REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 344ª, ORDINARIASesión 28ª, en martes 21 de agosto de 2001(Ordinaria, de 11.28 a 14.06 horas) Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Seguel Molina, don Rodolfo. Presidencia accidental del señor Acuña Cisternas, don Mario. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 Permiso constitucional 11 V. Orden del Día. Modificación del decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones. Primer trámite constitucional 11 VI. Proyectos de acuerdo. Otorgamiento de permisos de circulación a taxis 30 VII. Incidentes. - Reencauzamiento del río Biobío. Oficio 31 - Información sobre decreto que regula tarifas telefónicas. Oficios 32 - Reposición de antena de televisión en Constitución. Oficio 33 - Información sobre privatización de Essam. Oficio 34 - Instalación de una avanzada de Investigaciones de Chile en San Clemente. Oficio 34 - Aumento de dotación de Carabineros en Chiguayante y San Pedro de la Paz. Oficios 35 - Reposición de derechos sobre complejos recreacionales a funcionarios del Servicio de Salud de la Araucanía Norte. Oficio 36 - Reconocimiento y acreditación de comunidad terapéutica Manantial. Oficio 36 - Creación de servicio autónomo de salud en Chiloé. Oficio 37 - Médico legista para Ancud. Oficio 38 - Solución a problemas de pescadores artesanales de Undécima Región. Oficios 38 - Participación de municipalidad en actividades de la sociedad Hipódromo Arica. Oficios 39 - Incremento de monto de beneficios de seguridad social en zonas rurales. Oficio 39 - Administración y regulación de recursos pesqueros. Oficio 40Pág. VIII. Documentos de la Cuenta. - Mensajes de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. Modifica diversas disposiciones relativas a la Zona Franca de Iquique (Zofri) (boletín Nº 2770-05) 43 2. Aprueba el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y sus Anexos, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y Chile, en Santiago, el 30 de noviembre de 2000 (boletín Nº 2773-10) 46 - Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 3. Sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (boletín Nº 2439-20) 50 4. Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2219-02) 51 5. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 1993-11) 51 6. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada (boletín Nº 2666-02) 52 7. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio financiero y contable del año 2000. 52 8. Moción de los diputados señores Leal, Encina, Elgueta, Pérez, don José, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, y Sciaraffia, doña Antonella, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de reforzar los derechos de los ciudadanos y hacer mas equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales (boletín Nº 2771-05) 54 9. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual solicita antecedentes referidos al proyecto que renueva la vigencia de la facultad para la condonación de deudas municipales, conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 2729-06) 57 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación:-Del diputado señor Valenzuela, don Felipe, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 16 de agosto en curso, para dirigirse a Uruguay. 2. Oficios: Contraloría General de la República-Del diputado señor García-Huidobro, contrato por proyecto “Cristo de los Viajeros”. Ministerio del Interior-De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Ojeda, Luksic, Ortiz y de las diputadas señoras Caraball y Cristi, erradicación de antena en cerro La Compañía, comuna de Graneros. Ministerio de Relaciones Exteriores-De los diputados señores Jaramillo, Ascencio, Rosauro Martínez, Ortiz, Seguel y de la diputada señora Caraball, supuesta negociación con Nueva Zelanda para tratado de libre comercio. Ministerio de Educación-De los diputados señores Jaramillo y Ortiz, establecimientos particulares del distrito Nº 54. Ministerio de Justicia-De los diputados señores Prokurica, Bertolino, Vega y diputada señora González, contratación de profesional médico especialista para Servicio Médico Legal de la ciudad de Vallenar. Ministerio de Defensa Nacional-Del diputado señor Navarro, requisación de implementos de trabajo de buzos en la Octava Región; tenencia Santa Juana y Florida. Ministerio de Obras Públicas-Del diputado señor Kuschel, capilla de Caicaén.-Del diputado señor Molina, equipos de registro de infracciones. Ministerio de Agricultura-Del diputado señor Joaquín Palma, importaciones de alcoholes, licores y producción de pisco. Ministerio de Bienes Nacionales-De los diputados señores Ojeda, Jaramillo, Ortiz y Urrutia, regularización de dominio de inmuebles en el contexto de lo prescrito en la ley Nº 19.638. Ministerio del Trabajo y Previsión Social-De los diputados señores Navarro, Ascencio, Hernández, Felipe Letelier, Mulet, Núñez, Rincón, Riveros, Vega y de la diputada señora Rozas, cantidad de despidos verificados en el sector pesquero de la Octava Región. -Del diputado señor Mora, Dirección General de Crédito Prendario. -De los diputados señores Patricio Walker, Arratia y Ortiz, proyectos laborales aprobados en la Cuarta Región. Ministerio de Salud-De los diputados señores Navarro, Ascencio, Hernández, Felipe Letelier, Mulet, Núñez, Rincón, Riveros, Vega y de la diputada señora Rozas, número de personas fallecidas en los últimos seis meses en la comuna de Coronel. Ministerio de Vivienda y Urbanismo-De los diputados señores Ascencio, Krauss, Ojeda y Villouta, problema habitacional que presenta la comuna de Quellón. -Del diputado señor Joaquín Palma, contrato Serviu Región de Coquimbo con la empresa constructora. -De los diputados señores Jaramillo y Ortiz, alcantarillado comuna de Panguipulli. Ministerio Secretaría General de la Presidencia-De los diputados señores Navarro, Felipe Letelier, Sánchez y diputada señora Soto, plan preventivo para situaciones de emergencia en construcción de la empresa Ralco. -De las diputadas señoras Muñoz y Saa, proyecto de ley de divorcio. -De la diputada señora Saa, tramitación de algunos proyectos de ley. Ministerio de Planificación y Cooperación-De los diputados señores Patricio Walker, Arratia y Ortiz, proyectos de inversión aprobados de la Cuarta Región para el período 1998-2001. Consejo de Defensa del Estado-De los diputados señores Ulloa, Ascencio, Hales y Jaramillo, caución de buques tanques relacionada con daño efectivo causado. -De los diputados señores Víctor Pérez y Ulloa, compraventa de bien ubicado en la localidad de Coihueco. -De los diputados señores Navarro, Gutiérrez, Mesías, Ojeda y José Pérez, causa pendiente contra la Empresa Metalpar S.A.Municipalidades de San Fernando, Catemu, Hualqui, Paillaco, San Felipe, San José de Maipo, Talagante y Estación Central.-Del diputado señor Navarro, información relativa a bibliotecas.Municipalidades de Papudo, Teno, Providencia y Curicó.-De los diputados señores José García, Fossa, Víctor Pérez, Prokurica y Ulloa, nómina de inscritos en el registro de la Oficina Municipal de Información Laboral. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (104)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Rozas Velásquez, María PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Hales Dib, Patricio PPD RM 19Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Vega Vera, Osvaldo RN VII 40Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gabriel Ascencio y Felipe Valenzuela. -Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre, y del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.28 horas. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor SEGUEL (Vicepresidente).- El acta de la sesión 21ª se declara aprobada. El acta de la sesión 22ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. IV. CUENTA El señor SEGUEL (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.PERMISO CONSTITUCIONAL El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Felipe Valenzuela para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de agosto en curso, para dirigirse a Uruguay. ¿Habría acuerdo? Acordado.-o- -El Vicepresidente expresa las condolencias, en nombre de la Corporación, al diputado señor Juan Ramón Núñez por el fallecimiento, en el día de hoy, de su señora madre doña Eliana Victoria Valenzuela Toledo.-o- V. ORDEN DEL DÍAMODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, EN MATERIA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES. Primer trámite constitucional. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones. Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Riveros y Dittborn, respectivamente. Antecedentes: -Informe complementario de la Comisión de Trabajo e informe de la Comisión de Hacienda, sesión 27ª, en 14 de agosto de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 8 y 9, respectivamente. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de los señores diputados para que pueda ingresar a la Sala el superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones señor Alejandro Ferreiro. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social informa, complementariamente, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones. A las sesiones que la Comisión destinó al estudio complementario de la referida iniciativa legal, asistieron los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, la subsecretaria de Previsión Social y el superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones. En primer lugar, informaré sobre las consideraciones preliminares. En la sesión 61ª, celebrada el 9 de mayo del año en curso y durante la discusión del primer informe del proyecto, referido al marco de las inversiones de los fondos de pensiones, en particular a los límites de las inversiones en el extranjero, la Cámara acordó remitirlo nuevamente a la Comisión para incorporarle las modificaciones sobre la creación de multifondos en el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que el Ejecutivo había anunciado. Con fecha 29 de mayo último, su Excelencia el Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones a que nos hemos referido, que fue motivo del primer informe de la Comisión, entregado por el diputado señor Paya, a través de la cual incorporó la creación de multifondos en el nuevo sistema de pensiones y refundió ambas materias en un nuevo proyecto de ley. En atención a dicha indicación sustitutiva y al mencionado acuerdo de la Sala de la Corporación, el presente informe tiene carácter de complementario del primero, el cual fue emitido por la Comisión el 17 de abril del presente año. Ahora me referiré sólo a los multifondos y tocaré el tema de los límites de las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, en relación con la indicación aprobada en la Comisión de Hacienda.Sistema de multifondos. Necesidad de la creación de multifondos en el sistema de pensiones. El Ejecutivo señala que, actualmente, cada AFP puede administrar dos tipos de fondos de pensiones: Fondo tipo 1, al que pueden ingresar todos los afiliados al sistema de pensiones basado en la capitalización individual, y Fondo tipo 2, al que sólo pueden ingresar los afiliados pensionados y aquellos a los cuales les falten diez años o menos para cumplir la edad legal para pensionarse. A partir de lo anterior, debemos concluir que el sistema de AFP ya tiene creado el mecanismo de multifondos y que el proyecto propone ampliar el número de fondos existentes a cinco por cada administradora, diferenciados a partir de la proporción de su portafolio invertida en títulos de renta variable, donde a mayor renta variable mayor riesgo y mayor retorno esperado. La posibilidad de invertir en una cartera de inversiones cuyo riesgo está asociado al horizonte de inversión del afiliado, esto es, el tiempo que le falta para cumplir la edad legal para pensionarse y la posibilidad que tiene de recuperarse de períodos de bajos retornos, permite, según se señala, elevar el valor esperado de la pensión, haciendo posible aumentar la eficiencia con la que el sistema de pensiones debería lograr su objetivo fundamental: entregar a sus afiliados un ingreso que permita reemplazar, en forma adecuada, a aquel que obtenía durante su vida activa. Por lo tanto, la implementación de un sistema de multifondos se justifica en la medida en que permita a los trabajadores acceder a mejores pensiones y, por lo tanto, a un mejor nivel de vida durante su etapa de retiro. Además, se afirma que la creación de un sistema de multifondos permitirá a los afiliados lograr una distribución de cartera más acorde a sus preferencias y necesidades, en cuanto a riesgo y rentabilidad. Ello obedece a que los afiliados pueden tener diferentes preferencias en relación a la composición del portafolio de sus fondos de pensiones, que se reflejan en distintos grados de aversión al riesgo. La creación de multifondos permitirá el ejercicio de las preferencias por parte de los afiliados, generando un aumento de su bienestar. Se indica, a modo de ejemplo, que afiliados más jóvenes podrían optar por un fondo de pensiones con un mayor nivel de riesgo y retorno esperado, de forma tal de aumentar el valor esperado de su pensión, mientras que afiliados de mayor edad o ya pensionados, deberían optar por un fondo de mínimo riesgo, de forma de minimizar las fluctuaciones en el valor de su pensión.Efectos positivos de la creación de los multifondos. La implementación de un sistema de multifondos tendrá, a juicio del Ejecutivo, una serie de efectos positivos, tanto para el sistema de pensiones, en particular, como para el mercado de capitales, en general. Entre ellos, se mencionan los siguientes: mejor asignación