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El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Mario Acuña, y de la de Hacienda, la señora Marina Prochelle.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2758-12, sesión 20ª, en 31 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Recursos Naturales y de Hacienda, sesión 4ª, en 9 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 12 y 13, respectivamente.
El señor PARETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para votar la iniciativa a las 12.30 horas, por cuanto en este momento no existe el quórum requerido para ningún proyecto?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante señor Mario Acuña .
El señor ACUÑA.-
Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales.
Origen y fundamentos del proyecto. Las situaciones que el proyecto pretende resolver pueden reunirse en tres grupos:
-Inmuebles que han sido objeto de actos de disposición por parte del Estado, pero cuya propiedad nunca se ha consolidado en los beneficiarios;
-Ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data, ubicados en la Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue , e
-Inmuebles adquiridos por el Fisco producto de la erupción del volcán Hudson en la Región de Aisén.
Objetivos del proyecto:
1.Permitir consolidar su propiedad a quienes fueron beneficiados por un título gratuito de dominio de inmuebles fiscales;
2.Declarar como no disponibles para el Fisco los terrenos objeto de las medidas propuestas;
3.Validar en forma condicionada las ocupaciones actuales de los terrenos entregados;
4.Dictar una normativa excepcional para eximir a ocupantes irregulares de requisitos que les impiden acceder al dominio de inmuebles, y
5.Establecer un mecanismo que permita, a sus dueños originales, adquirir nuevamente los predios que fueron afectados por la erupción del volcán Hudson .
Beneficiarios del proyecto:
a) Personas naturales que adquirieron inmuebles fiscales a título gratuito, los cuales se encuentran sin inscripción.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha detectado catorce mil casos de beneficiarios de títulos gratuitos o de otros modos de transferencia de inmuebles fiscales que no cuentan con la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, porque nunca perfeccionaron sus títulos, lo que les impidió ser dueños y adquirir las propiedades estatales. Esta situación se presenta principalmente en las Regiones de Aisén, Los Lagos -Chiloé-, Tarapacá , Antofagasta , Biobío y La Araucanía.
La vía administrativa no da una solución integral al problema, por cuanto no constituye el sistema idóneo para convalidar los títulos originalmente entregados, puesto que no resuelve el caso de los beneficiarios que hubieran fallecido.
Tampoco es aplicable el decreto ley En muchos de estos casos, los ocupantes han solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales una venta directa, pero se han encontrado con la imposibilidad de pagar el valor comercial de los inmuebles que ocupan, dado que en la mayoría de los casos se trata de personas de escasos recursos, en que sus ingresos provienen de economías de subsistencia de tipo agropecuaria y que, dada la calidad de los terrenos que ocupan, no les es posible lograr un desarrollo ganadero de envergadura que les permita solventar el valor que el ministerio está obligado por ley a fijar.
En otros casos, los beneficiarios mientras ocupan los bienes fiscales han adquirido otra propiedad, ya sea a través de programas subsidiados de compra de viviendas, por herencia u otros medios, lo que Nº 2.695, de 1979, que regulariza la posesión de la pequeña propiedad raíz para constituir el dominio sobre ella, por cuanto se trata de bienes fiscales, los cuales quedan expresamente excluidos de dicha normativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de ese cuerpo legal.
Otra situación que tampoco puede resolverse es la que dice relación con los casos en que el beneficiario ha transferido sucesivamente acciones, mejoras y derechos a terceros adquirentes de buena fe.
En una gran cantidad de casos, los herederos o descendientes que ocupan dichos inmuebles, se han visto privados de la posibilidad de regularizar sus títulos, debido a que ellos o sus cónyuges poseen otras propiedades.
b)Dar solución a otras situaciones que se repiten en mayor medida en la Undécima Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y en las comunas de Cochamó, Maullín , Los Muermos y Fresia , de la provincia de Llanquihue, Décima Región.
los inhabilita para optar a un título gratuito, por cuanto uno de los requisitos es que no posean ni ellos ni sus cónyuges parte, cuota o derecho en otro bien raíz.
c)Personas que fueron afectadas por la erupción del volcán Hudson .
Durante agosto de 1991, los terrenos aledaños fueron cubiertos con una gruesa capa de cenizas. El Fisco, a modo de compensación por las pérdidas sufridas, ofreció comprar los terrenos más afectados por el siniestro a 10 mil pesos la hectárea, lo que se materializó a través de la dictación de veintiún decretos de compra de inmuebles particulares. Hubo cinco desistimientos. En definitiva, fueron 7.936.400 hectáreas, con un desembolso fiscal de 79.362.400 pesos.
Con el tiempo dichos terrenos fueron objeto de una notoria recuperación en lo que dice relación con la cubierta vegetal, debido a la combinación de las cenizas y las condiciones medioambientales. Ello, unido a las inversiones realizadas por Vialidad, se tradujo en una revalorización de la propiedad.
Discusión y votación general del proyecto. A la discusión general concurrió el ministro de Bienes Nacionales señor Jaime Ravinet ; el jefe de la División jurídica y la jefa del Departamento de constitución de la propiedad raíz, señor Eduardo Correa y señora Lorena Escalona , respectivamente, quienes, en síntesis, explicaron los objetivos de la iniciativa.
El ministro de Bienes Nacionales expresó que el proyecto obedecía a una aspiración de los parlamentarios y autoridades de la zona, en lo que dice relación con tres situaciones claramente definidas, lo que produciría un beneficio a catorce mil familias, dentro de un plazo de cinco años, especialmente en la zona de Chiloé.
Mediante la iniciativa se daría solución a personas de la Región de Aisén, eximiéndolos de los requisitos del decreto ley Nº 1.939, de 1977, es decir, acta de radicación y prohibición de tener otro bien raíz, parte o cuota, y a quienes se vieron afectados por la erupción del volcán Hudson , en 1991, cuestión que muchos de los diputados presentes y quienes nos observan a través del canal de la Cámara recordarán. Los diputados integrantes de la Comisión manifestaron su acuerdo con el proyecto, porque soluciona el problema de un alto número de personas. Sin perjuicio de ello, hicieron presentes algunas observaciones, como la formulada respecto del artículo 9º, en que se señala que el valor comercial del inmueble no podrá ser superior a 1.200 unidades de fomento. Se expresó que era una cifra muy baja, por lo que se excluiría a un alto número de personas del beneficio. Al respecto, el Ejecutivo, acogiendo lo anterior, envió una indicación sustitutiva. Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por unanimidad.
