REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 27ª, en miércoles 16 de enero de 2002
(Ordinaria, de 10.52 a 15.26 horas)
Presidencia de los señores Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Presidencia accidental de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.HOMENAJE
VI.ORDEN DEL DÍA
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.INCIDENTES
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Permiso constitucional9
V.Homenaje. 
Homenaje en memoria del dramaturgo, director y actor de teatro don Andrés Pérez Araya9
VI.Orden del Día. 
Modificaciones al Código Procesal Penal. Segundo trámite constitucional17
VII.Proyectos de acuerdo. 
Prórroga del plazo para postulación al subsidio de agua potable. (Votación)38
Constitución de Comisión de Gobierno Interior en investigadora de intervención electoral en últimas elecciones parlamentarias39
VIII.Incidentes. 
Incumplimiento del contrato de construcción de obras anexas en el tramo TalcaChillán de la Ruta 5 Sur y alza de peaje en el camino a Bulnes. Oficios44
Precisiones respecto de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer45
Defensa del sector agropecuario46
Asignación de bonos de producción agrícola familiar campesina por el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Oficios47
Información sobre evaluaciones y reanudación de programas municipales de empleo. Oficio49
Información acerca del funcionamiento de las corporaciones de asistencia judicial. Oficio50
Aclaración de contradicción entre el Servicio de Impuestos Internos y la empresa Metalpar S.A. Oficio51
Alcance a intervención de diputado Recondo sobre otorgamiento de bonos de producción agrícola familiar campesina52
Falta de señalización caminera en rutas concesionadas. Oficio52
Cambios en precios de combustibles. Oficios53
Aplicación de mecanismos de protección de la industria láctea nacional. Oficios53
Cobros excesivos en procesos de inscripción y matrícula en las universidades privadas chilenas. Oficios55
Medidas de fiscalización adoptadas respecto de Habitacoop. Oficios56
IX.Documentos de la Cuenta. 
1.Informe de la Comisión de Familia, recaído en el proyecto que establece un sistema de atención de la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores, Sename, y su régimen de subvención (boletín Nº 239118)58
2.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece un sistema de atención de la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores, Sename, y su régimen de subvención (boletín Nº 239118)157


X. Otros documentos de la Cuenta. 

1.Comunicación:
Del jefe de Bancada del Partido Demócrata Cristiano por la que informa que a contar del día 15 del presente mes, la diputada señora Prochelle formará parte de su Bancada.
De la diputada señora Soto, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 20 de enero en curso para dirigirse a Australia. 


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, EduardoDEL 
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, SergioP
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, el senador Hernán Larraín, y el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.52 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.


IV. CUENTA

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional que, en virtud de los artículos Nºs 57 de la Constitución Política y 35 del Reglamento de la Cámara, solicita la diputada señora Laura Soto para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 20 de enero en curso, con el fin de dirigirse a Australia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


V. HOMENAJE

HOMENAJE EN MEMORIA DEL DRAMATURGO, DIRECTOR Y ACTOR DE TEATRO DON ANDRÉS PÉREZ ARAYA.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En seguida, corresponde rendir homenaje al dramaturgo y director de teatro don Andrés Pérez Araya, recientemente fallecido.
Se encuentran presentes en las tribunas de honor la señora Alicia Araya, madre de nuestro homenajeado; su hermana Juliette, familiares y amigos de quien fuera tan destacada figura nacional.
En primer lugar, hará uso de la palabra el diputado señor Nelson Ávila.
Se suspende la sesión por dos minutos en espera de que se solucione un desperfecto en el sistema de audio.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión.
El señor ÁVILA (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas, tratándose de Andrés Pérez, aun este acto en su homenaje no podría estar exento de alguna magia, que en este caso se ha traducido en un insólito desperfecto del equipo de audio.
Andrés Pérez, en el campo de la dramaturgia nacional, es el dramaturgo más creativo e importante de la segunda mitad del siglo XX. Logró relacionar el mundo real con las artes escénicas. Creó un lenguaje que le permitió conectarse con el hombre común. Transmitió un mensaje cargado de magia, música, personajes oníricos y tradiciones culturales. Fue gestor de un nuevo concepto: el teatro callejero.
Muy ligado al tema social, denunció las injusticias de su tiempo. Recuerdo que en una entrevista dijo: “Durante la dictadura, la prensa estaba muy silenciada; entonces el teatro era una actividad subversiva, un lugar para el debate de ideas, un espacio donde se podía hablar y discutir”. Con justa razón sus colegas y admiradores, en el postrero homenaje gritaron a voz en cuello: “¡Andrés Pérez ha muerto! ¡Viva el teatro!”.
Andrés nació en Punta Arenas en 1951. Su padre, Antonio, trabajaba en un astillero. Era una familia de escasos recursos y él, un niño enfermizo. En su lecho y con sólo tres años de edad, aprendió a leer y a escribir. Su padre nutría su imaginación con historias. Ya en esa época empezó a gestarse el creador. Escribió cuentos y poesías fantásticas. En ellas habitaban personajes del mar, naufragios, fantasmas y muertos. 
Cuando frisaba los 10 años, su familia se trasladó a Tocopilla. Al concluir la primaria, ingresó en un liceo para cursar contabilidad. Ahí comenzaría su enamoramiento por las tablas. Ciertamente, no lo inspiraron las poco subyugantes reglas contables. Escribió pequeñas obras y realizó atrevidos montajes callejeros en la plaza de armas de aquella tórrida ciudad nortina.
Sus amigos y familiares lo recuerdan como un joven aplicado y, en ocasiones, genial. Su prueba de física deslumbró. Ingresó a Ingeniería Comercial. Al mes, abandonó la carrera. Se fue con el amor de su vida. Ambos corrieron arponeados por una vocación artística que los atacó a mansalva. Así, desembocaron en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Estuvo allí entre 1971 y 1973.
Contrajo matrimonio con la actriz Rosa Ramírez. La relación duró tres años. Fruto de ella, el 11 de septiembre de 1973 nació su hijo Andrés. Sólo a Andrés padre podía ocurrírsele traer un vástago a la escena justo en el clímax de nuestra peor tragedia colectiva. Eran tiempos dolorosos no sólo para el arte, sino para todos los chilenos. Trabajó como bailarín en el “Bim, Bam, Bum” y en “Sábados Gigantes”.
A inicios de los años 80 comenzó a hacer teatro en calles y parques. Fundó el Teatro Urbano Contemporáneo (Teuco) para la investigación y práctica del arte callejero.
En pleno paseo Ahumada realizó montajes de pequeñas piezas teatrales. Las mismas duraban diez minutos. Todo estaba pensado en términos de cautivar al hombre común; pero, además, a fin de brindarse tiempo para desarmar velozmente los montajes y huir de la policía. En esta época nacen obras como “Oye, oiga y tú”, “Las del otro lado del río”, “Las tentaciones de Pedro”, “Un circo diferente” y “La madre mirando al mar desde su ventana en Tocopilla”.
En 1983 viajó a Francia, donde se incorporó a la afamada compañía “Théatre du Soleil”. Ahí actuó en piezas teatrales como Enrique IV y Ricardo III. Permaneció seis años en el país galo.
En 1984 intervino en la obra “La historia terrible, pero inacabada de Norodom Sihanorik, rey de Camboya”, de una duración de ocho horas. En ella encarnó al líder chino Chou EnLai.
Siempre al alero del Théatre du Soleil, actuó en Hollywood. Fue uno de los primeros chilenos que accedió a aquella plaza. En París participó en varios proyectos cinematográficos.
El 11 de octubre de 1988 fundó la recordada y emblemática compañía “Gran Circo Teatro”. Su virtud fue la incorporación de elementos circenses, zancos, globos, máscaras, fanfarria y música a la actividad teatral. “La Negra Ester” (1989); “Época 70: Allende” (1990); “Noche de reyes y Ricardo II” (1992); “La Consagración de la pobreza” (1995); “El Desquite” (1996); “Popol Vuh” (1998); “Nemesio pelao, qué es lo que te ha pasao” (1999), “Voces en el barro”, “La Orestíada” y “Visitando a El Principito” (producidas en 2000), son los montajes más importantes de esta compañía. 
Este grupo entregó a las tablas nacionales actores de la estatura de Willy Semler, Rosa Ramírez, María Izquierdo, Boris Quercia, Aldo Parodi, Ximena Rivas, Fernando GómezRovira, Ramón Llao y Gala Fernández.
“La Negra Ester” nace del descubrimiento de las décimas de Roberto Parra. Era una apuesta que buscaba rescatar las tradiciones del Chile bohemio. La obra se estrenó el 8 de diciembre de 1988 en una cancha de patinaje ubicada en la plaza Las Mercedes, de Puente Alto. Sus primeros espectadores eran jóvenes secundarios que ingresaban al recinto a cambio de una cooperación voluntaria. En la obra se utilizaba un vestuario llamativo, un reluciente maquillaje, música en vivo y un exigente trabajo corporal. Se cuenta la historia de un prostíbulo de San Antonio y las andanzas del tío Roberto. Éste narra en décimas y en primera persona su paso por aquellos lugares.
“La Negra Ester” cambió la percepción del espectador. Eliminó la distancia entre lo que sucede sobre las tablas y el público.
La obra fue presentada en Europa, América Latina, Norteamérica, e incluso se pensó en llevarla a Asia.
En el anecdotario de la compañía se registra un hecho simbólico: el único objeto que acompañó al elenco en todas sus giras internacionales fue la puerta de “Luces del Puerto”, el cabaret donde el tío Roberto conoció a la negra Ester. Ella ha sido cábala hasta hoy. Así quedó demostrado en el homenaje que se rindió a Andrés Pérez en su velatorio.
Los últimos años lo sorprendieron en medio de una ingente actividad: se había estrenado “La Huida”, se preparaba el relanzamiento de “La Negra Ester” y se trabajaba en la formación de nuevas generaciones de actores. Esta etapa no estuvo exenta de problemas. Durante el año 2001 la compañía El Gran Circo Teatro fue expulsada de las bodegas de Matucana 100. Así, muchos proyectos de este creador, por una decisión administrativa incomprensible, quedaron truncos.
Sin embargo, la voz de Andrés Pérez sigue resonando. Ahora, nos queda esperar. Según sus impresiones, “la flor brota en el desierto cada cien años”. Es posible, siempre y cuando el germen que él representó permanezca atesorado bajo la ardiente arena.
Creativos como Andrés Pérez son los que inyectan a la ciencia su capacidad de generar teorías. Le imprimen un vuelco al arte, le arrancan a la moral sus ejemplos y, desde luego, permiten que la historia haga nacer sus páginas más luminosas.
En esta Sala, que a lo largo de los años ha oído tantos reconocimientos, tengo el honor de representar a mi partido, el PPD, para expresar a la familia actoral chilena nuestro más profundo sentimiento de solidaridad, en particular a la familia de Andrés, que hoy asiste al homenaje que le rinde la Cámara de Diputados. Quiero decirles que, tanto nosotros como ella, vamos a guardar la más profunda gratitud a Andrés Pérez por lo que significó para el teatro nacional. Gracias a él hoy se están llenando muchas salas que vivieron la angustia de la ausencia de público con un mínimo de interés por la creatividad nuestra, vernácula. 
Entonces, no queda más que agradecer entrañablemente a quien nos entregó tanto y cuya vida se esfumó de un momento a otro. Lo sentimos tan profundamente como ustedes.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO, doña Fanny (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, familia y amigos de Andrés que nos acompañan.
Chile y los artistas del mundo lloraron la muerte de Andrés Pérez como pocas veces se lamenta la muerte de un hombre, de un artista, de un creador.
Su última obra había conmovido profundamente: “La Huida”, creación valiente, con una dramaturgia rigurosa y profunda, una puesta en escena fascinante, provocadora y llena de ternura, como todo lo que hacía Andrés.
Un amigo y compañero de bancada me contó cómo le dolía el recuerdo de esa noche de sábado en que, al iniciar la presentación de la obra, Rosa Ramírez Rosita, notable actriz, compañera, amiga entrañable de Andrés, comunicó que era la última función, pues debían abandonar la sala del viejo galpón de Matucana 100 que Andrés había recuperado para la cultura. Doloroso recuerdo de un hecho amargo e injusto que hirió en el corazón a un artista extraordinario, porque Andrés fue un actor y director notable, un verdadero revolucionario en la creación teatral.
Como dijo Roxana Campos, destacada actriz y gran amiga de Andrés, él fue un hombre de teatro las 24 horas del día. Pareciera que hubiera vivido y sentido el teatro y la creación teatral desde siempre, desde niño, porque esa sensibilidad es la que recogemos al recordar que una de sus obras, “Las del otro lado del río”, es la historia de unas prostitutas que recrea parte de la infancia de Andrés en Punta Arenas, donde nació y vivió sus primeros años y en que su hogar quedaba a una cuadra del prostíbulo de doña Lucy, según nos recordaba el propio Andrés.
Y es esa sensibilidad, esa tremenda y extraordinaria creatividad, la que recogí de los recuerdos que llenan la memoria de la gente del pequeño y hermoso puerto de Tocopilla, donde Andrés vivió su adolescencia y conoció a Rosita, su compañera de toda la vida. Allí, en esa ciudad, donde se vive y se siente el arte y la cultura, escuché tantas veces a su gente hablar con enorme cariño y orgullo de su Andrés Pérez y también de su Rosita, porque fue testigo del nacimiento y vio crecer a un gran artista, a un excepcional creador.
Fue en el liceo de hombres de esa ciudad donde nacieron sus primeras obras teatrales. A los 15 años lideraba el grupo escolar. Con gran entusiasmo conseguía los materiales y el lugar donde ensayar; ayudaba al resto del grupo con los parlamentos; actuaba, dirigía, creaba y siempre compartía con su querida Rosita, a la que hizo descubrir que su destino no era ser una dueña de casa tocopillana, sino la gran actriz que es.
Después, en la plaza, Andrés dio sus primeros pasos en lo que después sería su genial teatro callejero. Allí, al aire libre, hacía representar y representaba él mismo pequeños trozos de la obra que luego presentarían en su colegio, reemplazando así los volantes para los cuales no se tenía financiamiento.
Allí, en su adolescencia, escribió sus primeras obras, que evidenciaban audacia, vanguardismo, magia, atrevimientos, eso que marcaría para siempre su creación teatral.
En su primera obra, como precoz director y artista liceano, decidió abordar el tema de la iniciación sexual con el cual, luego, en una segunda versión aún más audaz, logró que ese extraordinario grupo teatral de escolares ganara el primer lugar en las categorías de mejor obra, mejor actor y mejor actriz en el encuentro teatral escolar nacional realizado en Santiago.
Pero a Andrés no sólo se le recuerda por sus dotes creadoras, sino también por su maravilloso sentido humano. Lo recuerdan como un joven sensible, un adolescente siempre preocupado de lo social, generoso amigo y gran compañero, como asimismo cosa curiosa en tan grande y precoz creador dotado de una tremenda sencillez, casi humildad.
De muchos escuché decir que Andrés, tan extraordinario artista y brillante alumno, era el mejor de su curso, pero nunca magnificó sus conocimientos y sus dotes; jamás se jactó de ser el mejor, aunque lo era. Así lo recuerdan; así se enorgullecen de haberlo tenido y así lo han llorado y lo lloran tanto en nuestro país como en el mundo, porque su obra fue extraordinaria, ya que esa notable mezcla de originalidad creativa, audacia y gran sensibilidad humana, que fue desplegando en sus años de adolescente, fue el sello permanente de toda su vida y de su arte.
