestar mi sorpresa y extrañeza ante el criterio planteado por su Señoría. Considero que estamos frente a una situación francamente difícil porque, al parecer, ese procedimiento sólo se aplica en algunos casos. Por ejemplo, presenté un proyecto para eliminar el IVA, el cual no fue sometido a tramitación porque fue declarado inconstitucional.	Por eso, le pido que se aplique un criterio común para todos estos casos.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, el criterio común está determinado por el cabal conocimiento de nuestro Reglamento.	Trataré de explicar todos los procesos reglamentarios relacionados con esta materia.El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, lo mismo ocurrió con el proyecto de ley relacionado con los violadores.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, voy a explicar el procedimiento reglamentario aplicado en estos casos.	En esta ocasión, se dio cuenta del proyecto en una sesión pasada -cuando los miembros de la Mesa eran otros colegas-, pero la Sala no se percató de que era inconstitucional. Por eso es importante que las señoras diputadas y los señores diputados pongan atención cuando se lee la Cuenta, porque la obligación de la Mesa es incluir en la Tabla todos los proyectos que figuran en aquélla.	La Mesa puede declarar la inconstitucionalidad de un proyecto antes de que sea incluido en la Cuenta. De manera que la Sala -en especial algún integrante de la Comisión de Hacienda- debió haber objetado su constitucionalidad en el momento en que se dio cuenta de él. Sólo en ese caso, la Mesa se habría pronunciado al respecto e impedido su tramitación.	Por eso, diputado señor Escalona, no puedo hacer otra cosa. Seguramente las iniciativas presentadas por su Señoría fueron declaradas inconstitucionales antes de ser incluidas en la Cuenta.	Es importante tener un conocimiento profundo del Reglamento para evitar estas situaciones, y la Mesa no puede hacer otra cosa que someter el proyecto a discusión y, en el momento oportuno, a votación. Por eso, la iniciativa continúa en debate para que la Sala resuelva sobre la materia. Ésa es la situación a la que estamos abocados.	Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.	La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señora Presidenta, considero que aquí se ha cometido un error -probablemente en Secretaría-, porque se dio cuenta a la Sala de un proyecto que a todas luces es inconstitucional: se refiere a una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque tiene que ver directamente con la organización financiera del Estado, toda vez que hace una redistribución de los fondos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia. Es lamentable que haya ocurrido, y es la Sala la que deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad, sin que quepa otra posibilidad que rechazarlo.	Sin embargo, dado que estamos obligados a discutirlo, ante todo deseo felicitar al diputado Navarro, quien tuvo la virtud de interiorizarse en un tema que nos debe interesar también a la Sala, por lo cual aprovecho la oportunidad para pedir, por intermedio de la señora Presidenta, el acuerdo unánime para que se oficie al Presidente de la República a fin de que patrocine una iniciativa sobre la materia. Ya han transcurrido casi doce años de la recuperación de la democracia, y la actual situación que vive nuestro país obliga a una institución como la Polla Chilena de Beneficencia a actuar con mucha transparencia y con reglas del juego claras que sirvan para precisar a qué instituciones beneficiará.	Tal como lo señaló el diputado Navarro al referirse a los fundamentos de su moción, en estos momentos Cema-Chile no cumple con objetivos que justifiquen los aportes que está recibiendo, porque el bienestar material y espiritual de las mujeres -después de doce años de democracia- no pasa por dicha institución, pues hemos sido capaces de crear el Servicio Nacional de la Mujer, que es la instancia encargada de coordinar todas las políticas relacionadas con las mujeres, de hacer una evaluación y un seguimiento de la incorporación de la mujer en la sociedad, de velar por que no sea discriminada y de preocuparse de otros aspectos relacionados con su capacitación y bienestar. Por eso resulta absolutamente inconducente y poco transparente -transcurridos estos doce años de democracia- que exista una institución como ésta que percibe, ni más ni menos, que el 20 por ciento de los fondos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia.	Tanto el caso mencionado como el de la Fundación Septiembre demuestran claramente que existe un vacío que es necesario corregir y, por lo mismo, deseo dar mi reconocimiento al diputado Navarro por la presentación de esta iniciativa. Asimismo, espero que todos los colegas estén de acuerdo -dejando constancia de la inconstitucionalidad del proyecto, debido a lo cual no tenemos otra opción que rechazarlo- en que es necesario mandar una señal clara de que nos interesa abrir una discusión sobre esta materia con la máxima trasparencia, con fundamentos y con la mejor disposición para determinar cuáles deberían ser las instituciones beneficiadas con una adecuada redistribución de los recursos que recauda la Polla Chilena de Beneficencia.	Quiero dar sólo un ejemplo relacionado con esta materia. Hace poco fui nombrada socia honoraria del patronato denominado Fundación de Solidaridad de los Ciegos para América Latina, institución que depende de la Organización Nacional de los Ciegos de España. Para quienes no lo sepan, dicha organización es una de las más poderosas desde el punto de vista económico-financiero, debido a que, a partir de 1938, se le entregó el manejo del llamado Loto Primitivo, de España. Pues bien, ello le ha permitido recaudar una considerable cantidad de recursos que le han posibilitado generar capacitación y posibilidades de empleo para los ciegos de España.	Lo interesante de todo esto -por eso acepté pertenecer a esa fundación- es que, yendo más lejos, se ha considerado la posibilidad de crear una fundación que vaya en ayuda de los ciegos de América Latina, prueba de lo cual son los proyectos relacionados con Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y otros países.	Con esto quiero señalar que podríamos considerar la posibilidad -espero que el Ejecutivo lo haga- de beneficiar a otros estratos y sectores -como, por ejemplo, los discapacitados-, a través de instituciones que demuestren que pueden realizar una buena gestión con los recursos recaudados y desarrollar políticas que vayan en directo beneficio de los discapacitados, a los cuales se pretende favorecer.	Considero muy importante solicitar al Ejecutivo el pronto envío de un proyecto de ley sobre la materia, que regule la distribución de los fondos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia y establezca con claridad la forma en que se evaluará a las instituciones beneficiadas. No cabe duda alguna de que todos estaríamos de acuerdo en que, por ejemplo, Bomberos de Chile siguiera gozando de este beneficio, porque permanentemente está pasando por situaciones económicas aflictivas, y a pesar de todas las buenas intenciones y de la Comisión especial creada por la Cámara para que estudiara su situación, no ha podido resolver sus problemas de falta de recursos.	Por eso reitero que sería conveniente solicitar al Ejecutivo -ojalá por acuerdo unánime de la Sala- que a la brevedad se hiciera cargo de esta materia, de manera que podamos contar con un instrumento que beneficie a los sectores e instituciones de nuestra sociedad que requieren ayuda, como pueden ser los discapacitados, los niños en situación irregular, el Cuerpo de Bomberos y otras.	Espero que este proyecto sirva para abrir una discusión amplia sobre la materia, y terminar con algunas arbitrariedades que subsisten y que, a estas alturas, carecen de fundamento y justificación.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.	El señor HIDALGO.- Señora Presidenta, tal como lo dijo la diputada informante, este proyecto fue declarado inconstitucional por la Comisión, criterio compartido por el Ejecutivo. Sin embargo, ya que estamos abocados a debatirlo, quiero aprovechar la oportunidad para hacer algunas precisiones. Celebro la solicitud de las diputadas Carolina Tohá e Isabel Allende en cuanto a que estas instituciones deben ser transparentes. Por lo mismo, hay que dejar claro que en el Presupuesto de la Nación se destinan más de 1.560 millones de dólares a las organizaciones no gubernamentales, ONG, pero nadie sabe -lo digo con conocimiento de causa, porque hice la consulta pertinente a la Contraloría General de la República- cuáles son las instituciones beneficiadas.	Por lo tanto, la petición de transparencia debe ser para todas las ONG, y así como se solicita al Presidente de la República que envíe un proyecto que haga una distribución de los recursos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia, también me gustaría mucho que en el proyecto de ley de Presupuestos para 2003 se indicaran en detalle los aportes del Estado a las ONG.	La mejor forma de distribuir los recursos es hacerlo con transparencia, sobre todo en una época como la actual. Por eso, estoy seguro de que si logramos redistribuir en forma adecuada los recursos que benefician a las ONG, habría fondos suficientes para financiar el Plan Auge y la ley de Rentas Municipales II.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, creo que ésta es una buena oportunidad para que nuestros órganos fiscalizadores puedan informarse acerca de los recursos del Estado, que durante muchos años han beneficiado a instituciones que, en realidad, no se sabe bien qué papel desempeñan hoy día.	Cema-Chile era una institución de gobierno que derivó de Cocema; hay todo un historial en torno de ella. Tengo entendido que, al terminar el gobierno militar, Cema-Chile pasó a ser una institución del Ejército; sin embargo, con posterioridad no fue traspasada a esa institución, quedando como su vicepresidenta nacional la señora Lucía Hiriart de Pinochet. Es decir, hoy día recibe dineros fiscales una institución dirigida por una persona que no ejerce ningún cargo institucional, en circunstancias de que toda la historia de Cema-Chile es institucional.	Por lo tanto, quiero pedir -no sé la fórmula- que se efectúe una investigación sobre el destino de los cuantiosos recursos -se habla de 2 millones de dólares- recibidos por la institución, pues no sabemos en qué se están ocupando. Asimismo, habría que averiguar qué ha pasado con los fondos destinados a la Fundación Septiembre, cuyas autoridades también desconocemos. Considero que son instituciones que no cumplen con sus objetivos. Por ejemplo, pongo en duda que Cema-Chile haya velado por “el bienestar material y espiritual de la mujer chilena”, porque durante el gobierno militar fue un instrumento utilizado para disciplinar a las mujeres -hay libros sobre la materia- y para formar verdaderos ejércitos voluntarios femeninos en las poblaciones, dirigidos por las señoras de los oficiales, con el fin de introducir una ideología, sin respetar la necesaria autonomía que deben tener los centros de madres.	Por eso, ésta es una buena ocasión para que nuestros fiscalizadores estrellas pongan todo su empeño en averiguar qué ha pasado con estos recursos durante todos estos años. Los invito a fiscalizar algo que vale la pena, porque se trata de una situación vigente.	Por otra parte, me pregunto si será necesario un proyecto de ley sobre esta materia. En todo caso, me sumo a la idea expresada aquí de oficiar al Ejecutivo, a fin de pedirle que proceda en el sentido propuesto, ya que Bomberos de Chile, le Cruz Roja, Coanil y Cordam necesitan más recursos y conocemos la labor que desempeñan en nuestros distritos. A lo mejor, el autor de esta iniciativa podría redactar un proyecto de acuerdo para pedirle al Ejecutivo, si fuera necesario, que envíe el respectivo proyecto de ley. Es posible que no lo sea, porque el texto del decreto con fuerza de ley Nº 120, de 1960, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, fue fijado por el decreto Nº 152, de 1980, del Ministerio de Hacienda.	La transparencia es importante, porque no puede haber una institución cuyos objetivos hoy día se desconocen, y que después de ser oficial pasó a depender de una persona. Es necesario saber qué está haciendo con sus cuantiosos recursos.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.	El señor DITTBORN.- Señora Presidenta, aunque no estuve presente cuando la Comisión de Hacienda trató este proyecto -entiendo que fue el martes de la semana pasada-, he sabido que la Secretaría de dicha Comisión informó erróneamente a sus miembros respecto de la constitucionalidad del proyecto, materia que ahora estamos discutiendo informalmente en la Sala.	Entiendo el planteamiento del diputado de Renovación Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, porque ésa fue la posición de la Secretaría de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, hay otras opiniones que sostienen que si se trata del 5 por ciento de los recursos recaudados por la Polla Chilena de Beneficencia, no sería adecuado hablar de administración financiera del Estado. Considero importante resolver formalmente este asunto en esta oportunidad.	Sin perjuicio de ello y en el terreno meramente político, encuentro que el proyecto tiene algo de vendetta, lo que resulta penoso. El diputado Navarro -hoy no está-, que se caracteriza por ser un personaje odioso, tomó una empresa, como la Polla Chilena de Beneficencia, que distribuye el cinco por ciento de su presupuesto entre distintas instituciones y eligió sólo a aquellas que tuvieron alguna relación con el gobierno de las Fuerzas Armadas para dejarlas al margen del beneficio. Inventó que no cumplen con su propósito y una cantidad de otras cosas que no ha demostrado.	Si se va a reevaluar la distribución de ese cinco por ciento, me parece razonable que el Ejecutivo o esta Corporación, si corresponde, cada cierto número de años encargue una evaluación del uso de los recursos, porque no hay justificación para que en instituciones del Estado se impidan cambios en cuanto a la distribución de sus aportes, aunque se estime, al menos, que se administran de manera eficiente. Es más, no veo por qué la distribución de ese cinco por ciento deba ser algo estático en el tiempo y no pueda sufrir variación.	Por lo demás, estoy perfectamente dispuesto a discutir este punto, pero no me parece apropiada la forma de elegir con pinzas, y de descalificarlas, a instituciones que representan otra época de la historia de Chile.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, tal como ha expresado la diputada informante de la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte, la unanimidad de sus miembros consideramos que el proyecto es total y absolutamente inadmisible.	El presidente de la Comisión solicitó un informe al Secretario de la Corporación, pero él considera que corresponde que la Sala debe pronunciarse porque la Mesa anterior, el año pasado, lo envió para su estudio a Hacienda.	Palabras sacan palabras, pero lo importante es que se clarifiquen las cosas. A mí me interesan fundamentalmente dos: frente a las olas que se han levantado en el último tiempo en el sentido de que uno es más transparente que otro, que éste fiscaliza mejor que aquél, es decir, todo en un ámbito de competencia, debo destacar que la fiscalización está dentro del ámbito de nuestras atribuciones, sin perjuicio de la responsabilidad en el tratamiento legislativo de los proyectos en las comisiones y en la Sala.	Me preocupa el hecho de que se acuerde tratar el proyecto, porque con ello se sienta un precedente muy grave. En primer lugar, porque, tal como lo dispone el artículo 24 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no son de iniciativa parlamentaria materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento.	En segundo lugar, el inciso tercero del artículo 62 de la Constitución establece que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos que tengan relación con la administración financiera del Estado. Por lo tanto, corresponde aplicar esta norma en el caso de la distribución de los fondos destinados a los beneficiarios de la Polla Chilena de Beneficencia.	Aún más, el citado artículo 62, en el segundo acápite del Nº 6º, expresa lo siguiente: “El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República”.	Así, el proyecto es inadmisible, porque cambiaría la distribución de fondos que genera una empresa del Estado, como es la Polla Chilena de Beneficencia Sociedad Anónima.	A lo mejor, los asesores del colega Navarro le expresaron que se podía presentar un proyecto por tratarse de una sociedad anónima, pero olvidaron decirle que la Polla es una empresa del Estado. Me preocupa este aspecto, porque significaría que cada uno de nosotros podría presentar iniciativas legales para cambiar la distribución de recursos que genera determinada empresa del Estado.	También me preocupa que se quieran aumentar los porcentajes al Cuerpo de Bomberos de Chile, a la Cruz Roja de Chile, a la Corporación de Ayuda al Niño Limitado, Coanil, a la Corporación de Ayuda al Menor, Cordam, porque para tal efecto, según lo expresó un parlamentario, se necesita un decreto supremo, es decir, se requieren las firmas del Presidente de la República y del ministro de Hacienda.	Por lo tanto, atendidos los dos puntos que he mencionado, no sería lógico seguir con el tratamiento del proyecto, por muy loable que sea. Sin duda, 2002 es diferente a 20, 30, 40 ó 50 años atrás, pero esta materia debe ser analizada con seriedad y profundidad.	Para terminar, agregaré que en la Comisión de Hacienda se comenzó con las audiencias para analizar el proyecto marco de la creación de casinos y salas de bingo, que primero pasó por la Comisión de Turismo y después por la de Gobierno Interior. Ayer, intervinieron cinco de los siete alcaldes de las comunas que tienen casinos, los cuales les significan gran ingreso. Ante la realidad que expusieron, el colega Camilo Escalona planteó la necesidad, para fomentar el turismo en su zona, de crear un casino en Arauco; el colega Lorenzini señaló lo mismo respecto de Constitución, materia a la cual se refirió en su discurso de ayer con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de esa ciudad. En mi caso, planteé la presentación de un proyecto para crear un casino en Tomé. Por su parte, el colega Jaramillo preguntó por qué no existía otro en el complejo de Panguipulli, y así sucesivamente.	Tengamos cuidado, porque puede suceder que, además de los beneficiarios de la Polla Chilena de Beneficencia, cuyos ingresos los tienen muy claros y precisos -tengo entendido que este último tiempo han aumentado-, de repente puedan aparecer, tal vez legítimamente, otras instituciones que, a través de un “lobby” muy especial, logren cambiar los porcentajes, lo cual terminaría en algo inimaginable, en una caja de Pandora.	Por lo tanto, consecuente con lo que planteé en la Comisión de Hacienda, estoy convencido de que el proyecto es inconstitucional porque las modificaciones que introduce son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.	He dicho.La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Solamente para resguardar la responsabilidad de la Mesa en materia reglamentaria, quiero aclarar al diputado Ortiz que ha mencionado el artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que sólo hace referencia a las indicaciones, en circunstancias de que está en discusión la modificación del artículo 13 del decreto supremo Nº 152, de 1980, del Ministerio de Hacienda, porque se puso en debate en la Sala un proyecto que estaba en la Cuenta, o sea que entró a tramitación.El señor ORTIZ.- Su Señoría procede conforme lo dispone el reglamento. Estoy de acuerdo.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Gracias, diputado.	Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, veo que ya no se trata de concordar con el proyecto, porque el artículo 62 de la Constitución Política es bien claro al señalar que lo que tenga relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado le corresponde al Presidente de la República. Allí está la lógica de la Comisión cuando rechazó el proyecto.	