REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 46ª, en miércoles 21 de marzo de 2001 (Ordinaria, de 10.47 a 16.47 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-HOMENAJE VI.-ACUERDOS DE LOS COMITÉS VII.-ORDEN DEL DÍA VIII.-PROYECTOS DE ACUERDO IX.-INCIDENTES X.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 V. Homenaje. Homenaje a la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, en su 50º aniversario11 VI. Acuerdos de los Comités23 VII.Orden del Día. Prórroga de vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva. Primer trámite constitucional23 Beneficios para pequeños mineros y mineros artesanales. Proposición de la Comisión Mixta35 Convenios de pago por cotizaciones previsionales adeudadas por empleadores. Segundo trámite constitucional40 VIII.Proyectos de acuerdo. Medidas para incentivar el uso de gas natural en vehículos motorizados. (Votación) 60 Designación de ministro en visita para investigar otorgamiento de indemnizaciones a empleados públicos61 Proposiciones de control y fiscalización de las empresas del Estado con motivo de la investigación sobre indemnizaciones63 Constitución de Comisión especial investigadora del uso de recursos públicos entregados al Comité Olímpico de Chile67 VII.Incidentes. Modificación legal para asegurar acceso a las playas69 Recursos para apoyar actividad vitivinícola en valle del Itata. Oficios70 Información sobre ingreso de aceitunas peruanas subsidiadas y contaminación del agua potable de Arica. Oficios71 Solución de problemas del distrito Nº 45. Oficios71 Raciones alimenticias para escuela de Colcura. Oficio72 Medidas para evitar la fiebre aftosa. Oficios73 Construcción de escuelas y de parque de recreación en Rancagua. Oficios74 Pág. Declaración del edificio de la intendencia de Talca como monumento nacional. Oficio75 Reducción de horas de francés y de filosofía en los programas de enseñanza media. Oficio76 Ampliación de cuotas de captura de merluza en las regiones Cuarta y Quinta. Oficios76 Información sobre alza de tarifas de agua potable en Cunco. Oficio77 Supresión de cotizaciones previsionales a pensionados de la tercera edad. Oficios77 Reiteración de oficio por cambio de teléfono, de urbano a rural en Cuarta Región. Oficio78 Entrega de libros y raciones alimenticias a colegio de Monte Patria. Oficio79 Inclusión de Valdivia en programa de obras públicas con motivo del Bicentenario. Oficio79 Crisis del sector agrícola de la Sexta Región. Oficio80 Demanda de Argentina contra Chile ante la Organización Mundial de Comercio, OMC. Oficios81 X.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (boletín Nº 243920)83 2.Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las modificaciones propuestas al proyecto que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en casos de patentes atrasadas, y del nombre de los señores diputados que formarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 263208)83 3.Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583 que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva (boletín Nº 267614)84 4.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 18.902, que creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios y deroga la ley Nº 3.133 sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales (boletín Nº 257009)87 Pág. 5.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley general de Telecomunicaciones, en las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.277, sobre vencimiento de concesiones de radiodifusión sonora (boletín Nº 255115)108 6.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en casos de patentes atrasadas (boletín Nº 263208)112 7.Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que autoriza por una sola vez a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores (boletín Nº 267213) (S)121 8.Certificado de Hacienda, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que autoriza por una sola vez a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores (boletín Nº 267213) (S)124 XI.Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios: De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, ha elegido como presidente al diputado señor Naranjo. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como presidente al diputado señor Jarpa. Contraloría General de la República Del diputado señor Bertolino, donación de neumáticos en la municipalidad de La Higuera. De la diputada señora Lily Pérez, irregularidad en contrato para ampliación y normalización hospital regional de Coihaique. Ministerio de Relaciones Exteriores De los diputados señores Sánchez, Acuña, Leay, Navarro y Girardi, mal de las vacas locas. Ministerio de Hacienda De los diputados señores Ortiz, Villouta y diputada señora González, factibilidad y conveniencia de impulsar reforma previsional. Ministerio de Defensa Nacional De los diputados señores Ortiz, Prokurica, Jaramillo y diputada señora Caraball, subcomisaría Chiguayante. Ministerio de Obras Públicas De los diputados señores Lorenzini, Acuña, Caminondo, Correa, René García y Rojas, avances de los estudios de ingeniería de los planes maestros para la evacuación de las aguas lluvia. Ministerio de Agricultura Del diputado señor Jaramillo, beneficiarios sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados. Del diputado señor Joaquín Palma, importaciones de alcoholes y licores envasados. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Del diputado señor Navarro, depósito de borras asfálticas directamente en las aguas del mar; derrame de hidrocarburo producido en la región de Magallanes y la Antártica Chilena; proyecto relleno sanitario Montenegro. Instituto Nacional de Estadísticas De los diputados señores Kuschel, Vega y Fossa, contratación de personas discapacitadas. Municipalidad de Quillota, La Serena y Talca. De los diputados señores Kuschel, Vega y Fossa, contratación de personas discapacitadas. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (112) --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --JocelynHolt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Aldo Cornejo. Asistieron, además, los ministros de Justicia, señor José Antonio Gómez; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. Concurrieron, también, los senadores señores Carlos Cantero, Jaime Gazmuri, Hernán Larraín, Jorge Pizarro y Hosaín Sabag.' II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.47 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 39ª se declara aprobada. El acta de la sesión 40ª queda a disposición de los señores diputados. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. V. HOMENAJE HOMENAJE A LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COBRE EN SU 50º ANIVERSARIO. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Según lo acordado por unanimidad, corresponde rendir homenaje a la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre con motivo de cumplirse 50 años de su fundación. Se encuentran presentes en la tribuna de honor el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Raimundo Espinoza; el ex presidente de la organización, ex diputado y amigo, don Héctor Olivares, y los miembros del actual directorio señora Pilar Honorato y señores Etiel Moraga, Sergio Mutis, Alfonso Paz y Guillermo Le Maitre. Para dar inicio al homenaje, tiene la palabra el diputado señor Juan Ramón Núñez. El señor NÚÑEZ (de pie).- Señor Presidente, señoras y señores dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre: La Cámara de Diputados ha acordado rendir homenaje a la Confederación de Trabajadores del Cobre con motivo de cumplirse 50 años de su nacimiento, formación y constitución. El 23 de marzo de 1951, en la comuna de Machalí, de la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, se constituyó la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, integrada por los trabajadores de las empresas mineras de Potrerillos, Chuquicamata y El Teniente. Declaró que su primer objetivo era “obtener la solución de los problemas gremiales que afectan a los trabajadores de estos minerales, representando los intereses comunes de sus confederados ante sus empleadores y autoridades constituidas”. Los acuerdos principales de la Confederación fueron luchar por la nacionalización del cobre, nivelar y mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de la gran minería, trabajar por el crecimiento y fortalecimiento del movimiento sindical chileno y cautelar los intereses de Chile, y denunciar ante las autoridades de Gobierno, Parlamento, partidos políticos y opinión pública la evasión de impuestos y el saqueo sistemático de nuestra principal riqueza básica que llevan a cabo las empresas norteamericanas que explotan el cobre en Chile y que lo exportan en bruto, sin pagar impuestos por el oro, plata y molibdeno que éste contiene. Un simple análisis de estos acuerdos nos muestra que ya estaba en la mente de los dirigentes y trabajadores del cobre el objetivo patriótico de rescatar para el país nuestra principal riqueza productiva en esos años, junto a la lucha por mejorar sus condiciones de vida y, además, la necesidad de colaborar en el crecimiento, capacitación y fortaleza del movimiento sindical de nuestra patria. Alguien escribió que igual que aquellos hombres y mujeres que en su acción pública o en cualquier aspecto de la actividad humana sobrepasan los límites de su personal esfera, o como las grandes obras de arte o los inventos de los técnicos que por su valor cultural o histórico pasan a conformar el patrimonio general de la humanidad, dejando de pertenecer sólo a sus autores, así también las organizaciones gremiales, cuando en su acción combativa y creadora rebasan los marcos de sus propios componentes, pasan a pertenecer un poco o mucho a todos los trabajadores. Señor Presidente, los trabajadores del cobre, desde la organización de sus sindicatos en 1925 en El Teniente para la reivindicación de sus derechos, o las mutuales en 1942, para ejercer la solidaridad en el caso del mismo centro minero, han estado presentes en la lucha general de los chilenos por mejorar su vida y recobrar nuestras riquezas, y en todas las etapas del país: en sus alegrías y en sus dramas, en los momentos de luz y de oscuridad, en los momentos difíciles y en los de liderazgo. Recorrer la historia de los trabajadores del cobre es, en parte, recorrer la de nuestra patria, en los momentos del combate por recobrar nuestras riquezas, en los de las persecuciones y del exilio, y en los de liderazgo para recobrar la democracia. En el caso específico de El Teniente, muchos hombres y mujeres han tenido gran participación en la vida del país. Cinco ex trabajadores han llegado a ser parlamentarios, entre los cuales me cuento. Algunos de ellos fueron conocidos por sus dotes literarias y políticas, como Baltazar Castro Palma, que llegó a ser senador y presidente de esta Cámara. En otra etapa, nuestro amigo, “el negro” Olivares, presente en las tribunas, fue diputado por muchos años y presidente de la Confederación; José Monares Gómez, diputado, presidió la Unión de Empleados de El Teniente. En otra parte de nuestra historia, a Rodolfo Seguel, recién llegado al sindicato, le correspondió, por determinadas circunstancias, presidir la Confederación de Trabajadores del Cobre y el Comando Nacional de Trabajadores, y encabezó las protestas de 1983, permitiendo con eso iniciar el largo camino hacia la conquista del retorno de la democracia. Otros hombres, y en otra fase de la historia, como Guillermo Medina, tratan de defender los derechos de los trabajadores. Daniel Silva Martínez, dirigente de la mina, también fue candidato a diputado. Etiel Moraga, presente también en las tribunas, fue dirigente de El Teniente y ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Son hombres y mujeres que, junto con recobrar la principal riqueza de nuestra patria, han hecho historia. No todas las empresas han tenido la visión particular de El Teniente, de haber colaborado para que la historia de los hombres del cobre pudiera ser escrita. La división El Teniente ha tenido la virtud de colaborar con la historiadora María Celia Barros, para que se escriba “El Teniente. Los Hombres del Mineral”, en dos tomos, historia de ese centro minero desde 1905 hasta 1995. Es útil y conveniente, en un país en que se olvidan los grandes logros de su historia, rendir un homenaje sentido y profundo y dar las gracias a quienes han hecho este esfuerzo tan considerable y lo siguen haciendo para que nuestra principal riqueza sea nacional y dé frutos al país. Junto a quienes he nombrado, están los Rivas, los Maripangui y otros, que en la Fundición de Caletones elaboran nuestro cobre, lo transportan hasta el mar y va a otros países, que nos devuelven riquezas para resolver los problemas de los chilenos. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Prokurica, en representación de Renovación Nacional. El señor PROKURICA (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, señor presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Raimundo Espinoza; señora Pilar Honorato, amiga; amigo Héctor Olivares, ex diputado, y miembros de la directiva que los acompañan: Habitualmente, nuestra Corporación rinde homenaje a personajes destacados de la vida nacional. No obstante, hoy la Cámara de Diputados lo tributa en forma excepcional a una organización sindical. Esta excepcionalidad podría hacer presumir un homenaje lejano, plagado de fechas y casi una revisión histórica de sus distintas etapas de desarrollo. Sin embargo, por la esencia de una organización sindical colectiva, no puede transformarse en un ensalzamiento estrecho y acotado a unas cuantas personas. Es un homenaje a esa fuerza enorme que significa sumar miles de voluntades tras objetivos comunes; es un homenaje a una legión de trabajadores que, con la esperanza de mejores horizontes, en 1951 inicia un camino tras sueños compartidos. Hace 50 años, esforzados compatriotas de nuestra principal riqueza material emprenden un camino que se mezcla, cruza y, finalmente, se confunde con el convulsionado andar de nuestra patria en la segunda mitad del siglo XX. Resulta difícil encontrar una etapa de nuestra historia y de la historia del mundo contemporáneo que no afecte, repercuta o se refleje en la trayectoria de la Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile. La esencia del movimiento asociativo y reivindicativo obrero encuentra en Chile entre sus más combativos exponentes a estos trabajadores del cobre. Esa combatividad es heredada del viejo minero de nuestro país, quien acostumbra extraer con fuerza lo que la tierra ha puesto a su disposición y defender con fiereza lo conseguido, y traspasa tales cualidades de su carácter a la industria moderna de explotación de minerales y, por cierto, a sus organizaciones. El trabajador del cobre advierte, y no se equivoca, la importancia que su trabajo tiene para Chile. Junto con perseguir a través de sus organizaciones sindicales mejorar su nivel de vida, asume también la responsabilidad inmensa que tiene con el resto de la sociedad y toma el liderazgo que, con razón, le reconoce el resto de los trabajadores de nuestro país. La trayectoria de la más relevante organización sindical del país está repleta de convicciones que, equivocadas o no, son asumidas con pasión por los trabajadores del cobre; llena de hechos emocionantes de grandeza humana, de consagraciones de vida por sus dirigentes, quienes, sacrificando sus propios intereses, se brindan por una causa que consideran justa. La mayoría de estos trabajadores realizaron su acción sindical en forma anónima y totalmente ajenos a afanes de celebridad. Tal vez por eso no aparezcan en los anales de la República y tampoco hoy se mencionen sus nombres. Precisamente eso los enaltece, porque significa que nunca pusieron por delante sus propios intereses, sino que privilegiaron en todo momento los objetivos sindicales, a los que no traicionaron y a los que permanecieron siempre fieles. Para ellos, nuestro reconocimiento y respeto. Como todo organismo inserto en la vida misma de un país, la Confederación de Trabajadores del Cobre es partícipe y artífice de los cambios ocurridos en nuestra patria, de sus logros, de sus triunfos y también de sus traumas y desencuentros. La Guerra Fría, la hiperideologización sindical, el quiebre de nuestra democracia no son fenómenos externos que afecten el auge del sindicalismo, sino que, por el contrario, se viven y se desencadenan con intensidad en sus asambleas. El trabajador del cobre no es un observador; es un actor de primera línea en las encrucijadas vitales de nuestra patria. Cambian los tiempos, pasan los embates, se capean las tormentas y remueven los derrumbes para descubrir que siguen en pie los objetivos permanentes e inmutables del espíritu sindical, tan vigentes ayer como hoy, principales metas fijadas hace medio siglo en Machalí, donde se definió como objetivo preferente “obtener la solución de los problemas gremiales que afectan a los trabajadores de los minerales de Potrerillos, Chuquicamata y El Teniente, representando los intereses comunes de sus confederados ante sus empleadores y autoridades constituidas”. Hoy, en que se atraviesa una dura realidad laboral, en que enormes masas de personas no tienen trabajo, este homenaje para los trabajadores del cobre, además de merecido, adquiere un enorme sentido de oportunidad; porque hacia donde miren nuestros ojos existen chilenos que necesitan del aliento y del respaldo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, de la que, con la fuerza de su historia y la experiencia de sus dirigentes, esperan que también contribuya a dar esperanzas y a buscar caminos que ayuden a mitigar la realidad más cruel y brutal que se puede dar en el mundo del trabajo, que es precisamente no tenerlo. Cuando en esta Sala se rinde un homenaje, casi siempre como dije al inicio de mi intervención se recuerdan los grandes servicios que una persona, por lo general fallecida, prestó a nuestra patria. Por lo mismo, se destaca su pasado y se lamenta no contar con ella. Ya nada se les puede pedir; lo dieron todo. Hoy es distinto, pues hablamos de una vigorosa organización, de un camino al que le resta mucho por recorrer. Ahora recae en los hombres representados por Raimundo Espinoza Concha, dirigente serio y consciente de la modernización que exige el sindicalismo, la enorme tarea de responder, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, a los desafíos del presente y estar a la altura de su historia y de lo que esperan de él todos los chilenos. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas, estimado amigo Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre; estimado amigo Héctor Olivares, estimados dirigentes de la Federación: el Partido por la Democracia se suma al homenaje que la Cámara de Diputados rinde hoy a la Confederación de Trabajadores del Cobre, al cumplirse 50 años de su fundación. No podría hablar de la Confederación de Trabajadores del Cobre sin recordar a Benito Tapia, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre al momento del golpe militar; a Magindo Castillo y a Ricardo García, detenidos en el mineral de El Salvador en septiembre de 1973 y asesinados en el regimiento de Copiapó, el 17 de septiembre, por el teniente Zúñiga Ormeño, quien ha declarado en el proceso respectivo haber recibido una orden directa del general Sergio Arrellano Stark, quien encabezaba la siniestra Caravana de la Muerte. Desde esta tribuna de la Cámara de Diputados, pedimos al Ejército de Chile, que siempre la tuvo en su poder, que complete la información entregada con motivo de la Mesa de Diálogo, de que estos dirigentes estarían sepultados en el cementerio de Copiapó. El juez Guzmán Tapia los ha buscado incesantemente y sin resultados en ese recinto, por lo que ya es hora de que se alivie el dolor de los familiares de estos mártires del cobre y que se entregue la verdad y el lugar donde fueron ocultados sus restos. Esto es parte del esfuerzo, del dolor, del enorme precio que los trabajadores del cobre han pagado en la lucha por reconquistar la democracia en nuestro país. Ellos simbolizan el espíritu de esta organización gremial nacida al inicio de los años 50, cuando Chile comenzaba su proceso de industrialización y cuando los recursos naturales del país eran explotados por empresas norteamericanas. El nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Cobre constituyó uno de los hechos más relevantes de la historia del movimiento sindical chileno desde la fundación de la Federación Obrera de Chile, ya que con ella nacía un movimiento obrero organizado en el corazón de los intereses económicos extranjeros, en medio de los campamentos mineros de la gran minería del cobre, en los yacimientos de cobre más grandes del mundo, en el seno de la principal riqueza de la economía nacional. Hacer sindicalismo en El Teniente, en Chuquicamata, era hacer patria en medio de los campamentos habilitados por las empresas norteamericanas, pese a las restricciones que allí existían. Tal como en su momento denunció Salvador Allende, Estados Unidos manejó por decenios el precio internacional del cobre, mantuvo sus reservas y realizó una verdadera expoliación de los recursos naturales del país. Por ello, el nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Cobre es una gran respuesta del mundo obrero y de las voces que en el mundo político y social ya se articulaban para recuperar la propiedad de nuestras riquezas minerales, y desde sus inicios se convirtió en un riesgo para los intereses norteamericanos. La Confederación nace en la ilegalidad, en medio de la represión al mundo obrero a comienzos de los años 50, y también del populismo y del paralelismo sindical con que los gobiernos de la época intentaron impedir el surgimiento de un movimiento obrero autónomo e independiente. Pero nace también en los inicios de lo que sería el Estado benefactor, cuando la educación se extiende a nuevos sectores y llega también al movimiento obrero. Es en el cobre, como antes en el salitre, donde surgen grandes expresiones literarias, de teatro y de música, y es este movimiento obrero el que inspira la creación folclórica de los años 60 y 70. Nace también cuando la industrialización del país había creado un nuevo segmento de trabajadores: los trabajadores industriales, más fuertes, más organizados, ubicados en los grandes centros urbanos y que representaron en sí mismos una gran expectativa política para el país. La Confederación de Trabajadores del Cobre fue protagonista en esos años del fortalecimiento de los derechos ciudadanos y de las instituciones democráticas. Su voz fue decisiva para lograr una ley electoral que ya, a mitad de los años 50, permitió el voto universal de hombres y mujeres y desterró la práctica del cohecho. Su presencia nacional contribuyó a desarrollar la legislación laboral y sindical, y a crear, en 1953, la Central Única de Trabajadores. Si hay algo que ha distinguido la historia de la Confederación de Trabajadores del Cobre, es la defensa de los intereses nacionales; el haber comprendido, tempranamente, que la recuperación de nuestra principal riqueza era la base para un desarrollo independiente; que esos recursos que se fugaban del país eran indispensables para desarrollar la industria nacional y para que el país mismo fuera efectivamente libre y soberano. Es en el seno de esta Confederación donde nace la primera propuesta de nacionalización del cobre, que se materializó veinte años después en el Gobierno del Presidente Salvador Allende, con el acuerdo unánime del Congreso Nacional. Desde hace mucho, lo que hoy es la Federación de Trabajadores del Cobre se constituyó como un sindicato moderno que ligó siempre productividad y salario, que unió a obreros y empleados, que luchó por los derechos de los trabajadores de la empresa nacionalizada, sin perder de vista la tarea nacional de ser el factor esencial de la principal riqueza del país. Sus líderes y los trabajadores del cobre han sabido adecuarse a los cambios de la economía y de la política que se produjeron en Chile y en el mundo durante los últimos 50 años. Sin duda, el sindicalismo vive una crisis. Hoy, la globalización de los mercados; la extrema movilidad laboral; los procesos de automatización, que hacen que actualmente en la minería se inviertan tres mil millones de dólares y se generen sólo 200 ó 300 puestos de trabajo; la depreciación de los recursos naturales frente al surgimiento de alternativas producidas en laboratorio; la mundialización de las comunicaciones; todo ello modifica radicalmente el escenario original en que nace el sindicalismo. A ello debemos agregar los límites de la legislación chilena, la inexistencia aún de una reforma laboral que permita de manera extendida la negociación colectiva y una participación real de los trabajadores, como verdaderos socios del proceso de generación de las riquezas y del desarrollo de los servicios en el país. La nueva economía requiere de un sindicalismo nuevo, que incorpore los nuevos lenguajes, los nuevos roles; que sea más ciudadano; que mire al trabajador en toda la diversidad de aspiraciones que éste y su familia tienen; que organice al mundo sindical en una sociedad marcada por el mercado, la competitividad, la exclusión, las nuevas formas de pobreza, y que, en este marco, logre generar una cultura de solidaridad, una visión más global de desarrollo del país y un fuerte compromiso con el porvenir de todos los sectores que son parte de un proyecto de país. Creo que la Federación de Trabajadores del Cobre es fuerte porque, en gran medida, ha sido capaz de renovarse y hoy expresa un tipo de sindicalismo con capacidad para discutir no sólo de salarios lo que es muy importante, sino también de economía, de los planes de desarrollo de Codelco, del futuro del cobre en el mundo y de la necesidad de generar, también desde el cobre, una economía con mayor valor agregado. Es aquí donde surge la idea de los compromisos estratégicos entre empresa y trabajadores para mejorar la productividad, para innovar tecnológicamente, para hacer crecer el negocio minero que le ha dado al Estado chileno más de 30 mil millones de dólares en los últimos 25 años y que le ha permitido insertarse económicamente en el mundo. Chile no habría podido internacionalizar su economía y obtener recursos para su modernización como país y para su aún relativa diversificación exportadora, si el cobre no hubiera sido explotado por una empresa del Estado, si este negocio hubiera estado todavía en manos de empresas multinacionales o si sus recursos, en vez de servir a Chile y a toda su gente, hubieran engrosado las ganancias de un grupo de empresarios privados. Chile se ha situado internacionalmente, en primer lugar, por la minería, por su cobre, por Codelco, de la cual forma parte intrínseca la Federación de Trabajadores del Cobre. Desde esta tribuna solemne de la Cámara de Diputados, reafirmamos nuestro compromiso para que Codelco siga siendo una gran empresa pública. Hoy también surgen diversas voces privatizadoras que creen que todo se resuelve jibarizando al Estado e impidiendo que éste tenga una presencia decisiva en la economía estratégica del país. No tenemos una visión ideológica sobre el tema. Queremos un Estado regulador y fiscalizador; un Estado que garantice las oportunidades de partida para todos los chilenos; un Estado que nunca abandone la cuestión social. Entre el mercado, el Estado y la sociedad, queremos más ciudadanía, una nueva sociedad civil, un movimiento sindical y social moderno, porque éstas son condiciones para una sociedad efectivamente democrática. Nos preguntamos, ¿por qué los 1.940 millones de dólares que entregó Codelco al país, en 1997, más los 240 millones de dólares que ese mismo año se destinaron a las Fuerzas Armadas, debieron ser ganancia privada y no recursos para extender la educación, para ampliar la salud, para crear nuevas obras de infraestructura, para mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos? Compartimos con la Federación de Trabajadores del Cobre una visión de país: no a la privatización de Codelco; sí a los nuevos negocios que ya Codelco realiza, con capitales privados, en los yacimientos Radomiro Tomic II y El Abra; sí a la internacionalización de Codelco, que debe operar en el mercado mundial como la principal empresa cuprífera del mundo; sí a la investigación científica y tecnológica para descubrir los nuevos usos del cobre; sí al mayor valor agregado de la economía cuprífera; sí a que una parte de los recursos del cobre puedan quedar en las regiones donde se produce la riqueza, hecho que fue una de las primeras banderas de lucha que tuvo la Confederación de Trabajadores del Cobre desde su fundación. Porque la Confederación de Trabajadores del Cobre representa mucho en el Chile de inicios del siglo XXI; porque Chile sigue siendo, y lo será por mucho tiempo, un país minero; porque el cobre sigue siendo el centro de nuestras exportaciones, es que hoy rendimos homenaje a todos los trabajadores que se desempeñan, en difíciles condiciones, en las divisiones de Codelco y que, con su esfuerzo, sacrificio y muchas veces heroísmo, logran extraer la riqueza roja de las entrañas de la tierra y convertirla en riqueza para todos los chilenos. ¡Queridos amigos y compañeros de la Federación de Trabajadores del Cobre: Gracias por el aporte, que realizan para el desarrollo y bienestar de todos los chilenos! He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para continuar con el homenaje, tiene la palabra la diputada señora Rosa González, de Arica, en representación de la Unión Demócrata Independiente. La señora GONZÁLEZ, doña Rosa (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara; señor Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre; señora Pilar Honorato y acompañantes: En representación de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, quisiera adherir al merecido homenaje que esta Cámara rinde hoy a la Confederación de Trabajadores del Cobre. Esa organización sindical cumple, en estos días, 50 años de existencia. Un 23 de marzo de 1951, trabajadores de las empresas mineras de Potrerillos, Chuquicamata y El Teniente se reunieron en Machalí, acordaron organizarse y dieron a conocer su declaración de principios. En ese entonces, los objetivos declarados por esos esforzados mineros apuntaban básicamente a la solución de los problemas gremiales de los asociados, procurando su bienestar económico y social y su perfeccionamiento intelectual, cultural y profesional. Loables propósitos que serían ratificados cuatro años más tarde en La Serena, al aprobarse los estatutos definitivos. Estos visionarios trabajadores mineros estaban conscientes de que el logro de estos objetivos y la sobrevivencia de su organización, en el tiempo, exigían ante todo una férrea unidad. ¡Y qué duda cabe que la consiguieron! Con tesón y esfuerzo, durante medio siglo, han luchado incansablemente por la nivelación y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores mineros, y por el crecimiento y fortalecimiento del movimiento sindical. Desde su nacimiento queda claramente establecido que la Confederación no sería una organización gremial más, sino que nacía para liderar el movimiento sindical chileno. En aquella histórica reunión de Machalí quedó establecido que su acción no se limitaría sólo a sus afiliados, sino que se haría extensiva a todos los gremios de Chile. Era razonable; nuestra economía en esa época era muy dependiente de los ingresos del cobre y, por lo tanto, los éxitos y los fracasos de esta industria no afectaban sólo a sus trabajadores, sino a todos los trabajadores de Chile. Ellos mismos lo explican en la cuenta que dan en el Cuarto Congreso Nacional Ordinario: “... las organizaciones gremiales, cuando en su acción combativa y creadora rebasan los marcos de sus propios componentes, pasan a pertenecer un poco o mucho a todos los trabajadores...”