Lo vemos en su notable y valiente teatro callejero y en esas obras extraordinarias que aquí se han recordado.
Insisto en que Andrés fue un verdadero creador y un real innovador. En todo su trabajo hay una forma nueva y propia de hacer teatro. Recogió y renovó viejas formas populares de artes escénicas; hizo dialogar expresiones populares con lenguajes más académicos; vivió y proyectó una propuesta de compromiso total con el arte. Fue iniciador de la experiencia del teatro callejero en la época de la dictadura, y muchas veces él y sus colegas fueron detenidos.
Formó a un sinnúmero de actores, de actrices, y de directores teatrales. Con él aprendieron María Izquierdo, Boris Quercia, Willy Semler, Fernando Gómez-Rovira, Horacio Videla y tantos otros. Es que él tuvo la virtud de enseñar como un sabio: a cada cual lo preparó e incentivó para crear un nuevo grupo, una nueva compañía, porque no sólo hizo teatro sino escuela en el teatro. 
Felizmente, y como pocas veces sucede con nuestros creadores, Andrés Pérez pudo apreciar el cariño de miles de chilenas y chilenos que quebraron el récor histórico de público en el teatro. Sólo recordemos que “La negra Ester” es la obra de teatro más vista en la historia de nuestro país. Fue representada en 27 países y aclamada por cinco millones de personas. Sin embargo, en este homenaje es indispensable plantearnos, como sociedad y como Parlamento, la pregunta: ¿Hasta cuándo deberán morirse nuestros creadores, en especial aquellos más brillantes y talentosos como Andrés Pérez, para reconocer plenamente la importancia de sus vidas y el aporte a nuestra cultura? Porque nos duele pensar en ese sábado por la noche, en esa vieja sala de Matucana 100, cuando Rosita dijo que era la última función. Al no darle la posibilidad de dirigir un espacio cultural propio, se cometió un profundo error, una grave equivocación, una terrible injusticia, y se le infligió a Andrés una herida que no se curó y un daño que no se reparó, porque sabemos que en la historia de la humanidad sobran los ejemplos de notables gestiones culturales realizadas por los propios creadores, en especial en el campo del teatro. Por eso, hoy hablamos en este homenaje con especial dolor, porque quedamos y quedé en deuda con Andrés; porque no supimos y no supe acompañarlo y apoyarlo como se merecía y lo necesitaba.
Si tiene sentido hablar en este homenaje sobre el extraordinario artista que fue  Andrés Pérez, es para establecer un compromiso de verdad, sin más vueltas, y dar un fuerte e indiscutible impulso desde el Estado al desarrollo cultural de nuestro país, para construir una sociedad más imaginativa, más solidaria, más creativa; esa sociedad más reflexiva, más cuestionadora y libertaria que quería Andrés.
En nombre de la bancada de diputados socialistas, agradezco a la vida que nos haya permitido contar con un creador de esa talla. Le expreso a su hijo, quien está en Francia descubriendo nuevos caminos creativos; a Rosita Ramírez, a la madre de Andrés, a sus hermanos y hermanas, nuestro afecto y reconocimiento; a todos sus compañeros de ruta en la Compañía Gran Circo Teatro y a la familia teatral chilena, nuestro apoyo y reconocimiento en esta dolorosa y temprana partida de Andrés. Junto con ellos repetimos: ¡Andrés ha muerto! ¡Viva el teatro!
He dicho.
Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ, doña Rosa (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas, familia y amigos de Andrés Pérez Araya.
En esta oportunidad, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente rinde un merecido y sentido homenaje a Andrés Pérez Araya, actor, autor y director de teatro, recientemente fallecido.
Después de haber escuchado los homenajes de los colegas Nelson Ávila y Fanny Pollarolo, es difícil abundar en mayores consideraciones. No es fácil describir, en pocas palabras, todo lo que Andrés realizó por el arte y la cultura de nuestro país. Sin duda, no sólo será recordado por las afamadas obras teatrales “La Negra Ester” y “Nemesio, pelao qué es lo que te ha pasao”, ya que es evidente que su legado será un ejemplo para miles de jóvenes de nuestra patria, que verán en él sacrificio, genialidad y talento.
Andrés Pérez, quien nos dejó a los 50 años de edad, a partir de la década de los 80 realizó una revolución en el mundo de las artes. Sus obras fueron reconocidas no sólo a nivel nacional, sino también en el exterior. Su paso por la destacada escuela parisina Théatre du Soleil marcó fuertemente su idea del arte y la cultura, lo que se tradujo en una obra sencilla, pero notable.
Andrés, como pocos, hizo de la búsqueda de nuestra identidad nacional, de la investigación de sus fisuras, de la universalización de sus particularidades, el motor de una obra que es, al mismo tiempo, popular, sofisticada, callejera y vanguardista.
El mundo artístico nacional ya no es el mismo, y no cabe duda de que todos quienes se identificaron con su labor lo tomaron como un baluarte para que el teatro y el espectáculo en general sigan creciendo, y para que su legado como artista y director se perpetúe en las raíces de nuestra historia y sirva de ejemplo a las futuras generaciones de chilenos, que seguirán deleitándose con su obra y agradeciéndole su aporte a nuestras vidas y, sobre todo, a nuestra identidad nacional.
He dicho.
Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas, madre, familia, amigos de Andrés Pérez:
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, de mi colega Waldo Mora, de Tocopilla, y de tantos otros que en reiteradas oportunidades asistieron a obras dirigidas por Andrés Pérez, permítaseme rendir, por segunda vez, un merecido homenaje a esta singular persona.
Quiero empezar esta intervención citando estas letras de la actriz y viuda de Andrés Pérez, días antes de que falleciera: “Es melancólico el Andrés, es un tipo con un mundo interior súper rico; yo soy más extravertida, más hacia afuera. Él es una persona sumamente especial; más allá de un buen director o de un buen dramaturgo, es un líder de opinión importante en nuestro país, que canaliza su energía hacia lo que más ama en la vida, que es el arte teatral. Ese amor por el teatro me lo traspasó...”. Así, con ese cariño se recuerda a Andrés, y no podría ser de otra forma.
Nacido en Punta Arenas, Pérez, de joven, tuvo inquietud por el teatro, motivación que eclosionó en su otra ciudad que consideró como natal, Tocopilla, que lo cobijó en su edad secundaria y donde comenzó a desarrollar sus primeros pasos en el escenario. De una u otra forma, Andrés ya hacía amagues de lo que sería el teatro callejero que impulsara años más tarde, pues para difundir la obra que iban a presentar con un grupo de compañeros de liceo, exhibían trozos de la misma en la plaza de Tocopilla, lo que les servía de ensayo y de propaganda.
Su inquietud por el sacerdocio no fue más que eso, ya que se dio cuenta de que su verdadera vocación era estar al lado de los más desposeídos y llevarles cultura, tan esquiva cuando comenzaba a ser adulto. Eran años de plena dictadura.
Así, señala Ramón Griffero, otro gran director de teatro nacional, que conoció a Andrés en 1982, cuando él tenía la Casa de Agua en el parque Bustamante, centro cultural donde se hacía una resistencia artística al régimen de la época.
Pero no fue hasta la llegada de la tan ansiada democracia que, junto con la presentación de “La Negra Ester”, Pérez se hizo famoso, develando su carismático legado de llevar el arte a la gente, debutando con la compañía “Gran Circo Teatro”, que formó con otros actores, a los cuales se les nota la poderosa influencia de estos signos culturales que Andrés inculcó, como Willy Semler, María Izquierdo, Aldo Parodi y Rosa Ramírez. En particular, quiero referirme a “La Negra Ester”, su más recordado trabajo, pues me toca de muy cerca. Vamos con estas décimas del texto de Roberto Parra:
“Conocí a la Negra Ester
aquí en casa de doña Berta,
esta casa llena de puerta
me hizo conocer el querer,
corazón sin enloquecer.
Un día por la mañana,
antes que rayara el sol,
más linda que un arrebol,
fresquita como una manzana,
muy alegre, muy ufana, 
venía la Negra Ester. 
“Yo la miro de reojo,
sin decir media palabra,
si es tan relinda la cabra,
le hace mil pata al cojo,
y saldré de mi antojo,
digo para mí adentro,
no voy a contar el cuento
y saldré con mi porfía.
La noche voy a hacer día,
juro por el firmamento”.
Esta obra, vastamente conocida, ha permitido traslucir un mundo que existe y que toda la gente lo reconoce, pero que, desgraciadamente, nuestra sociedad pacata, en muchas oportunidades pretende esconder. 
Esta obra no se habría concretado si no hubiese existido alguien que la hubiera llevado a las tablas. De la relación entre Roberto Parra, el autor, y el director, emerge la figura de Andrés, hombre multifacético que fue capaz de renovar el teatro nacional, pero particularmente para los habitantes de San Antonio, lo que se refleja en el hecho de que Andrés Pérez haya puesto en escena, con una osadía gigantesca, un mundo tan difícil y tan complejo como es el ambiente que se vive en las casas de prostitución a lo largo y ancho de nuestro país.
Andrés Pérez ha fallecido, pero su obra será inmortal, pues representa un conjunto de acciones y actitudes, de añoranzas, de sueños, de planes, de vivencias, tanto en lo personal como en lo teatral, lo cual realizó junto con una familia que constituyó con su distinguida esposa, la actriz Rosa Ramírez, la que, a pesar de durar sólo un par de años constituida formalmente, extendió su lazo hasta la muerte, pues Rosa lo acompañó en el lecho de su despedida, y el hijo, fruto de esta unión, llamado igual que su padre y nacido un 11 de septiembre de 1973, sigue los pasos de su progenitor: la pasión por el teatro. 
Muchos quizás intentaron ocultar su enfermedad, que lo llevó a separarse de este mundo terrenal; pero tanto su patología, el sida, como su homosexualidad, no fueron ni serán impedimentos para él ni para nadie. Él trascendió como director de teatro y logró romper todos los esquemas en materia de dirección y de creación de obras, las que probablemente no hubiesen sido posibles de no contar con su inconfundible empuje. 
Este señor de las tablas revitalizó el teatro chileno, implementando en forma innovadora el Gran Circo Teatro, sobre la base de la influencia callejera que conoció durante su estada por más de cinco años en Francia, donde participó en el Théatre du Soleil.
San Antonio le debe mucho a Andrés Pérez, que le dio mucho, hecho que espero que se valore con el tiempo.
La obra “La Negra Ester” nace en el prostíbulo “Luces del Puerto”, ubicado en Sargento Aldea N° 124. Allá se inspira Parra y ahí Andrés Pérez crea esta hermosa obra teatral. Sin duda, aquellas personas que construyen cultura en nuestro país y en el mundo deben ser reconocidas y recordadas, independientemente de sus características individuales, pues nadie puede apuntar con el dedo a personas diferentes de uno o de las demás. Cada cual es como es. Sólo se rinde cuenta ante Dios por los actos que en vida realizamos. Por eso el mundo teatral, los artistas, los intelectuales, la gente que vive de este sueño y de esta alegría, de esa viva gama de colores y sonidos rimbombantes que Pérez llevó en cada una de sus obras  ese mundo de glamour, de saltimbanquis y de zancos hoy se encuentra de duelo para siempre. Ese duelo que ya lo han transformado en alegría, como Andrés hubiese querido, se conjugará en la multiplicación de la creatividad de jóvenes directores, quienes verán en Pérez un ejemplo, ya que su profunda convicción no puede quedar en el aire, sometida a ventoleras que despilfarren su potencial. 
Así como Andrés Pérez será recordado por lo trascendente del contenido de su trabajo, muchos otros, estando en vida, carecen de espacio y de recursos suficientes, y, al igual que el malogrado director en sus inicios, merecen reconocimiento, que les tiendan ahora una mano llana y sin cortapisas.
Honorable Cámara, a través de este homenaje póstumo a Andrés Pérez, pedimos que mediante una iniciativa oficial de promoción y difusión de las artes y la cultura, dado que se hace indispensable poner en marcha una nueva institucionalidad cultural, se dé un espaldarazo a todos esos jóvenes artistas. Es hora de apoyarlos real y concretamente. Ojalá que en este hemiciclo no se realicen más reconocimientos póstumos a nuestros artistas y creadores, que la muerte no constituya factor de unión, sino que la vida y el quehacer de los artistas sean resaltados y apoyados mientras efectúan su labor. No les atemos las manos. Permitamos que ellos den rienda suelta a su imaginación.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el honorable diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA, don Osvaldo (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, madre, esposa, familia y amigos de Andrés Pérez:
En nombre de la bancada de Renovación Nacional, rindo homenaje a una de esas personas que desarrollan su vida trascendiendo y dejando su sello indeleble en el espíritu y en el carácter de un pueblo. Gracias a Dios, Chile tiene esos hombres. Esos hombres que en su quehacer parece que abandonan su identidad, que se ahogan tragando pedazos de otras culturas, que se despeñan corriendo tras de nada; alguien que al principio nadie sabe de qué región proviene ni cómo se llama, alguien que camina a un ritmo distinto y mira desde otro lado. Puede ser desde arriba o más abajo o desde un costado, pero lo hace desde alguna parte diferente, y nos avisa, nos advierte o, mejor dicho, nos recuerda lo trascendente.
Acostumbrados, como estábamos, sólo a rememorar la obra de nuestros grandes literatos, fue un descuelgue fulminante y sorpresivo el que Andrés Pérez Araya hizo en el escuálido escenario de la cultura. Lo realizó desde donde no estaban las apuestas y no se esperaba, sino desde el teatro, expresión artística que desde hace muchos años no brotaba con fuerza masiva en nuestro país. Andrés Pérez hace que de pronto el suelo árido de nuestra cultura explote y muestre la riqueza y la miseria de nuestros sentires, de nuestras formas y visiones; hace que el suelo árido a veces se vuelva fecundo. Un hombre innovador, sin miedo al cambio, puente entre generaciones. Todo eso y mucho más fue Andrés Pérez para los entendidos en teatro.
Para los millones de personas que vieron sus obras, y seguirán viéndolas, será quien entregue alegrías, reflexiones y una posibilidad de descubrir lo grandioso que hay detrás de las cosas cotidianas. Fue capaz de hacernos percibir lo que antes nos resultaba imperceptible.
Su muerte ha dejado también un gran desafío, ya que su vida desmintió a quienes estiman que en nuestro país resultan imposibles las expresiones artísticas de calidad. Andrés Pérez dejó en evidencia que en Chile los creadores pueden estar a la vanguardia, que las dificultades sucumben frente a la voluntad y a la decisión, y que los obstáculos burocráticos no impedirán jamás que el talento se manifieste con todo su esplendor de la mano de personas con el coraje de llevar su mensaje al público.
Su brillante trayectoria muestra también lo ridículo que es el afán de encajonar la expresión artística a través de cargos, nombramientos, asesorías y formalidades oficiales. El arte es caudal potente, que en su paso devastará y arrancará, como tablas viejas, a cuanta restricción, regulación o planificación se le quiera imponer. En el arte las reglas las pone el arte; las reglas en el arte las coloca el artista.
Resulta vano repetir lo que ya se ha señalado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra en este homenaje: Tocopilla, París, Matucana 100. Podríamos llenar esta mañana de nombres y lugares en que brilló su creatividad de trabajo. De Andrés Pérez ya recibimos todo. Sus obras seguirán entregándonos mucho más cuando las descubramos totalmente. Sólo resta agradecer y no olvidar.
Gracias, Andrés Pérez Araya.
He dicho.
Aplausos.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al dramaturgo y director de teatro don Andrés Pérez Araya.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Continúa la sesión.