También debo aclarar que no es la Secretaría de la Comisión la que recomienda el rechazo de la moción, sino que la propia Comisión emitió su informe.	Por otra parte, encuentro muy interesante la opción que ha tomado el diputado autor del proyecto al reconocer que es inconstitucional, pero que, como bien dice la diputada Allende, en un futuro cercano debiéramos abrir una discusión sobre este tema, a lo mejor por medio de un proyecto de acuerdo.	Me parece bien que el diputado patrocinante señale que puede haber algunas instituciones que ya no merecen el porcentaje que tienen asignado, por lo que debieran ser eliminadas de la recepción del beneficio en favor de otras, que sí requerirían hoy de dicho apoyo económico y a las cuales, incluso, se les podrían incrementar los recursos para que cumplieran de mejor modo su labor de apoyo en favor de la comunidad.	Por ello, pienso que el objetivo del proyecto necesita una revisión. Hay que mejorar lo que con el tiempo, por supuesto, tiene deficiencias, las que, por lo mismo, deben ser superadas.	Me queda claro lo que persigue el proyecto -lo ha dicho el diputado señor Ortiz-, pero la Comisión en pleno, por lo demás, ya acordó declararlo inconstitucional.	Considerando que hemos estado en un debate para aclarar posiciones futuras al respecto, me gustaría pedirle a la señora Tohá, en su calidad de diputada informante, que entregue antecedentes sobre la Fundación Septiembre, que aparece con un 1,5 por ciento de los recursos, pues, por razones muy particulares, no estuve presente cuando se trató esta materia en la Comisión.	Por su intermedio, señora Presidenta, solicito a la diputada informante que responda mi consulta.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá para ilustrar sobre el tema al diputado señor Jaramillo.	La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señora Presidenta, la Fundación Septiembre es la institución menos conocida de la lista de beneficiarios que tiene la Polla Chilena de Beneficencia.	Como señalé, se trata de una organización creada en 1973, que distribuye ayuda económica a familiares de militares fallecidos en los hechos acaecidos con motivo del 11 de septiembre de ese año.	Si se me permite satisfacer la inquietud, tengo entendido que la voluntad del diputado que presentó la moción era modificar las asignaciones a algunas de estas instituciones que han cambiado su naturaleza o que, después de transcurrido el tiempo, ya no son tan justificadas como en un momento se pensó, y es perfectamente válido, si se discute el fondo del asunto, pensar que una institución puede dejar de tener los méritos que la avalaron. Por lo tanto, se requiere de un mecanismo que evalúe de manera sistemática la pertinencia de una asignación de este tipo. Una ley no puede tener validez permanente y es necesario reevaluar la distribución de los recursos.	El día que se entre al fondo del asunto, debiera establecerse un mecanismo por el cual se controle el uso de los fondos y el mérito de las organizaciones que los reciben. En este caso, las circunstancias han cambiado.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, es increíble, pero llevamos 45 minutos debatiendo un proyecto que es absolutamente inconstitucional. Esta discusión debiera haber terminado hace media hora con el acuerdo de oficiar para que el Presidente de la República le dé su patrocinio.	En consecuencia, no ocupemos toda una mañana en algo que ni siquiera vamos a votar, porque de todos modos se declarará inconstitucional.	Sin embargo, tengo plena certeza de que se pretende aplicar una vendeta contra Cema-Chile y la Fundación 11 de Septiembre, porque algunos diputados han reconocido que se han ausentado de la Comisión cuando se trataron sus asignaciones. ¡Ahí les dio amnesia a todos! Y parece que el diputado Hidalgo también sufre de amnesia por su petición.	También habría que pedir que se trasparente el destino de los fondos de las ONG. Juntemos las firmas de 40 diputados y discutamos sobre esto.	Por otra parte, la diputada Saa habla de los “fiscalizadores estrellas”. No debe olvidar que ella también es fiscalizadora, y al parecer no ha querido ejercer esa función. O sea, todos tenemos que denunciar las irregularidades.	El ministro de Justicia, que está presente, tiene la oportunidad de informarle al Presidente de la República de que este proyecto es inconstitucional, sin necesidad de aprovechar un subterfugio para alargar un debate estéril.	Es cierto lo que dijo la Presidenta, en cuanto a someter proyectos a la consideración de la Sala, pero deben ser proyectos que valgan la pena discutir y no signifiquen perder toda la mañana para terminar diciendo que son inconstitucionales y que no se pueden votar.	El debate puede ser interesante, pero el diputado Jaramillo, que lleva dos períodos, tendrá la experiencia suficiente para darse cuenta de que no podemos solucionar nosotros el problema de inconstitucionalidad.	Ahora, si se quiere insistir en esta materia, empecemos por pedir el patrocinio del proyecto para que sea constitucional, o por modificar la Constitución Política. Esto lo sabe perfectamente la señora Presidenta.	Me parece increíble que perdamos tanto tiempo en lugar de ocuparlo en las modificaciones al proyecto que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, que es legal.	Por lo tanto, pido que se tomen las medidas adecuadas, que se hagan bien las cosas y que nos preocupemos de transparentar la distribución de fondos, pero no sólo respecto de la Polla Chilena de Beneficencia.	La Sala mandó el proyecto a la Comisión, la cual está obligada a tratarlo, sea constitucional o inconstitucional. Pero cuando llegó a la Sala nuevamente, de inmediato debió declararse inconstitucional para evitar los más de cuarenta y cinco minutos que llevamos discutiendo algo que no conduce a nada. 	Si estamos interesados en seguir adelante, que se pida al Presidente de la República su patrocinio y se zanje el impasse. Si lo estima conveniente, lo discutiremos con altura de miras, lo cual interesa bastante a los diputados presentes.	Pido que se envíe un oficio en este sentido y que no discutamos más algo que es inconstitucional.	Muchas gracias.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Su Señoría me ha hecho dos solicitudes: una, que suspenda el debate, para lo cual debe pronunciarse la Sala; y dos, que se mande un oficio al Presidente de la República para que dé su patrocinio al proyecto de ley.	Respecto de la primera solicitud, no hay acuerdo.	Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señora Presidenta, cada vez que se trata de ciertas transparencias, se producen reacciones como las de los colegas García y Dittborn.	Coincido plenamente con mis colegas Isabel Allende y María Antonieta Saa en dos temas bastante importantes.	Primero, miles de chilenos no tienen los recursos necesarios para recuperarse, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad. Aunque sabemos de los esfuerzos realizados por el Gobierno para darles un espacio a los discapacitados, nos gustaría, por cierto, que dineros como los de la Polla Chilena de Beneficencia pudieran destinarse a mejorar su situación. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, los recursos que reciben aún son insuficientes.	También es importante clarificar en qué se han gastado esos recursos y cuáles han sido las instituciones beneficiadas.	Al diputado señor García le gustaría conocer la transparencia de los gastos de las ONG. A nosotros, la transparencia de los gastos y de dónde provienen los recursos del Instituto Libertad y Desarrollo.	(Hablan varios señores diputados a la vez).	Me gustaría saber de dónde obtiene recursos la Fundación La Vaca, creada por el señor Lavín, institución respecto de la cual se reconoció que hacía cobros a través de las compañías telefónicas.	(Hablan varios señores diputados a la vez).	Pido que me escuchen. Yo presté mucha atención durante las intervenciones de sus Señorías.	Por lo tanto, quiero que el señor García sepa que las ONG nunca han recibido fondos de la Polla Chilena de Beneficencia, y que también nos gustaría que hubiera transparencia en cada distribución de recursos.	Sabemos que Cema-Chile incurrió por muchos años en gastos, pero desconocemos el destino de esos dineros.	Varios señores DIPUTADOS.- ¡Fueron a parar a los pobres!	El señor ESPINOZA.- No creo que los pobres hayan recibido beneficios de Cema-Chile.	Por último, considero que no es práctico ni positivo que el diputado Dittborn se refiera al diputado Navarro como lo ha hecho, porque el señor Navarro está haciendo uso de sus atribuciones constitucionales en cuanto a una iniciativa que considera justa. Tratarlo de odioso por eso, no es correcto. 	Además, todos tenemos plena conciencia de que si hay un partido que no tiene ideología, pero sí “odiología”, ése es la UDI, que no pertenece a la Concertación.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.	El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, discrepo del diputado señor García en cuanto a traspasar la decisión sobre esta materia al Presidente de la República o a terceros. 	Pertenecemos a una rama del Congreso Nacional de Chile. Llamo a mis colegas a hacernos respetar. Por situaciones como éstas, se nos considera un buzón. 	El Ejecutivo, a través de los ministros de turno, nos envía proyectos, los que aprobamos levantando la mano.	Aquí hay una moción seria de un diputado, que debe ser analizada por la Cámara.	Como presidente de la Comisión de Hacienda, traté el tema hace algunas semanas. Pensé que no era constitucional y me preocupé. Seguí conversando con los analistas y expertos. Hoy estoy convencido de que es absolutamente constitucional. La Cámara debe pronunciarse. Tenemos la facultad para hacerlo.	El diputado señor Jaramillo afirmo que, según el artículo 62 de la Constitución, lo que tenga relación con la administración financiera del Estado es potestad del Presidente de la República. Efectivamente, así es. ¿Pero qué tiene que ver la Polla Chilena de Beneficencia con la administración del Estado? 	Los invito a ver la lista. Quienes pertenecen a la Comisión de Hacienda o están relacionados con presupuestos, vean la lista de las instituciones que figuran en la ley financiera del Estado. Está la Cámara de Diputados, la Onemi, la Casa de Moneda y otras entidades, pero no la Polla Chilena de Beneficencia.	Al respecto, debe analizarse la transformación de servicio público en sociedad anónima, y su inclusión en la ley de Presupuestos. Son cosas distintas.	¿Por qué la Polla Chilena de Beneficencia no puede figurar en la ley de Presupuestos? Porque resulta que los apostadores son los que mandan. No sabemos cuáles serán sus ingresos, cuánto dinero jugarán durante el año, cifra que no es predecible. Además, sus fondos no constituyen tributos. ¿Quién puede pensar que el que apuesta está pagando un tributo? De esos recursos, una parte va al fisco; otra, al funcionamiento de la Polla; una tercera, a los premios, y la última, a las entidades respecto de las cuales estamos discutiendo. 	Me parece que no hay ningún vicio de constitucionalidad. Es una entidad que no está dentro de las que nos impiden ejercer nuestra facultad para legislar. No son fondos del fisco. 	Si es así, al diputado Ibáñez le preguntaría: ¿cómo pretende alterarse la modalidad de los hipódromos, cómo se fijan las fechas en que se juega? No tendría nada que decir. No es inconstitucional. Los hipódromos constituyen un sistema parecido al que comentamos.	Aquí no hay administración de fondos del Estado. La Polla Chilena de Beneficencia no es una entidad recaudadora. Esto no es un tributo. En esas condiciones, me parece que el tema es viable, por lo cual cambió el criterio que expresé en la Comisión de Hacienda, donde pensaba que el proyecto no era constitucional. Los nuevos estudios allegados me hacen pensar que perfectamente lo es. Aquí debemos hacer la discusión que procede, porque el tema se repetirá.	No debemos permitir que el Parlamento le pase a terceros decisiones que le competen. Aquí podemos equivocarnos, pero somos capaces de arreglar las cosas. Para eso fuimos electos representantes de la ciudadanía. Somos parte de un Poder del Estado.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.	El señor VILCHES.- Señora Presidenta, estamos ante un proyecto de ley que claramente tiene un vicio de inconstitucionalidad, porque los Poderes del Estado están claramente establecidos en la Constitución.	Quiero responder al diputado señor Lorenzini, quien siempre ha sido muy acucioso y ha mostrado seriedad en sus planteamientos, que en esta oportunidad está profundamente equivocado.	La Polla Chilena de Beneficencia es una empresa del Estado que recauda fondos que debe administrar el Estado y repartirlos de acuerdo con la ley. Las instituciones que figuran en esa ley son todas muy respetables y dignas de nuestro apoyo político. 	No estamos facultados -la Constitución nos lo impide- para hacer cambios en la distribución de esos fondos, que es la intención del autor de la moción.	No quiero dejar pasar en esta ocasión el hecho de que el cambio más sustantivo del proyecto muestra un resentimiento profundo hacia una institución de la cual los chilenos debemos sentirnos orgullosos. Cema-Chile fue el lugar en el que se cobijaron miles de mujeres de nuestro país, y en ella jamás hubo un sesgo político, porque pudimos capacitar y formar a mujeres que en un período fueron descalificadas porque tenían delantales de distintos colores, quienes luego crearon un grupo que atendió a los más desposeídos de todo el país.	Su Señoría nos ha dado la posibilidad de debatir el proyecto, a pesar de su inconstitucionalidad, porque no tenemos facultades para legislar sobre la materia.	Escuché con mucha atención al diputado señor Fidel Espinoza, pero considero que él también está equivocado en esta ocasión, porque debemos respetar a todas las instituciones que tienen la nobleza de ayudar a los más débiles y desposeídos.	Estamos obligados a rechazar el proyecto porque no tenemos la posibilidad de aprobarlo, pero comparto lo señalado por algunos señores diputados que me han antecedido en el uso de palabra, en el sentido de solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que envíe un proyecto que modifique las asignaciones que distribuye la Polla Chilena de Beneficencia, pero que se incluya en ellas a la Teletón, que no está considerada en la iniciativa.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.	El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, no voy a pronunciarme sobre el tema de fondo del proyecto, relativo a la distribución de recursos que maneja la Polla.	Quiero hacer una observación distinta, en relación con las iniciativas de los parlamentarios y con nuestra capacidad de presentar proyectos de ley. Quiero aprovechar esta coyuntura para hacerlo.	Es conocido de todos el escaso espacio de que disponemos para presentar mociones parlamentarias. Normalmente, con mucha gracia, se cuenta que los parlamentarios pueden presentar proyectos relativos a construcción de monumentos o de concesión de nacionalidad para determinados extranjeros ilustres avecindados en el país.	El proyecto se va a declarar inadmisible por su inconstitucionalidad, pero nos ha dado la posibilidad de abordar el problema de una manera distinta.	Escuché al diputado señor Carlos Vilches y a la diputada señora Isabel Allende, quienes señalaron la oportunidad que nos da el proyecto a fin de enviar un oficio al Presidente de la República para que remita un proyecto relacionado con la materia; pero deseo avanzar hacia una solución más de fondo, relativa a las escasas prerrogativas de los parlamentarios en materia de iniciativas de ley. Ése es el tema de fondo.	¿Qué iniciativas tenemos hoy? ¿Cómo podemos resolver el problema de fondo? A través de una modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y de la Constitución, las que nos impiden presentar proyectos relacionados con gastos.	En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay un proyecto presentado por los diputados señores Escalona y Navarro, que abre la posibilidad de abordar el problema al establecer la obligatoriedad de dar cuenta de cada proyecto que se presente, sea o no inadmisible, y que dicha admisibilidad sea siempre decidida por la Sala, con el objeto de que argumentos como los esgrimidos por el diputado señor Lorenzini sean conocidos y valorados por todos y que seamos nosotros quienes decidamos la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto. Debemos avanzar mucho más en ese sentido.	Proyectos como el que está en análisis, que seguramente será rechazado porque trata una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, contiene una buena idea, más allá de las opiniones divergentes acerca del fondo. Esta buena idea, que puede ser de cualquier diputado, no tiene por qué ser desaprovechada.	Entonces, de repente un tema es qué hacer con los proyectos que se declaran inadmisibles por su inconstitucionalidad, y otro, cómo revertir esa situación.	Hay una idea -sin duda perfeccionable- que consiste en la existencia de una especie de insistencia; es decir, que cuando un proyecto o una moción sea declarado inadmisible, obligatoriamente vaya al Ejecutivo, para que en un plazo determinado decida si enviará o no un proyecto que contenga la idea matriz del que se le remitió. Si en un plazo determinado no se pronuncia al respecto, la Cámara podrá empezarlo a conocer. Lo importante es establecer una especie de insistencia, para que las buenas ideas de todos los parlamentarios puedan ser conocidas por el Congreso.	El proyecto en análisis nos abre la posibilidad de discutir esa materia, no de desatar las pasiones diciendo que se trata de una venganza, porque eso no tiene sentido.	Quiero aprovechar esta oportunidad para ver si podemos entrar en ese tipo de debate. Aquí hay buenas ideas que no se convierten en ley, fundamentalmente por las trabas que tenemos en este momento, de manera que si establecemos, mediante las modificaciones que correspondan, una especie de iniciativa para los senadores y diputados, entonces habremos dado un paso importante en la solución de este problema.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.	El señor LEAL.- Señora Presidenta, lo que corresponde respecto del proyecto en debate no es declararlo inconstitucional -puesto que ello debió hacerlo la Secretaría de la Cámara de Diputados-, sino entender que respecto del tema existen distintas opiniones en derecho, porque, al parecer, no nos estamos refiriendo al treinta por ciento que recibe la Polla, sino al fondo global de los premios de beneficencia.	En ese caso, si no se trata sólo de los fondos de la Polla Chilena de Beneficencia, es pertinente que la Cámara lo discuta.	Tal vez lo que corresponda, en primer lugar, sea emitir un informe en derecho, quizás no elaborado por la Comisión de Hacienda, sino por la de Constitución, Legislación y Justicia, por cuanto existen opiniones distintas y cuestiones discutibles en el análisis de la capacidad del Congreso para discutir el proyecto.	En segundo lugar, no creo que el proyecto tenga que ver con rivincita o vendetta alguna, sino con la necesidad de actualizar las organizaciones que efectivamente reciben parte de los fondos que distribuye la Polla. Incluso la distribución actual no permite, en definitiva, que ninguna de dichas organizaciones se beneficie de modo sustantivo, porque se les da entre el uno y el tres por ciento. Tal vez cuando discutamos el tema a fondo podamos contribuir a que determinadas instituciones reciban un aporte más sustantivo, que resuelva determinados problemas.	Qué duda cabe de que Bomberos, la Cruz Roja y otras organizaciones beneficiadas requieren fondos más significativos de los que perciben en la actualidad, y de que podrían beneficiarse más, de manera que el cuestionamiento hecho a instituciones del pasado es pertinente, pero no se trata de una revancha, sino de una consideración respecto de la oportunidad de que estas organizaciones sigan recibiendo aportes.	Quiero formular esa consideración, porque me parece bueno que indaguemos. Si la Secretaría no declaró inadmisible el proyecto y hay posibilidades de que sea constitucional, convendría abrir un debate acerca del objetivo de la iniciativa y no sólo sobre su constitucionalidad.