REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 35ª, en martes 16 de enero de 2001
(Especial, de 19.38 a 21.43 horas)
Presidencia del señor Jeame Barrueto, don Víctor.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- OBJETO DE LA SESIÓN
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 

ÍNDICE GENERAL

I.Asistencia 
II.Apertura de la sesión
III.Actas
IV.Cuenta 
Envío de proyecto a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía
V.Acuerdos de los Comités 
VI.Objeto de la sesión.
Resultados de la recopilación de antecedentes sobre detenidos desaparecidos. 
Proyecto de acuerdo
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace
presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote
Pierre Albert Louis Dubois Desvignes (boletín Nº 190217)
2.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Pierre Albert Louis Dubois Desvignes (boletín Nº 190217)
3.Moción de los diputados señores Aguiló y Montes, que limita la reelección de diputados e impide la de senadores (boletín Nº 265207)


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo 
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Educación, señora Mariana Aylwin; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe. También concurrió el senador señor Mariano RuizEsquide.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 19.38 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 29ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 30ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.


IV. CUENTA

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Naranjo para plantear un asunto de Reglamento.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, cuando en la mañana de hoy se dio lectura a la Cuenta, se mencionó, en la letra a) del punto 1, proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que establece normas relacionadas con ciudadanía, el cual fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
Dado que en la Cámara existe la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, lo lógico y natural habría sido enviarlo también a ésta.
En consecuencia, ya que oportunamente no se planteó dicha situación, ahora se requiere el consentimiento de la Sala. Por lo tanto, solicito a su Señoría que recabe el asentimiento de la Sala para que, además de que el proyecto sea estudiado por la Comisión de Constitución, lo vea también la de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, como dicha iniciativa es una reforma constitucional, se envió a la Comisión de Constitución. Tendría que haber unanimidad de la Sala para acceder a su petición.
Solicito el acuerdo de la Sala para enviar el proyecto de reforma constitucional sobre nacionalidad a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Acordado.


V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1º Votar sin discusión, en la sesión ordinaria de mañana miércoles 17 del presente, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea la Defensoría Penal, facultándose a la Mesa para fijar la hora de votación, la que, en todo caso, deberá anunciarse con 15 minutos de anticipación.
2º Votar en general y particular, en la sesión precitada, el proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria, destinándose en la votación particular cinco minutos para hablar a favor y cinco para hablar en contra respecto de cada disposición que haya sido objeto de indicación o cuya votación separada haya sido requerida.
3º Remitir a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, para su informe, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece el límite máximo de captura por armador en las pesquerías industriales que indica.
4º Citar a sesión especial para el día miércoles 17 del presente, de 18 a 20 horas, con el objeto de considerar el proyecto señalado en el punto anterior y votar sin debate el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia al sacerdote Pierre Dubois.
5º Tramitar a la Comisión de Educación,
Cultura, Deportes y Recreación, y a la de Hacienda, en lo que corresponda, con o sin trámite de Cuenta, una vez que sea remitido por el honorable Senado, el proyecto de ley que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación.
6º Votar sin debate, en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del jueves 18 del presente, el proyecto de ley que posterga el reavalúo de los bienes raíces agrícolas y el proyecto de ley que establece un mejoramiento económico para los docentes, siempre que esta última iniciativa sea despachada por unanimidad por las Comisiones a las que fue tramitado. En el caso de que no lo fuere, se otorgarán cinco minutos para hablar a favor e igual tiempo para hablar en contra.
7º Destinar hasta 3 horas para la discusión del informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en la investigación sobre el pago de indemnizaciones en empresas públicas, distribuidas proporcionalmente entre los diversos Comités, sin perjuicio del tiempo que utilice el señor diputado informante.
El señor ORTIZ.-Señor Presidente, deseo plantear una cuestión reglamentaria. Me parecen muy bien los acuerdos adoptados por los Comités, porque se trata de proyectos importantes y es vital terminar su tramitación legislativa. Sin embargo, como de su texto se desprende que habrá una sesión bastante larga en la mañana del miércoles 17 por la tabla fijada por los Comités para ese día, y en la tarde se van a tratar, desde las 18 hasta las 20 horas, las modificaciones del Senado al proyecto sobre captura máxima por armador en las pesquerías industriales, ello significa que automáticamente se suspenderá el funcionamiento de las Comisiones durante ese lapso.
Señalo lo anterior porque, en el caso de la Comisión de Hacienda, estamos citados desde la 16 hasta las 20 horas, con el objeto de escuchar al fiscal económico, quien está invitado desde las 16 hasta las 18 horas, y al presidente del Banco del Estado y al ministro de Hacienda, quienes están invitados para tratar el tema del Banco del Estado desde las 18 a las 20 horas. Por lo tanto, deseo que se nos informe cuál es el procedimiento adoptado respecto del funcionamiento de las Comisiones para mañana.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El único criterio explícito que se adoptó fue que las Comisiones pueden sesionar en función de los proyectos que se van a tratar. En el caso de la Comisión que estudia el proyecto relativo a los profesores, podrá sesionar simultáneamente con la Sala.


VI. OBJETO DE LA SESIÓN

RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE DETENIDOS
DESAPARECIDOS. Proyecto de acuerdo.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el resultado de la recopilación de antecedentes sobre los detenidos desaparecidos como efecto del llamado de la Mesa de Diálogo. En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en realidad, el tiempo previo corresponde no sólo a la Democracia Cristiana, sino también a todos los parlamentarios de la Concertación y, además, a algunos de la Oposición que suscribieron la convocatoria a esta sesión.
El país ha sido impactado por el informe entregado por las iglesias, las Fuerzas Armadas y Carabineros para conocer fundamentalmente el paradero de los detenidos desaparecidos.
Es muy importante lo que ocurrió el 5 de enero pasado. Por primera vez, quienes tuvieron la responsabilidad del gobierno de Chile, quienes tuvieron la autoridad administrativa del país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, han entregado una información, que se puede resumir en lo siguiente: “Sí, es cierto, los detuvimos; sí, es cierto, estaban detenidos y los matamos; sí, es cierto, hicimos desaparecer los cuerpos”. No cabe colegir otra interpretación de la información que han proporcionado.
Es un gesto que honra a quienes han entregado esta información, así como deshonra a quienes mataron e hicieron desaparecer a estas personas; honra a quienes, después de mucho tiempo y de enfrentar la verdad, han aceptado reconocerla. Es un gesto de valentía de quienes son responsables de las instituciones que han dado a conocer esta información, así como fue un gesto de cobardía haberla negado durante tanto tiempo. Ese es el contraste en que vivimos y en el que hemos vivido durante mucho tiempo: algunos negaban la verdad, otros la buscaban; algunos decían: “Todo esto es mentira”, y otros golpeaban puertas, recurriendo a los tribunales. El resultado final, después del 5 de enero, ha sido que quienes han negado la verdad durante más de 25 años, hoy la reconocen. Sin embargo, quisiéramos que la reconocieran muchos más. “Henry Torres tenía 16 años, era soltero, trabajaba como peoneta en Iquique. No tenía militancia política.
“Fue detenido en Iquique en el mes de julio de 1974 por efectivos militares, que lo trasladaron al campamento de prisioneros de Pisagua. Desde entonces, se desconoce su paradero”. Esto dice el informe Rettig, de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Alguien en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea o en Carabineros dijo que Henry Francisco Torres Flores, sin militancia, fue detenido el 1º de julio de 1974 y asesinado ese mismo día, y que sus restos fueron entregados al Servicio Médico Legal, afirmación ésta cuya veracidad desconocemos.
Hasta hoy no se han encontrado los restos de Henry Torres, como tampoco los de Manuel Heriberto Araya Zavala, casado, pescador artesanal radicado en Iquique. Fue detenido en la noche del 5 de octubre de 1973, tras haber sostenido un altercado en una botillería cercana a su domicilio. La dueña de ese establecimiento lo acusó de comunista y llamó a los militares. Después de la discusión, Manuel Araya regresó a su hogar; sin embargo, a los pocos minutos llegó a la casa una patrulla militar que la allanó y lo llevó arrestado. Durante tres días, permaneció en calidad de incomunicado en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. Al cuarto día, fue trasladado a Pisagua. Desde allí mandó varias cartas a su esposa; la última, fechada el 7 de noviembre de 1973. Como la familia perdió todo contacto con él, una hermana del afectado concurrió a la VI División del Ejército y se entrevistó con el general Carlos Forestier, comandante de esa división. Este le exhibió un libro, en el que Manuel Araya Zavala firmaba su libertad desde el campo de prisioneros de Pisagua. El diario “El Tarapacá”, de Iquique, señaló que Manuel Araya Zavala fue trasladado al campamento militar de Pisagua el 25 de octubre de 1973, donde permanecería cito al diario “hasta que terminaran las investigaciones que permitan establecer si existen motivos para proceso”.
El nombre de Manuel Heriberto Araya Zavala es el primero de la lista entregada por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Dicen que fue detenido el 5 de octubre, tal cual consta en todos los antecedentes; que fue muerto ese mismo día, y sus restos, entregados al Servicio Médico Legal. Los restos de Manuel Heriberto Araya Zavala aún no aparecen. Las cartas existen y están fechadas hasta el 7 de noviembre de 1973. Compañeros de detención subieron, junto con él, a un camión en el campamento de Pisagua. Manuel Lai, un ex prisionero, informó que el afectado venía en camino en el próximo camión con detenidos liberados, procedentes de Pisagua. No llegó nunca a Iquique. Hoy, con una fecha errada, que no es la verdadera; con un lugar donde tal vez no estén sus restos, se reconoce por los responsables que Manuel Araya fue asesinado. Podríamos seguir revisando la lista. Juan Fernando Ortiz Letelier fue detenido por civiles el 15 de diciembre de 1976 en las cercanías de plaza Egaña, junto a Waldo Ulises Pizarro.
Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 fueron detenidas trece personas. Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí: sus arrestos se realizaron en la vía pública; el grueso de las detenciones se efectuaron el 15 de diciembre de 1976. Oficialmente, el Gobierno militar informó que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o principios de enero de 1977. Entre ellos estaban Fernando Alfredo Navarro Allende, Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier y Héctor Véliz Ramírez.
Tenemos esperanza de que sus restos estén sepultados en la cuesta Barriga. Hoy, alguien ha dicho que se encontraron restos; no sabemos si son restos humanos o no lo son, y si lo fueran, si pertenecerían a ellos o no.
