REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIASesión 57ª, en miércoles 2 de mayo de 2001(Ordinaria, de 10.59 a 14.16 horas)		Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y		Valenzuela Herrera, don Felipe.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.I. Asistencia		7II. Apertura de la sesión		10III.Actas		10IV.Cuenta		10	-	Réplica a alusiones personales. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)		10V.Orden del Día. 	-	Sustitución de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Primer trámite constitucional. (Continuación)		11VI.Proyectos de acuerdo. 	-	Creación de institutos de salud escolar y atención financiera y técnica al de San Pedro de la Paz. (Votación)		34	-	Respaldo oficial del Gobierno a postulación de Nicanor Parra a Premio Nobel de Literatura		34VII.Incidentes. 	-	Apoyo del Banco del Estado a la solución del endeudamiento de la pequeña y mediana empresa en la novena región. Oficios		37	-	Homenaje a los trabajadores en el Día Internacional del Trabajo. Oficios		38	-	Inconsecuencias en solución de conflicto de estudiantes. Oficios		40	-	Anulación de restricciones a industrias de la región metropolitana. Oficio		41	-	Deficiencias técnicas en aeropuerto de Temuco. Oficios		42	-	Contratación de médico especialista para Servicio Médico Legal de Vallenar. Oficio		42	-	Antecedentes sobre traspaso de comités de agua potable rural a la dirección de obras hidráulicas. Oficio		43	-	Situación del Fosis de la cuarta región. Oficio		43	-	Información sobre obra vial de La Serena. Oficio		43	-	Problemas que afectan a la agricultura en la séptima región. Oficios		44	-	Limitación de horario de atención del aeropuerto internacional de Arica. Oficio		45	-	Antecedentes sobre obras efectuadas en la primera región durante el año 2000. Oficio		45	-	Presencia de boro en agua potable de primera y cuarta regiones. Oficio		45	-	Problemas derivados del tráfico y consumo de drogas en Arica		46Pág.	-	Antecedentes sobre construcción de viviendas en Castro. Oficio		46	-	Expropiación de propiedades adyacentes a ruta 5 Sur, en Purranque. Oficio		47	-	Facilidades para el pago de derechos de aseo insolutos. Oficios		48	-	Medidas para resolver problemas de cesantía en el sector pesquero de la octava región. Oficios		49VIII.Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma” respecto del proyecto que modifica la actual ley orgánica de la Contraloría General de la República (boletín Nº 2610-07)		52	2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional en materia de nacionalidad. (boletín Nº 2649-07)		52		-Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:	3.	Sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 2571-19)		53	4.	Modifica el Código de Comercio en lo relativo a dar mérito efectivo al recibo de mercadería otorgado en la guía de despacho (boletín Nº 2591-15)		53	5.	Modifica el artículo 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones. (boletín Nº 2673-14)		53	6.	Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que indica. (boletín Nº 2609-06)		54	7.	Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto sobre discapacitados mentales. (boletín Nº 2192-11) (S)		54	8.	Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto que exime del impuesto a la renta a las empresas designadas en el artículo 4º del Acta de Ejecución adoptada entre Chile y Perú, el 13 de noviembre de 1999.  (boletín Nº 2646-10)		55	9.	Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que exime del impuesto a la renta a las empresas designadas en el artículo 4º del Acta de Ejecución adoptada entre Chile y Perú, el 13 de noviembre de 1999. (boletín Nº 2646-10)		58Pág.	10.	Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la alta mar del pacífico sudeste”, también denominado “Acuerdo de Galápagos”, suscrito el 14 de agosto de 2000. (boletín Nº 2674-10)		60IX.Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación:-Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente el diputado señor Van Rysselberghe reemplazará en forma permanente al diputado señor Díaz.	-Del diputado señor Velasco por la cual informa que retira su firma del proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la detención (boletín N° 2688-07).	2.	Oficios: Contraloría General de la República-Del diputado señor Mora, irregularidades en municipalidad de Calama.Ministerio del Interior-Del diputado señor Pablo Galilea, protocolo suscrito por la Intendencia de la Undécima Región para la construcción de 10 costaneras en distintas ciudades y localidades.Ministerio de Educación-De los diputados señores Núñez, Delmastro, Gutiérrez, Ojeda, Ortiz y Velasco, construcción de escuelas en los sectores nororiente y norponiente de la ciudad de Rancagua.-Seminario Mercosur Cultural.Ministerio de Defensa Nacional-Del diputado señor Navarro, detención y fiscalización de gitanos.Ministerio de Obras Públicas-De los diputados señores Kuschel, Alessandri, Bertolino, Jaramillo, Rojas y Melero, medidas para evitar inundaciones en Puerto Montt y Calbuco, Décima Región.-De los diputados señores Alvarado, Navarro, Rosauro Martínez, Recondo y Rocha, reparación de daños último temporal en Chiloé y Palena, Décima Región.-De los diputados señores Víctor Pérez, Sánchez y Felipe Letelier, efectos de “by pass” salto del Laja y concesión Chillán-Collipulli.-De los diputados señores Jarpa, Ulloa, García-Huidobro, Villouta, Ortiz y diputada señorita Sciaraffia, prefactibilidad embalses de riego en la provincia de Ñuble, Octava Región.-Del diputado señor Ascencio, proyecto reposición puente Vilcún, Décima Región.-De los diputados señores Navarro, Jaramillo y Rocha, traslado plaza de peaje Chaimávida, Octava Región.-Del diputado señor Ascencio, construcción rampa de Curanué, Quellón, Décima Región; proyectos APR en comuna de Ancud.Ministerio de Agricultura-De los diputados señores Gutiérrez, Patricio Cornejo, Delmastro, Mora, Ortiz y Vega, declaración Zona de Emergencia Agrícola.Ministerio de Bienes Nacionales-Del diputado señor Mora, situación de la señora Vinka Ivanovic Yutronic.Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Del diputado señor Navarro, estudios de vertederos.-De los diputados señores Villouta, Mulet y diputadas señoras Caraball y Rozas, requisitos de inscripción Programa de Viviendas Básicas.-Del diputado señor Delmastro, procedimiento aplicable al programa implementado en beneficio de los adultos mayores.Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-De los diputados señores Delmastro y Acuña, telefonía rural para localidad de El Roble, comuna de Hualqui.-Del diputado señor Leal, contratos celebrados entre municipios y particulares y equipos de registro de infracciones.-Del diputado señor Navarro, cobrador humano o automático en servicio que cubre ruta Tomé-Concepción.-De los diputados señores Sánchez, Urrutia, Jaramillo y Navarro, cumplimiento de contratos de transporte de carga.Ministerio Secretaría General de la Presidencia-De los diputados señores Ortiz, Fossa, Delmastro, Jarpa, Velasco, Osvaldo Palma, Joaquín Palma, Rocha y de la diputada señora Caraball, ley que permite el retorno al antiguo sistema previsional.-Del diputado señor Acuña, mejoramiento de acceso a cementerio.Ministerio de Planificación y Cooperación-Del diputado señor Osvaldo Palma, retiro de alimentos.-De los diputados señores Núñez, Delmastro, Gutiérrez, Ojeda, Ortiz y Velasco, postulación de proyectos de educación de la ciudad de Rancagua.Municipalidad de Quemchi-Del diputado señor Kuschel, postulaciones a viviendas.Municipalidad de La Serena-Del diputado señor Joaquín Palma, alumnos egresados del 4º año medio período escolar 2000, de colegios dependientes de esa municipalidad.Registro Electoral-Creación de Junta Inscriptora en la Región Metropolitana.
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Acuña Cisternas, Mario	PDC	IX	52Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	IND	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Arratia Valdebenito, Rafael	PDC	VI	35Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Ávila Contreras, Nelson	PPD	V	11Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Rozas Velásquez, María	PDC	RM	17Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caminondo Sáez, Carlos	RN	X	54Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Coloma Correa, Juan Antonio	UDI	RM	31Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Díaz Del Río, Eduardo	DEL SUR	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Elgueta Barrientos, Sergio	PDC	X	57Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Espina Otero, Alberto	RN	RM	21Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Román, Rosa	IND	I	1Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Saffirio, Miguel	PDC	IX	49Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Jiménez Villavicencio, Jaime	PDC	RM	31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás	PDC	RM	24Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	IND	VIII	41Martínez Ocamica, Gutenberg	PDC	RM	21Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mesías Lehu, Iván	PRSD	VIII	42Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monge Sánchez, Luis	IND	IX	48Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Ovalle Ovalle, María Victoria	UCCP	VI	35Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Palma Irarrázaval, Andrés	PDC	RM	25Palma Irarrázaval, Joaquín	PDC	IV	7Pareto González, Luis	PDC	RM	20Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Pollarolo Villa, Fanny	PS	II	3Prokurica Prokurica, Baldo	RN	III	6Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Sciaraffia Estrada, Antonella	PDC	I	2Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soria Macchiavello, Jorge	PPD	I	2Soto González, Laura	PPD	V	14Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Valenzuela Herrera, Felipe	PS	II	4Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Vega Vera, Osvaldo	RN	VII	40Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15Venegas Rubio, Samuel	IND	V	15Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Walker Prieto, Ignacio	PDC	V	10Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Jaime Naranjo.	-Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.'
    
    
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.59 horas.	El señor PARETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTAS	El señor PARETO (Presidente).- El acta de la sesión 50ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 51ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
    
    
    IV. CUENTA	El señor PARETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.RÉPLICA A ALUSIONES PERSONALES. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini, en uso del artículo 34 del Reglamento.	El señor LORENZINI.- Señor Presidente, a veces, se dificulta el trabajo parlamentario, pero más cuando honorables colegas no tienen lealtad y faltan a la verdad.	Quiero referirme, con mucho respeto pero, a la vez, con mucha dureza, a mi colega Carlos Montes, quien hace algunas semanas formuló aquí aseveraciones que no corresponden a la verdad -transcritas por el vespertino “La Segunda” hace algunos días- acerca del fracaso de la Comisión investigadora sobre concentración económica.	No somos los democratacristianos -noso-tros hemos impulsado y seguiremos defendiendo el proyecto-, los responsables de que la comisión no se constituya. Aquí todos sabemos cómo jugamos y quiénes defienden a los poderes económicos.	En relación con el proyecto sobre las opas, este diputado se opuso a que se introdujera un artículo especial para que por tres años hubiera una exención. El superintendente y el ministro dijeron que nadie iba a utilizar esa disposición. ¡Ahí están los resultados!	Junto con los diputados señores Jiménez, Seguel y la diputada señora Rozas, hemos asistido permanentemente, durante seis meses, a la Comisión investigadora de Emos, de la cual el colega Montes era miembro. ¡Que se revisen las actas para ver cuántas veces él asistió a debatir sobre un tema tan sensible como el agua potable para la gran ciudad de Santiago, uno de cuyos distritos representa!	Hace pocos días nos abocamos a revisar la situación del Banco del Estado y hemos estado claros en el tema. ¿Quiénes defendieron los créditos entregados al grupo Luksic?	No quiero referirme al tema eléctrico -lo vamos a ver esta tarde-, ni al Bsch, Banco Santander, respecto de los cuales afirmamos en la Comisión investigadora que no cumplían sus compromisos. Han pasado dos años del acuerdo suscrito por autoridades de Gobierno y sólo se ha bajado en uno por ciento la tasa de veintiocho por ciento.	No somos los diputados de la Democracia Cristiana quienes nos oponemos a investigar la concentración económica. Sabemos claramente que cuatro isapres cubren el área de la salud; que cuatro bancos tienen más del 50 por ciento del movimiento financiero; que dos empresas eléctricas controlan casi todo el sistema interconectado; que tres AFP administran el 70 por ciento de los fondos previsionales y que tres cadenas farmacéuticas dominan el mercado de los medicamentos, temas todos que tanto se defiende. No hablemos del mercado lechero, diputado Jaramillo, que está en manos de cuatro empresas, ni del tráfico aéreo, que prácticamente lo controla una empresa. Lo demuestra el caso Avant.	No es cierto, diputado Montes, que nunca se pudo contar con la presencia de ninguno de los parlamentarios que promovieron su creación, como se dice en su versión. Tengo en mis manos el informe de una comisión que usted presidió, donde consta que quien les habla asistió cuatro veces, no obstante no ser miembro de ella, y cuatro veces más con los diputados Pareto, Jiménez y Alessandri, lo cual no está registrado. Fuimos. De manera que no venga el señor Montes a decir, públicamente, que no estamos por la creación de comisiones. Le pido que renuncie a la que preside y me ofrezco en su lugar.	Aquí hay también un error de mi bancada, porque de los seis diputados que promovimos el acuerdo, sólo uno fue incluido en la comisión. Es evidente que en este Parlamento no hay la intención de buscar soluciones a la concentración económica en Chile, no hay intenciones de sustituir los organismos antimonopólicos por tribunales económicos, porque hay mucho en juego; pero la directiva de la Democracia Cristiana, por acuerdo de su consejo nacional, es mandataria de sus diputados y senadores, y aquellos que discrepen de esto deberían hacerlo presente en el Consejo.	Por las razones señaladas, pido al señor Presidente que activemos esta comisión, y si el diputado Montes no quiere presidirla, que la reorganicemos en los Comités, porque es evidente que el país necesita que se vele por el cumplimiento de las distintas regulaciones y se vea la manera de proteger a los consumidores, a los ciudadanos, de este poder económico que está por encima del poder político, pues, como ha sucedido en otros lados, en estas circunstancias la corrupción está cerca.	Pido al diputado Montes que se retracte de sus dichos. Quiero entender que lo dicho por él ha sido malinterpretado por la prensa: es un gran diputado con quien hemos trabajado muy bien en la Comisión de Hacienda y, por lo tanto, me han extrañado sus aseveraciones formuladas en esta misma Sala.	He dicho.
    
    
    V. ORDEN DEL DÍASUSTITUCIÓN DE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).	El señor PARETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde seguir con la discusión del proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.	Antes de entregar el uso de la palabra, solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario del Interior. 	¿Habría acuerdo?	No hay acuerdo.	Continúa con la palabra el diputado señor Delmastro, a quien le quedan doce minutos de su discurso. 	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, para no interrumpir el resto de mi intervención, comienzo por conceder una interrupción al diputado señor René Manuel García.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García, por la vía de la interrupción, con cargo a su tiempo.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, esta es la oportunidad para hacer una denuncia, a fin de que los honorables colegas tomen conciencia de la situación que nos afecta como país en esta materia.	Desde hace muchos años, el Congreso ha estado abocado al estudio del proyecto de ley sobre las drogas. En la semana pasada, en Temuco, fueron apresados, por Investigaciones y Carabineros, dos traficantes. Un abogado alegó demencia en defensa de ellos, y el fiscal en persona fue a la cárcel a dejarlos libres.	Ante este hecho, me pregunto: ¿qué sacamos con dictar leyes si el procedimiento penal actual permite exonerar y excarcelar a los traficantes?	Pido que se oficie, si la Cámara así lo estima conveniente, al fiscal de Temuco que intervino en este acto, a fin de que explique las razones por las cuales dejó libre a traficantes, ya reconocidos como tales, de la ciudad de Temuco.	Estas son inconsecuencias que se generan cuando, por un lado, el Congreso despacha una ley, y los propios fiscales excarcelan a los traficantes. De modo que reitero mi petición de que, en mi nombre o en el de la Sala, si así lo estima conveniente, se envíe este oficio.	Agradezco al diputado Delmastro el haberme concedido esta interrupción.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- ¿Habría unanimidad en la Sala para mandar el oficio solicitado por el diputado García, don René Manuel?	No hay acuerdo.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, entonces, pido que se mande en nombre del Comité de Renovación Nacional.	El señor PARETO (Presidente).- Puede continuar el diputado señor Delmastro.	La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, solicito al diputado señor Delmastro que me conceda una interrupción.	El señor DELMASTRO.- Con mucho gusto la concedo, señor Presidente.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo, por la vía de la interrupción, con cargo a su tiempo.	La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, pido que se recabe la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario del Interior. Estoy convencida -y así también lo expresaron los diputados Orpis y Delmastro, que han sido tan activos en la Comisión de drogas- de la necesidad de contar con nuestras autoridades al tratar este tema. No hay razón alguna para que nos neguemos a que ingresen el subsecretario del Interior y sus asesores y, por lo tanto, pido que nuevamente se recabe la unanimidad de la Sala sobre este punto.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario del Interior, don Jorge Burgos.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.	El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, en la discusión de este proyecto de ley, iniciada en la sesión pasada, es necesario mencionar que la comisión estimó muy importante acotar, en materia de delitos, una serie de aspectos relativos al lavado de dinero, que no están bien consignados en la ley anterior. Es así como se establece la obligación de que las instituciones financieras informen en forma automática sobre las transacciones u operaciones sospechosas.	Un aspecto muy importante y que, sin duda, faltaba en nuestra legislación es la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera.	Por otro lado, no se ha establecido el delito de dolo eventual, especialmente cuando se realiza el desvío de sustancias precursoras.	Otro aspecto muy importante de considerar en este proyecto de ley y que también se hace extensivo al delito de lavado de dinero, se refiere a todas aquellas ganancias ilícitas provenientes del tráfico de armas, de obras de artes, de metales preciosos y de la pornografía, lo cual -sin duda- es un aspecto que hoy está ausente en nuestra legislación.	En cuanto al desvío de los precursores o sustancias químicas esenciales para la fabricación de drogas, es un delito bastante difícil de pesquisar, según los policías que concurrieron a la comisión. En efecto, para acreditarlo es necesario realizar la pesquisa justamente en el instante de la operación. La detección del ilícito debe ser in fraganti, lo cual resulta prácticamente imposible de probar en la mayoría de los casos.	En lo que respecta a técnicas de investigación policial, queda claramente mejorado en este proyecto de ley lo referente al agente encubierto. Se trata de una técnica de especialización policial que actualmente es bastante imperfecta. Es así como este proyecto delimita el tipo de actividades que se pueden realizar para ganarse la confianza de los integrantes de una organización criminal. Del mismo modo, se establece la creación de una historia ficticia de estos agentes encubiertos en el Registro Civil e Identificación, con el objeto de que tengan el máximo de protección personal, incluyendo sus familias.	Otro aspecto positivo radica en el hecho de que la declaración judicial de este agente deberá ser entregada en un recinto distinto del de los tribunales, por cuanto se daba el absurdo de que este agente era nombrado a viva voz en los tribunales frente a los acusados, dejándolo totalmente al descubierto. Asimismo, se establece la prohibición de carearlo con miembros de una organización criminal, a fin de regular el secreto profesional, salvo que existan presunciones fundadas de que él es parte de dicha organización. También es importante que las declaraciones de estos agentes no queden consignadas en los expedientes, debiendo ser lo más privadas posibles.	En cuanto a técnicas de interceptación de comunicaciones, es importante destacar que el plazo se amplía a 40 días, pudiendo el juez renovarlo cuantas veces sea necesario, cosa que tampoco estaba en la ley actual. Asimismo, se debe establecer claramente la responsabilidad del origen del financiamiento de estas interceptaciones de comunicaciones, porque son bastante onerosas, las que no se hacían justamente por la falta de recursos.	Otra premisa que la comisión siempre tuvo en cuenta como un principio rector fue perseguir al delincuente y proteger al inocente. En ese sentido, las interceptaciones comunicacionales se deben restringir solamente al tráfico de drogas y a obtener sólo información que no sea ajena a la investigación que se está efectuando.	Punto importante, en cuanto a técnicas de investigación, es la cooperación eficaz, que se perfecciona en el proyecto, relativa a proteger la identidad de los testigos y sus familias, sus bienes, su profesión, sus derechos hereditarios, y al financiamiento de su traslado, tanto fuera del país como dentro de éste, si fuere necesario, dependiendo lógicamente de la importancia y el peso específico del testimonio del testigo para que, realmente, contribuya eficazmente a la investigación de los grupos delictivos.	Finalmente, se establece una eximente de responsabilidad criminal sólo cuando la información proporcionada por el cooperador eficaz es de tal entidad que permite desarticular una organización criminal, condición muy importante.	En la sesión anterior mencionamos la necesidad de combatir el tráfico de drogas desde un punto de vista global, pues no sólo se debe considerar la persecución del delito, sino también la prevención y la rehabilitación. De alguna forma, el proyecto contribuye en estos dos últimos aspectos. En lo que dice relación con el decomiso de los bienes, el producto de su enajenación deberá ser distribuido por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Consejo Regional para el Control de Estupefacientes, destinando el 50 por ciento para prevención y el otro 50 por ciento para rehabilitación.	En ese aspecto, es lógico pensar que, de alguna forma, los valores que se obtengan sean destinados a financiar estos dos importantes aspectos. Con todo, quedan pendientes otros, a los cuales debemos abocarnos para contribuir a que, en un futuro no muy lejano, disminuyan tanto el tráfico de drogas como el número de adictos.	He dicho.	Muchas gracias.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, las exigencias de hoy nos llevan a la necesidad de actualizar la ley Nº 19.366.	