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.	El señor MONTES.- Señora Presidenta, iba a hablar en el mismo sentido del diputado señor Leal. Es muy atendible lo que él plantea. Aquí hay argumentos en uno y otro sentido, pero el tema de la inconstitucionalidad o inadmisibilidad del proyecto es discutible, ya que hay distintos elementos que pueden ser considerados.	El proyecto ya fue presentado en 1991, ocasión en que fue declarado inadmisible por la Secretaría de esta Cámara. Sin embargo, ahora lo consideró admisible, de ahí su discusión; incluso hay argumentos para ello.	Lo razonable no es votar el proyecto, sino solicitar un informe en derecho a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque si se declarara inadmisible, dados los argumentos a favor que se han dado, sería renunciar a ciertas potestades y derechos de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, sugiero agotar el debate, esperar el informe jurídico y, a partir de eso, tomar una decisión.	Pido a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala, a fin de solicitar un informe en derecho a la Comisión de Constitución.	He dicho.La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Solicito el acuerdo de la Sala para enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que emita un informe en derecho sobre el proyecto.El señor GARCÍA (don René Manuel).- No.El señor LEAY.- No.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- No hay acuerdo.	Tiene la palabra el diputado señor Luksic.	El señor LUKSIC.- Señora Presidenta, efectivamente el proyecto tiene dos discusiones: una, sobre el mérito del mismo, en cuanto a si el dinero que se recauda en los distintos sorteos de la Polla de Beneficencia va o no a determinados organismos de caridad o de solidaridad; el otro punto es respecto de la constitucionalidad, en virtud de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en esta materia.	Desde el punto de vista constitucional, el diputado señor Ascencio se refirió a la necesidad de que esta Cámara realice un debate más de fondo sobre el tema...	(Hablan varios señores diputados a la vez).	Pido a la Mesa poner orden en la Sala, porque me cuesta concentrarme con el murmullo que hay.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Ruego a los señores diputados tomar asiento y guardar silencio.	Puede continuar con el uso de la palabra el diputado señor Luksic.	El señor LUKSIC.- En primer lugar, es discutible que el proyecto sea de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque si uno analiza el artículo 60 de la Constitución, en la parte referente a las materias de ley, en el número 19 se señala que son materias de ley “las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general”. O sea, éste es un claro caso de iniciativa legal que regula loterías y apuestas en general.	A mi juicio, el artículo 62 de la Constitución Política establece en forma excesiva y demasiado amplia las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, no hay ninguna mención al número 19 del artículo 60 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, lo relativo a loterías y apuestas en general no necesariamente está incluido en lo que dice relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, lo que le da fuerza para constituirse en una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.	Por consiguiente, es discutible la inconstitucionalidad del proyecto, ya que afectaría a la norma que le otorga iniciativa exclusiva al Ejecutivo en ciertas materias. Más aún, recién se explicó que los dineros que recauda la Polla de Beneficencia no van a ningún ítem, ni a ley presupuestaria, ni a ninguna norma regulada a través de la administración financiera o presupuestaria del Estado, sino a organizaciones privadas o públicas. La única cercanía o similitud con la administración financiera o presupuestaria del Estado es el hecho de que la Polla de Beneficencia es una empresa pública, pero eso no implica -reitero- que diga relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado.	Por otra parte, se ha señalado que aquí hay una suerte de tributo. La verdad es que no es un tributo ni tampoco está dentro de lo que señala el número 1 del artículo 62 de la Constitución, o sea, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos. Al menos en esa materia es discutible la inconstitucionalidad. 	Por tanto, apoyo lo señalado por el diputado señor Montes, en cuanto a enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de hacer un estudio más a fondo.	Hay un segundo punto, que ya adelantó el diputado señor Ascencio, que es de la mayor importancia. Existe acuerdo en esta Corporación sobre lo limitadas que son nuestras atribuciones a la hora de cumplir con nuestra función legislativa. Hemos hecho mención a las urgencias, al veto, a la inclusión o participación en el Tribunal Constitucional durante el conocimiento de una norma; pero uno de los temas más irritantes en nuestra función legislativa es la amplitud, la demasía, la generalidad de las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.	Por eso es un buen momento para incluir ese punto en el debate de las reformas constitucionales de que está conociendo el Senado. Además, hago un llamado a la Mesa para que ponga el tema en el debate que se está llevando a cabo en la Cámara Alta. Es de la mayor importancia que esta Corporación alce su voz y le pida al Ejecutivo que lo incluya en la discusión de las reformas constitucionales, especialmente en los temas que dicen relación con prerrogativas de la esencia de esta Cámara de Diputados, como son las funciones legislativa y fiscalizadora.	Este debate puede servir para generar una discusión en el Senado con el Ejecutivo, a fin de fortalecer nuestra labor legisladora y fiscalizadora, ya que al momento de conocer un proyecto que no significa un terremoto ni genera gran preocupación en el Ejecutivo desde el punto de vista presupuestario, por normas absolutamente restrictivas y anquilosadas nos restringen en nuestra función legislativa.	Por eso, primero, es necesario que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; segundo, que la Mesa solicite al Ejecutivo que el tema se incluya en el paquete de reformas constitucionales, y que las mociones del diputado señor Escalona y de otros, también sean incorporadas en ese paquete de reformas.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señora Presidenta, en 1990 me interesé y preocupé por este tema, en el sentido de los fondos que iban a distribuirse, por ley, en relación con la Polla Chilena de Beneficencia. Fue así como hice una serie de averiguaciones y me encontré con la novedad de que había una cantidad importante de instituciones que figuran en el proyecto que hoy estamos tratando, sin domicilio fijo, por cuanto no fue posible ubicar las residencias de las directivas o de los personeros encargados de la distribución de estos fondos. Incluso figuraban instituciones que no habían entregado al Ministerio de Justicia los informes de las propias directivas y de las rendiciones de cuenta de estos beneficios que, en algunos casos, eran cuantiosos.	Por otra parte, quiero repetir lo que se ha dicho, en el sentido de que hay instituciones que están mejor representadas en su finalidad de apoyar a jóvenes y mujeres que las que actualmente están recibiendo estos beneficios de la Polla Chilena de Beneficencia. 	También es cierto que no corresponde al Presidente de la República ser patrocinador de este proyecto, porque no se trata de fondos propios del erario nacional, sino del beneficio de una organización, de una institución con sorteos libremente fijados, distribuidos y repartidos, según lo establece la ley. De manera que soy partidario de seguir adelante, porque creo que hay organismos obsoletos que, además, nunca han hecho rendición pública de los ingresos que han recibido ni de a quiénes los han entregado. 	Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto, por cuanto soy partidario de que nosotros debemos resolver directamente la situación, porque -repito- no corresponde que lo patrocine el Presidente de la República. Asimismo, se trata de un tema que se viene conversando con las diversas bancadas en cuanto a la real distribución y beneficio de las instituciones o personas que aparentemente podrían ser beneficiadas con las utilidades que la Polla Chilena de Beneficencia reparte.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.	La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señora Presidenta, le pido que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala para mandar este proyecto a Comisión, por cuanto es importante que la de Constitución evacue un informe en derecho.	Tampoco puedo entender que los señores diputados se opongan si estamos viendo que existen argumentos que pueden servir de base para decir que es constitucional o inconstitucional la iniciativa. Por eso, como no lo puedo entender, le pido que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala para mandarlo a la Comisión. Creo que lo más correcto es pedir que la Comisión de Constitución se pronuncie al respecto.	En segundo lugar, también se ha hecho mención de algo que es muy importante, en cuanto a que esta discusión sirva también para plantear, en los términos que señaló el diputado señor Ascencio, que sea iniciativa de la Cámara ver todos los proyectos en la Sala y que, cuando éstos tengan una amplia mayoría, el Ejecutivo esté obligado a pronunciarse.	Proceder de otra forma es desperdiciar una oportunidad, por cuanto debe ser nuestra propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la que se pronuncie al respecto. Tampoco me parece adecuado realizar una votación que nos puede poner en una situación absurda. Anteriormente, dije que me parecía inconstitucional, pero ahora tengo serias dudas. Creo que mi posición es legítima, puesto que existen argumentos de uno y otro lado. Por lo tanto, pido que no renunciemos a que sea nuestra Comisión la que realmente estudie el proyecto.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Riveros para plantear un punto de Reglamento.	El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, sólo para pedir que me aclare qué se va a votar. Le pregunto porque el informe de la Comisión es distinto del proyecto. Si votamos el informe que declara la inconstitucionalidad del proyecto, la Sala puede estar de acuerdo o no con él. Ahora bien, si la Cámara resuelve rechazar el informe de la Comisión, estaríamos habilitados para estudiar el proyecto. En ese contexto, sería conveniente recabar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, al inicio de la sesión hubo una larga discusión sobre las bases reglamentarias para poner en discusión este proyecto y no las voy a repetir. Lo que vamos a votar es la idea de legislar, tal cual está establecido desde hace mucho tiempo en la Cuenta, sobre la que ustedes no observaron si había inconstitucionalidad o no.	Por lo tanto, recabo nuevamente la unanimidad de la Sala para enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que sea esta Comisión la que se pronuncie si es constitucional o no la iniciativa.	¿Habría unanimidad para ello?	(Hablan varias señoras diputadas y señores diputados a la vez).	Tenemos facultad para decidir si un proyecto es constitucional o no. De esa forma podremos posteriormente, como parlamentarios adultos, decidir si es constitucional o no. Por cierto, en el debate ha quedado en claro que hay serias dudas acerca de si efectivamente es constitucional o no.	Tiene la palabra el diputado señor Leay.	El señor LEAY.- Señora Presidenta, ¿qué es lo que nos está pidiendo votar? ¿El informe de la Comisión de Hacienda?La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El proyecto, señor diputado. Si usted está de acuerdo o no con él.El señor LEAY.- Señora Presidenta, aquí hay un informe de la Comisión de Hacienda que nos señala que es inconstitucional. Por lo tanto, quiero saber o que me aclare el asunto. Si se votara el informe de la Comisión de Hacienda, tendría que hacerlo a favor, declarando la inconstitucionalidad del proyecto; si voto el proyecto sin el informe, tendría que pronunciarme en contra para declarar su inconstitucionalidad. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, lo que tenemos que votar es la idea de legislar y no tenemos por qué pronunciarnos sobre aspectos constitucionales, por cuanto ése es otro tema.El señor LEAY.- Repito que aquí tenemos un informe de la Comisión de Hacienda.La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Eso ya está resuelto por nuestro propio Reglamento y lo expliqué al inicio de la sesión. No hubo una observación prolija de la Sala de esta Cámara cuando se entregó el informe y, en ese momento, según el artículo 13 de nuestro Reglamento, esta iniciativa pasó al trámite normal de un proyecto, sin la observación de constitucionalidad. Por lo demás, como es tardía la explicación de la Comisión de Hacienda, mi único deber es apegarme a lo que señala el Reglamento y poner en votación la idea de legislar, que es lo que haré a continuación.	En votación la idea de legislar.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado el proyecto.	Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado en general y en particular.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Jarpa, Lagos, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Escobar, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Salaberry, Salas, Ulloa, Uriarte, Varela y Vilches.-Se abstuvo el diputado señor Delmastro.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.	El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero plantear un asunto de Reglamento, porque la manera en que definimos el proyecto que acabamos de votar no deja satisfecho a nadie.	Una vez que la iniciativa sea aprobada y despachada al Senado, lo razonable sería que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia elaborara un informe en derecho respecto de la constitucionalidad del proyecto, ya que se nos estarían cercenando facultades en caso de que se acordara que no es admisible.	Sin perjuicio de que por la vía de aprobar la idea de legislar la Sala estableció que el proyecto es admisible, reitero que sería bueno que la Comisión de Constitución analizara y se pronunciara sobre el fondo del mismo, para lo cual propongo que recabe el acuerdo en tal sentido, porque para aprobarlo no se requiere la unanimidad, sino simple mayoría.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- De acuerdo con el Reglamento, se requiere la unanimidad de la Sala a fin de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución para que elabore un informe en derecho sobre su constitucionalidad, porque modifica el curso de la tramitación normal del mismo. Por esa razón, no se puede enviar la iniciativa a Comisión sin recabar la unanimidad, aunque eso signifique -como señalaron el diputado señor Montes y otros parlamentarios- cercenar la facultad de la Cámara para que sea la propia Corporación la que establezca criterios de constitucionalidad.	A pesar de que se puede apelar al Tribunal Constitucional, a fin de que nos señale si el proyecto es o no constitucional, considero mucho mejor que nosotros mismos lo establezcamos.	En consecuencia, solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición del diputado señor Montes.	No hay acuerdo.El señor MONTES.- Señora Presidenta, si el proyecto se envía a la Comisión de Constitución, no se altera su curso reglamentario. El tema es analizar un tema de fondo por acuerdo de la Sala, proposición que puede plantear la propia Mesa.La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Diputado señor Montes, como el asunto está zanjado, no proseguiremos con la discusión.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de diputados para integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: señora Alejandra Sepúlveda y señores José Antonio Galilea, Ramón Barros, Felipe Letelier y José Pérez.	¿Habría acuerdo?	Acordado.MODIFICACIÓN DE LEY Nº 17.105, SOBRE ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES, EN LO REFERENTE AL CONSUMO EN LA VÍA PÚBLICA. Segundo trámite constitucional.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Burgos.	El señor BURGOS.- Señora Presidenta, propongo que recabe el asentimiento de la Sala para tratar sobre tabla un proyecto que se encuentra informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, relativo a las modificaciones que incorporó ayer el Senado a la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, particularmente a partir de enmiendas anteriores de la ley adecuatoria de la reforma procesal penal.	Se trata de un proyecto importante, cuya aprobación la comunidad está esperando, por lo que me he permitido sugerir que se recabe dicho acuerdo, a fin de aprovechar la presencia del ministro de Justicia en la Sala.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para acceder a la proposición del diputado señor Burgos.	Acordado.	Se ha hecho llegar a la Mesa otra proposición para tratar esta iniciativa hasta su total despacho, para lo cual habría que prorrogar el Orden del Día y suprimir el tiempo destinado a proyectos de acuerdos.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	A continuación, corresponder tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, en lo referente al consumo en la vía pública.	Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Burgos.	Antecedentes:	-Proyecto del Senado, boletín Nº 2948-07(s), documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor diputado informante.	El señor BURGOS.- Señora Presidenta, el Congreso Nacional aprobó hace algunos meses una normativa legal que modificó la ley de Alcoholes, en el contexto de las enmiendas denominadas leyes adecuatorias sobre el nuevo proceso penal vigente en Chile.	En esa oportunidad se adoptó la decisión de eliminar la sanción de multa que la antigua ley sobre la materia imponía a quienes estuvieren ebrios o consumieren alcohol en la vía pública, lo que constituyó la despenalización de esas conductas. Sin embargo, se mantuvieron las facultades policiales tendientes a reprimir esos hechos, con el objeto de evitar su ocurrencia, y se facultó a la policía para llevar a los cuarteles policiales a quienes incurrieren en dichos actos. Asimismo, se reguló la facultad de imponer al ebrio, en caso de reiteración de esas conductas, la obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación. Sin embargo, a nuestro entender, dicha norma, mal difundida, tal vez fue esencialmente mal comprendida por la población, destacándose sólo la despenalización aludida, lo que generó una lógica sensación de impunidad frente a esos hechos.	A nuestro juicio, la consecuente alarma pública generada por dicha interpretación nos señala, de manera indudable, la necesidad de revisar, con la máxima urgencia, la normativa aprobada hace algún tiempo, lo cual se materializó en la moción con que se inició el trámite del proyecto que ayer fue aprobado por unanimidad por el Senado.	Por acuerdo de la Sala, la propuesta aprobada por el Senado fue analizada esta mañana por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual tengo la honra de presidir, cuyo acuerdo fue proponer a la Sala la aprobación del proyecto en los mismos términos en que fue despachado por el Senado.	Sucintamente, la iniciativa contiene los elementos centrales que a continuación reseño.1º	Se establece como sanción para las prohibiciones mencionadas la aplicación de una multa de hasta una unidad tributaria mensual y de amonestación -en el caso que corresponda- y se puede, además, conmutar la pena pecuniaria por trabajos en beneficio de la comunidad.	