VI. ORDEN DEL DÍA

MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Segundo trámite constitucional.

El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2822-07 (S), sesión 20ª, en 18 de diciembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 11.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 25ª, en 15 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal.
La idea fundamental de la iniciativa se orienta a introducir en este Código, sobre la base de la experiencia acumulada a más de un año desde la aplicación de la reforma en las regiones Cuarta y Novena, una serie de adecuaciones destinadas a enfrentar la situación que se presenta respecto del control de los delitos menores o faltas, como también disposiciones destinadas a la agilización de los procedimientos.
De ese modo, se amplían las facultades de la policía respecto de la detención por flagrancia.
Igualmente, se permite a la policía complementar el control de la identidad de las personas en casos fundados, facultándola para proceder, además, al registro de las ropas, equipajes o vehículo.
Se perfeccionan las facultades policiales respecto de los exámenes corporales y de la entrada en lugares cerrados y registro de ellos, permitiendo mayor celeridad en la realización de las diligencias.
Se modifica la estructura del procedimiento simplificado en casos de falta o simple delito flagrante, permitiendo la posibilidad de evitar la formación de un juicio oral ante el juez de garantía.
Se aumentan los derechos que asisten a la víctima en el proceso penal.
Estas ideas se concretan en el proyecto mediante un artículo único que introduce un total de diez modificaciones al Código Procesal Penal, que son propias de ley al tenor de lo dispuesto en el artículo 60, números 2) y 3), de la Constitución Política.
Al efecto, se consignan las siguientes modificaciones:
1ºSe modifica el artículo 6º que se refiere a la protección de la víctima, con el fin de promover de parte del Ministerio Público la reparación del daño causado, tal como lo estableció la proposición aprobada por el Senado. Sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara encontró vaga e imprecisa tal proposición, por lo que enmendó dicha norma, concordando una redacción para este número que señala que “el fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la víctima”.
2ºSe incorpora un inciso final al artículo 9º, precepto que exige autorización judicial previa para la realización de cualquier procedimiento que prive al imputado de un derecho constitucional, como es su libertad.
El inciso aprobado por el Senado agrega que en casos urgentes, en que la inmediata autorización resultare indispensable para el éxito de la investigación, “podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto” rápido y moderno, “tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro”, sin perjuicio de dejar constancia posterior en los respectivos registros.
3ºSe agrega una frase en el inciso final del artículo 80 complementa la modificación anteriormente explicada, disposición que señala que normalmente la policía, al recibir órdenes de los fiscales o de la justicia, requiera la exhibición de la autorización judicial respectiva.
La proposición aprobada por el Senado criterio que compartió la Comisión de Constitución de la Cámara dice: “salvo en los casos urgentes a que se refiere el inciso final del artículo 9º, en los cuales la autorización judicial se exhibirá posteriormente”.
4ºModifica el artículo 85, que regla la facultad de control de identidad que tienen los funcionarios policiales. Dicho precepto señala que éstos, sin necesidad de orden previa de los fiscales, podrán solicitar la identidad de cualquier persona en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito.
En tales casos de identificación, la norma del artículo 85 sólo alude a “un crimen o simple delito”, en circunstancias de que lo que el proyecto propone, tal como lo dispuso la proposición aprobada por el Senado, suprimir las palabras “crimen o simple” las dos veces que se menciona.
Sin embargo, frente a las diversas interpretaciones que se dan a esta expresión, la Comisión consideró conveniente que lo mejor era enumerar en qué casos se produce este control de identidad respecto de la conducta humana. Por eso se enumeró al crimen, simple delito o falta.
Además, el Senado introdujo tres modificaciones. Por el inciso segundo, faculta a la policía para que durante el procedimiento de control de la identificación, registre las vestimentas, equipaje y vehículo de la persona controlada. La razón es que esas personas, si bien son susceptibles de identificar, no es menos cierto que pueden portar instrumentos, armas, drogas u otros efectos peligrosos, de lo cual la policía no tiene la menor idea si no se procede a un registro adecuado.
En seguida, el Senado suprime la llamada autorización escrita de la persona controlada para que se le tomen las huellas digitales en aquellos casos en que la persona se niegue a identificarse o no tenga identificación alguna, disponiendo derechamente que “se le tomarán las huellas digitales”.
A este respecto, la Comisión estimó que, si bien era pertinente lo señalado por el Senado, no es menos cierto que, al proceder de este modo, la policía podría confeccionar registros de huellas dactilares, en circunstancias de que ése no es el propósito de la norma, que sólo tiende a la identificación. Por eso se agregó la expresión “y, cumplido dicho propósito o sea, la identificación, serán destruidas”.
Además, el Senado agrega y lo aprobó la Cámara que los abusos que se cometan en el control de identidad den lugar al delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, sobre tratos, apremios y vejaciones injustas que pueden cometer funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, aumenta de cuatro a seis horas el plazo para verificar la identidad mediante las huellas digitales.
El Ejecutivo planteó en la Comisión que en cuatro horas es prácticamente imposible determinar la identificación mediante huellas digitales y que el Registro Civil había avalado un plazo superior, por lo que se fijó en seis horas.
Por el número 5 se sustituye el artículo 124, el cual se refiere a faltas o a delitos que no tienen restricción de libertad o cuando las penas que la ley señale para ello no exceden de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, en que sólo procede la citación o el arresto si no comparece la persona.
Al suprimirse la referencia a los delitos sancionados con presidio o reclusión menor en su grado mínimo, amplía la hipótesis a fin de que no sólo pueda imponerse como medida cautelar la citación, sino también la detención en el caso de la comisión de delitos sancionados con esa pena. En otras palabras, tratándose de delitos menores, actualmente sólo puede imponerse la citación. Se busca que, en casos determinados, también pueda aplicarse la detención.
El inciso segundo no hace otra cosa que conciliar la mayor amplitud reseñada con la nueva redacción que se propone para el artículo 134, permitiendo que a las figuras que allí se describen pueda aplicárseles también la detención.
La norma propuesta sería una respuesta a las reacciones adversas que ha suscitado la reforma ante el hecho de que, frente a la comisión de delitos menores, la policía sólo se limita a citar al imputado, pero no lo detiene, dejándolo en libertad, circunstancia que produce una sensación de inseguridad, especialmente en los sectores más modestos.
A través del número 6, se introducen modificaciones al artículo 134, que regla la citación en casos de flagrancia, señalando que quien fuere sorprendido in fraganti cometiendo un hecho de los señalados en el artículo 124, o sea, aquellos que sólo dan lugar a la citación, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.
El Senado introdujo modificaciones a este artículo.
En primer lugar, sustituyó la denominación o encabezamiento por la siguiente: Citación y detención en caso de flagrancia.
En segundo lugar, reemplazó el inciso segundo por cuatro incisos nuevos.
El nuevo inciso segundo dispone: “La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada”. Ya señalé las razones por las cuales es conveniente dar esta facultad a la policía.
El nuevo inciso tercero señala que igualmente podrá conducirse al imputado a un recinto policial para efectuar allí la citación.
El nuevo inciso cuarto señala los casos en que el imputado podrá ser detenido:
En primer lugar, cuando la policía no pudiere comprobar su domicilio por ningún medio a su alcance.
En segundo lugar, cuando el imputado hubiere cometido alguna de las faltas especiales que señala el Código Penal en los artículos 495, números 4, 5 salvo en este último caso los hechos descritos en los artículos 189 y 233 19 y 21, y 496, números 5 y 26.
Esas disposiciones se refieren a lo siguiente:
El artículo 495 sanciona, con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, las siguientes faltas:
Nº 4.- Al que amenazare a otro con armas blancas o de fuego y al que riñendo con otro las sacare sin justo motivo.
Nº 5.- Al que causare lesiones leves.
Nº 19.- Al que hurtare, al que hallare una cosa mueble al parecer perdida y no la entregare a la autoridad o a su dueño, al que defraudare a otro en la substancia, cantidad o calidad de las cosas que le entrega en virtud de un título obligatorio y a una serie de delitos que se refieren a la propiedad, pero que no tienen una cuantía superior a una unidad tributaria mensual.
El artículo 495 sanciona, en su número 21, con multa de una unidad tributaria mensual al que, intencionadamente o con negligencia culpable, cause daños que no excedan de una unidad tributaria mensual en bienes públicos o privados.
El artículo 496 sanciona con pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales:
Nº 5. Al que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o persona que tenga derecho para exigir que los manifieste, o se negare a manifestarlos, o diere domicilio falso.
Nº 26. Al que tire piedras u otros objetos arrojadizos en parajes públicos.
Por último, también se admite la detención cuando concurrieren circunstancias calificadas que hicieren temer la continuación de una actividad delictual.
La Comisión, luego de analizar extensamente esta nueva norma, propone lo siguiente a la Sala, modificando los criterios del Senado.
El título del artículo 134 se amplía. En lugar de “citación y detención”, se propone “Citación, registro y detención”, puesto que así se explicita mejor el contenido de la norma.
El nuevo inciso segundo, se aprobó en los mismos términos.
Los nuevos incisos tercero y cuarto, que se trataron en forma conjunta, representan la parte más importante del proyecto, por cuanto una de las cosas que más reclamaba la policía es contar con facultades para detener a personas a las que, no obstante estar cometiendo delitos menores o faltas, no se podía hacer nada más que citarlas. En efecto, en casos de amenazas o hurtos de muy poca entidad el autor no puede ser objeto de otra medida cautelar que la citación.
En estos casos, hoy la policía concurre a un lugar ante un llamado y verifica que la persona, por ejemplo, ha cometido un hurto o ha incurrido en alguna de las hipótesis que el artículo contempla e, incluso, se encuentra retenida por las mismas personas del lugar. No obstante, lo único que puede hacer la policía es dejarlo citado y liberarlo, lo que provoca la reacción contraria de quienes se encuentran en el lugar.
Esto crea una sensación de inseguridad, por lo que un criterio más lógico es que se conduzca a la persona al cuartel para el solo efecto de citarla.
Se eliminaron las normas propuestas por el Senado, para el caso de que la policía no pudiere comprobar el domicilio del detenido y cuando circunstancias calificadas, de acuerdo con los antecedentes con que cuenta el policía, hagan temer la continuación de una actividad delictual, aun cuando pueda comprobarse el domicilio del hechor.
La Comisión las suprimió de la letra a) del nuevo inciso cuarto, puesto que la idea se encuentra contenida en el inciso tercero, ya que la policía puede conducir al imputado al recinto policial para citarlo, entre otras causas, por no haber comprobado su domicilio.
Respecto a la letra c), si concurrieren circunstancias calificadas que hicieren temer la continuación de una actividad delictual, se establece una facultad a la policía, que más bien parece de investigación y de juzgamiento, que puede conducir a la llamada “detención por sospecha”. De ahí, entonces, que sólo se haya mantenido esta detención en caso de que se hubieran cometido las faltas ya mencionadas.
El número 7 sustituye el artículo 137, que se refiere a la difusión de derechos de los detenidos y de las víctimas. Se dispone con la modificación que el texto y formato de estos carteles serán determinados por el Ministerio de Justicia. 
El número 8 sustituye el inciso segundo del artículo 197, que se refiere a los exámenes que se pueden efectuar al imputado o al ofendido por el delito. El Senado propone que si la persona ha de ser objeto del examen, y debidamente apercibido de sus derechos consintiere en hacerlo, el fiscal o la policía ordenarán que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente autorización judicial, exponiéndosele al juez las razones del rechazo. 
Se trata de agilizar este trámite, puesto que se sugería desde el comienzo la autorización judicial. Acá se requiere sólo en el caso de que se negare, exponiéndosele al juez las razones del rechazo.
El número 9 sustituye el inciso primero del artículo 212, que se refiere a una cuestión procesal. La norma vigente dispone que la autorización para entrar y registrar un lugar cerrado deberá notificarse al dueño o encargado, invitándosele a presenciar el acto, salvo que hubiere consentido expresamente en la práctica de la diligencia.
Se establece la excepción a la norma actual en caso de que el juez de garantía autorizare la omisión de estos trámites sobre la base de antecedentes que hicieren temer que ello pudiere frustrar el éxito de la diligencia.
El número 10 agrega un artículo 393, nuevo. Con ello se pretende agilizar el procedimiento en el caso de faltas o de simple delito flagrante. Se omite una audiencia y, en consecuencia, el fiscal puede disponer que el imputado sea puesto a disposición del juez de garantía para el efecto de comunicarle en la audiencia de control de la detención, en forma verbal, el requerimiento a que se refiere el artículo 391, y proceder de inmediato, conforme a lo dispuesto en este título. De esta manera, se omite una audiencia y se agiliza el procedimiento.
La Comisión estimó, al igual que el Senado, que se trata de normas de quórum simple y, en consecuencia, solicita a la Sala su aprobación. 
Es cuanto tengo que informar. 
He dicho. 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, lo primero que quiero hacer es asumir la defensa de la reforma procesal penal, y reiterar la necesidad de profundizar, en sentido amplio, el compromiso con ella del Parlamento, de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. 
Todos sabemos que hubo una gran discusión acerca de la reforma procesal penal, la que tuvo, como es lógico, sus detractores. Cuando hemos aprobado esas reformas constitucional y legal, y esta última ya se está aplicando en cinco regiones del país, lo peor que pudiéramos hacer es tratar de debilitar el compromiso con una reforma que, sin ser una panacea, es el cambio más importante que hemos tenido en el ámbito judicial en el último siglo. 
Recordemos en pocas palabras lo que estamos haciendo. Estamos separando las funciones de investigar y de sancionar, para lo cual se crean cerca de 640 cargos fiscales: nacionales, regionales, adjuntos, autónomos para investigar, de los cuales dependen Carabineros e Investigaciones. Además, existe un Ministerio Público que goza de autonomía constitucional. Junto con ello, estamos creando cerca de 780 cargos de jueces del crimen en Chile, entre ellos de garantía y miembros del tribunal oral en lo penal. Hoy no hay más de 80. Y todo esto apoyado por cerca de cuatro mil o cinco mil personas dedicadas al Ministerio Público o a esta justicia del crimen que, además, introduce un procedimiento oral. 
Por lo tanto, no sé si estamos frente a una revolución, pero sí al cambio más profundo y radical en el ámbito judicial del último siglo. Y esto requiere de nuestra parte una actitud vigilante, crítica, para implementar la reforma no para entrar en contradicción vital con ella y también para perfeccionarla. En ese sentido apunta este proyecto de ley. 
No es fácil explicar a la gente que hay que reformar un Código Procesal Penal que aprobamos ayer. A lo mejor, no es lo más deseable, lo más conveniente, pero la reforma que estamos proponiendo, que está acotada, surge de la experiencia, de la práctica que nos indica que ciertas cuestiones hay que perfeccionarlas.
Efectivamente, la experiencia pareciera indicar que es una reforma claramente garantista, y no hay que temerle a esa palabra. De eso se trata, entre otras cosas: que haya ciertas garantías fundamentales para que la dignidad, los derechos del imputado, y no sólo de la víctima, sean resguardados. Pero esa inclinación, ese sesgo garantista de la reforma, no puede inhibir al aparato del Estado y a las fuerzas policiales para actuar también con la mano firme que se requiere, siempre bajo la tuición de un fiscal y el control de un juez de garantía que estará protegiendo los derechos de las personas. De hecho, cualquier medida de un fiscal que requiera o implique afectar derechos del inculpado, del imputado, del detenido, del procesado, requiere ser autorizada por el juez de garantía. 
Entonces, en el fondo hay dos aspectos sobre los cuales estamos innovando básicamente.
El primero es muy importante por lo siguiente: nosotros dimos un paso gigantesco al eliminar la detención por sospechas. Ésa fue una conquista de la sociedad chilena, porque se hacía uso y abuso de esta práctica, que tenía fundamento legal, pero que resultaba abusiva, al fin y al cabo, desde el punto de vista de los derechos de las personas, especialmente de los jóvenes, ya que, en virtud de esta facultad, cualquier joven que estuviera en una esquina podía ser detenido por sospecha solamente por su apariencia. Eso se eliminó está bien que se haya hecho y se sustituyó por la obligación de identificarse que tienen las personas cuando son requeridas por la policía, que es lo mínimo que se puede pedir.
Sin embargo, la experiencia indica que eso no basta, por lo que hoy estamos estableciendo una nueva facultad para la policía, cual es el derecho a registrar a la persona requerida, que tiene la obligación de identificarse. Imaginemos el caso de una persona que está portando un arma de fuego o un arma blanca, que no puede ser detenida por sospecha, aunque tiene la obligación de identificarse, pero el funcionario policial no tiene la facultad o el derecho de registrarlo, en circunstancias de que presenta signos evidentes de estar portando el arma con la cual se cometió un delito. ¿Qué más lógico resulta, y así lo contempla la ley, que se le obligue no sólo a identificarse, sino que también se le pueda someter a registro? Obviamente, para la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y para el Senado, de donde proviene el proyecto, este registro de las personas es absolutamente lógico. En lo pertinente, el proyecto dice: “Durante este procedimiento el de identificación la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla”. A esa obligación de identificarse se añade esta facultad o derecho de la policía para registrarlo. No estamos hablando de detención por sospecha. Eso está eliminado y bien eliminado. Ése fue un logro, una conquista; no podemos retroceder en esa materia y no lo estamos haciendo en este proyecto de ley.
Si la persona se niega a identificarse, se le puede conducir a la unidad policial sólo para ese efecto. En caso de que no se le pueda identificar, se podrá tomar sus huellas digitales; pero una vez cumplido el trámite, se debe destruir esa evidencia, como lo estamos estableciendo en la Cámara, porque esa norma fue eliminada en el Senado, a pesar de que en el proyecto original del Ministerio de Justicia así se establecía.
Ésa es la primera reforma que estamos introduciendo al proyecto, con el objeto de perfeccionar este procedimiento, en el marco de la nueva reforma procesal penal.
La segunda gran innovación no es menos importante, porque en el actual Código Procesal Penal se establece que en los casos de faltas, no de simples delitos o de crímenes, sólo se permite la citación del imputado; no se le puede detener. Ésa fue una materia muy discutida, pero la opción que tomamos como Parlamento fue que en los casos de delitos menores, que son faltas y que tienen penas de menos de 61 días de prisión, exista sólo la posibilidad de citar al inculpado a la presencia judicial, pero no se faculta su detención.
Ésa sigue siendo la regla general en el proyecto en discusión: a la persona que ha cometido una falta sólo es posible citarla a la presencia judicial; pero, por excepción, se introducen algunos casos en que sí es posible detener al inculpado. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso, especialmente en las regiones Cuarta y Novena, en Coquimbo y en Temuco, donde la reforma procesal penal se ha aplicado durante más de un año, en que se entorpece la acción judicial y policial, porque algunas personas que han cometido faltas tienden casi a mofarse de la citación y para qué decir de la víctima y de sus familiares.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hurtos de poca monta, pero para personas modestas que le hayan hurtado o sustraído 20 mil pesos, no es poco. Sin embargo, el policía, el juez o el fiscal no pueden detener u ordenar la detención, porque se trata de una falta.
Las lesiones leves a veces son constitutivas de falta, pero, en el fondo, son lesiones. Cualquier persona que ha sufrido una lesión sabe que fue objeto de un atentado contra un bien jurídico importante, como es la integridad física. En este caso, no se puede detener al presunto infractor.
Lo mismo sucede en los casos de amenazas o de daños. No se puede detener a quien haya quebrado los vidrios de la casa de otra persona, porque, por tratarse de daños, pueden ser constitutivos de falta. 
Por lo tanto, en el artículo 134 del Código Procesal, en forma muy restrictiva y muy específica,...
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Señor diputado, ha terminado su tiempo.
El señor WALKER (don Ignacio).- Termino de inmediato, señora Presidenta.
Como decía, en dicho artículo se establece que el imputado podrá ser detenido si hubiera cometido alguna de las faltas contempladas en los números 4, 5 y 19 del artículo 495 del Código Penal. Es decir, en casos muy acotados y muy excepcionales se permite esta posibilidad de detener al imputado.
En síntesis, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia creemos que ésta es una modificación sensata y razonable, que recoge la experiencia y lo que sucede en la práctica, especialmente de las regiones Cuarta y Novena, por lo que solicitamos a la honorable Cámara que tenga a bien aprobar el proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en primer lugar, no hay duda de que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y del juicio oral durante más de un año en las regiones Cuarta y Novena nos lleva a concluir que se trata de un enorme avance del sistema judicial chileno, de gran trascendencia y repercusión. Las ventajas que tiene el juicio oral respecto del procedimiento escrito, inquisitorio y tradicional en Chile son enormes y no hay duda de que ha sido una de las grandes transformaciones que se ha hecho en nuestro país en los últimos años.
