REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 40ª, en miércoles 7 de marzo de 2001 (Ordinaria, de 10.47 a 15.22 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel; Rocha Manrique, don Jaime, y de la señora Caraball Martínez, doña Eliana. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia ................................................................................................... 6 II.Apertura de la sesión............................................................................... 9 III.Actas......................................................................................................... 9 IV.Cuenta ...................................................................................................... 9 Permiso constitucional..................................................................................... 9 V.Orden del Día. Beneficios para pequeños mineros y mineros artesanales. Primer trámite constitucional.................................................................................................. 9 Elección separada de alcaldes y concejales. Segundo trámite constitucional . 28 VI.Proyectos de acuerdo. Subsidio Serviu para viviendas afectadas por el sismo de 1997 en la Cuarta Región............................................................................................................. 49 Readecuación del sistema de pensiones asistenciales...................................... 52 VII.Incidentes. Acción mancomunada de la comunidad ante desborde del río Loa. Oficios... 54 Antecedentes en relación con el embalse Conchi. Oficio................................ 56 Información sobre distribución de recursos regionales en Décima Región. Oficio.............................................................................................................. 58 Habilitación de vías laterales en la ruta 5 sur en la Séptima Región. Oficios. 59 Adhesión a expresiones vertidas por la diputada Fanny Pollarolo .................. 60 Restablecimiento de servicio de correos en Huasco Bajo, comuna de Huasco. Oficio ........................................................................................................ 60 Mejoramiento de reglamentos de ley sobre donaciones culturales y educacionales. Oficios.................................................................................... 60 Homenaje a Margot Duhalde Sotomayor, hija ilustre de Río Bueno .............. 61 Nuevo edificio para el cuartel de Policía de Investigaciones de Castro. Oficios.................................................................................................................. 62 Réplica a acusaciones por supuesto ocultamiento de información sobre detenidos desaparecidos........................................................................................ 63 Información sobre medidas y entrega de recursos para paliar los efectos del invierno altiplánico. Oficios........................................................................... 64 Reconocimiento a labor conjunta de la comunidad y autoridades para enfrentar daños provocados por invierno altiplánico. Oficios ........................... 65 Pág. Propuesta para evitar instalación de peajes laterales en tramos de la zona central de la ruta 5. Oficios............................................................................. 66 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago para patentes atrasadas. (boletín Nº 263208) .................................................................................................... 68 2.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago para patentes atrasadas. (boletín Nº 263208) ............................................................................... 79 3.Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en las observaciones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 18.302, sobre seguridad nuclear. (boletín Nº 91812)........................................................... 81 4.Segundo informe de la Comisión especial de la pequeña y mediana empresa, Pyme, recaído en el proyecto que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares. (boletín Nº 124103) (S)................................. 90 5.Moción de los diputados señores Montes y Letelier, don Juan Pablo, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que facilita el derecho a sufragio a los trabajadores que se desempeñan en centros o complejos comerciales. (boletín Nº 266813)....................................................................................... 95 6.Moción de los diputados señores Delmastro, Caminondo y Martínez, don Rosauro, que modifica el artículo 1º del decreto ley Nº 3.516, con el objeto de establecer que la constancia de prohibición de cambio de destino deberá efectuarse en una sola escritura. (boletín Nº 266901)................................... 97 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación: Del diputado señor Cornejo, don Aldo, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 8 de marzo en curso para dirigirse a Estados Unidos de América. Contraloría General de la República De la diputada señora Soto, proceso de venta de acciones de la Compañía de Acero del Pacífico S.A. De los diputados señores José García, Pablo Galilea, Kuschel y Mora, legalidad de la nueva imagen corporativa única del Gobierno. Del diputado señor Fossa, situaciones irregulares en la obra fiscal Varadero Artesanal El Blanco, comuna de Lota. Del diputado señor Bertolino, deuda que la municipalidad de Coquimbo mantiene con los profesores municipalizados. Del diputado señor Mora, copia del informe de la municipalidad de Calama, sobre adquisición de maquinaria diesel; fiscalizaciones efectuadas entre 1999 y el año en curso en la municipalidad de Calama. Del diputado señor Lorenzini, denuncia del alcalde de la municipalidad de Empedrado en contra de la señora Carmen Gloria Espinoza Montecino. Ministerio de Relaciones Exteriores De los diputados señores Sánchez, Gutiérrez, Felipe Letelier, Navarro y de la diputada señora Caraball, mecanismos de protección de los marinos y tripulantes chilenos que se embarcan en naves extranjeras. De los diputados señores Kuschel, Vega y Fossa, contratación de personas discapacitadas. Ministerio de Hacienda. De los diputados señores Ortiz, Jaramillo, Gutiérrez, Pareto y de la diputada señora Rozas, aporte para construcción del eje vial conformado por las calles O’Higgins y Manuel Rodríguez, comuna de Chiguayante. Ministerio de Educación Del diputado señor Delmastro, futuros resultados de la Prueba de Aptitud Académica se publiquen en Internet. Del diputado señor Bertolino, situación del Colegio República de Chile de la comuna de Monte Patria. De los diputados señores Kuschel y Espina, pase escolar. Ministerio de Justicia De los diputados señores Errázuriz, Jaramillo y de la diputada señora Allende, medidas para evitar acreditación de recursos de tipo financiero a corporaciones sin fines de lucro. Ministerio de Defensa Nacional De la diputada señora Lily Pérez, pensionados de Carabineros de Chile y Gendarmería. Del diputado señor Huenchumilla, postulantes de origen mapuche. Del diputado señor Ascencio, cantidad de vehículos policiales y número de egresados de escuelas matrices desde el año 1998. De la diputada señora Pollarolo, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Del diputado señor GarcíaHuidobro, cumplimiento de norma contenida en el artículo 120 Nº 1, de la ley de Tránsito. Del diputado señor Mulet, información sobre Subcomisaría de Carabineros de Huasco. Video relativo al borde costero. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (110) NOMBRE (Partido* Región Distrito) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo DEL --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --JocelynHolt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza, y de Justicia, señor José Antonio Gómez. También concurrió el senador señor Hosaín Sabag.' * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido Por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; UCCP: Unión Centro Centro Progresista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.47 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 34ª se declara aprobada. El acta de la sesión 35ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. PERMISO CONSTITUCIONAL El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional pedido por el diputado señor Aldo Cornejo para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 8 de marzo en curso a fin de dirigirse a Estados Unidos de América. Acordado. V. ORDEN DEL DÍA BENEFICIOS PARA PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades para el pago de patentes atrasadas. Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Antonio Leal. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 263208, sesión 19ª, en 28 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1. Informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor LEAL.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Minería y Energía paso a informar sobre el proyecto de ley que establece una patente minera especial, de menor valor en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales; condona las deudas que por la duplicidad de patentes mantienen éstos impagas y les concede facilidades para el pago de las patentes atrasadas mediante la celebración de convenios con la Tesorería General de la República. El proyecto responde a una petición formulada hace largo tiempo por las Comisiones de Minería y Energía, tanto de la Cámara como del Senado, para establecer una política estable y de largo plazo en materia de patentes mineras, y solucionar los problemas que en este aspecto afectan a los pequeños mineros y mineros artesanales. La normativa propuesta pretende, por un lado, resolver la situación de quienes se encuentran en permanente riesgo de perder el derecho de propiedad sobre sus pertenencias por el no pago de las patentes correspondientes, debido a la pobreza que afecta históricamente a dichos grupos, y, por otro, regularizar la situación derivada de la vigencia artificial de concesiones mineras en los últimos años, debido a que, a raíz de las leyes dictadas sobre la materia, no se han realizado los remates judiciales y, consecuentemente, no se ha producido la posterior declaración de terrenos francos en los casos en que no existan postores. El proyecto beneficia, aproximadamente, a 3.700 titulares de concesiones de explotación, los cuales aumentan a 17.800 personas si se incluyen los respectivos grupos familiares. Por medio de las leyes Nºs 19.201, 19.294, 19.349 y 19.639 se ha procurado evitar el desamparo de este sector mediante el otorgamiento de prórrogas de plazos y de facilidades para el pago de sus patentes, así como a través de la condonación de las deudas derivadas del recargo equivalente a la duplicidad de las patentes impagas. Se hace presente en el mensaje que, no obstante la buena voluntad del legislador para abordar la situación descrita, los grupos antedichos no han logrado regularizar sus deudas con el fisco. En la actualidad, sólo se encuentran amparadas el 2,2 por ciento de las concesiones mineras que son de propiedad de los pequeños mineros y el 0,7 por ciento que pertenece a los mineros artesanales. Del mismo modo, se aduce que se ha detectado que personas y empresas que no reúnen los requisitos para ser considerados pequeños mineros y mineros artesanales, se han amparado en el mecanismo de la suspensión de las subastas y han dejado de pagar sus patentes mientras se tramitan tales leyes. Contenido del proyecto. Consta de un artículo permanente y de uno transitorio. Por medio del artículo permanente se introducen modificaciones en el artículo 142 del Código de Minería, del modo que se indica a continuación: 1.Se establece una patente especial, que equivale a un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual, para los titulares de concesiones de explotación que acrediten ante el Servicio Nacional de Geología y Minería tener la calidad de pequeños mineros o mineros artesanales. 2.Se definen los conceptos y requisitos que se exigen para tener la calidad de pequeños mineros o mineros artesanales. 3.Se señala que el Presidente de la República dictará un reglamento que establecerá la forma, requisitos, procedimiento, documentación y plazos que deberán cumplir dichos grupos para tener derecho al beneficio. 4.Se regulan los efectos que irroga para los beneficiarios de esta iniciativa el no pago de las patentes dentro de los plazos establecidos en el artículo 143 del Código de Minería. Mediante el artículo transitorio se otorgan los siguientes beneficios adicionales en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales que define el proyecto: 1.Se autoriza la condonación de las deudas contraídas por aquéllos, a la fecha de publicación de esta ley, por concepto del recargo equivalente al duplo de la patente, establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. 2.Se faculta, asimismo, a los deudores señalados para celebrar con la Tesorería General de la República convenios de pago respecto de las patentes adeudadas, en un plazo de cinco años. Discusión general. En el debate, se tuvo presente que el objetivo del proyecto es priorizar a un sector que genera empleos e ingresos familiares en el desarrollo de esta actividad, con escasas posibilidades de reconversión y cuya activación es fundamental para que las pertenencias sean adjudicadas a quienes tienen interés verdadero en su explotación y pueden pagar el valor de las patentes. Varias asociaciones gremiales mineras opinaron que las patentes de menor valor deben ser establecidas en función del título de la pertenencia y no de los beneficiarios, así como también hicieron presente la conveniencia de eliminar la distinción clásica entre pequeños mineros y mineros artesanales. En relación con este argumento, se señaló que se optó por establecer el beneficio en función de las personas y no del título, por cuanto el proyecto fue concebido con el objeto de solucionar la situación que desde hace ocho años afecta a un segmento caracterizado como pequeños mineros y mineros artesanales, los cuales, por el elevado monto de las patentes y su pequeño volumen de producción, no han podido pagarlas y se encuentran expuestos al desamparo de las respectivas concesiones. Si no se tiene en consideración la calidad de pequeño minero o minero artesanal del titular, se beneficiaría a personas que están en condiciones de pagar sus patentes, objetivo no deseado en el marco de esta iniciativa, a la vez que se produciría un grave daño en el rendimiento de los ingresos de los municipios. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, señor Hernán Hochschild, concordó con el espíritu del proyecto en cuanto tiende a favorecer a un sector históricamente relevante para la vida de muchas localidades de nuestro país. Estimó, sin embargo, que ello se lograría igualmente utilizando el mecanismo contemplado en los artículos 164 y siguientes del Código de Minería, que no ha sido posible implementar para los pequeños mineros y que consiste en que las patentes pagadas puedan ser imputadas en el impuesto de primera categoría cuando se realice una efectiva explotación minera. Respecto de dicho planteamiento, se señaló que tal precepto no beneficia a los pequeños mineros y mineros artesanales, los cuales tributan de acuerdo con el sistema de renta mínima presunta, afecto a un impuesto único del uno por ciento de las ventas de los productos mineros que son fruto de su actividad. Hubo consenso, finalmente, en las ventajas del proyecto y en sus objetivos, atendido que, como se ha dicho, se trata de una iniciativa largamente anhelada tanto por los miembros de la Comisión de Minería y Energía como por los segmentos más pobres de la minería. Discusión particular. En relación con el artículo único, que, como se ha dicho, introduce modificaciones en el artículo 142 del Código de Minería con el objeto de establecer una patente anual especial de un monto equivalente a un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual en favor de los concesionarios que acrediten ante el Servicio Nacional de Geología y Minería tener la calidad de pequeños mineros o mineros artesanales, hubo coincidencia en que no era conveniente extender el beneficio a todos los titulares de concesiones mineras de explotación que estén en condiciones de pagar sus patentes, por cuanto, si no se tiene en consideración la calidad de pequeño minero o minero artesanal, se desnaturaliza el proyecto, con lo cual se produciría el efecto de que en vez de acotarse al 2,2 por ciento de las hectáreas totales concesionadas, se beneficiaría a un porcentaje superior, que no es posible de dimensionar por la gran cantidad de subdivisiones que existen y que se producirían con motivo de la vigencia de la futura ley. En cuanto al alcance de la definición de pequeños mineros y mineros artesanales, se planteó que puede existir una pequeña actividad minera con buen rendimiento que se encuentre obligada a pagar la patente, por lo que su titular no cumple con los requisitos para ser considerado pequeño minero. No obstante, se sostuvo que los requisitos señalados en la definición de pequeños mineros y mineros artesanales ya fueron establecidos en la ley Nº 19.639 y que, además, tienen bastante similitud con la definición que establece la ley sobre impuesto a la renta para los pequeños mineros artesanales. Hubo dudas respecto de si el beneficio puede otorgarse a los pequeños mineros que sean arrendatarios, toda vez que en virtud de la redacción empleada en el inciso segundo del artículo único, aquéllos acceden solamente cuando son titulares de sus pertenencias. Por tal motivo, los diputados señores Jaime Mulet y Waldo Mora presentaron una indicación para agregar en el citado inciso, después del vocablo “minera”, la expresión “propia o arrendada”. Por otra parte, el presidente de la Comisión señaló que en el proyecto no se trata con claridad la subdivisión en el caso de la familia minera. Se hizo presente la necesidad de acotar el beneficio a través de una limitación territorial, como es la comuna. Por ello presentó una indicación para agregar, en los incisos segundo y tercero del artículo único, a continuación de la palabra “hectárea”, una coma (,) y la frase “dentro de una misma comuna”, acogiendo, de este modo, la proposición de la asociación gremial minera de Inca de Oro, entre otras. El artículo transitorio, por una parte, autoriza la condonación de las deudas contraídas por los pequeños mineros y mineros artesanales hasta la fecha de publicación de la ley, por concepto de recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, de sus intereses y multas, y, por otra, faculta, asimismo, a la Tesorería General de la República para celebrar convenios de pago en relación con las patentes adeudadas por aquéllos en un plazo de cinco años. Votación del proyecto. 1º En la discusión general, la idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de la Comisión. 2º En la discusión particular, el artículo único, con las dos indicaciones, fue aprobado por 9 votos a favor y 1 abstención, mientras que el artículo transitorio fue aprobado por unanimidad. En relación con un tema que discutimos ampliamente en la Comisión, relacionado con la sanción por el no pago de la patente, equivalente al duplo de la misma, establecida en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, se concordó en la necesidad de incluir una indicación en el proyecto, suscrita por la totalidad de sus integrantes presentes, que propone su derogación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Me permite, señor diputado? Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura sin suspender la sesión de la Sala. Puede continuar su Señoría. El señor LEAL.- Esta supresión había sido solicitada al Gobierno desde hace más de seis años, por estimarse que el recargo por el no pago de la patente, equivalente al duplo de la misma, constituye una sanción extremadamente alta e injusta, que no tiene parangón en la legislación vigente y no permite cumplir el objetivo de recaudación fiscal que se tuvo presente en el momento de establecer la disposición en comento. Esperamos que el Gobierno envíe a trámite legislativo un proyecto de ley relacionado con el tema, pues este punto sigue siendo esencial para la Comisión de Minería y para la minería en general. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, informante de la Comisión de Hacienda. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda analizó los siguientes puntos referidos al proyecto. ¿Qué se quiere resolver con su presentación? El problema social que acarrea a los pequeños mineros y mineros artesanales el no pago de la patente minera. ¿Qué otras soluciones se proponen para ir en ayuda de este sector, que se enfrenta al peligro de desamparo y probable pérdida de la actividad en la pertenencia minera? Dar facilidades reales para el pago de las patentes atrasadas; evitar la repetición año tras año del problema y poner fin al aumento progresivo del no pago, a pesar de las anteriores leyes de condonación y facilidades otorgadas. Durante el estudio del proyecto asistieron a la Comisión la señora Jacqueline Saintard, subsecretaria de Minería; don Alfonso Laso, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Minería, y don Eduardo Azócar, asesor jurídico de la Dirección de Presupuestos. El objeto de la iniciativa es establecer una patente minera especial, de menor valor que la actual, en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes debido a la situación de pobreza que afecta a dichos grupos, se encuentran en permanente riesgo de perder el derecho de propiedad sobre sus pertenencias por el no pago de las patentes correspondientes. Además, se condonan las deudas que por la duplicidad de las patentes impagas mantienen los mencionados mineros, y se otorgan facilidades para el pago de las patentes atrasadas mediante la celebración de convenios con la Tesorería General de la República. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que los posibles beneficiarios del proyecto alcanzarían a 3.700 titulares de concesiones de explotación, que, incluyendo a sus grupos familiares, comprenderían 17.800 personas. Se precisa que la recaudación máxima actual por este concepto alcanza anualmente a 52 millones de pesos, y el monto por recaudar, de aprobarse el proyecto, será de 5 millones de pesos anuales. En consecuencia, el proyecto representa una menor recaudación fiscal anual de 47 millones de pesos. Aparte de este beneficio que el Estado entrega a los pequeños mineros y mineros artesanales, se conceden otros en los incisos que detallaré más adelante. Debe tenerse presente que la ley Nº 19.639, de 7 de octubre de 1999, benefició a los pequeños mineros y mineros artesanales con la suspensión, por una sola vez, del recargo prevenido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. Recordemos, además, que la mencionada ley entiende por pequeños mineros 3.770 y mineros artesanales 2.447 a quienes trabajen personalmente una mina y/o una planta de beneficio de minerales, sean propias o ajenas, con la ayuda de su familia o sin ésta, y/o con un máximo de doce dependientes asalariados. La señora Jacqueline Saintard, subsecretaria de Minería, hizo una exposición general sobre el proyecto y se refirió en particular, entre otras materias, al régimen legal de patentes mineras, a sus tipos y montos, a la situación de desamparo por su no pago, a las soluciones legales aplicadas desde 1993 ante esta situación y a la definición legal de pequeño minero o minero artesanal. A propósito de los potenciales beneficiarios de la iniciativa, señaló que el número de personas con 100 o menos hectáreas corresponde al 47 por ciento del total de titulares de concesiones de explotación a nivel nacional. Por su parte, el número de hectáreas de personas con 100 o menos hectáreas corresponde al 2,2 por ciento del total de hectáreas a nivel nacional. En este ámbito, la morosidad histórica en el pago de patentes mineras se ha ido incrementando fuertemente en el período 19972000. Sobre los aspectos financieros, la subsecretaria hizo referencia a las siguientes cifras del año 1999, que tienen como fuentes el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República: Rendimiento nacional de patentes mineras de explotación: 8.707 millones de pesos. Recaudación por patentes mineras de concesión de explotación de pequeños mineros y mineros artesanales, si se cancelaran: 52 millones de pesos. Patentes impagas de pequeños mineros y mineros artesanales: 33 millones. Recaudación potencial que se perdería por efectos del proyecto: 18.700.000 pesos. Mayor recaudación al reiniciarse los remates pago de filtrados: 2.550 millones de pesos que irían en beneficio del Estado. Con seguridad, los filtrados quizás lo más importante en este punto no permitirán ser rematados, porque tienen oportunidad de repactar por cinco años lo adeudado por concepto de patentes y multas. Harían un pago de 2.500 millones de pesos y con el monto aproximado de las multas supuesta mente el doble el impacto económico en el Estado sería de 5 mil millones por concepto de recuperación. Entendemos que hay excepciones, pero deberían ser las menos. Por el artículo único se introducen modificaciones en el artículo 142 del Código de Minería, mediante la incorporación de siete incisos que, en lo sustancial, establecen una patente anual especial de un monto equivalente a un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual en favor de los concesionarios que acrediten ante el Servicio Nacional de Geología y Minería tener la calidad de pequeños mineros o de mineros artesanales. Asimismo, se definen los conceptos y requisitos necesarios para tener la calidad de pequeños mineros y mineros artesanales; se dispone que un reglamento establecerá la forma, requisitos, procedimiento, tipo de documentación respaldatoria y plazos para tener derecho al beneficio del amparo de la concesión minera, y regulará los efectos que irrogará para los beneficiarios el no pago de las patentes dentro de los plazos establecidos en el artículo 143 del Código de Minería. Por el artículo transitorio se autoriza la condonación de las deudas contraídas por los pequeños mineros y mineros artesanales hasta la fecha de publicación de la ley en estudio, por concepto del recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, más intereses y multas. Al respecto, cabe recordar que el inciso segundo del artículo 149 establece: “El dueño de la concesión no será admitido a hacer posturas por ella, pero podrá eliminarla de la subasta hasta el momento del remate, pagando el doble del valor adeudado”. Como comentario de este informe es importante señalar que el 80 por ciento adeudado se concentra en las regiones Tercera y Cuarta, las que, curiosamente, son las que registran el porcentaje más alto de cesantía en el país. El universo laboral de la pequeña minería y la minería artesanal suma un total aproximado de 25 mil personas. Finalmente, se faculta a la Tesorería General de la República para celebrar convenios de pago en relación con las patentes adeudadas por aquéllos, para ser pagadas en un plazo de cinco años. Puestos en votación los artículos único y transitorio, fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Ésta contó con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel (presidente); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; JocelynHolt, don Tomás; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Palma, don Andrés; Silva, don Exequiel, y quien les habla, en su calidad de relator. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En discusión general y particular el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la UDI, me voy a referir a un tema bastante importante para la pequeña minería. En primer lugar, estamos plenamente de acuerdo con el apoyo que se les brinda a los pequeños mineros y mineros artesanales a través del artículo transitorio del Ejecutivo al condonar las multas e intereses por concepto de recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, como también la posibilidad de celebrar convenios de pago por un plazo de cinco años para pagar las patentes adeudadas. Lo anterior obedece a que la pequeña y mediana minerías han pasado momentos muy difíciles, por diversas razones, entre ellas, la crisis económica y, específicamente, el precio del cobre las cuales están vinculadas con las malas políticas que permanentemente ha tenido la Enami respecto de este sector productivo, al cual le ha hecho pagar su propia ineficiencia. Además, todos los aportes que la ley de Presupuestos ha destinado para el fomento de la minería, esta empresa los ha utilizado, la mayoría de las veces, en burocracia, por lo que nunca esos esfuerzos han llegado a la pequeña minería. Como es de conocimiento de todos los parlamentarios, la pequeña y la mediana minería se concentran en el norte chico y el norte grande. Hay pueblos enteros cuyo eje, motor y desarrollo están vinculados a dicha actividad, por lo que representa una fuente importante de trabajo y de desarrollo para ellas. Por eso, la posibilidad de ofrecerles convenios de pago por las patentes adeudadas va bien dirigida. No obstante, esperamos que las autoridades del Ministerio de Economía y Minería tomen otras medidas, a través de la Enami, para que ésta efectivamente contribuya al fomento del sector minero apuntando a medidas de fondo y no de parche. No debemos olvidar que en décadas pasadas había alrededor de 700 u 800 productores, los que hoy no alcanzan a más de 150. Su reducción se ha debido a la crisis y a las malas políticas seguidas por la Empresa Nacional de Minería respecto del fomento, uno de los principales objetivos por los cuales fue creada. En nombre de la bancada de la UDI, debo representar una diferencia que tenemos con el artículo único del proyecto. Lo digo porque es bueno que la Sala entienda cuáles son los conceptos de propiedad y de patente mineras. En la actualidad, para conservar la propiedad se debe pagar una patente minera, y para que ésta opere adecuadamente su pago debe ser obligatorio, con la sanción de perder la concesión si así no se hiciere. ¿Qué ha pasado? Que a través de diversas leyes dictadas en el Congreso, hemos ido postergando o aplazando los pagos de las patentes mineras. Esto lo hemos hecho con un objetivo social, a fin de que los pequeños mineros puedan ponerse al día y no corran el riesgo de perder su concesión. Pero, lamentablemente, con esta legislación se han beneficiado ciertos concesionarios que no son pequeños mineros, los cuales se han aprovechado de la buena voluntad mostrada por el Ejecutivo y mayoritariamente por el Congreso Nacional. Este proyecto disminuye el pago de la patente, y ya se han indicado los guarismos técnicos que aquello significa. Quiero ser bien claro, porque a veces hay cosas que se piensan, pero no se dicen. A mí me preocupa crear el concepto de “patente minera diferenciada”, porque hoy estamos favoreciendo a los pequeños mineros, lo cual es muy loable y no me opongo a ello. Me preocupa ese concepto, porque el día de mañana alguien puede pensar que esa patente diferenciada también es posible aplicarla a otro yacimiento. Eso podría significar que habrá una patente diferenciada entre los grandes y los medianos mineros, desvirtuándose el concepto de pago de patente, de concesión y de desarrollo minero que ha tenido nuestro país a través del Código de Minería, el cual ha sido realmente extraordinario, tanto en la inversión como en el desarrollo del sector y del país. Si bien en este último tiempo hemos escuchado que hay que aplicarles impuestos a las grandes empresas y cambiar ciertas cosas, por ese camino podríamos estar abriendo una brecha innecesaria en términos de crear incertidumbre en un sector productivo que ha sido como ya he dicho pujante, creativo, con altas inversiones y que hace un gran aporte al desarrollo de nuestro país. Por otra parte, señor Presidente, estos mismos beneficios que hoy queremos dar a los pequeños mineros mediante el artículo único están contenidos en el Código de Minería. Basta leer sus artículos 164 y siguientes, que tratan sobre los efectos tributarios del pago de la patente. Se puede aplicar, tanto para los pequeños mineros como para los artesanales, el régimen vigente de que la patente pagada se descuente de las retenciones que los compradores de sus productos deben hacer sobre el valor neto de cada venta. ¿Quién es el comprador? La Enami. Para eso está el artículo 74, número 6, de la ley de la renta. Es necesario dictar una legislación clara creo que nadie se opone a eso, directa, práctica y no burocrática. El sistema que contiene el artículo único es una cosa de dementes. Estamos hablando de que el Servicio Nacional de Geología, cada dos años, debe revisar las minas y verificar el número de personas que en ellas están trabajando. Eso es de una burocracia infinita. Pareciera ser que quien redactó el artículo, lo hizo en su escritorio, sin conocer en terreno la actividad minera. Si creyó que para llegar a una pequeña mina se va en auto, en un gran Cherokee, se equivocó: tendrá que ir en mula y caminar por huellas. Y eso deberá hacerlo cada dos años. Para hacer este tipo de proyecto, primero hay que conocer el Código y las leyes vigentes, y después, conocer dónde se desarrolla la pequeña minería y la minería artesanal. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Perdón, señor diputado, redondee su idea. Está terminando el tiempo de su segundo discurso. En los proyectos calificados de “discusión inmediata”, hay hasta dos intervenciones de cinco minutos cada una. Puede continuar su Señoría. El señor LEAY.- Señor Presidente, hoy, a través de la legislación vigente, del Código de Minería y de la ley de la renta, se puede disponer que el pago de la patente se descuente de las retenciones de los compradores. En el caso de dueños de concesiones de minas entregadas a terceros, también se puede hacer a través de la renta presunta o del impuesto de primera categoría. Entonces, ¿para qué estamos generando un artículo nuevo, engorroso, impracticable y, además, un concepto de incertidumbre, el de la patente diferenciada, que el día de mañana se puede prestar para otras dudas o inquietudes. Apliquemos lo que dicen el Código de Minería y las leyes vigentes para otorgar el mismo beneficio en el que estamos todos de acuerdo a la pequeña minería y a la minería artesanal. Recuerden que ninguno de los representantes de las asociaciones mineras, que nos visitaron, estuvo de acuerdo con el artículo único. Ninguna. Todos nos dijeron que era engorroso y algunos llegaron a expresar: “Me va a salir más caro hacer todos estos trámites que lo que voy a obtener de descuento”. Entonces, quiero fijar, en definitiva, la posición de la UDI, en cuanto a que vamos a votar en contra del artículo único y a favor del artículo transitorio. Esperamos que en el siguiente trámite del proyecto puedan tomarse efectivamente las medidas que hoy establece el Código y favorecer a los pequeños mineros y mineros artesanos, que es lo que quiere todo el sector. Entendemos que necesitan ayuda económica, pero, sin lugar a dudas, a través de un sistema expedito, claro y que no ponga en tela de juicio el Código de Minería, que ha sido exitoso para el desarrollo de Chile. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, para entender este proyecto hay que remontarse a discusiones efectuadas varias veces en esta Sala y en la Comisión de Minería y Energía. Cuando el Ejecutivo buscaba como bien señaló el colega señor Leay objetivos sociales, dar condonaciones y fijar plazos para pagar patentes, mediante diversas leyes, esta Cámara y su Comisión de Minería estuvieron dispuestas a aprobar esas leyes de prórroga, de plazos especiales, de condonaciones de intereses, multas o pagos doblados, con el objeto de facilitar a los mineros, y en especial al pequeño minero y al minero artesanal, regularizar su situación y poder amparar su pertenencia, porque quien no paga la patente desampara la pertenencia y pierde la posibilidad de explorarla y de explotarla. En consecuencia, pone en riesgo su fuente de trabajo también y disminuyen las posibilidades de producción minera. Ése era el objetivo que perseguíamos con la aprobación de las diversas leyes que los Gobiernos de la Concertación enviaron a tramitación al Congreso Nacional en forma permanente. En cada uno de los debates legislativos señalamos, no sólo la Oposición, sino también la Concertación, en especial el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que debíamos buscar un sistema que tendiera a solucionar el permanente ingreso, año a año, de proyectos de ley con tal objetivo, porque, entre otras cosas y al respecto hay consenso político en la Cámara, a nadie le parece adecuado mantener como sanción, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, el pago doblado de la patente minera, por atraso, a fin de permitir el amparo de la pertenencia. (La única forma de excluirla del remate es mediante el pago doblado). No conocemos otros tributos que tengan tamaña sanción. El diputado señor Prokurica permanentemente ha dicho esto en la Cámara, y los restantes diputados de la Comisión hemos logrado generar un consenso, suscrito incluso por el propio Gobierno, respecto de que el inciso segundo del artículo Nº 149 debe ser suprimido. Hoy, este proyecto distinto de todas las leyes anteriores, porque recoge esa discusión legislativa establece un pago diferenciado para el pequeño minero y para el minero artesanal. La idea de la diferenciación ha sido planteada en la Comisión, en forma permanente, por el diputado señor Mulet, con el objeto de establecer con claridad meridiana un régimen especial de amparo para el pequeño minero. Entonces, aunque el Ejecutivo que compartió el análisis respecto del artículo Nº 149 del Código de Minería, sobre el pago doblado del valor de la patente como sanción por el atraso no logró obtener la venia de Hacienda para que el consenso político evidente, claro y expreso en esta Cámara, se materializara de una vez por todas, nos parece adecuado aprobar el proyecto, por cuanto establece un régimen de amparo diferenciado para el pequeño minero y para el minero artesanal. En cifras claras porque el canal televisivo de la Cámara permite que nos vean en todo Chile sepan qué significa esto en plata. Antes, cualquier propietario de cien hectáreas límite establecido, para amparar su pertenencia, debía pagar 280 mil pesos. Hoy, si aprobáramos este proyecto, pagará 280 pesos por las mismas cien hectáreas. Algunos han llegado a sostener la Sociedad Nacional de Minería, entre otros, y debe responsabilizarse de sus dichos que esto constituiría una situación de discriminación y que, incluso, podría hacerse reserva sobre su constitucionalidad. Claramente, están equivocados. Hemos establecido así el beneficio, porque, de lo contrario, tendríamos que realizar una reforma constitucional, pues la ley que regula el sistema de amparo es de carácter orgánico, por lo cual nos meteríamos en un sistema bastante más engorroso para llegar a la misma solución, cual es que no deba pagar esos famosos 280 mil pesos el pequeño minero y el minero artesanal para amparar no una propiedad, sino su fuente de trabajo. Entonces, llamamos a votar favorablemente el proyecto, porque establece un sistema diferenciado de amparo para la pequeña propiedad minera. El Ejecutivo tiene un compromiso pendiente respecto del artículo 149 del Código de Minería. Comparto plenamente la posición del diputado señor Prokurica sobre ese punto, que largamente hemos debatido en la Comisión. Al parecer, el Ministerio de Hacienda no ha entendido el beneficio que significa para los pequeños mineros y no sólo para ellos, sino para toda la minería la derogación del pago doblado que establece el citado artículo 149. Argumentar que Tesorería no posee un catastro es un absurdo, y espero que el Ejecutivo no esgrima ese argumento en la Sala. Deseo destacar los aportes de la Oposición al proyecto, entre otros, el de la Unión Demócrata Independiente. Por otra parte, esperamos que en el Senado también se discuta el otorgamiento del beneficio a los mineros que son arrendatarios. Los diputados señores Mulet y Mora presentaron una indicación al respecto, y creo que el presidente de la Comisión, diputado señor Leal, también lo hizo, porque son muchos los mineros que arriendan y no son tantos los propietarios. Estamos dispuestos a revisar las cifras para ver si es necesario ampliar el beneficio a los arrendatarios. Creo que la solución respecto de los supuestos trámites engorrosos es muy simple: hacer un catastro único, por una sola vez, no cada dos años. El proyecto no disminuirá los recursos fiscales; al contrario, los aumentará, porque quienes se filtraban amparándose en los plazos, en las prórrogas y en las condonaciones tendrán hoy que pagar. De manera que con estos mismos recursos se puede generar un sistema especial de catastro, por una sola vez, que elimine todos los trámites engorrosos y valide una certificación permanente que permita impetrar el beneficio a los pequeños mineros y a los mineros artesanales. Por todas esas consideraciones, reitero, llamamos a aprobar el proyecto, pero dejamos abierta la discusión, y anuncio que seguiremos intentando lograr la supresión del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería y la desburocratización de los trámites, vía un catastro único que permita un certificado permanente, y la revisión del otorgamiento del beneficio a los arrendatarios, en la medida en que eso contribuya a aumentar la cantidad de pequeños mineros y de mineros artesanales que puedan acogerse a él. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, el proyecto enviado por el Ejecutivo que establece una patente minera especial para los pequeños mineros y los mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en el caso de las patentes atrasadas está tratando de resolver un problema que se arrastra por muchos años. Esta iniciativa modifica un Código de Minería que, tal vez, ha sido uno de los instrumentos más importantes que ha tenido en los últimos años el país para regularizar, normalizar y administrar la propiedad minera, quizás el desarrollo minero de las dos últimas décadas se debe a la seriedad con que el Código del ramo ha permitido administrar la propiedad y la concesión minera. Esto está considerado en cada uno de los artículos que han tenido modificaciones menores en los últimos años, como la superposición de la propiedad o de las concesiones. Hoy nos enfrentamos a una modificación de su artículo 142, que establece una patente especial para los pequeños mineros y los mineros artesanales. Pero es necesario entregar el máximo de información y dar a conocer las razones que nos motivan a aprobar o rechazar artículos o el proyecto. En primer lugar, en los artículos 163 y 164 del Código de Minería se señala expresamente que, en la ley de la renta el pago de las patentes mineras se descuenta en la declaración de impuestos. Eso ha sido aplicado fundamentalmente por las grandes empresas que han tenido contabilidad, han cumplido de manera permanente con el pago de sus impuestos, y en sus declaraciones de impuestos han descontado todos los valores de las patentes mineras en explotación. Por otra parte, el atraso en el pago de las patentes es un problema que se arrastra desde hace varios años, lo que nos ha motivado, en 1992, 1993 y 1994, a aprobar leyes que en forma consecutiva han postergado su pago y condonado la multa, que consiste en doblar el valor de la patente. Porque aquí no se pagan intereses; de manera que el que sostenga lo contrario, se equivoca. Aquí sólo se aplica una multa que duplica el valor original de la patente. Esta medida, sin duda, ha beneficiado a los pequeños mineros y a los mineros artesanales, pero también a muchas empresas mineras que podían pagar y no lo hicieron. Entonces, hay una cantidad bastante alta de patentes impagas, y el Estado, y por ende las regiones y las municipalidades, han dejado de percibir ingentes recursos. Tal vez alguien me corrija y señale que el Gobierno, a través de la ley de Presupuestos, en el Fondo de Desarrollo Regional siempre ha aportado el valor de las patentes mineras a cada una de las regiones; pero entonces la deuda es con el Estado. Ésta es una forma de explicar el problema de deudas por el no pago de patentes. A lo anterior sumamos la no aplicación del artículo 164 del Código de Minería a los pequeños mineros, que debería hacer la Empresa Nacional de Minería, porque es la que mayoritariamente compra a todos los pequeños mineros sus productos. Es posible que esta aspiración de los pequeños mineros se materialice en un proyecto incompleto, tal vez incorrecto en algunos de sus acápites y que, además, podría tener vicios de constitucionalidad. Las asociaciones mineras están fundamentalmente conformadas por pequeños y medianos mineros las grandes empresas tienen otra organización, cuyos socios nos han manifestado, por separado, su intención de aprobar el proyecto que rebaja las patentes a un diezmilésimo de una unidad tributaria mensual, es decir, de 2.800 pesos, que se pagan en la actualidad por hectárea, a 2,80 pesos. Parece una cifra ridícula, pero el concepto que involucra realmente es que los pequeños mineros puedan pagar, nominalmente, el derecho de la concesión. Estamos de acuerdo en que se otorgue este beneficio a los pequeños mineros, pero queremos incluir una modificación al artículo 142 del Código de Minería, que, a lo mejor, puede tener dos vicios: uno de constitucionalidad, y otro que hace una diferencia sustantiva entre pagos de cia sustantiva entre pagos de primera y de segunda categoría en patentes, denominándola patente especial. Además, obliga a que normas establecidas en el Código de Minería como el artículo 164, que ya he señalado no se sigan aplicando ni se utilicen de acuerdo con el código correspondiente y la ley vigente. A mi juicio, el artículo único del proyecto es una solución de parche y sólo sirve para enrarecer las normas vigentes, tanto respecto de la minería como de la propiedad minera, y nos deja prácticamente en un callejón sin salida, porque impide ayudar a los pequeños mineros y a los mineros artesanales como lo hemos hecho permanentemente con el diputado señor Prokurica. Como representantes de zonas mineras hemos visto la pobreza, el atraso en el desarrollo y la falta de una política de Estado eficiente que dé solución a los pequeños mineros, quienes ven en el proyecto la posibilidad de una rebaja real de sus patentes y una política estable. Sin embargo, el proyecto introduce una modificación que puede abrir una puerta para que mañana existan diferencias más enojosas, lo que puede producir daño a la minería en lugar de beneficios. En consecuencia, solicito que la Mesa estudie la posibilidad de separar la votación. La bancada de Renovación Nacional apoyará la idea de legislar; sin embargo, es indispensable que durante el trámite legislativo el proyecto se perfeccione, a fin de no vernos involucrados en un posible daño que se le puede ocasionar al sector. Por último, el artículo transitorio es realmente una respuesta a una solicitud que reiteradamente hemos formulado en esta Cámara y ante las autoridades. Me parece increíble que cuando se está tratando una materia que afecta a la minería, principal actividad económica del país, no esté presente el ministro de Minería o, en su defecto, la subsecretaria del ramo da la impresión de que miran por encima del hombro al sector de la minería, a fin de hacerles ver la necesidad de que se perfeccione el artículo único y de señalarles, cara a cara, que estamos de acuerdo en aprobar el artículo transitorio. Nadie se puede oponer a ello, porque éste representa un beneficio real y directo, lo que tendrá una respuesta apenas se apruebe el proyecto. Además, existe la posibilidad de generar el remate de todas las pertenencias que no se puedan acoger al beneficio, y ello va a significar para el Estado mayor recuperación de recursos por el concepto de pago de patentes. Esos son los principales elementos que debemos considerar quienes hemos luchado por un fomento de la pequeña minería; pero la improvisación hace que sea un mal proyecto, que no va a llegar a los resultados esperados. Incluso puede ocurrir lo que sucedió con la postergación del pago de las patentes mineras desde 1992 a 1994, pues muy pocos se acogieron a los beneficios y finalmente perdieron el sector y el Estado, porque no fueron declarados francos muchos terrenos y distritos mineros que podrían haber sido de interés para quienes hoy no figuran como sus propietarios. Por eso, esta actividad se debe apoyar con medidas que no perjudiquen al resto del sector ni a la actividad económica. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, represento en esta honorable Cámara a la zona del carbón, concretamente a Lota y a la provincia de Arauco, vale decir, a los mineros pobres, quienes están muy esperanzados con el proyecto. Ellos viven momentos muy difíciles por la crisis del carbón, y año a año solicitan una condonación o una postergación para pagar las patentes mineras. La pirquinería del carbón cumple un importante rol social. Por eso, la Comisión de Minería acordó recibirlos y escucharlos, y para ellos que constituyen el sector más ignorado y más sacrificado de la minería de Chile será una excelente oportunidad para plantear el importante aporte que realizan desde un punto de vista social en sus respectivas comunidades, especialmente Curanilahue, donde los pirquenes tienen importancia trascendental y donde ocupan gran cantidad de trabajadores que, de no laborar ahí, estarían integrando la larga fila de los desempleados de este país. El proyecto favorece directamente a los mineros del carbón. Por esa razón, los diputados de mi bancada lo apoyaremos entusiastamente. El proyecto ha tenido un efecto beneficioso quizás no explicitado, ya que mediante su presentación fueron suspendidos los remates que ya estaban legalmente dispuestos por la Tesorería General de la República. Ello ha significado traer tranquilidad, porque una vez que el proyecto sea ley, podrán acogerse a sus beneficios. De esta manera, llevaremos tranquilidad a un importante sector de la ciudadanía que con tanto esfuerzo da sustento a muchas familias chilenas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El diputado señor Jeame Barrueto, Presidente de la Cámara, cita a los señores jefes de bancadas a una reunión de Comités que se llevará a efecto en la Sala de Lectura. Tiene la palabra el diputado señor Vilches para un asunto de Reglamento. El señor VILCHES.- Señor Presidente, durante mi intervención hice notar la falta de alguna autoridad del Ejecutivo. Sin embargo, en la tribuna se encuentra la señora subsecretaria de Minería, doña Jacqueline Saintard. En consecuencia, solicito a la Mesa que pida la autorización de la Sala para que pueda incorporarse a la sesión, a fin de poder hacerle las consultas del caso, porque en un debate de esta magnitud es muy importante su presencia. El señor LEAL.