REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 344ª, ORDINARIASesión 22ª, en miércoles 1 de agosto de 2001(Ordinaria, de 10.40 a 15.10 horas) Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Valenzuela Herrera, don Felipe. Presidencia accidental de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 8 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 - Envío a Comisión de Obras Públicas, de proyecto sobre impuesto al gas 11 - Censura a la Mesa 11 - Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala, durante Incidentes los miércoles 17 V. Orden del Día. - Igualdad de los cónyuges en el matrimonio y en su régimen patrimonial. Modificación del Código Civil y de leyes complementarias. Primer trámite constitucional. (Continuación) 17 - Regulación de los servicios limitados de televisión por cable y de recepción satelital. Primer trámite constitucional 37 - Enmiendas al anexo del protocolo relativo a la intervención en alta mar en caso de contaminación del mar por sustancias distintas de los hidrocarburos. Primer trámite constitucional 38 - Enmiendas al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. Primer trámite constitucional 38 VI. Proyectos de acuerdo 40 - Incumplimiento por Endesa de resolución de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. (Votación) 41 - Nuevo plazo para acogerse a beneficios de la ley Nº 19.720, sobre pago de cotizaciones previsionales adeudadas 41 VII. Incidentes. - Desratización y fumigación en sector Robert Kennedy, de la comuna de Estación Central. Oficio 42 - Solución de problemas de población Santiago Dos, comuna de Estación Central. Oficio 42 - Programas de absorción de mano de obra en la Cuarta Región. Oficio 43 - Mejoramiento de vías de acceso a localidad de Calingasta, y construcción de establecimientos educacionales en Vicuña. Oficios 43 - Programas de absorción de mano de obra en Tercera Región. Oficio 44 - Medidas legislativas para prevenir consumo de alcohol por niños y adolescentes. Oficio 46Pág. - Asignación de empleos en Región del Maule según cesantía real. Oficios 47 - Modificación del decreto Nº 158, del Ministerio de Transportes, sobre peso máximo de vehículos. Oficio 48 - Atochamiento por paso de metrotrén en San Fernando. Oficios 49 - Construcción de puente sobre estero Zamorano, en San Vicente de Tagua Tagua. Oficio 50 - Aumento de pensiones asistenciales en Región Metropolitana. Oficios 50 - Facilidades para obtención de licencias profesionales de conducir. Oficios 51 - Nominalización de tasas de interés. Oficios 52 - Asunción de nuevo Presidente de la República del Perú. Oficio 54 - Urgencia a proyecto para pescadores artesanales de San Antonio. Oficios 56 - Creación de comisiones especializadas para solucionar problemas de cesantía en regiones. Oficio 57 - Medidas para resguardar producción lechera nacional. Oficios 58 - Información sobre avances de reforma procesal penal en Sexta Región. Oficio 60 - Construcción de edificios públicos, hospitalarios y de obras de riego en Sexta Región. Oficios 60 - Notas de congratulación y de confraternidad a los Presidentes del Perú y de Bolivia y a sus Congresos Nacionales 62 - Solución de problemas y necesidades de San Antonio. Oficios 62 - Reconocimiento a ministro de Obras Públicas subrogante por medidas adoptadas con ocasión de temporales en San Antonio. Oficio 63 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica, suscritos en Ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1999 (boletín Nº 2467-10) 64 2. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil (boletín Nº 2532-15) 64 3. Informe complementario de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas (boletín Nº 2735-05) 84 4. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca del proyecto sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (boletín Nº 2429-05) 90 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación:-De los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Corporación, presentan una censura a la Mesa de la Cámara de Diputados. -Del jefe de Comité del Partido Demócrata Cristiano y de la jefa de Comité del Partido por la Democracia mediante la cual informan que, a contar del 31 de julio próximo pasado, el diputado señor Ascencio se integrará a uno de los Comités del Partido por la Democracia. 2. Oficios: -De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita nuevamente el acuerdo de la Corporación para que le sea remitido el proyecto que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas y que establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos, por tratarse de una materia de su competencia (boletín Nº 2701-15). -De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual comunica que procedió a fijar los día martes de 17.30 a 19 horas para la realización de sesiones ordinarias. Corte Suprema-Del diputado señor Molina, resultados investigación solicitada por Juez de Policía Local de Lampa sobre sistema de fotorradares. Contraloría General de la República-Del diputado señor Alvarado, supuesto delito de malversación de fondos en la municipalidad de Dalcahue.Ministerio del Interior-Del diputado señor Delmastro, posibilidad de analizar proyecto de electrificación rural pendiente desde 1998.-De los diputados señores Kuschel, Urrutia, Felipe Letelier y Acuña, fecha de término de las faenas de construcción del camino costero entre Chinquihue y la Puntilla de Panitao, comuna de Puerto Montt. -Del diputado señor Pablo Galilea, continuidad de funcionamiento del Banco Ganadero de Aisén. -Del diputado señor Pedro Muñoz, pavimentación ruta entre Porvenir y Onaisin. -De los diputados señores Núñez, Jaramillo, Ojeda, Ortiz y Tuma, ampliación a subcomisaría de la actual tenencia de Carabineros de Rancagua. -Del diputado señor Kuschel, prolongación de pavimentación de Avenida Brasil en la ciudad de Calbuco. Ministerio de Relaciones Exteriores-De los diputados señores Prokurica, Jaramillo, Ojeda, Ulloa y Vilches, problema que afecta al sector olivícola de la provincia de Huasco, Tercera Región. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-Del diputado señor Valenzuela, nombramiento de subrogante. Ministerio de Educación-De los diputados señores Ortiz, Jaramillo, Rosauro Martínez, Ojeda, Urrutia, Felipe Valenzuela, Vilches, ley que permita a los profesores por una sola vez cambiarse al INP. Ministerio de Justicia-De las diputadas señorita Sciaraffia y señoras Rozas y Caraball, y de los diputados señores Krauss, Ortiz, Jaramillo, Núñez, Juan Pablo Letelier, Vilches, Ascencio, Lorenzini, Navarro, incorporar prioritariamente para obras públicas fuerza laboral y profesional existente en las regiones donde dichas obras se ejecutan. -Del diputado señor Mulet, traslado de interno a penal de Santiago. Ministerio del Trabajo y Previsión Social-De los diputados señores Gutiérrez, Ojeda y Ortiz, rentabilidad obtenida por inversionistas institucionales. Ministerio de Salud-De los diputados señores Mulet, Hernández, Núñez, Rincón y diputada señora Rozas, fiscalización a empresas mineras. -Del diputado señor Navarro, decisión de empresa sanitaria Essbío S.A. de discontinuar el servicio de recepción de lodos provenientes de camiones limpiafosas y de retretes químicos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del diputado señor Krauss, programa de viviendas básicas reglamentado por el D.S. Nº 62 de 1984. -Del diputado señor Van Rysselberghe, contratos y subcontratos en la Octava Región. -De los diputados señores Ulloa, Díaz, Navarro, Ortiz, Sánchez y Tuma, recursos adicionales para reparaciones de viviendas sociales construidas en la Octava Región. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-De los diputados señores Hernández, José García, Mulet, Ortiz, Reyes y Seguel, servicio público telefónico rural. -De los diputados señores Navarro y Acuña, servicio público telefónico rural. Ministerio de Planificación y Cooperación-Del diputado señor Kuschel, actualización de la ficha CAS y modernización del sistema nacional CAS. -De los diputados señores Ascencio, Krauss, Ojeda y Villouta, incorporación de proyecto al S.N.I. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Del diputado señor Molina, programa de empleo de emergencia en la Región de Coquimbo. Fiscalía Nacional Económica-Del diputado señor Pareto, posible ubicación de relleno sanitario en la comuna de Maipú. Municipalidad de Osorno-Del diputado señor Kuschel, situación actual vertedero Curaco. Municipalidades de Maule, Chépica, Lo Barnechea, Puyehue, Paine, Pica, Laguna Blanca, San Miguel-De los diputados señores José García, Fossa, Víctor Pérez, Prokurica, Ulloa, cantidad de desempleados inscritos en la Oficina de Intermediación Laboral.Municipalidad de El Quisco, Renaico, La Higuera, La Ligua, Talca, Laguna Blanca, Casablanca, Cauquenes, Galvarino, San Pablo, Valparaíso, Curarrehue, Chañaral, Colbún, Corral, La Cisterna, Quemchi.-Del diputado señor Navarro, existencia de bibliotecas, proyectos realizados y proyectos presentados. Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana-Del diputado señor Pareto, proyecto relleno sanitario Santiago Poniente.I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (96)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Rozas Velásquez, María PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Andrés Palma y Rodolfo Seguel.II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- El acta de la sesión 15ª se declara aprobada. El acta de la sesión 16ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.ENVÍO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PROYECTO SOBRE IMPUESTO AL GAS. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra para referirme a la Cuenta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Tiene la palabra su Señoría. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en el punto 4 de la Cuenta figura el oficio Nº 3.442, de fecha 19 de julio, por el cual la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones fue informada de que la Sala acordó enviar a la Comisión de Minería y Energía el proyecto que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas y que establece regulaciones complementarias para su utilización como combustible en vehículos. Boletín Nº 2701-15. La Comisión de Obras Públicas y Transportes acordó solicitar nuevamente a Usía que se sirva recabar el asentimiento de la Sala para radicar en ella dicho proyecto, por tratarse de una materia que es propia del ámbito del transporte, pues la modificación del impuesto al gas está en directa relación con su uso en los vehículos de transporte público de pasajeros. Esta situación fue planteada al presidente de la Comisión de Minería y Energía, quien manifestó no tener impedimento para ello, por cuanto la idea matriz del proyecto es el transporte. Agregó que dicha Comisión podrá abocarse a su estudio una vez que sea despachado por la de Obras Públicas y Transportes. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo planteado por el diputado señor René Manuel García. ¿Habría acuerdo? Acordado.CENSURA A LA MESA.El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- A continuación, corresponde conocer de la reclamación presentada en contra de la conducta de la Mesa por los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, la bancada de diputados del Partido Socialista solicita suspender la sesión por diez minutos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Se suspende la sesión por diez minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Continúa la sesión. Se suspende nuevamente por 15 minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Continúa la sesión. Para sostener la reclamación, tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado señor Baldo Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente hemos presentado la censura a la Mesa, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la Corporación. Lo hacemos respecto de la Mesa completa porque así lo establece el Reglamento, a pesar de que nuestro reclamo se refiere a la actuación del Segundo Vicepresidente diputado señor Rodolfo Seguel. La diputada señora Lily Pérez, en la sesión de ayer, dio cuenta a la Sala de un hecho lamentable, que compromete seriamente la decencia y los umbrales mínimos de nuestra convivencia interna. El espectáculo brindado por el Vicepresidente de la Cámara, relatado en la Sala, nos permite comprender por qué nuestro trabajo y muchos de nuestros esfuerzos por desplegar una labor fructífera no son debidamente reconocidos por la opinión pública, y cada cierto tiempo nos informamos del desprestigio de la Cámara en su conjunto. ¿Por qué se produce esto? Por mil razones, pero sin duda que una de las más importantes son los verdaderos escándalos que protagonizan algunos miembros del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados, por cierto, no puede responsabilizarse por las conductas privadas de sus integrantes, a pesar de que la opinión pública castiga a esta institución por la mala educación, la negligencia, la flojera y la arrogancia que cada cierto tiempo exhiben unos pocos diputados. En este caso, los hechos son aún más lamentables, porque quien provoca la situación que nos llena de vergüenza es un Vicepresidente de la Cámara, quien nos representa a todos: el diputado señor Seguel. No es primera vez que ello ocurre. En la sesión del 17 de julio, en Incidentes, agredió a la diputada señora Lily Pérez y a otra parlamentaria. Hace más de dos años, la Cámara de Diputados se autoimpuso un Código de Conductas Parlamentarias, trabajo que fue impulsado debidamente por el diputado señor Gutenberg Martínez. Dicho código, entre otras cosas, dispuso como obligaciones morales de todos los diputados las siguientes: esforzarse por actuar, en todos los aspectos de su vida, conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar, y observar una conducta moralmente intachable. En su relación con sus pares y, en general, con toda la ciudadanía, el parlamentario evitará toda forma de violencia, descortesía y deshumanización. Dentro de los deberes fundamentales de los diputados, señala que se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas. Asimismo, deberán observar una vida social acorde con la dignidad del cargo y desempeñarse frente al público, en la Corporación y fuera de ella, con una conducta correcta, digna y decorosa. Al parecer, nuestro Código de conducta es un resumen de deberes morales que el Vicepresidente señor Seguel no cumple. En forma cobarde, insulta a una parlamentaria; cuando se retira de un recinto, de viva voz ofende, no a un parlamentario, no a un político, tampoco a un hombre de su edad, sino al padre de una diputada. No parece ahí asumir su responsabilidad, sino que se va, huye, se da a la fuga. Las actuaciones del diputado señor Seguel, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, no están a la altura de las circunstancias; realmente no merece ser Vicepresidente de la Cámara. Por eso, apoyamos la censura a la Mesa. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente, al igual que los diputados de la Alianza por Chile, respaldamos la censura a la Mesa porque, al revés de lo que dicen hoy dirigentes de una bancada de la Cámara, creemos que no estamos frente a un asunto entre privados ni a un incidente entre personas cualesquiera, sino frente a un hecho lamentable, vergonzoso y cobarde, protagonizado por un Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Cuando la diputada señora Lily Pérez relató ayer en la Sala los hechos sucedidos, sin duda todos quedamos impactados. No es posible que alguien que nos representa como miembro de la Mesa de la Cámara tenga un comportamiento soez y cobarde respecto de otro parlamentario, agravado aún más porque se agrede a una mujer; agravado porque se trata de una diputada de la República, y agravado, además, porque se la insulta a través de su padre. No hay actitud más cobarde, más machista, más sexista que atacar a una mujer por medio de su padre. Eso es lo que realizó el diputado señor Seguel. Su actuación nos parece absolutamente condenable, más aún porque se trata de un Vicepresidente de la Cámara y, por lo tanto, de un representante de uno de los Poderes del Estado que también tiene las facultades que le otorgan la Constitución, la ley orgánica del Congreso Nacional y nuestro Reglamento. ¿Qué facultades tiene el diputado señor Seguel como miembro de la Mesa de la Cámara de Diputados? Entre otras, nada más y nada menos que representar ante los Poderes públicos la conveniencia de salvaguardar la independencia y la inmunidad parlamentaria; es decir, una de las tareas del diputado señor Seguel como Vicepresidente de la Cámara es resguardar los derechos de los señores diputados y de las señoras diputadas. ¿Cómo es posible que una persona con esas facultades se dedique a insultar, a denostar y a tratar de humillar a una diputada a través de su padre? Es claro también que nuestro Reglamento ha sido transgredido por la actuación del diputado señor Seguel, puesto que en su artículo 90, número 5º, dice claramente: “Artículo 90. “5º.- Faltare al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros con acciones o palabras descomedidas, o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes”. Por lo tanto, no estamos ante un hecho entre privados ni ante una discusión entre personas ajenas a la Cámara, sino frente a la actuación de un Vicepresidente de la Cámara de Diputados que claramente ha faltado al Reglamento de nuestra Cámara y ha transgredido las normas que nos hemos dado para que la convivencia y el trabajo al interior sean fluidos y permitan la dictación de las leyes, la adopción de los acuerdos y la determinación de las acciones de fiscalización que debemos llevar adelante. El diputado señor Seguel ha actuado de manera cobarde, ha transgredido el Reglamento y ha tenido una conducta que lo imposibilita para seguir formando parte de la Mesa de la Cámara de Diputados. Hemos presentado esta censura, porque, en definitiva, cuando se deshonra y se trata de humillar a una diputada, se deshonra y se trata de humillar a la Cámara de Diputados. Así lo establece la norma reglamentaria a que he hecho referencia. Se le ha faltado el respeto a la Cámara, y un Vicepresidente no puede actuar de esa manera. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, pido a la Mesa que solicite el acuerdo para que la votación sea secreta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Su petición se verá en el momento oportuno, señor diputado. Para impugnar la censura a la Mesa, tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, en mi vida política tengo una historia de consecuencia. En esa línea, jamás permitiré, aceptaré ni avalaré que una mujer sea agredida o reciba insolencias por parte de alguna persona. Luego de esta premisa, iré al fondo del problema. Durante los últimos días, nos ha tocado vivir experiencias muy duras, especialmente a los democratacristianos, quienes hemos tenido que pedir disculpas por el espectáculo que hemos dado públicamente. Hoy, nuevamente debemos pedir disculpas a la opinión pública por discutir un hecho privado, ocurrido en un lugar privado, a las 23.45 horas, del cual se acusa a un señor diputado que se sabe que no está presente, por encontrarse con permiso constitucional. Por eso, se pidió esperar una semana para que él tuviera la posibilidad de defenderse y de entregar su versión, la cual, según lo conversado, es bastante distinta de la que aquí se ha dado. Pero lo más grave es que, por un hecho privado, ocurrido entre una persona no conocida y un diputado muy conocido, se ponga en jaque la institucionalidad de parte de un Poder del Estado, sobre todo si se considera que, además del Reglamento de la Corporación, existe la posibilidad -varios hemos debido utilizarla por situaciones zonales o locales, pero que no afectan al país- de recurrir a los tribunales de justicia para que dirima cuál es la versión correcta. Hoy, diversos medios de comunicación me preguntaron cómo se defenderá la Democracia Cristiana. No tenemos que defendernos, porque, por un hecho privado, ocurrido en horas de la noche, en un lugar donde el diputado señor Seguel se reúne una vez al mes con su equipo de trabajo, hecho del cual son testigos todos los trabajadores que en ese momento lo acompañaban, se quiere impedir que un miembro de la Cámara de Diputados se preocupe de los problemas de la gente. Nadie puede poner en duda que la situación, como la plantea la señora diputada, es grave, pero existen organismos regulares para solucionar el problema y no es necesario poner en cuestión la institucionalidad del Estado por un hecho privado que no tiene nada que ver con la Cámara. El precedente sería funesto. En segundo lugar, el diputado señor Seguel podrá tener defectos, como muchos de nosotros, pero siempre ha sido capaz de enfrentar con valentía y hombría circunstancias muy difíciles en las cuales se ha visto envuelto. Es más, el martes próximo contará su versión en la Cámara, sin recurrir a los tribunales la justicia ni censurar a nadie. Dirá lo que tiene que decir donde corresponde. Por lo menos, quienes se creen afectados debieron recurrir a los tribunales de justicia o al Comité de Conductas Parlamentarias de la Cámara. Debemos disculparnos ante la opinión pública por no estar discutiendo los problemas que afectan a la gente, sino una disputa entre privados, con lo cual nuevamente los políticos estamos dando un espectáculo. Una persona imputada, como mínimo, más allá de la hombría y de la valentía, requiere de una oportunidad para defenderse, por lo menos estar presente. El peor de los criminales tiene derecho a defenderse. Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. La Democracia Cristiana está consciente de que la gente no quiere la chabacanería política y respaldará a la Mesa en su conjunto, porque es absurdo que por una persona que se dice afectada se ponga en jaque el trabajo de la Cámara de Diputados, se haga esperar a un ministro y se postergue el tratamiento de materias laborales para 4.800.000 trabajadores. Pido disculpas a la gente por este nuevo bochorno. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, sin entrar en detalles, si se analiza una cuestión contenciosa deben conocerse los hechos y el derecho. No podemos conocer los hechos porque una de las partes involucradas no está presente. Por consiguiente, resulta difícil formular cargos y que ésta efectúe los descargos correspondientes. Eso se denomina -para quienes están tan preocupados de que en otros juicios se cumpla el principio del debido proceso- bilateralidad de la audiencia; es decir, una parte denuncia, y la otra tiene la posibilidad de formular descargos en un plazo determinado. La bilateralidad de la audiencia es un principio del debido proceso, consagrado por el artículo 19, número 3, de la Constitución Política, norma esgrimida en forma permanente por los diputados de las bancadas de enfrente respecto de un proceso conocido por todos y que afecta a un ex Presidente de la República. En segundo lugar, nos parece desproporcionado censurar a la Mesa por hechos y actuaciones privados, pues para eso existen distintas vías. Considero una falta de respeto a la opinión pública utilizar en mala forma nuestro tiempo presentando una censura de la Mesa de la Cámara. En este caso se trata de un problema privado, relacionado con el ingreso de una persona a un establecimiento en el cual se permite el consumo de alcohol Pues bien, quien ingresa a ese tipo de establecimientos corre los riesgos propios de dicho acto. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Ruego a los señores diputados guardar silencio. El señor LUKSIC.- No estoy afirmando nada; sólo me estoy refiriendo a los antecedentes que existen al respecto. En consecuencia, considero que se trata de un asunto de poca monta y de una reacción desproporcionada y poco seria. Tengo entendido que la Comisión de Conductas Parlamentarias se creó, precisamente, para analizar la conducta y las actuaciones de los honorables diputados en el desempeño de sus tareas públicas y privadas. Ya existe una reclamación materializada a través de la carta que hemos conocido, que fue la que generó la censura. Por lo tanto, si a alguien debemos pedir disculpas es a la gente, por ocupar nuestro tiempo en algo que no amerita crear un problema institucional, recurriendo al mecanismo de censura de la Mesa. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Cerrado el debate. Corresponde votar la petición de votación secreta formulada por un Comité. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Rechazada la petición de votación secreta. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Ibáñez, Kuschel, Leay, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rojas y Vargas. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- A continuación, antes de votar la censura presentada en contra de la Mesa, el señor Secretario dará lectura a los pareos. El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los siguientes pareos: entre los señores Álvarez-Salamanca y Roberto León; entre la señora María Victoria Ovalle y el señor Mulet; entre los señores Krauss y Vilches, y entre los señores Salas y Ulloa. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- En votación la censura presentada en contra de la Mesa. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Ibáñez, Kuschel, Leay, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rojas, Vargas y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).El señor JEAME BARRUETO (Presidente accidental).- Se suspende la sesión por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión:AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA LOS MIÉRCOLES DURANTE INCIDENTES. El señor PARETO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para que las Comisiones sesionen simultáneamente con la Sala todos los miércoles durante la hora de Incidentes, en la cual se incluirá el tiempo del día martes. ¿Habría acuerdo? Acordado.V. ORDEN DEL DÍAIGUALDAD DE LOS CÓNYUGES EN EL MATRIMONIO Y EN SU RÉGIMEN PATRIMONIAL. Modificación del Código Civil y de leyes complementarias. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor PARETO (Presidente).- Continúa la sesión. En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones. Está inscrito el diputado señor Elgueta. Tiene la palabra su Señoría. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero comenzar el análisis de este proyecto señalando lo que ha dicho un autor, don René Ramos Pazos, cuando se pregunta cuál es el mejor de todos los regímenes patrimoniales. “La respuesta -dice- no es fácil. Tal vez habría que decir que en esta materia, como en muchas otras, es bueno no olvidarse de nuestra propia tradición para hurgar en realidades legislativas que nos son ajenas. Bien ha hecho el legislador chileno en actuar con cuidado en esta materia”. En el proyecto que se nos propone hay varios temas que dicen relación con una idea esencial: eliminar la discriminación en la legislación civil y comercial entre el marido y la mujer, para lo cual se abordan aspectos como los siguientes. Primero, la sustitución del lenguaje masculino en forma parcial, dictando normas más comprensivas de ambos géneros, como los artículos 25 y 26 del Código Civil. Sin embargo, si uno analiza el proyecto podrá darse cuenta de que no se está cumpliendo con el fin deseado. En efecto, mientras lo masculino se extiende no sólo a la letra de la ley, sino que a lo que deriva de su naturaleza o de su contexto para ambos sexos, lo femenino se atiene sólo a la ley y no se aplica al otro sexo, a menos que la ley lo diga. En consecuencia, si se trata de equiparidad entre lo masculino y femenino, se proponen normas que no la establecen. Prácticamente, todo el Código Civil está escrito en masculino. Por ejemplo, puedo señalar expresiones como: funcionarios, chilenos, extranjeros, individuos, confinados, desterrados, acreedor, deudor, apoderado, desaparecido, poseedor, propietario, mandatario, usufructuario, heredero, legatario; y todas las partes a que se refieren los contratos, como vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, etcétera. De ahí que las expresiones actuales del Código Civil no justifiquen la modificación, a menos que se establezca una verdadera equiparidad entre ambos géneros. Si así se ha escrito de acuerdo con la naturaleza de las cosas, también debe hacerse con simplicidad. En consecuencia, no se ha conseguido el fin que se tuvo en vista al redactar el proyecto. Me parece que deberíamos preocuparnos de las normas aberrantes y discriminatorias en contra de la mujer, que aún subsisten. Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 75 del Código Civil señala que “Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento”. Pero, después de haberse derogado la pena de muerte, ¿qué otro castigo podría infligirse a la madre que está embarazada? ¿Por parte de quién? ¿De su conviviente? ¿De su marido? La privación de libertad es un castigo. En consecuencia, a la madre embarazada no se le podrá causar lesiones. Estimo que esta norma debe suprimirse del Código Civil, porque más de alguien puede interpretarla como la facultad de castigar a la mujer, esté o no embarazada. Si se trata de mejorar la situación de la mujer, esta norma debería ser suprimida del Código Civil, y, sobre el particular, voy a presentar una indicación. El artículo 225 entrega el cuidado personal de los hijos a la madre separada, cuando ello debiera ser al padre o la madre. Ambos deberían tener el cuidado personal, lo que además debería hacerse de común acuerdo. Sin embargo, en el caso de que éste no existiera, debería decidirlo el juez conforme a los intereses del niño. Creo que esta fue una disposición equivocada que aprobamos cuando dictamos la ley que modificó las normas del Código Civil en materia de filiación. Idéntico razonamiento puedo hacer respecto del artículo 245, que dice relación con la patria potestad, en el caso de separación de los padres. Otra materia discriminatoria es la que se señala en el artículo 310, sobre la llamada posesión notoria del estado de matrimonio, donde se exige a la mujer -como prueba de esa posesión notoria- haber sido recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general. Actualmente, esto no se exige al marido, sino que sólo a la mujer. Por eso estimo que se trata de una disposición discriminatoria, pues debería exigirse a ambos o a ninguno. Otro punto, en este deseo de equiparación de género, se relaciona con el artículo 585 del Código Civil, sobre las cosas comunes a todos los hombres. Se sustituye la expresión hombre por persona. Sin embargo, esto no se aviene con el lenguaje constitucional, puesto que en el artículo 19, Nº 23, de la Constitución Política del Estado, se señala que no se pueden adquirir estos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Por consiguiente, habría que modificar ambas normas. Ahora, en cuanto a que si el proyecto beneficia o no a la mujer, actualmente tenemos el sistema supletorio, normal de la sociedad conyugal. Pero si bien es cierto que administra el marido, tampoco es menos cierto que la mujer, a través de una serie de normas, tiene una protección especial que ahora se deroga, en mi opinión perjudicándola. Por ejemplo, según el artículo 136 del Código Civil, si existe sociedad conyugal, en los juicios o defensas judiciales el marido deberá proveer a la mujer en los gastos del juicio, pero si no tiene los bienes o ellos fueren insuficientes, el proyecto, al suprimir la sociedad conyugal, obliga a la mujer a pagar en los juicios que ambos litiguen. Por lo tanto, la mujer asume una obligación que antes no tenía. Si la mujer es la que demanda al marido y éste carece de bienes, ella debe asumir los gastos del pleito. En consecuencia, se le impone una carga que actualmente no tiene. Por otra parte, en el inciso segundo del artículo 134 del proyecto se señala que “Para estos efectos se considerará aporte económico el trabajo doméstico realizado en el hogar común por cualquiera de los cónyuges”. En el esquema doctrinario, legislativo, está bien que el trabajo doméstico sea valorado y realizado por cualquiera de los cónyuges. Esta materia se refiere a la provisión de la necesidad de la familia común. Pero, de acuerdo con el actual estilo de vida doméstico, es la mujer la que lleva dichas tareas y eso lo podemos observar en la realidad. Entonces, al valorarse ese trabajo económico doméstico, realizado generalmente por la mujer, ésta se enriquece en sus bienes con su aporte doméstico valorado, lo que puede incidir en el cálculo de los bienes que tiene frente al otro cónyuge. Así, la mujer, según el artículo 230, podría ver disminuido su patrimonio, ya que en él se incluirá su aporte doméstico valorado, aumentando su facultad económica en beneficio del marido, salvo que esta norma se modifique y se perfeccione para evitar este error. El mismo razonamiento se puede aplicar en el caso del artículo 329 del Código Civil, en el sentido de que en la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. Así, el marido demandado podría excepcionarse alegando que su mujer posee bienes adquiridos en su trabajo doméstico valorado y, en consecuencia, aportar a la pensión alimenticia menos dinero del que debería pagar si no se valorara dicho trabajo doméstico en la forma que se propone en el proyecto. Lo mismo sucede en el artículo 160 para proveer, en caso de separación, a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades. En cuanto a los nuevos artículos 137, 138, 138 bis, 139, 140, 150 y siguientes, se deroga el peculio reservado de la mujer al no haber sociedad conyugal; se eliminan una serie de protecciones en favor de la mujer, la cual carece del derecho de optar al considerársele comunera de bienes, según el nuevo sistema. Así, si la mujer se divorcia a perpetuidad, no tendrá derecho a administrar con independencia los bienes que ha sacado del poder del marido o que ha adquirido después del divorcio, ya que es derogado por el proyecto. El tema que nos preocupa es la implementación del nuevo sistema denominado -a mi juicio, erróneamente- “comunidad de gananciales”. Tan equivocado es que la diputada señora María Antonieta Saa presentó una indicación para suprimirlo. Además, induce a confusión. Es el régimen normal y supletorio, y si las partes no dicen nada en el acto de casarse, adoptan el régimen de comunidad de gananciales que propone el proyecto. Asimismo, se utiliza la denominación comunidad de gananciales en varios artículos -que no voy a citar-, y se habla indistintamente de comunidad de bienes comunes, de comunidad de gananciales, etcétera. Por otro lado, el proyecto señala que cuando este régimen termina se produce una comunidad, lo que hace surgir dudas porque se establece que durante el matrimonio se está en comunidad de gananciales y que cuando éste se disuelve se queda en comunidad. Por lo tanto, creo que el título y esas normas inducen a confusión, porque el régimen patrimonial es el que existe durante el matrimonio; al disolverse éste -o el régimen- se liquidan los bienes, de lo cual surgen distintas opciones. Es decir, puede haber un régimen de comunidad, donde se crea un fondo común que se reparte entre los contrayentes; un régimen de sociedad conyugal -como el que tenemos en Chile-; un régimen de participación de gananciales, y un régimen de separación total de bienes. Sin embargo, el nuevo artículo 1749 del proyecto establece que “Durante el matrimonio, cada cónyuge goza y administra libremente su patrimonio”, lo cual se contradice absolutamente con el título, porque si cada uno administra sus propios bienes y goza de ese patrimonio, no puede haber comunidad. Eso es absolutamente claro, porque, de lo contrario, no podría administrar cada uno libremente sus bienes. No obstante, a renglón seguido, el mismo artículo establece una serie de normas que hacen exigible la autorización del otro cónyuge: para enajenar o gravar los bienes raíces; para arrendarlos o cederlos; para constituirse en aval, codeudor solidario o fiador, bajo pena de nulidad relativa -artículo 1750- En consecuencia, como las disposiciones establecidas en los artículos descritos tienen una completa contradicción con el título, no es conveniente usar la denominación “comunidad de gananciales”. Actualmente, según el derecho civil, en el régimen de sociedad conyugal se denomina “acervo bruto” a lo que queda cuando se disuelve el matrimonio, a lo cual se agregan las acumulaciones de ciertos bienes y la deducción de otros. Lo que queda se denomina “acervo líquido partible”, que es sinónimo de gananciales. O sea, los gananciales se pueden dividir al término del régimen patrimonial, que es el estatuto de intereses económicos entre el marido y la mujer. Según diversos autores en materia de derecho civil, el sistema de sociedad conyugal, al final, es una comunidad restringida, lo cual introduce otro factor de confusión, por cuanto, si bien se está haciendo referencia a la comunidad de gananciales, según los autores del derecho civil se señala que el régimen de sociedad conyugal es finalmente una comunidad restringida de ganancias o gananciales. Por eso, aun cuando la ley Nº 18.802 establece la plena capacidad de la mujer, dispone que quien administra los bienes sociales y de la mujer durante el régimen es el marido, salvo en los casos excepcionales de separación total de bienes, de peculio reservado o cuando existe una administración fraudulenta del marido. Dichos autores opinan también que, en el régimen de comunidad de bienes, todos los que se aportan o adquieran forman una masa común. Esa norma es de carácter universal. Por esa razón, también me produce confusión el título: se habla de comunidad de gananciales durante el régimen, en circunstancias de que el nuevo artículo 1765 de la iniciativa establece que sólo una vez disuelto o terminado el régimen se forma la comunidad. Con el fin de que se entienda el sistema, el profesor José Galván Bernabeu “hizo presente a la Comisión que el régimen de comunidad de gananciales, por el que opta el proyecto, se caracteriza porque durante su vigencia establece una separación de bienes entre los cónyuges, casi absoluta -o sea, no hay comunidad-, con algunas restricciones al poder de disposición de éstos, orientadas a la protección tanto del interés familiar como de la futura participación, y porque a la época de su terminación da origen a una comunidad entre los cónyuges para el solo efecto de liquidarla y dividir los gananciales por partes iguales entre ambos o entre el sobreviviente y los herederos del otro”. Me parece que el profesor Galván describe perfectamente lo que pretende el proyecto, pero, desgraciadamente, el título y las expresiones que se observan en distintos artículos llevan a las confusiones que he señalado. Creo que, a la altura de los tiempos que estamos viviendo, es bueno que cada uno de los cónyuges administre sus propios bienes y que la mujer tenga plena capacidad. Ello se concilia con los tratados internacionales, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos cónyuges deben tener los mismos derechos y deberes o responsabilidades. En nuestro país debería haber una propuesta en el sentido de que los cónyuges, antes de casarse, o en el acto del matrimonio, celebraran capitulaciones matrinomiales para establecer, con absoluta libertad, las normas que han de regir su sistema patrimonial. Así sucede, por ejemplo, en España, donde las partes, libremente, pactan en capitulaciones matrimoniales el régimen que seguirán durante su matrimonio. De ese modo, los cónyuges, subsidiariamente, podrían escoger entre los cuatro sistemas propuestos en el acto del matrimonio. Se les consultaría si desean casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, de separación total de bienes, de participación de gananciales o en el de comunidad propuesto en el proyecto. Actualmente pueden elegir tres. Si callan, quedan sujetos al régimen de sociedad conyugal; pero pueden exigir casarse bajo el régimen de separación total de bienes o de separación de gananciales. Además, un proyecto de esta naturaleza debería permitir a las partes, por una sola vez durante el matrimonio, sustituir o cambiar el régimen acordado por otro de los sistemas existentes. En consecuencia, esta tercera propuesta es complementaria. Por último, quiero hacer notar que en Chile, a diferencia de lo que sucede en Paraguay, en Perú y en varios países de nuestro continente, deberíamos abordar la inembargabilidad de los bienes familiares. Dictamos una ley para crear la llamada “propiedad familiar”, la cual, sin embargo, no es inembargable. Esa propiedad familiar, compuesta por un bien raíz y los muebles que la guarnecen, hasta cierto punto debería ser inembargable. En Chile deberíamos buscar un parámetro que permitiera que una propiedad, un bien raíz, equivalente, por ejemplo, a 2 mil o 3 mil unidades de fomento, debería ser inembargable, de manera que las personas no vieran en ningún momento amagada su propiedad familiar. Nosotros vemos que en los campos, los bancos rematan fundos, parcelas, propiedades extensas y, a veces, el valor del crédito no es ni un tercio de lo que valen y su dueño queda en la calle. Como sucede en México, en Paraguay, en Perú y en otros países de nuestro continente, debería haber un límite para embargar y rematar propiedades, de manera que su propietario, por lo menos, se quede con un resto, que es lo que corresponde en justicia. Voy a votar a favor de la idea de legislar para que abramos el amplio campo de libertad; para que los cónyuges puedan establecer un régimen adecuado como los que se han propuesto en este proyecto o como los que existen actualmente. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, en verdad, en Chile existe una increíble resistencia al cambio. Esa palabra se utiliza con mucha facilidad, pero cuando se proponen cambios hay resistencia. Y no por nada, sino porque corresponde a una realidad del país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha calificado a nuestro país con uno de los peores índices de genéro de América Latina. Esto quiere decir que la condición de la mujer en el país está, en términos discriminatorios y no igualitarios, peor que en muchos países de América Latina. Entonces, el proyecto reconocerá una situación vergonzosa de la mujer en Chile, ya que, como decía -no con esas palabras- el diputado señor Elgueta, nuestras leyes no están cumpliendo, en términos de igualdad, con los tratados internacionales que firmamos. Es tanta la ilusión de igualdad de algunas mujeres jóvenes de nuestro país que, en cuanto al régimen de propiedad en el matrimonio, está sucediendo un fenómeno preocupante, que me gustaría que mis colegas diputados tomaran en cuenta al votar el proyecto. En 1994 hubo aproximadamente 73 mil matrimonios contraídos bajo el régimen de sociedad conyugal y 20 mil, bajo el régimen de separación de bienes. En el 2000 los matrimonios han disminuido, pero hubo 42 mil contraídos bajo el régimen de sociedad conyugal y 19 mil, con separación de bienes. ¿Qué indica esta cifra? Que los matrimonios contraídos bajo el régimen de separación de bienes han aumentado en 50 por ciento. Hoy, dicho régimen consiste en que marido y mujer administran sus propios bienes y no forman ninguna comunidad ni sociedad. Quiero dar un ejemplo de personas muy conocidas por mí, familiares, que han manifestado: “Me caso con separación de bienes, porque quiero ser igual a mi marido”. El problema es que esa igualdad todavía no es real. Entonces, los maridos ganan más que las mujeres, porque no olvidemos que, según estudios clarísimos al respecto, en el ámbito de los egresados universitarios, las mujeres, en promedio, ganan 50 por ciento menos que los varones, teniendo ambos igualdad de estudios superiores. Sabemos que este fenómeno se produce porque todavía casi todos los gerentes son varones y los cargos directivos son ocupados por ellos. Por lo tanto, las mujeres ganan la mitad de lo que perciben sus maridos. Entonces, se casan con separación de bienes; pero después, como la mujer no tiene capacidad de crédito para comprar su casa; la adquiere el marido. Con separación de bienes, la casa es del marido y las cuotas, muchas veces, las paga la mujer. En la actualidad, el 50 por ciento de los matrimonios se está celebrando bajo el régimen de separación de bienes, porque las mujeres jóvenes no quieren optar por la sociedad conyugal, en la cual el marido tiene el poder, la potestad marital, y después se encuentran con el tremendo problema de que quedan en la absoluta indefensión, porque cuando tienen niños dejan de trabajar y ganan menos. Por lo tanto, esta errónea “pseudoigualdad” que da la separación de bienes es su tumba posterior, porque si más tarde hay alguna dificultad en el matrimonio -desgraciadamente, las hay-, los bienes están a nombre de los maridos y ellas no tienen absolutamente nada. Aquí estamos frente a un problema social grave. ¿Qué planteo en el proyecto que he presentado y que otros diputados y diputadas han avalado? Tomar lo mejor del régimen de sociedad conyugal. Es decir, si alguien se casa y quiere compartir la vida, debe asociarse de alguna manera, y esto se manifiesta en la repartición de bienes -por mitades- que se acumulan durante el matrimonio, los que puede comprar el marido y cuyas cuotas puede pagar la mujer, pero la mitad corresponde a la mujer; en reconocer claramente que una mujer que se casa en sociedad conyugal no es una “mantenida”, como se afirma vulgarmente, porque el trabajo doméstico -que se reconoce en el proyecto- es un bien que tiene una dimensión absolutamente material. No olvidemos que la Universidad de Chile hizo un estudio que demostró que si se da valor monetario al trabajo doméstico, la mujer produce en su casa el doble del producto nacional en bienes y servicios. Entonces, es reconocer que se forma esta comunidad. Su nombre se estableció no sólo porque se usa en derecho comparado, sino por cambiar el sentido de sociedad, que es más comercial; una comunidad que se forma por lazos afectivos y en que se reconoce el valor del trabajo doméstico, por lo cual le corresponde a ella el 50 por ciento. No nos olvidemos de que todavía en el país más de 20 por ciento de mujeres dueñas de casa sólo realizan el trabajo doméstico; las otras trabajan afuera y, además, realizan labores domésticas, porque todavía no logramos que los varones las compartan. Espero que los jóvenes del futuro sepan desde pequeños hacer las camas, preparar la comida, y sientan que ése es un servicio personal y no que las mujeres nacemos con ese conocimiento. Insisto en que el trabajo doméstico tiene un valor. Se propone un régimen supletorio; es decir, lo mejor de la sociedad conyugal: la comunidad, pero desaparece la potestad marital, porque no puede ser que en el siglo XXI el marido tenga el poder de administración sobre los bienes de la mujer. Ésa es la diferencia que hoy tenemos con la mayoría de los países del mundo y lo que nos objetan los tratados internacionales: que la mujer sea incapaz especial, legalmente, en el régimen de sociedad conyugal. Entonces, modificamos dicho régimen, entregamos a cada uno de los cónyuges la facultad de administrar sus bienes propios; pero también establecemos la comunidad en el sentido de que ninguno de ellos puede enajenar, hipotecar ni vender sus bienes propios, dándose autorización mutuamente. El régimen que estamos proponiendo significa que cada uno de los cónyuges responde de las deudas con lo suyo. ¿Qué pasa hoy en la sociedad conyugal? El marido tiene potestad sobre los bienes muebles de la mujer, no así la mujer sobre los del marido. Entonces, el marido contrae deudas y le embargan los bienes muebles comprados por la mujer. En cambio, si la mujer contrae deudas, los bienes muebles del marido no son embargables. Estamos poniendo las cosas en su lugar y dando igualdad. ¿Por qué voy a presentar una indicación para que se continúe usando la expresión “sociedad conyugal”? Porque eso está en la tradición, de lo que me di cuenta ante la resistencia que encontraba el proyecto. Continuemos con ese nombre. Me pareció que la expresión “comunidad” está fundada más en el afecto, y que “sociedad” es más comercial. Tienen razón muchos diputados: es difícil cambiar esas palabras; los chilenos más legos las conocen. Por eso, sigamos llamándola sociedad conyugal para que no se produzcan confusiones. Además, voy a presentar otra indicación, a raíz de un antecedente con mucho sentido que señaló el diputado señor Rincón. El patrimonio reservado de la mujer -artículo 150 del Código Civil- costó más de diez años que se aprobara en esta Cámara de Diputados, porque había resistencia de una cultura patriarcal y machista. El régimen propuesto es parecido al del patrimonio reservado, casi similar, en términos de que la mujer administra sus propios bienes, no sólo los que le pertenecen a título oneroso en términos del fruto de su trabajo, sino también los propios heredados. O sea, esa parte estaría salvada. En la indicación propongo que el patrimonio reservado sea también establecido en cuanto a la elección que pueda hacer la mujer al término de la sociedad conyugal, entre el patrimonio reservado o el 50 por ciento que le corresponde en dicha sociedad conyugal. Me parece bien proteger más a las mujeres, porque, a pesar de la aspiración de igualdad, todavía existe una desigualdad de hechos que es importante considerar en la discusión de las leyes. Por eso la Convención de la Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer habla de que los gobiernos podrán tomar medidas de hecho, de facto -no confundir con poderes de facto-, para garantizar que en las leyes se considerarán estas desigualdades. Insisto en que voy a presentar esta indicación, apoyada por varios diputados, para que continuemos utilizando la expresión “sociedad conyugal” con el objeto de que el patrimonio reservado sea considerado al fin de ella. Si se revisa la legislación comparada, se comprobará que casi todos los países tienen hoy el régimen que propongo, porque en casi ninguno -en esto tenemos el triste récor- el marido tiene la potestad marital sobre los bienes de la mujer. Pretendo presentar este régimen como supletorio, porque las capitulaciones suponen una cierta situación de poder. Pongámonos en el caso de nuestro país. No hagamos capitulaciones. Tengamos un régimen supletorio que garantice al marido y a la mujer igualdad de derechos, la sociedad conyugal, el valor del trabajo doméstico, lo que significa la dedicación, las labores que realiza el 99,9 por ciento de las mujeres, y que garantice también que todo esto sea considerado en términos de acumulación de régimen. Defiendo este proyecto, que considero muy justo. Estamos poniéndonos a la altura de la legislación comparada. Este régimen tiene distintos nombres. Se llama “comunidad de gananciales” en Brasil; “comunidad de bienes” en Francia e Italia; “sociedad de gananciales” en España y Perú, y continúa llamándose “sociedad conyugal” en Argentina y Uruguay, pero es una administración igualitaria. Hoy debemos terminar con esta incapacidad especial de las mujeres chilenas, porque es una vergüenza y porque, además, le da al marido potestad sobre bienes muebles de la mujer y sobre los propios en cuanto a su administración; eso no podemos permitirlo en el siglo XXI. No tengamos este triste récor en términos de la igualdad entre hombres y mujeres, que es la base de un sistema democrático. Vamos a terminar con esta pseudoigualdad del 50 por ciento de casamientos con separación de bienes, lo que es tremendamente injusto, porque en ese estado las mujeres contribuyen a pagar al banco las cuotas por la compra de la casa que después es sólo del marido, porque él tiene mayor capacidad de endeudamiento y el banco le da crédito. Llamo a los diputados y diputadas a tener el coraje de modificar el Código Civil -con todo el respeto que nos merece don Andrés Bello-, que tiene más cien años, y de modernizarlo. Este proyecto está muy bien informado por notables civilistas. Yo no soy abogada, no soy civilista y no me quiero arrogar ninguna autoridad sobre el tema. He trabajado asesorada por muy buenos abogados, pero soy mujer e interpreto a las mujeres chilenas en cuanto a su anhelo de igualdad. Entonces, seamos valientes y modifiquemos este Código cuyo derecho de familia fue establecido hace más de cien años. Tenemos que modernizarnos porque nuestras leyes deben garantizar igualdad de derechos; combinemos dicha igualdad con del reconocimiento del tremendo aporte que hacen las mujeres en el trabajo doméstico; protejamos en las leyes la igualdad deseable, pero superando la desigualdad de facto que todavía tenemos. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, me alegro que nuestra colega señale que algunas cosas se pueden mejorar. Lo digo porque no dudo de su voluntad de entregar su aporte legislativo para generar un régimen patrimonial más adecuado y justo, mejor para la mujer, pero tengo que hacer hincapié en esto, porque la diputada señora Adriana Muñoz expresó, la otra vez, que se sorprendía de que el diputado Rincón, siendo tan joven, planteara algo que iba en contra de la necesaria modernidad de la legislación civil relacionada con el tema patrimonial en nuestro país. Señalé escuetamente algunas frases para llamar la atención ante lo que me parecía que requería una segunda observación, reflexión y análisis, y los hechos me han probado que, al menos, en algunas de las cosas que dije tenía razón. En primer lugar, coincido con la diputada señora Saa en el sentido de que el patrimonio reservado de la mujer casada, lejos de mantenerla en una situación de desigualdad o inferioridad jurídica, la potencia, la mejora y la salvaguarda frente al hombre. Yo, por lo menos, no creo en la igualdad para desmejorar a aquellas mujeres que con el patrimonio reservado están mejor. Eso hay que decírselo a las mujeres, porque si estamos debatiendo cómo mejorar la legislación civil en materia de régimen patrimonial, tenemos que señalar cuál es el beneficio del patrimonio reservado, consagrado en el artículo 150 del Código Civil; debemos destacar qué significa el beneficio de emolumentos, jurídicamente hablando, consagrado en la legislación civil; tenemos que informar qué significa la renuncia de gananciales, establecida en la legislación civil y que tiene un impacto jurídico favorable en la medida en que se haga una elección adecuada por parte de la mujer, y también debemos aclarar que no es obligatorio el régimen de sociedad conyugal que impone la legislación civil o que el legislador de hace cien años quiso imponer arbitrariamente a la pareja, a la mujer, al marido o a ambos. Es un régimen supletorio que, por lo tanto, puede ser rechazado antes, durante o incluso después del matrimonio. Más aún, el juez puede intervenir en determinadas circunstancias para cambiar el régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, pido mayor claridad respecto de lo que estamos discutiendo, porque, de lo contrario, podríamos generar -entiendo que ésa es la intención, recogiendo la inquietud internacional para generar igualdad para la mujer o mejor trato legislativo- una visión jurídica sesgada respecto de instituciones adoptadas en nuestro país que no tienen carácter de imposición, de autoritarismo o de elección no libre para los cónyuges. Quiero ahondar aún más sobre este tema. Por su intermedio, señor Presidente, deseo hacer presente a la señora diputada que le consta que no he podido obtener todavía un informe global de las indicaciones que ella está presentando; pero entiendo que tienden a mejorar el proyecto. De ser así, es evidente que estaremos gustosos de suscribirlas. Sin embargo, tal como aborda la iniciativa la comunidad de gananciales, implicará una partición, requerirá un partidor, necesitará respaldo contable para quien quiera intervenir por esa vía. No olvidemos que ésa es una de las críticas que el proyecto hace al sistema, hace poco incorporado, sobre participación en los gananciales. Una comunidad pro indiviso genera un problema mayor para su disolución o para la radicación del dominio de lo que es una universalidad jurídica. Es decir, lo único que pido es que revisemos las connotaciones jurídicas con mayor acuciosidad -entiendo así el tema-, por ejemplo, casos fácticos como los que se han dado a conocer, es decir, que no es lógico que el hombre disponga en definitiva de la capacidad de ejercicio de la mujer. En consecuencia, analicemos casos fácticos: la mujer profesional que trabaja hará uso de su patrimonio reservado, no se casará en régimen de sociedad conyugal si no le conviene, y pedirá inmediatamente la separación total o parcial de bienes, la que incluso puede pedir después. Pongámonos en el otro caso fáctico extremo: la mujer que no trabaja, y que, como muy bien decía la diputada señora Saa -y en eso tiene toda la razón- ni siquiera hace una valoración adecuada de su trabajo doméstico. A esa mujer incluso podría convenirle entrar en un régimen de sociedad conyugal, porque en él, aun cuando no tenga nada y esté en la peor de las condiciones, es decir, en el otro extremo económico, tendrá el poder de firma y de veto respecto de lo que el marido aporte a esa sociedad conyugal. No olvidemos que aun así, a título oneroso, le quedarán salvados sus bienes, y por el patrimonio reservado siempre podrá tener la posibilidad de una comunidad patrimonial propia, si es que se pudiera llamar así. Señor Presidente, por su intermedio, entiendo y reconozco el esfuerzo de la señora diputada. Creo que debemos ir por esa vía. Por eso le estamos dedicando tiempo a este proyecto y algunos diputados queremos abordarlo; pero pido un análisis exhaustivo de las innumerables normas jurídicas en juego. Me referiré a otro tema. Si queremos impedir las desigualdades de género para que el concepto de mujer se incorpore en la legislación, revisemos adecuadamente todo el Código Civil y no sólo algunas normas, porque hay otras que pueden ser tanto o más discriminatorias. El diputado señor Elgueta ha dado ejemplos concretos al respecto, como el artículo 310 del Código Civil y otros. O sea, le digo que estoy de acuerdo en que si hay desigualdades como consecuencia de un mal tratamiento del léxico jurídico en el Código Civil, modifiquémoslo, pero adecuadamente, para ver todas las disposiciones que merecen corrección. Lo contrario sería salvar una anomalía en forma parcial con este proyecto, ya que se mantendrán disposiciones discriminatorias de nuestro Código Civil o un tratamiento de género, lo que, entiendo, es evidente que se quiere evitar. Por otra parte, quienes participaron en la discusión de la Comisión saben que no todos los informes son plenamente favorables al proyecto. El propio Servicio Nacional de la Mujer estableció en el informe que puede existir una posibilidad de oposición por parte de las mujeres que gozan del patrimonio reservado; el jurista civilista citado, creo que su apellido es Ibáñez, profesor de una connotada universidad de Santiago, también manifestó algunos reparos que pueden ser salvados. Más aún, puedo señalar que algunos de los reparos que él hizo presentes fueron recogidos y salvados por la diputada señora Saa y por otros parlamentarios en la Comisión, y que la misma ha hecho mejoras al proyecto. En consecuencia, tampoco es bueno pretender que existe un respaldo total de los civilistas o juristas connotados del país, para que este proyecto sea aprobado y despachado con su actual redacción. Insisto: creo que es necesaria una nueva revisión del proyecto, que, por lo demás, ya fue aprobado por la Cámara, tanto con el ánimo de mejorarlo como para no imponer, por ningún aspecto, esta igualdad a las mujeres que tienen un mejor régimen. Buscamos la igualdad con el hombre para las mujeres que están en mala situacion patrimonial. Esa preocupación, por lo demás, se la hemos hecho saber a la directora del Servicio Nacional de la Mujer. Señor Presidente, creo que las condiciones están dadas para discutir en esa vía y entregar nuestro aporte en ese sentido. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, estamos discutiendo un tema relevante. Es fundamental establecer un parámetro básico, que es la libertad para que las personas puedan optar por un régimen patrimonial que consideren mejor a sus condiciones, a sus características y a las circunstancias en que les toca vivir. Cuando se tratan estos temas, es muy importante tener presente que uno no está hablando de relaciones de sentimiento, de amor, de cariño, de afecto, sino de los bienes del patrimonio que una determinada pareja tiene en cierto momento de su vida, porque, sin duda, y así lo tratan diversos estudiosos del tema, cuando un matrimonio o una pareja está bien avenida, estos problemas no se presentan. Sólo surgen cuando existe una ruptura, momento en el que tienen que operar todas las normas de nuestro Código. Considero positivo que la pareja tenga la más amplia libertad y gama de regímenes patrimoniales por los cuales regirse en el momento en que establece el contrato matrimonial. Me parece bien que exista un régimen de separación de bienes, uno de participación en los gananciales y el de comunidad en los gananciales; pero también encuentro bueno que haya un régimen de sociedad conyugal, porque creo que protege adecuadamente a la mujer. Un profesor nos decía que el régimen de sociedad conyugal se podía definir de la siguiente manera, desde el punto de vista de una mujer: “Lo mío es mío y lo tuyo es de los dos”. Creo que esa máxima representa adecuadamente las conveniencias que tiene el régimen de sociedad conyugal para una mujer. Si esa mujer y ese hombre, unidos en matrimonio, en el ejercicio de su libertad deciden mañana adoptar un régimen patrimonial distinto, bienvenido sea, pero establezcamos normas básicas de protección que, adecuadamente, estén representadas en el régimen de la sociedad conyugal. La diputada señora Saa decía con razón que, muchas veces, en el momento de optar -cuando no hay conflicto- se decidía por el régimen de separación de bienes, que claramente ha perjudicado a las mujeres en la mayoría de los casos, porque se establecen patrimonios y responsabilidades similares, lo que va en detrimento progresivo de la posibilidad de la mujer de desarrollarse adecuadamente; mientras que, si opta por un régimen de sociedad conyugal, en un momento de conflicto la mujer dispone de una serie de herramientas, facultades y derechos que operan en su favor. Eso tiene una mayor dimensión tanto en una sociedad conyugal o en un matrimonio con recursos amplios como también en otro con recursos limitados, aunque el único bien fuera la vivienda en la cual habitan. En ese momento, la mujer tiene facultades que me parecen fundamentales. No niego para nada que existan otros regímenes, y cuando se determinó el de participación en los gananciales, así lo establecimos en el debate -incluso, si la memoria no me engaña, la actual canciller señora María Soledad Alvear era en ese entonces ministra del Sernam-, porque creemos que debe haber el mayor ámbito de alternativas posibles. Sin embargo, no me parece correcto eliminar el régimen de sociedad conyugal o mantenerlo con el mismo nombre, alterando su esencia. Las cosas son lo que son y no lo que uno trata o quiere que sean. Por lo tanto, un régimen de sociedad conyugal tiene ciertas características o elementos que son indisolubles, que forman parte de su esencia. Si uno se la quita, será un híbrido distinto que, al final, ocasionará mayores dificultades. En consecuencia, el régimen de la comunidad de gananciales que propone el proyecto debe ser uno más, a fin de que las personas opten por él, si lo consideran más adecuado a sus intereses o a la realidad en que ellas viven. Creo que trabajar estos temas es extraordinariamente complejo y sensible, porque, de una u otra manera, las realidades a las cuales uno se ve enfrentado siempre son distintas y -reitero- estas decisiones se toman en el momento en que no hay conflicto, pero los regímenes patrimoniales entrar a operar cuando los hay. Por lo tanto, a mi juicio, el régimen de sociedad conyugal siempre será más protector y más beneficioso para la mujer, y es muy importante no perder esas protecciones que ese régimen le entrega. Es en los momentos de conflicto, cuando la mujer y sus hijos quedan en una situación muchas veces desmejorada, de desmedro, tenemos que velar para que siempre existan las normas adecuadas que permitan protegerlos. En una situación ideal, en la que el matrimonio actúa de consuno, de común acuerdo, estas normas prácticamente no se aplican; sólo operan en los momentos de conflicto, y reitero que el régimen de sociedad conyugal ha probado con más largueza que protege adecuadamente a la mujer en dichos momentos. Queda claro que el régimen de separación de bienes la ha perjudicado abiertamente, pero ha sido elegido voluntariamente en un momento de no conflicto. Respecto del régimen de participación en los gananciales, no hay precedente, ni tradición, ni historia sobre el tema. No sabemos cómo operará, ya que tenemos que verlo, pero dejémoslo como alternativa; eduquemos para que la gente, de acuerdo con sus circunstancias, su historia y sus vivencias pueda elegir dentro de una amplia gama de alternativas; pero no alteremos la esencia de las instituciones y de los sistemas porque, al hacerlo, los vamos deteriorando y, al final, no producen los efectos que queremos. A mi juicio, el efecto deseado y necesario de la sociedad conyugal, que en la práctica opera, es proteger a la mujer en los momentos de conflicto. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto es un gran paso en el esfuerzo que estamos realizando en el Congreso Nacional para establecer efectivamente una real igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer. Hemos hecho mucho, pero obviamente todavía nos queda un gran camino por recorrer, y el proyecto apunta en la dirección correcta. Se trata aquí de que seamos consecuentes con una serie de acuerdos internacionales que hemos suscrito y con nuestra Constitución Política, que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso debemos traducirlo en cosas concretas y reales. Igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya en 1948 señalaba que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos durante el matrimonio y en caso de su disolución. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, destaca que los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Así, otros acuerdos y pactos que hemos suscrito, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de 1979, además de otros, establecen claramente que el Estado debe consagrar plenamente la absoluta igualdad en derechos y obligaciones al hom-bre y a la mujer. Sin embargo, tenemos un régimen de sociedad conyugal que, en realidad, no opera así. Basta decir que en nuestra legislación la administración de la sociedad conyugal la tiene el marido y se extiende a los bienes tanto de él como de la mujer. El marido se hace cargo de su administración y la mujer sólo tiene derecho a dar su autorización, en caso de que se enajenen o graven los bienes inmuebles; pero pensemos en lo que sucede, por ejemplo, con los bienes muebles, que son de propiedad de la mujer. En la práctica, el marido se hace dueño de ellos, si bien ella tiene derecho a la llamada recompensa, una vez que se disuelve el matrimonio. Ahí vemos realmente que a la mujer se la considera absolutamente inhábil, lo que, por supuesto, no podemos tolerarlo ni permitirlo. Igual cosa ocurre, por ejemplo, con los frutos o rentas de los bienes propios de la mujer, los cuales se incorporan al haber social que administra el marido. En definitiva, éste rendirá poca cuenta en la práctica de todos esos bienes, lo que ha significado muchas veces que los maridos se apropien de aquéllos. Entonces, en relación con nuestra legislación, especialmente referida al régimen de sociedad conyugal, no se respeta ni se traduce en la práctica la igualdad jurídica, plena de derechos y obligaciones que debe tener la mujer frente al hombre. Desde ese punto de vista, creo que la modificación en estudio va en un sentido correcto, puesto que postula dos patrimonios, el del marido y el de la mujer, y cada cual conserva para sí los bienes propios y los que eventualmente sean comunes. Es decir, aquí la mujer tiene la posibilidad de permitir que algunos de sus bienes integren los comunes o, simplemente, que no sea así. Por eso creo que la legislación actual, especialmente en relación con la sociedad conyugal, está en abierta contradicción con una serie de acuerdos internacionales y pactos que hemos suscrito. El proyecto va en la dirección correcta, hace que nuestra legislación sobre la materia sea consecuente con esos pactos suscritos y va en la línea de consagrar que la mujer realmente tenga los mismos derechos y obligaciones de los hombres; que ella pueda administrar su patrimonio con absoluta libertad, y que tenga plena capacidad jurídica para actuar. El proyecto es muy positivo, razón por la cual le doy mi total aprobación. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, con el respeto que le debemos a don Andrés Bello, quiero decir que, en general, las mujeres hemos sentido que el Código Civil ha sido muy patriarcal, por decirlo en la forma más suave, pues siempre nos ha dejado en condiciones de inferioridad. Incluso, cuando el legislador ha querido avanzar, no ha hecho más que retroceder. En ese sentido, el proyecto en debate es un aporte muy importante. Hay algo que me preocupa. Es cierto que ninguna mujer quiere legislar en contra de sí misma, sino todo lo contrario. En este sentido, el trabajo de la diputada señora María Antonieta Saa constituye una contribución muy importante. Pero como no he sido parte de la discusión, me preocupa porque las igualdades no son matemáticas, sino que se dan en el sentido de proteger a la mujer y a los hijos, la parte más vulnerable. Entonces, creo que sería bueno aprobar la idea de legislar sobre el proyecto, pero pensando en su perfeccionamiento. El derecho de opción y el artículo 150 del Código Civil son cuestiones que amparan a la mujer. Ninguna mujer que en virtud del artículo 150 pueda tener un manejo propio de sus deberes y derechos respecto de su patrimonio, que a ella le ha costado, queda desamparada. Como hoy la gran mayoría de las mujeres jóvenes trabaja, lo que trae como consecuencia mayor aporte a la sociedad conyugal, con el artículo 150 quedan más amparadas. Creo que ésa es una cuestión que debemos revisar con atención. No hacer del tema un debate a ultranza, sino ver la manera de legislar con mayor precisión. Es cierto que debemos dar una connotación al trabajo que la mujer realiza en su hogar, pero no la desmejoremos. Incluso, hay situaciones en las que cuando se produce el conflicto -lo que aquí se ha hablado- la mujer, en estas circunstancias, aparecería peor, desmejorada del todo, no tendría ni siquiera derecho a expensas para la litis. Hay cuestiones que hay que ver con más detalle. El proyecto es un aporte interesante, muy importante, pero no por eso nos pondremos en la situación de que porque en el derecho internacional existen estas reglas, aprobaremos una copia exacta de lo que pasa en otros países. ¡Otra cosa es con guitarra! Como abogada, he conocido muchos casos en los que me ha tocado defender a mujeres, basada en disposiciones que hoy estamos dejando de lado y que, sin embargo, han servido para defenderlas. Entonces, para mí, como mujer, es muy importante que sigamos conservando esa mirada que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia, con el papel de la mujer, sobre todo con las jóvenes que se han incorporado en forma masiva al trabajo y que desean acogerse a plenitud a las normas del artículo 150 del Código Civil. Estoy de acuerdo en aprobar la idea de legislar -sería fantástico y, si así fuera, deberíamos felicitar a la diputada María Antonieta Saa-; pero lo ideal sería analizar con mayor atención esta situación y la de los artículos transitorios, respecto de los cuales, al parecer, hay contradicción entre ellos. Creo que esto debiera ser muy bien afinado para que cumpla con el rol que se desea. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, mi intervención la motiva el primer fundamento de la iniciativa, que dice que “es el resultado de un sistema cultural que existió en un determinado período histórico, el que, desde un punto de vista económico, se caracterizó por su predominio del sector rural”. Al respecto, en el sector rural actual la gente sencilla de campo no tiene medios para protegerse, y la regla general de los matrimonios que se celebran allí todavía es al amparo del régimen de sociedad conyugal. Esa realidad me ha motivado a apoyar la iniciativa, de la cual la diputada señora María Antonieta Saa es coautora. No es porque sea compañera de bancada, sino porque una vez más nos da una muestra de su nivel de compromiso con el trabajo parlamentario, en especial por la promoción y dignificación de las mujeres. No creo exagerar al expresar en la Sala -lo reconozco en forma pública- que María Antonieta Saa es una líder, no sólo en Chile, sino también en el extranjero, en países latinoamericanos, adonde ha ido como delegada y ha sido reconocida como tal. Por eso, para quienes compartimos con ella, es relevante ser sus colegas. Transmito mis felicitaciones a ella y a los demás autores de la moción, por su importancia. Creo que nadie le puede negar su apoyo a algo que hace tanta falta. Como base de opinión acerca de la discriminación contra la mujer que se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, me hace fuerza la del gran doctor y profesor de derecho civil de la Universidad de Chile don Gonzalo Figueroa Yáñez, quien en su exposición ante la Comisión, entre otras cosas, puso de relieve que las discriminaciones en que incurren las leyes civiles respecto de la mujer transgreden los instrumentos internacionales suscritos por Chile. Es decir, estamos suscribiendo derechos sin contar con una ley, por cuanto esta iniciativa sólo comenzaría a hacer justicia a la familia chilena una vez que sea promulgada como ley. El tema no es hacer una comparación odiosa entre el hombre y la mujer, la que quizás sea la parte más importante dentro de la familia. La igualdad no es otra cosa que conformar en mejor forma la familia chilena. Por ello, el proyecto no debiera tener indicaciones mayores. Me alegro por la diputada María Antonieta Saa, porque la iniciativa, cuya autoría le corresponde, será una tremenda ley. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero sumarme a las reflexiones del colega Enrique Jaramillo en cuanto a reconocer el tremendo aporte de las señoras diputadas y señores diputados que presentaron la iniciativa. El debate es antiguo y me alegro de la persistencia de las colegas señoras María Antonieta Saa y Fanny Pollarolo, en particular la primera, pues hace tiempo asumió el compromiso, incluso mucho antes de ser parlamentaria, de introducir una nueva forma de mirar culturalmente nuestra sociedad, basada en el principio de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. La iniciativa, que a juicio de la mayoría apunta en una dirección correcta, puede ser calificada en tres formas: Primero, entender que el contrato que uno firma en el Registro Civil, que tiene su implicancia en el Código Civil y en las leyes complementarias en materia de sociedad conyugal, es un tema que en sí no tiene una dimensión religiosa. Ello tiene que ver con la institucionalidad de los contratos entre partes, donde es importante la administración de los bienes. Digo esto, porque a futuro tal vez tengamos que discutir sobre las implicancias de la ley de matrimonio civil, sus modificaciones o el término de su vigencia. Directa o indirectamente, muchos de estos tópicos volverán al debate, por cuanto uno de los temas presentes es el interés por defender aquello que surge de la unión de dos personas. No cabe duda de que cuando se habla del régimen de administración de bienes no sólo están directamente involu-crados el hombre y la mujer, sino que también la familia. Algunos deseamos que en un futuro próximo a este debate, que tiene un mérito en sí mismo, siga otro sobre una materia respecto de la cual el colega Víctor Pérez hizo algunas reflexiones de alcance cultural y manifestó sus convicciones. Segundo, reconocer que hay voluntad de expresar en una ley la superación de un lenguaje sesgado. La persistencia de las colegas María Antonieta Saa y Fanny Pollarolo, al igual que la de todos los integrantes de la Comisión de Familia, de dejar el proyecto más bien en un lenguaje neutro, es un aporte que valoro en su justa medida. Tercero, tengo la percepción de que en los regímenes que se establecen se avanza en una lógica de mayor flexibilidad, se asume que las relaciones entre las personas son más dinámicas y no estáticas y que, por tanto, en diferentes momentos se pueden introducir modificaciones al régimen de administración del patrimonio. Tengo, no obstante, la siguiente aprensión. En una sociedad machista como la nuestra, sería de gran relevancia y de protección hacia la mujer que en un segundo debate se introdujera una cláusula que permitiera que los bienes que las mujeres adquirieren con el producto de su trabajo fueran de su exclusivo dominio. La colega Saa, con quien conversé sobre el tema, sostiene que esta norma en nada modificaría el derecho a garantizar la reserva patrimonial de la mujer. Es muy importante que eso no cambie, porque la ley, por desgracia, no evoluciona con la misma velocidad que la cultura. Muchas veces, entre la cultura y los cambios institucionales se produce un rezago. La experiencia sobre las nuevas formas que han adoptado las familias hace aconsejable mantener esta válvula de protección en la administración del patrimonio de la mujer. Entiendo que en ningún caso existe la intención de debilitar ese instrumento, como bien ha señalado la colega Saa, sino asegurar que no se interprete de otra forma. Por último, quiero consultar, por intermedio de la Mesa, a la diputada Saa o a los diputados informantes de la Comisión de Familia, cuál es el alcance del nuevo artículo 230, que dice: “Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos serán asumidos por ambos padres en proporción a sus facultades económicas”. En otra parte se establece el valor económico del trabajo doméstico. Tengo dudas acerca de qué podría ocurrir, en la práctica, en esta materia, cuando se produzcan separaciones, si hasta ahora no se ha valorado económicamente el aporte de la mujer en la crianza de sus hijos. Entiendo -puedo estar equivocado- que es la primera vez que se asume con esa nitidez la necesidad de valorar económicamente el trabajo doméstico, siento que éste es un aspecto importante. Mi duda, porque no participé en el debate, dice relación con su incidencia, por ejemplo, en las pensiones de alimentos -hace poco se dictó una ley nueva sobre la materia, pero recién se está implementando-, en su impacto en las responsabilidades mutuas de los cónyuges. En todo caso, siento que la iniciativa informada y respecto de la cual varios colegas han entregado sus opiniones es de gran trascendencia y la vamos a respaldar, pero -insisto- junto con este debate inicial, parcial y de mucho valor, es muy importante profundizar en una discusión sobre la ley de matrimonio civil, en sus dimensiones más amplias. Insisto, esta es una discusión muy valiosa, aunque parcial, de un tema que deberíamos abordar como Cámara, de una vez por todas. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, deseo responder la inquietud del diputado Juan Pablo Letelier. En la educación de los hijos, se plantea la responsabilidad común, en la medida de sus medios, por el gran número de mujeres incorporadas a la fuerza laboral. Con respecto al trabajo doméstico, en el proyecto que modifica la ley de matrimonio civil, donde se plantea el divorcio vincular, presenté una indicación, que fue aprobada, en el sentido de que si un cónyuge, por razones de su trabajo doméstico hubiera perdido oportunidades laborales, el juez deberá valorar el trabajo doméstico antes de conceder el divorcio, la separación o la nulidad, a fin de que las partes queden en equilibrio. Eso está considerado en el proyecto que, desgraciadamente, el Senado ha demorado casi cuatro años en empezar a discutir. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor PARETO (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve para segundo informe, primero a la Comisión de Familia, y luego, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el término de 30 días. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Coloma, Correa, Elgueta, Encina, González (doña Rosa), Gutiérrez, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jocelyn-Holt, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Masferrer, Melero, Monge, Montes, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). -Se abstuvieron los diputados señores: Bartolucci, Bertolino, Cardemil, Dittborn, Galilea (don Pablo), y Vargas. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:Al artículo 1°1. De los señores Elgueta y Silva para incorporar, a continuación del número 3, el siguiente, nuevo: “....- Derógase el inciso segundo del artículo 75.”.Número 92. De los señores Elgueta y Silva para reemplazar el artículo 135 propuesto, por el siguiente: “Artículo 135.- Antes del matrimonio o en el acto de contraerlo, los cónyuges podrán pactar capitulaciones matrimoniales para fijar la manera como regirán sus relaciones patrimoniales. “Si nada acuerdan, podrán elegir el régimen de sociedad conyugal, el de separación de bienes, participación de gananciales o el de comunidad, según las reglas de este Código o el que fijen leyes especiales.”.3. De los señores Elgueta y Ascencio para sustituir el inciso primero del artículo 135 propuesto, por el siguiente: “Artículo 135.- Por el hecho del matrimonio, se contrae el régimen patrimonial que los cónyuges escojan, conforme a las reglas que se contienen en este Código o en leyes especiales.”.4. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 135, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número nuevo5. De los señores Elgueta y Silva para insertar el siguiente número nuevo, a continuación del 12: “....- Agrégase el siguiente artículo 141 bis: “Artículo 141 bis.- El bien a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, es inembargable hasta la suma de 500 U.T.M. de avalúo para los efectos de las contribuciones de bienes raíces. Empero, el referido bien raíz podrá embargarse en los siguientes casos:1° Cuando se trate del pago de obligaciones contraídas con antelación a la constitución de los bienes familiares;2° Cuando se adeudaren impuestos o tributos, y3° Si se tratare de deudas en que el acreedor sea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o sus servicios autónomos.”.Número 136. Del señor Rincón para suprimirlo.Número 157. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 152, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 228. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el inciso primero del artículo 159, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 269. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el inciso primero del artículo 165, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número nuevo10. De los señores Elgueta y Silva para agregar el siguiente número, nuevo, a continuación del 30: “....- Sustitúyese el inciso primero del artículo 225, por el siguiente: “Artículo 225.- Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos toca al que decidan ambos, en caso de desacuerdo, decidirá el juez atendiendo el interés superior del niño.”.Número nuevo11. De los señores Elgueta y Silva para agregar el siguiente número, nuevo, a continuación del 30: “....- Sustitúyese el artículo 310, por el siguiente: “Artículo 310.- La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas; y en haber sido ambos recibidos en ese carácter por los deudos y amigos de ellos, o del vecindario de su domicilio en general.”.Número 4512. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminarlo.Número nuevo13. De los señores Elgueta y Silva para agregar, a continuación del número 45, el siguiente, nuevo: “....- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1715, por el siguiente: “En ellas se podrá pactar cualquiera de los regímenes mencionados en el artículo 135.”.Número 4614. De los señores Elgueta y Silva para reemplazarlo por el siguiente: “46.- Derógase el artículo 1718.”.-o-Número nuevo15. De los señores Elgueta y Silva para agregar, a continuación del número 48, el siguiente, nuevo: “....- Sustitúyese el inciso final del artículo 1721, por el siguiente: “No se podrá pactar que el régimen patrimonial contenido en las capitulaciones matrimoniales tenga principio antes o después del contraerse el matrimonio, toda estipulación en contrario es nula.”.Número 4916. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para suprimirlo.Número 5017. De los señores Elgueta y Silva para sustituir el inciso primero del artículo 1723 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1723.- Durante el matrimonio los cónyuges mayores de edad podrán sustituir el régimen patrimonial vigente por otros y por una sola vez.”.18. De los señores Elgueta y Silva para sustituir en el inciso tercero del artículo 1723 del Código Civil, la frase inicial “En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación de en los gananciales, según sea el caso,” por “En la escritura pública de cambio de régimen patrimonial por otro,”.19. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1723, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”, todas las veces que aparece en el texto.Número 5320. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1725, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal” y para agregar en el número 3°, en seguida de la coma (,) que sigue a la palabra “frutos”, la expresión “renta,”. Número 5521. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1727, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”, las dos veces que aparece en el texto.Número 5622. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1728, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 5723. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1729, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 6124. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1733, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”, las dos veces que aparece en el texto.Número 6325. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1736, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 6426. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1737, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 6527. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el artículo 1738, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 6728. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el número 1° del artículo 1740, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal” y para agregar la voz “comunes” a continuación de la palabra “bienes”.29. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazar en el número 2° del artículo 1740, la palabra “fructuarias” por “usufructuarias” y para consultar la expresión “comunes” en seguida de “bienes”.30. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazar en el número 3° del artículo 1740, la palabra “fructuarias” por “usufructuarias”.31. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminar el número 5° del artículo 1740.Número 7432. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazar en el epígrafe del párrafo 3 del Título XXII del Libro Cuarto que se propone, las palabras “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 7533. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminar en el inciso primero del artículo 1749, lo siguiente: “y los vehículos motorizados destinados a su uso personal o de la familia común,” y para sustituir las palabras “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.34. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el inciso final del artículo 1749 las palabras “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 7935. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazar en el epígrafe del párrafo 5 del Título XXII del Libro Cuarto que se propone, las palabras “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 8036. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir en el inciso primero del artículo 1764, la expresión “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.Número 8137. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para agregar en el artículo 1765, antes de la coma que sigue a la palabra “régimen”, lo siguiente “sociedad conyugal”.Número 8738. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazarlo por el siguiente: “87. Remplázase el artículo 1777, por el siguiente: “Artículo 1777.- Cada cónyuge es responsable de las deudas que irrogue su administración, salvo las excepciones señaladas en el artículo 1740.”.Número 8839. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazar el artículo 1778 propuesto, por el siguiente: “Artículo 1778.- Cada cónyuge es responsable de las deudas comunes, hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. Si se le exigiere una contribución mayor, deberá probar el exceso sobre la mitad de gananciales, sea por inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos.”.Número 9040. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para reemplazarlo por el siguiente: “90.- Reemplázase el epígrafe del párrafo 6 del Título XXII del Libro Cuarto por el siguiente: “6. De la renuncia a la formación de la comunidad hecho por parte de la mujer, después de la disolución del régimen de sociedad conyugal”.Número nuevo41. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para consultar, a continuación del número 90, los siguientes, nuevos: “....- Reemplázase el artículo 1781 por el siguiente: “Artículo 1781.- Disuelto el régimen de sociedad conyugal, no se formará la comunidad a que se refiere el artículo 1765, en el caso de que la mujer o sus herederos decidan conservar para sí su patrimonio, caso en el cual se entiende que renuncian a los gananciales provenientes de la administración del patrimonio del marido. Si la mujer o sus herederos fuesen menores de edad, requerirán de autorización judicial. Cada cónyuge responderá exclusivamente de las deudas que provengan de su patrimonio, y no tendrá parte alguna en las deudas contraídas por el otro. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cada cónyuge responderá en proporción al monto de sus bienes de las deudas existentes a la terminación del régimen que provengan del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes.”. “....- Reemplázase el artículo 1782 por el siguiente: “Artículo 1782.- La manifestación de voluntad a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sólo podrá rescindirse si se probare que la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar por fuerza, dolo o error justificable, acerca del verdadero estado de los negocios del marido. Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años, contados desde la disolución del régimen de sociedad conyugal.”. “....- Deróganse los artículos 1783 y 1784.”.Número 9142. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminar en el artículo 1792-1, la palabra “total”.Número nuevo43. Del señor Elgueta para agregar, a continuación del número 96, el siguiente, nuevo: “....- Agrégase en el artículo 2304, el siguiente inciso segundo, nuevo: “Por el hecho de la convivencia estable entre un hombre y una mujer se produce un régimen patrimonial de comunidad respecto de los bienes que cada uno adquiera y los frutos que ellos devenguen.”.Al artículo 2°44. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminar la letra b) del número 2.Artículo nuevo45. Del señor Elgueta para agregar el siguiente artículo nuevo: “Artículo....- La presente ley comenzará a regir después de un año de su publicación en el Diario Oficial.”.Al artículo 1° transitorio46. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para eliminar los incisos segundo, tercero y cuarto.Al artículo 2° transitorio47. De las señoras Saa, Soto y Muñoz y de los señores Ceroni, Monge, Elgueta y Rincón para sustituir las palabras “comunidad de gananciales” por “sociedad conyugal”.-o-REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS LIMITADOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y DE RECEPCIÓN SATELITAL. Primer trámite constitucional. El señor PARETO (Presidente).- Corresponde tomar conocimiento del proyecto, originado en moción del diputado señor Encina, que establece normas especiales con el objeto de regular los servicios limitados de televisión por cable y de recepción satelital. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Encina. Antecedentes: El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor ENCINA.- Señor Presidente, el proyecto, que figura en el segundo lugar de la tabla, tuvo su origen en una moción de los diputados Tuma, Hales y Encina, y establece normas sobre la regulación de los servicios limitados de televisión por cable y recepción satelital. Aun cuando no se ha discutido en general en la Sala, se trata de una iniciativa muy antigua y respecto de la cual han surgido una serie de indicaciones debido a la nueva tecnología en esa materia. En atención a lo anterior, sugiero que vuelva de inmediato a la Comisión para su segundo informe. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo planteado por el diputado señor Encina? Acordado. -El proyecto vuelve a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para su segundo informe.ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA MAR EN CASO DE CONTAMINACIÓN DEL MAR POR SUSTANCIAS DISTINTAS DE LOS HIDROCARBUROS. Primer trámite constitucional.ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES. Primer trámite constitucional. El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, los proyectos de acuerdo aprobatorios de enmiendas en convenios internacionales, que figuran en los números 3 y 4 de la tabla, ambos en primer trámite constitucional, relacionados con contaminación del mar, se tratarán conjuntamente, otorgándose quince minutos al diputado señor Cristián Leay para que emita el informe. Acordado. Antecedentes: -Mensajes, boletínes Nºs 2714-10 y 2716-10, en sesión 1ª, en 5 de junio de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 10, respectivamente. -Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 31 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 8 y 4, respectivamente. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor LEAY.