Waldo Ulises Pizarro Molina fue detenido junto con Juan Fernando Ortiz Letelier; sin embargo, no figura en la lista de los cuerpos que se dice están enterrados en la cuesta Barriga. Sorprendentemente, todos fueron, de acuerdo con el informe, muertos en el mismo día, pero Waldo Ulises Pizarro Molina fue arrojado al mar; el resto fue sepultado en la cuesta Barriga. Nada se dice en el informe de Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Ella estaba embarazada a la fecha de su detención. Nada se ha dicho sobre su destino ni sobre el hijo que llevaba en su vientre.
El informe que han entregado las Fuerzas Armadas nos ayuda a enfrentar la verdad. Es, probablemente, el gesto más importante que han hecho para ayudar a la reconciliación nacional; pero, sin duda alguna, la información que entregan, simplemente, no es posible de ser avalada. Hay casos como el de Manuel Araya, que aparece muerto el mismo día de la detención, lo que no fue así. Hay otros, como el del famoso conscripto Michel Selim Nash, en Iquique, respecto del cual se anunció que se había fugado con cinco personas: Juan Jiménez, Luis Alberto Lizardi, Marcelo Omar Guzmán, Nolberto Cañas, Juan Calderón. Fueron muertos; se informó a las familias que estaban enterrados en el cementerio de Pisagua, que habían recibido cristiana sepultura. Ahora, el Ejército desmiente la carta enviada por el general Carlos Forestier, y dice: Cañas, Jiménez y Nash fueron arrojados al mar; pero nada dice sobre Calderón, Guzmán y Lizardi. ¿Qué explicación tiene esto? Seis personas sobre las cuales el Ejército informa que fueron sepultadas cristianamente, pero no se entregaron los cuerpos. Hoy dice: tres fueron echadas al mar, y de las otras tres no se sabe.
El Ejército reconoce la muerte de Pablo Gac Espinoza y de Rubén Guillermo Cabezas Pares, acaecida aquí cerca, en Concón. Según la información oficial, ellos habían logrado huir; pero resultaron muertos Víctor Enrique Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado, Osvaldo Manzano, Julio Loo, Ángel Díaz y Hugo Aranda. Los fugados Gac y Cabezas fueron muertos y arrojados al mar en Concón. Durante años, sus familiares los han buscado.
Más dramático resulta encontrar en las nóminas del Ejército los casos de Nilda Patricia Peña Solari y Mario Fernando Peña Solari. Las fechas del informe del Ejército coinciden. Ellos fueron detenidos el 9 y 10 de diciembre de 1974 y, según el Ejército, fueron muertos el 12 de diciembre de 1974, a manos de la Dina. En esa fecha se perdía su paradero en un lugar ubicado en la comuna de Macul, llamado “la venda sexy”, un centro de tortura. Ellos son dos de 119 chilenos que aparecieron en una lista como que habían salido del país; todos, buscados por sus familiares por haber sido detenidos y encontrarse desaparecidos. Y en dos publicaciones, inventadas en Brasil, O’Día y Lea, se decía que militantes del MIR, habían muerto en enfrentamientos en Argentina. Hoy las Fuerzas Armadas reconocen su destino.
¡Cómo quisiéramos que quienes se hicieron eco en nuestro país de esas declaraciones de prensa, hoy reconocieran, primero, que era mentira; después, que se hicieron eco de una mentira, y pidieran perdón!
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, voy a terminar con cargo al tiempo de mi Comité. ¡Cómo no pedir una aclaración al senador de la UDI, Sergio Fernández, quien el 16 de junio de 1978, dijo: “Frente a la nómina de presuntos desaparecidos a que actualmente se ha reducido el problema, declaro categóricamente que el gobierno no tiene antecedentes que comprueben la detención de ninguna de estas personas. Por lo cual, rechaza en forma tajante la sugerencia de que ellos podrían estar detenidos ocultamente por las autoridades”. Y después los descalifica.
No es por hurgar, señor Presidente. Sergio Fernández fue ministro del Interior entre el 12 de abril de 1978 y el 21 de abril de 1982, y, con posterioridad, entre el 7 de julio de 1987 y el 20 de octubre de 1988. Siendo ministro del Interior, desaparecieron en el país Fermín del Carmen Martínez Rojas, en Curicó; Hipólito Zúñiga Adasme y Pablo Rodríguez Leal, detenidos en avenida Departamental, en Santiago; Óscar Eliecer Rojas Cuéllar, en Santiago; José
Julián Peña Maltés, Julio Orlando Muñoz Otárola, Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, detenidos por la Central Nacional de Información en Santiago.
Las Fuerzas Armadas han reconocido su responsabilidad, ¿por qué no la reconoce el senador Fernández?
Aquí hay responsabilidades y cada uno debe asumirlas de cara al país, tal como lo han hecho los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
¿Por qué Rodolfo Stange, quien fuera director general de Carabineros desde 1985 y que hoy es senador de la República, no reconoce su responsabilidad como alto mando de Carabineros y entrega la información que debe poseer sobre Carlos Contreras Maluje, José Weibel y Carol Flores?
No es aceptable que algunas personas guarden silencio. Tampoco lo es que las autoridades civiles del gobierno militar que hoy ocupan cargos políticos, no respondan por todos los oficios que se les envió como ministros del Interior, como subsecretarios del Interior, como subsecretario general de Gobierno, respecto de los cuales contestaron no saber nada. Como, por ejemplo, la declaración de Alberto Cardemil, colega de esta Cámara, en la que el 7 de octubre de 1987, cuando probablemente José Julián Peña, Julio Muñoz, Gonzalo Fuenzalida, Manuel Sepúlveda y Alejandro Pinochet aún estaban vivos, dijo: “Están sumergidos”. “El subsecretario del Interior ayer afirmó que la desaparición de cinco comunistas se debería a un “sumergimiento”, que describió como una técnica utilizada por ese partido”. Hace un tiempo, aquí escuchamos decir a Alberto Cardemil que como subsecretario del Interior había cometido errores. Ahora debería ayudar a entregar información, porque tiene que haberla tenido.
¿Se puede aceptar que el senador Sergio Díez guarde silencio, en circunstancias de que, como embajador del gobierno de la época ante las Naciones Unidas, informó que las nóminas de detenidos desaparecidos que poseían los organismos internacionales eran falsas? ¿Qué puede decir hoy, cuando en las listas entregadas por las Fuerzas Armadas aparecen Lincoyán Berríos, Waldo Pizarro, Horacio Zepeda, Luis Lazo, Héctor Véliz, detenidos junto a Reinalda Pereira y Edras Pinto, en circunstancias de que informó que habían salido del país caminando por el paso Las Cuevas, el 6 de enero de 1977?
Tampoco son aceptables las explicaciones dadas por gente que dice: “No sabíamos nada”. Ya en 1978, después de la huelga de hambre de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, todos los chilenos sabíamos de estos hechos.
Pero hay dirigentes de la UDI que sabían lo que pasaba. Muchos de nuestros colegas dan fe, en forma reiterada, de su cercanía, de su estrecha comunicación con el trágicamente fallecido senador Jaime Guzmán. La muerte de Eugenio Ruiz-Tagle, ejecutado en Calama, fue informada en detalle a Guzmán, quien hizo posible que su cuerpo tuviera sepultura, ya que fue el único de todas las víctimas de Antofagasta que fue entregado a su familia. La madre de Eugenio Ruiz-Tagle fue quien contó a Guzmán cómo encontró el cuerpo. Las heridas y las huellas terribles, que revelaron que no había sido fusilado, sino que había muerto producto de los cortes infligidos por corvos.
No es aceptable que digan que no supieron de la represión, de las cárceles secretas, de ese sistema que requirió miles de recursos, cuantiosísimos fondos, para ser sostenido, que fueron aportados por instituciones que dirigían algunos de estos dirigentes; por empresas del Estado, en las cuales participaban muchos de ellos como administradores; por oficinas públicas que eran dirigidas por ellos, como está acreditado en procesos que se siguen en los tribunales de justicia. ¿Cómo no recordar que hay un caso de un detenido desaparecido que fue entregado por el hoy senador de la República por la circunscripción Santiago Oriente, don Carlos Bombal?
Señor Presidente, la verdad es mejor que la mentira. Enfrentar la verdad duele. Estoy seguro de que las Fuerzas Armadas, al hacer la revisión de los informes que recibieron, se enfrentaron con una verdad dolorosa. Pero todavía tienen mucho más que aportar. Deben entregar la información que aún falta; deben estar dispuestos a verificar en forma pública la información contradictoria que se ha entregado. Es muy importante que todos quienes tuvieron participación, directa o indirecta, porque aportaron financiamiento o por tener responsabilidades políticas, civiles o militares, la reconozcan.
Desde aquí hacemos un llamado especial a los colegas con quienes nos encontramos todos los días, en un trabajo mandatado por el pueblo, a reconocer su responsabilidad y a ayudarnos a dar con el destino y paradero de los detenidos desaparecidos para cerrar esta herida que aún duele en el alma de todos los chilenos.
Gracias.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, hoy nos reunimos en sesión especial con el objeto de debatir el informe dado a conocer hace algunos días por el Presidente de la República y con el cual se pone término al proceso de recolección de datos sobre el destino de personas detenidas en la década de los setenta y cuyos cuerpos aún no son encontrados.
Con este proceso de recopilación de información, el conocimiento por la opinión pública de sus resultados a través de los medios de comunicación y el traspaso de todos los antecedentes a los tribunales de justicia, se materializa uno de los más importantes acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo. En este proceso de búsqueda y de recopilación de antecedentes relacionados con el paradero de las víctimas de la violencia política vivida por nuestro país en décadas pasadas han tenido un rol fundamental el Gobierno, las distintas iglesias, las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y todos los sectores políticos que respaldamos, desde sus inicios, los objetivos trazados con la creación de la Mesa de Diálogo. Es evidente que no ha sido una tarea sencilla. No debe haber sido fácil para los integrantes de la Mesa de Diálogo sentarse frente a frente, superar desconfianzas mutuas, dejar atrás arraigadas visiones del pasado y trabajar juntos en el logro del objetivo de la reconciliación nacional; no debe de haber sido fácil tampoco para las instituciones armadas recabar esta información; no debe haber sido fácil, en fin, para los familiares de cientos de víctimas conocer, por primera vez de las autoridades, noticias respecto de las formas en que sus familiares desaparecieron y el lugar donde se encontrarían sus restos.
Por eso, junto con valorar la buena voluntad y el esfuerzo realizado en los últimos meses por quienes han sido protagonistas de esta historia, quiero aprovechar de hacer un llamado a no desperdiciar una nueva oportunidad que se nos presenta para avanzar en el propósito de crear las condiciones que permitan a las futuras generaciones vivir en un país distinto, donde el clima de división y enfrentamiento sea definitivamente erradicado. Esperamos confiados que el esfuerzo de estos meses de trabajo produzca sus frutos y se convierta así en un efectivo instrumento de reconciliación. La experiencia indica que en el pasado reciente otras iniciativas de esta naturaleza han fracasado porque algunos sectores han tratado de obtener dividendos políticos de estas instancias y de sus resultados.