. Lo cierto es que la Confederación siempre fue escuchada y respetada, no sólo por las autoridades de gobierno y empresariales, sino también por las otras organizaciones sindicales. Muchos son los parlamentarios que representaron su voz en esta honorable Cámara han sido largamente detallados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Sin embargo, en esta tarea no sólo fue importante la unidad, sino también la preparación de sus dirigentes. La Confederación creó escuelas sindicales, mesas redondas, charlas, conferencias, cursos e internados; incluso, contó con la asesoría de importantes universidades del país. La capacitación fue importantísima en el logro de las metas propuestas por ella. La labor social desarrollada fue también muy amplia. La Confederación trabajó por mejorar las condiciones habitacionales e higiénicas en que vivían muchos de sus asociados, en particular, los trabajadores de los campamentos de Potrerillos y de Pueblo Hundido. El premio a ese esfuerzo, a esa constante labor, fue la promulgación de la ley Nº 11.828, que permitió iniciar la construcción y mejoramiento de viviendas para empleados y obreros, de hospitales, de establecimientos educacionales y de otras obras de importancia para sus trabajadores. Sería muy largo enumerar todas las conquistas de la Confederación en sus 50 años de vida. Tampoco es el momento de detallar los difíciles momentos que sus trabajadores vivieron como consecuencia del clima de tensión a que nos arrastraron en 1973. Fue precisamente en esos momentos cuando se demostró la cohesión de este movimiento y la convicción de quienes lo formaban. Hoy, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente quiere destacar la unidad y profesionalismo que han caracterizado a la Confederación durante su medio siglo de vida. Sin lugar a dudas, ha sido un modelo para el movimiento sindical chileno. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En representación del Partido Socialista, rinde homenaje el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER, don Juan Pablo (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara: Al estar próximo el cincuentenario de la creación de la Confederación de Trabajadores del Cobre, nuestra bancada ha considerado justo y necesario rendir este homenaje a la hoy Federación de Trabajadores del Cobre. Se ha afirmado, con sensatez, que cada conquista alcanzada por los trabajadores, por mínima que sea, se debe a su lucha infatigable por lograr mejores condiciones sociales y económicas. Tanto la historia universal como la de nuestro propio país están plagadas de hechos que testimonian que han sido los trabajadores quienes han debido movilizarse para lograr sus conquistas y defender sus derechos, lucha que se ha traducido, en muchas ocasiones, en sacrificios de vidas humanas, como lo demuestran los mártires de Chicago y quienes perdieron la vida en la matanza de la Escuela Santa María. Atendida esa realidad, la Confederación de Trabajadores del Cobre, en su extenso accionar, no sólo por la defensa de los derechos de sus asociados, sino también por los intereses superiores del país, se propuso desplegar toda su energía para brindar la mayor de las batallas: obtener la nacionalización del cobre, por cuanto le asistía la convicción de que se trataba de una demanda justa, legítima y necesaria. Había que poner la mayor de nuestras riquezas al servicio de la patria. Hoy, a casi 30 años de esa batalla decisiva, adoptada el domingo 11 de julio de 1971, día de la dignidad nacional, el país debe reiterar su agradecimiento a quienes, con el coraje y el compromiso que los caracterizaba, se constituyeron en el factor fundamental para que el Estado de Chile se hiciera propietario de la gran minería del cobre, con lo cual logramos los niveles de desarrollo socioeconómico de que gozamos. Desde esta tribuna, en nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, deseo manifestar nuestro reconocimiento y gratitud a los trabajadores del cobre por su trascendental participación en el proceso que culminó con la nacionalización del metal rojo. Sin embargo, la historia de la Confederación de Trabajadores del Cobre no empieza ni termina con su mayor logro, sino que se remonta a muchos años atrás, cuando, en 1951, se fundara esta organización en medio de un clima de agitación y con la abierta oposición de las compañías productoras del metal. Ella no se generó como consecuencia de una simple suma de sindicatos. Para los trabajadores del cobre, nada ha resultado fácil en su larga historia de lucha sindical. Tampoco lo sería el surgimiento de su principal organización. Debemos recordar cómo en esos años, la ley obligaba a los trabajadores a agruparse en sindicatos de profesionales e industriales. Por ley, los empleados y obreros no podían constituirse y compartir una misma organización. Pese a lo dispuesto en la ley vigente en la época; pese a la franca oposición de las compañías y a la oposición de sectores políticos del país, los trabajadores del cobre, con porfía y decisión, constituyeron su confederación, aun cuando el empleador no fuera sólo uno, ya que eran varias las compañías que se habían adueñado de nuestro cobre. Es así como, en un contexto difícil, casi policíaco en muchas de las divisiones que hoy existen; de persecución flagrante a muchos dirigentes sindicales, en la municipalidad de la ciudad de Machalí, con su alcalde como anfitrión; con un hombre como Luis Alberto Guzmán Cuevas, obrero de El Teniente, militante socialista, presidente del sindicato industrial Caletones, también como anfitrión; se constituyó, un 23 de marzo hace cincuenta años, la Confederación de Trabajadores del Cobre, y se eligió al ingeniero químico de Potrerillos Manuel Ovalle Quiroga, otro compañero socialista, como su primer presidente. Permítanme decir que nuestro gran amigo Héctor Olivares también estuvo presente en el proceso de constitución de la Confederación. Ahí comenzaría una larga jornada de éxitos y de fracasos. Fue gracias a la labor desarrollada por la Confederación, en unión con parlamentarios amigos muchos de los cuales eran, a su vez, dirigentes del cobre, que se obtuvieron importantes avances en el plano legislativo: el estatuto de los trabajadores del cobre; el cambio de la calidad jurídica de obrero a empleado; el contrato permanente a trabajadores discontinuos y la modificación de la ley de accidentes del trabajo, son sólo algunos de los proyectos impulsados por la Confederación, que más tarde se convertirían en leyes de la República. Es justo mencionar y recordar como lo han hecho otros colegas, a esos ex diputados que, como dirigentes sindicales, estuvieron y levantaron su voz en este hemiciclo. Me refiero a quien después fue senador, Ramón Silva Ulloa, del Partido Socialista; a Juan Argandoña, de la Democracia Cristiana, destacado líder sindical, y a José Monares Gómez, también de la Democracia Cristiana. En ellos quiero simbolizar el reconocimiento a todos los parlamentarios que colaboraron entusiastamente para concretar las aspiraciones de los trabajadores del cobre, porque es importante señalar que, desde la constitución de la Confederación, los trabajadores, además de lo propio, tuvieron que enfrentar las condiciones infrahumanas en que trabajaban en los campamentos, en lugares muchas veces sin agua y con el sistema de camas calientes. Algunos piensan que siempre se dieron las condiciones de hoy; pero quienes hemos tenido oportunidad de ver fotografías de ese tiempo, reconocemos que los trabajadores del cobre lucharon en condiciones tremendamente precarias e inhumanas para ellos y sus familias. La Confederación, además de esas reivindicaciones, asumió, desde 1951 y hasta 1955, o sea, antes que tuviera plena legalidad, un rol muy destacado y tremendamente importante como ha sido siempre el compromiso de los trabajadores del cobre, con el movimiento sindical, en particular en la fundación de la Central Única de Trabajadores, en la cual contribuyó a elegir a don Clotario Blest como su primer presidente. No cabe duda de que, en este esfuerzo desplegado en tantos ámbitos, como actores decisivos en el quehacer nacional, su voz en la historia del país tuvo siempre eco en los gobiernos, en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación y en la sociedad toda. La Confederación de Trabajadores del Cobre, consciente de su rol protagónico, fijó como objetivo prioritario, desde sus primeros años de vida, la materialización de la tan ansiada nacionalización del metal rojo. Poco a poco, la persistencia de su discurso fue ganando más y más adeptos entre los sectores políticos del país. Así, un destacado humanista y político, Radomiro Tomic, dijo: Bajo las asoleadas y abrasadoras tierras de Chuquicamata y bajo la nieve de El Teniente están los medios financieros y económicos necesarios para dar forma a todos nuestros sueños de una economía diversificada y los más altos niveles de alimentación, vivienda y salud para nuestro pueblo. Con esta convicción se logró que, en 1971, estuvieran maduras las cosas para dar el gran paso. Una vez que el Presidente Salvador Allende asumiera la primera magistratura, designó una comisión para que se abocara a redactar el proyecto de reforma constitucional que permitiera la nacionalización del cobre. En reconocimiento al rol jugado por la Confederación, se le pidió que designara a tres personas para que participaran en esta instancia histórica. Fue así como el abogado Eduardo Long, el economista Mario Vera y el diputado y presidente de la Confederación de entonces, Héctor Olivares Solís, formaron parte de la comisión que redactaría el proyecto de reforma constitucional. Hace pocos días, tuve el honor de ver las fotografías de uno de los encuentros importantes de los trabajadores del cobre en esos años, realizado nuevamente en Machalí, después de un encuentro de dirigentes con el Presidente Allende, donde entregaron formalmente su respaldo al proyecto de nacionalización del cobre. Como era de esperar, la Confederación, principalmente a través de su presidente, el ex diputado Héctor Olivares, participó activamente en la discusión del proyecto de reforma constitucional. El 11 de marzo de 1971, él señalaba en la Cámara de Diputados: “Son los trabajadores del cobre los verdaderos actores en el proceso de nacionalización. Son ellos quienes arrancan a la montaña esta riqueza y son ellos quienes siempre han luchado para que el cobre se integre a Chile”. Como vemos, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre era, a su vez, un diputado, realidad que, por desgracia, hoy es impracticable, producto de visiones distorsionadas y equivocadas de la democracia y del rol de dirigentes sociales. Deseamos manifestar, desde esta tribuna, nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por nuestro ex colega Héctor Olivares Solís, a quien los propios trabajadores confirieron el honor de nombrarlo presidente honorario, de por vida, de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Aplausos). Asimismo, expresamos nuestro legítimo orgullo por haber contado con él como diputado de nuestra bancada desde principios de los años sesenta hasta el golpe militar. Su nombre también está esculpido en una placa que lo recuerda, entre otros, como ex diputado, que, entre 1990 y 1994, contribuyó a la recuperación de la democracia. El 11 de julio de 1971, día de la dignidad nacional, en un tremendo y hermoso acto que se desarrolló en la plaza de Rancagua para celebrar la nacionalización del cobre, el Presidente Allende destacó el rol jugado por los dirigentes sindicales en dicho proceso. Dijo: “Diviso desde esta tribuna los cascos de los mineros que traen en la palabra de sus dirigentes el compromiso ante la historia y su conciencia de ser ejemplares trabajadores para hacer producir más el cobre y entregar lo que el dé al servicio de la patria”. Desgraciadamente, los días de alegría y emoción, en que los dirigentes de la Confederación se manifestaban satisfechos por los logros alcanzados, tuvieron un abrupto final en 1973. Con posterioridad al golpe, no sólo los nombres de los compañeros mencionados por Antonio Leal sufrieron la persecución y la muerte. Además, la sede de la confederación fue allanada; sus máximos dirigentes, detenidos, y miles de trabajadores del cobre, perseguidos. Desde su sede se sustrajo vilmente un valioso material. Desaparecieron importantes archivos almacenados por años, pretendiendo con ello arrancar de la historia el rol jugado por los trabajadores del cobre. Sin embargo, ello no ocurrió, ni sucederá, porque la contribución de la Confederación de Trabajadores del Cobre al país no se detuvo con la nacionalización del cobre. Quiero destacar brevemente dos hechos adicionales que han marcado la historia de Chile y en los cuales los trabajadores del cobre han jugado un papel decisivo. En la década de los años 80 nuevamente quedó plasmado el compromiso de los trabajadores del cobre con la democracia. Fueron ellos quienes, agrupados en la CTC, Confederación de Trabajadores de Chile, en 1983, se pusieron a la cabeza de las convocatorias a las protestas nacionales contra la dictadura militar y en favor de la transición democrática. Además, durante cuatro años sucesivos, si no me equivoco, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre asumió un rol protagónico en el comando nacional de la organización. Cada año era detenido; cada año era procesado por los tribunales poco comprometidos con la lucha democrática; en definitiva, cada año se le quitaba su mandato sindical y cada año era reelegido por los trabajadores del cobre como presidente de su confederación. Me refiero a nuestro amigo y compañero, diputado Rodolfo Seguel, quien merece un gran reconocimiento. (Aplausos). Sin los trabajadores del cobre, rodeados por tanques en el año 83, no se habría abierto el proceso democrático del cual hoy gozamos. Si los primeros veinte años de la CTC estuvieron marcados por ese tremendo logro histórico de la nacionalización del cobre y la consecuencia democrática y libertaria de ese hecho, la actual etapa, los últimos diez años de la vida de la CTC han estado marcados por una entrega cuya trascendencia, a mi juicio, aún no somos capaces de comprender. En 1971, cuando se nacionalizó el cobre de la gran minería, Codelco producía unas 300 mil toneladas de cobre fino. Hoy, gracias a los trabajadores del cobre, Codelco produce más de 1.600.000 toneladas de cobre fino, y lo lograron a pesar de los debates que tuvimos a principios de los años 90 y de los desencuentros que hubo por momentos acerca de cómo encauzar la tremenda empresa que era Codelco. Gracias a los trabajadores del cobre, Codelco no es sólo la principal empresa de Chile, sino que también la principal empresa de cobre del planeta. Más allá de cualquier consideración y más allá de quiénes sean los gerentes, es necesario reconocer y agradecer a los trabajadores por esa viga maestra, por el “sueldo de Chile”, por el pan de Chile, porque son ellos, agrupados hoy en la Federación de Trabajadores del Cobre, siempre comprometidos con la patria y su destino, los que han encabezado las demandas, en la forma como lo han hecho en este tiempo, para asegurar cuantiosas inversiones y un tremendo plan de desarrollo de Codelco, como el que hemos conocido. Muchos quizás olvidan y otros tal vez no, que si no hubiese sido por los dirigentes del cobre aquí presentes, en los años años 90 no se hubiese tomado la decisión de expandir Codelco, de tener la “Radomiro Tomic” y la “Mansa Mina” e invertir millones y millones de dólares. En las personas de los dirigentes aquí presentes; de Raimundo Espinoza, de Bismark Robles, de Juan Raúl Zepeda, de Julio Jalil, principales dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre; del presidente de la CUT y a la vez dirigente sindical en El Teniente, quiero agradecer el tremendo plan de inversiones que hoy tiene nuestro país en El Teniente, Chuquicamata, Potrerillos y en el conjunto de sus divisiones. La Cámara, al rendir homenaje a la Confederación de Trabajadores del Cobre en el quincuagésimo aniversario de su fundación, también lo hace a esos esforzados hombres que han entregado todo, incluso sus vidas, en el trabajo. Termino este homenaje reiterando mi especial agradecimiento por el honor de representar en esta Cámara de Diputados a esa tierra de Machalí, que vio nacer a la Confederación de Trabajadores del Cobre. Pero más aún, permítanme encarnar en la persona de Héctor Olivares del “Negro Olivares”, como lo recuerdan en todos lados, con quien tuvimos el honor de compartir estas bancas, nuestro reconocimiento por el aporte mayúsculo que los trabajadores del cobre han hecho y seguirán haciendo a la historia de Chile. Los socialistas rendimos nuestro homenaje a los dirigentes y les damos nuestras infinitas gracias por su trabajo. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la Confederación de Trabajadores del Cobre en su quincuagésimo aniversario. Agradecemos, una vez más, la presencia de sus dirigentes en tribunas. Se suspende la sesión por cinco minutos y se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura. Transcurrido el tiempo de suspensión: VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Continúa la sesión. Informo a la Sala que los Comités adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Suspender la sesión citada para esta tarde y destinar completamente la sesión del martes 3 de abril, incluido el tiempo de proyectos de acuerdo e Incidentes, al estudio del proyecto que rigidiza el cumplimiento del presidio perpetuo y deroga la pena de muerte. 2. Otorgar, a continuación, 10 minutos para hablar a favor y 10 minutos para impugnar, en la discusión del proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva, conocida como la “ley del mono”. 3. Otorgar, en seguida, 10 minutos por bloque, los que serán distribuidos por acuerdo de las bancadas, para despachar el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que figura en el número 2 de la tabla, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales. De acuerdo con lo indicado en los números 2 y 3, a las 12.50 horas se votarán ambos proyectos. 4. Luego de despachadas esas iniciativas, comenzar la discusión del proyecto que autoriza por una sola vez a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores. El plazo máximo de debate será de dos horas. Al terminar, se votará el proyecto. 5. Tratar en segundo lugar, en el tiempo correspondiente, el proyecto de acuerdo que crea la Comisión investigadora sobre los recursos del Comité Olímpico. 6. Respecto de la renuncia de la Mesa, se acordó votarla, aceptarla y elegir la nueva el mismo día martes 3 de abril. VII. ORDEN DEL DÍA PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 19.583, QUE REGULARIZA LA CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva. Diputada informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es la señora Eliana Caraball. -Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 267614, sesión 45ª, en 20 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe de la Comisión de Vivienda. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Esta iniciativa tiene su origen en una petición que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en forma unánime, formalizara ante el ministro de la Vivienda y Bienes Nacionales. El Ejecutivo, por intermedio del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, hizo llegar un proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, atendido el hecho de que existe un número considerable de potenciales beneficiarios que no ha alcanzado a acceder a su aplicación. Durante la discusión del proyecto, la Comisión contó con la asistencia del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, señor Jaime Ravinet, y de la asesora ministerial, señora Jeannette Tapia. El 14 de septiembre de 1998 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Desde su entrada en vigencia, un importante número de personas ha accedido a sus beneficios, a través de la obtención de la recepción final de sus viviendas o de la incorporación de sus pequeñas empresas a la normativa legal. Igualmente, organismos comunitarios sin fines de lucro han podido regularizar sus inmuebles. La regularización prevista por la ley Nº 19.583 cuya vigencia se propone prorrogar se traduce en la entrega simultánea del permiso de edificación y en la recepción final o definitiva de la construcción. De este modo, se permite consolidar un mayor ordenamiento urbano, legalizando, mediante un procedimiento simplificado, muchas edificaciones o ampliaciones para las cuales sus ejecutores no han podido obtener las autorizaciones municipales, no contando, por lo tanto, con la recepción definitiva. Favorece, asimismo, a quienes hayan modificado el destino de las edificaciones, sin tomar en cuenta el uso del suelo permitido por los planes reguladores comunales. Es muy importante tener en cuenta este punto al momento de la regularización, pues permite a las pequeñas empresas a aquellas pequeñas empresas familiares regularizar la situación, ya que hoy día sus casas las han transformado en un lugar de producción, y aunque los planes reguladores no contemplen la instalación de esas microempresas, obligadamente debe aceptarse la petición. No lo digo con énfasis, porque se ha presentado un proyecto de ley para hacer permanente esta idea de destinar el hogar a la empresa microfamiliar, pasando a llevar las disposiciones establecidas en los planes reguladores. Esta es una legislación de excepción. Estamos regularizando y, por lo tanto, las normas vigentes, como son la ley general de Urbanismo y Construcción y los planes reguladores, deben ser respetados, porque nos permiten convivir. En todo caso, como una cantidad enorme de personas ampliaron su casa, instalaron un pequeño comercio o una pequeña industria no contaminante, han podido regularizar con esta ley, que ha tenido vigencia por más de dos años. Sin embargo, todavía quedan muchas personas que no han podido acceder a sus beneficios. Por esa razón, los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, por la unanimidad de sus miembros, pidieron al Ejecutivo prorrogar por un año la vigencia de esta ley. El Ejecutivo, con mucha diligencia y prontitud, hizo llegar ayer el proyecto para su discusión inmediata, el que la Comisión despachó en el mismo día. Las ideas matrices de este proyecto pretenden ampliar el ámbito de aplicación de la ley Nº 19.583 desde el punto de vista del plazo para acogerse a sus beneficios, atendido el hecho de que se ha podido comprobar que la prórroga de su vigencia ha resultado insuficiente para que todos los eventuales beneficiarios hagan uso de este derecho. Para materializar la idea matriz, se propuso primitivamente prorrogar, por medio de un artículo único, hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo previsto por la ley Nº 19.667, que renovó la vigencia de la Nº 19.583; pero, a petición de algunos señores diputados, el Ejecutivo hizo llegar ayer a la Comisión una indicación, prorrogando la vigencia por un año, o sea, hasta el 31 de marzo de 2002. En el debate habido en el seno de la Comisión se valoró la iniciativa presentada por el Ejecutivo, debido a que la prórroga de esta legislación de excepción está orientada a permitir que la mayor cantidad de personas interesadas se acojan al procedimiento de regularización, lo que la hace altamente recomendable por su gran impacto social. Sin embargo, se hizo especial hincapié en que esta medida de carácter excepcional no debe reiterarse en el futuro, por cuanto una nueva prórroga de la ley en comento no constituiría una buena señal si se tiene en cuenta la normativa vigente la ley general de Urbanismo y Construcción, los planes reguladores y otras como así también las funciones que les competen a los directores de obras municipales. Asimismo, se tuvo presente la necesidad de intensificar las campañas de difusión, con el objeto de proporcionar una mayor información respecto de los alcances de esta normativa, sobre todo si, de acuerdo con los fundamentos del mensaje, gran parte de los eventuales beneficiarios no han regularizado la situación de sus inmuebles por desconocimiento de aquélla, a pesar de lo obrado sobre el particular, tanto por el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales como por los municipios, y así, también, por los distintos parlamentarios. Finalmente, el Ejecutivo, por medio del oficio 351343, de 20 de marzo de 2001, presentó una indicación que sustituye la expresión “31 de diciembre del año 2001”, por la frase “31 de marzo del año 2002”, acogiendo, de esta manera, la petición formulada por algunos señores diputados. Puesto en votación el proyecto en general y en particular, con la indicación, fue aprobado por cinco votos a favor y una abstención. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se establecen las siguientes constancias: no hay normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, no hay normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda, no hubo artículos rechazados y, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento, se han introducido en el texto correcciones formales que no se ha estimado del caso explicitar. Es necesario agregar que esta regularización contribuye a actualizar los catastros que llevan las direcciones de obras municipales y el Servicio de Impuestos Internos sobre la real situación de los inmuebles, equipamientos e iglesias, en especial evangélicas, ubicadas en áreas verdes, que también pueden ser regularizados. Hemos encontrado muy buena acogida en el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales y en los diversos municipios para la concreción de este logro, y me parece una muy buena idea que se aproveche esta nueva prórroga queremos ser enfáticos al declarar que no habrá otra que vence el 31 de marzo de 2002, fecha que parece lejana. Sin embargo, hay que empezar desde ya con las regularizaciones si queremos hacer uso de los beneficios del proyecto. En mérito de lo expuesto, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley: “Artículo único.- Prorrógase, hasta el 31 de marzo de 2002, el plazo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 19.667, que renueva la vigencia de la ley Nº 19.583, con el propósito de regularizar la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva”. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Informo a la Sala que los Comités acordaron dar diez minutos para hablar a favor del proyecto y diez minutos para formular objeciones. Están inscritos los diputados señores Montes y Hales, la diputada señora Rosa González y los diputados señores René Manuel García, Riveros y Pareto. Es necesario que las bancadas se pongan de acuerdo para que hablen menos diputados, o todos los inscritos, pero sólo durante dos minutos cada uno, a fin de que se cumpla con el tiempo previamente establecido. Solicito a la bancada de la Democracia Cristiana, con tres diputados inscritos, que tome la decisión correspondiente. Tiene la palabra el diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, es muy razonable que se haga un esfuerzo por regularizar la situación de viviendas, locales comunitarios y pequeñas empresas construidas con permiso municipal de edificación o sin él, y que no tienen recepción definitiva. Esta circunstancia motivó a un grupo de parlamentarios a trabajar durante mucho tiempo, desde la época del ministro Etchegaray, para lograr que esta idea se concretara en una ley. Participamos los diputados señores Juan Pablo Letelier, Elizalde y la señora Eliana Caraball, desde fines del gobierno del entonces presidente Aylwin y, al final, con muchas dificultades, logramos que la iniciativa se transformara en ley el 14 de septiembre de 1998. Hoy, después de dos años y medio, se pide prorrogar la vigencia de la ley. Entiendo la idiosincrasia de los chilenos: a última hora nos damos cuenta de que no supimos aprovechar el plazo y pedimos que nos den un poco más de tiempo. A pesar de haber sido uno de los autores del proyecto original, a estas alturas no me parece muy adecuada esta nueva prórroga. En consecuencia, me voy a abstener, aunque sé que la mayoría de los diputados se hace eco de la presión que hay en sus distritos para dar un poco más de tiempo a los potenciales beneficiarios. Ésta es una ley de excepción, que hace borrón y cuenta nueva, pues se salta prácticamente todas las normas de construcción, de rasantes, de antejardines y de uso de suelo. Si la ciudad debe pasar a un nuevo nivel, reconozcamos primero lo que hay y, a partir de eso, exijamos más en las nuevas normas. Pero ocurre que la gente no ha regularizado sus construcciones; además, otros están edificando en este tiempo y tratarán de normalizar su situación en virtud de esta ley, porque las direcciones de obras no tienen cómo controlarlos, salvo que hubiera denuncias de los vecinos. Otra postergación más, sumada a la anterior, da tres años y medio, prórroga que constituye una vergüenza que, de alguna manera, debemos explicar al país. Reconocemos que el origen del problema radica en dificultades existentes en la norma misma. Hay una crisis del modelo normativo, porque no puede ser que, en dos años y medio, los que podían regularizar sus viviendas no lo hicieran, y otros, que empezaron a construir después del 14 de septiembre de 1998 no están considerados en el ámbito de la ley estén regularizando sus construcciones. Eso evidencia que algo pasa con el modelo normativo y, a su vez, con los procedimientos de control. Como mínimo, la Sala debe pedir al ministro de Vivienda que estudie los temas de fondo, los cuales tienen que ver con modificar las normas, por cuanto no podemos seguir con ellas si no se cumplen. Las viviendas PET no se pueden ampliar por el metraje de construcción y tampoco es posible efectuar adosamiento más allá del 40 por ciento, porque las edificaciones son pequeñas. Entonces, lo que corresponde es resolver el modelo normativo general y particular para esas viviendas. Los que participamos en la tramitación del proyecto de ley sobre calidad de la vivienda, le incorporamos una norma que decía que en todas las construcciones de vivienda unipersonal y en las ampliaciones bastaría con la firma de un arquitecto, en quien recaería la responsabilidad, para conseguir la recepción final. Luego, la municipalidad seleccionaba al azar una vivienda para comprobar si se estaba cumpliendo con la ley. En definitiva, la disposición estableció que bastaba con la firma del arquitecto o del municipio para obtener la recepción. Sin embargo, como esos profesionales no han cumplido su compromiso, deberíamos eliminar las palabras “o municipio” para que los arquitectos asuman su responsabilidad. Me avergüenza, repito, otorgar una nueva prórroga. Es imprescindible modificar las normas para cada tipo de construcción. Asimismo, es fundamental activar la idea de la autorregulación a través de los arquitectos y efectuar un perfeccionamiento legal. El año próximo debe ser de educación sobre la norma permanente. Sabemos que muchas de las regularizaciones afectan a los vecinos, y que si no asumimos la situación del conjunto de la ciudad, de la convivencia y de la construcción de la misma, estaremos riéndonos de las personas que se preocupan de hacer una mejor ciudad. Por lo tanto, debemos actualizar las normas, educar a la gente y prorrogar esta ley de excepción por última vez, porque tres años y medio, en el fondo, significan desconocer la ley permanente. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto porque beneficia a los sectores pobres y a los de medianos recursos, a los cuales les permitirá pagar con muy pocos derechos municipales: el 25 por ciento en el caso de menos de ciento, y el 50 por ciento en el caso de más de ciento, y sólo porque pienso que, a lo mejor, ha habido imposibilidad de pedir a tiempo los permisos respectivos. Francamente este tipo de legislación sobre todo porque prorroga los plazos por tercera vez en los últimos diez años estimula a construir sin permiso. Así, no sólo tendremos malas construcciones, malos barrios y mala ciudad, sino que, además, aumentarán los problemas entre vecinos, porque, al final, reclamarán cuando alguien construya sin autorización. Necesitamos un ente ordenador. En los últimos dos o tres años, he sostenido de manera permanente que Chile vive una crisis en cuanto al modelo normativo en materia de vivienda y ciudad. Hay fiscalizaciones de papel o insuficientes; las normas que autorizan el uso de materiales son malas y terminamos experimentando con ellos cuando se construye. Además, el presidente de la Asociación Chilena de Ingenieros Estructurales dice que hay descontrol absoluto respecto de los proyectos de estructura en un país sísmico. El proyecto de ley de Urbanismo y Construcciones fue presentado en mayo de 1999, pero todavía no hay nada concreto en su tramitación, porque fue retirado de la legislatura. El nuevo ministro se ha comprometido en su despacho y por eso creo que ahora va a salir la ley. En términos municipales, tenemos dos situaciones graves: al comienzo y al final de la construcción las recepciones son de papel. Tienen timbre y firma, mas no existen condiciones técnicas ni financieras y ningún municipio asume la fiscalización en el momento de la recepción, es decir, ni siquiera miran una población de dos mil o tres mil casas. Por lo tanto, las recepciones son de mentira, igual que los permisos. Entonces, el producto que estamos creando con recepciones de fantasía y permisos de mentira e ilusión, es una ciudad en completa anarquía a medida que la misma se va ampliando. El problema en Santiago es dramático y va creciendo en el resto de las ciudades del país. El Gobierno tuvo una responsabilidad importante por no haber sido capaz de explicar y promover esta ley. Si se hace una campaña en materia de salud para dar a conocer un método anticonceptivo, combatir el cólera y controlar el cáncer, se promueve la posibilidad y los derechos de la gente para su utilización. La ley Nº 19.583 no obliga, sino que entrega un beneficio, una oportunidad. Sin embargo, el Gobierno no fue capaz de crear conciencia suficiente respecto de su valor y de la responsabilidad de la gente en cuanto a aprovechar el plazo establecido para evitar la aplicación de multas y sanciones. No se hizo. Desgraciadamente, hay una carencia enorme de difusión y de promoción. Ésta es la oportunidad para que el nuevo Gobierno asuma la responsabilidad que ningún otro ha tomado en la historia respecto del tema. En primer lugar, habría que destacar la relevancia que tiene para el ciudadano corriente y para su vecino contar con el permiso de edificación. Si al vecino se le explicara, entendería que esto significa construir en armonía con su vecindario, a fin de no afear el sector. En segundo lugar, no es tarde para que en esta oportunidad se le pida al Gobierno que mande un instructivo a los municipios, con el objeto de indicarles cómo deben instruir a los ciudadanos para que puedan aprovechar este nuevo plazo; es decir, explicar en qué consiste el beneficio, organizar una campaña y permitir que los municipios tengan también una especie de norma común. La barbaridad más grande está consagrada en la ley original, en cuya discusión no tuve ocasión de participar. Sin embargo, valoro lo señalado por el diputado señor Montes en cuanto a incentivar a los parlamentarios que participaron en los debates; pero no comparto los términos en que ella se hizo, porque las propias observaciones que hace el diputado señor Montes al respecto están consignadas, a contrario sensu, en la propia ley, cuando se señala que ella permitirá regularizar cuestiones que transgreden la Ordenanza Municipal. Por eso, se liberó de responsabilidad a los directores de obra y a los funcionarios municipales. Sin embargo, no está bien que la regularización de construcciones en bienes raíces urbanos, sin recepción definitiva, se realice en contra de la ley y de la Ordenanza Municipal. Habría sido diferente si la ley hubiera establecido que cuando una persona ha cumplido con toda la normativa vigente y sólo le ha faltado pedir el permiso correspondiente para pagar sus derechos, en ese caso se le concedía un nuevo plazo y beneficios. Esto se parece a la ley de la barbarie,... El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se ha cumplido su tiempo, señor diputado. El señor HALES.-...porque se dice: ¡Siéntense en todas las leyes anteriores y en la Ordenanza Municipal! Frente a eso, nunca podremos tener una vivienda ni una ciudad ordenada. Resolver la crisis del modelo normativo también es una tarea nuestra. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, indudablemente, no se puede dejar de mencionar que este proyecto de ley que estamos debatiendo sólo fue expuesto y solicitado al ministro de Vivienda, señor Jaime Ravinet, en la sesión del miércoles pasado. O sea, han transcurrido sólo tres días hábiles y esta Sala ya está discutiendo un tema que propuso una diputada que ha recibido la presión de su distrito a fin de que se amplíe el plazo legal para regularizar la situación de su propiedad, el cual está a punto de expirar. Esta Cámara debe dar su aprobación a la iniciativa que favorece a la gente más pobre, sobre todo porque todos conocemos los graves problemas de vivienda que afectan directamente a los más necesitados, tal como lo señaló el diputado señor Hales. Aun cuando ésta no es la solución definitiva de los problemas, algún alivio le dará a la gente de nuestros distritos. Además, si la ley general de Urbanismo y Construcciones se hubiese enviado con la misma rapidez y efectividad con que lo hizo el actual ministro respecto de este proyecto, se habría dado una solución definitiva y no de parche, como ocurre con esta iniciativa, la cual, sin duda, significará un alivio para los sectores que más lo necesitan. Por lo tanto, reitero mis felicitaciones al ministro señor Ravinet por haber acogido el miércoles pasado mi sugerencia, y a mis honorables colegas de la Comisión de Vivienda, por haber tenido a bien aceptar mi proposición para legislar sobre la materia a través del proyecto de ley que hoy se discute en esta Sala. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, este proyecto es muy fácil de entender, ya que significa exactamente lo señalado ayer en la Comisión y hoy durante el debate en esta Sala. En la Comisión, el diputado señor Hales se manifestó en contra del proyecto, y aun cuando hoy también expresó lo mismo, ha anunciado su voto a favor. Esas son las contradicciones de las leyes de excepción: uno puede decir lo que quiera, pero actúa en conciencia cuando sabe que favorece a personas que se encuentran en precarias condiciones. Cuando uno analiza la “ley del mono”, se da cuenta de que está en discusión la tercera prórroga; es decir, ésta sería la “ley del mono que contraataca”, pero “el mono” se acaba y la gente debe saber claramente que el plazo para regularizar la situación de las viviendas vence el 31 de marzo de 2001. La ley de excepción es buena, pero la gente no ha contado con las condiciones necesarias para normalizar sus viviendas o iglesias, por una razón muy sencilla. Muchas municipalidades han actuado con un criterio antiguo y no le han explicado a la gente que para regularizar sus propiedades deben presentar los papeles necesarios, a fin de que éstas puedan quedar saneadas. Es indudable que la gente, cuando realiza un esfuerzo gigantesco para construir o ampliar su vivienda, lo hace pensando en el bienestar de su familia. Por eso es mucho más trágico oponerse a la prórroga del plazo y decir, una vez que se ha cumplido, que el monto de la multa que se le debe a la municipalidad es tanto y, lo que es peor, que tendrá que demoler su propiedad. Eso es mucho más aberrante que aprobar una tercera prórroga. Cuando uno debe dar su aprobación a un proyecto, tiene que ser consecuente. Hay que insistir en las palabras dichas ayer por el ministro señor Ravinet, en el sentido de que ésta es la última vez que se amplía el plazo para regularizar la propiedad urbana no recepcionada por la municipalidad. ¿Por qué ha dicho eso el señor ministro? Por las razones expuestas aquí por los diputados señores Montes y Hales, en cuanto a que entrará a regir la ley general de Urbanismo y Construcciones para poder ordenar la ciudad. Pero, como el problema ya existe, es indispensable que las personas tengan conciencia de que éste será el último plazo. Las construcciones que se pueden regularizar son las efectuadas antes de la promulgación de la ley Nº 19.583, es decir, del 14 de septiembre de 1998. Mucha gente dice que al lado de su casa se instaló un taller o una señora que vende papas, lo cual produce malos olores. Eso queda absolutamente resguardado por la ley, porque se debe cumplir con las normas sanitarias y sobre ruidos molestos. La ley no permite la instalación de una pequeña industria que expele malos olores o hace ruidos que molestan a la población; por ejemplo, la instalación de una discoteca, porque atenta claramente contra la tranquilidad de los vecinos. Esto ha sido normado para que la gente que tiene una pequeña empresa o una ampliación de su vivienda la regularice, pueda vivir tranquila y no esté con el alma en un hilo pensando en que le van a demoler su casa. En consecuencia, soy absolutamente partidario de la prórroga de esta ley. Es más, la ley original decía que tenían que respetarse las condiciones de cada municipalidad. Por ejemplo, las municipalidades de Pucón y de Villarrica, que están en una zona turística, tienen normativas de arquitectura que se deben respetar, porque allí no se pueden construir casas con su exterior de pura lata, porque se rompería con los esquemas de construcción establecidos para esa zona. Por eso, me alegro enormemente de que el diputado señor Hales haya recapacitado y señalado que votará a favor del proyecto. Reconozco que tiene mucha razón cuando dice que se debe implementar pronto la ley general de Urbanismo y Construcciones para que esta situación quede absolutamente saneada. Por otro lado, el señor ministro se comprometió a mandar instructivos a las municipalidades para que estas construcciones se regularicen. Por eso, hago un llamado a la gente para que aproveche esta nueva prórroga a fin de normalizar su propiedad. Reitero mi agradecimiento al diputado señor Hales por haber recapacitado y porque, ¡por fin!, está ayudando a la gente que realmente lo merece. Muchas gracias por su comprensión y por apoyar este proyecto, sobre todo porque fue uno de sus grandes opositores. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, daremos nuestro apoyo al proyecto que prorroga la ley que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Lo hacemos porque consideramos que la prórroga tiene fundamentos, planteados aquí, incluso por quienes en un momento determinado expresaron algunas críticas. Críticas que tienen que ver, esencialmente, con lo siguiente: pese a que la ley ha estado vigente durante largo tiempo, la información para acogerse a ella no ha sido lo suficientemente amplia, aspecto que pudimos observar en las diversas ciudades que representamos en el Parlamento. En segundo lugar, ha habido heterogeneidad en la aplicación de la norma; no todos los municipios la han aplicado en la misma forma, y en algunos casos se han exigido requisitos que la ley no contempla, lo cual ha impedido el acceso de numerosas personas a los beneficios que otorga. De manera que, a partir de estos elementos, existen fundamentos suficientes para aprobar una nueva prórroga de la ley. Comparto sí la idea de que ésta debería ser la última prórroga y de que deben fortalecerse las debilidades observadas en la aplicación de ley, lo que ha servido de fundamento para extender el período de vigencia hasta el 31 de marzo de 2002. Tampoco cabe duda de que para apoyar esta prórroga hemos tenido a la vista el hecho de que se trata de una medida que tendrá un positivo impacto social y que lo que se busca es permitir que la mayor cantidad de personas interesadas puedan beneficiarse con el procedimiento de regularización. Estimamos también que el ministro de Vivienda ha sido muy diligente para enviar este proyecto oportunamente, y que ha existido una positiva disposición para acoger algunas peticiones, entre otras, que el plazo de prórroga de la vigencia sea hasta el 31 de marzo de 2002 y no sólo hasta el 31 de diciembre de 2001, como se había planteado primitivamente. Desde esta perspectiva, entonces, concurriremos con nuestros votos favorables a la aprobación del proyecto de ley que estamos discutiendo en este momento. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto espero que se apruebe en forma unánime, es la respuesta hay que decirlo con todas sus letras a una petición que le formuló la Comisión de Vivienda al ministro del ramo, en cuanto a que enviara una iniciativa que prorrogara, una vez más, la llamada “ley del mono”. Tal vez, es conveniente señalar que, si bien es cierto que la ley fue pensada para favorecer a los sectores más modestos y a la gente de clase media que se ha visto obligada a construir una nueva pieza y otro baño, porque uno de sus hijos formó una nueva familia, o construyó un kiosco o creó una pequeña empresa que fue creciendo bajo el alero de la vivienda original o a esa organización comunitaria que también amplió su sede, en la práctica, esas personas, cuando debieron concurrir a los respectivos municipios a regularizar su situación, se han encontrado con diversas dificultades. Quiero aprovechar la oportunidad para denunciar algo que ya le hicimos presente al ministro durante la discusión del proyecto: el hecho de que algunas municipalidades para no ir más lejos, de las provincias de Talagante y Melipilla, pertenecientes a mi distrito, y sin nombrar un municipio determinado, para no empezar a polemizar han puesto tal cantidad de trabas a las personas que concurren a regularizar las ampliaciones no están obligadas a conocer todos los trámites que deben realizar, que se han visto obligadas a pagar los servicios de un dibujante técnico o de un arquitecto, situación que está obviada en el texto y contenido fundamental del proyecto. Aquí no estamos libres de encontrarnos, muchas veces, con gente inescrupulosa que trabaja en las direcciones de obras municipales, que induce a la gente a que concurra a la oficina incluso, en algunos municipios, al interior de los mismos del compadre, del amigo o del socio de ese pequeño negocio que han armado, a fin de que paguen por la confección de un plano. Debemos ser muy claros al decirle a la gente que se informe, y le pido al ministro de Vivienda que haga una labor de difusión, en conjunto con los municipios y las organizaciones comunitarias, de este instrumento, que tendrá vigencia por un año más, es decir, hasta el 31 de marzo de 2002. No debemos esperar hasta última hora como buenos chilenos, porque en ese preciso momento aparece esta gente inescrupulosa que, aprovechándose de los plazos y de la urgente necesidad de la gente por solucionar su problema, no dudan en acorralarla, en cobrarle más de lo que corresponde legalmente en una palabra, la estafan y, muchas veces, en despojarla de sus escasos recursos. Digo esto, porque hemos pensado en brindar esta posibilidad a las personas que carecen de recursos para hacerlo. Estamos hablando de que las viviendas inferiores a los 100 metros cuadrados pagarán sólo el 25 por ciento de los derechos municipales normales, y las viviendas particulares, de microempresas o de las organizaciones comunitarias, sólo el 50 por ciento. En el caso de las viviendas inferiores a los 100 metros cuadrados, de acuerdo con la llamada “ley del mono”, bastará con hacer un croquis en el cual aparezcan sus dimensiones básicas, el que debería ser aceptado, quedando de esa forma regularizada la construcción. Quiero pedir a los parlamentarios de los diversos distritos y, en particular, a los municipios, que pongan énfasis en la necesidad de regularizar las construcciones, efectuando una adecuada difusión de los beneficios que otorga la ley, a fin de no desnaturalizar el sentido social de la iniciativa y de prestar este servicio a las familias más modestas, a la gente de clase media, que ha ido mejorando su calidad de vida y necesita acogerse a esta prórroga. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, estimados colegas, quiero señalar brevemente que el espíritu original de la ley fue regularizar una realidad existente. Por eso, me siento decepcionado de los municipios de este país y de las direcciones de obras, la mayoría de las cuales no han comprendido ese espíritu, cual es superar una situación de hecho. A mi juicio, ello se debe a las trabas puestas por las direcciones de obras, a preciosismos técnicos o como lo dijo el colega Jiménez, a negociados hay que decir las cosas por su nombre, porque el director de obras puedo mencionar los casos de las comunas de Rengo y de Requínoa le dice a la gente que vaya a su oficinita donde trabaja su hijo, su sobrino o su amigo, quienes les cobran 20 ó 30 mil pesos por hacerles un dibujito, en circunstancias de que el espíritu de la ley es aceptar un croquis, un mono, un dibujo mínimo, sin costo, a fin de que las personas puedan regularizar su situación. Por lo tanto, concurriré con mi voto favorable. Sin embargo, solicito que la Cámara tome el acuerdo de oficiar al ministro de Vivienda, a fin de que se lleve a cabo una campaña para explicar cómo deben ser los croquis, que no requieren la firma de un profesional. La información debe ser muy clara, y los municipios deben asumir el compromiso de poner letreros que adviertan que nadie puede cobrar por los dibujos. De lo contrario, el deseo de todos los sectores de esta Cámara será obstaculizado por algunas personas, lo que resta eficacia a la ley, cuyo objetivo es regularizar una situación. A nadie se le puede cobrar por un dibujo que no está firmado por un profesional, y cualquier persona debería estar autorizada para hacerlo. Los funcionarios municipales deben comprender lo reitero, porque creo que es un sentimiento general que no es necesario un dibujante técnico ni un arquitecto para hacer el “mono”. “La ley del mono contraataca” así llamó al proyecto el colega René Manuel García, y espero que los directores de las direcciones de obras lo entiendan. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, solicitaré la unanimidad de la Sala para aprobar su petición en el momento en que exista el quórum requerido. Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, tal como lo anunció la diputada señora Rosa González, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, conscientes de que estamos tratando de resolver una situación irregular; de que si no se atacan los temas de fondo, la vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Conscientes de que si no se asume por las municipalidades una actitud de colaboración, apoyo y comprensión frente a la situación que viven los sectores más modestos, seguiremos teniendo dificultades y, en la práctica, no se concretará el objetivo del proyecto. Estoy seguro de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado van a aprobar el proyecto de ley, que amplía el plazo para que las personas puedan regularizar la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva y tener pleno dominio de sus propiedades. Sin embargo, ello no va a ser suficiente si el Ministerio de Vivienda y las municipalidades no asumen una actitud positiva, una acción de mayor comprensión, una política que permita aplicar las normas de esta ley en el plazo debido. Hoy nos vemos enfrentados a ampliar el plazo, porque durante dos años, ni el Ministerio de Vivienda ni las municipalidades, en ninguna de sus instancias, internalizaron estas normas legales ni realizaron una acción que permitiera a miles de personas recibir los beneficios de la ley. Teniendo presente que el ministro de Vivienda dijo ayer en forma explícita que ésta será la última prórroga de la norma legal, no va a servir de nada que el Congreso Nacional apruebe el proyecto si no tenemos por parte de los actores gubernamentales y municipales una política de comprensión y de acción para que miles de personas se acojan a los beneficios de la ley. En segundo lugar, formulo un llamado al Ministerio de Vivienda para que, en el más breve plazo, someta a la consideración de la Cámara de Diputados la modernización de las normas permanentes de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Mientras eso no lo tengamos como expresión legislativa acorde con las actuales realidades, vamos a seguir, a lo mejor, tomando decisiones de parche, como en el proyecto que estamos comentando. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ha concluido el tiempo. Cerrado el debate. El señor ROCHA.- Señor Presidente, ¿me podría conceder la palabra por un minuto? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se otorgará un minuto al diputado señor Rocha. Acordado. Tiene la palabra su Señoría. El señor ROCHA.- Señor Presidente, quiero simplemente compartir algunas de las opiniones vertidas. El sábado pasado concurrí a una población de Lebu y recibí, con mucha preocupación, las quejas de sus vecinos más modestos. Manifestaron que cuando querían acogerse a la ley Nº 19.667, en la municipalidad de Lebu debían pagar a quien les hiciera el “mono” sumas de dineros que excedían, por lo menos, los 20 mil pesos. Quiero señalar con preocupación este hecho ya lo ha hecho aquí el diputado señor Letelier, don Juan Pablo, porque me parece que esto es absolutamente inaceptable. Quiero agregar a la municipalidad de Lebu entre aquellas que deben ser objeto de alguna comunicación, por lo menos de parte del Ministerio de Vivienda, con el objeto de que a los habitantes más modestos de ese pueblo no se les cobre por acogerse a esta ley. Gracias, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que el artículo único del proyecto, tal como está planteado, podría interpretarse como que sólo prorroga el plazo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 19.667; y, en verdad, el precepto representa un conjunto de ampliaciones y precisiones de la ley Nº 19.583. Por eso, la modificación debe interpretarse en el sentido de que está prorrogando en forma completa las leyes Nºs 19.667 y 19.583. Nada más. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, la aprensión del diputado señor Montes es correcta, porque el artículo único del proyecto podría interpretarse como que sólo se está prorrogando el plazo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 19.667, con lo cual se extendería la vigencia sólo de la ley Nº 19.583 y no de las normas que se agregaron precisamente con la ley Nº 19.667. Por la redacción del artículo único del proyecto, se podría plantear esa dificultad. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se entenderá el espíritu del proyecto en el sentido que lo han señalado ambos señores diputados. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde votar, según lo acordado, el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva. Se ha presentado una indicación, firmada por los diputados señores Montes y Orpis, que corrige una posible mala interpretación del proyecto y que, en mi opinión, debería ser respaldada. El señor Secretario le va a dar lectura. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación de los honorables diputados señores Orpis y Montes tiene por finalidad eliminar, en el artículo único, la frase “el plazo establecido en el artículo 1º de”, de tal manera que la redacción del artículo único quedaría en los siguientes términos: “Prorrógase hasta el 31 de marzo de 2002 la ley Nº 19.667, que renueva la vigencia de la ley Nº 19.583, con el propósito de regularizar la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García para plantear una cuestión reglamentaria. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en el fondo, la indicación de los diputados señores Orpis y Montes reemplaza la ley. Entonces, a mi modesto parecer, habría que rechazar el artículo propuesto por la Comisión de Vivienda y aprobar la indicación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, no hay que reemplazar nada. Se trata de evitar el tercer trámite constitucional. La indicación deja completamente vigente la actual “ley del mono” con todo su articulado y no sólo respecto de la prórroga del plazo, para despejar cualquier duda en la interpretación. Es la ley completa y no sólo el artículo 1º. Perfectamente se puede votar el artículo único con la indicación y el problema queda resuelto. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo único con la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el artículo con la indicación y despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). BENEFICIOS PARA PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Proposición de la Comisión Mixta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde tratar las proposiciones de la Comisión Mixta al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en caso de patentes atrasadas. -Antecedentes: -Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 263208. Documentos de la Cuenta Nº 6 de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, la Comisión Mixta que analizó el proyecto que estaba trabado, fundamentalmente, por la actitud de algunos senadores de Oposición que rechazaban su artículo único llegó en el día de ayer a una solución intermedia. En lo inmediato, la solución sirve a los pequeños mineros y mineros artesanales, puesto que se establece la patente especial para los pequeños mineros y mineros artesanales, propietarios de pertenencias mineras de hasta 100 y 50 hectáreas, respectivamente, sólo hasta el año 2008. Con posterioridad, se vuelve al régimen normal del Código de Minería, el cual ha resultado muy gravoso para ellos, como todo el mundo sabe, porque no han podido solventar los recursos. Quiero dejar constancia, en primer lugar, de que los parlamentarios de la Concertación y los diputados de Oposición propusieron que esta patente especial se estableciera en el Código en forma permanente. Desgraciadamente, como lo señalé, sólo tendrá vigencia hasta el año 2008. En segundo lugar, deseo señalar que en el artículo 2º transitorio se establece la condonación de intereses y multas para pequeños mineros y mineros artesanales por las patentes adeudadas desde 1997 hasta la fecha de publicación de la ley en tramitación. Tiene sentido condonar el 90 por ciento del capital, ya que si estamos rebajando la patente de una cifra de 280 mil pesos a 280 pesos por las 100 hectáreas, indudablemente los pequeños mineros y mineros artesanales no podrían pagar la de los años anteriores, porque son muy gravosas. Tiene lógica la rebaja del capital y, de esa manera, será factible pagar lo que se adeuda. Quería dejar constancia de estas situaciones y señalar que, de todas maneras, estamos por establecer una norma permanente que permita otorgar una patente especial a los pequeños mineros y mineros artesanales. Ojalá, en el transcurso del tiempo, logremos convencer a los senadores que se han opuesto a esta iniciativa tan importante. Quería destacar, también, el esfuerzo realizado por los parlamentarios para llegar a un acuerdo en la Comisión Mixta y, en especial, la actitud asumida por el Ministerio de Minería, a través de su subsecretaria, doña Jacqueline Saintard, sin cuyo concurso y voluntad no habría sido posible. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, con la aprobación del proyecto podemos señalar, con fundamentos, que la solicitud planteada en varias ocasiones, de ordenar el sector en el pago de las patentes mineras cada año concurríamos a la condonación de multas y prórroga del plazo de pago, se hace realidad para el sector de los pequeños mineros y de los mineros artesanales. Por eso, la indicación sustitutiva del Ejecutivo contiene conceptos que ya se habían aprobado en esta Cámara de Diputados, como es la rebaja de la patente minera ha sido perfeccionada en la Comisión Mixta. Ello hay que reconocerlo, como, asimismo, las opiniones de otros parlamentarios que enriquecen el debate y permiten realmente alcanzar estos acuerdos. Por eso, quiero señalar, en primer lugar, que me alegro muchísimo de la rebaja de la patente a un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual, porque se trata de una muy buena noticia para el sector. Al valor de hoy, esto significa la cantidad de dos pesos ochenta centavos por hectárea, rebaja que entrará en vigencia en el momento en que se publique esta ley de la República. En segundo lugar, este beneficio queda absolutamente acotado a todos los pequeños mineros y mineros artesanales empadronados por el Sernageomin y por la Empresa Nacional de Minería, principal comprador de minerales de estos pequeños mineros. El Gobierno porque aquí hay que decir las cosas por su nombre y no pretender arrogarse la paternidad de argumentos que beneficien a los sectores de la pequeña minería propuso condonar el 90 por ciento de todas las patentes para zanjar las diferencias que suscitaban la renegociación de las deudas pendientes y la posibilidad de que pudiera prescribir el pago de las patentes mineras pendiente, de acuerdo con el artículo 146 del Código de Minería. La referida condonación beneficia a todas las patentes de concesiones pendientes de pago que no hayan salido a remate hasta la fecha de publicación de la ley en tramitación; no sólo desde 1997 en adelante, como ha señalado el diputado Mulet. Esto es muy importante, por cuanto salvaguarda la propiedad y la concesión de pequeños mineros que podrían en caso de que interpreten mal la ley perder la oportunidad de ponerse al día en el pago de las patentes de sus propiedades mineras. En tercer lugar, la modificación o rebaja del monto establecida en el artículo 142 del Código de Minería de las patentes mineras regirá hasta marzo de 2008, de acuerdo con la proposición de la Comisión Mixta. Por último, manifiesto mi satisfacción por el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta concuerda con lo aprobado en la Cámara de Diputados, que implica la aceptación de nuestra solicitud, formulada como diputados representantes de los sectores mineros. Ello permitirá iniciar un nuevo camino y un ordenamiento de la concesión minera, pues la transitoriedad de la modificación le da seriedad al Código de Minería, como, asimismo, permite la expansión, ampliación y gran desarrollo de este sector, el cual debemos proteger y mantener. Los diputados de Renovación Nacional votaremos a favor de este informe de la Comisión Mixta, por cuanto creemos que, junto con ayudar a los pequeños mineros, marca el inicio de la reactivación de la pequeña minería. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro el hecho de que la Cámara de Diputados y el Senado hayan logrado un buen acuerdo, reflejado en esta proposición de la Comisión Mixta; en particular, destaco tanto la buena voluntad que han tenido los parlamentarios de la Oposición, en especial de quienes representan a las zonas mineras, como la actitud de los senadores señores Antonio Horvath y Carlos Cantero, que contribuyeron a que llegáramos a un acuerdo en la Comisión Mixta. Cuando el Congreso dialoga, es posible superar las dificultades ideológicas respecto de determinados temas que interesan, en este caso, al conjunto de los mineros y de la pequeña minería. Es posible avanzar en un proyecto que, como aquí se ha dicho, es muy cardinal para la pequeña minería. Desde 1992 esta Cámara de Diputados, junto con el Senado, han aprobado proyectos destinados a lograr la condonación de las multas a los pequeños mineros. Sin embargo, cerca de doce mil mineros, en particular cuatro mil pequeños mineros aun cuando se han condonado las multas duplicadas, establecidas con gran injusticia para la minería no han podido pagar sus patentes, debido a la crítica situación que se vive por la baja del precio internacional, la crisis asiática y la ausencia de una política de fomento activa. La proposición de ley que votaremos hoy, y que será aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, permitirá que los pequeños mineros y los trabajadores mineros artesanales paguen sólo un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual por hectárea. Esto significa que al pequeño minero que tiene cien hectáreas y que paga 280 mil pesos por una explotación de esta naturaleza, con un precio del cobre muy depreciado, y que muchas veces tiene familiares con explotaciones mineras en otras comunas se le disminuirá el pago a la diezmilésima parte de una unidad tributaria mensual, que en el caso de cien hectáreas será de 280 pesos; es decir, hemos concordado una patente de carácter absolutamente nominal, a fin de que se ponga en marcha y se reactive la pequeña minería. Obviamente, el que no pague su patente deberá paralizar su concesión, la que podrá ser rematada o explotada por otros mineros, lo cual generará un dinamismo en la productividad del sector de la pequeña minería y de los mineros artesanales. Cabe señalar también que hemos logrado avanzar en un tema que para los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía ha sido muy importante: la necesidad de que no sólo se condonaran estas multas, que significan el doble de las patentes mineras durante estos años, sino que, además, esta condonación pudiera operar en un 90 por ciento sobre las deudas que por las patentes tiene la pequeña minería. Naturalmente, esto es un gran esfuerzo reactivador. Por eso celebro la decisión del Ministerio de Economía de enviar un proyecto de esta naturaleza, por cuanto su aprobación significa que Taltal, Diego de Almagro, Chañaral y Copiapó, nuestras comunas mineras de la pequeña minería, gozarán, durante ocho años, de un instrumento cuya vigencia podrá ser renovada por un plazo similar, con una patente minera nominal y una condonación de las multas del duplo, sanción que persigue, como una espada de Damocles, injustamente a la pequeña minería, ya que no existe en ningún otro sector de la economía. Además, será posible que también se puedan condonar definitivamente ya no sólo las multas, sino también las deudas de las propias patentes. Por último, subrayo que se trata de un aporte muy valioso que el Congreso y el Gobierno hacen a la pequeña minería, a fin de que ésta pueda reactivarse, generar más empleo y mejores condiciones de vida en nuestras zonas mineras. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, en representación de la bancada de la UDI, valoro el hecho de que finalmente estemos llegando a puerto con un proyecto sumamente importante para la pequeña minería y la minería artesanal, las cuales, durante los últimos años, han sufrido tanto y han ido desapareciendo, después de haber dado existencia a tantas localidades y pueblos de nuestro país. En este momento, recuerdo a Illapel, Combarbalá, Salamanca y Punitaqui, que han vivido tantos años respirando el aire de nuestras cordilleras y haciendo crecer lugares que hoy lo están pasando muy mal, con altos índices de cesantía y real pobreza. Por eso, junto con celebrar que este proyecto haya llegado a puerto, también es importante valorar que el Gobierno se comprometa a mejorar la política de fomento de Enami a la pequeña minería. No basta con dar perdonazos al pago de patentes o bajar sus precios, sino que necesitamos valorar el trabajo de la pequeña minería como una actividad productiva que da existencia a muchas comunas de nuestro país. Señor Presidente, también valoramos el hecho de que esta iniciativa permitirá, a muchos pequeños mineros y mineros artesanales, formalizar su actividad. En la actualidad, muchos de ellos no pueden ser beneficiarios de los subsidios o aportes que entrega el Estado para fomentar su actividad y terminan vendiendo a distribuidores el producto de su trabajo, porque carecen de autorización para vender directamente a Enami. Creemos que la creación de la patente especial, que prácticamente es simbólica, como se ha dicho anteriormente, es un aporte del proyecto. Creemos muy importante, también, que la Comisión Mixta haya incorporado en un artículo transitorio la condonación del 90 por ciento de la deuda de patentes de todos los pequeños mineros artesanales, porque les permitirá acogerse a los beneficios de esta ley y mirar con entusiasmo y esperanza el futuro que se avecina. Por lo tanto, la Unión Demócrata Independiente apoyará el proyecto, en el espíritu de que, como se dijo anteriormente, aunque el beneficio dure ocho años, posteriormente quede establecido como una norma permanente. Se revisará el efecto que tendrá esta ley para la pequeña minería y la minería artesanal, a fin de corregir su aplicación. Por la pequeña minería y la minería artesanal, votaremos a favor el proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, alegra terminar un proceso que implica lo que ya se ha dicho en todos los tonos: por fin en Chile vamos a tener una patente especial, nominal, para el pequeño minero y el minero artesanal, lo que significa no pagar 280 mil pesos cuando se tiene el tope de las 100 hectáreas, sino 280 pesos. Por eso, defendimos permanentemente un diezmilésimo y no un milésimo. Muchos pequeños mineros y mineros artesanales que pagarán 2,8 pesos por hectárea, preguntan: ¿Por qué sólo durante siete años, es decir, hasta el año 2008? Hay que ser sumamente claro en esto, porque, lamentablemente, no hubo acuerdo para que el beneficio fuera definitivo; pero cedimos por siete años, porque eso posibilita esta patente nominal. Además de generar convenios de pago y condonar multas e intereses, en la Comisión Mixta se acordó, en forma unánime, condonar el 90 por ciento de las deudas, lo que da la posibilidad real de que los convenios de pago se suscriban, el sector se regularice y se recauden recursos no sólo de pequeños mineros y mineros artesanales que se colaban por la vía del congelamiento del cobro de las distintas patentes por no haberse realizado el pago, sino de todas las patentes. En definitiva, existirá una patente nominal y especial de 2,8 pesos por hectárea, se condonarán intereses y multas, y el 90 por ciento del capital real adeudado; además, existe la posibilidad de suscribir convenios de pago a cinco años y, como señaló el diputado señor Mulet, seguiremos sosteniendo que este tema debe ser objeto de una ley permanente y que el artículo 149 del Código de Minería debe ser derogado para no tener más un pago duplicado por retraso. Por eso, como miembros de la Democracia Cristiana, llamamos a apoyar este importante proyecto de ley, eminentemente social, que beneficia a cuatro mil pequeños mineros y mineros artesanales, lo que significa un impacto en más de 20 mil personas, desde las regiones Primera a Sexta. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobada. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Arratia, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, García (don José), GarcíaHuidobro, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Salas, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). CONVENIOS DE PAGO POR COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS POR EMPLEADORES. Segundo trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que autoriza, por una sola vez, a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por cotizaciones previsionales adeudadas por empleadores. El acuerdo de Comités es destinar dos horas de debate al proyecto, por lo que se votará a las 15.15 o 15.30 horas. -Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 267213 (S), sesión 45ª, en 20 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 11. Certificados de las Comisiones de Trabajo y Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 7 y 8, de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma para plantear un asunto de Reglamento. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, ¿debemos entender que no se votará antes de las 15.15 horas? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No, necesariamente. Se ha establecido un máximo de dos horas para el debate. Es posible que no haya muchos diputados interesados en hacer uso de la palabra, por lo cual, tal vez, no es menester ocupar las dos horas, caso en el cual se podría votar antes. En todo caso, podemos llamar a votar con la suficiente anticipación. Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, me corresponde informar, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de ley que autoriza por una sola vez a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores. El proyecto fue aprobado por la unanimidad del Senado, que le introdujo sólo algunas modificaciones de menor entidad. Con el fin de no alargar el informe y entrar a su discusión, voy a intentar resumir su contenido, apuntando a los aspectos más importantes. En primer lugar, el objetivo del proyecto es asegurar que los trabajadores perciban las prestaciones de seguridad social de las instituciones en que se encuentran afiliados, beneficiándose con sus disposiciones todos aquellos cuyos empleadores se encuentren morosos en el pago de las cotizaciones de seguridad social. Por tanto, pueden acogerse al convenio todos los empleadores que se encuentren en mora respecto del pago de sus cotizaciones a las administradoras de fondos de pensiones, AFP, al Instituto de Normalización Previsional, INP, y al Fondo Nacional de Salud, Fonasa. Su ámbito de aplicación obliga al INP y a las AFP, pero es voluntario respecto de las mutualidades de empleadores e instituciones de salud previsional. Originalmente, su fecha de entrada en vigencia era 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, y, en ese plazo, las instituciones deberían adoptar las necesarias providencias de carácter administrativo. No obstante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con una indicación de los honorables diputados señores Roberto León, Edgardo Riveros y de quien habla, eliminó dicho artículo con el objeto de hacer aplicable de inmediato las disposiciones de este proyecto de ley. La iniciativa establece que el plazo para acogerse al convenio es de 60 días desde la fecha de vigencia de la ley, y el plazo para suscribirlo es de 60 días desde la fecha de presentación de la solicitud. Por su parte, el plazo para pagar la deuda asciende hasta 18 cuotas mensuales iguales y sucesivas. Para efectos del proyecto, la deuda la constituyen las cotizaciones, ya sea de cargo del trabajador o del empleador este último está obligado a enterarlas en las instituciones de seguridad social respectivas, que no han sido enteradas dentro del plazo legal, quedando, en consecuencia, afectas a los reajustes e intereses, según corresponda, y a las multas dispuestas si el empleador no las ha declarado. Respecto de las deudas señaladas en el párrafo precedente que deben pagarse en el INP, se condona hasta el 40 por ciento de los intereses, por cuanto éstas no inciden en el monto de los beneficios pecuniarios definidos en la legislación vigente. En relación con las deudas que deben pagarse a las AFP, no se condonan los intereses, ya que, por tratarse de un sistema de capitalización individual, los beneficios se determinan sobre la base de los recursos que el trabajador tiene acumulados en su cuenta individual, entre los que figuran, como dije, los intereses y reajustes. En el caso de las cotizaciones adeudadas al INP, se condona la totalidad del interés penal. También respecto de las cotizaciones adeudadas a las AFP, sólo se condonarán, por el período que dure el convenio, la parte del interés penal que va a la administradora y no la parte que va a la cuenta individual del trabajador. Ahora bien, si el empleador no declara las cotizaciones dentro del plazo legal, o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa de media unidad de fomento por mes por cada trabajador. En el caso de los empleadores de trabajadores de casas particulares, no hay multa si las cotizaciones son pagadas al mes siguiente al cual corresponden las remuneraciones. La multa es de 0,2 unidades de fomento si las cotizaciones son pagadas en el mes subsiguiente al cual corresponden las cotizaciones, y de 0,5 unidades de fomento si fueran pagadas después. Si el empleador se acoge al convenio, el proyecto condona dichas multas. Si se trata de cotizaciones no declaradas al INP, sólo se aceptarán hasta 5 años para poder reprogramar. El interés que devenga la deuda reprogramada es de 6,26 por ciento anual. Sin embargo, en caso de existir diferencia entre los intereses y reajustes pagados por el empleador en virtud del convenio, y los que le hubiere correspondido pagar de no existir convenio, el empleador pagará una última cuota de ajuste por dicha diferencia. Por efecto del convenio se interrumpen los plazos de prescripción de las acciones en favor de las instituciones de seguridad social por las cotizaciones a que se refiere el convenio. Asimismo esto es muy importante, se suspenden los procedimientos judiciales iniciados, manteniéndose los embargos decretados, y no procederá el abandono del procedimiento. Al respecto, ayer, en la discusión del proyecto en la Comisión de Trabajo, todos los diputados hicieron presente que, en sus respectivas regiones, los abogados y las empresas de cobranzas que mantienen el INP y las AFP, estaban apremiando, ejecutando, embargando y, lo que es más grave, pidiendo órdenes de detención en contra de los deudores previsionales que, en su gran mayoría, son pequeños empresarios. Obviamente, ésta es una señal contradictoria, porque insisto, por un lado, el Gobierno califica al proyecto con discusión inmediata, para que los deudores reprogramen sus deudas y, por otro lado, las empresas de cobranzas y los abogados, tanto del INP como de las AFP, los están ejecutando en forma inmisericorde. Y ¿qué ocurre con esto? Le encarecerá el convenio, porque, además de las deudas previsionales, deberán pagar costas, gastos y honorarios que, a veces, suman más que la deuda previsional. Por lo anterior, sería conveniente que el director del INP emitiera una circular a la brevedad, con el fin de suspender ahora los procedimientos judiciales, particularmente las órdenes de detención y los embargos decretados en contra de los deudores previsionales. Por otra parte, el convenio caduca por el no pago oportuno de dos cuotas sucesivas reprogramadas en él o de cualquiera de las cotizaciones devengadas de remuneraciones desde marzo de 2001 en adelante. En tal caso, la institución acreedora deberá cobrar el total del saldo de la deuda, considerándose de plazo vencido, con todos sus reajustes, intereses, multas y los recargos correspondientes. Igualmente, la ley exige que para despedir a un trabajador respecto del cual se ha suscrito convenio esto es muy importante, debe acreditarse, previamente, que la totalidad de sus cotizaciones previsionales estén al día. De este modo, el proyecto de ley asegura que se cumpla con esta disposición. Por los objetivos y fundamentos expuestos, y entendiendo que esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas implementadas para ir en apoyo de la mediana, pequeña y microempresa, afectada por problemas económicos, estimo oportuno aconsejar a la Sala que apruebe el proyecto de ley. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García, informante de la Comisión de Hacienda. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que autoriza, por una sola vez, a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores. El proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue despachado por esta Comisión, con la asistencia de los diputados señores José Miguel Ortiz, como presidente; Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini, Carlos Montes, Andrés Palma, Ignacio Walker y del que habla. Durante el estudio del proyecto concurrieron, además, a la Comisión, la subsecretaria de Previsión Social, la subdirectora de la Superintendencia de Seguridad Social, el director nacional del Instituto de Normalización Previsional y el superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso, en su certificado, que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los incisos tercero y quinto del artículo 2º del proyecto aprobado por ella. Además, el Ejecutivo presentó ante la Comisión de Hacienda, con el objeto de reponer el texto original del mensaje, las siguientes indicaciones: En primer lugar, para sustituir, en el artículo 1º, la expresión “la fecha de entrada en vigencia de esta ley”, por la frase “hasta el mes de febrero de 2001 o en meses anteriores”. En segundo lugar, para agregar el siguiente artículo 8º: “Artículo 8º.- Esta ley entrará en vigencia después de treinta días de su publicación en el Diario Oficial”. La Comisión consideró que las indicaciones aprobadas en la Comisión técnica son inadmisibles por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, razón por la cual acogió a tramitación las indicaciones del Ejecutivo. Puestos en votación los incisos tercero y quinto del artículo 2º y las indicaciones del Ejecutivo a los artículos 1º y 8º, se aprobaron por unanimidad. Informe financiero Don Mario Marcel, director de Presupuestos, señala que esta iniciativa establece la facultad de que empleadores que adeuden cotizaciones correspondientes a remuneraciones que se pagaron o debieron pagarse hasta el mes de febrero de 2001 o en meses anteriores, puedan acogerse a un convenio de pago que brindará la posibilidad de su reprogramación, establecida excepcionalmente y por única vez en el proyecto. Además, hace notar que los empleadores tendrán derecho a acogerse al convenio dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley. Para tales efectos, la deuda estará constituida por las cotizaciones adeudadas, los intereses y reajustes de la ley Nº 17.322, o del artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, según corresponda. El empleador podrá pagar la deuda hasta en dieciocho cuotas mensuales, iguales y sucesivas, expresadas en unidades de fomento, convertidas en pesos al día del pago. Finalmente, expresa que este proyecto no representa costo fiscal para el año 2001 ni para los años siguientes. Es importante tener presente que la deuda previsional alcanza a un total de 275.160 millones de pesos, distribuidos en 145.284 millones de pesos a las diferentes administradoras de fondos de pensiones y 129.876 millones de pesos al Instituto de Normalización Previsional. Es útil consignar también que el número de empleadores morosos, por institución, alcanza a 123.872, en las administradoras de fondos de pensiones, y a 143.384, en el Instituto de Normalización Previsional. El número total de empleadores morosos no es sumable debido a que los deudores se pueden repetir en esas instituciones previsionales; es decir, tanto en las AFP como en el INP. Es todo cuanto debo informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, que recomienda, como he señalado, aprobar por unanimidad las disposiciones del proyecto de ley. He dicho. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta a la Mesa para definir el texto sobre el cual vamos a trabajar. Ayer, la Comisión de Trabajo declaró admisibles las indicaciones presentadas, y la Comisión de Hacienda las declara inadmisibles. Creo que hay una competencia de poder entre dos presidentes de distintas comisiones, por lo que, antes de comenzar la discusión sobre la aprobación o rechazo del proyecto, la Mesa tiene la obligación, según mi parecer, de entregar una opinión taxativa sobre el particular, porque no podemos tratar dos proyectos: uno admisible y otro inadmisible. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, en primer lugar, estamos discutiendo sólo un proyecto con dos informes. El señor SEGUEL.- No, señor Presidente; son dos proyectos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No, señor diputado. Vea después el acta y se dará cuenta de que se equivocó. Vamos a hacer lo de siempre. Tenemos el informe de la Comisión técnica, la de Trabajo, y lo demás son indicaciones de la Comisión de Hacienda. De manera que corresponde iniciar el debate sobre el informe de la Comisión técnica y la Sala se pronunciará en su minuto respecto de las indicaciones de la Comisión de Hacienda a nuestro informe. Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, cuando conocemos proyectos como éste, en que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, toda vez que toca el ámbito de la seguridad social, uno puede manifestar su completa satisfacción o insatisfacción por algunos de sus acápites. Después de conocerlo, me inscribo en el segundo ámbito; vale decir, no me deja plenamente satisfecho, aun cuando en su momento expresaré mi posición respecto a su votación. Pero parto por señalar eso, toda vez que creo que hubiese sido más lógico recurrir a la posibilidad de otorgar recursos que permitieran a los empleadores que no han enterado las cotizaciones previsionales de las cuales son meros recaudadores a las administradoras de fondos de pensiones o al Instituto de Normalización Previsional, ponerse al día en su obligación de integrarlas y haber quedado como deudores ante otra entidad distinta de los trabajadores. Porque, seamos claros en esta materia. Quienes están otorgando el plazo, por imperio de la ley, no son otros que los trabajadores, porque, como sabemos, en el sistema de capitalización individual, que rige en el esquema de administración privada de las AFP, los responsables de su previsión y, por lo tanto, de sus cotizaciones, son ellos, y la obligación del empleador es una sola: ingresar ese dinero a las cuentas de los trabajadores. Por lo tanto, cuando no cumple con la obligación, de la cual repito es mero recaudador, existe una apropiación que no es legítima. De manera que esta lógica es lo primero que debemos tener presente para observar lo que está planteado en el proyecto, y por eso, entonces, justifico mi insatisfacción. Aquí, a quienes se está obligando a otorgar un plazo para que integren dineros que les pertenecen, a las cuentas que administran las administradoras de fondos de pensiones, es a los trabajadores, que concurren mes a mes con su ahorro obligatorio para financiar sus pensiones de vejez cuando las mujeres llegan a la edad de 60 años y los hombres a los 65, de invalidez o de sobrevivencia, a través del seguro que se contrata para esos efectos. En consecuencia, debemos observar el proyecto desde otro ángulo, en el sentido de que, si bien es cierto que los trabajadores no agravan su situación actual, porque esos dineros no han sido integrados a sus cuentas de ahorro previsional, los empresarios, los empleadores morosos, si se acogen al convenio, tienen la posibilidad de hacerlo dentro de un plazo. Con ello, su situación puede ser regularizada, como es salir de la condición de deudor moroso y quedar en condiciones de sujeto de crédito para acceder, entre otras cosas, a los beneficios de la banca privada anunciados por el Gobierno. Si trabajamos con esa lógica y no pensamos en que la iniciativa favorece a los trabajadores en el sentido de que puedan obtener los beneficios, a los cuales tienen derecho, en la medida que sus empleadores paguen las cotizaciones como depositarios por ser responsables en este sentido de cada trabajador, podremos alcanzar el objetivo positivo planteado en el proyecto. Debemos tener presente que todo esto es posible, porque en la ley, en su origen, se establece una norma sobre declaración y no pago, que, a mi juicio, debe ser revisada, porque muchos empleadores recurren a ella, declaran; pero luego no pagan, y se otorgan un autocrédito al que no concurre la voluntad del trabajador, que, en definitiva, es el dueño de los dineros. Insisto en que esa norma debe revisarse, porque en muchos casos se ha prestado para abusos. Sin embargo, al existir dicha norma, en un caso coyuntural como éste, absolutamente excepcional, en el que sólo por segunda vez en la historia del sistema previsional de las AFP se recurre a ello, a pesar de que el proyecto no me deja satisfecho en su totalidad ni agrava la situación del trabajador, sino que posibilita a los empleadores el cumplimiento de una obligación a la cual deben ajustarse, debiéramos aprobar este proyecto de ley. Por eso, concurriré con mi voto favorable, no obstante todas las prevenciones que he señalado. También debemos tener presente algunas falencias del actual sistema previsional, de administración privada. Quiero llamar la atención sobre la cobertura, por ser pertinente y estar íntimamente ligada al proyecto. No hablaré sobre otras falencias, como el tema de costos, pues cae en otro ámbito. El actual sistema de seguridad social, para responder a pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia, en la práctica, está dejando sin cobertura a la mitad de los trabajadores afiliados al sistema. Pensemos que, actualmente, en el sistema de las AFP están afiliadas 6.280.191 personas, de las cuales sólo 3.196.991 son cotizantes. Aclaro que esta cifra de cotizantes corresponde al año 2000 y es inferior a la registrada en 1999, y que esta situación de ser afiliado al sistema y no cotizante de acuerdo con cifras entregadas por la Superintendencia de AFP, se desglosa de la siguiente forma: un 26 por ciento de personas que se retiraron de la fuerza de trabajo y que corresponde a más de 801 mil; trabajadores que, siendo dependientes, pasaron a ser independientes ésta es la cifra mayor: 1.140.184 personas, lo que indica que los independientes no se sienten atraídos para cotizar en el sistema de las AFP; los trabajadores cesantes, que llegan al 13 por ciento, equivalente a 400.816 personas y, luego, los morosos, que significan el 22 por ciento de los afiliados, y no cotizantes en el sistema, y que superan las 678 mil personas. Hay otros rubros que son menores, de 2 por ciento, que sobrepasan en poco las 61 mil personas. ¿Qué quiero decir con toda esta argumentación? Que el tema de la morosidad es uno de los aspectos en que debemos poner atención. Pero también debemos analizar la precaria cobertura a la que estamos sujetos los chilenos en materia de seguridad social, específicamente en lo referente a la vejez, a las pensiones de sobrevivencia y de invalidez. Las cifras hablan por sí solas. No obstante, ojalá que el convenio permita, por una parte, que se cumpla con el compromiso o la obligación de enterar las sumas, que, indebidamente, los empleadores no han hecho en las cuentas previsionales de los trabajadores, y, por otro lado, que les permita a estas empresas regularizar su situación de morosidad y quedar habilitadas, como sujetos de crédito, para acceder a los otros beneficios anunciados por el Gobierno para reactivar la pequeña y la microempresa, que debiera ser esta última especialmente beneficiada con la medida. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Su Señoría ocupó 11 minutos del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana. En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, antes de entrar al proyecto que nos convoca, invito a los colegas a participar de una breve retrospectiva que nos ilustrará acerca de las razones por las que hemos llegado a esta situación. Recordemos que, a mediados de 1997, comenzó una crisis de carácter internacional, denominada “crisis asiática”, de la cual nuestro país no estuvo ajeno. Incluso más, las autoridades de entonces pensaron que era una crisis puntual, corta y breve, y que se podía sobrellevar con las medidas que en ese momento se estaban tomando. Esa fue una equivocación garrafal, no sólo por la visión equivocada respecto de su duración, sino también por sus efectos de rezago y la situación delicada que, a mi juicio, perdura hasta hoy. ¿Quiénes se vieron principalmente afectados en este período? Sin duda, la microempresa, la pequeña y mediana empresa, Mipyme. Ante la perspectiva de que la crisis iba a ser corta, cual más cual menos, se endeudó; cual más cual menos trató de defender su negocio, su comercio, su industria; cual más cual menos trató de sobrevivir por todos los medios y sobrepasar la crisis. Sin embargo, por los antecedentes indicados, su duración y las medidas que se tomaron equivocadas en ese momento, este sector comienza a colapsar aceleradamente. Así, se unen las pequeñas y medianas empresas en búsqueda de la forma de defenderse y constituyen la Conapyme, la cual solicita al Gobierno un sistema de reunión permanente, y se crea el comité público privado, bajo el alero del Ministerio de Economía. En él, en reuniones periódicas y de todos los meses, se denuncia invariablemente, con cifras muy responsables, lo que pasa en este sector de la producción y de la economía. En la Cámara, se constituye una comisión transversal para la pequeña y mediana empresa, que nos lleva a convocar y consensuar opiniones de todas las corrientes políticas. Se realizan varios seminarios y un encuentro de la pequeña y mediana empresa, el primero en su género, con asistencia de las máximas autoridades de Gobierno, incluido el Presidente de la República. Incluso, se realizan varios seminarios en la propia Cámara, a los que vienen todos los actores: representantes de trabajadores, del comercio, de la industria, de la construcción, etcétera. En uno de ellos, se logra consensuar un acuerdo nacional sobre el flagelo más grande que puede afectar a una economía: la cesantía. En el capítulo tercero de las veintitrés medidas que se elaboraron en la Cámara y que están en poder del Presidente de la República, particularmente se destaca la ayuda al sector de la economía y la producción que constituyen las pequeñas y medianas empresas, porque son ellas lo reiteraremos, aun con el riesgo de ser considerados majaderos las únicas que aportan una realidad: el ochenta por ciento del empleo productivo del país. Se han tomado medidas de emergencia, particularmente a través de las municipalidades, pero todas han sido paliativos e insuficientes. Si no se apoya a quienes son capaces de generar el empleo, sin duda, serán pan para hoy y hambre para mañana. Visto así, el Gobierno acepta las medidas que se han propuesto a través de todas estas instancias. Se da cuenta que, en definitiva, la cesantía es imparable; que se ha llegado a dígitos focalizados sobre el treinta y el cuarenta por ciento, y a una mediana nacional que preocupa enormemente, porque está al borde del diez por ciento. Según las cifras, justamente en las regiones Quinta y Octava, que tienen los índices de mayor cesantía, se han producido los niveles más altos de morosidad y de no pago oportuno de las imposiciones de los trabajadores. Esto afecta, también con los mayores índices, a la industria, la construcción, el comercio y los servicios. Esta figura nos lleva a compartir que el Gobierno se decida a impulsar políticas para reprogramar las deudas y facilitar la reactivación de las pequeñas, medianas y microempresas, a través de tres caminos: uno, la reprogramación del endeudamiento bancario; dos, la reprogramación de la deuda impositiva las deudas con Tesorería por impuestos de cualquier categoría; y, por último, el proyecto que nos convoca, sobre la reprogramación, por una sola vez, de la deuda previsional, tanto con el sistema de AFP como con el INP, para aquellos empleadores, especialmente de las pequeñas, medianas y microempresas, que se vieron imposibilitados de hacerlo en la oportunidad que manda la ley. Aquí me detengo un segundo para afirmar que no se puede generalizar que todos los empleadores son malos, menos en un contexto de crisis como en el que nos encontramos. Sencillamente, en muchas empresas, con autorización de los trabajadores y debe hacerse un reconocimiento a ellos, no se pagaron las imposiciones en la oportunidad que correspondía con el único objeto de mantener los puestos de trabajo, y las pequeñas y medianas industrias en operaciones. Esos dineros no fueron apropiados indebidamente en la generalidad de los casos. Son préstamos que deben devolverse, y entiendo que en este sentido el Gobierno ha generado el proyecto que ojalá sea una suerte de solución para los más en la morosidad involuntaria en que se ha caído con el sistema previsional. No puedo dejar de agradecer a las organizaciones que apoyaron y consensuaron estas medidas, y dentro de ellas destaco, sin duda, a la Central Unitaria y a la Central Autónoma de Trabajadores. Ambas organizaciones expresaron todas sus aprensiones y, en definitiva, estuvieron por adoptar una medida única y excepcional para solucionar este delicado problema de las pequeñas y medianas empresas. Ayer, en la Comisión de Trabajo algunos colegas presentamos indicación para que el Gobierno revisara el plazo de dieciocho meses para pagar la deuda. Según algunos ejemplos, el empleador que está generando flujos podría encontrarse con que mes a mes debe pagar dos cotizaciones y no esté en condiciones de hacerlo. A pesar de que la indicación no fue admitida aunque no comparto las razones que se dieron, creo que de todas maneras la medida es positiva para ayudar a la reactivación de este sector de la economía o, por lo menos, para limpiar su endeudamiento, de manera que pueda reiniciar faenas o comenzar otras y contratar trabajadores. Si esto no se logra, sencillamente, la situación será mucho más delicada y desesperanzadora. Indicadores de especialistas y, particularmente, de economistas destacados de todas las tendencias políticas, advierten que la crisis no ha pasado, que está ahí, y señales de afuera nos dicen que no nos debemos endeudar. Esta es una realidad que tiene muy clara el sector de la pequeña y mediana empresa y, por lo tanto, está consciente de que debe asumir una responsabilidad distinta, no sólo frente al entero de las imposiciones previsionales, sino que también de las deudas en general y en cómo reposicionarse en el mercado. Si Chile no dobla la página y activa la demanda y el consumo, todas estas medidas serán meros paliativos, un valium 10, y sólo postergarán el colapso general del sector. Es indispensable abrir la brecha del consumo y la demanda. Actualmente existe un solo mercado de demanda, la exportación, y no todo el sector de la pequeña y mediana empresa está preparado para eso. Otras instancias, como la competencia, muchas veces desleal, con importaciones indebidas o poco controladas, hacen que el sector del pequeño y mediano empresario no sea competitivo. El proyecto que hoy nos convoca y que dice relación con la reprogramación de las deudas previsionales, viene a solucionar en parte la grave situación por la cual atraviesan las Mypymes. Anuncio que voy a votar a favor el proyecto y estoy cierto de que mis colegas de Renovación Nacional van a hacer lo mismo. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, como se dijo, la idea matriz de este proyecto se ha venido planteando desde hace tiempo. De hecho, en 1999 conversé con los ministros del Trabajo y de Hacienda de la época en relación con una propuesta de la pequeña y mediana empresa, en quienes advertí cierta reticencia en acceder a lo solicitado. No querían dar una señal de debilidad en el problema surgido en el pago que hacen los empleadores con la retención de recursos de los trabajadores y que se pensara que más adelante vendría una reprogramación o se darían facilidades. En verdad, el espíritu de la demanda era porque estábamos viviendo una situación de crisis que ya se estaba alargando por muchos años. Cuando la pequeña y mediana empresa tiene apenas recursos para pagar los sueldos y salarios, posterga el pago de las imposiciones a las instituciones previsionales y prefiere pagar las remuneraciones de los trabajadores. En estricto rigor, se está incurriendo en un acto doloso, porque se trata de dineros que pertenecen a los trabajadores y no han sido enterados en sus cuentas previsionales a pesar de habérseles descontado de sus remuneraciones. En todo caso, una inmensa mayoría de pequeños y medianos empresarios no lo hacen con dolo, sino porque la situación económica de los últimos años ha impedido una fluidez de recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones económicas. Tengo en mi poder una información que me fue entregada por la pequeña y mediana empresa, en relación con la deuda por cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas, clasificada por actividades económicas, que a junio de 2000 ascendía a 135 mil millones de pesos. Seis meses después, en diciembre de 2000, ésta ascendió a 275 mil millones. Ello, debido a la crisis que estamos viviendo, la cual, en definitiva, ha impedido a las pequeñas y medianas empresas ponerse al día en el pago de estas obligaciones. Esta iniciativa fue recogida en el Comité Público y Privado recién mencionado y en el Acuerdo Nacional que encabezaba el Presidente de la Cámara de Diputados, con participación de representantes de todos los sectores políticos, gremios, sectores empresariales y trabajadores, de la Iglesia y de otros organismos técnicos. Se han propuesto 23 medidas para enfrentar el problema; una de ellas, abrir la posibilidad de renegociar la deuda previsional de cerca de 200 mil deudores. No tengo las cifras exactas, porque no nos han sido entregadas, y tampoco hemos tenido conocimiento de ellas a pesar de haberlo solicitado, acerca del número de trabajadores que está impedido de pensionarse en un momento determinado o, en caso de enfermedad, de recibir la atención de salud de la respectiva institución. El Gobierno acogió una iniciativa que hará realidad un anhelo que se ha venido acariciando durante largo tiempo, y que va a permitir sacar la piedra que tienen en sus zapatos los trabajadores y empresarios. Se dijo aquí que éste sería un crédito que los trabajadores están dando a los empresarios. Efectivamente, los trabajadores han estado dando este crédito por casi cinco, ocho, diez o quince años que no han visto enteradas sus cotizaciones previsionales en sus cuentas individuales, pero hoy estamos abriendo la posibilidad de que las reciban. Creo que no todo se va a cumplir, pero sí la mayor parte de los trabajadores va a ver depositados estos recursos en sus cuentas individuales en un plazo de 18 meses, de acuerdo con lo que se propone en el proyecto. Al mismo tiempo, estamos permitiendo que el empleador de la pequeña y mediana empresa pueda ponerse al día y renegociar su deuda o pedir un crédito para hacer nuevas inversiones. Recién en la mañana me llamó una pequeña empresaria para informarme que había acudido al tribunal a pagar el capital de lo adeudado por deudas previsionales, pero que allí se negaron a entregarle la liquidación en tanto no pagara los intereses adeudados, lo cual le impedía pedir un crédito, no para reprogramar deudas, sino para invertir y generar nuevos empleos. La gran mayoría de los pequeños empresarios se topa con esa barrera para resolver el tema. En definitiva, no se da esa facilidad, porque la ley establece que se paga todo o nada. Con este proyecto estamos abriendo una oportunidad, por una parte, para que las empresas puedan sanear sus deudas con las cajas de previsión y, por otra, para que los trabajadores recuperen sus recursos previsionales. Conviene dar un vistazo más de fondo a las razones por las cuales se han acumulado estas deudas. No sólo se deben a crisis, porque tampoco podemos olvidar que, aun sin crisis, hay empleadores que no enteran oportunamente las retenciones previsionales que han hecho a sus trabajadores. En ese sentido, me hubiese gustado dar una señal acerca de cómo corregir el sistema para impedir que algunos empleadores hagan mal uso de los recursos de los trabajadores. Tengo en mi poder un conjunto de propuestas que voy a hacer llegar al Ministerio del Trabajo, que tienen por objeto simplificar la forma de hacer la demanda por parte de las instituciones de previsión, agilizar los juicios en los tribunales, permitir en forma expresa la apelación tanto del ejecutante como del ejecutado en el juicio de cobro de cotizaciones, la acumulación de autos a pedido de las instituciones demandantes en los juicios de cobranza, ampliar la competencia de los fiscalizadores en la Dirección del Trabajo respecto de todos los imponentes del Instituto de Normalización Previsional, INP. De acuerdo con la normativa actual, contenida en el artículo 76 de la ley 18.482, la Dirección del Trabajo posee competencia exclusiva para controlar el cumplimiento de la legislación previsional respecto de los imponentes de la ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares y antiguo Servicio de Seguro Social. Ahora bien, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha concluido que dicha competencia se extiende a todas las instituciones de previsión hoy fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, cuyos imponentes no podrán verse desprotegidos en sus derechos previsionales. Se propone, entonces, recogiendo la doctrina del ente de control, agregar un nuevo inciso al artículo 17 de la ley Nº 17.322 y modificar, a su vez, el artículo 76 de la ley Nº 18.482 ampliando la competencia fiscalizadora de la Dirección del Trabajo a todo el régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional. También se propone reemplazar por unidades tributarias mensuales la mención a sueldos vitales, en el caso de las multas que se aplican a los empleadores que no dan oportuno aviso del cambio de sus representantes legales. Terminar con el sistema en que se declara y después se paga. Simplemente se debe pagar el mismo día de la declaración. Por lo tanto, deben hacerse las modificaciones legales tendientes a buscar las causas por las cuales se han acumulado tantas cuentas individuales de trabajadores sin que les hayan enterado sus propios recursos. También debemos disminuir y prevenir la evasión previsional de las empresas que contraten con el Fisco. Consideramos que el Fisco no debería celebrar ningún contrato con personas o empresas que tengan deuda previsional. Ampliar la responsabilidad subsidiaria a que alude el artículo 20 de la ley Nº 17.322 respecto del subcontratista, porque no solamente éste es responsable del no pago, sino que también lo es el contratante de ese subcontratista. Prevenir la evasión previsional e incentivar el cumplimiento de las obligaciones previsionales a través de un régimen de multas de efecto creciente en el tiempo. Es decir, debería reajustarse el valor de esta multa, porque si el empleador sabe que ésta es pequeña, va a preferir no pagarla y cumplir con otros compromisos. En definitiva, estamos ante un conjunto de modificaciones que deberíamos introducir a esta iniciativa, que van en protección de los derechos de los trabajadores. No obstante, este proyecto recoge un sentimiento, tanto de los trabajadores como de la pequeña y mediana empresa, para reactivar el país y dar más empleo. Señor Presidente, debemos hacer un reconocimiento a quienes han colaborado con este proyecto durante tanto tiempo, entre ellos a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Central Autónoma de Trabajadores, CAT; a la pequeña y mediana empresa, a los empresarios, y al Gobierno, por la acogida que ha brindado para poner en práctica y hacer viable una de las 23 medidas propuestas en el acuerdo nacional. Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente esta iniciativa. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, este es un proyecto que forma parte de un paquete de medidas tendientes a superar los problemas de carácter económicofinanciero que la recesión y las dificultades económicas de los últimos años han ido generando, fundamentalmente, en la pequeña y mediana empresa. Si bien es cierto no todos estamos de acuerdo en que a los empleadores que utilizaron los fondos previsionales de los trabajadores se les otorgue un plazo para enterarlos, no debemos desconocer que el empleador solamente actúa como recaudador de acuerdo con la ley. Tenemos absolutamente claro que, en época de crisis, la economía no tiene demanda y es muy difícil generar ingresos; por lo tanto, deben tomarse medidas de emergencia que permitan a la pequeña y mediana empresa ponerse al día en las deudas previsionales de sus trabajadores, autorizar convenios que, por lo demás, cuando se realizaron en épocas pasadas en 1985 tuvieron un alto porcentaje de cumplimiento. Cuando las deudas previsionales ascienden a 275 mil millones de pesos 500 millones de dólares; cuando son aproximadamente entre 125 mil a 150 mil los empleadores que se encuentran morosos en el sistema, y cuando esta morosidad afecta a más de un millón de trabajadores, no debemos conformarnos sólo con el estudio de medidas de carácter transitorio o de emergencia tendientes a facilitar la superación de los perjuicios de una crisis económica. Aquí se han propuesto varias alternativas. Recién el diputado señor Tuma daba a conocer muchas de ellas. Pero pienso que debemos optar por lo más sencillo y simple. Cuando la deuda previsional tiene un plazo de 180 días, después de declarada y no pagada, indudablemente existe la tentación de utilizar esos recursos propios de los trabajadores durante ese tiempo con el fin de constituir una fuente de capital de trabajo para el desarrollo de la actividad económica productiva de las empresas. Y cuando se acerca ese vencimiento, es muy fácil obtener plazos adicionales. Basta con pagar las cotizaciones previsionales correspondiente a un par de meses y hacer uso nuevamente de estos 180 días. Cuando esta situación se transforma en una “línea de crédito” de carácter permanente y los volúmenes de recursos correspondientes a los trabajadores van en beneficio del capital de trabajo de las empresas, hay que buscar fórmulas para terminar con esto para evitar que se convierta en una causa endémica que, con el paso del tiempo, nos obligue permanentemente a legislar sobre la materia. Desde esta perspectiva, quiero proponer al Ministerio del Trabajo una idea que, si analizamos y estudiamos con todos los antecedentes, puede dar resultado. Ésta dice relación con que aquellos empresarios que están morosos en el pago de las cotizaciones previsionales no puedan rebajar las cotizaciones declaradas y no pagadas de los gastos para producir renta al declarar los impuestos en el mes de abril. Una medida de esta naturaleza obligaría a los empleadores a regularizar la deuda previsional al mes de diciembre de cada año, puesto que, de no ser así, esas remuneraciones no podrían ser incorporadas como gasto en el cálculo de la base tributaria. Y quien declara y no paga, por la cantidad que dejó de pagar, no tendría un beneficio del 15 por ciento. En ese sentido, esta idea puede ser razonable, digna de análisis y estudio, porque siempre escuchamos reclamos de nuestros colegas y autoridades de que la deuda previsional es millonaria 500 millones de dólares es mucha plata, pero nunca encontramos una salida o solución. Ahora, si encarecemos el costo de la utilización de estos recursos puede resultar una medida efectiva que, de alguna manera, podemos controlar por la vía de la declaración de impuestos que se realiza cada año en el mes de abril. De esta forma simplificaremos la situación y efectuaremos el control de la misma. También, de una u otra manera, estaremos contribuyendo a que esta deuda no se convierta en algo permanente y que los recursos de los propios trabajadores dejen de ser una “línea de crédito” para ser usada como capital de trabajo. Debe tenerse presente el origen de esta recaudación: las empresas la descuentan del sueldo del trabajador para imposiciones, fondos de salud y seguros de invalidez: son propios de la renta del trabajador; en definitiva, el empleador es un mero intermediario. Desde esa perspectiva, no obstante estar en desacuerdo con los orígenes conceptuales de este proyecto en términos de que con los recursos de los trabajadores se esté dando un plazo adicional a los empresarios para colocarse al día, estimo que en época de crisis se hace necesario, con la esperanza de que llegue a buen término para no perjudicar especialmente a los trabajadores que están ad portas de una jubilación. Pero me parece imprescindible abordar el problema de fondo. Dejo lanzada esta idea al Ministerio del Trabajo para que la conversemos, discutamos y estudiemos de esta forma: no permitir al empresario efectuar el descuento como gasto para producir la renta en el pago de los impuestos. Esta podría ser una solución en directo beneficio de los trabajadores, pues resolvería definitivamente un problema que se arrastra por muchos años. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto tiene como objetivo buscar la regularización de la deuda previsional de las medianas, pequeñas y microempresas, toda vez que la banca, en definitiva, se abstiene y niega el acceso a créditos, ya que estas deudas aparecen en Dicom. En definitiva, se trata de aliviar el pago de esta deuda de arrastre. En algunos casos, las deudas de las pequeñas y microempresas representan un monto gigantesco debido a acuerdos con las AFP para alargar el plazo de pago por uno, dos, tres, cuatro o cinco años, por lo cual ahora no están en condiciones de cumplirlos. Por lo tanto, al retrasarse estos pagos, se perjudica extremadamente a los trabajadores. A la vez, impide a los pequeños y microempresarios cumplir con el propósito del Gobierno es el discurso de todos de que debemos contribuir a la reactivación económica, especialmente en materia de contratación de mano de obra, es decir, de fuerza de trabajo. El proyecto apunta a aquello. Antes de entrar en la materia exacta del proyecto, quiero señalar que, respecto de esta morosidad, la asociación de AFP no ha dicho que esta no es una deuda definitiva. Hay una constante histórica en la permanencia de la morosidad, lo cual se da en todo el sistema financiero. O sea, hay una variable que se seguirá manteniendo más allá de los resultados de esta ley: que un importante porcentaje de la morosidad más de un 60 por ciento se recuperará para los trabajadores dentro de los seis primeros meses, y un 85 por ciento, dentro de los dos años. Es decir, hay un avance, pero eso forma parte de una situación habitual, de una práctica constante. La pregunta es ¿están los incentivos necesarios dentro de la estructura del sistema para que disminuya esta morosidad, que jamás desaparecerá? Hoy día, la finalidad de que los empleadores puedan hacer todos los esfuerzos para evitar la mora y tener las cotizaciones de sus trabajadores al día porque las consecuencias nefastas que esta deuda provoca sobre los trabajadores es por todos conocida, de acuerdo con mi opinión, es parte del debate que hoy debemos tener. Por ello, para la Comisión especial, constituida en la Comisión de Trabajo para abocarse al tema de las AFP, el tema sigue pendiente. Aprovechando la presencia del ministro del Trabajo, cabe preguntarse: ¿Cuándo entraremos al tema de fondo e iremos al hueso? ¿Cuál es la reestructuración del sistema previsional en Chile, que ahora arroja déficit y tiene carencias y vacíos imposibles de seguir soslayando? La morosidad no es el principal problema desde el punto de vista del Estado, por cuanto las propias AFP informan que no representa leo textual el informe de octubre de 2000 “niveles alarmantes”. “Las cifras hablan de una situación relativamente moderada, de 244 millones de dólares acumulados hasta junio estamos hablando de 2000, lo que equivale a un 0,67 por ciento del Fondo de Pensiones, es decir, de una morosidad levemente superior al 0,5 por ciento”. Esto es así desde el punto de vista de las AFP, no de los trabajadores. Para nosotros, la morosidad no es leve. Es importante, porque las cifras que se nos entregan hablan de 123.872 empleadores que están morosos en las AFP, y de 143.384, en el INP, lo que representa un 5,7 y un 5,5 por ciento, respectivamente, de la deuda declarada y no pagada. Esto, estimados colegas, coincide lamentable, pero asertivamente, con la situación de desempleo y cesantía de las regiones. No es sorpresa que en la Octava Región la deuda previsional total alcance los 33.436 millones de pesos, o en el caso de la Quinta Región, a una cifra casi igual: 33.214 millones de pesos, y en la Región Metropolitana, a 124.651 millones de pesos. Las regiones son las que arrojan, en estos momentos, las más altas tasas de desempleo, y la concentración de la morosidad en el pago de las deudas dice relación con la época de crisis industria, 61.475 millones de pesos en total; construcción, 45.843 millones, y servicios, 53.952 millones. Quiero decir, con esto, que el problema percibido por las AFP como moderado, porque no alcanza a más del 0,67 por ciento del Fondo, es real y dramático en términos cuantitativos por parte de los empleadores y de los trabajadores. ¿Cuál es el problema de fondo que no se señala? Dice relación con la garantía de las pensiones mínimas, tema que debemos enfrentar. Desde 1990 a 1999, el gasto anual, en millones de pesos, que el Estado ha debido cubrir por falta de fondos de acumulación para llegar a la pensión mínima está establecido en la ley que el Estado la subsidiará para que exista igualdad con la pensión mínima, es extremadamente alarmante. En 1990, el gasto anual pérdida fiscal o garantía fiscal ejecutoriada era de 1.269 millones. Y si nos vamos a 1999, ese gasto ha subido a 13.964 millones, con 23.597 trabajadores. Esta cifra es absolutamente expansiva según diversos investigadores. Se han citado estudios de Gert Wagner, de Salvador Zurita, de Alberto Larenas y de Mario Marcel hoy director de Presupuestos, que señalan claramente que, aproximadamente para el año 2010, el déficit será de 369 millones de dólares. Es decir, estamos con un problema de endeudamiento del Estado ante una falla concreta del sistema, que no alcanza a cubrir la pensión mínima para cientos de miles o de millones de trabajadores. Si en el actual sistema, de 6 millones de cotizantes afiliados no más de 2 millones 100 mil están cotizando regularmente, entonces el sistema debe ser revisado, porque claramente estamos volviendo, poco a poco, al pozo común, donde el Estado se hacía cargo de todos y repartía con solidaridad lo que no tenía. Hoy, la situación, tal como está, arroja grandes, fuertes y altas ganancias para las AFP, pero, en definitiva, traspasa al Estado la falta de fondos necesarios para pagar cada una de las pensiones de los trabajadores. Yendo al mérito del proyecto, puedo sostener que pretende, sin duda, paliar, poner un parche y subsanar un problema muy puntual respecto de este 5,5 ó 5,7 por ciento de empleadores con morosidad. En cuanto al tema de los miles de trabajadores que no tienen sus cotizaciones al día, deberíamos discutirlo. Esto no es un perdonazo; es cierto que no hay ni un solo peso del trabajador que se vea afectado. Es una reprogramación, y el núcleo duro son los dieciocho meses; o sea, el monto que un empleador debiera pagar hoy de contado para quedar al día y salir de Dicom, se pactará en dieciocho meses, ya que lo hará en dieciocho cuotas. No sabemos exactamente cuántas pequeñas, medianas y microempresas serán favorecidas, porque no tenemos los datos. Es un tema pendiente, que requerirá de una evaluación del funcionamiento de esta ley. Así sabremos si no hemos discutido en vano, si hicimos un esfuerzo y trabajamos sobre un resultado concreto. Se nos señala que aproximadamente el 80 por ciento de los empleadores endeudados pertenecen a estos segmentos de la empresa. Yo esperaría que así fuera, y que el resultado de las renegociaciones nos revelara que lo que hoy estamos aprobando tuvo éxito, y, como consecuencia, se reprogramaron las deudas. Además de eso, la apuesta que debemos hacer es si efectivamente el proyecto de ley permitirá la negociación y facilitará la obtención de este beneficio. Tal como lo planteé en la Comisión de Trabajo, tengo algunas dudas sobre aspectos que no pudimos corregir debido a la rapidez en su tramitación, porque este proyecto se ha enviado con calificación de “discusión inmediata”. El artículo 1º señala que los empleadores que adeuden cotizaciones establecidas en los decretos leyes y ley que se enuncian, correspondientes a remuneraciones que debieron pagarse hasta el mes de febrero de 2001 o en meses anteriores, podrán acogerse a las normas de esta ley para el pago de sus deudas. Ayer presenté una indicación para establecer que esa fecha sea la de entrada en vigencia de esta ley. ¿Y por qué no hasta el mes de febrero de 2001? Porque el proyecto, más adelante, establece otros plazos, y lo más probable es que el grueso de los empleadores sólo lograrían obtener este beneficio, esta pactación, a partir del 30 de abril o de mediados de mayo. Por lo tanto, tal como se indica más adelante y en el propio artículo 1º, aquel que adeudaba hasta febrero, si no podía pagar antes, tampoco lo hará en marzo, abril o mayo, que son los plazos que veremos más adelante. Si un empleador negocia y hace efectivo su convenio a fines de abril, tendrá en su contra dos meses impagos, en circunstancias de que él quería resolver el problema de Dicom y el de la mora. La indicación que establece que se trata de remuneraciones que se pagaron o debieron pagarse hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley disminuye esa brecha, lo que posibilita que, en definitiva, exista más voluntad y no dejemos fuera al empleador, por secretaría, con esta exigencia. Lo mismo ocurre con el inciso cuarto del artículo 2º, que dispone que sólo se aceptarán cotizaciones correspondientes a un período no superior a cinco años anteriores al 28 de febrero de 2001, dejando fuera los meses de marzo, abril y mayo, época en que los empleadores estarán repactando. Lo que importa es que paguen. Si las cotizaciones de marzo, abril y mayo están consideradas dentro de las 18 cuotas establecidas, es evidente que se pagarán. Lo que interesa es que el empresario se acoja al convenio. Si no ha podido pagar en marzo, abril o mayo, pero a partir de abril o mayo puede pagar parte de las 18 cuotas, la ley habrá sido efectiva. Por eso creo extraordinariamente necesario tener esto en cuenta, porque, además, en la letra e) del artículo 3º hay una situación, que ayer planteamos en la Comisión, que mezcla las deudas morosas con el pago futuro. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Navarro, lamentablemente se ha excedido largamente en el tiempo del Partido Socialista. El señor NAVARRO.- No me parece adecuado que el atraso en el pago de dos cuotas, tanto si se trata de las 18 pactadas como de las que empezará a pagar de marzo de 2001 en adelante, establecidas en la relación contractual con sus trabajadores, haga caer el convenio, porque, en definitiva, ya hay una sanción establecida en la actual legislación. En todo caso, igual habremos hecho un gran esfuerzo y logrado que el empleador pague fielmente sus 18 cuotas programadas, aunque se atrase en el pago de dos de las que no formaban parte del convenio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Navarro, se ha excedido mucho en su tiempo. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en verdad, la bancada socialista va a dar su aprobación al proyecto, pero, como en múltiples oportunidades se nos ha acusado de legislar a la carrera, de que las leyes salen mal hechas, incluso porque los diputados no trabajan, como lo han dicho algunos parlamentarios de esta Corporación, he hecho estas prevenciones a fin de que la ley funcione y que, en definitiva, sus beneficiarios puedan esperar tranquilos su materialización. La votaré a favor, porque entiendo su urgencia; pero quiero manifestar que enfrentaremos las dificultades que señalé. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, el proyecto ha servido para que empecemos a ponernos de acuerdo y sepamos de qué estamos hablando. Discrepo del título del proyecto, en cuanto a que se refiere a repactación de deuda. Ayer lo discutimos en la Comisión y hoy he escuchado a parlamentarios de distintas bancadas que han asumido la verdad de la situación. Aquí no se trata de que se le deba plata a los trabajadores, sino de apropiación indebida, lo que en buen castellano y en términos jurídicos no significa otra cosa que robo del dinero de los trabajadores. Ningún empresario en el país, cuando deja de pagar las cotizaciones previsionales, lo hace por necesidad o por una emergencia. Esto es lo primero que debe quedar establecido de una vez por todas. Ésta es plata que se saca del sueldo de los trabajadores y, como bien dijo el diputado señor Riveros, el empleador hace de recaudador, toma la plata del trabajador y debería enterarla en las instituciones previsionales respectivas. Sin embargo, como las leyes laborales y la Constitución lo permiten, si los trabajadores demandan a sus empleadores por el no pago de sus cotizaciones previsionales, están tres o cuatro años en los tribunales. En cambio, no hay ningún empresario en la cárcel, aunque haya cometido esta irregularidad en forma reiterada y permanente, lo que le pasaría a un trabajador común y corriente si se hubiera robado una gallina, caso en el cual estaría preso por cuatro o cinco años. Eso es lo primero que quiero dejar sentado. En segundo lugar, hemos pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio del Trabajo también lo hicimos ayer que establezca la diferencia, porque de nuevo se habla de que el proyecto favorece a la pequeña y mediana empresa, en circunstancias de que él no discrimina entre ellas, por cuanto es para todos los empresarios del país: grandes, pequeños o medianos. En tercer lugar, tampoco se discrimina entre los empresarios que han hecho uso y abuso permanente de los vacíos de la ley para utilizar como crédito blando el sueldo de los trabajadores. Estoy hablando hoy de cifras millonarias, respecto de las cuales ha habido aprovechamiento o apropiación indebida de los empresarios. Se trata de aproximadamente 275 mil millones, aunque hace seis años hablábamos de 140 mil millones de pesos en un momento en que no había crisis económica. Es decir, estamos metiendo en un mismo saco hay que decirlo a quienes han tenido por costumbre aprovecharse de los trabajadores, sean pequeños o grandes empresarios, sin que hayan tenido ninguna respuesta de nuestras autoridades judiciales. Eso, obviamente, nos incomoda. Reconozco el esfuerzo de la Subsecretaría de Previsión Social de buscar la repactación como solución al problema; sin duda, es mejor que lo que hoy tienen los trabajadores. Pero también debemos decir a la opinión pública que no estamos solucionando el problema de fondo. No nos oponemos a la solución de los problemas críticos que vive el país, sino que denunciamos que ésta ha sido una actitud permanente de una enorme cantidad de empresarios que se han aprovechado de circunstancias que permiten que a los trabajadores les saquen la plata a vista y paciencia de la opinión pública, sin que eso sea constitutivo de delito. El proyecto no diferencia entre los sinvergüenzas permanentes de ayer y anteayer con los que se han visto involucrados en la actual crisis económica. Tampoco hace diferencia entre los empresarios grandes y pequeños. Además, esta iniciativa se presenta sin consultar activamente aunque entiendo las razones de emergencia para abordar el tema qué opinan los dueños de la plata. Entiendo que la Central Unitaria de Trabajadores así lo he valorado también reconoce que aunque el proyecto es malo, es mejor que nada y posibilita que a los trabajadores se les devuelva su plata tomada indebidamente, es decir, sacada de sus bolsillos sin su autorización. Por lo tanto, en esa línea y destacando los elementos negativos del proyecto, en el sentido de que no aborda el tema de fondo, aspiro a que en los próximos meses el Ministerio del Trabajo, encabezado por el ministro, envíe con “extrema” urgencia un proyecto para discutir el tema de fondo, cual es que los trabajadores están obligados a poner plata fresca todos los meses para que otros la administren, financien deudas o consigan beneficios que después no llegan a los trabajadores. En los últimos días, hemos escuchado que hay necesidad de reactivar la economía. El tema es que todos los meses hay plata fresca de los trabajadores para reactivar la economía, pero no se ve la misma disposición de los empresarios que se apropian de esa plata, en cuanto a reactivar o mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Desde el punto de vista del proyecto propiamente tal, aunque estamos permitiendo la repactación, insisto en que no es lo que habíamos pedido los diputados democratacristianos. Nosotros solicitamos que el Estado encontrara mecanismos de subsidio, a través de préstamos especiales, para que se les devolviera, de una vez por todas, la plata a los trabajadores, a fin de que los empresarios tuvieran que repactar con un banco o con alguna entidad financiera para solucionar su situación. El proyecto avanza en ese sentido, y tiene un elemento adicional que quiero valorar. La caridad debe empezar por casa; pero como esta iniciativa no discrimina entre los grandes y los pequeños, ni con anterioridad y posterioridad a la crisis, tampoco lo hace con los sectores privado, municipal y estatal. Es bueno que esto lo escuchen las organizaciones, principalmente de los profesores, quienes durante años han arrastrado deudas previsionales de parte de los municipios, los que también están involucrados en el proyecto. Espero que en los próximos meses aquellos municipios que mantienen deudas previsionales y que han llevado a cabo una apropiación indebida igual que los malos empresarios del dinero de los profesores, sean los primeros en repactar y en ponerse al día en sus deudas previsionales. En consecuencia, daremos nuestro apoyo al proyecto, porque reconocemos el esfuerzo de la pequeña y mediana empresa y de la Subsecretaría de Previsión, pero teniendo presente que se necesita una señal del Ministerio del Trabajo, con la misma urgencia, para discutir el tema de fondo: ¿por qué todos los meses los trabajadores deben seguir poniendo plata fresca, de libre disposición, sin que se creen las condiciones para efectuar las reformas laborales a fin de que nunca más se produzcan estos hechos, y con el objeto de que los trabajadores, que son los dueños de las platas, tengan a lo menos opinión en este tipo de proyectos? He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto va en la línea correcta. A ninguno de nosotros y me imagino que menos a los empleadores y trabajadores le habría gustado que ocurriera una situación como ésta. Reconocemos que los dineros pertenecen a los trabajadores, pero bien vale la pena hacer una pequeña reflexión. Todos sabemos que en Chile el 80 por ciento del trabajo lo da la pequeña y mediana empresa; el otro diez por ciento, el Estado, y el diez por ciento restante, las grandes empresas. Hemos vivido una situación de crisis y de excepción. Por eso el Gobierno ha tomado una serie de medidas, que, valoradas, son del orden de los 2 mil cien millones de pesos, para superar los problemas derivados de tal situación. Sin embargo, debemos analizar un punto muy importante: ¿Por qué, en los últimos tres años, se duplica la deuda histórica por esta crisis? Más aún, las pequeñas y medianas empresas que, como dije anteriormente, dan el 80 por ciento del trabajo, no tienen la posibilidad de tener asesores, empresas consultoras, abogados y economistas que las informen sobre los vaivenes de la economía del país. Se guían, única y exclusivamente, por las señales que dan las autoridades de Gobierno. En esto debemos ser claros, y no se trata de criticar, sino de decir la verdad. En los últimos tres años, las autoridades de Gobierno se han equivocado en sus apreciaciones y en las señales que han dado. El entonces Presidente Frei dijo que la crisis asiática no llegaría a Chile, pero llegó; el Presidente Lagos dijo que Chile iba a tener un 7 por ciento de crecimiento y que se iban a crear 200 mil empleos, pero, en verdad, no ocurrió ninguna de las dos cosas. ¿Qué hicieron los pequeños y medianos empresarios? Siempre creyeron en lo que decían las autoridades de Gobierno: que la crisis era puntual, temporal, y apostaron a la reactivación, la cual todos estamos conscientes, después de casi tres años, todavía no llega. Asimismo, privilegiaron el empleo, porque siempre pensaron que podía venir la reactivación, y por eso nunca dejaron de pagar los salarios. Pero llegó un momento en que, a lo mejor, no pudieron pagar las imposiciones. Las pequeñas y medianas empresas son familiares, donde trabajan el padre, la madre, el hijo, el pariente y, a veces, la comadre. ¿Creen ustedes que a una persona emprendedora, que trata de dar trabajo, le gusta o está dentro de sus ideas no pagar las imposiciones? Pienso que no es así. Puede haber malos empleadores nadie puede dudar de eso, pero la gran mayoría trata de cumplir con la ley. Si no lo han hecho, es porque la situación por la que atraviesan no lo ha permitido. Aun cuando el proyecto va en la línea correcta, ya que trata de dar solución al problema, puede darse el caso de las aprensiones que tenía un colega que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que no solucione los problemas como realmente se espera. ¿Por qué digo esto? Porque me habría gustado que el proyecto estableciera un plazo de gracia. ¿Qué condición puede cambiar en un pequeño o mediano empresario que no ha podido pagar las imposiciones para que el próximo mes lo pueda hacer? Se dará la paradoja de que en un mes más se le juntará la situación de tener que pagar el mes actual más el mes renegociado, y es posible que no se haya producido aún una reactivación en la demanda y su actividad comercial no lo favorezca. Echo de menos un incentivo directo para quienes paguen en forma inmediata el total de la deuda. En el proyecto sólo se habla de renegociación, con un máximo de 18 meses o menos, pero no se establece un incentivo para la persona cuya empresa no volverá a funcionar, pero que, con la venta de alguna maquinaria o de algún terreno, puede pagar el total de su deuda. Por otro lado, echo de menos un incentivo para los trabajadores que están próximos a jubilar o en período de jubilación, lo que no han podido hacer por cuanto no han completado sus imposiciones. Me habría gustado que el proyecto tuviera más elementos, aunque entiendo que siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por eso, estoy dispuesto a apoyar el proyecto, porque trata de solucionar el problema. Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado señor Ulloa. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ulloa, por los dos minutos que le restan al Comité de Renovación Nacional. El señor ULLOA.- Señor Presidente, aun cuando daremos nuestro apoyo al proyecto, porque busca resolver problemas de deudas previsionales, no deja de ser una señal equívoca, porque, en la práctica, debemos ver qué pasa con aquellos que, incluso bajo apercibimiento judicial o para evitar juicios o ir a la cárcel, han vendido sus propias empresas. Sin embargo, hay un problema mayor muy importante y sobre el cual debemos poner atención, el cual, por la relevancia que tiene, no se puede dejar de mencionar. ¿Qué pasa con los trabajadores que desean jubilar? Una cosa es que se otorgue la facultad para que alguien que debe cotizaciones las pueda pagar en 18 meses, pero ¿qué ocurre durante esos 18 meses con el trabajador a quien se le adeuda la previsión? ¿Estará imposibilitado de jubilar? No es un tema menor, ya que se trata de cientos, de miles de trabajadores que se encuentran en esa situación. Desde esa perspectiva, es necesario que se aborde el tema por parte del Gobierno. En ese sentido, la Unión Demócrata Independiente está dispuesta a tratar el tema, pero debe hacerse con seriedad, porque existe una posibilidad real de que los trabajadores que mañana pueden cumplir 65 años, tienen más y desean jubilar, pueden quedar imposibilitados de hacerlo por existir deudas previsionales pendientes. Este punto debe ser dado a conocer a la opinión pública y al Gobierno, e insistir en la necesidad de enfrentar el tema. A mi juicio, no basta un remedio como éste, no sólo porque es una señal en un sentido equivocado, puesto que no premiamos a quienes están al día, sino que sólo estamos tendiéndoles la mano a los cientos y miles de empresarios en especial a los pequeños y a algunos no tanto, que no han podido pagar sus deudas previsionales. Me parece correcto que lo hagamos; pero no debemos olvidar a los grandes afectados, que son los trabajadores. Por esa razón, no quise dejar de mencionar este tema, que considero absolutamente relevante. Sin embargo, anuncio que, de todas maneras, mi partido va a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Con la intervención del diputado señor Ulloa, se declara cerrado el debate. Se suspende la sesión por quince minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se reanuda la sesión. En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado en general el proyecto, y en particular quedan aprobados todos los artículos, con excepción de los artículos 1º y 8º, que han sido objeto de indicaciones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Arratia, Ascencio, Bartolucci, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Mesías, Molina, Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez, GarcíaHuidobro, Paya y Van Rysselberghe. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, el señor Secretario va a dar lectura a la indicación del artículo 1º. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación al artículo 1º es de la Comisión de Hacienda para sustituir la expresión “la fecha de entrada en vigencia de esta ley”, por la frase “hasta el mes de febrero de 2001 o en meses anteriores”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, esta indicación está íntimamente relacionada con otra, presentada por el Ejecutivo, referida al artículo 8º. De manera que, para los efectos de una mejor comprensión y para facilitar la votación del artículo 1º, sugiero a la Mesa que también se lea. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así se hará señor diputado. El señor Secretario le va a dar lectura. El señor LOYOLA (Secretario).- El artículo, nuevo, propuesto por su Excelencia el Presidente de la República, es del siguiente tenor: “Artículo 8º.- Esta ley entrará en vigencia después de treinta días de su publicación en el Diario Oficial, debiendo el empleador que se acoja a convenio estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a remuneraciones devengadas desde el mes de marzo de 2001 en adelante”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo 1º con la indicación de Hacienda. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el artículo 1º con la indicación. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Arratia, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Molina, Montes, Moreira, Mora, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). Votó por la negativa el diputado señor Navarro. Se abstuvo el diputado señor Paya. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo 8º, nuevo, propuesto por el Ejecutivo mediante la indicación a que se ha dado lectura. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Arratia, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Melero, Mesías, Molina, Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ibáñez y Vega. Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez, Bartolucci, Correa, Díaz, GarcíaHuidobro y Paya. VIII. PROYECTOS DE ACUERDO MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL USO DE GAS NATURAL EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS. (Votación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 528. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Bartolucci, Correa, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vilches y Villouta. DESIGNACIÓN DE MINISTRO EN VISITA PARA INVESTIGAR OTORGAMIENTO DE INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 529. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 529, de la diputada señora Rozas, doña María; de los diputados señores Hernández, Valenzuela, Tuma, Núñez; de la diputada señora Allende, doña Isabel; y de los diputados señores Hales, Aguiló y Velasco. “La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Corte Suprema de Justicia, la designación de un ministro en visita para que se haga cargo de la investigación de las indemnizaciones que sean ilícitas, canceladas a ejecutivos de empresas públicas, en los últimos diez años”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, este proyecto fue presentado el 18 de enero, día en que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo entregó su informe relacionado con la investigación de las indemnizaciones pagadas en las empresas públicas. En esa ocasión, reconocimos el esfuerzo que hicieron los diputados de Oposición para llegar a un acuerdo unánime de la Cámara de Diputados, a fin de que dicho informe tuviera mayor valor moral. Pero, lamentablemente, ello no fue posible, y los diputados firmantes, al margen de que la Cámara aprobó el informe de la Comisión investigadora por mayoría de votos, solicitamos, además, que la Corporación recabara a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita para que se hiciera cargo de la investigación. Reitero, se trata de un proyecto de acuerdo presentado el 18 de enero; ya no es una materia que esté en el tapete de la discusión pública; pero, de igual forma, debemos tratarlo. Por eso, pedimos votar favorablemente el proyecto, con el objeto de concretar la solicitud hecha a la Corte Suprema. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, vamos a votar a favor de este proyecto de acuerdo. Aunque pensaba ahorrarme esta parte de mi discurso, cabe precisar que el proyecto de acuerdo Nº 529, sometido a nuestra consideración, tiene las características de solicitar la designación de un ministro en visita para que investigue las indemnizaciones pagadas a ejecutivos de empresas públicas; de estar firmado, entre otros, por los diputados de Izquierda señores Tuma y Hales; de ser manuscrito y de haber sido presentado a las 16.38 horas, en circunstancias de que el proyecto de acuerdo Nº 530 se singulariza por solicitar también la designación de dicho ministro en visita; por estar firmado, asimismo, por ambos parlamentarios de Izquierda; por no ser manuscrito o por haber sido presentado a las 16.39 horas del mismo día y en la misma sesión que el anterior. Señor Presidente, me parece una falta de respeto que mientras negociábamos, a través del diputado señor Alessandri, con diputados de la Democracia Cristiana y de la Concertación, alguien se haya “avivado” presentando el proyecto de acuerdo Nº 529. Estimo que debe haber grandeza y respeto entre nosotros, por cuanto ahora se trata de una especie de “avivada” que no corresponde a nuestra investidura; pero para que vean que, de nuestra parte, procedemos con grandeza, vamos a votar a favor del proyecto de acuerdo en debate. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo propone solicitar la designación de un ministro en visita “para que se haga cargo de la investigación de las indemnizaciones que sean ilícitas”. En verdad, el sentido de nombrar un ministro en visita radica justamente en descubrir la licitud o no de las indemnizaciones y castigarlas si correspondiere. Pero si en el proyecto de acuerdo consignamos como condición previa que sólo se investiguen las ilícitas, creo que ello no tiene sentido alguno, porque para eso estamos pidiendo la designación de un ministro en visita. Entonces, propongo a la Sala suprimir la palabra “ilícita”, porque, de lo contrario, estamos dando una señal muy feble a la Corte Suprema respecto de lo que debe investigar. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, voy a votar en contra de este proyecto, en primer lugar, porque, según el texto constitucional, los proyectos de acuerdo de la Corporación deben ser dirigidos al Presidente de la República, y aquí nos estamos dirigiendo al poder Judicial. Como es sabido, las facultades son absolutamente diferentes y, en consecuencia, el proyecto es inconstitucional. En segundo lugar, es ilegal, porque el Código Orgánico de Tribunales señala expresamente los casos en que se puede pedir ministro en visita, y el más aproximado figura en el inciso segundo de su artículo 560, que dispone: “Cuando se trate de la investigación y juzgamiento de crímenes o delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias”. ¿Corresponde a la Cámara determinar si estamos en presencia de crímenes o de simples delitos, cuando el propio proyecto de acuerdo coloca la expresión “ilícito”, cuya vaguedad da para todo? Pero nadie afirma que nos encontramos en presencia de crímenes o de simples delitos, cuales son los casos en que el Código Orgánico de Tribunales autoriza la designación de un ministro en visita. Por esas dos razones, considero que el proyecto es inconstitucional y, además, ilegal. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Longton para plantear una cuestión de Reglamento. El señor LONGTON.- Señor Presidente, éste es el resultado de una Comisión investigadora que actúa de acuerdo con el mandato constitucional y, a partir de ese momento, y por ser un poder del Estado, tenemos pleno derecho de dirigirnos a otro poder del Estado. Eso ha sucedido siempre. Ahora, lamento que un representante del partido más comprometido, la Democracia Cristiana, dé una excusa de ese tipo para eludir la responsabilidad. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, su intervención no es propia de Reglamento. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo. No hay unanimidad. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Orpis, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Riveros, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Elgueta y Ortiz. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García para plantear un asunto de Reglamento. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, quisiera que una vez que termináramos con los proyectos de acuerdo, revisemos la votación del artículo 8º del proyecto que autoriza, por una sola vez, a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas. Creo que se ha producido un enorme malentendido. Una cosa es la indicación aprobada por la Comisión de Hacienda y otra distinta es el texto de la indicación que llegó a la Mesa. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, he solicitado la información. Estamos en la hora de los proyectos de acuerdo; terminemos con ellos y luego revisemos lo que usted plantea. PROPOSICIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE INDEMNIZACIONES. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se dará lectura a otro proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 530, de la señora Lily Pérez, y de los señores Alessandri, Tuma, Prokurica, Longton, GarcíaHuidobro, Hales, Bertolino y Palma, don Osvaldo: “Considerando: 1ºQue los resultados de la Comisión especial investigadora de las indemnizaciones en las empresas del Estado, han demostrado fehacientemente la necesidad de establecer normas de control adecuadas a un aparato estatal, en el cual las competencias de los órganos estatales están sobrepuestas, las responsabilidades son confusas, las atribuciones están en pugna y existen abundantes vacíos. 2ºQue, por otra parte, se ha establecido en el transcurso de la investigación que existirían responsabilidades penales, civiles y administrativas, por parte de funcionarios o ex funcionarios públicos que se hace necesario investigar y perseguir judicial y administrativamente. En virtud de lo anteriormente expuesto, los parlamentarios que suscriben, solicitan la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo: I.Aprobar las siguientes medidas de carácter judicial, administrativo y legislativo: Proposiciones judiciales. Perseguir, mediante la designación de un ministro en visita, las responsabilidades penales, según procediere. Resulta indispensable investigar y perseguir las responsabilidades penales, que fueren procedentes, mediante el ejercicio directo de las acciones legales correspondientes, para cuyo efecto, atendida la conmoción pública que los hechos produjeron, y dada la necesidad de concentrar bajo una sola conducción judicial los procesos que al efecto se incoaren, se considera más adecuada la designación de un ministro en visita. Al Consejo de Defensa del Estado le corresponderá ejercitar todas las acciones civiles y penales respecto de quienes resulten responsables de estos hechos, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los diversos ilícitos o delitos cometidos en esta materia en los últimos diez años. En particular, deben iniciarse acciones contra aquellos directores, presidentes ejecutivos, gerentes generales y directores ejecutivos de empresas públicas que hayan transformado a sus respectivas empresas en instituciones de beneficencia, mutuales de trabajadores o pagadoras de subsidios de cesantía. Dichos ejecutivos y directores han incurrido en actuaciones culposas en estos actos, pues han actuado con “la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, de acuerdo al artículo 44 del Código Civil. Ordinariamente, en los negocios individuales se acepta la renuncia de los trabajadores sin pago de indemnización graciosa alguna, y en estos casos han propuesto, motu proprio, el pago de millonarias indemnizaciones a las que la ley no obliga. Proposiciones administrativas. A través de la Contraloría General de la República, determinar la existencia de más irregularidades en estas empresas. Que se inicien a la brevedad los sumarios administrativos pertinentes respecto de todas las indemnizaciones pagadas durante los últimos diez años, como asimismo respecto de todas las irregularidades que se han conocido con motivo de esta investigación. Proposiciones legislativas. 1. Límite a las indemnizaciones por años de servicios. Es necesario establecer un límite máximo a las indemnizaciones equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicios y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente, con un límite de 331 días de remuneración y de 90 UF. 2. Aumentar la responsabilidad legal de los directores. Se sugiere que los directores de las empresas públicas respondan de la culpa levísima, es decir, que deban actuar con suma diligencia o cuidado. Asimismo, debe establecerse una acción pública para que cualquier ciudadano pueda hacer exigible la responsabilidad de los directores. 3. Normas para incrementar las medidas de transparencia e información al público. Se proponen medidas tales como publicidad de las actas, tanto de las sesiones de directorio como de las juntas de accionistas; el que cualquier persona pueda solicitar incluir en el anexo a la memoria comentarios y proposiciones relativos a la marcha de los negocios sociales, y que toda empresa del Estado tenga permanentemente a disposición del público un registro indicativo de sus presidentes, directores y gerentes, con especificación de las fechas de iniciación y término de sus funciones y de los dineros recibidos mensualmente por cualquier concepto. 4. Restituir a la Contraloría General de la República las plenas facultades para fiscalizar a Codelco, al Banco del Estado de Chile y Televisión Nacional de Chile, cautelando que esta fiscalización no imponga trabas para desenvolverse en un mercado altamente competitivo, por lo que dicha fiscalización y los sistemas de control que se implementen se realicen a posteriori para no entorpecer la marcha de los negocios de dichas empresas. 5. Radicar en un organismo estatal de carácter técnico y operativo, que no posea funciones normativas, la administración superior de todas las empresas públicas. Se sugiere establecer legalmente que los derechos societarios, empresariales o accionarios que correspondan al Estado o a sus organismos respecto de cualquier empresa sean ejercidos por la Corfo, a través de la SAE. 6. Tipificar como delito funcionario la falsedad de informes por parte de los funcionarios públicos ante el Congreso Nacional. Se propone reprimir, con igual fuerza que la corrupción y el tráfico de influencias, la falta de veracidad funcionaria en todos sus niveles, y sea cual fuere el grado de jerarquía de quien está obligado a informar asuntos de su servicio. 7. Perfeccionar sistemas destinados a hacer efectiva la responsabilidad administrativa. Considerando que el alejamiento del servicio produce el término de la responsabilidad administrativa, si no se ha iniciado antes de este alejamiento el correspondiente sumario para perseguir eventuales responsabilidades de quien abandona la administración, es necesario establecer la extinción de esta responsabilidad sólo después de transcurridos 6 meses desde el cese de sus funciones. Por otra parte, con el fin de poder exigir que se persiga esta responsabilidad, en el transcurso de ese plazo, es necesario otorgar acción popular para que se requiera a la autoridad, responsable de iniciar el correspondiente sumario, a hacerlo. Por último, estando facultada la Contraloría General de la República para que inicie investigaciones y sumarios administrativos, resulta indispensable establecer normas que garanticen materializar las proposiciones que, a la autoridad competente, formule la entidad contralora con el fin de sancionar irregularidades detectadas. 8. Establecer un procedimiento de cobro para que puedan hacerse efectivas las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos de entregar la información a que se refieren los artículos 8º, 9º y 10 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. 9.Creación de sistema técnico de selección de gerentes y ejecutivos, que considere el nombramiento, previo concurso público de antecedentes, o a través de agencias que gocen de prestigio en el mercado, sin perjuicio de las atribuciones legales del Presidente de la República. II.Aprobar la existencia de responsabilidad política, plenamente acreditada, de los ministros del Gobierno del Presidente Eduardo Frei, en las carteras de Transportes y Telecomunicaciones, don Claudio Hohmann, y don Sergio Jiménez, respectivamente, quienes no velaron por el adecuado uso de los fondos públicos, al no fiscalizar el cumplimiento de instructivos emanados del Ejecutivo, en materia de indemnizaciones, facilitando de esta forma que en empresas públicas, dependientes de sus ministerios, se verificaran sus escandalosos pagos”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma para hablar a favor del proyecto. El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo refunde dos posiciones que hubo en la Comisión investigadora de las indemnizaciones otorgadas a ejecutivos de empresas públicas. En función de que ese proyecto se estructuró con el consentimiento de los diputados señores Patricio Hales y del que habla, quienes lo firmamos en su oportunidad, hemos mantenido la decisión de apoyarlo. Existió una diferencia sustancial con parlamentarios de la bancada de la Democracia Cristiana. Ellos no aceptaron participar del proyecto, porque en él se hace mención expresa a responsabilidades políticas de los ex ministros del gobierno del Presidente Frei, señores Claudio Hohmann y Sergio Jiménez. Ni el diputado señor Patricio Hales ni yo compartimos su redacción pero ése no es el fondo del tema; sin embargo, estuvimos dispuestos a firmarlo con el objeto de prestigiar a las comisiones investigadoras y de acoger la propuesta seria que contiene, materia que sigo afirmando. Por eso pido a mis colegas que lo aprobemos por unanimidad. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica para hablar a favor del proyecto de acuerdo. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la comunidad nacional ha visto con estupor y no se explica claramente por qué no pasó nada después del escándalo de lo que significó pagar indemnizaciones por 33 mil millones de pesos. Por el proyecto de acuerdo, que lleva la firma de parlamentarios de distintos sectores políticos, se solicita el nombramiento de un ministro en visita con la finalidad de establecer responsabilidades penales sobre la materia. Además, plantea medidas administrativas y proposiciones legislativas que, a mi juicio, constituyen una propuesta viable. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco para hablar en contra del proyecto de acuerdo. El señor VELASCO.- Señor Presidente, me tocó la responsabilidad de presidir la Comisión de Economía, a la que la Cámara, mediante un proyecto de acuerdo, le otorgó facultades para investigar las famosas indemnizaciones que se pagaron a ejecutivos de empresas públicas desde 1990 hasta la fecha. Sin duda, aquí existió la intención, tanto de parte de parlamentarios de Gobierno como de Oposición, de llegar a un acuerdo definitivo para entregar a la Sala un informe que reflejara la transparencia y la forma como trabajó la Comisión frente al país y en relación con los hechos que le tocó investigar en profundidad. Como lo expresé en mi informe, más del 80 por ciento de esas indemnizaciones que se otorgaron estaban respaldadas por una base legal y, además, correspondían a ejecutivos nombrados por gobiernos anteriores. Quiero insistir en la materia, porque me parece fundamental dejar establecido que la Cámara ya tuvo la oportunidad de votar el informe de la Comisión investigadora que realizó una investigación amplia y precisa; pero en esta parte no hubo acuerdo y, por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 20 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Aplausos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Caminondo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Mora, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Bustos, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Mesías, Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Riveros, Seguel, Silva, Velasco, Venegas y Villouta. CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS AL COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señores diputados, reunidos los Comités en la mañana, tomaron el acuerdo de adelantar la tramitación del proyecto de acuerdo Nº 541, por el cual se conforma una Comisión especial para investigar el uso de los recursos públicos entregados al Comité Olímpico de Chile, Coch, puesto que, en caso de no aprobarse hoy, deberá plantearse en dos semanas más y tendrá poco sentido realizar una investigación a destiempo. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, pero mañana hay sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene razón, señor diputado; pero los Comités acordaron tratarlo hoy, con el objeto de acelerar la constitución de la Comisión. El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 541, de los señores Mora, Walker, don Patricio; Rojas, Velasco, Prokurica, Montes; de la señora Muñoz, doña Adriana, y de los señores Ávila, Alessandri y Longueira. “Considerando: Que la prensa nacional ha difundido con carácter de escándalo la noticia sobre la existencia de irregularidades en el Comité Olímpico de Chile, Coch. Que las presuntas irregularidades se habrían detectado en el informe económico de la delegación chilena que participó en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, en 1995, respecto a cuarenta mil dólares no gastados y que no fueron reintegrados a la Digeder, sino que al Comité Olímpico de Chile. Que el actual timonel del Coch, don Ricardo Navarrete, era el jefe de la citada delegación. Que los dineros utilizados por la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata tienen un origen fiscal mediante los aportes de la Digeder, por lo que la opinión pública debe conocer cómo se gastaron o qué destino se les dio. Que el actual Gobierno le ha dado un carácter principal a las políticas deportivas impulsando su práctica e incentivando a la población a participar masivamente, por lo que se hace necesario tener completa claridad sobre las políticas y orientaciones públicas en esta materia, sobre todo de parte de los organismos rectores. Que en estos hechos se encuentran comprometidos no sólo fondos, sino que también funcionarios públicos, por lo que se debe tener claridad respecto a la operatividad y oportunidad de los mecanismos de control y fiscalización. Que si bien ya se han iniciado las investigaciones encaminadas a determinar las circunstancias en que se han producido estos hechos y sus responsables, esta Corporación no puede quedar ajena a la determinación de los responsables y al conocimiento preciso de lo sucedido. La Cámara de Diputados acuerda: Formar una Comisión especial de trece miembros para que, en el plazo de sesenta días, informe a la Sala respecto del uso de los recursos públicos entregados al Comité Olímpico de Chile, Coch, de la oportunidad de los sistemas de fiscalización y de las actuaciones de los funcionarios públicos comprometidos en estos hechos”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Agradezco la comprensión de los señores diputados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alessandri, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Ascencio, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Moreira, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Tuma, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas y Vilches. IX. INCIDENTES MODIFICACIÓN LEGAL PARA ASEGURAR ACCESO A LAS PLAYAS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a la urgente necesidad de modificar el decreto ley Nº 1.939 para asegurar la libertad de acceso a las playas del mar, de los ríos y de los lagos del país. Durante la presente temporada estival que termina, en distintas comunas de mi distrito se han registrado una serie de situaciones irregulares en relación con el cumplimiento de las normas legales que salvaguardan el derecho de todos los chilenos de acceder de manera libre a las playas de nuestro mar, de nuestros ríos y de nuestros lagos. Especialmente y es curioso se produce este abuso en la Región de Los Lagos, mi región. Mi distrito reúne la más importante cantidad de lagos de la Décima Región. Es la zona lacustre que debiera ser utilizada más intensamente con fines turísticos y recreacionales y, también permítaseme decirlo, es una de las zonas donde la belleza del paisaje llega a límites inigualables, a nivel nacional e internacional. La queremos para todos y como empresa de Chile. Ese es el turismo del que tanto se habla. Sin embargo, como consecuencia de la acción de unos pocos de familias influyentes, por no decir inescrupulosos, el acceso al disfrute de estos recursos naturales cada vez es más difícil para las familias de esa zona y para quienes cada año nos visitan, turistas nacionales e internacionales. La ley es clara. Debe facilitarse el libre tránsito a las playas de los lagos y, por ende, no existen playas privadas en Chile; pero unos cuantos compran terrenos adyacentes a los lagos y cercan el paso para que nadie más que ellos puedan disfrutar, desde sus enormes mansiones, de un patrimonio que es de todos los chilenos. Los lagos Panguipulli, Calafquén, Pirihueico, Maihue, Riñihue, Ranco, etcétera, pertenecen a mi distrito. Son decenas los casos de infracción legal frente a los cuales, pese al clamor de la ciudadanía y a los reclamos del parlamentario que habla, las autoridades regionales concernientes no han sido capaces de ejercer oportunamente, con firmeza, sus facultades legales exclusivas. Al contrario, pasó la primavera, el verano, las vacaciones, y para quienes viven del turismo este fue un año negro, por decir lo menos, y también para quienes allí habitan. He debido recurrir al ministro del Interior y ejercer mis potestades fiscalizadoras para impedir el atropello a decenas y cientos de pobladores que, como nunca antes, se ven imposibilitados de recrearse en sus playas, que conocieron y disfrutaron desde niños. En otros casos, no pudieron ejercer legítimos trabajos como vendedores o prestadores de servicios para los turistas, con las consecuencias económicas esperables en tiempos de crisis y de cesantía como los que aún soporta el país. Gran número de familias sureñas viven, durante el año calendario, de lo que hacen o venden en el ámbito del turismo. Es un trabajo distinto en este campo. Familias de mi distrito me han motivado para que, junto con el diputado señor Girardi, estudiemos una modificación legal que termine de una vez por todas con esas situaciones y asegurarles a los habitantes de Calafquén, de Panguipulli, de Riñihue, de Ranco, de Pirihueico, de Maihue, que el próximo verano espero tendremos una nueva ley y de nuevo podrán sentirse dueños del lugar donde nacieron. He dicho. RECURSOS PARA APOYAR ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA EN VALLE DEL ITATA. Oficios. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, no es novedoso que la agricultura atraviese por situaciones complejas y difíciles. Desde que tengo uso de razón, la agricultura ha tenido sus altos y muchos bajos. Pero, en los últimos años, las nuevas circunstancias, fundamentalmente derivadas de la famosa globalización que parece que ya empieza a ponerse en cuestionamiento, de distintos tratados que hemos suscrito, no han favorecido mucho a la agricultura tradicional. Quiero llamar la atención de la Cámara sobre la siguiente preocupación que tienen los vitivinicultores del valle del Itata, en la provincia de Ñuble, Octava Región: en más de veinte mil hectáreas de viñedos, de la variedad moscatel de Alejandría uva país, como se le llama, de Italia y unas pocas del tipo Cabernet, las uvas van a tener que quedar en las parras, porque, simplemente, no hay poder comprador. Es curioso que, cuando más demanda ha tenido el vino en el contexto internacional, la producción del año pasado permanezca en las bodegas y no se haya vendido. No hay poder comprador y aquellos que quieren comprar están pagando un precio vergonzoso. Ni que fuera robada la uva que producen nuestros vitivinicultores del valle del Itata. Nadie puede costear, ni siquiera los insumos, con el valor de quince pesos el kilo de uva vinífera. Esto va a causar una situación grave porque, si se sacan las cuentas de cuántas personas viven y de cuántos empleos generan esas veinte mil hectáreas de viñas, se concluye que estamos en un momento muy difícil. Pero como el Estado es generoso y acabamos de aprobar proyectos que condonan, por lo menos, intereses y moras a la pequeña minería; y como, además, el Banco del Estado de Chile también ha sido generoso con un banco privado al prestarle una enorme suma de millones de dólares, llamo la atención de esta Cámara para que el Ministerio de Agricultura entregue a la brevedad una pequeña cantidad de dinero para que los vitivinicultores puedan almacenar sus vinos, moler las uvas y producirlo, porque es más factible que puedan venderlo, aunque sea a cuarenta pesos el litro, y no enfrentarse hoy a la tremenda pérdida que tendrían. Quiero que se oficie a los señores ministros de Agricultura y del Interior para que dispongan, ahora, de recursos, que no exceden el medio millón de dólares, para salvar de una verdadera catástrofe a toda una zona. Solicito que el ministro de Agricultura, de una u otra manera, ayude a enfrentar la crítica situación en que se encuentran los vitivinicultores del valle del Itata. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a los señores ministros de Agricultura y del Interior, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Alejandro Navarro, Salvador Urrutia, Sergio Ojeda, Jaime Rocha, Edmundo Villouta, Sergio Velasco, Homero Gutiérrez, José García y José Miguel Ortiz. Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención. Ha terminado el tiempo del Comité del Partido por la Democracia. INFORMACIÓN SOBRE INGRESO DE ACEITUNAS PERUANAS SUBSIDIADAS Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE DE ARICA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a ceder un minuto de mi tiempo al diputado señor Urrutia, a fin de que solicite algunos oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Gracias, señor Presidente y diputado señor Navarro. Solicito que se oficie al señor ministro de Agricultura para que informe acerca de las medidas que ha adoptado para corregir las distorsiones que provoca el ingreso de aceitunas peruanas subsidiadas al mercado chileno. También pido que se oficie a la señora ministra de Salud para que responda un oficio enviado en diciembre de 2000 sobre la contaminación por boro del agua potable de Arica. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Felipe Letelier, Navarro, Gutiérrez, Velasco, Ojeda, Núñez y Ortiz. Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL DISTRITO Nº 45. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En los cuatro minutos que restan al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito enviar oficio al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales a fin de que el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, me informe en detalle por ejemplo, el tipo de negociación y de deuda, familia por familia la situación que afecta a la población “Teniente Merino”, de la comuna de Coronel, respecto de la asignación de subsidios para casetas sanitarias realizada en 1992. En esa oportunidad, también se recibió un aporte de una fundación extranjera, que permitió la construcción de casetas sanitarias y el pactoconvenio de cuotas para saldar el resto de lo entregado por el Serviu. Pero, esto, en definitiva, no fue un subsidio, sino más bien un préstamo a los 45 pobladores o familias de esta población. Con posterioridad, dicha entidad cambió la fórmula y creó un subsidio hasta llegar al actual estado, en donde la caseta sanitaria corresponde a un subsidio directo, que no se devuelve, y se integran tres unidades de fomento que, además, son destinadas por los propios pobladores a obras anexas. Lamentablemente, esta gente, por ser la primera en acogerse a este sistema de financiamiento de casetas sanitarias, quedó sujeta al pago programado, y hoy, por la cesantía que aqueja a Coronel, se encuentra en serios problemas para resolverlo. Por ello, solicito que se busque un mecanismo que permita subsanar esta injusta situación. Asimismo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que me informe en detalle acerca de la situación del APR, agua potable rural, en toda la Octava Región, con especial énfasis en el distrito Nº 45, sobre todo respecto de las comunas rurales de Coronel, Penco, Tomé, Hualqui, Florida y Santa Juana. Me interesa identificar cada uno de los comités de agua potable, el estado actual de funcionamiento, los requerimientos que no han sido financiados, las obras que se ejecutarán en 2001 y en 2002, la política de relación que tendrá el Ministerio de Obras Públicas con Essbío en la Octava Región; quiero saber en qué consiste el programa de habilitación y administración para localidades concentradas, los montos de pago y que se envíe copia del contrato, a fin de conocer las exigencias que el MOP realiza a Essbío S.A., hoy empresa privada. Del mismo modo, solicito información acerca de las localidades desconcentradas y los programas. Existen peticiones concretas en la Octava Región para integrar a 25, 30 ó 50 pequeñas familias dispersas, que quedaron fuera del programa de agua potable rural y que requieren su pronta incorporación. También los comités de APR están enfrentando diversos tipos de problemas, que deben ser clarificados en el ámbito de administración, pero también de apoyo. Quiero saber si se ha evaluado la existencia de un subsidio de agua potable rural, toda vez que los precios siguen creciendo. Como hay una administración del propio Comité, los niveles de consumo han aumentado por diversos requerimientos, pero también el precio. Esto hace que muchas familias de los comités no estén en condiciones de pagar la cuota que se les asigna. Por lo tanto, se requiere subsidio de agua potable rural. Si existe o se ha entregado, por cualquier forma o naturaleza, un detalle exacto, desde el año de recepción, el monto total entregado y sus beneficiarios. Por otro lado, pido que se envíe oficio a las municipalidades de Talcahuano y Concepción, a fin de que se nos dé a conocer toda la información y correspondencia que se efectuó desde la municipalidad de Concepción a la de Talcahuano en relación con la búsqueda conjunta de una solución al tema de la basura. En especial, me gustaría saber de los esfuerzos realizados para llamar a una licitación única en torno del próximo relleno sanitario, que precede a la eliminación de los vertederos actuales y que puede significar un problema grave. Por otra parte, en el caso de las municipalidades de Talcahuano, Concepción y Penco, quiero saber quién se hace cargo del abandono de los vertederos que actualmente usan. Me asiste el temor de que el manejo de los millones de toneladas que existen en Cosmitos y Carriel Norte tratará de ser endilgado a los actuales municipios, costo que en ningún caso éstos deberían solventar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención. RACIONES ALIMENTICIAS PARA ESCUELA DE COLCURA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, el Congreso Nacional ha dado cumplimiento a una gran aspiración educacional del país, cual es la jornada escolar completa, la que debería lograr un gran mejoramiento en la educación. Sin embargo, con preocupación, hemos visto que se ha ignorado la alimentación, parte fundamental e insustituible en la formación de los niños. Hace pocos días, tomé conocimiento de un hecho que realmente me preocupó. En la escuela de Colcura, comunidad aledaña a Lota, pero perteneciente a la misma comuna, con 280 alumnos, se entregan sólo 120 raciones alimenticias, es decir, no alcanzan ni siquiera para entregar a la mitad de los alumnos que asisten a dicha escuela. Esto es inconcebible. ¿Cómo es posible que en una comuna de las más pobres de Chile, con una alta cesantía lo que significa que los alumnos son muy vulnerables, no se considere la solución de este gran e importante problema, cual es la alimentación? En estas condiciones, tal vez, sería más conveniente la postergación de la jornada escolar completa, porque esos niños deben permanecer en las escuelas y hoy se están disputando los cupos para poder alimentarse. En consecuencia, pido enviar oficio a la ministra de Educación a fin de que disponga una investigación acerca de lo señalado y, asimismo, instruya a la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que en el menor tiempo posible se sirva reparar esta situación injusta y agraviante para los niños de Lota. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, para su consuelo, debo decirle que esa situación se da a nivel de todos los distritos. Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Alejandro Navarro, Sergio Velasco, Homero Gutiérrez, Juan Núñez, Sergio Ojeda, José García y José Miguel Ortiz. MEDIDAS PARA EVITAR LA FIEBRE AFTOSA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, los campos de Europa y de otras partes del mundo muestran un cuadro impactante y desolador por la situación que afecta al ganado, que impresiona y preocupa enormemente. El daño en la producción y en la economía del llamado mal de las vacas locas es apreciable. Muy cerca de nosotros se sufre la fiebre aftosa, un mal viral que ataca las pezuñas y hocicos de bovinos y que provoca incluso su muerte. Chile fue declarado país libre de fiebre aftosa en 1981, año desde el cual se han implementado una serie de políticas nacionales tendientes a evitar el contagio del virus en su ganado nativo. Tenemos calidad y seguridad en la integridad de nuestros animales, lo que nos da prestigio e imagen de ser serios y responsables en su mantención e invulnerabilidad. La masa ganadera está compuesta por aproximadamente cinco millones de cabezas de bovinos, cantidad que aún no permite satisfacer el consumo interno. En el año 2000, el consumo de carne de los chilenos fue de 67,4 kilos por habitante, un 5 por ciento más que en 1999, según datos oficiales. Así, el 30 por ciento del mercado es cubierto por carne importada, por lo que tenemos cierta independencia respecto de mercados internacionales, en los cuales la globalización de la economía juega con absoluta frialdad e indiferencia. El 36 por ciento del total de las importaciones proviene de Argentina, país que ha notificado la existencia de fiebre aftosa en su territorio, situación, incluso, que se mantuvo en silencio y reserva durante algún tiempo. El estado es de emergencia, de riesgo y de gran peligrosidad para nuestra masa ganadera. Los empresarios señalan que las pérdidas podrían llegar a los quinientos millones de dólares en caso de propagar se la fiebre aftosa en Chile. Un posible contagio puede cerrar los mercados para los exportadores y una cantidad importante de la masa bovina tendría que ser sacrificada. Es tan grave la situación, que también serían perjudicadas las exportaciones de los sectores avícola y porcino, además de los envíos de frutas, dado que algunos países y bloques regionales, como Japón, Corea, México y la Unión Europea, prohíben el ingreso de exportaciones provenientes de zonas adyacentes a áreas que tengan la fiebre aftosa. También vemos que podría perderse la calidad o status de nación libre de fiebre aftosa que tiene Chile, lo que dañaría severamente su imagen ante la comunidad internacional. Desde el punto de vista social y económico, afectaría a todos los actores de la cadena de producción agropecuaria. Un riesgo latente de propagación son las veranadas en la cordillera, donde el ganado chileno podría contagiarse. Se supone que alrededor de doscientas cincuenta mil cabezas se encuentran en zonas fronterizas entre la Cuarta y la Décima regiones. A esto debe agregarse el contrabando o ingreso ilegal de animales, sobre todo en el sur. La situación es de emergencia y el Estado chileno tiene el deber ineludible de reforzar el sistema de control de plagas y actuar con energía. Se debe prohibir la entrada al país de carne argentina, potenciar el control en cada paso y lugar de la frontera, aumentar los recursos humanos y financieros para mejorar los servicios adyacentes y concordantes con la materia. Apoyamos las medidas adoptadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, pero creemos que son insuficientes ante tan delicado problema. Por eso, solicito que se envíen oficios a los ministros de Agricultura, de Relaciones Exteriores y del Interior, con el objeto de que se implemente la serie de medidas señaladas y se informe respecto de las que han sido adoptadas y de la situación real y actual del problema. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez, Sergio Velasco, Juan Ramón Núñez, Jaime Rocha, Enrique Jaramillo, Felipe Letelier, José García Ruminot y José Miguel Ortiz. CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y DE PARQUE DE RECREACIÓN EN RANCAGUA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Ramón Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, pido que se envíen oficios a las ministras de Educación y de Planificación Nacional y al alcalde de Rancagua, en este caso, a través de la autoridad que corresponda, con el objeto de que informen sobre los proyectos, ideas o sugerencias para la construcción de escuelas en los sectores nororiente y norponiente de esa ciudad. En ellos se han construido cerca de diez mil viviendas. Sin embargo, los vecinos, de estratos bajos y de clase media, carecen de establecimientos educacionales, lo que significa un gran trastorno para la vida familiar. Se ha utilizado tierra fértil y Rancagua ha crecido mucho, por lo que las poblaciones se encuentran lejos del centro, donde están los colegios. Conversé con el alcalde de la ciudad y me dijo que se están realizando algunas gestiones en este sentido; pero me gustaría que se acelerara la construcción de escuelas para las poblaciones Baltazar Castro, Vicuña Mackenna, Costa del Sol, Algarrobo, Las Cumbres, Villa Cordillera, Los Héroes, en el sector nororiente, y Nelson Pereira, Villa El Sol y Villa don Mateo, en sus distintas etapas, en el sector norponiente. En segundo lugar, pido que se envíe un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que en el sector nororiente, en la avenida El Sol, que cruza Rancagua de cordillera a mar, se construya un parque de recreación para los habitantes de dichas poblaciones. He planteado problemas que inquietan a los vecinos: escuelas para los niños y un parque de recreación, que perfectamente puede ser construido por el Ministerio de Vivienda, con ayuda de los vecinos, o mediante el programa de mejoramiento urbano del Ministerio del Interior, con la colaboración de las juntas de vecinos, que son presididas por destacadas mujeres. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sergio Velasco, Homero Gutiérrez, Sergio Ojeda, Roberto Delmastro y José Miguel Ortiz. DECLARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE TALCA COMO MONUMENTO NACIONAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, desde hace algún tiempo, la ciudad de Talca y en general la Séptima Región, se encuentran empeñadas en un proceso inédito de conservación de su patrimonio cultural, entendiendo por tal monumento edificios y recintos con cierta antigüedad, tradición y abolengo. Así, hace un par de años, se declaró monumento nacional al mercado central, que con posterioridad sufrió un terrible incendio. Sin embargo, se encuentra en plena etapa de reparación. Hoy, la comunidad de Talca está empeñada en que se declare monumento nacional al edificio de la intendencia regional. Se trata de un edificio construido en el siglo XIX sobre otro preexistente, de mediados de ese mismo siglo y de extraordinaria belleza, que representa todo un período arquitectónico neoclásico, muy desarrollado en nuestro país en aquel tiempo. Esta petición de declarar monumento nacional a la intendencia de Talca, es un paso muy significativo y cuenta con el respaldo del Consejo de Monumentos Nacionales, de las autoridades locales encargadas de la arquitectura y conservación del patrimonio, y de la intendencia, gobernación y seremi de Educación e instancias culturales y artísticas de la región. El Consejo de Monumentos Nacionales ha dado su aprobación a esta iniciativa. El decreto que declara monumento nacional a la intendencia de Talca se encuentra en manos de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin, a fin de que defina, con su firma, este proyecto. A través de esta intervención, quiero adherir de la manera más entusiasta a este proyecto y pedir que se oficie, en mi nombre, a la ministra de Educación, con el objeto de hacerle presente que el proyecto cuenta con mi respaldo y también con mi afecto, porque de esa manera contribuimos a mantener edificios de mucha importancia y tradición en la ciudad de Talca, cuyos valores se van acrecentando con el paso del tiempo. También pido que en el oficio se solicite a la ministra de Educación firmar a la brevedad el decreto que declara monumento nacional a la intendencia de Talca. Además, que ese ministerio se sirva notificar a la Cámara de la resolución. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría a la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin, con la adhesión de los diputados señores Sergio Velasco, José Miguel Ortiz y Roberto Delmastro. REDUCCIÓN DE HORAS DE FRANCÉS Y DE FILOSOFÍA EN LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA MEDIA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, el drama de los profesores se manifiesta particularmente en este inicio del período escolar. Quiero referirme a profesores distinguidísimos sin duda, todos lo son de filosofía y de francés. Desgraciadamente, los establecimientos educacionales de enseñanza media cada año reducen más las horas de filosofía y de francés. Eso hace que profesoras y profesores que imparten esas asignaturas queden sin horas de clases. En este momento, en la Cámara de Diputados hay numerosos profesoras y profesores de francés y de filosofía que esperan conversar con los integrantes de la Comisión de Educación, a fin de exponerles su situación y el drama que están viviendo, porque cada día son menos sus expectativas de continuar laborando en algo para lo cual se prepararon. Para algunos, la modificación de programas en el Ministerio de Educación ha resultado muy provechosa y productiva, pero no para estos profesores, ya que gran parte de las horas se han concentrado en inglés y casi nada en francés ni en filosofía. ¿Cómo podremos lograr que un niño adquiera conocimientos completos y esté lleno de valores, si se eliminan o disminuyen de la enseñanza las materias más interrelacionadas con el humanismo? ¿Cómo podemos hacer que un joven aprenda distintos idiomas si sólo estamos implantando el aprendizaje del inglés en nuestro país? Por lo anteriormente señalado, quiero pedir, entre otras cosas, que se oficie a la ministra de Educación, a fin de que ponga atajo y remedio de inmediato a esta situación, con el objeto de que miles de profesores de estas asignaturas puedan continuar dictándolas con el profesionalismo que aprendieron. Deseo que la ministra de Educación se preocupe particularmente de este problema, porque, a pesar de tener derechos, a muchos profesores les están cortando las manos. Si hubiera habido una política tendiente a reconvertir a estos profesores para que impartieran otras asignaturas, se habría implementado un plan al respecto, pero no ha sido así. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz y Homero Gutiérrez. AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE CAPTURA DE MERLUZA EN LAS REGIONES CUARTA Y QUINTA. Oficios. El señor VELASCO.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que se está produciendo a lo largo del litoral chileno, en especial en la provincia de San Antonio y en general en las regiones Cuarta y Quinta. Desgraciadamente, la veda de la merluza ha vuelto a significar que en nuestro país exista un conjunto de pescadores artesanales que no puede realizar sus labores habituales, porque la cuota que se les asigna es insuficiente. Las 1.900 toneladas de captura establecidas mes a mes, en un plazo de 10 meses, para los pescadores artesanales, ya están totalmente agotadas. Eso hace que por más de quince días los pescadores de San Antonio no puedan salir a trabajar, en circunstancias de que el recurso merluza es el único sustento para sus familias, no está colapsado, existe en abundancia y permite a los pescadores artesanales realizar sus labores durante este período. En el invierno, se hace cada día más difícil el zarpe hacia alta mar. Conocemos el gran drama de los hombres que salen a buscar el sustento para su hogar y desaparecen como consecuencia de las condiciones que genera el mal tiempo en alta mar. Por ello, pido que el ministro de Economía, a través del subsecretario de Pesca, ordene extender las cuotas de captura de merluza a los sectores más desposeídos, los pescadores artesanales, para que con sus botes y pequeñas lanchas salgan a buscar el producto que les permitirá mantener sus hogares, alimentar y educar a sus hijos, en forma digna y profesional. De no tomarse medidas, muy pronto veremos que los pescadores artesanales recorrerán las calles de San Antonio y de Valparaíso para reclamar el legítimo derecho de trabajar, de alimentar a su gente y de extraer del mar el alimento necesario, no sólo para ellos, sino para quienes a lo largo del país consumen carne blanca. Este es un problema que nos atañe como parlamentarios, en especial a quienes representamos ciudades costeras, en donde gran porcentaje de la población vive de esta actividad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados Gutiérrez y Ortiz. En segundo lugar, se enviarán los oficios solicitados al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca para hacer presente la situación de la merluza, específicamente de los pescadores artesanales del puerto de San Antonio, con la adhesión de los diputados Gutiérrez y Ortiz. INFORMACIÓN SOBRE ALZA DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN CUNCO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al ministro de Economía para que, a través de la Corfo, nos informe por qué razón la Empresa de Servicios Sanitarios Araucanía ha catalogado a la comuna de Cunco en primera categoría al aplicar las tarifas de agua potable, lo cual les ha significado a los usuarios un aumento de hasta un 200 por ciento en los valores por pagar. Solicito que este oficio se remita también en nombre del diputado René Manuel García. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio pedido por su Señoría. SUPRESIÓN DE COTIZACIONES PREVISIONALES A PENSIONADOS DE LA TERCERA EDAD. Oficios. El señor GARCÍA (don José).- En segundo lugar, he recibido una nota de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile, Cupemchi, provincial Cautín, Temuco, firmada por don Juan Espinoza Johnson, presidente; don Raúl Montoya Riquelme, vicepresidente; don Efraín Subiabre Leal, secretario general; don Agustín Gallardo Ríos, secretario de actas, y don José Bravo Cifuentes, tesorero. En ella exponen que esa Central Unitaria viene en solicitar del Gobierno la derogación de la cotización equivalente al 2, 3 y 4 por ciento de descuento, y que se haga efectiva de una sola vez durante el presente año. Ellos tienen conocimiento de que en los próximos días el Gobierno va a enviar a trámite legislativo un proyecto de ley por el cual se suprimen las cotizaciones que he señalado para los respectivos fondos de pensiones a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 18.754, conforme al siguiente calendario: A partir del 1º de julio de 2001, a los pensionados que cuentan con 74 años o más. A partir del 1º de enero de 2002, a los pensionados que cuentan con 66 años o más. A partir del 1º de julio de 2002, a los pensionados que cuentan con menos de 66 años. La Cupemchi, representada por los dirigentes que he mencionado, desean, por mi intermedio, hacer un llamado al Supremo Gobierno para que la derogación se haga de una sola vez, ya que estas cotizaciones se vienen aplicando hace más de 20 años y cada día que pasa es menor la cantidad de sobrevivientes de la tercera edad. Señalan en su nota que consideran de entera justicia y de ética política y moral efectuar la supresión de una sola vez. Comparto este anhelo de la Cupemchi, Novena Región, aunque sé que significa un mayor aporte fiscal al INP para el pago de las pensiones; pero no podemos seguir postergando a nuestros pensionados, jubilados y montepiadas y continuar con un descuento que no tiene ninguna razón de ser y por el cual ellos no reciben absolutamente ningún beneficio. Por lo tanto, debemos hacer todo el esfuerzo posible para que la supresión del cobro se haga de una sola vez, como ellos lo solicitan. Señor Presidente, pido que se oficie a los señores ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, adjuntando copia de esta intervención, para que en el proyecto de ley que se enviará en las próximas semanas se suprima, de una sola vez, el pago de estas cotizaciones que afecta a los pensionados y montepiadas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Eduardo Díaz, Roberto Delmastro, Mario Bertolino, Juan Ramón Núñez y de quien habla. REITERACIÓN DE OFICIO POR CAMBIO DE TELÉFONO, DE URBANO A RURAL, EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- A continuación, tiene la palabra el diputado Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, tiempo atrás solicité el envío de un oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos informara sobre la situación que se presentó en la Cuarta Región con una serie de teléfonos que estaban considerados como urbanos, pero que hoy pasaron a ser rurales. Se me respondió que, según el decreto con fuerza de ley Nº 266, de mayo de 2000, se permite cambiar la numeración para propender y favorecer el desarrollo de la telefonía rural. Sin embargo, se nos presenta la siguiente situación. Es cierto que se puede cambiar la numeración, pero no se puede propender al desarrollo de la telefonía pasando a catalogar como rural los que antes eran de localidades urbanas, o que, por lo menos, no estaban catalogados como rurales. En mi opinión, el decreto con fuerza de ley no considera de esa forma el desarrollo de la economía rural. Es así como tengo en mi poder una inserción hecha por Telefónica, que dice: “Telefónica Mundo tiene el deber de aclarar a la opinión pública lo siguiente. Nuestro compromiso, como empresa, es comunicar a las personas eliminando la distancia que exista entre ellos para que siempre puedan estar lo más cerca del que está más lejos”. Así crea una serie de programas, tales como “Chile, una sola región”, “América, un solo país”. Y ¿qué pasa? Que en el caso puntual del distrito 7, integrado por ciudades como La Serena, se puede llamar a Vallenar que está a 200 kilómetros de distancia con código directo. No es larga distancia. Pero a sectores cercanos de La Serena, como Algarrobito, Vista Bella, Putún, Titón, etcétera, que están a cinco minutos y a menos de 10 kilómetros de La Serena, Telefónica los considera como de larga distancia. Entonces, la gente que se ve afectada acepta el cambio de número, pero no la condición del teléfono sin que se les dé una explicación. Más aún, están pagando el doble del valor de la larga distancia y lo que más les molesta a nuestro juicio es que no exista ninguna razón técnica que así lo amerite, porque si hubiesen cambiado las plantas o algo por el estilo, estaría muy bien, pero no ha ocurrido nada al respecto. Por tanto, reitero que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que aclare esta situación está afectando a muchas personas que viven en lugares cercanos a las ciudades de La Serena y Vicuña, de la Cuarta Región y solucione este problema. Otra situación, peor aún, es la que paso a relatar: Al haber efectuado el cambio de número y no tener otras empresas telefónicas convenio con Telefónica, los habitantes no pueden ser llamados a esos números por teléfonos que no sean de dicha compañía. O sea, la gente está totalmente inmovilizada y sólo puede efectuar llamados internos, en circunstancias de que se trata de una zona donde hay mucha actividad agrícola y productiva. Con esa medida, están perdiendo sus contactos comerciales y la posibilidad de hacer negocios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y copia de su intervención será remitida al subsecretario de Telecomunicaciones, por ser tema de su incumbencia, con la adhesión de los diputados señores Delmastro, Masferrer y Eduardo Díaz. ENTREGA DE LIBROS Y RACIONES ALIMENTICIAS A COLEGIO DE MONTE PATRIA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, también pido que se oficie a la ministra de Educación, con el objeto de que nos informe respecto de la situación que afecta al colegio “El Peralito”, de la comuna de Monte Patria, porque a éste aún no le han sido entregadas sus raciones alimenticias ni todos sus libros por parte de la Junaeb, lo que debería haberse hecho al iniciar el año escolar. Por lo tanto, solicito que se nos informe si esa situación ha sido regularizada y, de no ser así, que se nos diga cuál ha sido el motivo por el que los libros y las raciones no se han entregado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Roberto Delmastro, Juan Masferrer y Eduardo Díaz. INCLUSIÓN DE VALDIVIA EN PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL BICENTENARIO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, como usted sabe, en el año 2010 nuestra república celebrará su bicentenario. Dentro del programa del bicentenario de la Independencia de Chile, su excelencia el Presidente de la República designó una comisión asesora, denominada Comisión Bicentenario, con el fin de que le proponga la consideración de algunos temas y la ejecución de proyectos especiales para dicha oportunidad. En primera instancia, esa comisión propuso privilegiar a cuatro ciudades de nuestro país, en cuanto a inversiones extraordinarias de orden público. Fueron designadas, de norte a sur, Antofagasta, Valparaíso, Concepción su ciudad y, sin lugar a dudas, Santiago. En este entendido, hace unos treinta días, junto con el senador señor Marcos Cariola, oficiamos a la Secretaría General de la Presidencia para apelar de esta decisión provisoria en favor de Valdivia nuestra querida ciudad del sur, que es una de las más antiguas del país de hecho, la tercera en antigüedad, la cual, por haber contribuido al desarrollo económico y social del sur durante todos estos años, merece ser considerada como privilegiada para el aniversario del bicentenario. Aparentemente, la respuesta se ha dado en el sentido de que debe competir con otras ciudades para estos proyectos. En consecuencia, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que esta medida provisoria no obstante no ser definitiva se reconsidere, en el sentido de que se incorpore a Valdivia como ciudad privilegiada para la celebración del bicentenario de nuestra Independencia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los diputados señores Mario Bertolino, Juan Masferrer y Eduardo Díaz. CRISIS DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, una vez más, quiero hablar de la crisis del sector agrícola. Como es de su conocimiento, represento a las comunas de Chimbarongo, San Fernando, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras, que son valga la redundancia netamente agrícolas. La vida de dichas comunas y su desarrollo dependen exclusivamente de la agricultura. También este distrito inserto en la Sexta Región, del Libertador Bernando O’Higgins, y sus treinta y tres comunas viven principalmente de la agricultura, más allá de que se tengan o no tierras. Este sector vive hoy una crisis, que será prácticamente terminal si no somos capaces de darle un alivio, en especial a los pequeños propietarios agrícolas y a los parceleros atendidos por el Indap. El ministro de Agricultura ha dado instrucciones a ese organismo con el propósito de que dichos agricultores paguen las deudas contraídas con anterioridad lo que me parece bien, pero, al mismo tiempo y lamentablemente, para que los nombres de quienes se encuentren morosos sean enviados a Dicom. Si me aceptan la expresión, ésa es la forma de liquidar a este importante sector. Por eso solicito se envíe un oficio a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, con el objeto de que remita un proyecto de ley destinado a condonar las multas e intereses de ese sector, como asimismo prorrogar sus deudas que quedarían congeladas por el plazo de tres años. Esa sería una buena forma de ayudar a esos agricultores. No conseguimos nada positivo con dar instrucciones para exigir el pago de la deuda de estos pequeños propietarios, por cuanto hoy no tienen los medios para hacerlo. Considero que por falta de políticas adecuadas ese sector se quedó tremendamente atrasado y estoy consciente de que hoy, insertos en una economía abierta de mercado, tenemos que ser competitivos. Sin embargo, si los pequeños propietarios no tuvieron la oportunidad, o no fuimos capaces de entregarles las herramientas para ser mucho más eficientes e integrarse a la nueva economía, indudablemente les llegó la hora de su colapso. No quiero, después de haber luchado tanto para que se entregaran tierras a los pequeños propietarios o parceleros, que terminen en la cárcel o que los bancos tengan la propiedad de sus tierras. Por eso, pido que se preste especial atención a este problema, no sólo por parte del ministro de Agricultura, con quien he conversado, sino también por su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que se ayude a este sector que, en un período de nuestra historia, fue muy importante, ya que fue capaz de alimentar a todo nuestro territorio y de exportar para obtener divisas. Pareciera que hoy no somos capaces de visualizar la crisis que vive este sector tan relevante. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado señor Eduardo Díaz. El señor Presidente informa que se encuentra haciendo una visita oficial al Congreso Nacional una delegación de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante del Club Deportivo Caja de Compensación “La Araucana”, encabezada por don Lorenzo Labrín, a la cual da una cordial bienvenida. DEMANDA DE ARGENTINA CONTRA CHILE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, Argentina interpuso contra Chile una demanda destinada a entablar un juicio arbitral ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, por considerar que el sistema de bandas de precios y las salvaguardias aplicadas por nuestro país al trigo, harina de trigo y aceites vegetales, impiden el cumplimiento de acuerdos internacionales. Junto con ello, busca el respaldo de Estados Unidos de América, así como de Brasil y de otros países. Todos sabemos que las bandas de precios son un instrumento de estabilización de cotizaciones que opera en Chile desde 1985 para proteger nuestros cultivos de remolacha, oleaginosas y trigo, de la competencia desleal con producciones extranjeras subsidiadas. Recordemos que las distorsiones de los valores de los productos agrícolas ocurridos en el mercado internacional en 1998 fueron tales, que en noviembre de 1999 nos vimos obligados a imponer una salvaguardia o sobretasa arancelaria para los 31 productos amparados en el sistema de bandas de precios, medida que fue prorrogada el 26 de noviembre del año pasado. A nuestro juicio, este tema no debió llevarse ante la OMC y menos buscando adherentes en otros países. Era mucho más lógico haber buscado una salida bilateral, porque ninguno de estos países está libre de pecado. El mundo agrícola chileno cree en la libre competencia cuando es realmente libre, pero no cabe sino proteger nuestra agricultura cuando se le obliga a competir con agriculturas subsidiadas por sus respectivos países. Desde luego, Argentina tiene un sistema similar a las bandas de precios que operan para el azúcar. Por ello, omitieron criticar a Chile en este aspecto, guardando un curioso silencio sobre ese producto. Junto a esta herramienta, Argentina también protege parte importante de su producción a través de un drawback o reintegro. Mediante este mecanismo, se restituyen a los exportadores los derechos de impuestos que hayan gravado a insumos usados en la producción del bien que luego se vende al exterior. La industria aceitera chilena ha hecho presente que debido a ese sistema las oleaginosas argentinas entran a un bajo precio al mercado chileno, dañando severamente a nuestros productores, los que, como he denunciado en la Sala, están hoy en una grave crisis. El año pasado, Estados Unidos gastó 25 millones de dólares en subsidios directos a sus agricultores, los cuales forman poderosos grupos de presión en el mundo político del norte, y esto lo hacen a pesar de las limitaciones impuestas por la Ronda de Uruguay, antecesora directa de la OMC. Europa también protege fuertemente su agricultura y le otorga a esta actividad, con razón, un sello multifuncional, es decir, considera que en el agro se encuentran las bases de un sistema cultural que es necesario preservar y sustentar. A su vez, la Unión Europea, en su programa agrícola común, en el marco de la llamada Agenda 2000, aprobó un plan que estipula gastos en la agricultura de 288.788 millones de dólares en el sexenio que culmina en 2006. En nombre de los agricultores que represento en la Novena Región de la Araucanía, no podemos menos que protestar por el gesto poco transparente que ha hecho Argentina al acusar a Chile, como también de la hipocresía de otras naciones que rasgan vestiduras por algo que conocen bien, porque igual lo practican. Ciertamente, en nuestro campo se preserva la cultura agraria; el hombre de campo tiene más cerca a Dios y a la naturaleza, y vive mucho más intensamente el amor a la patria. En los campos se custodian mejor los valores espirituales de carácter permanente y las mejores tradiciones de la nación chilena. Salvando nuestra agricultura, estaremos protegiendo nuestra identidad nacional. Solicito que se oficie a los subsecretarios de Agricultura y de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se tomen las medidas pertinentes para resolver el problema planteado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, al ministro de Agricultura y a la ministra de Relaciones Exteriores, para que, a su vez, ellos los hagan llegar a los subsecretarios respectivos, con la adhesión del diputado señor Juan Masferrer. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 16.47 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.