REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 36ª, en miércoles 17 de enero de 2001 (Ordinaria, de 10.48 a 17.37 horas) Presidencia de los señores León Ramírez, don Roberto,y Mora Longa, don Waldo. Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana, y de los señores Acuña Cisternas, don Mario, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. Asistencia5 II. Apertura de la sesión8 III.Actas8 IV.Cuenta8 V.Orden del Día. Normativa contra la evasión tributaria. Primer trámite constitucional. (Continuación)8 Creación de la Defensoría Penal Pública. Tercer trámite constitucional64 Concesión de nacionalidad por gracia al sacerdote Pierre Dubois64 VI.Proyectos de acuerdo. Condonación de deudas de la ex Corporación de Reforma Agraria, Cora. (Votación)66 Fijación de salvaguardia para el queso66 Suspensión de envío a Dicom de datos de deudores morosos de Inverca e investigación de relaciones entre esta empresa y el Ministerio de Vivienda69 VII.Incidentes. Demora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en resolver asunto de su competencia. Oficio72 Trabas en la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones sin fines de lucro. Oficio73 Medidas para paliar el alza de precios de los combustibles. Oficios74 Pavimentación y construcción de colectores de aguas lluvia en Chillán. Oficio75 Salvaguardias y medidas de protección para la producción de raps de la Novena Región76 Medidas para garantizar la calidad y seguridad de la construcción de viviendas. Oficio78 Rechazo a comentario aparecido en periódico extranjero en contra del vino chileno. Oficio79 Efectos de la importación de calzado chino en la producción nacional. Oficios80 Construcción de obra vial en Lebu. Oficio82 Acciones sociales en beneficio de trabajadores temporeros. Oficios82 Protección de los derechos y de la soberanía de Chile en la zona exclusiva ante paso de barcos con desechos nucleares. Oficio83 Homenaje al padre Alberto Hurtado en el centenario de su natalicio. Oficios84 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces (boletín Nº 265001)88 Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 2.Acuerdo que aprueba las rectificaciones al texto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, efectuadas por el secretario general de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 1993 (boletín Nº 251910)88 3.Aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y Argentina sobre cooperación en materia de catástrofes, suscrito en Santiago el 8 de agosto de 1997 (boletín Nº 238910)89 4.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios (boletín Nº 256606) (S)89 5.Informe complementario de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín Nº 257205)99 6.Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en la investigación dispuesta por la Cámara de Diputados para establecer cuáles son las empresas públicas que en los últimos diez años han acordado indemnizaciones para sus ejecutivos101 I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (115) NOMBRE --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --JocelynHolt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, señor José Antonio Gómez, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.' II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.48 horas. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEÓN (Vicepresidente).- El acta de la sesión 30ª se declara aprobada. El acta de la sesión 31ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el punto 1 de la Cuenta figura un oficio del Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces, que se envió sólo a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Por ello, varios integrantes de la Comisión de Hacienda me han expresado su inquietud y, como presidente de ella, la hago presente a la Sala. La lógica indica que también debiera verse en nuestra Comisión, para lo cual tenemos la disposición y voluntad para hacerlo, por ejemplo, a eso de las cinco de la tarde. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El proyecto se encuentra en la Comisión de Agricultura y, una vez despachado por ella, se enviará, obviamente, a la de Hacienda. Por lo tanto, su Señoría lo tendrá en la Comisión de Hacienda, que tan dignamente preside. V. ORDEN DEL DÍA NORMATIVA CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde continuar ocupándose del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece normas legales para combatir la evasión tributaria, respecto del cual procede efectuar la votación general. Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier para referirse a un punto de Reglamento. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, se votará en general, pero entiendo que no hay indicaciones. ¿Estoy en lo correcto? El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, en la sesión de ayer se informó que hay un par de indicaciones y petición de votaciones separadas para alrededor de treinta artículos, por lo cual los Comités acordaron dar cinco minutos para hablar a favor y cinco minutos para hacerlo en contra de cada uno de ellos. En consecuencia, oportunamente y uno a uno, se irán dando a conocer. Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, ¿la inscripción para intervenir en esos casos también se hará oportunamente o debe hacerse de manera previa? El señor LEÓN (Vicepresidente).- La Mesa ofrecerá la palabra por cada artículo que se ponga en discusión. El señor HALES.- Le propongo que la inscripción se haga con anterioridad, por bancada, ya que el tiempo está limitado. En realidad, preferiría que no existiera esa limitación y se interviniera artículo por artículo. Pero, como hay un acuerdo y no tengo facultades para objetarlo, quiero que se aclare la situación para quienes queremos hablar. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Usted lo ha dicho bien, señor diputado. No tiene posibilidad de oponerse al acuerdo de los Comités. En todo caso, la Mesa analizó la alternativa de las inscripciones anticipadas y llegó a la conclusión de que era muy difícil, por lo cual en cada artículo se ofrecerá la palabra, y su Señoría, con toda seguridad, estará presto a pedirla. Para un punto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, comparto lo que dijo el señor Hales. Me parece que el proyecto es de tremenda importancia y no podemos pelearnos los cinco minutos entre los ciento veinte diputados. Creo que debe buscarse un sistema más racional y lógico, de manera que todos los que quieran puedan intervenir, aunque sea con la limitación de uno o dos minutos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Le ruego que hable con su jefe de bancada para que le proponga una alternativa distinta, que eventualmente se discutiría en reunión de Comités. Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, sugiero, para los efectos de ordenar el debate, que los jefes de bancadas inscriban a los parlamentarios según los artículos en que les interesa intervenir, de manera que se sepa con anterioridad quiénes hablarán en contra y a favor. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Le agradezco su proposición y entiendo que los jefes de bancadas la habrán escuchado, pero se irá avanzando en la discusión del proyecto. Ahora, si se ve que no es muy expedito el procedimiento, llamaré a reunión de Comités. En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 24 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Se declaran aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones y por no haberse requerido su votación separada, las siguientes disposiciones: artículo 1º, letras b), c), h), números 2 y 4; j), k), m), números 1, 4 y 5; letras o), p), q), u); artículo 2º, letra c), números 1, 2; sus letras a), b), c), d) y e), 3, 4; letra d), número 1; letra e), número 3; letras f), g), i), j), número 3; letras k), l) y n); artículos 3º, 4º, 5º, letra f); artículos 7º, 8º, letras a) y c); artículos 9º, 10º, letras b), f), g), i), números 1 y 2; j), k) y q); artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, permanentes, y artículos transitorios 3º, 5º, 6º, 7º y 8º. Respecto de las disposiciones que serán objeto de discusión y votación, hay un informe complementario que lo dará a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda, señor José Miguel Ortiz. Tiene la palabra su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, antes de hacerlo, solicito que usted, si lo tiene a bien, pida el asentimiento unánime de la Sala para que ingresen a ella el director del Servicio de Impuestos Internos, el tesorero general de la República y el director nacional de Aduanas. Es importante contar con la presencia de ellos en la Sala para que puedan responder a preguntas en forma más precisa, dado que éste es un tema muy técnico y complejo. El señor ÁLVAREZ.- No damos el acuerdo, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, estamos llegando prácticamente al término del primer trámite constitucional del proyecto que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. Tal como se expresó en la semana recién pasada, el calendario fijado se cumplió fielmente. Hubo plazo hasta las 12 P.M. de ayer para presentar indicaciones y, a partir de las 16 horas, la Comisión de Hacienda se reunió para analizar las indicaciones formuladas, tanto por el Ejecutivo como por parlamentarios, para lo cual contó con la asistencia del ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; de los señores Javier Etcheberry y René García, director nacional y subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente; del tesorero general de la República, don Gianni Lambertini, y de don Cristián Palma, director nacional del Servicio de Aduanas. En el artículo 1º, el Ejecutivo presentó indicación para introducir la siguiente letra a), modificándose la identificación correlativa subsiguiente: “En el artículo 6º, letra B, agrégase el siguiente número 11, nuevo: “11º.- Informar por vía electrónica a los contribuyentes que dispongan los medios idóneos para su recepción, su estado de cumplimiento tributario, incluyendo el pago y devolución de los impuestos de competencia del Servicio”. La presidencia de la Comisión consideró que no correspondía el tratamiento de la indicación, porque, en el fondo, implicaba reponer un texto que había sido rechazado por inmensa mayoría y no se había efectuado la votación general en la Sala. Por lo tanto, no procedía un nuevo pronunciamiento de la Comisión sobre la materia. La segunda indicación del Ejecutivo tenía por objeto introducir en la letra a), el siguiente número 1, pasando a ser número 2 el actual número 1: “1.- En el inciso segundo, agrégase después del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, lo siguiente: “Asimismo, la Dirección podrá disponer en casos específicos la presentación de informes y declaraciones por medios tecnológicos, respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios para hacerlo”. La presidencia de la Comisión también consideró que no correspondía la reposición del texto del Ejecutivo. Para conocimiento de los parlamentarios, se quería reponer indicaciones que rechazamos en la Comisión, en relación con una parte del traspaso de la Tesorería a Impuestos Internos. En ese aspecto, hubo nuevamente el espíritu y la voluntad mayoritaria de rechazarla por parte de los diputados que participamos en la reunión de la Comisión. Debido a eso, quiero dar lectura a una indicación que trata sobre el mismo tema. Quiero hacer un planteamiento al respecto, porque tengo una información que, creo, va a ser positiva y va a ayudar a legislar en este proyecto. La tercera indicación del Ejecutivo era para agregar al inciso final que en la letra e) se incorpora al artículo 39 del Código Tributario, lo siguiente, después del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido: “Estos procedimientos podrán ser obligatorios respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios y cuenta corriente bancaria.” De acuerdo con el criterio del presidente de la Comisión, ratificado por el secretario, nuestro ministro de fe, esta indicación no correspondía reglamentariamente, porque estaba reponiendo un texto que ya aparece rechazado en el primer informe de la Comisión de Hacienda. Sobre el particular, debo informar que en la mañana me enteré, extraoficialmente, de que el Ejecutivo estaría retirando estas indicaciones. Al hacerlo, automáticamente el artículo 1º y las letras respectivas quedarían aprobados con la votación general que se acaba de efectuar. Pido a su Señoría tener a bien entregarnos el pronunciamiento oficial del Ejecutivo al término de mi intervención. La cuarta indicación, del honorable diputado señor Haroldo Fossa, tenía por objeto eliminar la letra i) del artículo 1º. Esta indicación se fundamenta en cuanto estaría violando el secreto bancario, por lo que correspondería, bajo el supuesto de que así sea, referirlo a la letra l) del artículo 1º hubo cambios de letras durante la tramitación del primer informe, razón por la cual la Comisión no pudo emitir un pronunciamiento, pero como siempre existe un “fair play” dentro de nuestra Comisión, se interpretó que la indicación del señor Fossa se refería a la letra l). Debido a esa imprecisión en la letra, la Comisión no pudo emitir un pronunciamiento al respecto, ya que debía regirse por el texto original del informe. En vez de la letra i), la indicación respecto del secreto bancario tendría que referirse a la letra l). La indicación número 5, también del diputado señor Fossa, para reemplazar en el inciso final del artículo 106, que se agrega mediante la letra n) del artículo 1º, la palabra “podrá” por “deberá”. Esta indicación fue considerada inadmisible por la presidencia de la Comisión, por tratarse de una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. La indicación número 6, también del honorable diputado señor Fossa, para reemplazar en el inciso final del artículo 106, que se agrega mediante la letra n) del artículo 1º, la expresión “que no constituyan amenazas para el interés fiscal” por “que no constituyan un efectivo perjuicio para el interés fiscal”. Fue considerada admisible por la Comisión, porque, en el fondo, se trataba de una adecuación del texto del respectivo artículo. Sin embargo, la presidencia la puso en votación y fue rechazada por 6 votos en contra y 1 abstención. Es decir, no obtuvo ningún voto a favor. La indicación número 7, también del honorable diputado señor Haroldo Fossa, tenía por objeto suprimir la letra a) del artículo 5º. Puesta en votación, fue rechazada por 2 votos a favor y 6 en contra. Otra indicación del señor Fossa, para eliminar la letra c) del artículo 5º, fue rechazada por 2 votos a favor y 6 votos en contra. La indicación número 9, del mismo señor Fossa, para suprimir el artículo 6º, también fue rechazada por 2 votos a favor y 6 en contra. A continuación, paso a informar sobre dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo para agregar los artículos transitorios 9º y 10, nuevos, los que fueron el resultado de la discusión, tanto general como particular, efectuada en el primer trámite por la Comisión de Hacienda. El artículo 9º establece lo siguiente: “Fíjase en 173 cargos la dotación máxima del personal de la Dirección de Presupuestos para el año 2001”. Para mejor comprensión, debo aclarar que en el texto primitivo, en lugar de referirse al año 2001, se hablaba de 2000, y que corresponde aumentar sólo en 3 cargos la planta de la Dirección de Presupuestos. El artículo 10 transitorio, nuevo, dispone “que los fondos que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren depositados en libretas de ahorro del Banco del Estado de Chile, abiertas de conformidad al artículo 165 letra c) de la Ordenanza de Aduanas, serán traspasados en su totalidad a Rentas Generales de la Nación, sin deducción alguna. “Asimismo, se faculta al Director Nacional de Aduanas para que proceda al cierre de dichas libretas de ahorro, con el solo objeto de que los fondos correspondientes ingresen a Rentas Generales de la Nación. “Para la determinación de la base reajustable, sobre la cual se aplicará lo establecido en la letra e) del artículo 10 transitorio de esta ley, se considerará capital, intereses, reajustes y demás que correspondan a la libreta respectiva al momento del traspaso efectivo a Rentas Generales de la Nación”. La Comisión acogió por unanimidad estas indicaciones, por cuanto perfeccionan las disposiciones que ya fueron discutidas en el primer informe. En la sesión que efectuó la Comisión en el día de ayer se plantearon tres temas, que doy a conocer en mi calidad de diputado informante. Nuestra Comisión recibió por escrito de la Aniich uno de los gremios de Impuestos Internos un planteamiento respecto del artículo 8º transitorio. Ellos están preocupados, porque a los funcionarios administrativos que concursaron en los años 1999 y 2000 se les debió haber respetado la propiedad del cargo que han servido o se han adjudicado en la planta de técnicos de fiscalización. Lo anterior fue planteado al ministro de Hacienda, quien demostró disposición y voluntad para solucionarlo, y delegó esta responsabilidad en el director de Impuestos Internos. Lamentablemente, en esta oportunidad no se le permitió a este funcionario ingresar a la Sala, pero tengo una respuesta que me entregó por escrito y que voy a dar a conocer: “A mi entender, la actual redacción del artículo 8º transitorio tiene la condición de ser una norma interpretativa y, como tal, se entiende incorporada a la ley desde la vigencia de la última, incorporándose a ésta todos los efectos que de ella emanen”. Al respecto, el Ejecutivo, al analizar este articulado, asegura que la referida disposición transitoria, que ya aprobamos, valida el derecho de los funcionarios administrativos que participaron en los citados concursos adjudicándose el cargo de técnico de fiscalización cuando poseyeren el título de contador general. Por lo tanto, al existir una respuesta concreta, ella ya es parte de la historia de la ley y estaría solucionado el aspecto que le preocupaba a Impuestos Internos. Como segundo tema, los fiscalizadores de Impuestos Internos nos hicieron llegar la proposición de intercalar en el artículo 13, inciso segundo, después de la palabra “fiscalizadores” la expresión “grado 15”, y eliminar la siguiente frase: “una vez aplicados los concursos internos antedichos”. En primer lugar, y lo digo con bastante autoridad política, en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, en la discusión anterior de este proyecto fui partidario de que todos los concursos deben ser internos y no externos. Esto fue ratificado en la sesión que celebró ayer la Comisión de Hacienda; por lo tanto, la interpretación del director del Servicio de Impuestos Internos es que todos los cargos de fiscalizadores deben ser llenados por concurso interno para los funcionarios pertenecientes a dicha planta. Dejo constancia de lo anterior, porque lo considero parte de la ley; además, ello demuestra la importancia de que funcionen cabalmente las instituciones del Estado. De esta forma, hacemos justicia a situaciones que, con buena voluntad, pueden resolverse. En lo que respecta a la Tesorería General de la República, puedo señalar que en las dos oportunidades en que se analizó en la Comisión, con la participación de todos sus integrantes, el espíritu y la votación fue reponer las disposiciones que habían sido rechazadas en el artículo 1º, con el objeto de que dicha repartición siga manteniendo esa prerrogativa. Por lo tanto, después de enterarme del retiro de las indicaciones respectivas, estaría solucionado ese tema. Con respecto a la discusión del Servicio Nacional de Aduanas se plantearon diferentes inquietudes. Para tal efecto, se llegó a un acuerdo con el ministro de Hacienda de elaborar una carta compromiso firmada por el director nacional de Aduanas, documento del cual somos garantes algunos parlamentarios que estamos preocupados tanto de Hacienda como de otras comisiones. Es así como nos fijamos un plazo para conformar un equipo técnico; además, realizaremos un estudio internacional para ver en qué forma se ha cumplido con la estrategia de modernizar el Servicio Nacional de Aduanas, dispuesta en la ley Nº 19.479, de 1996. El ministro de Hacienda, en la sesión realizada la semana pasada, se comprometió a confirmar dicho planteamiento en la Sala. Finalizo mi intervención haciendo presente la buena disposición que siempre hubo entre mis colegas, integrantes de la Comisión de Hacienda, para darle un trámite lo más expedito posible a este proyecto de ley, pues va a incidir directamente en muchas situaciones a futuro en el país. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Cito a reunión de Comités. Se suspende la sesión. Se suspendió la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor LEÓN (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor León, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Dividir la discusión del proyecto sobre evasión tributaria en cinco bloques que se detallarán en seguida, y otorgar para cada uno de ellos un tiempo máximo también se señalará en su oportunidad, dividido por mitades entre diputados de Gobierno y de Oposición. Los jefes de bancada determinarán los oradores que intervendrán en el debate. Las votaciones se efectuarán al término del debate de cada bloque. Los bloques son los siguientes: Primer bloque: Código Tributario, que comprende los artículos 1º y 8º permanentes, y 2º transitorio. Para este bloque se otorgarán 50 minutos, divididos en 25 para diputados de Gobierno y 25 para diputados de Oposición. Segundo bloque: Impuesto a la Renta, artículo 2º. Sesenta minutos, divididos en 30 y 30, respectivamente. Tercer bloque: Impuesto al valor agregado, artículos 5º y 6º permanentes y 4º transitorio. Cuarenta minutos: 20 y 20, respectivamente. Cuarto bloque: Aduanas, artículos 10 y 11 permanentes. Diez minutos: 5 y 5, respectivamente. Quinto bloque: Servicio de Impuestos Internos, artículos 12 y 13 permanentes, y 1º, 9º y 10 transitorios. Veinte minutos: 10 y 10, respectivamente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Informo a la Sala que estos tiempos son máximos. Es importante que las señoras diputadas y señores diputados permanezcan en la Sala, porque una vez terminada la discusión de cada bloque, se procederá a votar artículo por artículo, aunque no se hayan ocupado todos los tiempos. Para iniciar el debate del primer bloque, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, previamente, quiero saber la situación en que se encuentran las indicaciones, porque entiendo que durante la reunión de Comités fueron retiradas algunas, y los diputados intervendremos sobre esa base. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, le puedo informar que sólo se retiró una indicación del Ejecutivo, que consistía en agregar una letra a), nueva, al artículo 1º. El señor LORENZINI.- Como iba a intervenir, precisamente, sobre esa indicación, en esta oportunidad no haré uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para referirse al primer bloque, tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, quiero referirme en particular al artículo 1º, letra l), que dice relación con el secreto bancario y tributario. Según el propio director del Servicio de Impuestos Internos, la referida norma tiene por objeto “Ayudar a que el Servicio de Impuestos Internos tenga la información sobre las deudas que tienen los contribuyentes, que sirven para justificar sus inversiones. “También permitirá conocer las garantías, ya que hay mucha gente que consigue créditos garantizados que tienen en el extranjero, los que pueden ser mal habidos”. Nos parece innecesaria esta norma, por cuanto viola el secreto bancario, a mi juicio, con una finalidad menor: obtener información sobre las deudas del contribuyente que desea justificar algunas inversiones. A este respecto, es el contribuyente quien debe acreditar ante una notificación del Servicio para que justifique determinada inversión, mediante la correspondiente documentación, en algunos casos bancaria, la existencia del préstamo. En la práctica, en dicha materia, el peso de la prueba recae en el contribuyente, y así ha funcionado el sistema sin mayores dificultades durante muchos años. En definitiva, la norma introducida tendría por objeto evitarle situaciones innecesarias al contribuyente, por cuanto el Servicio ya dispondría de los antecedentes incorporados a su base de datos, relacionados con los préstamos obtenidos. Nos parece que el agregado relativo a los antecedentes de operaciones de crédito de dinero no tiene utilidad práctica y sólo ha sido introducido para justificar el segundo tema, referido anteriormente. A nuestro juicio, la parte más cuestionable de la norma citada es la que se refiere a las garantías otorgadas, pues por dicha vía el Servicio se entera indirectamente, no sólo de los bienes del contribuyente aparentemente para establecer una coherencia de ellas con el préstamo o crédito otorgado, sino también de los bienes de terceros que podrían haber dado en garantía. En definitiva, con una finalidad aparentemente inocua, el Servicio termina fiscalizando indirectamente los bienes del contribuyente y de terceros. Hay que hacer notar que el Servicio tiene antecedentes sobre la mayoría de los actos que implican adquisiciones de bienes, pues las notarías, conservadores y bancos están obligados a remitírselos. A nuestro juicio, entonces, el Servicio no necesita mayores fuentes de información de las que ya posee. A mayor abundamiento, quiero referirme a lo que el propio Servicio, para proteger al contribuyente, contempla en su manual Nº 5318, respecto al alcance del secreto: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, no podrá divulgarse en forma alguna la cuantía o fuente de las rentas ni las pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ellas que figuren en las declaraciones obligatorias. Tampoco se permitirá que las declaraciones, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas, sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio”. En el mismo sentido indicado, esto fue modificado mediante la ley Nº 19.398, de 1995. El inciso cuarto del artículo 35, que establecía la publicación de ciertos datos relativos a la renta de los contribuyentes, fue suprimido por dicha ley. Es decir, el propio Servicio se ha preocupado de proteger al contribuyente, manteniéndole su secreto; en cambio, ahora se trata de introducir esta norma, que nos parece absolutamente inadecuada. Por lo tanto, votaremos en contra de este artículo. Gracias, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, cuando di a conocer el informe complementario de la Comisión de Hacienda, expresé que tres indicaciones en que el Ejecutivo había insistido no se votaron, porque no se había cumplido la norma reglamentaria relacionada con la votación general del proyecto, y que tenía la información de que el Ejecutivo las iba a retirar. El Ejecutivo retiró la que, tal como lo expresó mi colega Pablo Lorenzini, abordaba un tema que preocupa a muchos diputados de la Democracia Cristiana. Al hacerlo, ha respetado la voluntad de la Comisión, porque después de analizada, se concluyó que se le estaban quitando atribuciones a Tesorería para traspasárselas al Servicio de Impuestos Internos. La votación de esa letra tuvo un solo voto a favor. La Comisión quedó conforme con su retiro, porque se cumplió el objetivo de no restarle facultades a Tesorería, más aún cuando en el día de hoy uno de los periódicos relacionado con las finanzas, la economía y las empresas, hace un reconocimiento a su personal por haber recaudado más de lo estimado por Hacienda: hasta noviembre del año 2000, 138 mil millones de pesos, cifra que supera la meta que proyectó el Ministerio de Hacienda para ese ejercicio, que era de 120 mil millones. Eso indica, obviamente, que el personal de Tesorería necesitaba el reconocimiento que le hizo la inmensa mayoría de los colegas diputados de la Comisión de Hacienda. Las otras dos indicaciones que no retiró el Ejecutivo están relacionadas con la necesidad de aplicar la tecnología vigente la internet, las páginas web y todo lo relacionado con la informática es pan de cada día, y las voy a votar a favor, porque en una conversación que tuve con el ministro de Hacienda y con el director del Servicio de Impuestos Internos, quedó en claro que con ellas no se le restaban atribuciones a la Tesorería, sino que simplemente se modernizaba un procedimiento que beneficiará al país. Eso es lo que quería expresar en esta ocasión e informar sobre el tema del artículo 1º, letra a), que nos preocupa. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, me referiré a la norma que dispone que los bancos e instituciones financieras deberán entregar al SII información relacionada con créditos y garantías de sus clientes. A mi juicio, esta disposición es excesiva. En primer lugar, debemos tener presente que la ley general de Bancos considera, para determinadas operaciones, el secreto, y para otras, la reserva. En segundo término, el mismo Código Tributario establece que algunas operaciones están sujetas a reserva, y faculta al Servicio para solicitar esa información a los bancos en caso de investigación de un contribuyente. Por otra parte, cada vez que se efectúa una tasación de un bien raíz, para constituir una prenda o una garantía hipotecaria, los bancos e instituciones financieras tienen la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos. Al aprobarse una norma que faculta que esta información sea solicitada en forma abierta, de alguna u otra forma estamos alterando un activo del sistema financiero, que es precisamente el secreto de algunas operaciones y la reserva en otras. Esto no significa que no se pueda investigar, porque el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el Código Tributario, tiene atribuciones para solicitarla cuando está investigando a un contribuyente. En muy pocas partes existe esta opción abierta de exigir antecedentes a instituciones financieras. Pensamos que esta disposición altera las normas de la ley general de Bancos, es contradictoria con el Código Tributario y también afecta la confianza que debe existir en este tipo de operaciones. Por lo tanto, anunciamos nuestro voto en contra de esta norma. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero referirme a la letra ñ), que incorpora un inciso final al artículo 114 del Código Tributario. En el fondo, lo que pretende es ampliar el plazo de prescripción. En definitiva, no aplica el plazo de prescripción del artículo 200 del Código Tributario, de tres años, sino que el que establece la normativa penal, que es de cinco o más años. Con ello, se deja en una situación de desprotección al contribuyente, dado que actualmente en la acción penal y en las penas respectivas por los denominados delitos tributarios que contempla el Código Tributario, evidentemente rigen los plazos de prescripción del Código Penal, y así lo dispone expresamente el actual artículo 114. Siempre se ha generado discusión doctrinaria, y hay jurisprudencia al respecto, sobre qué pasa cuando el Servicio no ejerce la acción penal y, en consecuencia, dictamina simplemente una multa. ¿Qué sucede con los plazos de prescripción en estos casos? En esos casos, y así está resuelto por la jurisprudencia, no rigen los plazos de prescripción del Código Penal, sino los establecidos por el artículo 200 del Código Tributario o sea, tres años, que es inferior, por tratarse de una ley especial. Con esto de aplicar un plazo mayor, el del Código Penal, como lo propone la letra ñ), se están otorgando más años al Servicio para aplicar la multa o perseguir administrativamente la respectiva pena, lo cual no se condice ni con lo que debe ser la garantía al contribuyente ni con la buena doctrina ya sentada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, menos aún si en virtud de esta reforma se impone una serie de nuevas sanciones y todavía no existen los tribunales tributarios. Es cierto que hay un compromiso del Ejecutivo para crearlos, pero hasta el momento no están funcionando. Además, el proyecto consagra nuevas sanciones y existe jurisprudencia clara y categórica en cuanto a que en este tema no procede la prescripción penal. De manera que zanjar por ley una discusión ya superada en los tribunales, no me parece apropiado. Por lo anterior, anuncio mi voto en contra respecto de dicha norma. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, tal como lo ha señalado el diputado señor Rincón, mediante las modificaciones al Código Tributario se aumentan las multas y se establecen nuevas infracciones. Por ejemplo, cuando la omisión de la declaración o las diferencias de impuestos sean detectadas por el Servicio de Impuestos Internos en procesos de fiscalización, “la multa prevista y su límite máximo, serán de veinte y sesenta por ciento, respectivamente”. Es decir, cuando dicho Servicio, en cumplimiento de su función fiscalizadora detecte una diferencia de impuestos, no sólo aplicará la multa correspondiente por no declarar y la multa correspondiente por no pago oportuno de los impuestos ambas ya establecidas en el Código Tributario, sino que, además, se aplicará una nueva multa, de 20 y 60 por ciento, lo cual nos parece una exageración, un castigo excesivo, en particular para los pequeños y medianos empresarios y contribuyentes, quienes tienen menos posibilidades de contar con una buena asesoría y defensa profesional. Otro tanto ocurre cuando se establece como infracción la no comparecencia ante el Servicio de Impuestos Internos a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme con lo dispuesto en el artículo 11, “con una multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se aplicará en relación al perjuicio fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia indicado en la segunda notificación”. Hoy, si ante una notificación un contribuyente no se apersona al Servicio de Impuestos Internos, se le puede aplicar la sanción que corresponda o llevar a la práctica la liquidación de impuestos si no se aportan los antecedentes que justifiquen lo expresado en su declaración. Nos parece también una exageración agregar otra infracción y multar de nuevo al contribuyente cuando éste decide no concurrir ante una notificación del Servicio y, simplemente, recurrir a los tribunales. Creemos que se están exagerando las multas y las infracciones, con lo cual se perjudica a los pequeños y medianos contribuyentes, razón por la cual anunciamos nuestro voto en contra de la disposición. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, quiero referirme a algunos aspectos de las modificaciones al Código Tributario. En primer lugar, de acuerdo con el lenguaje técnico de los ingenieros comerciales, en la legislación ya no se habla de actos y contratos, sino de “operaciones”, como en medicina. Así, en lugar de “secreto profesional”, se habla de las “operaciones de crédito que realizan los bancos e instituciones”, las cuales están constituidas, a lo menos, por tres actos jurídicos: primero, un mutuo un préstamo; segundo, una compraventa, arrendamiento o cualquier otro contrato para el cual se requieren esos dineros, y tercero, las garantías, generalmente hipotecas. En consecuencia, me pregunto si el Servicio de Impuestos Internos va a conocer esos tres actos en las operaciones de crédito. Si la ley Nº l8.010 las define y están constituidas por esa triple entidad de actos jurídicos, va a conocer no sólo las operaciones de créditos, sino también el acto jurídico que requiere esa cantidad de dinero, y la garantía, prenda, hipoteca o cualquier otra caución. Por lo tanto, aquí hay claramente una extensión en mi opinión, indebida del secreto bancario, lo cual dejará al contribuyente al descubierto respecto de la finalidad del dinero. En segundo lugar, encuentro absolutamente imperfecta la figura que tipifica un delito o infracción de la siguiente forma: “El que maliciosamente y eludiendo las normas legales y reglamentarias...”. Me parece que en esta norma no hay una adecuada técnica jurídica y que después puede quedar sujeta a interpretación en los tribunales. La palabra “maliciosamente” indica un dolo específico, pero ¿qué se quiere decir con la expresión “eludiendo las normas legales y reglamentarias”? El verbo eludir lo usan los periodistas deportivos cuando transmiten un partido de fútbol y anuncian que se consiguió un gol luego de eludir a los adversarios. En el caso que nos ocupa, se contraviene una ley, pero no se puede eludir, porque eso no es propiamente una violación o infracción abierta de la disposición legal. En consecuencia, se presentarán serias dudas de interpretación. En la modificación al artículo 171, me parece que se cambia la actuación en el debido proceso. Cuando una persona natural o jurídica debe ser notificada, lo propio es que la primera notificación sea personal y que se tomen todas las providencias para que tenga conocimiento del hecho de estar siendo requerida. ¿Qué pasa con una herencia donde hay herederos y no se ha sacado la posesión efectiva? ¿Se va a notificar por cédula al difunto? ¿Se hará en el edificio, en el condominio, en la vivienda que supuestamente es su domicilio? En la práctica, se está autorizando la eliminación de la notificación personal, para efectuarla por carta certificada, lo que después provocará nulidades por falta de emplazamiento, y llevará a que el fisco pierda los juicios respectivos. Estoy de acuerdo en que, una vez notificado personalmente, se puedan hacer todas las notificaciones que se quieran por carta certificada, pero no en iniciar un procedimiento y ponerlo en conocimiento de la parte afectada mediante una simple carta certificada. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para concluir la discusión del primer bloque, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en este primer bloque, que trata sobre artículos que modifican una serie de disposiciones del Código Tributario, creo importante recapitular lo que se altera con este proyecto. En primer lugar lo ha señalado un señor diputado, se están entregando facultades de la Tesorería al Servicio de Impuestos Internos, o modificándolas. En segundo lugar, se proponen diversos cambios en importantes aspectos procesales, que han destacado muy bien los diputados señores Elgueta y Rincón. El procedimiento se inicia por carta certificada y no por notificación personal. Nos parece un error y por eso vamos a votar en contra. Además, se aumentan los plazos de prescripción, lo que también nos parece inadecuado, porque, como se señalaba, es una discusión cumplida en los tribunales y, sobre todo, los plazos actuales de prescripción responden a una práctica tributaria atendible. Por lo tanto, nos oponemos a esa disposición. En tercer lugar, un tema de real importancia. Los bancos van a tener que entregar la información sobre las garantías y las operaciones de crédito, incluyendo las tarjetas de crédito, al Servicio de Impuestos Internos, lo que me parece un exceso, sobre todo cuando no tenemos tribunales tributarios independientes. También se aumentan dos sanciones para lo que pedimos el voto en contra. Cuando la diferencia o la falta de declaración es detectada por el Servicio la diferencia y falta tienen una sanción tributaria, una multa se agrega otra sanción. O sea, no es sólo porque la declaración no existe o es incompleta, sino porque fue detectada por el Servicio de Impuestos Internos. Nos parece un error desde los puntos de vista sancionatorio y penal. También es un error tipificar como un hecho ilícito la no comparecencia al Servicio de Impuestos Internos, porque es uno de los beneficios que tiene el contribuyente citado. Puede perfectamente no concurrir. En ese caso, el Servicio tiene la posibilidad de liquidar el impuesto, girarlo y, por lo tanto, cobrar. Es decisión de cada contribuyente no concurrir al Servicio. La ley da la posibilidad de que el Servicio liquide el impuesto y proceda contra el contribuyente. Por último, una materia sobre la que pido especial atención, sobre todo a los diputados de zonas agrícolas. Se establece que, en ciertas etapas de la causa, no existirá el abandono del procedimiento por parte de Tesorería. En materias tributarias ya es discutible, pero lo es mucho más cuando se percibe que hay muchos procedimientos de otras leyes adscritas al cobro de impuestos y, por lo tanto, que pueden estar en juicio desde hace muchos años por ejemplo, en el caso de las deudas Cora, no va a operar el abandono del procedimiento. A mi juicio, es un absoluto error que si la Tesorería no ha actuado y han pasado muchos años, no se permita el abandono del procedimiento. Por las razones expuestas, vamos a votar en contra de todas las disposiciones englobadas en estos cinco grupos del primer bloque de discusión relacionado con el cobro tributario. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar, pido disculpas si no puedo dar plena satisfacción a las inquietudes planteadas por las señoras y señores diputados. Pedí el acceso a la Sala de los directores de Impuestos Internos y de Aduanas, y del tesorero general, quienes manejan un nivel mucho mayor de detalle en el aspecto tributario que el que este humilde servidor puede tener, pero me fue denegado. Por tanto, sólo puedo tratar de satisfacerlas en lo general. Cierto número de intervenciones cuestiona el tema de abrir la llamada reserva bancaria a Impuestos Internos. En relación con nuestra intención primitiva y en el ánimo de flexibilizar la privacidad de las personas, debo destacar que se ha desistido de la inclusión en el proyecto, tanto de lo que corresponde al secreto bancario como a la información de la tarjeta de crédito, por cuanto los volúmenes implicados en dichas operaciones son de un monto relativamente menor y la privacidad de las mismas, de gran importancia. Eso deja de manifiesto que no hay ninguna intención de conocer las actividades particulares de las personas, sino que esto obedece a una tendencia que, contrariamente a lo que señaló un señor diputado, es completamente universal. La razón es extremadamente simple: cualquier ingreso o gasto genera necesariamente lo que en contabilidad se llama un aumento de activos y una disminución de pasivos, o viceversa. Por tanto, es imposible tener el cuadro global de las fuentes completas de ingresos de los contribuyentes si no se conocen los movimientos en las cuentas de balance de activos y pasivos. Una parte fundamental de aquello y que tiene relación con la reserva bancaria son los créditos que los contribuyentes contratan con la banca, información que no está a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Es cierto que, en caso de litigio, se puede acceder a ella, pero, para evitar un exceso de burocracia y de costos administrativos, es posible cruzar la información que proviene de ingresos y es la tendencia moderna gracias a la computación con los movimientos de activos y pasivos, barrer rápidamente el conjunto de contribuyentes y conocer las operaciones que eventualmente se investigarían. Nada sacamos con tener acceso a los antecedentes después, por cuanto la selección de aquellos contribuyentes que vamos a investigar va a ser necesariamente defectuosa. Me parece imposible entender que nos opongamos a la modernidad, cuando todos los servicios de impuestos internos del mundo, con la sola excepción de Suiza, cuentan con detalles muchísimo mayores respecto del secreto bancario y cuando la tendencia, gracias a los medios electrónicos, es tener la información completa a través de cotejar rápidamente distintas fuentes. Por tanto, insistimos en nuestra petición de acceder a la reserva bancaria, entendiendo que allí no se está violando la intimidad de las personas, sino simplemente conociendo saldos globales de movimientos de cuentas que permiten saber si las declaraciones están o no bien hechas. Con respecto a los plazos de prescripción, a que se refirió el diputado señor Rincón, sólo cabe hacer presente que el Ejecutivo sostiene que es dejar igual el plazo de la prescripción y de la pena si se hubiese decidido perseguir la aplicación de la pena corporal. En nuestra opinión, no se divisa ninguna razón para que en la opción de aplicar la sanción pecuniaria en vez de la pena corporal los plazos de prescripción sean distintos. Por último y me acompaña aquí el señor ministro de Justicia, nos parece que los cambios en las facultades del Servicio de Impuestos Internos, así como la adecuación de las multas, dicen relación con un balance entre las penas que pudieran aplicarse y los desincentivos para la evasión que dichas penas implicaran. Evidentemente, si las penas son menores, constituyen un incentivo para evadir, por cuanto en el peor de los casos se aplicaría una pena cuyo costo pecuniario es inferior. En todo caso, quiero insistir en que el Ejecutivo comparte la apreciación formulada por distinguidos miembros del Congreso, en el sentido de que en la actualidad existe asimetría entre el poder que pudieran tener los servicios fiscalizadores, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, y los derechos de las personas para reclamar o pedir el conocimiento de sus causas por tribunales independientes. Por esa razón, el señor ministro de Justicia, que me acompaña, presidirá una comisión de alto nivel, designada por el Presidente de la República, la cual contará con 14 miembros, cuyos nombres serán dados a conocer probablemente la próxima semana. Su obligación será evacuar un proyecto de tribunales especializados no sólo en el ámbito tributario, sino que en el de lo contenciosoadministrativo, en un plazo fatal de 180 días, a contar de la aprobación de esta iniciativa de ley. De este modo, el Ejecutivo demuestra palmariamente que lo que aquí nos anima es la búsqueda de la eficiencia y en ningún caso el desequilibrio de poderes. Si hubiera que formular ulteriores comentarios en este sentido, tanto quien les habla como el señor ministro de Justicia, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos, estaríamos encantados de abundar sobre el tema. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Cerrado el debate respecto del primer bloque. El señor Secretario informará a la Sala sobre la forma en que vamos a votar los artículos del primer bloque del proyecto que establece normas para combatir la evasión tributaria. El señor LOYOLA (Secretario).- En primer lugar, corresponde votar la indicación de su Excelencia el Presidente de la República, referida a la letra a) del artículo 1º del proyecto, pasando a ser número 2 el actual número 1: “1.- En el inciso segundo, agrégase después del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, lo siguiente: “Asimismo, la Dirección podrá disponer en casos específicos la presentación de informes y declaraciones por medios tecnológicos, respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios para hacerlo.” El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 27 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. En consecuencia, se aprueba la letra a) con la indicación. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe y Vega. El señor LOYOLA (Secretario).- En segundo lugar, corresponde votar la indicación del Presidente de la República para agregar al inciso final, que en la letra e) se incorpora al artículo 39 del Código Tributario, después del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, lo siguiente,: “Estos procedimientos podrán ser obligatorios respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios y cuenta corriente bancaria”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. En consecuencia, se aprueba la letra e) con la indicación. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Prokurica, Rojas, Seguel, Van Rysselberghe y Vega. Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Juan Pablo). El señor LOYOLA (Secretario).- En seguida, corresponde votar la letra l). El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la letra l). Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 27 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe y Vega. El señor LOYOLA (Secretario).- A continuación, corresponde votar los números 2 y 3 de la letra m). El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación los números 2 y 3 de la letra m). Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 29 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe y Vega. El señor LOYOLA (Secretario).- Corresponde votar las letras i) y n), que fueron objeto de indicaciones, las cuales fueron rechazadas en la Comisión. El señor ÁLVAREZ.- ¿Se va a votar la indicación o el artículo? El señor ERRÁZURIZ.- El artículo sin la indicación. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación las letras i) y n), del artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jarpa, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación las letras ñ) y s). El señor ELGUETA.- ¿No se puede dividir la votación, señor Presidente? El señor LEÓN (Vicepresidente).- No, señor diputado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Encina, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Jarpa, Jocelyn-Holt, Leal, León, Letelier (don Felipe), Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jiménez, Leay, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Rojas, Van Rysselberghe y Vega. Se abstuvo el diputado señor Reyes. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la letra r). Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 30 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LOYOLA (Vicepresidente).- Corresponde votar las letras d), f), g) y h) en sus números 1 y 3. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Van Rysselberghe y Vega. El señor LOYOLA (Secretario).- Corresponde votar la letra t). El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. Se abstuvieron los diputados señores: Elgueta y Luksic. El señor LOYOLA (Secretario).- Corresponde votar los artículos 8, permanente, y 2º, transitorio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobados. Despachado el primer bloque de votación. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor ÁLVAREZ.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sin suspender la sesión y sólo para tener claridad respecto del tema de pesca, solicito que cite a reunión de Comités. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Lo haré oportunamente, señor diputado. En discusión el segundo bloque. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, es natural que si una persona compra una propiedad, un terreno o un departamento deba pagar sus contribuciones. Está bien que lo haga. Sin embargo, por una razón comprensible y natural se suspendió la exención existente para los años 1999, 2000, 2001 y 2002. Ello, porque cuando las inmobiliarias o constructoras terminan un edificio, en el caso de las viviendas, se aplica la ley de venta por piso. Entonces, se produciría el hecho injusto de que éstas deberían estar pagando las contribuciones de un inmueble que todavía no se habría vendido. Siempre existió la posibilidad de que hubiese exención, pero ella se suprimió entre los años 1999 y 2002. Se trataba de una medida transitoria, que regiría sólo por cuatro años. Curiosamente, la aplicación de esta norma transitoria coincidió con un período bueno en cuanto a ventas y a la actividad de la construcción. Entonces, a mi juicio, se trataba de una medida injusta, puesto que nadie puede gravar con impuestos de bienes raíces un stock que debe salir a la venta, por cuanto corresponde a un proceso de la actividad económica. Así es como se toleró la injusticia que implicaba esta medida, porque se produjo en el período más boyante, cuando se efectuaban las ventas incluso antes de estar terminados los inmuebles. De esta manera, el pago del impuesto de bienes raíces no se aplicaba a quien estaba construyendo, sino, con justicia, al comprador y futuro propietario del bien terminado. Este proyecto deroga la exención del crédito por concepto de impuesto territorial, aplicable al impuesto de primera categoría, que afecta a las empresas, en general, y a las constructoras e inmobiliarias, en particular. Al derogarse, se produce, de manera definitiva y permanente, la imposibilidad de aplicar este crédito. Por lo tanto, lo que antes era una medida transitoria por cuatro años, ahora este proyecto la transforma en definitiva. Como presidente y miembro permanente de la Comisión de Vivienda, conocedor del impacto que tiene la cesantía de más de cien mil personas en la actividad de la construcción, de manera directa, y para qué decir en miles de personas, en forma indirecta, no puedo sino decir que esta tributación transitoria de cuatro años, al cambiarse en permanente, originará un deterioro de esta actividad, lo que, en mi opinión, no es adecuado. Alguien me decía que en caso de que se graven los terrenos y el crédito no sea aplicable, servirá para que no haya sitios abandonados y se reactive la construcción. Le dije que no estaba de acuerdo, que no deberían gravarse los terrenos o inmuebles en proceso de producción, y que, por tanto, debería mantenerse la exención que había antes de la ley de 1998 y rechazarse esta norma, que transforma que permanente esta carga tributaria. ¿Por qué? Porque para las arcas fiscales es más beneficioso el permiso de edificación de un edificio que lo que se recaudará por concepto de contribuciones de bienes raíces del terreno. Ahora, si alguien piensa que sólo se pedirá permiso de edificación para acceder a esta exención, eso no me preocupa, por cuanto deberá pagarse por él más plata que por contribuciones de bienes raíces. Por lo tanto, sería bueno incluir terrenos e inmuebles construidos. De lo contrario, la eliminación de este crédito contra el impuesto de primera categoría generará un tributo a la existencia de bienes del activo realizable o al stock, porque es lo mismo, de bienes destinados a la venta en el mercado. Eso no es bueno. Por consiguiente, es necesario conservar el crédito respecto de los inmuebles urbanizados o construidos por una empresa con giro de constructora e inmobiliaria. Para no dificultar la aprobación del proyecto, le he planteado al ministro de Hacienda que estoy dispuesto a concurrir con mi voto a favor, por eso y porque, además, si soy profesional arquitecto ligado al gremio de la construcción, no quiero que haya confusión de intereses en algo que favorezca a esta actividad. De manera que mi voto será a favor del proyecto que grava a la construcción con este exceso de tributación, en el convencimiento de que el ministro, como lo ha dicho, está dispuesto a revisar y explorar una manera de eliminar esta forma de tributación, en el sentido de poner fin al gravamen cuando corresponde. Como una sugerencia para llegar a un artículo distinto, he pensado que en vez de la indicación “Suprímese el inciso segundo, letra f), del número 1”, debiera decirse “Las personas que deban pagar el impuesto de categoría correspondiente a las actividades constructoras e inmobiliarias señaladas en los números 3 y 5 de este artículo, podrán rebajar la contribución territorial por los bienes raíces urbanizados o construidos por ellas, aplicándose las normas de los dos últimos incisos de la letra a) de este número”. Además, si este artículo se mantuviera en el Senado, el día de mañana significaría que una tributación transitoria, porque al país se le dijo que sería por cuatro años, se convertiría en permanente. Me opongo a eso. Podría votar en forma negativa, pero quiero subrayar mi actitud positiva respecto del espíritu que inspira al proyecto. En consecuencia, mi actitud negativa se debe al contenido específico de esta disposición. Agradezco la voluntad manifestada por el ministro en las distintas reuniones que hemos tenido, en el sentido de cambiar en el Senado la fórmula que se propone en el proyecto por una más justa. Además de no existir el crédito, se gravaría, por una parte, a los bienes raíces que generan renta, y se afectaría, por otra, la actividad económica que se realiza con ellos, lo cual es complejo. Quiero agregar que este inciso significará un recargo de impuestos para todas las empresas productivas, con excepción de las agrícolas y de aquellas que arriendan inmuebles como giro empresarial. Por eso, estoy dispuesto a votar de manera positiva, como una manifestación de rechazo a este artículo, que establece la imposibilidad del descargo de los impuestos de las contribuciones mientras se realiza el proceso productivo. Es justo que, mientras no se vende, la inversión se entienda en proceso. Por tanto, el terreno y los bienes que se construyen son bienes en proceso y no deben pagar contribuciones por stock. Por supuesto, cuando la propiedad se vende, esos tributos deben pagarse. En casos de edificios completos terminados, en que se estimuló al inversionista y se hizo la inversión, se pagó el permiso de edificación y se aplicó la ley de venta por piso, Impuestos Internos pide que se paguen las contribuciones de bienes raíces por todos los departamentos. Si el empresario argumenta que se construyeron como negocio, como actividad económica, pero que no se han vendido, ese Servicio, de todos modos, dice que se deben pagar las contribuciones. Si fuera parte de una inmobiliaria, preferiría no construir, esperar o no hacer nunca la recepción final, de acuerdo con la ley de venta por piso. Así se dificultaría, una vez más, la actividad. Lo justo es que sólo cuando se produzca la venta se pague la contribución. Además, está el argumento central: el fisco ganaría más dinero con el permiso de edificación de un edificio grande que con las contribuciones de bienes raíces por un terreno abandonado. Ese permiso vence en tres años, de acuerdo con las disposiciones vigentes, pero no se trata de que se pida para quedar eternamente con la franquicia de no pagar las contribuciones, sino de regular una cuestión tributaria con normas que rigen la construcción. Por lo tanto, se salvaguardan los intereses del fisco, porque si el empresario no construye en ese plazo, deberá pagar un nuevo permiso, el cual significará nuevas entradas, o adoptar un régimen distinto. Me alegro de la voluntad expresada por el ministro de Hacienda y anuncio, por tanto, mi voto a favor, aun cuando la señal de mi voto sea negativa. Estoy tranquilo, porque en mi declaración de intereses manifesté, con toda transparencia, que soy un profesional de la construcción y que nunca votaré a favor un proyecto aunque lo considere correcto que establezca un beneficio adicional a la actividad económica de la cual he formado parte durante toda mi vida. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en Renovación Nacional estamos convencidos de que el país necesita incentivar el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el fomento del empleo. Por lo tanto, estas modificaciones a la ley sobre impuesto a la renta deben ser analizadas en el contexto de en qué medida apoyan el proceso que el país tanto necesita para mejorar las condiciones de vida de su población, o si van en el sentido diametralmente opuesto. La supresión del crédito de las contribuciones de bienes raíces contra el impuesto de primera categoría, cosa que se hizo transitoriamente con el único propósito de financiar durante cierto tiempo el aumento de las pensiones mínimas, constituirá un enorme desincentivo a la inversión. Por eso, debo lamentar la intervención del diputado señor Patricio Hales, porque hace toda una argumentación a favor del crédito, pero termina señalando que votará a favor de la supresión. No hay consecuencia: se piensa de una manera y se actúa de otra enteramente distinta. Creo que así el país no avanza. Suprimir las contribuciones como crédito contra el impuesto a la renta de primera categoría significa que los establecimientos de comercio, industriales y en general todo bien raíz destinado a una actividad productiva va a tener, en definitiva, que pagar doble impuesto: el 15 por ciento de impuesto a la renta y, además, las contribuciones de bienes raíces. Lo mismo ocurre con las disposiciones que excluyen el sistema de depreciación acelerada del impuesto global complementario. Esto significa, en buen castellano, que los inversionistas, las personas que están dispuestas a comprar maquinarias nuevas, a modernizar el aparato productivo del país, van a perder la franquicia tributaria que significa la depreciación acelerada, es decir, aplicar en forma más rápida el deterioro que van sufriendo dichas inversiones y, por lo tanto, deberán pagar mayor impuesto de global complementario. Es obvio que, en la medida en que estemos aumentando los impuestos, estamos en contra del ahorro y de la inversión, y vamos en el sentido contrario de la creación de nuevas fuentes de trabajo. El Gobierno se ha esmerado en decir que este es un proyecto contra la evasión tributaria; pero este tipo de normas está demostrando que aquello es sólo una forma de transmitir al país, comunicacionalmente, para lograr el apoyo de la opinión pública al proyecto. Las normas demuestran que estamos en presencia de una reforma tributaria, que aumenta la carga impositiva. En la medida en que acrecentemos esa carga impositiva, seguiremos deteriorando el proceso indispensable de ahorro, de inversión y de crecimiento que el país tanto necesita. Por lo tanto, quiero dejar en claro, ante esta honorable Sala y ante el país, tal como dijo el Colegio de Abogados en un informe técnico, que estamos en presencia de una iniciativa que es mucho más que un proyecto contra la evasión tributaria. Estamos en presencia de una iniciativa que aumenta la carga impositiva y que, por lo tanto, va en sentido contrario al crecimiento económico que el país necesita. Por las razones señaladas, anunciamos nuestro voto en contra respecto de las modificaciones propuestas a la ley de impuesto a la renta. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, con mucha altura de miras y respetando lo dicho por el diputado señor José García, quiero empezar mi intervención diciéndole que esto no es una reforma tributaria. Es una tímida aproximación a pensar en algo tributario. El país espera una reforma tributaria en serio y de verdad. Repito lo que dije el otro día en presencia del ministro: que en los cinco años de mandato que le quedan, iniciemos la reforma tributaria estructural seria, profunda y real que el país requiere. Aquí estamos, simplemente, adecuando unas normas básicas para impedir la evasión y, sobre todo, la elusión. “Depreciación acelerada” es un término conceptual muy complicado. Uno incentiva la inversión dando la posibilidad de que el gasto por depreciación de cada año se lleve a los resultados en forma de tres por uno. Se pone tres veces lo que correspondería; por lo tanto, disminuyen en tres veces los resultados y las tasas de impuestos, con lo cual, obviamente, se está promoviendo la inversión; pero cuando este derecho se ocupa principalmente por uno o dos sectores del país, que no voy a nombrar, y, además, esta diferencia tributaria se genera en forma permanente, ya no es un incentivo a la inversión. Quizás así deberemos verlo en la reforma tributaria futura y volver a estudiar el tema de verdad con certificados de importación que acrediten que son productos nuevos, inversiones nuevas, que se van reconstituyendo inversiones que, de alguna manera, no son nuevas desde el punto de vista de un aporte para el país y, por lo tanto, se traducen, de alguna manera, en beneficios permanentes, y esa no es la idea. Estamos hablando de cuatro o cinco empresas mineras con nombre y apellido y, por lo tanto, es obvio que debemos terminar con este sistema. Con respecto al traspaso de las pérdidas, entiendo que el señor Vicepresidente ha tenido empresas que han sufrido pérdidas en el pasado; pero no es correcto que quienes las tengan puedan, el día de mañana, vendérselas a los “tiburones” que las usan para dejar de pagar impuestos por los beneficios que obtienen en empresas que no tienen nada que ver con aquellas de pequeños empresarios que tuvieron pérdidas. Aquí compramos al pobre para producir la riqueza del grande al dejar éste de pagar impuestos; es decir, el pobre financia al grande, al rico. Es como la globalización, que favorece a los ricos. ¿Cuándo tendremos globalización en beneficio de los pobres? Era evidente que había que terminar con eso. En la Comisión discutimos esta materia. Lo que se ha hecho constituye un avance, y debemos felicitarnos por el proyecto; pero hemos de volver a lo tradicional: dejar la imputación de pérdidas en casos más claros y con mayor plazo. En relación con la rebaja de intereses de los créditos extranjeros, todos sabemos lo estamos viendo en los grupos económicos, con las privatizaciones y con los capitales que vienen y van que se están trayendo créditos subsidiados al 3 y al 4 por ciento, y otros, al 7, 8, 10 y 15 por ciento. Si todos fueran al 4 o al 5 por ciento, no estaríamos discutiendo ahora. Pero aquellos que están por encima del mercado y regresan a sus matrices en este mundo globalizado, están repatriando, a través de esta exención, utilidades no sujetas a los impuestos que paga la mayoría de los chilenos. El ministro incluso, de acuerdo con conversaciones sostenidas al respecto, moderó la norma inicial. Por lo tanto, quiero manifestar al diputado José García que esto no es una reforma tributaria, sino un tímido acomodo para intentar reducir la evasión y la elusión de l.200 millones de dólares con que partimos. Hoy día vamos en 800 millones; seguimos haciendo recortes y vamos a terminar en 400 millones. En una muestra de buena voluntad, igual como dijo el diputado señor Hales, aprobaré el proyecto por considerar que constituye un avance. En cuanto a la renta presunta, se considera un escándalo que deban pagarla los empresarios de buses, como todos los chilenos. ¿Qué estamos estableciendo? Un límite de 12 mil UTM; y recién vamos a ver si paga impuesto quien tiene un patrimonio superior a 330 millones de pesos en buses. ¡Por favor! Espero que algún día lleguemos a tener esa cifra, aunque no en el Congreso Nacional, porque ahora hay que dedicarse a los negocios. Obviamente, el ministro ha tenido que consensuar hubiese preferido más dureza de su parte, y hemos dado plazo de dos o tres años para adecuarnos a 700, 500 ó 300 millones. Tengo la declaración de impuestos de 2000, del propietario de un taller artesanal, de un zapatero. ¿Saben cuánto pagó trabajando en su casa? 53.673 pesos. Razonable, porque trabajó, dio algo para comer en su casa, y pudo compartir con sus amigos. Aquí tengo otra declaración de impuesto de un propietario de cinco máquinas de transporte, por un valor de 50 millones de pesos. ¿Sabe cuánto pagó de impuesto, señor ministro? Exactamente los mismos 53.673 pesos. Cosa curiosa. También tengo copia de un contrato de arriendo de buses no voy a dar el nombre del propietario a una compañía minera en Antofagasta. Ofrecen buses Mercedes Benz para 25 pasajeros, con 6 marchas sincronizadas, doble circuito independiente, servoasistido, portaequipaje adelante y atrás, asientos copolímeros fantástico este tapizado, ergonométricos. Oferta: 2 millones de pesos mensuales por cada bus. Pero ¡ojo!, para la compañía minera que los va a contratar ese valor es neto; sin impuesto, porque no paga IVA ni nada. A un empresario de la locomoción colectiva que tiene 100 máquinas de transporte, ¿se le exige timbraje en sus boletas? No. ¿Timbraje en libro de IVA? No. ¿Timbraje en libro de ingresos diarios? No. Si les preguntan por el libro caja tubular, dicen ¿qué es eso? Libro de inventario y balances: “no, pues, si somos pequeños empresarios”. Del FUT, fondo de unidades tributables, por supuesto que no. ¿Sabe a quiénes les cobran? Al almacenero de la esquina de su casa que vende pan. ¿Timbra las boletas? Sí. ¿Timbre del IVA? Sí. ¿Les controlan las ventas inferiores a 180 pesos? Si. ¿Timbra el libro caja tubular? Sí. ¿El de inventario y balances? Sí, porque si se les llega a caer una caja de tomates tienen que acreditarlo en el inventario de fin de año. Si pensamos que ésta es una reforma tributaria, ¡estamos ante una vergüenza! Aquí tengo copia de pasajes de aviones, boletos de transporte de pasajeros marítimo y terrestre. ¿Dónde confeccionan ese vale que les venden a las personas, a cualquier tarifa, sobre todo en vacaciones? ¡En la esquina! ¡Si no está timbrado por nadie! Y les hemos dado tres años de plazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, los diputados de la Oposición están felices. Lo que debemos hacer es aproximarnos a un país real, al país de los pobres, donde los que eluden y los que evaden deben pagar, por moral, sus impuestos. Podemos discutir estas cuatro o cinco acciones desde el punto de vista estrictamente tributario donde hay entre 100 y 120 millones de dólares, pero enfocando en forma muy clara a qué sectores beneficia. Por lo demás, los 700 millones de dólares adicionales vienen de aquellos que eluden y no pagan, simplemente porque no quieren pagar. Es la plata de todos los chilenos. Por eso había que elaborar esta proposición de ley. Lamento, y se lo dije personalmente al ministro de Hacienda a quien comprendo y por eso no me gustaría estar en su lugar, que tenga que lidiar con estas políticas de consenso que singularizan a nuestro país. ¡Echémosle al consenso! Y en este consenso pagan los más pobres. Aquí está el ministro de Justicia, quien encabezará una comisión de alto nivel para revisar los tribunales tributarios, los tribunales económicos y los contencioso-administrativos. Y en eso estoy de acuerdo con la Oposición: justicia para que quien tiene dudas reclame. Pero no me tiembla la mano y lo hago con timidez, porque esta es una ley tímida en cuanto a aprobar cualquier legislación posible que permita que los recursos nacionales puedan ser allegados para ir en ayuda de los programas sociales. ¡Adelante, señor ministro! ¡Quiero dejarlo comprometido! El Presidente Lagos ha dicho que conversemos con él; que dejemos pasar un año, o año y medio, hasta que nos acostumbremos a estas nuevas institucionalidades, modificaciones tributarias al IVA, renta, aduana, tesorería, etcétera. Pero empecemos a pensar en grande e invitemos a la Oposición, especialmente con el nuevo Congreso que va a venir: senadores y diputados. Tal como lo hizo el ministro de Justicia, al realizar la gran reforma en la justicia chilena, hagamos también la gran reforma tributaria que el país requiere. Más allá de estos cuatro o cinco acomodos al impuesto a la renta, necesitamos una cosa estructuralmente pensada al estilo moderno, con una legislación moderna, como ocurre en otros países, en virtud de la cual los empresarios paguen lo que les corresponde, y los dueños de buses con 300 millones paguen igual como lo hace cualquiera de los que estamos aquí. He dicho. Aplausos. El señor MORA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, he escuchado con bastante atención la exposición del diputado Lorenzini, y me preocupa que de sus palabras pueda surgir alguna confusión al señalar que un cierto sector no está pagando los impuestos. Lo que ocurre es que actualmente existen disposiciones tributarias a las que se pueden acoger. No es que no paguen los impuestos, sino que lo hacen de acuerdo con una modalidad que la ley establece y que hoy se pretende modificar. Es conveniente aclararlo, porque no es justo dar a entender que algunos no están pagando lo que les corresponde. Quiero manifestar mi disconformidad respecto de la norma que suspende la imputación del impuesto territorial como crédito a impuesto de primera categoría, porque en este mismo Congreso, hace poco tiempo, aprobamos una suspensión transitoria con una finalidad de carácter social. En ese sentido concurrimos con nuestros votos a sancionar aquella norma; pero hoy, a poco andar, nos encontramos con que se va a transformar en una norma definitiva; y debemos pensar, como señalaba el diputado José García hace unos momentos, en el efecto que en la pequeña y mediana empresa causará la aplicación de estas normas, por cuanto se trata de sectores económicos productivos que generan gran parte de los empleos. Pero hoy, en lugar de un estímulo y señales positivas, les estamos dando una visión negativa al decirles que, a partir de la aprobación de esta iniciativa, tributarán dos veces por las contribuciones e impuesto de primera categoría, sin que puedan deducirlas en la forma como lo hacen hoy día. Por esta razón, estimamos que en este proyecto, que tiene por objetivo combatir la evasión, se están introduciendo normas como ésta, que aumentan los impuestos; y eso no es sano, no es positivo, no contribuye a la reactivación de la economía ni a la generación de nuevos empleos. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. Después de esta intervención, procederemos a votar. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en primer lugar, podemos discutir eternamente si estamos ante una reforma tributaria o ante simples modificaciones de algunos aspectos de la legislación impositiva chilena. En verdad, muchas de ellas tienen tal entidad, entregan nuevas facultades o modifican elementos de la base imponible o elementos de hecho gravados, que nos hacen pensar que sí estamos ante una reforma tributaria. Podría ser tan extensa como la quiere el diputado Lorenzini, porque en muchos de los aspectos que mencionó he coincidido con él; entre ellas, la necesidad de tribunales independientes, y lo he apoyado en su lucha. Pero creo que sí estamos ante una reforma tributaria que genera una serie de efectos negativos en nuestra legislación tributaria. En segundo lugar, es muy importante tener presente algo que destacaba muy bien el ministro de Hacienda en una entrevista que dio el fin de semana pasado, en cuanto a que se debe hacer una diferenciación clara entre lo que es evasión, conducta ilícita, absolutamente inválida y contraria a la ley, y lo que se ha llamado elusión por parte del Servicio de Impuestos Internos. En realidad, ésta no es una conducta ilegal, ni tampoco como decía el diputado Alvarado poco válida ni susceptible de reproche ético. Aquellas personas que se acogen a renta presunta, según el ejemplo del diputado Lorenzini, tienen una conducta plenamente válida, dado que se ciñen, legalmente, a un modelo tributario aceptado en nuestro país. Lo mismo ocurre con el pequeño comerciante, aun cuando dicha forma de tributar está suspendida; pero contra su impuesto de primera categoría podía descontar el monto de las contribuciones. No estaba eludiendo impuestos ni incurriendo en una conducta ilegal, sino utilizando un instrumento que le franquea la ley y, por tanto, estaba estrictamente apegado al derecho. Lo mismo cuando se usan las pérdidas, y, en general, los regímenes de depreciación acelerada. Quiero hacer esta distinción en forma muy clara, porque ha habido mucha confusión. No es un reproche ético dirigido contra quien utiliza estos elementos tributarios u optimiza su carga tributaria para no usar la palabra elusión, por cuanto nuestra legislación tributaria le permite utilizar ese esquema y, por lo tanto, su conducta es plenamente válida. En tercer lugar, muchas de las materias que estamos analizando no son de principios ni absolutas. Es posible discutir la relación de contribuciones como impuesto, muchas veces de origen municipal, respecto de impuestos nacionales, como la renta; pero debemos plantearnos o darnos cuenta, a la luz de estas disposiciones, de cuál es el efecto económico que van a tener. Personalmente creo y en eso discrepo de lo que muchas veces ha señalado el señor ministro que estas modificaciones no van a producir un efecto pro inversión ni un efecto pro empleo y, en general, tampoco son adecuadas. En ese sentido, establecer en la práctica una nueva claridad en cuanto al impuesto por el mayor valor de la venta, producto de la enajenación de bienes raíces rurales, es un error; incluir la norma tributaria que lleva inserta la sociedad anónima cerrada sujeta a impuesto por la reinversión, es un error; suprimir definitivamente el crédito de contribuciones contra primera categoría en el modelo tributario chileno, es un error. Es posible que la eliminación se acepte en otros modelos o sea válida si se modifican algunos aspectos, pero en la actual carga tributaria que tienen las empresas chilenas, es un error; las modificaciones hechas a la depreciación acelerada, mantenida en su régimen normal para primera categoría, está bien; pero modificar sus consecuencias, como depreciación acelerada para global complementario y para impuesto adicional, es un error; lo mismo en cuanto a la utilización de las pérdidas por parte de las sociedades, incluso en los modelos de reorganización o reestructuración de empresas más comunes; también es una equivocación la situación que se genera con los intereses pagados a empresas extranjeras que tuvieran cierto grado de relación. Partiendo de la base de que estas seis o siete disposiciones que he citado son equivocadas y constituyen un error desde el punto de vista del modelo tributario chileno, quiero destacar los tres primeros aspectos que señalé. En primer lugar, precisar si estamos o no en presencia de una reforma tributaria, mayor o menor, es materia que se puede discutir; en segundo lugar, hay que diferenciar taxativamente entre el reproche ético, recaído en aquella persona que evade impuestos, la que optimiza su carga tributaria en la jerga habitual y el hecho de que utiliza legalmente estos supuestos, flujos de los vacíos de la ley; y, en tercer lugar, puntualizar que si bien ésta no es una materia de principios, sí lo es en cuanto produce efectos y, en mi modesta opinión en ello discrepo del ministro de Hacienda, creo que tomar estas decisiones no le hace bien al sistema impositivo chileno. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, es mi profunda convicción que cambios en el sistema tributario que afecten la capacidad de crecimiento de la economía son pan para hoy y hambre para mañana. Las dos fuentes importantes de recaudación tributaria y que a la larga dan ingresos al fisco y, por tanto, a los sectores más vulnerables, son las tasas de impuesto, y, también, la base, la cual aumenta con el crecimiento. Responsablemente afirmo, en forma taxativa, que este proyecto no amenazará el crecimiento. Los economistas tantas veces laureados y tantas veces denostados tienen un cuerpo de teoría, para algunos más científica, para otros menos, que avala o no las afirmaciones. Debo decir con entera claridad que se ha hecho un caudal completo, por ejemplo, de temas como el cambio en el sistema de depreciación acelerada, en el sentido de que esto va a afectar los proyectos de inversión y que, en definitiva, condenará a la economía al estancamiento. La depreciación acelerada es un tema que se ha estudiado en la literatura económica durante mucho tiempo y sobre el cual existe abundante literatura y documentación empírica. La depreciación acelerada es un sistema que permite a las empresas rebajar el costo de capital y, por tanto, rentabilizar proyectos de inversión. Ello ocurre cuando la depreciación acelerada se puede usar para reinvertir los excedentes en la empresa. Hoy tenemos la anomalía de que mientras en el caso de las sociedades anónimas ése es exactamente el régimen que rige, en la sociedad de personas tenemos la rareza económica de que la depreciación acelerada se puede usar como forma de repartir utilidades sin que éstas paguen impuestos. Ese mecanismo puede ser demostrado a través de teoría económica básica. En la práctica, lo único que hace es reducir la tasa efectiva de impuesto de primera categoría; o sea, ya sobre la baja base de un impuesto de 15 por ciento uno de los impuestos más bajos del mundo, este mecanismo permite una reducción ulterior. Por tanto, lo que hace es dar incentivos incorrectos desde el punto de vista de asignación de recursos, por cuanto sólo algunos lo pueden aprovechar, por lo cual es discriminatorio para el resto de los sectores productivos. Estoy seguro de que si se confina la depreciación acelerada adonde siempre debió haber estado, que es un crédito tributario sólo en la medida en que las utilidades se reinviertan, vamos a mejorar la asignación de recursos y a potenciar la capacidad de crecimiento. En materia de pérdidas, el Congreso Nacional puede tener la convicción de que, en consulta con más de veinte organizaciones no gubernamentales, hemos llegado a destilar la esencia del tema, y de que hemos flexibilizado la norma inicial, en cuanto a que si una empresa detiene sus funciones por estar en situación de pérdidas y es absorbida por otra empresa, se den todas las facilidades para que las pérdidas tributarias puedan ser aprovechadas. Ello sólo se evita en el caso que a mi juicio es un abuso tributario en que se compra una empresa porque tiene acumuladas pérdidas, cuando la empresa ya no existe sino como mero cascarón. Por tanto, se está haciendo un abuso contable que no guarda ninguna relación con lo que el legislador tenía en su espíritu: aprovechar las pérdidas como una forma de reflotar la actividad productiva donde éstas se generaron. Con esta nueva redacción de la ley, se abren todas las posibilidades de aprovechar esas pérdidas cuando, en definitiva, el giro aunque no sea de giro único de la empresa que había arrojado las pérdidas continúe en el futuro. Podría seguir enumerando cada uno de los cambios y demostrar palmariamente que, desde el punto de vista de lo que es un manejo moderno y eficiente de la economía, ellos son plenamente justificados y abiertamente en contradicción con lo que, en forma liviana, se ha estado señalando por la prensa sobre la base de predicamentos para mi gusto de tipo meramente ideológicos y sin ninguna base científica, que algunos de estos cambios irían en contra del crecimiento de la inversión. Uno de los ejemplos más claros en ese sentido es el límite que estamos poniendo para un apalancamiento de la relación deuda-capital de tres a uno, para efectos de poder contar como deuda y, por tanto, gravar con 4 por ciento y no con 35 por ciento en el caso de las empresas extranjeras. Está claro que es perfectamente posible inyectar capital en la forma de deuda. Esto, que se conoce como los escudos tributarios, es un tema vastamente conocido en la legislación internacional. De no limitar esta situación, estaríamos discriminando en contra de las empresas nacionales y a favor de las empresas extranjeras. Este es un paso de modernización, de ponernos al día con los estándares internacionales sobre la materia. ¿Cómo se puede argüir que esto está significando un paso atrás en materia del impulso del crecimiento de la economía? Efectivamente, nos parece de plena justicia y de una adecuada concepción en términos de una correcta asignación de recursos, lograr que las contribuciones generen renta, pero no que sean deducidas del impuesto de primera categoría, porque dicho sea de paso de ocurrir esto, en la práctica, es el fisco el que paga las contribuciones y no quienes reciben los servicios municipales por los cuales se devengan las contribuciones. Nos parece completamente natural, como cualquier otro costo en el que incurre una empresa o persona, que la contribución, en tanto sea considerada como factor generador de renta, se deduzca como un costo y sea rebajado, por lo tanto, en 15 por ciento de la base imponible, pero no en el ciento por ciento. Este criterio general ofrece un matiz en el caso de la construcción, especialmente cuando nos encontramos en etapas de lenta actividad económica en que existe un período muy extenso entre la construcción de un edificio o inmueble y su realización o venta. En efecto, estamos cargando excesivamente esta actividad al aplicar pago de contribuciones no sólo sobre el terreno, sino también sobre el inmueble construido, a pesar de que ambos son parte de lo que se llama activo intangible o transitorio de la empresa constructora. Estamos estudiando el tema, pero aún no hemos llegado a una solución satisfactoria para todas las partes; estamos en contacto con la Cámara Chilena de la Construcción y, probablemente, presentaremos una indicación en ese sentido durante la tramitación del proyecto en el Senado. Son las particulares características de la construcción las que hacen aconsejable esta excepción, tal como hemos liberado a los bancos, en el caso de la relación deuda-capital. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, lo apropiado es permitir que las contribuciones sean consideradas un costo para la empresa y no que sean imputables al impuesto de primera categoría. Hemos demostrado hasta la saciedad que, desde el punto de vista de una correcta política económica, los cambios que estamos introduciendo no afectan el crecimiento de la economía y ponen el punto sobre las íes en cuanto al cobro de los impuestos y a la eliminación de discriminaciones entre extranjeros y nacionales, entre pequeños y grandes y entre los que pueden contratar servicios de asesoría para lograr eludir impuestos y aquellos que no lo pueden hacer. En definitiva, esto será mejor para todos y cada uno de los agentes productivos creativos, que son los que generan crecimiento e innovación. Gracias, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde votar el segundo bloque de normas que se refieren al impuesto a la renta. Se procederá igual que en el primer bloque. El señor Secretario indicará, uno a uno, los artículos que se pondrán en votación. El señor LOYOLA (Secretario).- En primer lugar, corresponde votar la letra b) del artículo 2º. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 25 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada la letra b) del artículo 2º. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas, Villouta, y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Molina, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica y Vega. El señor LOYOLA (Secretario).- Letra d), número 2. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada la letra d), número 2. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Molina, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Vega y Vilches. El señor LOYOLA (Secretario).- Letra e), número 1. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 24 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada la letra e), número 1. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), GarcíaHuidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Molina, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina), Prokurica y Vega. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, de acuerdo con el debate habido en los distintos bloques, hemos decidido retirar nuestra petición de votar en forma separada. En consecuencia, sugerimos hacerlo en conjunto el resto de las disposiciones sobre impuesto a la renta. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a las disposiciones restantes, las cuales serán votadas en un solo acto. El señor LOYOLA (Secretario).- Las normas restantes son las siguientes: letra e), número 2; letra h); letra j), número 1; letra d); letra a); letra c), número 2; letra f); número 5 del artículo 18 bis, que se agrega a la ley de renta; letra j), número 1; letras a), b) y c); letra j), números 2 y 4, y letra m). El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación todas las normas indicadas por el señor Secretario. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Molina, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde discutir y votar el tercer bloque: artículos 5º y 6º permanentes, y 4º transitorio, relacionados con el IVA. Recuerdo a los señores diputados que hay un tiempo máximo de 20 minutos para diputados de Gobierno y 20 minutos para diputados de Oposición. Si no se hace uso de él, procederemos a votar de inmediato. Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en realidad, estoy bastante complicado con este tema. El diputado señor Alvarado decía hace un instante que la ley permite, algunas veces, distintas interpretaciones, lo que es absolutamente válido. Pues bien, eso es lo que queremos corregir, porque permite lo que se llama elusión. Se trata de dejar clara la posición del Servicio respecto de las posibilidades de interpretación que puedan existir. Sin embargo, respecto del tema del IVA estamos pensando prácticamente en todos los chilenos que no dependen de una empresa, sino de su propia actividad, sobre todo los medianos, pequeños y microempresarios. Pues bien, sobre esta materia me asaltan numerosas dudas. Despejo de inmediato el tema del IVA elusivo. Por ejemplo, quienes van a un supermercado y compran a nombre de sus empresas, obtienen una factura y deducen el correspondiente IVA, lo que no corresponde. Al respecto, son adecuadas las modificaciones que introduce el proyecto de ley. Asimismo, está bien lo relativo a los vehículos que, al cabo de un año, podía ser recuperado por los particulares, lo que significa de inmediato un 18 por ciento del IVA menos. En la práctica, significa que cuando alguien compra un vehículo nuevo, cero kilómetro, sujeto a esta normativa, de inmediato disminuye en un 18 por ciento su valor. Estamos hablando de vehículos caros, por lo que es correcta la aplicación. Incluso, el ministro estuvo muy solícito ante los planteamientos de expertos en la norma general anterior, de replantear el tema respecto de los inmuebles. Así se hizo en conversaciones, buscando lo mejor para los empresarios, para las personas y para el país. El problema radica en el pequeño empresario. Tengo aquí unos comentarios que he resumido. Decenas, no voy a decir cientos, de correos electrónicos o conversaciones en la calle, donde me dicen: “Diputado, en la disminución del crédito fiscal del IVA, no corresponde que terceros tengan que ver con lo que yo hago”. Alguien planteaba por ahí que se puede consultar a Impuestos Internos quiénes son los buenos y los malos contribuyentes, para evitar que la actuación de un tercero, que me dio una factura que no corresponde, tenga impacto en lo mío. Habilitaríamos ya no un fono-cheque, para consultar si están buenos esos documentos, o un fono-clima, para consultar si el clima conviene o no cuando nos vamos de vacaciones al sur o al norte, requerimiento que nuestro Presidente accidental, el diputado Ortiz, lo hace vía internet habilitada en su oficina, pero la señora que conoció el diputado Mora, por allá por Calama, que mencionó en el debate del bloque anterior, no tiene internet. Entonces, debe tomar el teléfono, marcar a larga o corta distancia o a cargo del servicio no lo sé, porque no me lo ha dicho el ministro ni el director de Impuestos Internos y pregunta: “La factura del contribuyente de tal rut ¿tiene prontuario o no?”. Me parece que esto no corresponde. No voy a acompañarlo, ministro, en esta votación. Aquí nos fuimos al otro lado, porque la normativa debe plantear, como decían los americanos en Chicago: “El que la hace, la paga”. En Chile, los huasos, por lo menos en la Región del Maule me acompañan algunos diputados y también algunos que quieren ser senadores por esa circunscripción, dicen: “El que la cocina se la come”. ¿Por qué voy a ver afectados mis negocios por facturas de terceros que estaban con problemas? Me parece que nos estamos yendo al otro extremo; estamos siendo demasiado drásticos. En verdad, rechazar el crédito fiscal es un derecho del contribuyente, y tiene que ser por causales propias y no de sus proveedores. Resulta difícil que quien recibe una factura sepa qué pasó con ese proveedor en el pasado y que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, ¿se rechazaría un crédito fiscal derivado de una factura emitida por un contribuyente que declaró un domicilio que no corresponde, aun cuando haya sido pagada con un cheque nominativo a su emisor? ¿Qué razón justifica que una persona que recibió una factura por una operación comercial real y que pagó a su proveedor, pierda el IVA que ya está en esa factura, porque aquel ha declarado un domicilio inexistente? No podemos hacer responsable al contribuyente de un hecho ajeno. Eso no está en el espíritu de una ley sana. ¿Y qué pasa si por la factura emitida por un contribuyente no se ha pagado el impuesto? Es decir, vamos a tener que hacer la prueba de la blancura a todos nuestros proveedores. Los grandes pueden hacerlo. Tendrán empresas, abogados, sistemas; pagarán para que les informen. Pero creo que esto no es aceptable. No es posible que quien recibe y paga una factura quede expuesto a perder el IVA porque el proveedor tiene algunos problemas con Impuestos Internos. Aquí se estaría consagrando una responsabilidad por deuda ajena, y eso, evidentemente, no parece adecuado. Las deudas ajenas las resuelven los ajenos. Se ha dicho que no se perdería este crédito fiscal si se acredita que el impuesto fue recargado y enterado efectivamente en las arcas fiscales por el vendedor, pero el Servicio igual va a rechazar el crédito. Para aceptarlo exigirá al contribuyente probar que el otro pagó. No lo considerará su problema. Esto significa faltar al concepto de la buena fe, y en este país, perder la buena fe, la credibilidad de las personas, escapa a cualquier reforma tributaria y entramos a analizar las cosas en un sentido moral. Si efectivamente estos IVA han sido ingresados como corresponde, ¿cómo lo acredito? ¿Le voy a pedir a mi proveedor que me preste su libro de ventas o sus declaraciones de IVA? ¿Me va a pagar Impuestos Internos por este trabajo que estoy haciendo por cuenta de ellos? Si así fuera, a lo mejor, con los sueldos que hemos visto y los aumentos de los últimos años, tal vez sería conveniente. Muchos de mis camaradas y colegas de la Concertación lo decían. Y también, junto al diputado Andrés Palma lo planteamos al comienzo. Somos razonables y queríamos avanzar en el secreto y reserva bancaria. Siempre los que tienen no muestran, y la información de aquellos que no tienen, evidentemente, anda por todos lados. ¿En qué condiciones le voy a pedir a un tercero que me vende que me muestre sus libros para saber si pagó el IVA? Aquí sí que no tendría ni secreto ni reserva. Tampoco me parece adecuado. Por lo tanto, respecto de la posibilidad de que Impuestos Internos castigue al contribuyente que, de buena fe, cree en las facturas que le llegan y las paga, como también el IVA y después se ve afectado por no poder recuperar ese crédito fiscal, me complica votar en contra las indicaciones. La gran mayoría de los chilenos tiene trabajos pequeños, está bajo este sistema. Me parece bien que fortalezcamos a Impuestos Internos, pero la raya nunca se cruza. Podemos ir al borde para exigir menos evasión y menos elusión, pero no pasarnos al otro lado. En este sentido, anuncio mi voto negativo a este aspecto. Gracias, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la elusión tributaria la entiendo perfectamente. Por ello, hemos entrado a defender la positiva indicación nacida de una moción del diputado señor Eugenio Tuma, y que respalda su bancada después de un estudio, si no profundo, estudio al fin, porque va en directo beneficio de las Pymes y, por supuesto, de los pequeños comerciantes. Esta modificación del artículo 5º, letra b), del proyecto que modificó el artículo 23 de la ley del IVA, nos ha hecho pensar que sí es un proyecto contra la evasión, y más aún, contra la elusión. El proyecto busca enfrentar una serie de situaciones anómalas que, en la práctica, facilitan el eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar sanciones más drásticas a quienes vulneran las leyes tributarias. La situación del IVA, todos la sabemos, es sumamente compleja, pues existen verdaderas mafias que, históricamente, han trabajado como organizaciones ilegales, por no decir más, con la finalidad de defraudar al Estado, consiguiendo créditos fiscales a los que no tienen derecho y descontar impuestos en forma ilegal. Están también los que eluden impuestos mediante la incorporación a la contabilidad de sus empresas de gastos inexistentes o personales, de manera de disminuir la base imponible, situación que en forma un poco complicada explicó el diputado señor Lorenzini, quien se alegraba de que se aplicara impuesto en segunda instancia a la compraventa de automóviles, y luego señalaba que votaría en contra de la disposición. En virtud de la modificación al artículo 5º, se intercala en el inciso primero del artículo 23, a continuación de la expresión “tributario” y antes de la coma que la sigue, la siguiente oración: “en que el contribuyente pague una fracción del precio o remuneración a lo menos equivalente al monto del impuesto que grave la operación respectiva, independientemente del plazo o condición de pago convenidos con el vendedor o prestador del servicio”. Se trata de que cuando los clientes de los pequeños productores o intermediarios paguen en forma atrasada el IVA, no se afecte la capitalización de las Pymes, porque ellas entregan el 18 por ciento, parte de su capital, sin recuperarlo, pues enteran los impuestos en forma anticipada y antes de obtener el pago íntegro y completo del precio de venta de los bienes y servicios correspondientes, valor que reciben en el plazo que al gran comprador se le ocurre. Esta indicación, que ha hecho suya el Ejecutivo con algunas modificaciones, fue propuesta por la bancada del Partido por la Democracia y tiene un sentido reactivador de la economía. Por eso, solicitamos aprobarla. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, así como hice algunas reflexiones respecto del Código Tributario y de la ley de impuesto a la Renta, ahora me referiré a la ley sobre impuesto a las ventas y servicios. Se ha pedido la votación por separado de una serie de materias muy importantes, como las relacionadas con la devolución del remanente del crédito fiscal y con la devolución del crédito fiscal a los exportadores. Me voy a detener en tres temas que, a mi juicio, revisten especial relevancia y preocupación: el primero, se refiere a la denegación de crédito fiscal por facturas perdidas o emitidas por los que se han llamado contribuyentes incumplidores. Quiero señalar lo que ocurrirá en la práctica: quien le pague a un proveedor o empresario el IVA tendrá que preocuparse permanentemente de saber si está en la lista de incumplidores del Servicio de Impuestos Internos. Se nos ha dicho que se podrá llamar por teléfono o enviar un email para saber si dicha persona es o no cumplidora, lo cual no sólo me parece engorroso, sino que altera toda la estructura del IVA. Si pago el impuesto y puedo demostrarlo, tengo derecho a usar el crédito fiscal. Pero ahora tendré que preocuparme de si la otra persona ingresó el dinero en arcas fiscales y, lo más increíble, si lo ha hecho también respecto de otras facturas por otras adquisiciones. Es decir, se rompe la cadena del IVA y se perjudica enormemente a las Pymes, a todos aquellos que deberán pagar el impuesto a los proveedores, enterar el 18 por ciento de lo que están comprando y, además, preocuparse de saber si esa persona no es de las incumplidoras para efectos del Servicio de Impuestos Internos. Sin duda, ésta es una de las peores normas del proyecto en materia del IVA. La otra, es la relacionada con los bienes del activo fijo. En la actualidad, la venta por parte de una empresa o contribuyente del IVA de un bien de su activo fijo no de aquellos que tiene para vender, sino para producir, por ejemplo, un computador, una máquina, un tractor, etcétera, no está gravada con el IVA, porque no hay valor añadido, no se le ha agregado nada. Hace un tiempo propusimos una norma inteligente, que decía que si lo vende durante el primer año quedará gravado con el IVA, porque en verdad se aprovechó el crédito fiscal por la vía de una triangulación. Distinto es cuando ha transcurrido mucho tiempo. Pero ahora, si un pequeño comerciante tiene un computador, una maquinaria, un tractor, o estanterías que venderá cinco o seis años después de haberlas comprado, la operación completa quedará gravada con el 18 por ciento del IVA. Si eso no es aumento de impuestos, me pregunto qué puede serlo. Hemos creado una nueva figura, gravada con un impuesto de 18 por ciento, que no responde a la cadena productiva del IVA, que significa impuesto al valor agregado. Acá nadie le ha agregado valor; por el contrario, el bien lo ha perdido con el transcurso del tiempo, pero igual quedará gravada con el IVA toda la operación. Eso nos parece absolutamente equivocado. Sí era justo lo que se aprobó en esta misma Sala hace dos años, o sea, si lo vende en el primer año quedará gravado con el IVA, porque ahí servía para triangular: usar una sociedad para comprar una camioneta, utilizar el crédito fiscal y luego venderla a un tercero. Eso es entendible en el plazo de un año, pero no la forma que se dispone en el proyecto, a futuro y por siempre. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, quiero referirme a la letra b) del artículo 5º, pues considero importante la modificación que introduce, la que apoyaré, sobre todo desde mi perspectiva de presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara de Diputados. La norma dispone que el contribuyente tendrá derecho a crédito fiscal, contra el débito fiscal, en la medida en que pague una fracción del precio o remuneración a lo menos equivalente al monto del impuesto que grava la operación respectiva, independientemente del plazo o condición convenidos con el vendedor o prestador del servicio. Esto es muy importante, porque significa ir terminando con la práctica del autocrédito, mediante la cual generalmente los grandes empresarios abusan de los pequeños y medianos. Por ejemplo, un pequeño agricultor, constructor, contratista o comerciante que presta un servicio o entrega un bien a un empresario más grande, emite su factura y, muchas veces, quien recibió el servicio o los bienes se da un plazo de 90, 120, 180 o más días para pagarle, o simplemente no le paga. Resulta que quien entrega la factura debe enterar el IVA al mes siguiente de emitirla, pero nadie le garantiza que se le pague. La modificación que se introduce al artículo 23 es realmente importante, porque asegura que a los pequeños o medianos empresarios, a los proveedores que he señalado, se les pague al menos el impuesto para que quien recibió la factura la pueda debitar en su propia contabilidad. Es un paso importante. Quiero destacar la voluntad del Ejecutivo al introducir esta modificación, porque no estaba en el proyecto original. La idea proviene de un proyecto de ley elaborado por el diputado señor Tuma, a quien le contribuimos en el patrocinio, junto con otros parlamentarios. Quiero señalarlo, porque considero que va por el camino correcto. ¿Cuántos empresarios, contratistas y agricultores han dejado de pagar sus propios impuestos y han incurrido en sanción del Servicio de Impuestos Internos, porque los animales, productos, bienes o servicios que prestaron o vendieron no les fueron pagados oportunamente; pero ellos emitieron la factura? Aquí, al menos en parte, se le pone atajo a esa situación, porque se asegura que se pague el IVA, al menos, a ese contribuyente para que quien recibió los bienes pueda utilizar el débito fiscal frente a su crédito. Entonces, quiero hacer un llamado a los colegas parlamentarios que han manifestado algún grado o un fuerte grado de desacuerdo con este bloque de normas del proyecto, a fin de que, al menos, consideren el tema, ya que en especial va en beneficio de la transparencia, de la competitividad y, en particular, de pequeños y medianos empresarios, a quienes me gustaría darles una buena noticia en la materia. Es cierto que se puede dar entre grandes y medianos, pero normalmente el abuso es hacia el pequeño. Además, normalmente el abuso recrudece en los tiempos de crisis, y como ocurrió durante la crisis de fines de 1998, de 1999, que se ha prolongado durante 2000, de la cual, gracias a Dios, estamos saliendo, la costumbre de dilatar el pago de la factura se mantuvo. No obstante, las grandes empresas han ido saliendo de los problemas, pero la práctica de dilatar el pago se mantiene en perjuicio de los pequeños y medianos. Por eso, reconociendo la iniciativa del diputado señor Tuma en esta materia, acogida por el Ejecutivo, creo necesario aprobar la letra c) del artículo 5º. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Resta un minuto de tiempo a la Concertación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Restan 14 minutos a la Oposición para hacer uso de la palabra sobre el tercer bloque. Tiene la palabra el honorable diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, la intervención del diputado señor Lorenzini me ahorra muchos de los comentarios que quería hacer. Comparto plenamente lo que él señala. Aquí, simplemente, el Servicio de Impuestos Internos está trasladando tareas y funciones de su competencia al contribuyente, transformándolo en fiscalizador de sus proveedores, pues debe asegurarse de que las facturas que le emitan cumplan determinados requisitos, sin saber cómo investigar y conocer si ellos se cumplen. Por lo tanto, repito, la intervención del diputado de la Democracia Cristiana señor Lorenzini, parlamentario de Gobierno, me ahorra muchas palabras. Comparto plenamente que aquí, simplemente, estamos perjudicando a los contribuyentes de manera realmente notable y poniendo dificultades para el ejercicio comercial y productivo. Pero, además, en materia de IVA, quiero recordar que se está derogando una disposición que significa que si un contribuyente es fiscalizado por el Servicio y en los últimos 12 meses no se le descubre ninguna diferencia, todo está correcto, en orden, ha pagado sus impuestos como corresponde, todas sus facturas, tanto de compra como de venta, y todo está perfecto, se presume que su actuación tributaria respecto del IVA en los años anteriores ha sido también impecable y, por lo tanto, no se le fiscaliza. Ese es un incentivo al buen comportamiento tributario, a que no exista evasión tributaria; sin embargo, lo estamos derogando. Esa ley, llamada “ley tapón”, porque sólo permite la revisión de esos doce meses y, repito, en la medida en que están perfectos no se revisa hacia atrás, la estamos derogando. Si en esos doce meses el contribuyente muestra cualquier problema y se le giran diferencias de impuestos, automáticamente no hay “ley tapón” y se puede revisar toda la documentación de tres años y, si es necesario y hay delito, hasta de seis años. Por lo tanto, derogar esa ley que incentiva el buen comportamiento tributario, me parece claramente un error. Por esa razón, y por las señaladas por el diputado señor Lorenzini, anunciamos el voto en contra de las distintas reformas a la ley de impuestos al valor agregado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Alberto Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, en todos los años que llevamos legislando en el Congreso, pocas veces había visto normas que resultaran tan contrarias al principio de la inocencia que en una sociedad democrática existe respecto de las labores de las instituciones públicas sobre los particulares. Desde luego, quiero recordar que aquí aprobamos una norma inédita en la historia procesal chilena, como es que a cualquier ciudadano que viva en una zona urbana se le va a notificar por cédula el requerimiento de pago por parte del Servicio de Impuestos Internos, esto es, el embargo y remate de sus bienes. Lo dijo el diputado señor Elgueta con toda razón. Llevo diez años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Hemos dictado leyes en todos los ámbitos; pero nunca una norma por la cual el día 15 de enero el Servicio de Impuestos Internos resuelve rematar la casa de una persona, porque le liquidó un impuesto. Lo notifica por cédula. Eso significa que le deja un papel a la entrada de su casa. Si ese papel desaparece, es entregado a un tercero, se pierde o queda en la calle, al regresar de vacaciones esa persona se encontrará con que le remataron la casa. En toda la historia legislativa del Congreso desde 1990, la primera notificación siempre ha sido personal, y hemos legislado en defensa de los chilenos de clase media y de la gente pobre probablemente los ricos no tengan ese problema, que de aquí en adelante, cuando se les requiera de pago, no se les va a notificar personalmente, sino por cédula. Pero no sólo lo hemos notificado de eso, sino de una cosa mucho más aberrante: cada chileno que realice una operación de compra en su actividad personal, en su pequeño negocio, un producto, y le entregan una factura, le acabamos de notificar que debe tener un curso en la Policía de Investigaciones para poder realizar sus actividades. O sea, ahora la Policía de Investigaciones va a tener un departamento especial. Ustedes, que representan a zonas de clase media y también de gente modesta, explíquenme cómo un comerciante establecido o un pequeño empresario va a certificar lo siguiente cuando vaya a comprar un producto y le entreguen una factura: primero, si la persona que le entregó la factura tiene inicio de actividades o no; segundo, si el domicilio que figura en la factura es real o no; tercero, si efectivamente es contribuyente; cuarto, que esa persona no permanezca como inconcurrente, que haga declaración de impuesto. ¡Se dan cuenta de lo que significa pedir a cada chileno que revise todos esos detalles en cada factura que reciba, en circunstancias de que deben realizar cientos de operaciones de ese tipo en el mes! Entiendo que se debe dar facultades a los órganos públicos, particularmente al Servicio de Impuestos Internos, para que la gente pague sus impuestos y no los evada; pero de ahí a transformar a los chilenos, como lo hemos hecho, en seres indefensos cada vez que los notifiquen y adicionalmente obligar a gente modesta a que prácticamente tome un curso especial de investigador para hacer todo un seguimiento de la vida del tipo que le emite una factura. ¡Es lo más incoherente que he visto en muchos años en este Congreso! Este es un tema de una Comisión distinta a la que habitualmente pertenezco; pero he querido intervenir, porque pocas veces he visto tanta falta de sensatez en la elaboración de normas legales, que no tendrán vigencia y ninguna aplicación práctica. Por lo tanto, los llamo a reflexionar, porque ya dejamos a los chilenos indefensos cuando sean notificados por cédula, porque se producirá el caso inédito de que le podrán requerir de pago y rematar sus bienes sin que se entere, por el solo hecho de dejarle un papel a la entrada de su casa, y tendrá conocimiento de ello cuando la rematen. En consecuencia, resulta ridículo que, además, dejemos a todos los chilenos en el riesgo de responder por facturas que le llegan a su poder, porque no saben si es verdadero el domicilio de la persona que se la entregó, lo que, a todas luces, es absolutamente incoherente con una legislación que pretende tener un Servicio de Impuestos Internos fuerte, el cual no respeta los derechos más elementales de los ciudadanos en esta materia. Por esa razón, señor Presidente, vamos a votar en contra de estas disposiciones. El señor HALES.- Señor Presidente, pido la palabra por un minuto. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Honorable diputado, tal como informó el diputado José Miguel Ortiz, en su calidad de presidente accidental, se acabó el tiempo de su bancada, por lo que lamentablemente no tengo la posibilidad de otorgarle la palabra, salvo que exista el acuerdo unánime de la Sala para que usted pueda intervenir. No hay acuerdo para ello. Corresponde votar el tercer bloque de disposiciones. El señor MULET.- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, con mucho gusto le daré la palabra al término de la votación. El señor MULET.- Señor Presidente, la pedí antes. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda, quien sí tiene derecho a intervenir en este momento. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, pienso que a pesar de todas las conversaciones que hemos tenido sobre la materia en diversos foros, incluyendo la Comisión de Hacienda, todavía hay temas que parece que no hemos sido capaces de explicar o que los señores diputados no han sido capaces de entender. Me referiré al famoso tema de la lista de los contribuyentes. Existe un sistema que impide a una empresa determinada descontar el IVA cuando compra un producto y le entregan una factura que tiene problemas, salvo que tome ciertos resguardos, como haber pagado su factura con un determinado procedimiento, como cheque nominativo. Todo lo que estamos haciendo con este proyecto es añadir una facilidad a los contribuyentes, cual es que puedan consultar una lista para saber si quien emitió una factura está en una situación regular con el Servicio de Impuestos Internos y si se justifica que tomen los resguardos que señala la ley, que hoy deben tomar en cualquier caso, para no cancelarla a través de métodos generales. No puedo entender esta oposición para dar una nueva facilidad de información a los contribuyentes para mantener su relación con el Servicio de Impuestos Internos sin problemas. Insisto, probablemente no hemos sido capaces de explicar esto; lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, pero continuamos dando vueltas sobre lo mismo. Reitero, una vez más, que lo que estamos haciendo es facilitar, por medios electrónicos, una lista que permite saber a las personas que compran un bien que la factura que reciben fue emitida por un contribuyente regular o no, con el objeto de que en este último caso tomen las precauciones para pagar a través de los medios que la ley estipula. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lo que ocurre es que puede exigirse eso en una situación... El señor AGUILÓ.- Reglamentariamente, no puede hablar de eso. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Honorable diputado señor Baldo Prokurica, usted pidió la palabra para referirse a una cuestión de Reglamento. El señor AGUILÓ.- Ni siquiera puede hablar respecto de una cuestión reglamentaria. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no puede hablar ahora el diputado señor Prokurica, porque está interviniendo el señor ministro de Hacienda. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Sergio Aguiló, hemos discutido con mucha calma el proyecto, por lo que le pido que tratemos de no perderla a estas alturas. Honorable diputado señor Baldo Prokurica, le había otorgado la palabra para que se refiriera a una cuestión de Reglamento, pero es efectivo que el señor ministro de Hacienda no ha terminado su intervención. Por lo tanto, permitamos que el señor ministro de Hacienda haga uso de su derecho y después veamos qué procede a continuación. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, deseo formular una pregunta muy breve. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, he dicho que tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. En consecuencia, si me pide la palabra después de que termine de hablar el señor Eyzaguirre, se la daré con mucho gusto para que plantee una cuestión de Reglamento. Tiene la palabra el señor ministro. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, sólo quiero preguntar,... Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor MOREIRA.- ...¿por qué están tan irritados los señores diputados de las bancadas de enfrente? Hablan varios señores diputados a la vez. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no es mi ánimo provocar polémicas de ninguna especie. Simplemente, quiero terminar mi intervención señalando algo extremadamente breve en relación con dos puntos observados por el honorable diputado señor Alberto Espina, cuales son las notificaciones y los embargos, materias que ya fueron votadas en el primer bloque. En consecuencia, no creo que resulte oportuno que me refiera sobre ellas a estas alturas, dado que ya fueron sancionadas. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- De acuerdo con lo que me informa el señor Secretario, restan seis minutos a las bancadas de la Oposición para hablar sobre este bloque. Tiene la palabra el honorable diputado señor Alberto Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, no ocuparé más de un minuto para contestar al señor ministro. Él ha dicho que todos los chilenos que compremos un producto o servicio tenemos que llamar por teléfono o usar un moderno sistema de internet, que seguramente vamos a tener, para saber si la factura que le extienden cumple con los requisitos; pero se olvida de que sólo en la Región Metropolitana se realizan más de 20 millones de operaciones al mes para adquirir productos o servicios. Ahora, explíqueme, señor ministro, ¿cómo sabrá un chileno si es inexistente el domicilio que declaró un contribuyente? Explíqueme, jurídicamente, ¿qué significa que sea “inexistente”? Llamo por teléfono y me dicen que el señor Juan González tiene domicilio en la calle San Pablo 2233. Consulto si tiene domicilio en la calle y número dados. Me responden que sí. Después, le entrego el recibo de su factura, hago uso de mi crédito, me devuelven el crédito y después me dicen que no existe San Pablo 2233, y el culpable soy yo. El contribuyente honesto, honrado, que pagó sus impuestos, debe transformarse en Sherlock Holmes para averiguar si existe o no existe el domicilio de San Pablo. O sea, en chileno, de aquí en adelante, debo tener carné de identidad, un curso en Investigaciones, transformarme en detective para que cada vez que haga una operación comercial tenga que investigar el destino de todas las personas que compran conmigo. ¡Es absolutamente ridículo! Y cualquier análisis que se haga en defensa de las personas de clase media corrobora que normas de esa naturaleza lo único que pretenden, a fin de cuentas, es que las personas se inhiban de realizar actividades comerciales, porque cada vez que lo hagan se les pondrá la patente o la sombra de que son “sinvergüenzas”. No creo que los chilenos honrados sean sinvergüenzas. Entonces, honestamente, ésta es una norma de lo más contraproducente para defender los derechos de la gente que quiere pagar sus impuestos, que quiere ser fiscalizada, pero que no puede investigar el destino individual de cada una de las personas con las cuales realiza operaciones comerciales. Esa norma va en directo perjuicio de la gente de clase media, que es la que no tiene cómo defenderse frente a este tipo de arbitrariedades. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En los dos minutos que restan al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Prokurica, a quien el diputado señor Hales solicita una interrupción, por intermedio de la Mesa. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, si la interrupción es con cargo al tiempo de la Concertación, se la concedo sin problema. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No le queda tiempo a la Concertación, señor diputado. El señor PROKURICA.- Permítame intervenir y, luego, le doy el tiempo que quede al diputado señor Hales. Señor Presidente, parece que el ministro está confundiendo esta disposición con otra. En la legislación chilena hay, por lo menos, tres disposiciones que establecen responsabilidad por otro: por actos de los hijos, por los daños causados con vehículos motorizados y por las fieras. Aquí estamos poniendo a los contribuyentes una responsabilidad al entregar una factura a alguien que no conoce, al que tiene que investigar, como señaló el diputado señor Espina, haciendo de investigador privado, sobre su domicilio y condición económica, con la agravante de que en las tres responsabilidades anteriores de la legislación es sobre hechos existentes. Con esta disposición se le hace responsable de hechos futuros cometidos por un tercero. ¡Esto es inconstitucional e irracional! Me gustaría que en los futuros proyectos sobre materia tributaria no sólo habláramos de más atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos, sino que también nos preocupáramos de los derechos de los contribuyentes, quienes generan los recursos para que podamos trabajar todos quienes recibimos sueldo fiscal. ¿Hasta cuándo seguimos acogotando a los contribuyentes? Aquí se habla de fundar una pequeña y mediana empresa. ¿Qué posibilidad tiene un pequeño zapatero, un pequeño agricultor o un pequeño minero de ir a comprobar el domicilio de la persona que le dio una factura? Pido que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de escritorio. No se sabe nada de lo que ocurre en la práctica, de notificaciones por el estado diario, por carta certificada. Si en las regiones sólo existen tribunales tributarios en sus capitales, ¿cómo se van a defender esas personas? En la práctica, esta disposición afecta a las personas más modestas, pues las empresas grandes contratan a un abogado o a un estudio de abogados para defenderse. ¿Qué van a hacer esos pequeños contribuyentes que no pueden pagar un abogado ni desplazarse? Estoy seguro de que todos ustedes están de acuerdo. Entonces voten con nosotros, pero no a favor de estas disposiciones. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el tiempo que le resta a Renovación Nacional, puede hacer uso de la palabra el diputado señor Hales. El señor HALES.- Agradezco al diputado señor Prokurica su interrupción. Señor Presidente, quiero decir a los diputados que, como en el caso del colega señor Prokurica, se declaran entusiastas defensores de la actividad empresarial, que, al parecer, no han participado nunca en ella, por lo cual son defensores teóricos de la misma. Al diputado señor Prokurica le digo con todo cariño, por intermedio de la Mesa, que, en primer lugar, le agradezco la interrupción que me concedió y, en segundo lugar, que si tiene actividad empresarial, es obvio que no ha pagado los impuestos, porque cuando uno compra y debe hacer una modesta o gran construcción, debe adquirir los materiales y pagar por todos los insumos el impuesto correspondiente. Y el que me vende, me factura con el IVA. A su vez, él debe pagar los IVA que yo le he pagado. Si no le he dado un cheque nominativo o cruzado o a su nombre, entonces tengo la responsabilidad subsidiaria, porque soy el comprador. ¡Eso, señores, existe hoy! Lo que dice el proyecto por eso tienen que ayudarlo es que le van a dar una lista con información para conocer con facilidad los antecedentes de la persona. Eso es bueno para el proveedor y para el comprador. No es la policía de fantasía. Me entusiasma lo que, con dramatismo, señala el colega y amigo Alberto Espina. Suena entretenido y gracioso, pero, en verdad, no se necesita policía para este tema. Es simplemente facilitar al empresario el cumplimiento del pago del IVA de mejor manera de la que hoy existe. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, creo que estamos en una especie de comedia del absurdo, por cuanto, una vez más, insisto, pueden ser muy atendibles los puntos que hacen presente, pero no ha lugar, por cuanto este proyecto de ley no se trata de lo que ustedes dicen. Hoy existe un procedimiento a través del cual, si una determinada empresa compra una factura, paga el IVA, pero quien entregó la factura tiene problemas con Impuestos Internos y no entera ese IVA, salvo que esa empresa haya pagado con un cheque nominativo, no podrá descontar con posterioridad el IVA. Así es hoy. ¿Qué dice el proyecto de ley? Que de hoy en adelante, con la concurrencia de vuestro voto, esa persona, para evitar esa situación que lo perjudicaría, contará con una lista en la cual podrá consultar si la persona ha cumplido con sus créditos de IVA o no. ¿Cómo podemos oponernos a ayudar al contribuyente? Eso dice la norma y no otra cosa. Gracias. El señor PROKURICA.- ¡Eso no es así! ¡Es un nuevo requerimiento! El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ha llegado a su término la discusión de este bloque y corresponde votar. Al término de la votación, daré la palabra a quienes la están pidiendo para plantear un asunto reglamentario. El señor Secretario dará lectura a la disposición que se votará. El señor LOYOLA (Secretario).- La primera votación corresponde al artículo 5º, letra a). El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 29 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Coloma, Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Orpis, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Van Rysselberghe y Vega. El señor GARCÍA (don José).- Pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, sugiero votar en un solo acto todas las otras modificaciones al artículo 5º, para las cuales se ha pedido votación separada. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ya lo había comunicado a la Mesa el diputado señor Álvarez. Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LOYOLA (Secretario).- En consecuencia, correspondería votar las letras b), c), d) y e), del artículo 5º, y los artículos 6º permanente y 4º transitorio. Hablan varios diputados a la vez. El señor ÁLVAREZ.- Los colegas de la Democracia Cristiana solicitan votación separada. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Si no hay acuerdo para votar en conjunto, corresponderá votación separada. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, si es posible, que se vote separadamente sólo la letra c). El señor LEÓN (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala? El señor MULET.- No; que también se vote separadamente la letra b). El señor LEÓN (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En consecuencia, se votará por letra. En votación la letra b) del artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 30 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Coloma, Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la letra c) del artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Rechazada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ávila, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco y Walker (don Ignacio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Bertolino, Rozas (doña María), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Coloma, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jiménez, Kuschel, Leay, Longueira, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, Olivares, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pareto, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Van Rysselberghe, Vega, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Elgueta y Reyes. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la letra d) del artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 25 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Coloma, Delmastro, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la letra e) del artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Coloma, Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LOYOLA (Secretario).- En seguida, corresponde votar los artículos 6º permanente y 4º transitorio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Coloma, Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde discutir por diez minutos, cinco para cada sector, el cuarto bloque. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, el cuarto bloque dice relación con Aduanas. Se contemplan dos artículos al respecto, uno relativo a modificaciones a la ordenanza y otro a la ley orgánica del Servicio. Por la hoja de tramitación que se ha distribuido, entiendo que no hay indicaciones. Se trata de modificaciones para mejorar la operatoria de un servicio que es sustancial en la recaudación de rentas para el Estado y que, sin embargo, tal como tuvimos oportunidad de mencionarlo en la discusión general verificada la semana pasada, tiene un tratamiento, no diré postergado ni disminuido, pero, en todo caso, que no se condice con la importancia y relevancia del rol que Aduanas tiene en la historia y en la práctica de acuerdo con la ley. En esa oportunidad reclamamos la necesidad de que el Poder Legislativo esto es, en nuestra estructura, la suma del Ejecutivo y el Congreso Nacional, se comprometiese en la perspectiva que ya se tradujo en la dictación de la ley Nº 19.479, en 1996, de modernización de un servicio que requiere mayores recursos humanos, técnicos y legales. El personal de ese Servicio ha planteado reiteradamente esta necesidad, a través de su organización gremial, ante los distintos gobiernos y ante el Congreso Nacional, no sólo en una oportunidad, sino en varias. En la última, recuerdo un proyecto de acuerdo, propiciado por el colega señor Velasco, por el cual se planteó al Ejecutivo la necesidad de asumir esa aspiración. Hoy es satisfactorio señalar que se ha logrado un compromiso entre el director del Servicio, don Cristián Palma, y quien preside su organización gremial, don Daniel Vergara, con el conocimiento del ministro de Hacienda, quien entiendo lo ratificará, para lograr ese objetivo. Para ello, se elaborará un estudio por parte de una institución internacional, que culminará en un plazo que no podrá exceder de ciento veinte días desde la fecha de su inicio, es decir, desde que sea encomendado, y que abordará la aplicación de las medidas administrativas que fueren necesarias y la elaboración de los proyectos de ley que correspondan. Son garantes de ese compromiso los diputados señores Carlos Montes, José Miguel Ortiz y el que habla, quienes realizamos el esfuerzo de buscar los entendimientos y acuerdos posibles para satisfacer lo que interesa al país: contar con un Servicio de Aduanas que cumpla con su papel, que se adecue a las condiciones, características y realidades del comercio internacional; que haga su aporte al esfuerzo por contar con rentas suficientes para las tareas del Estado, y que cuente con un personal que tenga adecuadas remuneraciones y condiciones para ejercer sus funciones. Nos satisface que en este proyecto se haya hecho esa consideración respecto de quienes se desempeñan en los servicios de Impuestos Internos y de Tesorerías; pero es necesario que esto ocurra también respecto del Servicio de Aduanas. Si bien, por la premura del tiempo, no fue posible incorporarlo en este proyecto a lo mejor, algo se podría hacer en el segundo trámite constitucional, el compromiso del director de Aduanas, ratificado por el ministro de Hacienda, es plasmar esta solución en un plazo no superior a 120 días. Ciertamente, esta situación nos llena de satisfacción. Esperamos que implique una ratificación de la confianza que el personal tiene en los apoyos que se le están formulando, tanto a nivel de Ejecutivo como en el Congreso Nacional. Aplausos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, en la línea argumental que acabamos de oír de parte del diputado Enrique Krauss, quisiera señalar que más que la ausencia de disposiciones legales y facultades privativas del Servicio Nacional de Aduanas, se observa una carencia notable en el ámbito de una fiscalización efectiva de lo que el Servicio tiene a su cargo actualmente. Hay dos aspectos que han ido adquiriendo, a lo largo del último tiempo, una magnitud extraordinariamente preocupante. Por una parte, están las “dips”, que constituyen un factor de evasión tributaria de gran volumen e implican para el Estado chileno una pérdida de recursos cada vez más significativa. Por otro lado, está todo lo que se relaciona con los “couriers”. En este aspecto, como un dato que ilustra la preocupación que en ese ámbito existe, está la adquisición, según noticias recientes, por la empresa norteamericana Courier Fedecs, denominada Federal Express, de una flota de superjumbos, de carga, con una inversión aproximada de 1.200 millones de dólares. Esto revela cómo, a nivel mundial, este tipo de intercambio comercial adquiere un volumen impresionante que en todas las aduanas del planeta está ocasionando un impacto negativo, lo cual debe constituir una preocupación de las autoridades correspondientes. En Chile, este aspecto en particular está significando una evasión tributaria, que, por desgracia, no se ha medido suficientemente. Si se hiciera, podría aquilatarse la enorme gravedad que envuelve. Por eso, es preciso dotar al Servicio Nacional de Aduanas de los recursos humanos que le están haciendo falta para abordar en plenitud las tareas que competen al Estado chileno. He dicho. Aplausos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Cerrado el debate respecto de este bloque. Corresponde votar el bloque Nº 4. El señor Secretario va a informar acerca de la manera en que vamos a seguir votando. El señor LOYOLA (Secretario).- Corresponde votar el artículo 10, letras a), c), d), e), h), i) número 3, en cuanto agrega las letras h), j), k) y l); m), n) y ñ), o), p), y el artículo 11. El señor AGUILÓ.- Asunto de Reglamento, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, las letras que acaba de nombrar el señor Secretario, ¿se votarán todas juntas o podemos hacerlo en forma separada? ¿Podría solicitar en este momento votación separada, señor Presidente? El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, de conformidad con el acuerdo unánime de los Comités, todas estas normas se votan en un solo acto. Señor ministro, no le puedo dar la palabra, porque ya cerramos la discusión sobre este bloque. En votación el bloque Nº 4. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pareto, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Coloma, Delmastro, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero ratificar lo que adelantó el diputado Krauss de que hemos encargado la elaboración de un estudio a una empresa internacional, para que nos ilumine, básicamente, sobre el desarrollo que ha tenido el proceso de modernización de la Aduana, iniciado por la ley despachada por el Congreso en 1996. En dicho estudio deberán ser consultados temas referidos al área de personal, a las deficiencias en materia de capacidad de fiscalización, capacitación, dotación y otras situaciones pendientes. El plazo no podrá exceder de 120 días de haberse iniciado el estudio, al cabo del cual el Ministerio enviará un proyecto de ley sobre la materia, o bien iniciará las acciones administrativas que se recomienden. Gracias, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Entramos al último bloque de normas, correspondientes a los artículos 12 y 13, permanentes, y 1º, 9º y 10 transitorios. El tiempo acordado por los Comités es de 10 minutos para cada sector. Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, no cabe duda de que una parte fundamental de la eficacia del proyecto sobre evasión y elusión tributarias pasa por el rol de fiscalización que corresponderá ejecutarse de aquí en adelante, lo cual indica la necesidad de contar con funcionarios con capacidad y condiciones para ejecutar dicha labor. En ese contexto, quiero referirme a un aspecto relacionado con el esfuerzo que corresponderá a los funcionarios públicos y, específicamente, al número 2, inciso segundo, del artículo 13, que dice relación con el proceso por el cual se irán proveyendo los cargos de fiscalizadores que se crean por el proyecto, materia a la cual también se refieren los demás números de la precitada disposición. Con respecto a la forma de llenar estos cargos, quiero hacer una reflexión. Aquí se señala que, en primera instancia, se hará mediante concursos internos limitados a los funcionarios de la respectiva planta y, en su defecto, si estos cupos se declararen vacantes se realizará un concurso público. Nuestra petición es votar en forma separada el inciso segundo del numeral 2, con el objeto de que los cargos solamente se puedan proveer mediante concursos internos, pues consideramos que Impuestos Internos tiene personal con suficiente trayectoria y capacidad para completar los cupos que se crean. Ya se ha fijado en la ley general el procedimiento para llenar los cupos que quedaren vacantes, y se ha determinado la forma en que correrá internamente la planta. Sugerimos este procedimiento, porque estimamos necesario contar con funcionarios que sean del Servicio para cumplir con estas labores. En el grado 11 hay más de un centenar de fiscalizadores. Sin duda, dentro de ese centenar hay más o menos ocho que cumplen los requisitos y mediante un concurso interno podrían ocupar estos cupos. En atención al respeto de la carrera funcionaria y, especialmente por la tranquilidad del trabajo que desarrolla la asociación de funcionarios, pedimos que se vote por separado el inciso segundo del número 2 del artículo 13. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en el artículo 12 se modifican las plantas del personal del Servicio de Impuestos Internos, lo que en buenas cuentas significa autorizar la contratación de algo más de 500 nuevos fiscalizadores. Si bien compartimos la necesidad de mayor fiscalización en el cumplimiento de las normas legales, nos parece que el aumento del número de fiscalizadores debe ir aparejado con una mayor equidad en lo que hoy es la justicia tributaria. Al respecto debo recordar que ésta empieza con los tribunales de primera instancia, los cuales están constituidos por el propio Servicio de Impuestos Internos, que se constituye en juez y parte. Por lo anterior, estamos convencidos de que no se cumple un hecho básico y esencial para un debido proceso, pues debe haber alguien que acusa en este caso el Servicio de Impuestos Internos; el acusado que es el contribuyente, y un tercero independiente que debe resolver en forma objetiva, sin estar involucrado en la controversia tributaria. Mientras no exista una justicia tributaria independiente, rechazaremos el aumento del número de funcionarios fiscalizadores. Respecto de los números del artículo 13, compartimos lo que ha señalado el diputado Juan Pablo Letelier. Estamos de acuerdo en la separación de la votación y en que en la provisión de los cargos se considere en primer lugar a los funcionarios actuales del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de respetar la carrera funcionaria. Por lo tanto, apoyamos la división de la votación solicitada. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Antonella Sciaraffia. La señora SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, además de compartir lo señalado por el diputado Juan Pablo Letelier en cuanto a que se debiera privilegiar a los funcionarios del Servicio por su vasta experiencia, quiero referirme a lo que esto significa para el país y muy en especial para los contribuyentes. Nosotros hemos dado nuestro acuerdo para fortalecer las facultades de Impuestos Internos y ampliar su planta con el fin de ejercer una fiscalización más eficiente, pero con un compromiso básico: contar con un tribunal tributario independiente y así evitar que el Servicio de Impuestos Internos sea juez y parte. Es necesario que las materias tributarias discutibles puedan ser resueltas por un tercero, como cualquier materia que genere controversia en nuestro país. Se supone que vamos a conocer, discutir y aprobar en breve plazo la creación de estos tribunales tributarios, y sobre esa base estamos de acuerdo en aumentar la planta y otorgarle más facultades al Servicio. Otro tema que nos preocupa de manera muy especial se refiere al de las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que ellas constituyen el 80 por ciento de la fuente de trabajo y, por lo tanto, no queremos que esto se convierta en una cacería en contra de las Pymes, que ya se han visto afectadas por la crisis económica que vive el país, sino que se aplique con altura de miras para conseguir el objetivo de impedir la evasión y que se focalice fundamentalmente en las grandes empresas. Por lo tanto, ellas requieren de una cierta flexibilidad y apoyo para seguir creciendo y así generar más ocupación de mano de obra, que es lo más importante. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en este último bloque, relacionado con el Servicio de Impuestos Internos, acogemos las reivindicaciones de sus funcionarios, sobre todo en materia de remuneraciones, concursos internos y experiencia laboral. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en votar por separado y apoyar esas aspiraciones, que nos parecen absolutamente legítimas. En cuanto a aumentar el número de fiscalizadores, como también sus facultades, debemos volver a destacar el hecho que varios parlamentarios me han comentado: no es aconsejable entregar nuevas atribuciones si no existe una justicia tributaria independiente, objetiva e imparcial; y no se trata de una cuestión de esperar o decir que vamos a crear una comisión, porque esto viene siendo transitorio desde la década de los 60. Cuando se dictó el Código Tributario se dijo que por sólo seis meses se entregaba la primera instancia a este servicio, y ya llevamos más de 32 años esperando que se elabore el proyecto. Además, no está consagrado en nuestros derechos parlamentarios permitir que se sigan conculcando los derechos de los contribuyentes. No tenemos atribución para decirle a la gente que siga esperando tener justicia tributaria independiente en primera instancia. Tampoco me parece correcto condicionar la concesión de nuevas atribuciones al compromiso de estudiar la creación de tribunales tributarios independientes. Eso se ha dicho en muchas ocasiones, y si nos fijamos en la fecha del mensaje, los seis meses se cumplirán en febrero; de manera que ya debería haberse enviado el proyecto. Esto no significa que desconfiemos de la palabra del actual ministro de Hacienda, sino que no podemos confiar en anuncios cuando están en juego los derechos esenciales de los contribuyentes. Aun cuando reconocemos la legitimidad de las aspiraciones de la planta, vamos a votar en contra, porque no estamos dispuestos a entregar nuevas facultades ni autorizar nuevos fiscalizadores mientras no exista una justicia tributaria de primera instancia absolutamente independiente. El resto de mi tiempo lo va a ocupar el diputado Jaime Orpis, con cargo al de la Derecha. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Le agradezco, señor Presidente; pero si quiere hablar primeramente el diputado Orpis, no tengo inconveniente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En ese caso, le corresponde intervenir al diputado Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, votaré favorablemente este bloque, aunque tengo ciertas aprensiones. Coincido con los colegas que hoy han señalado que la inexistencia de una justicia tributaria independiente genera los problemas que aquí se han dado a conocer, pero hago fe en las palabras del ministro y en el compromiso que ha asumido ante esta Cámara, en orden a que se va a remitir al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear los tribunales tributarios, los que me parecen indispensables. En segundo lugar, se hacen más indispensables cuando existe, no sé si una práctica o un instructivo en las tribunas se encuentran algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a quienes les pido me perdonen por lo que voy a decir del director nacional, con lo que los pequeños y medianos empresarios se sienten perjudicados por los funcionarios del SII. Muchas veces hay dedicación casi exclusiva de grupos de funcionarios para arremeter tributariamente en contra de ferias y de pequeños comerciantes. Tengo la impresión de que ello ocurre por instrucciones, no motu proprio. Es cierto que hacen cumplir la ley, y corresponde que así sea; pero hay que educar a los contribuyentes, pues, de lo contrario, quienes hoy actúan en la informalidad y a quienes muchas veces ni siquiera se les puede fiscalizar, no se van a formalizar, porque tienen miedo de caer en las manos del Servicio de Impuestos Internos. Los funcionarios deben saber eso, es bueno que lo escuchen nuevamente, porque los pequeños y medianos empresarios manifiestan este problema día a día. Muchas veces tengo la impresión de que el Servicio de Impuestos Internos se preocupa mucho de que no se le pasen las hormigas, pero se le pasan los elefantes. Es muy probable que grandes empresarios o personas, que de alguna forma hoy evaden grandes sumas de dinero, no sean fiscalizados, porque están protegidos por un cuerpo de abogados, de contadores. Sin duda, es más difícil para un funcionario y para el Servicio enfrentar a esas personas. En consecuencia, sería bueno que el aumento de facultades se use en el sentido correcto: que al Servicio de Impuestos Internos no se le pasen los elefantes mientras se preocupan de las hormigas. ¡Ése es mi mensaje! He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, desde mi punto de vista, el tema no es difícil de resolver y creo que en este minuto está en manos del ministro de Hacienda. ¿Cuál es la duda que tenemos como parlamentarios, por lo menos, quienes llevamos más de un período? Cuando se tratan proyectos como éste, surgen muchos compromisos, y daré a conocer uno al señor ministro. Cuando se discutió el proyecto sobre modificación de la Comisión de Distorsiones se señaló que se crearía el tribunal económico. Hace años que estamos esperando un órgano que se especialice en este tipo de materias. Tal como ése, existen muchos otros compromisos, y ya no creemos en ellos, porque no se cumplen. Se piden más facultades para fiscalizar, más personal y, en definitiva, se produce un desequilibrio respecto del contribuyente, especialmente del mediano y pequeño. Debo decir al señor ministro que no tenemos ningún inconveniente en otorgar más facultades y ampliar la planta del Servicio de Impuestos Internos, pero establezcamos en una disposición transitoria que todas estas normas entrarán en vigencia cuando existan los tribunales tributarios. Agregar una disposición transitoria en ese sentido implica un compromiso muy importante, ya que el Servicio de Impuestos Internos asegurará las plantas y mayores facultades para fiscalizar, con lo cual ganará credibilidad, pero también se garantizarán los derechos de los contribuyentes. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, estas disposiciones legales que aumentan los fiscalizadores sin tener tribunales independientes en primera instancia, son contrarias a las modificaciones que se introdujeron en el juicio penal. Me habría gustado que el señor ministro de Justicia hubiese estado presente para certificar si lo que he dicho es correcto o no. En la legislación chilena actual, antes de la modificación del juicio penal, lo que más se criticó y lo que motivó el cambio en los gobiernos de la Concertación, fue que un mismo juez hacía las veces de fiscal, de acusador y de sentenciador, y todo el argumento de la Concertación para reemplazar el juicio penal anticuado por uno moderno fue decir que correspondía tener un fiscal, Ministerio Público, una defensoría pública y tribunales independientes que juzgaran, poniendo en la balanza los argumentos del fiscal y los de la defensa. Este proyecto sólo aumenta los fiscalizadores. Es lo mismo que si el Gobierno, para llevar a cabo la reforma procesal penal, se hubiese conformado con aumentar los jueces del crimen, con las mismas atribuciones. Es decir, mientras en Chile, para no dejar en la indefensión a los inculpados, en el resto de los procesos se sigue una línea de acción en orden a separar la labor del fiscal, de la defensa del acusado, con tribunales independientes, en materia tributaria se toma el camino provisorio absolutamente distinto y se resuelve aumentar en quinientos los fiscalizadores, sin dar al afectado, al contribuyente, ninguna posibilidad de recurrir a un tribunal independiente. Eso es actuar en absoluta contradicción con las normas dictadas en materia procesal penal para todos los demás delitos. Pero dice el señor ministro y yo jamás pondría en duda su opinión que vamos a tener tribunales independientes, que el proyecto se va a empezar a analizar en marzo próximo. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que se transforme en ley? Habría que ver cuánto han durado los trámites legislativos en esa materia. A lo menos dos años, lapso en el cual habrá un desequilibrio absoluto respecto del contribuyente, lo que le causará graves perjuicios. Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos va a tener un mayor número de fiscalizadores, pero no va a contar con tribunales tributarios, es decir, el contribuyente no va a tener la posibilidad de recurrir a una justicia independiente. Se deben contar con los dedos de la mano los casos en que la imputación que hace un fiscalizador a un contribuyente sea revocada por su institución. Esto sería como si aumentáramos el número de carabineros... El señor LEÓN (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor diputado. El señor ESPINA.- ...y, además, les entregáramos la facultad de juzgar, que en la actualidad ejercen los tribunales. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sobre este tema existe mucho más consenso del que parece. El Ejecutivo y este ministro en particular está convencido porque este problema ha sido planteado tanto por parlamentarios de la Oposición como de Gobierno de que es menester avanzar en forma simétrica en términos de la capacidad fiscalizadora y la capacidad de defensa de los contribuyentes por eventuales arbitrariedades administrativas. Sin embargo, debemos ser realistas y cautos. El Ejecutivo no ha planteado la contratación inmediata de quinientos fiscalizadores para que se lancen a la calle al día siguiente, sino que es un proceso gradual. En el informe financiero, los señores diputados podrán ver que el aumento de la tributación proviene en un 80 por ciento de una mejor fiscalización y la integración sólo será gradual en el tiempo, porque hay que entrenar a los nuevos fiscalizadores, asignarlos, formar equipos de trabajo, hacer las nominaciones, etcétera. También está el tema relativo a los cargos, incluido en la iniciativa. Como digo, es un proceso gradual. Respecto de los tribunales tributarios, obviamente, sus Señorías tienen todo el derecho a creer o no en la palabra del Ejecutivo, pero en el proyecto está expresamente señalada nuevamente, quedará establecido en la historia de la ley, a través de mis palabras nuestra voluntad firme y decidida sobre la materia. Es más, quienes integrarán la comisión de 14 personas que estudiará el asunto entre ellas se encuentran muchos de ustedes ya fueron contactadas; pero no lo difundiremos hasta que sea informado oficialmente. Dicha comisión se nombrará la próxima semana. De acuerdo con lo conversado con los entendidos reconozco que no soy uno de ellos, el tema de los tribunales tributarios tampoco se puede echar a andar de la noche a la mañana, por cuanto ello supone la especialización de algunas salas de las cortes de apelaciones y la formación de jueces en asuntos tributarios. Estamos disponibles para avanzar con la mayor celeridad posible en la materia. El ministro de Justicia y las personas que conocen el tema me dicen que, por más que nuestra voluntad sea caminar a paso acelerado, esto debe aplicarse en forma gradual. De manera que caeríamos en una suerte de injustificada desconfianza o de exceso de susceptibilidades si ponemos demasiado énfasis en que esto será inmediato o que demorará seis meses. Desde luego, no tenemos la capacidad técnica para elaborar un proyecto de ley tan complejo como el que tenemos frente a nosotros y, al mismo tiempo, incluir el tema de los tribunales tributarios. Por lo tanto, esperamos que este proyecto sea aprobado en esta sesión no obstante, resta su trámite en el Senado, lo que nos permitirá tener las holguras necesarias para abocarnos de lleno al tema de los tribunales tributarios, los cuales deberán conocer debo decirlo no sólo asuntos tributarios, porque la indefensión de las personas frente al eventual poder del Estado se refiere a un conjunto de materias económicas, no exclusivamente a las tributarias. Por ejemplo, tiene que ver con los dictámenes de la Comisión de Distorsiones, de la Comisión Antimonopolios y otros. Por eso, es necesario crear un mayor equilibrio, a fin de que la civilidad pueda defenderse ante las acciones unilaterales de la autoridad administrativa. En eso somos muy serios y estoy seguro de que no los defraudaremos. Gracias, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde votar el quinto y último bloque. El señor LOYOLA (Secretario).- En primer lugar, el artículo 12. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 12. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Correa, Delmastro, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ¿fue considerada la petición de votar en forma separada los dos incisos del artículo 13? El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, la Mesa tomó debida nota de esa petición. El señor LOYOLA (Secretario).- En seguida, corresponde votar el artículo 13, sin el inciso segundo del número 2, que dice: “Los cargos de fiscalizadores a que se refiere la letra c) del número 1.- del artículo precedente, una vez aplicados los concursos internos antedichos, se proveerán mediante concurso público, sin que, en este caso, sea aplicable lo dispuesto en el número 4.- siguiente”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación el artículo 13, sin el inciso segundo del número 2. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 13, sin el inciso segundo del número 2. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Correa, Delmastro, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Vega y Vilches. Se abstuvo el diputado señor Alvarado. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ahora corresponde votar el inciso segundo del número 2, que leyó el señor Secretario. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 74 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Mulet, Olivares, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina) y Villouta. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Arratia, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vega, Velasco, Venegas, Vilches y Walker (don Patricio). El señor LOYOLA (Secretario).- Por último, corresponde votar los artículos 1º, 9º y 10 transitorios. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para plantear una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, pido votación separada del artículo 1º. Los artículos 9º y 10 se pueden votar juntos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación el artículo 1º transitorio. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 22 votos. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Elgueta, Encina, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Delmastro, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Orpis, Palma (don Osvaldo), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Vega y Vilches. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación los artículos 9º y 10 transitorios. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vega, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votó por la negativa el diputado señor Recondo. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Despachado el proyecto. Tiene la palabra el ministro de Hacienda. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo agradecer a la honorable Cámara la aprobación del proyecto en su primer trámite constitucional. Desde el punto de vista del desarrollo económico y social de Chile, el Gobierno considera que se trata de una iniciativa mayor. Los recursos serán destinados a satisfacer necesidades sociales prioritarias en salud, educación y vivienda, para hacer un país mejor. Gracias a ella se podrán cumplir objetivos trascendentales, como la universalización de la educación preescolar, la creación de miles de nuevas plazas de trabajo, la erradicación de campamentos, la atención más expedita en la salud primaria y avanzar en seguridad ciudadana con el aumento de dotaciones, recursos y recintos carcelarios. Este es un esfuerzo de magnitud, por cuanto con lo aprobado se financiará el 40 por ciento de los gastos que hacia el 2006 requerirá el cumplimiento del programa del Presidente Lagos. Básicamente, esto está destinado al sector más pobre y vulnerable del país y la demora en el despacho del proyecto significaría 20 millones de dólares al mes. Nos parece, además, que el Gobierno ha optado por la forma más eficiente de allegar nuevos recursos, cual es combatir la evasión y elusión tributarias, que producen competencia desleal, malas señales en términos de asignación de recursos y, en definitiva, una suerte de desmoralización social, cuando tenemos inequidades de que quienes mucho tienen poco pagan y quienes poco tienen, a veces, mucho pagan. Al calor de la discusión, hemos ido, en la medida de nuestras fuerzas, argumentando el porqué de todas y cada una de las medidas. Estamos convencidos de que no estamos creando un ejército de fiscalizadores, sino un contingente normal y adecuado para un país que tiene ganas de ser desarrollado. Estamos seguros de que las facultades otorgadas no ponen a los ciudadanos en la indefensión, toda vez que estamos convencidos, más allá de este proyecto, de que la creación de tribunales tributarios o contencioso-administrativos es un progreso ineludible para que nuestra economía se inscriba en la nueva senda. En definitiva, Chile, la sociedad toda y cada uno de nosotros vamos a ganar con la iniciativa. Agradecemos la confianza de quienes la han apoyado. Muchas gracias, señor Presidente. Aplausos. CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Tercer trámite constitucional. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Según los acuerdos de Comités, corresponde votar, sin discusión, las modificaciones del Senado al proyecto de ley que crea la Defensoría Penal Pública. Nuestra Comisión sugiere aprobarlas. Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas en general y particular. Varios señores DIPUTADOS.- Votémoslas. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Con mucho gusto. En votación general y particular las modificaciones del Senado. Durante la votación: El señor HALES.- Señor Presidente, cómo vamos a votar en general las modificaciones del Senado si ya están aprobadas en general. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, corresponde votar en bloque las modificaciones del Senado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobadas. Aplausos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Gacía (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvo el diputado señor Palma (don Andrés). CONCESIÓN DE NACIONALIDAD POR GRACIA AL SACERDOTE PIERRE DUBOIS. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Informo a la Sala que hay acuerdo unánime para votar, sin discusión, lo propuesto en forma unánime por la Comisión Mixta al proyecto que concede la nacionalidad, por especial gracia, al sacerdote francés Pierre Dubois. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Votémoslo! El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación la proposición de la Comisión Mixta. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Aplausos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: García (don René Manuel), Martínez (don Rosauro) y Molina. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para un asunto de reglamento, tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, ¿la sesión de las 18 horas está citada por la Mesa? El señor LEÓN (Vicepresidente).- No está citada por la Mesa, porque no hemos tenido el informe de la Comisión de Agricultura. Si los diputados de dicha Comisión evacuaron algún informe, tendría que citar a los Comités para analizar en qué minuto se lleva a cabo esa sesión. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, entiendo, de lo que su Señoría ha expresado, que no hay sesión a las 18 horas. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ha entendido muy bien, señor diputado. El señor ENCINA.- Pido la palabra para plantear un problema de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero solicitar que recabe el asentimiento unánime de los señores diputados para que la Comisión de Defensa sesione simultáneamente con la Sala. Está invitado a ella el ministro de Defensa e integrantes de la Fach por el problema de la compra de los aviones F16. El señor LEÓN (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para que sesionen las Comisiones simultáneamente con la Sala? No hay acuerdo. ¿Habría unanimidad para que funcione simultáneamente con la Sala sólo la Comisión de Defensa? No hay acuerdo. VI. PROYECTOS DE ACUERDO CONDONACIÓN DE DEUDAS DE LA EX CORPORACIÓN DE REFORMA AGRARIA, CORA. (Votación). El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 513, relacionado con la condonación de deuda de la ex Cora. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento unánime de los señores diputados para que se trate, en forma preferente, un proyecto de acuerdo, firmado por todos los Comités, relacionado con una medida que implementó el Ministerio de Vivienda para traspasar a la empresa Dicom los datos de los deudores habitacionales del Serviu, con el consiguiente perjuicio para miles de ellos. Gracias. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, la Mesa está en conocimiento de su petición. Al respecto, le informo que después de que se vote el proyecto de acuerdo Nº 513, no sólo se solicitará la unanimidad para discutir preferentemente el proyecto que su Señoría señala, sino que para dos más. En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 513. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo. Se ha solicitado el acuerdo unánime de la Sala para tratar, de inmediato, los proyectos de acuerdo Nº 521, relacionado con el uso de los grifos; el Nº 522, sobre los deudores morosos del Serviu, y el Nº 527, respecto del precio de los combustibles. Estos 3 proyectos de acuerdo han sido suscritos por diputados de todas las bancadas. Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo Nº 517 está firmado por diputados de todas las bancadas. El señor LEÓN (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado y alterar el orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de acuerdo? No hay acuerdo. FIJACIÓN DE SALVAGUARDIA PARA EL QUESO. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 514, de los señores Recondo, Ojeda, Reyes, Pérez, don Víctor; Aguiló, García, don José, y Jaramillo. “Considerando que: Durante los años 1998, 1999 y parte del 2000, la ganadería productora de leche en Chile sufrió una grave crisis de precios, cuyas causas, entre otras, han sido las fuertes distorsiones de los mercados internacionales de leche en polvo provocadas principalmente por los subsidios entregados por los gobiernos de los países desarrollados como USA, y los países de la Unión Europea. Esto significó rentabilidades negativas para la gran mayoría de los productores de leche del país y, por tanto, una grave situación económica para este importante subsector productor de leche. Las consecuencias lógicas que se derivaron de esta crítica situación han sido, por una parte, que un importante número de productores se vieron obligados a cerrar sus lecheras; otro número importante debió enfrentar un fuerte endeudamiento para sobrellevar sus empresas, y otros tantos debieron abandonar definitivamente el campo. En todos los casos descritos en el punto anterior significó reestructurar la explotación, eliminar personal para ajustar los costos provocando una alta cesantía en el sector, con el costo social grave que ello significa. La grave situación descrita provocó la necesaria reacción en los sectores productores y en el Gobierno, dando origen a la “Mesa de Diálogo Agrícola” que, entre otras medidas, solicitó ante la comisión de distorsiones del Banco Central, la instalación de una salvaguardia a las importaciones de leche en polvo proveniente de todos los mercados. Esta medida transitoria por definición, se adoptó mientras se estudia un mecanismo arancelario de protección a la distorsión de los mercados basados en un diseño elaborado por los propios productores que pretende un mecanismo más permanente denominado “ley de la leche”. Tanto los productores como el Gobierno han tenido siempre presente que esta medida se torna completamente ineficaz si es que no se acompaña en una medida similar de salvaguardia para la importación de quesos. Por definición, el queso, como producto relacionado, al mantenerse sin salvaguardia, sirve de vehículo para mantener las distorsiones del mercado, ingresando a bajos precios, vulnerando la protección que ejerce la salvaguardia de la leche y haciendo ineficaz este mecanismo antidistorsiones. Lo anterior se puede demostrar con las cifras de importación de quesos de los últimos años, donde el volumen de importación entre enero-septiembre del año 1999 y los mismos meses del año 2000 aumentaron en un 92%. Es decir, los volúmenes subieron desde 2.762 toneladas a 5.331 toneladas y los precios CIF en el mismo período cayeron en un 5 por ciento, según información de Odepa. Por tal razón, los productores y el propio Ministerio de Agricultura solicitaron una salvaguardia para el queso, tal como lo anunciara y prometiera el propio Presidente de la República señor Ricardo Lagos Escobar, como una forma de eliminar distorsiones del mercado lechero y evitar así una agudización de la crisis lechera. Hasta esta fecha la Comisión de Distorsiones no se ha pronunciado ante tan urgente petición. Por tal razón venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo: La Cámara de Diputados solicita al señor Presidente de la República y al ministro de Agricultura para que desarrollen los máximos esfuerzos y agilicen todos los procedimientos posibles y necesarios, de manera de que la Comisión de Distorsiones del Banco Central se pronuncie en el más breve plazo respecto de los valores porcentuales que se aplicarán como salvaguardia para los quesos importados de todos los orígenes y procedencias”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo está suscrito por los jefes de Comités de todas las bancadas. Es muy simple y se explica por sí solo. Estamos pidiendo al Presidente de la República y al ministro de Agricultura que hagan los máximos esfuerzos para imponer la mayor celeridad posible al trámite de la Comisión de Distorsiones del Banco Central, con el fin de establecer las salvaguardias para los quesos. Recientemente, la Cámara, con el voto favorable de muchos diputados, aprobó una petición para que el Gobierno tramitara la salvaguardia para la leche en los momentos en que sus productores estaban en crisis. Eso se acordó; sin embargo, al haber aprobado salvaguardia para la leche y no para los quesos, la medida pierde eficacia, porque vulnera absolutamente la posibilidad de impedir la importación. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que para que la primera medida, que ya está acordada, tenga plena eficacia, es necesario fijar la salvaguardia para el queso. Gracias. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el solo hecho de que el proyecto esté firmado por diputados de las distintas bancadas significa que concita el apoyo y la comprensión de todos los sectores respecto de la situación que afecta al sur de Chile. Tal como se dice en la iniciativa, la desigualdad en la competencia que afecta a nuestra producción, por la importación exagerada y desmedida, está dañando seriamente a los productores de leche. Por eso, solicitamos que se apliquen salvaguardias y que la Comisión de Distorsiones del Banco Central actúe conforme a las necesidades y obligaciones que tiene para defender nuestra producción. Por lo anterior, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Arratia, Bertolino, Rozas (doña María), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Correa, Delmastro, Errázuriz, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Felipe), Martínez (don Rosauro), Molina, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Recondo, Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Urrutia, Velasco, Vilches y Villouta. Se abstuvo el diputado señor Hales. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, le ruego que recabe de nuevo el asentimiento de la Sala tal vez en este momento habría acuerdo para que las Comisiones puedan sesionar simultáneamente con la Sala. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Como hay invitados citados con anterioridad, y dado el trabajo al que están abocadas las Comisiones, solicito a los señores diputados dar el acuerdo para que todas puedan sesionar en forma simultánea con la Sala. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. SUSPENSIÓN DE ENVÍO A DICOM DE DATOS DE DEUDORES MOROSOS DE INVERCA E INVESTIGACIÓN DE RELACIONES ENTRE ESTA EMPRESA Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se ha solicitado que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para tratar de inmediato el proyecto de acuerdo Nº 522, sobre deudores morosos del Serviu, cuyos datos han sido enviados a Dicom. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor Prosecretario le va a dar lectura. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 522, de los señores Pérez, don Aníbal; García, don José; García, don René Manuel; Aguiló, Álvarez, Venegas, Hernández, Ulloa y León. “Vistos: Lo dispuesto en el artículo 48 Nº 1 de la Constitución Política de la República y en el Reglamento de la honorable Cámara. Considerando: 1º Que la empresa Inverca S.A., encargada de efectuar la cobranza prejudicial y judicial de la cartera de deudores de los servicios de Vivienda y Urbanismo de todo el país, ha dispuesto el envío a la empresa Dicom de los listados de los deudores que se encuentran morosos en el pago de sus dividendos, ocasionándoles graves problemas económicos y sociales, toda vez que por figurar en esta clase de bases de datos con antecedentes comerciales negativos, dejan de ser sujetos de crédito en los bancos, instituciones financieras y casas comerciales. 2º Que los 100 mil deudores del Serviu son gente muy modesta, que ha accedido a programas de viviendas sociales, y pagan en consecuencia dividendos muy bajos que oscilan entre los 10 y los 30 mil pesos mensuales. 3º Que son las familias más modestas del país, las que utilizan con mayor regularidad el crédito en casas comerciales para financiar el consumo de artículos tan básicos como medicamentos, vestuario, alimentación y en algunos casos materiales de construcción para arreglar sus deterioradas viviendas, lo que obviamente se imposibilita al dejar de ser sujetos de crédito, agudizando con ello su deprimida situación económica. 4º Que nuestro país aún vive las secuelas de una grave crisis económica, que ha generado los índices de cesantía más altos de la última década, con los consiguientes problemas sociales asociados. 5º Que el Estado, a través de los Serviu tiene asegurado el pago de las deudas que los pobladores han contraído por sus viviendas, mediante las hipotecas que los gravan. 6º Que de conformidad a lo dispuesto en las normas de la ley Nº 19.628 “sobre la protección de la vida privada”, sólo corresponde al acreedor, y en ningún caso a los mandatarios o comisionistas de cobranza, el informar de las deudas a las empresas que se dedican a vender información de terceros. 7º Que, en todo Chile, existen múltiples casos de viviendas sociales con problemas constructivos severos, lo que genera situaciones especialmente dramáticas en la temporada invernal, lo que no excepciona del pago de los dividendos a sus moradores. 8º Que en los hechos, fruto de todas estas situaciones, se está cometiendo un acto de intolerable injusticia con los deudores, que compromete la responsabilidad política y ética del Estado. 