Sin embargo, su aplicación práctica ha dejado entrever, particularmente en los casos de la Novena y de la Cuarta regiones, vacíos o imperfecciones que requieren corregirse, sin lugar a dudas, porque las normas procesales penales tienen que ser puestas en práctica para determinar si están cumpliendo con los objetivos por los cuales el legislador las dictó, cual es, en este caso, permitir que las personas que son víctimas de un delito reciban el amparo de la ley y se pueda restablecer el imperio del derecho.
Desde luego, felicito al señor ministro de Justicia por esta iniciativa, porque realmente corrige deficiencias de las normas procesales, que estaban distorsionando el verdadero sentido que tenía la reforma procesal penal y, lo que resulta más grave, a ser cuestionadas por la opinión pública, por la ciudadanía, donde se aplica el proceso penal nuevo.
Sin embargo, quiero hacer una prevención. Considero que lo que está fallando en el nuevo proceso penal, más que las normas, que siempre será necesario corregirlas, es la forma como los jueces de garantía las están interpretando y aplicando. La sensación de impunidad que reina en la Novena Región es preocupante. La gente modesta, de escasos recursos, siente, cuando es víctima de un delito, que no recibe de parte de los tribunales de justicia la protección de sus derechos con la prontitud y eficacia que es de esperar. El nuevo proceso penal, sin lugar a dudas, con el transcurso de los años y con las modificaciones que se le introduzcan para perfeccionarlo, debiera conducir a modernizar todo el sistema de administración de justicia en nuestro país.
Aprovecho la presencia del ministro de Justicia para hacer esa prevención, pues en la medida en que el criterio de los jueces no cambie respecto de cómo deben aplicarse las normas penales y procesales penales, realmente cualquier modificación legal caerá en el vacío. Cuando en la Novena Región, por ejemplo me imagino que en la Cuarta habrá ocurrido lo mismo, quienes han cometido delitos graves recuperan rápidamente su libertad, se genera un clima de inseguridad en la ciudadanía. Ello hace que se promuevan acciones no sólo tendientes a modificar la actual legislación penal, sino a entablar un diálogo con la magistratura a fin de que la aplicación de las leyes refleje el espíritu del legislador y no se produzca un excesivo permisivismo que puede dañar en forma grave la confiabilidad en las normas del nuevo juicio penal oral.
Creo que este texto es un avance, un progreso que permitirá corregir deficiencias, contar con un sistema judicial que se aplique de manera más expedita y amparar a las víctimas de delitos.
Ahora, quiero referirme al contenido de algunas de estas normas. La primera modificación recae en el artículo 6º del Código Procesal Penal. Me parece que el texto de la Cámara en relación con el del Senado contribuye a perfeccionar esta normativa. Se trata de que el fiscal no sólo se preocupe de la acción penal propiamente tal, sino, también, de promover durante el procedimiento todas aquellas medidas que tengan por objeto reparar el daño causado a la víctima, particularmente en el caso de acuerdos patrimoniales para el pago de indemnizaciones, como también para adoptar medidas cautelares a fin de garantizar la existencia de recursos del inculpado, sus bienes, y responder por el pago que disponga una sentencia ejecutoriada debido al daño causado con la comisión de un delito.
Por lo tanto, la modificación que introduce la Cámara de Diputados al artículo 6º parece bien orientada y perfecciona la legislación vigente.
Respecto de la modificación al artículo 9º, considero que contribuirá a dar más eficacia a la acción de los tribunales de justicia. ¿Qué ocurría en la práctica? Según nuestra Constitución, en concordancia con el artículo 9º del Código Procesal Penal, cuando un fiscal o una autoridad policial, en virtud de un procedimiento judicial realiza una acción que de una u otra manera limita los derechos garantidos por la Constitución, por ejemplo una orden de detención, de registro o de allanamiento, la ley establece que la persona que es objeto de esa detención o allanamiento tiene derecho a exigir que se le exhiba la orden judicial mediante la cual se le restringen sus derechos.
La entrega material de esa orden se había transformado en una dificultad que muchas veces retrasaba las diligencias que los fiscales debían realizar de inmediato para detener a una persona o incautar medios probatorios fundamentales con el fin de probar su responsabilidad penal.
Por eso, el artículo 9º, modificado por este proyecto de ley, señala que en “casos urgentes, en que la inmediata autorización fuere indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro,...”. Con ello, se agiliza la actuación de los tribunales de justicia, la acción de los fiscales se hace más eficaz y se logra cumplir el objetivo que persigue la víctima de un delito: la reparación del daño causado y la debida protección. En consecuencia, la modificación del artículo 9º es correcta y está bien orientada.
En cuanto a la siguiente modificación y como habrá tercer trámite, pido al ministro de Justicia estudiar la constitucionalidad de la norma. Soy partidario de ella, pero es posible que en el futuro se le dé otra interpretación que haga pensar que es inconstitucional. Me explico. Esta norma permite que cuando un fiscal deba realizar una actuación que de una u otra forma limite los derechos de la persona garantidos en la Constitución por ejemplo, detención, allanamiento o registro y por la urgencia no lleve la autorización judicial al momento de cumplirla, la puede exhibir con posterioridad a quien ha sido objeto de esa diligencia.
Por eso se señala que “salvo los casos urgentes a que se refiere el inciso final del artículo 9º, en los cuales la autorización judicial podrá exhibirse posteriormente”. La Cámara lo corrige en forma adecuada, porque establece que “se exhibirá posteriormente”. O sea, es rigurosa en cuanto dispone que el funcionario judicial debe exhibir la orden.
Sin embargo, respecto de las actuaciones del Ministerio Público, el inciso tercero del artículo 80 A de la Constitución establece: “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad se refiere a la fuerza pública, cuando una autoridad judicial le da la orden para detener, allanar, desalojar, en el caso de un delito, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso”. Es decir, la propia Constitución otorga a la persona que puede ser objeto de allanamiento el derecho de exigir la exhibición de la autorización judicial previa. Y el funcionario judicial también tiene derecho a pedir al tribunal la entrega de la orden en virtud de la cual debe proceder a la detención. O sea, hay una doble exigencia: la del funcionario y la de la persona que es “víctima de la detención o de un allanamiento”.
Comprendo que la norma está bien orientada, pero en la aplicación práctica no me gustaría que el día de mañana alguno de los afectados nos sorprendiera y recurriera a los tribunales de justicia para alegar la inconstitucionalidad de esa disposición. En el ánimo de que el proyecto se despache lo mejor posible, sugiero estudiar si estamos actuando dentro del marco de la Constitución o en el límite, a fin de perfeccionar la disposición para que en el futuro no sea letra muerta.
En cuanto al artículo 85, que regla la facultad de control de identidad que tienen los funcionarios policiales, me parece bien la corrección de la Cámara de Diputados. Es evidente que si existe la posibilidad de solicitar la identificación de una persona cuando existan indicios de que hubiere cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, parece obvio que se agregue cuando la persona ha cometido una falta. No hay razón para controlar la identidad de una persona sólo cuando ha cometido un crimen o simple delito, y no cuando estamos en presencia de quien ha incurrido en una falta. Entre otras, porque hay faltas extraordinariamente graves tipificadas en nuestro Código. Por ejemplo, el que amenazare a otro con arma blanca o de fuego y el que riñendo con otro la sacare. Es ridículo que hoy no se pueda pedir el control de identidad a una persona que en la calle amenaza a otra con arma blanca, porque la norma sólo lo limita a aquellos hechos que constituyen crimen o simple delito y no falta. Agregar la falta permite, obviamente, mejorar la acción policial y proteger adecuadamente a las personas. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el cambio introducido por el Senado y perfeccionado por la Cámara de Diputados.
Me parece que es procedente lo mismo respecto del primer inciso de la letra b) del número 4 del artículo único, que dice: “Durante este procedimiento, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla”.
Gran parte de los delincuentes quedan en la impunidad como ocurre en la Novena y Cuarta regiones, y probablemente también en el resto del país debido a lo absurdo que resulta que a una persona, de la cual existen indicios que ha cometido o que intenta cometer un delito, sólo se le pueda pedir el carné de identidad y el funcionario policial esté inhibido de realizar el registro mínimo para saber si es portadora de otros elementos que comprueben su participación en el ilícito. Además, delitos específicos, como el de incendio o estrago o el de robo con violencia o intimidación en las personas están tipificados como delitos propios, en sí mismos, por el solo hecho de portar elementos que realmente demuestran que el sujeto cometerá un delito. Por lo tanto, a todas luces es lógico que la policía pueda registrar a una persona cuando tiene indicios claros de que intenta cometer un delito, con el objeto de prevenir su materialización.
La señora MUÑOZ, doña Adriana, (Presidenta accidental).- Tiempo, diputado Espina. Redondee la idea, por favor.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, le pido, respetuosamente, que su Señoría solicite el asentimiento de la Sala, con el objeto de expresar un par de ideas más.
La señora MUÑOZ, doña Adriana, (Presidenta accidental). ¿Habría acuerdo de la Sala para conceder dos minutos al diputado Espina?
Acordado.
Continúe, señor diputado.
El señor ESPINA.- Gracias.
En cuanto a esta misma norma, pido al ministro que nos aclare lo siguiente. Aquí se señala que cuando una persona no logra identificarse se le puede pedir que estampe sus huellas digitales, lo cual me parece correcto. Esta disposición estaba en el proyecto original del Gobierno hace un par de años, pero en la Cámara la eliminamos. Yo, por lo menos, voté en contra de esa decisión, pero ahora se agrega que la persona deje su huella. 
Entre paréntesis, esta norma se relaciona con el viejo truco que usan los delincuentes: no llevan carné de identidad o andan con carné falso, no dan domicilio. Cuando los detienen, el tribunal, por tratarse de un delito que tiene una pena inferior a 541 días, para el cual basta la citación, los tiene que dejar en libertad.
No entiendo por qué razón la Cámara de Diputados agregó que esa huella digital debe ser destruida con posterioridad. Prefiero el texto del Senado, por lo que pido votación separada al respecto. Se podrá disponer que ese archivo deberá custodiarse o remitirse, quizás, a la unidad policial de mayor rango de la prefectura respectiva para que no se haga mal uso de él, pero pienso que es extraordinariamente útil, entre otras cosas, para la seguridad del propio detenido cuando, al no comprobársele delito alguno, pueda invocar que sus antecedentes ya están en la comisaría respectiva.
Estoy de acuerdo en que lo más innovador del proyecto lo constituye la norma que establece que los autores de delitos que merecen penas inferiores a 541 días históricamente, tanto el nuevo Código como el antiguo sólo permitían la citación pueden ser detenidos por la policía cuando se trata de delitos flagrantes.
De acuerdo con el actual Código, si una persona es sorprendida amenazando a otra con arma blanca, la policía debe entregarle una citación, igual que un parte de tránsito, para que acuda al tribunal diez días después. Obviamente, eso es una ridiculez porque, frente a un delito de esa gravedad, corresponde que el delincuente sea detenido y pase al tribunal. Por lo tanto, repito, estoy de acuerdo con esa norma.
Respecto de la modificación del Nº 6, si bien la considero correcta en términos de facilitar que la policía pueda registrar a una persona sorprendida en delito flagrante, no veo razón alguna para que no pueda registrarla con el fin de saber si tiene otros elementos probatorios que la inculpen o, eventualmente, la absuelvan.
Sin embargo, no comparto el inciso penúltimo de la letra b), que señala que, tratándose de faltas, se puede proceder a la detención en los casos de amenaza con arma blanca, en que se causare lesiones a una persona y en los delitos del número 19, pero se exceptúan todavía no logro entender por qué los hechos descritos en el número 21 del artículo 495 y el número 5 del artículo 496, que se refieren a casos en que la persona es sorprendida cometiendo delitos como daños a la propiedad pública o privada, o se le detiene cuando no hace entrega de su nombre o se niega a dar su domicilio. No veo por qué estas situaciones han quedado excluidas de la facultad de detención y, por lo tanto, pido al ministro que nos haga una precisión en esa materia.
Termino señalando que me parece un proyecto bien orientado. En términos generales, creo que es una excelente iniciativa y, por cierto, aprobaré la idea de legislar, porque creo que apunta en la dirección correcta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señora Presidenta, lamentablemente, estamos discutiendo este proyecto con urgencia calificada de “suma”, al cual no se le pueden formular indicaciones sino sólo renovar con las firmas de treinta diputados, que incluyan, a lo menos, tres jefes de Comités las rechazadas por las Comisiones informantes. Por lo tanto, me voy a ver en la obligación de votarlo en contra.
Si bien es cierto que el proyecto contiene varias normas que mejoran el procedimiento que aprobamos y que, como dijo el diputado Espina, constituyen un gran aporte en el avance hacia la justicia en el país, con la misma casuística empleada por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra también se puede demostrar que el proyecto es muy malo.
Aquí no sólo se está reponiendo la detención por sospecha, sino que se están ampliando las facultades para actuar respecto de quienes han cometido faltas muy menores. Hay faltas que merecen una pena grave, como la amenaza con arma blanca señalada por el diputado Espina, pero en este caso no debemos modificar el procedimiento para la falta, sino considerar delito la amenaza con arma blanca y cambiarla de categoría. Es tan grave ese hecho que no debería tener el mismo procedimiento de otras faltas que sí son menores. Así se posibilita que en nuestra sociedad se aplique en forma discriminatoria la legislación.
Señora Presidenta, el diputado Espina me está pidiendo una interrupción. Con mucho gusto se la concedo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Espina, por la vía de la interrupción.
El señor ESPINA.- Seré muy breve.
Señora Presidenta, si bien entiendo el argumento del diputado señor Andrés Palma, quiero explicarle lo siguiente.
En la actualidad existe el absurdo de que si alguien amenaza con un cuchillo en la vía pública a varias personas, probablemente con el intento de robarles, y es sorprendida por la policía, lo que hoy tendría que hacer ésta es entregarle una citación. Y ese delincuente puede incurrir en la misma conducta una cuadra más allá, lo que es absurdo.
Lo que dice del proyecto es que queda detenido hasta que el juez determine su situación procesal.
Si le cambiáramos la penalidad, estaríamos estableciendo algo mucho más grave: una pena de cárcel mayor para una amenaza. Por lo tanto, el camino seguido por el Ejecutivo al respecto me parece correcto: no se aumenta la pena, sino que se le entrega al juez un nuevo instrumento para investigar a esta persona y sacarla de la vía pública mientras ande amenazando a otros con un cuchillo.
Eso me interesaba precisarle al diputado señor Andrés Palma.
Gracias, señor Presidente.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señora Presidenta, lo señalado por el diputado señor Espina no cambia mi argumentación, porque al final cualquier persona que pueda estar cometiendo una falta o se considere que se está preparando para cometerla, por ejemplo, para insultar a alguien, podría ser detenida por seis horas, registrada, revisada, etcétera. ¡Ésa es la detención por sospecha! Así de simple. Y así será mientras no cambie la cultura de nuestras policías. Aun cuando hoy legalmente no existe la detención por sospecha, ésta se sigue practicando en todos los sectores populares de nuestro país, por ejemplo, en La Granja, Macul y San Joaquín. No sé si ocurre lo mismo en Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. A esta detención se agrega el que las policías suelen decir que los delitos se cometen debido a que a ellos los privan de facultades. No, a las policías no se les han quitado las facultades para detener delincuentes, sino para detener a personas inocentes que ellos consideran sospechosas por ser distintas al modelo que muestran los medios de comunicación, entre ellos la Fundación Paz Ciudadana que es la autora intelectual de este proyecto y que las policías tienen de un ciudadano normal. 
Entonces, simplemente estamos volviendo atrás por una presión pública. Yo siempre he sido partidario de los cambios. Llegué aquí para lograr cambios. Por eso no apoyé al señor Lavín, porque nunca le creí que fuera partidario de los cambios. ¡Las propuestas del señor Lavín son las mismas que están en este proyecto! Ello es volver atrás y no avanzar hacia una sociedad mejor y más igualitaria, en que se respeten los derechos de las personas.
La ley que hemos aprobado para casos flagrantes funciona. Lo que ocurre es no quieren que funcione. Como hay hechos graves que quedan fuera de las normas, debemos analizar cómo perfeccionar la legislación y no volver atrás diciendo: “cacemos mosquitos con escopeta”. Yo siento que este proyecto nos lleva a cazar mosquitos con escopeta. Además, no me cabe la menor duda de que con esta iniciativa estamos vulnerando normas constitucionales, por cuanto la Carta establece expresamente que una persona puede ser detenida sólo por orden judicial o en caso de delito flagrante. Ahora esto se amplía. Si bien lo podemos llamar “control de identidad”, me gustaría saber qué significa para un ciudadano común y corriente, además de ser inocente, estar detenido seis horas en un cuartel policial. Ahora, ¿qué pasa si no logran identificarlo? Puede salir a las seis horas y volver a ser detenido porque no tiene carné de identidad. Es un poco ridículo lo que estoy diciendo, pero esta iniciativa lo está posibilitando.
Entonces, vendrán los reclamos, porque el ciudadano común y corriente tendrá que seguir poniendo rejas y, por otro lado, se seguirá metiendo gente a la cárcel. Al final, cataloguemos a cualquiera de malo y metámoslo preso. Ése es el camino que se nos sigue proponiendo.
Al respecto, puedo asegurar que dicho camino no conducirá a mejorar las condiciones de nuestra sociedad ni a reprimir la delincuencia, porque cuando se mezclan los inocentes con los delincuentes, los que ganan son los delincuentes y no la sociedad en su conjunto.
Considero que este proyecto es un retroceso. Por ello lo votaré en contra.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, los tres diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, con excepción del diputado señor Andrés Palma, se han referido con mucha acuciosidad a las normas concretas que contiene este proyecto.
Quiero hacer una defensa muchísimo más extensa, argumentada y amplia con respecto al sistema y por qué lo estamos perfeccionando hoy.
Este perfeccionamiento tiene su origen en el informe de una comisión de evaluación que nombró el Ministerio de Justicia, en la que participó un representante de dicha Cartera y tres personas más: un académico, el gerente general de la Fundación Paz Ciudadana y el director de un centro internacional que estudia la justicia en América.
Las apreciaciones generales sobre la marcha de la reforma sostuvieron que este sistema de enjuiciamiento criminal, en general, era exitoso; que no adolecía de problemas razonables para un cambio de la envergadura que conocemos. En todo caso, los problemas que existen cuestionan la esencia del nuevo modelo de justicia que se ha dado en el país. Señala que, a pesar de lo exitoso y de los pequeños problemas que se suscitan, son menores a aquellos acaecidos en otros países en los cuales se han llevado a cabo estas reformas. No pone como ejemplo a países latinoamericanos, donde sí sabemos que ha habido problemas de implementación, sino un caso europeo: la experiencia italiana.
La discusión del proyecto se inició en el Senado con bastante minuciosidad. Las reformas tienden a dar mayor seguridad ciudadana, pero no se trata de respuestas emocionales a ese tema, sino que se relacionan con ese informe, bastante acucioso, de personas independientes que se han preocupado, con lupa, de hacer el seguimiento y monitoreo de este proceso.
Sin lugar a dudas, las reformas que se han analizado en detalle refuerzan en gran parte la seguridad ciudadana. Pero el informe no sólo establece medidas que tienen que ver con la legislación, sino que también aborda problemas de coordinación entre las policías, los fiscales, los jueces y la defensa, graves problemas de capacitación de las policías, una percepción negativa en el público de la reforma, que tiene que ver con su desconocimiento, y muchas otras materias. En verdad, las reformas legales son importantes, pero, como todo proceso, no sólo requieren legislación, sino otras medidas, en este caso del Ministerio, para objetivamente hacer de esto una nueva cultura.
En cuanto a las reformas que aquí se tratan, es importante que las medidas legislativas involucren también a todos los actores. Las medidas no legislativas, que podríamos llamar culturales, incluyen a los fiscales y a otros. Pero la legislación también tiene que hacerse carne y socialidizarse por estos actores. Y quizás esto sea lo más importante, porque hay un enfrentamiento cultural entre el antiguo y el nuevo sistema.
Los abogados deben aprender a litigar de nuevo. La policía y permítanme hacer una referencia directa a este tema tiene 76 años de vida como institución, y se está trabajando, desde hace un año, con fiscales jóvenes, de aproximadamente 35 años, con más o menos cinco años de ejercicio en la profesión. Entonces, hay un grave problema de enfrentamiento cultural, que tiene que ver con otro tipo de medidas como, por ejemplo, con las legislativas que estamos adoptando.
La defensa que hago de la reforma procesal penal tiene un objetivo fundamental: esta reforma es irreversible, no tiene vuelta atrás. 
Por lo tanto, esta especie de agoreros del fracaso que han surgido en algunas regiones abogados y otras personas que dicen que el esfuerzo realizado y los millones gastados de más no están surtiendo efectos, lo único que pueden hacer es llevar a una especie de profecía autocumplida. 
Con las modificaciones en estudio, simplemente se cumple con uno de los elementos básicos de este sistema, en los términos en que lo pensaron, idearon y aprobaron los especialistas del Ministerio de Justicia, los cuales fueron apoyados técnicamente desde afuera.
El tema de la gradualidad no es sólo económico. El hecho de que haya dos regiones piloto tiene que ver, muchas veces, con que lo que aprobamos tiene errores. Lo que importa no es pensar que se menoscaba la dignidad de la Cámara si aceptamos nuestros errores, sino que las normas que aprobemos sean viables, eficaces y eficientes. Para eso, tan importante como lo que aprobemos es la implementación de las normas, lo que debe llevar a un perfeccionamiento continuo, sobre todo cuando se trata de una reforma de la envergadura de la que estamos tratando.