Discusión y votación particular. El Ejecutivo formuló indicaciones a los artículos 6º, 9º, 11 y 13.
El resto de los artículos fueron aprobados en los mismos términos. La indicación al artículo 6º fue de carácter formal. Se aprobó por unanimidad. En el artículo 9º, el Ejecutivo, recogiendo las observaciones formuladas durante la discusión general, presentó una indicación para sustituir este artículo, de manera de incorporar el sector sur del río Chamiza y reemplazar la expresión “valor comercial” por “avalúo fiscal”.
El objeto de la segunda indicación a este artículo, formulada por los miembros de la Comisión, es reemplazar en la letra a) el numeral “30” por el guarismo “90”, a fin de ampliar el plazo para presentar las solicitudes respectivas ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales u oficina provincial correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley.
Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 11 fue objeto de una indicación destinada a perfeccionar su redacción. Se aprobó por unanimidad.
El artículo 13 también fue objeto de una indicación sustitutiva, destinada a reparar un error que podía perjudicar a los afectados por la erupción del volcán Hudson, pues en algunos casos los terrenos habían sido arrendados a terceros, lo que podría ser considerado como actos de administración por parte del Fisco, impidiendo de esta manera la regularización a través de la iniciativa legal.
La indicación fue aprobada por unanimidad.
En virtud de los antecedentes expuestos, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los términos consignados en el informe. He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Hacienda.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda paso a informar respecto de la iniciativa originada en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, cuyo objetivo es, a través de medios jurídicos de excepción, resolver aspectos vinculados con la posesión y ocupación irregular de bienes raíces fiscales, irregularidad que tiene su origen en tres situaciones distintas: inmuebles que han sido objeto de actos de disposición por parte del Estado, pero cuya propiedad nunca se ha consolidado en los beneficiarios; ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data, ubicados en la Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue , e inmuebles adquiridos por el Fisco como consecuencia de la erupción del volcán Hudson en la Región de Aisén.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la iniciativa pretende regularizar y entregar, aproximadamente, 14 mil títulos de dominio en las Regiones Décima y Undécima. Estima, por lo tanto, que para el presente año no se considera gasto efectivo y que en los tres próximos años se tendría el siguiente flujo de gastos: en 2002, 500 millones de pesos; en 2003, 500 millones de pesos, y en 2004, 457 millones de pesos.
En el debate de la Comisión, la señora Paulina Saball , subsecretaria de Bienes Nacionales, precisó las tres situaciones pendientes, señaladas anteriormente, en relación con la regulación de títulos de dominio de bienes fiscales que el proyecto pretende resolver.
Por su parte, la diputada que informa en este momento hizo presente que un grupo de personas de la comuna de San Juan de la Costa, ubicada en la Décima Región, se encuentra en una situación similar a la que afecta a los beneficiarios del proyecto, razón por la cual solicitó que el Ejecutivo considerara su incorporación en la iniciativa.
La subsecretaria manifestó la buena disposición del Ejecutivo para estudiar el planteamiento, cuestión que se ha resuelto con una indicación que hizo llegar ayer. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 15 y 18 del proyecto. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 2º, 9º, 10 y 14, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular, cabe señalar que el Ejecutivo formuló una indicación al artículo 2º, que tiene por objeto hacer más precisa su redacción, del siguiente tenor:
“Artículo 2º.- Los interesados en los beneficios que establece este Título, deberán acreditar su vinculación con el título original y la ocupación efectiva en la forma que establece el artículo 1º. El nuevo título se otorgará respecto del terreno en el que se acredite la ocupación efectiva del solicitante, siempre que no exceda los límites de la superficie originalmente entregada”. En el artículo 9º se exime de los requisitos que señala a las personas naturales chilenas que tengan solicitudes pendientes de ventas directas o de títulos gratuitos de inmuebles fiscales ubicados en las regiones y sectores que indica, para optar a títulos gratuitos de dominio, siempre que cumplan con los requisitos que enumera.
En el inciso segundo se dispone que mientras se encuentre pendiente una de las solicitudes presentadas, no se realizarán apremios o desalojos de los predios solicitados.
Se señaló por la señora subsecretaria que en la Comisión técnica se incluyó el sector sur del río Chamiza hasta el límite oeste de la comuna de Cochamó en este artículo y se modificó la expresión “valor comercial” por la siguiente: “avalúo fiscal” del inmueble de actual dominio del solicitante o su cónyuge, o de la parte o cuota de derechos que recaigan sobre éste, lo cual implica ampliar su ámbito de aplicación.
En el artículo 10 se faculta a las personas que vendieron al fisco inmuebles afectados por la erupción del volcán Hudson, entre los años 1992 y 1994, para solicitar la resolución del respectivo contrato a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales correspondiente. La forma de restituir el precio y las demás condiciones de dicha resolución serán establecidas por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Bienes Nacionales. El monto de los reintegros ingresará a Rentas Generales de la Nación.
En el inciso segundo se dispone que los inmuebles objeto de la operación quedarán afectos a la prohibición de enajenar, a cualquier título, por un plazo de diez años contados desde la fecha de suscripción de la respectiva escritura.
En el artículo 14 se establece que los beneficios y demás derechos contemplados en el proyecto sólo podrán ser ejercidos por una sola vez, cualesquiera que sean los inmuebles por regularizar, previa declaración jurada de no ser parte en ningún juicio pendiente en que se discuta su posesión o dominio y dentro del plazo que establece el proyecto.
En el artículo 15 se estipula que los gastos que demande el procedimiento de regulación que establece el proyecto, determinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, serán de cargo del solicitante. Con todo, quienes no contaren con recursos suficientes podrán optar a su financiamiento parcial con cargo a los recursos públicos que se destinen al efecto.
En el artículo 18 se señala que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación del proyecto será financiado con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Bienes Nacionales. En caso de que éste fuere insuficiente, podrá ser suplementado con cargo a la partida Tesoro Público.
Puestos en votación los artículos precedentes, fueron aprobados por unanimidad, incluida la indicación del Ejecutivo al artículo 2º.