Cabe hacer presente que se innova en forma muy positiva en la materia, al permitir la realización de estos trabajos no sólo en los municipios, sino también en organismos públicos o en personas jurídicas de derecho privado de beneficencia.2º	Se propone configurar estas infracciones como contravenciones administrativas que deben ser conocidas en sedes de los juzgados de policía local.3º	Se preceptúa -a nuestro juicio con claridad- la facultad de Carabineros de conducir a quienes incurran en estas infracciones a los cuarteles policiales, a fin de evitar la continuación de estas conductas o los riesgos que a partir de ellas se generen para el resto de la población.4º	Se dispone que el infractor puede ser mantenido en el cuartel policial hasta por un período de seis horas, con el objeto de que recupere el sentido de sus actos, o -cuando corresponda- sea entregado a un adulto que se haga responsable de él; todo ello con independencia del procedimiento por la infracción, el cual siempre se seguirá ante los juzgados de policía local.5º	El infractor puede reconocer el hecho y pagar de inmediato el 25 por ciento de la multa en el cuartel policial, obteniéndose con ello un efecto de economía procesal -a diferencia de lo que hasta hoy ocurría en esta materia-; asimismo, proceder a consignar el 50 por ciento del costo de la multa antes de los cinco días de la citación, o, finalmente, seguir el trámite regular en este tipo de procedimientos ante los juzgados de policía local. Sin embargo, en caso de que no tenga dinero, también existe la posibilidad de pagar a la comunidad con trabajos comunitarios.6º	En cuanto a los menores de edad -esto es muy importante-, se faculta a Carabineros para conducirlos a un cuartel policial o a su domicilio, con el objeto de ser devueltos a sus padres o al adulto encargado de su cuidado, con la advertencia, por escrito, de que si el menor incurriere en esta conducta más de tres veces en un mismo año, los antecedentes serán remitidos al Servicio Nacional de Menores, a fin de que esta institución ejerza las medidas cautelares que correspondan con el objeto de protegerlo de un consumo de alcohol en forma excesiva.7º	En cuanto a los adultos, la reiteración es regulada en términos similares a como lo hace la ley vigente. En efecto, se faculta al juez de policía local para que decrete el tratamiento o internación del ebrio que ha incurrido en la infracción en más de tres oportunidades. Respecto de esta resolución y por sus implicancias, se concede el recurso de apelación a diferencia de aquellas situaciones en que éste no se otorga.	Además, el proyecto considera las normas que atribuyen competencia para entregar estos instrumentos a los juzgados de policía local respectivos.	Asimismo, se considera como norma especial, que nació de una indicación presentada ayer, el hecho de limitar la denuncia de estos hechos a Carabineros, situación que también rige para quienes infringen las normas de tránsito.	Estos son los aspectos centrales de la proposición del Senado, que busca un camino mixto entre lo que se consideró en las normas adecuatorias del proceso de reforma procesal penal y la normativa antigua de la ley de alcoholes. La Comisión considera que se trata de una buena propuesta de solución en un asunto que, con razón, causó preocupación en la comunidad nacional.	En consecuencia, quienes esta mañana integramos la Comisión -diputadas señoras Marcela Cubillos y María Pía Guzmán, y diputados señores Gabriel Ascencio, Marcelo Forni y quien habla-, recomendamos la aprobación de la propuesta del Senado.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señores diputados, como la iniciativa fue calificada de “discusión inmediata”, se debatirá en general y en particular a la vez.	Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos.	La señora CUBILLOS (doña Marcela).- Señora Presidenta, anuncio mi voto favorable a la moción de los senadores Chadwick y Coloma, aprobada ayer en el Senado, la que corrige un error en que se incurrió con la entrada en vigencia de las normas adecuatorias del sistema procesal penal.	En ese sentido, quiero señalar mi satisfacción por el hecho de que se restablece la prohibición del consumo de alcohol en las calles y en lugares de uso público, señal importante como mecanismo de prevención de delitos y de accidentes y una forma de evitar dar malos ejemplos a los menores. Por esta vía, recogimos numerosas peticiones, en especial de familias de escasos recursos, cuyos menores conviven habitualmente en plazas y en calles.	Considero fundamental aprobar la iniciativa, de modo que, efectivamente, se sancione a quienes consuman alcohol en las calles. Además, estimo positivo que el juez cuente con la facultad de conmutar la multa por la ejecución de trabajos comunitarios.	Por lo anterior -reitero-, anuncio mi voto favorable a la iniciativa en debate.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, adhiero a la aprobación del proyecto, pues con él estamos enmendando un gran error. Los menores que tienen entre 12 y 18 años de edad presentan uno de los mayores índices de consumo de alcohol per cápita en el mundo. Considero que aparte de resguardar que los jóvenes no ingieran alcohol en la vía pública, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que no accedan a éste en forma tan fácil, pues a través de él se ingresa en una verdadera carretera hacia la droga. Es más: todos los menores de 15 años que consumen alcohol en forma habitual tienen un 85 por ciento de probabilidades de caer en la drogadicción.	Anuncio mi voto favorable al proyecto, sin perjuicio de considerar necesario buscar soluciones más de fondo a este problema.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.	El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, mi intervención es sólo para anunciar que los diputados democratacristianos concurriremos con nuestros votos favorables al proyecto, toda vez que se corrige un error contenido en el cuerpo legal vigente y se restablece -se trata del punto fundamental de la iniciativa- el concepto de prohibición del consumo de alcohol en lugares públicos.	Ciertamente, también valoramos la posibilidad de conmutar la pena pecuniaria por trabajos al servicio de la comunidad. Reitero que la bancada Demócrata Cristiana concurrirá con sus votos favorables al proyecto, el que, ojalá, concite la aprobación unánime de la Sala.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.	El señor BUSTOS.- Señora Presidenta, en nombre de la bancada Socialista, anuncio nuestros votos favorables a la iniciativa. Se trata de un proyecto que ratifica algo que con toda razón se planteó dentro de las normas adecuatorias de la reforma procesal penal: que este tipo de hechos no constituye delito. Con todo, en tales normas quedó un vacío, porque evidentemente su intención no era que esta materia quedara sin sanción o prohibición. El proyecto viene a llenar ese vacío, no en el sentido de que la materia de que se trata constituya un delito, sino una infracción de carácter administrativo. Por esa razón, la infracción es objeto de multa por los juzgados de policía local, sanción que se puede conmutar por trabajos voluntarios de carácter social. Además, el proyecto señala las formas en que se debe actuar respecto de los menores, con el objeto de darles total protección desde el punto de vista de su desarrollo. Desde esa perspectiva, el proyecto se ciñe a las líneas generales del sistema democrático y, por lo tanto, estimamos que debe ser aprobado.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señora Presidenta, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, en primer lugar, anuncio nuestros votos favorables al proyecto. Con todo, señalaré algunos aspectos importantes que se deben tener presentes.	Se trata de un proyecto que nació de un error en las normas adecuatorias de la reforma procesal penal. El 45 por ciento de los casos que ven los juzgados del crimen se relacionan con el hecho de beber o encontrarse embriagado en la vía pública. Lo mismo sucede con el quehacer de los fiscales en el nuevo procedimiento: el 30 por ciento de los casos se refieren a la misma materia.	En segundo lugar, ante la propuesta del Senado, que afectaba a los juzgados de policía local, conversé personalmente con el presidente de la Asociación de dichos Juzgados, magistrado señor Alejandro Cooper, quien me manifestó que, tal como la norma se encontraba redactada, no existía ningún problema para que esos juzgados asumieran esta nueva obligación, y que, en consideración a los incentivos entregados por la ley -han sido explicados por el diputado informante-, ellos podían recibir casos de esta naturaleza.	Otro punto importante es que esta materia, al no ser de competencia de los juzgados del crimen, se convierte en una falta. No se trata simplemente de un problema administrativo que compete a Carabineros, sino de una falta que debe ser vista por los juzgados de policía local.	Lo más importante de la iniciativa es que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. Si una madre con sus hijos llega a un lugar público, como una plaza, y ve a un grupo de jóvenes que están con botellas de cerveza, obviamente llamará de inmediato a Carabineros, quienes obligatoriamente deberán proceder a retirar a esos jóvenes, adolescentes o mayores de edad de ese lugar.	En mi distrito, en una cancha de fútbol se ven numerosas familias haciendo “picnic” con mucha cerveza y vino, y en el entretiempo los jugadores salen de la cancha, toman cerveza, y después continúan el partido.	Obviamente, lo que nosotros pensamos que puede ser algo positivo para prevenir el consumo de drogas, se está convirtiendo en un elemento muy negativo. Por lo tanto, necesariamente debemos aceptar estas normas.	Lo importante es que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en caminos, plazas, paseos u otros lugares públicos, es para mayores y menores, es decir, para todo tipo de personas.	Las sanciones pueden consistir en amonestaciones, en el caso de que aparezcan antecedentes favorables para el infractor -como ser detenido por primera vez-, y en multas de hasta una unidad tributaria mensual. 	¿Cuáles son los incentivos para los juzgados de policía local? Si el infractor se allana a la infracción y consigna de inmediato el 25 por ciento del monto máximo de la multa ante el oficial de guardia de la unidad policial, queda libre. Si el infractor no lo consigna, será citado para que comparezca ante el juez de policía local competente, y al igual que en el caso de Carabineros, si paga el 50 por ciento también queda libre. Si en definitiva no acepta nada, se atendrá al procedimiento del juzgado y deberá someterse al pago total de la multa. 	Al respecto, me importaba mucho que el dinero recaudado por concepto de multas no quedara en Carabineros, porque existía la posibilidad de corrupción. A través del proyecto, se obliga a Carabineros a que reciba estos dineros, los reintegre a la tesorería municipal, y notifique al juzgado de policía local acerca de las citaciones y las platas que ha recibido. Este es un elemento realmente importante. 	El que consume en la vía pública se distingue de la persona en estado de ebriedad. Ésta, obviamente, también debe ser retirada por Carabineros, llevada al juzgado de policía local inmediatamente, y se le da la posibilidad de someterse a una serie de medidas importantes, como tratamiento médico, básicamente de rehabilitación alcohólica o internación en un establecimiento hospitalario o comunidad terapéutica abierta. El juez resolverá según la determinación del diagnóstico de habitualidad de la ingesta. Si se trata de habitualidad, la familia y el propio juzgado tendrán que tomar medidas mucho más estrictas. 	Tratándose de estado de ebriedad en menores de 18 años, la sanción es la peor de todas. Se llama a la familia para que lo vaya a buscar. Generalmente, cuando un apoderado, un amigo o un vecino les informan a los padres de un niño que éste está consumiendo mucho alcohol o que está alcoholizado, ellos dicen que sus hijos jamás lo hacen. El hecho de que Carabineros lo detenga en estado de ebriedad y lo mande a la familia o le pida a ésta que lo vaya a buscar, es la peor de las sanciones porque recién en ese momento realmente toma conciencia de que su hijo está cometiendo un grave error, y tiene la posibilidad de someterlo a tratamiento. Esta es una idea importante, notable, de gran beneficio para nuestros jóvenes. 	Todos hemos escuchado los comentarios de un sacerdote de Reñaca, quien, a principios de año, dijo que él llegaba alrededor de las dos de la madrugada a la playa de esa localidad y la recorría recogiendo a todas las niñitas que estaban simplemente botadas en estado de ebriedad. Obviamente, no es posible que ocurra eso. 	Hoy las mujeres consumen en igualdad de condiciones que los hombres, y todos sabemos -especialmente los médicos- que la adicción al alcohol se asume en una forma mucho más rápida y violenta en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, estimo que esta iniciativa es una gran medida. 	Hay una serie de medidas en la ley de Alcoholes que debemos supervigilar. El gran problema que tenemos no es sólo el consumo de alcohol o el estado de ebriedad en la calle, sino también en las discotecas, que muchas venden a 100 ó 200 pesos la piscola y dejan entrar a mujeres libremente para que consuman sin pagar, las que, embriagadas, quedan sin ninguna posibilidad de levantarse por sí mismas. Ese es el grave problema que está sucediendo en la actualidad. Allí están las razones de las riñas posteriores en las calles y es lo que también se debe fiscalizar; porque Carabineros no ingresa en discotecas donde se sabe que menores de edad están consumiendo alcohol. Más aún, los menores de edad, y esto es un problema de los padres, llegan absolutamente alcoholizados desde sus propios hogares. 	Les voy a contar una anécdota. Me comentaron el caso de una niña considerada muy sana porque iba a las fiestas con naranjas. Resulta que éstas estaban inyectadas con vodka. Entonces, al consumirlas, ella y sus amigas se tomaban un vodka con naranja. Eso es lo que está sucediendo con nuestros menores de edad. Por supuesto, es problema también de los padres y de las policías, y no queda resuelto solamente con el proyecto que estamos analizando hoy. Es un problema cultural en el país y debemos tenerlo muy presente. 	He dicho. 	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos. 	El señor LAGOS.- Señora Presidenta, anuncio el voto favorable de nuestra bancada a este proyecto de ley, que introduce algunas modificaciones a la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, relativas a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en calles o lugares de uso público. 	Quiero destacar que, a nuestro juicio, introducir una norma mediante la cual “el juez podrá conmutar la multa impuesta por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad”, hace que esta iniciativa sea mucho más humana. Podemos inferir claramente que se está calificando la falta como una enfermedad y que la penalización o conmutación por trabajo dentro de los municipios y, además, con tratamientos médicos y sicológicos, cuando procediere, nos hace sentir, como radicales, bastante más tranquilos con respecto a cómo enfrentaremos, como sociedad, el gran problema del alcoholismo en nuestro país.	Por lo tanto, anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa. 	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. 	El señor CERONI.- Señora Presidenta, no hay duda de que este proyecto sitúa el alcoholismo en su justa dimensión, como un problema de salud y no un delito, y, por lo tanto, debemos tratarlo de esa forma. No hay duda alguna de que el proyecto lo trata en la línea correcta. 	Cabe destacar que los juzgados de policía local no estarán atiborrados de causas, puesto que perfectamente es posible pagar un porcentaje de la multa en Carabineros, sin que la persona sea derivada, si es sorprendida en alguna infracción, al juzgado de policía local. 	Los menores que sean sorprendidos bebiendo en la vía pública o en estado de ebriedad, serán tratados como corresponde, es decir, llevados a un cuartel policial o a su domicilio. Lo deseable es que sean llevados siempre a su domicilio, por el peligro de que se los puede involucrar con delincuentes en caso de ser conducidos a un cuartel policial. La idea es que Carabineros adopte las medidas necesarias para informar rápidamente a la familia cuando el menor sea conducido a un cuartel policial. Tenemos que protegerlo para que, en ese lapso, no se vincule con delincuentes.	Señora Presidenta, no hay duda de que después de todo el escándalo que se produjo en relación con este tema, que fue exagerado, hemos llegado a una iniciativa adecuada, correcta y que trata esta conducta no como un delito, porque no lo es, sino como un problema de salud, y se establecen las medidas adecuadas para solucionarlo.	Por eso vamos a apoyarlo.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, deseo anunciar el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto, que viene a enmendar un error que se produjo al adecuar el Código de Procedimiento Penal a la reforma procesal penal.	Por lo tanto, creemos de justicia que se apruebe esta modificación a fin de que se sancione el consumo de alcohol en la vía pública.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.	La señora SOTO (doña Laura).- Señora Presidenta, en realidad, hubo un extraordinario clamor vecinal con respecto a esta materia, porque existe una preocupación en la sociedad chilena, más allá de la legislación.	El proyecto de ley apunta a lo correcto, porque va en un sentido más humanista, ya que considera al infractor como tal, a quien se le aplica una multa y una medida de protección, en lugar de calificar su actuación como un delito.	Sin embargo, nos preocupan algunas cuestiones, porque, por un lado, decimos: “protegeremos al menor, lo llevaremos a su casa, le explicaremos a los papás de qué se trata.”; pero, por otro lado, señalamos: “En todo caso, le daremos al juez la facultad para conmutar la multa, porque, muchas veces, los infractores son gente muy modesta, que no tiene cómo pagar”. Puede resultar que, al final, esto sea letra muerta, porque todos sabemos que cuando la municipalidad no tiene la ordenanza respectiva, el juez de policía local se ve impedido de conmutar la pena. En consecuencia, debemos corregir ese aspecto.	También se debe corregir el hecho de que, por un lado, legislemos en este sentido, pero, por otro, le demos chipe libre a la publicidad. Tenemos que ponernos de cabeza para advertir en la publicidad que los licores hacen daño a la salud y que a los menores que comienzan a beber a temprana edad se les reduce la vida en doce años, o sea, se les acorta la vida, sin perjuicio de que, además, ésta tendrá una calidad realmente indeseable desde el punto de vista de su salud.	Entonces, si bien damos un paso adelante con el proyecto de ley, debemos preocuparnos de dar facultades reales a los jueces de policía local, de manera que lo que se apruebe no sea letra muerta, sino que permita, por ejemplo, cambiar la amonestación o la multa por trabajo en beneficio de la comunidad.	Me preocupa lo que dice el artículo 113. Dispone: “Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público”. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que no se puede consumir alcohol en pubs ni en restaurantes? Puede que sea una apreciación mía, pero me preocupa la redacción de la norma.	Deseo también que la normativa que se establece en favor de los infractores menores de edad se cumpla en forma estricta, que tenga una aplicación real.	Anuncio que vamos a apoyar el proyecto.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.	El señor LEAL.- Señora Presidenta, estas modificaciones, a mi juicio, cumplen con dos objetivos: primero, enviar la señal de que se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, y segundo, que no hay una despenalización de esta conducta.	Lo anterior tiene que ver con hechos muy importantes, porque, como lo conversábamos con el colega Accorsi, una de las principales causas de mortalidad en Chile tiene que ver con el alcoholismo. Nuestro país es uno de los que exhibe mayores índices de jóvenes entre 12 y 18 años que consumen alcohol y donde, además, se ha producido una progresiva rebaja en la edad para comenzar a consumirlo, la cual ya está en 12 ó 13 años.	El doctor Accorsi, al igual que otros médicos, ha informado que tenemos un número creciente de comas alcohólicos.	Por tales razones, estas modificaciones vuelven a ratificar la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública y a establecer las sanciones correspondientes.	Sin embargo, también me parece importante que modifiquemos la ley Nº 17.105, que permitía la detención y el envío a la cárcel de las personas que no pagaban las multas que se les aplicaban, lo que produciría un gran atochamiento de causas en las fiscalías. Además, me parecía excesivo que se detuviera y que se enviara a la cárcel a las personas sorprendidas en este tipo de conductas.	