Por lo tanto, estas correcciones y perfeccionamientos son parte esencial de la puesta en marcha del sistema y no podemos verlas como algo que hicimos mal. Quienes nos oyen, nos están mirando en la televisión o leen sobre esto en los diarios, no deben pensar que legislamos mal. Estamos haciendo justamente lo contrario: mirando cómo en realidad se puso en marcha el sistema y cómo se perfecciona hasta el último minuto, año a año, para que cuando se aplique en la Región Metropolitana, donde se comete el 40 por ciento de los delitos de mayor connotación social, el sistema esté absolutamente corregido y, como diría alguien, funcionando como un reloj bien aceitado. 
El fracaso de estas reformas en América Latina tiene que ver no con leyes malas, sino con problemas de implementación que nunca se consideraron. Por eso insisto en este punto.
Estoy de acuerdo con el informe que se presentó a la Cámara. Contiene algunos aspectos que, espero, serán corregidos en el tercer trámite constitucional en el Senado para así tener listo el proyecto.
No basta con lo que aprobemos hoy en materia legislativa. Algunas estaban en el texto original, en la evaluación que realizó la Comisión respectiva, y no figuran en el proyecto en estudio, porque el Senado las separó pensando que eran más de fondo y, por lo tanto, requerían más tiempo para ser aprobadas. Se trata de materias muy importantes, porque se refieren a los grandes incentivos para que el nuevo proceso penal sea más rápido. 
Estos procesos especiales tienen que ver con el procedimiento abreviado, con los acuerdos reparatorios y con que los jueces, por problemas de capacitación, por esta cultura que se mantiene en sus mentes, no los lleven a cabo.
Recuerdo al ministro que tenemos el acuerdo de que en marzo se presente un proyecto sobre incentivos a los procedimientos especiales, a fin de que lo podamos aprobar con la misma urgencia y rapidez con que tratamos esta iniciativa, porque se relaciona con la viabilidad y efectividad de los procedimientos.
Hasta ahora hay una aprobación absoluta de la iniciativa. Ojalá que en el tercer trámite constitucional el problema se resuelva rápidamente.
Lo único que me preocupa es lo que se dijo respecto de mantener las huellas dactilares que no tengan que ver con personas con órdenes de aprehensión o que de alguna forma estén involucradas en un crimen o simple delito. Me inquieta que las huellas dactilares de personas inocentes queden guardadas en algún dossier. Es lo que se llama, en relación con las medidas intrusivas en todos los sistemas penales o criminales, los antecedentes residuales o la información residual. En general, en toda la legislación comparada los antecedentes residuales, específicamente las huellas digitales, son destruidos. De lo contrario, dan origen a archivos independientes de los expedientes judiciales criminales propiamente tales. Eso, obviamente, permite que se hagan seguimientos, chantajes y otro tipo de cosas incorrectas respecto de personas que siempre han sido inocentes.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, es interesante escuchar a los colegas referirse a este proyecto con tanto entusiasmo y ganas de mejorarlo.
Muchos dicen que se vuelve a la detención por sospecha, que habrá muchos problemas, pero los verdaderos afectados somos los parlamentarios de las regiones Novena y Cuarta.
Cuando se trató por primera vez este proyecto para introducir algunas modificaciones al sistema, me alegró que el señor ministro me dijera: “Diputado, hemos acogido gran parte de lo que usted propuso en su intervención y hemos averiguado lo que ha dicho que está ocurriendo en la Novena Región”.
Cuando se vive en una región que ha sido piloto, pionera en la aplicación del sistema, se pueden ver los efectos de esta reforma procesal penal.
Nos alegramos de que esta reforma, que se aplicará en el resto del país, sea modificada en los aspectos en que ha presentado problemas, porque, como estaba concebida, favorecía mucho más al delincuente que a la persona decente. 
Hubo casos extremos. Por ejemplo, en nuestras comunas muchas veces se pillaba al delincuente, pero cuando los afectados presentaban la denuncia a Carabineros y llegaban a la casa del ladrón, éste decía: “¡Qué bueno que llegó, vecino! Le teníamos guardadas las cosas que usted me encargó”. Los carabineros quedaban sorprendidos y el que había entrado a la casa del vecino a robar, permanecía libre.
Estas situaciones, que parecen ridículas, se veían a cada instante en la Novena Región. Por ejemplo, cuando a un pequeño agricultor le robaban un animal o cualquier cosa y concurría a efectuar la denuncia, Carabineros le preguntaba:
“¿Tiene sospechosos?
“No”.
“¿Sabe quién fue?”
“No”.
“Desgraciadamente, no podemos hacer nada”.
Cuando advertimos al ministro lo que estaba pasando, no lo hicimos por molestar o boicotear la reforma, sino para que se hicieran las correcciones del caso. Por eso, nos alegra enormemente que hoy se discutan estas modificaciones. Esperamos que nuestros colegas entiendan que nuestra intención no es boicotear la reforma procesal penal, sino corregirla y mejorarla para que, cuando entre en vigencia en el resto del país, los problemas se hayan subsanado.
Ése es el fondo del asunto. No nos interesan otras cosas: las huellas dactilares, los dossier, el señor que está bajo sospecha ni la situación de Las Condes. No. Aquí no se trata de razas, clases sociales o cosas raras. Lo que hemos constatado es que la reforma procesal penal ha perjudicado sobre todo a las zonas lacustres, porque la mayoría de los delincuentes se trasladó a esos sectores debido a la tremenda facilidad para salir libres. En consecuencia, la justicia los está favoreciendo.
Señor Presidente, por su intermedio felicito al ministro de Justicia y me alegra enormemente que haya tomado en cuenta nuestras aprensiones. Ojalá que el próximo paso sea dotar al país de más comisarías, más carabineros y mejor implementación para enfrentar estos problemas. Queremos un país tranquilo, que dé garantías de seguridad, para lo cual el ministro siempre podrá contar con nuestro apoyo.
Agradezco al ministro haber acogido algunas de nuestras sugerencias y anuncio mi voto favorable al proyecto, pues tiende a subsanar las deficiencias de la reforma procesal penal.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, valoro las enmiendas introducidas al proyecto para modificar el Código Procesal Penal.
Es efectivo que la Cuarta Región, como zona piloto de la reforma, ha sufrido una serie de situaciones anómalas, debido a que existen algunas falencias que ahora se corregirán. Es importante que el Gobierno, en especial el Ministerio de Justicia, haya recogido las inquietudes planteadas y que vayamos en la línea correcta.
Aún quedan cosas pendientes. Para complementar la aplicación de la ley es necesario que el Gobierno envíe un proyecto que establezca la edad de discernimiento, a fin de castigar a los jóvenes que delinquen. Es sabido que la Cuarta Región ha sido invadida por delincuentes que se sienten con garantías para cometer sus fechorías, los que están usando a jóvenes para perpetrarlas. Por eso es muy importante revisar el problema sobre la edad del discernimiento, la cual debiera disminuir. De lo contrario, continuarán las situaciones que se presentan con el tráfico de drogas y los delitos menores, como hurto y robo, que son los que más afectan y atemorizan a la población, a la gente honesta y de esfuerzo, que se ve obligada a dejar sus hogares para trabajar sin que exista el suficiente resguardo policial para prevenir la comisión de delitos.
Me parece importante apuntar en esa dirección a fin de complementar la reforma, cerrar el círculo a quienes no respetan las normas que nos hemos dado como sociedad y que se castigue a los infractores como corresponde.
Es difícil para la autoridad aceptar que los delincuentes queden en libertad a las pocas horas de haber sido aprehendidos. No deseo ahondar en el tema porque ya otros señores diputados se refirieron a él, pero deseo destacar que con los menores sigue existiendo el problema: se burlan de la autoridad y las pandillas han proliferado últimamente porque se sienten intocables.
Si lográramos solucionar ese problema, habríamos avanzado bastante en dar tranquilidad a la gente honesta y de trabajo.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, para quienes no somos abogados y no contamos con la preparación jurídica suficiente para entender algunas de las disposiciones del proyecto, pero tenemos la responsabilidad de votarlo, nos parece obligatorio proceder con el mayor grado de comprensión posible.
Por lo mismo, por su intermedio deseo hacer algunas consultas al diputado señor Sergio Elgueta, informante del proyecto, y eventualmente al ministro de Justicia, respecto de las disposiciones que se someten a nuestra consideración.
En la Séptima Región del Maule, uno de cuyos distritos represento, hace pocos meses comenzó a aplicarse esta revolucionaria modificación de los procedimientos penales, impulsada por el Gobierno a través de una reforma tan importante como la que el país conoce.
Tal como lo señaló la diputada señora Pía Guzmán, no obstante el acuerdo general con que el país acogió la reforma, en su aplicación inicial se han verificado algunas insuficiencias. Una de ellas se relaciona con la primera pregunta que deseo hacer al diputado señor Sergio Elgueta.
En el número 1 del artículo único del proyecto se señala que el fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima.
Voy a poner un ejemplo concreto, que puede repetirse en otros lugares del país, para explicar el sentido de mi pregunta.
Hace pocas semanas, en la capital de nuestra región, en plena aplicación del nuevo procedimiento penal, en un vehículo de la locomoción colectiva falleció una joven, asesinada por un sujeto sentado más atrás, que portaba un arma. La joven recibió, sin causa aparente, un disparo en la cabeza y falleció casi instantáneamente. Iba acompañada por una hermana que quedó con un shock extremadamente severo, debido al impacto que le puede causar a cualquier persona a quien le asesinen, de un momento a otro, un familiar sentado en el asiento contiguo, sin mediar conflicto aparente de ninguna especie.
No obstante las demandas de la familia, hasta el momento la fiscalía o el nuevo procedimiento en aplicación no ha tomado ninguna medida para reparar el daño ocasionado, en este caso ya no a la víctima directa, quien resultó asesinada y no está entre nosotros, sino a sus familiares directos.
Entonces, la primera pregunta concreta es la siguiente: cuando se dice que el fiscal deberá promover medidas cautelares u otros procedimientos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima cuando el resultado es de muerte, en su esencia, no existe reparación alguna o a sus familiares directos, me imagino que se está hablando de cómo acoge la justicia, y ante procedimiento, eventuales daños que sí pueden ser reparados a quienes han sufrido los efectos directos del delito que se está investigando.
Señor Presidente, por su intermedio deseo consultar al diputado señor Elgueta, especialmente versado en estos temas, además de informante del proyecto, si es posible que la disposición en comento tenga algún alcance en el sentido señalado. ¿Qué acogida, como medida de reparación o cautelar, pueden tener quienes han sufrido el efecto directo de un delito cuando la víctima fallece y no es posible reparar el daño causado? Me refiero a los padres y hermanos que han sufrido efectos muy traumáticos a causa del delito que se está investigando.
La segunda consulta tiene que ver con disposiciones distintas del artículo 85. En el número 4 del proyecto se introducen diferentes modificaciones.
Ante una preocupación expresada por el colega Andrés Palma, el diputado señor Espina puso un ejemplo que para todos es evidente, y para quien no es conocedor de estos temas ni abogado resulta más o menos obvio, aun cuando, a lo mejor, el sentido común no indica exactamente lo que señalan las leyes: que frente a un delito flagrante hay autorización para que los policías actúen en el acto. Si en la calle una persona amenaza a otra con arma blanca, la policía tiene autorización incluso antes de esta modificación para detenerla. Si no fuera así, estaríamos frente a un problema muy delicado.
Solicito al diputado informante que aclare qué sucede cuando una persona está cometiendo un delito y no preparándose para cometerlo. No sé qué significa esto último, salvo cuando en esa preparación resulte evidente que está con un arma blanca amenazando a otra persona, lo que ya constituye delito. Incluso, no necesita causarle daño. La persona está cometiendo un delito con sólo exponer el arma y amenazar a un tercero con la misma en la vía pública. Si eso constituye efectivamente un delito, entiendo que la policía está autorizada para actuar en el acto. Si no es así, sería interesante que se nos explique el concepto de “prepararse para cometer un delito”, porque no queremos dar carta blanca para que los delincuentes actúen y amenacen a la sociedad como ocurre muchas veces, pero tampoco deseamos caer en el otro extremo, situación que también fue eliminada cuando se aprobó un proyecto, con alto quórum de votación, relativo a jóvenes con pelo más largo de lo acostumbrado que, por usar prendas poco comunes para un cierto estereotipo cultural o tener conductas poco usuales, pero en ningún caso delictivas, eran detenidos masivamente por sospecha. O sea, no debe haber carta blanca para los delincuentes que se organizan para cometer delitos, pero tampoco represión indiscriminada, perniciosa, en contra de los jóvenes que usan pelo largo, aros o vestimentas especiales que a alguno de nosotros o a los organismos policiales les puede generar una u otra opinión, pero que no constituye ni preparación del delito ni riesgo alguno para la seguridad de las personas.
Como el diputado señor Elgueta no sólo es muy versado en esta materia, sino que tiene una particular sensibilidad, creo que nos puede aclarar el alcance de las disposiciones del artículo 85. Si se está reponiendo de una manera distinta la detención por sospecha, estaríamos volviendo, en forma prejuiciosa, sobre un tema que ya se discutió. Además, ello quedó en evidencia de manera dramática respecto de los asesinatos de Alto Hospicio, donde hubo una conducta prejuiciosa de los organismos policiales, de algunas autoridades e incluso de nuestros organismos judiciales, simplemente porque quienes hicieron las denuncias en su oportunidad eran personas humildes y sin recursos. Por tanto, es preciso conocer el alcance de esas disposiciones.
Aun cuando reglamentariamente siempre tiene prioridad el ministro para usar de la palabra, estimo que sería prudente que interviniera al final, para recoger las inquietudes de los diputados de todas las bancadas.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, quiero hacer una presentación en el contexto general de lo que estamos planteando.
Desde el punto de vista del análisis técnico que hemos realizado, la reforma, en general, ha sido exitosa. Con el proyecto aprobado en el Congreso hemos logrado mejorar antiguas situaciones del sistema que eran muy complejas. El hecho de que no existiera conocimiento de lo que el juez estaba haciendo y de que las sentencias judiciales se dictaran, a veces, por un intermediario en lugar del juez, se ha resuelto de una manera distinta. Estamos frente a un juicio oral y público, al cual todas las partes, tanto las víctimas como los inculpados, la prensa y cualquier persona pueden asistir y saber cómo se resuelve cada una de las causas y si se actúa dentro del marco legal.
Ése es un cambio de fondo y de estructura demasiado importante. En el proceso inquisitivo antiguo no existía la alternativa de que las partes estuvieran frente al juez y fueran atendidas por él directamente. Ahora, eso se da en las regiones donde está rigiendo el nuevo proceso.
En consecuencia, una persona que ha sido víctima de un delito no se entiende con el actuario, sino directamente con el juez. A las 24 horas, el inculpado debe concurrir ante el juez de garantía, quien le hará las preguntas de rigor de acuerdo con las actuaciones de las distintas instituciones.
Sin embargo, hemos encontrado serias dificultades en una determinada zona de los delitos o faltas menores, que afectan fundamentalmente a la gente pobre como señalaba el diputado señor Aguiló que ha sido objeto de hurto de una suma que, a lo mejor, no es muy significativa, 20 mil o 25 mil pesos. De acuerdo con el código antiguo, cuando una persona de escasos recursos, con un pequeño lugar donde vende especies, sufría hurtos en forma permanente, el inculpado no podía ser llevado al recinto policial, porque sólo ameritaba la citación. Esto ha generado una reacción en la sociedad, pues el hecho de que no actúe la policía en el momento en que se comete este tipo de delitos o faltas que afectan a las personas de más escasos recursos produce una sensación de impunidad. Por eso, ha sido necesario corregir la actuación de la policía y del sistema elaborado por el Parlamento para los efectos de que tenga plena vigencia todo el estado de derecho.
El punto central radica en que hemos construido un sistema con plenas garantías, tanto para la víctima como para el inculpado, las cuales están dadas porque existe un juez de garantía, un fiscal, un defensor y un procedimiento oral y público. Por lo tanto, cuando un señor diputado señalaba que esto era volver atrás, ir en sentido contrario del que habíamos pensado, no es así, sino al revés. Significa confiar en que las instituciones que hemos elaborado deben funcionar dentro del marco que se les ha dado. Por eso, el hecho de otorgar mayores facultades a la policía no significa volver a algo que existía antes, como la detención por sospecha. No tiene relación alguna. Recordarán que por sospecha se podía detener al que estuviera disfrazado o mostrara signos de mal vivir. Aquí simplemente se establece que en el caso del control de identidad porque la práctica nos ha llevado a entender eso, es indispensable que la policía tenga una facultad adicional. Cuando una persona ha cometido o cometerá un delito, como lo ha manifestado el diputado señor Espina voy a explicar cuál fue la relación que él señaló, la policía tiene, además, la facultad de revisarle el equipaje, la ropa o el vehículo. Ello, porque en las regiones donde se aplica la reforma se da el caso de que las pandillas que operan en la calle son denunciadas por un vecino, llega la policía, y esas personas, que conocen muy bien la ley, le muestran el carné de identidad a la policía. Por lo tanto, como no hay posibilidad alguna de revisarlas para saber si llevan armamentos o drogas es decir, si están cometiendo el delito denunciado en forma responsable, la situación queda en nada, la policía debe irse y las pandillas siguen cometiendo actos delictuales en las poblaciones, en las cuales viven las personas más pobres, porque en verdad los más afectados con esas normas no son precisamente las personas con mayores recursos, sino las más modestas; ellas son las que sufren estos actos delictuales en forma permanente.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es entregar esa facultad a la policía, pero de ninguna manera reeditar la detención por sospecha. Insisto en que existen mecanismos de defensa, como el juez de garantía que ejerce esa función.
Ahora bien, el diputado señor Espina tiene razón en un aspecto. Las normas legales no tienen efecto cuando los encargados de aplicarlas no lo hacen con criterio; es indispensable tener criterio en lo que se hace. Por eso estamos trabajando con la Academia Judicial y con los tribunales, no para orientarlos no está dentro de nuestras funciones decirles lo que deben hacer, sino para indicar el correcto sentido de las normas que aprueba el Parlamento. En ese sentido, sin duda, los jueces de garantía tienen que cumplir una función de defensa de la víctima, elemento central en este sistema, pues tiene la posibilidad de ser atendida por una unidad especial y de recibir la protección que el fiscal o el juez determinen; la víctima debe ser reparada o buscarse una reparación. Por eso es tan importante la norma que se incorpora al artículo 6° del Código Procesal Penal.
En general, lo que estamos haciendo es establecer un sistema que nos dé la seguridad de que se está actuando dentro del marco legal, para lo cual se entregan facultades a los órganos que realizan esa actividad. Ahora, si hay una actuación irregular, serán los propios tribunales, la defensa, la fiscalía o el juez de garantía los que tomarán las medidas pertinentes; pero si empezamos a forzar el sistema y no llevamos adelante este proceso, generaremos una respuesta de la ciudadanía que será muy difícil de resolver.
Cuando entregamos a la policía la facultad de detener por determinadas faltas aspecto muy importante, nos estamos refiriendo a lesiones leves, a hurtos, a estafas menores y al lanzamiento de objetos contundentes. Es posible que estas acciones puedan parecer muy menores, pero en muchas poblaciones las pandillas asaltan o tiran piedras sobre algunas casas; sin embargo, la policía no puede intervenir.
Por lo tanto, creemos que las modificaciones que proponemos se encuadran dentro de los objetivos que nos interesan a todos: primero, que el nuevo procedimiento considere elementos cautelares para que la gente se sienta segura; segundo, que si se cometen irregularidades, exista la posibilidad de que ellas sean, de alguna manera, resueltas por el mismo sistema, y, tercero, atender a lo que la comunidad espera de las normas dictadas por el Congreso y el Ejecutivo, para los efectos de que sean cumplidas. Pues bien, esas normas están dentro de ese contexto global, que es indispensable para que este sistema en que hemos avanzado fuertemente y que es irreversible como bien lo señaló la diputada señora Pía Guzmán pueda funcionar, puesto que existen los recursos disponibles. Este año comienza a operar en la Primera, Undécima y Duodécima regiones; el próximo, en otras regiones y, finalmente, en 2004 en la Región Metropolitana. Cuando el nuevo sistema llegue a las ciudades más grandes del país, deberemos tener conjugados los elementos que permitan que tenga el éxito que esperan los parlamentarios, el país y el Gobierno.
Estas modificaciones son importantísimas para el sistema procesal penal, para el desarrollo de las ideas planteadas en el Congreso y para una justicia que es distinta y transparente: si hay problemas, la gente se entera de ellos. Por eso los juicios aparecen en los medios de comunicación, y el público tiene perfecto conocimiento de este nuevo sistema que hoy está operando.
Por último, las reformas planteadas ya fueron discutidas en el Senado y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, y tenemos la certeza de que están dentro del marco global de la reforma procesal penal, que es muy importante para la buena administración de la justicia. Diversos parlamentarios nos han dado una serie de ideas. Los diputados señores Ignacio Walker y René Manuel García, la diputada señora Pía Guzmán, el diputado señor Elgueta y muchos otros que podría mencionar han sido importantes en el estudio de estas materias, es decir, en las nuevas normas que estamos estableciendo, las cuales también serán importantes para el desarrollo de las tareas del Ministerio de Justicia y para llevar a cabo el cometido que la gente espera: que la justicia sea más rápida, clara, eficiente y transparente.
Muchas gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto que introduce modificaciones al Código Procesal Penal con el fin de hacer adecuaciones respecto del control de los delitos menores o faltas y agilizar los procedimientos respectivos.
Hago presente a la Sala que todas las normas contenidas en el proyecto son propias de ley simple o común.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Muñoz (don Pedro), Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Riveros, Rojas, Salas, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Jocelyn-Holt, Palma (don Andrés) y Soto (doña Laura).