Deseo informar a la Sala que el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales señor Jaime Ravinet , quien estuvo presente ayer en la tarde para participar en la discusión del proyecto, ha hecho llegar a la Mesa y a los diputados informantes sus excusas por no poder estar presente hoy, debido a situaciones de emergencia que ocurrieron en la capital del país.
La Comisión de Hacienda informa que todos los artículos del proyecto fueron aprobados favorablemente e insta a la Sala a sancionarlos de la misma manera.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en la historia del país siempre ha sido una dificultad deslindar la propiedad fiscal de la particular. Hasta la fecha, nuestro conservador de bienes raíces se ha visto sobrepasado, puesto que el número de propiedades ocupadas ha superado el de las que en un momento determinado estaban inscritas. Esta iniciativa y las modificaciones introducidas al decreto ley Nº 2.695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad, en el fondo demuestran que hay una “crisis de modernización” del conservador de bienes raíces, pues cada cierto tiempo debemos dictar leyes para subsanar los problemas que se presentan.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha hecho una enorme labor, sobre todo en la última década. Ha entregado nada menos que 188.420 títulos de dominio a través de todo el país: en la Región de los Lagos, 33.390, más los 2 mil que se entregarán este año, con lo cual superará los 35 mil títulos de dominio, que corresponden a una superficie superior a 266 mil hectáreas. En la Región de Aisén se han entregado 1.794 títulos de dominio, correspondientes a una superficie superior a 76 mil hectáreas.
Esta labor ha sido difícil, compleja, cara, costosa, y lo peor de todo es que, en muchos casos, cuando muere el titular del dominio, a sus herederos les cuesta obtener la posesión efectiva, trámite que también hay que modificar, modernizar y agilizar. Por otro lado, está el tema de la partición cuando son varios los herederos o comuneros que esperan recibir una parte de lo que les corresponde en la comunidad de bienes que se crea.
Se trata de operaciones complejas para los interesados. En consecuencia, este círculo vicioso no se romperá mientras no se modernice el conservador de bienes raíces y no se simplifiquen los procedimientos para obtener la posesión efectiva y todo lo relativo a la partición de los bienes.
En esta situación se encuentran cientos de pobladores de las provincias de Chiloé y Palena , y de las comunas de Cochamó, Maullín , Los Muermos y Fresia , de la provincia de Llanquihue, en la Décima Región. Señalé que también deberían solucionarse los problemas que en este sentido afectan a habitantes de una parte de la comuna de Puerto Montt, al sur del río Chamiza y con el límite oeste de la comuna de Cochamó. Por cierto, esto fue bien apreciado por el Ejecutivo y se modificó el artículo 9º con el propósito de incluir a ese sector mediante una indicación del siguiente tenor:
“Artículo 9º.- Se exime de los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, para optar a títulos gratuitos de dominio, a las personas naturales chilenas que tengan solicitudes pendientes de ventas directas o de títulos gratuitos de inmuebles fiscales urbanos o rurales ubicados en la Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Décima Región de Los Lagos, en las provincias de Palena, Chiloé y en las comunas de Cochamó, Maullín , Fresia , Los Muermos y la comuna de Puerto Montt, en el sector al sur del río Chamiza hasta el límite oeste de la comuna de Cochamó, todas de la provincia de Llanquihue, y que cumplan además con los siguientes requisitos:”.
Esta situación obedece a que muchas personas intentaron comprar al Fisco dichos terrenos en su oportunidad. Cuando se ordena la venta directa y se hace el avalúo fiscal, que realiza el Servicio de Impuestos Internos, dicho avalúo resulta bastante similar al valor comercial de los inmuebles y, en consecuencia, a las personas de escasos recursos que viven en lugares aislados, generalmente en cerros, quebradas, zonas fronterizas, y que obtienen un escaso ingreso de su actividad agropecuaria, les es imposible adquirirlos. Muchas de ellas fallecieron, algunos adquirieron otra propiedad, porque necesitaban una vivienda o recibieron una herencia y todas esas adquisiciones nuevas constituían un impedimento para comprar una propiedad fiscal. Eso es lo que trata de solucionar esta iniciativa, porque la ley Nº 18.270 señalaba que no pueden ser propietarios ni ellos ni sus cónyuges de otros bienes raíces rurales que en conjunto tengan un avalúo superior a 150 unidades de fomento. En consecuencia, el proyecto en estudio resulta sumamente beneficioso para las comunas que represento y para el país, ya que permitirá a muchos chilenos consolidar sus derechos de propiedad y tener, de una vez por todas, el título de dominio.
Al igual como lo han hecho los diputados informantes, solicito que se apruebe en general y en particular el proyecto, con la indicación relativa a la comuna de San Juan de la Costa.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas el proyecto que analizamos, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales, es largamente esperado y anhelado por muchas familias, especialmente de la zona sur austral del país y, en particular, de las provincias de Chiloé y Palena .
La iniciativa pretende resolver un problema que se arrastra desde las décadas de los 30 y de los 40 por la dictación de la ley de propiedad austral.
El gobierno de la época estimó necesario desarrollar políticas de asentamiento poblacional en las zonas extremas del país. Con ese propósito, asignó propiedades a muchos vecinos, cuya entrega se materializó a través de un decreto supremo y un plano del respectivo predio, y la familia beneficiaria debía cumplir con el requisito de inscripción en el conservador de bienes raíces para ser dueña y tener el uso, goce y disposición de la propiedad.
Si nos remontamos a aquella época, en zonas aisladas del país, con problemas de comunicación, de información y de acceso, era muy difícil cumplir el requisito de inscribir aquellos decretos supremos y los planos que entregaba el Ministerio de Tierras y Colonización de la época en el conservador de bienes raíces.
Por estas razones, no obstante radicarse en los terrenos que se les asignaron, las familias no cumplieron el trámite, y con el paso de los años esos predios que les entregó el gobierno de la época pasaron nuevamente a dominio fiscal. Cuando quisieron regularizar definitivamente sus derechos de propiedad, el Fisco consideró que eran personas naturales que ocupaban un bien fiscal y solamente les ofreció como alternativa la venta. Era absurdo y casi ridículo que estas familias, a las cuales se les asignó la propiedad, con el paso de los años tuvieran que comprarla, sobre todo por estar ubicadas en lugares donde no existían caminos cuando llegaron, por lo cual debieron invertir en la construcción de su casa y en crear praderas para mantener a sus animales.