Por eso, me complace intervenir en esta ocasión para decir que la semana legislativa pasada fue realmente extraordinaria en cuanto al conocimiento de los relatores de los proyectos de ley respectivos. Por ejemplo, en materia electrónica, el diputado señor Patricio Walker evidenció capacidad y visión sobre el tema -diría- fuera de lo normal, en consideración a los relatos a que estamos acostumbrados.	El diputado señor Jaime Orpis también expuso, con igual autoridad, sobre este proyecto que sustituye la ley Nº 19.366.	La verdad hay que decirla: fueron verdaderas clases magistrales.	Me alegra pensar que el 15 de octubre de 2001 entrarán a regir las normas del Ministerio Público en las regiones Segunda, Tercera y Séptima. Sucesivamente, se irán anexando otras regiones.	Asimismo, se inicia la capacitación y preparación de los fiscales adjuntos que, de manera adecuada, entrarán a conocer las investigaciones referidas a procesos por tráfico y lavado de dinero en las regiones. Pienso que no es tarde. Estamos a tiempo, porque, como parlamentario de un distrito eminentemente rural, del sur, pude apreciar, con cierta esperanza, que allí la fortaleza de las familias representaba un sostén de la sociedad para retrasar, quizás, la llegada del flagelo del consumo de drogas y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, esta barrera natural ha sido traspasada.	Por eso, en este debate hay que destacar dos normas que me parecen de la mayor importancia.	La primera dice relación con la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, que, con sofisticados métodos, pesquisará las acciones de lavado de dinero. Si no somos capaces de detenerlas, pueden socavar, como ha sucedido en otros países, las bases de nuestro sistema financiero, lo cual, por supuesto, crea desconfianza en los inversores y siembra la semilla de la destrucción. 	Muy bien lo dijo el subsecretario en su intervención: el Ejecutivo propone la creación de un organismo autónomo, esencialmente técnico y cuyo jefe superior será nombrado con acuerdo del Senado. Me parece adecuado y lo respaldo por su conveniencia y oportunidad, porque con él se salvaguardarán los intereses superiores de una economía sana.	Otras normas son las referidas al microtráfico y al establecimiento de sanciones proporcionales, porque, en cuanto a la comercialización, transporte o suministro, nos parecía que la legislación no era consecuente y, por ello, los jueces se negaban a aplicar con celo las disposiciones vigentes. Las sanciones a quien trafica con toneladas son similares a las que se aplican a quien vende uno o dos papelillos de pasta base en los barrios. Por supuesto, ambas acciones son igualmente reprobables éticamente; pero jurídicamente deben tener un tratamiento diverso, cuestión en que esta iniciativa también pone celo.	Finalmente, señor Presidente, me agrada lo que aquí se ha vertido y discutido en cuanto a la modificación de la ley. Debemos estar con ella y ojalá se logre el objetivo, porque -insisto- el flagelo de los tiempos modernos es justamente la droga, para la cual debe existir una ley adecuada.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.	La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, creo que este informe que nos presenta la Comisión especial de drogas constituye un esfuerzo por mejorar aquello que en la ley Nº 19.366 fue insuficiente o bien quedó obsoleto en algunos aspectos. Sin lugar a dudas, puede tomarse como un esfuerzo serio por avanzar y lograr una legislación efectiva.	Pero, en esta oportunidad, quiero expresar mis dudas de que podamos manejarnos con un proyecto que prácticamente sustituye una ley y que lo único que hace es sancionar. En efecto, como lo estipulan sus distintos artículos, solamente es represivo. Ello, por supuesto, entendiéndose la buena voluntad de tratar de ser efectivo en un tema que hoy es un drama nacional e internacional y que, si uno revisa sus distintos efectos, evidentemente, afecta en lo social, cultural y económico. Desde luego, es una lacra para el país.	Es justo, además, intentar separar y distinguir lo que puede entenderse por tráfico y microtráfico, y la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera es necesaria, porque el país está en la casi absoluta impunidad respecto del tema del lavado de dinero. Por lo tanto, es muy importante que, por fin, estemos en condiciones de generar un instrumento autónomo que tenga capacidad de investigar y que entregue al Ministerio Público todo lo que haga falta cuando se noten movimientos excepcionales.	Y no sólo quiero referirme a dicha unidad, por cuanto otras figuras, como el agente encubierto, el agente revelador, evidentemente, ayudan en la línea en que estamos apuntando.	Sin embargo, insisto, me resulta doloroso que sólo tengamos un aspecto represivo y sobre el cual tengo serias dudas. Creo que una sociedad no puede darse el lujo de no prever simultáneamente lo que debe ser una campaña educativa, preventiva y rehabilitadora. En verdad, estoy sorprendida y espero que sea rectificado lo que se propone, y quiero expresar públicamente mi opinión ahora que está presente el subsecretario señor Jorge Burgos.	No estoy de acuerdo en que si a un funcionario público, por ejemplo, se le sorprende, por primera vez, consumiendo drogas, se le pueda dar la oportunidad de ser tratado y, por lo tanto, que tenga un proceso de rehabilitación; pero que, posteriormente, a ese mismo funcionario público se le separe o inhabilite de su cargo, de por vida, porque el test al que se somete da resultado positivo. Creo que es la peor señal que podemos entregar. Es francamente una contradicción, porque desconoceríamos que los programas rehabilitadores de drogas -incluso, parecidos a los del alcoholismo-, nunca han sido definitivos; nunca una persona que se trate por droga, de buenas a primeras, se va a mejorar de su enfermedad -porque es una adicción- y, por lo tanto, es probable que vuelva a caer. Todos sabemos que hay un período en el cual puede recaer, volver a ser tratada y, en definitiva, superarse si es rehabilitada. Pero en el hecho se la separa de su cargo de por vida y no le hemos dado la oportunidad de rehabilitarse, lo que además significa que ninguna empresa privada la va a contratar si ha sido expulsada de la Administración Pública; por último, ni siquiera considerando su nivel de responsabilidad en el cargo. No podemos estar de acuerdo con ese predicamento.	Espero que la comisión modifique esto que, a mi juicio, a lo menos, merece ser rechazado, porque por ningún motivo aceptaré que a una persona se le impida rehabilitarse.	Señor Presidente, el diputado señor René Manuel García me ha solicitado una interrupción. Con su venia, se la concedo, pero que sea breve, porque necesito continuar con mi línea de pensamiento.	El señor PARETO (Presidente).- Con cargo al tiempo de la señora diputada, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, la diputada señora Isabel Allende se refirió a medidas represivas y hemos visto la firmeza con que actuó el Gobierno con los seis u ocho detectives que fueron retirados del servicio porque eran consumidores. O sea, la represión puede ser en uno u otro sentido; de manera que deseo que el señor subsecretario también conteste, además de las preguntas de la señora diputada, la que hago yo -reitero- respecto de la actuación del Gobierno con esos detectives que fueron apartados de sus labores.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Puede continuar, señora diputada.	La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, la interrupción del diputado señor René Manuel García es muy pertinente, porque permite clarificar.	Señalé el caso de un funcionario público y ni siquiera quise hacer distinción entre su nivel de jerarquía y responsabilidad. Pero el caso de los detectives me parece grave, porque las fuerzas policiales son las que deben combatir el flagelo del narcotráfico y el lavado de dinero, y la mejor herramienta que podemos tener es la honestidad de nuestras policías. Por lo tanto, si se ha comprobado que esos detectives, efectivamente, tomaron parte e, incluso, integraron bandas o asociaciones, es evidente que debe caerles todo el peso de la ley, porque ellos son, justamente, los encargados de combatir el narcotráfico. Esto refuerza mi argumentación de que debemos ser capaces de hacer distinciones en la ley; no para discriminar, porque nuestra Constitución lo impide, sino para establecer responsabilidades y funciones diferentes. Insisto en que en el caso de los policías involucrados se debe aplicar todo el peso de la ley.	Además, si leemos con detención el informe del especialista doctor París, del Instituto Médico Legal, con mayor razón podemos quedar con dudas respecto de las sanciones contra funcionarios públicos y respecto de los diferentes test que se pueden aplicar para detectar el consumo de drogas. Es extremadamente grave que dicho informe nos señale, por ejemplo, que el test de una persona que consume habitualmente té de coca podría salir positivo, en circunstancias de que es muy distinto tomar té de coca, un producto comercial que se vende en cualquier país de América Latina u otro, que consumir cocaína.	Nunca debemos perder de vista que queremos combatir el narcotráfico, el microtráfico y el lavado de dinero; pero si no nos dotamos de los instrumentos apropiados y si no aplicamos el rigor necesario, podemos caer en errores garrafales. Después, la pregunta será quién devolverá a las personas sus oportunidades laborales o su imagen personal y social.	En el informe de la comisión hay que suprimir el inciso tercero, de la disposición que comento, porque me parece que hay una indicación del diputado señor Orpis.	Asimismo, la enumeración del artículo 1º adolece de impropiedades, porque en el caso del éxtasis como en el del neoprén, se trata de marcas comerciales y no de tipos químicos que pueden ser considerados en las drogas. En ese sentido, deberíamos atenernos al Reglamento de la ley vigente, que distingue las drogas sobre la base de listas aceptadas internacionalmente, como en la Convención de Viena, de las Naciones Unidas, de 1988.	Por ejemplo, es bien conocido el hecho -científicamente comprobado- de que la resina de cannabis produce un daño grave, pero no ocurre lo mismo con el cannabis de caña. Debemos hacer una diferenciación importante al respecto, porque si ponemos en el mismo nivel las sustancias del género cannabis, el LSD, la heroína y la cocaína, sin siquiera conocer los elementos científicos de rigor, estaremos cometiendo un error, además de que no seríamos capaces de hacer una política preventiva y rehabilitadora.	Creo que existen buenas condiciones para desarrollar campañas preventivas. Si el país tomara más en serio dichas campañas, tendríamos bastante menos que lamentar. Tengo datos en mi poder, entregados por el Conace y realizados por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que revelan, por ejemplo, que, en las comunas de La Pintana y de Puente Alto, el 50 por ciento de los escolares encuestados rechaza abiertamente el consumo de la pasta base. El porcentaje baja a 30 por ciento en cuanto al consumo de marihuana. Allí -repito- hay condiciones para hacer campañas preventivas, y me parece que eso constituye una buena base para que las tomemos en serio y no sólo pretendamos solucionar el problema con la aplicación de penas drásticas que nos pueden llevar a cometer equivocaciones importantes.	En ese sentido, debemos tener cuidado con ciertas discriminaciones.	Represento, con mucho orgullo -entre otras-, a la comuna de La Pintana, que, prácticamente, es conocida por la estigmatización que se ha hecho de ella, como que allí sólo pueden vivir narcotraficantes o delincuentes. Creo que cometemos tremendos errores e injusticias. Una cosa es la pobreza y otra muy distinta es la segregación, la estigmatización. Me temo que con este tipo de instrumentos, si no hacemos las distinciones rigurosas, si no somos capaces de entender una política preventiva y educativa, vamos a caer en lo mismo. Bastaría que el test de ese funcionario público que señalé, arrojara, por segunda vez, un resultado positivo para que hiciéramos de él una persona permanentemente segregada, estigmatizada, que no va a tener ninguna reinserción en la sociedad, lo cual generará un drama en su entorno familiar.	Por lo tanto, reconociendo que hay aspectos extraordinariamente positivos, en particular la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, me parece que no debiéramos caer en sólo aumentar las penas, sin tener la capacidad de distinguir, además, lo que es el combate a la asociación ilícita, a las bandas, a las organizaciones criminales que ejercen el tráfico, microtráfico o el lavado de dinero. Debemos tener extremo cuidado con lo que estamos haciendo. No podemos minimizar el problema, porque atañe a toda la sociedad; pero, al mismo tiempo -insisto-, debemos ser muy rigurosos, porque no podemos poner en el mismo nivel al consumidor y al traficante o microtraficante, aunque sabemos que los microtraficantes, la mayor parte de las veces, pueden ser también consumidores. Debemos tener cuidado con lo que nos proponemos.	Por eso, esta mañana he querido levantar mi voz. Tengo aprensiones; debemos avanzar, pero debemos ser cuidadosos. Hay experiencias de legislaciones comparadas extraordinariamente drásticas en las sanciones al lavado de dinero, al tráfico y al microtráfico; pero tengamos cuidado de poner al consumidor, que es un adicto, un enfermo, que debe rehabilitarse, en el mismo nivel de drasticidad de las penas o sanciones.	He querido formular estas observaciones, porque me parece que es indispensable corregir, perfeccionar y mejorar el proyecto.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero mantener el nivel general de discusión sobre el proyecto que sustituye lo que se conoce habitualmente como ley de drogas.	La diputada señora Isabel Allende hizo mención a que básicamente el proyecto es represivo. Usó los mismos términos con los cuales el diputado señor Orpis terminó su informe en la sesión pasada, al decir que el proyecto está centrado en la represión, que tiene muy poco de prevención y, prácticamente, nada de rehabilitación. 	Es bueno que la discusión general del proyecto se realice sobre la base de ese enfoque, porque no nos estamos refiriendo a todo el fenómeno de las drogas ni a la política sobre dicho tema a nivel nacional, sino a una iniciativa específica que, entre sus aspectos positivos, tipifica delitos y perfecciona algunos procedimientos para poder combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero.	En ese sentido, hay que partir diciendo que en la legislación chilena se crea un ente fundamental para la sanidad de nuestra sociedad y economía, y para acotar o poner límite al impacto de las operaciones de narcotráfico en el país, cual es la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Dicha oficina especializada en materia de inteligencia financiera y de seguimiento del lavado de dinero -que podría entenderse delegada del Consejo de Defensa del Estado-, permitirá dar un paso muy importante en estas materias.	Hubiera querido -pero se aparta de las ideas matrices del proyecto- que la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera no sólo se abocara al lavado de dinero respecto de las drogas, sino también de cualquier otro ilícito; por ejemplo, del tráfico de armas, que en muchas de nuestras poblaciones, como La Granja, San Joaquín y Macul, está asociado a las drogas. Pero es un hecho diferente. En varios países ha habido denuncias al respecto. Incluso, hay un libro llamado “La delgada línea blanca”, que habla de la vinculación entre el narcotráfico y el tráfico de armas, y de las dictaduras en Chile y de los gobiernos democráticos en Argentina. Son aspectos muy interesantes que debe abordar la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Reitero que, en ese sentido, es muy importante el avance que presenta el proyecto.	Sin embargo, tengo dudas -aun cuando está bien lo que se hace en relación con el agente encubierto y con la posibilidad de perfeccionar los procedimientos policiales- sobre si estamos enfocando bien, tanto en materia represiva como en otros aspectos, la política del proyecto que discutimos.	En mi opinión -puede ser modesta, pero la dicta la experiencia de trabajar en un distrito, que mi colega el diputado señor Jaime Orpis conoce bien, donde el tráfico y el consumo son realidades bastante cotidianas-, confundir “tráfico” con “consumo” puede ser útil para llevar a alguien a la cárcel. -hoy nuestras cárceles están sobrepobladas de procesados por la ley de drogas-; para mejorar indicadores de represión; pero puede ser muy ineficiente desde el punto de vista social. Y cuando se quiere avanzar hacia la penalización del consumo para ponerlo en la misma categoría del tráfico, se apunta en un camino equivocado. El tema es que cuesta mucho detener a un traficante cuando afirma que sólo es consumidor y con ello se “saca el pillo”, usando un lenguaje de salón de billar.	Entonces, debemos reflexionar en cómo echar mano de ese traficante y no aumentar la confusión ni la dosis de represión en nuestra sociedad, sino apuntar efectivamente a ese sujeto y ver cómo lo diferenciamos del resto para poder aplicar, por esa vía, una política punitiva. El tema no es reprimir a la sociedad porque en ella hay narcotraficantes, ni reprimir a los consumidores como si fueran microtraficantes, porque a estos últimos no podemos echarles mano. La represión al consumidor como si fuera microtraficante, sólo producirá, a la larga, un nuevo delincuente. Durante muchos años nos han dicho, a través de todos los medios, que la cárcel es la universidad del delito. Eso es cierto. Enviar a gente, que no debe ir, a cárceles sobrepobladas como las nuestras -exhi-bimos, en todo el mundo occidental, la segunda tasa de reclusos por cada cien mil habitantes- porque no podemos echar mano a quienes realmente se debe reprimir, es provocar más delincuencia y destruir nuestras redes sociales.	Por consiguiente, con mucha modestia y, probablemente, imperfección, un grupo de parlamentarios hemos presentado una indicación -que será discutida en el segundo trámite del proyecto- para incluir en la legislación un tipo de delito que ha sido eficiente en otras legislaciones, particularmente en la francesa, en el sentido de agregar un artículo 17 bis -podrá ser corregido, reitero, es presumible, porque ninguno de los autores es abogado ni experto en derecho constitucional ni de las personas-, que permite distinguir entre microtraficante y narcotraficante, a aquel, por ejemplo, que en las poblaciones Chacarilla, de Macul; San Gregorio, de La Granja, o en el barrio chino de San Joaquín, todos pueden identificar; pero que, lamentablemente, la policía nunca pilla con drogas, con las manos en la masa y, por lo tanto, transita, circula sin problemas.	Entonces, ¿cómo podríamos echarles mano? ¿Qué innovación desarrolló la legislación francesa sobre estas materias? Definió una situación que caracteriza al narcotraficante, y es lo que hemos querido incorporar en este proyecto. Por supuesto, sería necesario considerar otras situaciones, pero para resolver específicamente este problema, que es lo que queremos, a veces hacemos proposiciones que pueden resultar discutibles. 	En el artículo 17 bis que presentamos a la Mesa, planteamos sancionar a quien no pueda justificar el origen de sus recursos económicos o de su patrimonio y mantenga relaciones habituales con personas procesadas o sancionadas por el delito de narcotráfico o con consumidores habituales, calificados por los tribunales de justicia, a través de los procedimientos sobre consumo de drogas que, de acuerdo con nuestra legislación, es una falta y no un delito. Como digo, se trata de que aquellas personas que son parte de un sistema perceptible, que es posible demostrar que tienen vínculos con narcotraficantes y con consumidores, porque se abastecen o venden y que no puedan justificar la fuente de sus recursos ni su nivel de vida, sean sancionadas según lo establecido por la ley.	Por ejemplo, el viernes pasado, junto con el vicario de la zona sur del Arzobispado de Santiago, padre Cristián Precht, y con el alcalde de La Granja, señor Claudio Arriagada, participamos en la quinta caminata por la vida en esa comuna y efectuamos tres estaciones: con los niños, con los adultos mayores y con las comunidades evangélicas. Pues bien, en algunos casos, esas estaciones se fijaron en la puerta de un narcotraficante, porque se trataba de denunciar a estos delincuentes. Al detenernos allí, los vecinos, mediante gestos, nos indicaban que en ese lugar se traficaba. Y resultaba evidente que ahí vivía alguien con un nivel de vida diferente al del resto de la población San Gregorio, por la cual caminamos el viernes pasado. La casa del narcotraficante era mejor y había vehículos correspondientes a otro nivel socioeconómico. Es lo mismo que se observa en Chacarilla, Macul: la casa del narcotraficante por fuera es similar a las demás, pero tiene un Mercedes Benz en su interior. ¡En un barrio donde viven obreros de la construcción, uno de los vecinos tiene un Mercedes Benz! ¿De dónde puede sacar recursos un obrero de la construcción para adquirir un Mercedes Benz? 	Entonces, es posible identificar a los narcotraficantes; sin embargo, no podemos echarles mano mediante la aplicación de la ley. Por eso, debemos entrar en una discusión más de fondo, que apunte verdaderamente a la solución del problema, porque con este proyecto no resolveremos el problema del consumo, de la prevención, de la educación ni, probablemente, de la rehabilitación; pero sí podemos reprimir a quienes incurren en el delito de narcotráfico. En ese sentido, debemos enfocar adecuadamente nuestros recursos y medios.	Por eso, considero muy importante introducir los perfeccionamientos pertinentes -a los cuales ya aludieron los diputados que me precedieron en el uso de la palabra-, a fin de facilitar la acción de la policía. Es muy importante crear la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera; pero, en la misma línea, sería necesario avanzar también en la tipificación del delito relacionado con el enriquecimiento sin causa, asociado al de tráfico o venta de drogas. Con la incorporación de este artículo, con los perfeccionamientos que los colegas puedan hacer en la comisión, efectivamente daremos un paso muy importante hacia delante.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.	El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero seguir la lógica con que se ha desarrollado este debate, en cuanto a que el tema de la droga se manifiesta a través de distintas maneras, que es necesario enfrentar. Una cosa es abordar el tráfico de drogas como un delito, y otra muy distinta son los mecanismos utilizados para evitar que el consumo de la droga se extienda, como lamentablemente ha ocurrido durante los últimos años.	De acuerdo con la experiencia que he podido recoger en la Oficina de Fiscalización contra el Delito, que integran 24 municipalidades, con alcaldes de las diferentes tendencias políticas, podría señalar que la mejor manera de derrotar a un traficante y evitar el consumo de drogas es a través de una adecuada formación de los jóvenes que les permita decir que no, en forma libre y espontánea, cada vez que se les ofrezca droga. Ésa es la gran batalla que, eventualmente, conducirá a disminuir en forma considerable el tráfico y consumo de drogas. Sin duda, la mejor manera de evitar que se trafique y que se consuma droga es teniendo la capacidad de formar con claridad a los jóvenes, haciéndoles presente que la droga les hace mal porque destruye sus vidas, que les hace mal a sus familias y que termina por crearles una enorme frustración personal y espiritual. Por lo tanto, es muy importante formar a los jóvenes para que aprendan a decir que no, en forma libre y espontánea, cuando se les ofrece droga.	Pero hay también un camino paralelo que se debe asumir con igual intensidad: la lucha contra el tráfico de drogas. Nada sacamos con formar a los jóvenes para que no consuman drogas, si en las puertas de sus colegios o en los lugares en los cuales se reúnen hay traficantes que les ofrecen drogas en forma permanente. A la inversa, nada sacamos con enfrentar firmemente a los traficantes si, por otro lado, no llevamos a cabo programas de prevención. La prevención y el combate al tráfico de drogas no son caminos antagónicos, sino paralelos.	