VII. PROYECTOS DE ACUERDO.

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE. (Votación).

El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 624.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, no aparece registrado mi voto ni los de los diputados señores Silva y Krauss.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Por existir dudas, se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alessandri, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Delmastro, Encina, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Venegas, Vilches, Villouta y  Walker (don Patricio).


CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR EN INVESTIGADORA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL EN ÚLTIMAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS.

El señor SEGUEL (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 625, de los siguientes señores y señoras diputados: Prokurica, señora Pérez, doña Lily; García, don René Manuel; Pérez, don Víctor; Arratia, Rojas, Krauss, Díaz, Ulloa y Alessandri:
“Antecedentes:
El tema argentino: Con preocupación vemos que en Sudamérica el sistema democrático está siendo fuertemente afectado y quienes participan en política están perdiendo rápidamente su prestigio y la confianza de la ciudadanía, no sólo en las personas, sino también en las instituciones.
El mejor ejemplo de este cuadro lo constituye la República Argentina, donde el país entero se encuentra casi a la deriva, producto del desprestigio de la clase política y de la falta de confianza que el pueblo ha manifestado reiteradamente en sus dirigentes.
Frente a este cuadro de desinterés, la reacción de quienes participan en la actividad política debería ser realizar todos los esfuerzos necesarios para consolidar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, vemos con preocupación que se han desarrollado conductas de clientelismo y de intervención electoral que, lejos de minimizar el desprestigio en que se ha caído, empeora la situación.
En nuestro país, la última campaña parlamentaria se desarrolló en un clima de profundo desinterés y carente de debates sustanciales sobre políticas públicas. El debate y confrontación de ideas, estuvo ausente. En cambio, se recurrió a estas y otras formas de clientelismo que, muchas veces, fueron financiadas con recursos, de los cuales desconocemos su origen.
Esto debería llevar a todos quienes sienten verdadera vocación de servicio público a agotar todas las instancias posibles para evitar que se propaguen estas y otras prácticas que en nada ayudan a la credibilidad y transparencia del sistema democrático. Para ello es indispensable aclarar, primero, si estas prácticas han ocurrido en nuestro país y, luego, tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir.
En ese sentido, creemos necesario constituir una comisión investigadora de todas las denuncias que seamos capaces de recabar, buscando siempre la transparencia y el bien de todos los chilenos, más allá de nuestra filiación política.
La señal entregada a la ciudadanía al conocerse la utilización de fondos millonarios en campañas perjudica gravemente al sistema democrático y cuestiona la credibilidad y honorabilidad de los legisladores electos.
La probidad de las autoridades no debe quedar en tela de juicio ni se debe desvirtuar el sentido real del servicio público y de la vocación política.
Avanzar en esta investigación puede abrir una gran oportunidad para la clase política. Es necesario asumir responsablemente el daño que pueden provocar autoridades y funcionarios públicos involucrados en campañas políticas y, consecuentemente, los parlamentarios debemos actuar decididamente para exigir el establecimiento de normas de control adecuadas y preparar a la ciudadanía para que considere los temas de probidad y ética pública como elementos centrales al momento de decidir sus adhesiones. Además, debemos esforzarnos por lograr que estos temas se transformen en instancias permanentes, sistemáticas y centrales de nuestro ordenamiento institucional, estableciendo una política nacional de ética pública que otorgue rango constitucional a los principios de probidad y transparencia.
Esperamos que este proyecto de acuerdo permita a la Cámara de Diputados avanzar y enaltecer la actividad política, optando siempre por el bien general, buscando el perfeccionamiento de nuestra democracia y estableciendo transparencia en todos nuestros actos.
En base a las consideraciones precedentes someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Constituir la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para que en un plazo de sesenta días se aboque a investigar y establecer conductas de intervencionismo electoral en las recientes elecciones parlamentarias por parte del Estado o de sus organismos, sean éstos servicios públicos, municipalidades, empresas estatales y aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aportes de capital igual o superior al 50%; modalidades de las mismas; nombre de los candidatos que se hayan beneficiado y estimación de su costo.
Asimismo, que la Comisión señalada, en caso de ser pertinente, proponga las modificaciones legales a fin de evitar que en el futuro se incurra en tales conductas”.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lamentablemente, a los chilenos se nos olvidan rápidamente nuestros problemas.
Hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la última elección parlamentaria, y todos sabemos, por comentarios de pasillos y declaraciones aparecidas en la prensa, que la intervención electoral fue muy grande.
Quiero citar algunas declaraciones del diputado Ignacio Walker en una entrevista de la revista “Qué Pasa”. Por ejemplo, señala en forma muy clara: “Perdí frente al senador Ominami, apoyado por La Moneda y por el aparato estatal”. Luego, agrega: “Los gobernadores se transformaron en agentes electorales y los servicios públicos se dedicaron a hacer campaña. En los últimos seis meses hubo una proliferación de proyectos como nunca se había visto en los últimos diez años”.
Para hacer breve mi intervención, sólo quiero decir que no podemos esperar que en Chile ocurra lo mismo que está pasando en Argentina y en muchas democracias de Latinoamérica. Debemos adoptar las medidas necesarias para que el grupo humano que conforma la clase política no siga en franco desprestigio y para que la democracia no se vea afectada por la tremenda intervención electoral llevada a cabo por el aparato estatal, las empresas del Estado y las autoridades que están obligadas por ley a no tomar parte en un proceso electoral. En las últimas elecciones parlamentarias, éstas se volcaron en favor de determinados candidatos, generando una situación que, a nuestro juicio, es muy grave, puesto que desprestigia la actividad política.
El proyecto de acuerdo que hemos presentado está firmado por diputados de todos los sectores políticos y tiene por objeto constituir a la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social en investigadora, a fin de que determine la magnitud de la intervención electoral y a quiénes benefició.
Por lo tanto, pido a la Sala que apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.- Señor Presidente, ¿cuáles son las razones en virtud de las cuales concurrimos al patrocinio de este proyecto de acuerdo del cual es autor el diputado señor Prokurica? No tenemos la convicción moral ni legal de que se hayan producido efectivamente los hechos denunciados. Sin embargo, nos parece que éstos son de tal gravedad que corresponde que la Cámara haga uso de sus facultades.
Como en pocas oportunidades, las facultades de investigación y de fiscalización efectuadas aquí, en la instancia propiamente parlamentaria en este caso, radicadas en una comisión permanente, tienen un efecto y un significado político. De hecho, si efectivamente se comprobara que existieron tales prácticas, tal como se ha denunciado en la prensa y en este hemiciclo, entonces las bases de la democracia electoral se verán afectadas.
Lo mismo ocurre con la otra punta del hilo que debemos desentrañar: el desborde de los gastos electorales, pues no sólo interesa saber si efectivamente hubo intervención por parte del Gobierno, sino que también se debe establecer un coto al enorme desborde de los gastos electorales, que están conduciendo a que los procedimientos electorales se transformen simplemente en una especie de licitación para acceder a cargos de carácter político.
Esas fueron las razones por las que adherimos al patrocinio de este proyecto de acuerdo y por las que, naturalmente, concurriremos a su eventual aprobación.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, en nombre de las bancadas de los partidos Radical Social Demócrata, Socialista y del Partido por la Democracia, quiero señalar que nuestra voluntad es apoyar la más amplia investigación, y no sólo la de carácter restrictivo que propone este proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, estamos totalmente dispuestos a apoyar cualquier otro proyecto de acuerdo que signifique, incluso, fiscalizar las campañas financiadas con recursos privados. Queremos que se apoye la propuesta que hemos elaborado para modificar el artículo 48 de la Constitución Política, que obliga en forma estricta a la Cámara de Diputados a fiscalizar sólo los actos de Gobierno, pero no los de las empresas privadas que han financiado campañas electorales de diputados, quienes, a la hora de votar, no se han inhabilitado.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Estas bancadas quieren saber cuál fue el financiamiento de empresas del sector eléctrico recibido por aquellos diputados que el martes 4 de mayo de 1999 pidieron que no se les cobrara multa. Los diputados de estas bancadas queremos preguntar por qué los autores del proyecto de acuerdo no participaron cuando propusimos una legislación que garantizara transparencia en el gasto electoral. Ahí estaban los diputados  Alessandri, Bertolino, René Manuel García, Lily Pérez, Víctor Pérez, Vilches, Rojas, Díaz, Rosauro Martínez y otros.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- ¡Por favor, señores diputados!
Puede continuar su Señoría.
El señor HALES.- Señor Presidente, entiendo que los colegas no quieran escuchar mi argumentación.
Los invitamos a apoyar un proyecto de ley no un proyecto de acuerdo que garantice transparencia en el gasto electoral. ¿Por qué los 115 diputados que figuraron como asistentes a la sesión celebrada el martes 16 de enero de 2001 no concurrieron con sus votos cuando había que decidir respecto del límite y el control de los gastos electorales?
Nosotros no queremos limitarnos a este proyecto de acuerdo, sino que concurrir con nuestro voto para poder fiscalizar a las empresas privadas. Deseamos participar y que se sepa qué honorables diputados votaron en contra de las protecciones que establecía el proyecto que modificó la ley de Pesca y que recibieron financiamiento de las empresas pesqueras. ¿Acaso se inhabilitaron de votar las restricciones legales establecidas para las empresas pesqueras?
¿Acaso se inhabilitaron cuando se trató de controlar a la mafia del IVA y se votó la reforma tributaria? ¿Hay colusión de intereses?
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Queremos que se investiguen estos temas en forma amplia. En nombre de nuestras bancadas quiero preguntar por qué algunos diputados votaron en contra de la salud pública y a favor de las isapres; quiero saber si estos parlamentarios que no defienden la salud pública reciben financiamiento de las isapres. Queremos que el país sepa estas cosas, pero no mediante una investigación sesgada y restringida; no queremos que se conozca sólo un “pichintún” de la verdad, sino toda la verdad. ¡Queremos conocer la verdad completa!
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Entiendo que algunos quieran instalar un festival de la denuncia, sin importar...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- ¡Ruego a los señores diputados guardar silencio! Hemos escuchado con respeto a todos los oradores.
El señor HALES.- Señor Presidente, le pido que amoneste a quienes me interrumpan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 85 y 91 del Reglamento de la Corporación sobre el uso de la palabra.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Garantícenme el uso de la palabra! ¡En el régimen democrático se garantiza el derecho de uso de la palabra, honorables diputados de la Derecha! ¡Escuchen mis argumentos, aunque no les gusten! ¡Queremos que se sepa toda la verdad!
Los colegas saben que las comisiones investigadoras no tienen facultades para investigar los financiamientos privados. Cuando se diga que a un diputado lo financió alguna empresa privada, quiero que me prueben que ese parlamentario se restó y no votó determinado proyecto. No obstante, aquí veo en la lista a todos los diputados de la UDI y a muchos de Renovación Nacional que dijeron que no querían que las empresas eléctricas pagaran multas; en cambio, un pobre carretero al cual le pasan un parte en un camino rural, sí tiene que pagar.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- ¡Ruego a los señores diputados guardar silencio!
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no entiendo por qué se apresuró en apagar el tablero electrónico, porque aparecen votando seis diputados que no lo hicieron.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Voy a pedir que me traigan la lista de los votantes.
Se suspende la sesión y pido a los diputados que no salgan de la Sala ni entren en ella.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión.
El Presidente de la Cámara en ejercicio tiene duda sobre el resultado de la votación y, en conformidad con el artículo 152 del Reglamento, ella se repetirá.
En votación. 
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación. 
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- No se ha alcanzado el quórum. Se requieren 40 votos. 
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Krauss, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Vargas y Vilches.


VIII. INCIDENTES

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS EN EL TRAMO TALCACHILLÁN DE LA RUTA 5 SUR Y ALZA DE PEAJE EN EL CAMINO A BULNES. Oficios.

El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Corporación respecto del incumplimiento de gran parte del contrato de construcción de obras anexas en el tramo de la Ruta 5 Sur que une Talca y Chillán, que benefician fundamentalmente a los vecinos de las distintas localidades aledañas. A pesar de que ya se está cobrando peaje en ese tramo de la carretera, faltan las calles de servicio, pasarelas, cruces.
Hay algo aún más grave. Existe el compromiso de construir aparcaderos para que los choferes, especialmente los de transporte de carga, tengan lugares de descanso, dado que el Código del Trabajo no les permite manejar más de cinco horas continuas. No obstante, ni siquiera he visto uno.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que informe a esta Corporación por qué no se ha cumplido con el compromiso de construir las calles de servicio, paradas de buses, aparcaderos, cruces, pasarelas, en fin, que son fundamentales para la gente que vive en los distintos sectores del tramo que he señalado.
Por otra parte, también solicito que ese ministro informe en qué se basó el alza del 33,3 por ciento del peaje del camino viejo que une Bulnes y Concepción, comuna de Quillón. Se pagaban 300 pesos y ahora 400 pesos.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


PRECISIONES RESPECTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER.