Hoy han llegado las vías de comunicación, la telefonía rural y la energía eléctrica, pero les resulta imposible comprar a un valor comercial la propiedad que el Estado les había asignado.
¿A qué quedaban expuestas estas personas? A que terceros, que tuvieran intereses de carácter turístico o de otra naturaleza, adquirieran esa propiedad en forma directa, privándolas del predio donde habían vivido por muchos años.
El proyecto en debate viene a solucionar el problema. De las quince mil familias beneficiadas, doce mil se encuentran en las provincias de Chiloé y Palena .
¿En qué consistirá la solución? En primer lugar, en que todas aquellas familias que fueron beneficiadas por los decretos supremos pero que no los inscribieron, podrán hacerlo ahora a título gratuito, una vez publicada la ley.
En segundo lugar, si los beneficiarios directos han fallecido, sus herederos las podrán regularizar también a título gratuito. Por último, si no está el beneficiario original y los herederos no tienen el dominio o el uso de la propiedad porque han transferido las mejoras, quien las adquirió también podrá regularizar.
En esa perspectiva, se cumple lo que la ley de propiedad austral en las décadas de los 30 y de los 40 señalaba en su espíritu y en la letra: radicar definitivamente, entregándoles la propiedad y el dominio de bienes raíces, a familias que quisieran hacer patria, soberanía y forjar su vida y la de su familia en la zona sur del país.
El proyecto también se hace cargo de otra situación que no es menor. Muchas familias han ocupado durante muchos años inmuebles fiscales, sin tener título o documento alguno. Como la legislación no permitía regularizar estas situaciones, hoy el Estado se hace cargo de ellas, exigiéndoles simplemente a esas familias estar radicadas en la propiedad a lo menos cinco años para acogerse al beneficio de regularizarla.
Además, incorpora una variable muy importante: que todas aquellas personas que en su oportunidad regularizaron un bien a título gratuito puedan hacerlo con una segunda propiedad, porque en las provincias de Chiloé y Palena , por ejemplo, cuando se saneó a título gratuito muchas familias primero aseguraron el lugar donde vivían, donde tienen su construcción, su casa, donde está su familia; pero, además, a dos o tres kilómetros de distancia tenían otro predio, inscrito a nombre del fisco, donde mantenían sus animales y realizaban su actividad económica productiva y no podían sanearlo porque ya habían obtenido ese beneficio del Estado. Hoy podrán tener la tranquilidad de ser propietarios del lugar donde realizan su actividad económica productiva, porque el proyecto da la posibilidad a quien haya regularizado una propiedad anteriormente, cuyo avalúo fiscal no sea superior a 1.200 uefes, de sanear el terreno fiscal que ocupe por más de cinco años. Quiero destacar la buena disposición del Gobierno para acoger esta moción parlamentaria que ingresó a la Cámara de Diputados en 1998. Como los parlamentarios no tenemos la facultad de disponer de los inmuebles fiscales, la Mesa la declaró inconstitucional. No obstante, esa iniciativa, presentada por quien habla y por los diputados Recondo y Orpis , la llevamos a consideración del ministro Ravinet , quien se comprometió a buscar una alternativa de solución al problema, por considerarlo de justicia social y una necesidad imperiosa para llevar tranquilidad y paz social a las familias que requerían con urgencia sus títulos de dominio después de muchos años de tramitación. Hoy se comienza a concretar ese anhelado sueño y aspiración, ya que 15 mil familias de la zona sur austral, 12 mil de ellas radicadas en las provincias de Chiloé y de Palena, una vez publicada la ley tendrán una solución definitiva y la tranquilidad que necesitan para vivir en el lugar en que siempre lo han hecho.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente el proyecto por el cual tanto ha luchado mi distinguido colega Leopoldo Sánchez . La regularización de la posesión y ocupación de inmuebles fiscales es una iniciativa nuestra que ha logrado concretarse y que hoy espero que sea aprobada. Normalizar la situación de miles de predios fiscales ocupados es un anhelo tremendamente sentido en las regiones de Aisén y de Los Lagos, cuyos distritos representamos el diputado Leopoldo Sánchez y yo, respectivamente. Por eso hablo en su nombre y en el mío. Considero que con la aprobación de este proyecto los ocupantes de predios que se encuentran en una situación irregular, podrán eximirse de los requisitos exigidos hasta la fecha y optar a sus respectivos títulos de dominio de predios ubicados tanto en zonas urbanas como rurales, lo que les permitirá inscribir esas posesiones y normalizar su situación, la que les había impedido acreditar la propiedad de las tierras en las cuales generalmente desarrollan apenas economías de subsistencia. O sea, estamos hablando de mínimas propiedades, tal como lo ha dicho la diputada informante de la Comisión de Hacienda, señora Marina Prochelle . Los beneficios que ofrece el proyecto me parecen sumamente interesantes, ya que se extienden a los herederos o descendientes del titular y a quienes puedan acreditar la transferencia de derechos cedidos por el beneficiario original. Con esto se armoniza la normativa vigente de la ley Nº 18.270, porque se legalizan derechos de propiedad adquiridos por los ocupantes originales. Los terrenos objeto de transferencia por parte del Fisco no pueden superar las 3 mil hectáreas en la Undécima Región ni las mil hectáreas en la Décima.
En lo que dice relación con el aspecto sustantivo, en particular para la Región de Aisén, el proyecto del Ejecutivo representa no sólo el reconocimiento del valor de la propiedad privada y de sus potencialidades para impulsar el desarrollo de esas tan apartadas localidades -de allí su gran valor-, sino también una expresión de la voluntad política de reafirmar nuestra soberanía en tierras fiscales que cubren una franja de 10 kilómetros de nuestras fronteras. Por eso insisto en decir que esto significa afianzar nuestra soberanía.