La actitud de estos grupos, afortunadamente cada vez más minoritarios, genera más división, enrarece el clima de paz social y termina convirtiéndose en un verdadero obstáculo en el largo, y sin duda complicado, camino del reencuentro de los chilenos.
A estas alturas está claro que si bien ha existido coincidencia en la utilidad de estas iniciativas, no ha existido coincidencia en sus objetivos.
Estimados colegas: entendamos de una vez que necesitamos sanar heridas y no reabrirlas; entendamos de una vez que el informe Rettig, la Mesa de Diálogo y toda otra iniciativa que se implemente para avanzar en la solución de los problemas generados en ese triste período de nuestra historia son sólo medios conducentes a ese fin. Es altamente inconveniente que se aprovechen los resultados de estas iniciativas para dividir y enfrentar aún más a los chilenos.
No hay duda de que se ha avanzado. Todos los sectores políticos hemos colaborado. Los acuerdos de la Mesa de Diálogo fueron oportunamente acogidos por el Congreso, y con la cooperación de todas las bancadas se aprobaron rápidamente las disposiciones legales requeridas para asegurar la reserva de los informantes, y, con ello, el éxito de la recopilación de la información.
No es conveniente que algún sector monopolice estos logros, como tampoco es conveniente empezar en este minuto a atribuir responsabilidades particulares o a atribuir también responsabilidades por la entrega inexacta o parcial de la información. Es evidente que mientras no se conozca el paradero de todas las víctimas, siempre el resultado será insuficiente. Sin embargo, si queremos seguir avanzando, la buena disposición de las partes debe ser debidamente valorada.
En cuanto al contenido del informe, la irracionalidad de las acciones descritas revela, en toda su magnitud, el grado de violencia que se gestó en Chile durante la década de los sesenta y principios de los setenta. Estas acciones nos condujeron, inevitablemente, a un clima de confrontación pocas veces visto en nuestra historia como República.
Hoy, sólo hemos conocido algunos detalles del fruto de esa violencia. Sin duda, sus efectos son dramáticos y dolorosos. Sin embargo, y para que no se repitan hechos similares en el futuro, una actitud responsable nos exige reflexionar sobre las causas. Aquí, para cualquier observador, no hay dos opiniones. La Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema, autoridades y dirigentes políticos de la época y la gran mayoría de los chilenos advertían cómo el gobierno de la Unidad Popular, en su propósito totalitario de control del poder, planificaba deliberadamente en nuestro país el enfrentamiento.
Es verdad que algunos de un bando cometieron excesos totalmente inaceptables, pero también es verdad que en el otro bando existieron personas que a su vez los cometieron y que no causaron más daño y dolor, porque no alcanzaron a implementar en su totalidad su proyecto revolucionario. Quiero ser muy claro. No deseo justificar con esto ninguna violación a los derechos humanos; pero si queremos que una situación como la vivida nunca más se repita, es fundamental conocer las causas de estos hechos. Y la principal causa de los hechos que se desencadenaron a partir del 11 de septiembre se encuentra en el clima de violencia política que vivía el país en la década de los setenta y del cual son responsables quienes, desde el gobierno, llamaban a utilizar la violencia como un método aceptado de acción política.
Como joven, obviamente, no tuve participación alguna en estos hechos; pero quiero decirles, con mucho respeto, a algunas de esas personas, que no tienen autoridad de ninguna especie para venir a imputar exclusivamente a otros la responsabilidad de esa situación.
Los protagonistas de la historia de la Unidad Popular son los primeros que deben responder al país, porque con sus declaraciones, sus conductas y sus actitudes contribuyeron decisivamente a desatar el clima de odio y violencia vivido en el país y al cual arrastraron a miles de compatriotas.
Por eso, y para que nunca más seamos testigos de estas brutalidades, es fundamental que no exista un gobierno que, con el objetivo de obtener el poder total, defienda y utilice la violencia como doctrina y método de acción política.
Muchos de quienes hoy se conmueven con la información entregada han apoyado a gobiernos inspirados en doctrinas como las que iluminaban a Chile en esos años, que han dado muerte a más de cien millones de personas en el mundo y donde las violaciones a los derechos humanos han sido una política de estado. Son países en que la gente muere tratando de salir y no de entrar; son los mismos que durante tanto tiempo han financiado al terrorismo chileno, que ha asesinado a gente inocente, entre ellos a mi amigo, el ex senador Jaime Guzmán. Tratamos de entender el dolor de los familiares de las víctimas. El dolor que lleva cada uno de ellos es un requerimiento ineludible a nuestra conciencia moral, y debe, en todo caso, separarse por completo del análisis político que se haga respecto de las causas y responsabilidades en estos hechos. Insisto: como tratamos de entender ese dolor, estamos disponibles para cualquier iniciativa que nos permita alcanzar el objetivo nacional de la paz social. Todo cuanto se haga para mitigar el dolor de quienes han sufrido, es un deber de conciencia de todo chileno y en cada una de las instituciones del país.
En este mismo espíritu, con anterioridad hemos apoyado proyectos de reparación moral y material para las víctimas de estos hechos y para sus deudos, como también los recientes acuerdos de la Mesa de Diálogo. Esperamos que este informe sea el punto de partida de una nueva etapa en la convivencia de los chilenos, en la que, reconociendo nuestros errores, podamos levantar la vista y mirarnos a la cara. Es un imperativo superar las odiosidades del pasado y alcanzar la tan anhelada reconciliación nacional. En representación de la UDI, quiero terminar concordando con lo manifestado por el Presidente Lagos, cuando señala que el dolor de los hechos que hemos conocido debe transformarse en un motivo de fraternidad y nunca más en una razón para el enfrentamiento.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que estos días han sido de sentimientos encontrados. Por una parte, cierta satisfacción por lo que parecía ser el cumplimiento estricto de la palabra empeñada por los mandos militares ante el país cuando concurrieron con su firma al acuerdo de la Mesa de Diálogo; pero, por otra, disconformidad por los escasos antecedentes proporcionados, y una gran tristeza y estupor por los horrorosos detalles referidos a la forma en que se procedió con prisioneros indefensos, que no tenían ninguna posibilidad de defenderse de las acciones criminales de sus captores.
A través de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, que siempre apoyamos, queremos construir una sociedad sobre valores sólidos. Nuestra sociedad se niega a olvidar, porque entiende que una nación sana, reconciliada, sólo se logra a través de la verdad y de la justicia.
Hoy, insistimos en esta Sala que sólo con plena verdad y con justicia será posible el verdadero reencuentro entre todos nosotros.
Más allá de las distintas lecturas que se tengan de nuestro pasado; más allá de nuestros compromisos políticos e ideológicos, debemos tener meridiana claridad sobre el hecho de que en un país civilizado, crímenes tan horrorosos, tan crueles, tan bárbaros, como torturar hasta la muerte a una persona, despedazarla y arrojar sus restos al mar, no pueden quedar en la nebulosa del pasado ni olvidarse. Hay que hacer luz sobre ellos y hay que hacer justicia. Esa es la base de la reconciliación; ésa es la base para construir una sociedad sólida, sobre cimientos firmes y no sobre arena.
Chile trata de andar con paso firme y tranquilo, y busca mirar al futuro con dignidad, con tranquilidad de conciencia. Los fantasmas del pasado son legítimos y reales: no pueden terminar con decretos ni menos con acuerdos o conciliábulos políticos; sólo se podrán superar cuando cada uno asuma sus responsabilidades personales, y cuando lo hagan también las instituciones.
No hay duda de que el general Izurieta y la institución que dirige han realizado un acto de coraje y hay que valorarlo, porque se debe tener coraje para reconocer los horrores que se cometieron por algunos de sus miembros; pero el general Izurieta y su institución deben ir más allá aún, porque falta un acto esencial para reconciliarse realmente con nuestra sociedad: reconocer y pedir perdón, lo que a él y a su institución bajo ningún punto de vista los va a humillar; por el contrario, los va a redimir y les permitirá reencontrarse con lo más sagrado de la sociedad chilena.
A nuestro juicio, los intentos de algunos sectores por buscar salidas políticas a estos problemas chocan con una gran muralla y son inviables. Es un hecho que estamos frente a temas ético-morales y que frente a ellos cada uno responde con su conciencia. Al menos eso está claro en este lado del hemiciclo.
No queremos cargar nuestra culpa con soluciones artificiosas. La verdad y sólo la verdad será la llave para la liberación de esta sociedad y para su exculpación de la tremenda responsabilidad del pasado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.- Señor Presidente, valoramos el reconocimiento oficial efectuado por las Fuerzas Armadas respecto de las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que la historia de nuestro país recuerde. A partir de este acto, nadie se atreverá a cuestionar la verdad de lo ocurrido, y servirá para que las generaciones futuras conozcan, de boca de las propias Fuerzas Armadas, que en nuestro país, durante el gobierno de Augusto Pinochet, se hizo desaparecer a cientos de chilenos mediante atroces acciones que recién hoy son asumidas.
El crimen contra la humanidad que constituye el desaparecimiento forzado de personas es, sin duda, el más horrendo que ha ideado el terrorismo de Estado, pero a ello se le agrega mayor crueldad cuando resulta, de modo absoluto e ineluctable, que jamás ellas podrán aparecer y ni siquiera sus restos, pues las Fuerzas Armadas, en su informe, utilizan el condicional “habrían sido arrojadas al mar”. Por otra parte, agregan: “la extrema amplitud del lugar”, “arrojados a la inmensidad de nuestro mar”.
Ciertamente, el reconocimiento de este horror, cometido con sadismo, es algo que nunca la sociedad chilena ni la comunidad internacional podrán olvidar, y es un paso profundo hacia la verdad por parte de las Fuerzas Armadas. La magnitud del crimen y lo que éste implicó materialmente movilizar aviones y helicópteros del Ejército deja en evidencia que las altas autoridades de la dictadura, tanto militares como civiles tanto Augusto Pinochet como la Junta de Gobierno, y altos jefes militares y civiles, tuvieron pleno conocimiento y acuerdo respecto de lo que se estaba llevando a cabo.
La ignominia recae tanto sobre militares como sobre civiles, y de eso tiene hoy que responder, moral y políticamente, una Derecha que ha sido tenazmente y sin reparo, defensora de Augusto Pinochet y su gobierno. Pero en esta sesión, las palabras del diputado Álvarez señalan que no se asumen los crímenes contra la humanidad y lo único que se pretende es su justificación.