El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que ha conocido la opinión pública en estos días, cuya votación está pendiente en el Senado. Me refiero al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer.
Al respecto, hemos sido testigos de las interpretaciones equivocadas que existen en relación con la Convención y sus contenidos, lo que ha llevado a muchos señores senadores a decir que la votarán en contra.
Esta Convención fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por nuestro país diez años después, en 1989, durante el gobierno dictatorial del general Pinochet.
Los contenidos de la Convención son claros y precisos. Crea un comité encargado de supervisar la aplicación de los derechos establecidos en ella, y sus contenidos tienden a eliminar la discriminación de la mujer en varios planos.
Una de las equivocaciones expresadas por algunos sectores está relacionada con el concepto de maternidad. Nos preocupa que el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, tenga una concepción errada de la Convención. Esta es muy fuerte en la protección de la maternidad como función social, y en el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de los hijos. Además, constituye un avance en términos de impedir la discriminación en contra de la mujer por razones de matrimonio y de maternidad.
Asimismo, se preocupa de que los gobiernos de los diferentes países establezcan medidas bastante fuertes y claras para proteger el amamantamiento del niño y el cuidado de la mujer trabajadora embarazada.
Se incurre en otra equivocación cuando se sostiene que queda a voluntad de la mujer un derecho bien importante expresado en la Convención, porque la letra e) del artículo 16 consigna que existen los mismos derechos entre hombres y mujeres a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, el intervalo entre los nacimientos y tener acceso a la información, la educación y los medios para ejercer estos derechos.
A mi juicio, detrás de estos errores hay fantasmas respecto de que con la aprobación del protocolo, que trata sólo lo que expresa la Convención, se establecerá en el país el derecho al aborto.
Con claridad y responsabilidad quiero decir que en ningún acuerdo internacional se reconoce el derecho al aborto. Es más, hay expresas indicaciones en términos de que el aborto no es un método anticonceptivo, porque la letra e) del artículo 5º se refiere a la planificación familiar y al control de la natalidad.
Entonces, esta interpretación errada del derecho a planificar la familia, sumada a la equivocada aplicación del concepto de género, me hace preguntarme en qué mundo vivimos, cómo se pueden producir errores tan grandes. Se ha planteado que el género, concepto sociológico para estudiar la discriminación de la mujer, llevaría a la elección de una sexualidad de tipo heterosexual, homosexual, lésbica o transexual. Se trata sólo de un concepto sociológico. En ninguna parte de esta Convención, que nos obliga, ni en ningún acuerdo de conferencias internacionales se define de esa manera el concepto de género.
Además, la ciencia ha comprobado que las orientaciones sexuales no se dan por elección, pues son determinadas por la biología. Las últimas investigaciones científicas señalan que la homosexualidad, femenina o masculina, existe en un porcentaje de la humanidad que nace con esa orientación sexual.
Por ello, duele mucho que estas concepciones equivocadas de muchos senadores, por no haber leído o estudiado a fondo la materia, deje fuera a las mujeres chilenas de la defensa de un protocolo cuyo propósito, después de agotadas las instancias nacionales, es acudir no a un tribunal, sino a un comité, cuya única facultad es recomendar a los países el respeto a la no discriminación, derecho consagrado en su instancia jurisdiccional. Hoy, como no existe esta posibilidad en la Convención, mujeres chilenas han reclamado ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Con la no aprobación de este protocolo, ¿queremos dejar a la mujer en la más absoluta indefensión? Todas las convenciones de las Naciones Unidas tienen un protocolo facultativo. En este caso específico, no hay tribunales, sino un comité.
Un poco por impotencia, quiero preguntar: ¿cómo es posible que interpretaciones de este tipo lleven a equivocaciones de tal magnitud para restar a más de la mitad de la población de Chile un derecho con que cuentan las mujeres de otros países? Si el Senado no aprueba la Convención, no tendremos cara para presentarnos en las conferencias internacionales. Es una vergüenza que la mujer chilena quede interdicta, en circunstancias de que un número importantísimo de países ya la han aprobado; en otros, está en proceso de ratificación.
Hago un llamado a los senadores a pensar en los derechos de más de la mitad de la población, que ayudó a elegirlos. Sería vergonzoso, un bochorno para el país y un atropello a los derechos de la mujer chilena la no aprobación de esta Convención.
He dicho.


DEFENSA DEL SECTOR AGROPECUARIO.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, a cuyo Comité le restan tres minutos.
Si le faltara tiempo a su Señoría, el diputado señor Navarro me comunica que le concede tres minutos del Partido Socialista. Además, yo le cedo cinco minutos del tiempo que le corresponde a la bancada de la Democracia Cristiana.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, agradezco los minutos cedidos.
Desde hace mucho tiempo, vengo defendiendo nobles causas en este hemiciclo. Entre ellas, el desarrollo del campesinado y, en general, la búsqueda de amparo para la agricultura tradicional, que desde hace décadas vive los embates originados por el espejismo del libre comercio.
Repetiré lo que he dicho en otras oportunidades y que hoy considero procedente ante la crucial situación que vive el país hermano de Argentina.
No debemos caer en la ingenuidad o en el dogmatismo económico. Todos los países protegen, en mayor o menor medida, al sector agropecuario, en especial al lácteo, con subsidios directos o indirectos. Está de más señalar que, a través de artificios, los países desarrollados protegen su sector productivo con cajas verdes, amarillas o rojas, que son las que permite la Organización Mundial de Comercio.
Hoy, cuando la crisis más profunda de su historia contemporánea tiene a la República Argentina al borde del despeñadero, surgen perversos efectos para Chile, que ni siquiera habíamos pensado, y que no sólo dicen relación como algunos medios capitalinos dan a conocer con el hecho de que empresas chilenas pierdan sus inversiones al otro lado de los Andes, sino que, muy especialmente, con la nueva “capacidad” exportadora del país vecino.
Si Argentina exportaba a Chile en tiempos de bonanza con precios subsidiados y depredatorios en algunos casos, ejerciendo una competencia desleal, hoy lo haría con mayores ventajas como consecuencia de su tipo de cambio altamente conveniente.
En este esquema, a juicio de aquellos que entendemos al campesinado y a la agricultura tradicional, se hace indispensable, respecto del pernicioso Mercosur, recurrir a una institución de derecho internacional, como la cláusula del cambio fundamental de la circunstancia, que permite dar por terminados acuerdos o tratados internacionales cuando las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de celebrarlos cambian de manera esencial.
Lo que digo para muchos será difícil de entender, pero hoy los campesinos modestos, los agricultores del sur, que de alguna forma ven menoscabado lo que en economía significa un factor de vida, piden anteponer los intereses de la patria a cualquier otro tipo de consideración. Así se explica la solicitud de recurrir a esa institución de derecho internacional, que nos permitiría una revisión en lo relativo al Mercosur.
De tanto decirlo parece que ya no nos escuchan. Muchas veces hemos reclamado en esta Sala por las deficiencias existentes en el sector, por la carencia de una política agraria sé que está en estudio y por que se considere al pequeño propietario agrícola por sobre cualquier consideración económica.
Requerimos mejorar el programa que permite subsidios a la fertilización de praderas, por ejemplo. Necesitamos que, en verdad, los recursos del Indap lleguen a los campesinos modestos y no se estanquen en cuestionables situaciones vividas hace un tiempo no muy lejano. Sé que se están corrigiendo los terribles errores cometidos.
Por eso se requiere la ley de rotulación de los productos del agro, y especialmente de la leche; necesitamos que la transferencia tecnológica sea real y no sólo aparente, como es hoy en muchas partes del territorio nacional. 
Esta posición es la que el sector agrícola del sur, a cualquier costo, con celo renovado y energía revitalizada sostiene hoy. También es la consecuencia del apoyo ciudadano que hemos obtenido los diputados sureños que defendemos el agro y estamos con el campesinado.
He dicho.


ASIGNACIÓN DE BONOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FAMILIAR CAMPESINA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, reconozco que se han producido dos hechos importantes en cuanto a lo que voy a denunciar a continuación.
En primer lugar, en la sesión de esta mañana la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión para investigar la intervención electoral por parte de organismos del Gobierno, la cual significó, en la elección parlamentaria recién pasada, destinar cuantiosas sumas de dinero del presupuesto público para apoyar a candidatos de la Concertación. Creo que el trabajo de esa comisión permitirá hacer claridad respecto de un hecho que ha sido denunciado en todas las regiones.
En segundo lugar, adicionalmente recojo las palabras del colega Enrique Jaramillo, en el sentido de que a aquellos que representamos regiones agrícolas nos preocupa la situación del pequeño y mediano agricultor. Aspiramos y anhelamos que las instituciones del Estado, creadas precisamente para apoyar a los pequeños agricultores, puedan actuar con eficacia para que los recursos que se les confían puedan llegar en forma oportuna a los agricultores, a quienes queremos ayudar.
En esa dirección, coincidiendo con el propósito del diputado señor Jaramillo y de quienes representamos zonas agrícolas, deseo denunciar un hecho que reitera lo que hemos sostenido desde hace ya un tiempo respecto del Indap: el mal uso que ha dado a los recursos que el Estado le asigna para destinarlos a los programas de ayuda a la pequeña agricultura, así como también a la orientación claramente política que ha dado a su accionar.
Quiero denunciar una intervención de la cual hemos sido testigos en la última elección parlamentaria por parte del Indap. De acuerdo con antecedentes que tenemos, sólo en cuatro regiones del país, en la Séptima, la Octava, la Novena y la Décima, se entregó a cada pequeño agricultor, bajo la forma de un bono de producción agrícola familiar campesina, un subsidio de cien mil pesos, que totalizó 2.985 millones de pesos durante los meses coincidentes con el período de la campaña electoral.
Sin cuestionar la utilidad de ese bono ni su merecimiento por parte del pequeño agricultor, sino que el momento, la forma, la orientación política, clara y precisa, que se dio a su entrega, manifestamos en esta Cámara que es inaceptable utilizar estos procedimientos por parte del Indap, en cuanto a intervenir en una campaña electoral a través de recursos que el propio Congreso ha puesto a su disposición para que sean distribuidos entre los pequeños agricultores.
Después de haber leído ayer, en el diario “La Segunda”, una declaración del director nacional del Indap, don Ricardo Halabí, quien plantea la necesidad de reestructurar el Indap y corregir los errores del pasado, aquellos que han sido investigados por la Comisión de Agricultura constituida especialmente para clarificar una serie de irregularidades graves comprobadas en el manejo de recursos públicos al interior de dicho organismo, cuyo informe está a punto de ser entregado a esta Sala y en el que se concluye, categóricamente, la existencia de dichas irregularidades. Ahora el mismo director reconoce que esos errores no se volverán a cometer. ¡Pero si bajo su misma dirección se ha efectuado la grave intervención electoral que denunciamos! No es posible que los cambios que se proponen puedan ser liderados por las mismas personas que han cometido estos graves errores.
Por esa razón, solicito que se oficie al señor ministro de Agricultura para que informe a esta Cámara sobre la cantidad total de bonos de producción agrícola familiar campesina que entregó el Indap en todo el país, en forma detallada y desglosada, mes por mes y región por región, durante el año 2001.
Además, pido que el señor ministro nos dé a conocer el detalle de las partidas presupuestarias correspondientes al subtítulo 25 del presupuesto del Indap de 2001, con el fin de determinar en qué ítem de dicho subtítulo fueron cargados los recursos que se utilizaron para entregar los referidos bonos. Asimismo, que nos informe de manera detallada, ítem por ítem, el nivel de ejecución presupuestaria que ha experimentado cada uno de los ítem del subtítulo 25 en el presupuesto de ese organismo, mes por mes, durante el año 2001. Finalmente, solicito que nos informe acerca de las modificaciones presupuestarias que se realizaron en cada uno de los ítem del subtítulo 25 del presupuesto del Indap, principalmente durante el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2001.
Adicionalmente, quiero que se oficie al señor contralor general de la República para que investigue en el Indap si los bonos de producción agrícola familiar campesina, que otorgó durante el año 2001, estaban considerados en algún ítem preciso y si los recursos destinados para ese efecto corresponden a lo presupuestado. Si no fuera así, que nos señale las modificaciones presupuestarias que realizó ese organismo público en el subtítulo 25 para completar los recursos que se destinaron al bono mencionado.
Esta información constituye un antecedente que probablemente será muy útil para la comisión investigadora.
Queremos dar transparencia a la labor del Indap y colaborar en las transformaciones que necesariamente se requiere hacer allí con el fin de que los recursos se utilicen con eficacia, eficiencia, de manera que lleguen en verdad a los pequeños agricultores que los necesitan, en especial como lo dijo con claridad el diputado señor Jaramillo cuando nuestra agricultura tradicional del sur pasa por momentos muy críticos. Se agrega a ello, lamentablemente, la crisis que afecta a Argentina, la cual traerá como consecuencia graves repercusiones en la economía de nuestras regiones sureñas, y particularmente en la actividad agropecuaria.
Por eso, reitero algo que hemos pedido en tantas oportunidades a través de proyectos de acuerdo y de peticiones formales de diputados que representamos regiones agrícolas, cual es la necesidad de implementar, de una vez por todas que el Gobierno asuma ese liderazgo y responsabilidad, un mecanismo de estabilización del precio de la leche, en especial ahora que el rubro se ve amenazado por la grave situación económica que vive el vecino país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, y, para mayor claridad, se adjuntará el texto de su intervención.


INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIONES Y REANUDACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE EMPLEO. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno correspondiente al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda uno de los problemas que más preocupa a cientos de miles de chilenos es el relativo al empleo.
Hemos conocido declaraciones del subsecretario del Trabajo, Yerko Ljubetic, a “El Diario” publicación sobre temas de economía, en el sentido de que el Gobierno implementará nuevos programas para enfrentar el problema de la cesantía. Ese dato es significativo, puesto que el personero ratifica los 150 mil empleos que ofrecerá el Gobierno, por gestión propia, durante el año 2002, adecuando y haciendo modificaciones a fin de obtener no sólo mayor productividad económica, sino también rendimiento social.
El subsecretario señaló que se garantizará que los programas sean efectivamente para jefes de hogar que están cesantes. Además, hay evaluaciones que indican que en programas municipales no se ocuparon cesantes, sino fuerza laboral, sobre todo gente que trabaja por primera vez. Eso es efectivo.
Pido oficiar al ministro del Trabajo para que haga llegar copia de dichas evaluaciones a fin de poder corregir esa situación que, además, nos obliga a tener programas para personas que buscan trabajo por primera vez. Es cierto que los jefes y jefas de hogar requieren atención, pero también es necesario incorporar al trabajo a los jóvenes que salen al mercado laboral por primera vez, porque en caso contrario se produce un círculo vicioso. Como no tienen la experiencia requerida, nunca serán contratados. Este círculo vicioso hay que romperlo.
Asimismo, pido que el ministro nos informe sobre si existen estudios o programas que, aunque tengan la calidad de pilotos, signifiquen empleos para personas que buscan trabajo por primera vez, por cuanto, si se sigue aplicando este mecanismo absoluto, sólo dirigido a quienes han quedado cesantes, o sea, contra la presentación del finiquito, lamentablemente tendremos un problema social adicional y, en cierto modo, discriminaríamos en contra de miles de jóvenes que están esperando un empleo. Pero esos empleos deben ser de calidad y, como lo ha anunciado el subsecretario, en su creación deben participar los sectores público y privado.
Al respecto, hay que apoyar a las microempresas para que den trabajo, ojalá con continuidad. 
Quiero que se nos informe sobre los estudios y evaluaciones realizados, acerca de qué se hizo con los programas municipales y, en particular, que se nos detalle en qué mes del año entrarán en vigencia esos programas y en qué municipios, porque el Presidente Lagos dijo algo que hay que cumplir: los empleos deben tener continuidad, porque la gente come en enero, en febrero y en marzo, mes este último en el cual la situación se complica. Por lo tanto, deseamos que esa promesa se cumpla. Tengo la certeza absoluta de que así será. 
Quiero saber, por lo tanto a lo menos en relación con comunas de la provincia de Concepción, donde seis de ellas pertenecen a mi distrito, cuándo se reanudarán los programas, cuáles tienen continuidad y cuáles no, y si los trabajadores contratados anteriormente seguirán prestando servicios y a partir de qué día. Esto es muy importante porque si no tenemos una respuesta clara, aunque no sea la que esperan los trabajadores, habrá movilizaciones. Es así como, por lo menos en la Octava Región, varios de los sindicatos de trabajadores puesto que se han agrupado, haciendo uso de su legítimo derecho a sindicarse anunciaron movilizaciones porque existe un ambiente de incertidumbre. 
Debemos hacer claridad y dar tranquilidad, aunque nos duela decir que algunos programas bajarán transitoriamente. Ese detalle de los programas de empleo debe ser conocido a la brevedad posible por los parlamentarios, alcaldes y gobernadores.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y Homero Gutiérrez.


INFORMACIÓN ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL. Oficio.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero que se oficie al señor ministro de Justicia a fin de atacar un problema que debe ocurrir en todo el país, cual es el hecho de que las corporaciones de asistencia judicial están colapsadas.
Existen casos, como el de la comuna de Florida, Octava Región, en que el joven Víctor Manuel Muñoz Reyes, fue detenido en El Manzano el 26 de julio de 2001 por un denuncio de robo de casaca. Sin embargo, transcurrido un mes se levanta dicho cargo, pero sigue preso, por cuanto los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial no han tenido la posibilidad de realizar el trámite de pedir su libertad o excarcelación.
Lo mismo ocurre con el señor García, recluido desde el 19 de diciembre de 1998 por robo de animales. Se establece una fianza que debe ser tramitada para que pueda obtener su libertad. Esta situación se repite en todo el país.
Insisto en que las corporaciones de asistencia judicial están colapsadas. Tienen una cantidad de casos que hace imposible un adecuado seguimiento de cada uno de ellos. 
Por lo tanto, pido que se oficie al señor ministro de Justicia para que nos informe sobre cuántos abogados tiene en cada una de las trece regiones, incluyendo la Metropolitana, y señale el número de causas mensuales y anuales que registra la Corporación de Asistencia Judicial desde los años 90 a 2000 y las asignadas a cada abogado que participa en dicha Corporación, a fin de determinar si esa carga de trabajo es real o no, porque los abogados pueden ser ágiles, jóvenes, empeñosos, con mucha voluntad, pero es imposible que una carga de 300, 400, 500 ó 600 causas sean vistas. Al respecto, nuevamente pido transparencia. Si los parlamentarios estamos mandando a mucha gente de escasos recursos a la Corporación de Asistencia Judicial, espero que tengamos también la franqueza de decirle que ese proceso será largo, lento, engorroso y que, además, su defensa tiene posibilidades de fracasar. 
En ese sentido, deberemos buscar las modificaciones que adecuen el trato con la justicia, de manera que los pobres también tengan acceso a ella.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y Homero Gutiérrez.