La iniciativa busca legitimar la noción de ocupación efectiva, para lo que será exigible, mediante la acreditación en el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, la posesión total o parcial del inmueble durante un lapso de cinco años, previo a la entrada en vigencia de la nueva ley, como requisito esencial para optar a ese título de dominio de propiedad inscrito en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. Quiero hacer resaltar que la obtención de un título de dominio gratuito por las personas que no poseen recursos, a fin de afrontar los gastos que implique la regularización, es consistente con el criterio de equidad definido en las políticas sociales del Gobierno, principalmente en cuanto a focalizar la subvención de tales gastos en el grupo objetivo al que se dirigen los nuevos beneficios de este proyecto, mayoritariamente integrado por personas de escasos recursos que sólo viven de la tierra, como ya se ha hecho notar por otros señores diputados y por quien habla.
Entonces, ¿quién puede ser dueño de esas propiedades? ¿Quién puede optar a ellas? Hasta el día de hoy, en la Décima Región pueden hacerlo quienes tienen más. Adicionalmente, si aprobamos esta iniciativa, irá en directo beneficio de la Undécima Región, en especial al eximir a los aiseninos de los requisitos del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que establece la obligatoriedad de estar en posesión del acta de radicación y la prohibición de tener otro bien raíz, parte o cuota de un predio. Asimismo, beneficia a quienes tuvieron que ceder derechos al Fisco o enajenar a muy bajo precio sus tierras con ocasión de la erupción del volcán Hudson, en 1991. En consecuencia, esta iniciativa sólo corrige un error o injusticia.
Por las razones señaladas y en consideración a los efectos positivos que generará el proyecto, sobre todo en la Región de Aisén, que representa el honorable diputado señor Leopoldo Sánchez , gran impulsor de la iniciativa, le daré mi respaldo, porque en mi región está siendo acogido con un ánimo muy favorable, por cuanto de esta forma se contribuirá a materializar un gran anhelo de las regiones ya mencionadas.
La bancada del PPD anuncia su voto favorable a este importante proyecto, que tanto ha costado que sea tratado en esta Sala.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, la Región de Aisén, con sus l07 mil kilómetros cuadrados y apenas 80 mil habitantes, es una de las zonas de Chile con mayor superficie y con la menor densidad poblacional. Su colonización, que comenzó en 1920, es un proceso que aún está inconcluso. En relación con el resto del país, Aisén sigue retrasada en, a lo menos, cien años. Cuando en otras partes de Chile se están inaugurando dobles vías, los vecinos de Caleta Tortel y de Puerto Raúl Marín Balmaceda esperan con ansias que se termine una senda de penetración. Cuando en el resto del país cualquier vecino cuenta con la totalidad de los servicios básicos y con comunicaciones expeditas para conectarse con el resto del mundo: internet, telefonía celular, discado directo nacional e internacional, en la Patagonia, los habitantes de Villa O’Higgins o de Lago Verde hacen verdaderas rogativas para que el único teléfono público del poblado no deje de funcionar. Otro de los aspectos que hay que considerar es la deprimida actividad económica de la zona. La ganadería, que desde el punto de vista de la cantidad de personas que involucra es la actividad más importante, tiene una rentabilidad cada día más baja, hecho que afecta gravemente la estabilidad colonizadora.
Todo lo anterior incide en un verdadero éxodo de colonos, lo que hace absolutamente necesarios nuestros esfuerzos por arraigarlos a su territorio. Al ver tan escasa preocupación del Estado por su situación, optan por abandonarlo.
No menos importante es el significado estratégico y geopolítico de la región. Así, se echan por tierra los esfuerzos integradores, como el de la ruta Austral o los llamados corredores bioceánicos, cuya finalidad es potenciar el poblamiento de la extensa Patagonia occidental.
Por lo expresado, valoro que el Ministerio de Bienes Nacionales por fin haya comprendido el antiguo anhelo de los colonos de la zona en relación con la obtención de títulos de dominio gratuitos, el saneamiento de los mismos y la restitución de predios que hace justicia a los propietarios de los afectados por la erupción del volcán Hudson.
Asimismo, deseo manifestar mi preocupación en el sentido de dotar de recursos económicos, personal e implementación necesarios para realizar la mensura de muchos predios que podrían acogerse a la ley, respecto de los cuales no existen los planos ni las mensuras correspondientes.
Por otro lado, aprovecho la oportunidad para expresar que es necesario eliminar la exigencia de un contrato de arrendamiento a los ocupantes de bienes fiscales, por cuanto esos recursos carecen de significación para las arcas fiscales; en cambio, representan una suma muy importante para los colonos que deben pagar, pues, en caso contrario, pierden la ocupación.
Además, valoro la acogida que se dio a la petición de algunos parlamentarios, en cuanto a cambiar el valor comercial por el de avalúo fiscal de las propiedades que poseen los ocupantes de los predios que serán favorecidos por la futura ley con la obtención del título de dominio gratuito. De esa manera se beneficiará a mucha más gente. Por último, dada la importancia que reviste esta iniciativa para las zonas extremas, pido a los colegas que la voten a favor.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, son pocos los proyectos que benefician en forma tan directa a la gente y a sus familias. Esta iniciativa regulariza la situación de inmuebles que carecen de título de dominio, hecho que frustra los proyectos de vida de las personas. Por ello, valoramos su objetivo, cual es la creación de diversos mecanismos que resuelven la posesión y ocupación irregular de inmuebles fiscales, eximiendo a sus ocupantes de los requisitos exigidos para acceder a su dominio.
Como lo dice el informe, hay un reconocimiento a la voluntad del Fisco de disponer de bienes fiscales en favor de sus ocupantes. Se intenta solucionar un conjunto de ocupaciones irregulares de larga data, en atención a que las familias que serán beneficiadas con este proyecto no cumplen con algunos requisitos. Por eso es fundamental regularizar su situación en la forma en que se propone, concediéndoles títulos gratuitos de dominio. En nuestro Estado de derecho, con la inscripción de los bienes raíces ocurre algo muy parecido a lo que sucede con el registro de nacimiento de las personas: en primer lugar, debe existir un reconocimiento legal, en virtud del cual se adquieren derechos y se contraen obligaciones. Por desgracia, en nuestro país la situación irregular de los títulos constituye una generalidad, lo que entraba o retrasa proyectos, el progreso, etcétera. Muchas circunstancias, que no son de responsabilidad de los ocupantes, impiden acceder a la propiedad del inmueble, y es el Estado, que posee los instrumentos y los recursos legales necesarios, el que debe crear las condiciones o los cuerpos legales para esos efectos.