Revisado el proyecto en discusión, hay algunos aspectos a los cuales quiero referirme.	En primer lugar, considero necesario revisar las disposiciones que establecen las penalidades para el delito del tráfico de drogas, en particular, los artículos 1º, 3º y 5º, porque, sin duda, es probable que, involuntariamente, hayamos establecido una rebaja considerable a las penas vigentes contempladas para el tráfico de drogas.	El artículo 1º sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes con una pena que va de cinco años y un día a quince años. Luego, el artículo 3º sanciona con la misma pena a quienes vendan o trafiquen esas sustancias. Pero el artículo 5º establece una rebaja en uno o dos grados de la pena a las personas que en forma inmediata y espontánea confiesen su participación en este tipo de delitos. Esto significa, en la práctica, que sólo por confesar se le aplica la ridícula pena de 541 días, cualquiera que haya sido su grado de participación en el delito o la cantidad de droga traficada.	Ustedes comprenderán que una cosa es crear incentivos para que se entregue información que permita desarticular a las bandas de traficantes, y otra cosa totalmente distinta es establecer una norma en virtud de la cual a un traficante le baste confesar que es tal, para que tenga una rebaja de la pena de la magnitud que aparece en el texto, al punto de quedar con una sanción inferior a la que se aplica a una persona por cuasidelito de lesiones en un accidente de tránsito. Sin duda, este tema deberá ser corregido en la comisión.	Respecto de las circunstancias que aumentan la pena, el artículo 6º no señala como un factor que agrava la responsabilidad de los traficantes la utilización de menores, toda vez que sabemos que ése es uno de los mecanismos más usados para vender la droga.	Lo mismo ocurre en los casos en los cuales se establece que no procederá esta rebaja de pena cuando concurran algunas circunstancias, y se incurre en el error de expresar en la letra c) del mismo artículo: “Si el delito se perpetró en una institución deportiva, cultural o social, mientras ésta cumplía sus fines propios; o en sitios donde se estaban realizando espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales o sociales”. 	Esa es la típica eximente de responsabilidad penal en la cual se asilarán todos los traficantes: en el momento en que estaban traficando drogas, en esos lugares no se estaban cumpliendo los fines propios de las instituciones deportivas, culturales y sociales. Es como suponer que cuando se vende droga en un estadio o en un club deportivo mientras se realiza el espectáculo deportivo, existe una circunstancia que impide rebajar la pena, pero si se hace en el momento en que no se está llevando a cabo, entonces la persona puede ser beneficiada con la rebaja de la pena.	Me he referido a estos aspectos más bien técnicos del proyecto, para señalar que requieren perfeccionarse, para luego entrar a temas de fondo.	En primer lugar, no sacamos nada con tener una legislación nueva, moderna, si no la acompañamos de los instrumentos prácticos para que se pueda cumplir.	En esta legislación se habla del agente encubierto, que cumple una función fundamental para desarticular las organizaciones de traficantes; del informante; del agente revelador; de la protección de los testigos. Todas esas normas son letra muerta si no van acompañadas de los recursos para que realmente puedan operar.	Me ha tocado presentar en los tribunales de justicia más de una decena de personas que han sido testigos de casos de tráfico de drogas. Declaran ante el tribunal o ante la policía en calidad de informantes, pero cuando se trata de trasladarlas del lugar, de la población o de la villa donde ellos hicieron la denuncia para desarticular una organización de traficantes, de darles debida protección a través del cambio de identidad -y las cosas se deben decir como son-, no hay a quién recurrir.	Este no es un problema de responsabilidad del Gobierno. Esta es una cuestión de fondo: no están asignados los recursos para que aquello se cumpla. Las normas respecto del agente encubierto pueden ser muy perfectas, pero si estuvieran aquí los jefes policiales, nos dirían que los recursos de que dispone Carabineros e Investigaciones para que sus agentes encubiertos puedan operar, son prácticamente cero.	Por lo tanto, podemos tener todas las normas que queramos sobre agentes encubiertos, pero si no van acompañadas de los recursos y de la infraestructura que les permitan realizar la labor que desarticule a las bandas, las normas son letra muerta.	Por lo expuesto, soy muy escéptico del éxito de estas leyes si no van acompañadas de la estructura para su adecuada aplicación.	Leí algunas normas que disponen que los jueces, en el caso de los testigos, deberán adoptar las medidas de protección antes descritas y otras complementarias, tal como la provisión de los recursos económicos para el cambio de domicilio y de ocupación del sujeto y de su familia más próxima.	¿A dónde recurre hoy un testigo que entrega información sobre narcotráfico y tiene que irse de la villa o del lugar donde vive, porque está amenazado de muerte? ¿Quién le entrega los recursos para que se traslade a otro domicilio? ¿Quién le da un nuevo trabajo? ¡Nadie! Y esta realidad -perdonen que se las cuente- al menos yo la vivo en carne propia todos los días, incluso con muchos de ustedes, a través de las denuncias que se hacen mediante la Oficina de Fiscalización.	Entonces, una cosa es teorizar sobre este tema y hacer normas que nos dejen contentos porque hemos logrado perfeccionar la ley, y otra es el drama que se genera cuando no se puede cumplir, porque no existe la asignación de los recursos que permitan que operen todas estas instituciones, tan importantes para combatir la droga.	Hoy los testigos, salvo que se les decrete por algunos días protección policial, en la mayoría de los casos no tienen ninguna posibilidad de ser protegidos en el largo plazo y, finalmente, quedan entregados a la buena voluntad de una organización privada, de algún parlamentario que decidió, junto con otras personas, trasladarlo a otro lugar, o a la buena voluntad de alguna autoridad de gobierno que resolvió permutar su subsidio habitacional. Esa es la realidad en las villas y poblaciones que todos los días denuncio. Y no lo hago con un afán de criticar, porque trabajo estrechamente con el Gobierno en esta materia, sino simplemente para hacer un diagnóstico crudo de la realidad que se vive en materia de recursos e infraestructura para combatir la droga.El microtráfico.	Es un mito, es un invento que el microtráfico, en su gran mayoría, consista en que una persona de muy escasos recursos, por razones económicas, decida vender marihuana, pasta base o algo de cocaína. El microtráfico lo promueven y llevan a cabo bandas organizadas que operan masivamente en las villas y poblaciones, muchos de cuyos cabecillas pertenecen o viven en comunas del barrio alto. Ellos van a las villas y poblaciones a distribuir las drogas en pequeñas dosis por una razón obvia: es la mejor manera de evitar que, si son detenidos, se les califique de traficantes y así se amparan en las normas relativas al consumo.	Entonces, cuando se habla de tratamiento distinto para el microtráfico, diferente del gran tráfico, siento que lo que estamos haciendo es darle la espalda a la gente pobre, porque en una villa o en una población quienes consumen no pueden comprar 100 ó 200 gramos de cocaína, sino pequeñas dosis de pasta base; pero es mucho más criminal el que le vende a la gente pasta base en esas condiciones, sabiendo que, además, se está amparando en el subterfugio de hacerse pasar por consumidor o pequeño vendedor de drogas, en circunstancias de que la cantidad de dinero que logra recaudar por la vía de tener cientos de distribuidores -entre ellos menores de edad, a quienes se les denomina “pilotos”, los cuales se ubican en determinadas esquinas y que les entregan la droga utilizando, como todos sabemos, la fórmula 5 por 1: cuatro dosis de venta y una de regalo, que hacen adictos a los niños pues la pasta base tiene un efecto pernicioso, y las niñitas que se prostituyen en las villas y poblaciones por conseguir algunas dosis, por ejemplo, es cuantiosa.	La realidad de las cosas es que cuando se hace diferencia entre el microtráfico y el gran tráfico, me asalta una duda enorme: ¿estamos protegiendo al traficante que se introduce en las villas y las poblaciones, so pretexto de que vende en pequeñas dosis, y tenemos con él una actitud mucho más permisiva con respecto a la persona que vende o trafica grandes cantidades en otras zonas o lugares?	Por lo tanto, cada vez que se habla del microtráfico como una especie de tráfico menor, se le está haciendo el mejor favor a los traficantes. No es verdad que en la mayoría de los casos corresponda a grupos aislados. Son bandas organizadas. Tanto así que cuando se hace el chequeo en nuestro sistema computacional de más de 1.200 denuncias de traficantes presentadas a los tribunales, los nombres de los cabecillas se repiten. El mismo que vende en la población La Chimba y vive en la villa Francisco Coloane, también lo hace en la villa Portales, en Colón Oriente, en alguna población o villa de La Florida, en la “Rosita Renard” y en la “Exequiel González Cortés”, de Ñuñoa.	El sujeto se desplaza vendiendo pequeñas cantidades; el auto está identificado; entrega droga en cada una de las villas y poblaciones y, luego, pasa a recolectar grandes sumas de dinero, su ganancia. ¿Y qué hace? Vender la droga en pequeñas cantidades. Esa es la realidad de los casos de microtráfico.	La norma que se establece aquí mejora, en cuanto evita, por regla general, que los traficantes se puedan amparar -si no pueden justificar o aparece irracional la cantidad de droga con que se les pilla en el momento en que están vendiendo- en las normas sobre consumo.	Pienso que es una norma que está bien orientada, pero que obviamente falta perfeccionarla para evitar lo que los jueces, a mi juicio, plantean con bastante frecuencia: como hay una penalidad muy alta, corresponde flexibilizarla. La realidad es que la ley no es así, porque si bien el tráfico de drogas tiene una penalidad que comienza con cinco años, no hay duda de que con las circunstancias atenuantes se puede llegar a una pena inferior cuando se trata de personas que estén consumiendo o traficando en pequeñas cantidades, o sea la primera vez.	Respecto del tema de los funcionarios públicos, siento que hemos dado un paso importante y me parece correcto que a los que se los sorprenda consumiendo -y ese fue nuestro espíritu en la comisión- y confiesen su adicción se les dé la oportunidad de rehabilitarse. El espíritu de quienes trabajamos en la comisión fue señalar que si un funcionario público es adicto, corre el gravísimo riesgo de involucrar su calidad de funcionario público con su debilidad como adicto. Me parece razonable que si es sorprendido y confiesa su adicción, se le dé la oportunidad de rehabilitarse. En todo caso, si no hay ninguna posibilidad de rehabilitarlo, no se le pueden encomendar funciones de responsabilidad pública o política, ya que, sin lugar a dudas, el debilitamiento institucional es una de las armas importantes por donde el tráfico penetra en los países.	El objetivo de la comisión nunca fue, si se trataba de un adicto, suspenderlo en forma inmediata y no darle la oportunidad de rehabilitarse -o someterse a terapia-, incluso no siendo adicto, porque puede que una persona abuse del consumo de drogas, casos que también representan un porcentaje muy alto; pero lo importante es darle la oportunidad de rehabilitarse. Recuerdo -y lo conversamos con la diputada señora Pollarolo- que ésa fue la finalidad que se tuvo al momento de estudiar esta normativa.	En cuanto al consumo, debo señalar lo siguiente. Nuevamente, teoría en el consumo. ¿Por qué? Cuando se establece que la sanción a quienes sean sorprendidos consumiendo drogas, es la asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamientos de rehabilitación hasta por sesenta días, pregunto a los señores diputados: ¿Dónde los hacen? Los jueces no tienen dónde mandar a la gente y las instituciones que hay están absolutamente saturadas. Nos han llegado muchos niños adictos cuyos familiares han denunciado a traficantes. Hemos suscrito convenios con el Conace y hemos visto el esfuerzo que hacen en esta materia. También hemos suscrito convenios con la institución que dirige el diputado señor Orpis, la que cumple una labor notable en materia de rehabilitación, pero todas ellas -repito- están absolutamente saturadas. En definitiva, son sanciones irreales.	Además, siento que esta norma del consumo es extraordinariamente arbitraria, porque si una persona consume al interior de su casa, porque tiene recursos y un espacio grande para hacerlo, no tiene ninguna sanción, siempre y cuando no se haya reunido con el objeto de consumir; pero a la gente modesta que, a lo mejor, no tiene dónde hacerlo y debe ir a la plaza, se le aplica una sanción. Es absolutamente ridículo. O sancionamos el consumo -y sanción no significa cárcel- o establecemos como obligatoria su rehabilitación en los diferentes centros de asistencia de salud mental, que en este país son muy escasos al interior de las comunas, o simplemente no tengamos una norma discriminatoria que permite que quien tiene recursos -repito- puede consumir tranquilamente en su casa, y el que no los tiene, debe ir a la plaza. Siempre hemos evadido una decisión sobre el tema. O el consumo se sanciona como falta por sus características o implementamos los mecanismos para rehabilitar al consumidor, pero no establezcamos esta especie de solución ecléctica: sólo sancionamos algunas veces, de repente, para no parecer duros o blandos. Estamos cometiendo un gravísimo error si el que consume queda impune.	Por último, quiero entregar un dato que hace que sienta que todos los esfuerzos que hacemos en materia de tráfico de drogas no sirven para nada, y quiero ser así de duro. La Oficina de Fiscalización hizo un estudio de libertades provisionales otorgadas por las cortes de apelaciones durante el año 2000. De 458 procesados respecto de quienes hay presunciones graves, precisas y concordantes de ser autor, cómplice o encubridor del delito de narcotráfico, los tribunales de primera instancia dejaron en libertad provisional al 15 por ciento y mantuvieron en prisión, por considerarlos un peligro para la sociedad, al 85 por ciento. Cuando esos traficantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, el 60 por ciento quedó en libertad y sólo le fue denegada al 40 por ciento. Esto significa que uno de cada dos traficantes sale libre a los diez o quince días por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, ¿qué sacamos con tener una normativa que permita combatir el tráfico, si los traficantes solicitan la libertad a las cortes de apelaciones y se la otorgan rápidamente? Por eso, la policía siente una enorme impotencia, la ciudadanía no quiere seguir denunciando y la ley pasa a ser letra muerta. Esa es la realidad.	Termino diciendo que la libertad provisional es una garantía constitucional, pero la misma Carta Fundamental señala que debe negarse cuando se trate de una persona que constituye un peligro para la sociedad. Si un traficante de drogas no es un peligro para la sociedad, ¿quién lo es? ¿Qué hay que hacer para constituir un peligro para la sociedad? ¿Qué hecho hay que cometer para ser considerado como tal? Además, hay que considerar que a los pocos días salen libres, amenazan y se ríen en la cara de las personas que los denunciaron. Los jueces de los tribunales de primera instancia -y me lo han dicho- sienten una enorme frustración, y lo denuncio en esta Sala. Un juez encarcela a toda la banda y a los diez días están todos libres. ¿Qué siente el jefe de la brigada de narcóticos? ¿Qué siente el jefe del OS7 o de la comisión civil? ¿Qué siente el denunciante? ¿Qué sienten las autoridades del Ministerio del Interior que hacen un esfuerzo por enfrentar con éxito el tema de las drogas? Esta es una cuestión de fondo.	Señor Presidente, los parlamentarios tenemos que aprender que no podemos legislar para sembrar falsas esperanzas. No tenemos la infraestructura, ni los mecanismos, ni el financiamiento necesarios para que este sistema opere, y sólo funcionará con la colaboración de los jueces, de la ciudadanía y con los recursos que se requieren. Por eso, el Congreso debe aprobarlos para que en definitiva tengamos una política de Estado frente al narcotráfico; pero mientras esto no ocurra y alguna de estas partes falle, lamentablemente, vamos a aprobar muchas leyes, pero no obtendremos el éxito deseado.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el subsecretario del Interior, señor Jorge Burgos.	El señor BURGOS (Subsecretario del Interior).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo contestar una pregunta que hizo el diputado señor René García, respecto de la detención y puesta a disposición de los tribunales de un grupo de ex policías de La Cisterna. Efectivamente, el viernes pasado, luego de un largo procedimiento interno de la Policía de Investigaciones, después de tres o cuatro meses, a través del Departamento Quinto de contrainteligencia de dicha institución, se logró detectar que había un grupo de funcionarios policiales, algunos oficiales y otros administrativos, que realizaban acciones delictuales o muy oscuras, en algunos casos, en esta lucha contra la droga. Quiero destacar que la Policía de Investigaciones, reunida en su instancia superior, en menos de 36 horas, más allá de las sanciones criminales que correspondan, dispuso la exoneración inmediata de todos estos funcionarios. A mi juicio, una decisión absolutamente clara, precisa y una demostración, del mando de esa policía, de que no aceptará ninguna acción dolosa o negligente en esta materia. Fue una decisión respaldada por las autoridades gubernamentales de manera inmediata. También hoy hemos solicitado al Consejo de Defensa del Estado que, en uso de sus atribuciones, se querelle criminalmente en contra de estos ocho ex funcionarios, a fin de que se les aplique el máximo rigor de la ley, porque, obviamente, la participación de agentes del Estado, respecto de los cuales la sociedad supone -y con razón- que están para hacer exactamente lo contrario, hace aún más grave el hecho.	Respecto de los antecedentes precisos del modus operandi, en términos generales, podría decir que las personas que en definitiva lograban ubicar a micronarcotraficantes no les quitaban la droga ni los ponían a disposición de los tribunales, sino que utilizaban la droga en su propio beneficio económico y, eventualmente, también extorsionaban a algunos consumidores.	La acción precisa del Estado y de la policía es muy indicativa en cuanto a que debemos reforzar al máximo un elemento central en la dura lucha diaria contra la droga: tener agentes de policía, de Carabineros e Investigaciones, absolutamente honestos. Tal vez estos hechos sean excepcionales, pero cuando ocurren debemos tener la capacidad para reaccionar de inmediato. Al respecto, no fue mera casualidad ubicar a este grupo, sino un trabajo de inteligencia, lo cual queda demostrado porque hubo una orden judicial que permitió filmaciones y “pinchajes” de teléfonos, con el objeto de detectar la acción delictual.	Haré algunas breves consideraciones, sin perjuicio de la discusión que se realizará en las comisiones respecto de algunas intervenciones de los honorables diputados.	Sin duda, en esencia, el proyecto es sancionador. De hecho, sustituye la ley Nº 19.366, “que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes”. En consecuencia, el verbo rector de esta ley no es la rehabilitación. Sin embargo, cada vez que se habla de consumo, ustedes encontrarán normas que señalan procesos de rehabilitación antes de cualquier otro tipo de sanción, incluso pecuniaria. Eso requiere un esfuerzo financiero que el Estado ha venido realizando, pero falta mucho por hacer.	En la actualidad, según nuestros cálculos, teniendo en vista el presupuesto de 2001 -entre dineros del Conace, de Salud y del Sename-, se gastan alrededor de tres mil millones de pesos anuales en rehabilitación, particularmente en ofertas de puestos de rehabilitación, ambulatoria o en algún centro. Por cierto, es poco, pero es mucho más de lo que se gastaba hace cinco años; hace quince años, era igual a cero. O sea, estamos pagando las consecuencias de no haber invertido nada en esta materia durante muchos años.	Además, sin perjuicio de que más adelante se pueda discutir la necesidad de que los organismos de prevención tengan un rango legal -considero que eso puede hacerse, no sé si en este proyecto, pero sí en otro-, se está gastando bastante más dinero en prevención. Por ejemplo, un dato concreto: en la actualidad, Conace puede llevar a prácticamente el 80 por ciento de los colegios municipalizados programas de prevención primaria, es decir, relativos a la inmensa mayoría de los jóvenes que no han consumido drogas, desde cursos de instrucción básica hasta de educación media. Hace dos años, apenas llegábamos al 20 por ciento.	En relación con funcionarios públicos, el Ejecutivo ha presentado una indicación, a propósito de la intervención de la diputada señora Isabel Allende y del diputado señor Alberto Espina, en el sentido de fijar una eventual sanción, en caso de reincidencia, de suspensión en el ejercicio del cargo sólo para el nivel más alto del personal. El resto de los funcionarios públicos sigue la suerte de cualquier consumidor respecto de las sanciones, como falta u otras. Estamos distinguiendo entre aquellas personas que, atendida su mayor responsabilidad, el carácter de consumidor puede ser bastante más complejo, otorgándoles la posibilidad de rehabilitación y sólo ejerciendo una sanción punitiva -por cierto, no corporal de prisión-, en la medida en que haya reiteración en el consumo.	Además, a propósito de intervenciones de los honorables diputados, quisiera señalar que la importancia de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera -la indicamos en la comisión y en intervenciones de la sesión anterior- se une a un hecho cierto y efectivo: el país ha elegido -tanto por decisiones de carácter reglamentario e indicaciones al compendio de normas cambiarias del Banco Central, como por la libertad del mercado de capitales establecida en algunas disposiciones reglamentarias y en otras que serán conocidas por los señores diputados en materia de proyectos de ley- un camino relativo a la mayor llegada de capitales y al término de una serie de restricciones, las cuales tienen muchas ventajas desde el punto de vista de la economía del país, lo que nadie discute. Pero ese hecho hace aún más indispensable la pronta creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera como órgano del Estado para actuar frente a operaciones sospechosas, de las que muchos estarán obligados a informar. A quienes no lo hagan, esa Unidad tendrá derecho a exigirles -igual que el Banco Central- informes sobre aquella operación que, con antecedentes, se presuma como sospechosa.	A propósito de la intervención del diputado señor Alberto Espina, entiendo que un grupo de diputados está proponiendo la supresión del artículo 5º. Me parece una buena indicación, por cuanto las eventuales rebajas de penas sólo corresponden a la aplicación general del Código Penal y no a una disposición especial establecida, a mi juicio erróneamente, en el proyecto. Si bien la indicación es de carácter parlamentario, el Ejecutivo la apoya en su totalidad.	Además, respecto del tema del microtráfico, creo que las indicaciones del Ejecutivo al artículo 4º, recogen en parte importante las consideraciones que hacía el diputado señor Espina para mejorar el texto.	Hasta aquí los comentarios.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.	El señor CORNEJO (don Aldo).