Este reconocimiento de las Fuerzas Armadas ha agregado no sólo dolor y sufrimiento profundo a los familiares, por lo que ello significa, sino que, además, una nueva forma de tortura sobre los deudos. En efecto, de 1.176 detenidos desaparecidos, se entrega sólo informe respecto de 180, es decir, una cantidad ínfima. En todo caso, al menos este informe podría haber sido de valor cualitativo, con datos concretos, ciertos y exactos. Pero eso no ha sucedido. En primer lugar, los antecedentes son de total vaguedad. Se dice: las víctimas “habrían sido arrojadas al mar”. No se sabe ni por quién, ni cuándo, ni cómo, a pesar de que en nuestro país, ya desde las declaraciones de Andrés Valenzuela Morales, miembro del Comando Conjunto, se sabía que habían arrojado personas al mar, lo cual relata con lujo de detalles, esto es, que eran drogados por un médico de la Fuerza Aérea de Chile, Fach, y que luego se les abría el vientre para introducirles elementos pesados que impidieran que flotaran. Aún más relata, uno despertó y trató de oponerse al lanzamiento.
Otro tanto de imprecisión sucede con los datos sobre personas enterradas. Así, por ejemplo, en el caso de los presuntos enterrados en Colina, implicaría abrir zanjas de ocho kilómetros de largo.
Las fechas de ejecución y lanzamiento al mar, en general, no coinciden con los datos que se tienen en los procesos. Así, por ejemplo, Domingo Blanco Tarrés, socialista, jefe del GAP, aparece lanzado al mar el 13 de septiembre; sin embargo, el día 15 consta que fue ingresado y sacado de la cárcel pública de Santiago.
De los detenidos en Parral, de quince datos que se dan, ocho no corresponden con las fechas que se entregan y que están contradichas por el libro de “Novedades” de la cárcel. Lo mismo sucede con los dirigentes socialistas Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Ariel Mancilla, etcétera.
A su vez, hay antecedentes que carecen de total verosimilitud. Así, por ejemplo, en el caso de Paine, desde hace tiempo están claramente identificadas seis personas que fueron encontradas en el patio 29 del Cementerio General, entre otros, Luis Alberto Gaete, Luis Rodolfo Maldonado, Mario Enrique Muñoz Peñalosa, Duque Orellana; sin embargo, se señala que de diecisiete que fueron detenidos al mismo tiempo y en las mismas condiciones que los otros, seis habrían sido lanzados al mar en Pichilemu. También se señala que Pedro Garcés
Portigliati, Jorge Orrego y Carol Fedor Flores
Castillo habrían sido lanzados al mar en San Antonio. Es imposible que haya ocurrido de esa manera, pues consta todo lo contrario en los certificados de defunción del Instituto Médico Legal, que practicó su autopsia e hizo comprobación de las huellas dactilares. Ciertamente, los cadáveres no van del Instituto Médico Legal al mar.
Los hermanos Peña Solari aparecen como que habrían sido arrojados al mar inmediatamente después de su detención, cuando consta que Nilda estuvo en “la venda sexy”, uno de los recintos más crueles y sórdidos de tortura; que primero fue llevada a la clínica Santa Lucía para practicarle un aborto y que después fue devuelta a “la venda sexy”. Son los únicos dos casos que se entregan de la lista denominada “De los 119”.
Lo propio sucede con la directiva del
Partido Comunista en el llamado caso “Conferencia”, cuya investigación, desde la época del ministro Carlos Cerda, va en una dirección totalmente diferente a la de haber sido lanzados al mar. Esto suma y sigue.
Además de lo anterior, todos estos antecedentes, por su vaguedad, inexactitud y falta de verosimilitud, no sólo no agregan elementos para la investigación judicial, sino que perjudican los procesos pendientes respecto de los 180 casos materia del informe, por cuanto en ellos se constatan hechos totalmente diferentes respecto de la orientación que tiene la investigación.
Entonces, no puede sorprender a nadie el sentimiento de ira, desesperanza y dolor de los familiares, además de la conmoción moral de la ciudadanía ante este nuevo atentado contra los derechos más esenciales de las personas.
Las Fuerzas Armadas, con su informe, han aumentado el horror permanente de los crímenes cometidos por la dictadura, y por eso siguen en deuda con el país. Tenemos el derecho de exigirles, a ellas y a las autoridades civiles de la época, que entreguen datos útiles y conducentes para una investigación judicial, que es la única forma de poder entregar verdad y justicia a los familiares y a la ciudadanía.
El reconocimiento de los crímenes, aunque de una enorme trascendencia para las generaciones futuras y para la sanidad moral de nuestro país, no puede significar una burla para los familiares de las víctimas y para la labor de los tribunales de justicia.
Un reconocimiento de crímenes jamás puede significar impunidad, pues entonces se convierte en una nueva ignominia.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para continuar, tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, quiero hacer mías todas las palabras del diputado Andrés Palma, quien en forma clara y precisa ha entregado la opinión de los parlamentarios que solicitamos esta sesión especial para analizar el resultado de la Mesa de Diálogo, cuyo informe fue entregado al Presidente de la República.
Junto con lo anterior, quiero hacer un público reconocimiento, en primer lugar, al Presidente Aylwin, quien, desde su visión de estadista, creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida como informe Rettig; informe que fue atacado persistentemente, tanto en el Congreso Nacional como al interior de las Fuerzas Armadas. Ese fue el primer paso político fuerte que se dio en el país para buscar solución al problema de los detenidos desaparecidos. En segundo lugar, al Presidente Frei y al entonces ministro Edmundo Pérez Yoma, por haber creado la Mesa de Diálogo como un segundo paso contundente en la búsqueda de la verdad y la reconciliación. En tercer lugar, por supuesto, al Presidente Lagos y al ministro de Defensa Mario Fernández, por haber logrado que la Mesa de Diálogo concluyera su trabajo. En síntesis, un reconocimiento a los tres gobiernos de la Concertación con sus respectivos presidentes por haber mantenido una política de Estado, una política coherente, una política de verdad, una política de justicia y una política claramente establecida en el sentido de que mientras en Chile esté gobernando la Concertación no habrá ley de amnistía, y eso debemos reconocerlo públicamente y ser muy sólidos al decirlo en este Congreso.
Este tema ha sido discutido en varias oportunidades durante los 11 años que llevamos como parlamentarios. Felizmente, las pasiones han ido bajando, pero la firmeza de los argumentos se siguen sosteniendo. Y esto es bueno, porque en algún momento vamos a llegar a una verdad total y absoluta de lo que ocurrió en nuestro país.
Pero pedí la palabra para referirme a otra situación. Si este tema se hubiese asumido con mayor responsabilidad histórica, obviamente en nuestro país no estarían ocurriendo las situaciones que estamos viviendo. Me refiero a una noticia que apareció como titular de un diario de la capital, que dice: “Subdirector de la Dine, por obstrucción a la justicia; reo Coronel activo en el caso Tucapel Jiménez”. Y hace menos de 90 días pasó por lo mismo un general en servicio activo. En el caso de Tucapel Jiménez, por lo menos 11 funcionarios pertenecientes al Ejército y a Carabineros han sido procesados con motivo de este juicio, y otros tantos por el caso del carpintero Alegría Mundaca.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque si desde el momento en que llegó la democracia a nuestro país, las Fuerzas Armadas, y el Ejército, en particular, hubiesen asumido su rol, como ahora, obviamente no estarían pasando por la vergüenza nacional de sacar al personal activo de sus filas para entregarlo a la justicia, la cual hoy los tiene declarado reos.
He sido bastante duro por muchos años, pero la situación que hoy estamos viviendo es de especial preocupación, porque no cabe la menor de duda de que si las Fuerzas Armadas especialmente el Ejército y Carabineros que últimamente se ha transformado en algo muy singular y especial por la “mentira” que entregó al país con la información hubiesen asumido la obligación de dar a conocer todos los casos que tienen y llamar a retiro a toda la oficialidad comprometida con la verdad y la justicia de los detenidos desaparecidos, no habrían sido motivo de titulares en los medios de comunicación de nuestro país.
Muchos quisiéramos que esto hubiera terminado. Lamentablemente, otros no quieren que así sea, y otros no han colaborado para ello. Más grave aún como bien decía el diputado Andrés Palma, hay un número importante de civiles que trabajaron, colaboraron y supieron lo que ocurrió; pero, a la hora de los “quiubos”, éstos han abandonado a los uniformados y los han dejado prácticamente solos con esta trágica verdad que el país está conociendo.
Como decían otros colegas anteriormente, para que finalmente lleguemos a entendernos, es importante que todos asuman su propia responsabilidad. No voy a dejar de reconocer que en el caso del diputado Rodrigo Álvarez, debido a su juventud, él no participó en nada; pero al ser representante de un partido político personalmente, como democratacristiano, asumo toda la responsabilidad de lo que políticamente mi partido haya hecho mal, debiera hacer un reconocimiento público, e incluso pedir perdón si fuera necesario, porque el hecho de estar en política nos obliga a buscar entendimientos, encuentros y ver cómo solucionamos los problemas de nuestro país. Pediría a los parlamentarios, por muy jóvenes que sean o muy mayores, que asuman las responsabilidades políticas que su partido tuvo en el pasado. Sé que esto es difícil por el momento que vivimos, pero mientras más responsabilidades asumamos de los hechos del pasado, en conjunto o en forma colectiva, más prontamente lograremos por fin despejar a las Fuerzas Armadas de este trauma y del abandono que están viviendo por parte de muchos civiles, y reencontrar al país en verdad y reconciliación.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, en su labor continua e indiferente, la historia va entrelazando la gigantesca cadena de los siglos y ordenando los hechos humanos de modo ininteligible para nosotros. Todo exige tiempo; cualquier acontecimiento requiere preparación. Un momento estelar de la humanidad significa la sucesión de horas, días, meses y años, al parecer estériles, que no se explican hasta su culminación en algo decisivo.
En la historia, un momento determinado marca el rumbo de siglos y siglos; lo mismo que en la punta del pararrayos converge la electricidad de la atmósfera, un espacio insignificante de tiempo contiene el germen de una serie de hechos que van desarrollándose en el futuro. Paralelos o sucesivos, los hechos cotidianos van siguiendo su ritmo tranquilos e intrascendentes, hasta llegar a comprimirse en un momento decisivo y determinado, que señala un nuevo curso de la historia. Un simple sí o un sencillo no, como los minutos que anteceden o siguen a algo sin importancia aparente, convierten aquel momento en algo ya irrevocable para cientos de generaciones y que fatalmente trasciende la vida de un individuo, de un pueblo e, incluso, de la humanidad entera. Son palabras de Stefan Zweig en su libro “Momentos estelares de la humanidad”. La historia se construye así, no con fechas, no con batallas, sino con momentos, con personas y con hombres a veces anónimos que conducen, que tienen la visión o que, simplemente, omiten hechos. En el siglo XX quizás vivimos muchos momentos estelares. Pero yo guardo uno en la memoria: la noche del 9 de noviembre de 1989, cuando estaba frente a la televisión, asistí a un hecho único: vi a muchos berlineses con una vela en una mano, mientras que con la otra quitaban las piedras del muro de Berlín, que durante 28 años había separado a los alemanes.