de recursos, incentivos a buscar información, mejoramiento del servicio que entregan las AFP y participación de los afiliados.Contenido del proyecto. Elección de fondos para los afiliados. La indicación propone la libre elección de fondos de pensiones para todos los afiliados al sistema previsional, con excepción de los pensionados y de aquellos afiliados hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años de edad. Estos últimos podrán optar por alguno de los tres fondos de menor riesgo relativo. La razón de esta restricción es evitar que los afiliados en edad cercana a pensionarse o ya pensionados tomen altos riesgos en sus inversiones, que puedan afectar irreversiblemente el nivel de sus jubilaciones y las garantías estatales de pensión mínima comprometidas. En este sentido se modifica el artículo 23 del decreto ley Nº 3.500. No obstante lo anterior, los afiliados que, al incorporarse al sistema de pensiones, no seleccionan un tipo de fondo, serán asignados de acuerdo con su edad a uno de los cinco fondos. La forma de hacerlo consiste en su separación en tres tramos etarios, donde a los afiliados más jóvenes les corresponderá uno más intensivo en renta variable, y a los de mayor edad, un fondo más intensivo en renta fija. Cuando el afiliado haya sido inicialmente asignado a un fondo, con posterioridad será traspasado al que le corresponda según su tramo de edad, en caso de no manifestar su elección por algún tipo de fondo.Límites de inversión. La indicación sustitutiva establece límites máximos y mínimos de inversión en instrumentos de renta variable, según tipo de fondo, para permitir una efectiva diferenciación de éstos. Los límites propuestos son los siguientes: Fondo A, límite máximo 80 por ciento, límite mínimo 50 por ciento; Fondo B, límite máximo 60 por ciento, límite mínimo 30 por ciento; Fondo C, límite máximo 40 por ciento, límite mínimo 20 por ciento; Fondo D, límite máximo 20 por ciento, límite mínimo 10 por ciento. El Fondo E, no autorizado, opera sólo con renta fija. Para los efectos anteriores, se modifica el artículo 45 del decreto ley Nº 3.500. La propuesta establece un adecuado rango entre el límite mínimo y el límite máximo, entre los cuales el administrador del portafolio podrá optimizar su inversión. Respecto del límite para la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero, se propone establecer un límite para el total de recursos administrados por cada AFP, es decir, para el conjunto de las inversiones externas que se realicen con los cinco fondos de una administradora. De este modo, se da mayor libertad al administrador de portafolio para que determine cuál es el porcentaje óptimo de inversión externa en cada fondo de pensiones. Se propone también fijar un límite para el plazo promedio de la cartera de inversiones en renta fija en el caso del Fondo E, a fin de disminuir la volatilidad de sus retornos.Obligatoriedad de la creación de fondos. La indicación propone que la creación de los fondos sea obligatoria para las administradoras de fondos de pensiones, y que los cinco fondos sean implementados en forma simultánea una vez que entre en vigencia la ley.Traspasos entre fondos. Se establece que los afiliados podrán traspasarse libremente entre los fondos de una misma administradora de fondos de pensiones. No obstante, si un afiliado se traspasa más de dos veces en un año calendario, deberá pagar una comisión fija a contar del tercer traspaso. Ello se fundamenta en que se trata de inversiones de largo plazo y con el objeto de evitar costos de administración excesivos y eventuales efectos negativos sobre el mercado de capitales. Este tema figura en la modificación del artículo 32 del decreto ley Nº 3.500.Rentabilidad mínima. Se propone mantener el esquema base del mecanismo actual de medición de la rentabilidad mínima, es decir, una banda definida a partir del promedio de la rentabilidad real del sistema. Sin embargo, la medición de la rentabilidad mínima se efectuará para cada tipo de fondo, con el objeto de evitar que los fondos se diferencien lo menos posible, para no desviarse demasiado de la rentabilidad promedio. De ahí que se proponga ampliar la banda de medición de rentabilidad mínima para los dos fondos con mayor porcentaje de su cartera invertido en instrumentos de renta variable y mantener la actual para los tres fondos de menor riesgo. Para ello se modifica el artículo 37 del decreto ley Nº 3.500. Respecto de los Fondos tipos A y B se introduce una enmienda importante a la garantía de rentabilidad mínima, lo que también tiene incidencia en el encaje, en caso de que exista una rentabilidad por debajo del mínimo establecido. Dice lo siguiente: “1. “En el caso de los Fondos Tipos A y B:“a) La rentabilidad real anualizada de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos cuatro puntos porcentuales”. En la actualidad, el sistema de fondos de pensiones garantiza una rentabilidad mínima no menor a dos puntos porcentuales del promedio del sistema. Ahora, se lleva a cuatro puntos porcentuales. De manera que llamo la atención sobre este aspecto. Para los otros fondos se mantiene la rentabilidad mínima exigida en los términos actuales, es decir, que no sea menor a dos puntos porcentuales bajo el promedio del sistema. También se modifica el artículo 39 del decreto ley Nº 3.500, sobre la reserva de fluctuación de rentabilidad, en consonancia con lo dicho sobre los Fondos tipos A y B respecto de la rentabilidad mínima.Estructura de las comisiones. Con el objeto de no aumentar la complejidad del sistema para los afiliados y de no dificultar la labor del empleador, se mantiene la estructura actual de comisiones, proponiéndose que las que cobran las AFP en la actualidad sean uniformes para todos los afiliados, independientemente del fondo que elijan.Cuenta de ahorro voluntario. La iniciativa sustitutiva propone que las cuentas de ahorro voluntario puedan permanecer en un fondo distinto de aquel en que se encuentra la cuenta de capitalización individual, sin ningún tipo de restricción por edad o para los pensionados. Lo anterior se debe a que se trata de ahorros de libre disponibilidad, con propósitos distintos a los previsionales.Conflictos de intereses. Se propone permitir a las administradoras de fondos de pensiones efectuar transacciones directas entre los distintos fondos que administran, por el equivalente a los traspasos de los afiliados entre fondos. Esta medida tiene por objeto no introducir costos innecesarios en el funcionamiento del sistema de pensiones, dado los mayores movimientos de cartera que se espera que se produzcan en el sistema de multifondos. Se propone, además, establecer la obligación para las AFP de informar a la Superintendencia acerca de transacciones entre los distintos fondos manejados por una misma administradora, que se suma a los resguardos que existen actualmente en la ley para cautelar la seguridad de las inversiones que se realizan con los recursos previsionales. En cuanto al período transitorio, la indicación propone establecer normas especiales sobre excesos y déficit de inversión que permitan la adecuada diversificación de los fondos en la etapa de implementación del sistema. Para tal efecto, se establece un año de flexibilidad en el cumplimiento de límites máximos y mínimos para la estructuración de portafolio. A su vez, se propone mayor flexibilidad en la medición de la rentabilidad mínima durante los primeros años de operación. Por último, los afiliados que al iniciarse el sistema de multifondos no seleccionen un tipo de fondo, dentro del plazo de 90 días establecido en la ley, serán asignados de acuerdo con su edad, de conformidad con el artículo 3º transitorio. El artículo 1º transitorio, en términos generales, señala que las modificaciones que se introducen al decreto ley Nº 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día del sexto mes siguiente al de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Sin embargo, las modificaciones a que se refieren las letras a) y n) del número 14 y el inciso decimoctavo del nuevo artículo 47, sustituido por el número 17, entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.Ideas matrices o fundamentales del proyecto. En conformidad con el número 1º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como asimismo de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en la creación de un esquema de multifondos en el sistema previsional, con el objeto de incrementar el valor esperado de las pensiones que obtendrán los afiliados e introducir perfeccionamientos a la inversión extranjera de los fondos de pensiones.Artículos calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado. La Comisión estimó que el proyecto en informe, en su artículo único, números 14, letras a), e), g), m), n) y p), y 17, permanentes, y el artículo 8º transitorio, contiene normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política de la República, por incidir en atribuciones y funciones del Banco Central. Por otra parte, el citado artículo único, en sus números 1, 3, letra a), y 7, letras a), b) y c), permanentes, y 3º transitorio, revisten el carácter de normas de quórum calificado por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, en virtud de lo dispuesto en el Nº 18º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Por último, cabe señalar que algunos diputados, entre los cuales me cuento, no obstante concordar con los términos expresados en la indicación sustitutiva propuesta por el Ejecutivo, reiteraron su inquietud por la premura en legislar respecto de estos temas, dejando para más adelante los necesarios y urgentes perfeccionamientos al actual sistema de pensiones en lo que se refiere a su administración, en materias tales como, entre otras, el costo de las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones y la concentración de su propiedad. En especial, señalaron su preocupación por la adscripción obligatoria de aquellos afiliados que no manifiesten expresamente su voluntad de incorporarse a uno u otro fondo, y por la eventual ocurrencia de fenómenos parecidos a los sucedidos al inicio del nuevo sistema previsional en el que muchos trabajadores, por falta de una adecuada y expedita información, se traspasaron a él sin medir los efectos que ello implicaría en el monto de sus pensiones. Debo señalar, con claridad, que los costos del sistema de pensiones tienen conexión con el proyecto en informe, toda vez que, precisamente, los trabajadores que pueden recurrir a los fondos con mayor riesgo son los más impactados con los costos de la administración, en particular con la renta fija que se extrae del fondo, que debe ser recuperada con un nivel de rentabilidad acorde con los costos que el sistema involucra para los afiliados. También existió preocupación especial en lo relativo al aumento de los límites de inversión en el extranjero de los fondos de pensiones, en circunstancias de que la actual situación económica interna ameritaría estudiar fórmulas que permitieran orientar parte de dichos recursos en el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa nacional, afectada seriamente por la crisis conyuntural que atraviesa el país. Puede resultar un contrasentido que parte importante del principal ahorro del país -los fondos de pensiones-, de más de 35 mil millones de dólares, se invierta en el extranjero. Es más, que se aumente el límite de las inversiones en tal ámbito, mientras que Chile, sin lugar a dudas, requiere de mayores capitales. Por ello, solicitamos al Ejecutivo el envío de una indicación -tuvo problemas de aprobación dentro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero finalmente fue aprobada, aunque no en los términos óptimos que hubiésemos querido-, por lo menos para dar una señal en la línea correcta. No me explayaré en ella. Será parte de la materia que abordará el colega informante de la Comisión de Hacienda, pero, en síntesis, la indicación implica un desafío para la etapa de aplicación gradual del mayor límite de inversión en el extranjero. De todos modos, debe buscarse la forma de hacerla más atractiva en el ámbito interno, con el objeto de hacer confluir un mercado de capitales dinámico, que permita aprovechar el ahorro de los fondos de pensiones, principalmente en nuestro país, con un nivel de rentabilidad adecuado. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn, informante de la Comisión de Hacienda. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, voy a hacer un resumen muy apretado de los principales objetivos y herramientas del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, porque el diputado señor Riveros ha efectuado una larga y detallada exposición del mismo. El proyecto, llamado también de multifondos, de origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y que fue aprobado en forma unánime en la Comisión de Hacienda, crea cinco fondos dentro de las administradoras de fondos de pensiones. En la práctica, es parte de un paquete legislativo que ha enviado el Ejecutivo últimamente al Congreso, en el marco de una reforma muy profunda e importante al mercado de capitales y de inversión. Algunos de los proyectos iniciaron su trámite en la Cámara de Diputados, y otros, en el Senado. Los objetivos del proyecto son básicamente dos: primero, incrementar la rentabilidad de los fondos de pensiones en el largo plazo y, por ende, mejorar el nivel de las pensiones que entrega el sistema de AFP, y segundo, modificar los límites de inversión de los fondos de pensiones. La mayor rentabilidad y el aumento de las pensiones se originarán mediante el incremento de la renta variable de los fondos, y este punto es bien importante, frente a una cifra que me causó mucho impacto. Es sabido por los economistas que en el largo plazo la mayor rentabilidad está asociada a instrumentos de renta variable y no a instrumentos de renta fija. Por lo tanto, preocupa que las AFP, en los últimos cuatro o cinco años, hayan disminuido en forma importante la proporción del fondo de pensiones que se invierte en renta variable. Una sola cifra para ilustrar el hecho: en 1996, los fondos de pensiones tenían en promedio un 35 por ciento de sus ahorros invertidos en renta variable, en acciones, fundamentalmente. La cifra en ese rubro hoy es del 7 por ciento. Es decir, ha disminuido de un 35 por ciento a un 7 por ciento la proporción de los fondos de pensiones invertidos en renta variable. Sin duda, ello obedece a que el mercado bursátil ha perdido su importancia en los últimos años. Menos empresas han accedido a él y otras no han aumentado su capital, lo que ha generado la escasez de acciones. Esto significa, en el largo plazo, un castigo muy importante para los afiliados a las AFP, que reciben pensiones más bajas. El proyecto pretende revertir tal situación a través de la posibilidad de que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos de renta variable en el extranjero y, en el largo plazo, aumentar el nivel de las pensiones. Debo recordar que el 16 por ciento de los fondos de pensiones está invertido en el extranjero, dentro del rango permitido del 10 al 20 por ciento. Lo grave es el tope de la inversión en renta variable en el extranjero, cuyo rango permitido es del 5 al 10 por ciento. Por lo tanto, otro aspecto muy importante del proyecto es que permite incrementar la inversión en renta variable de los fondos de pensiones, lo que debiera aumentar las pensiones en el largo plazo. Quiero destacar los aspectos más importantes de la discusión particular del proyecto. Uno de ellos lo mencionó el diputado señor Riveros: se establece la existencia de una misma cotización para los cinco fondos de pensiones. Recordemos que hoy sólo existen dos: el Fondo A, que es aquel al cual nos encontramos casi todos afiliados, y el Fondo B, de renta variable, que es sólo para aquellas personas que están muy próximas a jubilar. El proyecto crea cinco fondos de pensiones: el tipo A, que tendría sólo renta variable -sería el más riesgoso, por llamarlo de alguna manera- y los tipos B, C, D y E. Este último tendría el ciento por ciento de inversión en renta fija y sería el menos riesgoso. Los cinco tendrán una misma cotización, lo que constituirá una ayuda para el imponente, ya que todos tendrán un mismo nivel de mantención y los afiliados no necesitarán comparar costos. Por su parte, las AFP deberán implementar el sistema de multifondos dentro de los seis meses después de publicada la ley en el Diario Oficial. A partir de esa fecha, los imponentes elegirán el tipo de fondo en que deseen estar, con algunas restricciones en cuanto a la edad. Por ejemplo, no se permitirá que las personas que estén a punto de jubilar se inscriban en el fondo de máxima renta variable -que es el más riesgoso-, porque ello podría perjudicar el nivel de sus pensiones en el caso de que se vieran afectados por una baja en la Bolsa de Comercio. Sin embargo, a las personas más jóvenes les convendrá incorporarse al fondo de renta variable -tipo A-, porque es donde podrán obtener una mayor rentabilidad a largo plazo. Si el afiliado no elige un fondo, se le asignará uno de acuerdo con su edad y con las restricciones que contiene la ley en estudio. Como también señaló el diputado señor Riveros, las personas podrán hacer dos traspasos en forma gratuita, de un fondo a otro dentro de un año calendario. Si son más de dos, el traspaso tendrá un costo para el afiliado. El proyecto contiene una gran cantidad de aspectos técnicos que no vale la pena entrar a detallar, entre otros, se elimina el activo contable depurado como requisito para la elegibilidad de las acciones, que es algo que entraba e impide la elección de ciertas acciones para los fondos de pensiones. También se corrigen los límites de inversión por emisor para cautelar aspectos como la concentración de las inversiones del fondo en determinados emisores y para evitar conflictos de intereses entre los dueños de las administradoras y las empresas donde se invierte. A partir de la vigencia de la ley, los afiliados tendrán 90 días de plazo para elegir el fondo al cual deseen pertenecer, con las restricciones que se establecen de acuerdo con la edad del imponente. Si en dicho plazo las personas no se acercaran a la AFP a realizar el trámite, la respectiva administradora elegirá el fondo para cada imponente según su edad. En resumen, se trata de un proyecto importante que amplía la libertad de los afiliados para elegir entre un mayor número de fondos de pensiones, distintos entre sí. De dos que hay actualmente, se pasará a cinco en el futuro, pero lo más importante es el impacto que tendrá para la gente joven, por cuanto tendrá la posibilidad de optar por el de mayor renta variable, “el más riesgoso” y, por lo mismo, el de mayor rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, la gente joven será la más beneficiada con el mejoramiento de sus pensiones en el largo plazo, pero quienes estamos cerca de jubilar no podremos gozar de los beneficios del proyecto, porque con las restricciones que contiene no se nos permite optar por el fondo más riesgoso. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, me alegra mucho que mi colega señor Julio Dittborn haya hecho un reconocimiento especial de este proyecto de ley, que forma parte de los tres que anunciara el Presidente de la República señor Ricardo Lagos el 21 de mayo pasado en el Congreso Pleno, en función del aumento de las inversiones y del consumo y de la creación de miles de empleos. Por tal razón, el proyecto de mercado de capitales ingresó en la Cámara de Diputados el 4 de junio, y en un tiempo récor de 15 días -es decir, el 19 de junio-, terminó su primer trámite constitucional. Hace algunos días se puso término al primer trámite constitucional del proyecto institucional en el Senado de la República. El tercer proyecto tiene que ver con el sistema de multifondos. Los dos diputados informantes han destacado el significado de la creación de cinco fondos: mejorar las pensiones a través de la eficiencia del sistema previsional, de manera que sus afiliados reciban al jubilar una suma similar al ingreso que obtenían durante su vida activa. Soy consecuente y no dependo de los escenarios. Mediante la ley Nº 19.200, en diciembre de 1993 se hizo posible que el profesorado -mi gremio- pudiera cambiar su sistema de jubilación y que, en vez del promedio de las 60 últimas mensualidades, lo hiciera con el promedio de las últimas 36 mensualidades. Eso significó aumentar de un 48 a un 82 por ciento el promedio de su última renta y permitió que hicieran uso de ese derecho miles de profesores que tenían los requisitos para impetrar el beneficio de jubilación. Después de dos modificaciones al Estatuto Docente que significaron elevar ese ochenta y dos por ciento al ciento por ciento de su última renta, jubilaron más de 6 mil profesores con una indemnización de entre 15 y 16 meses. Sin embargo, no pueden acceder al mismo beneficio, aunque cumplan los requisitos, los profesores y los funcionarios de la Administración Pública que están en el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Sus pensiones bajan a la mitad de la última renta en ejercicio. Por eso, me alegra que mi Gobierno haya enviado este proyecto de ley que -espero que se apruebe por unanimidad- que aumenta el nivel de las pensiones. El riesgo de invertir en renta variable está asociado al horizonte de una mejor pensión para el afiliado, quien obtendrá un ingreso que reemplace en forma adecuada el que obtenía durante su vida activa. Sin embargo, esto implica la eficiencia en la administración del sistema de pensiones. Al respecto, algunas estimaciones demuestran que la posibilidad de que el afiliado pueda acceder a distintas carteras de inversión durante su vida activa le permite acumular un mayor saldo en su cuenta individual, lo que va en directo beneficio de su pensión. Con retornos históricos de los fondos de pensiones, durante el estudio de este proyecto de ley, se realizaron simulaciones para determinar el saldo que acumularía un trabajador al final de su vida activa, comparando los resultados de la situación actual con el esquema de este proyecto de multifondos. Se dieron tres escenarios. El primero, un afiliado activo, que utiliza las posibilidades de cambiar sus recursos entre fondos y que elige siempre la alternativa de mayor riesgo, es decir, permanece los primeros treinta años en el Fondo A, de 25 a 55 años de edad, y diez años en el fondo C, de los 56 a los 65 años de edad. El segundo, un afiliado pasivo, que no elige fondo y que le es asignado de acuerdo con el proyecto de ley. El tercero, un afiliado que permanece en el fondo C. Si se comparan los resultados en cuanto al saldo acumulado en la cuenta individual entre las situaciones A y C y B y C, simulando doscientos escenarios de trayectoria de retorno durante la vida activa del afiliado, se obtuvieron los siguientes resultados. Perdón, señor Presidente, ¿cuántos minutos me restan? El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo. El señor ORTIZ.- Pero tengo el tiempo de dos discursos de diez minutos cada uno. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Señor diputado, le corresponden dos discursos de cinco minutos. El señor ORTIZ.- Sí, señor Presidente. El saldo final acumulado en la cuenta de capitalización individual en el modelo de multifondos del afiliado activo, en un 98 por ciento de los casos supera el saldo final de la situación actual. El saldo promedio del esquema de multifondos para este escenario supera en un 105 por ciento el saldo promedio en la situación actual. Después, en el caso del afiliado pasivo versus la situación actual, se comprobó que en un 64 por ciento el saldo final acumulado en la cuenta de capitalización individual en el modelo multifondos supera el saldo final de la situación actual. En consecuencia, puede reconocerse con estas simulaciones que los multifondos ayudarán en forma real y efectiva a cumplir el gran objetivo: mejorar las pensiones. Existe la posibilidad de elegir cartera, de una mejor asignación de recursos, de incentivos para buscar información, de mejoramiento del servicio que entregan las administradoras de fondos de pensiones y de participación, vital para los afiliados. En resumen, el proyecto propone ampliar el límite global de la inversión de los fondos de pensiones en el exterior y establece, para estos efectos, un rango que fluctúa entre un 20 por ciento y un 30 por ciento del valor de los fondos de las AFP, dentro del cual el Banco Central determinará el límite definitivo. Considero que, al preocuparnos de los ahorros de los millones de trabajadores chilenos en el sistema de administradoras de fondos de pensiones, el proyecto va por el camino correcto. Las AFP no pueden decir que no se está legislando en el sentido de que tengan opción de invertir en el extranjero y en el país para hacer efectiva una mejor rentabilidad y dar mayor tranquilidad en su jubilación a los trabajadores chilenos. Por eso, votaremos favorablemente. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, el proyecto en análisis apunta en la línea correcta, cual es dar mayor libertad para que los afiliados de las AFP -siempre y cuando se implementen las medidas pertinentes- puedan recibir una rápida y efectiva información y, según su edad y expectativas, decidir en qué fondos les conviene tener sus ahorros previsionales de manera de mejorar su rentabilidad y contar con una mejor jubilación. Desde ese punto de vista, es bueno lo que se ha hecho; pero sí tengo algunas aprensiones que quiero dejar planteadas, para la historia fidedigna de la ley, las cuales solicito al ministro que las aclare con posterioridad. En primer lugar, por qué fijamos en la ley un rango de inversión entre 15 y 35 por ciento, porcentaje que, en apariencia, parece alto, pero que a mi juicio no lo es, más aún cuando el Banco Central debe definir que rango autoriza. ¿No sería más lógico, para que la ley sea moderna, con proyecciones, permitir hasta el 50 por ciento y que el Banco Central fije los montos y los rangos donde lo estime conveniente? Puede darse el caso de que, en un momento, el 35 por ciento sea poco y tengamos que legislar de nuevo para elevarlo. ¿Por qué hacer una ley con un horizonte tan reducido? En segundo lugar, me llamó la atención el hecho de que muchos diputados manifestaran su intención de que las AFP tuviesen mejores condiciones para invertir mayores recursos en el país. Hay que recordar que los fondos acumulados alcanzan a la suma de 35 mil millones de dólares, que equivale casi al 50 por ciento del producto geográfico nacional; es decir, es un gran volumen de recursos, el que, en un futuro muy próximo, será demasiado importante en relación con la economía nacional que, a mi juicio, es muy pequeña para poder invertirlos y multiplicarlos. De ahí la importancia de aumentar el margen de inversión en el extranjero. Recordemos el viejo adagio que dice que quien reparte sus inversiones en distintas canastas, obviamente tendrá una mejor forma de defenderse o de obtener mayor rentabilidad. También considero lógico que haya quienes piensen en por qué no aprovechar estas grandes sumas para dar impulso a nuestro desarrollo económico sin arriesgarlas, ya que debemos reconocer que las economías, tanto de nuestro país como del hemisferio, y en general de los países en vías de desarrollo, son equivalentes a una montaña rusa -valga la comparación-, en que de repente estamos muy bien y luego bajamos, y así sucesivamente. Tampoco podemos pretender que estos recursos tengan o sigan la misma onda, sino que sean lo más parejo posible, incluso con mayor rentabilidad. Últimamente hemos sido gravemente afectados por situaciones económicas de otros países. Por lo tanto, ¿no sería conveniente, por ejemplo, para permitir esta inversión en nuestro país, que se facultase a las AFP para operar a través del decreto 600, de inversión extranjera, que presenta una serie de ventajas? Espero que el señor ministro aclare mis inquietudes. El proyecto es bueno y la bancada de Renovación Nacional lo va a apoyar. Esperamos que rinda los frutos que todos deseamos. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro del Trabajo. El señor SOLARI (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, deseo responder al diputado señor Bertolino. En primer lugar, en este proyecto, de un límite en torno del 10 y 20 por ciento de inversión en el extranjero, hemos avanzado hasta el 30 por ciento, lo cual, a nuestro juicio, y también al de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, constituye un avance importante en el sentido de que toda la administración que regula los fondos del decreto Nº 3.500 se ha caracterizado, en cada uno de sus pasos, por tener gran prudencia para preservar que los fondos acumulados no corran grandes riesgos. Al mismo tiempo, se mantiene la atribución del Banco Central para fijar el rango. Además, en la actualidad, el total de la inversión de los fondos de pensiones en el exterior asciende a 14 por ciento. Por tanto, no estamos en presencia de un problema de rigidez o de estrechez de los límites para la inversión en el extranjero. Entonces, en la medida en que se pruebe la eficiencia y, por sobre todo, la rentabilidad de la inversión, siempre existirá la buena disposición de ampliar los límites. Pero, insisto, la prudencia en la aplicación de los fondos de los trabajadores debe ser la consigna que guíe todas las transformaciones futuras. En cuanto a la utilización de los fondos y a la posibilidad de dinamización del mercado interno de capitales, quiero decir que el aumento de inversión fuera de Chile genera mayores posibilidades para las empresas chilenas, toda vez que en el mercado de capitales quedan espacios libres para que éstas actúen. Los otros aspectos y transformaciones que se lleven a cabo en el contexto de la reforma del mercado de capitales también permitirán abrir espacios, tanto en la bolsa como en otros instrumentos financieros, para empresas particularmente pequeñas. Pero me quedo con lo principal. La capacidad de hacer más inversiones en el extranjero abrirá espacios para la inversión financiera en Chile de empresas pequeñas y medianas. Además, el desarrollo de una nueva institucionalidad del mercado de capitales -tema muy avanzado en el trámite legislativo- también permitirá que otras empresas puedan contar con recursos en distintas opciones de inversión en renta variable. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, el proyecto en estudio constituye un mejoramiento de la actual normativa del decreto ley Nº 3.500, que regula el sistema previsional privado. Poco tiempo después de su puesta en vigor, se plantearon diversas propuestas para optimizar el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones en tres sentidos principales: primero, disminuir los costos para los afiliados; segundo, asegurar una rentabilidad adecuada en las inversiones de los fondos, y tercero, modificar los requisitos establecidos para la obtención de beneficios por parte de los cotizantes. El proyecto se orienta en el sentido de mejorar la rentabilidad. Fue debatido en la Sala en una ocasión anterior, y reenviado a la Comisión respectiva con el objeto de analizar algunas enmiendas a su texto. El Presidente de la República incorporó una indicación sustitutiva, destinada fundamentalmente a crear un sistema de multifondos y a establecer diversas disposiciones referidas a las carteras de inversión. A través de ellas se pretende compatibilizar el interés de los cotizantes en obtener ganancias para sus aportes con el riesgo que se debe afrontar, sobre todo en algunas carteras de inversión donde priman los instrumentos de renta variable. La experiencia acumulada por el sistema demuestra que la existencia de un solo fondo ha ocasionado graves problemas a los cotizantes. En efecto, superadas las auspiciosas tasas de rentabilidad de los primeros años, éstas cayeron hasta registrarse índices negativos durante largos períodos, lo que ocasionó un indudable perjuicio a los afiliados, quienes vieron disminuir su fondo. Ello, hace algunos años, motivó la creación de un segundo fondo destinado a aquellos afiliados próximos a pensionarse, cuya inversión en instrumentos de renta fija evita las negativas fluctuaciones en una etapa en que son particularmente perjudiciales. Pues bien, diversos estudios técnicos han señalado que dicha experiencia podría multiplicarse, aumentando las posibilidades de los cotizantes para influir en el destino de sus fondos, de forma de compartir la responsabilidad de la administración, disminuir los riesgos financieros de algunos instrumentos y mejorar la información con que cuentan los usuarios. El mecanismo propuesto supone la existencia obligatoria de cinco fondos de libre acceso que combinan en diversas proporciones -máximas y mínimas- los instrumentos de renta variable y fija, con la sola limitación de que durante la edad más próxima a la jubilación se puede optar exclusivamente por aquellos tres fondos de menor riesgo. Al mismo tiempo, la iniciativa contempla diversas normas relativas al régimen de inversión de fondos en el exterior que, en lo sustantivo, significan un aumento en el límite global de recursos que pueden destinarse a este fin y una mayor diversificación de los instrumentos. En otro sentido, se incorporan diversas disposiciones que establecen límites y resguardos en materia de inversiones nacionales. Sin duda, la enmienda principal -objeto de esta indicación sustitutiva- es un avance muy importante para el sistema previsional, en cuanto permite disminuir el riesgo para los cotizantes, los que podrán participar de la decisión que se tome sobre sus fondos. Sin embargo, hay algunos aspectos que me merecen reparos y espero que puedan corregirse durante los trámites restantes del proyecto.a) En cuanto al criterio presunto, que se atribuye a los afiliados que no expresan voluntad a favor de uno u otro fondo, resulta cuestionable suponer que opte por el de mayor riesgo, pues es evidente que ésta no es la conducta habitual. La ley no puede presumir la osadía, más aún tratándose de fondos previsionales. Lo lógico sería que el fondo supuesto fuera el C, vale decir, el intermedio, donde, a lo menos teóricamente, se cautelan en forma complementaria la rentabilidad y el riesgo.b) Sin caer en una demagogia fácil, creo que, ante la situación que vive el país, resulta cuestionable extender los límites de inversión en el exterior. Si bien no manejo información detallada sobre el particular, ésta debiera ser sólo subsidiaria de la nacional, reducida, en todo caso, a instrumentos que aseguren ventajas y riesgos que no existan en el país. Asimismo, en caso de que ello fuera imprescindible, que se extiendan los plazos en que se haga efectivo ese aumento.c) Considero necesario insistir en la necesidad de perfeccionar el sistema de comisiones, las que, si bien se han reducido, siguen siendo elevadas. Al mismo tiempo, es indispensable efectuar las enmiendas que permitan un mayor acceso de los cotizantes a los beneficios, flexibilizando los requisitos para acceder a la garantía legal. Por todas estas consideraciones, la bancada del Partido Socialista aprobará el proyecto. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, luego del debate en la Comisión y de escuchar con atención a los colegas que han intervenido, da la impresión que estamos frente a un proyecto espectacular. Sin embargo, aun cuando comparto varios de los argumentos planteados, en honor a la verdad no puedo abstenerme de entregar -lo dije en la Comisión- una perspectiva distinta. No cabe duda de que, desde un punto de vista económico, el proyecto es bueno; pero a la gente no se le ha dicho que permitirá ampliar la inversión de los fondos de los trabajadores chilenos en el exterior. En eso se ha centrado la discusión. Hoy, cuando en Chile se está viviendo un nivel de cesantía muy grande y las empresas nacionales enfrentan dificultades, surge la pregunta: por qué no disponer en un proyecto que estos fondos, que son platas de los trabajadores, se inviertan en Chile y no salgan al extranjero. Los expertos y técnicos dicen que eso no es posible. El proyecto mereció algunos reparos, ya que se está discutiendo la creación de multifondos o de distintas alternativas para los trabajadores; pero no se ha dicho en qué forma llegará la información a los afiliados, a los dueños de los fondos, que deben recibir los beneficios, cuando la mayor dificultad radica en que quienes administran sus platas no entregan la información como corresponde. Esta situación se analizó en esta Cámara. Incluso, en una oportunidad, el superintendente de AFP hizo una serie de enmiendas administrativas con la finalidad, entre otras, de agilizar supuestamente la información a los afiliados; pero eso significó que quedaran quince mil vendedores cesantes. Por lo demás, todos saben que para leer, traducir o entender cierta información de la AFP -si es que les llega-, prácticamente hay que tener a mano un diccionario para descifrar jeroglíficos. Además, ¿creen ustedes que al presentar a los trabajadores alternativas distintas los dueños del negocio les señalarán cuál es la mejor, de acuerdo con su sueldo? Yo, por lo menos, estoy convencida de que los dueños de las AFP no lo harán, porque sólo les interesa lucrar con la plata de los trabajadores. También he manifestado mi disposición contraria al proyecto por un tema de fondo, de marca mayor: estamos pidiendo una transformación del sistema de las AFP. Ese tema sigue pendiente. Aquí vienen y hablan quienes administran las platas de los trabajadores, pero todavía no hemos hecho la pregunta de fondo: ¿Qué opinan los dueños de las platas sobre cómo participarán ellos en las decisiones? Mientras no realicemos esa discusión de fondo -no quiero involucrar a nadie-, por lo menos, en términos personales, no estoy dispuesta a avalar buenos y grandes negocios para los dueños de las AFP, que no redundan en ningún beneficio para sus afiliados. Desde el punto de vista técnico-económico, reconozco las bondades del proyecto y no me estoy oponiendo a eso; pero no estoy aquí para legislar en favor de quienes pretenden hacer buenos negocios con la plata de los trabajadores. Hablo a título personal y, al igual como lo hice en la Comisión, votaré en contra del proyecto, porque desde el punto de vista práctico no significa ningún beneficio para los dueños de las platas, porque todos sabemos cómo operarán quienes las administran. Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto mientras no se hagan las enmiendas de fondo que indiquen la forma en que los beneficios llegarán a los trabajadores y no se diga cómo se modificará el sistema previsional. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, considero que el proyecto en debate, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de fondos de pensiones, debe ser uno de los más importantes que ha tratado la Sala este año. Lo digo porque reviste importancia para todos los trabajadores, puesto que constituye una apuesta para sus posibilidades previsionales. Allí radica su relevancia. Tal vez no estamos legislando con toda la urgencia que quisiéramos, porque es necesario que todos los sectores involucrados, fundamentalmente los trabajadores, puedan entregar su opinión. Se ha planteado, con bastante claridad, que actualmente existen dos fondos dentro del sistema de las AFP y que los trabajadores, en virtud de este proyecto, podrán optar a uno de los cinco fondos que se propone crear. El primero de ellos es el de más alto riesgo, porque -como se explicó- consiste en instrumentos financieros de renta variable. El más conservador es el fondo de pensiones tipo D, con rentas fijas a largo plazo. Sin duda, esto tiene importancia porque las personas que inician sus ahorros previsionales podrán optar por una renta variable que les permitirá obtener mejor rentabilidad al final del período. También me parece muy positiva la flexibilización que se introduce en cuanto a que quienes estén en el sistema podrán cambiarse de fondo hasta dos veces en el año. Pero hay algo que es necesario saber. Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedirle al ministro de Hacienda que nos informe cuántos son exactamente los recursos acumulados en los fondos de pensiones de las AFP. Quiero que lo diga oficialmente, porque no existe ningún sistema en el país que haya acumulado más recursos. Hoy, sus posibilidades de inversión -que están reguladas- sólo están limitadas a instrumentos financieros de renta variable en el exterior, los cuales podrían generar mayor rentabilidad. La pregunta tiene relación directa con una decisión país. En muchas oportunidades se ha propuesto que estos recursos sean invertidos en industrias productivas nacionales que tienen alto nivel de riesgo. Ya debatimos y solicitamos en esta Sala que estos recursos fueran invertidos, por ejemplo, en la empresa más importante de Chile, como es Codelco. Pero esa pregunta no tuvo una respuesta adecuada y creo que ésta es la oportunidad de saber si esta modificación permitirá que las personas puedan decidir respecto de las inversiones. Señor Presidente, el diputado señor René Manuel García me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, sólo quiero que el ministro me aclare algo fundamental. Aquí parece como que el Gobierno o nosotros no quisiéramos permitir inversiones y la verdad es que, ya sea en el extranjero o en nuestro país, en empresas rentables o no rentables, los únicos recursos que tienen absoluta garantía estatal son los de los trabajadores. Si se invierte mal, el Estado deberá reponer esos recursos más los intereses que dejaron de percibir. En consecuencia, debemos velar por que las inversiones sean rentables, y que ello se traduzca en que los trabajadores tengan un mejor pasar. Si analizamos fríamente la situación, los dueños de Chile podrían ser los trabajadores, porque no existe nada que no se pueda comprar con los 45 mil millones, más o menos, a que alcanzan los fondos de pensiones de las AFP. En lugar de invertir, podrían ser los dueños de todas las empresas del país y tendríamos que ver quiénes las administran. Por eso, ante todo me gustaría que el ministro nos aclarara lo que dijo el colega Vilches y si es verdad lo que afirmo respecto de los fondos. Hay diputados que manifiestan que no tienen garantía del Estado; pero yo digo que los únicos recursos que tienen garantía estatal, invertidos en Chile o en el extranjero, son los de las AFP. Agradezco la interrupción que me concedió el diputado Carlos Vilches. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, se han hecho inversiones muy importantes. Creo que la máxima autoridad del sector económico del país, presente en la Sala, el ministro de Hacienda, también podría explicarnos si mediante la modificación que se hace en virtud del proyecto, se autorizará la inversión de estos recursos en proyectos tales como concesiones de carreteras, porque han llegado al país inversionistas extranjeros que, sin duda, han dado un nuevo impulso a nuestra infraestructura vial. Por eso, echamos de menos que estos recursos, tan importantes, cuantiosos y asegurados, no se utilicen para iniciar la nueva etapa que está viviendo el país ante la necesidad de salir del subdesarrollo. Finalmente, anuncio que vamos a apoyar el proyecto porque implica modernización. Pero hay que decirlo, porque en verdad, nos guste o no nos guste, el sistema de las AFP ha sido copiado por muchos países más desarrollados que el nuestro. Ha sido así, y han venido expertos a perfeccionarse en esta materia. Entonces, estamos modernizando el sistema de inversiones de estos recursos. En muchas campañas electorales se ha pretendido, demagógicamente, echar mano a ellos para utilizarlos en otros rubros; pero este sistema tiene prestigio y respaldo, y la modernización del decreto ley que se hace mediante este proyecto va en beneficio de todos los trabajadores y, fundamentalmente, del país. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Informo a la Sala que seis parlamentarios se hallan inscritos, y que existe unanimidad sobre el proyecto. Si todos hacen uso de la palabra no podrá ser votado en esta sesión. Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, pedí la palabra para referirme al proyecto porque no estoy de acuerdo con él. Lo único que me hace recordar es la forma en que entre 1980 y 1983 “arreaban” a los trabajadores y los presionaban para que se metieran en las AFP. No puedo estar de acuerdo con esta iniciativa porque sé cómo fueron destruidas las cajas de previsión del país. Los gobernantes de entonces nunca respondieron cuando los periódicos preguntaban qué había sucedido con los recursos de esas entidades de los empleados particulares, públicos, periodistas y otros. Nunca se supo dónde fueron a parar esos dineros. La gente fue presionada y forzada a meterse en estas famosas AFP. No puedo estar de acuerdo con el proyecto. Sí lo estoy con la colega María Rozas, porque este es el único país en que los trabajadores pagan para que les administren sus fondos y jamás reciben, a cambio, un céntimo de las ganancias por los pingües negocios que hacen las AFP, muchas veces fuera del país. Me da pena escuchar a colegas cómo rinden pleitesía a estas instituciones que nada han hecho. Sólo han tomado los recursos de los trabajadores para sacarlos fuera del país, sin invertir en Chile. Ahora bien, quiero ser claro frente a la propuesta de modificar el decreto ley Nº 3.500 para dar más facilidades a estas instituciones para invertir fuera del país: primero, quiero que me demuestren cuánto ha ganado Chile con las AFP. Me encantaría saberlo y eso es lo que también piensa la gente. En Concepción existe una asociación de personas, que tiene por objeto analizar posibilidades para regresar al INP, porque se han dado cuenta de que a la hora de jubilar, las AFP les pagan menos de la mitad de lo que podrían recibir con el sistema antiguo. Esta asociación es conocida con el nombre de “Clotario Blest”. Así se recuerda en esa zona al líder sindical. No se trata de un capricho o de una animadversión absurda respecto de estas instituciones. Se ha comprobado que durante los 21 años de funcionamiento del sistema sólo se ha abusado de los trabajadores, quienes no se han beneficiado ni en un céntimo con las cuantiosas ganancias que ellas han obtenido. Incluso, después de jubilados, muchas veces reciben una carta donde se les comunica que les queda una cuota más de su pensión, lo que no ocurre en el INP, pues el afiliado muere con una jubilación más digna y más justa. Entonces, no puedo estar de acuerdo con el proyecto. Me gustaría que el Gobierno enviara otro, para que la gente tuviera la posibilidad de regresar al sistema antiguo y no quedar encajonados en este gran negocio de algunos pocos, en que la mayoría tiene que pagar por él. He dicho. -Aplausos. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, es urgente realizar en el país el proceso de perfeccionamiento del mercado de capitales. Con el proyecto, quizás el más importante que ha llegado este año a la Cámara, se presenta esa oportunidad. No es sencillo el sistema privado de pensiones, pero hay que iniciar su discusión. Su complejidad técnica se suma a muchas otras situaciones negativas, como también a las dudas de varios diputados -entre quienes me sumo- de legislar sobre la materia. Se trata de un sistema que fue diseñado teniendo en cuenta que los beneficios para los afiliados no serían tales. Sólo han tenido acceso a ellos algunos grupos económicos de la época. Por eso, hoy existe preocupación en los trabajadores, quienes ven, mes a mes, que se descuentan de sus sueldos una parte importante en beneficio de las administradoras de los fondos de pensiones y no de los afiliados. También se ha dicho en esta Sala que las AFP fueron creadas en un contexto político que no era el mejor. Concuerdo con ello, porque el movimiento sindical no tuvo nada que decir y el Poder Legislativo se encontraba en receso. Entonces, no hubo una discusión en el país sobre cómo se iba a organizar la seguridad social que, por definición, debería estar llamada a acudir en auxilio de cada uno de los trabajadores cuando éstos, ya sea por su avanzada edad o enfermedad, no fueran capaces de sostenerse por sí mismos ni menos a sus propias familias. Recientemente hemos visto cómo en algunos medios académicos y políticos se discute sobre la legitimidad y viabilidad del modelo. Algunos, como el presidente del instituto emisor, han expresado el riesgo de iniciar una discusión de fondo. Se dice que ello no es oportuno, pues retrasaría el empeño por recuperar las cifras del crecimiento de la economía chilena. Sin embargo, otros, entre los que me incluyo, reconocemos la necesidad de discutir a fondo todos los asuntos del país y éste en especial, sin exclusiones a priori, tanto en cuanto tengamos la responsabilidad ética y política de corregir aquellas fallas estructurales que son motivo de que nuestro país se estanque o crezca, pero en este escenario la brecha se acrecienta. Cuando el Gobierno presenta este proyecto tan bien inspirado, obviamente surgen las preguntas de fondo respecto a si se da prioridad al bienestar de las personas, a la seguridad de los trabajadores, a la equidad del sistema privado de pensiones, o si se potencia la capacidad de las AFP para generar más y mejores oportunidades de negocios y que, por rebase, el beneficio debiera ir a sus afiliados. Ahora bien, si se analizan las normas propuestas, se advierte que hay bastante que discutir, pero en atención al tiempo sólo me voy a referir a dos normas. La primera dice relación con la obligación de constituir multifondos de inversión. Es la idea matriz del proyecto y, desde ese punto, hay que analizarla para evitar que las personas que se encuentran cercanas a una jubilación, sufran a última hora una merma en sus fondos de retiro por las fluctuaciones del mercado. Por eso se creó el Fondo 2 de inversiones, al cual se accede en forma voluntaria. Sin embargo, hoy el sistema se extiende a cinco fondos, de manera de permitir al afiliado tomar el mínimo de riesgo, junto con definir en qué fondo y, por ende, en qué portafolio de inversiones su AFP debe poner los dineros que mensualmente le descuenta su empleador. No obstante parecer adecuada la norma, atendido el actual modelo de administración, peca de poco realista, toda vez que los afiliados, de hecho, no tienen capacidad para manejar información relevante y oportuna para decidir de manera conveniente el destino de sus inversiones. Está claro que ellos no tomarán las decisiones económicas adecuadas. Eso es una falacia. ¿Acaso un obrero de la construcción, incluso un profesional, un docente o un médico, tiene el tiempo y la capacidad para acceder a una información económica relevante a fin de decidir el portafolio de sus inversiones? Eso lo discuto. En los hechos, las decisiones las seguirán tomando las AFP o las inducirán por medio de la publicidad o de la información parcial que suministran constantemente a sus afiliados. En segundo lugar, hay una norma que me parece inapropiada. Se refiere al aumento global de los límites de inversión en el extranjero de los fondos de pensiones hasta el 30 por ciento. En este tema, concuerdo con el diputado señor Dittborn, quien dijo que es una proyección óptima para los jóvenes, pero a 20 años de su creación no ha tenido efecto alguno en la generación actual. Por eso tengo dudas de una inversión del 30 por ciento de los fondos de pensiones en el extranjero. Señor Presidente, se nos ha informado que en abril de este año se invirtieron 4.662 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores. Digamos las cosas por su nombre y especulemos un poco, en el sentido de qué ha sucedido con las inversiones en el exterior. Cuando analizamos la economía chilena, la mejor de Latinoamérica, con una tasa de inversión mínima, fruto de la crisis, realmente es peligroso e indignante saber que los fondos de los trabajadores están en un momento difícil. Por eso, si lo anterior aparentemente constituye un mínimo, cabe preguntarse qué pasaría si se aumentaran en 30 por ciento las inversiones en el extranjero de los fondos de los propios beneficiados. Por lo tanto, no es ser populista preguntar por qué los dineros, que son de los trabajadores, no se emplean preferentemente en Chile para generar más trabajo. Al respecto, tal vez se me responda con una serie de complejidades económicas y financieras, a fin de tratar de dar la razón a la sinrazón. Creo que la ciencia económica no puede explicar el afán del desmedido lucro. Asimismo, es bueno preguntarse qué pasa con el autónomo Banco Central, que regula y toma parte en la decisión de aumentar la inversión extranjera, cuando hemos sido testigos de sus amplias diferencias, en el pasado reciente, con la conducción económica del país que realiza el Ministerio de Hacienda. En consecuencia, junto con anunciar mi voto negativo al aumento de los límites de inversión en el extranjero, hago un llamado a las señoras diputadas y a los señores diputados a fin de que analicen en profundidad este trascendental proyecto, el cual considero debería ser de discusión mucho más amplia, porque puede estar en juego parte importante de la economía del país. Nadie puede predecir lo que acontecerá en Latinoamérica, cuya situación es actualmente muy compleja. Me pregunto si deberíamos invertir donde hay complejidad. Ésa es la pregunta que me formulo, y en respuesta a ella, sobre todo en el momento actual porque atraviesa la economía chilena, no puedo concordar con que se establezca un aumento de inversión de los fondos de pensiones en el extranjero. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sólo para contestar algunas preguntas formuladas en la Sala. En primer lugar, quiero informar que la cantidad que hoy acumulan los fondos de pensiones en el país es de aproximadamente 35 mil millones de dólares. Contrariamente a lo que muchos parecen suponer, lo que hace el proyecto es permitir que esas platas fluyan a más proyectos y a empresas que normalmente no tuvieron acceso al crédito. De alguna manera estamos distribuyendo los fondos de los trabajadores, que eran capitalizados fundamentalmente por grandes empresas con bajo riesgo, que estaban internacionalizadas y que son por todos ustedes conocidas. O sea, se pretende que los fondos vayan a sectores más diversos de la economía. Por otro lado, con el proyecto los fondos de pensiones podrán financiar concesiones y ampliaciones, si es que las empresas públicas emiten bonos, y no tendrán limitación alguna para participar en nuevos proyectos que emprenda Codelco, en la medida en que esta empresa emita bonos o acciones. La ampliación de los límites para invertir en el exterior ha sido prudente, porque el 30 por ciento establecido será alcanzado en forma gradual. No obstante, llama poderosamente la atención escuchar, en forma reiterada, que permitir que los fondos de pensiones vayan al exterior constituye una conspiración para no invertir dentro del país. Eso no es efectivo, porque la cantidad que hoy se ha acumulado en los fondos excede con mucho la disponibilidad de renta variable que existe en el mercado. De prohibirse la inversión en el exterior, estaríamos forzando a los fondos de pensiones, que son de los trabajadores, a ser depositados a bajas tasas de interés en los bancos. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad, dado el tamaño de dichos fondos, en permitir más inversiones en el exterior y, a la vez, financiar los proyectos que se vayan presentando en el país. En segundo término, es habitual escuchar cierta sorpresa de algunos frente a las grandes rentabilidades que obtienen los capitales extranjeros que vienen a Chile. Pero no obedece a una misma lógica que los mismos que se quejan de esa situación consideren poco conveniente para el interés nacional que nuestros fondos puedan invertirse en el exterior. En el mundo moderno es evidente que a los extranjeros les conviene diversificar riesgos por la vía de invertir en Chile, razón por la que también a los trabajadores chilenos les conviene efectuar esa diversificación por la vía de invertir en el exterior. Se puede observar que cuando la rentabilidad en Chile es baja, el dólar sube, por lo que invertir en el exterior constituye una natural cobertura de riesgo para los trabajadores. Incorporar mayor grado de rentabilidad aumenta el riesgo, y como el Estado debe garantizar las pensiones mínimas, también debe resguardar que los fondos de pensiones siempre tengan un grado de cautela tal que no implique el desembolso masivo de recursos fiscales. He dicho.El señor PARETO (Presidente).- Queda pendiente el debate del proyecto.-o- -Durante el Orden del Día, la Mesa saluda y da la bienvenida a las siguientes delegaciones: del colegio Santiago Bueras, de Maipú, invitada por el diputado Alessandri; del colegio Cambridge, de Providencia, invitada por el diputado Espina; del Club de Tangos, de Pudahuel, invitada por el diputado Zarko Luksic; de personas invitadas por el diputado Patricio Melero, y del colegio Coya, de Bellavista, Sexta Región, invitada por el diputado Juan Pablo Letelier. -Asimismo, informa de la presencia en tribunas de la delegación de jefas de hogar de Recoleta, invitada por el diputado Patricio Hales; del Club Adulto Mayor de Cerro Navia, invitado por el diputado Carlos Olivares, y del Club de adultos mayores “Fraternidad”, de la comuna Pedro Aguirre Cerda, invitado por el diputado Seguel.-o- VI. PROYECTOS DE ACUERDOOTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN A TAXIS. El señor PARETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 592. Cito a reunión a los jefes de los Comités parlamentarios. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 592, del diputado señor Orpis. “Considerando:1. Que, de conformidad a lo dispuesto el decreto supremo 212, del año 1992, por el cual se aprueba Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público Terrestre, se establecen una serie de requisitos y condiciones técnicas para que el transporte público de pasajeros pueda ejercer esta actividad económica.2. Que este mismo decreto señala que las municipalidades no podrán renovar los permisos de circulación de los taxis que tengan una antigüedad superior a 12 años en la Región Metropolitana y 15 en el resto de las regiones.3. Que, no obstante entender la normativa vigente, la cual busca la modernización del parque automotriz, la descontaminación y otras que tienen por finalidad entregar en último término un buen servicio a la ciudadanía. No es menos cierto que en las actuales condiciones por la que atraviesa el país hay que proponer alternativas que busquen paliar o atenuar el drama de la cesantía tanto en regiones como en el Gran Santiago.4. Que, es por ello, que sería una medida conveniente, que se modificara el decreto señalado precedentemente y se volviera a lo menos por un tiempo razonable a la primitiva normativa, en la cual se permitía la circulación de vehículos de transporte de pasajeros de una antigüedad de 18 años.5. Que, por tal motivo y en consideración a la dramática situación económica por la que atraviesan miles de chilenos que se dedican a esta actividad productiva y que no cuentan hoy con los recursos necesarios para renovar su fuente de tra-bajo. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Ministerio de Transportes, para los efectos de estudiar una modificación transitoria al Decreto Ley Nº 212 de ese ministerio, a fin de permitir que las municipalidades otorguen permisos de circulación a los taxis con una antigüedad de 15 años en la Región Metropolitana y de 18 años en el resto de las regiones”. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- No se ha alcanzado el quórum necesario. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En votación el proyecto Nº 592. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Por falta de quórum, queda pendiente la votación para la sesión de la tarde. VII. INCIDENTESREENCAUZAMIENTO DEL RÍO BIOBÍO. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto. Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, una vez más me voy a referir a una situación que afectó a la gente de la Octava Región, especialmente a los ribereños del río Biobío. Como consecuencia de las descargas de agua generadas por la central Pangue, además de las fuertes lluvias del invierno recién pasado, en muchas comunas se inundaron las casas, campos y cultivos de una importante cantidad de agricultores modestos y de pobladores, siendo arrasados por las aguas del río Biobío. Las cajas de los ríos están siendo ocupadas por piedras o cambian su cauce como consecuencia de la mayor afluencia de agua, de manera que llegó el momento de preocuparnos seriamente de solucionar los problemas de las comunas de Santa Bárbara, Los Ángeles, Laja, San Rosendo, Hualqui y otras, las que se han visto seriamente dañadas en los últimos meses. Debemos hacer lo posible para que esta situación no se repita, porque son cientos de personas las que ven seriamente afectados sus enseres, cultivos y viviendas. Por lo tanto, es necesario oficiar al ministro de Obras Públicas para que dé las instrucciones correspondientes a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, a fin de que haga un detallado estudio de las causas que originaron las inundaciones que tanto daño provocaron a las personas antes mencionadas, con el propósito de evitar que se repitan en el futuro. Para ello, debemos estudiar la manera de reencauzar el río, limpiar sus cajas, evitar los desbordes y procurar la construcción de gaviones que sean reales defensas para evitar futuras inundaciones. Es una situación que no podemos dejar al tiempo. Debemos hacer un estudio detallado en los próximos meses, a fin de trabajar en el verano y enfrentar el próximo invierno con más tranquilidad y seguridad. Por consiguiente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que se destinen recursos para hacer un estudio, ver la posibilidad de que durante el próximo verano limpiemos las cajas de los ríos con maquinaria pesada, especialmente en los lugares que he mencionado -comunas de Santa Bárbara, Los Ángeles, Laja, San Rosendo y Hualqui-, y aprovechar los recursos del Estado para iniciar ya la construcción de gaviones donde sea posible hacer defensas para evitar futuros daños a los modestos pobladores. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE DECRETO QUE REGULA TARIFAS TELEFÓNICAS. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en diversas oportunidades, junto a los diputados señores Patricio Walker, Tomás Jocelyn-Holt, y no coordinadamente, pero en el mismo sentido, Patricio Hales, hemos intervenido en la Sala y en público a raíz de las presentaciones que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, CTC -la principal empresa de ese rubro en el país- ha realizado ante diversas instancias con el propósito de derogar, anular o restar validez al decreto que fijó las tarifas de dicha empresa en el país, con la intención evidente de subir las tarifas a los usuarios. El sistema de regulación de las tarifas de telecomunicaciones establece que cuando no existe competencia en un mercado como éste, deben fijarse las tarifas máximas que puede cobrar la empresa dominante, en este caso, CTC. En 1999, la CTC reclamó por las tarifas que se le habían fijado, pero no recurrió ante los tribunales de justicia. Posteriormente, la empresa hizo una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, tribunal de la libre competencia, con el propósito de que dicha instancia decretara si había competencia en el mercado de las telecomunicaciones y, por lo tanto, las tarifas máximas que se fijaban a la CTC debían ser derogadas, pudiendo subir el precio que cobra a los usuarios. Sin duda, todos los representantes populares ante esta instancia -la Cámara de Diputados- sabemos lo que significan los cobros de la CTC para los ciudadanos. Son altos. Hay un cobro fijo que es el más elevado de todas las empresas de servicios públicos. Según todas las encuestas de opinión, la imagen de la CTC -como la de otras empresas de servicio público- es mala, pero sigue insistiendo en echar abajo las regulaciones, en eliminar los controles y en subir las tarifas. Su último intento salió a la luz pública el 16 de agosto a través del diario “El Mostrador”, por Internet, cuando se comunicó que el 10 de agosto pasado el ministro secretario general de la Presidencia don Álvaro García, en representación del Presidente de la República, declaró improcedente la apelación a la resolución de la Fiscalía Nacional y del tribunal de la libre competencia respecto de la vigencia del tarifado telefónico. Telefónica no informó de esa presentación, y si no hubiera trascendido a través de “El Mostrador”, probablemente nadie se hubiera enterado en el país de su intención, ahora apelando al Presidente de la República para que se derogara el decreto tarifario. Me preocupa el poderoso lobby de Telefónica, que ha llegado hasta la presidencia de la República, la que a través del ministro Álvaro García, ha rechazado su presentación por improcedente, decisión que respaldo y que me parece muy bien. En los últimos días se ha vinculado la salida del fiscal nacional económico con la posición que él tuvo respecto del decreto tarifario. Es cierto que se le ha nombrado Defensor del Ciudadano, pero en los círculos financieros vinculados al mercado de capitales, a la acción de estas grandes empresas, todo el mundo dice que el reemplazo fue por su firme posición en contra de la actitud de Telefónica. En “El Diario” de ayer se atribuye al subsecretario de Telecomunicaciones don Christian Nicolai haber expresado: “Al Gobierno le preocupa la rentabilidad porque es necesaria para sustentar las inversiones”, en una publicación que muestra cuadros en los cuales Telefónica aparece con grandes pérdidas, pero no se dice que ellas se deben a la corrección monetaria y a sus malas inversiones en otras áreas. En la práctica, lo que busca la CTC es que todos los usuarios de teléfonos del país paguemos las consecuencias de sus malos negocios y de su mala administración financiera. También se dice en “El Diario” de hoy que un asesor que está elaborando el Libro Blanco de las telecomunicaciones, un señor Gurovich, señala que hay que mejorar las tarifas a Telefónica. ¿Por qué? ¿Es que efectivamente las tarifas fueron mal fijadas, como sostuvo Telefónica, lo cual fue rechazado por la Contraloría General de la República, por el tribunal de la libre competencia y por todas las instancias imparciales donde se planteó este asunto? En este período en que nos encontramos, estoy preocupado por la presión que está ejerciendo este poder fáctico que es Telefónica. Es otra manera de hacer presión: quieren que la cuenta de su mala gestión y de sus malos negocios la paguen todos los chilenos. Por esta razón, sobre la materia quiero un pronunciamiento explícito del subsecretario de Telecomunicaciones, del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, del subsecretario de Economía y del ministro de Economía, porque se dice que en el Gobierno hay una gran discusión sobre el punto, y como aparecen en los medios de comunicación distintas versiones que se atribuyen a estas autoridades, solicito que se les envíen oficios en mi nombre, para que emitan una opinión fundada sobre el decreto que regula las tarifas telefónicas, no un informe como el que entregaron a la Comisión resolutiva, que hablaba de las condiciones del mercado, sino a fin de que cada una de estas instancias exprese su criterio sobre el decreto tarifario telefónico. Pido que esto se haga con la mayor celeridad, porque cuando en la sociedad hay poderes fácticos, empresas como Telefónica que ejercen presiones de esta magnitud, es muy bueno que la ciudadanía, a través de la Cámara de Diputados y de nosotros, que somos sus representantes, sepa efectivamente lo que piensa la autoridad acerca de las decisiones que ha adoptado con antelación. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.REPOSICIÓN DE ANTENA DE TELEVISIÓN EN CONSTITUCIÓN. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, hoy quiero referirme a ciertos temas -que pueden no ser muy agradables- para demostrar que nuestros queridos ministros y jefes de servicios consideran al Congreso sólo cuando les interesa el despacho de algunos proyectos. Hace poco tiempo hicimos presente en esta Sala al señor Cortázar la necesidad de que Televisión Nacional extendiera o repusiera en la costa de las regiones Sexta, Séptima y parte de la Octava, la antena que existía en Constitución hasta el año 92, que permitía a más de cien mil habitantes informarse a través de los noticiarios regionales de lo que sucedía en esa zona. Pero al señor Cortázar nunca le gustaron las regiones. A él le agrada la televisión globalizada, por lo cual no contestó que iba a estudiar ese problema, sino que no era posible reponer la antena. Al poco tiempo el señor Cortázar emigró. Luego, planteamos el tema a don Jorge Navarrete. Le entregamos los antecedentes y le dijimos que la comunidad maulina estaba dispuesta a financiar la antena si costaba cuarenta o cincuenta millones de pesos. Simplemente, pedíamos buena disposición. Prometió visitar Constitución. Pasó el tiempo y no se instaló la antena. Entonces, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludito al nuevo jefe don Marcos Colodro, y contarle la misma historia. Por ello pido que se le envíe oficio a fin de que disponga el estudio correspondiente para la instalación en Constitución, vía red Maule, de una antena en los mismos lugares en que estaba, para lo cual la comunidad y los empresarios locales están dispuestos a cooperar en su financiamiento. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE PRIVATIZACIÓN DE ESSAM. Oficio. El señor LORENZINI.- En segundo lugar, quiero saludar a nuestro ministro de Economía y recordarle otra historia. Hablamos aquí por capítulos y seguiremos haciéndolo en el Congreso los cuatro años que siguen. Espero estar aquí, pero no sé si el ministro seguirá en su cargo. Hemos pedido información respecto de la privatización -hoy se le llama concesión- de Essam en la Séptima Región, y que se nos envíe el estudio de BanChile respecto de esta empresa realizado por la Corfo y el SAE. Esta información ya fue solicitada en tres oportunidades. Aquí tengo el oficio donde usted, señor Seguel, actuando como Presidente de la Cámara, ordena enviarlo; es decir, no sólo se ríen de este diputado, sino que también de su Señoría. Me acompañaron en la petición integrantes de la Comisión de Hacienda, pero obviamente el SAE, don Felipe Sandoval y compañía, parece que una vez más hacen que este Congreso haga mutis por el foro en este asunto, por lo que no me queda más que pedirle al ministro de Economía don Jorge Rodríguez, jefe de estos caballeros, que envíe la información o tendremos que seguir los canales normales establecidos para cuando los ministros se declaran en rebeldía con este Congreso. Después se asustan cuando uno empieza a hablar de acusaciones constitucionales, pero es la única herramienta que tenemos como diputados para exigir al Gobierno y a las autoridades que nos respondan a usted, señor Presidente, y a este pobre diputado, aunque sea mediante un oficio que diga al menos: “Señor diputado, no le mando ninguna respuesta, porque no me interesa”. Lo otro es una falta de respeto. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Economía, con la adhesión de los señores parlamentarios que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota. INSTALACIÓN DE UNA AVANZADA DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN SAN CLEMENTE. Oficio. El señor LORENZINI.- En tercer lugar, el señor Nelson Mery, director general de Investigaciones, nos recibió a las 16 horas del viernes 11 de mayo pasado, junto a las autoridades regionales de San Clemente. En dicha oportunidad le planteamos -pongo de testigo al otro colega representante de la zona, con quien incluso hicimos algunas gestiones juntos- que se estaba incrementando la delincuencia juvenil en ciertas poblaciones, por lo que solicitamos más apoyo de Carabineros y de Investigaciones. El general Bernales, de Carabineros, nos ofreció su total cooperación, al igual que Investigaciones, institución a la que le pedimos instalar un cuartel allí. El señor Mery nos respondió que no era posible acceder a eso todavía, que entre Talca y la frontera está la ruta internacional Pehuenche, por lo que tendrían que instalarse allí, ya que se convertirá en un punto fronterizo más importante que el de El Libertador. Agregó: “Antes del 30 de agosto tendremos instalada una avanzada de Investigaciones en San Clemente”. En honor a la verdad, debo decir que faltan algunos días para que se cumpla el plazo señalado; pero, aparte de algunas luces azules que de repente se observan por allí, no se ve nada de esta avanzada. La señora alcaldesa y el concejo dijeron: “Damos el sitio, la casa y el mobiliario”, o sea, todas las facilidades; pero el compromiso no se ha cumplido. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Presidente? Por lo anterior, solicito oficiar al ministro de Defensa, con el objeto de que responda si se concretará este compromiso o, en su defecto, indique las razones por las cuales no se cumplirá. Quiero que me diga, al menos: “Diputado, para nosotros no es importante San Clemente, porque estamos preocupados de otra cosa. La delincuencia de allá es lo de menos. Son otras regiones las que valen”. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Defensa, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota.AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN CHIGUAYANTE Y SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el domingo recién pasado, como es tradicional en mi caso y seguramente en el del resto de los diputados que conformamos esta Cámara, me correspondió estar en diferentes reuniones en mi distrito. En esa ocasión, en Chiguayante, junto con mi amigo y alcalde Tomás Solís, a quien, por segunda vez, la ciudadanía de esa comuna que creamos hace cinco años eligió con una inmensa mayoría, vimos en terreno que, a pesar de haber insistido mucho en estos años, no se ha aumentado la dotación de Carabineros; la subcomisaría no se ha convertido en comisaría y quedamos fuera del programa Comuna Segura durante este año. En Chiguayante sólo hay una dotación de 28 carabineros para una población de no menos de noventa mil habitantes. Existe inquietud en el alcalde y en las juntas de vecinos, porque, como sucede en toda comunidad, hay personas que no tienen buen vivir. Como integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, tengo la información de que en virtud de la ley de Presupuestos de la Nación de 2002 aumentará la dotación de Carabineros en ciertas regiones del país. Por eso, solicito oficiar al señor ministro de Defensa -para que él lo haga llegar al subsecretario de Carabineros- y al señor ministro del Interior don José Miguel Insulza a fin de que lo envíe al actual subsecretario del Interior, con el objeto de que en dicha ley se considere el aumento de la dotación de Carabineros en Chiguayante y en San Pedro de la Paz. Además, queremos que Chiguayante ingrese el 2002 al programa Comuna Segura. Hago esta solicitud a título personal, como diputado de la República y representante de esa comuna, así como en nombre del alcalde y de la comunidad de Chiguayante, porque han demostrado su eficiencia, ya que está funcionando un comité coordinador de seguridad, en el que podemos encontrar a todos los actores interesados en este problema: Carabineros, bomberos, juntas de vecinos y otras organizaciones. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo y de quien habla. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.REPOSICIÓN DE DERECHOS SOBRE COMPLEJOS RECREACIONALES A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANÍA NORTE. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Luis Monge. El señor MONGE.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que afecta directamente a cientos de trabajadores afiliados a la Fenats, a raíz de una pésima determinación que se adoptó cuando se dividió el antiguo Servicio de Salud de La Araucanía en Servicio de la Araucanía Norte y Servicio de la Araucanía Sur. Con los aportes de trabajadores y de empleadores se logró construir, después de muchos años, tres complejos recreacionales en las localidades de Lican Ray, Puerto Saavedra y Villarrica. Estos complejos, que cuentan con cabañas debidamente habilitadas, permitieron durante muchos años que los funcionarios que trabajaban abnegadamente en el Servicio de Salud de La Araucanía se recuperaran en los períodos de vacaciones. Pues bien, al efectuarse la señalada división en estos dos servicios, por error -me parece que debido a una mala asesoría-, los funcionarios del Servicio de La Araucanía Norte quedaron privados de la propiedad de estos complejos recreacionales. Es así como en la actualidad sólo pueden usar estas instalaciones a partir de abril de cada año, en virtud de un comodato. Como estos complejos fueron construidos con sus aportes, es de absoluta justicia que se indemnice al servicio de bienestar del Servicio de Salud de la Araucanía Norte por los recursos y el patrimonio, de los cuales fue tan arbitrariamente privado. Es más, entre las adquisiciones efectuadas con los aportes de bienestar, los trabajadores contaban con un sitio ubicado en un céntrico sector de la ciudad de Temuco, donde se pretendía levantar una hospedería para que allí llegaran los funcionarios que tuvieran que ir a la capital regional, por ejemplo, para un tratamiento médico o a fin de seguir cursos de perfeccionamiento. Hoy es un simple sitio eriazo, un lugar de estacionamientos, donde nada se ha hecho, pero es de toda justicia que a estos trabajadores se les restituyan sus derechos o el equivalente, para que puedan, tal vez en otro lugar, levantar un complejo donde veranear junto a sus familias, después del trabajo anual. Se ha pedido la intervención personal de la señora ministra de Salud en el caso, y es de esperar que sean exitosas las conversaciones que se han llevado adelante en los últimos días. Solicito que se oficie a la señora ministra de Salud, a fin de que tome las medidas para resguardar y reponer los derechos de los trabajadores afiliados a la Fenats del Servicio de Salud de La Araucanía Norte. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Villouta, Acuña, Jaramillo y Alvarado.RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA MANANTIAL, DE ANGOL. Oficio. El señor MONGE.- Señor Presidente, una segunda situación en la que también está involucrado el Servicio de Salud de La Araucanía Norte es la que afecta al único centro donde hoy efectivamente se realiza prevención y rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, a cargo de una entidad de inspiración evangélica. Me refiero a la Comunidad Terapéutica Manantial, que funciona en un inmueble -un antiguo internado, abandonado hace aproximadamente veinticinco años- cedido en comodato desde hace más de tres años por la municipalidad de Angol, situado en la localidad de Deuco. Esa comunidad recibió la propiedad en muy malas condiciones y sin comodidades; con mucho esfuerzo y sin recibir recurso alguno del Estado, ha levantado y establecido ese centro, donde se tratan día a día, en promedio, más de treinta jóvenes y adultos, víctimas de la droga o del alcoholismo. Pese a contar con el beneplácito de Conace, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes; con la buena disposición y el apoyo del gobernador provincial de la provincia de Malleco y el importante respaldo, al menos moral, de la ciudadanía, esa institución no ha sido reconocida hasta la fecha -a pesar de las gestiones realizadas en ese sentido- como comunidad terapéutica y, por lo tanto, no puede acceder a los subsidios estatales en el rubro. Aquí ha habido una manifiesta mala voluntad de algunos fiscalizadores del Servicio de Salud de La Araucanía Norte, que le han puesto la proa y han tratado de magnificar las deficiencias que efectivamente tiene el local en que funciona, porque el inmueble estaba abandonado. Es así como esa institución, la única que realiza rehabilitación en la provincia, se encuentra supervisada por verdaderos perros del hortelano: no hacen ni dejan hacer. Por esa razón, pido que se oficie a la señora ministra de Salud para que interceda en esta situación y dé las instrucciones pertinentes a fin de facilitar los trámites y la acreditación definitiva de esa comunidad que tantos servicios presta a la zona, porque, hasta el momento, parece que no sólo hay una persecución de tipo religioso por la orientación del director de la comunidad y de su grupo de colaboradores. También, sistemáticamente, se ha tratado de entrabar la acción de algunos profesionales que voluntariamente apoyan a la institución, como médicos y enfermeras de nacionalidad ecuatoriana, que gentilmente y con un espíritu altruista digno de todo encomio, han tratado de desarrollar su labor. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Villouta, Acuña, Jaramillo y Alvarado.CREACIÓN DE SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD EN CHILOÉ. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero levantar mi voz para hacer presente la situación que se vive en Chiloé en cuanto a la atención de salud. En la campaña presidencial de 1999, el actual Presidente Lagos comprometió públicamente y ante todos los medios de comunicación, la creación de un servicio de salud autónomo para Chiloé. Esa decisión se justifica por las características geográficas de nuestra zona, cuyo aislamiento requiere resolver con prontitud los temas de la salud pública. Al mismo tiempo, por esa vía dotar de más especialidades y de mayor equipamiento a los hospitales de la zona, para evitar así las derivaciones, hoy frecuentes, hacia otros centros asistenciales y que, a veces, no permiten acceder oportunamente a la atención de salud, perdiéndose muchas vidas. Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que se informe a la Cámara de Diputados sobre lo que ofreció el Presidente de la República. Se han constituido comisiones de trabajo en la zona, todas las cuales tienen propuestas positivas al respecto, pero la autoridad política, al parecer, hoy está evadiendo una respuesta concreta. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sánchez, Jaramillo, Navarro y Acuña.MÉDICO LEGISTA PARA ANCUD. Oficio. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, me quiero referir al funcionamiento de la morgue de Ancud. Con mucho esfuerzo y después de varios años, allí se logró la construcción de un nuevo edificio para realizar las autopsias, pero hoy se da la paradoja de que durante los fines de semana y en días festivos no hay médico legista que se encargue de los casos que se presentan, lo que muchas veces obliga a los familiares a desplazar los cuerpos de sus deudos hacia otras ciudades, para que se realicen las autopsias. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Justicia, a fin de que se estudie y revise la situación y se asigne un nuevo especialista en la materia. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sánchez, Acuña, Jaramillo y Navarro.SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE PESCADORES ARTESANALES DE UNDÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, brevemente quiero insistir, ya en forma majadera, sobre la grave situación que afecta a la pesca artesanal, a los buzos mariscadores de la fauna bentónica de la Undécima Región, que están soportando la incursión ilegal de buzos mariscadores de la Décima Región, cuya actividad va en desmedro de las diferentes especies, fundamentalmente del erizo, que ya está en una situación bastante deteriorada. En este grave problema, la autoridad pesquera no está asumiendo su responsabilidad de asignar los recursos marinos con el debido respeto entre las regiones y su equitativa distribución geográfica. A la grave situación de la administración de la política pesquera se agrega un ingrediente adicional, lo que me ha llevado a solicitar la renuncia del subsecretario de Pesca. Hay demasiados intereses cruzados y esta es la gota que rebasa el vaso. Tengo en mi poder un fax de los buzos mariscadores de mi región, en el que dicen: “Creemos que los canales de diálogo están prácticamente agotados. Después que no se le eche la culpa a nuestro sector de no propiciar el diálogo. Nos estamos preparando y vamos a salir con nuestros propios medios a impedir y a expulsar a los pescadores y buzos mariscadores de la Décima Región, que nos están robando y terminando con nuestra comida, utilizando para esos efectos el lema de nuestro escudo nacional, que es bastante claro: Si no es por la razón y el diálogo, será por la fuerza”. Señor Presidente, la situación es demasiado grave como para no tomarla en cuenta. La autoridad debe asumir su responsabilidad frente a los graves acontecimientos que están por ocurrir en la Undécima Región. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán oficios al subsecretario de Pesca y a los ministros de Economía y del Interior, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Salvador Urrutia, Alejandro Navarro y Mario Acuña.PARTICIPACIÓN DE MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD HIPÓDROMO ARICA. Oficios. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Economía para que se sirva instruir a la Superintendencia de Valores y Seguros a fin de que realice una acuciosa y completa fiscalización acerca de las actividades de la sociedad anónima Hipódromo Arica. En los últimos días, esta entidad ha causado escándalo público en la ciudad con algunos acuerdos, algunas compras y permutas de terrenos sin el conocimiento de la municipalidad de Arica, su principal accionista. Además, algunos directores han manifestado que no estuvieron de acuerdo con esas decisiones, las que causan enorme lesión al patrimonio de la comunidad de Arica, ya que ese hipódromo tiene una amplia extensión de terreno costero, al norte de esa ciudad, de la cual tres hectáreas fueron permutadas por terrenos de menor valor. Pido que la Superintendencia de Valores y Seguros investigue a fondo cómo se gestó esta acción, quiénes son los responsables, su legalidad, envíe su informe a la Cámara y tome las medidas precautorias y correctoras de esa situación. Asimismo, solicito que se oficie al ministro del Interior a fin de que se sirva instruir a la municipalidad de Arica para que envíe a nuestra Cámara un completo informe sobre su participación en la sociedad anónima Hipódromo Arica, que incluya la forma como se generó, cómo se tomaron los acuerdos, en qué forma se eligen los directores, cómo se indica a los directores que la representan la manera de defender los intereses de la municipalidad, que, a su vez, representa a la comunidad. Al mismo tiempo, que nos explicite la política de la municipalidad respecto de su participación en el directorio de esa sociedad anónima, los bienes de ese hipódromo y cómo la municipalidad vela por el interés de la comunidad dentro de ese directorio. En verdad, aquí hay gran cantidad de dinero e influencia que hace indispensable, por el bien de la probidad, de la transparencia y del bienestar de la comunidad de Arica, que la municipalidad informe a la opinión pública, con absoluta claridad, acerca de su participación en dicha sociedad anónima. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Felipe Letelier, Leopoldo Sánchez, Alejandro Navarro y Mario Acuña.INCREMENTO DE MONTOS MÍNIMOS DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, al caminar por mi distrito, el 42, esencialmente rural, me he encontrado con situaciones increíbles, y en el contexto de la globalización, de la internacionalización económica a que se nos quiere llevar, uno se pregunta si un campesino, sólo con los ingresos que le proporciona su huerto o su ganadería menor, puede integrarse a dicho proceso. Sin embargo, lo más penoso es cuando uno toma conocimiento del valor de las pensiones de vejez y de las pensiones de invalidez. Al respecto, me pregunto: ¿quién puede vivir con una pensión de 33 mil pesos? La respuesta me da mucha pena, porque siento la realidad de los sectores rurales que represento, donde muchas veces la gente no tiene la menor información acerca de sus derechos. Pero lo más grave es que me impuse -a lo mejor llego tarde con esta información o soy el último en saberla- de que las cargas familiares son de 3.100 pesos. ¿Es posible criar, alimentar, educar a un niño con esa cantidad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir priorizando proyectos que no tienen nada que ver con la calidad de vida de los chilenos? Cuando llegué a la Cámara, pensé que sería muy bueno aumentar el monto de las pensiones y jubilaciones al del salario mínimo e incrementar otros beneficios sociales. Por eso, solicito oficiar a su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, y en un acto de reparación y de justicia mínima para con esos sectores, se sirva elevar las cargas familiares a unos 10 mil o 20 mil pesos, a fin de que un niño que estudia tenga un mínimo de sustento, y doblar las pensiones de invalidez, para darles a sus beneficiarios cierta dignidad. Y ojalá que no tramiten tanto a la persona que se merece esa pensión y luego, al final, decirle que su petición está rechazada. Algunas, con más del 50 por ciento de discapacidad, no han podido obtener una pensión. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Alejandro Navarro, Leopoldo Sánchez y de quien habla.ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero referirme a la grave denuncia del diputado señor Leopoldo Sánchez en el ámbito de la pesca. Creo que asistimos a una brutal crisis de administración de recursos pesqueros, que la mayoría del país y autoridades del sector desconocen. La declaración de los pescadores de su región -en la que señalan que habrá un enfrentamiento social entre pescadores artesanales, entre personas dedicadas a una misma actividad, entre hombres y mujeres que cada día arriesgan la vida para poder comer y sobrevivir, y ello como consecuencia de la falta de regulación de la administración pesquera entre las Décima y Undécima Regiones- tiene especial relevancia en la convivencia regional. Lo grave radica en que, en declaración firmada en Puerto Cisnes el 20 de agosto, es decir, ayer -el diputado Sánchez la ha distribuido a los miembros de la Comisión de Pesca-, se expresa que se han agotado los canales de diálogo y que después no se culpe al sector de no propiciarlo, porque ahora hará efectivo el lema de nuestro Escudo Nacional: “Por la razón o la fuerza”. A esta situación se suma la de la pesca de merluza en la Octava Región, que involucra a las caletas de Lo Rojas, Coelemu, en particular Cocholhue, donde la cuota de agosto duró seis días, y la de julio, cinco días. En verdad, la decisión que el 23 de agosto tome el Consejo Nacional de Pesca resultará determinante para saber si habrá enfrentamiento o paz social; si cientos de miles de pescadores artesanales dispondrán de recursos para poder comer o tendrán que “guerrear” durante cuatro o cinco días para apoderarse de los peces que les posibilitarán sobrevivir. A lo anterior cabe agregar la situación de los tripulantes pesqueros de Talcahuano y de Coronel, quienes durante más de 16 días han instalado una olla común frente a La Moneda, porque, tal como advertimos, en la ley de Pesca, dictada el año pasado, no se consideraron los miles de despidos que su aplicación iba a generar. Entonces, legislamos con consecuencias sociales gravísimas para gente que trabaja en el sector privado, no en el sector público; porque los empresarios capitalizan el éxito de la ley, y el costo lo pagan miles de trabajadores del mar -artesanales e industriales-, de varios puntos del país. Se requiere, ahora, que una comisión de crisis estudie la urgente modificación de la estructura de la institucionalidad pesquera. El diputado Sánchez ha pedido que renuncie el subsecretario de Pesca, porque denuncias efectuadas en la Contraloría General señalan que parte de intereses salmoneros administrados por terceros pertenecen al subsecretario. Debe aclararse esta situación, porque una autoridad no puede estar sujeta a este tipo de cuestionamientos. Al órgano contralor le corresponderá determinar si existen o no intereses inadmisibles e incompatibles en este ámbito. Mientras dure esta situación, está claramente comprometida la credibilidad y el compromiso de la autoridad por buscar una salida a estos problemas. Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Economía para darle a conocer, de manera muy clara, que cuando se votó el proyecto que modificó la ley de Pesca -que voté en contra-, el ministro de la época, José de Gregorio, el subsecretario de Pesca y el ministro Álvaro García firmaron un protocolo con parlamentarios de la Concertación -entre ellos, el diputado Acuña, quien preside la sesión en estos momentos- en el cual se garantizaba que estos despidos -que todos sabíamos que se iban a producir-, serían canalizados por mecanismos que impidieran el hambre y las ollas comunes instaladas por gente que había tenido elevados ingresos. Distinta es la discusión acerca de si los tripulantes pesqueros usaron bien o mal sus recursos durante la época de oro. Sin duda, los usaron mal, porque llegaron a ganar 800 mil pesos mensuales y no ahorraron. Pensaban que el jurel, la sardina y la anchoveta jamás se acabarían, pero la sobreexplotación acabó con esos recursos. No tuvieron la capacidad necesaria para prevenir las consecuencias de su extinción; pero también el Estado adoleció de esa incapacidad, porque no se preocupó de regular su explotación. La capacidad de legislar sin pensar en lo social tiene hoy a miles de trabajadores protestando frente a La Moneda, quienes se aprestan a venir a Valparaíso si no son escuchados por las autoridades competentes del Poder Ejecutivo. Pido que se oficie al ministro de Economía a fin de que nos informe detalladamente sobre el cumplimiento del protocolo firmado en enero de 2001, cuáles son los compromisos asumidos que se han cumplido, en el orden administrativo, entre las Décima y Undécima regiones y qué posibilidades existen de regular la pesca de la merluza entre la Quinta y la Octava regiones. La Quinta Región tiene asignado el 56 por ciento del recurso merluza, y el 18 por ciento la Octava Región, en circunstancias de que en esta última hay muchos más pescadores artesanales. Es falso el dato de que se asignó 80 por ciento de la pesca de la merluza a los industriales y 20 por ciento a los pescadores artesanales. Pido que el ministro de Economía nos envíe los informes técnicos que tuvo a la vista para distribuir el recurso merluza en 80 para los industriales y 20 por ciento para los artesanales, porque, claramente, ello está provocando confrontación social y gravísimos problemas en el ámbito pesquero artesanal e industrial y en especial con los tripulantes. También, para que nos informe sobre qué medidas tomará en relación con la crisis social que han desatado tripulantes motoristas, patrones de pesca, que solicitan una reinserción laboral moderna del sector pesquero. Es la propuesta que este diputado presentó en mayo de 2000 al ministro de Economía de la época, al intendente y a todas las autoridades políticas previendo lo que iba a suceder. Ha pasado un año y no ha habido respuesta al respecto. Hoy la exijo al Gobierno y en particular al ministro de Economía. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados Girardi, Sánchez y Acuña. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.06 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.