- Señor Presidente, en la discusión del proyecto conviene tener presente que, desde 1990 a la fecha, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le ha correspondido un papel importante en la materia. No creo conveniente que en esta oportunidad dicha comisión no pueda emitir un informe sobre el particular, dado que la iniciativa en debate contiene disposiciones de mucha trascendencia, como tipificación de delitos y de faltas, establecimiento de penas, reglas especiales sobre el “iter criminis”, la participación criminal, atenuantes y agravantes de responsabilidad, restricción de ciertas garantías constitucionales, procedimientos especiales, excepciones al Código de Procedimiento Penal y a las actuaciones del Ministerio Público.	Del mismo modo, quisiera recordar que la Comisión de Constitución fue mandatada por esta Sala en 1995 para elaborar un informe sobre el grado de desarrollo de las distintas fases del narcotráfico en nuestro país y, sobre la base de sus conclusiones, sugerir las iniciativas de orden constitucional y legal que sean menester, incluidas las relativas a las incompatibilidades e inhabilidades entre el consumo o tráfico de drogas y el ejercicio de determinados cargos públicos, comprendiendo dentro de estos últimos a los de elección popular.	La comisión cumplió su cometido. Es así como en 1996 emitió un informe y propuso diversas medidas para combatir el narcotráfico y, de modo particular, para impedir el ejercicio de cargos de responsabilidad pública, incluido el de parlamentario, por personas que consuman drogas, en general.	A lo mejor, sería largo enumerar las diversas iniciativas que la Comisión de Constitución planteó en su momento en el informe ya mencionado. Pero, en lo que se refiere al aumento del consumo, producción y distribución de drogas, planteó la revisión y adecuación de los convenios internacionales para enfrentar el problema del narcotráfico en forma mancomunada con otros países, ya que existe una opinión bastante generalizada de que no existen tratados adecuados para el combate de este problema. No se debe olvidar que estamos  en presencia de delitos de carácter internacional, de efectos sociales muy graves y altamente lucrativos, lo que permite realizar inversiones orientadas a evadir no sólo la acción de la justicia, sino de las instituciones policiales.	Por ejemplo, sobre los carteles de narcotráfico, hizo suyas las recomendaciones del VII Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en 1985, en Milán, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.	Sobre lavado de dinero y narcotráfico, sugirió revisar la legislación sobre inversión extranjera y cambios internacionales. En síntesis, hizo un conjunto de sugerencias -a algunas de las cuales han hecho referencia otros señores diputados-, contenidas también en el proyecto que estamos discutiendo. Sin embargo, por razones de tiempo no voy a enumerarlas todas. Quisiera más bien formular un par de reflexiones sobre el proyecto en general. 	Me preocupa la forma en que se abordan algunas materias, las que, en mi opinión, no guardan la debida correspondencia y armonía con otros textos legales, incluso con la propia Constitución Política del Estado. 	Por ejemplo, en los artículos 21 y siguientes se disponen diversas sanciones para los funcionarios de la administración del Estado que consuman drogas ilegales, castigo que se hace extensivo a quienes desempeñen un cargo público de elección y representación popular, a los cuales incluso se les puede suspender del ejercicio del cargo por el resto del tiempo de su duración, amén de aplicarles algunas inhabilidades.	Estoy de acuerdo en que el ejercicio de un cargo de elección popular es incompatible con el consumo de drogas, pero no puede desconocerse, en un proyecto de esta naturaleza, que la situación legal de un parlamentario es diferente de la de los funcionarios públicos, puesto que las causales de cesación en el cargo de aquéllos están establecidas en la Constitución Política del Estado y, en consecuencia, mal podría esta ley pretender, por razones obvias, desde el punto de vista jurídico, modificar esas inhabilidades, que ni siquiera están contenidas en la ley orgánica del Congreso Nacional, sino, reitero, en la Carta Fundamental. De modo que aquí hay una situación de jerarquía jurídica que es necesario arreglar, porque claramente esta ley no puede alterar la Constitución. Este hecho no significa, de modo alguno, que se quiera dejar al margen de esta incompatibilidad a quienes ocupan cargos de representación popular, como son los diputados y senadores. Me estoy refiriendo a que hoy esa situación está regulada en la Carta, por lo cual una ley no puede cambiarla. Tampoco, como pretende hacerlo este proyecto, un parlamentario podría ser suspendido del ejercicio de sus funciones, en circunstancias de que esa sanción, por llamarla de alguna manera, no existe. Aquí estamos hablando de inhabilidades reguladas en la Constitución Política del Estado. Entonces, existe mayor razón aún para que un proyecto de esta envergadura sea objeto de una revisión adecuada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. 	En segundo lugar, en el caso de las normas relativas a la competencia del Ministerio Público, este órgano de carácter constitucional es el encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible, los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer también la acción penal pública en la forma prevista por la ley. 	El artículo 29 dice que el Ministerio Público llevará a cabo la investigación de los delitos de lavado de dinero a través de las unidades especializadas que se creen para tal efecto. En la ley orgánica constitucional de ese órgano ya existe en operación una unidad especializada antidrogas desde diciembre del año 2000, pero no está concebida como una unidad operativa para investigar delitos, sino para prestar apoyo a los fiscales que los investiguen, sin perjuicio de la especialización de algunos de los fiscales, en caso de que exista más de uno, como ya lo ha hecho público el fiscal nacional.	La investigación misma corresponde, por ley, a los fiscales. Este tema fue largamente discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara cuando tratamos la ley orgánica del Ministerio Público, y hubo unanimidad para determinar que estos fiscales no tuvieran facultades ni atribuciones de carácter operativo, y para que las unidades que se crearan, particularmente la referida a las drogas, fueran especializadas, a fin de que asesoraran al fiscal en la investigación de este tipo de delitos.	Las facultades que se entregan al Ministerio Público en los artículos siguientes modifican diversos artículos del Código de Procedimiento Penal. En mi opinión, allí debieran establecerse, si se estimara pertinente mantenerlas, y no en la ley de drogas. 	La creación de un nuevo procedimiento procesal de carácter acusatorio se basa en principios que deben respetarse y resguardarse a cabalidad, cualquiera que sea la naturaleza de los delitos que se investiguen, como el de la presunción de inocencia, por ejemplo, que parece no tener cabida en el proyecto en discusión. 	Las medidas cautelares personales en el nuevo proceso penal, entendiendo por tales las que privan o restringen la libertad o los derechos constitucionales, en este cuerpo jurídico o legal, son de carácter excepcional. 	El artículo 36 dispone que la investigación de los delitos de lavado de dinero será secreta, y se penará al que entregue o difunda información de cualquier naturaleza, prohibición que se hace extensiva a los medios de comunicación social. 	El artículo 43, en una aparente repetición del precepto anterior, sanciona la violación del secreto de la investigación de estos mismos delitos, con presidio menor en sus grados medio a máximo. 	La disposición no distingue entre la investigación desformalizada que puede llevar a efecto el Ministerio Público, que sí puede ser secreta, y la que se realiza después de formalizada la investigación, que no tendría por qué ser secreta, conforme a las normas aprobadas por esta misma Cámara en el Código procesal penal.	Las disposiciones sobre restricción de las comunicaciones difieren de las contempladas en los artículos 218 al 222 del Código de Procedimiento Penal, con los cuales debiera, en mi opinión, armonizarse. Es más, si fuere necesario, habría que modificar el referido Código. 	En esta materia, quisiera sólo añadir que cuando este código fue discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en lo relativo a normas intrusivas o restricción de garantías establecidas en la Constitución, fue la propia comisión la que, en una primera oportunidad, se negó a legislar sobre el tema, haciéndolo sólo después de que el proyecto volvió del Senado. 	En el artículo 65 se crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de algunos de los delitos descritos en el inciso primero del artículo 17, que sanciona el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. 	Nadie pone en duda la importancia de la creación de esta Unidad; pero resulta discutible, a lo menos, que ésta sea la ley más idónea para crear esa unidad con una atribución tan restringida, en circunstancias de que el lavado de dinero también se produce respecto del proveniente -como entiendo que fue dicho acá por el diputado señor Andrés Palma- de otros ilícitos de tanta o mayor gravedad en que se ve involucrado el crimen organizado transnacional, como son la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, el tráfico ilícito de emigrantes, el tráfico de órganos y el tráfico de armas, por nombrar algunos. 	Según la Organización Mundial de Migraciones, los grupos criminales organizados movilizan cada año a unos cuatro millones de personas, mercancía humana que les reporta beneficios que oscilan entre los 5 mil millones y los 7 mil millones de dólares anuales.	La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional, que he tenido a la vista, adoptada en Palermo en noviembre de 2000, comprende y sanciona todos estos ilícitos; además, dispone de normas expresas para la penalización del blanqueo del producto del delito. Pese a que Chile no ha suscrito ni ratificado esta convención, lo que no tengo dudas de que hará a la brevedad, estimo necesario tener en cuenta sus disposiciones para aprobar la existencia de la Unidad que se ha estado proponiendo.	Desde esa perspectiva, resultaría conveniente sugerir al Gobierno que la creación de esta Unidad se pudiera desglosar del proyecto, para legislar con mayor propiedad sobre una materia de la mayor relevancia, que, en el mundo de hoy, sólo es superada con creces por el tema de la droga. De esta forma se podría dar a la Unidad una competencia mayor, más completa y acorde con los compromisos internacionales que Chile deberá asumir una vez que ratifique la ya referida convención internacional.	Los especialistas en la lucha contra el crimen organizado están contestes en que el mayor logro del nuevo instrumento jurídico es la tipificación de delitos internacionales, como la asociación para delinquir, el lavado de dinero y la obstrucción a la justicia, hasta ahora sólo regulados en las normas jurídicas nacionales. Además, prevé mecanismos de ayuda a las víctimas, protección de testigos y medidas para defender al comercio internacional de la infiltración de estos grupos criminales organizados.	Desde el punto de vista legislativo, quiero insistir en la necesidad de que este proyecto sea revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. 	Al respecto, aportaré un ejemplo adicional. El artículo 35 del proyecto consagra un delito de omisión, que consiste en la resistencia o negación injustificadas a entregar los informes, documentos y demás antecedentes que se soliciten en conformidad con esta ley, el que será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. El artículo agrega que la justificación de tal resistencia o negativa se regirá conforme al procedimiento establecido en el artículo 19 del nuevo Código procesal penal.	A su vez, este artículo obliga al fiscal requirente a remitir los antecedentes al fiscal regional para que éste, si comparte su criterio de estimar indispensable la realización de la actuación, solicite a la corte de apelaciones respectiva que, previo informe de la autoridad de que se trata, resuelva la controversia. En otras palabras, éste será un delito que requerirá siempre de una especie de antejuicio que sólo autorizaría el inicio del procedimiento por el nuevo delito que se tipifica si la corte de apelaciones no le encuentra razón a la autoridad requerida para denegar la información que se está solicitando.	Entiendo que esta observación ya la ha hecho el Gobierno a través del Ministerio o de la Subsecretaría del Interior. Compartimos ese criterio, en el sentido de que, en la práctica, será difícil perseguir un delito de esta naturaleza, lo que hará que la norma sea de difícil o nula aplicación. Sería mucho más adecuado limitarse a señalar que quienes cometan las conductas descritas en el referido artículo serán sancionados como autores del delito de obstrucción a la justicia, quedando en manos del tribunal la ponderación relativa a la justificación de la negativa de la autoridad de entregar la información que se le está solicitando.	En consecuencia, señor Presidente, no obstante destacar que el proyecto recoge, como dije al comienzo, muchas de las observaciones que la Comisión de Constitución hizo en el informe al cual me he referido en un par de oportunidades, estimo conveniente que la nueva iniciativa de ley de drogas pueda ser revisada por ésta a la luz de la normativa ya aprobada, que establece un nuevo Código procesal penal, de nuestra Constitución Política del Estado y de la ley orgánica del Ministerio Público, con el objeto de que adecue las disposiciones de este texto a esos tres cuerpos jurídicos fundamentales, en cuanto a la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas en nuestro país.	Concluyo reiterando la conveniencia de que, una vez que sea aprobado en general, el proyecto pueda ser revisado, a fin de armonizarlo con otros textos legales vigentes y, desde luego, con la Constitución Política del Estado.	He dicho.	El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, no cabe duda de que las ideas matrices del proyecto en discusión tienen una tremenda importancia, sobre todo para perfeccionar aspectos técnicos de tipificación de delitos en nuestro marco legal, así como la creación de una nueva institucionalidad, como es la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Es ahí donde tenemos las mayores dificultades para concretar el propósito compartido, que no es otro que combatir e, idealmente, erradicar el narcotráfico y el lavado de dinero en nuestro país.	Por lo anterior, quiero manifestar mi deseo de que estos aspectos centrales del proyecto puedan ser debatidos y tramitados con la mayor urgencia posible. Considero que la ausencia de estos instrumentos sólo perjudican a la sociedad chilena.	Por eso, a través de su persona, señor Presidente, le pido al subsecretario señor Burgos, quien nos acompaña, que se tomen las providencias para concentrar nuestros esfuerzos en los temas esenciales y evitar que, por discusiones sobre otras materias importantes, pero no necesariamente básicas, se retrase la creación de esta Unidad y la tipificación de estos nuevos delitos, así como los nuevos instrumentos para combatir el flagelo del narcotráfico y el lavado de dinero. No cabe duda de que el Congreso Nacional comparte la creación de instrumentos destinados a combatir estos flagelos, siempre que se haga dentro de las normas que aquí se proponen.	Por lo dicho, quiero, más bien, referirme a otro tema, relacionado con la práctica cotidiana que se vivirá cuando este proyecto se convierta en ley. Se trata del error garrafal que, a mi juicio, volveremos a cometer: no priorizar lo que deseamos hacer como sociedad. Quizás el dicho “quien mucho abarca, poco aprieta”, es más válido que nunca en esta ocasión. Aquí tendemos a meter en un mismo saco comportamientos sociales diversos, y por tratar de abordar tanto en nuestro combate cotidiano, como sociedad, diluimos nuestro accionar y, en el hecho, vamos perdiendo el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Pero no es el Gobierno el que pierde esta batalla, sino la sociedad chilena en su conjunto, quizás por responsabilidad de quienes, en esta Cámara, no sabemos entregar el instrumento más eficaz en el momento oportuno.	Nuevamente veo que en esta ley se confunden por momentos el tema del consumo con el del tráfico, lo cual se refleja, entre otras cosas, en que se incluye un conjunto de artículos para abordar la rehabilitación y la prevención, que tienen que ver con el consumo y no con el propósito principal del proyecto, que es el combate del narcotráfico y del lavado de dinero. 	En el debate de la prevención y rehabilitación que hace nuestra sociedad, más allá de los esfuerzos realizados, como indicaba el subsecretario del Interior, señor Burgos, una reflexión honesta sobre los 3.500 millones de pesos que se destinan para este propósito, nos lleva a concluir que es poco lo que estamos haciendo en términos reales para enfrentar el tema. No porque no queramos, sino debido a que nuestra sociedad no lo ha puesto como una de sus principales prioridades.	La forma como abordamos el tema en el título III, demuestra que estamos mezclando temas prioritarios con temas secundarios.	Por eso, quiero hacer una segunda sugerencia: dejar fuera del proyecto los aspectos relacionados con la prevención y rehabilitación, no por ser menos importantes, sino porque requieren de una reflexión más profunda; tal vez, de una institucionalidad distinta de la consagrada en la normativa en estudio.	Entiendo bien lo que hay detrás de algunas propuestas -volveré sobre ellas en un momento-, pero creo que terminarán siendo muy poco eficaces.	Quiero ilustrar mis juicios a través de lo siguiente: si uno ve lo que ocurre en las cárceles, puede advertir que hay un porcentaje creciente de personas detenidas, en particular mujeres, por el delito de narcotráfico. Al analizar la realidad social de esas personas, se concluye que no están allí los principales narcotraficantes, sino los microtraficantes o personas usadas por éstos, que caen en el microtráfico por necesidades económicas y no porque sean traficantes.	También sucede que al momento de dilucidar entre calificar de consumidor o de microtraficante, los jueces, frente a la duda, muchas veces declaran que son traficantes y les aplican como mínimo penas de cinco años y un día. Por eso, en algunas cárceles hay una masa muy grande de personas cumpliendo penas de esa entidad por hechos que, si bien son rechazados y reprobados por esta Cámara y por el país, no son acreedores de tal sanción. No cabe duda de que no es allí donde deberíamos poner énfasis en el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero.	Más aún: si uno analiza los artículos que se nos proponen, a veces se llega al extremo de lo ridículo -y disculpen que lo diga en esos términos-, por cuanto dejamos las cosas hechas en tal forma que los jueces nuevamente se verán en la situación no muy confortable de tener que determinar, en ciertas coyunturas, si las personas son consumidoras o traficantes. Es decir, metemos en el mismo saco al traficante de LSD, de cocaína y de pasta base, que es el principal peligro que acecha a nuestra sociedad, con los consumidores de marihuana. Así, ponemos en la misma situación a personas que causan daño a la sociedad y a las que se dañan a sí mismas.	Cuando se habla de esas drogas, en el proyecto no se determinan cantidades respecto de lo que significa traficar o, como producto de una predisposición, consumir para uso exclusivo y próximo en el tiempo. Al no hacerlo, creamos una situación conflictiva para los jueces, quienes, en un afán de cooperar con lo que quiere la sociedad, van a terminar llenando las cárceles de personas que son sorprendidas con pequeñas cantidades de droga, que son microtraficantes o consumidores, dejando afuera a los narcotraficantes mayores y a los que se dedican al lavado de dinero.	Creo necesario revisar las normas que se nos proponen en cuanto a la falta versus la pena en relación con los consumidores y los que delinquen; no sé si estamos siendo realistas. Al respecto, quiero preguntar a la diputada que representa al distrito de Arica o a los colegas presentes, si comparten la norma propuesta en todos sus aspectos. Muchos de nosotros hemos visto la película “Traffic”, donde se muestra el desastre que la droga produce en la familia. Como en el proyecto no se determinan las cantidades de droga para ser considerados narcotraficantes, en el caso de jóvenes que asisten a un concierto, por ejemplo, si se demuestra que han consumido marihuana pueden ser penados con cinco años y un día, sin derecho a rebaja de la pena.	Entonces, quiero saber cómo se aplicará en la práctica la ley, como señal a nuestra sociedad, por cuanto no sé si después se borrará con el codo o se centrará en lo principal.	Si bien soy partidario de las ideas matrices del proyecto, no comparto los colgajos que se le han agregado. Me sorprende la incapacidad del país y del Congreso para abordar el tema. Si bien el consumo de drogas quizás sea reprochable, a algunos nos molesta más el consumo de drogas legales, como el tabaco y, sobre todo, el alcohol, que, sin duda, es el principal problema en Chile, la principal causa de accidentes y de uso de camas en los hospitales.	Si nos queremos meter en las drogas ilegales, me parece absurdo que no califiquemos los distintos tipos y las metamos todas en un mismo saco, porque cuando se presiona el consumo de marihuana, los jóvenes se cambian a la pasta base; no dejan de consumir. Si no presionamos lo peor, la pasta base, que es la que causa estragos en nuestras poblaciones, la que lleva acompañado el tráfico de armas, las pandillas y la delincuencia feroz en muchos puntos del país, estamos cometiendo un error, tan grave como poner en un mismo nivel a un joven que anda con tres cigarrillos de marihuana que otro que lleva cinco papelillos de pasta base.	Necesitamos calificar las cosas en forma tal que la sociedad diga qué es lo más importante erradicar. Idealmente, deberíamos tener capacidad de erradicarlo todo, pero hoy no la tenemos, y me preocupa que no podamos precisar cuál es el enemigo de la sociedad: el consumo de pasta base, veneno que corrompe, que daña, que destruye la convivencia social y la de muchas familias.	Por último, ante la falta de un sistema efectivo de prevención y de rehabilitación, sugiero que en el título III, referido a las faltas, se eliminen todas aquellas normas que propongan la asistencia obligatoria a programas de prevención, pues no existen; a cursos para la rehabilitación efectiva de los consumidores de pasta base, a quienes no podemos rehabilitar porque existen muy pocos centros para ello, por falta de fondos públicos. 	Propongo pedir la venia del Ejecutivo para separar del proyecto todas estas materias, a fin de dictar una ley distinta de la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en la cual se establezca un sistema de prevención y rehabilitación nacional, que incluya tanto las drogas ilegales como las legales, un sistema que nos permita rehabilitar a quienes caen en el consumo de drogas, legales o ilegales, y lograr su reinserción social.	Lo que se nos propone es mucha poesía, pero poco efectivo para hacerlo realidad.	En resumen, la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y la tipificación del delito de lavado de dinero son básicos; la de instituciones para combatir en forma efectiva a los traficantes, como se ha propuesto; el agente encubierto y las facilidades que deben darse para aplicar estas normas, también son muy importantes; pero no tratemos de abordar todo en este proyecto, porque vamos a ser poco eficaces y a generar expectativas que mañana no podremos cumplir.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Ha llegado el término del Orden del Día. Los diputados inscritos podrán intervenir mañana, ocasión en que se continuará tratando el tema.	Queda pendiente la discusión del proyecto.