Ese momento estelar para la humanidad aún hoy nos repercute, porque ha cambiado la faz de la tierra, la faz del mundo y de la civilización que vivimos. La caída del muro de Berlín aún hoy importa en Chile. Los alemanes lograron la reunificación; cayeron las divisiones maniqueas que nos separaban entre los países de la órbita soviética y los de la órbita del imperialismo yanqui; cayeron las etiquetas, se derribó el muro y terminó la guerra fría.
Hoy, en estos días, en estos meses, en este lejano lugar del mundo, tratamos de que los estertores de esos odios exacerbados, de esa violencia sin sentido, nos abandonen y nos permitan lograr la ansiada reunificación del alma nacional.
Nos hemos reunido para analizar los resultados de la Mesa de Diálogo. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Avanzar en el reencuentro nacional, en el reencuentro del alma de este país. Después, superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, realizando un gran esfuerzo nacional que comprometiera activamente a todas las autoridades, para que la comunidad nacional encontrara los restos de los detenidos desaparecidos, o cuando ello no fuere posible, obtener, al menos, la información que permitiera clarificar su destino.
También la Mesa de Diálogo nos impelía, justamente, a asumir, a tomar conciencia de que estos hechos no pueden volver a suceder en el país. ¿Se han cumplido estos objetivos? Por las palabras que he oído aquí, hay dudas y pareciera que los objetivos considerados en el documento “Hacia el reencuentro de todos los chilenos” simplemente hubieran sido palabras vanas que se las llevó el viento.
Renovación Nacional piensa que no es así, que se han cumplido los objetivos de la Mesa de Diálogo. En primer lugar, se sentaron frente a frente los antiguos enemigos, aquellos llamados los comunistas marxistas y aquellos que representaban la imagen del militar torturador y asesino, y se dieron cuenta de que eran hombres y mujeres de carne y hueso; personas que lloraban, de un lado y del otro; personas que también tenían deudos, a un lado y al otro. Trabajaron durante muchos meses, en una instancia de diálogo que permitiera reconstituir una confianza.
Ese es un primer logro, que se admitió expresamente cuando Pamela Pereira y el general Salgado se dieron la mano.
Hay otros logros. Tenemos un informe: doscientos casos presentados por las Fuerzas Armadas, principalmente por el Ejército. Se nos dice que hoy en la cuesta Barriga, aparentemente, se habrían encontrado los primeros restos.
En verdad, falta mucho; más información, más precisión, paciencia y confianza. Muchas voces buscan desvirtuar estos logros. Se dice que la información fue parcial, que no aporta nada nuevo, que no concuerda con los antecedentes reunidos. Pero déjenme decirles que siento que esas voces son ruidos en el camino, los cuales no entorpecen la grandeza del momento en que nuestras Fuerzas Armadas, cumpliendo con su palabra empeñada, con honor, reconocen casos concretos en los que hubo violaciones a los derechos humanos.
Ustedes han esperado diez años para que se hiciera este reconocimiento. Para muchos de la sociedad civil es un impacto conocer hoy lo que sucedió. Algunos dirán: “Lo sabíamos, no hay nada nuevo”; otros, “que recién lo están conociendo”. Esto forma parte de los procesos de la vida. No todo sucede al mismo tiempo, sino en forma consecutiva. Se hace la vida y la historia en sucesivas aproximaciones.
Para nosotros, las Fuerzas Armadas, y muy especialmente el Ejército, han vivido un momento de transición, un momento difícil, su peor momento; pero cumplieron con honor. Reconocieron cosas; antes no lo habían hecho. Admitieron lo dicho en el informe Rettig, el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad y de la Corporación de Reparación y Reconciliación; involucraron a todos sus hombres, activos y en retiro, en la búsqueda de los antecedentes de los detenidos desaparecidos; elaboraron un informe: doscientos casos. Sé que son pocos, pero es lo que ellos pudieron entregar. Y creo que debemos reconocer que, a pesar de ser sólo doscientos casos, tuvieron el coraje de reconocerlo, porque el ambiente no era ni es fácil y, además, asumieron, institucionalmente, que los derechos humanos fueron violados durante el gobierno militar, situación que se incorpora, así, al curso de una historia que no puede volver atrás, en que los derechos de las personas son elementos básicos del estado de derecho y del sistema democrático.
Como militante de Renovación Nacional, no tengo complejos para hablar claro. Junto con el reconocimiento de nuestra identidad como partido de centroderecha, que apoyó al gobierno militar, también debo decir que siempre hemos rechazado las violaciones a los derechos humanos. Desde 1987 y es la razón por la cual estoy en este partido, en una primera entrevista, Ricardo Rivadeneira fue el primer hombre de la Derecha que reconoció que se violaron los derechos humanos. Después, muchos condenamos, hoy y ayer, con dolor y con impacto, la brutalidad de estos hechos. Premonitoriamente, tenemos documentos de Renovación Nacional de hace diez años, que hablan con las palabras del presente, con las palabras que muchos quieren oír. La respuesta de Renovación Nacional al informe de la Comisión Rettig dice así: “La superación de los graves problemas vinculados a los derechos humanos exige el conocimiento completo de la verdad, incluidas las circunstancias históricas en que los hechos ocurrieron. Sin embargo, ello no es suficiente para impedir que ellos vuelvan a ocurrir, ni para lograr una profunda reconciliación entre los chilenos.
“El análisis histórico de estas últimas décadas debe llevar a que cada uno de los sectores reconozca integralmente su responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, frente a lo ocurrido”.
Después, el 29 de marzo de 1991, Andrés Allamand señalaba: “La construcción del futuro común requiere de la capacidad para aceptar la coexistencia de visiones divergentes sobre el pasado. Quizás la lección sea que la verdad completa no está en una ni en otra parte, sino que debe recogerse de enfoques complementarios.
“Ni las circunstancias anteriores a 1973 ni los hechos posteriores pueden dejar de ser considerados por quienes deben conocer la verdad. Pero los chilenos debemos dejar las visiones parciales y aprender de una vez a mirar con los dos ojos a los demás y a nosotros mismos”. Son palabras que justamente van por el camino contrario al marcado por el diputado señor Andrés Palma. Debemos mirar lo que hicieron los demás, pero también asumir como dice el diputado señor Seguel aquello que nosotros mismos hicimos. Hubo actos y omisiones, pero todos tenemos que enfrentar la historia. El punto es cómo lo hacemos: o seguimos mirando el ombligo político-partidista electoral o miramos estos hechos como un país que busca recuperar su alma, reunificarse, mirarse, tocarse, enfrentarse y decir que mañana, efectivamente, queremos ser un país de hermanos.
Tenemos que asumir nuestras responsabilidades comunes, que son muchas. En 1970 tenía 13 años, pero como pertenezco a la Derecha y me identifico con Renovación Nacional, asumo plenamente lo que el Partido ha sido desde sus inicios y lo que las personas anteriores a nosotros el Partido Nacional y otros hicieron de bueno y los errores que pudieron haber cometido. Somos herederos y, como tales, tenemos que asumir el activo, pero también pagar las deudas. El punto es cómo asumir un activo común, un patrimonio común.
Pienso por eso empecé refiriéndome a los momentos estelares de la humanidad que en materia de derechos humanos, Chile vive un momento estelar de su historia, que quizás no comienza hoy, pero sí forma parte de un proceso del que aún no podemos porque estamos muy subjetivamente incorporados en la historia dimensionar su inicio. Formamos parte de un proceso que, de alguna forma, busca que cooperemos en derribar este muro invisible que nos ha dividido, este muro que parece dividir esta Sala de aquí para allá.
En nombre de Renovación Nacional, pido que nos sumemos al momento histórico que vive el país. El tema de los derechos humanos no es patrimonio de un sector ni de otro, sino un patrimonio común. La caída del muro de Berlín, el fin del mundo desgarrado en dos mitades irreconciliables, eso es lo que hoy tenemos que terminar; debemos derribar este muro invisible que nos divide así como la noche del 9 de noviembre de 1989 actuaron los berlineses: con una vela en una mano, alumbraron la incertidumbre del futuro, y con la otra, derribaron las piedras del muro, las odiosidades, las desconfianzas, las etiquetas, para terminar efectivamente con 40 años de división y de aniquilamiento de unos a otros.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, hablo desde la consecuencia, desde el mundo que me tocó vivir como defensora de los derechos humanos, con abogados que hoy no están, como Guillermo Cowley, Elio Sanfeliú, y otros, como Luis Bork.
Fueron tiempos muy difíciles; no fue fácil. A los riesgos propios de desafiar el poder omnímodo de las autoridades, debemos sumar la permanente frustración por la forma en que se administraba justicia en Chile. Eran tiempos de tribunales especiales, de juicios sumarísimos, de sentencias jurídicamente insostenibles, sin las más mínimas garantías. En esos años, el debido proceso que hoy reclaman con tanta vehemencia, lisa y llanamente no existió.
Me emociono cuando recuerdo lo que hicimos, la forma en que salvamos de la tortura y de la muerte a jóvenes, hombres y mujeres de todos los estratos sociales. Eran tiempos de seguimientos, de intervenciones telefónicas, de listas negras, de allanamientos, de bombas; eran tiempos de una sofisticada máquina de terror, manejada por la mano anónima del que tiene el poder absoluto.
Desde el restablecimiento de las instituciones democráticas, nuestra lucha por la vida y por la justicia ha debido continuar. Los cambios institucionales habidos durante la administración del Presidente Aylwin, permitieron terminar con el drama de los presos políticos, y poco a poco se fueron generando las condiciones para una aplicación más justa del derecho.
La reforma constitucional de 1989 al artículo 5º de la Constitución, terminó con las dudas sobre la preeminencia jurídica sobre el derecho interno de los tratados y del derecho internacional humanitario suscrito por Chile. Poco a poco, la interpretación de las normas se fue ajustando hasta alcanzar un estándar internacional mínimo en la materia.