Por lo tanto, el proyecto en debate establece un justo equilibrio entre la necesidad de que se prohíba el consumo de alcohol en la vía pública y la necesidad de que se cautelen derechos de las personas, para lo cual se preceptúa que estas infracciones no constituyen un delito, sino una contravención de carácter administrativo, materia que debe ser llevada por los juzgados de policía local y por los jueces de policía local, quienes dispondrán de una mayor cantidad de posibilidades para sancionar estas conductas.	El proyecto rescata el espíritu original que existía cuando se trató el tema, por lo que lo votaré favorablemente.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.	El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, el proyecto debe ser celebrado por dos aspectos:	En primer lugar, por la oportunidad con que ha reaccionado el Congreso ante el vacío que quedó cuando se dictaron las normas adecuatorias del nuevo sistema procesal penal.	En segundo lugar, por su contenido.	Entre dos extremos -la penalización del estado de ebriedad y del consumo de alcohol en la vía pública, o bien la permisión total, que podía ser interpretada como indiferencia del legislador o, peor aún, como aprobación del legislador frente al consumo, sobre todo a la ebriedad y al consumo de alcohol en la vía pública-, se ha encontrado una solución intermedia para sancionar la contravención de la norma, lo que no podemos sino celebrar desde el punto de vista del equilibrio para enfrentar este problema.	Como aquí se ha dicho, también es muy importante que exista una proporcionalidad en el castigo, como multas, trabajos comunitarios -me referiré a eso en su momento-, amonestación. Es muy importante dar esta señal.	Quiero despejar la aprensión de la honorable diputada señora Laura Soto, por cuanto tenemos información de que el Ejecutivo, tomando como base un anteproyecto que preparamos con los diputados Accorsi y Burgos, está enviando a esta honorable Cámara una modificación legal para establecer que todos los municipios del país deberán contar con un sistema de trabajos comunitarios, justamente para que no se produzcan los problemas que ella, con justa razón, ha señalado. Eso se solucionará por esa vía.	También deseo referirme a la necesidad de poner mucho énfasis en el estudio de esta materia, así como establecer políticas públicas y destinar recursos a la prevención del alcoholismo. Quienes somos diputados de regiones pobres, como es mi caso, ya que represento a un distrito de la Novena Región, sabemos que por mucho que se ataque la indigencia o la pobreza, por muchas políticas públicas que se dicten, por muchos organismos públicos que se encarguen del asunto o por muchos recursos que se entreguen, si no enfrentamos este verdadero flagelo de los bebedores problema no habrá posibilidad de romper el círculo de pobreza, indigencia y marginalidad.	En el caso de la Novena Región, el mayor problema público -previo a cualquier medida de política pública- es el alcoholismo. Encuestas serias demuestran que el 44 por ciento de los hombres y casi el 12 por ciento de las mujeres son bebedores problema. Es probable que en la población rural esas cifras sean mayores que en los sectores populares urbanos.	Por lo tanto, celebro la prontitud con que ha reaccionado el Congreso, y estoy muy satisfecho por el contenido del proyecto, que espero que sea aprobado por unanimidad.	Aprovecho la oportunidad para señalar la necesidad de avanzar, de manera muy fuerte, en materia de prevención del delito. En caso contrario, ni el Fosis, ni el Indap, ni Prodemu, ni el Chile Solidario, que anunció el Presidente de la República el 21 de Mayo, podrán enfrentar esta grave situación que se vive en muchas regiones.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.	El señor GÓMEZ (ministro de Justicia).- Señora Presidenta, sólo para señalar que algunas disposiciones del proyecto tienen rango de ley orgánica constitucional. En consecuencia, aprovechando que existe el quórum necesario en la Sala, tal vez sería bueno votarlo pronto.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para ello tendría que pedir el cierre del debate, a pesar de que hay diez señores diputados inscritos para interve-nir.	¿Habría acuerdo para cerrar el debate y proceder a votar?	Acordado.	Mientras se llama a los señores diputados a votar, concederé la palabra en forma alternada.	Tiene la palabra el diputado señor Correa.	El señor CORREA.- Señora Presidenta, quiero hacer un mea culpa, tanto en nombre de la Cámara como del Senado, por aprobar un proyecto que contenía el error aquí señalado. También le cabe cierta responsabilidad al Ejecutivo, por su presentación. El hecho es que pasó absolutamente “piola”. Esta mañana se aprobó, sin discusión, en la última sesión del período legislativo anterior.	Estoy muy de acuerdo en la forma como se está solucionando el problema, pero deseo insistir en el cuidado con que debemos estudiar las diferentes iniciativas: simplemente, hacerlo con mayor acuciosidad. No puede ser que hayamos olvidado una cosa tan fundamental como ésta, con lo cual provocamos la indignación nacional, por los efectos que se derivaban de esa omisión.	Sin duda, el alcoholismo incide muy fuertemente en el aumento de la delincuencia, y eso es lo que preocupa al país. Por ello, es imprescindible aprobar cuanto antes este proyecto a fin de tranquilizar a la ciudadanía, que se preocupó mucho con esta falla de los poderes colegisladores.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.	El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señora Presidenta, entiendo el objetivo y sentido del proyecto de ley, pero quiero hacer valer mis aprensiones en un aspecto relacionado con los menores de edad. Éstos también son sujetos de derecho, pero en este caso, de alguna manera se les están vulnerando algunos. Una cosa es lo que dice la ley, y otra, la realidad. Si es cierto lo informado en el último tiempo por los medios de comunicación, ocurrirá que los fines de semana tendremos los cuarteles policiales llenos de jóvenes retenidos o detenidos por beber alcohol en la vía pública.	Pregunto si los cuarteles policiales están hoy habilitados para separar a los menores de edad de los adultos y a las mujeres de los hombres. No creo que Carabineros pueda llevar de inmediato a un joven detenido a su domicilio, porque no existe la capacidad humana ni material para cumplir con ese principio y ese objetivo de la ley. Como todos los jóvenes serán llevados a los cuarteles policiales, se producirá un problema no menor, relativo a las cuatro horas que estarán detenidos en esa unidades.	Quiero hacer valer esta aprensión respecto de la real situación de los jóvenes -de 14 ó 15 años, o menores aun- que pueden ser conducidos a un cuartel policial sin los resguardos correspondientes a su edad o condición de sexo. Según el artículo 116 que propone la iniciativa, el espíritu de la ley es que el joven no sea detenido, sino que se comunique primero con sus padres, a quienes será entregado con posterioridad. Quiero que eso se cumpla.	Hago presente estas preocupaciones porque, reitero, los menores de edad también son sujetos de derecho, pero, en este caso, no están lo suficientemente protegidos por la ley.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.	El señor ULLOA.- Señora Presidenta, sólo para decir que cuando se modificó la ley Nº 17.105, de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, nadie previó que se crearían nuevas especializaciones delincuenciales; nadie ha preguntado a Carabineros qué significó esa modificación, que ahora intentamos corregir. Al respecto, puedo responder que ha significado una cantidad impresionante de ebrios o borrachos asaltados en la calle. Se originó una especialización de delincuentes, dedicados sólo a asaltar a los borrachos, resultado de lo cual se llenaban los centros asistenciales de salud con heridos.	Ahora, en cuanto a los casos a que se refiere el artículo 115, si no se establece en la historia de la ley que Carabineros puede conducir a los ebrios a los calabozos, nos encontraremos con el problema de que faltarán dependencias policiales donde tenerlos.	Por otro lado, nadie ha reparado en que las personas que se hallan en esas condiciones pierden por completo su control, incluso de esfínteres, lo que significará un problema mayor para las unidades policiales. Hago presente esta situación, que no se señala en la iniciativa, que involucra un problema real que deberá resolver Carabineros, para lo cual necesitará medios.	Es necesario hacer presente esta situación, porque muchas veces se opera sólo y exclusivamente desde arriba, sin mirar lo que, en términos reales, ocurre en la calle, y eso lo deben saber los diputados al legislar.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cerrado el debate.	Si le parece a la Sala, se insertarán en el boletín de sesiones los discursos de los diputados señores Pedro Muñoz, Pedro Araya, Francisco Bayo y Jaime Jiménez, quienes no alcanzaron a hacer uso de la palabra.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	-El texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente:	El señor BAYO.- Señora Presidenta, con el objeto de no caer en conceptos repetidos reiteradamente, sólo deseo resaltar dos aspectos relacionados con este proyecto de ley:	Primero, que la materia en cuestión dice relación con el principal problema de salud pública en Chile, como lo es el alcoholismo, presente en la mayor parte de los accidentes, de los hechos de violencia, de muchas muertes, el que lamentablemente compromete en forma especial a nuestra juventud. Mayor relevancia adquiere este hecho cuando sabemos que la incorporación de la mujer en esta adicción es creciente, como lo demuestran varios estudios realizados por universidades nacionales.	Segundo, la rapidez y agilidad con que este Congreso está corrigiendo un grueso error cometido en la tramitación de las leyes adecuatorias en el marco del nuevo código procesal penal. Esto demuestra una respuesta adecuada respecto de una materia ante la cual la sociedad se ha sentido tocada.	Los eventuales problemas de atochamientos en dependencias de Carabineros o de juzgados de policía local están siendo previstos por el ministro de Justicia, con quien nos contactamos recientemente. Esos juzgados verán incrementados sus ingresos de las respectivas multas.	En conformidad con lo anteriormente señalado, anunciamos nuestro voto favorable al proyecto en discusión.	He dicho.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Los números 1), 2) y 5) del artículo 1º, y los artículos 2º, 3º y 5º se votarán en forma separada, por contener materias de ley orgánica constitucional.	En votación general el proyecto, con excepción de los preceptos orgánicos constitucionales a los cuales hice referencia.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Encina, Errázuriz, Escalona, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kast, Kuschel, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.-Votó por la negativa el diputado señor Pérez (don Aníbal).-Se abstuvo el diputado señor Valenzuela.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación general los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.	Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación anterior.	Aprobados.	Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará también en particular, con la misma votación, dejándose constancia del quórum requerido.	¿Habría acuerdo?	Aprobado.	Despachado el proyecto.	Tiene la palabra el señor ministro.	El señor GÓMEZ (ministro de Justicia).- Señora Presidenta, en primer lugar, cabe señalar que el proyecto concitó la unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado, donde se presentó este texto alternativo.	En segundo lugar, la normas adecuatorias fueron aprobadas al final del período legislativo anterior, momento en que se tomaron decisiones frente al procedimiento en materia de ebriedad simple y consumo en la vía pública, temas que quedaron desconectados de la posibilidad de que, posteriormente, se aplicaran disposiciones que permitieran evitar la situación permanente de ebriedad o de consumo de alcohol.	Se trata de un proyecto muy importante, por cuanto en diversas comunas se han producido situaciones complejas. Es relevante haberlo aprobado en general y en particular, con la prontitud y el apoyo casi unánime de los parlamentarios, pues será posible corregir los problemas que enfrentamos en la actualidad. Conversamos con el general director de Carabineros y con otros oficiales de esa institución para los efectos de ir subsanando lo planteado por el diputado Ulloa. 	En cuanto a lo expresado por el diputado señor Aníbal Pérez, hay disposiciones específicas en relación con la protección de los menores.	En definitiva, el proyecto, además de prohibir tanto el consumo de alcohol como la ebriedad en la vía pública, establece normas precisas que posibilitarán la rehabilitación de los menores y su protección, sin perjuicio de sancionarse administrativamente el hecho, puesto que se trata de una falta que será resuelta en los juzgados de policía local, porque, como planteó el diputado Accorsi, es muy inquietante el hecho de que en nuestro país el consumo de alcohol aumente día a día.	Las normas que tienen que ver con la ley de Alcoholes están contenidas en el proyecto que está siendo discutido en el Senado y que llegará a la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional. En él se establecen las demás situaciones planteadas por parlamentarios en esta ocasión. La presente iniciativa sólo está destinada a resolver un problema que hoy enfrenta la ciudadanía.	Agradezco a los diputados la aprobación del proyecto, por cuanto es importante para mantener la seguridad de la población.	Gracias, señora Presidenta.VI. PROYECTOS DE ACUERDOSALVAGUARDIAS PARA INDUSTRIA REMOLACHERA NACIONAL.	El señor RECONDO.- Pido la palabra, señora Presidenta.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor RECONDO.- Señora Presidenta, sé que en su momento su Señoría pidió la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto que modifica la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, en lo relativo al consumo en la vía pública, hasta su total despacho, y, adicionalmente, suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo. Sin embargo, dado que lo despachamos con relativa prontitud y en consideración a la urgencia que tiene la materia de que trata, solicito a su Señoría recabar el asentimiento de la Sala con el objeto de pronunciarnos respecto del proyecto de acuerdo Nº 47.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta). Como es el único proyecto de acuerdo y todavía tenemos tiempo, recabo la unanimidad de la Sala para tratarlo a continuación. Al parecer, no habría inconveniente en aprobarlo sin discusión.	¿Habría acuerdo de la Sala?	Acordado.	El señor Prosecretario le va a dar lectura.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 47, de los señores Víctor Pérez, Javier Hernández, Gastón von Mühlenbrock, Carlos Recondo e Ignacio Urrutia.	“Considerando:	Que actualmente el sector remolachero de nuestro país tiene una importancia vital para el desarrollo de la agricultura nacional. En la práctica, estamos hablando de la explotación de más de 50 mil hectáreas. Por ende, esta actividad productiva genera en forma directa más de 10 mil empleos y de manera indirecta más de 35 mil personas se ven de una u otra forma involucradas en esta actividad.	Que, por lo mismo y debido a la importancia de este sector, se crearon las bandas de precios, que no son otra cosa que sistemas estabilizadores de precios internos que operan cuando un determinado producto, en este caso el azúcar, se encuentra afecto a variaciones importantes por motivos de clima, por motivos de transacción de excedentes en mercados internacionales por los grandes países productores, etc. Esto se traduce en inestabilidad de precios de un producto sumamente sensible a las variaciones del mercado que se pretende resguardar por el sistema de bandas.	Que, consciente de ello, el Gobierno remitió el año recién pasado, con carácter de “suma” urgencia el proyecto que es la actual ley N° 19.772, la cual modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio, publicada en el Diario Oficial el día 19 de noviembre del año 2001, la cual buscaba, entre otras cosas, cumplir el acuerdo que los gobiernos de la Concertación habían alcanzado con los agricultores de nuestro país en materia de bandas. Hay que tener presente que su aprobación tanto en la Cámara como en el Senado fue prácticamente mayoritaria, dejando en evidencia el consenso que existe en este tema en todo el espectro político nacional.	Que es sabido que todo el proceso productivo de la remolacha requiere de un complejo proceso de preparación de suelos antes de la respectiva siembra. Ello se traduce en que nuestros agricultores tradicional e idealmente comienzan esta tarea en el mes de agosto y ya en el mes de abril del año respectivo Iansa tiene un ofrecimiento de contrato y, por ende, superficie y precio para el cultivo de la remolacha.	Que, con ocasión del grave deterioro económico que afecta a este sector, por los sucesivos acuerdos comerciales internacionales que ha firmado nuestro país, la situación de producción, distribución y comercialización de remolacha se ha visto seriamente afectada, por lo que se hace imprescindible tomar medidas rápidas y urgentes. De lo contrario, se terminará eliminando a los agricultores de la remolacha, creando, consecuencialmente, más miseria, desempleo y hambre en un importante sector de la economía de nuestro país.	Que, debido a ello, los agricultores de la remolacha recurrieron a la Comisión Nacional Encargada de Investigar las Distorsiones de Precios de las Mercancías Importadas, a fin de requerir un pronunciamiento de este organismo que evite las lamentables consecuencias señaladas precedentemente. No obstante, dicha resolución no se adoptará en un plazo inmediato, pudiendo demorarse por lo menos 90 días, tiempo que este sector no se encuentra en condiciones de esperar, por los motivos que se explican de la sola lectura de este acuerdo.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya las medidas necesarias para dictar salvaguardias provisionales inmediatas y así evitar el descalabro del sector remolachero de nuestro país”.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En votación.	Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.	Aprobado.VII. INCIDENTESENDEUDAMIENTO CON INDAP DE COOPERATIVA CAMPESINA “BUSCANDO DESARROLLO”. Oficios.	La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni por cuatro minutos.	El señor CERONI.- Señora Presidenta, quiero referirme a un tema que me preocupa, que dice relación con la situación que afecta a un grupo de agricultores que pertenecen a la denominada cooperativa campesina “Buscando desarrollo”, del distrito que represento en la Cámara.	Esta es una de las cooperativas involucradas en el alto endeudamiento que organizaciones de esta naturaleza mantienen con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap. En efecto, le debe más de 700 millones de pesos y, obviamente, está quebrada.	No cabe duda de que en esa situación tiene mucha responsabilidad el Indap, puesto que le aprobó proyectos y le concedió créditos, en circunstancias de que la referida cooperativa estaba siendo inviable desde hacía muchos años, hecho que quedó claro en la investigación que realizamos en la Cámara de Diputados.	La política del Indap está complicando a los campesinos que forman parte de esta cooperativa, en especial a los que voy a mencionar.	En 1999, el Instituto entregó 60 vaquillas a un grupo de agricultores pertenecientes a esta cooperativa, de acuerdo con la modalidad que existe en el banco ganadero, que también fue formado por esta cooperativa, que consiste en que estos campesinos devuelven las vaquillas -que son de buena calidad- no con dinero, sino con las crías para que de esa manera se logre una masa de reproductores.	