    
    
    VI. PROYECTOS DE ACUERDOCREACIÓN DE INSTITUTOS DE SALUD ESCOLAR Y ATENCIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA AL DE SAN PEDRO DE LA PAZ. (Votación).	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 540.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Rechazado por falta de quórum.RESPALDO OFICIAL DEL GOBIERNO A POSTULACIÓN DE NICANOR PARRA A PREMIO NOBEL DE LITERATURA.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 542, de los diputados señores Velasco, Valenzuela, señora Rozas, doña María; señores Naranjo, Vilches, Villouta, Jarpa, Correa, Jaramillo y Krauss.	“Considerando:1.	Que Chile ha sido cuna de grandes hombres y mujeres dedicados a la novela y a la poesía, alcanzando dos de ellos el premio Nobel de Literatura.2.	Que dicha característica es un hecho que llena de orgullo a todo el país, exponiéndolos como ejemplo a todos los niños en las escuelas.3.	Que el legado de ambos, Mistral y Neruda, ha servido para nutrir el florecer de muchos hombres y mujeres de letras en el transcurso de nuestra historia reciente.4.	Que los gobiernos de turno han apoyado oficialmente a sus candidatos para el Premio Nobel, otorgándole a la presentación nacional ante el mundo un signo de respaldo e idea común de toda una nación.5.	Que hoy el poeta Nicanor Parra tiene una real opción de obtener tan galardonado reconocimiento a nivel mundial.6.	Que la vasta trayectoria del denominado “antipoeta”, conocida tanto en Chile como en el mundo entero, otorga elementos de sobra para considerarlo merecedor del reconocimiento del Gobierno, para apoyarlo en su postulación al Nobel.7.	Que el Gobierno debe hacer gala de su apego a los temas culturales, levantando a Parra al Nobel ahora, y no rendir homenajes póstumos tardíamente.	Por tanto:	Vengo a solicitar el apoyo de la Sala para solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el respaldo oficial del Gobierno para Nicanor Parra como postulante al Premio Nobel de Literatura”.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Para hablar sobre el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, Nicanor Parra Sandoval, el poeta vivo más importante de Chile, creador de un proyecto literario, una forma de expresión poética llamada antipoesía, compuesta por poemas, antipoemas, ecopoemas, artefactos, trabajos prácticos, discursos de sobremesa, es una de las personas más significativas de la cultura chilena de la segunda mitad del siglo XX. Aunque se ha movido, sobre todo, en un ámbito específico de ésta -la poesía-, su personalidad carismática, contradictoria y rebelde, su forma de vivir apartada del “establishment”, pero al mismo tiempo desafiante y provocativa, y su propia obra literaria, han traspasado este ámbito y lo han transformado en un personaje público siempre vigente.	La incorporación de la realidad en la literatura interesa al antipoeta más que la expresión de belleza, lo que justifica la programación satírica de sus textos, el uso de la ironía, el sarcasmo, el chiste, la caricatura, que sirven para provocar risa, pero no diversión, que ayudan a tomar conciencia de la realidad sin necesidad de filo-sofar, ponerse solemne o magistral, para educar mediante la risa, como el bufón, el payaso o el humorista. Así, el antipoeta pretende desmitificar la poesía y el mundo.	La antipoesía responde a la búsqueda e identificación con la mentalidad y sensibilidad estética del hombre medio y pretende ayudarlo del único modo posible para un ser deshumanizado, a recobrar su identidad humana o, por lo menos, a colocarse cara a cara con su humanidad en crisis. Para lograrlo, el antipoeta no puede valerse del código de la poesía tradicional, que le parece obsoleto por su anacronismo, su refinamiento elitista, su idealización de la realidad y su consecuente hermetismo para el hombre de la calle, que la siente cursi, ridícula, falsa o restrictiva. Prefiere, por ello, construir un texto anticonvencional, con los materiales poéticos desechados por el arte de la elite, pero que simulan ser poemas convencionales para atraer al lector, violentar sus expectativas y cambiar su percepción del arte y la realidad.	En su vida literaria ha recibido un sinnúmero de premios, entre los más importantes, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Rulfo. Esto avala su proposición por parte de la Universidad de Chile y de otras instituciones al Premio Nobel de Literatura 2001.	Nicanor Parra es un promotor cultural que puede ayudar a nuestro país a encontrar un rumbo que sea permanente, otra altura de la cordillera después de las obras de Gabriela Mistral y Pablo Neruda.	Un respaldo, ¿a título de qué? Pretextos sobran y el primero es hacer un simple ejercicio de reconocimiento a su obra, sin quedarse en la anécdota, sino profundizando en el mundo parriano. Un incentivo al encuentro con nuestra cultura.	Para empezar, habría que comenzar a leer a Parra:Antidiscurso.	Para que un discurso sea bueno	debe ser largo.	El mío será malo pero corto.La antipoesía ¿Es poesía?	No llamar poesía a la antipoesía	es como no llamar pintura	a la pintura abstracta.Roberto Matta	Tiene la palabra.Ventajas comparativas.	Chile país de poetas.	Dos veces campeones mundiales	de poesía.¿Tricampeonato?	Ustedes	tienen la palabra.Temas antipoéticos:Dios	le dedico mis obras completas	exista o no exista.La Muerte	un hábito colectivo.La Vejez	y sus alas de insecto.El Tiempo	sirve para que las cosas no sucedan todas juntas.Derechos humanos	mucho se habla.	Nada sobre deberes humanos.	Primer deber humano.	Respetar los derechos humanos.Política	La izquierda y la derecha	unidas jamás serán vencidas.	Ni socialista ni capitalista	sino todo lo contrario:	ecologistas.Los poetas chilenos tienen la palabra	Doy la palabra.Gabriela Mistral	Estamos ante una poeta cuya fama se extenderá internacionalmente.Pablo Neruda	En la poesía hispanoamericana hay sólo tres poetas: Darío, Huidobro y Parra.Enrique Lihn	La necesidad y la casualidad decidieron que se operara un cambio en nuestra realidad poética. A la necesidad de un nuevo golpe a la tradición establecida en nuestro medio por las grandes individualidades geniales se unió la casualidad encarnada en el autor de Poemas y antipoemas y de versos de salón. Y el cambio se produjo, aunque convengo en que muchos no lo admitan, por razones obvias.¿Quién habló de guerrilla literaria?Para terminar1.	Primera condición	de toda obra maestra	pasar inadvertida2.	Nadie es poeta	en su tierra.3.	Cultura	Nos salvamos juntos	o nos hundimos separados.4.	Antivotación	Todos a favor.	Al concluir, deseo destacar que Nicanor Parra, en España, expone lo mejor de sus trabajos deslumbrando al mundo europeo.	Su Excelencia el Presidente de la República, clausurará dicha muestra poética. Un impulso más a su dilatada y prolífera obra literaria.	Es probable que Parra ya se sienta incómodo, fuera de su tabernáculo.	En la reciente décima jornada del parlamento cultural del Mercosur, la delegación chilena presentó una moción para apoyar la postulación de Nicanor Parra al Premio Nobel de Literatura: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, honrando a Chile, por unanimidad, aprobaron nuestra petición, considerando los méritos destacados de nuestro poeta.	Es muy posible que a algunos colegas parlamentarios no les agrade la antipoesía de Parra; lo encuentro legítimo, porque se ha escrito mucho sobre gustos y hay algunos, realmente, malos.	No aprobar este proyecto de acuerdo sería, quizás, darle la razón a Parra y a toda su lógica creatividad anti todo, convulsionando la intranquilidad íntima del vecino de las Cruces.	Finalmente, deseo destacar que el Parlamento Cultural del Mercosur aprobó la moción que apoya a Nicanor Parra para Premio Nobel.	He dicho.	-Aplausos.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor VALENZUELA (Vicepresi-dente).- No hay quórum.	Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.	-Transcurrido el tiempo reglamentario:	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Aprobado.	-Aplausos.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Acuña, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ávila, Rozas (doña María), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hernández, Jiménez, Letelier (don Juan Pablo), Martínez (don Gutenberg), Monge, Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Seguel, Silva, Soria, Valenzuela, Vargas, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
    
    
    VII. INCIDENTESAPOYO DEL BANCO DEL ESTADO A LA SOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.	Tiene la palabra el diputado señor Miguel Hernández.	El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, las medidas implementadas por el Gobierno, con el objeto de resolver, entre otros, el tema del endeudamiento de la pequeña y mediana empresa, merecen dudas.	En una reciente visita a las comunas del distrito que represento y de la Novena Región de la Araucanía, al conversar con pequeños y medianos empresarios dándoles a conocer los programas que el Gobierno ha implementado para resolver sus problemas me respondieron que cuando se acercan a las oficinas correspondientes para tomar conocimiento de ellas, la respuesta que reciben casi siempre es negativa. Esto ha sucedido sobre todo en el Banco del Estado. En una reciente visita a la región, el presidente de dicha institución, señor Jaime Estévez, ha expresado que en todas las oficinas del país se están implementando mecanismos expeditos para que los pequeños y medianos empresarios puedan acceder a los beneficios de reprogramación. Pero, al conversar con las personas, uno se encuentra no con la sorpresa, sino con la evidencia de que cuando concurren al Banco del Estado generalmente les dan respuestas difusas, confusas o lisa y llanamente negativas. 	Por lo anterior, solicito se oficie al presidente y al gerente general del Banco del Estado, para que nos informen respecto de la reprogramación que dicha entidad ha llevado a cabo en las comunas de la Novena Región.	Asimismo, pido que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que nos informe cuál es el mecanismo de fiscalización o cómo se coordina ese ministerio con el Banco del Estado para que éste implemente las medidas que el Gobierno ha puesto en beneficio de la gente.	El endeudamiento de la pequeña y mediana empresa de la Araucanía es tremendamente grave, al igual que la falta de trabajo, la cesantía. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que sólo con el mejoramiento de las condiciones laborales del sector habrá nuevos puestos de trabajo. Desde esta perspectiva, el rol del Banco del Estado es fundamental para la implementación de las medidas que el Gobierno ha anunciado para resolver la problemática.	Repito, para la Novena Región es fundamental resolver el problema de la cesantía por la vía del trabajo eficiente de la pequeña y mediana empresa. Por eso, reitero los oficios tanto a las autoridades del Banco del Estado como al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.HOMENAJE A LOS TRABAJADORES EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.	El señor SEGUEL.- Señor Presidente, rindo un solemne homenaje a los trabajadores de Chile y del mundo, que este 1º de mayo celebraron, una vez más, el Día Internacional del Trabajo. Día de recuerdo y reflexión en memoria de todos aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para que los trabajadores fuesen considerados personas de pleno derecho en su larga lucha por obtener el reconocimiento y dignidad de quienes, con su trabajo, consagraron su vida al esfuerzo y desarrollo de sus pueblos. 	Muchos han sido los anhelos, esfuerzos y luchas de los trabajadores por obtener un reconocimiento a sus derechos. Desde sus primeras reivindicaciones, tendientes a obtener la jornada laboral de ocho horas, primero; el derecho a sindicalizarse y a establecer sus propias organizaciones, así como obtener el pago de sus vacaciones. Estas reivindicaciones, que hoy son universalmente aceptadas por el mundo civilizado, tuvieron que ser pagadas, en su hora, con la sangre de los mártires que, con la huelga gremial del 1º de mayo de 1886, desembocaron en los trágicos enfrentamientos con la policía el 3 y 4 de mayo en la empresa Mc Cormick y en la plaza Haymarket, de Chicago, en cuya memoria y perpetuo recuerdo se estableció esta fecha como el Día Internacional del Trabajo.	No les ha sido fácil a los trabajadores hacerse oír en un siglo tan trágico como el que acaba de concluir. Siglo surcado por la violencia de los signos más opuestos y que muchas veces ha enfrentado entre sí a los mismos trabajadores para servir causas que no les pertenecen. 	Nuestra patria no ha estado ajena a estas vicisitudes. A lo largo de nuestra historia y de nuestra larga geografía hemos visto las reivindicaciones laborales desde los lejanos días de la pampa salitrera y de los lancheros de Iquique, que con sus primeras movilizaciones y huelgas pusieron las bases del movimiento sindical chileno. Las masacres de la escuela Santa María, de Iquique, y de la oficina San Gregorio, en la pampa salitrera, son hitos trágicos de esta larga lucha por conseguir el respeto de sus derechos laborales.	Asociados a estos acontecimientos por obtener justicia y dignidad, están los nombres legendarios de Luis Emilio Recabarren, quien, con su diario “El Despertar de los Trabajadores”, recorría la pampa para alentar el incipiente movimiento obrero. En las ciudades, no podemos menos que recordar a Clotario Blest Riffo, fundador de la Asociación de Empleados Fiscales, Anef, en los años 30, y de la Central Única de Trabajadores, CUT, en los años 50, hasta llegar a Tucapel Jiménez Alfaro, quien, en los años aciagos de la dictadura, debió pagar con su vida los anhelos de libertad y respeto a los derechos conculcados. Es mucho lo que se ha debido luchar y trabajar para obtener un justo reconocimiento al mundo del trabajo, que no ha obtenido gratis sus justas reivindicaciones.	Son muchas las figuras de hondo contenido moral que han alzado su voz para respetar al hombre y a la mujer de trabajo. No podemos olvidar al beato padre Alberto Hurtado, que fundara la Asociación Sindical Chilena, Asich, y promoviera en sus escritos la sindicalización y el salario justo. Cómo olvidar al Cardenal Raúl Silva Henríquez, que siempre estuvo al lado de los trabajadores en las horas más aciagas de nuestra patria, para recuperar el sentido de “dignidad y libertad del alma de Chile”. Cómo no recordar también a nuestro querido colega Manuel Bustos Huerta, que sirvió permanentemente a sus hermanos de trabajo, y se esforzó por restituir la libertad y la dignidad quebrantadas, creando la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Todos ellos formaron parte de nuestra historia, y dejaron un noble y profundo legado para nosotros y las futuras generaciones.	Señor Presidente, espero que este homenaje que hoy realizamos a los trabajadores en su día, no sea un simple recuerdo de sus pasadas luchas. Son muchas las tensiones y anhelos que hoy se acumulan en las mentes y corazones de nuestros compatriotas. De la consideración del Congreso penden las llamadas reformas laborales, que han sido impulsadas por los dos últimos gobiernos de la Concertación. Pareciera que no hemos avanzado en ellas, en el transcurso del primer año de gobierno del Presidente Lagos. Se habla de “crisis de confianza” del empresariado hacia las nuevas autoridades políticas y económicas; que no se dan “señales” que impulsen la inversión y la creación de puestos de trabajo; que “el rumbo es claro, pero que el piloto no tiene la mano firme”; que se “debe cambiar la receta”, argumentos todos que no evidencian “crisis de confianza”, sino una gran y profunda “crisis de compromiso” con la causa de Chile.	Si queremos un país emergente y competitivo en lo económico, debemos tener organizaciones sindicales y legislación laboral acordes con las que existen en el mundo desarrollado, donde el trabajador tiene ganado un espacio que le asegura un respeto y dignidad según el grado de desarrollo alcanzado por la humanidad.	Hago un llamado a dialogar sobre este tema, sin prejuicios ideológicos, como lo dijera el Presidente Lagos: “Las reformas se harían con los trabajadores y no en contra de los trabajadores; con los empresarios y no contra los empresarios”. Así rendiremos el más justo homenaje a los trabajadores que a diario hacen la patria.	Como integrante de la Mesa de esta Cámara, no puedo menos que aprovechar esta ocasión para hacer extensivo este homenaje a los funcionarios de la Cámara de Diputados, que tan abnegadamente nos ayudan en la tarea de legislar, fiscalizar y representar a nuestros compatriotas. Sólo los diputados sabemos de su calidad humana y profesional y hemos conocido sus anhelos y aspiraciones. Como Vicepresidente, comprometo mi ferviente apoyo a sus legítimas aspiraciones para hacer de nuestra Cámara una institución eficiente y eficaz, como lo demanda la complejidad de nuestra tarea en el mundo actual.	Hago extensivo nuestro saludo a los secretarios de parlamentarios, que tan abnegadamente nos ayudan a diario, así como a los trabajadores de los medios de comunicación social, que siempre han acogido el sentir de las organizaciones sindicales.	Señor Presidente, solicito que este discurso sea enviado a la Central Unitaria de Trabajadores, como homenaje de un antiguo sindicalista, como también a los presidentes de las asociaciones de funcionarios de esta Cámara, para que transmitan a sus asociados el saludo de este diputado.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señoras María Antonieta Saa y María Rozas, y de los diputados señores Ortiz, Elgueta, Gutiérrez, Navarro, Ojeda y del que habla.INCONSECUENCIAS EN SOLUCIÓN DE CONFLICTO DE ESTUDIANTES. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.	El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, como es de conocimiento de los parlamentarios y de la opinión pública, con los diputados señores Ascencio y Jiménez hemos estado preocupados de resolver el paro estudiantil motivado por el modo de otorgamiento del pase escolar en la Región Metropolitana.	Como mucha gente ha atornillado al revés en relación con esta materia y con algunos hechos de orden público en la ciudad de Santiago, quiero saber quiénes son. Concretamente, solicitaré que se envíen oficios en este sentido.	En primer lugar, a los ministros de Educación y de Transportes, para que digan quiénes han atornillado al revés en sus reparticiones.	El martes terminó el paro de los estudiantes y se llegó al compromiso de que autoridades de los Ministerios de Educación y de Transportes iban a convocar a una mesa de trabajo para resolver la implementación de los acuerdos el miércoles, a las 19.15 horas; pero no fueron convocados los transportistas ni llegaron todas las autoridades del Gobierno que quedaron de asistir a dicha reunión. ¿Quién está atornillando al revés y no quiere que se resuelva el problema?	¿Cuál es la situación actual? Desde el martes pasado hasta hoy, nada se ha avanzado en la solución del problema del pase escolar. ¿Por qué? Porque algunos están atornillando al revés y quiero saber quiénes son. Quiero que la ministra de Educación, que se ha jugado por resolver el conflicto, y el ministro de Transportes digan quiénes están actuando así en sus reparticiones.	En segundo lugar, pido que se oficie a los ministros de Defensa y del Interior, para que digan quién está atornillando al revés en materia de orden público.	Como no se ha resuelto el problema de los estudiantes, un grupo de ellos, dirigentes de la Aces, el viernes pasado, decidieron dejar una carta en el palacio de Gobierno, lugar al cual puede acceder cualquier ciudadano. Pues bien, no sólo fueron reprimidos, sino detenidos y levantados en vilo. El sector fue sitiado por fuerzas de Carabineros -digo sitiado, porque se puso una reja- y un grupo numeroso de funcionarios policiales -cuarenta o sesenta-, premunidos de cascos, se llevó detenidos a siete estudiantes. Además, frente a la puerta de La Moneda se instalaron dos guanacos, un zorrillo y dos buses. Todo esto para detener a siete estudiantes en la Plaza de la Constitución. 	Del hecho pueden dar fe el parlamentario que habla, que estaba en una reunión en el duodécimo piso del Ministerio de Hacienda; el intendente de Santiago, el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el jefe de gabinete del intendente y todos los funcionarios de ese Ministerio que observaban desde la misma ventana que lo hacía yo.	¿Quién está atornillando al revés? Quiero que los ministros del Interior y de Defensa nos informen acerca de quiénes dan las instrucciones a Carabineros para que actúe de esa manera; quién le permite poner vallas para que nadie pueda acercarse al palacio de Gobierno; quién permite que Carabineros instale dos “guanacos”, un “zorrillo” y dos buses en la puerta del palacio presidencial y detenga a siete de doce estudiantes que querían llevar una carta al Presidente de la República.	Por eso, solicito que se envíen los oficios señalados.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.ANULACIÓN DE RESTRICCIONES A INDUSTRIAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.	El señor SILVA.- Señor Presidente, con sorpresa, me he enterado de que han quedado sin efecto las restricciones para mil seiscientas industrias en la Región Metropolitana. Con sorpresa y -por qué no decirlo- con un grado de molestia por lo contradictorio de la medida.	En primer lugar, porque se ha levantado una serie de restricciones a industrias contaminantes. Como muchas habían cumplido los requisitos en comunas como La Granja, Macul y Cerrillos, con esta medida se ha favorecido a otras que han sido ineficientes en el cumplimiento del plan de descontaminación.	En segundo lugar, deseo saber qué ha pasado con los recursos que se han aprobado año tras año para el plan de descontaminación de Santiago. ¿Cuándo se va a descontaminar la capital si se permite que las industrias contaminantes -porque a ellas me refiero- amplíen sus dependencias?	En tercer lugar, no cabe duda de que la que se ha dado es una pésima señal para quienes siempre hemos planteado que la descentralización del país pasa fundamentalmente por la desconcentración económico-productiva, la que requiere incentivar en el sentido inverso para que las industrias se instalen en las regiones.	Por lo tanto, junto con señalar mi molestia ante la pésima señal que ha dado el Gobierno, solicito que se oficie al ministro del Interior para pedirle que dé a conocer las decisiones y medidas que va a adoptar el Consejo Regional Metropolitano en este sentido y una explicación en relación con lo que he señalado. Ahora, si ello obedece a una razón coyuntural, como es la falta de empleo, sin lugar a dudas afectará, en el mediano y largo plazo, a la inversión en regiones.