- Señor Presidente, paso a informar, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre el acuerdo aprobatorio de las enmiendas al anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación por sustancias distintas de los hidrocarburos. Las enmiendas, que se tramitan paralelamente, fueron introducidas al Convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques, protocolo de 1978, de Marpol y todas ellas tienen un mismo origen y persiguen un propósito bastante análogo: prevenir la contaminación del mar y del medio marino, en general. Como información general, debo señalar que la Organización Marítima Internacional, OMI, es la encargada de facilitar la cooperación entre sus 158 Estados miembros en asuntos técnicos relacionados, principalmente, con el transporte marítimo internacional, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino. Chile es uno de los países miembros de la OMI desde su creación. En el mismo ámbito de protección del ambiente marino, nuestro país se ha hecho parte de diversos convenios de la organización, entre ellos el relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación del mar por hidrocarburos y por sustancias distintas de los hidrocarburos. En virtud de lo dispuesto por el Protocolo, frente a la contaminación o amenaza de contaminación por sustancias distintas de los hidrocarburos, resultante de un siniestro marítimo -como hace poco sufrió Chile en la zona austral- o de actos relacionados con tal siniestro, a los que sean razonablemente atribuibles consecuencias desastrosas de gran magnitud, los Estados parte pueden tomar en alta mar las medidas que estimen necesarias para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro grave e inminente para su litoral o intereses conexos. Las sustancias contaminantes distintas de los hidrocarburos, que permiten la intervención de los Estados en alta mar, son aquellas susceptibles de ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio marino, menoscabar sus alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar y, además, son las sustancias enumeradas en una lista que, una vez confeccionada por el órgano competente que designe la Organización Marítima Internacional, constituirá un anexo del referido Protocolo. El Comité de Protección del Medio Marino es el órgano designado por la Organización Marítima Internacional para confeccionar dicha lista. La lista original anexa al Protocolo contempló los hidrocarburos y los gases licuados -cuando se transporten a granel-, más otras sustancias nocivas o radiactivas. Mediante distintas resoluciones aprobadas el 4 de julio de 1991 y el 10 de julio de 1996, el Comité de Protección del Medio Marino procedió a revisar y, en consecuencia, a ampliar la lista de las sustancias distintas de los hidrocarburos que pueden contaminar las aguas del mar y que justifican, por tanto, la intervención de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional conforme al sistema establecido por el Protocolo. El alcance de estas enmiendas y de las introducidas en el convenio Marpol, que son los dos temas que estamos viendo en la Sala, son esencialmente técnicos, de manera que permiten proporcionar una visión general de su contenido de acuerdo con lo señalado al respecto por el mensaje y la exposición que la Comisión recibió del director de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante, vicealmirante don José Marchant Ortega. Según lo informado por el señor vicealmirante, los objetivos generales de las enmiendas al convenio Marpol son, principalmente, establecer prescripciones para evitar descarga de aguas oleosas en zonas especiales; establecer nuevas zonas especiales para prevenir la contaminación por hidrocarburos procedentes de los buques que transiten u operen en ellas, como el Mar Mediterráneo, la Antártica, la región del Gran Caribe y las aguas noroccidentales de Europa. Con esos propósitos se adoptan diversas medidas de resguardo, tales como un sistema armonizado de reconocimiento y certificación con otros convenios, planes de emergencia para las naves en caso de contaminación por hidrocarburos, uso de doble casco para los petroleros nuevos, normas de compartimentaje, límites de capacidad para tanques de carga, facultades del Estado rector del puerto para supervisar el barco y planes de gestión de basuras. El vicealmirante Marchant agregó en su exposición que las enmiendas al protocolo y al convenio Marpol incrementarán la seguridad en las naves y la calidad del medio ambiente marino. Sostuvo que en la actualidad se encuentran internacionalmente vigentes, lo que significa que los países que han ratificado estos convenios están en condiciones de exigir su cumplimiento a las naves de cualquier bandera que recalen en sus puertos. Afirmó que, en el caso de Chile, todos los buques de servicio exterior y gran parte de los buques de cabotaje, cumplen con los requerimientos planteados en estos convenios y enmiendas, por lo que considera que su aprobación por Chile no gravará los intereses de los armadores nacionales. Señaló que el respeto y cumplimiento de esta normativa internacional fortalece la imagen del país y favorece la seguridad en el mar, la protección del medio marino y los intereses marítimos nacionales. Atendidos los antecedentes expuestos y el alcance de las enmiendas al protocolo relativo a la intervención en alta mar en caso de contaminación del mar por sustancias distintas de los hidrocarburos -1973-, y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, modificado en el Protocolo de 1978, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar la aprobación de ambos proyectos sometidos a su consideración con la adopción de sus respectivos artículos únicos en los términos señalados en el mensaje y con las modificaciones formales que tienen por objeto principal, en el artículo único del proyecto boletín Nº 2714-10, indicar la organización internacional en la que tuvieron su origen las enmiendas, y en el artículo único del proyecto boletín Nº 2716-10, citar, en forma separada, las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de las de la Conferencia de las partes de Marpol 73-78, suprimiendo la repetición del término “resolución” en cada una de ellas, por ser innecesario desde el punto de vista de la técnica legislativa, de igual modo que sus fechas en los casos en que se citan dos o más resoluciones adoptadas en un mismo día. Para ambos proyectos, la Comisión propone a la honorable Cámara textos sustitutivos de los respectivos artículos únicos, y sugiere su aprobación por la Sala. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los dos proyectos de acuerdo aprobatorios de enmiendas a convenios internacionales. Aprobados.VI. PROYECTOS DE ACUERDO El señor NAVARRO.- Pido la palabra. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo que dice relación con la iniciativa del Ejecutivo que establece un beneficio para los reos de buena conducta, a las cuales les acorta las penas. Fue presentado por cuatro Comités parlamentarios. Incluso le he pedido la firma al Comité de la Unión Demócrata Independiente, que se encuentra estudiándolo con sus parlamentarios miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Cabe señalar que, desde hace siete días, alrededor de 4 mil reclusos se encuentran en huelga de hambre en diversos penales del país. Finalmente, quiero decir que el ministro de Justicia está de acuerdo en que dicho proyecto sea tramitado con urgencia. Muchas gracias. El señor PARETO (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para tratar el proyecto a que hace mención el diputado señor Navarro. No hay acuerdo.INCUMPLIMIENTO POR ENDESA DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. (Votación). El señor PARETO (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 584, referido al incumplimiento por Endesa de la resolución de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención. El señor PARETO (Presidente).- Rechazado.NUEVO PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIOS DE LA LEY Nº 19.720, SOBRE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS. El señor PARETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 585, de los diputados señores Pérez, don Víctor; Rojas, Leay, Monge y García, don José. “Considerando:1. Que en el mes de abril del año en curso se publicó la ley Nº 19.720 mediante la cual se autorizó a los empleadores que adeudaban cotizaciones previsionales a celebrar convenios de pago.2. Que para acogerse a los beneficios que contemplaba esta ley era necesario cumplir con una serie de requisitos, entre otros, acogerse al convenio dentro de su plazo de vigencia y estar al día en el pago de las cotizaciones devengadas desde el mes de marzo de 2001, en adelante.3. Que lamentablemente el plazo para impetrar el beneficio ha expirado y se ha podido comprobar que no fueron muchos los empleadores que alcanzaron a celebrar estos convenios y aprovechar sus beneficios.4. Que dada la importancia que reviste para los trabajadores el cumplimiento en estos pagos y considerando la lenta reactivación económica, consideramos necesario establecer un nuevo plazo para celebrar estos convenios. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Presidente de la República que envíe a tramitación un proyecto de ley que posibilite a aquellos empleadores que adeudan cotizaciones previsionales y que no alcanzaron a acogerse a los beneficios de la ley Nº 19.720, puedan contar con un nuevo plazo para celebrar convenios de pago con las instituciones de seguridad social”. El señor PARETO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Luis Monge. El señor MONGE.- Señor Presidente, como es de conocimiento público, según las cifras oficiales entregadas por el Gobierno, sólo el 19 por ciento de los empleadores morosos con las instituciones previsionales pudieron acogerse a los beneficios otorgados por la ley Nº 19.720. La difícil situación económica por la que atraviesan el país y, en general, las actividades productivas, han impedido a estas personas normalizar su situación. Por lo tanto, mediante este proyecto de acuerdo pedimos que el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto que permita a estas personas -flexibilizando los plazos y las exigencias a las pymes y a los pequeños empresarios o empleadores- regularizar su situación. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobado.VII. INCIDENTESDESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN SECTOR ROBERT KENNEDY, DE LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL. Oficio. El señor PARETO (Presidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en primer término, deseo referirme a un serio problema que afecta al sector Robert Kennedy, de la comuna de Estación Central. Hace algunos días estuve en ese lugar invitado por la señora Nancy Arriagada, presidenta de la junta de vecinos, con el propósito de que, en conjunto con los pobladores, verificáramos la grave invasión de ratas que les afecta, como consecuencia de encontrarse dicho sector próximo al vertedero de basuras Lo Errázuriz. El Presidente de la Cámara de Diputados, quien también es diputado por ese distrito, conoce muy bien los efectos que a posteriori producen estos vertederos o basurales. ¡Y pensar que ahora, entre otras cosas, se quiere enclavar otro en la comuna de Maipú! Es urgente oír el clamor de los vecinos de dicho sector, desratizar y fumigar. Sin embargo, la situación económica por la que atraviesan, a raíz del alto desempleo, es caótica y no cuentan con dinero para pagar lo que les cobran: mil pesos por desratizar y 300 por fumigar cada vivienda. Por lo anterior, solicito que se oficie a la señora ministra de Salud a fin de que los organismos pertinentes concurran a dicho sector, comprendido entre las calles Aeropuerto, Luis Infante Cerda, Chaitén y Mailef, y efectúen la desratización y la fumigación sin cargo para los pobladores. El señor PARETO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo indiquen a la Mesa.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POBLACIÓN SANTIAGO DOS, DE ESTACIÓN CENTRAL. Oficio. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, también quiero dar cuenta de que visité la población Santiago Dos, de la comuna de Estación Central -lugar donde enfrentan problemas similares a los ya mencionados-, invitado por la presidenta de la junta de vecinos, señora Liliana Suárez, y por la encargada del taller cultural, señora Marlene Solorza. La población Santiago Dos es de extrema pobreza; se asemeja un poco a lo que se ha dado en llamar campamento, aunque propiamente no lo es, sino una población de mucha pobreza, cuyos habitantes estaban siendo apremiados por el pago de los derechos de basura, situación que felizmente quedó solucionada ayer, al menos en lo que dice relación con la Cámara de Diputados, que aprobó la renovación de la vigencia de la facultad de condonar deudas de esa naturaleza. Asimismo, están con problemas por cobros considerables en suministro de agua potable. Es así como pude ver cuentas de algunos pobladores que suman cientos de miles de pesos, superiores a 300 mil pesos. Los pobladores han recurrido en innumerables oportunidades a la municipalidad de Estación Central, pero no han encontrado ninguna ayuda para resolver un problema que es muy serio, puesto que corren el riesgo de que se les corte el suministro de agua potable. Sumado a lo anterior, desde hace por lo menos una década se les está prometiendo pavimentar la avenida Colector, que está en pésimas condiciones, lo que provoca grandes anegamientos en invierno y enormes polvaredas en verano. Solicito que se oficie al ministro de Vivienda con el propósito de que se estudie la posibilidad de pavimentar la avenida Colector y de solucionar otros serios problemas que enfrentan los habitantes de la población Santiago Dos. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Trabajo para que nos informe sobre los trabajos de absorción de mano de obra que se han desarrollado en la Cuarta Región y, en especial, en las comunas de La Serena y de Vicuña. Los parlamentarios hemos apoyado estos trabajos de emergencia destinados a absorber mano de obra con recursos del Estado, porque de alguna manera alivian la grave situación de cesantía que vive nuestro país. Solicito que el ministro del Trabajo nos informe sobre qué tipo de programas están operando; de qué forma se asignan los recursos cuando se trabaja con contratistas; qué porcentajes se destinan para salario, participación al contratista y compra de materiales o herramientas; cuál es el nombre y el rut de los contratistas que trabajan en dichos programas y cuáles son las obras que se han ejecutado o se están desarrollando; si, una vez concluidas las obras, son fiscalizadas, para ver de qué forma fueron realizadas, o si ello sólo queda a voluntad de quien oficia de contratista o del sector, empresa, empresario o comunidad a la cual se le ha hecho el trabajo. Es importante saber también el horario de trabajo de las personas afectas a los planes de absorción de mano de obra, si se fiscaliza el pago de imposiciones y si se cumple con las leyes sociales y laborales. El señor PARETO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A LOCALIDAD DE CALINGASTA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN VICUÑA. Oficios. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, en segundo lugar, deseo saber si dentro de los planes del Ministerio de Vivienda se considera la posibilidad de mejorar los accesos a Calingasta, comuna de Vicuña, Cuarta Región. Los últimos frentes de mal tiempo han afectado a gran parte del territorio nacional, y los callejones de acceso a dicha localidad se encuentran en muy mal estado. Solicito que se oficie al ministro de Vivienda para que, por su intermedio, el Serviu tome las medidas necesarias para mejorar el acceso a esos callejones. Señor Presidente, por último, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que informe a la Cámara si dentro de los planes de desarrollo de la educación media se ha proyectado la construcción de un liceo técnico, en especial en la ciudad de Vicuña, para los jóvenes que viven en el valle del Elqui. Asimismo, si en la localidad de Calingasta, que agrupa más o menos a 3.500 personas de la comuna de Vicuña, es factible instalar una escuela, solicitada por quienes viven en ese lugar, porque en la actualidad deben enviar a sus hijos a estudiar en San Isidro; a lo mejor, la nueva escuela puede ser considerada como rural fronteriza. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que así lo soliciten.PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN TERCERA REGIÓN. Oficio. El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en esta ocasión también quiero referirme a los planes de absorción de mano de obra que se están desarrollando en las comunas de la Región de Atacama. Debemos reconocer que estos programas dan trabajo a las personas tal vez más modestas de la cadena de empleo, quienes no tienen capacitación ni estudios. Por su edad, nadie las contrata, y si no tienen estos trabajos, no cuentan con ninguna posibilidad de ingresar al mundo laboral; por eso es tan sensible el plan de absorción de mano de obra. Los recursos para ejecutar dichos planes fueron aprobados hasta diciembre del año 2000. Con posterioridad, el Presidente Ricardo Lagos, ante la solicitud de los trabajadores y de políticos de todas las tendencias, los extendió por tres meses más: enero, febrero y marzo de 2001. Luego, el Gobierno autorizó recursos para prorrogar dichos planes con una pequeña modificación, consistente en la contratación por tres meses, renovables, desde abril hasta diciembre de este año. Por otra parte, si algunas de las personas favorecidas con este plan encuentran trabajo en algún otro sector de la economía nacional, son reemplazadas, lo que constituye, sin duda, un avance. El motivo de mi preocupación radica en que a estos trabajadores, que perciben un sueldo mínimo, con un descuento de un diez por ciento, no se les hacen las cotizaciones previsionales, y lo peor del caso es que no se respetan las leyes laborales. En la ciudad de Copiapó, una joven que trabaja en el plan de absorción de mano de obra no se atreve a decir que está embarazada, porque puede ser despedida. Además, estos trabajadores carecen de las herramientas necesarias para su trabajo. En consecuencia, aun cuando reconozco que dicho trabajo es muy útil para ese sector de la población, es importante que el ministro del Interior, en primer lugar, considere la posibilidad de entregar recursos adicionales, tanto para implementar con herramientas el quehacer de dichos trabajadores como para el pago de su previsión. En segundo lugar, pido que se estudie seriamente la posibilidad de destinar recursos en el Presupuesto de la Nación, a fin de poder continuar con dichos planes el año 2002, porque las tasas de cesantía, en relación con la generación de empleos productivos, no tendrán variación significativa, ya que se ha demostrado que no bajarán, porque hoy técnicamente existen tasas de crecimiento sin generación de empleo, contrariamente a lo que sucedía en años anteriores; es decir, hay mayor modernización y mayor tecnología, lo que, de acuerdo con el crecimiento del país, significa menor generación de empleo. Digámoslo en cifras: cuando el producto interno bruto crecía un punto, generaba setenta mil nuevos empleos; hoy esa cifra no se da, porque con el avance tecnológico y con el imperativo de competir en una economía globalizada, por cada punto del producto geográfico bruto se generan diez mil empleos. En los últimos tres años se ha generado crecimiento, pero no se tradujo en mayor empleo. Eso reafirma el hecho de que se mantendrá la tasa de cesantía de dos dígitos. La falla estructural de la generación de empleo puede significar que Chile tenga que acostumbrarse a vivir con quinientos mil o seiscientos mil cesantes. Esa es la realidad actual. Por eso, hemos solicitado una fiscalización de los planes de absorción de mano de obra, a fin de tener información sobre los proyectos realizados, el dinero invertido y el número de personas involucradas. Ello tiene importancia y es altamente sensible para la población. En suma, los ciento sesenta empleos generados en la municipalidad de Copiapó; los ciento veinticinco empleos creados en la comuna de Chañaral y una cifra similar en la comuna de Diego de Almagro, son muy importantes y necesarios. Agradezco la meritoria labor del ministro del Interior para implementar los planes de absorción de mano de obra, los cuales deben continuar durante el 2002, razón por la cual es necesario preocuparse de consultar los recursos, ahora, en el Presupuesto de la Nación, a fin de evitar su paralización. Además, solicito que se oficie al ministro del Interior, con copia de mi intervención, a fin de que informe sobre las ideas del Gobierno respecto de dichos planes para el 2002 en adelante. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Navarro, Leal, Jaramillo, Tuma, Ojeda, Bertolino, Rojas, Correa y Ortiz. El señor JARAMILLO.- Pido la palabra para formular una consulta al diputado señor Vilches. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Con cargo al tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra su Señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, históricamente entiendo lo que en cantidad significa un punto de ascenso del producto interno bruto. El diputado señor Vilches ha dicho que un punto de ascenso significaba setenta mil personas, y según antecedentes que tengo, ahora serían veinticinco mil personas. Por eso, me gustaría saber de dónde obtuvo la cifra de diez mil que ha mencionado. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, la consulta del diputado señor Jaramillo es muy atingente a mi intervención. En la revista “Capitales”, edición julio-agosto de 2001, se consigna la cifra que he aportado en esta ocasión: el 0.7 por ciento, que tradicionalmente eran los setenta mil empleos, en este momento es sólo 0.1 por ciento, lo que equivale a diez mil o doce mil empleos generados por ese porcentaje de crecimiento. Dicha cifra -obviamente discutible- ha sido dada por los expertos que escribieron el artículo en la revista mencionada. Sin embargo, estoy dispuesto a corregirla si existieran otros antecedentes sobre el particular, pero es la cifra actual que públicamente se ha señalado por parte de economistas y observadores de la economía nacional. He dicho.MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA PREVENIR CONSUMO DE ALCOHOL POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me referiré a un tema que, aun cuando ha sido reiterativo en esta Sala, no ha perdido importancia: la problemática social que ha generado en el país el consumo excesivo de alcohol, especialmente por los jóvenes, y la oferta excesiva del mismo hacia dicho sector etario por personas inescrupulosas. La actual normativa legal prohíbe la venta de alcohol para su consumo por menores en locales de esparcimiento o de otra naturaleza, pero no su venta a menores en botillerías o en supermercados. Esta situación ha preocupado a esta Cámara, en especial a quien habla, ya que mi primera experiencia relacionada con el daño causado por el consumo excesivo de alcohol la viví cuando fui alcaldesa de la comuna de Peñalolén, donde pude observar que la situación era cada día más grave e incidía más y más en la violencia y en el inicio de los jóvenes en el consumo. Actualmente, el consumo de alcohol se ha transformado en el primer problema de salud pública, ya que alrededor de ocho mil personas mueren por causas asociadas al mismo. La primera causa de muerte de jóvenes son los accidentes de tránsito, generalmente debido al consumo de alcohol; la violencia se desata en las calles, en el hogar y en todas partes; los embarazos de adolescentes generalmente se producen bajo la influencia del alcohol. La semana pasada hubo que lamentar la muerte de un joven en Cachagua; fue una situación muy triste. Días antes nos impactamos por las consecuencias de un accidente de tránsito. Quienes somos diputados sabemos que en nuestras comunas el consumo excesivo de alcohol se ha transformado en un hecho recurrente, donde muchos niños han quedado inválidos al ser asaltados o agredidos por personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Muchas familias sufren ese drama, pero no siempre éste sale en la prensa, especialmente cuando se trata de niños de sectores más modestos, donde estos hechos son de diaria ocurrencia. Tampoco aparece en las estadísticas que se publican en los medios de comunicación. Por eso, desde hace muchos años las familias vienen clamando por que se haga algo al respecto. Hoy día los padres y apoderados de los colegios se han reunido para pedir que se adopten medidas, pues ese clamor nacional va muy de la mano con la idea de cambiar ciertos hábitos de los jóvenes, de manera que se recreen más temprano y no a avanzadas horas de la madrugada. Como legisladores, responsables de promover el orden social, no podemos permanecer indiferentes al ver a niños de 12 y 14 años y a jóvenes recorriendo las calles, deambulando por plazas, parques y estaciones de servicio, bebiendo o en estado de ebriedad. Hace diez años, cuando formulé la proposición que se está materializando en ley, también tenía hijos pequeños que salían a la calle a altas horas de la madrugada y, por lo tanto, estaban expuestos a muchos peligros. Fueron innumerables las ocasiones en que, asustada al ver que era muy tarde y no llegaban a la casa, recorría las calles y me acercada a los lugares de diversión para ver si los encontraba allí; fueron muchas las veces que llamé a Carabineros para indagar si había ocurrido algún accidente en los caminos, en el cual pudo haber estado involucrado alguno de mis hijos. Sufrí intensamente esa situación, y eso me dio fuerzas para insistir en el proyecto. Las personas que en ese momento no asumieron el problema con mucha fuerza, a pesar de tener niños, gracias a Dios hoy día lo sienten como propio. Creo que todos los que tienen hijos adolescentes están sufriendo el mismo problema. Si este proyecto se hubiera aprobado antes -fue despachado por el Senado ayer, después de diez años de tramitación-, a lo mejor se habrían salvado algunas vidas; en estos diez años podríamos haber evitado muchas desgracias. Considero que es una mala costumbre nuestra legislar o tomar medidas ante hechos consumados. Nos falta capacidad para prevenir problemas y legislar a tiempo, a fin de evitar que sucedan las cosas. Por desgracia, el entusiasmo que siempre deberíamos tener sólo aflora cuando los hechos se imponen como realidad. El proyecto fue aprobado ayer en el Senado en forma unánime. Obviamente, se presentarán indicaciones, que espero que apunten a lograr mayor control, fiscalización y cumplimiento de la ley, mayor protección a los jóvenes y sanciones más drásticas. Hoy día la ley no se cumple, porque no es disuasiva. Por ejemplo, la multa por vender alcohol a menores de edad va de 2 mil a 4 mil pesos; por funcionamiento clandestino de locales, de 2 mil a 15 mil pesos. El proyecto sube las multas de manera considerable. Por ejemplo, la multa por vender alcohol a menores de edad sube de 10 mil pesos a una suma que va de los 140 mil a los 280 mil pesos; por venta de licores en forma clandestina, de 270 mil a 550 mil pesos; por conducir en estado de ebriedad, de 8 mil pesos a una multa que va de los 55 mil a los 300 mil pesos. De manera que ya no será broma infringir la ley de alcoholes. Todo esto ayudará a resolver el problema. En un sondeo efectuado en el programa “El termómetro” de la semana pasada, el 87 por ciento de los chilenos opinó que debería existir mayor control y fiscalización en el expendio de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que, no al término de su mandato, sino ahora, nos apoye y califique este proyecto con extrema urgencia para que se convierta en ley a la brevedad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, a fin de que, en lo posible, el Presidente de la República califique de “discusión inmediata” el proyecto de ley sobre alcoholes, con la adhesión de todos los diputados presentes. Ha terminado el tiempo del Comité de Renovación Nacional.ASIGNACIÓN DE EMPLEOS EN REGIÓN DEL MAULE SEGÚN CESANTÍA REAL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de la UDI, que dispone de 24 minutos y 30 segundos. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, al igual que el diputado señor Vilches, quiero referirme al grave problema de cesantía que afecta a miles de compatriotas. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la Región del Maule es la que presenta la tasa de desempleo más alta: el 13,6 por ciento. Sin embargo, la Universidad de Chile también ha efectuado estudios sobre tales índices, los cuales difieren sustancialmente de los entregados por dicho organismo: son superiores, más o menos, en 50 por ciento. Si nos remitimos a los porcentajes entregados por la Universidad de Chile, la Región del Maule tiene, en efecto, una cesantía cercana al 20 por ciento, cifra realmente preocupante. Según las cifras del INE, en la Región del Maule el número de desocupados llega a 45 mil; de acuerdo con las entregadas por la Universidad de Chile, es de cerca de 60 mil. El intendente anunció que se han asignado alrededor de 10 mil nuevos empleos, de acuerdo con los programas pro empleo llevados a cabo por los Ministerios del Trabajo y del Interior, los que posiblemente llegarán a 15 mil. De ser así, se estaría cubriendo una parte muy pequeña; es decir, sólo uno de cada seis cesantes estaría obteniendo empleo gracias a esos programas. Dado que todas las personas que hemos estado preocupadas por la cesantía consideramos que el número de empleos ofrecidos es absolutamente insuficiente, solicito que se oficie a los ministros del Interior y del Trabajo con el objeto de que los programas de asignación de empleos se lleven a cabo de acuerdo con la cesantía real existente en cada una de las regiones. No es lo mismo una cesantía del 6 por ciento de la Undécima Región -por citar sólo un caso-, que el 15 por ciento que tiene la Región del Maule. Pido que se oficie a ambos ministros a fin de que aumenten el número de empleos en la Región del Maule en consideración a que se ha transformado en la que tiene mayor cesantía en el país. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención para mejor comprensión del problema, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 158, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SOBRE PESO MÁXIMO DE VEHÍCULOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de informarle sobre un problema que está afectando a los transportistas -en particular a los de mi región de Antofagasta-: la aplicación del decreto Nº 158, de ese ministerio, que fija los pesos máximos de los vehículos que pueden circular por las vías públicas. Sin duda, el excesivo peso de los vehículos puede ocasionar graves daños a los caminos públicos, y estamos ciertos de que debemos velar por su buen estado porque nos sirven a todos. El referido decreto derogó el Nº 572, que fijó normas para evaluar los ejes y tonelaje que pueden transportar los vehículos de carga. Pero ocurre, específicamente en mi región, que, más que una norma propiamente tal, existe excesiva burocracia, la que está generando un problema muy grave, que dice relación con el numeral 4 del decreto Nº 158, el cual señala que cuando una persona natural o jurídica requiere transportar alguna maquinaria u otro objeto que por su peso exceda los límites permitidos por el transporte vial, deberá solicitar, con antelación y por escrito, autorización a la Dirección de Vialidad. Si bien es cierto que en nuestra región se pide esta autorización, el tonelaje máximo permitido es de sesenta toneladas. También se produce el problema con los transportistas de mi región, porque las grandes maquinarias de la minería, como las palas y los baldes de acopio de minerales, pesan mucho más de las sesenta toneladas exigidas. Por eso, deben pedir el permiso correspondiente a Vialidad. Sin duda, sería bueno que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones entregara de inmediato la autorización. El problema radica en que la Dirección de Vialidad debe solicitarla a Santiago para los vehículos cuya carga exceda las sesenta toneladas. Sin embargo, el problema es que muchas veces demora entre 15 y 20 días otorgarla, lo que influye en la contratación respectiva. Quienes han tenido la oportunidad de ver y conocer el transporte de las grandes palas hacia las minas de Chuquicamata, La Escondida, Zaldívar y “Radomiro Tomic”, se habrán dado cuenta del caos que se produce por esa causa. En definitiva, y en razón de la petición de los transportistas de nuestra región, sería bueno que el señor ministro modificara el mencionado decreto, o las circulares internas que existan sobre el particular, en el sentido de definir, en forma clara, que sean las direcciones de vialidad regionales las que autoricen estos permisos, sin importar el tonelaje. Así se evitará pedir esos permisos a Santiago. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención.ATOCHAMIENTO PRODUCIDO POR PASO DE METROTRÉN EN SAN FERNANDO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en la comuna de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, desde hace un par de meses que hemos avanzado en lo que se refiere al transporte. Su Excelencia el Presidente de la República inauguró el metrotrén hasta la estación de ferrocarriles, lo cual significó un gran avance para la ciudad, en especial para los jóvenes y para quienes deben hacer trámites tanto en Rancagua como en Santiago, pues les permite movilizarse en forma más rápida y expedita en un medio bastante moderno. Eso debemos reconocerlo. Hemos solicitado a las autoridades competentes que el metrotrén pueda salir también desde la comuna de Chimbarongo. Sin embargo, tenemos un problema, que vengo denunciando desde hace bastante tiempo: el paso del metrotrén por la principal vía de San Fernando, la avenida Manuel Rodríguez, divide a la ciudad en dos durante más de quince veces al día. Por eso, se requiere construir un paso bajo o sobre nivel, de manera que las personas que se trasladen dentro de la ciudad no tengan que estar esperando demasiado tiempo para efectuar el cruce. La respuesta que ha dado el Ministerio de Obras Públicas es que esto corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque se encuentra en la parte urbana, en el corazón de una ciudad tan importante como San Fernando. Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de ambas Secretarías de Estado, con el objeto de que se coordinen para realizar un proyecto y dar solución a esta injusticia que se está cometiendo con los habitantes de la capital de Colchagua. Todos sabemos que cada día la gente necesita andar más rápido, que el tiempo se hace cada vez más corto y, a veces, por esperar cinco o siete minutos no se alcanza a llegar ni siquiera al banco, debido a que la ciudad queda dividida justo en la parte más comercial. Por eso, es de suma urgencia dar solución a este problema. Cabe señalar que el Presidente de la República está en antecedentes de este asunto; he conversado con él en el mismo lugar donde se producen estos atochamientos. Sólo resta que los ministerios se pongan de acuerdo, escuchen lo que pide la gente y den una solución rápida y oportuna a este problema. No olvidemos que el Gobierno también está empeñado en la construcción de un tren rápido y moderno hacia el sur de nuestro país, acorde con los tiempos que vivimos, lo que significará implementar dos o tres cruces más. Los parlamentarios de todas las bancadas nos quejamos y hacemos ver la falta de trabajo que afecta a mucha gente. Creo que con proyectos inteligentes y creativos se pueden asignar los recursos necesarios, solucionar ese problema y, al mismo tiempo, dar trabajo a tanta gente que lo necesita. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo soliciten.CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ESTERO ZAMORANO, EN SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de agilizar el proyecto de construcción del puente sobre el estero Zamorano, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, el cual ya ha sido priorizado, están asignados los recursos para iniciar la obra en noviembre. Con un poco de creatividad y de voluntad se puede apurar el llamado a propuesta y así solucionar el problema de esta pujante comuna, que me honro en representar en la Cámara, por cuanto el mencionado puente ya tiene más de 90 años. Por lo tanto, para el envío de los oficios apelo a la voluntad que siempre ha demostrado su Señoría con la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins y con la provincia más huasa de Chile, Colchagua y su capital San Fernando, junto con San Vicente de Tagua Tagua. No tengo dudas de que con estas dos obras esas comunas podrán seguir progresando, como es el interés de la Cámara y de este diputado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando.AUMENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES EN REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero discrepar en un aspecto de la justa petición formulada por el diputado señor Masferrer: lo más chileno, lo más tradicional, es la comuna de Renca. En Conchalí y La Pincoya está expresado realmente el corazón de Chile. No es mi ánimo competir, pero quiero dejar expresa constancia de que en el distrito Nº 17 está el chileno de corazón. Por otra parte, quiero referirme a un problema que nos preocupa mucho en la Región Metropolitana. Como es sabido, las pensiones asistenciales son de vital importancia para miles de chilenos que, por desgracia, debido a circunstancias de la vida o por no contar con sus imposiciones previsionales, se encuentran en la vejez sin contar con recurso alguno. A pesar de lo pequeñas que son, esas pensiones constituyen una ayuda necesaria para miles de personas. En la Región Metropolitana, se dispone para este año de 5.650 cupos, pero hay una lista de espera de 7.010 personas. Cabe hacer presente que el número de pensiones asistenciales para nuestra región fue mayor en otros años: en 1997, hubo 9.260, y en 1996 y 1998 se otorgaron cupos adicionales en el segundo semestre. Como tenemos una lista de espera de 7.010 personas con su ficha CAS aprobada, sin contar a quienes se han resistido de presentar su solicitud, pido que se oficie al Presidente de la República y al ministro del Interior, a fin de solicitarles aumentar el número de pensiones asistenciales en la Región Metropolitana. En un momento como el que vivimos, creo que es de estricta justicia hacerlo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de todos los diputados presentes en la Sala.FACILIDADES PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS PROFESIONALES DE CONDUCIR. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema de gran importancia para muchos trabajadores del transporte. Hace aproximadamente un año aprobamos en el Congreso un modus operandi para resolver el problema de las licencias de conducir profesionales de los choferes de los transportes de carga y de la locomoción colectiva. Se establecieron nuevos plazos y la posibilidad de profesionalizar la actividad, cuestión muy importante desde el punto de vista de la seguridad de los propios choferes, de la calidad del trabajo y de los ingresos, pero también de la seguridad en las rutas, de los pasajeros y de los peatones. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de profesionalizar la actividad de los choferes de la locomoción colectiva y del transporte de carga. Sin embargo, a pesar de que se modificó la ley y se establecieron nuevos plazos, aún hay miles de choferes, sobre todo en regiones, que no han podido realizar los cursos, porque no se han creado escuelas de conductores profesionales en sus respectivas regiones -de las 35 que hay, la mayor parte está concentrada en la Región Metropolitana y en las principales ciudades del país-. La existencia de una sola escuela significa que no hay libre competencia y que no funciona el mercado, aparte de que los cursos tienen un valor que fluctúa entre 300 mil y 400 mil pesos, cifra que los choferes de taxis colectivos o del transporte de carga no están en condiciones de financiar. Ahora estamos ante la tremenda dificultad de que tales licencias han comenzado a vencer y los choferes aún no han podido acceder a los cursos, debido a su alto valor, como ocurre en Atacama, o a que en las regiones no hay escuelas de conductores profesionales. He conversado el tema con el subsecretario de Transportes señor Patricio Tombolini, y con los alcaldes de las comunas de Copiapó, señor Marcos López; de Chañaral, señor Héctor Volta; de Diego de Almagro, señor Hernán Páez, de Vallenar y de otras ciudades de la región de Atacama para resolver el problema. En ese sentido, la solución no es legislativa, sino que es necesario establecer convenios entre las municipalidades, el Sence y las escuelas de conductores profesionales, a fin de que los choferes puedan financiar esos cursos. Ateniéndonos al espíritu de la ley, me parece muy importante que en las regiones donde no existen escuelas de conductores no se exija el requisito de haber hecho el curso para obtener la licencia profesional de conducir, pues en esos casos su cumplimiento no es de responsabilidad de los choferes. Si no hay tales escuelas en su región, los conductores tendrían que trasladarse a otra para hacerlo. A modo de ejemplo, en Atacama la única escuela de conductores profesionales está en Copiapó, razón por la cual las personas de Vallenar, Chañaral, Diego de Almagro, Freirina y Alto del Carmen que deseen hacer el curso deben trasladarse hasta la capital de la región, lo que implica un gasto muy elevado, que los choferes del transporte de pasajeros y de carga no están en condiciones de asumir. En consecuencia, pido que se oficie al subsecretario de Transportes señor Patricio Tombolini, y al ministro del Interior señor José Miguel Insulza -quien tuvo una gran sensibilidad sobre el tema cuando discutimos el proyecto y nos reunimos con los choferes y las federaciones respectivas-, a fin de que se busque una solución a este problema dramático que golpea los hogares de muchos choferes que en la actualidad no cuentan con licencia profesional para conducir sus camiones, taxis, colectivos, etcétera. Pido que el Gobierno dé una solución al problema planteado mediante las fórmulas que hemos indicado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de todos los señores parlamentarios presentes en la Sala.NOMINALIZACIÓN DE TASAS DE INTERÉS. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el Banco Central ha comunicado que, a contar del 9 de agosto próximo, comenzará a regir un nuevo sistema de nominalización de las tasas de interés, lo que, al menos en las obligaciones de corto plazo, significa “el término de la unidad de fomento”, instrumento creado en la década de 1980 con la finalidad de asegurar a los actores del mercado una protección especial frente a la inflación, y que hoy sigue siendo la tercera unidad monetaria existente en un país que, gracias al sacrificio de los que tienen menos, logra mantenerse en un lugar expectante en la macroeconomía. Su Señoría, que ha sido presidente de la Comisión de Hacienda, podrá entender este tema, que es de relevancia nacional y que debiera concitar el interés de todas las autoridades económicas del país. Por ello, me atrevo a comentarlo directamente con usted. Las razones que el instituto emisor tiene para actuar como lo ha hecho son variadas. Ha entendido que es necesario dar transparencia a las operaciones financieras y de crédito, en lo cual estimo que han influido nuestras reiteradas quejas por el escaso impacto que han tenido en la actividad bancaria las “rebajas” de tasas aprobadas por el propio Banco Central. Como sabemos, los bancos se quedaron con la rebaja de tasas y no la traspasaron a los pequeños y medianos empresarios, ni a las personas naturales que conforman su cartera de clientes. Para ver esto con más claridad, resulta que la nominalización de tasas es la mejor solución. Espero que así sea. Por otra parte, dicha medida tiene por finalidad eliminar la UF, que, mal que mal, tiene un efecto inflacionario por sí misma al indexar las cifras expresadas por ella, lo cual resulta un contrasentido económico. Al mismo tiempo, era importante avanzar paso a paso en su eliminación, por cuanto es menester, en una economía abierta al mundo como la nuestra, estandarizar nuestros instrumentos representativos de dineros o valores en la práctica corriente de los mercados internacionales. Como sabemos, la unidad de fomento es un instrumento que tiene existencia legal sólo en nuestras fronteras. La unidad de fomento, que otrora significó efectivamente la miseria de miles de chilenos, que, cuando la inflación era más alta, veían que sus sueldos se depreciaban día a día, a diferencia de sus deudas, que subían diariamente, hoy se bate -dicen algunos economistas- en relativa retirada. Discrepo de ello. Surgen dudas respecto de cómo será esa retirada y qué efecto tendrá esta decisión sobre los mercados, que en Chile son esencialmente conservadores, lo mismo que las costumbres y usos comerciales, donde la unidad de fomento está fuertemente arraigada. Hoy existen arriendos comerciales y con fines habitacionales, colegiaturas en los establecimientos de enseñanza privada con perfil de utilidad económica, cuotas de seguros, valorización de los seguros de salud, incluso con las isapres, fijados en unidades de fomento. La pregunta que cabe formularse respecto de los impactos de esta decisión es qué pasará con las obligaciones ya comprometidas en UF. ¿Es necesario dictar una ley especial para afrontar este cambio de política del Banco Central? Sé que el tema no es sencillo. Por eso, solicito oficiar a las autoridades que a continuación se señalan, con la finalidad de que informen sobre los impactos y efectos de la decisión del Banco Central respecto de la nominalización de las tasas sobre las actividades reguladas por los órganos que se indican. Son varios, pero se comprenderá que para tomar las decisiones en economía los actores tienen que ser muchos: A los ministros de Hacienda y de Economía, Minería y Energía, para que informen sobre su evaluación de esta medida y los efectos positivos y negativos de la misma, y respecto de la necesidad de contar con una ley especial que permita hacer efectivo el cambio de sistema, para que éste llegue a los usuarios y consumidores del país. A los ministros del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Educación, para que informen sobre los efectos de esta decisión respecto de los contratos de salud previsional en el sistema privado de salud; contratación en establecimientos privados que fijan colegiaturas en unidades de fomento. Al presidente del Banco Central, para que informe y envíe, en lo posible, los estudios que justifican esta medida y sus alcances sobre la economía nacional, de la cual, por supuesto, soy ferviente “partidario”. Ojalá, por Chile, esta medida tenga un tratamiento ágil y cuidadoso. Señor Presidente, como sé que es uno de los más activos diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ojalá que esa Comisión pudiera comentar lo que acabo de decir, porque me parece de trascendencia fundamental para la situación económica que vivimos en la actualidad y que todos queremos mejorar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Su Señoría se ha referido al tema más candente en el país, junto con el desempleo: que las rebajas de tasas de interés que ha hecho el Banco Central también lleguen a los usuarios, tanto de los bancos como de las instituciones financieras. Se enviarán los oficios solicitados. Además, en virtud de un dictamen de la Contraloría General de la República, que señala que el Banco Central está obligado a proporcionar cualquier antecedente que le pidamos, también se oficiará a dicho Banco, con la adhesión de los diputados señor Samuel Venegas, señora Isabel Allende, señores Alejandro Navarro, José Miguel Ortiz, Sergio Velasco, Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez y Ricardo Rincón.ASUNCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, me referiré a la experiencia vivida en el reciente viaje a la República del Perú, con ocasión de la asunción del mando del Presidente Alejandro Toledo. Quiero hacerlo ahora, porque ha sido uno de los momentos más extraordinarios en que me ha tocado participar. No puedo dejar de mencionar, en primer lugar, la trayectoria del actual Presidente Alejandro Toledo, quien emerge desde la sociedad civil en este liderazgo y es capaz de luchar y triunfar para la reinstitucionalización democrática del Perú. Además, son notables su historia personal, trayectoria y compromiso social. Debo hacer resaltar también las atenciones que recibimos, en especial nuestro Presidente de la República. Es un hecho sin precedentes en las historias republicanas de estos dos países que el Presidente de Chile haya sido invitado a asistir al desfile militar. Quiero destacar que la declaración presidencial conjunta entre ambos países abarca 44 puntos y es de extraordinaria importancia, por lo que sería muy recomendable que fuera difundida ampliamente. Asimismo, deseo señalar las múltiples atenciones, privilegios y cariño con que fue tratada nuestra delegación. También quiero recordar, con emoción, el momento vivido en las alturas de Machu Picchu, donde hubo una ceremonia extraordinariamente simbólica, en el marco de una belleza inconmensurable, y el privilegio que tuvo nuestro país al ser representado por su Presidente, que compartió con el Presidente de Costa Rica y el príncipe Felipe de Borbón, de España. Estos invitados especiales acompañaron al Presidente Toledo en esa ceremonia sin precedente histórico y de una extraordinaria proyección hacia el mundo indígena. En esa ocasión, se leyó una declaración sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Es extraordinariamente relevante el compromiso asumido por los cinco jefes de Estado de la Comunidad Andina, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para avanzar en la defensa de la democracia, en el respeto de los derechos humanos y, sobre todo, en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Pudimos asistir a Machu Picchu gracias a las facilidades que se nos dieron, ya que la gran cantidad de personas que llegaron a la transmisión presidencial hacía casi imposible concurrir. Deseo también señalar, porque lo encuentro de gran importancia, que en el marco de una conversación que los parlamentarios chilenos sostuvimos con la Mesa del Congreso de Perú -como se sabe, es unicameral-, se resolvió propender a la creación de una comisión mixta binacional Chile-Perú, con el fin de establecer una asociación estratégica con vista a la cooperación y coordinación de los gobiernos y de sus instituciones. Es digno de poner de relieve el planteamiento que formuló el Presidente Toledo, por un lado, en orden a reducir los gastos de defensa y a priorizar los gastos sociales en beneficio de los sectores más pobres, y la propuesta, por otro, del Presidente Lagos. Me parece muy interesante que tanto Chile como el Perú, mediante un mecanismo que se ha utilizado con Argentina y que cuenta con la asesoría internacional de la Cepal, puedan sincerarse en los datos sobre los gastos militares. La pregunta es a cuánto ascienden los gastos militares y qué porcentaje es para reposición y adquisición de nuevo armamento; con qué características; si es ofensivo o defensivo, todo esto en orden a que exista la máxima confianza y transparencia, hecho sin precedentes en las relaciones con la hermana República del Perú. Esto es extraordinariamente importante. Constituye un hecho inédito en las relaciones en América Latina. Por eso, amerita que la Cámara de Diputados informe sobre la declaración de Machu Picchu, de modo que ojalá sea conocida por todos los parlamentarios. Además, quiero felicitar al embajador de Chile en Perú señor Juan Pablo Lira, por su buen trabajo y apoyo en el éxito de la misión, destacando el honor y el privilegio de compartir con el Presidente Lagos las distintas muestras de deferencia. En términos personales, no puedo dejar de mencionar que el Presidente Toledo, en forma particular, hizo un recuerdo de mi padre con múltiples demostraciones de afecto, deferencia, preocupación e interés por la familia Allende. Me felicito de que el Perú esté en proceso de recuperación democrática y cuente con un Presidente elegido soberanamente, cuyo programa contiene un compromiso social de gran envergadura. Sería bueno que la Cámara de Diputados, ojalá con la adhesión de todos los Comités, mediante oficio, reconociera la importancia de la política internacional, a partir de la visita del Presidente Lagos y de la declaración conjunta, que estará marcada por la cooperación, cordialidad, sinceridad, confianza y afecto, y dejará atrás una historia difícil, de desconfianza, lo que nos permite augurar que los países de América Latina aprenderemos a convivir con dignidad por el bien de todos sus pueblos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría a la canciller señora María Soledad Alvear, en reconocimiento de la excelente labor desempeñada por el embajador de Chile en la hermana República del Perú, y con la adhesión de los diputados señores Ricardo Rincón, Sergio Velasco, Homero Gutiérrez, Sergio Ojeda, Samuel Venegas, José Miguel Ortiz y Alejandro Navarro. Respecto de la solicitud de enviar copia de la declaración conjunta de los Presidentes, no le corresponde hacerlo a la Mesa, por lo que le sugiero que la haga llegar a la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Cámara, para que ella la envíe a las oficinas de los diputados. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, son dos las declaraciones. Una es la conjunta, y estoy de acuerdo en que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores se dé a conocer a los diputados. La otra declaración, de los cinco países de la Comunidad Andina, es sobre los derechos humanos y los derechos indígenas. Sería muy importante que también se diera a conocer y podría usarse el mismo conducto. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señora diputada, la colocaremos como noticia oficial en la página web de la Cámara de Diputados. Estaba inscrito el diputado señor Alejandro Navarro, pero al Comité del Partido Socialista sólo le restan 30 segundos. El señor OJEDA.- Señor Presidente, la Democracia Cristiana le concede unos minutos al diputado señor Navarro. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, tendría que ser al final del tiempo de su Comité, porque hay cinco diputados de la Democracia Cristiana ins-critos. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, agradezco el gesto del honorable diputado Sergio Ojeda, pero postergaré mi intervención para la próxima sesión. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Muy bien.URGENCIA A PROYECTO PARA PESCADORES ARTESANALES DE SAN ANTONIO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el honorable diputado señor Samuel Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, esta intervención obedece a un mandato que me han encomendado los pescadores artesanales de la comuna y de la provincia de San Antonio, por situaciones que les complican fuertemente su vida comercial y su subsistencia, las que se extienden a quienes vivimos cerca de ellos y a aquellos que reciben en forma solidaria los productos del mar, que extraen y ponen a disposición de los hogares que carecen de lo más elemental para la vida diaria. Señalo lo anterior, debido a lo que acaba de ocurrir nuevamente en San Antonio. Una embarcación ha zozobrado y cuatro de los nuestros han perdido la vida. Al dolor de las viudas y de los hijos que pierden a sus padres, generalmente únicos sostenedores económicos del hogar, se agrega que quienes arriesgan su vida, han estado produciendo riqueza para el país por generaciones y han entregado bondad y solidaridad, no tienen ningún resguardo, previsión ni seguros. A la amargura y al dolor que han envuelto a San Antonio, se agregan otros problemas, como el reciente temporal y la veda sobre las especies que tradicionalmente capturan estos pescadores, lo que les ha ido cerrando la expectativa de salir algún día adelante, educar a su familia y, a lo mejor, tomar otros caminos, incluso seguir en la actividad pesquera, pero con métodos más tecnificados. Por lo anterior, solicité oficiar al ministro secretario general de la Presidencia, con el objeto de buscar paliativos para el dolor que embarga no sólo a las familias de los pescadores muertos, sino a todo San Antonio. El citado ministro me hizo llegar una nota en que accede a patrocinar el proyecto que le presenté, a fin de establecer un seguro de vida para todos los pescadores artesanales, que arriesgan su vida y salud en estas faenas tan peligrosas. Han pasado más de seis meses desde que ocurrió eso. Por otra parte, el Presidente de la República y el mencionado ministro tuvieron un encuentro en Toltén con representantes de la Conapach, que reúne a muchos sindicatos de pescadores del país, a quienes les dijo que estaba dispuesto a otorgar la urgencia necesaria al señalado proyecto. Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro secretario general de la Presidencia para que obtenga que se califique la urgencia del proyecto para que lo despache la Comisión de Trabajo, donde está radicado, tramitación que permitirá que se convierta en ley a la brevedad, con el objeto de conceder un paliativo y una esperanza a los trabajadores de esta actividad tan digna. A lo anterior debe agregarse que los pescadores artesanales utilizan gasolina en las lanchas que usan en su quehacer, la cual está afecta a impuesto, lo que encarece enormemente su actividad. El impuesto no guarda relación con la idea que tuvo el legislador cuando aprobó la ley respectiva: el mejoramiento de las vías y carreteras. Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Minería para que se elimine el impuesto específico sobre la gasolina utilizada por los pescadores artesanales. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alejandro Navarro, Sergio Velasco, Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez y de quien habla.CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALIZADAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CESANTÍA EN REGIONES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero referirme en esta oportunidad al problema del desempleo que azota a nuestro país, al cual ya han aludido otros señores diputados, porque en la zona que represento, concretamente en la ciudad de Talca, es extremadamente agudo. Además de los últimos datos e informaciones entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en los diarios de la zona, desde hace dos o tres años, la Séptima Región figura, en forma permanente, en los últimos lugares de las encuestas sobre desarrollo del país. Aquí tengo los últimos titulares de uno de los diarios regionales: “Desempleo: 13,6% en la Región del Maule”. Ojalá la Cámara lo pueda conocer. Éste es el promedio de desempleo de la región, porque algunas localidades presentan situaciones más favorables; pero otras, como la ciudad de Curicó, tienen un desempleo del 17,6 por ciento, mientras que en la ciudad de Talca alcanza al 14,5 por ciento. A lo anterior se agrega que la Séptima Región figura, en el índice del Programa de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas, en el último lugar del país, hecho extraordinariamente grave que se da a conocer sólo una vez al año. En el Indicador de actividad económica regional, Inacer, y en otros datos estadísticos que se proporcionan en Chile, la Séptima Región figura como la que tiene la peor calidad de vida del país. En consecuencia, estamos frente a una situación que no es puntual ni coyuntural, que no es de ahora ni forma parte de un índice del momento -puedo mostrar la prensa desde 1999 al 2000-, sino una situación persistente y profunda de desempleo alto, de postergación, de mala calidad de vida, de falta de desarrollo humano, hecho indicado en todos los estudios a que he hecho referencia. Por lo tanto, mi conclusión es que esta situación no se corregirá con un tratamiento similar al que se da al resto del país. Lo que está ocurriendo en la Séptima Región amerita un estudio especialísimo. Por ejemplo, el desempleo en la agricultura ha aumentado considerablemente en el último tiempo, y consiste en una pérdida absoluta de ocupaciones en ese sector; es decir, hoy ocupa menos mano de obra que hace uno, dos o tres años. No es una cuestión estacional. No se puede esperar que en septiembre, octubre o noviembre próximos la actividad agrícola recupere la mano de obra porque ya está perdida definitivamente, tal como lo han señalado otros señores diputados en la Sala, tanto hoy como en otras oportunidades. Se debe a la modernización del sector agrícola y a la incorporación de tecnología; por eso hay mayor productividad, pero, al mismo tiempo, se ocupa menos mano de obra. Esa es la tragedia fuerte, profunda y seria que está viviendo la Séptima Región. En la Región del Maule se han perdido, aproximadamente, diez mil empleos en el sector agrícola en los últimos dos años. En el sector manufacturero -en Talca no se instalan industrias, sino que se van- hemos perdido definitivamente 3.600 empleos, y en el área de la construcción, unos 3 mil. Alguien decía que allí no se construyen viviendas para el sector privado, sino sólo aquellas subsidiadas. En resumidas cuentas, mi región tiene un problema grave, que no es circunstancial, ya que sus características son serias y profundas. Respecto de la situación del empleo, se señala en forma persistente que cuatro regiones están mostrando permanentemente una situación anómala y más grave que las demás. Las regiones del sur tienen índices de desempleo de 5 por ciento, que nosotros ya los quisiéramos. Los parlamentarios que las representan están siempre muy felices y contentos; pero nosotros nos encontramos amargados y reclamamos siempre por esa situación. Las Regiones Cuarta, Quinta, Séptima y Octava son las que muestran altos índices de desempleo en forma permanente. Pido al Gobierno crear comisiones que se aboquen a un estudio pormenorizado de cada una de esas regiones. No puede ser que los mismos programas de empleo que se preparan para la Décima Región, que capta gran número de recursos y de cupos de empleo, se apliquen a aquellas zonas que están absolutamente deprimidas, con graves focos de retraso en su desarrollo. Solicito oficiar, en mi nombre, al señor ministro del Interior, en términos de que las regiones que muestran persistentes niveles de desempleo ameritan un estudio especial del Gobierno, a través de comisiones que éste designe. No se trata de poner remedio a la situación con cupos más o cupos menos de empleo, como está ocurriendo ahora, ya que en mi región se han creado 10 mil ocupaciones a través de los programas proempleo del Gobierno, que terminan en agosto, septiembre y diciembre, pero el problema tiende a agravarse. Mi petición se fundamenta en que esas regiones deben tener un tratamiento especial: en los programas proempleo, un mayor número de cupos; en el financiamiento de obras públicas, más recursos. Además, es necesario realizar estudios para atender aquellos factores que están pesando para que su situación económica y social sea tan grave; he señalado que en la Séptima Región, ellos inciden en la agricultura, en la industria manufacturera y en la construcción. Se trata de saber qué se puede hacer respecto de esos factores y del desarrollo de la industrialización. Si dejamos que transcurran las cosas, no habrá ninguna salida y continuaremos con esos índices, que reflejan que las regiones no podrán despegar por carecer de recursos para hacerlo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará al señor ministro del Interior el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Velasco y Ojeda.MEDIDAS PARA RESGUARDAR PRODUCCIÓN LECHERA NACIONAL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, graves problemas ha ocasionado en el sur de Chile la fijación de pautas de precio del litro de leche. Las tarifas han sido determinadas de manera unilateral y arbitraria por las industrias lecheras de la zona y han significado una baja de aproximadamente dieciocho pesos por unidad. Debido a ello, los agricultores, con justa razón, han iniciado un movimiento, con tomas de industrias, para protestar por una medida que afecta la comercialización de sus productos. Larga lucha han librado para proteger y defender los precios de sus productos, lo que es vital para la normal producción de leche en la región. En varias oportunidades me he referido al tema por los diferentes inconvenientes que ha sufrido el productor lechero en la zona sur, como consecuencia de la inexistencia de salvaguardias para atenuar los efectos negativos de los subsidios a los productos que proceden de afuera y por una serie de otros problemas que significan efectos permanentes muy negativos sobre la producción, comercialización y rentabilidad. Las distorsiones de los precios provocadas por los subsidios a los productos que se importan dejan en evidencia el daño a la actividad lechera nacional, que implica una competencia desleal con los productos internos. El subsidio que tanto la Unión Europea como Estados Unidos entregan a sus productos que llegan a Chile, varía entre el 56 y el 65 por ciento. Ello provoca un efecto letal en los productos chilenos, cuyo precio disminuye a niveles inferiores a los costos de producción; una competencia absolutamente desleal que altera el libre juego de los precios. En la temporada 1999-2000, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus organismos, transfirió de manera directa a los agricultores norteamericanos la suma de 26 mil millones de dólares, que les representó un 66 por ciento de ingresos. Esos son los subsidios que están matando la producción nacional. Entre noviembre de 2000 y abril de 2001, han ingresado al país más de catorce millones de kilos de lácteos en polvo, cuatro mil toneladas más que el año anterior. En dinero, significan alrededor de 30 millones de dólares, es decir, el doble del año anterior. Se pagó a los importadores un 68 por ciento más por kilo de leche en polvo. Respecto del queso, la importación asciende a 2 millones 343 kilos desde diciembre de 2000 a mayo de 2001. Los importadores son los mismos que manejan el comercio y determinan los precios: Soprole, Loncoleche, Nestlé. Los precios pagados por las industrias a los proveedores chilenos son irrisorios, no representan en lo más mínimo el costo real. Existe un verdadero monopsonio, donde hay muchas ofertas y poca demanda. La industria lechera maneja a su antojo los precios, y de manera arbitraria, sin que le importe el menoscabo de nuestra producción. Las salvaguardias, que en un momento determinado atenuaron, en parte, el rigor de las importaciones subsidiadas, ya no tienen vigencia, porque no fueron solicitadas a tiempo, dentro del período legal correspondiente. Hubo un perjuicio evidente, por una omisión que existió, que, por desgracia, está provocando estos daños a nuestra producción lechera. Por ello es necesaria la dictación de una ley que regule de manera permanente el mercado lechero, a fin de no estar sujetos a las continuas distorsiones provocadas por agentes y factores externos. Las pautas de precios a las que me refiero y que están originando el conflicto, son absolutamente ajenas y se encuentran muy alejadas del valor real del litro de leche. Por supuesto, no deben tener aplicación alguna, porque no se justifican. ¿Hasta cuándo nuestros productores deberán soportar la incertidumbre de estar siempre supeditados a los arbitrios de las industrias lecheras, a las grandes importaciones, a las peligrosas distorsiones que provocan los subsidios en el mercado internacional, que hoy tienen a los agricultores y campesinos en una dirección agitada, a la deriva, en un mar tormentoso, donde no existe intervención del Estado que pueda regular de manera justa los precios, en virtud de la existencia de este sistema cruel de la economía social de mercado? El desarrollo de nuestra zona pasa por el progreso de nuestra agricultura; el bienestar de las familias campesinas pasa por la existencia de fuentes de trabajo y su estabilidad laboral. Es evidente que el problema de precios atenta contra estos factores sociales y económicos por la inseguridad para los empresarios, por los efectos negativos en la producción y en la rentabilidad. Es un escenario letal para ellos, que desmorona programas, proyectos y el fatigoso, noble, sacrificado trabajo de años. Creemos que ha llegado la hora -si no es demasiado tarde- de adoptar medidas drásticas en resguardo de nuestra producción agrícola nacional; que las políticas de Estado tengan siempre presente el interés productivo regional; que, en nombre de la globalización y de la internacionalización de la economía, no se mate la industria nacional. Queremos una ley que proteja la producción lechera; pedimos que la Fiscalía Nacional Económica, que tiene atribuciones sobre la materia, intervenga en este problema antes de que se provoque la ruina definitiva de nuestros productores. Nuestra agricultura constituye un patrimonio histórico que debemos cuidar para que ningún acuerdo internacional lo desconozca y lo lesione. Por eso quiero expresar mi adhesión y solidaridad más firme y decidida a los agricultores de la provincia y de la región por el movimiento de protesta que mantienen por los bajos precios que pagarán las plantas de la zona por el litro de leche. La pauta de precio del litro de leche fijada por las empresas es un abuso y una ignominia para el empresario que desarrolla un trabajo de sacrificio, de desvelos, de costos y de alta entrega. Solicito que se oficie al ministro de Economía para poner estos antecedentes en su conocimiento y a fin de que informe a la Fiscalía Nacional Económica sobre estos abusos y pautas de fijación de precios arbitrarias, con el objeto de que se corrijan tales situaciones. Pido también que estos antecedentes se envíen al Ministerio de Agricultura para que intervenga y procure subsanar estas graves imperfecciones del mercado de la leche en el sur de Chile. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia del texto de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Sergio Velasco y Homero Gutiérrez.INFORMACIÓN SOBRE AVANCES DE REFORMA PROCESAL PENAL EN SEXTA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se envíe oficio al señor ministro de Justicia, con el objeto de que nos informe sobre los avances de la reforma procesal penal en la Sexta Región en cuanto a juzgados, infraestructura necesaria y comunas involucradas. Cada año se incorporan nuevas regiones, pero, con antelación, el ministerio arbitra las medidas para proceder a la instalación del proceso de reforma, lo cual significa hacer los estudios necesarios para los distintos juzgados de garantía en lo penal y de las fiscalías, que tendrán mayor ámbito comunal. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Velasco. Se adjuntará copia de su intervención.CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, HOSPITALARIOS Y DE OBRAS DE RIEGO EN SEXTA REGIÓN. Oficios. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, además, pido que se envíen los siguientes oficios: Al Ministerio del Interior, en lo que concierne a la Subsecretaría de Desarrollo Regional e Intendencia de la Sexta Región, y a la Dirección Nacional de Arquitectura, a través del Ministerio de Obras Públicas, para que arbitren las medidas necesarias para respaldar el proyecto de remodelación integral del edificio consistorial de la municipalidad de San Francisco de Mostazal, que impulsa su alcaldesa Mirenchu Beitía, de manera de poder conjugar los recursos municipales, fiscales e incluso regionales. A la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque cuando se determinó privatizar las sanitarias se acordó crear sedes regionales de esa Superintendencia en aquellos lugares en que se hubiere realizado ese proceso. No me tocó participar en la discusión legislativa; sin embargo, he recabado los acuerdos, entre los cuales figura la materialización de oficinas regionales. Hoy podemos constatar que en la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, no obstante haberse traspasado al sector privado la empresa Essel, no existe oficina regional de la Superintendencia, lo que dificulta, en gran medida, la posibilidad de que los usuarios -que hoy ya no tienen como interlocutor un ente estatal, sino uno privado- efectúen reclamos, denuncias o soliciten la intervención de la Superintendencia. El oficio debe dirigirse a los ministros del Interior, de Obras Públicas en coordinación con el de Hacienda, para que se dé cumplimiento a un acuerdo que se contrajo cuando se legisló sobre el particular, en el sentido de resguardar los intereses de los consumidores mediante la creación de sucursales u oficinas en las regiones donde el proceso de privatización se hubiere concretado, cual es el caso de la Sexta Región y también de otras partes. Por lo tanto, solicito que se nos informe cómo se está materializando en el país lo que constituye parte de un acuerdo legislativo tendiente a resguardar el interés de los usuarios y consumidores. Señor Presidente, también solicito que se envíe un oficio a la Comisión Nacional de Riego para que nos informe acerca de todos los proyectos a los cuales se ha postulado sobre esa materia, si han sido adjudicados o se encuentran en ejecución en las distintas comunas de la Sexta Región, particularmente en Rengo y Graneros, entre otras, del distrito 33, que represento en esta Cámara. Por último, solicito que se envíe oficio a la señora ministra de Salud, a fin de conseguir su respaldo para los siguientes proyectos, que contribuirán a fortalecer la red de salud de la región: Remodelación y mejoramiento de la posta de La Punta, en San Francisco de Mostazal; construcción y habilitación de un consultorio en el sector de La Compañía, en la comuna de Graneros. Ambos son de atención primaria, pero el segundo es más avanzado, porque se trata de un consultorio. Estas importantes inversiones potenciarán la red de salud del sector norte de la región, de las comunas de Mostazal, de Codegua y de Graneros, donde existe un hospital tipo cuatro. Formulo esta petición con el propósito de que la señora ministra arbitre las medidas, imparta las instrucciones, ponga a disposición sus técnicos y se la juegue por dichos proyectos, que también pondrán de relieve el compromiso con la salud asumido por el Gobierno y, en especial, por el Presidente Ricardo Lagos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Sergio Velasco. Asimismo, se adjuntará copia del texto de su intervención.NOTAS DE CONGRATULACIÓN Y DE CONFRATERNIDAD A LOS PRESIDENTES DEL PERÚ Y DE BOLIVIA Y A SUS CONGRESOS NACIONALES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, la paciencia tiene su recompensa y los últimos serán los primeros. Por esa razón, quiero que se envíen, en mi nombre y en el de la bancada democratacristiana, los siguientes oficios: De congratulaciones, al señor Alejandro Toledo, por su reciente asunción como Presidente de la hermana República del Perú, y a su Congreso Nacional. Asimismo, como en un gesto muy especial de hermandad y confraternidad, al Presidente Hugo Banzer, quien, por los problemas de salud que lo aquejan, se ha visto en la obligación de renunciar a su cargo en favor del Vicepresidente, y en particular al Congreso Nacional boliviano. Chile quiere solidarizar con él, puesto que su enfermedad ha afectado duramente a los países latinoamericanos, en particular a los miembros del Mercosur y del Parlamento Cultural de dicho Mercado. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, previa explicación de lo siguiente: El oficio que su Señoría pide, en uso de su legítimo derecho, en relación con la situación que aflige al Presidente de Bolivia, señor Hugo Banzer, se tramitará a través de la canciller señora María Soledad Alvear de Martínez, acompañándose el texto de su intervención. Además, se transmitirán, a través de la señora canciller, las felicitaciones al Presidente de la hermana República del Perú. El oficio que su Señoría pidió remitir a los Congresos de Bolivia y del Perú, respectivamente, se harán llegar directamente a través de esta Cámara. En mi calidad de Presidente accidental, adhiero a todos esos oficios.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE SAN ANTONIO. Oficios. El señor VELASCO.- Señor Presidente, solicito enviar oficio al señor ministro del Interior en relación con graves hechos de violencia que están ocurriendo en la comuna de San Antonio. Allí, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile han detenido a delincuentes que, en guerras de pandillas, cometieron crímenes. Desgraciadamente, murieron jóvenes, lo que ha causado mucho dolor en sus familias y en la comunidad en general. Pido que el señor ministro del Interior ordene al señor subsecretario que el proyecto “Plan comuna segura, compromiso cien” no se realice a contar de enero de 2002, sino a partir del segundo semestre del presente año. Es muy importante que se adelante la fecha de ejecución, porque queremos resolver el grave problema de delincuencia y de violencia que afecta a la comuna de San Antonio. Pido también que se envíe un oficio al ministro de Economía en relación -el colega Samuel Venegas lo ha expresado muy bien- con la aflicción por la muerte de pescadores artesanales que, en esta carrera olímpica por extraer la merluza, deben salir a alta mar en momentos de suma peligrosidad. Se requiere que el Ejecutivo envíe a tramitación un proyecto de ley que otorgue a los pescadores artesanales una mayor cuota de extracción de merluza. Es una petición hecha por los dirigentes de los pescadores artesanales, en representación de las caletas de Quintay, de Algarrobo, de El Quisco, de El Tabo, de Cartagena, de San Antonio y de Navidad. Se requiere más cuota de merluza para que los pescadores artesanales, de Arica a Magallanes, tengan tranquilidad y puedan extraer el producto que les permite vivir dignamente, sin enfrentarse a los temporales y al mal tiempo. Solicito que se envíe oficio al señor ministro de Justicia a fin de que se construya un tercer juzgado de letras en la provincia y comuna de San Antonio, dado que los dos juzgados que allí existen, del crimen y de letras, están saturados de causas y, por consiguiente, tienen un grave problema para aplicar la justicia en forma rápida y ágil, como lo requieren los vecinos y pobladores de mi provincia. Señor Presidente, además, quiero señalar que en la provincia de San Antonio existe el 17,1 por ciento de desempleo. Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al señor ministro del Trabajo para que, en el plan de generación de empleos, se asignen más cupos para la absorción de mano de obra, dado que la situación que afecta a nuestra comuna y provincia es realmente deplorable. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado que habla. Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención.RECONOCIMIENTO A MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SUBROGANTE POR MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DE TEMPORALES EN SAN ANTONIO. Oficio. El señor VELASCO.- Señor Presidente, en nuestra provincia de San Antonio hemos sufrido las inclemencias de los temporales, motivo por el cual pido que se oficie al ministro de Obras Públicas subrogante, señor Juan Carlos Latorre, con el objeto de agradecerle su presencia oportuna y eficaz en la provincia. Hoy llegó con todo su equipo para resolver los graves problemas viales originados por derrumbes, con la agravante de que un socavón que se formó en la ruta 78 pudo haber provocado muchas víctimas, como sucedió con anterioridad en Puerto Varas. Por eso pido al ministro subrogante que agilice todas las medidas para resolver ese problema vial. Le agradezco nuevamente su presencia y actitud en la comuna de San Antonio, al dar en terreno las instrucciones pertinentes. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado que habla. Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 15.10 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado. “Valparaíso, 31 de julio de 2001. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica, ambos suscritos en Ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1999, correspondiente al boletín Nº 2467-10. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3219, de 6 de marzo de 2001. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia, (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.2. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil. (boletín Nº 2532-15-2)“Honorable Cámara: La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en una moción de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Luis Pareto, René Manuel García, Gustavo Alessandri, Felipe Letelier, Jorge Ulloa, Exequiel Silva y Jaime Naranjo, que regula la instalación de antenas de telefonía móvil. El proyecto en informe fue despachado por esta Comisión en su primer trámite reglamentario el 1 de agosto de 2000, y aprobado en general por la honorable Cámara de Diputados en la sesión 1ª, de 3 de octubre de 2000. Durante la discusión de este segundo informe, la Comisión contó con la participación del diputado señor Carlos Montes y con la asistencia y la colaboración del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Christian Nicolai Orellana; del jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Jaime Prado Berger, y del jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Juan Luis Pérez Moraga. La Comisión acordó que, previamente al inicio del estudio del segundo informe del proyecto de ley, fueran escuchados los ejecutivos de las empresas de telefonía móvil, quienes manifestaron su interés en exponer sobre el proyecto aprobado por la Comisión en su primer informe y sobre las indicaciones que se formularon al respecto. En relación con lo anterior, la Comisión recibió a los ejecutivos de las siguientes empresas de telefonía móvil: -Por Telefónica Móvil, a su gerente general, señor José Molés Valenzuela y al fiscal de la empresa, señor Cristián Saieh Mena. -Por Bellsouth, al gerente de la División Legal y Asuntos Regulatorios, señor Víctor Galilea Page. -Por Entel PCS y Entel Móvil, a su gerente general, señor Marco de Lissicich Drazich; al abogado de esa empresa señor Jaime Jara y al ingeniero de la misma señor Eduardo Andrade. -Por Smartcom PCS, al presidente del Directorio, señor Alejandro Rojas Pinaud, y -Por la Asociación de Telefónicas Móviles (Atelmo), a su presidente, señor Guillermo Pickering de la Fuente.-o- A continuación se señalan las diferentes posiciones que sostuvieron los ejecutivos de las empresas de telefonía móvil respecto del proyecto en estudio:1. El gerente general de Telefónica Móvil, señor José Molés, explicó primeramente que el servicio público telefónico móvil, en conformidad con lo dispuesto en la ley general de Telecomunicaciones, tiene por objeto satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad en general. Por lo tanto, los servicios públicos tienen una función social de la máxima relevancia, cual es, satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad en general, para propender al desarrollo efectivo y eficiente de toda la población. En segundo lugar, es preciso destacar tres aspectos que son de la máxima importancia, a saber:a) La penetración que tiene la telefonía móvil actualmente alcanza a más del 22 %.b) El monto de las inversiones que ha realizado Telefónica Móvil para dar un buen servicio a todos los estamentos del país, ha alcanzado la cifra de 630 millones de dólares en el período comprendido entre el año 1996 y el año 2000, yc) El empleo directo e indirecto que hoy proporciona Telefónica Móvil es de más de 2.000 fuentes de trabajo. Como conclusión de lo anterior, la telefonía móvil en el país, a través de sus operadoras y, en especial, de esta compañía, Telefónica Móvil, ha contribuido a concretar de manera eficaz las políticas de desarrollo social y económico del país. En tercer lugar, la telefonía móvil es un servicio inalámbrico, esto es, un servicio desprovisto de alambres para su operación y explotación, de suerte tal que requiere, necesariamente, para ser prestado, de estaciones base o antenas, por lo que sin ellas resulta imposible prestar el servicio público telefónico móvil. Cabe preguntarse cómo puede ser posible que un concesionario de servicio público telefónico móvil dé servicio de telefonía si no puede instalar antenas de acuerdo con los proyectos técnicos que planifica. Señaló que la respuesta es obvia. Si un concesionario de servicio público telefónico no puede instalar antenas en una determinada área geográfica, en esa área geográfica no será posible que los habitantes puedan satisfacer sus necesidades de comunicaciones móviles. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de comunicaciones móviles que tienen los distintos ciudadanos del país, es necesario realizar instalaciones de telecomunicaciones en aquellos lugares en que dichas personas realizan sus comunicaciones. De lo contrario, no podrán comunicarse. Respecto de la aprensión que existe en la opinión pública sobre el supuesto impacto que puede tener en la salud de las personas la radiación electromagnética de las antenas, indicó que existen estudios científicos y técnicos que señalan que las radiaciones que generan las instalaciones de telecomunicaciones no son dañinas, bajo ningún concepto, para la salud de las personas. Explicó que, ante los innumerables recursos que se han interpuesto en contra de la instalación de antenas, en una supuesta defensa de la salud de las personas y del medio ambiente, los tribunales de justicia de nuestro país han fallado en forma reiterada y uniforme a favor de la no existencia de daños a las personas o al medio ambiente en que vivimos. Por último, manifestó que el proyecto establece requisitos muy complejos para la instalación de antenas, que determinan engorrosos trámites adicionales para el otorgamiento o modificación de las concesiones de servicio público telefónico móvil, situación que constituye fuertes y complejas barreras regulatorias a la inversión y, por consiguiente, al desarrollo de los habitantes del país que son los que, en definitiva, hacen uso de las comunicaciones móviles. Así es como dichas regulaciones afectarán decididamente los niveles de crecimiento económico, que pueden ser del orden del 6 y 7%, que es lo que desea alcanzar nuestro país, y la meta de inversión de 6.000 millones de dólares para esta década, según lo ha señalado el Presidente de la República. Finalmente, recordó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es el organismo técnico, que controla y supervisa el funcionamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones de forma que éstos no causen lesiones a personas o daños a las cosas. Agregó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de acuerdo con el referido mandato, dictó el año 2000 la resolución exenta Nº 505, por la cual reguló la potencia máxima radiada que deberían tener las antenas, de manera de proteger los eventuales efectos que dicha radiación pudiese producir en las personas.-o-2. El gerente de la División Legal y Asuntos Regulatorios de Bellsouth, señor Víctor Galilea, centró su exposición en los dos propósitos que tiene el proyecto de ley en estudio. Uno está referido a los efectos que pudieran producir en la salud de las personas las antenas de telefonía móvil y el otro tiene relación con las consideraciones urbanísticas. Respecto del tema referido a la instalación de antenas de telefonía móvil, es del caso precisar qué se entiende por antena de telefonía móvil. Explicó que las antenas para transmisiones celulares y PCS están ubicadas típicamente en torres, estanques de agua u otras estructuras elevadas, incluso techos y costados de edificios. La combinación de una antena y el equipo electrónico asociado es lo que se denomina una “estación base” o “sitio celular” para celulares o PCS. La altura típica de las torres o estructuras autoestables de las estaciones base es de 30 metros en zonas urbanas y de hasta 60 metros en zonas rurales. Respecto a la preocupación que tiene la población sobre los efectos que pudieran producir las ondas electromagnéticas que emiten las antenas de telefonía móvil, indicó que el tema ha sido abordado con gran seriedad y preocupación por numerosos e importantes organismos técnicos especializados en el campo de la tecnología y la medicina. Agregó que existen innumerables estudios para determinar si las instalaciones de antenas de telefonía móvil pudieran producir algún daño a la salud humana. Los resultados de todos estos estudios han permitido concluir que no existen evidencias que permitan sostener que las estaciones de telefonía móvil puedan producir algún daño a la salud, dadas las características de instalación y uso de las mismas. En cuanto al tema referido a la parte urbanística, indicó que toda instalación requiere que previamente se envíen a la correspondiente dirección de obras municipales los antecedentes técnicos y los planos de la construcción, razón por la cual este aspecto queda sometido al control de dicha entidad. Agregó que, de acuerdo con la normativa vigente, las instalaciones de las antenas pueden levantarse en cualquier zona que no esté expresamente prohibida por el plan regulador respectivo, razón por la cual los municipios cuentan con la posibilidad de establecer soluciones acordes con las normas que regulan esta materia. Respecto de este punto, señaló que el deseo de la empresa telefónica Bellsouth es que siempre se permitan la inversión y el desarrollo y que sólo se establezcan restricciones cuando existan antecedentes contundentes que justifiquen postergar el interés de la sociedad. Agregó que, al establecer restricciones como las propuestas en el proyecto aprobado por la Comisión, definitivamente se atenta contra la posibilidad de que en Chile más personas puedan comunicarse oportuna y eficazmente. Finalmente, expresó que el desafío de BellSouth en Chile es contribuir con todo lo relacionado con la industria de las telecomunicaciones, para lo cual la empresa que representa tiene presupuestado invertir del orden de US$M 100, en el año 2001.-o-3. El gerente general de Entel PCS y Entel Móvil, señor Marco de Lissicich, inició su intervención planteando que el proyecto de ley en estudio se basa en un supuesto erróneo, por cuanto se fundamenta en que las ondas electromagnéticas son dañinas para la salud. Tal aseveración es inexacta, por cuanto existen numerosos estudios científicos realizados sobre la materia, los cuales concluyen que no es posible afirmar que las ondas electromagnéticas son dañinas para la salud de las personas. Al respecto, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 1998 emitió una nota descriptiva sobre la materia, la Nº 193, en la cual aclaró de modo categórico lo anteriormente aseverado e indicó la necesidad de que se respeten los valores aceptados para dichas ondas electromagnéticas y sugeridos internacionalmente. Adicionalmente, observó que la telefonía móvil se presta como servicio público hace más de veinte años en Europa y Estados Unidos. Allí existen más de 650 millones de suscriptores, y a la fecha no existe caso alguno que vincule científica o médicamente alguna dolencia o enfermedad física con las emisiones de las antenas de telefonía móvil. Expresó, además, que tanto el proyecto de ley como las indicaciones formuladas en él son discriminatorios, por cuanto están referidos exclusivamente a la ubicación de antenas del servicio público telefónico móvil y no sobre otras antenas de servicios de telecomunicaciones instaladas dentro del territorio nacional, como, por ejemplo, la de los servicios de telecomunicaciones de uso institucional de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, a que se refiere el artículo 11 de la ley general de Telecomunicaciones. Indicó que una normativa como la de esta naturaleza debiera regular todas las emisiones de ondas electromagnéticas, tanto aquellas que emanan de electrodomésticos, de ampolletas, de equipos de televisión, así como de otras fuentes de este tipo de ondas. A todas luces, existe una discriminación en perjuicio del servicio publico de telefonía móvil, la que carece de razones objetivas. No se advierte razón objetiva alguna en dicha regulación especifica para las antenas de telefonía móvil. Se establecen claramente restricciones a la actividad económica del servicio publico de telefonía móvil y se vulnera el derecho a desarrollar un actividad económica lícita, así como la igualdad ante la ley y un trato no discriminatorio por parte del Estado y sus órganos. Explicó que a los concesionarios de servicios públicos de telefonía móvil se les exige instalar, operar y explotar sus respectivas concesiones bajo pena de caducidad de las respectivas concesiones. Todas las restricciones que impone el proyecto de ley en el hecho y en el derecho hacen imposible cumplir dichas obligaciones a los concesionarios, por lo que se llega al absurdo de que el propio legislador le impide al concesionario cumplir con las obligaciones legales de iniciar y terminar obras y de prestar servicios, dados los innumerables, no específicos, difusos y discrecionales requerimientos y autorizaciones que establece el proyecto de ley. El proyecto en cuestión pone necesariamente a los concesionarios de servicios públicos de telefonía móvil en la situación de no cumplir con el marco técnico y legal de sus concesiones, toda vez que los términos del proyecto de ley colocan condiciones imposibles de cumplir para las empresas, dadas las atribuciones que otorgan a los municipios y a los particulares en materia de autorizaciones y consentimientos para instalar una antena de telefonía móvil. Planteó que el artículo 7º de la ley general de Telecomunicaciones es claro al otorgar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad y el deber de velar por que los servicios de telecomunicaciones sean instalados y operados en términos tales que no causen daños a personas o cosas y que no causen interferencias. Está claro que el legislador encomendó esta materia a la competencia de un órgano técnico como la Subsecretaría de Telecomunicaciones y no a otros órganos no técnicos y eminentemente políticos, como son los municipios. Lo anterior se ve refrendado con la resolución Nº 505 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 5 de mayo de 2000, en virtud de la cual precisamente se regula la densidad de potencia que deben emitir las antenas de telefonía móvil, habiendo quedado reservada dicha materia a la competencia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Finalmente, señaló que es absurdo pretender atribuir al servicio público de telefonía móvil un carácter dañino o perjudicial para la salud de la población, toda vez que es precisamente el Estado chileno el que ha fijado el marco para su desarrollo y ha regulado al mismo, estableciendo innumerables obligaciones y gravámenes para los concesionarios, todos los que han sido cumplidos por las empresas. También es necesario tener presente que el Estado de Chile adjudicó algunas de las concesiones de telefonía móvil en un concurso público sin haberse contemplado en las bases de éste ninguna exigencia adicional que se deba cumplir por parte del concesionario en relación con las antenas.