9º Que, en consecuencia, se hace necesario detener este tipo de situaciones abusivas e indagar sobre sus orígenes para poder determinar de esta manera eventuales responsabilidades legales, como también esclarecer el tipo de relación que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene con la empresa Inverca S.A. Por tanto, Los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo: La honorable Cámara de Diputados acuerda: a) Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, instruya al ministro de Vivienda y Urbanismo, para que realice las gestiones conducentes para que la empresa Inverca S.A., contratista de dicha Secretaría de Estado, suspenda a la brevedad el envío de los datos de los deudores morosos de los distintos servicios de la vivienda a la empresa Dicom o a cualquier otra de similar naturaleza. b) Mandatar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, para que investigue de manera breve y sumaria y en un plazo no superior a 30 días, las relaciones contractuales que unen a Inverca con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con sus servicios descentralizados, la forma y modalidades en que se implementan las cobranzas a los deudores morosos y el respeto de las disposiciones legales que los protegen”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, agradezco a los colegas por dar la unanimidad para tratar este proyecto de acuerdo, que tiene por objeto reparar o poner término a una situación que considero reprochable desde el punto de vista social, ético y moral: que el Ministerio de Vivienda esté enviando a Dicom el listado de deudores morosos que no pagan oportunamente el dividendo de su casa-habitación. Estamos hablando de la gente más pobre del país, de familias humildes, que pagan dividendos de entre diez mil y veinte mil pesos por viviendas de cuarenta metros cuadrados que tienen graves deficiencias de construcción, lo que todo el país pudo apreciar el invierno pasado. Cuando la gente no paga oportunamente el dividendo, sus datos son enviados a Dicom. ¿Qué gana con eso el Ministerio de Vivienda? No obtiene utilidad alguna, ni económica, ni financiera; por el contrario, produce graves perjuicios a los deudores. Sabemos que la gente pobre compra a plazo los remedios y los uniformes de sus hijos. Me he enterado de casos de familias que no han podido adquirir a crédito los pañales para sus guaguas o los remedios para sus hijos, porque aparecen en el Dicom. En febrero deben comprar los uniformes escolares para sus hijos. ¿Cómo los van a adquirir si por el solo hecho de estar en Dicom se les niega la posibilidad de crédito en las cadenas comerciales? Se trata de una medida absurda, sin consistencia social, ética o moral alguna, razón por la cual esta Cámara debe pedir que se deje sin efecto. Además, se solicita que la Comisión de Vivienda investigue cómo se estableció el contrato con Inverca, la empresa de cobranzas que ocupa el Serviu para perseguir a los pequeños deudores, porque sabemos de los abusos que se cometen en contra de esas personas. Por lo anterior, solicito aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, tratándose de un proyecto de esta connotación, como lo ha destacado el colega señor Aníbal Pérez, creo que no sólo es necesario recabar la unanimidad para su aprobación. Estamos hablando de una empresa que, según hemos sabido en forma extraoficial, tiene contratos millonarios con el Ministerio de Vivienda, por lo cual ejecuta cobranzas inmisericordes en contra de pequeños comerciantes, trabajadores y obreros que acceden a la vivienda social con mucho esfuerzo, que tratan de pagar sus dividendos, pero que, a raíz de la crisis económica que ha afectado al país, se han visto obligados a optar entre dar de comer a su familia o pagar el dividendo. Obviamente, no se equivocan al optar por lo primero. Dejan de pagar su dividendo y se ven compelidos a pagar intereses y multas. Además, son perseguidos porque se les efectúan cobranzas que no dicen relación con el esfuerzo que están haciendo. No se trata de un perdonazo o de tener mano blanda con aquellos que actúan en forma distinta, que hacen negocio con las viviendas, no pagan el dividendo y, además, las arriendan, sino de establecer claramente un procedimiento acorde con la crisis que vive el país. Cuando vemos que a los grandes grupos económicos se les dan tantas facilidades para solucionar problemas o acceder a nuevos negocios, consideramos de justicia tener una política similar para aquellos que quieren salvar su vivienda del remate y seguir viviendo en el techo propio, al que tanto les ha costado acceder para poder desarrollarse junto a sus familias. Por eso, es necesario que el proyecto de acuerdo se apruebe en forma unánime. Lo solicito en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, porque estimamos necesario clarificar la forma en que está hecho el contrato y cuáles son las cifras. Incluso, se ha llegado al absurdo de que se hayan establecido metas, y en la medida en que éstas no se cumplan o que el Ministerio, que encarga las cobranzas a Inverca, pida que algunas no se realicen, sea por razones de salud, porque el deudor tiene cáncer o una situación de catástrofe en su familia, el Ministerio deba indemnizar a Inverca. Me parece que estamos en el país de los absurdos. Por eso, concuerdo plenamente con pedir la unanimidad para la aprobación de este proyecto de acuerdo, de manera de dar una señal clara de nuestro compromiso social con aquellos pequeños propietarios que quieren salvar su vivienda o el techo propio donde poder proyectarse hacia el futuro con su familia. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, hay que ver el origen de los problemas y preguntarse por qué el 70 por ciento de los deudores Serviu no está al día en el pago de los dividendos y, a partir de eso, ver cómo se enfrenta el problema. En verdad, tiene que ver con distintos factores. Uno, con los ingresos de un segmento de la población que está sujeto al vaivén del sector de la construcción. Setenta mil personas repactaron sus deudas con el Serviu antes de marzo, proceso que después se detuvo. Eso ha generado problemas. Pero, más allá de eso, hay tres causales de morosidad. En primer lugar, hay un conjunto de deudores muy antiguos que, por distintas razones, vienen arrastrando estas deudas. Son carteras muy contaminadas, de 30 años o más. Es una parte de la morosidad. En segundo lugar, existe un factor que tiene que ver con nuevos deudores. En la actualidad, se están cobrando dividendos de 40 mil o 45 mil pesos mensuales a los deudores Serviu. Con sus ingresos ¿cómo van a pagar esa cantidad? No pueden. Entonces, el problema tiene que ver con el monto de los subsidios. Por otro lado, estamos subsidiando a las empresas constructoras, a las cuales se les devuelve el 65 por ciento del IVA, pero no estamos aumentando los subsidios de las personas que compran viviendas. Aquí hay una problema. Además, algunas personas pueden pagar, pero no lo hacen. Ahí hay que ver qué se hace. Hay que revisar la política. Inverca debe aplicar lo de Dicom, porque quedó establecido y lo exige el contrato. Tiene la obligación de hacerlo y no es un invento de esa empresa. Para que proyectos de acuerdo como éste sean serios, deben atacar las causas de los problemas y no sólo proponer aquello que publicitariamente parece mejor. Queremos que la gente pague y que el Ministerio de Vivienda establezca una manera más rigurosa de enfrentar el problema respecto de los que no puedan hacerlo por razones de ingresos. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se repetirá la votación por no haberse alcanzado el quórum requerido. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se llamará por cinco minutos a los señores diputados para votar. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor LEÓN (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum, quedará pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión. VII. INCIDENTES DEMORA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA EN RESOLVER ASUNTO DE SU COMPETENCIA. Oficio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo. El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, fue creada como un organismo destinado a promover y coordinar la acción del Estado en favor del desarrollo de las personas, comunidades y asociaciones indígenas en sus culturas y patrimonios, en lo económico y social, impulsando su participación y aporte en la vida nacional. En resumen, es un organismo destinado a brindar ayuda y a solucionar los problemas de las etnias indígenas de nuestro país. Sin embargo, ello no ha sucedido. Al contrario, continuamente recibo quejas de distintas personas en mi distrito, quienes sostienen que este organismo los tramita y les pone trabas administrativas sin objeto. Éste es el caso de don Juan Pablo Lipiante, quien, con fecha 30 de junio de 2000, presentó una solicitud ante la Conadi de Temuco, dirigida a don Eduardo Lienlaf, director nacional de la Conadi, para efectuar una subdivisión de terrenos indígenas en la localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli, con el objeto de instalar en dichos terrenos un internado, en el contexto de un proyecto educacional, donde se impartiría enseñanza bilingüe, mapudungún y castellano. Han pasados seis meses sin que el director de la Conadi haya dado respuesta alguna. El proyecto de construcción se encuentra detenido, por cuanto la autorización para efectuar la subdivisión de terrenos es fundamental a fin de que éste pueda continuar y se postule a un financiamiento. En razón de lo expuesto, vengo en solicitar que se oficie al señor director de la Conadi, y se le adjunte copia de mi intervención y de la solicitud del señor Lipiante, para que informe en qué plazo dicho organismo evacua las respuestas a las presentaciones que se le hacen, razones por las cuales no se ha dado contestación a esta solicitud, que fue presentada por conducto regular en la oficina de partes, y, al mismo tiempo, con el objeto de que envíe una respuesta al solicitante, con copia de dicha resolución a esta Corporación. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, para una mejor comprensión de la materia, y con la adhesión de los honorables diputados señores Enrique Jaramillo, Haroldo Fossa, Maximiano Errázuriz, Rosauro Martínez y Carlos Vilches. Tiene la palabra el honorable diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacer presente que la Mesa, en el tiempo para hablar en contra de un proyecto de acuerdo, dio la palabra a un parlamentario que finalmente se abstuvo, procedimiento que, a mi juicio, no es bueno, porque esa estrategia permite que ciertos diputados hablen dentro de un tiempo que no les corresponde. TRABAS EN LA CONCESIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA A LAS CORPORACIONES SIN FINES DE LUCRO. Oficio. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el Ministerio de Justicia, frente a la solicitud de personalidad jurídica de corporaciones sin fines de lucro, está exigiendo que sus fundadores acrediten previamente que ella cuenta con recursos para cumplir sus fines. A diferencia de las fundaciones, que sí requieren de patrimonio previo, porque están destinadas a un fin pío, las corporaciones no requieren de él, por cuanto son personas que se reúnen para cumplir un objetivo determinado y, normalmente, por no decir siempre, en sus estatutos se establecen las cuotas que deben pagar mensualmente los socios. En consecuencia, los recursos con que cuentan las corporaciones figuran en los propios estatutos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia les exige que acrediten previamente que cuentan con recursos e, incluso me atrevo a decirlo, hay funcionarios que les han dicho a algunos socios de estas corporaciones, lo siguiente: “No se preocupe. Saque una fotocopia de su libreta de ahorros del Banco del Estado y diga que traspasará esa plata a la corporación para que tenga recursos”, lo que equivale, más o menos, a hacerse trampas en el solitario. No obstante haber presentado un proyecto de acuerdo con el diputado señor Juan Bustos en este sentido se tratará en marzo, solicito el envío de un oficio, en mi nombre, al señor ministro de Justicia, a fin de que instruya a su Departamento de Personas Jurídicas para que cuando requiera la información que necesita sobre los fundadores de una corporación al Servicio de Investigaciones, no le exija que informe si cuentan con bienes o recursos, dado que ese dato figura en los estatutos. Esta situación la hemos venido viendo en forma permanente en Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo, donde hay personas de escasos recursos que tienen paralizada la tramitación para declarar personas jurídicas sus corporaciones, porque, a juicio del Ministerio de Justicia, no cuentan con recursos. ¿Por qué? Porque no han podido demostrarlo previamente, en circunstancias de que en los mismos estatutos se establecen los aportes de los socios para que funcionen las corporaciones. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión de la materia, y con la adhesión de la diputada señora Isabel Allende y del diputado señor Enrique Jaramillo. MEDIDAS PARA PALIAR EL ALZA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. Oficios. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Vilches por tres minutos y medio. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, me remitiré a hacer mi discurso dentro del tiempo asignado. En el día de hoy, se ha confirmado la información relacionada con el alza de precios de los combustibles que se producirá el próximo lunes, la que aumentará en 17 pesos el litro de gasolina. Ésta es una noticia que golpea fuertemente a los chilenos, dado que se ha acumulado un alza de 60 pesos por litro de gasolina en estos primeros días de este año. Los chilenos soportamos trece alzas consecutivas durante el año 2000, que significaron un aumento promedio del 37 por ciento en el precio de los combustibles, lo que, a su vez, provocó una presión inflacionaria que fue reconocida por las máximas autoridades del país. Por lo tanto, pido oficiar, acompañando copia de mi intervención, a los señores ministros de Hacienda y de Economía, Minería y Energía, con el objeto de que tomen cartas en el asunto y formen un comité de crisis para enfrentar estas alzas de los combustibles, ya que hoy se ha sabido que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep, ha anunciado una disminución en su producción de 1.700.000 barriles diarios, lo que significa que el precio del petróleo sobrepasará los 30 dólares el barril en los próximos días y que podría alcanzar a la no despreciable suma de 40 dólares el barril. Esta decisión afectará a todos los países que compran petróleo en los mercados internacionales, especialmente a Chile, que importa el 95 por ciento del petróleo que consume. Señora Presidenta, lo anterior afectará seriamente el bolsillo de los chilenos, razón por la cual pedimos que los ministros señalados tomen cartas en el asunto y organicen este comité de crisis, para ver qué medidas se pueden tomar. El año pasado se tomó una medida para paliar las alzas que produjo el aumento de precio de los combustibles en los pasajes de la locomoción colectiva, que consistió en la entrega de un bono para las familias más modestas del país. Sin embargo, hoy es necesario rebajar el impuesto específico a los combustibles, ya que es la única herramienta disponible, dado que se ha agotado en su totalidad el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Quedan sólo cinco millones de dólares y no hay posibilidad alguna de subsidiar para aminorar las alzas. Este hecho no es sólo un problema del gobierno del Presidente Lagos, sino que también es un problema de país, donde todos estamos involucrados y nos tocará vivir esta presión inflacionaria, pero, sin duda, la gente modesta es la más afectada. Por ello, solicito adoptar con urgencia estas medidas. En caso contrario, nos veremos enfrentados a una recesión, a un freno a la reactivación y, tal vez, a una cesantía mucho mayor que la que presenciamos hoy, que tanto nos duele. Esta Cámara política necesita pronunciarse sobre esta materia para que los ministros del gobierno del Presidente Lagos anuncien las medidas necesarias para aminorar los efectos de las alzas de los combustibles. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Martínez, don Rosauro; Caminondo, Errázuriz, Fossa, Díaz, Velasco, Jaramillo, diputada señora Isabel Allende y de quien habla. PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA EN CHILLÁN. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señora Presidenta, tomando en consideración las favorables condiciones climáticas existentes en gran parte del territorio nacional, en particular en la zona de Ñuble, específicamente en mi ciudad, Chillán, quiero aprovechar estos minutos para referirme a una situación preocupante que, precisamente en épocas tan gratas como éstas, de alguna manera es olvidada por quienes tenemos responsabilidades públicas. Se trata de buscar alternativas que solucionen los problemas existentes en sectores y en barrios donde vive un conjunto de vecinos que, por circunstancias de la vida y por ser gente de esfuerzo y trabajo, muchas veces no ven materializadas, con la celeridad que corresponde, sus aspiraciones de llevar una vida más digna. Hago este planteamiento para explicar el grave problema que sufren los habitantes de las villas Chiloé, Santa Filomena, Los Volcanes y Lomas de Oriente, ubicadas en el sector oriente de la ciudad, donde viven más de veinte mil personas, precisamente porque la ciudad ha experimentado hacia allá un crecimiento explosivo, dinámico y en constante evolución y desarrollo. El drama de los habitantes de estos sectores radica en la falta de pavimentación, específicamente en la calle Reloncaví, entre la avenida Los Puelches y calle Los Cóndores, lo que, dado el flujo incesante de vehículos, principalmente de la locomoción colectiva, produce, tal como lo señala un informe de Carabineros, daños en algunos inmuebles y en vehículos que quedan enterrados durante la época de invierno. Un estudio de un experto en prevención de riesgos demostró la presencia de polvo en niveles que se encumbran sobre el límite establecido por el decreto Nº 745. Ello, por tanto, atenta contra los principios consagrados en las leyes de protección ambiental, y transforma este sector, sobre todo en esta época, en un foco de enfermedades crónicas, como la silicosis, neumoconiosis, asbestosis fibrosa, entre otras de similar procedencia. Además, con las lluvias surge otro problema, tan grave como el anterior, como lo pudimos apreciar con las primeras lluvias de este año, como la ocurrida durante el domingo 7 de enero: la inexistencia de colectores de aguas lluvia, específicamente en la villa Los Volcanes, desde los Volcanes I hasta las Lomas de Oriente, lo que incluye también a la villa Chiloé y a la población Santa Filomena. Esta situación trae como consecuencia el escurrimiento de aguas por calle Reloncaví, de la villa Chiloé, lo que la hace intransitable, con la agravante de que por ser una arteria por donde circula una gran cantidad de locomoción colectiva, origina anegamiento constante en las viviendas adyacentes, con la secuela de enfermedades que ello produce, principalmente en menores de edad. Los vecinos, con los cuales me he reunido en diversas oportunidades, han postulado ya en dos ocasiones al programa de pavimentación participativa, contando para ello con los dineros debidamente depositados; pero, por desgracia, no han tenido éxito en sus anhelos, justos y humanamente comprensibles, por lo demás. Como lo señalé al inicio de mi intervención, consciente de que es el momento para ejecutar trabajos, solicito, en nombre de las vecinas y vecinos de las villas Chiloé, Santa Filomena, Los Volcanes y Lomas de Oriente, que se envíe oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo para que estudie la forma de destinar “recursos de emergencia” a fin de enfrentar este grave problema, que ya se arrastra por varios años. Pido que se construyan los colectores de aguas lluvia correspondientes en las mencionadas poblaciones y que se pavimente y se dé una solución, priorizando la calle Reloncaví, antes de que llegue el período invernal, por las consecuencias que todos los años se han venido repitiendo, sin que hasta la fecha haya solución alguna. Confío en que situaciones tan delicadas como éstas, donde está en juego la dignidad de las personas, encontrarán, a la brevedad, pronta y satisfactoria respuesta. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE RAPS DE LA NOVENA REGIÓN. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, los productores de raps de la Novena Región mantienen su inquietud acerca de las condiciones profundamente negativas en que deben llevar a cabo su trabajo y enfrentar el proceso de comercialización. Han venido reclamando, por largo tiempo, de la competencia desleal que significan las producciones externas que llegan a nuestro país fuertemente subsidiadas. A modo de ejemplo, en Argentina existe un “draw back” o devolución de impuestos o tributos, lo que en términos prácticos equivale a un subsidio que el Estado entrega a los productores de raps de dicho país que exportan a Chile aceites comestibles refinados. Como respuesta a las demandas de los productores chilenos, el Gobierno aplicará, por el lapso de 90 días, una salvaguardia, medida compensatoria de los desequilibrios descritos, a la espera de que Argentina elimine el subsidio. Como las salvaguardias son medidas esencialmente transitorias y cuya renovación, además, es limitada, los productores, en vez de alivio, sienten que han quedado entregados, en el corto plazo, a las decisiones que adopten las autoridades trasandinas y, en el mediano, tienen la certeza de que volverán a competir sin mayor protección. Atendida la naturaleza transitoria de las salvaguardias como medidas compensatorias, cabe señalar que en el caso del raps, así como en el de otros productos agrícolas, en el Gobierno chileno no existe voluntad para solucionar los problemas de fondo de los agricultores en lo relativo a la comercialización de sus productos en condiciones de desequilibrio. No hay ni asomo de una preocupación gubernativa por dictar una legislación que, sin caer en el proteccionismo económico, garantice al productor nacional una competencia sana frente a los productos importados que llegan al mercado nacional. En los gobiernos de la Concertación, los agricultores no han sido escuchados en sus demandas y aspiraciones, dándose actualmente la paradoja de que un Presidente socialista y, por tanto, advenedizo al modelo de libre mercado, lo aplica con el dogmatismo de los recién conversos, olvidándose de que hasta hace algún tiempo criticaba los impactos sociales negativos cuando dicho modelo se aplicaba con ortodoxia y sin la flexibilidad emanada de una comprensión seria de la realidad productiva agrícola. En el contexto señalado, los productores de raps de la Novena Región deben celebrar con la empresa comercializadora Promosol un contrato denominado “Pacto de precio”, en virtud del cual le entregan a ésta su producción y reciben a cambio un pago, cuyo monto total, incluidos bonificaciones y ajustes, queda sujeto a que se verifiquen las condiciones suspensivas que se expresan en el documento. En otras palabras, el agricultor de raps, al suscribir este instrumento, no sabe con exactitud cuánto recibirá por su producción. Las condiciones son numerosas. Una de ellas es que si al 28 de febrero de 2001 se ha verificado la eliminación del “draw back” argentino, recibirá 20 dólares por cada tonelada métrica de semilla. Si, en cambio, el “draw back” no fuera eliminado en esa fecha y ocurriera después, pero en todo caso antes del 30 de septiembre del presente año, el productor recibirá 12,5 por ciento menos de los 20 dólares por cada mes o fracción de mes que transcurra desde el mes de su derogación. Si el “draw back” es derogado con posterioridad a dicha fecha, no hay bonificación adicional. En buenas cuentas, el productor de raps no sólo queda sujeto a las determinaciones de la autoridad nacional respecto de las salvaguardias, sino también a lo que decidan las autoridades argentinas en materia de subsidios proteccionistas a su propia producción, debiendo suscribir, además, un contrato cuya redacción difícilmente entenderá si no tiene conocimientos de comercio exterior. La presión que tiene, de otra parte, es enorme, pues si no acepta las condiciones contractuales que le son presentadas, se queda sin vender su cosecha. Lo criticable, por cierto, no son las condiciones impuestas por la empresa comercializadora, que, al fin de cuentas, debe actuar de acuerdo con el contexto, sino la actitud del Gobierno, que no genera condiciones de estabilidad para la producción y comercialización del raps. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señora Presidenta, creo que la gente agradece la dedicación de los parlamentarios que la defienden en lo que concierne a viviendas. En Chile, de casi dos millones de metros cuadrados en 1986, la construcción subió a catorce millones de metros cuadrados en 1996. O sea, sólo en diez años se construyó más de cinco veces lo que se había construido en quinientos. Así, como se construye tanto, cuesta fiscalizar que las normas de regulación y control se cumplan con el debido rigor, aun cuando Chile tiene tradición de buena ingeniería estructural y de muy buenos constructores y de empresas sólidas. No sólo las empresas improvisadas hacen las cosas mal. A veces, incluso, se equivocan las grandes constructoras, de dilatada trayectoria. Sin embargo, la gran mayoría lo hace bien. Son dramáticos y conocidos algunos casos, pero, aunque sean pocos, siempre han ido acompañados de dolor humano, porque se trata, nada menos, de personas que esperan resolver su problema de vivienda. En el caso de Santos Dumont, en la comuna de Recoleta, hubo que pedir la paralización de la obra por problemas de derrumbes del cerro, es decir, ante la imprevisión. Incluso hubo que pedir estudios de mecánica del suelo a expertos para que indicaran las medidas de protección. Se trataba de gente que, gracias al alcalde Ernesto Moreno, había obtenido viviendas sociales. En el caso de Habitacoop, se logró un convenio a propósito del condominio Santa Laura. La empresa se comprometió a hacer, de su costo, la inspección técnica e indicar a la constructora las reparaciones necesarias. Claro, la gente agradece nuestra preocupación, como Cámara y parlamentarios, pero se volverá a llover el próximo invierno en dicho condominio, porque costará que la justicia les ordene lo pertinente a las constructoras. En Concepción, en que hubo que demoler dos edificios, están en grave riesgo alrededor de cincuenta departamentos, y ochocientos cinco, en completo riesgo. Sólo la reparación del terreno costará mil quinientos millones de pesos, cien mil unidades de fomento, el equivalente de trescientas viviendas. Por eso, pido que se envíe oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, y al cual agradeceré que se adjunte mi intervención, con tres puntos precisos. El primero, para decirle que es hora de que el Ministerio acelere la tramitación del proyecto que la Cámara aprobó por unanimidad, de modo que por ley se obligue a que los proyectos estructurales sean revisados, no por la burocracia vigente, sino en los términos que la iniciativa contiene; ello, sin perjuicio de que se pida la urgencia en el Senado para el segundo trámite constitucional. El segundo, para pedirle que se investigue quiénes son los responsables de lo acontecido en Concepción, porque ya hay gente que dice que la constructora no tiene ninguna responsabilidad y todo deberá pagarlo el Estado. Sin embargo, otros sostienen que la constructora deberá pagar todo y que el Estado no es responsable. Esa obra la contrató el Estado con privados, y los privados, según el contrato, deben pagar, no obstante la responsabilidad secundaria del Serviu. El tercero, para solicitarle que dé a conocer las medidas que se tomarán de inmediato, por parte del Ministerio, para que la constructora resuelva el problema habitacional a las personas que en este momento no tienen habitación. Quiero dejar constancia de que la Comisión de Vivienda, y lo hago en mi calidad de presidente de ella, realizó una visita a terreno en junio, de la que se informó al Ministerio, desde donde se nos señaló que el problema se iba a resolver. La verdad es que la constructora tomó tarde las medidas. Después se envió el oficio Nº 541, con mi propia firma, del 4 de octubre, al ministro de Vivienda, en el cual se pide nuevamente informar acerca de las acciones para evitar estos problemas. O sea, fuimos al lugar en junio, después se envió un oficio en octubre, y ahora se derrumbó el cerro sobre los departamentos. Los detalles técnicos los conocen los técnicos del Ministerio y no son necesarios. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con copia de su intervención para mejor comprensión, y la adhesión de la diputada señora Isabel Allende, de los diputados señores Felipe Letelier y Enrique Jaramillo, y de quien habla. RECHAZO A COMENTARIO APARECIDO EN PERIÓDICO EXTRANJERO EN CONTRA DEL VINO CHILENO. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Quedan tres minutos del tiempo del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señora Presidenta, hace algunos días, el comentarista Frank Prial, del New York Times, periódico norteamericano, ha publicado una calificación muy ligera de los vinos chilenos. Una vez más, al parecer, estamos frente a un intento de boicot de un producto nacional en el mercado norteamericano, y lo entiendo perfectamente, porque los agricultores de California nunca han podido igualar la calidad de sus vinos con la de los chilenos. Lamento que el crítico Frank Prial haya sostenido en el New York Times que la mayoría de los vinos chilenos estarían en segunda fila y que son pocos los de buena calidad y extremadamente caros en el mercado norteamericano. A lo mejor está equivocado y se refiere a otro país; pero hay antecedentes de “jugarretas” que se hacen en Estados Unidos respecto de productos del tercer mundo. En Chile, por lo menos, conocemos dos o tres experiencias muy claras. Participé en las comisiones investigadoras, una, de las uvas envenenadas sin duda fueron envenenadas con cianuro en Estados Unidos y, otra, de la madera, que, según una “jugarreta” que se realizó en la universidad de Oregón, habría sido portadora de insectos que dañarían la producción maderera de ese país. Ni más ni menos, se trata de boicotear nuestros productos, que son de excelente calidad. Por supuesto, llamo a los empresarios chilenos a que se esfuercen cada día más para obtener productos de mejor calidad, a fin de que no haya reparos. Sin perjuicio de esta intervención, entregaré el listado de preseas, medallas de oro, plata y bronce, que han obtenido los mostos chilenos en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Canadá y en propio Estados Unidos. En el año 2000, la exportación de vinos se incrementó en casi un doce por ciento. Es decir, están en juego muchos millones de dólares, cerca de seiscientos, por este concepto. En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para que se aclare la situación con el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de si se trata de un comentario al pasar y absolutamente liviano, como ha ocurrido en otras ocasiones, o si el comentarista se equivocó de país, etcétera. Por lo menos, para que pregunte en qué línea apunta ese comentario. Pido, además, que se anexen todos los trofeos y preseas que hemos obtenido en el mundo a través de nuestros vinos. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Isabel Allende y Eliana Caraball y de los diputados señores Enrique Jaramillo y Sergio Velasco. Se adjuntará el texto de su intervención y la lista anunciada por su Señoría. EFECTOS DE LA IMPORTACIÓN DE CALZADO CHINO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL. Oficios. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- El tiempo siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señora Presidenta, quiero referirme a un tema no es la primera vez que aludo a él en la Sala, con el propósito de llamar la atención de mis colegas. Los antecedentes, bastante conocidos, pero no por ello menos impactantes, se refieren al sector del cuero y calzado, sector de mucha incidencia en la economía del país, que está atravesando por una muy compleja y difícil situación económica, social y productiva, derivada especialmente de una competencia desleal que está enfrentando nuestro mercado nacional por la importación de calzado, principalmente de China. De acuerdo con los antecedentes que obran en mi poder, la producción de cuero y calzado ha registrado en los últimos años una caída sostenida. En 1991 se fabricaron 35.7 millones de pares y, en 1999, sólo 20 millones. Las exportaciones han decrecido en los últimos años en forma sostenida en 25 por ciento. Este menor dinamismo de la actividad económica y productiva ha tenido como consecuencia una disminución de 50 por ciento en la mano de obra; es decir, hay 30 mil puestos de trabajo menos en este sector, lo que, sumado a la crisis que soportan los pequeños y microempresarios, ha culminado incluso con hechos tan dramáticos como más de un suicidio. Una de las causas principales de este panorama radica en la competencia desleal causada por el calzado chino, que representa aproximadamente 70 por ciento del total de las importaciones. Debemos recordar que, hasta ahora, China no es miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio y, por lo tanto, no está sujeta a las obligaciones y derechos propios de cualquier país miembro pleno de ese organismo. Por esa razón, países como México han tomado importantes medidas de resguardo frente a esta competencia desleal de calzado de origen chino. Es importante señalar este punto, porque en este mismo momento en nuestro Congreso se está realizando el Foro AsiaPacífico, y China ingresará próximamente a la Organización Mundial del Comercio, OMC. Entre enero y agosto de 1999, se importaron 12.8 millones de pares de calzado, y entre enero y agosto de 2000, 17.3 millones; es decir, en un año las importaciones de calzado aumentaron en casi 33 por ciento. De estos 17 millones de calzado, 12 millones provienen de China. Si miramos la variable precio, el panorama se hace aún más crítico. Seis millones de pares de calzado entraron a un precio que oscila entre 1 y 5 dólares. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, durante el año 2000 el precio cayó en 14 por ciento. Ayer, autoridades del Ministerio de Economía, sobre la base de antecedentes disponibles, anunciaron una modificación de las normas de rotulación del calzado, ya que se han detectado enormes vacíos, que son aprovechados para subvalorar el precio de importación. Además, en el marco del proyecto sobre evasión tributaria, que vimos hoy, se va a entregar al Servicio Nacional de Aduanas, como lo explicó el ministro de Hacienda en la Sala, la facultad de solicitar al importador documentos que respalden las facturas de los productos ingresados. Ya no lo hará Aduana, sino directamente el importador. Temo, sin embargo, que esto no sea suficiente. Días atrás, cuando se estaba debatiendo el proyecto sobre evasión tributaria, hice ver al ministro de Hacienda la necesidad de que ese Ministerio se comprometa a avanzar en esta materia. El año pasado se formularon 189 cargos por subvaloración de precios a las importaciones de calzado, que representaron un intento de evasión tributaria del orden de los 500 mil dólares. Por todos estos antecedentes, hay razones suficientes para iniciar un acucioso estudio de la situación económica y comercial de este sector. En este contexto, pido que se oficie a las autoridades competentes de las siguientes instituciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la ley Nº 18.525: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fiscalía Nacional Económica y Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se dé inicio a un estudio que, junto con confirmar los antecedentes que he entregado, aclare integralmente la situación económica y comercial de este sector. En relación con esta materia, se faculta, de acuerdo con la ley Nº 18.525, a la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en los precios de mercancías importadas, para realizar, de oficio, dicha investigación cuando se disponga de antecedentes que así lo justifiquen. Por lo anterior, reitero mi petición de que se oficie a las autoridades antes mencionadas, a fin de que, de acuerdo con los antecedentes que logren recopilar, evalúen la posibilidad de iniciar una investigación destinada a aplicar, alternativamente, medidas de salvaguardia, antidumping o derechos compensatorios, según corresponda, incluso medidas provisionales comprendidas en la ley precitada. En otro orden de cosas, por las denuncias sobre las pésimas condiciones sanitarias del calzado importado usado, se hace necesario oficiar a las autoridades competentes del Ministerio de Salud, a fin de que se investigue la efectividad de esta situación y se tomen las medidas que correspondan. Finalmente, cabe señalar que la política de apertura comercial que aplica nuestro país debe considerar, necesariamente, mecanismos de resguardo que respeten las normas de la Organización Mundial del Comercio, a las cuales Chile está obligado. En este contexto, la defensa de sectores productivos nacionales frente a la desleal competencia internacional, es un derecho que debemos ejercer cuando corresponda. Pido que mi intervención se adjunte no sólo al oficio al ministro de Hacienda, quien se ha comprometido para iniciar esta investigación, sino también a los que se enviarán a las otras autoridades señaladas. Ha llegado la hora de ejercer una acción más efectiva si queremos evitar la dramática situación que está ocurriendo en un sector que, como he señalado en otras oportunidades, nos ha llenado de orgullo en el pasado. Por último, debo señalar que recibí una nota de la Asociación de pequeños industriales del cuero y calzado, quienes solicitan ser recibidos, tanto por la Comisión que estudia la situación de las Pymes como por la Comisión de Economía, con el objeto de entregar los antecedentes relativos al problema que afecta a su sector. Espero que sean recibidos por ambas comisiones. Me parece que debemos efectuar una acción decidida en defensa de un sector productivo tan relevante como éste, que ha generado fuentes de trabajo y que, en muchos momentos, significó un importante aporte a nuestra economía. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y el texto de su intervención, para mejor comprensión del tema, con la adhesión de los diputados señores Sergio Velasco, Jaime Rocha, Jaime Jiménez y de la diputada que habla. CONSTRUCCIÓN DE OBRA VIAL EN LEBU. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- El tiempo siguiente corresponde al Comité Mixto. Tiene la palabra el diputado señor Rocha. El señor ROCHA.- Señora Presidenta, en Lebu se comenzó a construir el camino de Lebu-Arauco por la costa, que culmina con la construcción de las vías pavimentadas de la provincia de Arauco, todo lo cual ha creado grandes expectativas en la comunidad. Sin embargo, no se ha considerado un hecho fundamental: en los primeros tres kilómetros, a partir del término del puente del río Lebu hacia Arauco, hay una gran cantidad de poblaciones, entre ellas, “Juan Quiroga”, “Raúl Silva Henríquez” y “Bernardo O’Higgins”, con una altísima densidad poblacional. En estos tres kilómetros iniciales, el tránsito de camiones va a ser tan intenso que causará un grave perjuicio a los habitantes de Lebu, que transitan hacia esos lugares o desde los campos al pueblo. Además, debe considerarse que en ese sector se encuentra el único cementerio del pueblo. Imaginemos qué va a ocurrir cuando un cortejo sea interrumpido debido a la gran cantidad de camiones que van a ocupar esa vía. En Lebu hay preocupación por este hecho. El propio gobernador de Arauco, don René Tito Rojas, ha convocado a la opinión pública para pedir a la autoridad que construya una doble vía en estos primeros tres kilómetros. De esta manera, los caminos que fueron construidos para llevar felicidad a la gente y que el tránsito de mercadería fuera lo más fluido posible, se verán entorpecidos por este intenso tránsito al cual se va a ver sometida esa vía. Por esta razón, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para solicitar que se construya una pista anexa en estos tres primeros kilómetros, que permita el tránsito de personas, vehículos menores, y que los cortejos lleguen sin ningún problema al cementerio. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención. ACCIONES SOCIALES EN BENEFICIO DE TRABAJADORES TEMPOREROS. Oficios. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, en muchas partes de nuestro país, hay mujeres y hombres jefes de hogar que esperan con ansiedad y esperanza que llegue la temporada del trabajo agrícola, porque con él, muchas veces, logran reunir los recursos necesarios para vivir y alimentarse el resto del año. A menudo, cuando recorro mi distrito que comprende las provincias de Talagante y Melipilla he comprobado que estas personas no sólo tienen jornadas laborales que van más allá de las ocho horas, sino que las condiciones en que se desempeñan no son las más dignas. Además, las condiciones en que se transporta a estos trabajadores no son las más adecuadas. Muchas veces los llevan en camiones, igual que animales. Juntos hombre y mujeres, sin ningún tipo de seguridad. En lo que respecta a salubridad, no tienen ni siquiera letrinas para qué vamos hablar de baños, menos agua potable ni un lugar adecuado donde almorzar. Por ello resulta necesario que a través del Ejecutivo, con un sentido de país, asumamos esta situación. Debemos velar por las condiciones de trabajo de nuestra gente, especialmente la del campo chileno. Me parece que la dignidad conquistada con tanto esfuerzo a partir de la reforma agraria, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se ha ido perdiendo cada día más por el famoso tema del mercado. Para ser competitivos se bajan los salarios y se trabaja en las condiciones señaladas. Por tanto, pido que se oficie al ministro del Trabajo para que, a través de la Dirección Nacional del Trabajo, y ésta a través de las inspecciones provinciales correspondientes, se confeccione, en un plazo breve no más de 30 días, un catastro con todos los nombres de las empresas y sus respectivas direcciones, que hoy están ofreciendo trabajo de temporada en las comunas de Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, en la provincia de Talagante, y desde Curacaví, María Pinto, Melipilla y San Pedro de Alhué, en la provincia de Melipilla. En segundo lugar, que se especifique el rubro al que se dedican. En tercer lugar, que se informe el número de trabajadores por empresa, distinguiendo entre hombres y mujeres; la extensión de la jornada de trabajo, comprobada mediante una adecuada inspección. En cuarto lugar, que se informe las condiciones de salubridad en que se desempeñan estos trabajadores, especificando si cuentan con agua potable, letrinas en lugares separados para hombres y mujeres y espacios para alimentarse. Por último, pido que se controlen las condiciones en que se realiza el transporte de estos trabajadores. También me parece necesario oficiar al señor ministro de Vivienda y Urbanismo para que, en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se disponga que, por cada 300 viviendas sociales, se construya un jardín infantil donde las mujeres puedan dejar a sus hijos para realizar estas labores de temporada. La Junji puede hacerse cargo de la administración de aquellos jardines que construya el Ministerio de Vivienda para que esas trabajadoras tengan la certeza de saber dónde van a dejar a sus hijos mientras trabajan. Espero que este programa se aplique en todas las zonas rurales del país. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Arratia, Velasco y Eliana Caraball. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SOBERANÍA DE CHILE EN LA ZONA EXCLUSIVA ANTE PASO DE BARCOS CON DESECHOS NUCLEARES. Oficio. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia. El señor ARRATIA.- Señora Presidenta, el viernes al mediodía el barco Pacific Swan, que transporta desechos nucleares y radiactivos, cruzaba a la cuadra del Cabo de Hornos, lo que constituye un hecho lamentable. Esto no debe pasar inadvertido en nuestra comunidad. El Pacific Swan transporta desde Francia a Japón materiales radiactivos con una capacidad equivalente a 96 millones de curios, con una potencia equivalente a la que desplegó la central nuclear de Chernobyl cuando se produjo la explosión. Este no es un hecho menos grave, porque no solamente implica un atentado al medio ambiente, sino también a la vida, a las personas. El Pacific Swan pone en riesgo la vida de todo el hemisferio sur al transportar materiales peligrosos por el mar más brutalmente enardecido que tiene el planeta porque así es el estrecho de Drake y que menos errores permite. Además, los productos nucleares que transporta este barco, como el plutonio, cesio y otros desechos radiactivos, tienen una vida media de 10 mil años. Es decir, la vida equivalente a toda la historia de la humanidad. Esto significa que un accidente en esa zona, con los vientos, el mar embravecido y la corriente de Humboldt, que recorre todas las costas de Chile, Perú y Ecuador, podría significar una catástrofe para la ecología y medio ambiente del Cono Sur y para todas las costas de los países que mencioné. Mi opinión y es la opinión de cualquier persona cuerda es que si un país ha decidido usar productos nucleares, como lo ha hecho Japón, que tiene 51 plantas, es suya la responsabilidad de inactivar sus productos radiactivos, y el negocio que hace Francia al reciclarlos no justifica por ningún motivo poner en riesgo a terceros países. En consecuencia, solicito oficiar al Presidente de la República para que patrocine alguna fórmula política de Estado que defienda los derechos y la soberanía chilenos sobre la zona económica exclusiva de 200 millas y su mar territorial, como a través del paso de Drake y toda la zona circundante. Asimismo, solicito que la política del gobierno del Presidente Eduardo Frei sobre la materia, aplicada en 1995, en que se conminó a los barcos de la Armada para que no dejaran pasar los barcos con desechos nucleares, se active y se mantenga, de manera de impedir el paso de estos barcos sin aviso previo y sin rutas controladas por el Estado chileno, que pongan en riesgo la vida de nuestros conciudadanos y el medio ambiente. Además, solicito que, dentro de esta política, se defina de una vez por todas que no se trata de un paso inocente y que en 1986 se reconoció que la zona económica exclusiva se ve gravemente amenazada por estos desechos nucleares. Por último, quiero manifestar mi más profundo repudio a este hecho, sobre todo cuando se nos acaba de comunicar que otros dos barcos seguirán esta misma ruta, lo que pondrá nuevamente en peligro el ecosistema y la vida en el sur de Chile. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Sergio Velasco y de la diputada señora Eliana Caraball. HOMENAJE AL PADRE ALBERTO HURTADO EN EL CENTENARIO DE SU NATALICIO. Oficios. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señora Presidenta, el padre Alberto Hurtado Cruchaga nació en Viña del Mar el 22 de enero de 1901. Sus padres fueron el agricultor señor Alberto Hurtado Larraín y doña Ana Cruchaga Tocornal, ambos pertenecientes a antiguas familias chilenas. Sus primeros años transcurrieron en el fundo Los Perales de Tapihue, cercano a Casablanca, de propiedad de su familia, el que su madre debió vender luego de la muerte de su padre, por la precaria situación económica en que quedó, trasladándose a Santiago a la casa de su hermano, en compañía de sus dos hijos menores. En 1909 ingresa al colegio San Ignacio, regentado por la Compañía de Jesús, el cual le concede una beca debido a la precaria situación económica de su familia, donde destacó por su espíritu religioso y por su inquietud social. De esa época data su amistad con los futuros sacerdotes Manuel Larraín Errázuriz, más tarde obispo de Talca, y Álvaro Lavín Echegoyen, luego provincial jesuita en el país. Su espíritu religioso se manifestó por su pertenencia a la Congregación Mariana, por sus labores como catequista y por su inclinación social por el trabajo en el Patronato de Andacollo. Más tarde, una vez egresado del colegio, ingresó a la Universidad Católica a estudiar derecho. Recibió el título de abogado el 4 de agosto de 1923 y su memoria versó sobre el tema “El trabajo a domicilio”, de claro espíritu social. Durante su paso por la universidad se desempeñó como profesor en el instituto nocturno San Ignacio, frecuentado por obreros, y en defensa de sus líneas religiosas fuertemente combatidas por los movimientos políticos que emergían en la convulsionada década de 1920, milita y trabaja en las filas del Partido Conservador. Al egresar de la universidad y casi inmediatamente después de recibirse de abogado, ingresó a la Compañía de Jesús. Se inició en el Noviciado de Chillán el 14 de agosto de 1923. Terminado este período, realizó estudios de filosofía y teología en Barcelona, España, y en Lovaina, Bélgica. Además, estudió pedagogía y psicología en la Universidad Católica. El 24 de agosto de 1933 fue ordenado sacerdote en Lovaina, luego de diez años de profunda preparación, y celebró su primera misa al día siguiente. Casi junto con recibir las órdenes sagradas, obtuvo los grados de licenciado en teología y en ciencias pedagógicas, y luego el doctorado en esta última disciplina. Viajó por Alemania, Austria, Italia y Francia, y finalmente, en febrero de 1936, regresa al país. Una vez en Chile, asumió las cátedras de pedagogía en la Universidad Católica y en el Seminario Pontificio, y de Religión, en el colegio San Ignacio, para los cursos superiores. También se desempeñó como director espiritual de los alumnos mayores. Durante este tiempo y hasta 1941, su actividad se centró en la realización de clases de religión, en la dirección espiritual, en el estudio del Evangelio y en las actividades en la Congregación Mariana. Complementó esta labor apostólica con trabajos sociales, como su asistencia a la población Buzeta, en Santiago. Producto de estas labores intelectuales y espirituales son sus escritos “La crisis afectiva de la adolescencia”, “¿Es Chile un país católico?” y “La crisis sacerdotal en Chile”. En 1941 fue designado asesor nacional de la Juventud Católica, rama juvenil de la Acción Católica, cargo que desempeñó hasta 1944. Ejerció un notable ascendiente sobre la juventud de entonces. En 1944 concibió la posibilidad de proporcionar techo a quienes carecen de un albergue para pasar las noches; debidamente autorizado, organizó las colectas necesarias para ello, beneficiándose el 21 de diciembre del mismo año, con la primera piedra del Hogar de Cristo, la más extensa obra de caridad nacional. En 1947, con la anuencia de sus superiores, asistió a la Semana Internacional de Estudios, organizada por la Compañía de Jesús en Versalles, Francia, lugar en el que además aprovechó de interiorizarse de la labor social de los llamados curas obreros, y luego, en Roma, obtuvo una audiencia con el Papa Pío XII, reunión en la que trató temas religiosos, políticos y sociales del país, como asimismo, expuso al Santo Padre sus proyectos de trabajo sindical. Fruto de esta entrevista es la autorización papal para la creación de la Acción Social y Económica Chilena, el 13 de junio de 1947, organismo por medio del cual se preparó y formó en la doctrina social católica a gran cantidad de la dirigencia sindical chilena, conforme con las encíclicas papales. La difusión de la doctrina social de la Iglesia y la preparación de dirigentes sindicales para la defensa de los derechos laborales dieron lugar a nuevas obras filosóficas y sociales del Padre Hurtado, tales como “Puntos de Educación” y especialmente “Humanismo Social”. De la misma naturaleza son “El orden social cristiano en los documentos de la Jerarquía Católica”, verdadero compendio de las encíclicas y mensajes papales de corte social, y “Sindicalismo: historia, teoría y práctica”, que constituyó una clara demostración del profundo conocimiento y comprensión del problema laboral que tenía el llamado “apóstol de los pobres”. No obstante lo amplio de esta obra, con el propósito de profundizar en la formación de conciencia social entre los católicos, el padre Hurtado quiso contar con un medio más accesible que los libros para el común de la gente. Como consecuencia de ello, en octubre de 1951 nació la revista “Mensaje”, órgano que buscaba formar religiosa, social y filosóficamente a los católicos. Pero tan intensa actividad debía tener también consecuencias poco gratas. Así, a mediados de 1951, debió retirarse a Valparaíso para tratar de reponerse, objetivo que no logró. Falleció, luego de una larga y dolorosa enfermedad, el 18 de agosto de 1952. Para resumir su vida, puede señalarse que toda ella fue una demostración de especial vocación de servicio hacia los más desposeídos, como lo demuestran el Hogar de Cristo y la Fundación de la Vivienda, institución a través de la cual se han construido más de 300 mil casas. Asimismo, su labor se orientó a la formación de la juventud, especialmente como académico del colegio San Ignacio, donde realizó un enorme trabajo espiritual y social en beneficio de todo el país, el cual trasciende, con mucho, lo puramente religioso y que, en el orden espiritual, ha llevado a la Iglesia Católica a tenerlo como el padre beato de Chile. Se conmemoran 100 años del nacimiento del padre Alberto Hurtado. El hombre que por allá por 1901 nació santo, sólo alcanzó a recorrer la mitad de su vida. Pero bastaron esos años para que el legado de ese hombre entregado a Dios se nos impregnara de tal manera que es casi imposible que un ciudadano de este país no conozca y reconozca el indudable valor de su obra. El padre Alberto Hurtado transparentaba a Dios, cumplía su misión a cabalidad, acercando al Todopoderoso al más sencillo de los mortales, sobre todo, a los más desposeídos: los pobres de este país. “Aquellos que no tienen más casa que la calle ni más techo que el cielo”. Así se refería el padre santo a sus necesitados, para los cuales creó el Hogar de Cristo, que, hasta nuestros días, cumple con la misión trazada, fiel a los sentimientos que, alguna vez, enarbolara el padre Hurtado. Su camioneta verde fue signo de su labor. En ella recogía a los desamparados, juntaba a los indigentes y les otorgaba un hogar, una casa, un techo, una caricia, una preocupación única, relevante para su quehacer diario de entrega permanente de amor y paz. Este chileno de tomo y lomo, con sus dichos criollos y su singular personalidad, irradió su santidad en el día a día. Esa celestial característica estaba grabada en su accionar hacia el prójimo, hacia el otro, actitud que, seguramente, lo catapultó hasta el mismísimo cielo, en un sitio privilegiado junto al Señor. El padre santo ayudó a quien se le cruzó en el camino. ¿Cómo no recordarlo al cumplirse cien años de su natalicio? Es un hecho que todo aquel que lo conoció o que está familiarizado con su obra, no quedará inmune a este homenaje. Los estudiantes del colegio San Ignacio, donde enseñaba y confesaba; los universitarios, de los que fue capellán; gente de todos los caminos de la vida que necesitaba dirección espiritual; hombres públicos y vidas mínimas; todos pudieron contar con la gratitud y comprensión del hombre de la camioneta verde. El ser puente entre Dios y los hombres fue el rol que, como sacerdote, cumplió cabalmente. Su misión con esta función específica estaba cumplida; pero el padre santo siempre apostó a más, siempre entregó más. Fue así como su intensa vida se cortó de pronto, sin mediar comprensión del Todopoderoso y como dejando entrever que la suerte estaba echada, que su legado se transmitiría por siempre. Nació hace cien años, un siglo, y lo conmemoraremos ahora y siempre. Así como extrañaremos la figura del cardenal Raúl Silva Henríquez, insigne luchador de la Iglesia en favor de los pobres, de la misma forma traemos a nuestra memoria al padre santo que recorría las calles en la noche para recoger chiquillos bajo los puentes del Mapocho. Con su sonrisa sencilla y su alma abierta, será recordado por muchos siglos más diciendo “hay que dar hasta que duela”. Señora Presidenta, solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la Conferencia Episcopal y al superior de la Compañía de Jesús. He dicho. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Pareto y de quien habla. Con la intervención del diputado señor Velasco, que ha rendido un merecido homenaje al beato Alberto Hurtado, con motivo de conmemorarse cien años de su nacimiento, ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 17.37 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.