En este esquema, los avances habidos en la localización de los cuerpos de las víctimas de los fusilamientos masivos y la localización de entierros clandestinos, como los existentes en el Cementerio General de Santiago, más los hallazgos de Pisagua y de Baños de Chihuío, en la provincia de Valdivia, han ido haciendo luz sobre el destino de decenas de víctimas inocentes. En este último caso, incluso, se encontraron los restos de un niño de escasos 14 años que fue asesinado por correr tras el camión militar que transportaba a su padre. Murieron juntos, mientras los oficiales aprehensores ascendían en sus flamantes carreras, coronadas al final de la dictadura con la medalla de la misión cumplida...
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Le queda medio minuto de su discurso, señora diputada.
La señora SOTO (doña Laura).- Es muy difícil hablar en medio minuto. Sin embargo, sólo ayer entregamos nuevamente a la justicia, para hacer verdad, nuevos antecedentes sobre el desaparecimiento de cinco jóvenes de esta región. Se trata de José Peña Maltés, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete, todos detenidos entre el 9 y el 10 de septiembre de 1989. Quizás sus nombres en esta Sala no signifiquen mucho. Los cinco eran militantes de las juventudes comunistas de Chile. Los conocí personalmente; eran jóvenes idealistas con ganas de hacer de Chile una tierra más libre y justa. Esos jóvenes sépanlo, colegas fueron hechos desaparecer y murieron como consecuencia de un “error de cálculo” de los agentes de la CNI, que pretendían canjearlos por el coronel Carreño, que había sido secuestrado por una célula del Frente Manuel Rodríguez. Ante la decisión del mando político y militar de la época es decir, del general Pinochet, del ex ministro y actual senador Sergio Fernández, y de Francisco Javier Cuadra, a la sazón ministro secretario general de Gobierno de no negociar con terroristas, alguno o algunos agentes de la salvaje inteligencia criolla decidieron, simplemente, matarlos y arrojarlos al mar desde un helicóptero militar, amarrados a dos rieles de ferrocarril. No es posible terminar así.
Finalizo mi intervención he tratado de ser consecuente haciendo un llamado a la cordura, sensatez y humanismo de quienes tienen información sobre hechos relacionados con víctimas que aún no tienen ese mínimo derecho a ser sepultados en forma cristiana. No renunciamos al derecho de conocer la verdad y hacer justicia, pero estamos dispuestos a poner nuestro espíritu al servicio del país. Es necesario, también, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas y en especial Carabineros de Chile, digan toda la verdad que han logrado reunir en estos seis meses, sin omisiones arbitrarias, mentiras ni operaciones de inteligencia. Necesitamos conocer toda la verdad; sólo eso pedimos ahora.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, haciéndome eco de la brillante relación hecha por el colega Andrés Palma, quiero asumir en esta Sala mi responsabilidad en los hechos, no obstante haber tenido siete años de edad en 1970.
Quiero decírselo en forma muy fraternal, por su intermedio, señor Presidente, a mi colega y amigo Rodrigo Álvarez; porque es muy fácil no asumir nuestras responsabilidades, eludir las responsabilidades de una carga tan negativa de un drama y un pecado tan grande como lo es haber cercenado la vida de otros hermanos chilenos. Yo tenía apenas siete años, pero asumo la responsabilidad de la historia de mi partido y de mi país, actitud que debería ser imitada por todos. La intransigencia de los sectores involucrados debería ser internalizada y asumida, precisamente, para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan o vuelvan a repetir en nuestra patria.
Por eso, considero realmente destacables los gestos que comienzan a insinuarse por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Debo manifestar que abrigaba la secreta esperanza de que ello ocurriría cuando fue nombrado obispo castrense monseñor Pablo Lizama Riquelme fundador de la diócesis de mi distrito y de la provincia de San Antonio, a quien conozco desde hace mucho tiempo. De él valoro su espiritualidad así como su compromiso con la vida y los derechos humanos. Sería bueno que la misma responsabilidad que han ido asumiendo otros, también fuera asumida por el conjunto del país; no es posible que todavía no lo hagan algunos sectores.
Basta con recorrer el país para enterarse de hechos tan dramáticos como el ocurrido en mi distrito, en el sector de Lonquén, Talagante, donde 14 campesinos, por el solo hecho de estar sentados en la plaza de Isla de Maipo, fueron tomados prisioneros y dinamitados en los hornos de Lonquén. Pero es peor aún la barbarie cometida con posterioridad: mientras los deudos después de haber ubicado sus restos esperaban en la Recoleta Franciscana para llevar a cabo el duelo, el velorio y el funeral, se enteraron de que habían sido llevados por agentes de seguridad del Servicio Médico Legal y depositados en una fosa común del cementerio de Isla de Maipo.
También está lo sucedido recientemente con estos cuerpos que se supone que estarían enterrados en la cuesta Barriga, comuna de Padre Hurtado, también en mi distrito. Hace pocos minutos hablé con Bárbara Zepeda, hija de Horacio Zepeda Marinkovic, amiga personal, esposa de un prestigiado médico de la comuna de Melipilla, a quien no sólo quiero brindar mi cariño a través de estas palabras, sino también mi solidaridad. Ella me transmitió su dolor y sufrimiento, las esperanzas que se encienden y apagan con el día. En efecto, hace pocos minutos corrijo la información entregada por la colega Pía Guzmán, se encontraron restos allí, pero pertenecían a animales, y las balas halladas en el lugar eran de data aproximada a 1991. Ése es el sufrimiento y el drama tan brutal que hoy están viviendo familias y hermanos nuestros.
Por eso, las palabras de San Pablo...
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Me permite, señor diputado? He terminado su tiempo.
El señor JIMÉNEZ.- Voy a ocupar el tiempo que resta a mi Comité, señor Presidente.
Decía que las palabras de San Pablo siempre prontas a dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida resuenan con más fuerza hoy día para asumir esa responsabilidad, para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, una verdad que no se puede acomodar a nuestro amaño.
Por eso, en su oportunidad, junto con la diputada María Rozas y el diputado Ascencio, no quisimos votar favorablemente el proyecto de ley que posibilitaba la entrega de información, porque pensamos que podría ser utilizado por algunos para invocar una ley de punto final, de lo cual no quisimos ni queremos ser cómplices.
Por eso, hoy esperamos, no sólo por Horacio Zepeda Marinkovic, ese empleado que era jefe de pavimentación de la municipalidad de Ñuñoa se suponía que había salido del país, pero sus restos están en alguna parte de la cuesta Barriga, que el Gobierno logre que quienes entregaron esa información indiquen la ubicación exacta de sus restos. Ya no basta con dar las coordenadas; es necesario que vayan al lugar y digan, de una vez por todas, dónde están los restos, a fin de que los familiares, que aún tienen esperanzas, puedan guardar legítimo duelo. Queremos que todos asuman su responsabilidad, sin importar la edad que tenían en esa época. No es posible que un sector de este país viva eternamente traspasando o eludiendo sus responsabilidades. La pregunta formulada a Caín: “¿Dónde está tu hermano?”, debe ser respondida por quienes ejecutaron directamente e hicieron desaparecer a hermanos nuestros, así como también por quienes son herederos de ese gobierno, que implementó una política basada en la desaparición de quienes no pensaban igual que el gobierno de turno.
Por lo tanto, esperamos avanzar en un reencuentro basado en la verdad y en la justicia, en que cada uno sea capaz de asumir su responsabilidad. Hoy asumo la mía y espero que todos asuman la suya; incluso aquellos que han evitado hacerlo por la vía de endosársela a otras instituciones, dejando de lado aquello que en algún minuto enarbolaron como su patrimonio. Eso es falta de patriotismo, visión y chilenidad que nadie puede aceptar.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, concordamos con el Presidente Ricardo Lagos en cuanto a que estamos frente a un hecho trascendente, porque lo es el reconocimiento por el Ejército de que en este país se secuestró, se asesinó y se lanzó al mar a 150 chilenos, y de que otros 30 fueron enterrados ilegalmente como una forma de ocultar el cuerpo del delito.
Considero que hay un reconocimiento de la que fue siniestra política para con los detenidos desaparecidos, idea que nació como una forma de chantaje sobre la sociedad, de mantener rehenes, de establecer un terror que perdurara en el tiempo. Por eso no sólo hubo crímenes, sino también desaparecidos. Y éste es un hecho trascendente, porque se entrega información, aunque no restos ni circunstancias, y porque, por primera vez, se produce una separación entre el general Ricardo Izurieta y el mando del Ejército que entrega esta información, y los Martínez Busch, los Cortés Villa, los Manuel Contreras, los Arellano Stark y el propio Pinochet.
¡Y yo quiero saber dónde y con quién está la Derecha! ¿Esta Derecha está con Izurieta o sigue estando con Pinochet? Porque para esta Derecha chilena no ha caído el muro. Estar con Pinochet, como lo ha estado durante todo este proceso; como lo ha estado cuando lo visitaban en Londres; como lo ha estado defendiendo, incluso, cuando Pinochet se negaba a ir a los tribunales, significa estar con el muro de Berlín y no contra éste; significa estar contra los valores esenciales de la democracia; significa justificar la guerra fría, porque Pinochet es su expresión.
Yo siento que esta Derecha no es capaz de asumir la monstruosidad de lo ocurrido. Creo que habría sido notable que alguno de ustedes dijera, simplemente, lo siento. ¡Lo siento por las 150 personas botadas al mar! ¡Lo siento porque aún hoy no se le puede decir a esta gente si estos restos fueron botados como tales o se hizo lo que se le realizó a Marta Ugarte, a quien se le abrió el vientre y se la arrojó viva al mar! Y los familiares tienen el derecho de saber completamente la verdad.
Creo que el Ejército debe pedir perdón, como en su momento lo hizo el comandante en jefe del ejército argentino.
La información es incompleta y no satisfactoria y las Fuerzas Armadas deben ampliarla y profundizarla.
Cabe señalar, además, que aquí hay hechos muy sorprendentes. Tengo acá las cartas que Sergio Fernández mandaba a los familiares y a los tribunales cuando era ministro del Interior. Decía que los diputados Carlos Lorca, Vicente Atencio y Bernardo Araya y otros 150 desaparecidos de la época, habían abandonado el país. Y entregaba certificados de Investigaciones en los cuales constaba que estos señores habían abandonado el país. Y el embajador de Chile en Argentina, Rojas Galdames, el mismo que le negó el pasaporte a Carlos Prats para impedir que saliera hacia Europa y que está mezclado en el asesinato vil del ex comandante en jefe del Ejército y de su esposa, certificaba que vivían en Buenos Aires.
¿Qué significa esto? Que cuando los familiares presentaban un recurso a los tribunales, éstos no actuaban, porque el ministro del Interior les decía que esta gente estaba fuera de Chile. Y porque don Sergio Díez, senador de la Derecha, decía en Naciones Unidas que 400 chilenos habían salido del país y que no estaban desaparecidos.