- Compartimos dicho criterio, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Solicito el acuerdo para que pueda ingresar a la Sala la señora subsecretaria de Minería, doña Jacqueline Saintard. No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, del debate habido se puede advertir la transversalidad que existe en orden a buscar una solución viable para los pequeños mineros, quienes han esperado desde hace largo tiempo, soluciones a las dificultades económicas con que desarrollan su actividad. Sin duda, en este sentido nos encontramos frente a un proyecto atractivo. Ahora, la solución definitiva no llega porque, por desgracia, se han estado efectuando constantes prórrogas de los plazos para que los pequeños mineros paguen sus patentes, como ocurre en este caso. Esto demuestra que falta analizar en profundidad una materia importante que dice relación con el desarrollo de la pequeña minería. Hace falta una política de Estado que permita hacer de esta actividad una economía social, tal como ocurre en algunas localidades que represento: Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla. Se trata de encontrar una solución definitiva y no de parche, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Debemos encontrar solución a estos problemas con buen ánimo y transversalmente, como ocurre con el acuerdo obtenido para apoyar específicamente el artículo transitorio, que condona deudas, porque nos parece una disposición muy positiva para los pequeños mineros. Sin embargo, no existe el mismo acuerdo ya lo dijo el diputado señor Leay respecto del artículo único. Considero que no corresponde ahondar en un tema respecto del cual todos estamos de acuerdo; pero el Ejecutivo debe implementar una política de Estado para lograr el desarrollo de la pequeña y mediana minería, a fin de fortalecer estas economías sociales, que podríamos llamar de escala, en las localidades que en este minuto sufren esta situación. La discusión surgida respecto del artículo único del proyecto se relaciona también con la problemática que se le puede presentar al Servicio Nacional de Geología y Minería por la burocratización que se generaría al poner en marcha las certificaciones. A lo mejor, el remedio resulta peor que la enfermedad. Por ese motivo, nuestro apoyo a este proyecto es para que el Ejecutivo entienda el problema, porque una solución de parche puede servir como reacción en el momento en que se produce la dificultad; pero queremos una solución de fondo para la pequeña y mediana minería. Repito que no vale la pena ahondar más en la materia, porque ha quedado claro que es necesario buscar una solución definitiva al problema. Para terminar, anuncio mi voto favorable al artículo transitorio y mi voto en contra al artículo único, que modifica el artículo 142 del Código de Minería. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a todo el proyecto y no sólo a la disposición transitoria, que condona multas e intereses penales y otorga plazo para el pago de las patentes atrasadas. En estos minutos de que dispongo quiero hacerme cargo de dos o tres temas, específicamente de algunas aseveraciones hechas por algunos colegas que me han precedido en el uso de la palabra y que se contraponen con los fundamentos del proyecto. En primer lugar, el artículo único establece una patente diferenciada para los pequeños mineros y mineros artesanales propietarios de pertenencias mineras de hasta cien hectáreas. Este hecho me preocupa. Algunos han señalado que entienden, por cierto, lo de la condonación consignada en el artículo transitorio, pero no la posibilidad de rebajar la patente minera a los pequeños mineros, porque implica establecer una diferenciación. Así lo señaló el diputado señor Leay, quien manifestó que no le gusta que existan patentes diferenciadas; no quiere que los pequeños mineros y los mineros artesanales la Sonami ha hecho una observación similar tengan una patente especial, para no establecer diferencias en el Código de Minería. Sin embargo, olvidan aquí es donde veo un sesgo o inconsecuencia que dicho código también establece patentes diferenciadas, tanto para las concesiones de explotación como para las de exploración, por cierto, por razones muy atendibles: unos explotan, otros exploran. El artículo 142 del Código de Minería también establece voy a leerlo patentes diferenciadas, como la que pretendemos aplicar a los pequeños mineros y mineros artesanales, para los propietarios de salares. Dicho artículo dispone leo la parte pertinente: “Con todo, los titulares de pertenencias cuyo interés económico principal resida en las sustancias no metálicas o en los placeres metalíferos que existen en ellas y los titulares de pertenencias constituidas sobre sustancias existentes en salares, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a un trigésimo de unidad tributaria mensual por cada hectárea completa;”. Es decir, estamos hablando de una patente mucho más baja que la que debe pagar el resto de los propietarios mineros. Y, ¡ojo! En su oportunidad, esto benefició fundamentalmente a algunos propietarios mineros que no son pequeños; hablamos de la Soquimich, de determinada persona o sociedad que resultó beneficiada con esa diferenciación. Por supuesto, además de los salares existen otros tipos de propiedades mineras. De manera que se trata de establecer una diferenciación, es decir, una patente muy baja para los mineros artesanales. Se puede discutir respecto de otras materias, pero ése es el temor que tienen es legítimo que exista algunos parlamentarios y algunas personas y organismos, en particular la Sociedad Nacional de Minería, que formuló algunas observaciones en la Comisión de Minería y Energía. Considero que hay que decirlo: ése es el problema. El espíritu de este proyecto de ley no es otro que establecer una patente diferenciada para los pequeños mineros. Así como se hizo para los propietarios de salares, seguramente por razones muy atendibles, de la misma manera deseamos que los pequeños mineros y los mineros artesanales paguen una patente más baja que la actual. En segundo lugar, se dice que este tema está solucionado, y se citan los artículos 23 y 76 de la ley de Rentas Municipales y la norma pertinente del Código de Minería. Me pregunto, estimados colegas, cuál sería la situación si los pequeños mineros y los mineros artesanales hubieran podido acogerse al sistema establecido en el artículo pertinente del Código de Minería, como lo hicieron las grandes empresas y los medianos y grandes mineros que han explotado pertenencias y obtenido utilidades. ¿Qué ha hecho la Sonami con los pequeños mineros y los mineros artesanales? No les explicó los beneficios tributarios que podían obtener en virtud de esta disposición legal, que les permitía no pagar patente o descontar su valor a través de los pagos provisionales mensuales. No entiendo qué ha hecho, a pesar de existir la solución. En cinco años, muchos pequeños mineros y mineros artesanales se han endeudado. ¿Y sus dirigentes, sus organizaciones y sus asesores? Porque ellos cuentan con asesores; pertenecen a asociaciones mineras, dependientes de la Sociedad Nacional de Minería, la cual tiene asesores. De manera que eso no lo entiendo, porque considero que no es posible que se acojan a las disposiciones señaladas por algunos colegas de la ley de Rentas Municipales, y al artículo 149 del Código de Minería. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque para acogerse a dicha disposición es necesario, en primer lugar, tener utilidades; si éstas no existen, no se puede hacer el descuento correspondiente. En definitiva, hay que pagar igual la patente minera completa. Entonces, un pequeño minero o un minero artesanal propietario de cien hectáreas, que debe pagar 280 mil pesos al año, si no tiene utilidades, debe pagar efectivamente esa suma, incluso con la rebaja. Además, si un pequeño minero o un minero artesanal explotara la concesión minera una, dos o tres veces al mes, llegaría, sin duda, a tales niveles de ingresos, que le permitirían descontar el pago total de su patente minera. El diputado señor Leay me solicitó una interrupción, y se la concedo en este momento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, el diputado señor Mulet se refirió a una diferenciación en el pago de las patentes, manifestando que existían patentes diferenciadas para exploración y explotación. Sé que el diputado señor Mulet conoce muy bien el tema, y por lo mismo debe saber que exploración significa la búsqueda de un yacimiento minero, lo que implica grandes inversiones. En definitiva, uno puede hacer una exploración con inversiones por 60, 70 u 80 millones y no encontrar nada de nada. Por eso se otorga un incentivo a la exploración y por eso hay una diferenciación, aspecto que no tiene relación con lo que estamos conversando. Entre las patentes mineras de los que son yacimientos metálicos o yacimientos no metálicos, como se denominan, hay también sistemas productivos, comercialización y desarrollo absolutamente distintos. Pero hay un tema conceptual. Lo que sostengo es que frente a un mismo yacimiento, frente a una misma propiedad minera, hay una diferenciación que estimamos que no es necesaria hacerla, como consecuencia de lo que he señalado. El diputado señor Mulet afirma que una mina puede producir uno o dos meses y no alcanzar a solventar los descuentos. Pero respecto de lo que es el margen de la patente, en lo que significa el sistema productivo, realicé un estudio breve, no científico, de algunos casos de los menos productivos, y la verdad es que con el proceso que está en la ley de rentas en el artículo 74, por lo menos en lo que yo visualicé de casos muy pequeños, todos recuperarían el pago de la patente efectuado por ese sistema. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, comparto la apreciación del diputado señor Leay. Lo fundamental es que ya existe diferenciación, y él señalaba las razones. Entre los salares hay sistemas de explotación diferentes y existen sus razones para ello. Y por eso existen razones para que los pequeños mineros y mineros artesanales puedan tener una patente más barata, si ellos explotan en forma distinta de como lo hace la grande y mediana minería por las razones que el diputado señor Leay muy bien conoce. Por eso debe ayudárseles. Estimo que el sistema no está resuelto hoy ni con la ley de rentas ni con las disposiciones del Código de Minería que se han invocado. Y si algunas soluciones no se han propuesto, es porque no son útiles. En segundo lugar, se ha señalado también en alguna presentación, como la que tengo aquí en mis manos, de la Sonami ante la Comisión de Minería de la Cámara, que, de alguna manera, toda la tramitación que tiene que hacer el Servicio Nacional de Geología y Minería para acreditar los requisitos que exige la ley para acogerse a este beneficio del menor valor del pago de la patente minera, es muy engorrosa, es muy cara para el Estado. Creo que efectivamente esto puede ser administrativamente engorroso, pero es bueno. Aquí está de por medio el principio de la buena fe. Confío en los pequeños mineros y mineros artesanales. No tengo por qué pensar que si existe un beneficio tributario, van a obrar de mala fe. De la misma manera podríamos pensar que cualquier empresa en cualquier área podría siempre tratar de engañar al fisco. Es cierto que se busca la forma de engañar o tratar de tributar menos, pero debemos hacer operante el principio de la buena fe. De la misma manera podríamos pensar que no es posible que a la gran minería, que exporta concentrados de cobre, muchas veces se le revise parte proporcional de sus productos para examinar la ley del mineral. Se le tendría que revisar todo; pero no se hace, porque opera el principio de la buena fe. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiempo, señor diputado. El señor MULET.- Confío en que se va a aplicar la ley como corresponde. En general, hay otras observaciones; pero lo fundamental hoy es aprobar el proyecto de ley en debate, porque beneficia a mineros artesanales y pequeños mineros, que hoy se encuentran, y desde hace muchos años, en una situación muy complicada. Por cierto, la disposición transitoria del proyecto, que establece la condonación de intereses y multas, también debe ser aprobada por esta Cámara. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la verdad es que no quiero repetir la descripción que hacemos permanentemente, en esta Sala, de la grave situación que está viviendo esta actividad, ni hacer resaltar la importancia que ésta tiene para nuestros distritos de la zona norte desde el punto de vista del empleo y del desarrollo económico. Quiero dar solamente algunas cifras que son lapidarias. En 1990 había 5 mil pequeños mineros que entregaban sus productos a la Empresa Nacional de Minería. Hoy no superan los 200. Ello se debe a distintas razones. Por lo menos, dos son evidentes: una, la situación internacional del precio del cobre, y, otra, el pésimo manejo de la Empresa Nacional de Minería hacia este sector. He escuchado con mucha atención el debate que se ha suscitado en la Sala, y si uno analiza una realidad como ésta, sería absurdo tener posiciones encontradas. Yo las tengo, porque un sector que está en una posición tan difícil, y al cual se le ofrece una ayuda, puede no estar de acuerdo con el proyecto, como ocurrió con la totalidad de las asociaciones mineras que asistieron a la Comisión de Minería, algunas de las cuales no son miembros de la Sonami. ¿Por qué ocurre esto? Por la experiencia que estos mineros han tenido con las leyes dictadas. Aquí se hacen esfuerzos por tratar de ayudar a este sector, y con ese objeto hemos despachado muchas leyes. Sin embargo, varias de ellas no producen los efectos que, aparentemente, nosotros tuvimos en vista aquí, igual que el Ejecutivo, cuando las discutimos. Es así como los representantes de la Asociación Minera de Vallenar planteaban un ejemplo práctico: ¿Cuánto le costaría a un pequeño y mediano minero acogerse a estos beneficios? Y uno decía: “¡Mire, a mí, que trabajo en una mina que está a 200 kilómetros de una ciudad; que, además, debo tomar locomoción o que tengo que contratar un vehículo, en definitiva, no me conviene!”. En la práctica, si nosotros analizamos y esta es la realidad, porque como ha dicho el diputado Mulet, yo también les creo a los mineros, ellos han planteado derechamente que la gente no se ha acogido a muchos de estos beneficios porque la vaina resulta más cara que el sable. Hemos tenido diferencias, y, lamentablemente, no las hemos podido solucionar; porque cuando hemos tratado de perfeccionar el proyecto, el Ejecutivo le ha puesto urgencia. Y lo hace porque el artículo transitorio establece un beneficio que no tiene discusión, referido a la condonación y reprogramación de la deuda de patentes mineras antiguas. Y eso necesita aprobarse a la brevedad, porque ya llegó marzo; se nos está viniendo el tiempo encima, y esto necesita ser aprobado con urgencia. Sin embargo, el artículo único no requiere ser despachado con urgencia; podemos discutirlo. De hecho, durante la tramitación y en esto hubo bastante consenso existía la idea de plantear un mecanismo más eficiente para obtener el mismo objetivo, que es bastante loable. No obstante, el hecho de que este proyecto tuviese discusión inmediata negaba la posibilidad de este debate. Hoy, el Presidente de la Cámara, durante la discusión, me ha informado que el Ejecutivo está dispuesto a retirar la urgencia. Le pido a su Señoría que ratifique si eso es así. En caso afirmativo, podríamos tener un tipo de acercamiento para perfeccionar este sistema. Como dije anteriormente, éste es un proyecto que tiene dos partes: una, de la rebaja de la patente minera de un décimo de unidad tributaria mensual a un diezmilésimo de unidad tributaria mensual para los pequeños mineros y mineros artesanales; y, dos, un artículo transitorio, que hemos dicho que apoyamos decididamente y con claridad, el cual condona las multas. En esto quiero ser justo y agradecer las palabras del diputado señor Rincón, quien ha hecho un gran esfuerzo para que esto prospere. Hemos presentado una indicación, apoyada por los diputados Vilches, Mulet, Leal, Felipe Valenzuela, Leay, es decir, por todos quienes pertenecemos a zonas mineras, para eliminar la sanción establecida en el artículo 149 del Código de Minería. Lamentamos que el proyecto no contenga esta indicación, declarada inadmisible; sin embargo, el Ejecutivo había aceptado incluirla en el proyecto, porque realmente establece una sanción que significa el doble de lo adeudado para el dueño de la pertenencia minera, lo que, a nuestro juicio, es absolutamente exagerado. Lo que corresponde es aplicar la regla general, cual es que cuando un contribuyente adeuda o se atrasa en el pago de un impuesto, tributo, contribución, puede pagar con el recargo del IPC, o de la UF u otro de los sistemas existentes, pero no aplicar a los mineros una sanción que constituye un abuso y respecto de la cual hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo y que ahora ha sido objeto de una indicación que espero sea acogida, igual que las otras propuestas. Ojalá podamos llevar a cabo el debate que requiere el proyecto y que no ha sido posible debido a la urgencia con que ha sido calificado. Concuerdo con que es indispensable aprobar pronto el artículo transitorio, pero no me parece bien aprobar a mata caballo una iniciativa sobre la cual las asociaciones mineras y los propios beneficiados nos han planteado que genera varias distorsiones. Señor Presidente, solicito que nos ratifique si el Ejecutivo retiró la urgencia al proyecto, de manera de contar aquí con la instancia de discusión necesaria a fin de mejorarlo sin esperar el trámite en el Senado que planteó el diputado señor Leay y perfeccionar el objetivo que todos compartimos, pero que, en la práctica es el argumento de fondo, significa que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin eche a andar una tremenda maquinaria, un sistema engorroso a ese servicio no le gusta la idea para que, en definitiva, en caso de que todos los mineros paguen la patente rebajada, el fisco recaude escúchenme bien no más de 500 mil pesos. Muchos mineros nos han dicho que los sistemas que generamos, en teoría, en el pizarrón, parecen muy factibles, pero a ellos, que deben viajar 100 ó 200 kilómetros para llegar hasta la ciudad a presentar papeles y hacer todos los trámites burocráticos, no les sirven. Me alegro de que el Ejecutivo haya retirado la urgencia al proyecto y podamos tener esa instancia de debate para perfeccionar como también dijo el diputado señor Vilches ese mecanismo, cuyo objetivo es loable, interesante y necesario para la realidad que están viviendo los pequeños y medianos mineros, como también los mineros artesanales, pero que, a nuestro juicio, es imperfecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, quiero referirme a aspectos procesales del proyecto, más que su contenido. Ha recibido una nota enviada por la Sociedad Nacional de Minería, y no sé qué empleado tiene aquí dicha sociedad, porque no es usual que una entidad como ella se dé el lujo de repartir, a última hora, documentos a los parlamentarios en la Sala. Además, solicito que se investigue quién dio instrucciones para que esa sociedad repartiera un documento en la Comisión cuando analizamos el tema, que, en su parte final dice: “Por lo expuesto, Sonami se permite solicitar a la honorable Cámara que tenga a bien aprobar el artículo transitorio y rechazar el artículo permanente”. Es lo mismo que han pedido los diputados de Derecha, tanto de la UDI como de Renovación Nacional. Pero el hecho es doblemente injusto no diré inmoral, porque a lo mejor puede ser muy grave, pues ellos no permitieron el ingreso a la Sala de la señora subsecretaria de Minería para que explicara el contenido exacto de la iniciativa y entregara las cifras correspondientes. En la Comisión, la señora subsecretaria expresó que el proyecto otorga un subsidio. Existe un subsidio al agua potable; pero no se otorga a todos, sino a quienes tienen menores ingresos. Estamos pidiendo un subsidio para que los que reciben sueldos bajos puedan pagar la luz eléctrica. Si lo obtenemos, el fisco, desde luego, no lo va a otorgar a todos. Aquí no se pretende dar un subsidio a todos, sino a los pequeños mineros o mineros artesanales, lo cual, según datos del Servicio de Impuestos Internos, significa que el fisco dejará de recaudar sólo 18.700.000 pesos. Cuando la Derecha insistió en ampliar el beneficio a todos, sin discriminación, se le señaló con mucha claridad que es únicamente para los que ganan menos y que trabajan directamente en la actividad. Pero el Gobierno ha hecho una pillería lo sabe la Sonami, porque, al no otorgar el beneficio a los pequeños mineros o mineros artesanales, obligará a los mineros grandes y medianos a pagar la suma de 2.550 millones de pesos. Es decir, el Estado se priva únicamente de 18.700.000 pesos y obliga a quienes poseen el negocio minero a pagar una suma mucho mayor, con la cual se podrán pagar no sólo los subsidios a los pequeños mineros o mineros artesanales, sino también destinarla para crear en el futuro nuevas fuentes de empleo u otras similares. Esa es la verdad. Por eso, los socialistas y, en general, la Concertación, vamos a aprobar tanto el artículo único como el transitorio. Lo otro significa aceptar las mismas triquiñuelas que se plantearon en la Comisión. La Sonami no representa, realmente, los intereses de los mineros artesanales. En la Enami tienen dos representantes. Conozco a uno de ellos, que la integra por la mediana minería y que hizo quebrar a una empresa cuyos trabajadores, después de efectuar la demanda correspondiente, pudieron cobrar sólo el 45 por ciento de la deuda. En consecuencia reitero, las bancadas de la Concertación van a aprobar los artículos propuestos y solicito que se investigue acerca de por qué ingresan a la Sala documentos extraños, de entidades privadas, en circunstancias de que nadie lo ha autorizado. He dicho. El señor MONTES.- ¡Muy bien! El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, el hecho fue solicitado por un diputado; no fue iniciativa de algún funcionario. Informo que, por acuerdo de los Comités, se solicitó al Gobierno retirar la calificación de discusión inmediata, a lo cual éste accedió. La idea es que su discusión y votación queden pendientes para la próxima semana, con el fin de que podamos iniciar el debate del proyecto que establece un sistema de elección separada de alcaldes y concejales, objetivo principal de esta sesión. Para ello, con el objeto de destinar mayor tiempo para el debate de este proyecto, y votarlo en general concordamos en dilatar el Orden del Día hasta las 14 horas. Se trataría en particular el próximo martes. Tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, de los acuerdos de Comités se produce un efecto práctico: el solo hecho de quitar la urgencia de discusión inmediata al proyecto en estudio significa que debería votarse primero en general y después en particular, pero no en la misma oportunidad. Entonces, quiero saber cómo lo vamos a hacer. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, no creo que haya ninguna dificultad en ponerle urgencia nuevamente. Tiene la palabra el diputado señor Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, simplemente quiero dejar constancia de que el plazo para el pago de las patentes del año 2000 vence el 31 de marzo. Ese es el motivo de nuestro requerimiento para tratar el proyecto con discusión inmediata. No es un arbitrio. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es, señor diputado. Los Comités tuvieron presente ese aspecto y estimaron que si lo tratamos la próxima semana con esta urgencia se alcanzaba a despachar. ELECCIÓN SEPARADA DE ALCALDES Y CONCEJALES. Segundo trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que establece un sistema de elección separada de alcaldes y concejales. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Joaquín Palma. Antecedentes: Proyecto del Senado, boletín Nº 203506 (s), sesión 1ª, en 6 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 19. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 32ª, en 9 de enero de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor PALMA (don Joaquín).