Por eso, celebro la concesión gratuita de títulos de dominio que propone el proyecto, porque durante años muchas personas que ocupan predios fiscales en forma irregular han procurado solucionar este problema, pero se han encontrado con trabas burocráticas, administrativas y legales que les han impedido cumplir con los requisitos exigidos. Muchas veces resulta difícil cumplir con las exigencias legales establecidas en el decreto ley Nº 1.939, de 19 de noviembre de 1977, y en el Nº 2.695, de 1979, a fin de regularizar o conceder títulos gratuitos de dominio a los actuales ocupantes de predios.
A pesar de ello, el ministerio ha informado que en mi región de Los Lagos se han entregado 30.390 títulos de dominio, correspondientes a una superficie superior a las 260 mil hectáreas, y que en todo el país se han concedido aproximadamente 188.420 títulos. Por supuesto, no son suficientes, porque hay zonas en las cuales las situaciones irregulares son muchas, por los motivos que se expresan en el proyecto de ley. Quiero expresar mi reconocimiento al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales don Jaime Ravinet , a la subsecretaria doña Paulina Saball , al ministerio en general, y a todos quienes han intervenido en este proceso -entre ellos, los parlamentarios que tuvieron la visión de solicitar el envío de este proyecto-, por este beneficio que se entrega, sobre todo a los residentes de las zonas australes, donde los títulos irregulares abundan. La solicitud fue recogida por el ministerio en muy buena forma, y estamos a punto de sancionar esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión, por lo cual esperamos que no exista inconveniente alguno para su aprobación en la Sala.
En mi provincia, concretamente en la comuna de San Juan de la Costa, zona pobre y apartada, las situaciones irregulares son una característica generalizada, tanto en el interior como en la costa, hecho que ha retrasado su progreso. Hemos detectado que la precariedad del título va aparejada con la pobreza; nadie hace proyectos porque no puede entregar su inmueble como garantía para un proyecto de desarrollo productivo. En el sector costero de Maicolpué hay personas que por 20, 30 ó 40 años han ocupado predios contando sólo con títulos precarios, en los cuales han contruido viviendas, lo que ha mejorado su plusvalía, pero eso no les ha permitido desarrollarse plenamente y permanecen estancados por la precariedad de sus títulos. Por eso, celebro la presentación de una indicación del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales al artículo 9º, mediante la cual se entregan beneficios a una serie de localidades de la zona austral y de la Décima Región, que considera a la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Creo que con ello se hace justicia y se responde a la necesidad de sanear y conceder gratuitamente los títulos de dominio que durante muchos años han solicitado los ocupantes o poseedores de esos terrenos. San Juan de la Costa ocupa el quinto lugar entre las comunas del país en situación de extrema pobreza. No recibe ingresos por contribuciones, que le servirían mucho, porque sus habitantes no son propietarios de las tierras. Es un contrasentido que se repite en muchas otros lugares.
A Bahía Mansa , puerto pesquero artesanal, se le inyectarán recursos por 900 millones de pesos para modernizar y ampliar su infraestructura. Resulta absurdo e injusto, entonces, que la totalidad de predios y sitios no tengan títulos de dominio. El atraso de San Juan de la Costa está relacionado también con la precariedad de los títulos y con el hecho de que los ocupantes de los predios por tantos años no tengan la propiedad de la tierra. Este verano llegará a Bahía Mansa y a Maicolpué el asfalto. Como hemos logrado asfaltar el camino hacia el mar, pensamos que junto con ello llegará el progreso, mayores necesidades y requerimientos. Sin embargo, la riqueza de esa infraestructura vial se contrapone con la precariedad de no tener título de propiedad. ¿De qué sirve, si la irregularidad del dominio impide que el inmueble sea usado para construir cabañas, restoranes u otros complejos turísticos para recibir a los visitantes? El desarrollo del país no puede permitirse estos verdaderos bolsones de pobreza. La irregularidad de la posesión es también imagen de desorden y, a veces, de falta de preocupación por parte de los organismos del Estado.
Con este proyecto se completa la visión de Estado, se cumple la necesidad de regular u ordenar las diferentes áreas del país y se crean las condiciones de progreso y desarrollo. El país no se desarrolla ni progresa cuando hay sectores que no están potencializados y a los cuales no se les entregan los instrumentos que contribuyan al desarrollo. Esta iniciativa constituye un real aporte para el desarrollo rural y permite avanzar en otras áreas.
Me alegro enormemente y me siento muy satisfecho con la presentación de la iniciativa, sobre todo por los 800 ó 900 ocupantes de los sectores costeros de Maicolpué y de Bahía Mansa, que durante muchos años han luchado por que se les entreguen sus títulos de dominio. En su oportunidad, fueron objeto de tramitaciones y, además, se les fijaron precios exorbitantes a los predios, los que, por supuesto, no están a su alcance. Creo que el proyecto interpreta perfectamente el espíritu y las ideas matrices que tuvo en vista el Ejecutivo en su mensaje, porque para calificar la ocupación efectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 925 del Código Civil, que para estos efectos prescribe que la posesión del suelo se deberá probar con hechos positivos, con aquéllos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios y de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación. En verdad, en esos lugares ha habido construcción de cercos y viviendas, se ha creado una infraestructura y un entorno valioso con el esfuerzo y el aporte de las personas que hoy los ocupan. Por lo tanto, anuncio que voy a aprobar el proyecto en general y en particular por los beneficios que otorga y los efectos que tiene para el desarrollo del país.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, no obstante que el proyecto que nos ocupa esta mañana no concita el interés de todos los diputados -así podemos percibirlo en la Sala-, soluciona problemas reales de las personas, aspiración común de todos los parlamentarios que recogemos el reclamo permanente de nuestros ciudadanos, en cuanto a que los servidores públicos deben centrar su acción en los problemas que preocupan a la gente.
Esta iniciativa aborda una realidad existente en la zona sur austral y en la Décima Región -en forma muy particular en algunas comunas que represento en la Cámara, como Fresia y Los Muermos , y sectores de la cordillera de la Costa, de Chiloé continental, de Palena y de la Undécima Región-, que se ha tornado muy compleja para sus habitantes, en su mayoría pequeños agricultores que, dada la situación actual, se encuentran muy empobrecidos y con escasas alternativas de producción, así como también de desarrollo de sus familias.