Pues bien, a raíz de la mala situación económica que atravesaba la cooperativa, el Indap sugirió a estos agricultores que solicitaran un préstamo -con el respaldo de estas vaquillas- para pagar deudas de la cooperativa, cosa que, de muy buena fe, hicieron los campesinos.	Como la cooperativa no pudo pagar, los campesinos son los deudores y hoy se ven amenazados con cobranzas judiciales y con ser registrados en Dicom, situación absolutamente injusta e inaceptable porque ellos actuaron según lo aconsejado por el propio Indap.	Por tanto, solicito que se oficie al director nacional del Indap y al ministro de Agricultura, con el objeto de que se hagan cargo de esta situación. Además, con el objeto de explicar este tema en forma muy metódica, pido que se adjunte la carta que me enviaron los agricultores, en la cual se da a conocer, paso a paso, todo lo sucedido.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.REACCIONES POR TRASPASO DEL LICEO MANUEL DE SALAS A LA UNIVERSIDAD DE CHILE.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, el liceo Manuel de Salas se encuentra en paro desde ayer, en protesta por la actitud del rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce, quien, en conocimiento de que la voluntad del Congreso es traspasar dicho establecimiento a la Universidad de Chile, ha obligado a renunciar a tres de sus principales directivos por la vía de bajarles las calificaciones. En efecto, la directora, señora Marcela Khon; el subdirector, Miguel Ángel Castillo, y el señor Pedro Gutiérrez han sido calificados en lista 3, lo que permite pedirles la renuncia de sus cargos.	Esta es una actitud muy poco universitaria del rector señor Navarro, quien reconoce en su declaración que el Congreso ha apoyado, por gran mayoría, el traspaso del liceo a la Universidad de Chile, decisión que hoy fue aprobada por unanimidad por la Comisión técnica del Senado y que mañana pasa a la Sala. Reconociendo esta situación, se ampara en un recurso presentado por 30 colegas de la Cámara de Diputados, que -según dice- apoyan la tesis del rector. Esos colegas plantean ante el Tribunal Constitucional que el liceo Manuel de Salas es una estructura necesaria para los fines de la Umce, lo que es bastante discutible, porque en 20 años el liceo Manuel de Salas no ha sido necesario para la Umce y no se ha tenido ninguna acción positiva para con este establecimiento. Considero que los colegas están equivocados, y que con su actuar profundizan la crisis existente en dicho establecimiento y ponen en peligro su existencia.	Los apoderados, la comunidad escolar, funcionarios y profesores tienen una justa indignación con el proceder del rector Navarro, y han optado por llamar a un paro que, ojalá, exprese todo ese sentimiento, pero que es de esperar que no se prolongue en demasía, porque pone en peligro la continuidad del año lectivo.	Hago un llamado a los colegas que presentaron el recurso -no existe un motivo de inconstitucionalidad- para que depongan su actitud porque el traspaso a la Universidad de Chile es voluntad del Congreso, de los apoderados, alumnos y profesores. En definitiva, por la vía de un recurso de inconstitucionalidad -que no refleja el fondo del problema-, no se puede impedir que este proceso avance.	He dicho.CONGRATULACIONES A GANADORES DEL 34º CONCURSO DE CUECA. Oficio.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en la ciudad de Arica se celebra todos los años el Campeonato Nacional de Cueca. Allá, en la frontera norte de la República, se reviven las tradiciones del folclor chileno. A la cita concurren exponentes del baile patrio provenientes de todas las regiones. Ahí se vive la chilenidad a través de nuestro baile nacional, la cueca.	En la versión 34ª, realizada la semana pasada, resultó ganadora una pareja de jóvenes a quienes este diputado conoce. Los he visto desde niños practicar nuestro baile nacional, hacer gala de su gracia y belleza. Hoy, ya no como niños, sino como jóvenes, se convirtieron en los mejores exponentes. Se trata de Nancy Barriga y Marco Melo, campeones de cueca en Chile.	Con alegría, los unioninos y la gente de la Décima Región vemos cómo esos jóvenes son capaces de descollar a nivel nacional en la práctica de una hermosa actividad cultural, como el baile. Ellos son estudiantes de la Universidad de Los Lagos, de Osorno. Se destacan, además, por la generosidad con que entregan su conocimiento y experiencia en la práctica del baile nacional. Ellos enseñan gratuitamente en la escuela Radimadi, de La Unión, lo que constituye un verdadero homenaje para el establecimiento educacional en el cual estudió la señorita Nancy Barriga.	Anoche, La Unión los recibió con caravanas. La gente se volcó al gimnasio fiscal. En las calles, miles de unioninos se hicieron parte del galardón logrado. ¡Cómo me habría gustado disfrutar de esa felicidad!	Quiero destacar lo que sucede en La Unión con respecto al folclor. Todos los años se lleva a cabo el encuentro con nuestras raíces, en el que participan conjuntos folclóricos de todo el país y también del extranjero, organizado cuidadosamente por la agrupación folclórica de La Unión, que dirigen entre otros, don Miguel Jiménez y don Ricardo Guarda Bragado.	También aprovecho la oportunidad de hacer resaltar el trabajo incansable del Club de Cueca de La Unión y de sus dirigentes don Joel Díaz Vera y don Daniel Loncuante. 	En La Unión, además de la danza, el canto de raíz folclórica tiene exponentes de excepción, como el conjunto villa San José, que agrupa a jóvenes destacados, músicos que nos han representado en el Festival del Huaso de Olmué y en distintos escenarios del país. Además, han grabado sus temas con gran éxito. Los menciono porque todos ellos son parte importante del galardón obtenido.	La Unión es una comuna folclórica, es una comuna cuequera.	Doy a conocer estos aspectos, que algunos no conocen, acerca de una comunidad culta y sólida, que trata de poner a la cultura y a las artes en el centro de sus preocupaciones.	Estos éxitos nos llenan de orgullo y de alegría, y nos dan ánimo para soportar la forma dura en que nos trata la madre naturaleza en el sur de Chile, especialmente en la Décima Región.	Durante largo tiempo esta pareja de campeones pasearán por Chile el nombre de La Unión.	¡Gracias, jóvenes, por su ejemplo y por el aporte a los valores que entregan a la sociedad!	Por último, solicito que se oficie, en mi nombre, a estos dos jóvenes de La Unión, enviándoles mis felicitaciones y copia de esta intervención, sin perjuicio del homenaje que se les rendirá cuando visiten el Congreso Nacional invitados por este parlamentario.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.PROPOSICIONES PARA ENFRENTAR LA MAREA ROJA EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior, al intendente de la Décima Región de Los Lagos, a la ministra de Defensa Nacional, a los gobernadores de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, al ministro de Salud, a los decanos de las Facultades de Ciencias del Mar de las universidades Austral y de Los Lagos, al director nacional del Instituto de Fomento Pesquero y al director regional del Instituto de Fomento Pesquero de la Décima Región. Como diputado del distrito 57º, de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt, deseo proponerles varias ideas para enfrentar mejor los recurrentes episodios de marea roja en la Décima Región.	Si bien aún no se sabe con exactitud qué la produce, cómo y cuándo ocurre, ya se conocen, con anticipación, un conjunto de circunstancias y condiciones que favorecen su aparición: el calentamiento terrestre, la pérdida de la capa de ozono, los fenómenos de La Niña y de El Niño, la floración de algas y de otros microorganismos, la calma de las aguas, la baja salinidad, la lluvia, la mayor luminosidad, las temperaturas de las aguas, las rutas de naves y puntos críticos, y la contaminación por el hombre.	Por otro lado, aún no se sabe con certeza si el océano produce o absorbe CO2, y se mantienen muchas incógnitas multidisciplinarias de gran importancia sobre este fenómeno, que ocurre en casi todos los mares del mundo.	Además, recalco que, en ningún caso, debe repetirse la situación de este año, 2002, pues ya en enero había indicios, detectados por observación satelital del mar, en cuanto a que confluían varios factores para la aparición de marea roja, y aun cuando el 15 de febrero se tenía una foto satelital, sólo el 25 de marzo se decretó la prohibición de extracción de mariscos, y recién en abril se dispuso la emergencia en cuatro comunas de Chiloé, con visitas y comentarios, incluso presidenciales.	En ese momento, solicitamos declarar como zona afectada a todas las aguas interiores y cercanas de Puerto Montt al sur, cosa que fue descartada. El 30 de mayo, ante las caídas generalizadas de las ventas en todas las caletas, el intendente de la Décima Región degustaba mariscos en Angelmó.	Si existen posibilidades de que surja marea roja, se propone implementar oportunamente la alerta de su aparición y la adopción de medidas que permitan una mejor convivencia con ella, una vez que se establece. 	En primer lugar, sostengo que si tempranamente se advirtiera a los buzos y mitilicultores que se están juntando condiciones que facilitan la presencia de la marea roja, éstos podrían explotar los recursos, aunque sea a menor precio, o esperar hasta que el fenómeno desaparezca, lo que permitiría administrar de mejor manera las pérdidas, que, de todas formas, son inevitables para los productores, buzos y comerciantes de mariscos de las caletas de la Décima Región al sur. 	En segundo término, para convivir con la marea roja, una vez establecida, propongo crear paliativos mínimos, objetivos y focalizados.	En Punta Arenas, Duodécima Región, funciona un programa quinquenal -lleva seis años en operaciones y acaba de reanudar su segunda etapa-, financiado por el gobierno regional, con un costo de 30 millones de pesos anuales. El proyecto considera cuatro subprogramas: monitoreo de marea roja, que es de corto plazo; educación, capacitación permanente y difusión, que es de corto plazo.	La base del proyecto descansa en el Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, que coordina a los agentes que colaboran, como los servicios de salud, la Armada y la Universidad de Magallanes.	El Instituto de Fomento Pesquero tiene establecido un sistema de información y monitoreo de datos técnicos confiables en determinados lugares, que operan como centinelas, con 48 estaciones distribuidas en los 800 kilómetros de largo, desde el límite norte hasta casi el Cabo de Hornos.	El proyecto no cuenta con boyas hidrográficas en la Duodécima Región. Allí se convive con el fenómeno de la marea roja que ya se instaló en la zona y que es recurrente. Algo similar se puede hacer en la Décima Región.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE LA REMOLACHA. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.	El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, con cierta frecuencia escuchamos, en los diferentes ámbitos del quehacer socioeconómico, político y cultural, verdaderas piezas oratorias respecto de la importancia y de las bondades de la tierra, en particular de nuestros campos. 	Si revisamos, por ejemplo, la programación anual del Ministerio de Educación, en diferentes partes encontraremos actividades destinadas a desarrollar en nuestros jóvenes la valoración del acontecer campesino y de sus gentes. Esas acciones, que por cierto compartimos, se orientan en la dirección correcta, pues son una forma válida para que nuestra juventud conozca y valore el campo, su gente y sus tradiciones.	El punto central es que no todas las acciones que la sociedad chilena realiza van en esa dirección, y allí, como parlamentario de una zona eminentemente agrícola, radica mi preocupación central, porque -estimo- estamos viviendo una encrucijada definitoria no sólo para un grupo de hombres y mujeres que viven de esa actividad, sino para el conjunto de la sociedad chilena. No basta con elaborar concursos, discursos, poemas, libros u otros elementos si no tenemos una política de fortalecimiento integral del sector agrícola.	Hemos solicitado aquí, en no pocas ocasiones, la elaboración de una política de Estado para el sector agrícola. Hemos denunciado en innumerables oportunidades la existencia de discriminaciones frente a nuestros productos. Hemos pedido el perfeccionamiento de los sistemas de protección, como las bandas de precios, ante las denominadas perforaciones, pero no hemos obtenido éxito.	De allí, entonces, el clamor que desde el sur comienza a extenderse por los diferentes rincones de esta tierra para decirle a la población y a la autoridad política: ¡cuidemos la agricultura porque es creadora de empleos y de valor agregado!, lo cual va mucho más allá de su propia actividad.	Pareciera que en este mundo globalizado la agricultura pierde fuerza como actividad económica, pero no es así. Por ejemplo, Estados Unidos, el padre del libre mercado, hace pocos días anunció una subvención de 180 mil millones de dólares a los agricultores en el marco de la nueva ley agrícola. El senador republicano Don Nicles expresó: “Les estamos pagando a los agricultores, en muchos casos, el doble de lo que son los precios en el mercado, y eso es sencillamente un incentivo verdadero para producir más y, por lo tanto, crear una superabundancia de oferta, lo que hará bajar los precios”.	Esto es proteccionismo, pero también un testimonio de cómo los países desarrollados no tienen miramientos de ninguna especie cuando se trata de defender a su agricultura y a sus productores. ¿Por qué? Por una razón muy simple: la consideran un factor de seguridad nacional. ¡Qué diferencia con nosotros, que cumplimos dogmáticamente las disposiciones teóricas!	En el debate que tendremos respecto de la agricultura que deseamos, sobre todo en el marco del acuerdo con la Unión Europea, conviene tener presente un estudio de doña Martine Dirven, experta profesional de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Cepal, denominado: “Los encadenamientos de la agricultura, acercamiento de una medición”.	En una de sus conclusiones, el estudio señala que, tomando sólo en cuenta los encadenamientos productivos directos de la agricultura con el sector manufacturero -que demanda el 82 por ciento de los insumos generados por el agro para las industrias en general y, a su vez, representa el 19,4 por ciento de las materias primas totales nacionales usadas por esta industria-, se agregan aproximadamente 10,7 puntos porcentuales al producto interno bruto, 7,3 por ciento al empleo y 15,1 por ciento a las exportaciones.	De esa manera se llega a una participación conjunta de la agricultura más la industria manufacturera directamente ligada a ella, de 15,1 por ciento en el producto interno bruto, 22,1 por ciento en el empleo y 19,9 por ciento en las exportaciones, es decir, la importancia del agro se ve multiplicada en 3.4, 1.5 y 4.1 veces en dichos parámetros.	Si hay conciencia teórica y práctica de la importancia del sector, ¿qué pasa entonces que las medidas no aparecen? Creo sinceramente que nos falta unidad política para defender esta actividad y hacer sentir el peso que ésta tiene en el país. Ésa es la única forma de enfrentar a estamentos fuertes e influyentes. Si no lo hacemos cundirá -tal como lo expresó en días pasados el diputado señor Ojeda- la desesperanza y la indignación en el hombre de campo.	Hoy lo relativo a la remolacha tiene urgencia, porque este cultivo está sumido en una incertidumbre total, a raíz de la nula preocupación de las autoridades por la existencia de reglas claras en el sector. Hay que actuar rápido, pues están en juego más de 47 mil hectáreas, siete mil productores y una cadena de servicios estrechamente ligados a dicho cultivo. Sólo Ñuble representa un ingreso sobre 32.500 millones de pesos en este rubro.	Dado el impacto social y la solidez de los antecedentes recabados, se requiere -tal como lo ha solicitado reiteradamente la Federación Nacional de Remolacheros- la urgente aplicación de medidas provisorias ante el vencimiento de los plazos para realizar la siembra, pues quien conoce el campo sabe que este cultivo requiere una preparación especial del suelo, de a lo menos seis meses de anticipación a la siembra, que idealmente debe comenzar en agosto.	¡Seguridad para producir es el tema de hoy! Las medidas de fondo vendrán después, como consecuencia de un gran análisis que derive en una política clara, definida y estable, sobre todo a las puertas de un acuerdo comercial de envergadura. Definitivamente, no podemos continuar así, con esa incertidumbre resultante de la inoperancia y desidia de determinadas autoridades para aplicar las medidas establecidas, como ocurre con los edulcorantes, que son azúcar, pues su conformación es de un 99,5 por ciento de ella; el porcentaje restante es de algún componente como ácido cítrico, sal y aspartame, entre otros. Si este producto -preparado para burlar el sistema de bandas- continúa con los actuales ritmos de importación, el campo chileno, productor del azúcar nacional, quedará reducido a 190 mil toneladas, con la consiguiente secuela de cesantía y pobreza que ello implica.	Pero hay otro tema de fondo que la experiencia que hemos adquirido los parlamentarios de zonas agrícolas nos da a conocer. Cuando existen problemas como éste, se toman determinadas medidas y se zanja la dificultad momentáneamente, pero no se va a la raíz del asunto.	Aquí, en esta Corporación, debemos crear una bancada agrícola -iniciativa para la cual solicito especial atención- que represente los intereses de este vasto sector socioeconómico y cultural del país. Llamo, pues, a todos mis colegas de las zonas agrícolas a constituir este frente de acción común, pensando en el bien de Chile, en su gente y especialmente en su futuro.	Por las consideraciones expuestas, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y a los ministros de Agricultura y de Hacienda, con copia de mi intervención, para que adopten las medidas que conduzcan a la pronta solución al problema que hoy nos afecta, que son las perforaciones a las bandas de precios del azúcar y, por ende, mientras esto se resuelve, es necesario dictar salvaguardias provisionales inmediatas evitando, así, el término del cultivo de la remolacha.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido por la Democracia y de la Unión Demócrata Independiente que así lo indican.CREACIÓN DE COMITÉ DEL ADULTO MAYOR EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos.	El señor LAGOS.- Señor Presidente, doy la bienvenida al club del adulto mayor, centro recreativo y cultural Cuatro Colinas, de Puerto Montt, que se encuentra de visita en la Corporación.	Sus integrantes han viajado cerca de 1.300 kilómetros para llegar al Congreso, y muchos de ellos no conocían esta ciu-dad.	Aprovecho su visita para señalar que hace más de un mes solicité al intendente de la Región de Los Lagos la creación de un comité del adulto mayor para la región, el cual tenga la capacidad de coordinar todas las acciones que se llevan a cabo en los programas de los diferentes servicios públicos para favorecer a los adultos mayores de la región.	Es sabido por todos -y ha sido corroborado por el último informe del censo nacional- que nuestro país se avejenta día a día. El grupo etario constituido por los adultos mayores aumenta año tras año, debido a que las expectativas de vida existentes en nuestro país superan con largueza las de las últimas décadas. Por ello, la sociedad necesita satisfacer las demandas y las iniciativas que presenta este grupo.	Todos los servicios públicos otorgan atención preferente a los adultos mayores, pero lamentablemente en la Región de Los Lagos no existe una institución -o al menos una persona- que coordine, en conjunto con los municipios y los diversos servicios, las acciones y políticas que merece este segmento de la población.	Solicito que se oficie al intendente de la Región de los Lagos, con el fin de que dé pronta respuesta a mi solicitud. 	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.REFLEXIONES ACERCA DE LA ACTITUD DE ALGUNOS SEÑORES DIPUTADOS.	El señor LAGOS.- Señor Presidente, el tiempo que resta a mi bancada lo cedemos al diputado señor Felipe Letelier.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, no quiero retirarme de la sesión sin señalar, con pena, lo que he observado en la Corporación en los últimos días.	