Ésta era la información; ésta era la ética con la cual se manejaban. Creo que Sergio Fernández y Sergio Díez tienen que asumir su responsabilidad, dar la cara.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiempo, señor diputado.
El señor LEAL.- Termino señalando que la información que necesitamos es mucho más amplia y mucho más completa. Llamo al general Izurieta a investigar a la Dina; a que nos diga qué ha pasado con los 750 desaparecidos secuestrados por la Dina; a que nos diga si es verdad lo que en un momento dijo Manuel Contreras: que 500 de los 750 fueron lanzados al mar; a que cuente toda la verdad para que los tribunales investiguen. Las peticiones de perdón van a crear las condiciones para que en este país haya paz, reconciliación, y podamos, juntos, mirar hacia el futuro.
Gracias.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, los resultados de la denominada Mesa de Diálogo, por escasos que hayan sido, no han dejado a nadie indiferente. Conocer la suerte de cerca de 200 de las personas detenidas en su momento por efectivos de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros y, posteriormente, desaparecidas, ha constituido un impacto que ha remecido la conciencia nacional. Desde luego, reiteramos a los familiares de esas personas nuestras condolencias y, como todos los chilenos, hacemos fervientes votos para que esas situaciones, tanto como las que vivió Chile en los años anteriores, no vuelvan nunca más a repetirse.
Afirmo sin vacilaciones que de no haberse configurado las circunstancias de gravísima crisis política que afectó a nuestra patria, sobre todo en el período 19701973, difícilmente se hubieran producido con posterioridad los hechos cuyos detalles ahora conocemos y todos lamentamos. Muchas críticas y reproches se pueden dirigir a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros y a quienes han formado y forman parte de ellas, en especial a sus sucesivos altos mandos; pero de ninguna manera puede imputárseles haber actuado en 1973 movidos por mezquinas ambiciones de poder político. No tengo dudas de que nunca en sus planificaciones estratégicas de entonces estuvo la idea de tomar el poder político por la fuerza de las armas, ni mucho menos la de prepararse para ejercerlo en medio de una crisis como la que vivía el país entonces.
No tengo dudas tampoco de que el conocimiento de los excesos cometidos por algunos de sus miembros en el ejercicio efectivo de ese poder, no las ha dejado indiferentes. De ese ánimo es expresión, sin duda, el reconocimiento que ellas hicieron en esa Mesa de Diálogo, de que en el período en que fueron gobierno se cometieron graves atentados contra la vida y dignidad de muchas personas; entre ellas, de éstas que denominamos detenidos desaparecidos, atentados de cuya realidad hoy no nos es permitido dudar.
Y de ese ánimo es expresión, asimismo, el solemne compromiso que ellas, en el mismo acto, contrajeron para evitar que esos atentados se repitan en el futuro.
No tengo dudas tampoco de que los sectores políticos involucrados en la crisis de esos años han reflexionado acerca de su cuota de responsabilidad en el desenlace de ella y la han asumido con sinceridad. En especial, me refiero a aquellos que durante los años anteriores hicieron la apología de la violencia y la incorporaron oficialmente en sus planteamientos programáticos como vía lícita para alcanzar el poder político, y que desecharon por obsoleta e inútil la vida democrática representada por las elecciones populares. Me refiero a aquellos que incitaron a nuestra juventud a entrar en el peligroso camino de la lucha guerrillera y que desde las posiciones de poder que la institucionalidad de entonces les reconocía y les respetaba, se dedicaron a apoyar esa guerrilla y a participar en su financiamiento y suministro de pertrechos.
Me refiero también a aquellos que, sin caer en la prédica o en la práctica concreta de la violencia, adoptaron, sin embargo, como propias las ideologías de la lucha de clases, cuyo único objetivo era envenenar la convivencia nacional, proyectando unos grupos de personas contra otros, hasta demoler cualquier vestigio de espíritu de sociedad y de comunidad que pudiera reunirlos. Ideologías tanto o más perversas, cuanto que utilizaban a los pobres de nuestra patria, entusiasmándolos con utópicos paraísos en la tierra, como carne de cañón en lo que no era sino una burda estrategia de conquista del poder para los grupos que se decían representantes de esos pobres, pero que no eran sino elaboradas máquinas de despotismo político.
Decir nunca más a los excesos cometidos en el ejercicio del poder por algunos de nuestros uniformados, implica decir nunca más a las causas que les hicieron perentorio asumir el gobierno de la nación; implica un compromiso sin reservas por el respeto de la vida, de la integridad física y de la dignidad de todas las personas; implica no tener un doble discurso acerca de estos bienes que, en definitiva, constituyen el objetivo más preciado de la vida humana en sociedad. Lo digo, desde luego, porque no dejó de ser sorprendente que mientras el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros era objeto de constantes acusaciones y condenas por violaciones de derechos humanos, otros regímenes políticos, que exterminaron a sectores completos de la población de sus países, que arruinaron economías florecientes y que destruyeron culturas milenarias, no sólo no eran objeto de ninguna observación a este respecto, sino que, además, participaban en las condenas dirigidas al gobierno chileno de entonces. Me refiero especialmente a las políticas sistemáticas de exterminio de personas que se practican en naciones que, paradójicamente, se proclaman las más fervientes defensoras de la vida humana.
Está muy lejos de mi intención condenar indiscriminadamente a las mujeres que se practican abortos; pero algo muy distinto son las políticas de tantas de esas naciones que apuntan a promover masivamente ese crimen, a financiarlo y a estimularlo como la expresión del ejercicio legítimo de un derecho humano a la libre disposición del cuerpo o como, con tanta gracia, dicen nuestros vecinos anglosajones del norte: “free choice”.
Lo que sostengo puede parecer a muchos de ustedes como una rémora del pasado, con una falta imperdonable de modernidad; pero sucede que, como la ciencia se ha encargado de dejarlo en claro, las víctimas de esas políticas, como aquellas de manipulación de embriones, son personas humanas en todo el sentido de la palabra, por minúsculas que ellas aparezcan aun a la lente del microscopio.
Respetar la vida humana implica, pues, antes que todo, respetarla en estas personas que, sin duda, son las más vulnerables y frágiles de nuestra especie. Como también significa respetarla en aquellas otras personas que, por su edad o situaciones de grave enfermedad, son también de una fragilidad extrema. Es cierto que nadie está obligado a poner medios extraordinarios para mantener viva a una persona; pero no puede merecer ninguna aprobación la acción denominada eutanasia, destinada a colaborar con el suicidio de alguna de ellas o, derechamente, a quitarle la vida so pretexto de ahorrarle los sufrimientos de una penosa enfermedad. Es el primer paso destinado a abrir un amplio camino a la manipulación y a la disposición arbitraria de la vida ajena.
Por último, no puedo dejar de mencionar el hecho de que el respeto por la dignidad de las personas implica en Chile un combate eficaz para terminar con el flagelo de la extrema pobreza que aún aflige a una importante mayoría de nuestros compatriotas. Por eso luchamos contra tanto lastre socialista que aún queda en las políticas concretas del gobierno en nuestra patria. Estamos ciertos de que sólo un orden económico fundado en el despliegue de la capacidad y creatividad de las personas, a través de un pleno ejercicio de la libertad de emprendimiento, puede terminar con ese flagelo, y por eso observamos con preocupación cómo con facilidad creciente se echa mano al viejo recurso de la lucha de clases para alcanzar o mantener el poder político. Evitar los sucesos cuyo desenlace hoy conocemos en detalle es, pues, tarea compleja y de todos. Implica que reconozcamos y asumamos la cuota de responsabilidad que por acción u omisión a cada uno corresponde y que nos despojemos sinceramente de toda inclinación a la violencia, incluso en el pensamiento.
Los muertos no son monopolio de ningún lado y, entre nosotros, la presencia de nuestro senador Jaime Guzmán sigue enteramente vigente; pero no para pedir venganza por su sangre derramada, sino para pedir que haya sido la última que se derrame por motivos políticos en nuestra patria. En la certeza de que ahora goza de la eterna bienaventuranza, nos permitimos encomendarnos a él y a todas las víctimas de la violencia política para que interceda ante Dios, a fin de que en Chile reine siempre la paz.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, deseo valorar el informe en el cual se han reconocido hechos que durante muchos años parecieron una exageración o, sencillamente, eran negados. Pero también deseo reclamar del hecho de que en dicho documento no figura información alguna sobre la detención y desaparición del señor Gastón Lobos Barrientos, diputado del Partido Radical Social Demócrata de ese entonces. Como se ha hablado del clima de violencia, estimo que el hecho de que en Chile hubiera un 11 de septiembre se debe a que se perdió toda opción de diálogo. En ese sentido, cabe recordar que en octubre de l970, antes de que asumiera el Presidente Allende, se secuestró y dio muerte al comandante en jefe de la época, señor René Schneider. Creo que ante esa misma situación, en los momentos difíciles que vivimos, los actores debemos asumir nuestras propias responsabilidades; entre ellas, establecer los hechos de la historia para que prevalezca la justicia.
Los pueblos que no asumen su historia no logran la paz social. Por eso, es necesario que las personas y los gobernantes tengamos la valentía moral de esclarecer los hechos, mirarnos en el espejo y vernos en la historia con nuestras propias responsabilidades. Debemos apelar a nuestro mayor coraje y valentía moral para construir el camino de la paz. ¿Cómo un país puede seguir construyendo su paz si quienes tienen la información no han sido capaces de entregarla? He recordado a don Gastón Lobos, quien ocupara también un sillón en nuestra Cámara de Diputados, pues en Temuco saben qué sucedió y por quién fue detenido. Sin embargo, no figura en el informe que se ha entregado. ¿Será que aún no existe la valentía moral para reconocer que se detuvo e hizo desaparecer a un hombre al que de nada se le podía acusar, pues sólo había servido a su patria y a su región como intendente y diputado? Desde este hemiciclo insto a quienes poseen la información, a que tengan el coraje moral de entregarla, porque esa es la única forma de que nuestra sociedad les entregue a sus hijos un país en paz: ese es nuestro deber, nuestra obligación, y en eso seguiremos mientras tengamos vida.
He dicho.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, mucha complicidad debió existir en nuestro país para que haya transcurrido tanto tiempo sin conocer la verdad respecto de compatriotas que fueron detenidos y después desaparecieron. Mucha complicidad entre aquellos que ejecutaron el acto, aquellos que callaron, aquellos medios de comunicación que no informaron, aquellos tribunales de justicia que no administraron justicia y aquellos que participaron del poder, sea económico o político.