ACLARACIÓN DE CONTRADICCIÓN ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y LA EMPRESA METALPAR S.A. Oficio.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por último, quiero señalar que tengo en mis manos la resolución Nº 163, del 28 de abril de 2000, del Servicio de Impuestos Internos, remitida a la Cámara de Diputados mediante providencia Nº 516, de 31 de agosto de 2000, en respuesta a un oficio de fiscalización que el diputado que habla pidió.
Señala que respecto de lo consultado acerca de la efectividad de que los contratos de mutuo celebrados por Inversiones Metalpar S.A. se encuentran afectos al impuesto a que se refiere el artículo 1º del decreto ley Nº 3.475, de 1980, que grava los documentos sobre operaciones de crédito de dinero a la vista o sin plazo de vencimiento, se debe señalar que, visitada la empresa de Inversiones Metalpar S.A., se comprobó que ésta no realiza operaciones de crédito de dinero a través de contratos de mutuos, sino con letras de cambio que respaldan la deuda contraída, además de suscribir aparte un contrato notarial con prenda. En todo caso, esta empresa mantiene un registro de letras de cambio con el detalle de cada una de ellas, suscrita por sus clientes, habiendo pagado por estas operaciones el impuesto estipulado en el artículo 1º, número 3, del decreto ley Nº 3.475, sobre impuesto de timbres y estampillas, mediante formulario 24, folio equis, por un monto, correspondiente al período de agosto de 2000, de 20 millones 225 mil pesos.
El recurso de amparo económico presentado en contra del tesorero general de la República, señor Gianni Lambertini Maldonado, por el abogado patrocinante, señor Jorge Schaulsohn Brodsky, señala, en su página Nº 8 leo textualmente y ésta es la contradicción: “Vemos, entonces, que Inversiones Metalpar S.A. otorga al adquirente del vehículo, para el pago del precio al vendedor, un mutuo por un porcentaje que normalmente asciende, como promedio, al 80 por ciento del valor del vehículo, mutuo que es documentado mediante la suscripción de una escritura y es garantizado en su pago por el mutuario e Inversiones Metalpar S.A. mediante constitución de prenda industrial sobre el vehículo adquirido. El procedimiento anterior es el que Inversiones Metalpar S.A. ha usado hasta la fecha en el ciento por ciento de los financiamientos otorgados para la adquisición de vehículos de transporte de pasajeros y que ha venido usando, como ha quedado dicho escuchen bien, desde hace aproximadamente veinte años”.
O sea, alguien miente. El Servicio de Impuestos Internos fiscalizó y dijo que no había mutuos sino que letras de cambio. A través de un estudio jurídico, la empresa acusa al tesorero general de la República de asociación ilícita, de contubernio con el diputado que habla y con otros diputados, pero reconoce fehacientemente que durante veinte años existen mutuos. Es una contradicción que nos señala una gran incertidumbre respecto del Servicio de Impuestos Internos.
Pido que se oficie al director del Servicio de Impuestos Internos para que aclare los alcances de esta grave contradicción, porque o está equivocado Metalpar S.A. o el Servicio de Impuestos Internos. Aquí alguien miente, porque, en materia de impuestos, no hay ningún privilegiado ante la ley. Ése es el derecho que quiero ejercer a través del oficio que solicito enviar en mi nombre.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda y Homero Gutiérrez.


ALCANCE A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO RECONDO SOBRE OTORGAMIENTO DE BONOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FAMILIAR CAMPESINA.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero referirme a la reciente intervención de un colega de la Unión Demócrata Independiente en relación con la entrega de bonos por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Hago presente que esos bonos fueron otorgados a pequeños campesinos de todo tipo, como lo comprobé en mi distrito. No se diferenció en cuanto a si eran mapuches ni tampoco se hizo distingo sobre su intención política, muchas veces reconocida de algunos de ellos. De manera que quiero hacer una defensa y una aclaración.
Incluso, en el único acto en que me tocó estar presente, en la comuna de Los Sauces, donde concurrió bastante gente, porque también provenía de Purén, vi a muchas personas que notoriamente eran de otras tendencias políticas diferentes a las de la Concertación.
Además, hay que conocer en el terreno mismo la situación de esos campesinos pobres que producen apenas para vivir. Su pobreza, muchas veces, no les permite reclamar con más fuerza un alivio para sus necesidades inmediatas.


FALTA DE SEÑALIZACIÓN CAMINERA EN RUTAS CONCESIONADAS. Oficio.

El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, me preocupa el hecho de que en ninguna parte de los caminos pavimentados que no sólo se están incrementando en forma notoria en mi región, sino también en otras existan letreros, como antiguamente, que indiquen las distancias que faltan por recorrer para llegar a las ciudades más cercanas. Lo lógico sería que las empresas concesionarias por lo menos tuvieran la obligación de ubicar dos o tres de esos letreros, que señalen dichas distancias. Tal vez el lugar más apropiado sería el de las plazas de peaje, que es el lugar donde el conductor debe detenerse para pagar su valor.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe por qué no existe esa clase de señalización, tan necesaria para quienes visitan las regiones.
Los conductores que conocen las distancias hacia el lugar de destino no tienen problemas, pero la situación es distinta para quienes viajan de otras regiones. Instalar dicha señalización sería un forma de facilitar su viaje.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Ojeda, Gutiérrez y de quien habla.


CAMBIOS EN PRECIOS DE COMBUSTIBLES. Oficios.

El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Minería para que nos informen sobre cuál es la razón de que el precio de la bencina cambie todas las semanas. Eso no ocurría antes. Ahora se da el absurdo de que hay diferencias mínimas y de que, a la semana, el precio se vuelve a modificar.
Pido que se nos dé una explicación lógica de por qué el precio varía todas las semanas, en circunstancias de que durante muchos años vivimos sin tantos cambios.
La situación actual genera tensión y preocupación en los propietarios de vehículos, quienes deben informarse constantemente de las modificaciones en los precios de los combustibles.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría con copia del texto del discurso para mejor comprensión de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez y de quien habla.


APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA NACIONAL. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, hace un rato diputados que residen en el sur de Chile se refirieron a dos materias que nos preocupan: el problema avícola y el lechero.
Nuestra lucha radica en defender los intereses de la región y procurar que con nuestras acciones se posibilite de la mejor forma el incremento agrícola y ganadero para que exista progreso y desarrollo económico en la región.
Todos conocemos el problema lechero en el sur de Chile: la baja rentabilidad, la competencia desleal por los subsidios que los países exportadores aplican a los productos lácteos que envían a nuestro país, los bajos precios pagados por las industrias lecheras, fijados en forma arbitraria.
La Fiscalía Nacional Económica había adoptado medidas precautorias para mantener los precios, y básicamente no rebajarlos, pero dichas medidas dejaron de tener vigencia y aplicación por la falta de antecedentes que las justificaran.
La Comisión Nacional de Distorsiones ha intervenido en varias oportunidades para fijar salvaguardias y evitar que los precios del mercado sean menoscabados por los subsidios señalados. No obstante, las medidas aplicadas han tenido efectos muy relativos y precarios, por no decir inocuos.
Es indudable que el objetivo de las salvaguardias no se ha cumplido plenamente, y sabemos que no tendrá efecto alguno mientras no exista un procedimiento estable con efectos permanentes. Por ello, la gran aspiración de los productores lecheros del sur de Chile, generada en la necesidad imperiosa del sector, es que se apliquen métodos o sistemas que corrijan de alguna manera las distorsiones o anormalidades que se provocan en el mercado.
El mecanismo que puede solucionar definitivamente el problema es la dictación de una ley de la leche, cuyo anteproyecto ha sido entregado al Ejecutivo por el sector involucrado, como consecuencia de un análisis de especialistas sobre la materia, de opiniones y de antecedentes necesarios que justifican la dictación de esa ley.
La situación es tan grave como la acontecida en meses anteriores, porque los productores lecheros están en riesgo evidente, fundamentalmente por la crisis económica de Argentina. Todos estamos informados de lo que ocurre en esa hermana república, por cuanto la crisis que la afecta y los problemas generados han provocado una situación prácticamente incontrolable.
La devaluación del peso argentino podría originar un aumento sostenido de las exportaciones de productos lácteos a Chile, y sus precios se ubicarían muy por debajo de lo que ofrece en la actualidad la industria nacional. Sólo en el mes pasado llegaron al país 200 toneladas de leche, cantidad que puede aumentar, lo cual agravará la situación interna de nuestro mercado. No existe actualmente un mecanismo, un estatuto de defensa efectiva contra los mayores flujos del producto, que a la larga pueden provocar un grave daño a la industria local.
Ya conocemos los efectos nocivos de la crisis lechera en el país: cierre de lecherías, cesantía y falta de circulante que sostenga la normalidad de la economía local o de la regional. La solución, como se ha expresado a través de los organismos pertinentes del agro, es la aplicación o fijación de una sobretasa o derecho compensatorio a las importaciones de leche argentina, para proteger a los productores locales ante una eventual internación del producto a un precio más barato, y cuya vigencia se prolongaría hasta que se dictara en nuestro país una ley de la leche que considerara mecanismos permanentes de defensa y resguardo de los productos lácteos.
Además de lo grave de la situación y de los aspectos que he señalado, hay otro también muy relevante reiteramos la denuncia: los efectos negativos para nuestra producción lechera o para la rentabilidad o comercialización en el mercado interno que provocaría la fusión ad portas de las industrias lecheras Nestlé y Soprole, que quieren constituir un solo centro de comercialización y pretenden manejar el 52 por ciento de la recepción de leche y más del 70 por ciento de su venta, constituyendo un monopolio que perjudicaría a productores y consumidores.
Los índices internacionales y de concentración aceptables técnicamente son de 1.800 puntos. Esta alianza es una concentración que funciona sobre los 3 mil puntos y que en algunos productos llega a 5 mil, lo que constituye un exceso y una actitud improcedente e injusta de estos industriales.
Para solucionar el problema lechero, en repetidas oportunidades hemos solicitado acelerar el trámite de dictación de una ley de la leche, que opere permanentemente y de acuerdo con las condiciones imperantes, con sobretasas, cuando se genere un daño evidente en el área de la economía láctea en el país.
Por tanto, pido oficiar al Ministerio de Agricultura a fin de que solicite a la Comisión Nacional de Distorsiones, a la brevedad y con carácter de urgente, la aplicación de sobretasas y derechos compensatorios para evitar el daño a nuestra producción lechera por la llegada de productos argentinos a menor precio y de otros, subsidiados, de otros países, que tanto perjudican nuestra economía.
Asimismo, solicito que se requiera a la Fiscalía Nacional Económica resolver la inamovilidad de los contratos existentes a la fecha, suscritos entre proveedores e industrias lecheras, por la rebaja arbitraria, inconducente, dañina y unilateral de los precios, y con el objeto de que éstos no disminuyan sustantivamente, como está ocurriendo en la actualidad, y a fin de que se adopten las medidas precautorias que el caso requiere.
En el mismo oficio, ruego pedir a la Comisión Preventiva que tome conocimiento de la referida intención de las empresas Nestlé y Soprole, a fin de evitar su fusión a ultranza, por atentar ésta contra los principios de la libre competencia y, por lo demás, por tratar de constituir un monopolio, que la legislación prohíbe.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por el señor diputado, a los que se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez y José Miguel Ortiz.


COBROS EXCESIVOS EN PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS CHILENAS. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero hacer presente una situación que afecta a las familias y a nuestra juventud, la cual se agudiza desde diciembre hasta marzo de cada año: el proceso de matrícula e inscripción en las universidades.
Anualmente, este proceso conlleva dramas al interior de las familias, porque, en primer lugar, está la expectativa del resultado en la prueba de aptitud académica; en segundo lugar, la elección de carreras y de universidad y, en tercer término, los costos, porque hay que solventar los gastos ingentes que hoy significa acceder a la educación superior privada y también me atrevería a decir a la estatal.
Se han producido hechos dramáticos. La última investigación realizada por la Universidad de Chile demostró que de los ciento ochenta mil jóvenes que rindieron la prueba de aptitud académica, noventa mil están en el nivel socioeconómico de pobreza, los que, además, siempre obtienen un puntaje inferior a 450 puntos, el cual no les da ninguna posibilidad de ingresar a las universidades.
El Ministerio de Educación ha anunciado para el próximo año un proyecto consistente en un crédito para la enseñanza superior privada, porque muchos jóvenes no tienen recursos; pero es tanta la fuerza y la motivación de ellos y de sus familias para seguir en la enseñanza superior que, al no quedar en la enseñanza superior pública muy exigente en cuanto a puntaje, ingresan a las universidades privadas o a los institutos profesionales, cuyos costos mensuales superan los 120 mil o 150 mil pesos, valores que de ninguna manera puede solventar una familia que vive en los niveles de pobreza, lo que significa un ingreso, por familia, de 270 mil pesos.
El programa anunciado consiste en créditos que se extenderían a las universidades privadas hoy son exclusivamente para las veinticinco universidades estatales, a las cuales también ingresa gente de clase media y pobres, quienes actualmente carecen de todo tipo de ayuda. Al parecer, se estaría estableciendo un programa de créditos para dichos jóvenes, el cual se iniciaría el próximo año por vía experimental y según he leído en la prensa con un número de mil créditos, lo cual es una gota de agua en el desierto, o sea, no resuelve el problema.
La enseñanza privada tiene muchas maneras de expoliar a las familias de los jóvenes que quieren ingresar a sus aulas. Aquí quiero hacer mención a un hecho que está ocurriendo. Los jóvenes que obtienen 450 y hasta 500 puntos, que es el mínimo aceptado en la prueba de aptitud académica, no tienen ninguna posibilidad de cursar estudios universitarios. Sin embargo, las universidades privadas llaman a estos jóvenes a inscribirse y a dar examen, y por cada inscripción cobran 12 mil, 15 mil o 20 mil pesos. Los jóvenes, en su afán de llegar a la universidad, se inscriben en varias de estas instituciones y gastan sumas considerables en cada una de ellas, cantidades que salen de los escuálidos recursos familiares. Es un proceso muy rápido. Un joven se inscribe, pasa al examinador y en cinco minutos le dicen que no es aceptado. Aquí hay perversidad, porque se sabe que con 450 puntos la persona no quedará en la universidad, pero igual la inscriben.
Hemos metido a la enseñanza superior, cuyo acceso es el gran anhelo de los jóvenes chilenos, en una economía social de mercado brutal, ya que los aranceles de las matrículas son exorbitantes e igualmente los costos anexos. Para la familia de clase media chilena constituye un drama dar a sus hijos educación universitaria, porque todos los jóvenes aspiran a llegar a la universidad.
En consecuencia, pido oficiar al Ministerio de Educación a fin de que se estudie un marco regulatorio de los costos de la enseñanza superior privada, porque no es posible que un nivel tan apetecido por los jóvenes quede absolutamente a su arbitrio. Hemos regulado los costos de la luz, del agua, de los teléfonos, pero también debemos reglar la enseñanza superior privada, porque hasta el momento es un gran negocio: basta ver cómo se construyen facultades y de la noche a la mañana se levantan universidades. Se trata de edificios que antes, cuando estábamos en un proceso naciente de las universidades en nuestro país, era normal demorarse 10 ó 20 años en construirlos, o bien las facultades se instalaban como me señala el diputado señor Ojeda en caserones. En cambio, hoy se trata de edificios espléndidos y lujosos. ¿Todo ello a costa de quién? Muchas veces, de modestas familias, del alumnado y de matrículas inmisericordes, porque los señores rectores no toman en cuenta a quién le están entregando educación y creen que las familias cuentan con recursos ilimitados para enviar a sus hijos a esos establecimientos.
Señor Presidente, las medidas que está tomando el Ministerio de Educación lógicamente son aceptables, van bien encaminadas y no corresponde sino felicitar a las autoridades del ministerio, pero son absolutamente insuficientes y lentas. Con este proceso llegaremos al año 2050 y los jóvenes verán cerrados los caminos para acceder a la universidad. Por eso llamo la atención hacia esto, porque hay muchas cosas que podrían corregirse en las universidades, como, por ejemplo, en el proceso de matrícula, la entrega de documentos, o la devolución del valor de las inscripciones mencionadas que no tienen otro objeto que sacar plata al modesto trabajador o al empleado que sólo quiere entregar una educación superior a sus hijos, además de reducir los aranceles exorbitantes, que prácticamente impiden el ingreso de los jóvenes a la universidad.
Es sólo una idea, una sugerencia, pero el Ministerio de Educación no se puede quedar cruzado de brazos ante lo que está ocurriendo en la enseñanza superior privada en nuestro país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, junto con el texto de su intervención, para su mejor comprensión, y con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda.


MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN ADOPTADAS RESPECTO DE HABITACOOP. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, he solicitado la palabra para referirme nuevamente a la situación que se está viviendo en Habitacoop, cooperativa de vivienda, en la cual más de 13 mil chilenos han depositado sus ahorros y que, durante los seis últimos años, coincidentemente ha tenido la misma cantidad de gerentes. Los balances que conozco de esta cooperativa reflejan una relativa solvencia y no así una cierta liquidez. Entiendo que el Ministerio de Economía decidió no seguir colaborando, y me gustaría saber qué razón tuvo para que esta cooperativa continuara subsistiendo, como lo venía haciendo; qué criterios adoptó para ello, y qué sucederá con los ahorros de estas personas. Asimismo, deseo conocer qué resoluciones adoptó dicho ministerio para fiscalizar la veracidad de los balances y quién es responsable de ella, porque mostrando balances relativamente solventes hasta el año 2000 por lo menos es el que he visto la cooperativa aparece sin capacidad económica para devolver los depósitos a la mayor parte de los ahorrantes. Por eso, quiero saber quién responde, puesto que, a pesar de tener una mala situación financiera y de haberse informado de este hecho por la prensa, sigue captando ahorros.
Por lo tanto, pido que se oficie a los Ministerios de Economía y de Hacienda a fin de que nos informen, a través de sus organismos competentes, como la Superintendencia de Bancos y Sociedades Anónimas, acerca de todas las medidas de fiscalización que se ejercieron en los últimos seis años en la cooperativa Habitacoop y qué medidas se están tomando para devolver los depósitos a la gente que confiaba en las autoridades que estaban a cargo de dicha entidad. Se trata de personas que, por lo demás, eran funcionarios del Gobierno, quienes, en algunas ocasiones, dejaban de serlo y, a veces, se iban a los puestos clave de Habitacoop, pero que después volvían a sus trabajos originarios; incluso tenían empresas que vendían y compraban servicios a Habitacoop.
Asimismo, deseo que el Ministerio de Vivienda nos aclare el caso de las compras que se efectuaron de algunas propiedades acogidas a subsidios del programa de renovación urbana, particularmente en Santiago. También solicito que se nos informe sobre las actividades de fiscalización que ejercieron en su momento los Ministerios de Economía y de Hacienda y sus servicios dependientes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los dos oficios solicitados por su Señoría, junto con el texto de su intervención.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.26 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.