Hasta aquí, uno de los problemas más importantes que han tenido durante largo tiempo es la imposibilidad de regularizar la propiedad de la tierra que ocupan y de ejercer los atributos de la propiedad, es decir, el uso y goce del suelo. Si bien reconozco que se han hecho reiterados intentos por regularizar la propiedad en esos sectores, debo recordar que se trata de ocupantes de terrenos fiscales, que tienen alguna inscripción, pero que deben compartir con ocupantes muy antiguos de terrenos particulares, que alguna vez tuvieron alguna inscripción privada, los cuales, de alguna manera, se han ido regularizando a través del decreto ley Nº 2.695, de 1979. Recordemos que dicho cuerpo legal, dictado en la época del gobierno militar, permitió un saneamiento masivo de la propiedad rural y urbana, pero, por distintas razones, otros ocupantes de predios no pudieron regularizar su dominio.
El proyecto permite solucionar una serie de inconvenientes que los habitantes rurales de esos sectores han tenido por largo tiempo. Como ocupantes de terrenos fiscales, su única posibilidad de sanearlos era a través de la compra directa al Fisco, pero con el inconveniente de tener que pagar el valor comercial, por una parte, y financiar los gastos de inscripción y escrituración, por otra, hecho que les ha imposibilitado materializar la regularización de sus propiedades. La iniciativa permite, entonces, que esos pequeños productores y habitantes rurales puedan sanear su propiedad.
En verdad, uno siente mucha satisfacción cuando se da solución real a este tipo de problemas, sobre todo en sectores en los cuales, dada mi dedicación al servicio público, he podido contribuir desde distintos ángulos a resolver parte de los problemas de la gente que será beneficiada con este proyecto. Estoy pensando en sectores de la cordillera de la Costa como las comunas de Fresia y, en particular, de Los Muermos, donde me correspondió ser alcalde. En su oportunidad, beneficiamos a los habitantes de esos sectores con un proyecto de saneamiento de títulos, los cuales se acogieron a los beneficios del decreto ley Nº 2.695, porque eran ocupantes de tierras que tenían inscripción particular. Dicha regularización se llevó a cabo con un subsidio municipal que permitió a cientos de familias tener el título de dominio de su propiedad. Hoy son muchos los pobladores de esos mismos sectores que, no obstante ser ocupantes de terrenos fiscales, no habían tenido acceso al mismo beneficio otorgado a sus vecinos a través del programa municipal implementado en el pasado. Por lo tanto, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida y a dar más oportunidades a la gente de los sectores de la cordillera de la Costa y de otros sectores rurales. Es importante también hacer presente en esta Sala -donde tenemos la opción de referirnos a problemas que afectan a habitantes rurales de sectores aislados- que junto con esta normativa, que les permitirá obtener algo tan importante como un título de dominio que los convertirá en propietarios de los terrenos que ocupan, es necesario implementar medidas complementarias que les permitan tener mayores oportunidades en los sectores donde viven. Empecé diciendo que se trataba de sectores con diversos problemas, que están empobrecidos por sus limitaciones de desarrollar actividades productivas importantes.
Una de las medidas complementarias podría ser la entrega masiva de subsidios forestales a esos sectores. Desde el punto de vista agrícola, no tienen muchas opciones de desarrollo, debido a que se han convertido en zonas forestales. Por lo tanto, podemos ayudarlos a incorporarse a la actividad forestal mediante el otorgamiento de subsidios.
Adicionalmente, hago un llamado a las autoridades de Gobierno, en particular a las del Ministerio de Agricultura, para que se califiquen las urgencias necesarias a fin de contar con una legislación de fomento al bosque nativo, que ha sido la labor natural de los pobladores a quienes estamos beneficiando con este proyecto. Su actividad natural ha sido vivir de la explotación del bosque nativo y de la leña. Sin embargo, dadas las restricciones propias de su explotación, se han visto restringidos en sus posibilidades de ingresos y de desarrollo. Son sectores que están viviendo situaciones de empobrecimiento, precisamente por no tener alternativas reales de producción.
La dictación definitiva de una norma legal que permita el fomento y uso del bosque nativo en forma adecuada generaría incentivos para que esos sectores que serán beneficiados con este proyecto de ley puedan acceder también a opciones de producción que les permita contar con los ingresos necesarios para mantener su actividad. Aquí corremos el riesgo que involucra entregarles el beneficio real y concreto de que se conviertan en propietarios de los terrenos que ocupan; pero, paralelamente, corremos el riesgo de que se vean obligados a abandonar esas tierras por falta de alternativas de desarrollo o de producción que les permitan ofrecer seguridad a sus familias.
Por lo tanto, considero que un complemento adecuado podría ser la implementación de subsidios forestales a los sectores que estamos beneficiando, además de la necesidad de implementar pronto una ley de fomento al bosque nativo que les permita explotarlo.
Finalmente, quiero manifestar la satisfacción que representa para mí poder contribuir a la aprobación de este proyecto. Debo recordar que se originó en una moción parlamentaria presentada en 1998, en conjunto con los diputados Orpis y Alvarado . Dadas las restricciones que tenemos para presentar este tipo de iniciativas parlamentarias -obviamente escapaba a nuestro ámbito-, celebramos que el Gobierno la haya acogido. En una entrevista que junto con el diputado Alvarado sostuvimos con el ministro Ravinet , que acababa de ser nombrado en su cargo, le planteamos la urgencia de esa situación. De manera que agradecemos al Gobierno que haya recogido nuestra moción y que la haya transformado en este proyecto de ley que hoy debatimos, pues, sin duda, representa un beneficio importante para muchos chilenos que habitan en los sectores rurales, particularmente en la parte cordillerana de la zona austral de nuestro país, y en forma muy especial para los habitantes de las comunas de Los Muermos y de Fresia que represento en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, como decía el diputado Carlos Recondo , este proyecto beneficia en forma directa, con nombres y apellidos, a aproximadamente 15 mil ciudadanos chilenos de la zona sur, la gran mayoría de los cuales viven en Chiloé y Palena : en Chiloé, unos 8 mil; en Palena, 4 mil; el resto, en Aisén, Puerto Montt y Llanquihue .
Si este proyecto se aprueba, el mecanismo que establece funciona y el trabajo que realicen las oficinas de Bienes Nacionales para materializar esta idea es el adecuado, se resolverá un problema que afecta a muchas personas.