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN AEROPUERTO DE TEMUCO. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el minuto que le resta a la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, deseo denunciar una serie de graves episodios producidos en el último tiempo en la operación del aeropuerto Maquehue, de Temuco. Me refiero a las deficiencias técnicas que hacen peligroso especialmente el aterrizaje de los varios vuelos comerciales que arriban a esa ciudad, desde el norte y el sur del país.	En efecto, hace menos de una semana un avión de la línea aérea Ladeco se salió de la pista, como consecuencia de problemas en la infraestructura física del terminal aéreo, con riesgo de la vida de decenas de personas. Aterrizó en la pista y se detuvo casi al caer al río Cautín, con la evidente reacción de nerviosismo de quienes se encontraban a bordo. Explicación a los pasajeros, ninguna.	Constantemente los aterrizajes en esa pista son traumáticos. Lo digo porque semanalmente viajo y puedo certificarlo.	Por lo dicho, solicito que se oficie, en mi nombre y en el del diputado señor Sergio Ojeda, a los ministros de Obras Públicas y de Defensa y al director general de Aeronáutica, para que informen respecto de la seguridad del mencionado aeropuerto y si es prudente que siga en operaciones.	La construcción de un nuevo terminal aéreo en Temuco es un requerimiento técnico básico.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.CONTRATACIÓN DE MÉDICO ESPECIALISTA PARA SERVICIO MÉDICO LEGAL DE VALLENAR. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.	El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la muerte de un familiar, sin duda, es uno de los momentos más difíciles por los cuales debe pasar un ser humano. Ahora, si después de una muerte violenta, por ejemplo, sigue una serie de trámites y esperas para la devolución del cadáver, el drama es insoportable.	En Vallenar, provincia de Huasco, con la finalidad de brindar un mejor servicio en el Instituto Médico Legal y terminar de paso con el drama que significa, por ejemplo, que los restos de una persona fallecida durante el fin de semana, en circunstancias especiales, sean entregados a sus familiares tres o cuatro días después, se ha invertido una gran cantidad de dinero en la construcción de un edificio con las correspondientes instalaciones, pero, a pesar de ello, subsisten las carencias.	Las autoridades han proclamado a los cuatro vientos que los problemas están solucionados y que nunca más volverán a ocurrir. Sin embargo, en la práctica, no es así. En el último mes, por lo menos, dos o tres familias que han perdido a uno de sus componentes en las condiciones antes señaladas, han debido sufrir una demora de hasta cuatro días para la entrega de los cuerpos. Ello ocurre por la falta de un médico especialista, sobre todo los fines de semana.	En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Justicia, a fin de que haga todos los esfuerzos posibles para conseguir la contratación de un especialista, de manera de poner fin a un problema que afecta fundamentalmente a la gente más modesta, cuando fallece un familiar en circunstancias especiales.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino y Vega, y señora Rosa González.ANTECEDENTES SOBRE TRASPASO DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL A LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe sobre la estrategia o la política seguida por dicha secretaría de Estado para que todas las agrupaciones de comités de agua potable rural de la Cuarta Región hayan sido traspasadas a la Dirección de Obras Hidráulicas.	Se trata de agrupaciones particulares de usuarios que se juntaron para acceder al agua potable y estaban relacionadas directamente con la Empresa Sanitaria de Coquimbo S.A., la cual tiene la capacidad técnica y los elementos para ir en ayuda en momentos de imprevistos, incluso para reemplazar bombas o algún tipo de material que falle. Sin embargo, últimamente dichos comités han pasado a depender de la Dirección de Obras Hidráulicas.	En consecuencia, es necesario saber qué elementos de juicio se han tenido para el traspaso de dependencia.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.SITUACIÓN DEL FOSIS EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Planificación, a fin de que informe, en primer lugar, sobre las consultoras con que trabaja el Fosis en la Cuarta Región y sus representantes legales y, en segundo lugar, sobre la participación de su directora, ya que últimamente ha hecho uso de licencias médicas. Es necesario saber quién la reemplaza y por cuánto tiempo. En definitiva, cuál será su futuro y si su salud le permitirá retomar el trabajo.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE OBRA VIAL DE LA SERENA. Oficio.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre el estado de avance y de pago de la obra denominada eje Amunátegui, en La Serena. Interesa conocer el nombre de la empresa contratista, si es la misma que inició el proyecto, la situación en que se encuentra la obra y cuál es su desarrollo en relación con el plazo establecido.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA AGRICULTURA EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vega.	El señor VEGA.- Señor Presidente, he recorrido el distrito Nº 40 y he podido comprobar que existe una cesantía nunca antes vista en la zona, la cual es netamente agrícola y de cultivos tradicionales. Ello se debe a la baja del precio de los productos derivada del Mercosur, ya que el del arroz está condicionado, queda a la deriva y depende, única y exclusivamente, de la oferta y la demanda, lo que significa que los cuatro, cinco o seis molinos arroceros mantienen un monopolio y no se puede hacer nada. Lo mismo ocurre con el trigo y el maíz.	A ello se suma la situación que afecta a los vitivinicultores de la región, cuyas cosechas fueron abundantes el año pasado y el actual. En 2000, las grandes empresas pagaban el vino a 12 mil o 14 mil pesos la arroba, de 40 litros, la misma por la que hoy se ha llegado a ofrecer mil 600 pesos. Incluso, muchos viñateros han preferido no cosechar la uva, ya que sus bodegas están repletas y los precios son bajos. Falta una política agraria realmente definida.	En consecuencia, solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Agricultura, a fin de que se aboquen a solucionar un problema que recién está empezando y que afecta a dos millones y medio de agricultores que viven de esta actividad.	Muchos creen que los 90 mil millones de pesos para beneficiar la agricultura a través de Indap son una solución. No es así, porque si bien el instituto cumple la función de organizar y orientar a los pequeños agricultores, no se ha preocupado de la comercialización de sus productos. Se les dice que planten tomates o frutillas, pero después quedan botados porque no hay comercialización.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Señor diputado, ha terminado el tiempo de Renovación Nacional.	El señor VEGA.- Solicito al Comité de la Unión Demócrata Independiente que me conceda un minuto.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Por supuesto.	El señor VEGA.- San Carlos, Parral, Longaví y Ñiquén producen el 50 y tanto por ciento del arroz que se consume en Chile. Sin embargo, las 100 mil hectáreas de que se dispone para su cultivo son inservibles para otros productos, porque son tierras gredosas. Incluso, hace un tiempo algunos técnicos dijeron que la solución era la reconversión, pero ella requiere medios y mucho tiempo.	Por lo tanto, es indispensable que todos los agricultores del país y los parlamentarios exijamos al Gobierno una orientación sobre el tema.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.LIMITACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ARICA. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Defensa, a fin de que informe claramente los motivos por los cuales se ha decidido -sin comunicar, por supuesto, a la comunidad ariqueña, como es habitual, ni pedir autorización- cerrar el aeropuerto internacional de Arica a las 24 horas, medida absolutamente imposible de llevar a cabo si debe esperarse un avión que ha tenido una emergencia.	En consecuencia, solicito que el ministro de Defensa indique si es por razones técnicas o presupuestarias, tal como se ha manifestado. Si se debe a lo primero -es la información que se me ha proporcionado-, la suma que se les pagaría a los funcionarios por concepto de horas extraordinarias alcanzaría a 60 millones de pesos anuales. Si la Dirección de Aeronáutica no dispone de 5 millones de pesos mensuales para implementar un aeropuerto internacional, quiere decir, a mi modesto entender, que el país está mucho peor de lo que pensamos.ANTECEDENTES SOBRE OBRAS EFECTUADAS EN LA PRIMERA REGIÓN DURANTE EL AÑO 2000. Oficio.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- En segundo lugar, al ver un informe que se le proporcionó al señor Juan Carlos Latorre, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, relacionado con las inversiones que se hacen en la Primera Región, Arica también resulta discriminada. El señor Latorre informó, a su vez, que, efectivamente, el presupuesto para esa región ha subido en forma considerable en los últimos años: el ciento por ciento superior al de 1995. 	Constaté que ello es efectivo; sin embargo, su distribución es la siguiente: 85 por ciento para Iquique, 10 por ciento para Arica y 2 por ciento para Parinacota, provincia de 5.600 habitantes, que el año 2000 recibió 229 millones de pesos para financiar todas las obras públicas necesarias.	Los colegas comprenderán que la gente empieza a sacar cuentas. 229 millones de pesos son mucho menos de lo que se le pagó al señor Álvaro García Álamos por concepto de indemnización, que se llevó 279 millones de pesos. Entonces, la gente empieza a preocuparse. Si se destinan 229 millones de pesos para un año de gestión, para que puedan vivir cinco mil seiscientos habitantes y para la construcción de caminos, esas personas empiezan a pensar en el caso del señor García Álamos y a temer que, con el tiempo, las cosas puedan empeorar. 	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe pormenorizadamente sobre las obras efectuadas durante el año 2000 en Parinacota, Arica e Iquique, indicando también las obras intercomunales.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.PRESENCIA DE BORO EN AGUA POTABLE DE PRIMERA A CUARTA REGIONES. Oficio.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- En tercer lugar, pido que se oficie al ministro del Interior con el objeto de que solicite en forma urgente a las empresas sanitarias estatales de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta regiones, efectuar un análisis del boro que contiene el agua potable de esas regiones y que nos informe sobre su resultado, ya que los antecedentes que obran en mi poder indican que el agua potable suministrada por dichas empresas genera gran cantidad de problemas en la salud de sus habitantes.	Solicito el envío del oficio, a fin de que responda en forma urgente a mi petición, puesto que se presentará una querella en contra del fisco por la presencia de boro en el agua potable.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.PROBLEMAS DERIVADOS DEL TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS EN ARICA.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Por último, a pesar de que no está presente en la Sala, me gustaría contestar las afirmaciones formuladas por el colega Letelier, don Juan Pablo.	En Arica tenemos muchos problemas relacionados con las drogas, precisamente porque esa ciudad constituye un muro de contención para la droga que entra en el resto del país, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. No me gustaría seguir presenciando lo que veo habitualmente en Arica: padres golpeados por sus hijos, con el objeto de exigirles dinero para comprar drogas; madres que lloran, porque sus hijas se han prostituido también para adquirirlas; 18 niños drogados que acuchillaron a un niño que pasaba por el lugar.	Es indudable que no quiero -con esto le contesto al diputado señor Letelier- que esas situaciones sigan ocurriendo. Para evitarlas, debemos aplicar mano dura, porque, de lo contrario, el país tendrá más problemas que los generados por la cesantía, con las consecuencias que todos conocemos.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Su Señoría ocupó exactamente los cinco minutos asignados por su Comité.ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CASTRO. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Claudio Alvarado.	El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en esta ocasión quiero referirme a una situación que, eventualmente, podría afectar a numerosas familias de la ciudad de Castro, que durante muchos años han estado postulando para hacer realidad el sueño de la casa propia. 	Hace algún tiempo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adjudicó a la empresa Carelmapu, de esa ciudad, la construcción de 156 casas en el sector de Gamboa Alto, Villa San Francisco. Por problemas de insolvencia económica de la empresa, el contrato fue finiquitado y se llamó a una licitación privada, a fin de adjudicar la construcción de las viviendas a otra empresa que pudiera llevar a cabo el proyecto.	En forma paralela, la misma empresa, Carelmapu, en licitación privada, se adjudicó la continuidad de las obras de construcción de viviendas del proyecto Alerce, en la provincia de Llanquihue. En los últimos años, dicho proyecto se ha llevado gran parte de los recursos correspondientes al sector vivienda, en desmedro de otras provincias de la región. Hoy, en Chiloé se comenta que la continuidad de dichas obras aún no estaría decidida, porque habría problemas técnicos derivados del plan regulador.	Entonces, si existían esos problemas técnicos, ¿por qué esa empresa se adjudicó la construcción de las viviendas? ¿Por qué ahora se da esa excusa? La verdadera razón es que la licitación privada para el proyecto Alerce superó, aproximadamente, en mil millones de pesos los recursos presupuestarios dispuestos por el Serviu para tal fin. Coincidentemente, las obras por construir en Castro sumaban alrededor de 800 millones de pesos. Es evidente que estamos frente al propósito de suplementar el presupuesto de Alerce, en perjuicio de las viviendas que se iban a construir en Gamboa Alto, detrás de la Villa San Francisco, en la ciudad de Castro. 	Como parlamentario representante de las provincias de Chiloé y Palena, no estoy dispuesto a aceptar que hoy se den argumentos técnicos que ayer, al adjudicar la construcción de la viviendas a la empresa Carelmapu, no se hicieron presentes.	Por lo tanto, por su intermedio, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo con el objeto de que el Serviu regional nos informe sobre la verdadera razón por la cual hoy no se ha dado continuidad a la construcción de esas 156 casas adjudicada a la empresa Carelmapu. 	Considero que no deben darse razones técnicas para ocultar el déficit presupuestario generado por el proyecto Alerce en la provincia de Llanquihue. No estoy en contra de esa obra; sólo deseo que las prioridades se traten de la misma forma; que con el objeto de privilegiar a otro sector de la misma región, no se castigue a las familias de Castro que, por años, han estado postulando a una vivienda. Si no hay recursos, que el Ministerio tenga la valentía de decirlo. Por último, que se reduzca el número de viviendas consideradas en el proyecto Alerce; de esa forma se actuaría con mayor equidad con las 156 familias que durante muchos años han estado esperando su casa propia. Su construcción ya había sido adjudicada a una empresa, la cual no pudo llevar a cabo la ejecución de ellas por insolvencia financiera. El Serviu tiene la obligación de readjudicar las obras a otra empresa que haga realidad el anhelado sueño de esas personas.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.EXPROPIACIÓN DE PROPIEDADES ADYACENTES A RUTA 5 SUR, EN PURRANQUE. Oficio.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero plantear un problema suscitado en la comuna de Purranque y que se repite en varias comunas que tienen acceso a la ruta 5 Sur. 	Debido a la construcción de la doble vía, en muchos sectores se ha cambiado el acceso a algunas comunas; se ha construido uno nuevo, con una infraestructura de gran envergadura que ha generado algunos inconvenientes a los pobladores que habitan allí. 	En el caso puntual de Purranque se definió un nuevo lugar de acceso a la comuna, al lado del cual está ubicada la población Dollinco, a la que se llegaba desde la carretera por otro camino. Para contar con la nueva infraestructura fue necesario expropiar terrenos que permitan la construcción de los terraplenes de acceso al puente que cruza la carretera. Pero el problema reside en que dichos terraplenes empiezan en el mismo borde de las casas y tienen una altura superior a los 20 metros, lo que cambia dramáticamente la situación habitacional de esos pobladores.	Por lo tanto, el cambio que ha generado este nuevo acceso requiere dar a esos propietarios un tratamiento distinto del aplicado hasta ahora por el Ministerio de Obras Públicas.	No es posible que a esta gente hoy se le construya esta infraestructura de más de 20 metros de altura frente a sus puertas, la cual transforma sus propiedades prácticamente en cárceles, toda vez que el único acceso a ellas se hacía por la carretera.	Se requiere entonces que el Ministerio de Obras Públicas expropie el total de la superficie de esas casas, de modo que sus actuales propietarios se trasladen a vivir a otros lugares, teniendo en vista que el cambio generado en su población hace del lugar una zona inhabitable.	Por eso, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que evalúe dicha situación y expropie el total de los bienes raíces de, al menos, los cinco pobladores que están en el primer frente de la población Dollinco, porque se han transformado en lugares imposibles de habitar luego de la construcción del acceso a la comuna de Purranque.	Solicito que se oficie en esa dirección al ministro de Obras Públicas, de manera que, con urgencia, evalúe esta situación, porque en este minuto está en plena construcción ese acceso.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.FACILIDADES PARA EL PAGO DE DERECHOS DE ASEO INSOLUTOS. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, el 28 de junio se cumple el plazo que otorgó la ley para que los municipios cobren los derechos de aseo adeudados hasta 1999.	El derecho de aseo fue establecido en la ley de rentas municipales, modificada en 1995, para aquellos propietarios de casas que no pagan contribuciones y cuyos avalúos están sobre los 600 mil pesos.	Los municipios establecieron un sistema que no siempre posibilitó comunicar oportunamente a la gente su obligación de pagar y sus posibilidades de exención. No todo el mundo tuvo esta información, máxime si aquélla no acostumbra pagar el derecho de aseo.	¿Qué pasa? Algunos municipios están mandando los avisos para que se pague este servicio, y la gente queda absolutamente sorprendida, porque no está consciente de que adeuda el derecho de aseo.	La ley que se promulgó el 28 de diciembre, y que da plazo hasta el 30 de junio para pagar esta deuda, establece una condonación del 50 por ciento. A muchas personas les llega el aviso por 150 mil pesos y, de acuerdo con la ley, tienen que cubrir 75 mil al contado. Entonces, al menos en mi distrito -y no me cabe duda de que en muchos otros de Santiago y del país ocurre lo mismo-, las personas que deben pagar esta deuda, aunque sea el 50 por ciento, se encuentran presas de gran angustia, porque no han pedido la exención en los municipios invocando su condición de jubilados, pensionados o montepiadas, o no sabían que debían esta cantidad de dinero.	Por esta razón, y por la situación económica que hoy estamos viviendo, he planteado al Gobierno la necesidad de modificar la ley para que el 50 por ciento no condonado pueda ser pagado, a lo menos, en 3 cuotas, y queden exentos de hacerlo, automáticamente, todos los adultos mayores con pensión o montepíos inferiores a 150 mil pesos; los que reciban pensiones asistenciales y de gracia; los que no tengan ningún medio para sostenerse; los que tengan su casita desde hace muchos años y sea el único bien que posean; los que estén cesantes y personas que reciban pensiones asistenciales. 	Además, deseo proponer al Gobierno que en los pagos correspondientes a los años 2000 y 2001 -cosa que podría consignarse en este proyecto modificatorio- se apliquen los criterios antes señalados, porque muchos que estaban trabajando en 1996 y 1997, hoy están cesantes; como, asimismo, se considere que en los pagos futuros se legisle para que los adultos mayores, en las circunstancias antes descritas, queden exentos por ley del pago del derecho de aseo.	Es de estricta justicia que el Gobierno nos escuche. Sabemos cómo la gente es cumplidora de sus obligaciones y de sus pagos, y vemos la angustia tremenda que sufre por esta comunicación del municipio, que exige el pago.	Quiero decir muy claramente que la alcaldesa de Renca puso como fecha de vencimiento el 30 de abril, en circunstancias de que el plazo corre hasta el 30 de junio. 	Al respecto, debo señalar que ella tomó la decisión y no el concejo. La ley dice claramente que el municipio debe fijar la fecha y establecer como tope el 30 de junio. En verdad, esto ha causado angustia y alarma pública en Renca, toda vez que la carta llegó con 15 días de anticipación.	Exigida una explicación al municipio de Renca de la medida adoptada, se ha aludido que como la gente paga siempre a última hora, era conveniente adelantarse al plazo. 	Considero una irresponsabilidad tremenda la liviandad con que se ha procedido al fijar esa fecha al margen de la ley, hacerlo sin el acuerdo del concejo y, además, con la excusa de que la cultura de la gente es siempre pagar a última hora. Esto ha angustiado a la gente, que está vendiendo sus televisores y sus cosas para pagar la deuda.	Estamos estudiando las acciones legales para investigar la actitud de la alcaldesa de Renca, quien le ha mentido a la comunidad sobre el vencimiento del plazo. Es más, en su carta dice que ella, generosamente, le concede a la comunidad el beneficio del máximo de la condonación prevista en la ley, en circunstancia de que ésta establece ya el 50 por ciento.	Solicito oficiar al Presidente de la República y al ministro secretario general de la Presidencia, con copia al ministro del Interior y al subsecretario de Desarrollo Regional, con el objeto de que el Gobierno envíe un proyecto de ley que modifique la legislación vigente respecto de estos pagos.	