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en un mensaje, que establece un sistema de elección separada de alcaldes y concejales. Es importante dejar consignado que el proyecto, en su conjunto, tiene el carácter de orgánico constitucional; es decir, debe ser aprobado por 69 votos y que no requiere trámite de Hacienda. Durante su estudio, la Comisión contó con la presencia permanente del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal, y de sus asesores jurídicos, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez. Asimismo, para recibir información de las personas interesadas en el tema, la Comisión invitó a todos los presidentes de los partidos políticos; sin embargo, sólo llegaron a opinar e informar sobre el proyecto representantes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical Social Demócrata y del Partido Comunista. Como antecedentes generales de la tramitación de la iniciativa, debo decir que cumplió con su primer trámite constitucional en el Senado, donde el texto original propuesto en el mensaje del Ejecutivo experimentó un cambio profundo, ya que, de las diversas enmiendas a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, que se incluían, sólo se aprobaron dos normas: una que sustituye el artículo Nº 83, en el sentido de fijar, como fecha de instalación de los concejos municipales, el 6 de diciembre del año de la elección respectiva, y otra que reemplaza el artículo Nº 106, determinando que los comicios municipales han de verificarse cada cuatro años. Además, en el Senado se agregó una modificación en virtud de la cual no se hacen aplicables a los candidatos independientes que postulen integrando pactos y subpactos, las normas sobre patrocinio de candidaturas independientes establecidas en el artículo Nº 112 de la ley orgánica constitucional de municipalidades. Por consiguiente, de conformidad con lo expuesto, esta última enmienda es la única que subsiste del proyecto sancionado por la cámara de origen, pues los dos artículos señalados anteriormente fueron objeto de una ley que hoy se encuentra promulgada y, por lo tanto, ya han sido incorporados a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, conviene consignar que en el informe respectivo, que la Comisión de Gobierno Interior del Senado elevó en su oportunidad a la consideración de la Sala de esa Corporación, se acogían, en términos generales, las propuestas de reforma a la ley enviadas por el Ejecutivo y, en particular, la idea matriz relativa al establecimiento de un mecanismo de elección separada de alcaldes y concejales. No obstante, existe una diferencia importante entre el proyecto del Ejecutivo y el que aprobó la Comisión de Gobierno Interior del Senado, en cuanto al procedimiento para elegir al alcalde, ya que el mensaje proponía que fuese el candidato que obtuviese la mayoría de los votos válidamente emitidos, y, si ninguno de ellos obtenía dicha mayoría, debería procederse a una elección de segunda vuelta circunscrita a las dos mayores votaciones. En cambio, la disposición aprobada por la Comisión de Gobierno Interior del Senado prescribía que sería elegido alcalde el candidato que obtuviese la mayor votación individual, siempre que superase el 30 por ciento de los votos válidamente emitidos y, en el evento de no verificarse el supuesto anterior, el candidato perteneciente a la lista o pacto mayoritario en la comuna. Según destacó el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal, ante los miembros de la Comisión, la iniciativa legal en informe, en lo que atañe al sistema de elección separada de alcaldes y concejales, fue rechazada en el Senado por apenas un voto, no objetándose, en todo caso, la idea matriz o de fondo; esto es, que los alcaldes y concejales sean elegidos en un mismo acto, pero en cédulas separadas. Agregó que hace un tiempo se objetó la oportunidad de legislar sobre la materia, es decir, la proximidad de los comicios municipales, el 29 de octubre del año pasado, pero una vez realizada dicha jornada cívica desapareció dicha objeción. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno es que, junto con la elección separada de alcaldes y concejales se refuerce el principio de gobernabilidad de los municipios y, en tal predicamento, que el alcalde sea elegido con la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de que ello no ocurra, se realice una segunda vuelta, circunscrita a los candidatos que hubieren logrado las dos más altas mayorías relativas. En lo que se refiere al mecanismo de elección de los concejales, no se promueven cambios al sistema vigente. Profundizando en el tema de la gobernabilidad, el subsecretario precisó que el nuevo esquema electoral que propugna el Gobierno no implica de modo alguno cuestionar la legitimidad de los alcaldes elegidos en la fecha consignada; por el contrario, el Ejecutivo tiene el firme propósito de trabajar con todos ellos sin distinciones. Sin perjuicio de esta necesaria aclaración, no puede pasarse por alto la circunstancia de que, durante los próximos cuatro años, un número apreciable de municipios será encabezado por alcaldes que tienen un respaldo minoritario en términos de sufragios obtenidos sobre el universo electoral de la respectiva comuna, lo que es un motivo de preocupación, pues la experiencia demuestra que los gobiernos de minoría, sean de índole nacional, regional o local, son precarios. De ahí que la Constitución Política consagre la segunda vuelta en la elección presidencial para el evento de que ninguno de los candidatos que hubieren participado en la primera ronda haya logrado la mayoría absoluta de los votos. El proyecto en opinión del subsecretario señor Vidal tiende a corregir esta imperfección del sistema al exigir que el alcalde sea elegido con la mayoría absoluta de los sufragios, sea en primera o segunda vuelta. Ahora bien, en relación con las opiniones de políticos, puedo hacer notar que el dirigente del Partido Comunista señor Jorge Inzunza, afirmó que para su colectividad el sistema electoral vigente es una herencia del régimen militar y privilegia a las minorías, lo que, a su juicio, pone de manifiesto los rasgos antidemocráticos del sistema. Añadió también que, en cuanto al sistema electoral municipal, la reforma debe basarse en una idea fundamental, cual es que el alcalde elegido debe ser la expresión de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Desde ese prisma, considera que el sistema de elección separada de alcaldes y concejales, no siendo óptimo, es menos malo que el sistema actual. Asimismo, estima que el ideal es que los municipios cuenten con un número impar y variable de concejales, que, dependiendo del tamaño de la comuna, puede llegar hasta 21 integrantes. Dijo que los partidos deberían participar en estos comicios de manera independiente, esto es, no conformando pactos, para reflejar adecuadamente la diversidad de la sociedad. El diputado señor Edgardo Riveros, secretario nacional de la Democracia Cristiana, manifestó que su colectividad es firme partidaria de elegir separadamente a los alcaldes y concejales, y, en especial, resolver de esta forma la distorsión de la representatividad en los municipios. Otro dirigente que asistió a la Comisión fue el diputado señor Carlos Abel Jarpa, en representación del Partido Radical Social Demócrata, quien sostuvo que resulta de toda lógica establecer un mecanismo como el propuesto, dada la diversidad de funciones de unos y otros. Desgraciadamente, la Comisión no recibió opiniones de otros dirigentes políticos. En cuanto al marco constitucional y orgánico en que se debe insertar la iniciativa, el inciso primero del artículo Nº 99 de la Constitución Política, que encabeza el Capítulo XIII, Gobierno y Administración Interior del Estado, dispone que “Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas”. Por su parte, el artículo Nº 107 de la Constitución Política prescribe que “La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo...”. A su vez, el artículo Nº 108 establece que el concejo estará integrado por concejales elegidos por sufragio universal, quienes durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. Justamente en cumplimiento del mandato constitucional se dictó la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que ha tenido varias modificaciones en el transcurso de los últimos 14 ó 15 años y que, en definitiva, señala, en lo atingente, que la municipalidad estará constituida fundamentalmente por dos órganos, el alcalde y el concejo; que el alcalde es su autoridad máxima y que, además, existe un consejo económico y social comunal, que es consultivo, y cuya función es solamente dar opinión. En cuanto al alcalde y al concejo, la ley orgánica actualmente vigente señala que unos y otros son elegidos popularmente en todo el país, y determina que el alcalde será el concejal que obtenga a lo menos el 30 por ciento de los votos válidamente emitidos en la lista mayoritaria, con todo un sistema que no repetiré en esta oportunidad. En relación con el número de concejales, la ley establece que las comunas que no tengan más de 70 mil electores tendrán seis concejales; las que tengan entre 70 mil y 150 mil electores, tendrán ocho concejales, y aquellas que tengan más de 150 mil electores, tendrán diez concejales. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. En cuanto al sistema de elección de alcaldes, el artículo Nº 115 de la ley orgánica mencionada indica que será elegido alcalde el candidato a concejal que haya obtenido la primera mayoría en la comuna y que, además, pertenezca a una lista o pacto que cuente, a lo menos, con el 30 por ciento de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección, excluidos los votos en blanco y los nulos; que, de no cumplirse lo señalado, será elegido alcalde el candidato a concejal que haya obtenido la primera mayoría comunal y cuya lista o pacto haya alcanzado la mayor votación en la comuna, y que, de no verificarse ninguno de los supuestos anteriores, será elegido alcalde el candidato a concejal que haya obtenido individualmente la mayor votación dentro de la lista o pacto mayoritario de la comuna. A continuación, el sistema agrega una serie de normas para resolver los empates. A esta altura del informe, es importante señalar que en el mundo existen distintos sistemas para elegir alcalde, algunos de los cuales establecen su elección separada, y otros, la elección interna, en distintas modalidades, dentro del concejo. Entre los países que se asemejan a Chile en sus costumbres y en su forma de ser, hay algunos que eligen alcaldes a través de los concejos, como España, Bolivia, Austria, Luxemburgo, Francia e Italia, y otros, en elecciones separadas, como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En definitiva, cada país establece el sistema que le parece adecuado, y son todos igualmente democráticos. Este proyecto opta por la segunda alternativa, es decir, por la elección en listas separadas de alcaldes y concejales. La idea matriz del proyecto en informe, de acuerdo con su concepción original, es, por una parte, establecer un sistema de elección separada, aunque en una misma votación, de alcaldes y concejales, y, por otra, fijar un umbral electoral especial para la elección del alcalde, consistente en la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Como dicha idea fundamental no fue recogida en el texto aprobado por el Senado en primer trámite, el Ejecutivo la repuso como indicación en este segundo trámite constitucional. La Cámara de Diputados agrega las indicaciones propuestas por el Ejecutivo al proyecto aprobado por el Senado cámara de origen, que consta de un artículo único. Del texto original del Senado sólo quedó vigente la modificación al artículo Nº 112 que, en su inciso primero, regula el patrocinio de candidaturas independientes, señalando al efecto quiénes pueden suscribirlo y ante qué funcionario. Su inciso segundo prohíbe a una misma persona patrocinar distintas declaraciones de candidaturas independientes, y establece la sanción que señala. El inciso tercero, nuevo, que incorpora el texto aprobado por el Senado, dispone que no les son aplicables las normas de los incisos primero y segundo del artículo Nº 112, a los candidatos independientes que postulen integrando pactos y subpactos. Ello, para facilitar la participación de candidatos independientes en las elecciones municipales. En relación con la discusión y votación del proyecto, en la Comisión de Gobierno Interior se aprobó en general por simple mayoría de siete votos contra dos, en el sentido de establecer un sistema de votación separada de alcaldes y concejales. De esta forma, se repuso la idea matriz del proyecto original que no fue recogida en el texto que envió el Senado a la Cámara de Diputados. El voto de mayoría se sustentó en que la elección separada de alcaldes y concejales es beneficiosa para el sistema municipal, pues diferencia claramente entre la función de alcalde y de concejal aspecto que, por lo demás, delimita la ley orgánica constitucional, y, por otro lado, refuerza el principio de gobernabilidad de los municipios al preceptuarse que el alcalde debe ser elegido con la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Además, en caso de que ninguno obtenga dicha mayoría absoluta, se establece una segunda vuelta circunscrita a los candidatos que hubieren logrado las dos más altas mayorías relativas. En lo que se refiere al mecanismo de elección de concejales, no se promueven cambios al sistema vigente. El voto de minoría afirmó, por el contrario, que debe partirse de la premisa de que existen diversos sistemas electorales, todos ellos con virtudes y defectos, pero democráticos en su concepción. Respecto de los comicios municipales, la minoría opinó que lo importante es que la ciudadanía vote por el “candidatopersona” más que por el “candidatopartido”. Planteó que el mecanismo electoral que se aplica hoy a este tipo de elecciones permite la concreción del propósito anunciado y que el sistema que propicia el Ejecutivo, consistente en elegir en cédulas separadas a alcaldes y concejales, privilegia a las coaliciones partidistas. En otros términos, en opinión de dicha minoría que rechazó el proyecto, los votantes van a tener que sufragar por el candidato que imponga la coalición respectiva, aunque no sea de su agrado ni afinidad ideológica, restringiéndose la libertad de opción de la gente. Añadió, asimismo, que, en la actualidad, si bien los partidos políticos proponen a los candidatos a concejales, no es menos relevante la aprobación de la ciudadanía respecto de los nombres sugeridos, pues existen alternativas dentro de una misma coalición. En síntesis, dijo que el proyecto gubernamental acentúa el sesgo partidista de las elecciones municipales. A continuación, la Comisión inició la discusión en particular de cada uno de los artículos de la iniciativa. Debo recordar, una vez más, la suerte corrida por este proyecto en el Senado, que consistía, originalmente, en tres artículos, dos de los cuales fueron aprobados en otras leyes, por lo que ya forman parte de la legislación vigente. Por lo tanto, solamente subsistió una modificación al artículo 112, que, como acabo de expresar, se refiere a las condiciones que deben cumplir las inscripciones de los candidatos independientes a concejales. Sobre dicha base, y sin perjuicio de otras adecuaciones aprobadas en el seno de la Comisión y considerando la incorporación de las iniciativas del Gobierno, destinadas a restablecer lo rechazado por el Senado, se procedió a la discusión particular del artículo único, que consta de una serie de numerales, en los que se introducen diversas enmiendas a la ley orgánica constitucional de Municipalidades. El número 1, nuevo, modifica el inciso primero del artículo 57, con el objeto de precisar que la elección de alcalde se efectuará en votación conjunta, pero con cédula separada, de la de concejales. Por otra parte, hace aplicables a los candidatos a alcalde los requisitos contemplados en el artículo 73, a propósito de las candidaturas a concejal. Fue aprobado por simple mayoría, 5 votos a favor y 2 en contra. El número 2, nuevo, que corresponde a una indicación suscrita por los diputados señores Gutiérrez, Mora, Palma, don Joaquín; Reyes y señora Rozas, doña María, modifica el artículo 60 en lo relativo a las causales de cesación del cargo de un alcalde, con el fin de establecer que el alcalde que fuere destituido por sentencia de primera instancia, en virtud de la causal de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, quedará suspendido en el cargo desde el acto de notificación de la resolución correspondiente, y en caso de que dicha sentencia quede ejecutoriada, además de la sanción de destitución, no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años. Fue aprobada por unanimidad. El número 3, nuevo, modifica el artículo 62, que regula lo relativo a la subrogación y vacancia en el cargo de alcalde. Su letra a) sustituye el inciso cuarto que, en síntesis, señala que en caso de vacancia el concejo procederá a elegir un nuevo alcalde de entre sus miembros y por mayoría absoluta por una norma que establece que la referida vacante será proveída por el concejal que hubiere obtenido en la elección respectiva la más alta votación individual dentro de la lista de la que formó parte el alcalde que provocó la vacante. Agrega, en un inciso quinto, nuevo, que en el evento de no ser aplicable la disposición precedente, el concejo elegirá un nuevo alcalde, conforme a la regla señalada, esto es, por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Fue aprobada por unanimidad, registrándose 2 abstenciones. Su letra b) incorpora un inciso séptimo, nuevo, al artículo 62, que dispone que, una vez elegido el nuevo alcalde, se procederá a completar la integración del concejo. Fue aprobada con idéntico quórum que la anterior. El número 4, nuevo, reemplaza la letra m) del artículo 63, disposición que faculta al alcalde para convocar y presidir el concejo y el consejo económico y social comunal, por un precepto que, manteniendo tal atribución, precisa que ella no incluye el derecho a voto, sin perjuicio de la situación que reglamenta el artículo 86, esto es, el voto dirimente en caso de empate en el concejo. Fue aprobado por simple mayoría, 7 votos a favor y 2 en contra. A propósito de esta norma, el representante del Gobierno señaló que el sistema municipal se encuentra estructurado sobre la base de un órgano ejecutivo que propone, el alcalde, y otro resolutivo y normativo que decide, el concejo. Esta característica se refuerza con el proyecto en análisis, en el que se propugna que el alcalde no tenga derecho a voto en el organismo colegiado, salvo para dirimir los empates sucesivos, con el objeto de no entrabar la administración municipal. El número 5, nuevo, sustituye el inciso primero del artículo 78, concerniente a la provisión de la vacante del cargo de concejal, estableciendo la norma de reemplazo una regla análoga a la vigente, es decir, debe recurrirse al ciudadano que habiendo integrado la lista del concejal que provoca la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista le hubiese correspondido otro cargo. Fue aprobado por unanimidad, con una abstención. El número 6, nuevo, modifica el inciso tercero del artículo 86, en el sentido de que si persiste el empate en la resolución de un asunto por parte del concejo, deberá procederse a votar el punto en una nueva sesión, que se verificará a más tardar dentro de tercero día. Fue aprobado por unanimidad. El número 7, nuevo, modifica el artículo 107 en los aspectos que paso a señalar. Su letra a) introduce una adecuación a su inciso primero, en el sentido de hacer aplicables las normas sobre declaración de candidaturas tanto a los candidatos a concejal como a alcalde. Debemos entender que al hacer elecciones separadas de concejales y de alcaldes, las declaraciones van a ser diferentes, razón por la que en este artículo se establecen las normas que debe cumplir cada una de las declaraciones. Fue aprobada por simple mayoría de 4 votos contra 2. Su letra b) reemplaza la segunda oración del mismo inciso por un precepto que en su primera parte señala que las declaraciones de candidaturas pueden incluir hasta tantos candidatos como cargos corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de comunas. Agrega, a continuación, que un mismo candidato no puede postular a los cargos de alcalde y concejal simultáneamente, sea en la misma comuna o en comunas diversas. Fue aprobada por el mismo quórum que la anterior. Su letra c) incorpora una enmienda al inciso tercero, en cuanto a que la medida de suspensión de que ella trata se aplica tanto en caso de que el alcalde postule a su reelección a dicho cargo como a la elección en calidad de concejal en su propia comuna. Fue aprobada por 4 votos contra 2. Su letra d) elimina la frase del inciso tercero, en virtud de la cual el alcalde que se presenta a la reelección conserva “su calidad de concejal”. Fue aprobada por idéntico quórum. La letra e) modifica el inciso cuarto, en el sentido de hacer aplicables las reglas sobre declaración de candidaturas presentadas por un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él, tanto a los que desean postular al cargo de alcalde como al de concejal. Fue aprobada por el mismo quórum. El número 8, nuevo, incorpora un artículo 107 bis, nuevo, que establece quiénes pueden patrocinar las candidaturas a alcalde. Agrega que si ellas son patrocinadas sólo por independientes, deben sujetarse a los requisitos contemplados en las disposiciones que se citan. Fue aprobado por 6 votos contra 2. El número 9, nuevo, modifica el inciso primero del artículo 108, con el objeto de precisar que se refiere a la elección de concejales y no de “autoridades municipales”. Al respecto, deben adecuarse varios artículos sujetos a algunas normas y obligaciones, ya que habrá elecciones separadas de concejales y de alcaldes. Por ello estamos ajustando los términos, pues lo que hoy se refiere a concejales también incluye al alcalde. El numeral 13 y dejaré de lado los tres anteriores, que se refieren a ajustes menores, como acabo de explicar es el único que viene del Senado reitero, y dice relación con las normas que van a regir las inscripciones de los candidatos independientes, facilitando su participación en las elecciones municipales. El numeral 14 introduce variadas modificaciones al artículo 117, relativo al escrutinio general y a la calificación de las elecciones municipales. Se fijan plazos diferentes para interponer reclamaciones de nulidad y las solicitudes de rectificaciones ante los tribunales electorales regionales, para dictar sentencia que resuelva las reclamaciones electorales y para apelar de dicha resolución; entre otros motivos, porque, al establecerse una segunda vuelta para la elección de alcalde, los plazos deben comprimirse. El numeral 15, nuevo, tiene por objeto precisar en el artículo 118, que las reglas contenidas en los artículos siguientes sólo se aplican para determinar a los concejales elegidos, lo que también corresponden a adecuaciones, iguales que las anteriores. Fue aprobado por unanimidad. El numeral 16, nuevo, fija las pautas para determinar los candidatos a concejales elegidos. Fue aprobado por unanimidad. El numeral 17, nuevo, reemplaza el artículo 125, concerniente al mecanismo de elección del alcalde, proponiendo al efecto, como primera regla, que será elegido alcalde el candidato que obtenga la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. Agrega que, en el evento de que ninguno de ellos lograre la mayoría absoluta, se llevará a efecto una nueva elección, circunscrita a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías relativas, la que se verificará el vigésimo día posterior a la primera, indicando finalmente cómo han de dirimirse los empates. Este numeral fue aprobado por asentimiento unánime. Termino señalando que la Comisión estimó que todas las normas del proyecto revisten el carácter de orgánico constitucional y que deben ser aprobadas con el quórum correspondiente. Además, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento, el presidente de la Comisión determinó que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. Asimismo, no hay artículos e indicaciones rechazados por la Comisión. Sólo hubo una indicación declarada inadmisible. Fue presentada por el diputado que habla, para establecer la no reelección del alcalde por más de dos períodos seguidos. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Comisión, la Constitución establece que los cargos de concejales y, por lo tanto, de alcaldes, son reelegibles. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, respaldaremos y aprobaremos el proyecto de ley por múltiples razones que entregaremos a continuación. Por lo pronto, creemos que viene a profundizar la transparencia del proceso de elección de alcaldes y concejales, como también contribuye a avanzar y a progresar en un sistema claramente más democrático. Las últimas elecciones municipales de alcaldes y concejales, en realidad, no dejaron satisfechos a los participantes en el proceso. Hubo una enorme confusión; el electorado no sabía a quién estaba eligiendo, si a un alcalde o a un concejal. Se decía en ese momento que todos los candidatos eran postulantes a alcalde, de modo que al resultar elegida sólo una persona para ocupar ese cargo, los demás eran proyectos de alcaldes o “alcaldes frustrados”, como se les llamó en su momento, y no era un elemento de buena gobernabilidad de las municipalidades. Como consecuencia de ello, surgió un clamor y una insistente petición: que las dos instancias del gobierno municipal sean elegidas en un mismo acto, pero con cédulas diferentes, una para el alcalde, que está definido por la Constitución como la máxima autoridad, y otra para los concejales, que cumplen diferentes funciones, normativas y fiscalizadoras. Esta regulación debió regir en las elecciones pasadas, y el no haber sido así ha significado que los alcaldes de muchas municipalidades no representen exactamente la mayoría de la voluntad ciudadana. Puede que muchos hayan obtenido una votación satisfactoria, respetable; pero de ninguna manera representan un respaldo fuerte y sólido para ejercer la función de alcalde. Para no tratar la elección separada de alcaldes y concejales en un proyecto de ley anterior, se adujo que tenía intencionalidad política, que se planteaba justamente en momentos previos a la elección para provocar ciertos efectos en sus resultados. Hoy no estamos frente a una elección de alcaldes y concejales; todo lo contrario, por lo que en la Comisión señalamos al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, que ésta era la oportunidad apropiada para legislar sobre el tema, sin apasionamientos, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin una elección de alcaldes y concejales a corto plazo. En ese sentido, la bancada democratacristiana va a ratificar ahora lo que siempre ha sostenido: que es preferible que las autoridades del gobierno municipal alcaldes y concejales se elijan en forma separada. ¿Por qué ahora? Porque no hay duda de que los municipios han crecido notablemente en importancia y envergadura. Es muy distinto un municipio de hoy, por los recursos que mueve y las facultades de los alcaldes, que los municipios de hace muchos años, cuando eran elegidos en forma indirecta y no por sufragio universal. La realidad es diferente. Por un lado, los municipios han avanzado en hacer más fuerte su administración y gobierno, y por otro, también la gente de la comuna respectiva pide mayor participación y claridad en la elección de quien va a ser su máxima autoridad, el alcalde. Por eso, es necesario terminar con esta confusión. El cargo de concejal es distinto del de alcalde; por consiguiente, debe optarse por cuál se va a postular. A su vez, el elector debe tener la claridad para votar por uno u otro. El diputado informante dio cuenta de algunas observaciones formuladas por los diputados que no están de acuerdo con el proyecto. No nos podemos cerrar a esa opinión, en el sentido de que la disputa por el cargo a concejal o a alcalde sea trasladada al interior de los partidos como ha ocurrido, donde se puede producir una suerte de enfrentamiento por la nominación para postular a dichos cargos, ya que sólo una persona representará a un partido. Al respecto, aquí se debe optar por el mal menor por llamarlo de cierta manera o por la fórmula que plantea la iniciativa en estudio. Nos interesa que haya claridad en la opinión pública, en el poblador, en la gente de la comuna que vota y quiere saber quién será su alcalde, porque este funcionario tiene muchas facultades y de él depende en gran medida la marcha de la comuna, el bienestar de la gente y la solución de numerosos problemas. El proyecto agrega la posibilidad de una segunda vuelta, que el alcalde sea elegido estrictamente por sufragio universal y cuente con el respaldo de la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. Esto también fue considerado como un elemento positivo por la Comisión. Por ello, y porque constituye un avance en el proceso de saneamiento de nuestra vida democrática, la Democracia Cristiana anuncia su votación favorable al proyecto. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, cada vez que se lleva a efecto una elección municipal en nuestro país, la ciudadanía, en particular los jóvenes, consultan sobre cómo serán elegidas sus autoridades comunales. En realidad, cuesta explicarles el mecanismo y las fórmulas que se emplean. Entonces, para los no iniciados en este tipo de prácticas electorales resulta engorrosa la situación, de por sí delicada, ya que para la sociedad no es sano que sus integrantes no tengan claridad sobre cómo se elige a quien tiene la responsabilidad de conducir el destino de las comunas por espacio de cuatro años. Ahora, no cabe duda de que la democracia se fortalece con la existencia de claridad y transparencia. Es un proceso, y todos los ciudadanos están ciertos del funcionamiento de mecanismos tan importantes como éstos, con la salvedad de que no hay fórmulas perfectas que representen fidedignamente la voluntad soberana. Y no puede haberlas, porque la democracia no reúne esa condición, aun cuando estamos conscientes de que es el mejor sistema creado para la vida en comunidad y su gobierno. De ello deriva que mi posición frente a esta materia haya sido siempre la misma, cual es contar con un sistema electoral que se acerque lo más posible al ideal que señalaba. Estamos ciertos de que el sistema actual es engorroso, de que, de alguna manera, se presta para torcer la voluntad mayoritaria de la gente. Por otro lado, también estamos conscientes, por la experiencia recogida durante el transcurso de estos años, de que las elecciones locales están tal vez como ninguna otra atravesadas por la transversalidad social, política e ideológica, y el ciudadano entrega su preferencia a aquel candidato que, por sobre cualquier consideración, le asegure mayor eficiencia en la gestión municipal. Estimo muy importante definir, con la mayor claridad posible, un sistema electoral donde cada compatriota sepa por quién votará y para el cargo y función que estima que mejor desempeñará. Ahora, es evidente que algunas personas, por su personalidad, capacidad o interés, se sienten más cómodas en un determinado cargo y prefieren asumir una función específica, y no la que resulte de la votación. Ello, porque en la práctica nuestra legislación municipal no obliga a hacer campaña a quien no quiere ser alcalde. Y eso está mal desde todo punto de vista. Es mejor que las personas desplieguen todo su esfuerzo para concitar el apoyo ciudadano, no sólo para lograr el cargo principal de alcalde, sino también para concejales. Creo que elegir en forma separada eleva el nivel del debate, obliga a ser creativo en las propuestas y puede atraer, cada vez más, a mejores candidatos. Esto es para las personas que, por tiempo o por actividad, prefieren participar del gobierno comunal, pero sólo desde el sillón de concejal. Por otro lado, para nadie es un misterio que la corrupción e irregularidades han estado presentes en un número importante de municipios, situación preocupante y urgente de enfrentar, precisamente para evitar que lo que hoy es la excepción, se transforme mañana en una situación generalizada. Ello nos obliga a ser extremadamente rigurosos en el establecimiento de la norma, a fin de dar señales muy claras de que al municipio se llega para servir a la gente y no para beneficio personal, de familiares, amigos o partidarios. Desde esa premisa, destaco de manera especial la indicación que modifica el artículo 60 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, relativo a las causales de cesación en el cargo de alcaldes. Se consagra que si un alcalde fuere destituido por sentencia de primera instancia, en virtud de la causal de notable abandono de deberes o por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, quedará suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la resolución correspondiente. En el caso de que dicha sentencia quede ejecutoriada, además de la sanción de destitución, no podrá postular a cualquier cargo público por el término de cinco años. A mi juicio, estamos dando un paso necesario en el fortalecimiento de los gobiernos comunales y una muestra de que, por sobre condiciones políticas o electorales, nos preocupa la expresión libre y soberana de la gente. Consciente de que en el curso del debate será perfeccionada la norma, voto favorablemente el proyecto. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señora Presidenta, me referiré a un tema puntual relacionado con el proyecto en estudio. En el último año hemos sido testigos de una serie de escándalos de corrupción municipal. Al respecto, nos hemos dado cuenta de un vacío legal que permite la creación de un paraíso de carácter judicial, en particular para los alcaldes. Es decir, para un alcalde acusado de delitos de notable abandono de deberes y de falta a la probidad, no existe sanción ni puede ser inhabilitado para el ejercicio del cargo. Es más, no existe la posibilidad de informar a la ciudadanía de la calidad de quien está a cargo del municipio. El sistema municipal, creado con espíritu paternalista, distorsiona la ayuda económica de los gobiernos regionales, porque el pueblo muchas veces cree que la que recibe es del alcalde, en particular, ni siquiera del municipio, en general. Los gobierno regionales son los que distribuyen, vía proyectos, los fondos para programas específicos que presentan los municipios en beneficio de la comunidad. Durante el año pasado, los tribunales electorales destituyeron a los alcaldes de Taltal, Cerrillos, Viña del Mar y Calama por notable abandono de deberes, pero sólo en un caso derivó a los tribunales de justicia para que definieran la responsabilidad penal que pudiera caberle en los hechos. Pero, ¿qué ocurrió en Taltal? El alcalde fue destituido por notable abandono de deberes, pero el fallo del tribunal electoral es del 5 de diciembre, día en que terminó su período. Como había participado en el acto eleccionario, volvió a ser elegido alcalde. Es decir, no tiene responsabilidad y puede continuar en el cargo, toda vez que se le juzgó por el período anterior. No se le alcanzó a notificar el fallo y ni siquiera fue suspendido del cargo. Similar es el caso de Cerrillos. El de Calama no quiero repetirlo, por razones muy particulares, aunque la opinión pública sabe que en él hay ocho personas procesadas por delitos penales. En síntesis, sólo se ha combatido la corrupción en los discursos. Por eso, ésta es la oportunidad para hacerlo en forma legal y eficaz, ya que, según como están las cosas, la Contraloría General de la República carece de facultades para hacer sumarios y aplicar sanciones a los alcaldes que cometan irregularidades de carácter administrativo. De ahí que he aludido al paraíso judicial que tienen los alcaldes en general. Ahora, la acción penal no preocupa, porque, como dijo el alcalde de Calama, señor Rowe, el juicio puede durar cuatro o cinco años y terminará su período tranquilamente. Es decir, el Congreso tiene la obligación de corregir la realidad actual. La ley de probidad administrativa, promulgada en diciembre de 1999, es muy buena en el papel, pero muy difícil de aplicar por sus vacíos. Por otra parte, hay un gran debate jurídico sobre las famosas corporaciones municipales. Por ser entes de derecho privado, no están sujetas a control alguno por parte de organismos de fiscalización. Si son privadas, ¿los delitos o las irregularidades quedarán impunes? Incluso, se cuestiona que la Contraloría General de la República pueda investigarlas. En consecuencia, debe revisarse con altura de miras la legislación que las creó. Aún más, a través del país dichas corporaciones privadas han cometido una gran cantidad de delitos que investigan los tribunales de justicia y en los cuales debe intervenir el Consejo de Defensa del Estado, capítulo aparte que también habrá que tratar. En resumen, en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social presenté una indicación, que fue aprobada por asentimiento unánime, a fin de corregir, en el artículo 60 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, el vacío jurídico que existe para perseguir la responsabilidad de los alcaldes que cometen irregularidades administrativas y delitos de carácter penal. Por lo tanto, invito a mis colegas a aprobarla, de manera que no se extinga la responsabilidad de un alcalde cuando finalice su período, y si ha sido destituido por notable abandono de deberes, por falta de probidad o por cualquiera de las otras causales que la ley señale, quede suspendido del cargo a contar de la fecha de la notificación de la sentencia definitiva e inhabilitado para su desempeño. Lo más importante de la indicación es la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años, y no puede ser de otra manera, dado que si bien existen los tribunales, todos sabemos que la lentitud de la justicia, el tráfico de influencias o las presiones indebidas impiden que se actúe con la fuerza que se requiere para que el desempeño del cargo de alcalde sea limpio y transparente. Así, además, la comunidad sabrá que la ayuda que recibe no es del alcalde ni conlleva la obligación de entregarle el voto, porque el pueblo nuestro es agradecido y responde con su apoyo cuando alguien le tiende la mano. En definitiva, se abrirá una gran discusión del gobierno municipal. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista, quiero manifestar nuestro más absoluto apoyo al proyecto, pues, de alguna manera, forma parte de un anhelo de muchos años de la sociedad: elección separada de alcaldes y concejales. La experiencia histórica reciente desde que se volvió a la democracia demuestra que las modificaciones al sistema electoral para elegir tales autoridades a la larga han sido sólo de parche y no han resuelto un aspecto de fondo, que no es otro que las distintas comunidades aspiran a tener alcaldes y concejales que ejerzan sus cargos con la mayor legitimidad. Sin embargo, sólo se ha logrado un sistema de parche. Así, en la última elección municipal se utilizaron modos indirectos para elegir de manera directa a los alcaldes, mediante la fórmula de privilegiar a determinados candidatos. Por eso, de una vez por todas, el Congreso, particularmente la Cámara, debe dar un respaldo mayoritario a un proyecto de esta naturaleza. A mi juicio, corresponde actuar con mentalidad ganadora. La mantención del actual sistema significa una mentalidad de perdedor. Sólo quien piensa que nunca tendrá mayoría en el país puede defender un sistema que permite que las minorías ejerzan los cargos de elección popular como si fueran mayoría. En este sentido, espero que los partidos de Derecha la Oposición tengan ahora mentalidad ganadora, de mayoría, y piensen que alguna vez también pueden ser mayoría. Por consiguiente, necesitarán de un sistema de representación, particularmente a nivel comunal, que exprese esa mayoría. Por tanto, consideramos que la elección separada de alcaldes y concejales es buena y sana para el país y para los municipios, pues el hecho de que las nuevas autoridades comunales sepan que están ahí porque lo quiso la mayoría absoluta de los habitantes de su comuna, les permitirá ejercer su cargo en plenitud y con la certeza y confianza de que cuentan con la legitimidad necesaria para hacer todos los cambios y transformaciones que requieren sus comunas. Si uno hiciera como bien se señala en el informe de la Comisión un análisis de los resultados obtenidos en la elección del año pasado, podría constatar que en muchos municipios ejercerán la función de alcalde autoridades con un peso electoral insignificante desde el punto de vista de la representación popular. No tengo dudas de que esas autoridades tendrán serias dificultades de legitimidad y gobernabilidad para llevar adelante sus tareas y enfrentar los enormes desafíos que presentan cada una de las comunas. Respaldamos entusiastamente la iniciativa, porque creemos que este sistema de elección separada de alcaldes y concejales será bueno para el país. Además, no tengo dudas de que permitirá mejorar significativamente los canales de participación de la ciudadanía a nivel comunal. Por cierto, esta modificación no lo es todo. Todavía se requieren otros pasos importantes en materia legislativa y en el campo comunal y municipal, como la necesidad de que los concejales tengan muchas más atribuciones, a fin de que de sus tareas de fiscalización sean más rigurosas e intensas de lo que han sido hasta la fecha. De la misma forma, es importante tener presente que autoridades que representan los distintos concejos municipales y la Asociación de Municipalidades han manifestado su interés por que se mejoren las remuneraciones de los concejales. Creo que debemos acoger positivamente ese sentir. Si por un lado logramos un sistema electoral que permita a la gente elegir directamente a quien será su autoridad a nivel comunal y, paralelamente, que los concejales tengan mayores atribuciones para cumplir mejor con sus tareas de fiscalización, estaremos dando la posibilidad de que el día de mañana más personas se interesen en ser concejales en sus respectivas comunas. Y si, en tercer lugar, acogemos el planteamiento de la Asociación de Municipalidades en cuanto a mejorar las remuneraciones de los concejales, estaremos permitiendo, a la vez, tener concejales de mejor calidad. No debemos olvidar que muchos concejales de distintas comunas son personas que dedican parte importante de su tiempo a esta tarea de servicio público y social. Por consiguiente, parece justo y legítimo acoger la aspiración de que mejoren sus ingresos, porque, muchas veces, son los únicos que tienen. Espero que esta vez, en este Congreso democrático, tomemos una decisión en la dirección correcta: la posibilidad de elegir, de manera simultánea, pero separada, a los alcaldes y a los concejales, porque a eso aspiran los habitantes de las distintas comunas y es bueno para nuestro sistema democrático. Muchas veces nos preguntamos por qué un número importante de chilenos no participa en los procesos electorales. Se debe a que el sistema que tenemos no es claro, preciso ni transparente, lo cual desincentiva a la gente y lleva a que muchas personas no participen. Por ejemplo, en este mismo informe se señala es un dato que se debe tener en consideración que aproximadamente 3 millones y medio de potenciales electores no están participando en nuestras elecciones, sea porque casi dos millones de chilenos no están inscritos, sea porque votan en blanco o nulo. En mi opinión, con pasos de esta naturaleza estamos creando canales de participación y generando un entusiasmo electoral en el país, particularmente en el nivel comunal, lo cual permitirá que las autoridades sean elegidas con una votación que les dé la legitimidad necesaria para ejercer el cargo. Reitero que la bancada del Partido Socialista va a votar favorablemente esta iniciativa para elegir separadamente a los alcaldes de los concejales. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en verdad, en el debate que hemos tenido esta mañana he visto una carga que, a mi juicio, no enriquece la discusión. Consiste en satanizar lo que piensan y opinan los demás y, además, hacer lo mismo con un sistema que fue aprobado en esta propia Cámara. No hemos heredado el actual sistema de elección de alcaldes y concejales. Se dice que el sistema actual no es bueno porque las autoridades no tendrían legitimidad, ya que serían elegidas con pocos votos. Eso es absolutamente falso. Se expresa también que no hay un sistema de elección directa. Eso también es falso. Y aunque no fuera así y se efectuaran elecciones indirectas, recordemos que hay democracias, como la de Estados Unidos, en las cuales la elección es indirecta. ¿Acaso Estados Unidos es menos democrático que Chile? Por favor, digamos la verdad. Respeto lo que sostienen quienes están a favor del proyecto, así como también quiero que respeten mi opinión, por modesta que sea, porque estoy en contra de la iniciativa. Voy a dar las razones por las cuales estoy en contra. En primer lugar, todos los sistemas que se aprueban son democráticos. El actual, a mi juicio, es democrático, representativo y directo. Aquí, cuando se vota, se está eligiendo como alcalde al que saca mayor votación. Se afirma que no se sabe si la persona por quien uno vota terminará siendo elegida alcalde. ¡Obvio! ¿Acaso en el nuevo sistema saben quién saldrá elegido alcalde? Entonces, ¡por favor!, digamos a la gente cuál es la realidad. Creo que este proyecto contiene algunas cosas que podrían ser positivas, pero, en general, no hacen un gran beneficio al sistema democrático ni cambian radicalmente las cosas, y mucho menos y en esto, por supuesto, valoro pero no comparto la opinión del diputado Naranjo en el sentido de que este sistema atraerá a la gente a votar, a participar en la democracia, porque el existente sería el que permite que muchos jóvenes no se inscriban o no voten. Quiero decir al diputado Naranjo que mucha gente está alejada de las votaciones, porque no ha visto cambios en sus vidas ni en la realidad económica diaria. En lo personal, creo que este sistema es bueno. ¿Por qué? Porque cuando se produce la elección municipal, tanto los partidos políticos como los movimientos independientes ponen de candidatos a sus mejores personas, a los más capaces y honestos así lo creo verdaderamente, y cuando se produce una elección uno de ellos resulta ser el alcalde, y los demás, concejales. O sea, los mejores representantes de los partidos políticos y de los movimientos independientes quedan de concejales para ayudar al alcalde en la administración y poner a disposición de la comuna la mejor gente que tienen los partidos políticos e independientes. ¿Qué ocurrirá con este nuevo sistema? Que al haber elecciones separadas de alcaldes y de concejales, los partidos políticos y movimientos independientes propondrán a su mejor gente como candidatos a alcaldes porque no colocarán a los peores y cuando éste sea elegido, los demás se irán para la casa. O sea, la comunidad pierde, porque las personas más preparadas y capaces, que han obtenido una mejor votación, se irán para la casa. Y como si esto fuera poco, al separar la elección de alcaldes y de concejales, se presentará una calidad de candidatos a concejales muy baja. Aquí se dice que se quiere mejorar la calidad de los candidatos, pero no creo que alguien que se sienta con cierta capacidad vaya a postularse a concejal. Con esto, a mi juicio, se desmejorará la calidad de los concejales, porque la mejor gente que tienen los partidos políticos e independientes no participará para ayudar con sus ideas. Conozco concejos que trabajan en muy buena forma, y pienso que la mayoría lo hace así, porque los profesionales y gente capaz de la comuna que no fueron elegidos alcalde pero sí concejales, están cooperando con su alcalde. Y aunque tengan una opinión distinta, si no cooperan con él, lo fiscalizan. Y lo hacen bien, porque son personas capaces. En resumen, todos los sistemas tienen algo bueno y algo malo. No creo que éste sea ilegítimo. Aquí se ha planteado que se ha deslegitimado por el actual. Por el contrario, los sistemas pierden legitimidad cuando se están cambiando permanentemente, y éste no tiene más de cinco años. En mi modesta opinión, este proyecto le está ofreciendo mucho a la gente, pero no le dará lo que realmente quiere. Además, irá en perjuicio de las comunas, ya que no atraerá a la gente a votar, porque lo que en verdad les interesa es que quienes ellos eligen solucionen sus problemas. Y eso no se cambia con leyes, sino con la actitud de las personas. Si alguien tuviera un mal pensamiento, podría decir que, por el contrario, más que democratizar un sistema como el que se está planteando en este proyecto, los partidos políticos debieran alinear a su gente desde el centro del país, por la vía de llevar sólo candidatos de un sector, y ahí tratar de concentrar su votación. Este es tiempo perdido, ya que la gente es más inteligente que los partidos y vota por personas. Finalmente, espero que tengamos un debate en el cual todas las ideas sean bien consideradas, no se satanice la opinión de los demás ni tampoco se trate de hacer creer que este sistema es lo último de lo último. A mi juicio, lo que debió haber hecho el Ejecutivo fue presentar un proyecto que mejorara los problemas de este sistema, en vez de proponer un cambio absolutamente radical que, en mi opinión, deslegitima una situación estable. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la UDI, coincido con varias de las expresiones formuladas por el diputado Prokurica, las que nos llevan a votar en contra de este proyecto de ley. Aun cuando se trata de un tema importantísimo, pero no de primera prioridad, debemos dejar aclaradas algunas materias. Como bien decía el diputado informante, existen distintos sistemas electorales, todos democráticos, válidos y legítimos para generar las distintas autoridades, incluso a nivel comunal. Acá estamos ante una modificación que nos parece equivocada, que si bien va por un modelo legítimo, no considero que sea el mejor para nuestro país. De hecho, igual como pensaba el diputado Prokurica, el actual sistema tiene elementos importantes, y en la discusión en particular tendremos la oportunidad para analizarlo más en profundidad. Ahora quiero dejar planteadas cuatro o cinco dudas sobre el sistema que se está proponiendo. En primer lugar, nuestro actual sistema electoral es bueno, porque permite a la gente elegir entre muchos candidatos. El hecho de que tenga varias alternativas, con candidatos en todas las listas, pertenecientes a independientes y a diferentes partidos políticos es bueno, ya que constituye una opción para que la gente pueda decidir a quién elige. De lo contrario, y todos sabemos que así será, sólo habrá un pequeño grupo de 2 ó 3 candidatos a alcaldes elegidos por los partidos políticos o por los distintos movimientos. Como el diputado Prokurica se refirió a lo que ocurría en distintas regiones, puedo citar el caso de la comuna más austral de nuestro país, a la que incluso ayer le cambiamos de nombre: Navarino por Cabo de Hornos. En la elección recién pasada, la Alianza por Chile llevó un candidato y la Concertación priorizó a otro, pero resultó elegido alguien absolutamente distinto. Si bien era de la lista de la Concertación, la gente lo prefirió a él y no a los dos que les proponían los partidos. Y ese principio es conveniente, a pesar de que algunas personas legítimamente pueden preferir otro sistema. Es bueno que la gente sea la que elija entre la mayor cantidad de opciones posibles. No veo por qué no podemos tener un sistema como el actual, en que se presenta un grupo de personas importantes, amplio, y la gente vota por el que le gusta. Me parece excelente que los partidos políticos prioricen nombres, pero, en definitiva, la gente es la que elige a quien quiere como alcalde. Eso ocurrió en muchas partes. Es cuestión de pensar en la cantidad de candidatos priorizados por la Concertación y por la Alianza por Chile que no resultaron elegidos, porque la gente prefirió a otros dentro de sus mismas listas. En segundo lugar, más allá de este criterio, la ciudadanía es la que debe elegir, con las opciones más amplias y no con el sistema restringido que plantearán necesariamente los partidos políticos. En tercer lugar, el tema de la segunda vuelta tampoco es el más adecuado para nuestro sistema, porque basta con la mayoría razonable que fijó este Congreso hace unos años para ser elegido alcalde. No necesariamente se requiere la mayoría absoluta de los votos. En cuarto lugar, también coincido con el diputado Prokurica en lo que ocurrirá en las comunas pequeñas, que representan la inmensa mayoría del país. Es malo para los gobiernos comunales son casi dos tercios de las comunas del país que el segundo mejor, aunque haya obtenido la mayor cantidad de votos usando expresiones coloquiales se vaya para la casa. Es preferible que se quede en el concejo fiscalizando y colaborando con el trabajo del alcalde. Todos tenemos comunas pequeñas en nuestros distritos, pero en mi región hay municipalidades donde votan 300, 400 u 800 personas. Lograr conseguir candidatos ya es bastante difícil para ambos pactos; pero que el segundo mejor candidato se vaya para la casa, no me parece adecuado. Quizás podríamos trabajar la idea de que en un grupo importante de comunas que condensen cierta población, el segundo mejor candidato pueda quedarse de concejal, porque le hace bien al gobierno municipal contar con la mejor gente posible, especialmente en las comunas pequeñas, desde el punto de vista poblacional, por muy grandes que sean territorial mente. En quinto lugar, vemos que se está tomando una decisión muy importante al pretender eliminar el voto del alcalde en las decisiones importantes que toma el concejo. El diputado informante nos decía que se opta por un sistema en que uno propone y el otro decide, pero, en verdad, nuestro sistema municipal no está formado así. Esta disposición, que puede ser discutible, forma parte de una reforma mucho más importante del gobierno municipal, donde quedan más claros los balances y contrabalances que tiene el sistema. Si bien podríamos sospechar alguna intencionalidad política como se nos ha dicho a nosotros, no nos parece adecuado que se excluya al alcalde de las decisiones del concejo. No estimamos que sea correcto sin que se modifiquen paralelamente otras disposiciones. En general, nos parece que el proyecto es inadecuado. Haremos más observaciones en la discusión en particular. En todo caso, la posición de la Unión Demócrata Independiente en esta materia es votar en contra del proyecto de ley que se propone. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, por tener la experiencia de haber formado parte de las municipalidades con anterioridad al año 1973, puedo afirmar que en la elección de alcalde eran los propios integrantes, llamados regidores, quienes decidían el nombre, generándose una serie de vicios, entre ellos los cheques en garantía, los plazos y otros que la legislación posterior ha querido terminar de raíz. Sin embargo, en mi opinión, a través de la historia de las instituciones colegiadas, sólo hay dos alternativas. Como bien lo señala el informe trasunto de diversas legislaciones internacionales, para elegir a quién presidirá este organismo colegiado, votarán sus pares o directamente el soberano, que es el pueblo. Esas son las dos alternativas. Las otras alternativas que se han traducido en leyes durante los últimos once años, han sido consideradas como sistemas de carácter ingenieril contra natura; que obedecen exclusivamente a que, en el fondo, traten de escabullir el sistema binominal que nos fue impuesto. Recuerdo que antes de 1973, en la Confederación Nacional de Municipalidades, en la cual estaban representados todos los alcaldes y regidores de los distintos partidos políticos, existía un criterio unánime para que el alcalde fuera elegido directamente. O sea, el gran ideal de las municipalidades anteriores a 1973 era tener un alcalde elegido directamente por el pueblo y en forma separada de las elecciones de los demás integrantes. Hoy cumplimos con el propósito perseguido por este proyecto, que tiene la virtud de hacer transparente la elección municipal; porque todos los candidatos, desde el punto de vista constitucional y legal, lo son a concejales; no hay candidatos a alcaldes. Como bien se ha dicho, la gente tiene la opción de elegir entre muchas personas, pero sólo a concejales. Pero le agregamos, en las distintas modificaciones introducidas al sistema electoral, que el candidato que obtenga un determinado porcentaje de votos o que es del pacto más votado, será el alcalde; es decir, una serie de aditamentos que han transformado este proceso en algo que no es transparente para la ciudadanía; porque ocurre en estas campañas electorales recientes que algunos asimilan su calidad de concejales y postulan a ella, y otros dicen: “Somos candidatos a alcaldes”; pero, en definitiva, son todos candidatos a concejales. Será esa ingeniería electoral que hemos elaborado en estos once años la que, por no haber tampoco una mayoría clara, se ha ido consensuando para salir del paso. Y llegamos a esta falta de transparencia, en la que los partidos políticos, los que realizan o confeccionan las listas de candidatos, saben que tal persona es la que disputará el cargo de alcalde, y para doblar la voluntad de la ley, todo el resto postulará a concejales. Éstos se han denominado privilegios. ¿Quién es el candidato privilegiado? En este país, la Constitución dice que no hay privilegios y que todos son iguales. O’Higgins hizo retirar, en su tiempo, los escudos de armas, suprimió los títulos de nobleza y terminó con los privilegios. Pero acá hay privilegios. Entonces, los partidos políticos dicen: “Este es el candidato privilegiado”, y ello viene a ser una especie de tradición cuando un candidato, en su propaganda, publica que también lo es a alcalde. En consecuencia, produce división y efectos nocivos para la verdadera fraternidad o hermandad que debe existir al interior de los partidos políticos entre quienes postulan a un cargo. En cambio, con este sistema se hace transparente. La persona sabe quiénes son los candidatos a alcalde, y el propio postulantes sabe que él será candidato a alcalde o a concejal y actuará en conformidad con esta virtud de la transparencia y no conforme a esta simulación que vemos todos los días. Algunos señalan: “Mire, este sistema será malo, porque los partidos políticos van a hacer las listas y a decir quiénes serán los candidatos a concejales y a alcaldes”. Creo que ése es un argumento hipócrita, porque los partidos políticos están consagrados en nuestra Constitución para que conduzcan a esas corrientes de opinión, ejerzan esas facultades de cooperar con el sistema democrático designando a los que estiman como las personas más convenientes; porque las personas que son buenos candidatos, uno los puede mirar desde el punto de vista de sus virtudes personales: es muy preparado, muy serio, muy responsable, pero también debe tener otra cualidad: haber tenido una participación social para llegar a todas las personas. En consecuencia, todos esos candidatos tienen virtudes. Uno conoce a muchas personas que contradicen los ejemplos que se han dado: que quieren colaborar como concejales asistiendo a las sesiones, preocupándose de los problemas, estudiándolos, pero no asumiendo el cargo de alcalde, es decir, de administración y de dirección, que supone enormes responsabilidades. Nuestra Constitución señala que el alcalde es un funcionario. Eso implica que él, si bien va a tener poder, asume la carga de toda esta legislación, de toda esta mochila de legislación de control y de responsabilidades y deberes de los funcionarios públicos, que nacen del Código Penal, de la Contraloría General de la República, de los estatutos de probidad, del Estatuto Municipal, etcétera; una docena de leyes que no asumen el resto de las personas que participan en este órgano colegiado. Muchas personas deciden colocarse en esa perspectiva. En consecuencia, desde ese punto de vista, el propuesto también es un sistema mucho más transparente. Se ha dicho que esto va en desmedro del resto de las personas, porque la ciudadanía pretende que lleguen los mejores a las municipalidades. Ese sistema existe. Y hoy, cuando los partidos políticos proclaman un candidato a alcalde, o se conciertan para presentarlo, no hay duda de que se hace asumir al resto de los candidatos la certeza de que no podrán ser alcaldes. Cuando se aduce que van a postular las mejores personas, ese argumento es absolutamente relativo, porque ya en el sistema actual existe la misma calificación. Quiero comentar saliendo de estas ideas generales las modificaciones al artículo 60, que glosara el diputado señor Waldo Mora. Me parece interesante la idea. La comparto. Sin embargo, tengo algunas dudas de carácter constitucional; porque, curiosamente, la Carta Fundamental establece que los alcaldes y concejales permanecen cuatro años en sus funciones. Pero en ninguna parte dispone que esa calidad se suspende o se pierde en determinadas circunstancias. Eso lo hace una ley aparte. Entonces, pregunto ¿si una persona que no ha cometido delito, sino anomalías o irregularidades por ejemplo, se le olvidó firmar un documento o creyó que era una segunda copia, en circunstancias de que era el original, cometió irregularidades administrativas? Esa persona puede ser acusada por faltas graves; va al tribunal de justicia electoral, donde en primera instancia acogen el requerimiento en su contra, y resulta que allí acontece lo inédito: que a esa persona se le aplica una pena de suspensión sin haber sentencia a firme o ejecutoriada. ¿Es acaso ése un debido proceso?, ¿no está en juego allí lo que aprobamos en los tratados internacionales y en la Carta Fundamental sobre la presunción de inocencia?; ¿se va a indemnizar a ese alcalde suspendido en primera instancia si posteriormente el Tribunal Calificador de Elecciones, en segunda instancia, revoca la sentencia?; ¿se le va a reparar el daño?; ¿habrá alguna acción para que se proceda en esa forma? Para adoptar una decisión de tan alta importancia, como lo es acoger la destitución de un alcalde por notable abandono de deberes o por incumplimiento grave, como aquí se señala, y para que tenga seriedad, debe haber, en mi opinión, una sentencia a firme o ejecutoriada. De lo contrario, estaríamos trastrocando nuestro sistema; porque cuestión muy diferente es que no se trate de una falta administrativa que implique un delito, sino que se trate de un delito; y cuando se configura un delito que merece pena aflictiva, nuestra Constitución lo suspende no sólo de la calidad de alcalde, sino también de la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. Y si esa persona está suspendida, ya no por el cargo que ejerce, sino por el delito que cometió y se le aplican medidas de esa naturaleza, no cabe la menor duda de que, al decirlo nuestra Constitución, existe toda una legitimidad al respecto; consecuentemente, tampoco puede ejercer un cargo de elección popular. Por otro lado, es cierto que cuando los funcionarios de la más alta investidura son acusados constitucionalmente, y el Senado, en su calidad de jurado, los destituye, no pueden asumir ningún cargo lo dice la Constitución, pues quedan suspendidos por cinco años. Sin embargo, en este caso se traspasa a la ley orgánica constitucional de Municipalidades un precepto que en los casos de elección popular sólo está consignado en la Constitución. Formulo estas observaciones no porque esté en contra de la idea de legislar sobre la materia, sino porque creo que hay que perfeccionar estas normas. Me merecen dudas de constitucionalidad; en consecuencia, debemos pensar en la estabilidad de nuestras instituciones. Si acusamos a nuestros alcaldes a troche y moche por ésta o aquella irregularidad, la mayoría de las veces resultará que los cargos sólo tendrán como fundamento argumentos o razones de oportunidad política. En definitiva, votaré favorablemente el proyecto. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, los partidos políticos llevamos muchos años haciendo mezquinos cálculos partidistas, una especie de ingeniería electoral, y no nos hemos preocupado de la ciudadanía, porque los cálculos nos dan como resultado que cada partido obtiene más candidatos o más concejales o más alcaldes. Como éste es el momento del cambio, resulta oportuno el proyecto en análisis. La elección directa de alcaldes evita distorsiones. En la actualidad uno vota por la persona que desea como alcalde y al final ella sólo es elegida como concejal, lo que produce una confusión; es decir, hay una especie de premio de consuelo. Ahí hay una clara deslegitimación del cumplimiento de las obligaciones de esas personas. Al revés de lo que planteaban los que se oponen al proyecto, hoy se pierden personas capaces, a las que cuesta convencer para que sean candidatos; finalmente aceptan. Como no son elegidos alcaldes, abandonan ese cargo y no son concejales. En la medida en que tengamos elecciones directas, quienes deseen ser alcaldes tendrán claro que si pierden deberán esperar otra oportunidad, y los que postulen a concejales aceptarán el cargo. Se ha criticado no sin razón que el sistema actual de elecciones conjuntas de alcalde y concejales presenta el inconveniente de que la ciudadanía no tiene claridad al votar. Eso es así. No se sabe si se vota concretamente para elegir a un alcalde o a un concejal; también ocurre que al postular todos los candidatos a los mismos cargos y ser luego electo sólo uno de ellos, finalmente, el alcalde, se crean rivalidades, las que después redundan negativamente en la relación entre el concejo y el alcalde, y afectan en muchos casos gravemente la administración del municipio. Para comprobar eso, basta observar muchas municipalidades. Conozco varios casos donde el alcalde ha obtenido más del 40 por ciento de la votación; sin embargo, tiene en su contra a todo el concejo. Entonces, la legimitación obtenida a través del voto ciudadano se pierde, porque finalmente los concejales, que son alcaldes frustrados, se dedican a hacerle la vida imposible al alcalde, y eso me parece negativo. Con el proyecto profundizaremos la democracia, aun cuando debemos ordenar varios aspectos de ella, uno de los cuales es la elección directa de alcaldes. Ahora bien, no me parece suficiente la elección directa si no va acompañada, por ejemplo, de una verdadera autonomía. La autonomía financiera es muy importante. Aunque la elección directa de alcaldes me parece una buena iniciativa, deberíamos, para dejar de parchar la ley municipal, aprovechar de avanzar un poco más en la autonomía municipal, que en la actualidad es bastante deficiente. Me parece un exceso la segunda vuelta. Creo que la mayoría relativa ya es una buena señal, y de alguna manera recoge fehacientemente la voluntad ciudadana. Deseo pedirle al ministro del Interior no sé si está presente el subsecretario que revisemos lo de la segunda vuelta; de esa manera, tal vez podríamos consensuar algunos aspectos y sumarnos muchos más al proyecto. Respecto de la oportunidad, para quienes se oponen permanentemente a una iniciativa, sea la que fuere, nunca será oportuno legislar. Es así como quienes se oponen a esta ley no la consideraron oportuna el año pasado, porque había elección de concejales. Concluyó la elección; pero hoy tampoco encuentran oportuno legislar por equis razones. Creo que las votaciones de alcalde y concejales deben ser distintas y efectuarse en un solo acto eleccionario. Tendremos cédulas separadas de votación; por ahí escuché decir a un colega otra cosa, pero está profundamente equivocado. Hoy se utiliza una sola cédula. Si se aprueba el proyecto, utilizaremos dos cédulas; es decir, se trata de dos elecciones diferentes, tal como sucede cuando se eligen diputados y senadores. Por último, estamos dispuestos a revisar el tema de la segunda vuelta. Nuestro partido no tiene una postura oficial, pero entiendo que al menos 15 ó 16 diputados aprobaremos el proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señores diputados, se ha cumplido el tiempo destinado a la discusión del proyecto. No alcanzaron a hacer uso de la palabra los diputados señores Felipe Letelier, Edgardo Riveros, Leopoldo Sánchez, Exequiel Silva, Gustavo Alessandri, Salvador Urrutia, Carlos Vilches y Ricardo Rincón. Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, el Comité del Partido por la Democracia no alcanzó a hacer uso de la palabra. En consecuencia, además de los diputados inscritos, pido que se le den unos minutos para intervenir. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, consulté a los parlamentarios de su partido que están inscritos y al Comité Radical, que tampoco ha hecho uso de la palabra, y me señalaron que estaban dispuestos a no intervenir en esta oportunidad para cumplir en buena forma la hora fijada para votar, en la medida en que la discusión continúe el próximo martes en particular. En consecuencia, pueden insertar sus discursos los parlamentarios que no alcanzaron a hacer uso de la palabra. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Interior señor José Miguel Insulza. El señor INSULZA (Ministro del Interior).- Señor Presidente, dado que hay diputados que no han podido hacer uso de la palabra, no voy a abusar de su paciencia. Sin embargo, debo decir dos cosas. En primer lugar me remito a lo que señaló el diputado señor Longton, el año pasado se hizo ver que no era el momento adecuado para presentar un proyecto de esta naturaleza por ser un año de elecciones, y que, aun cuando no iba a regir la ley en forma inmediata, no era bueno dar la señal de que se estaba cambiando la forma de elección de alcaldes. Sin embargo, pienso que éste es el momento apropiado para discutir el tema, porque no hay elección de alcaldes hasta cuatro años más; sobre todo porque el año pasado el proyecto contaba con mucho asentimiento en la medida en que fuera presentado después de la elección, cosa que se está haciendo. Por otro lado, se han planteado aquí algunas ideas interesantes; por ejemplo, en cuanto a lo señalado por el diputado señor Longton respecto de la segunda vuelta, efectivamente el Ejecutivo, en el Senado, manifestó disposición y flexibilidad para discutir el tema, y en esta ocasión no queremos cambiar de posición. A nosotros nos parecía razonable una segunda vuelta; pero si existe el ánimo de buscar un acuerdo más amplio, estamos por ese criterio; porque aquí lo básico es lo que señalaron algunos diputados: se pueden buscar mecanismos distintos está en el informe del diputado señor Palma, don Joaquín, porque hay países donde se elige a través del concejo y hay otros en los cuales se elige directamente; en ambos casos la ciudadanía sabe cómo se está eligiendo. En Chile, muchas veces la gente no sabe si está votando para un alcalde o para un concejal; por eso se da gran cantidad de votos nulos, ya que hay personas que votan dos veces, porque creen que deben sufragar para alcalde y para concejal. Eso demuestra que muchas veces la gente no entiende de qué se trata; y cuando se le pide al electorado que elija, es muy importante que sepa a quién y para qué va a elegir. Por eso, creemos que esta separación es sana y democrática; además, permitirá sin criticar absolutamente a ninguna de las personas muy meritorias que hoy trabajan en los concejos mejorar en forma sustantiva la calidad de los concejos, en la medida en que hay mucha gente del mundo empresarial, sindical, etcétera, dispuesta a postular al cargo de concejal, pero que no tiene tiempo para competir por las alcaldías. Cuando la concejalía es vista como un cargo residual, perder la elección como candidato a alcalde no es un estímulo para mejorar la calidad de los concejos. No quiero dar más argumentos, pero creo que en esta materia debemos ser consecuentes con lo que se señaló anteriormente, aprobando esta iniciativa. Por su parte, el Ejecutivo estará disponible para buscar el mecanismo que más consenso concite entre los señores diputados respecto de la mejor forma de llevar a cabo la elección separada de alcaldes y concejales. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García para un asunto de Reglamento. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, entiendo que la votación será para votar en general la idea de legislar, pues el proyecto debe volver a la Comisión respectiva para su análisis en particular. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es, señor diputado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. Aplausos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Ibáñez, Leay, Molina, Recondo y Ulloa. Se abstuvieron los diputados señores: Fossa, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro. VI. PROYECTOS DE ACUERDO SUBSIDIO SERVIU PARA VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE 1997 EN LA CUARTA REGIÓN. El señor MORA (Vicepresidente).- El señor Álvarez, Prosecretario accidental, dará lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 519, de los diputados señores Encina, Felipe Letelier y la señora Adriana Muñoz. “Considerando: 1.Que en el año 1997 un sismo de gran magnitud causó graves daños materiales en la IV Región, resultando miles de personas damnificadas; 2.Que dicho movimiento telúrico significó que muchas personas quedaran sin hogar, razón por la cual el Banco del Estado debió otorgar préstamos a los damnificados, con el fin de que éstos contaran con recursos para reparar sus viviendas; 3.Que en la comuna de Ovalle fueron beneficiadas 2.127 personas con un préstamo otorgado por la entidad bancaria antes mencionada, por un total de $ 1.705 millones de pesos; 4.Que de esa cifra, alrededor de 1.055 personas se encuentran al día en el pago de sus cuotas; 5.Que las restantes personas registran diversos niveles de morosidad en sus créditos. Es así como 716 personas registran un atraso de menos de 90 días, 50 personas se han atrasado en el pago de sus cuotas por más de 90 días, a 19 personas el cobro de sus créditos se ha trasladado a sede judicial, y el crédito concedido a 207 personas se encuentra como deuda castigada por el Banco; 6.Que a raíz de la crisis económica que atravesó el país, de la cual aún no se ha recuperado a cabalidad, muchos compatriotas perdieron sus fuentes de trabajo, ocasionando la consiguiente morosidad en el pago de sus deudas; 7.Que las personas que solicitaron un préstamo al Banco del Estado para reparar los daños que sufrieron sus viviendas a raíz del terremoto del año 1997, fueron marginadas del subsidio que otorgó el Serviu a aquellos pobladores damnificados por el sismo, subsidio gratuito no retornable que alcanzó a llegar a las 40 unidades de fomento por vivienda; 8.Que parece justo otorgar a todos quienes sufrieron las consecuencias del sismo del año 1997 igual tratamiento, y no marginar del beneficio del subsidio otorgado por el Serviu a quienes, preocupados por reparar rápidamente sus viviendas, optaron por la vía del crédito bancario para financiar estas reparaciones. En virtud de lo expuesto, el diputado abajo firmante viene en proponer el siguiente proyecto de acuerdo: 1. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que adopte las medidas pertinentes con el fin de que se otorgue a las personas que solicitaron un préstamo al Banco del Estado para reparar los daños sufridos por sus viviendas, a raíz del sis mo del año 1997, un subsidio equivalente al que recibieron aquellos damnificados que fueron beneficiados por el subsidio Serviu no retornable (gratuito)”. El señor MORA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, el diputado señor Patricio Walker también patrocina este proyecto de acuerdo. El sismo de 1997 significó la destrucción de la mayor parte de las viviendas de la Cuarta Región, sobre todo de las más antiguas, lo que se concentró principalmente en las provincias de Limarí, Choapa y Elqui. Sin embargo, el Gobierno, en forma muy rápida, puso a disposición de los damnificados varios instrumentos, entre los cuales estaba, en primer lugar, un crédito del Banco del Estado; posteriormente, el Ministerio de Vivienda, mediante una resolución, otorgó un subsidio para la reconstrucción de las casas afectadas. Por todos es sabido que, a raíz de la crisis económica que ha afectado principalmente a dicha región, muchas de las personas que accedieron al crédito bancario no han podido cumplir con sus obligaciones. Por el proyecto se solicita que las personas que accedieron al crédito bancario en condiciones distintas de las que recibieron el subsidio después, obtengan un aporte igual al subsidio entregado por el Serviu. El proyecto busca la igualdad respecto de un tema que fue conversado con muchos ministerios, pero que hasta la fecha no ha tenido solución. Por eso, resulta indispensable que el Ejecutivo acoja nuestra iniciativa a fin de poder solucionar un problema que arrastran miles de familias durante tanto tiempo. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, ratificando lo dicho por el colega Encina, cabe hacer presente que esta situación es de suyo dramática para más de 2 mil personas de la Cuarta Región, todas de comunas muy pobres, que viven prácticamente del ganado caprino y de una minería en decadencia. Esas personas se encuentran en una situación muy dramática y se verán afectadas si hoy no aprobamos el proyecto sobre patentes mineras. Hay también muchos deudores de la tercera edad que, aunque están al día en sus pagos, deben afrontar con sus menguadas pensiones, de 34 mil, 35 mil y 50 mil pesos mensuales, cuotas de alrededor de 25 mil pesos mensuales por concepto de este crédito. Además, esa gente sufre una discriminación por parte del Ministerio de Vivienda, en el sentido de que hoy no puede postular a ningún otro subsidio, aunque nunca lo haya intentado antes, para continuar con la reparación de su vivienda es comprensible que con 800 mil o un millón de pesos no es posible restaurar antiguas viviendas de adobe que sufrieron daños de magnitud, como consecuencia del terremoto de 1997, por el hecho de haber recibido un préstamo. Como esta situación insisto es sumamente discriminatoria y dramática para miles de personas, solicitamos a la honorable Sala que apruebe el proyecto. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor MORA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Ascencio, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Encina, Fossa, Gutiérrez, Jaramillo, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Mesías, Molina, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Prokurica, Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma para plantear un punto de Reglamento. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, hace varias sesiones que está en carpeta el proyecto de acuerdo Nº 515; sin embargo, hemos tratado otros que fueron presentados posteriormente. ¿Podría explicarme por qué no se ha tratado aún? El señor MORA (Vicepresidente).- Se lo explico de inmediato. La autora de ese proyecto de acuerdo pidió la suspensión de su tratamiento. El señor PALMA (don Andrés).- Entonces, señor Presidente, tiene que ser retirado de la Mesa. Fue suscrito por cuatro diputados, pero no lo hemos visto. Si es tan importante, corresponde tratarlo. El señor MORA (Vicepresidente).- La petición fue hecha hoy, señor diputado, y, de acuerdo con la tradición de la Cámara, siempre se accede a ese tipo de peticiones. Por eso, la materia ha quedado pendiente para más adelante. El señor PALMA (don Andrés).- Es decir, fue retirado hoy. El señor MORA (Vicepresidente).- No fue retirado. Se pidió su suspensión para ser tratado en la próxima sesión. El señor PALMA (don Andrés).- Pero eso no es reglamentario, señor Presidente. Puede ser una tradición impuesta por usted desde que es Vicepresidente. El señor MORA (Vicepresidente).- Señor diputado, el señor Secretario me dice que así lo establece el artículo 113 del Reglamento. El señor PALMA (don Andrés).- Muchas gracias, señor Presidente. El señor MORA (Vicepresidente).- Gracias a usted, señor diputado, por su preocupación. READECUACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES ASISTENCIALES. El señor MORA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 520, de los señores Encina, Rojas, Valenzuela, Montes, Juan Pablo Letelier, Ojeda, señora Adriana Muñoz, y señores Aníbal Pérez, Masferrer y Olivares: “Considerando: 1.Que el requisito para optar a pensión asistencial Pasis es ser carente de recursos, entendiéndose como tal un ingreso personal o familiar inferior al 50% de la pensión mínima. 2.Que la inserción laboral de las personas que cuentan con una discapacidad tiene características de variabilidad, inestabilidad y corta permanencia en el tiempo, lo que implica que al haber cesado este beneficio deberá iniciar todo el proceso de postulación, con el consecuente tiempo de espera que, en ocasiones, supera el año. 3.Que, debido a esta particularidad, las personas beneficiarias de las Pasis que trabajan no pueden formalizar su empleo, ya que al hacerlo acreditan cotizaciones, declarando un ingreso superior al permitido, lo cual los conlleva a renunciar a dicho beneficio. 4.Que tras esta medida se ha incentivado el empleo informal o ilegal, perpetuando una automarginación de los sistemas de seguridad social tradicional y de una continuidad en la línea de la pobreza dependiente de la red asistencial del Estado, por cuanto los ingresos del Pasis son considerablemente inferiores al ingreso mínimo legal que obtendría en un empleo formal. 5.Que a pesar de registrarse el año pasado 852 postulantes hábiles en lista de espera, la deficiencia de cupos debido a la escasa cobertura existente sólo alcanzó a cubrir el 10% de la demanda total. 6.Que las personas con invalidez física o sensorial superior a los 2/3 deben haber cumplido 18 años para acceder a este beneficio. 7.Que el período entre la fecha de envío y la de resolución va desde los 5 a 19 meses, estableciéndose una espera promedio de 13 meses, que no sólo va en desmedro del postulante, sino que también engrosa la lista de espera en el Compin y, en la práctica, no es considerado por la Superintendencia de Seguridad Social. 8.Las personas inválidas, ya sean discapacitadas física o mentalmente, requieren de medicamentos o dietas alimenticias que permitan mantenerlas con un adecuado estado de salud, lo que, por supuesto, genera un gasto familiar extra con el que por lo general no se cuenta. Por tanto, la pensión viene a satisfacer dicha necesidad. Por tanto, en virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes venimos en proponer a la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo: 1.Se solicita que el beneficio Pasis, al momento de ingresar al mercado laboral, se suspenda de forma automática e indefinida, reactivándose cuando el pensionado pierda su trabajo, situación que deberá ser acreditada mediante la presentación de un finiquito en las sucursales del INP. 2.Se solicita, a su vez, asignar un mayor número de nuevas pensiones a decretar mensualmente que, a lo menos, cubra un 40% de la demanda que se incrementa mes a mes. 3.Se solicita estudiar las modificaciones legales correspondientes que permitan la asignación diferenciada de pensiones asistenciales por origen legal, por cuanto actualmente la distribución de este beneficio se otorga sólo de acuerdo al puntaje de estratificación social, generándose situaciones como las acontecidas en el último proceso, donde se concedió un 11% por pensión por invalidez, 2,3% por deficiencia mental y un 86,7% por vejez. 4.Se solicita modernizar el sistema de certificación médica, esencialmente el Compin, automatizando los procesos y aumentando no sólo el personal administrativo, sino que también los profesionales especialistas. 5.Se solicita aumentar las horas de atención médica en los hospitales, centros de salud y postas rurales, con el objeto de realizar a tiempo los diagnósticos necesarios. 6.Se solicita realizar las modificaciones legales correspondientes que equiparen las condiciones de accesibilidad a la de los deficientes mentales, vale decir, no exigir límites de edad para su postulación”. El señor MORA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- No se ha alcanzado el quórum necesario. Se va a llamar a los señores diputados por 5 minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario. El señor MORA (Vicepresidente).- En votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MORA (Vicepresidente).- Por no alcanzarse nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 520 hasta la próxima sesión. VII. INCIDENTES ACCIÓN MANCOMUNADA DE LA COMUNIDAD ANTE DESBORDE DEL RÍO LOA. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el turno del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, me referiré a una situación que ocurrió recientemente en el distrito Nº 3, Segunda Región, y que aún no termina. Quienes somos parlamentarios por esa región y, especialmente, del referido distrito, debemos sentirnos orgullosos de cómo se enfrentó un momento muy difícil que se sufrió allí como consecuencia de la dramática subida del río Loa, que desbordó hacia la ciudad de Calama experiencia que no se había vivido desde hace muchas décadas, y, en general, de los efectos del invierno altiplánico que afectaron no sólo a Calama, sino que, también, gravemente, a los pueblos del interior. Incluso, el corte del agua que sobrevino afectó a la población de toda la región. Estoy consciente de que este sentimiento de orgullo que nos embarga tiene que ver con la actitud de la gente y muy en especial, con la participación y apoyo de nuestras autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Creo que esto es importante, porque habitualmente elevamos nuestra voz más bien para hacer notar las debilidades, las insuficiencias, lo que no se ha hecho bien; pero, en esta oportunidad, el trabajo mancomunado fue realmente notable. Sin duda, en él jugó un papel fundamental la comunidad. Diría que la experiencia fue apreciar esa unidad de esfuerzos, donde junto a las autoridades estaban las instituciones. Claro, estaban presentes las instituciones: el Ejército, el Cuerpo de Bomberos, Carabineros, los servicios de Salud y Codelco; pero también los periodistas y nuestra gente que sufrió el embate de la naturaleza y que respondió con gran iniciativa, fuerza, energía. Estaban allí los jóvenes motivados para entregar una tremenda solidaridad. Era emocionante verlos sacar el barro de las casas y calles. Pero tengo deseos de transmitir un sentimiento. Fue para mí especialmente emocionante ver a nuestro Ejército, a nuestros jóvenes conscriptos y oficiales trabajando, sonriendo y dialogando. Les quiero decir, sinceramente, que fue muy conmovedor recordar las experiencias que viví con mi padre, de quien siempre me sentí muy orgullosa, quien fue, como muchos de ustedes saben, un gran general del Ejército de Chile. Bueno, digo esto, porque, más allá de las dificultades, hubo gran retraso en reponer el agua; temores de que hubiera una segunda crecida, y todavía hay una serie de problemas pendientes que se están abordando. No sé si vamos a ser capaces de afrontar las dificultades estructurales. Aquí existe un problema gravísimo relacionado con nuestro oasis, con nuestro río. En el fondo, éste se desbordó como consecuencia de irresponsabilidades de los seres humanos, quienes no hemos sido capaces de proteger en debida forma un oasis que tenía 4 mil hectáreas y hoy sólo tiene 800 hectáreas; de respetar los cauces de un río que se desbordó; de proteger suficientemente a los agricultores debido a esa restricción del oasis. Los pueblos del interior de Calama ya no realizan la limpieza tan tradicional y tan linda, de los canales; por consiguiente reitero, el río se desbordó y ocupó sus cauces naturales, que ahora son calles de la ciudad. Indiscutiblemente, tenemos que asumir todo eso, como también el tema de Essan, en cuanto a la necesidad de construir una represa en el río Salado y varios otros aspectos sobre los cuales conversamos los diputados que estuvimos allí. Mi colega Waldo Mora y yo tendremos que analizarlos con el resto de los parlamentarios de la región, porque los problemas son, indiscutiblemente, regionales. Concluyo diciendo que, en esta oportunidad, nuestras autoridades y, específicamente, nuestro ministro del Interior, merecen conocer la valoración que hacemos de la participación comunitaria. Todo ello no habría sido posible si no hubiera existido el espíritu unitario de abrir espacios y de que todos estuviéramos ahí juntos, empujando hacia delante. Creo que esa capacidad de unión en momentos de dificultades, de abrir espacios, de sentir que debemos poner en el centro una actitud constructiva lo cual de ninguna manera significa no reconocer lo que está mal; no dejar abiertos aquellos temas más de fondo que vamos a tener que discutir y sobre los cuales, a lo mejor, tendremos diferencias; de mostrar espíritu de mística; de unidad de equipo de trabajo encabezado no quiero dejar de mencionarlo de manera notable por nuestro intendente regional, don Alfonso Dulanto, merece ser reconocida y destacada por nuestras autoridades nacionales. Por ello, solicito que esta intervención se envíe a los señores ministro del Interior, subsecretario del Interior y subsecretario de Desarrollo Regional. Muchas gracias. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se procederá en los términos solicitados por la señora diputada. En el turno de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señor Presidente, antes que todo, quiero desear, de todo corazón y con mucha sinceridad, un feliz cumpleaños a la diputada Fanny Pollarolo, y pedirle a Dios que la tenga muchos años más junto a todos nosotros. Quiero referirme al mismo tema. Ambos somos diputados por el distrito Nº 3. La prensa nacional ha informado acerca de un acontecimiento que estremeció a la ciudad de Calama, a los pueblos de sus alrededores, como San Pedro de Atacama y Ollagüe, y a todas las comunidades, especialmente indígenas. De igual modo, quiero destacar la eficiente labor que realizaron las autoridades regionales y provinciales; por lo demás, es su obligación. Desde el primer día de los hechos, el señor intendente estuvo presente en el lugar, junto con el gobernador provincial, señor Francisco Segovia, y operó el comité de la Onemi, a nivel regional y provincial, para acudir con prontitud en ayuda de los damnificados de esta calamidad, como consecuencia del invierno boliviano, que siempre se ha manifestado, desde que tengo uso de razón. Quiero destacar la voluntad del Ejército, a través de la persona del general Izurieta, con quien tuve oportunidad de conversar el 1 de marzo, ocasión en la cual le solicité la colaboración de su institución para enfrentar esta tragedia. Él dio la orden de inmediato, no sólo a los regimientos de Calama y Chuquicamata, sino también de Antofagasta, de que dispusieran lo que fuera necesario, especialmente camiones aljibe para repartir agua. También quiero agradecer la buena disposición del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, a quien el domingo le solicité el envío de un helicóptero, que no existe en la zona, para hacer un reconocimiento aéreo al interior de los pueblos precordilleranos, donde no es posible llegar, de modo de saber en qué condiciones se encontraban y entregarles víveres y ayuda. Asimismo, deseo hacer un reconocimiento a la comunidad, a la juventud, a la Defensa Civil, a los Bomberos, a los medios de comunicación, por su colaboración prestada, y, en especial, a Codelco, que distribuyó materiales y agua para paliar el problema. ANTECEDENTES EN RELACIÓN CON EL EMBALSE CONCHI. Oficio. El señor MORA.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un hecho muy grave. Calama no registra en su historia una tragedia como la ya comentada. En la ciudad corrían rumores de que era previsible y pudo haberse evitado. Sin embargo, para que no quede el rumor, solicitaré el envío de varios oficios, pero antes quiero relatar los hechos. En la provincia de Calama se ubica el embalse o tranque Conchi, construido para acumular agua de las lluvias del invierno boliviano en una zona desértica. El Loa es el río más largo de Chile y el que menos agua tiene; pero dicho embalse, que permite disponer de 22 millones de metros cúbicos para la agricultura y la minería, el 28 de febrero se llenó en forma natural, y el 1 de marzo, a las 3 de la madrugada, se abrieron sus compuertas automáticamente, sonaron las alarmas para prevenir a la comunidad y se desbordó evitándose que colapsara. Según una carta que me envió el profesor de Estado señor Gerardo Castro Cortés, y lo expresado por un ingeniero hidráulico que me entregó antecedentes pero me pidió reserva de su nombre por razones obvias, además de lo que dicen los pobladores más sabe el diablo por viejo que por diablo que viven en los pueblos precordilleranos y sufren todos los años el drama del invierno boliviano, hubo negligencia funcionaria en la administración del tranque. Ese rumor se propagó por la ciudad y provocó gran incertidumbre. Como tengo el defecto de investigar para que las cosas anden bien, hice consultas, traté de averiguar al respecto; pero mis consultas no han sido respondidas en forma satisfactoria y me quedan algunas interrogantes. La tragedia pudo ser muy grande, porque si el embalse colapsa, la ciudad de Calama desaparece. Los canales de regadío estaban tapados con basura, muebles viejos, piedras, etcétera. ¿Quién es responsable de su limpieza? Los canales se desbordaron porque estaban obstruidos por la acción del ser humano. No hubo prevención ni mantención. Se trata de canales privados y alguien debe responder. No es posible que sólo se usufructúe de las aguas para uso agrícola. Todos sabemos que ese elemento vital es escaso en la zona; sin embargo, dicho tranque acumulan cinco millones de metros cúbicos de agua que no pertenecen a nadie. Por eso, solicito que se oficie a la Dirección de Obras Hidraúlicas a fin de que nos responda sobre las siguientes interrogantes: ¿A quién pertenecen esos cinco millones de metros cúbicos de agua? ¿A quién y cómo se entregan? ¿Quién los utiliza? ¿Se venden? ¿Se aprovechan? ¿Son aguas clandestinas? Solicito también que nos informe si existe algún responsable de la administración del tranque que pudo haber evitado el desastre. En la zona de Calama está lloviendo desde mediados de diciembre y los pronósticos del tiempo indicaban que continuaría lloviendo. ¿Acaso lo sabían las autoridades encargadas de la administración del tranque? ¿Por qué no lo desaguaron dos semanas antes, en forma promediada, para evitar una tragedia? La ayuda del Estado, de los gobiernos regional y provincial fue eficaz y oportuna. Se han dispuesto 150 millones de pesos para ese efecto. Estamos haciendo lo que nos corresponde; pero insisto también debemos asumir, públicamente, esas inquietudes. Que nos respondan si hubo negligencia. No estoy culpando a nadie; sólo pido que se investigue e informe a través de los oficios correspondientes, porque algunas de las interrogantes son bastante exactas. Por ejemplo, el caudal del río Loa es de mil litros por segundo y si toda esa agua se entrega a los agricultores y usuarios, no tiene sentido construir un embalse. El criterio que se adoptó fue retener las crecidas como consecuencia del invierno boliviano y así obtener agua no cuantificada y susceptible de ser usada en períodos de sequía. Por lo tanto, la única crecida del río Loa que se puede notar en esta época es la del río Salado, que se junta con él aguas abajo del pueblo de Chiuchiu. Ahora, para destruirse el puente de acceso al pueblo debió haber llovido copiosamente, de manera inimaginable, en el tranque y en Chiuchiu; es decir, en el valle de Lasana, que es muy pequeño, lo cual no aconteció ni es posible en un tramo tan corto. Cuando las condiciones meteorológicas son amenazantes en una región, la oficina central, ante una eventualidad, lo menos que puede hacer, con fines de prevención, es destacar personal idóneo en el artificio del tranque. ¿Se hizo? ¿Qué personal técnico está destinado a Calama en forma permanente? ¿Está entrenado para tomar una decisión de envergadura? ¿Qué información meteorológica se manejó ante las lluvias que se manifestaban en la cordillera? ¿Se constituyó algún comité de emergencia por parte de Obras Públicas o de la Dirección de Obras Hidraúlicas? ¿Se informó al gobernador del Loa de lo que podría pasar? El señor ROCHA (Presidente accidental).- Le resta un minuto, señor diputado. El señor MORA.- En el oficio, que la Dirección General de Aguas dé a conocer las mediciones sobre la capacidad del tranque efectuadas en diciembre, las mediciones de los caudales de aporte e indique a quién se previno o comunicó que los tributarios del Loa habían aumentado su caudal. ¿Entregó la Dirección General de Aguas toda la información meteorológica que maneja a los organismos pertinentes? La recopilación de esos antecedentes es conducente para pronosticar una crecida, evaluar medianamente su intensidad y el período en que puede acontecer. ¿Se hizo? ¿Quién dio la orden de abrir las compuertas? ¿Se midieron las consecuencias de lo que ocurriría? Si hubiese habido pérdidas de vidas humanas, ¿quién habría sido el responsable? Señor Presidente, quiero respetar el Reglamento y terminar mi intervención, aunque creo que el tiempo no debería ser tan limitado cuando estamos preocupados de la vida humana y de la eficiencia en la administración de los recursos del Estado. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, le cedo mi tiempo al señor diputado. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Puede continuar, señor diputado. El señor MORA.- Gracias, diputado señor Rincón. La ciudadanía se informó por la prensa de las consecuencias del referido desborde, pero también la ciudadanía y, en particular, la gente de Calama y de los valles de sus alrededores necesitan respuestas a las interrogantes planteadas. Tenemos que saber si la gente que administra los bienes del Estado lo hace con eficacia y reitero las preguntas son de fondo: ¿Se estaban guardando cinco millones de metros cúbicos de agua que no son de nadie? ¿Quién los obliga y para qué? Ese es el punto de fondo. De ser así, se trataría de una acción ilícita que puso en peligro a un pueblo entero, a la ciudad de Calama, y habría que investigarla a fondo. He dicho. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Prokurica, Ojeda, Kuschel, Caminondo, Rocha y Palma, don Osvaldo. INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS REGIONALES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ROCHA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, es evidente que la ciudad de Osorno ha sido históricamente discriminada en materia de inversión pública y de distribución de los fondos regionales, en relación con las otras provincias de la Décima Región. No se trata de una mera desproporcionalidad en la distribución e inversión de los recursos, sino que tiene un fondo y una consecuencia que, por cierto, causa un efecto negativo en el bienestar común y debilita los estímulos que conducen al desarrollo provincial. Hace poco se han dado a conocer circunstancias que muestran irrefutablemente la desproporcionalidad en la asignación y distribución de estos fondos regionales en perjuicio de nuestra provincia. Osorno no es una ciudad de ricos y acaudalados que pueda bastarse por sí misma, menos aún pavimentar los caminos y hacer puentes. Sus pobladores o campesinos no tienen ingresos que les permitan satisfacer esas necesidades. No, señor Presidente. No es así. El Estado debe asumir su responsabilidad y hacer lo que corresponde, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y las leyes. La actividad privada el comercio, la agricultura, la industria, etcétera, ha entregado, con gran esfuerzo y sacrificio, su aporte al progreso de la provincia. Entendemos que la clave del desarrollo está en la complementación que el Estado y el sector privado deben mantener permanentemente. El Estado tiene que implementar las condiciones y la infraestructura para que los privados puedan realizar sus actividades. Así se entiende un país que se retroalimenta internamente con el impulso, la acción y los factores que ambos sectores entregan. Osorno nació y surgió como una unidad territorial humana que ha logrado, a través del tiempo, cimentar su estructura. Tiene una historia y una tradición, pero atraviesa una difícil situación por la producción lechera y ganadera mal protegida, por los graves problemas de desempleo, y las dificultades en la agricultura, industria y comercio. Además, no hay obras públicas de trascendencia por realizar para este año, como son, por ejemplo, la pavimentación de caminos, la construcción de puentes y otras. Por tanto, no entendemos esta injusta repartición de fondos públicos que afecta a una provincia con severos problemas cuando más necesita incentivos presupuestarios. Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que el gobierno de la Décima Región informe sobre los porcentajes y sumas de dinero que su presupuesto asigna a cada una de sus provincias por concepto del fondo nacional de desarrollo regional, de inversión sectorial, de asignación regional y local, junto con otros rubros, correspondientes a 1999, 2000 y 2001, a fin de conocer a cabalidad la distribución que se hace a nivel regional, con el objeto de que, si se observa nítidamente esta diferencia o desproporcionalidad, se corrija como corresponde. Esta solicitud es el llamado de una provincia que aporta y se desarrolla dificultosamente, con gran esfuerzo y trabajo de sus habitantes; que contribuye con grandes impuestos que no son debidamente retribuidos. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Caminondo, Kuschel, Prokurica, Mora y Palma, don Osvaldo. HABILITACIÓN DE VÍAS LATERALES A LA RUTA 5 SUR EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA (don Osvaldo).- Señor Presidente, es irreversible la instalación de peajes a lo largo de la ruta o panamericana 5 sur, ya concesionada, y quien piense o induzca a pensar lo contrario es un iluso o un ingenuo. Interponer recursos de amparo para evitar el cobro de peajes es un juego doloroso para quienes pudieran sanamente creerlo y que ilusiona a muchas personas, pero refleja una falta enorme de visión de la realidad, pues se trata de un tema sancionado definitivamente. La concesión de la carretera 5 sur como ya dije es un hecho irreversible, es una realidad imposible de cambiar; pero es distinto que los peajes comiencen a funcionar antes de que estén adecuadamente terminadas y en uso las calles laterales de servicio; más aun, construidas en donde no estaban contempladas, como es el caso de la comuna de Villa Alegre, provincia de Linares. En ese lugar, por la mala visión de quienes participaron en la confección del proyecto y la mala defensa de los intereses ciudadanos por las autoridades respectivas, estas calles de servicio no fueron consignadas o exigidas, error que significa un gran costo para los que viven en esa zona y que permanentemente deben transitar por caminos con maquinaria agrícola, como tractores, sembradoras, equipos pasteros, cosechadoras, colosos, incluso, vehículos con tracción animal, que son de uso cotidiano, pues allá aún se anda a caballo. ¿Cómo pueden pretender que este tipo de maquinaria circule por una vía de alta velocidad? Eso sí que amerita un recurso de amparo, cuya presentación anunciamos públicamente el año pasado en diversos medios de comunicación si ocurría esta injusta e ilegal situación, con el objeto de proteger a miles de personas que quedan sin otra alternativa para transitar, como siempre lo habían hecho por esta ruta, de todos los chilenos y por supuesto pública, pero que ahora es particular y pagada. Por lo tanto, solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas, a fin de exigir la construcción de calles de servicios laterales a la ruta 5 sur, concesionada, y que éstas estén adecuadamente habilitadas antes de comenzar a cobrar peaje por su uso en todas las comunas de la provincia de Linares, incluida la de Villa Alegre, que no estaba contemplada en el proyecto. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Prokurica, Kuschel, Caminondo, Mora y de la diputada señora Rosa González. ADHESIÓN A EXPRESIONES VERTIDAS POR LA DIPUTADA FANNY POLLAROLO. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, antes de mi intervención, quiero celebrar las palabras expresadas por la diputada señora Fanny Pollarolo, por el reconocimiento que hizo a la labor del Ejército en los momentos en que nuestra gente pasa por problemas. Las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos. Usted mismo, señor Presidente, dijo que había conversado con los generales Izurieta y Ríos con la finalidad de tener este apoyo. Lo que ocurre es que a veces nuestras Fuerzas Armadas no son consideradas para ir en ayuda de los habitantes y de los pobladores afectados por las catástrofes. Es bueno terminar con estos complejos y odiosidades. Por eso celebro las palabras de reconocimiento al Ejército de la diputada señora Fanny Pollarolo, de quien no las había escuchado en los años que soy parlamentario. Corren nuevos vientos. ¡Ojalá! RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE CORREOS EN HUASCO BAJO, COMUNA DE HUASCO. Oficio. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, los gobiernos y las autoridades han hecho esfuerzos para incorporar en las zonas rurales los distintos servicios y beneficios de las ciudades, para que los chilenos tengan una vida al menos equitativa o similar. Por ejemplo, se estableció el subsidio habitacional rural, se han instalado teléfonos y electricidad rurales. Sin embargo, en el área de servicios, a veces las empresas del Estado van hacia atrás, como el caso de Correos de Chile. Permanentemente debemos intervenir para evitar que cierre sus oficinas en localidades rurales, ya que si ello sucede, quienes quieren enviar o recibir una carta tendrán que pagar cantidades siderales de dinero, porque la correspondencia llega a una localidad vecina, a kilómetros, y, por lo tanto, se ven obligados a contratar a una persona para el traslado de dicha correspondencia. En este contexto, solicito que se oficie al ministro de Transportes, a fin de que se restablezca la oficina de Correos en Huasco Bajo, localidad cercana a la comuna de Huasco. Creo que se ha llegado a acuerdo con los particulares y hay una persona dispuesta a facilitar su casa en forma gratuita y prestar este servicio tan necesario. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Kuschel, Caminondo, Osvaldo Palma, Melero y Mora. MEJORAMIENTO DE REGLAMENTOS DE LEY SOBRE DONACIONES CULTURALES Y EDUCACIONALES. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, con motivo del reciente nombramiento del director de Chiledeportes y de que la ley del Deporte acaba de ser promulgada y sólo faltan los reglamentos que establecerán la forma de operar, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda, del Interior y de Educación, a fin de que adopten las medidas necesarias para mejorar los reglamentos de la ley de donaciones culturales y educacionales, los que, por lo menos en la Décima Región, a la cual represento, prácticamente no operan. Se han aplicado sólo en algunos casos, principalmente en la Región Metropolitana; muy poco en las otras ciudades grandes, y nada en las pequeñas comunas. Quiero volver a solicitar que se informe sobre los proyectos ejecutados, los que están en ejecución y los que han postulado, incluyendo los relacionados con la nueva ley del Deporte. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. HOMENAJE A MARGOT DUHALDE SOTOMAYOR, HIJA ILUSTRE DE RÍO BUENO. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo. El señor CAMINONDO (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas, en nombre de la comunidad me corresponde realizar un homenaje de reconocimiento a una destacada mujer de nuestra tierra, Margot Duhalde Sotomayor, nacida en Río Bueno, quien, el 26 de enero recién pasado, fue declarada hija ilustre de esa comuna del distrito 54. La sola mención de su nombre me evoca recuerdos inolvidables de sus hazañas, de su constancia, de su visión de futuro, de su valentía y grandeza de mujer. Margot Duhalde forma parte de ese grupo selecto de mujeres y hombres de nuestra tierra que han dado honor y orgullo a los chilenos por su ejemplo de vida. Abrió sus juveniles ojos ante el mundo y adquirió el conocimiento necesario para emprender una actividad que le apasionaba: volar. Para lograr su sueño buscó recoger los conocimientos necesarios para convertirse en piloto y llegó hasta el Club Aéreo de Chile en abril de 1938, cuando aún no cumplía 18 años, donde aprobó a plena satisfacción las pruebas que le permitieron obtener su brevet de aviadora. En abril de 1941, la inquietud de esta joven y sus principios libertarios la impulsaron a tomar la determinación de viajar a Inglaterra con el fin de enrolarse como piloto de la Fuerza Aérea de la Francia Libre, organización liderada por el general Charles de Gaulle. En pleno escenario de la guerra, esta joven nacida en Río Bueno participó activamente en la Segunda Guerra Mundial como piloto de transportes: cumplió la difícil tarea de trasladar más de 70 tipos de aviones en situaciones no exentas de riesgo de accidentes y de ser abatida por los aviones de las fuerza enemigas. Los servicios prestados a Francia la convocaron a recibir la condecoración de la Legión de Honor en el grado de Caballero. Posteriormente, su visión de futuro, su energía creadora y su amor por la aviación la llevaron a intentar dar la vuelta al mundo en avión. Sin embargo, ello no fue posible. En esa ocasión, cuando se frustró su deseo, Gabriela Mistral, quien ya había recibido el Premio Nobel de Literatura, le escribió un elogioso artículo. Los desafíos han sido para Margot Duhalde el estímulo interminable de nuevos y novedosos proyectos destinados a potenciar la actividad aérea en el país, incentivando a las nuevas generaciones de hombres y principalmente de mujeres. La comodidad y el conformismo nunca han logrado anidarse en su espíritu, ni menos disminuir su carácter emprendedor. Esta compatriota, nacida en nuestras tierras del sur, como todos aquellos que por medio del esfuerzo, el sacrificio y la dedicación logran construir algo trascendente, ha sabido conservar la humildad, la sencillez y un enorme agradecimiento a su patria. La demostración de que con inteligencia, perseverancia y empuje se pueden concretar grandes proyectos y que ello no es privativo de aquellos que nacen y viven en el centro del país, tienen en Margot Duhalde a la mejor exponente y ejemplo, constituyendo una gran lección y un tremendo orgullo para los chilenos en general, y en particular para quienes somos de regiones. Por ello, junto a quienes representamos a todos los chilenos, hoy quiero rendir en esta Sala, en nombre de la comunidad de Río Bueno, el más sentido homenaje y reconocimiento a nuestra querida y respetada Margot Duhalde Sotomayor. He dicho. NUEVO EDIFICIO PARA EL CUARTEL DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CASTRO. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, el cuartel de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Castro se encuentra en muy malas condiciones, lo que hace prácticamente insostenible seguir desarrollando en forma eficiente las actividades de su personal. Al respecto, quiero hacer presente que el no contar con un establecimiento digno inhibe la capacidad logística y de apoyo que requiere la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Asimismo, se restringen las posibilidades de atención a los diversos tribunales de justicia de nuestra zona. Informes de la Dirección de Arquitectura señalan taxativamente que dicho recinto ni siquiera admite reparaciones, sino que su reposición es absolutamente necesaria e imprescindible. Por otra parte, informes del Servicio de Salud del Ambiente reflejan una realidad que hace muy duro seguir trabajando en esas condiciones y que el cuartel de la Policía de Investigaciones podría ser clausurado, situación a la cual nadie desea llegar. Por esas razones, solicito que se oficie a los señores ministros de Defensa y del Interior, a fin de que tomen conocimiento de la triste realidad del cuartel policial de Investigaciones de Castro y, al mismo tiempo, estudien la posibilidad de reasignar recursos presupuestarios, con el fin de agilizar un proyecto que fue presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional hace más de cinco años y que tiene un costo aproximado de 180 millones de pesos, para iniciar a la brevedad la reposición de dicho cuartel policial. Esto es lo que la ciudadanía requiere y lo que la Policía de Investigaciones se merece. Sería lamentable que el día de mañana, por el cierre de este cuartel policial debido a su deterioro, la Policía de Investigaciones de Castro tenga que cobijarse en otra unidad para seguir desarrollando sus funciones. Espero que la autoridad tome conciencia de esta crítica situación, utilice la reasignación presupuestaria y solucione un problema que ya está haciendo crisis. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. RÉPLICA A ACUSACIONES POR SUPUESTO OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, me veo en la obligación de intervenir ante esta honorable Cámara en relación con un tema que hubiese querido no tocar, pero los hechos y las circunstancias que relataré demuestran que no puedo guardar silencio. A comienzos de febrero, como consecuencia del trabajo de la Mesa de Diálogo y de los cuerpos legales que esta Cámara tramitó los que, desde luego, en lo personal, igual que el resto de mi partido, votamos favorablemente, ya que apuntaban a que las personas que tuvieran conocimiento del paradero de detenidos desaparecidos entregaran la información, con los resguardos correspondientes, se hizo llegar una denuncia sobre cuerpos de detenidos desaparecidos al interior de la municipalidad de Pudahuel, comuna que me honro representar. Como corresponde actuar en estos casos, el tribunal respectivo ordenó iniciar excavaciones al interior del recinto municipal, concretamente en su patio central, pero no ha obtenido ningún resultado positivo hasta la fecha. Sin embargo, la sola excavación motivó a un grupo de dirigentes de la Juventud Demócrata Cristiana a realizar una “velatón” en las afueras de la municipalidad de Pudahuel, con el objeto de, según lo consigna la prensa del 15 de febrero, “denunciar que varios de los alcaldes que administraron la comuna durante el gobierno militar supieron del supuesto asesinato y entierro de unas 16 personas en dichas dependencias, en 1973. Los jóvenes dijeron que una de esas autoridades comunales fue el actual diputado UDI Patricio Melero, quien ejerció a partir de 1985.” Señor Presidente, me parece que un tema tan delicado, respecto del cual todos estamos llamados a colaborar lo que de hecho estamos haciendo, para que los cuerpos de esos detenidos desaparecidos puedan ser encontrados, no puede ser utilizado para obtener ganancias políticas, ni mucho menos para desprestigiar, denostar o calumniar a personas. Señor Presidente, de haber tenido alguna información sobre un posible entierro de detenidos desaparecidos en el interior de la municipalidad de Pudahuel habría sido el primero en denunciar ¡qué duda cabe! o en entregar esa información. Sin embargo, es importante precisar que asumí la alcaldía de Pudahuel en septiembre de 1985, es decir, doce años después del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973. Nunca conocí de hechos tan luctuosos como los que se denuncian. Tal vez, debiera consultarse al primer alcalde designado por la Junta Militar, quien pertenecía, precisamente, a la Democracia Cristiana. En todo caso, considero que, al margen de la posición política de las personas, lo importante es colaborar en estos hechos. He intervenido en esta oportunidad para protestar por la maquiavélica utilización de un hecho con el solo fin de obtener dividendos políticos que ha causado tanto dolor y división entre los chilenos. No deseo ejercer acciones judiciales ni mucho menos de otro tipo en contra de quienes me han calumniado. He preferido utilizar este hemiciclo para rechazar las acusaciones lanzadas; para señalar que no poseo ni he poseído información alguna sobre eventuales entierros de detenidos desaparecidos al interior de la municipalidad de Pudahuel, y que de haberla tenido, la habría entregado oportunamente a las autoridades correspondientes. Seguiré manifestando que cualquier persona que tenga alguna información sobre esta materia tiene el deber de colaborar. Sin embargo, ni las fechas ni los hechos que han denunciado estos jóvenes corresponden a la realidad, por lo que me he visto en la obligación de hacer valer mi derecho y rechazar estas acusaciones, así como las interpretaciones que pretenden dar al período en que fui alcalde de esa comuna. He dicho. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS Y ENTREGA DE RECURSOS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL INVIERNO ALTIPLÁNICO. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, debo continuar con el tema de ayer, porque la catástrofe sufrida por Arica, al igual que la sufrida por su Región, señor Presidente, es un problema que nos está afectando realmente y es posible que dicha ciudad colapse si no tomamos medidas inmediatas. Tuvimos la visita del Presidente de la República, quien anunció medidas y recursos que se destinarían para paliar los efectos del invierno altiplánico. Por lo tanto, señor Presidente, solicito oficiar al ministro del Interior, con el objeto de que nos informe a la brevedad, junto con el catastro que ya he pedido al Mideplan, de los costos y evaluación de la catástrofe que ha afectado a Arica, en relación con los siguientes puntos: 1)Reparación de puentes Chacalluta, Santa Lucía, Chacabuco y Poconchile, para lo que se asignó la suma de 5 mil millones de pesos. 2)Reparación de la doble calzada de la panamericana norte, para lo que se asignó la suma de 4 mil millones de pesos. 3)Superación problemas de los valles, para lo que asignó la suma de mil millones de pesos. El Presidente de la República hizo estos tres anuncios en la región. En consecuencia, queremos saber cuándo estarán disponibles los recursos, pues creemos que estas medidas se pueden poner en marcha lo más pronto posible ya que no es necesaria una licitación, con el objeto de disminuir la cesantía de la zona que es bastante alta. 4)Instalación de bypass en puntos críticos de la ruta internacional a La Paz. Señor Presidente, hasta el momento se ha instalado sólo un puente mecano, a pesar de que ya ha pasado casi un mes desde que colapsaron los puentes. Todavía no se han habilitado puentes mecano que permitan llegar a Parinacota y a otras regiones que están aisladas. 5)Reconstrucción total de la vía férrea a Bolivia, para lo que se asignó la cantidad de 2.300 millones de pesos. 6)Ejecución de estudios integrales de las cuencas de los ríos Lluta y San José, para lo que se asignó la suma de 350 millones de pesos. 7)Reconstrucción en las bocatomas en las comunas de Putre, Huara, Camiña, Colchane, y en los valles de Lluta y Azapa, y reparación del canal Lauca, para lo que se asignó un monto de 650 millones de pesos, y 8)Programas de empleo, para lo cual la Subdere ya entregó los 100 millones de pesos que se les asignaron. Esto totaliza 14 mil millones de pesos, destinados a paliar los problemas señalados. Señor Presidente, una revista oficial de la gobernación publicada en 1995, que pido se adjunte al oficio que se enviará al señor ministro del Interior, dice: “El Gobierno aprobó una inversión de 600 millones de dólares para la ejecución de cuarenta y dos magaproyectos que se materializarán en la Región durante 1995,”, entre los cuales está incluida la programación del uso integral y ordenamiento de la cuenca del río San José y el embalse de regulación para las crecidas de dicho río. Es indudable que si estas obras se hubieran realizado ese año, no habríamos sufrido la catástrofe que nos afecta en estos momentos y el costo para reparar los daños sería menor. Sin embargo, de los 42 megaproyectos anunciados en 1995, sólo se concretaron tres. Señor Presidente, la comunidad ariqueña cree mucho en las promesas del Presidente y le agradece su buena disposición para visitarla; pero también estima que es necesario que el Gobierno envíe un cronograma detallado de cuándo se inicia cada una de estas obras, porque hasta el momento reitero, estamos casi a treinta días, sólo tenemos un puente que une Chile vía terrestre, con Bolivia y Perú, pero indudablemente la gente del Altiplano no puede seguir esperando ante la falta de caminos. Dada la información oficial entregada por el señor intendente de la Primera Región, pido que se oficie al señor ministro de Agricultura, a fin de que, en forma urgente, nos informe cuándo se hará entrega de los 100 millones de pesos que se prometieron para la recuperación de suelos y condonaciones de crédito, como asimismo de los 70 millones de dólares que se requieren para la construcción de obras de riego y de estudio de las cuencas, lo que también ha sido prometido desde 1995. Señor Presidente, no quiero que esto aparezca como crítica y no reconocimiento de las acciones que el Gobierno está realizando en este momento en Arica; pero indudablemente, al ser zona de catástrofe, los despidos serán aún más masivos. Ya comenzó a hacerlos la empresa privada, que depende exclusivamente, como lo dije ayer, de Bolivia. Hay que recordar, como lo hemos hecho muchas veces en la Sala, que mi distrito tiene una de las más altas tasas de cesantía del país, la que no ha sido causada por la recesión de ahora, ya que desde hace mucho tiempo venimos sufriendo las consecuencias del desempleo. Señor Presidente, le reitero mi petición de envío de fotocopia de la publicación oficial de la gobernación. Creo que si el Presidente o sus asesores leen esa revista, se darán cuenta de que Arica ya no cree en promesas, porque se le ha ofrecido mucho y se le ha cumplido, a lo mejor, muy poco. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. RECONOCIMIENTO A LABOR CONJUNTA DE LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES PARA ENFRENTAR DAÑOS PROVOCADOS POR INVIERNO ALTIPLÁNICO. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, el 16 de febrero cayó un gran aluvión este año tuvimos un invierno altiplánico especialmente crudo que ha causado graves daños en la provincia de Parinacota, con crecidas del río Lluta, que ha arrasado ese valle, y del río San José, que ha provocado muchos perjuicios en el valle de Azapa. A causa de ello, se declaró a esa provincia zona de catástrofe y se inició una labor que quiero destacar. Realmente, hubo unidad de acción entre el sector privado, las municipalidades y el Ejecutivo, incluidos los gobiernos regional y nacional, que generó una rápida respuesta a esa catástrofe, lo que debemos destacar porque, aunque todavía no podemos evaluar exactamente la magnitud del daño, tenemos claro que nadie murió, nadie quedó sin abastecimiento de agua ni de alimentos, nadie quedó aislado o librado a su suerte. Las comunidades de Arica y Parinacota, ayudadas por el gobierno central, tuvieron la capacidad suficiente para permitir que los daños más graves a la vida y a la salud se pudieran controlar. Naturalmente, los daños económicos a los sectores productivos todavía están en fase de corrección y confiamos en que las medidas del sector privado, de la comunidad, más el apoyo del Ejecutivo, permitirán normalizar a corto plazo la situación de desajuste y de daño que todavía persiste, sobre todo en el sector agrícola. En consideración a la excelente labor que se realizó, pido que se oficie a los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Agricultura, de Salud y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para expresarles nuestras felicitaciones por enfrentar con rapidez y eficiencia los primeros daños, las que hacemos extensivas a todos los servicios que de ellos dependen, entre ellos a Vialidad y a Obras Hidráulicas, así como también a Carabineros, a Investigaciones, a la Fuerza Aérea de Chile, al Ejército, a la Armada de Chile, a la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, al intendente de la Primera Región, a la gobernadora de Arica, al gobernador de Parinacota y a los alcaldes, con una congratulación especial al de Arica, quien, con sus equipos municipales, estuvo en primera línea para la solución de los problemas y, naturalmente, también a los alcaldes de Camarones, General Lagos y Putre. Vimos una comunidad unida que enfrentaba una catástrofe en forma absolutamente solidaria, a la cual se sumó la empresa privada. Eso nos hace mirar el futuro con mucho optimismo. Pensamos que los daños que todavía existen se repararán a corto plazo; que existe la mejor voluntad del Gobierno para hacerlo. Lo hemos planteado como diputados de Gobierno y hablado con las distintas autoridades para que la reparación de los caminos y puentes, del ferrocarril de Arica a La Paz, más la creación de nuevos programas de empleo para los cesantes, sean realidad en el más corto plazo. Estaremos atentos a que así suceda. Señor Presidente, hemos vivido una catástrofe, pero también hemos conocido la respuesta de una comunidad que está segura del futuro y que confía en sus autoridades y en sus propias fuerzas. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Felipe Letelier y Waldo Mora. PROPUESTA PARA EVITAR INSTALACIÓN DE PEAJES LATERALES EN TRAMOS DE LA ZONA CENTRAL DE LA RUTA 5. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, en reiteradas ocasiones hemos hecho uso de la palabra para referirnos a la ley de concesiones sobre construcción de carreteras de alta velocidad y más seguras, la cual ha sido una gran iniciativa; pero tengo la impresión de que su aplicación no ha sido tan buena al momento de hacer los contratos con las empresas concesionarias. Hay mucho malestar en distintos sectores de la zona central, porque, día a día, les han cerrado los lugares de ingreso y salida a la ruta 5, sin que tengan otra alternativa. Se han puesto barreras laterales y por el medio donde hace más de un año se habían comprometido a instalar una pasarela, de manera que, al no existir ésta, las personas no tienen posibilidad de cruzar la carretera. Me he encontrado con situaciones muy lamentables en el caso puntual y concreto del sector de Cocharcas, comuna de San Carlos, donde hay una carretera que va a la costa y llega a Cobquecura, y pasando por Quirihue y Ninhue da hacia Portezuelo, San Nicolás, Treguaco y Coelemu. Me preocupa enormemente que allí se pretenda colocar uno de los tantos peajes laterales que se han instalado, decisión que me parece absurda y equivocada. ¿Por qué no aumentar en cien pesos el peaje troncal, que está en el centro de la carretera, solución que sería mejor? Sin embargo, de acuerdo con la ley de concesiones, se proyecta construir carreteras de alta velocidad y seguras, que no son para la gente de pueblos chicos, sino para personas que usan la carretera en grandes tramos. En vez de cobrar 1.400 pesos en Retiro o en Santa Clara, es un tremendo negocio para el concesionario de la carretera aumentar el peaje en cien pesos, es decir, a 1.500 pesos, y no cobrar 200 ó 300 pesos a la entrada o a la salida de los pueblos de esta zona. En el caso puntual de San Nicolás o de Cocharcas, el contrato establece claramente que allí habrá un paso sobre nivel en la línea férrea. Pues bien, hoy está bien avanzada y prácticamente construida la garita, por lo cual ya se pretende cobrar el peaje. La gente está dispuesta, con harto esfuerzo y a regañadientes, a pagar el peaje, pero siempre y cuando el paso sobre nivel en la línea férrea esté absolutamente terminado, porque ése fue el objetivo. Por último, insisto en que se envíen oficios a los ministros del Interior y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que se haga un esfuerzo para aumentar en 100 pesos el peaje troncal y se eliminen o no se pongan en marcha los peajes laterales que tienen que ver con los pueblos. Por ejemplo, como la comuna de Bulnes tiene tres salidas, en cada una de ellas se instalaron peajes. Esto es francamente inoficioso, porque no incentiva el progreso y desarrollo que tanto anhelamos. Por ello, pido que en los oficios se solicite el reestudio del tema de los peajes, con el objeto de que se eliminen los laterales y se pague sólo el peaje de la vía central o del troncal, por cuanto el progreso y desarrollo de las redes viales no puede ser a costa de pueblos chicos, como son las comunas de Ñiquén, San Carlos, Cabrero, Yumbel, Bulnes, Quillón, etcétera. El tema es muy sentido. He escuchado, con preocupación, que algunos ex colegas abogados estarían estudiando querellas y la presentación de distintos recursos de protección. Creo que aquí se está aplicando una política equivocada. La ley de concesiones es muy buena, pero los contratos son muy malos, porque las empresas sólo han pensado en la rentabilidad y no en nuestros conciudadanos. Por último, hagan los peajes en calles que no sean laterales o de servicio, porque nosotros no tenemos nada que hacer en la carretera. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Salvador Urrutia y de quien habla. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Se levantó la sesión a las 15.22 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.