-o-4. El presidente del directorio de Smartcom PCS, señor Alejandro Rojas, planteó que, actualmente, la telefonía móvil cuenta con más de tres millones de usuarios, equivalentes al 20% de la población chilena. Esta penetración ha sido alcanzada principalmente durante los últimos tres años, período en el cual dicha telefonía móvil ha experimentado el más alto crecimiento, pues se han incorporado a ella más de tres millones de usuarios. En países más desarrollados, la penetración sobrepasa el 40% (como en España, Italia y otros) y se encuentra en franco crecimiento, en la misma senda de los países escandinavos, donde más del 70% de la población es usuaria de la telefonía móvil y en los cuales se proyecta alcanzar el 100% de la población en pocos años más. La tecnología ha debido evolucionar con extrema rapidez, pues la aceptación que este servicio ha tenido en la población no era esperada por nadie en el mundo y las redes construidas siempre experimentaron problemas de congestión, pues se subestimó la demanda. Así, por ejemplo, de los sistemas analógicos originales debió pasarse a redes digitales con mayor capacidad, la cual, una vez copada, forzó la introducción del sistema PCS, multiplicando por varias veces las capacidades de los sistemas iniciales. Hasta hace muy poco tiempo, la telefonía móvil era utilizada principalmente para comunicaciones de voz y fue este tipo de servicio el que consumió las capacidades y sus crecimientos. La tecnología finalmente ha evolucionado y posibilitado la incorporación de otro tipo de servicios sobre estas redes, los que modificarán en forma significativa la forma en que actualmente vivimos y trabajamos. Los servicios de datos de que se habla en la actualidad, como la utilización del teléfono móvil como tarjeta de crédito o conexión a Internet, etcétera, pasarán a ser parte de nuestra vida diaria tanto como lo ha sido la voz en estos aparatos. En conclusión, la telefonía móvil pasará a ser, si no lo es ya, parte integral de nuestras vidas, prestando servicios indispensables para el diario vivir y para toda la población, indistintamente de características individuales como edad, ingreso, etcétera. Los beneficios aportados a la sociedad son ya evidentes, dada la aceptación que ha tenido el servicio. Y esta ha sido la razón por la cual la telefonía móvil ha sido una de las actividades económicas de mayor crecimiento en el país en los últimos años, aportando voluminosas inversiones y creando empleo en la economía. Basta destacar que el sector de Transportes y Telecomunicaciones ha crecido a una tasa del 9,3% anual, que casi duplica la del PIB en el período 1995-2000, llegando así a ser responsable del 9,3% del producto chileno, en circunstancias que, en 1995, sólo aportaba el 7,5% de la actividad total. Expresó que el proyecto que se discute limitaría en forma severa y sin justificación el bienestar de la población, pues no ha sido posible demostrar que las emisiones de las antenas de telefonía móvil afecten la salud de las personas. No sólo en nuestro país ha existido esta preocupación, sino en el resto del mundo, donde estas redes existen desde mucho antes. Por ello, se ha realizado un sinnúmero de estudios y análisis, involucrando incluso a la Organización Mundial de la Salud, y no ha sido posible demostrar que exista peligro para las personas. No obstante, ante el desconocimiento de la ciencia médica y con el propósito de prevenir la salud de las personas, todos los países han dictado normas respecto de la potencia que las antenas de telefonía móvil pueden emitir y lo mismo ha hecho nuestro país. En efecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó, con fecha 5 de mayo de 2000, la resolución Nº 505, que fijó la norma técnica que establece los requisitos de seguridad aplicables a las instalaciones de servicios de telecomunicaciones que emitan ondas electromagnéticas, con el fin de velar por que todos los servicios de telecomunicaciones y sistemas radiantes, cualquiera que sea su naturaleza, sean instalados, operados y explotados de modo que no causen lesiones a las personas o daños a las cosas. Dicha resolución exige que las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil se instalen de manera tal que la densidad de potencia, medida en los puntos a los cuales tengan libre acceso las personas en general, sea inferior a 435 microwatts/cm2. Esta norma resulta ser más exigente que la que existe en países desarrollados, en especial respecto de la estadounidense, que limita a 900 microwatts/cm2 la densidad de potencia; es decir, permite dos veces más que la chilena. Además, se estableció un plazo para que las concesionarias de telefonía móvil remitan a la Subsecretaría de Telecomunicaciones un informe de medición respecto del total del parque instalado de antenas. Al establecer una normativa como la que se propone se limitaría el desarrollo del servicio de telefonía móvil, no sólo por el incremento de costos, que encarecería el servicio y reduciría su accesibilidad, sino por la imposibilidad en muchas ocasiones de proveer el servicio, pues, por razones distintas de la protección de la salud de las personas, que está adecuadamente resguardada por la resolución Nº 505, se impediría la instalación de un adecuado número de antenas. De esta forma quedarían sectores geográficos sin cobertura o con escasa capacidad, degradando el servicio requerido por el resto de la sociedad que vive o transita por esos sectores. Concluye, finalmente, que el proyecto de ley es altamente perjudicial para los actuales y futuros usuarios del servicio y compromete seriamente el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, en particular las referidas a los sistemas de acceso inalámbrico, móvil o fijo. Lo anterior, como consecuencia de someter a una ordenanza municipal el diseño de un sistema de acceso inalámbrico, en circunstancias de que la ubicación de los sistemas radiantes es una consecuencia directa de la localización y comportamiento de los usuarios del servicio y no representa en medida alguna la intención del operador del servicio, salvo la de proveer el servicio con la cobertura y calidad demandada por los usuarios. Asimismo, la ubicación relativa de los sistemas radiantes obedece a un patrón geométrico que, por tanto, no es factible de ser ajustado a una ordenanza municipal que no considere estas variables.-o-5. El presidente de la Asociación de Telefónicas Móviles (Atelmo), señor Guillermo Pickering, manifestó su preocupación por el proyecto de ley en estudio, por cuanto contiene manifiestas contradicciones con el marco constitucional vigente, al pretender operar con efecto retroactivo, afectando derechos adquiridos en virtud de autorizaciones otorgadas por la autoridad competente, esto es, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Además, es discriminatorio, por cuanto sólo se refiere a las antenas de la telefonía móvil, en circunstancias de que debiera referirse a todo tipo de antenas que generen ondas electromagnéticas, entre las cuales se encuentran las de televisión, de radio, o aquellas con fines militares, etcétera. Por otro lado, aborda materias que son propias de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, que en esta materia cuenta con un órgano legalmente investido de las facultades pertinentes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por otra parte, está el tema de otorgar facultades de aprobación a las municipalidades, situación que produce gran incertidumbre, ya que se diluye un requisito esencial para efectuar las inversiones que el desarrollo de la industria requiere, cual es contar con reglas del juego claras y estables para la instalación de las antenas y no el riesgo de tener más de 300 criterios diferentes. A ello se agrega la subjetividad propia de cada municipio, lo que puede generar negativas y demoras injustificadas, con el riesgo de terminar en un sinnúmero de conflictos judiciales. Por último, está el tema del debilitamiento de las facultades del organismo especializado que regula el sector, y que es el único que tiene competencia técnica para resguardar la salud de las personas frente a la infraestructura de telecomunicaciones. En mayo de 2000, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó la correspondiente norma técnica, la resolución Nº 505, que incorporó grandes exigencias para la industria de la telefonía móvil. Antes de un año de aplicación de esa normativa, se pretende cambiarla, sin esperar siquiera las mediciones de antenas que dicha regulación establece. Cabe recordar que la citada norma técnica se encuentra dentro de las más exigentes del mundo.-o-I. DISPOSICIONES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES. Sólo se encuentra en esta situación el número 2 del artículo 2º del proyecto.II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. El número 3 del artículo 2º del proyecto de ley contiene disposiciones de rango orgánico constitucional.III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS. Se suprimió el artículo 3º del proyecto, aprobado en el primer informe, que modificaba la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. *El diputado señor Krauss formuló una indicación para suprimir ese artículo. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. *El diputado señor Krauss formuló una indicación para suprimir el artículo transitorio aprobado en el primer informe. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Se deja constancia de que, con posterioridad, se aprobó una indicación sustitutiva de dicho artículo transitorio.IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS. La Comisión introdujo cambios en los artículos 1º, 2º y transitorio.Artículo 1º La Comisión hizo enmiendas en las disposiciones modificadas por los números 1 y 2 del artículo 1º del proyecto, referidos a los artículos 15 y 24 A, respectivamente, de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones:Número 1 *La diputada señora Caraball y los diputados señores René García, Juan Pablo Letelier y Felipe Letelier formularon una indicación para sustituir el número 1) aprobado en el primer informe por el siguiente:1) Intercálase, en el inciso primero del artículo 15, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “operación de la concesión”, la siguiente frase: “la ubicación específica de las antenas, su cercanía a sectores poblacionales y la existencia de otras antenas de iguales o similares características;”. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.Número 2 Por una indicación formulada por S.E. el Presidente de la República, se sustituyó el número 2) aprobado en el primer informe por el siguiente:2) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 24 A, el punto aparte (.) por una coma (,) y añádese la siguiente oración: “la que se otorgará sólo una vez que el interesado acredite ante la Subsecretaría el cumplimiento de las medidas de mitigación; de la normativa municipal, urbanística y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate, especialmente la contenida en los artículos 116 y siguientes y 142 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones”. Posteriormente, los diputados de la Comisión acordaron incorporar a la indicación del Ejecutivo lo aprobado mediante una indicación de origen parlamentario que posteriormente se rechazó, al objeto de explicitar en el precepto en debate cuáles son los artículos de la ley general de Urbanismo y Construcciones que se deben aplicar en este caso. Con tal motivo, sólo para dar mayor ordenamiento a la materia -y sin la intención de reemplazar la indicación del Ejecutivo, sino sólo de complementarla-, la diputada señora Caraball y los diputados señores Ceroni, René García, Juan Pablo Letelier, Montes, Salas, Vega y Venegas formularon una indicación, para agregar, en el inciso primero del artículo 24 A, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, previamente al otorgamiento de la autorización, el interesado deberá acreditar ante la Subsecretaría, mediante los certificados que correspondan, el cumplimiento de las medidas de mitigación; de la normativa municipal, urbanística y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate, especialmente la contenida en los artículos 116 y siguientes y 142 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones, y sus reglamentos, y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate.” -Puesta en votación la indicación del Ejecutivo y sus modificaciones, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.-o-Artículo 2º También fue objeto de enmiendas el artículo 2º del proyecto, referido a la ley general de Urbanismo y Construcciones, de la siguiente manera:Número 1 *La diputada señora Caraball y los diputados señores Juan Pablo Letelier y Venegas formularon una indicación para reemplazar el número 1 del artículo 2º por el siguiente: “1. Modifícase el artículo 116 en la forma siguiente:a) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente: “También se requerirá de permiso para la instalación de las antenas correspondientes a los servicios de telecomunicaciones”.b) Sustitúyese, en el inciso quinto, que pasa a ser sexto, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo transitorio Por último, el artículo transitorio del proyecto también fue objeto de modificación. *La diputada señora Caraball y los diputados señores Juan Pablo Letelier y Venegas formularon una indicación para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente: “Artículo transitorio.- Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán un plazo de tres años, a contar de la fecha de publicación de esta ley, para adecuar a las exigencias contenidas en ella las torres destinadas a soportar antenas que ya se encontraren instaladas en zonas exclusivamente residenciales. Tratándose de torres instaladas en el interior de establecimientos educacionales, el plazo será de un año, contado de la misma manera”. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. La Comisión introdujo nuevas disposiciones en los artículos 1º y 2º del proyecto de ley, y un artículo 4º, nuevo, que pasó a ser 3º.Artículo 1º *Respecto del artículo 7º, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en su inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente párrafo: “En especial, corresponderá a la Subsecretaría, en caso de otorgamiento o modificación de concesiones, permisos o licencias de servicios de telecomunicaciones, velar por su correcta instalación, operación y explotación. Para estos efectos, la Subsecretaría deberá dictar las normas técnicas e impartir las órdenes e instrucciones que estime pertinentes de modo de resguardar la salud de las personas, evitar daños en las cosas y promover las medidas de mitigación del impacto visual y paisajístico que correspondan. Será obligación de los titulares de servicios de telecomunicaciones dar cumplimiento a la normativa dictada de conformidad al presente artículo e informar en la forma, período y condiciones que establezca la Subsecretaría”. -Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. *Respecto del artículo 28 bis, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “En todo caso, tratándose de reclamos interpuestos en contra de instalaciones de telecomunicaciones, ellos deberán resolverse en el plazo máximo de sesenta días contados desde la interposición del reclamo respectivo”. -Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. *En relación con el artículo 36 bis, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir, en su inciso primero, la oración “El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 24 bis, 25 y 26, y sus reglamentos, será sancionado con multas no inferiores a 100 ni superiores a 10.000 unidades tributarias mensuales”, por las siguientes: “El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 24 bis, 25 y 26, y sus reglamentos, así como de la normativa, órdenes e instrucciones dictadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, será sancionado con multas no inferiores a 100 ni superiores a 10.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en infracciones de la normativa dictada de conformidad al artículo 7º, se podrá triplicar el máximo de la multa”. -Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo 2ºNúmero 3 *Los diputados señores Ceroni, Delmastro, Juan Pablo Letelier, Salas y Venegas formularon una indicación para agregar un número 3, nuevo, por el cual se incorpora un nuevo artículo 116 bis B en la ley general de Urbanismo y Construcciones:3. Agrégase el siguiente artículo 116 bis B, nuevo: “Artículo 116 bis B.- Una ordenanza municipal establecerá, a lo menos, la o las zonas o lugares específicos de la comuna donde se podrán instalar torres destinadas a soportar antenas para proveer servicios de telecomunicaciones y aquellos en los que dicha instalación estará prohibida, así como los criterios por seguir en uno y otro caso. Esa ordenanza deberá ser aprobada por los dos tercios del concejo municipal. Previamente al otorgamiento del permiso a que se refiere el artículo 116, el interesado en construir las instalaciones a que se refiere el inciso anterior deberá acreditar ante la Dirección de Obras Municipales lo siguiente:a) autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para su instalación, otorgada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones;b) el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil;c) el cumplimiento de la rasante; d) la estructura por instalar, ye) las medidas de mitigación destinadas a disminuir su impacto urbanístico y visual. Excepcionalmente, en zonas exclusivamente residenciales, las concesionarias de servicios de telecomunicaciones podrán solicitar a la municipalidad respectiva autorización para instalar torres destinadas a soportar antenas de servicios de telecomunicaciones. Dichas instalaciones deberán cumplir con una rasante de 70 grados y tener una altura no superior a 26 metros. Sólo se aceptará una torre monoposte u otra de menor impacto urbanístico por concesionario de servicio de telecomunicaciones, por kilómetro cuadrado. Será responsabilidad de la respectiva concesionaria ejecutar estas instalaciones con el menor impacto urbanístico y visual posible. La instalación de torres a que se refiere este inciso deberá contar con la autorización previa del consejo municipal, el que deberá otorgarla con el voto de los dos tercios de sus integrantes, previo informe técnico de la dirección de obras municipales. Las exigencias establecidas en el inciso anterior no se aplicarán a las torres que se efectúen en azoteas de edificios de cuatro pisos o más ni en zonas declaradas industriales por el plan regulador respectivo. Tampoco se aplicarán a las instalaciones de antenas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ni de las instituciones destinadas a resguardar la vida de las personas o la seguridad de las cosas. En ningún caso las antenas para proveer servicios de telecomunicaciones podrán ubicarse a menos de cien metros de establecimientos educacionales, contados desde su perímetro. Tampoco podrán instalarse en los bienes a que se refiere la ley Nº 17.288”. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo 4º (que pasó a ser 3º) *Los diputados señores Vilches y Ortiz formularon una indicación para incorporar, como artículo 4º permanente, el siguiente: “Artículo 4º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las presentaciones de solicitudes de permisos o concesiones de servicios de telecomunicaciones efectuadas a partir de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Vilches y Ortiz, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.Título del proyecto *Los diputados señores Ceroni, Delmastro, Juan Pablo Letelier, Salas, y Venegas formularon una indicación para reemplazar el título del proyecto por el siguiente: “Proyecto de ley que regula la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones”.VI. ARTÍCULOS QUE, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. La Comisión estimó que no hay normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.VII. INDICACIONES RECHAZADAS. La Comisión acordó rechazar las siguientes indicaciones:Artículo 1º (ley general de Telecomunicaciones)Al artículo 7º *Los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn formularon una indicación para agregar los siguientes incisos al artículo 7º: “Las personas naturales y jurídicas que tengan antecedentes que justifiquen haber sufrido, estar sufriendo o que puedan amenazar sufrir molestias graves o lesiones o daños en sus bienes como producto del funcionamiento de servicios de telecomunicaciones o de instalaciones que generen ondas electromagnéticas, podrán recurrir en cualquier momento y por una sola vez ante el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que disponga fundadamente la modificación o el cese del todo o parte de la concesión, para subsanar los problemas producidos, en caso de que así ocurriere. Igual derecho tendrán aquellas personas que sientan transgredidos los derechos establecidos en el inciso segundo del artículo 15. La presentación se efectuará ante el secretario regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones correspondiente a la región en donde resida el reclamante o estén ubicados los bienes. El ministro deberá resolver el reclamo en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de la solicitud, debiendo necesariamente escuchar la opinión de la empresa concesionaria respecto de la cual se reclama. La decisión del ministro será apelable para ante la respectiva Corte de Apelaciones, la que conocerá del recurso en cuenta. El ministro remitirá los antecedentes a la Corte dentro de los diez días siguientes a la fecha de su interposición”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Al artículo 15 *El diputado señor Vilches formuló una indicación para sustituir, en el primer párrafo del inciso segundo que se incorpora, la coma (,) que figura en seguida de la palabra “antena”, por la conjunción copulativa “y”, y para suprimir la expresión “y la existencia de otras antenas de igual o similares características”. -Puesta en votación la indicación del diputado señor Vilches, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *Los diputados señores Vilches y Ortiz formularon una indicación para suprimir el segundo párrafo del inciso segundo que se incorpora mediante el número 1) aprobado en el primer informe. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Vilches y Ortiz, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *El diputado señor Krauss formuló una indicación para reemplazar el número 1) aprobado en el primer informe por el siguiente: “1. Incorpórase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente: “En el caso de proyectos técnicos sobre la instalación de antenas de servicio público de telefonía móvil, entre los antecedentes a que se refiere el artículo anterior deberán incluirse los relativos a la ubicación específica de la antena, su cercanía a sectores poblacionales, la existencia de otras antenas de igual o similares características en el sector inmediato, la densidad de potencia de propagación de la onda y las medidas de seguridad que se adoptarán para proteger a las personas”. -Puesta en votación la indicación del diputado señor Krauss, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *Los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn formularon una indicación para reemplazar el número 1) por el siguiente:“1. Modifícase el artículo 15 de la siguiente manera:a) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, respectivamente: En el caso de instalación de antenas o equipos de generación de ondas electromagnéticas en el radio urbano, dichas instalaciones no podrán estar ubicadas en establecimientos educacionales, de culto, de salud o comunitarios. Tratándose de inmuebles particulares ubicados en una franja circundante de 50 metros en torno al equipamiento o antena, se requerirá el acuerdo unánime de sus propietarios, el que deberá constar por escritura pública. La solicitud de concesión o modificación deberá señalar expresamente, cuando se requiera instalar antenas en radios urbanos, las distancias respecto de los inmuebles vecinos, y acompañar las autorizaciones otorgadas por los propietarios respectivos. Asimismo, ese emplazamiento de antenas y equipos deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.6.4 del decreto Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.b) Sustitúyese, en el actual inciso cuarto, que pasa a ser sexto, el guarismo “10” por “30”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Ibánez, Víctor Pérez y Dittborn, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *Los diputados señores Vilches y Ortiz formularon una indicación para reemplazar el segundo párrafo del inciso segundo que se incorporó mediante el número 1) por el siguiente: “Toda oposición que tenga por finalidad cuestionar el proyecto técnico, así como las antenas y otros equipos técnicos destinados a su operación, se someterá al procedimiento que establece el inciso quinto del presente artículo. En caso de que la objeción formulada afectare sólo a una parte del proyecto técnico involucrado, el Ministerio deberá otorgar la concesión o modificación respecto de la parte no impugnada. Sólo deberá otorgarse concesión o modificación respecto de la parte impugnada del proyecto técnico, sus antenas o equipos, una vez que se encuentre ejecutoriada la resolución que hubiere rechazado la oposición deducida”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Vilches y Ortiz, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *El diputado señor Mora formuló una indicación para agregar el siguiente inciso, a continuación del inciso segundo que se añade al artículo 15: “Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará también a la instalación de antenas o equipamientos que generen ondas electromagnéticas o radiación, como las torres portadoras de cables de alta tensión y otras similares”. -Puesta en votación la indicación del diputado señor Mora, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *La diputada señora Caraball y los diputados señores Ceroni, Juan Pablo Letelier y Felipe Letelier formularon una indicación para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 15: “No podrán instalarse antenas de telefonía móvil en el interior de establecimientos educacionales ni dentro del radio de cien metros contado desde su perímetro”. -Puesta en votación la indicación de los diputada señora Caraball y de los diputados señores Ceroni, Juan Pablo Letelier y Felipe Letelier, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, en el inciso primero del artículo 15, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “operación de la concesión”, la siguiente frase: “la ubicación específica de las antenas,”. -Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Al artículo 16 *Los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn presentaron una indicación para sustituir, en el inciso primero, la expresión “inciso segundo” por “inciso cuarto”. -Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Al artículo 23 *Los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn presentaron una indicación para intercalar el siguiente número, nuevo: “... Agregar el siguiente número 5, nuevo, al artículo 23: “Muerte o lesiones a personas o daños a bienes debido al mal funcionamiento o uso inadecuado de equipos e instalaciones técnicas que sirven al ejercicio de la concesión o por incumplimiento reiterado y grave de las normas de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, cuando la salud o seguridad pública esté comprobadamente amenazada por los equipos, instalaciones u operaciones de éstos”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Ibáñez, Víctor Pérez y Dittborn, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Al artículo 24 A Mediante el número 2, la Comisión le agregó un inciso final al artículo 24 A. *El diputado señor Krauss formuló una indicación para suprimir el número 2. -Puesta en votación la indicación del diputado señor Krauss, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *Los diputados señores Ceroni, René García, Juan Pablo Letelier y Felipe Letelier formularon una indicación para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 24 A, el punto aparte (.) por una coma (,) y añadir la siguiente oración: “la que se otorgará sólo una vez que el interesado acredite ante la Subsecretaría el cumplimiento de las medidas de mitigación; de la normativa municipal, urbanística y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate, especialmente la contenida en los artículos 116 y siguientes y 142 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones”. Con posterioridad, el Ejecutivo presentó una indicación sobre la materia, en mérito de lo cual los diputados de la Comisión propusieron rechazar esta indicación e incorporar sus normas a la formulada por el Ejecutivo. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Ceroni, René García, Juan Pablo Letelier y Felipe Letelier, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *Los diputados señores Vilches y Ortiz formularon una indicación para suprimir, en el inciso final que se agregó al artículo 24 A, en el primer informe, lo siguiente: “En ningún caso podrá conceder esta autorización cuando la Dirección de Obras Municipales hubiere denegado el permiso a que se refiere el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Vilches y Ortiz, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Al artículo 28 bis *La diputada señora Caraball y los diputados señores Ceroni, Delmastro, René García, Jiménez, Juan Pablo Letelier, Felipe Letelier y Venegas formularon una indicación para agregar, en el artículo 28 bis, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente: “En todo caso, tratándose de reclamos interpuestos por personas naturales en contra de instalaciones de telecomunicaciones, éstos deberán resolverse en el plazo máximo de sesenta días contados desde la interposición del reclamo respectivo”. Respecto de esta materia, el Ejecutivo presentó una indicación similar a la formulada por los diputados patrocinantes. Por tal motivo, se propuso rechazarla, para asegurar su constitucionalidad, pues le fija plazo a un servicio público, y por la restricción del sujeto activo, por cuanto lo limita a las personas naturales, mientras que el precepto propuesto por el Ejecutivo lo amplía. -Puesta en votación la indicación de la diputada señora Caraball y de los diputados señores Ceroni, Delmastro, René García, Jiménez, Juan Pablo Letelier, Felipe Letelier y Venegas, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo 2º *Los diputados señores Vilches y Ortiz formularon una indicación para suprimir la letra a) del número 1 del artículo 2º. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Vilches y Ortiz, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes. *La diputada señora Soto y los diputados señores Reyes, Jiménez, Lorenzini, Pareto, Kuschel, Leay y Naranjo formularon una indicación para reemplazar, en el inciso segundo que se incorpora, el punto seguido que sigue a la palabra “móvil”, por una coma (,), y agregar, a continuación, lo siguiente: “el que no podrá extenderse sin la opinión formal de la junta de vecinos correspondiente a la jurisdicción donde se pretenda instalarlas”. -Puesta en votación la indicación de la diputada señora Soto y de los diputados señores Reyes, Jiménez, Lorenzini, Pareto, Kuschel, Leay y Naranjo, fue rechazada por dos votos a favor y seis votos en contra. *Los diputados señores Hales y Bustos formularon una indicación para agregar, en el inciso segundo que se incorpora mediante la letra a) del número 1, el siguiente párrafo final: “Esta ordenanza deberá ser concordante con las disposiciones que sobre esta materia determina la Ordenanza General de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a las normas sobre distanciamientos y ángulos de rasantes exigidos para antenas y otras instalaciones de telecomunicaciones. A falta de la ordenanza especial o en tanto ésta sea aprobada por el concejo municipal, las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil se considerarán como fachadas sin vano, aplicándose a su respecto las normas de la Ordenanza General de la ley general de Urbanismo y Construcciones sobre esta materia, siendo responsabilidad de la respectiva Dirección de Obras Municipales velar por su cabal cumplimiento”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Hales y Bustos, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo 3º *Los diputados señores Mora y Rincón formularon una indicación para suprimir el artículo 3º. -Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.Artículo 2º transitorio *Los diputados señores Ulloa y Van Rysselberghe formularon una indicación para agregar el siguiente artículo 2º transitorio, nuevo, pasando el actual a ser 1º: “Las municipalidades del país estarán obligadas a contar con una ordenanza que regule con mayor precisión esta materia, la que deberá ser publicada ciento veinte días después de publicada la presente ley”. -Puesta en votación la indicación de los diputados señores Ulloa y Van Rysselberghe, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes.-o-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:1. El número 2 del artículo 2º no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.2. El número 3 del artículo 2º del proyecto contiene normas de rango orgánico constitucional.3. El artículo 3º fue suprimido.4. Fueron objeto de modificaciones: -Las disposiciones referidas a los artículos 15 y 24 A de la ley general de Telecomunicaciones, contenidas en el artículo 1º del proyecto; -el número 1 del artículo 2º; -el artículo transitorio y -el título del proyecto.5. Las siguientes disposiciones fueron introducidas en el texto del proyecto despachado en primer informe: -Números 1, 4 y 5 del artículo 1º del proyecto, referidos a los artículos 7º, 28 bis y 36 bis de la ley general de Telecomunicaciones. -Número 3 del artículo 2º del proyecto de ley, referido al nuevo artículo 116 bis B que se introduce en la ley general de Urbanismo y Construcciones, yArtículo 3º6. No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.-o- En conformidad con las constancias anotadas y las consideraciones expuestas, a las que podrán añadirse las que, en su oportunidad, formule el señor diputado informante, vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones os recomienda la aprobación del siguientePROYECTO DE LEY “Regula la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones. Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.168:1. Agrégase, en el inciso primero del artículo 7º, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente párrafo: “En especial, corresponderá a la Subsecretaría, en caso de otorgamiento o modificación de concesiones, permisos o licencias de servicios de telecomunicaciones, velar por su correcta instalación, operación y explotación. Para estos efectos, la Subsecretaría deberá dictar las normas técnicas e impartir las órdenes e instrucciones que estime pertinentes de modo de resguardar la salud de las personas, evitar daños en las cosas y promover las medidas de mitigación del impacto visual y paisajístico que correspondan. Será obligación de los titulares de servicios de telecomunicaciones dar cumplimiento a la normativa dictada de conformidad al presente artículo e informar en la forma, período y condiciones que establezca la Subsecretaría”.2. Intercálase, en el inciso primero del artículo 15, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “operación de la concesión”, la siguiente frase: “la ubicación específica de las antenas, su cercanía a sectores poblacionales y la existencia de otras antenas de iguales o similares características;”.3. Agrégase, en el inciso primero del artículo 24 A, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, previamente al otorgamiento de la autorización, el interesado deberá acreditar ante la Subsecretaría, mediante los certificados que correspondan, el cumplimiento de las medidas de mitigación; de la normativa municipal, urbanística y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate, especialmente la contenida en los artículos 116 y siguientes y 142 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones, y sus reglamentos, y de cualquiera otra que le sea aplicable a la obra o instalación de que se trate”.4. Agrégase, en el artículo 28 bis, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “En todo caso, tratándose de reclamos interpuestos en contra de instalaciones de telecomunicaciones, ellos deberán resolverse en el plazo máximo de sesenta días contados desde la interposición del reclamo respectivo”.5. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 36 bis, la oración “El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 24 bis, 25 y 26, y sus reglamentos, será sancionado con multas no inferiores a 100 ni superiores a 10.000 unidades tributarias mensuales”, por las siguientes: “El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 24 bis, 25 y 26, y sus reglamentos, así como de la normativa, órdenes e instrucciones dictadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º, será sancionado con multas no inferiores a 100 ni superiores a 10.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en infracciones de la normativa dictada de conformidad al artículo 7º, se podrá triplicar el máximo de la multa”. Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley general de Urbanismo y Construcciones:“1. Modifícase el artículo 116 en la forma siguiente:a) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente: “También se requerirá de permiso para la instalación de las antenas correspondientes a los servicios de telecomunicaciones”.b) Sustitúyese, en el inciso quinto, que pasa a ser sexto, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.2. Sustitúyese, en los incisos primero y segundo del artículo 116 bis A, la expresión “inciso segundo” por “inciso tercero”.3. Agrégase el siguiente artículo 116 bis B, nuevo: “Artículo 116 bis B.- Una ordenanza municipal establecerá, a lo menos, la o las zonas o lugares específicos de la comuna donde se podrán instalar torres destinadas a soportar antenas para proveer servicios de telecomunicaciones y aquellos en los que dicha instalación estará prohibida, así como los criterios por seguir en uno y otro caso. Esa ordenanza deberá ser aprobada por los dos tercios del concejo municipal. Previamente al otorgamiento del permiso a que se refiere el artículo 116, el interesado en construir las instalaciones a que se refiere el inciso anterior deberá acreditar ante la Dirección de Obras Municipales lo siguiente:a) autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para su instalación, otorgada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones;b) el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil;c) el cumplimiento de la rasante; d) la estructura por instalar, ye) las medidas de mitigación destinadas a disminuir su impacto urbanístico y visual. Excepcionalmente, en zonas exclusivamente residenciales, las concesionarias de servicios de telecomunicaciones podrán solicitar a la municipalidad respectiva autorización para instalar torres destinadas a soportar antenas de servicios de telecomunicaciones. Dichas instalaciones deberán cumplir con una rasante de 70 grados y tener una altura no superior a 26 metros. Sólo se aceptará una torre monoposte u otra de menor impacto urbanístico por concesionario de servicio de telecomunicaciones, por kilómetro cuadrado. Será responsabilidad de la respectiva concesionaria ejecutar estas instalaciones con el menor impacto urbanístico y visual posible. La instalación de torres a que se refiere este inciso deberá contar con la autorización previa del concejo municipal, el que deberá otorgarla con el voto de los dos tercios de sus integrantes, previo informe técnico de la dirección de obras municipales. Las exigencias establecidas en el inciso anterior no se aplicarán a las torres que se efectúen en azoteas de edificios de cuatro pisos o más ni en zonas declaradas industriales por el plan regulador respectivo. Tampoco se aplicarán a las instalaciones de antenas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ni de las instituciones destinadas a resguardar la vida de las personas o la seguridad de las cosas. En ningún caso las antenas para proveer servicios de telecomunicaciones podrán ubicarse a menos de cien metros de establecimientos educacionales, contados desde su perímetro. Tampoco podrán instalarse en los bienes a que se refiere la ley Nº 17.288”. Artículo 3º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las presentaciones de solicitudes de permisos o concesiones de servicios de telecomunicaciones efectuadas a partir de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Artículo transitorio.- Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán un plazo de tres años, a contar de la fecha de publicación de esta ley, para adecuar a las exigencias contenidas en ella las torres destinadas a soportar antenas que ya se encontraren instaladas en zonas exclusivamente residenciales. Tratándose de torres instaladas en el interior de establecimientos educacionales, el plazo será de un año, contado de la misma manera”. Se designó diputado informante al honorable señor Juan Pablo Letelier Morel. Sala de la Comisión, a 31 de julio de 2001. Tratado y acordado, conforme se consigna en las actas de las sesiones de fechas 8 de enero, 20 de marzo, 10 y 17 de abril, 8, 14 y 15 de mayo; 5 y 12 de junio, y 17 y 31 de julio de 2001, con la asistencia de los honorables diputados señores Letelier Morel, don Juan Pablo (Presidente); Caraball Martínez, doña Eliana; Ceroni Fuentes, don Guillermo; Delmastro Naso, don Roberto; García García, don René Manuel; Hernández Saffirio, don Miguel; Letelier Norambuena, don Felipe; Pareto González, don Luis; Salas De la Fuente, don Edmundo; Van Rysselberghe Varela, don Enrique; Vega Vera, don Osvaldo, y Venegas Rubio, don Samuel. (Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA, Secretario de la Comisión”.3. Informe Complementario de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas. (boletín Nº 2735-05)“Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda pasa a emitir este informe complementario del proyecto de ley mencionado en el epígrafe que fue informado por esta Comisión, con fecha 6 de julio de 2001, en cumplimiento de lo acordado por la honorable Cámara de Diputados, en sesión de 11 de julio pasado.CONSTANCIAS1. Trámite especial. Esta Comisión sometió a discusión y votación en particular el proyecto, dejando sin efecto la votación particular que consta en el informe primitivo, en consideración a la presentación de indicaciones y a las opiniones y antecedentes entregados por los invitados señores Alfonso Muga, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas; Francisco del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Juan Carlos Scapini, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Claudio Ortiz, Francisco Argüello y Cristián García-Huidobro, gerente general, gerente de Sucursales y asesor Jurídico de la Cámara de Comercio de Santiago, respectivamente, y la señora Pilar Armanet, jefa del Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación.2. Disposiciones aprobadas por unanimidad. Ninguna.3. Disposiciones rechazadas. El número 1 del artículo único. En el debate de la Comisión intervino el señor Claudio Ortiz, quien señaló que entiende como objetivo de la iniciativa favorecer a las personas naturales que han incurrido en incumplimientos comerciales producto de problemas relacionados con la crítica situación económica que ha enfrentado el país y, por tanto, esta normativa sería de carácter transitorio. Sin embargo, puntualizó que su redacción favorece especialmente a quienes tuvieron incumplimientos comerciales en un período de auge de la economía nacional, en el cual existía una situación de pleno empleo. Aún más, lleva a la contradicción de que las personas que se esforzaron y aclararon sus deudas se mantienen por un año y, quienes nunca pagaron (entre 3 y 7 años), se borran automáticamente, con lo cual estos últimos resultan más beneficiados que los primeros. Planteó como alternativa que se acogieran las ideas siguientes para conciliar el texto propuesto con los objetivos de la iniciativa:a) En lugar de que exista un histórico de 1 año, limitar a cero la comunicación de incumplimientos que hayan sido pagados o se hubiesen extinguido por otras causas legales.b) Piensa que 3 años es poco tiempo para aquellas personas que nunca han pagado sus obligaciones y dado que, por esta iniciativa, serán beneficiadas tanto las personas que registran antecedentes por situaciones puntuales como quienes tienen una conducta fraudulenta, sugiere que el plazo sea de 5 años en estos casos.c) Cree conveniente considerar como condiciones necesarias para acceder a los beneficios de la moción, las siguientes: que las anotaciones hayan estado vigentes a la fecha de presentación de esta iniciativa; que la sumatoria de los incumplimientos vigentes no debe exceder las 120 UF por persona, y que las anotaciones comprendidas por esta iniciativa, tengan una antigüedad no mayor a 36 meses. Respecto a la indicación que incorpora los créditos universitarios, afirmó que se debilitarán las bases del sistema de financiamiento de la educación superior, al carecer las universidades de una herramienta efectiva de recuperación de sus créditos. Finalmente, informó que para perfeccionar el sistema, la Cámara de Comercio de Santiago está realizando una serie de iniciativas de autorregulación, como son:a) El desarrollo del servicio “Tarjeta Amarilla Boletín”, a través del cual, las personas, naturales y jurídicas, pueden verificar semanalmente -vía Internet, en forma gratuita y confidencial- la información personal que será publicada en el boletín de informaciones comerciales. De esta forma, este nuevo servicio ayuda a prevenir la publicación de protestos o morosidades, pudiéndose tomar las medidas necesarias para evitarla a tiempo.b) El funcionamiento de un sistema de calificación de la conducta comercial, que permita aumentar y matizar los criterios de evaluación de los antecedentes comerciales de las personas. Actualmente, a pesar de que la información del boletín de información comercial reflejada, principalmente, en el “certificado oficial de antecedentes comerciales”, contiene una descripción detallada de las anotaciones, existe en el mercado, especialmente en los procesos de selección de personal, una simplificación en la evaluación de los antecedentes al interpretar los datos como “blanco o negro”. Es decir, se tiene o no anotaciones en el Boletín, sin considerar factores como la cantidad de documentos, el monto de los mismos, el tipo de documentos, la antigüedad, la cantidad de acreedores, etcétera. Agrega que este trabajo se está desarrollando con el apoyo de la P.U.C.c) Sugiere que el Ministerio del Trabajo debiera incorporar en el “certificado oficial de antecedentes comerciales”, la información que dé cuenta de los períodos de cesantía de las personas, a petición del interesado. De esta manera, se podría demostrar que las anotaciones pueden haber sido producto de la pérdida del trabajo. El diputado Montes, don Carlos, argumentó que en Chile no existe un sistema apropiado de calificación de riesgos, como el de Estados Unidos que pondera varias variable para hacer tal calificación. Cree que se debe avanzar en esta materia. Preguntó si al reprogramar una deuda se sigue en Dicom. El señor García-Huidobro explicó que se debe distinguir si con un nuevo crédito se cancela el anterior, se produce un pago por novación y la deuda primitiva se extingue, pero, si la reprogramación se hace mediante una prórroga, se elimina la información de la cuota morosa, en tanto el interesado acredite que su acreedor le concedió un nuevo plazo para el pago. El señor Ortiz afirmó que si se desea avanzar en el desarrollo del sistema de calificación de riesgos, la información es indispensable. El diputado Montes, don Carlos, explicó que se debe distinguir entre el almacenamiento de la información, que es indispensable para perfeccionar el sistema de calificación de riesgos y la entrega de tal información a terceros. Añadió que en el sistema norteamericano tal información permite ponderar un factor de riesgo que es entregado a quien lo solicite. El diputado García, don José, consulta cuál es la experiencia de la Cámara respecto a la deuda universitaria. El señor Ortiz contestó que la información de los créditos universitarios morosos se entrega por las universidades directamente a Dicom a través de Sicom, pero esta información forma parte del boletín de información comercial una vez que las letras o pagarés han sido protestados. El diputado García, don José, manifestó que ello es injusto, porque aun cuando no se proteste el documento que respalda la deuda, a esta información negativa de la persona también acceden otras entidades, lo que constituye un obstáculo para acceder a fuentes laborales. El diputado Dittborn, don Julio, opinó que una alternativa para no perjudicar a los deudores de créditos universitarios sería contemplar la incorporación al boletín de información comercial de las deudas que superen un determinado monto. El señor Claudio Ortiz concluyó que si la intención de la moción en estudio es ayudar a la reinserción laboral sería útil establecer una medida transitoria, pero si se pretende el acceso a nuevos créditos, no va a tener efecto real, pues no se puede obligar a las empresas o bancos a borrar los archivos que dan cuenta del comportamiento comercial de sus clientes. El señor Alfonso Muga expuso que la indicación sobre deudas por créditos universitarios genera consecuencias serias sobre la recuperación de los fondos destinados al crédito universitario. Explicó que dicho fondo se financia mediante tres fuentes: a) el Estado, mediante la ley de Presupuestos; b) la recuperación de las carteras del crédito universitario, y c) recursos de las propias universidades. Agregó que, de cada $ 100 provenientes del Estado para financiar el fondo solidario que administra la Universidad Católica de Valparaíso, $ 85 son recuperados. Señaló que en promedio la tasa de recuperación de las deudas de crédito universitario alcanza a 40% ó 50%. Sostuvo, además, que esta iniciativa afectará la recuperación de los créditos universitarios, debilitando una de las pocas herramientas de cobranza que poseen y que, entre otras, consiste en la publicación de las nóminas de los morosos a través de Sicom. Consideró que las herramientas utilizadas para la cobranza son “suaves”, pues no es habitual el protesto de letras y pagarés. Manifestó que quien paga es retirado inmediatamente de los registros de morosos que manejan las universidades. Informó que la leyes Nºs 18.053 y 19.287 otorgaron la posibilidad a los deudores de créditos universitarios de acordar las cuotas a pagar, abonando 5% de sus ingresos o, quedando exentos de pago, en caso de no haber percibido ingresos o de haber sido éstos inferiores a $ 200.000.- Concluyó, que cualquiera modificación a la legislación que regula la información de los registros comerciales, generará un incentivo al no pago que tendrá impacto fiscal, pues la cantidad de recursos asignados a las universidades mediante la ley de Presupuestos tendría que aumentar. El diputado Álvarez, don Rodrigo, consideró que al eliminarse las herramientas “suaves”, se obligará a utilizar medidas más drásticas para lograr el pago. El diputado Tuma, don Eugenio, acotó que, aun cuando no se protesten las letras y pagarés, la nómina del Sicom se filtra, lo que termina por “cerrar las puertas” a quienes pretenden reinsertarse laboralmente. El diputado Dittborn, don Julio, opinó que se debe ser cuidadoso frente a este tipo de iniciativas, pues las buenas intenciones pueden acarrear grandes problemas. Postuló que esta medida significará mayor morosidad, lo que implicará distintas consecuencias dependiendo si se trata de una universidad pública o privada. Agregó que al no disponer estas últimas de aporte fiscal, implicará el rechazo de postulantes o la exigencia de mayores garantías económicas en el proceso de admisión. El señor Alfonso Muga reiteró las fuentes de financiamiento del fondo solidario y aseveró que la tasa de 45% referida es sobre el recupero, sin que incluya a quienes no pagan producto de su cesantía. Explicó que durante los años de estudio la deuda se acumula, y luego de transcurridos dos años, desde el egreso del deudor, se hace exigible. Señaló que lo pagado no es una cuota de la deuda, sino que una cuota correspondiente al 5% de los ingresos del deudor y que el saldo insoluto prescribe, por regla general, a los 12 años. Agregó que la única obligación del deudor es concurrir a la oficina de la universidad y exhibir su liquidación, o acreditar su cesantía. El señor Francisco del Río sostuvo que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social está de acuerdo con esta iniciativa, por cuanto existe una especie de discriminación respecto a las personas que buscan trabajo y que tienen antecedentes comerciales negativos, sin considerar que muchos han dejado de cumplir sus obligaciones producto de la crisis económica que ha vivido el país. Precisó que la Cámara de Comercio es la única autorizada para administrar el sistema de informaciones comerciales. Sin embargo, esta información la compran algunas empresas que administran datos de terceros, como Dicom. Informó que la Dirección del Trabajo tiene un convenio con el boletín de información comercial para publicar las morosidades por deudas previsionales, en que se mantienen sólo las deudas previsionales vigentes, por lo que el deudor que cancela sale de este boletín sin tener que incurrir en gastos. El señor Juan Carlos Scapini explicó que el manejo de la información del boletín de información comercial permite que funcione el sistema financiero, al permitir valorar los riesgos de sus deudores. Manifestó, sin embargo, su acuerdo con la iniciativa, ya que al favorecer solamente a personas naturales logrará la deseada reinserción laboral. La señora Pilar Armanet hizo presente que, si bien comparte los objetivos de la moción en estudio, es necesario tener presente la situación especial de los créditos universitarios. Destacó que dichos créditos se otorgan mediante la celebración de un convenio entre cada universidad y el alumno de que se trata. La tasa de interés es de sólo 2% anual, el plazo de pago es de 15 años y, además, cada cuota no puede superar el 5% de los ingresos del deudor. Planteó que si un deudor acredita que está sufriendo una situación de desempleo, se le libera de la obligación de pagar el préstamo. Informó que, actualmente, la tasa media de recuperación de los créditos universitarios es de 46%; no obstante lo cual, algunas instituciones presentan tasas menores, cercanas al 16% y otras, mayores, con tasas de 70%. En consideración a lo anterior, estimó que una señal en el sentido de flexibilizar más las normas de pago de esta clase de créditos podría ser muy perniciosa, rompiendo el precario equilibrio de recuperación del sistema. Agregó que si bajara la tasa media de recuperación de los créditos, se verían gravemente afectados los futuros estudiantes universitarios que soliciten préstamos, ya que no se contaría con recursos necesarios para otorgarlos. A su juicio, es posible perfeccionar el sistema de contingencia del ingreso, a objeto de que los deudores no entren en mora. Hizo notar que algunas universidades han manifestado que si los préstamos resultan difíciles de cobrar, optarán por no seguir otorgándolos. Finalmente, indicó que, entre los años 1990 y 2001, se pasó de un universo de alumnos acogidos a crédito universitario de 220 mil personas a uno de 430 mil personas. En razón de ello, enfatizó que es muy importante seguir manteniendo una tasa de recuperación de créditos que sea adecuada. El diputado García, don José, planteó que, en la práctica, quienes han perdido su fuente laboral y no han informado de su situación a la universidad, aparecen en mora. El diputado Álvarez, don Rodrigo, preguntó cuántos deudores de aquéllos que no pagan acreditan su contingencia. La señora Armanet respondió que no conoce la información, pues cada universidad administra sus créditos. Agregó que se desconoce qué porcentaje de quienes no pagan lo hacen por oportunismo, por no contar con un ingreso o por ineficacia del sistema. El diputado Álvarez, don Rodrigo, consultó si las universidades protestan los instrumentos dados en garantía. La señora Armanet dijo que las universidades prefieren mantener una relación cordial con sus ex alumnos, por lo que optan por publicar la mora de cada cuota, sin emplear la cláusula de aceleración. En relación con la votación particular de la iniciativa, se tuvo en consideración la indicación sustitutiva siguiente: “Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.1. Reemplázase en el inciso 1º del Artículo 18, el guarismo “siete” por “cinco”.2. Reemplázase el inciso 2º del Artículo 18 por el siguiente: “No se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o de haberse extinguido por otro modo legal.”.3. Agréguese el siguiente artículo 4º transitorio: “Las entidades que administren datos de terceros, no podrán comunicar los datos e información a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, de personas naturales, que no hubieren pagado sus obligaciones cuando haya transcurrido al menos 3 años desde que éstas se hicieron exigibles. Esta prohibición regirá respecto de las personas que, al 20 de junio de 2001, tengan anotaciones de incumplimientos comerciales vigentes y, siempre y cuando el monto total de sus anotaciones, no supere un valor de 120 unidades de fomento. Para el cálculo de este monto se considerará el valor nominal del capital, excluido intereses y reajustes y otros costos anexos que las obligaciones tenían al momentos de hacerse exigibles. Tampoco podrán informarse las deudas derivadas del crédito universitario u otro sistema de financiamiento de estudios de educación superior de pregrado, cualquiera sea su monto, que se hayan hecho exigibles con anterioridad al 20 de junio de 2001.”. La indicación antes transcrita fue objeto de observaciones de los miembros de la Comisión en orden a recoger, básicamente, el carácter transitorio de su propuesta para hacer posible la reinserción laboral de personas que hayan tenido anotaciones por incumplimientos comerciales vigentes y dar una solución más permanente, mediante otra iniciativa legal, a las debilidades del sistema que registra los incumplimientos comerciales en el país, luego de contar con aportes al debate de las entidades más directamente involucradas. También fue objeto de modificaciones de técnica legislativa las que se consignan en el texto del proyecto de ley propuesto más adelante. Sometido a votación el numeral 1.- de la indicación precedente, se rechazó por 4 votos a favor y 5 votos en contra. Sometido a votación el numeral 2.- de la indicación precedente, que pasa a ser numeral 1.-, se aprobó por 5 votos a favor y 4 votos en contra. Los diputados señores Alvarado, Dittborn y Tuma, presentaron una indicación para agregar un número 3 al artículo único de la indicación sustitutiva, que pasa a ser número 2, por la que se agrega el siguiente nuevo inciso al artículo 18, después del inciso segundo, pasando el último a ser inciso cuarto: “No se podrá publicar la morosidad de obligaciones comerciales antes de un plazo de 30 días contado desde la fecha de vencimiento de la obligación.”. Sometida a votación la indicación precedente, se aprobó por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Solicitada votación separada del último inciso del artículo 4º transitorio incorporado por el numeral 3, se someten a votación los inciso primero y segundo, siendo aprobados por 9 votos a favor y 1 voto en contra. Los diputados señores Álvarez, Dittborn, García, don José, y Ortiz, don José Miguel, formularon una indicación para reemplazar el inciso tercero del artículo 4º transitorio, por el siguiente, de modo que las deudas del crédito universitario y otros sistemas de financiamiento similares mantengan el actual sistema. “Esta disposición no se aplicará a las deudas derivadas del crédito universitario o de otro sistema de financiamiento de estudios de la educación superior.”. Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 6 votos a favor y 3 votos en contra.CONCLUSIÓN En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY “Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.1. Reemplázase el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente: “No se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o de haberse extinguido por otro modo legal.”.2. Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 18, pasando el inciso tercero a ser inciso cuarto: “No se podrá publicar la morosidad de obligaciones comerciales antes de un plazo de 30 días contado desde la fecha de vencimiento de la obligación.”.3. Agrégase el siguiente artículo 4º transitorio: “Artículo 4º.- Las entidades que administren datos de terceros, no podrán comunicar los datos e información a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, de las personas naturales que cumplan con los requisitos siguientes: a) que no hubieren pagado sus obligaciones transcurridos al menos 3 años desde que éstas se hicieron exigibles; b) que, al 20 de junio de 2001, tengan anotaciones de incumplimientos comerciales vigentes, y c) que el monto total de sus anotaciones no supere un valor de 120 unidades de fomento. Para el cálculo de dicho monto se considerará el valor nominal del capital, excluidos intereses y reajustes y otros costos anexos que las obligaciones tuvieren al momentos de hacerse exigibles. Esta disposición no se aplicará a las deudas derivadas del crédito universitario o de otro sistema de financiamiento de estudios de la educación superior.”. Sala de la Comisión, a 1 de agosto de 2001. Acordado en sesiones de fechas 17, 18 y 31 de julio de 2001, con la asistencia de los diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés, y Silva, don Exequiel (Núñez, don Juan). Se designó diputado informante al señor Tuma, don Eugenio. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.4. Oficio de la Corte Suprema. “Oficio Nº 001538 Ant.: AD-17.429. Santiago, 24 de julio de 2001. Se ha remitido a este Tribunal por el presidente de la Comisión de Hacienda, en cumplimiento a los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, copia del informe de esa Comisión recaído en una indicación del Ejecutivo al proyecto de ley sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (boletín Nº 2429-05), que incorpora en el Capítulo V diversos artículos por los cuales se crea el Tribunal de Constatación Pública, integrado, entre otros, por un ministro de la I. Corte de Apelaciones de Santiago; se establece su organización y procedimientos, y se conceden recursos procesales en contra de los actos ilegales o arbitrarios cometidos por los organismos públicos regidos por el proyecto y de las sentencias que dicte el mencionado Tribunal. Impuesto el Tribunal Pleno en sesión del día 20 de julio en curso, bajo la presidencia de su titular señor Álvarez García y con la asistencia de los ministros señores Garrido, Libedinsky, Benquis, Tapia, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Álvarez Hernández, Marín, Yurac, Espejo, Medina y Kokisch, acordó informar lo siguiente: El proyecto de ley regula los contratos que celebre la administración de Estado a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones. El aludido Capítulo V crea el Tribunal de Contratación Pública. El artículo 23 señala que tendrá su asiento en Santiago y estará integrado por tres miembros titulares: un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo presidirá; un integrante designado por el ministro de Hacienda y otro por el Presidente de la República, propuesto en quina por la organización de comercio de mayor representatividad; además, habrá suplentes para reemplazarlos en caso de impedimento. El artículo 2 agrega que la Dirección de Compras actuará como Secretaría Técnica. El director designará a un funcionario para realizar tal labor, el que actuará como Secretario del Tribunal. El Tribunal dictará un auto acordado relativo a su funcionamiento y termina indicando que los integrantes desempeñarán sus funciones ad honórem y permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de 2 años, los que pueden ser renovados. Los artículos 25 y 26 establecen un procedimiento para conocer de un “recurso de reclamación” que puede interponer cualquier persona que participe en los procedimientos de contratación en contra de los actos ilegales o arbitrarios cometidos por los organismos públicos regidos por esta ley, lo que fija la competencia del Tribunal de Contratación Pública. La creación del referido tribunal merece las siguientes observaciones:a. En cuanto a sus integrantes: los que son designados por el Presidente de la República y el ministro de Hacienda deberían cumplir ciertos requisitos de idoneidad, tales como la calidad de abogado, con ciertos años de ejercicio de la profesión en el área o títulos académicos que lo habilitan.b. En cuanto a la Secretaría: el personal de Secretaría y los funcionarios deben ser designados por el Tribunal y no por un órgano público que pudiera verse afectado por sus decisiones.c. El Tribunal debería tener autonomía financiera: tanto sus integrantes como su personal deberían ser remunerados, debiendo funcionar en locales propios.d. En cuanto a su competencia: deberá comprender las reclamaciones que interponga cualquier persona que sea lesionada en sus derechos, cometidos por los organismos públicos regidos por esta ley, en las materias que le sean propias (artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República), pues la competencia restringida que se le atribuye no justifica su creación.e. En cuanto a la calidad de ministro de Corte de Apelaciones de uno de sus integrantes: se observa que los ministros de Cortes de Apelaciones, aparte del ejercicio de sus funciones propias, que de por sí comprometen la mayor parte de su tiempo laboral útil, se encuentran llamados a desenvolverse en una serie de situaciones de excepción, entre las cuales se encuentra la de formar parte en diversos tribunales creados por legislaciones especiales, sin que en el proyecto que se informa se justifique o sea recomendable la inclusión de uno de estos jueces de tribunales colegiados. En todo caso, podría aceptarse que formara parte del tribunal de contratación pública un juez en lo civil.f. En cuanto a la 2ª instancia: se advierte que se crea una doble instancia a cargo de tribunales que no son homogéneos, toda vez que la primera instancia está a cargo de un tribunal que resuelve en conciencia, esto es, de equidad. En cambio, la apelación debe conocerla la Corte de Apelaciones respectiva, vale decir, un tribunal de Derecho, lo que implica que la revisión que haga el tribunal de alzada sea efectuada con criterios muy distintos a los de la instancia revisada, situación que sin duda resulta inconveniente y poco práctica. Saluda atentamente a V.S., (Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA, Presidente; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO, Secretaria subrogante.AL SEÑOR PRESIDENTEHONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”.