Mucha perseverancia ha existido en nuestro país para lograr conocer la verdad después de tanto tiempo. Primero, el informe Rettig; ahora, la información entregada como resultado de la Mesa de Diálogo. Han hablado las Fuerzas Armadas de hoy, pero hay otros que aún no asumen su responsabilidad y que han sido mencionados por algunos colegas.
Cuando uno recorre las dolorosas páginas del informe Rettig, se encuentra con la participación de civiles. Hay familias completas, o casi completas, que figuran entre los detenidos desaparecidos, no sólo por la acción de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, sino también de civiles. Veamos lo que ocurrió en Paine el aciago 16 de octubre de l973 y la situación de los cuatro hermanos Lazo Quinteros. ¿Qué dice el informe sobre Carlos Enrique Lazo Quinteros? Fue detenido en un operativo realizado el 16 de octubre de l973, en los asentamientos Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero, llevado a cabo por efectivos del regimiento de infantería de San Bernardo, Carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados. Fue conducido al retén de Paine; desde allí, trasladado al regimiento de infantería de San Bernardo, y desde esa fecha se desconoce su paradero. Lo mismo ocurre con los cuatro hermanos Muñoz Peñaloza. ¿Y dónde están esos civiles? ¿Dónde están los civiles que participaron del gobierno, sea en ministerios del área política o del ámbito económico que, incluso, debieron proveer los recursos para que agentes del Estado cometieran esos actos? Sí, estimados colegas, hay que asumir la responsabilidad completa; porque si no hubiese existido esa complicidad, en nuestro país no habrían ocurrido estos horrores. Pero no sólo el horror y lo que debieron sufrir los que desaparecieron, sino también el de sus familias. Conversar con los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos o de quienes sufrieron las más graves violaciones a los derechos humanos, realmente sobrecoge, porque tuvieron que vencer el miedo y también el temor al aislamiento. ¿Adónde recurrían? ¿Con quién conversaban? ¿A quién le contaban sus penas? Realmente, no tenían dónde hacerlo, porque el terror era sembrado para todo aquel que siquiera se atreviera a dar la más mínima dosis de solidaridad. Felizmente, existió un Comité Pro Paz, una Comisión Chilena de Derechos Humanos, una Vicaría de la Solidaridad. Pero quienes allí ofrecían solidaridad también tuvieron que sufrir las penas y la persecución. ¿Cuántos fueron los expulsados del país por actuar de esa manera? ¿Quiénes utilizaban el artículo 24 transitorio de la Constitución después de 1980? ¿Cuántos decretos firmó como ministro del Interior el señor Fernández, aplicando esa disposición, que lo único que permitía era el recurso ante la misma autoridad administrativa que había ordenado la acción? De eso tiene que responderse hoy.
Algunos claman por la solución política. ¿Y qué significa la solución política? ¿Significa impunidad? ¿Significa llevar hasta el final la complicidad de los horrores cometidos en nuestro país?
Decimos tajantemente no a que en Chile se perpetúe la impunidad, que no permite conocer la verdad y la justicia. El informe emanado de la Mesa de Diálogo da cuenta de situaciones horrendas. ¿No es horrendo el hecho de que haya habido gente que así se reconoce fue lanzada al mar?
Como si no se hubiera comprendido lo que pasó en nuestro país, en esta Sala se ha mencionado, para justificar tanta violencia y tanta acción unilateral, el proceso político anterior en Chile. ¿Qué tiene que ver lo ocurrido antes en Chile para justificar el horror de que personas inermes hayan sido lanzadas al mar desde un helicóptero o un avión? ¿Había un enfrentamiento, una acción de reacción de esa gente, o no eran personas inermes, indefensas que fueron arrojadas al mar?
¡Por Dios! Hay que tener cuidado con las palabras que se ocupan, porque cuando se trata de luchar por una solución política o para constituir un cuadro de impunidad, ¡por favor, no debe recurrirse a hechos falsos! Lo ocurrido en Chile merece ser sancionado, debe servir para que en nuestra patria nunca más ocurran estos hechos; pero también debe servir para que aquellos que actuaron, o debiendo actuar omitieron su accionar, respondan y tengan el coraje de decir que en Chile nunca más ocurrirán hechos como los que debemos lamentar, porque ningún chileno o chilena va a estar dispuesto a que se mate o se vulneren los derechos fundamentales de las personas en nombre de cualquier cosa.
Esa es la lección que debemos recoger. Con esta sesión, la Cámara de Diputados ha justificado su accionar en mérito de la democracia y la libertad en nuestra patria.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cerrado el debate. Se dará lectura al proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).- Previamente informo a la honorable Cámara que para esta sesión se encuentra registrado el pareo entre la señorita Sciaraffia con el señor Kuschel.
El proyecto de acuerdo es suscrito, en calidad de autores, por los honorables diputados señores Aguiló, Palma, don Andrés; Ceroni, Bustos y Seguel, y en calidad de adherentes, por los honorables diputados señores Eugenio Tuma, Jaime Naranjo, Miguel Hernández, Jaime Jiménez y Homero Gutiérrez.
“Considerando:
1. Que durante el régimen militar que gobernó nuestro país a partir de septiembre de 1973, se registraron masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que culminaron con la muerte y desaparición forzada de muchos chilenos;
2. Que de acuerdo a las cifras emanadas del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1.185 chilenos desaparecieron después de su detención;
3. Que desde la restauración del sistema democrático se han desplegado los mayores esfuerzos para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, y de este modo, contribuir a aliviar el dolor que por tanto tiempo ha acompañado a sus familiares, quienes han visto con impotencia cómo transcurren los años sin que se tengan noticias respecto de lo ocurrido con sus seres queridos;
4. Que en este marco se encuadra la iniciativa del ministro de Defensa del gobierno anterior, señor Edmundo Pérez Yoma, quien convocara a personalidades de las más diversas áreas de nuestra sociedad, con el fin primordial de contribuir a establecer el destino de los detenidos desaparecidos;
5. Que en días pasados el país ha conocido los resultados concretos de esta instancia, al publicitarse la información entregada, principalmente por las ramas de las Fuerzas Armadas respecto de lo ocurrido con cientos de compatriotas, cuyo paradero desconocíamos;
6. Que pese a que a muchos nos asistía la convicción de que en Chile se habían atropellado sistemáticamente los derechos fundamentales de la persona humana, este reconocimiento efectuado por las Fuerzas Armadas, tiene por sí un gran valor, por cuanto es efectuado por las instituciones a las cuales pertenecían quienes cometieron los crímenes que hoy se asumen como ciertos;
7. Que la crueldad de los crímenes cometidos ha estremecido la conciencia de la ciudadanía. No sólo se terminó con la vida de muchos chilenos, sino que, además, se hizo desaparecer sus restos, los que jamás podrán ser entregados a sus deudos, ya que la mayoría de ellos habrían sido arrojados en la inmensidad de nuestro mar;
8. Que la magnitud de la operación realizada ha dejado en evidencia que las más altas autoridades del gobierno militar no podían sino tener pleno conocimiento y acuerdo respecto de lo que se estaba ejecutando en el país;
9. Que la ignominia de los crímenes cometidos debe recaer no sólo en los militares, sino también en las fuerzas políticas de Derecha que por años han respaldado y se han convertido en tenaces defensoras de Augusto Pinochet y su gobierno;
10. Que varios de quienes hoy participan en la fuerza política antes mencionada, negaron pertinazmente la ocurrencia de los hechos que hoy se conocen, en circunstancias de que participaban activamente del gobierno militar, desempeñando muchos de ellos cargos de ministros de Estado, subsecretarios o embajadores;
11. Que valoramos el reconocimiento oficial efectuado por las Fuerzas Armadas respecto a las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que la historia de nuestro país recuerde. A partir de éste nadie se atreverá a cuestionar la verdad de lo ocurrido, y servirá para que las generaciones futuras conozcan de boca de las propias Fuerzas Armadas que en nuestro país durante el gobierno del general Pinochet se hizo desaparecer a cientos de chilenos, mediante atroces mecanismos que recién hoy son asumidos;
12. Que sólo se ha entregado información respecto de lo ocurrido con parte de los detenidos desaparecidos, quedando aún por conocer el paradero de más de 800 de ellos;
13. Que en muchos de los casos contemplados en la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, se dan a conocer datos vagos e inexactos y, en ocasiones, hasta contradictorios con los antecedentes que constaban en los tribunales de justicia;
14. Que solamente se conoce la fecha en que habrían sido lanzados al mar o enterrados, sin señalar qué ocurrió en el período que media entre su detención, su muerte y posterior desaparición de sus restos;
15. Que a raíz de lo sucedido, a muchos de los familiares de las víctimas en estos momentos los inunda un legítimo sentimiento de ira, dolor y desesperanza, al ver truncadas sus expectativas de conocer por fin el paradero de sus seres queridos;
16. Que la llamada “Mesa de Diálogo”, efectuó una declaración donde, entre otras cosas, se expresaba que “...quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella pueda ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia”.
17. Que se ha expresado en los medios de comunicación que Carabineros de Chile no ha proporcionado toda la información que posee, afirmación que, de ser efectiva, resulta de la mayor gravedad, por cuanto se estaría faltando al compromiso suscrito públicamente por su general director;
18. Que este Congreso Nacional aprobó en fecha reciente la llamada “ley de secreto profesional”, ley que ha constituido un importante aporte en la búsqueda de la verdad.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente proyecto de acuerdo.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a las Fuerzas Armadas y de Orden que precisen la información proporcionada días atrás respecto del paradero de los detenidos desaparecidos, y que entreguen a los tribunales de justicia los datos que permitan conocer qué ocurrió con ellos en el período que media entre su detención y la posterior desaparición de sus restos.
2. Solicitar al señor general director de Carabineros que entregue a los tribunales de justicia toda la información que han recopilado sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
3. Solicitar a las Fuerzas Armadas que proporcionen a los tribunales de justicia todos los antecedentes de que dispongan sobre los hijos de mujeres que fueron detenidas y posteriormente hechas desaparecer y que presuntamente nacieron en cautiverio.
4. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que sancione a quienes oculten información respecto del paradero o suerte de los detenidos desaparecidos.
5. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República la reactivación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el fin de ayudar a los familiares de las víctimas y representarlos ante los tribunales de justicia.
6. Solicitar que la Comisión de Derechos Humanos de esta Corporación se constituya en Comisión investigadora, con el fin de recabar antecedentes acerca de cómo funcionarios civiles y uniformados del gobierno militar se han guardado información vital para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.
7. Condenar profundamente a aquellas personas civiles o militares que, teniendo información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, no la han entregado a los tribunales de justicia, instituciones armadas, religiosas y morales del país”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, Letelier(don Juan Pablo), Lorenzini, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana),Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares,Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Villouta y Walker (don Patricio).


El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.43 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.