Quiero sumarme a los agradecimientos al Ministerio de Bienes Nacionales, porque la iniciativa del ministro recoge las distintas opiniones que los parlamentarios le hicimos llegar. Conversamos muchas veces con él y con otros ministros acerca de este problema, haciéndonos eco del anhelo de miles de pequeños campesinos que nos plantearon su inquietud por el hecho de no tener títulos de dominio de la propiedad fiscal que ocupaban o porque la única solución era adquirirla a un precio absolutamente inalcanzable para ellos.
Entonces, el ministro Ravinet y la subsecretaria de Bienes Nacionales Paulina Saball, tomaron la iniciativa de reunir a todos los parlamentarios de la zona que representan a las distintas opiniones políticas del país para que nos sentáramos alrededor de una mesa y nos pusiéramos de acuerdo respecto de este proyecto. Ésa es la gracia del proyecto. Llegó a la Cámara prácticamente consensuado, salvo algunas modificaciones e indicaciones menores o de procedimiento tendientes a beneficiar a más personas. Por eso, por sobre todas las cosas, quisiéramos que fuera aprobado por unanimidad. Todos los representantes políticos están de acuerdo en aprobarlo porque beneficia a miles de compatriotas que viven en el sur.
En segundo lugar, resuelve otro gran problema: que la persona sea dueña del lugar donde vive, gran aspiración de todos. Además, tiene otros efectos. Mucha gente murió sin que su tierra quedara inscrita a su nombre.
La ley de propiedad austral permitió que se dictara un decreto supremo y se entregara un plano azul -con el que la gente se movía por todos lados-, pero nunca pudieron inscribir su propiedad, por distintas razones, en el conservador de bienes raíces, y siempre fue de dominio fiscal. Lo único que tenían era el decreto supremo y ese plano, pero no el título. La situación de esas personas -existen muchos herederos, hijos y parientes de ellas- derivó hacia otras circunstancias. Muchos fueron a una notaría y vendieron acciones y derechos del terreno, pero otros lo único que querían tener era el título.
El título, además del significado de ser dueño de la propiedad, les reporta beneficios. El Estado otorga una gran cantidad de beneficios y no es posible que esas personas puedan acceder a ellos, simplemente porque su propiedad no está inscrita a su nombre. Beneficios de Indap, de Conaf, del SAG y del propio Ministerio de Bienes Nacionales, a través de los subsidios rurales para la vivienda; beneficios para que se realice cualquier obra de infraestructura del Estado, por ejemplo, de agua potable. Cualquiera de esos beneficios resultan inalcanzables porque los títulos no están inscritos a su nombre y siempre las tierras han sido fiscales. Otro problema consistía en que mucha gente ocupaba tierra fiscal y tenía 2, 3, 4, 5 ó 6 hectáreas en otro lado, de su propiedad o de su cónyuge, pero no podía acceder a ella aunque la hubiesen ocupado por años, por cuanto la única solución era que el Fisco se las vendiera, mas no a un precio inalcanzable. Eso se soluciona con la simple aplicación del proyecto si se convierte en ley. Por lo tanto, con él se beneficiará directamente a miles de personas de Quemchi, Ancud , Dalcahue , Futaleufú , Alto Palena , Hualaihué , Castro , Queilén y Quellón , para lo cual el Ministerio de Bienes Nacionales tendrá que poner un equipo a trabajar.
Si tenemos suerte, el proyecto se aprobará hoy en general y en particular. Luego, pasará al Senado, y si alcanza a despacharlo durante el mes de noviembre significará que habrá un plazo de unos meses y que el Ministerio de Bienes Nacionales deberá ponerse a trabajar a todo ritmo con los funcionarios y con muchos recursos. Dependerá de la operatividad de las oficinas provinciales y regionales para acoger la gran demanda por la solución de los problemas de los vecinos. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la forma como lo hemos hecho. En Palena y en Chiloé la gente tiene la posibilidad de quedarse en el campo. Sus posibilidades de acceso a educación, a salud, a caminos, a electricidad, a agua potable y a beneficios de Indap, a través de distintos subsidios, hacen que tenga más ganas de quedarse en el campo. Quiere que sus hijos continúen en el lugar, pero con un futuro cierto y promisorio. Esto la ayudará muchísimo.
Por eso es tan importante este proyecto, la iniciativa del ministro señor Ravinet y de la subsecretaria señora Saball , y que hayan acogido las peticiones que hicimos durante mucho tiempo, porque, en definitiva, se trata de una especie de complemento. Además, se requiere la infraestructura adecuada para que los pequeños agricultores puedan seguir viviendo donde están.
Ayudará muchísimo contar con una ley para regularizar la propiedad de la tierra. Realmente es importante lo que hará la Cámara hoy: despachar un proyecto de ley para que miles de personas resuelvan situaciones pendientes relacionadas con la regularización de títulos de dominio de bienes raíces fiscales.
Felicito al Gobierno, al ministro y a la subsecretaria. Naturalmente, deben estar muy contentos y orgullosos por haber participado en este proyecto de ley que significará una ayuda para la gente de Chiloé y de Palena.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate. El proyecto se votará a las 12.30 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
En votación general el proyecto que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alvarado , Ascencio , Bertolino , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Elgueta , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Masferrer , Molina , Monge , Montes, Mulet , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Seguel , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Vilches y Villouta .
El señor PARETO (Presidente).-
El Ejecutivo formuló una indicación que tiene por objeto hacer más precisa la redacción del artículo 2º.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El Presidente de la República formuló una indicación que incluye a la comuna de San Juan de la Costa, de la provincia de Osorno.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Pido que se vote.
El señor PARETO (Presidente).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alvarado , Ascencio , Bertolino , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Montes, Mulet , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Seguel , Tuma , Urrutia , Velasco, Villouta y Walker (don Ignacio) .
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general y en particular.
Despachado el proyecto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Solicito la autorización de la Cámara para que la Comisión de Familia pueda sesionar en forma simultánea con la Sala el miércoles 31 de octubre del año en curso.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en estos momentos no tenemos quórum para acordarlo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Entonces, pediré la autorización cuando exista el quórum suficiente.
Muchas gracias.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/2758-12