Los parlamentarios no somos nominados, somos elegidos por el pueblo. Nuestros únicos patrones -a mi modesto juicio- son quienes votaron por nosotros.	Veo con preocupación que la falta de tolerancia en la Cámara ha llegado a límites inaceptables.	De repente, en medio de un debate, se hacen descalificaciones penosas; la Cámara de Diputados ya no parece un poder del Estado, sino, más bien, un supermercado, donde cualquiera se mete, y los fiscalizadores, es decir, nosotros, somos perseguidos prácticamente como delincuentes, quizás porque, de una u otra manera, alentamos esta situación.	Existe una Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento; existen los Comités, en los cuales uno puede discutir, conversar y dialogar todo cuanto un parlamentario quiera decir o hacer.	Me da pena decir que me siento mucho más contento en mi distrito, con mi gente, haciendo cosas muy concretas. Además, ¿cuál es nuestro rol, si la iniciativa de los parlamentarios es tan restringida?	Quiero apelar a los colegas acerca de la necesidad de que aquí se imponga el respeto, porque parece muy adecuado para algunos la burla permanente; lo veo como una actitud no sólo hacia mi persona, sino en especial hacia los diputados que recién asumieron.	Por lo señalado, pido a la Mesa que agote todos los medios para que este amargo hecho no se repita. 	No me dan ganas de venir a la Corporación y no estoy obligado a hacerlo, porque a lo mejor realizo actividades mucho más productivas en mi distrito que aquí, donde el chacoteo, la risa, la burla, la descalificación y los dimes y diretes son constantes.	Es penoso lo que sucede, y no fuimos elegidos para eso. Nos podemos equivocar; de hecho, me he equivocado muchas veces. Pero de ahí a tener una actitud irreverente, ex profeso, hacia la Corporación y hacia sus integrantes, me parece lamentable.	Espero que la Mesa y los Comités hagan el mayor esfuerzo para evitar estas situaciones, porque, como he dicho, prefiero estar con la gente a la cual me debo, haciendo cosas constructivas en lugar de escuchar términos que no se compadecen con la actitud de un parlamentario.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se tomará en consideración su planteamiento, señor diputado.CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA EN MAIPÚ Y REPOSICIÓN DE PUENTE EN CAMINO A RINCONADA. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Mario Varela.	El señor VARELA.- Señor Presidente, debo referirme a un tema que me parece necesario abordar con prontitud.	Todos hemos sufrido, de una u otra manera, las consecuencias del último temporal que azotó a la zona central del país.	En relación con las medidas políticas y públicas que se deben adoptar para evitar que tres días de lluvia incesante provoquen pérdidas de vidas humanas y desaten un tremendo problema social y económico, todos estamos de acuerdo en que se deben planificar y ejecutar las obras destinadas a garantizar que las consecuencias sean las menores posibles. No queremos comentar y lamentar, año tras año, lo que ocurre a raíz de la falta de inversión y de previsión.	En concreto, quiero hacer mención del protocolo de aporte de financiamiento compartido, de fecha 26 de abril de 2002, suscrito con el objeto de llevar a cabo la construcción del colector de aguas lluvia Alaska.	Tal y como lo sostiene dicho documento, teniendo en consideración los riesgos de inundación a que están expuestos varios conjuntos habitacionales existentes, y también en construcción, en el sector de las calles Alaska Segunda Transversal, Los Trabajadores, Alfonso Vial, de la comuna de Maipú, se ha desarrollado un proyecto para llevar a cabo la construcción del colector de aguas lluvia, estudiado previamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicho proyecto cuenta con una evaluación técnico-económica que se ha traducido en un presupuesto estimado en 530 millones de pesos, en el cual participan Serviu, la municipalidad de Maipú y también un pequeño grupo de entidades externas.	El proyecto está absoluta y plenamente financiado, pero en la actualidad se está a la espera de la resolución del gobierno regional respectivo. Tal como lo señala el protocolo que sirve de base, suscrito por las partes involucradas para efectos de tener validez y ser ejecutado, en la práctica requiere que el mecanismo de financiamiento sea aprobado por el gobierno regional, cuestión que hasta la fecha está pendiente.	Mucho se ha dicho respecto de la necesidad de realizar de una vez por todas las obras públicas necesarias para doblar la mano al clima. Personalmente, no me satisface la excusa que se ha dado en relación a que, frente a algunos hechos de la naturaleza, simplemente no hay mucho que se pueda hacer. Esa es una versión simplista y una actitud extremadamente pesimista. En verdad, es difícil prever las cambiantes condiciones climáticas, pero es bastante más fácil prevenir, sobre todo si se consideran los hechos de los últimos años, en que algunas lluvias incesantes provocaron graves daños a la población.	Si queremos solucionar los problemas producidos en los últimos años y, en especial, en los días recién pasados, debemos reaccionar con prontitud para ejecutar las obras que permitan avanzar por el camino correcto.	Por ello, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo y al intendente regional metropolitano, para que informen sobre el estado de avance del proceso de aprobación del financiamiento destinado a materializar el llamado a propuesta y la ejecución del mencionado proyecto.	Dichas medidas contribuyen a dar solución real a quienes año tras año se han visto afectados por las inclemencias del tiempo. No hay razón alguna para demorar en lo más mínimo un proyecto como el descrito anteriormente, que irá en directo beneficio de uno de los sectores más afectados por los últimos temporales de lluvia y viento.	Considero absolutamente necesario hacer todo lo que esté de nuestra parte para acelerar el proceso de ejecución de las obras, sobre todo si el proyecto se encuentra plenamente financiado.	En segundo lugar, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de pedir la reposición del puente El Tinajón, camino a Rinconada, denominado con la sigla G262, que fue reemplazado por cuatro tubos, cuyo caudal máximo de soporte es de seis metros cúbicos. Se reemplazó con esos tubos un puente de larga data histórica que terminó su vida útil.	Durante el temporal recién pasado, hubo que romper el camino a Rinconada, porque los tubos fueron incapaces de soportar un caudal de cuarenta metros cúbicos. La forma de sortear las aguas que vienen desde la quebrada La Plata no se hace mediante tubos, sino a través de un puente.	Solicito que el ministro de Obras Públicas considere la reposición del puente que había en el lugar, ya que hoy el camino está cortado para evacuar las aguas e impedir que sea anegada la población El Maitén, aledaña al lugar, lo que podría significar pérdidas de vidas humanas y de los bienes materiales de quienes viven ahí.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE DINEROS POR LAS ISAPRES. Oficio.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.	El señor BAUER.- Señor Presidente, según antecedentes que obran en mi poder, la Superintendencia de Isapres ordenó a la Fundación de Salud de El Teniente, Sexta Región, el reintegro de los dineros aportados en exceso por un grupo de afiliados, de acuerdo con su contrato de salud. Los cobros en exceso se originaron en los meses de enero y septiembre de 2000. No obstante, el reintegro de dichos dineros se hará a través de un vale vista por cobrar en el banco BCI, oficina El Cobre, pero sólo a partir del año 2003.	Por lo tanto, solicito oficiar al superintendente de isapres, a fin de que me informe sobre la manera en que opera el procedimiento de reintegro de dineros cobrados en exceso a los afiliados.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONCESIÓN DE TERRITORIO PARA SALIDA DE GAS NATURAL DESDE BOLIVIA. Oficio.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.	El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, con bastante sorpresa leí hace dos días una información -aparentemente de origen boliviano, ratificada de alguna manera por el diario inglés The Financial Times-, relacionada con el tema del gasoducto que iría desde Bolivia hacia Chile o Perú.	Lo sorprendente de esta información es que se plantea la posibilidad de entregar una concesión de seiscientas hectáreas por parte de Chile para que el gas salga por puerto chileno. Además, me sorprende porque la opinión pública no ha tenido acceso a esa información tan delicada. Sólo baste recordar los inicios de la cruenta Guerra del Pacífico y la concesión que se entregó a Bolivia para sus minerales de plata, lo que al final terminó como soberanía.	Tengo un inmenso cariño por el pueblo boliviano -he recorrido todas las ciudades del país-, pero, de ser cierta la información, se ha buscado una salida por una vía que no corresponde. Una cosa es estudiar la posibilidad de que el gas salga a través de puertos chilenos, porque ello beneficiará a chilenos y bolivianos, y otra muy distinta es entregar, bajo cualquier figura, la concesión de un territorio.	Solicito oficiar a la ministra de Relaciones Exteriores a fin de que informe a esta Cámara sobre la propuesta boliviana y la opinión del Gobierno chileno al respecto.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de su bancada.CRITERIOS DE FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.	La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, con fecha 10 de marzo de 1999 intervine en Incidentes para hacer ver los problemas que se presentaban en distintas vías de mi distrito -Avenida Américo Vespucio, Gran Avenida y Santa Rosa, entre los paraderos 18 y 40-, debido a la carencia de un sistema de evacuación de aguas lluvia.	En esa época, la Cámara hizo llegar oficios, en mi nombre, a los ministros de Obras Públicas y de Vivienda a fin de recabar qué solución estaban estudiando para terminar con ese problema. Además, se debe considerar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo había planteado el ensanche de la Gran Avenida José Miguel Carrera, con el objeto de realizar una licitación para la movilización colectiva. En verdad, ese proyecto, de 17 kilómetros de largo, desde Alameda con Nataniel hasta San Bernardo, fracasó porque no tuvo el financiamiento adecuado ni la aprobación de la comunidad, la que no fue consultada ni considerada en ningún momento. No necesito abundar en mayores antecedentes, pues todos sabemos que los problemas de evacuación de aguas lluvia de esa zona se han repetido con más dramatismo que en esa ocasión.	En esa oportunidad, tanto el ministro de Obras Públicas como el de Vivienda me respondieron que estaba en elaboración el plan maestro de evacuación de aguas lluvia de Santiago, dentro del cual se considerarían las vías antes mencionadas. Han pasado más de tres años desde esa respuesta y las inundaciones se han repetido cada año, siendo las de la semana pasada más intensas y graves que las registradas en años anteriores.	Aparte de los daños producidos a las mismas vías, a los medios de transporte y a vehículos en general, también se deben considerar los que han sufrido las personas modestas que viven o trabajan en esas calles y alrededores.	Por lo tanto, una vez definidos los aspectos generales del plan maestro, es necesario que nos aboquemos a buscar rápidamente una forma de financiamiento racional y posible, de acuerdo con la realidad económica del país, a fin de que efectivamente se pueda poner en ejecución.	En ese contexto, quiero aportar dos o tres criterios que, a mi juicio, permitirían avanzar decididamente en la solución de un problema tan dramático, como el que ha quedado a la vista de la ciudadanía.	En primer lugar, si se considera que tanto Américo Vespucio como la avenida Norte Sur están entregadas en concesión y no es posible separar la construcción de los ductos necesarios para dichas obras, dentro de los requerimientos de la concesión deberían estar contemplados los ductos de aguas lluvia. De otra manera, el negocio de las concesiones no podría llevarse adelante, pues si vivieran inundadas nadie las ocuparía. Repito: para que la concesión tenga efecto, es necesario realizar todo el proceso de construcción considerando los ductos de evacuación de aguas en dichas vías. Basta ver la construcción de la ruta 68, por la cual transitamos todos los días, para darnos cuenta de las enormes obras de infraestructura realizadas para desviar aguas y evitar la inundación, el deslizamiento de tierras, etcétera. Lo mismo debería hacerse en las vías concesionadas urbanas.	En segundo lugar, y con los mismos argumentos, cabe señalar que la extensión del Metro y la construcción de nuevas líneas también deben ir acompañadas de un plan de evacuación de aguas lluvia, porque tampoco es posible explotar este medio de transporte si se inundan las estaciones o las vías. Por lo demás, la construcción de los ductos de evacuación de aguas lluvia es parte del costo de la explotación de esos negocios. Con eso, tendríamos al menos un criterio, en el sentido de que las concesionarias tendrían que hacerse cargo de la construcción de estas vías y de su mantención.	Queda por ver qué pasa con las vías secundarias, que son el grueso de las calles y pasajes en las comunas, y cuya construcción corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con ese criterio, hay que tratar de que el impacto menor de estos costos de construcción y de mantención sea asumido por los vecinos, pues la mayoría vive en comunas modestas que sufren, además, los impactos de las aguas de otras comunas y que, a la larga, producen un deterioro no sólo en sus bienes, sino también en su calidad de vida.	Por lo tanto, urge la elaboración del plan regulador regional, a fin de considerar aspectos tan necesarios como los señalados: evacuación de aguas lluvia, vertederos de basura, plantas de tratamiento de aguas servidas y otros, que corresponden al nivel regional y no a la buena voluntad de una o varias comunas que quisieran efectuar esa tarea.	Afortunadamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha asumido este punto, financiando la elaboración de los planes reguladores, que deberían estar terminados en 2003 por parte de los trece seremi que conforman dicha Secretaría de Estado. Creo que sería una muy buena noticia tener, finalmente, los planes reguladores de uso de suelo regional, en los cuales sean considerados los aspectos propios de las regiones.	Sin embargo, aún subsiste el tema del financiamiento, por lo que me permito insistir en los criterios antes señalados, en el sentido de incorporar los costos a las vías concesionadas y al Metro, en lo que les compete, y estudiar a fondo la posibilidad de recargar impuestos generales aplicados a las regiones afectadas y no al país en su totalidad, ni menos cargar los consumos individuales de agua, por tratarse de un bien necesario para la vida. No parece justo ni viable que por la vía de las tarifas de agua potable se solucione el problema de evacuación de las aguas lluvia.	Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas y de Vivienda, a fin de que nos informen sobre la factibilidad de considerar estos criterios de financiamiento, tanto para los ductos primarios como secundarios, con el objeto de avanzar en esta materia y evitar dar explicaciones cada vez que se inunda una calle, en el sentido de que estamos estudiando o viendo la manera de solucionar el problema. Es necesario avanzar en un criterio justo y, sobre todo, racional y aplicable en el más corto plazo.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaime Jiménez, José Miguel Ortiz, Andrés Egaña, Mario Escobar y de quien habla.MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AFECTADOS POR TEMPORALES. Oficios.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.	El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, el país ha sido testigo de los desastres que ocasionó el temporal que hace algunos días afectó a las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana.	El agua se ha ido, pero apareció el frío, la miseria, los problemas de la gente. De alguna manera, cuando deja de llover las dificultades aminoran, pero persisten los problemas estructurales. Hay un sector de la población que, aunque haya dejado de llover o las aguas hayan bajado, sufre un tremendo daño, al cual debiéramos dar una atención prioritaria. Me refiero al mundo rural, en particular a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar campesina, que no es capaz de desarrollar su labor en forma competitiva ante la presencia de otros grandes sectores exportadores, sino que requiere la ayuda y preocupación del Estado para producir no sólo el sustento de sus familias, sino del país.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, con copia de mi intervención, a fin de solicitarles la implementación de medidas especiales de ayuda para esos sectores, con el propósito de que puedan sobrellevar el difícil momento que enfrentan.	No basta con que a los agricultores se les entreguen fardos de pasto, motobombas o mangas plásticas para salir del problema en que se encuentran, pues sus sembradíos están absolutamente inutilizables y la gente quedó de brazos cruzados. Más aún, a pesar de que en esta época del año disminuye la contratación de mano de obra en el campo, con la catástrofe producida por los últimos temporales la gente ha quedado sin perspectiva alguna para el futuro.	Hacia ese sector, con el cual la Democracia Cristiana tiene un compromiso ineludible e histórico, queremos centrar nuestra preocupación como bancada y tenderle una mano. Esa ayuda debe provenir de todo el país, pues el mundo rural requiere de medidas especiales. El Ministerio de Agricultura debe establecer esas medidas especiales, en particular en lo relativo a los créditos otorgados por el Indap, para que se lleven a cabo renegociaciones o condonaciones, debido a condiciones de siniestralidad.	Aparte de lo anterior, el Gobierno debe asumir una especial preocupación respecto del tema del empleo en el mundo rural. Solicito que se oficie al ministro del Trabajo, a fin de que nos informe cuántos de los programas de generación de empleo de que dispone el Gobierno están destinados al mundo rural y cuántos se están anticipando en estos momentos.	Junto con la información general, solicito que también se considere un acápite especial con la información correspondiente al distrito que represento, que comprende las comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, Isla de Maipo y El Monte, en la provincia de Talagante, y Curacaví, Alhué, María Pinto, San Pedro y Melipilla, en la provincia de Melipilla.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball, del diputado señor José Miguel Ortiz y de quien habla.	Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.23 horas.GUILLERMO VITTA PÉREZ,Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Nº 19.992	Valparaíso, 11 de junio de 2002.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 5 de junio del año en curso, ha accedido a la solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores, en orden a disponer el archivo de los siguientes asuntos:1.	Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.340, sobre arancel consular, correspondiente al boletín Nº 842-10 (S);2.	Proyecto de acuerdo, en tercer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Unión Latina, suscrito en París, el 15 de febrero de 1994, correspondiente al boletín Nº 1229-10 (S); y3.	Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, referido a la aprobación de las enmiendas al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptado por la resolución Nº 11 del XVI Congreso de la Organización, reunido en París, entre los días 6 y 7 de diciembre de 1994, correspondiente al boletín Nº 1679-10.	En tal consideración, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa honorable Cámara, a fin de proceder al archivo de las referidas iniciativas.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Nº 19.994	Valparaíso, 11 de junio de 2002.	Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY:	Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 17.105, de Alcoholes, Bebidas y Alcohólicas y Vinagres:1)	Sustitúyese el artículo 113 por el que se expresa a continuación:	“Artículo 113. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público.	La contravención a esta prohibición será sancionada con alguna de las siguientes medidas:1º	Multa de hasta una unidad tributaria mensual.2º	Amonestación, cuando aparecieren antecedentes favorables para el infractor.	El infractor podrá allanarse a la infracción y consignar de inmediato el 25% del monto máximo de la multa ante el oficial de guardia de la unidad policial, o el suboficial en su caso, quien deberá integrar las sumas pagadas dentro de tercero día en la Tesorería municipal o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio la municipalidad.	En caso de que el infractor no consigne, será citado para que comparezca ante el juez de policía local competente.	Se entenderá también que la persona acepta la infracción y la imposición de la multa, poniéndose término a la causa, por el solo hecho de que pague el 50% del monto máximo de ésta, dentro de quinto día de citado al tribunal, para lo cual presentará la copia de la citación, en la que se consignará la infracción cursada. La Tesorería municipal o la entidad recaudadora harán llegar al tribunal el comprobante de pago a la brevedad.	El oficial de guardia, o el suboficial en su caso, dará cuenta en el más breve plazo al juzgado de policía local de las multas pagadas, del dinero recaudado y las citaciones efectuadas, dejando constancia del hecho de ser la primera, segunda o tercera oportunidad en que las personas fueron sorprendidas incurriendo en esta contravención.	En todo caso, cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 20 bis de la ley Nº 18.287, el juez podrá conmutar la multa impuesta por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad ofrecidos por la municipalidad respectiva u otro organismo público. Sin perjuicio de lo anterior, dichos trabajos podrán realizarse también en una persona jurídica, de beneficencia, de derecho privado, que los contemplare.	Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad que procediere por los delitos o faltas cometidas por el infractor.”.2)	Agrégase el siguiente artículo 114:	“Artículo 114. Lo dispuesto en el artículo precedente también tendrá lugar respecto de quienes fueren sorprendidos en la vía pública o en lugares de libre acceso al público en manifiesto estado de ebriedad.	En este caso, si una persona hubiere incurrido en dicha conducta más de tres veces en un mismo año, Carabineros denunciará el hecho al juez de policía local correspondiente. Éste podrá imponer, en una audiencia que se citará al efecto, alguna de las siguientes medidas:1º	Seguir un tratamiento médico, sicológico o de alguna otra naturaleza, destinado a la rehabilitación, y2º	Internarse en un establecimiento hospitalario o comunidad terapéutica abierta que cuente con programas para el tratamiento del alcoholismo.	Para resolver, el juez de policía local podrá requerir los informes y diligencias que estime convenientes, a efectos de determinar el diagnóstico de habitualidad de ingesta alcohólica.	En su resolución, el juez precisará la duración de la medida, que no podrá exceder de noventa días, renovable, por una vez, por un período similar.	Las resoluciones que apliquen estas medidas serán apelables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley Nº 18.287.”.3)	Agrégase el siguiente artículo 115:	“Artículo 115. En los casos a que se refieren los dos artículos precedentes, el infractor será conducido por Carabineros a un cuartel policial para dar cumplimiento a los trámites que se indican en dichos artículos, y para proteger su salud e integridad en conformidad a los incisos que siguen.	Si no tuviere control sobre sus actos, podrá ser mantenido en esas dependencias hasta que lo recupere, con un plazo máximo de seis horas, o, si estuviere en riesgo su salud, será conducido a un Servicio de Salud.	La policía adoptará las medidas necesarias para informar a la familia del infractor o a las personas que él indique acerca del lugar en el que se encuentra, o bien le otorgará las facilidades para que se comunique telefónicamente con alguna de ellas.	En cualquier caso, la policía podrá hacer entrega del afectado a aquella persona que lo solicitare para conducirlo a su domicilio, bajo su responsabilidad, antes de que venza el plazo señalado, y sin perjuicio del ulterior proceso infraccional.”.4)	Agrégase el siguiente artículo 116:	“Artículo 116. Si un menor de dieciocho años de edad fuere sorprendido realizando alguna de las conductas prohibidas en los artículos 113, inciso primero, y 114, inciso primero, como medida de protección será conducido por Carabineros al cuartel policial o a su domicilio, con la finalidad de devolverlo a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, siempre que ésta fuere mayor de edad.	Si el menor fuere conducido al cuartel policial, Carabineros adoptará las medidas necesarias para informar a su familia o a las personas que él indique acerca del lugar en el que se encuentra, o bien le otorgará las facilidades para que se comunique telefónicamente con alguna de ellas.	Al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, Carabineros los apercibirá por escrito que, si el menor incurriere en las contravenciones a que se refiere este artículo más de tres veces en un mismo año, se harán llegar sus antecedentes al Servicio Nacional de Menores. Asimismo, consignará en ese documento las ocasiones precedentes en que aquél hubiere realizado tales conductas. La persona que reciba al menor, previa individualización, firmará la constancia respectiva.	Carabineros, en la oportunidad que corresponda, dará cumplimiento al apercibimiento señalado en el inciso precedente.”.5)	Deróganse los artículos 117 y 154.	Artículo 2º.- La derogación del número 8º del artículo 13 de la ley Nº 15.231, dispuesta por el artículo 12 bis de la ley Nº 19.665, regirá a contar de la publicación de la presente ley para todas las regiones del país en las cuales todavía no hubiere entrado en vigor por aplicación del artículo 7º transitorio de la misma ley Nº 19.665.	Artículo 3º.- Agrégase el siguiente número 8º al artículo 13 de la ley Nº 15.231:	“8º A que se refieren los artículos 113 y 114 de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres”.	Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local:a)	Suprímese el inciso primero del artículo 2º.b)	Agrégase al inciso primero del artículo 3º la siguiente oración final: “Asimismo, las contravenciones a los artículos 113, inciso primero, y 114, inciso primero, de la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres serán denunciadas exclusivamente por Carabineros, en la forma que señala dicha ley.”.c)	Agrégase el siguiente inciso al artículo 33:	“Asimismo, son inapelables las sentencias definitivas que sólo impongan la sanción de amonestación o multa, dictadas en procesos por contravención a los artículos 113, inciso primero, y 114, inciso primero, de la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres.”.	Artículo 5º.- La derogación de la letra f) del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, dispuesta por el número 6 del artículo 1º de la ley Nº 19.708, regirá a contar de la publicación de la presente ley para todas las regiones del país en las cuales todavía no hubiere entrado en vigor por aplicación del artículo transitorio de la misma ley Nº 19.708.”.-o-	Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 35 señores senadores de un total de 48 en ejercicio y que, en particular, en el carácter de ley orgánica constitucional, el número 1) del artículo 1º fue aprobado con el voto favorable de 36 señores senadores, su número 2) fue aprobado con el voto conforme de 30 señores senadores, y su número 5), así como los artículos 2º, 3º, y 5º, fueron aprobados con el voto favorable de 29 señores senadores, en todos los casos de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.-o-	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.3.	Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la ley de Tránsito en los programas de educación. (boletín Nº 1807-04)“Honorable Cámara de Diputados:Honorable Senado:	Vuestra Comisión Mixta, constituida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.	Este proyecto se inició en moción del honorable diputado señor Alejandro Navarro Brain, a la que adhirieron la honorable diputada señorita María Antonieta Saa Díaz y los honorables diputados señores Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, Exequiel Silva Ortiz, Jorge Ulloa Aguillón, Felipe Valenzuela Herrera y Edmundo Villouta Concha, y los ex diputados señora Mariana Aylwin Oyarzún y señor Claudio Rodríguez Cataldo.	El honorable senado, por oficio Nº 16.151, del 12 de junio de 2000, comunicó a la Cámara de Origen su rechazo del proyecto, y nombró como integrantes de la Comisión Mixta a los honorables senadores señores Hernán Larraín Fernández, Roberto Muñoz Barra, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Ramón Vega Hidalgo, y al ex Senador señor Sergio Díez Urzúa.	Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 2.903, del 21 de junio de 2000, informó haber designado para tal efecto a los honorables diputados señores René García García, Homero Gutiérrez Román, Alejandro Navarro Brain, Jaime Orpis Bouchón y José Miguel Ortiz Novoa.	Posteriormente, por oficio Nº 3.712, del 16 de abril de 2002, dicha Cámara reemplazó a los ex diputados señores Homero Gutiérrez Román y Jaime Orpis Bouchón, por los honorables diputados señores Sergio Correa de la Cerda y Carlos Olivares Zepeda. Luego, por oficio Nº 3.753, del 15 de mayo de 2002, los diputados señores Alejandro Navarro Brain y José Miguel Ortiz Novoa fueron reemplazados por los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval y Eduardo Saffirio Suárez.	La Comisión Mixta se constituyó el día 12 de julio de 2000, con la asistencia de todos sus miembros, eligiendo por unanimidad como Presidente al honorable senador señor Roberto Muñoz Barra, y se abocó de inmediato al cumplimiento de su cometido.	En representación del Ejecutivo, participó el director del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, señor Luis Villarroel.-o-	Se destacan, en relación con esta iniciativa, los siguientes cuerpos normativos:	-El inciso quinto, del numeral 11º, del artículo 19 de la Carta Fundamental.	-Ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, que, entre otras materias, fija objetivos generales y requisitos mínimos de la enseñanza básica y media, estableciendo el deber del Estado de velar por el cumplimiento de unos y otros.	-Ley Nº 18.290, de Tránsito.	-Los decretos supremos Nºs 40 y 220, del Ministerio de Educación, de 1996 y 1998, sobre Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Enseñanza Básica y Media, respectivamente.-o-	Las dificultades suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo que el Senado hiciera, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley acordado por la honorable Cámara de Diputados.	La iniciativa aprobada en primer trámite consta de un artículo único dividido en cinco numerales, que introduce diversas modificaciones en la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, con el objeto de generar una cultura automovilística de respeto a la vida e integridad de las personas -tanto de conductores como de peatones-, incorporando en los programas educativos aspectos relativos a la comprensión de las normas de tránsito y a la generación de hábitos de responsabilidad y seguridad viales.	Además, la referida iniciativa contempla la incorporación de objetivos educacionales relativos a los efectos del consumo de drogas y su prevención.	Por su parte, en segundo trámite, la Cámara revisora, considerando los antecedentes aportados por el Ministerio de Educación, fue de opinión de que el contenido prescriptivo del proyecto se encontraría recogido en distintas normas legales y reglamentarias, constituyendo una finalidad transversal en los marcos curriculares de enseñanza básica y media. Así, estimó innecesario legislar en la materia, sin perjuicio de que, a su juicio, ésta puede ser regulada por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria.-o-	En la discusión en la Comisión Mixta, el honorable Senador señor Boeninger manifestó su disconformidad con el proyecto en estudio, por estimar que constituiría un mal precedente el hecho de que, por medio de una disposición legal, se agregaran contenidos coyunturales al currículum escolar, como la enseñanza de la ley de Tránsito, que, por lo demás, puede ser aprendida de muchas otras formas.	Opinó que, por este camino, paulatinamente podrían recargarse los programas escolares con nuevos contenidos, agregados por razones muy fundadas, pero que, en la práctica, rigidizarían el currículum escolar y generarían una sobrecarga excesiva.	Por su parte, el honorable senador señor Muñoz Barra, explicó que se trata de una materia de carácter reglamentario y que, en la actualidad, se encuentra comprendida en los programas respectivos en virtud de los denominados contenidos transversales.	Señaló que, inclusive, la misma ley orgánica constitucional de Enseñanza contempla mecanismos para la incorporación de nuevos contenidos curriculares.	Finalmente, el honorable diputado señor García, compartiendo las opiniones anteriores, hizo presente que no corresponde enmendar el currículum escolar por medio de una ley.	-En mérito de lo anterior y sometido el proyecto a votación en la Comisión Mixta, fue rechazado por seis votos en contra y uno a favor. Se pronunciaron negativamente los honorables senadores señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega y los honorables diputados señores García y Saffirio. Por la afirmativa se manifestó el honorable diputado señor Espinoza.-o-	Tomando en consideración el acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión Mixta, por mayoría de sus miembros, tiene el honor de proponeros el rechazo de esta iniciativa legal.-o-	Acordado en sesiones celebradas el día 12 de julio de 2000, con asistencia de los honorables senadores señores Roberto Muñoz Barra (Presidente), Sergio Díez Urzúa, Hernán Larraín Fernández, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Ramón Vega Hidalgo, y de los honorables diputados señores Homero Gutiérrez Román, Alejandro Navarro Brain, Jaime Orpis Bouchón y José Miguel Ortiz Novoa; y el 15 de mayo de 2002, con asistencia de los honorables senadores señores Roberto Muñoz Barra (Presidente), Edgardo Boeninger Kausel, Hernán Larraín Fernández y Ramón Vega Hidalgo, y de los honorables diputados señores René García García, Fidel Espinoza Sandoval y Eduardo Saffirio Suárez.	Sala de la Comisión Mixta, a 31 de mayo de 2002.	(Fdo.): SERGIO GAMONAL CONTRERAS, Secretario de la Comisión”.4.	Moción de los diputados señores Ulloa, Álvarez, Cardemil, Hernández, Longueira, Montes, Rojas, Salas, Von Mühlenbrock y la señora Lily Pérez.	Modifica la ley Nº 19.070, a fin de que la psicopedagogía sea ejercida por profesionales de la Educación. (boletín Nº 2969-04)	“Considerandos.1.	Que, todo lo relacionado con el Estatuto Docente, se encuentra regulado en el DFL Nº 1 del año 1997, por el cual se fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. Este mismo cuerpo normativo, define, que se entiende por profesional de la educación, y lo establece como “Las personas que posean título de profesor o educador, concedido por escuelas normales, universidades o institutos profesionales. Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes”.2.	Que, en la actualidad existe una gran cantidad de universidades e institutos profesionales que imparten la carrera de Psicopedagogía, otorgando el título profesional de Psicopedagogo y el grado académico de licenciado en Educación si corresponde. Al definir esta profesión señalan que se orienta a la formación de un profesional de la educación científicamente preparado para seleccionar, graduar y estructurar estrategias de intervención a la atención de menores con alteración o dificultades de aprendizaje escolar.3.	Que, no obstante todo lo anterior, el Ministerio de Educación no reconoce a los psicopedagogos como “profesionales de la educación”, lo que les impide por una parte acogerse al Estatuto Docente, con todo el perjuicio que ello involucra, ya sea en el ámbito económico como en el de estabilidad laboral, creando una frustración lógica de miles de profesionales que se ven impedidos de acceder a establecimientos de educación, pre-básica, básica, técnico-profesional y media, de administración municipal o particular.4.	Que, por ello, se hace imperiosa la necesidad de modificar la legislación vigente, a fin de dar cabida en el actual sistema educacional y en particular a la posibilidad de que ellos se puedan acoger al Estatuto Docente, ya que en nuestro concepto tanto en la forma, como en el fondo, realizan una importante labor educativa, valórica y formativa en menores con problemas de aprendizaje y que por vacíos legales no son contratados en los establecimientos educacionales por carecer de los requisitos mínimos para ingresar a la carrera docente.PROYECTO DE LEY	Para modificar el artículo 2º de la ley Nº 19.070 en el siguiente sentido:	Artículo 2º.- Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, y aquellas que optan por la especialidad de atención de menores con problemas o dificultades de aprendizaje, concedidos por escuelas normales, universidades o institutos profesionales. Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes”.5.	Moción de los diputados señores Alvarado, Norambuena y Víctor Pérez.	Agrega un nuevo inciso tercero al artículo 18 de la ley Nº 18.290, relativo a la renovación de licencias de conducir clase A. (boletín Nº 2968-15)	“Considerando:	Situación actual1.	La ley de Tránsito establece como requisito para la obtención de los diferentes tipos de licencias de conducir, la realización de una serie de exámenes, en virtud de los cuales se pretende establecer la idoneidad tanto física como moral que deben reunir los futuros conductores.2.	Si bien la ley establece la realización de exámenes tanto de conocimientos como aquellos de carácter práctico para la obtención de la licencia de conducir, éstos no son exigidos por el legislador para la renovación de la misma, salvo en las licencias clase “A”, o profesional, en la que sí se solicita, que vencido el plazo de vigencia de la licencia, se deba realizar nuevamente todos los exámenes.3.	Que, no obstante, nadie puede discutir la necesidad de que los exámenes médicos y la idoneidad moral se deben mantener, nada al parecer justifica que los conductores de licencias profesionales deben reiterar el examen práctico, cuando ese conductor ha mantenido una conducta intachable en el desempeño de esa función, es decir, no haber sido sancionado con multas o infracciones en el período que va entre la vigencia de la licencia de conducir y su caducidad.OBJETIVO DEL PROYECTO1.	A nuestro juicio resulta innecesario exigir la realización de estos exámenes al momento de la renovación, toda vez que los conductores con el transcurso de los años no han olvidado la manera de conducir, sino, muy por el contrario, la experiencia adquirida en ese tiempo los han hecho mejores conductores de lo que eran al momento en que obtuvieron su licencia por primera vez.2.	Este proyecto busca facilitar el procedimiento de renovación de la licencia de conducir, al conductor profesional de excelencia, esto es, al que demuestra con su conducción intachable, estar en condiciones de no ser sometido nuevamente a los exámenes prácticos, toda vez que su propia hoja de vida lo avala con los hechos.3.	Por último, no se justifica repetir un trámite que ya fue practicado años antes, habiendo sido en todos los casos cumplidos, debido a que, de no ser así, las personas que pretenden renovar sus respectivas licencias nunca antes las habrían podido obtener.	Introdúzcase el siguiente inciso tercero al artículo 18 de la ley Nº 18.290.	“Los titulares de licencia de conducir clase A al momento de renovar su licencia, y siempre que no hayan sido infraccionados o multados durante la vigencia de la misma, no deberán repetir los exámenes teóricos y prácticos establecidos en el artículo 14 letra a de la presente ley”.