Hay un clamor popular, hoy, por la situación económica que se vive, lo que justifica adoptar las medidas planteadas y las que el Gobierno considere necesarias.	Muchas gracias.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de quienes toma debida nota la Secretaría.MEDIDAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CESANTÍA EN EL SECTOR PESQUERO DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero solicitar el envío de diversos oficios en relación con un tema que está golpeando duramente a la Octava Región: la crisis pesquera. En las últimas horas, hemos conocido el cierre de la pesquera de San Vicente, una de las plantas de Talcahuano, lo que ha provocado el despido inmediato de aproximadamente ochocientos trabajadores. El Gobierno, a través del programa proempleo del Ministerio del Trabajo, espera crear setecientos empleos de un total de veinte mil que se van a desarrollar en el país y en cuya primera etapa serán cinco mil. 	El proceso ha sido exitoso en la Octava Región. Es así como se han enviado postulaciones y solicitudes de empresas que desean contratar a nuevos trabajadores, optando al 40 por ciento del subsidio estatal para mano de obra; es decir, el 40 por ciento del sueldo financiado, durante cuatro meses, por el Gobierno, el Sence y el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en un solo día, una empresa pesquera despidió a un número mayor de trabajadores que el que el Gobierno espera colocar a través de sus programas de reinserción laboral, de cuya implementación ha estado preocupado durante varios meses.	Como el tema de la pesca es conocido en la región, necesitamos mayor coherencia y solidaridad. Durante el proceso de discusión de la ley de pesca, advertimos a los dirigentes de los pescadores, de los tripulantes y de las plantas de tierra, que se trataba de una ley que no garantizaba empleos, y que si no aceptábamos incluir un porcentaje determinado para el consumo humano, evidentemente la tendencia apuntaría a que la captura se destinara a la fabricación de harina, tal como está ocurriendo hoy. Advertimos que aunque se trataba de una ley que contaba con el apoyo de los trabajadores, éstos ignoraban cómo la normativa repercutiría en ellos y hoy, trágicamente, muchos están comprendiendo que su respaldo -manifes-taciones públicas y los viajes a Valparaíso-, está redundando, sin duda alguna, en que existe cero compromiso por parte de las empresas pesqueras para mantener el empleo en las condiciones que la ley establece, es decir, en la asignación de cuotas para cada una de las empresas. Sólo dos días duró la sardina para el consumo humano en Tomé; el resto de la pesca fue destinado a harina de pescado.	Por eso, pido a la Subsecretaría de Pesca y al Sernap que nos señalen, en forma detallada, cuáles han sido las capturas y los períodos en que se han realizado por cada una de las empresas de la Octava Región, en relación con todas las especies que se están capturando -sardina, merluza y jurel-, a fin de determinar el ciclo de captura mensual que han tenido, ya que la programación que los empresarios prometieron permitiría que la pesca durara no un día, dos, tres o cuatro, sino todo el mes. Por lo demás, fue el argumento que movió a los trabajadores a salir a la calle para apoyar este proyecto. Se trataba de una ley que establecería condiciones excepcionales para el sector empresario-industrial de la pesca en cuanto a la creación de puestos de trabajo. En cambio, hoy, eso no ha ocurrido. No hay programas alternativos de empleo ni de reinserción social. Tampoco se utiliza el poscontrato, que hoy está en manos del Sence: que a un trabajador lo puedan capacitar antes de despedirlo; es decir, que durante tres meses reciba una capacitación gratuita -aunque haya terminado el vínculo laboral- utilizando el 1 por ciento de la franquicia tributaria de la empresa. No obstante, son lanzados a la calle sin tener oportunidad, promesa o certeza de que volverán a reincorporarse a la vida laboral activa, toda vez que, efectivamente, la pesca se destina mayoritariamente a la producción de harina de pescado, sector en el cual hay un escaso nivel de empleo de mano de obra.	Por lo tanto, pido que se oficie a la Subsecretaría de Pesca y al Ministerio de Economía a fin de que nos informen detalladamente sobre las medidas que se están tomando para enfrentar la cesantía en el sector pesquero, especialmente en las comunas de Tomé, Coronel y Talcahuano; todo ello en relación con los tripulantes y los trabajadores de tierra, es decir, que laboran en las plantas con producción para consumo humano y harina de pescado. Asimismo, que se oficie al Ministerio del Trabajo para que nos informe detalladamente sobre cuál es el número de despedidos, a partir de enero de 2001, en cada una de las empresas pesqueras de la Octava Región; el nivel de reinserción, y, principalmente, sobre los programas de reinserción de empleo que los Ministerios del Trabajo y de Economía, junto con la Subsecretaría de Pesca, han diseñando para hacer frente a esta crisis.	En mayo de 2000 entregamos un documento que exijo a mi Gobierno que lo responda, pues aun cuando hemos lanzado ideas nuevas, siempre se nos ha criticado por no formular propuestas; en este caso, hemos hecho una que lleva más de un año sin tener respuesta. Fue entregada al intendente regional y a todos los ministros involucrados. La idea era crear comisiones de trabajo para paliar los efectos de la crisis mediante medidas adoptadas con antelación. Los tripulantes y los trabajadores de las plantas saldrán a la calle, y no podemos esperar a que tengamos los neumáticos quemándose frente a la intendencia de la Octava Región para reaccionar. Es necesario que nos anticipemos a la crisis y que el sector pesquero, especialmente el industrial, actúe con mayor solidaridad frente a los duros momentos que viven miles de trabajadores de la Octava Región.	He dicho.	El señor VALENZUELA (Vice-presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ascencio, Ortiz y quien les habla.	Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
    
    	-Se levantó la sesión a las 14.16 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. 
    
    
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la actual ley orgánica de la Contraloría General de la República. (Boletín Nº 2610-07).	Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional en materia de nacionalidad. (Boletín Nº 2649-07).	Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica. (Boletín Nº 2571-19).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Código de Comercio en lo relativo a dar mérito ejecutivo al recibo de mercadería otorgado en la guía de despacho. (Boletín Nº 2591-15).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.5.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el artículo 62 del DFL Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones. (Boletín Nº 2673-14).	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.6.	Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En respuesta a su oficio Nº 3294, de fecha 19 de abril de 2001, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que indica. (Boletín Nº 2609-06).	En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de ese honorable Senado, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República; ÁLVARO GARCÍA HURTADO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.7.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 23 de abril de 2001.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las modificaciones introducidas por esa honorable Cámara al proyecto de ley sobre discapacitados mentales. (Boletín Nº 2192-11).	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3281, de 11 de abril de 2001.	Dios guarde a vuestra Excelencia,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.8.	Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de ley que exime del Impuesto a la Renta a las empresas designadas en el artículo 4 del acta de ejecución adoptada entre Chile y Perú, el 13 de noviembre de 1999. (boletín N° 2646-10)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sin urgencia, originado en una iniciativa de S.E. el Presidente de la República, que tiene por finalidad, según lo expresa el mensaje, incorporar al ordenamiento jurídico nacional un precepto legal que exime del Impuesto a la Renta, en los casos que indica, a las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución del Tratado de Lima, de 1929, adoptado entre Chile y Perú, con fecha 13 de noviembre de 1999.I. ANTECEDENTES GENERALES.1°	El 3 de junio de 1929, los Gobiernos de Chile y de Perú suscribieron el Tratado de Lima, en cuyo artículo quinto el Gobierno chileno se comprometió a construir a su costo, dentro de los mil quinientos setenta y cinco metros de la bahía de Arica, un malecón de atraque para vapores de calado, un edificio para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril a Tacna, establecimientos y zonas donde el comercio de tránsito del Perú gozará de la independencia propia del más amplio puerto libre.2°	En la misma fecha, ambos Gobiernos suscribieron un Protocolo Complementario de dicho Tratado, en el que se precisa que las facilidades de puerto acordadas al Perú consistirán en el más absoluto libre tránsito de personas, mercaderías y armamentos al territorio peruano, y desde éste a través del territorio chileno. Las operaciones de embarque y desembarque se efectuarán mientras se construyen y terminan las obras ya señaladas, por el recinto del muelle del ferrocarril de Arica a La Paz, reservado al servicio del ferrocarril de Arica a Tacna (artículo segundo).3°	El 13 de noviembre de 1999, los Gobiernos de Chile y Perú firmaron el Acta de Ejecución del Tratado y Protocolo Complementario señalados, promulgada por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 2142, de 1999, publicado en el Diario Oficial del 19 de febrero de 2000. El Acta y su Reglamento no necesitaron de aprobación parlamentaria previa a su incorporación al orden interno, atendido lo dispuesto por el inciso segundo del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política, ya que ambos instrumentos son acuerdos internacionales complementarios de un tratado vigente.	Además, entraron en vigor internacional el mismo 13 de noviembre de 1999, de acuerdo a lo señalado en una de las disposiciones finales del Acta (inciso segundo del artículo 1).	En el artículo 4 del Acta de Ejecución, el Gobierno de Perú recibe a plena satisfacción las obras construidas y puestas a su disposición por Chile; expresa, además, que la administración portuaria estará a cargo de la entidad que designe conforme al régimen general de puertos del Perú. En seguida, procede a designar a la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu) para que opere el malecón de atraque y preste los diversos servicios que señala, y a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enafer) para que realice la administración, operación ferroviaria y labores conexas de la Estación de Ferrocarril y en el área de conexión del sistema ferroviario, así como el mantenimiento de las instalaciones y las reparaciones que fueren necesarias en la Estación del Ferrocarril en Arica y en la vía del ferrocarril Tacna-Arica.4°	En el artículo 10 del Acta de Ejecución se dispone, en lo pertinente a las finalidades del proyecto, que las rentas que generen las actividades y los servicios a cargo de Enapu y de Enafer, relativos al transporte de personas, mercaderías y armamentos, señalado en el artículo 4 del Acta, y bajo el régimen de libre tránsito, que se realizan en los establecimientos y zonas en virtud del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario, para efecto de que el Perú goce de la independencia propia del más amplio puerto libre, estarán exentas del Impuesto a la Renta.5°	El mensaje de S.E. el Presidente de la República indica que para que el artículo 4 del Acta de Ejecución tenga eficacia, se hace necesario dictar una ley que consagre la exención antes indicada.	Agrega que sobre el particular se ha tenido en cuenta el concepto de “independencia propia del más amplio puerto libre” del que goza el Perú, en su comercio en tránsito a través de los establecimientos y zonas construidas por Chile para su servicio.	Señala, además, que mediante este proyecto se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico interno una norma que exime del impuesto a la renta a las rentas que generen las actividades y servicios a cargo de Enapu y Enafer en virtud del libre tránsito, y descritas en dicha Acta.	Todas las demás actividades que realicen respecto de mercaderías que no estén sujetas al libre tránsito, se someten al régimen tributario general de nuestro país.6°	La Directora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, señorita María Teresa Infante Caffi, entre otros antecedentes, informó a la Comisión que en la expresión “más absoluto libre tránsito” se fundamenta la exención del impuesto a la renta, y que se ha estimado necesario legislar especialmente para dar mayor claridad a las atribuciones correspondientes del Servicio de Impuestos Internos.	Añadió que Enapu cobra por almacenamiento de la carga de libre tránsito, actividad que genera renta; por ello, el proyecto faculta al Servicio de Impuestos Internos para dictar las instrucciones que permitan distinguir las operaciones exentas del impuesto a la renta.II. IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO.	Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes se os consigna que el artículo único del proyecto de ley recoge las ideas fundamentales o matrices del mensaje de la manera siguiente:a)	Exime de los impuestos a la renta, establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, aprobada por el decreto ley N° 824, de 1974, a las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución suscrita entre Chile y Perú el 23 de noviembre de 1999, respecto de aquellas rentas operacionales provenientes de actividades de transporte y de almacenamiento en el malecón, desarrolladas bajo el régimen de libre tránsito aplicable a personas, mercaderías y armamentos, que dichas empresas realicen en los establecimientos y zonas previstos en el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario (inciso primero).b)	Faculta al Servicio de Impuestos Internos para dictar las instrucciones que estime necesarias para dar cumplimiento a dicha exención, especialmente en lo que se refiere a la separación de las operaciones y resultados sujetos a diversos procedimientos o regímenes tributarios (inciso segundo).	Estas normas en proyecto inciden en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto por los N°s 1° y 2° del artículo 62 de la Constitución Política, de modo que el derecho parlamentario de formular indicaciones queda sujeto a las limitaciones que establece el inciso tercero del artículo 24 de la ley N° 18.918.III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.1ª	Aprobación general y particular del proyecto.	Los antecedentes anteriormente expuestos muestran que el proyecto de ley en informe es idóneo para las finalidades que persigue, entre ellas y principalmente, dar cumplimiento a un tratado internacional vigente; de manera que vuestra Comisión, considerando que en tal caso corresponde que el Poder Legislativo sancione las medidas legales que permitan dar plena aplicación al tratado en el orden interno, decidió, en votación unánime y única, darlo por aprobado en general y particular, con las siguientes modificaciones de técnica legislativa en su artículo único: a)	En el inciso primero se introducen diversas modificaciones formales de menor entidad, relacionadas con el uso de las mayúsculas, que no estima necesario detallar ya que ellas se salvan en el texto sustitutivo que se os propone más adelante, y se precisa la referencia al “Tratado de 1929” agregándole la expresión “de Lima,”, yb)	En el inciso segundo, en concordancia con lo dispuesto en la letra b) del artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y conforme a los principios de la responsabilidad administrativa, procede radicar en el Director del Servicio de Impuestos Internos, no en el Servicio, la facultad de dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta ley en proyecto; de manera que en el texto sustitutivo se os propone hacer la modificación correspondiente, junto con usar el término “ley” con minúscula.	Con las modificaciones señaladas, el texto sustitutivo que os propone vuestra Comisión es el siguiente:	“Artículo único.- Las rentas de las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución convenida con la República del Perú, el 13 de noviembre de 1999, estarán exentas de los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, respecto de aquellas rentas operacionales provenientes de actividades de transporte y de almacenamiento en el malecón, desarrolladas bajo el régimen de libre tránsito aplicable a personas, mercaderías y armamentos, que aquellas empresas realicen en los establecimientos y zonas previstos en el Tratado de Lima, de 1929, y su Protocolo Complementario.	El Director del Servicio de Impuestos Internos dictará las instrucciones que estime necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo que se refiere a la separación de las operaciones y resultados sujetos a diversos procedimientos o regímenes tributarios.”.2ª	La Comisión estima que este proyecto, por su incidencia tributaria y financiera, debe ser conocido e informado por la honorable Comisión de Hacienda, por lo que se abstiene de informar al respecto.3ª	La Comisión designó, por unanimidad, diputado informante al honorable diputado Edgardo Riveros Marín.-o-	Discutido y despachado en sesiones de los días 6 y 20 de marzo de 2001, con asistencia de los diputados señores Palma Irarrázaval, don Joaquín, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel (Presidentes de la Comisión); Alessandri Valdés, don Gustavo; Allende Bussi, doña Isabel; Ascencio Mansilla, don Gabriel; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio; Leay Morán, don Cristián; Longton Guerrero, don Arturo; Masferrer Pellizzari, don Juan; Moreira Barros, don Iván; Reyes Alvarado, don Víctor; Riveros Marín, don Edgardo, y Urrutia Cárdenas, don Salvador.	Sala de la Comisión, a 20 de marzo de 2001.	(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.9.	Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que exime del Impuesto a la Renta a las empresas designadas en el artículo 4 del acta de ejecución adoptada entre Chile y Perú, el 13 de noviembre de 1999. (boletín Nº 2646-10)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.	La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.	Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señorita María Teresa Infante, directora de Fronteras y Límites del Estado y el señor Cristián Vargas, abogado del Servicio de Impuestos Internos.	El propósito de la iniciativa consiste en eximir del Impuesto a la Renta a las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución del Tratado de Lima de 1929, suscrita entre Chile y Perú el 23 de noviembre de 1999, respecto de aquellas rentas operacionales provenientes de actividades de transporte y de almacenamiento en el malecón, desarrolladas bajo el régimen de libre tránsito aplicable a personas, mercaderías y armamentos, que la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enafer) realicen en los establecimientos y zonas previstas en el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario. También, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para dictar las instrucciones que estime necesarias para dar cumplimiento a dicha exención.	La Directora Nacional de Fronteras y Límites explicó que si bien el Acta de Ejecución de 1999 se formalizó mediante un acuerdo simplificado, lo relativo a la exención del Impuesto a la Renta por las actividades desarrolladas bajo el régimen de libre tránsito por las empresas designadas por el Gobierno del Perú requiere de ley para excluirlas del régimen general. Precisó, sin embargo, que la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu), podría realizar actividades afectas al referido impuesto, razón por la cual se faculta al Servicio de Impuestos Internos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto efectuando la separación de las operaciones y resultados sujetos a diversos procedimientos o regímenes tributarios.	Consultada la señorita Directora acerca del alcance de la palabra “armamentos” que consigna el inciso primero del artículo único del proyecto, respondió que el Tratado de 1929, en su artículo 2º, estableció textualmente: “Las facilidades de puerto que el Tratado, en su artículo quinto acuerda al Perú, consistirán en el más absoluto libre tránsito de personas, mercaderías y armamentos al territorio peruano, y desde éste a través del territorio chileno”, por lo que la amplitud de la franquicia responde a dicho compromiso. No obstante, señaló que las actividades por realizar se encuentran definidas en la propia Acta de Ejecución, quedando excluida toda actividad de carácter industrial o comercial.	Consultado el representante del Servicio de Impuestos Internos acerca del menor ingreso fiscal que pudiera significar la exención propuesta, se hizo presente que ella no genera un menor ingreso fiscal, toda vez que el gobierno de Perú, que era el operador de la carga, no pagaba impuesto alguno por los ingresos que percibía en dichas operaciones.	La Comisión de Relaciones Exteriores dispuso en su informe que esta comisión tomara conocimiento del artículo único aprobado por ella.	En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:	En el artículo único, se establece que estarán exentas de los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las rentas operacionales provenientes de actividades de transporte y almacenamiento en el malecón, desarrolladas bajo el régimen de libre tránsito aplicable a personas, mercaderías y armamentos que las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución realicen en los establecimientos y zonas previstos en el Tratado de Lima de 1929, y su Protocolo Complementario.	Por el inciso segundo, se faculta al Director del Servicio de Impuestos Internos para dictar las instrucciones que estime necesarias en orden a dar cumplimiento al proyecto, especialmente en lo que se refiere a la separación de las operaciones y resultados sujetos a diversos procedimientos o regímenes tributarios.	-Puesto en votación el artículo único del proyecto fue aprobado por unanimidad.	Sala de la Comisión, a 20 de abril de 2001.	Acordado en sesión de fecha 17 de abril de 2001, con la asistencia de los diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés, y Silva, don Exequiel.	Se designó diputado informante al señor Álvarez, don Rodrigo.	(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.10. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste”, también denominado “Acuerdo de Galápagos”, suscrito el 14 de agosto de 2000. (boletín N° 2674-10)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico Sudeste”, también denominado “Acuerdo de Galápagos”, suscrito el 14 de agosto de 2000, entre Chile, Colombia, Ecuador y Perú al término de negociaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a fin de abordar adecuadamente el problema ocasionado por la explotación de ciertas especies marinas que se desplazan entre esa área y las aguas jurisdiccionales de los Estados ribereños.I. ANTECEDENTES GENERALES.1°	Desde el año 1952, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur han venido desarrollando acciones comunes para conservar y proteger sus recursos naturales marítimos y para reglamentar su aprovechamiento e impedir que su explotación, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro su existencia, integridad y conservación de sus riquezas, en perjuicio de los pueblos, que por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales.	La declaración sobre Zona Marítima, que sirve de fundamento jurídico a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Cpps), tiene el valor de tratado internacional y ha sido promulgada en el orden interno por el decreto supremo N° 432, de 1954, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial del 22 de noviembre del mismo año.	Con los propósitos antes enunciados, la Cpps fue constituida en dicha Declaración como el organismo internacional regional coordinador de las políticas marítimas de sus Estados Miembros, encargado de promover, asimismo, la adopción de medidas que preserven el medio ambiente y protejan la integridad del ecosistema marino del Pacífico Sudeste, como lo declaran los Países signatarios del “Acuerdo de Galápagos” en el tercer párrafo del preámbulo de este instrumento.	En ese contexto, los signatarios reconocen que de conformidad con el Derecho Internacional, todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción, entre otras cosas, a los derechos, deberes e intereses de los Estados ribereños, lo cual es aplicable a la pesca de las especies transzonales y de las especies altamente migratorias.	Para ello, el respeto del status preferente de los Estados ribereños es indispensable ya que la explotación incontrolada de recursos vivos marinos en áreas de alta mar adyacentes a zonas bajo jurisdicción nacional representa una amenaza para la conservación y uso sostenible de dichos recursos, así como de poblaciones de peces dependientes o asociadas a ellos, y puede invalidar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños con respecto a las mismas especies, dentro de sus zonas de 200 millas (párrafos quinto y sexto del preámbulo).	A la luz de estas consideraciones, entre otras, los Estados ribereños del Pacífico Sudeste sostienen su derecho y deber de asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros existentes en su propia subregión, incluidos aquellos que migran desde las zonas bajo su jurisdicción nacional hacia la alta mar, y viceversa.2°	El mensaje de S.E. el Presidente de la República indica que los cuatro países signatarios del “Acuerdo de Galápagos” lo hacen convencidos de que este instrumento es la forma más eficaz para hacer viable la conservación de los recursos pesqueros explotados en la zona de alta mar adyacente a las respectivas zonas económicas exclusivas (ZEE) y, en particular, respecto de las especies transzonales y de las altamente migratorias explotadas dentro y fuera de las ZEE de los Estados ribereños.	Agrega que tal convicción, se funda, sustancialmente:a)	En los compromisos de administración pesquera contraídos en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar);b)	En el compromiso de cooperación regional existente entre los países miembros de la Cpps;c)	En la tendencia a regular todos los espacios marítimos, incluyendo la alta mar;d)	En la necesidad de dar eficacia a las medidas de conservación adoptadas en las ZEE sobre una especie que también es extraída en alta mar, pero sin ningún tipo de regulación en esta última zona, arriesgando la sustentabilidad de las pesquerías, ye)	En la existencia de flotas pesqueras de terceros Estados que operan en la alta mar adyacente a las ZEE de los Estados ribereños del Pacífico Sudeste, de manera no regulada, sin reportar capturas, eludiendo controles y utilizando, muchas veces, artes de pesca no adecuados.	A lo anterior se agrega, según el mensaje, el riesgo de que las flotas de terceros países en la zona marítima adyacente a la ZEE de los Países signatarios aumenten, ya que numerosos caladeros internacionales, principalmente del hemisferio norte, están colapsando, lo que les obliga a emigrar y buscar áreas alternativas entre las cuales, una de las más atractivas es el Pacífico Sudeste.3°	La honorable Cámara, por diversas consideraciones expresadas en su acuerdo N° 421-C, del 22 de junio de 2000, relacionadas, principalmente, con las actividades de pesca de alta mar realizadas en las inmediaciones de la soberanía marítima de nuestro país por flotas pesqueras europeas, especialmente de procedencia gallega, que han importado una preocupante depredación de algunas especies, particularmente el pez espada o albacora, encomendó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente que, unidas, le informaran sobre dichas actividades y de las medidas de protección adoptadas y de las que fuera recomendable asumir en defensa de los intereses nacionales y de la Comunidad Internacional.	Las Comisiones Unidas, después de escuchar a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear Valenzuela; al subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz Valenzuela; al Gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (Asipes), señor Luis Felipe Moncada, y al Gerente General de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), señor Cristián Jara Taito, por unanimidad propusieron a la honorable Cámara, en su informe entregado a la Sala en su sesión del 10 de octubre de 2000, que transmitiera al Presidente de la República su respaldo a las medidas nacionales e internacionales adoptadas por el Gobierno de Chile para defender los intereses nacionales y de la Comunidad Internacional ante las actividades de pesca de alta mar que flotas extranjeras realizan en las inmediaciones de las 200 millas sujetas a la jurisdicción nacional, y le solicitara que el “Acuerdo de Galápagos” fuera sometido a la consideración del Congreso Nacional, a la brevedad posible, lo que precisamente hace el proyecto de acuerdo que se os informa en este acto.II. RESEÑA DEL CONTENIDO DEL “ACUERDO DE GALÁPAGOS”.	Este instrumento internacional consta de 23 artículos. Los primeros quince regulan diversos aspectos de fondo relativos al compromiso de conservación que lo motiva, y los últimos ocho determinan los procedimientos de firma, ratificación, adhesión, depósito, registro, reservas y declaraciones, vigencia, enmiendas y revisión, denuncia, instrumentos complementarios y textos auténticos de este tratado.	Los elementos normativos esenciales son los siguientes:a)	Área de aplicación (artículo 3): en términos generales corresponde “exclusivamente a la zona de alta mar” frente a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Se consigna, además, la posibilidad de que a través de instrumentos complementarios, se extienda su aplicación a otras áreas conforme a la naturaleza, características, desplazamientos y relaciones ecológicas de las poblaciones reguladas.b)	Interés preferente del Estado costero (párrafos 4 y 5 del preámbulo y N° 2 del artículo 5): el mensaje destaca que el interés preferente del Estado costero en la alta mar adyacente a sus aguas jurisdiccionales, aspecto de particular importancia para nuestros intereses, quedó adecuadamente consagrado, especialmente en cuanto se dispone que la libertad de pesca en alta mar está sujeta, entre otras cosas, a los derechos, deberes e intereses de los Estados ribereños, y a las normas sobre conservación y administración de los recursos vivos de la alta mar.c)	Participación de terceros Estados (artículo 13): el mensaje señala que este instrumento pretende sentar las bases para la celebración de negociaciones orientadas a la debida regulación de las actividades de pesca en alta mar. Por lo tanto, terceros Estados que efectúen faenas de pesca en esa área, estarán llamados a emprender acciones en el contexto del Acuerdo de Galápagos, ya que la ordenación y conservación de los recursos en alta mar se ha puesto en el primer plano de la atención internacional. Específicamente, el Acuerdo dispone que los Estados Partes adoptarán, individual o colectivamente, acciones apropiadas compatibles con el Derecho Internacional para disuadir a buques que enarbolen el pabellón de Estados no Partes, de realizar actividades que menoscaben la eficacia de las medidas de conservación adoptadas.d)	Principios de conservación (artículo 5): se trata de diversas disposiciones que tienen por objeto, al tenor del mensaje, compatibilizar las medidas adoptadas en alta mar con las existentes en las ZEE, de manera que las establecidas para el alta mar no sean menos exigentes que las adoptadas dentro de las ZEE.e)	Sistemas de seguimiento, vigilancia, control y ejecución (artículo 8): con estos fines, los Estados deberán cooperar para, principalmente, asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación adoptadas, estableciendo sistemas de seguimiento, vigilancia, control y ejecución, que incluyan el uso de información y posicionamiento satelital y, cuando proceda, el abordaje e inspección de los buques y su conducción a puerto en caso de infracciones, conforme a las normas del Derecho Internacional con miras a dar eficacia al cumplimiento de las medidas de conservación.f)	Medidas adoptables por el Estado de Puerto (artículo 9): el Estado del Puerto queda facultado para inspeccionar documentos, aparejos de pesca y la captura de los buques que se encuentren voluntariamente en sus puertos, como asimismo prohibir el transbordo o la descarga cuando existan motivos razonables para creer que las capturas efectuadas en el área de aplicación del Acuerdo se han efectuado en contravención a las medidas de conservación adoptadas.g)	Solución de controversias (artículo 14): las que surjan en torno a la interpretación o aplicación del Acuerdo o de sus instrumentos complementarios se resolverán, en primera instancia, mediante los procedimientos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en otros instrumentos vigentes para los Estados Partes. A falta de acuerdo, se deberá recurrir a una comisión de conciliación o a un arbitraje técnico. 	Agotados los medios voluntarios y no habiendo acuerdo para recurrir a la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cualquiera de las Partes en la controversia podrá solicitar el arbitraje obligatorio. Se excluyen de la posibilidad de este arbitraje, las controversias relativas al ejercicio de los derechos soberanos de los Estados ribereños dentro de sus respectivas zonas bajo jurisdicción nacional.h)	Mecanismos institucionales (artículo 11): para el cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo, los Estados Partes establecerán una Organización para la conservación de los recursos vivos del Pacífico Sudeste, que estará dotada de una Comisión encargada de adoptar las decisiones correspondientes; de un Comité Científico-Técnico, consultor de la Comisión, y una Secretaría cuyas funciones serán ejercidas provisoriamente por la Cpps.	Al financiamiento de esta Organización Internacional los Estados Partes deberán aportar contribuciones financieras, de conformidad con una escala proporcional similar a la que se aplica en las Naciones Unidas.III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.a)	Personas escuchadas por la Comisión.	La comisión escuchó al Director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador José Manuel Ovalle, quien, junto con hacer una exposición verbal sobre los alcances de este Acuerdo, puso a disposición de la honorable Cámara un documento en el que se proporcionan diversos antecedentes sobre la significación política, económica, estratégica y regional de este instrumento.	Sin perjuicio de adjuntar a este informe el texto íntegro de dicho documento, se os reseña en este acto lo sustancial de lo sostenido respecto de cada uno de los aspectos señalados:	En cuanto a su significación política, se indica que este tratado considera, adecuadamente, todos los tópicos de interés para la política nacional, en un área de profunda importancia socioeconómica para nuestro país.	A propósito de su importancia económica, señala que las dimensiones de nuestra actividad pesquera resultan claras, ya que esa riqueza representa casi 5,4 millones de toneladas de recursos, lo que constituye uno de los mayores volúmenes mundiales, que representa US$ 1.784 millones por concepto de ventas al exterior, ubicando al sector como nuestra tercera fuente de divisas, y la industria pesquera dando empleo directo a cerca de cien mil trabajadores.	Sobre su importancia política y estratégica destaca que este Acuerdo Marco es uno de los más completos y comprensivos de su género; que está llamado a constituirse en una de las iniciativas más trascendentales en la historia de la organización, por incursionar en un área de particular relevancia y proyección en el actual desarrollo del Derecho del Mar, así como de suyo importante para el desarrollo socioeconómico de nuestros países, todos ellos ligados indisolublemente al océano y a la explotación de sus recursos.	Finalmente, acerca de su proyección regional expresa que este tratado proporciona un nuevo dinamismo a la labor de la Cpps como organización preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la Región, al tiempo de conferir a los Países signatarios un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotación pesquera y dar expresión práctica a sus potencialidades en la esfera del aprovechamiento de los recursos vivos marinos.b)	Aprobación del proyecto de acuerdo.	Vuestra Comisión ha compartido las consideraciones que S.E. el Presidente de la República hace en el mensaje acerca de la idoneidad del “Acuerdo de Galápagos” para canalizar los intereses de Chile en la conservación de los recursos vivos marinos, en particular los que califican como altamente migratorios y transzonales, el cual además considera adecuadamente la política nacional en un área de profunda importancia socioeconómica para el país.	También se ha compartido la afirmación de S.E. en cuanto a que este instrumento permitirá consolidar una organización de Conservación de los Recursos Vivos Marinos del Pacífico Sudeste que implicará, en la práctica, un nivel de coordinación de las políticas de los países ribereños del Pacífico Sur mayor que la que ha existido en el pasado, con efectos importantes para el desarrollo sustentable en nuestro país de las pesquerías transzonales y altamente migratorias como el jurel y el pez espada y, a futuro, otros recursos.	Por lo expuesto en este informe, más lo que os podrá agregar el honorable diputado informante, vuestra Comisión acordó, por unanimidad, recomendaros la aprobación del proyecto de acuerdo sometido a vuestra consideración, para lo cual os propone adoptar su artículo único en los mismos términos en que lo formula el mensaje; es decir, en los siguientes:	“Artículo único.- Apruébase el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, “Acuerdo de Galápagos”, suscrito el 14 de agosto de 2000, en Santiago, Chile, durante la VI Reunión de Cancilleres de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.”.c)	Designación de diputado informante.	Por unanimidad, esta nominación recayó en la honorable diputada Isabel Allende Bussi.d)	Menciones reglamentarias.	Para los efectos reglamentarios, se os hace constar que este tratado internacional no contiene disposiciones que merezcan las menciones dispuestas en los N°s 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la honorable Corporación.-o-	Discutido y despachado en las sesiones de los días 3 y 17 de abril de 2001, con asistencia de los diputados señores Jarpa Wevar, don Carlos Abel (Presidente de la Comisión); Alessandri Valdés, don Gustavo; Allende Bussi, doña Isabel; Ascencio Mansilla, don Gabriel; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio; Leay Morán, don Cristián; Longton Guerrero, don Arturo; Masferrer Pellizzari, don Juan; Moreira Barros, don Iván; Palma Irarrázaval, don Joaquín; Reyes Alvarado, don Víctor; Riveros Marín, don Edgardo, y Urrutia Cárdenas, don Salvador.	Sala de la Comisión, a 17 de abril de 2001.	(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.DOCUMENTO SOBRE LOS ALCANCES E IMPORTANCIA DEL “ACUERDO DE GALÁPAGOS” PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR JOSÉ MANUEL OVALLE, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2001Antecedentes:	En agosto de 1997 los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, reunidos en Bogotá, acordaron impulsar la suscripción de un convenio que promoviera la conservación de los recursos pesqueros existentes en la alta mar del Pacífico Sudeste, a fin de abordar adecuadamente el problema ocasionado por la explotación de ciertas especies que se desplazan entre esa área y sus respectivas aguas jurisdiccionales. Con ello daban cumplimiento a lo señalado en el instrumento constitutivo de aquella organización, la Declaración de Santiago de 1952, que en su tercer considerando estipula que es un deber de los Gobiernos impedir que la utilización de los recursos vivos marinos “fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de sus riquezas, en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales”.Signifación Política:	El texto de este tratado considera adecuadamente todos los tópicos de interés para la política nacional, en un área de profunda importancia socioeconómica para nuestro país. El primero de ellos se refiere a la aprobación de un instrumento que enfatiza la conservación de los recursos vivos marinos, con especial referencia a las especies transzonales y altamente migratorias. Este deberá ser puesto en vigor en una primera instancia por los cuatro Estados miembros de la Cpps arriba indicados. Con posterioridad tendrán acceso a él los países pesqueros de aguas distantes con un interés establecido en su área de aplicación, mediante el trámite de la adhesión. Luego se concertarán instrumentos complementarios entre los cuatro Estados ribereños originales y las naciones pesqueras de altura que se hagan parte del acuerdo, a fin de determinar las medidas específicas de conservación a ser aplicadas.Importancia económica:	Las dimensiones de nuestra actividad pesquera resultan claras, al indicar que esa riqueza representa casi 5,4 millones de toneladas de recursos, lo que constituye uno de los mayores volúmenes mundiales, lo que representa US$ 1.784 millones por concepto de ventas al exterior, ubicando al sector como nuestra tercera fuente de divisas, y la industria pesquera proporcionó empleo directo a cerca de cien mil trabajadores.	Por otra parte, en la actualidad más del 90% de la pesca mundial se lleva a cabo en sectores relativamente cercanos a la costa, al interior de las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños. También, ciertos países desarrollan la denominada pesca de altura, con buques habilitados para recorrer grandes distancias en pos del recurso y que poseen la capacidad para operar en sectores alejados de sus costas, en virtud del estatuto de libertad de pesca que la Convención del Mar establece para la alta mar (Artículo 87 letra e).Importancia política y estratégica:	El Acuerdo Marco es uno de los más completos y comprensivos de su género. Como se ha expresado, está también llamado a constituirse en una de las iniciativas más trascendentales en la historia de la organización, por incursionar en un área de particular relevancia y proyección en el actual desarrollo del Derecho del Mar, así como de suyo importante para el desarrollo socioeconómico de nuestros países, todos ellos ligados indisolublemente al océano y a la explotación de sus recursos.	En particular, su entrada en vigencia como ley de la República, nos dotará de un instrumento jurídico que respaldará nuestra acción futura en diferendos o contiendas relativas a la conservación de nuestro patrimonio ictiológico. Un claro ejemplo de ello, lo constituye la contienda que hemos sostenido con la Unión Europea a propósito de la explotación del pez espada, ya que la suscripción del Acuerdo Marco, entre los miembros de la Cpps, constituyó un verdadero espaldarazo político a nuestras pretensiones en esa materia y, de alguna manera, facilitó las negociaciones que permitieron suspender los procedimientos ante la OMC y el Tribunal del Derecho del Mar, respectivamente, en aras de implementar una solución progresiva y consensuada.	Asimismo, nos permitirá contar con un estatuto jurídico de protección de los recursos vivos marinos de nuestra zona económica exclusiva y de alta mar adyacente a ésta, en tanto Chile no adhiera al “Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces tranzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios”, también conocido como “Acuerdo de Nueva York”, el cual, en opinión del sector empresarial pesquero chileno y de la Armada de Chile, desconoce la preferencia del estado costero en la alta mar, que consagra el artículo 116 de la Convención del Derecho del Mar, permite la injerencia de terceros estados en la zona económica exclusiva y priva al estado ribereño de sus facultades discrecionales en sus puertos. Esta opinión, aunque no es compartida por destacados juristas nacionales, evidencia una clara divergencia de opiniones que surgió tan pronto como se aprobó el “Acuerdo de Nueva York”, en 1995, ante lo cual Chile optó por no suscribirlo.	Tampoco se contempla, por ahora, su adhesión al mismo, en espera que entre en vigencia -para lo cual se necesitan 30 ratificaciones y, al 24.01.01 sólo se han verificado 27- para observar la aplicación de su contenido normativo y el respaldo que recibe de la comunidad internacional, en especial en cuanto al incremento del número de sus estados parte. La Unión Europea tampoco lo ha ratificado. En función de las conclusiones que se obtengan, podrá evaluarse nuevamente la situación.Proyección regional:	Por último, este tratado proporciona un nuevo dinamismo a la labor de la Cpps como organización preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la región, al tiempo de conferir a Chile, Colombia, Ecuador y Perú un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotación pesquera y dar expresión práctica a sus potencialidades en la esfera del aprovechamiento de los recursos vivos marinos.	Departamento Mar, abril de 2001.