?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 33ª, en miércoles 10 de enero de 2001 (Ordinaria, de 10.45 a 16.08 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.-FÁCIL DESPACHO VII.-ORDEN DEL DÍA VIII.-INCIDENTES IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia5 II. Apertura de la sesión8 III.Actas8 IV.Cuenta8 V.Acuerdos de los Comités8 VI.Fácil Despacho. Adecuación de la tributación de las bebidas alcohólicas a la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Primer trámite constitucional11 VII.Orden del Día. Normativa contra la evasión tributaria. Primer trámite constitucional. Acuerdo de los Comités20 VIII.Incidentes. -Normativa para combatir la evasión tributaria67 -Aumento de cupos para pensiones asistenciales en la Región del Maule. Oficio69 -Creación de zona franca en Antofagasta. Oficio70 -Cobros excesivos e irregularidades en Instituto Anglo-Chileno de Maipú. Oficio70 -Calificación de urgencia para proyecto modificatorio de la ley de alcoholes. Oficio72 -Cambios en contratos de servicios telefónicos de localidades rurales de la Cuarta Región. Oficios74 -Otorgamiento de pensiones asistenciales y medidas para evitar inundaciones en la Décima Región. Oficios74 -Modificaciones al reglamento de la ley sobre fuegos artificiales. Oficio75 -Irregularidades en entrega de beneficio a pequeños y medianos agricultores de la Décima Región. Oficio76 -Información sobre cobro de Digeder por uso de piscina olímpica de Antofagasta. Oficio77 Pág. IX.Documentos de la Cuenta. 1.Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava a las bebidas alcohólicas que se indican (boletín Nº 2648-05)78 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: Ministerio del Interior -Del diputado señor Mulet, delimitación sur de la Región de Atacama. Ministerio de Justicia -De la diputada señora Pollarolo, Comité Nacional de Prevención de Maltrato Infantil. Ministerio de Defensa Nacional -Del diputado señor Navarro, desaparecimiento del ciudadano Felipe Alexi Bascur Maldonado. Ministerio de Agricultura -Del diputado señor José García, créditos a la microempresa Eben Ezer Ltda., Novena Región. Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Del diputado señor José García, traspaso de fondos a Corporación Justicia y Democracia. -Del diputado señor Pablo Galilea, protocolo de acuerdo suscrito durante la administración del Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Municipalidad de Puerto Varas -Del diputado señor Kuschel, inspección de internados de la zona. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (111) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio -Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Bustos. -Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear; de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari. También concurrió el senador señor Jaime Gazmuri.' II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.45 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 27ª se declara aprobada. El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. -o- El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt, para un punto de Reglamento. El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, en la tabla de hoy figura el proyecto que adecua a las normas legales de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava a las bebidas alcohólicas que se indican, del cual soy informante de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, he pedido la palabra para impugnar el hecho de que haya sido colocado en Fácil Despacho, en atención a que la materia no lo amerita. Aunque no soy Comité, ignoro si como diputado informante tengo alguna facultad en este sentido, pero pido que no se incluya en Fácil Despacho. Además, pienso que el proyecto, de todos modos, se alcanzaría a discutir en el Orden del Día, sin perjuicio del que figura a continuación, que establece normas para combatir la evasión tributaria, sobre todo si se hace una distribución equitativa del tiempo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, la verdad es que ese punto se trató en reunión de Comités de ayer y hubo unanimidad al respecto. Por lo tanto, sólo cabría que un Comité hiciera esa petición para pedir el asentimiento unánime de la Sala, pero hasta el momento ninguno la ha formulado. Incluso, primero debió darse lectura a los acuerdos de Comités, pues también se refieren a ese proyecto. V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 1ºConsiderar en la presente sesión, en la tabla de Fácil Despacho, el proyecto que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava a las bebidas alcohólicas que se indican. 2ºConsiderar en la presente sesión, en general y hasta su total despacho en dicho trámite, el proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. Para la discusión de esta iniciativa y sin perjuicio del tiempo que utilice el señor diputado informante, se destinarán hasta tres horas, distribuidas proporcionalmente entre los distintos Comités parlamentarios. 3ºSuspender el tiempo de los proyectos de acuerdo de la presente sesión. 4ºDestinar el Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 16 del mes en curso a tratar en particular, hasta su total despacho, el proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. 5ºEfectuar la discusión particular, también hasta su total despacho, en la sesión ordinaria del próximo miércoles 17, del proyecto que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. 6ºOcuparse, en la sesión del jueves 18 del presente, del informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en la investigación encomendada por esta Corporación para establecer las empresas públicas que en los últimos diez años han acordado indemnizaciones para sus ejecutivos. 7ºAprobar las semanas distritales para el presente año y enero de 2002 conforme al calendario que, mediante circular, se puso a disposición de las honorables señoras diputadas y de los honorables señores diputados. El señor KRAUSS.- Punto de Reglamento, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en relación con los acuerdos adoptados por los Comités para el tratamiento de distintas iniciativas, pareciera -a lo mejor no escuché bien- que se omitió, respecto del proyecto sobre evasión y elusión tributaria, fijar un plazo para presentar indicaciones. Si así no fuere y no se hubieran presentado, procedería aplicar estrictamente la normativa legal y reglamentaria, con lo cual se podría despachar el proyecto en esta sesión, y entiendo que no es ése el espíritu del acuerdo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, dado que no se va a retirar la urgencia con que ha sido calificado el proyecto, sólo se podrán renovar indicaciones. El señor KRAUSS.- Entonces, se ha cerrado la posibilidad de que, como consecuencia del debate, se puedan formular indicaciones, y me parece que eso no corresponde. Una vez más vamos a legislar sobre una materia tremendamente compleja e importante cercenando las posibilidades de lo que procede en la elaboración de la ley. Estoy de acuerdo en convenir fórmulas de despacho; entiendo la urgencia y conveniencia de que este proyecto sea despachado hoy; pero ello debe hacerse respetando las reglas de la liturgia parlamentaria. En caso contrario, ¿a qué venimos? ¿Solamente a recibir un informe y a levantar la mano? Eso no responde a lo que significa el trabajo y la dignidad del Parlamento. Excúseme, señor Presidente. -Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt. El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, lo señalado por el diputado señor Krauss es absolutamente lógico. Estamos pidiendo a su Señoría volver a una tabla racional, porque ésta no lo es. Si su Señoría tuviera a bien hacer dos cosas -no es pedir mucho-, despacharíamos hoy ambos proyectos, y con ello se satisfaría lo que, junto con el diputado señor Krauss, estamos pidiendo algunos parlamentarios respecto de la iniciativa que figura en la tabla de Fácil Despacho. En primer lugar, dé media hora más para su discusión mediante un acuerdo de buena voluntad de la Sala, y, en segundo término, permita presentar indicaciones al proyecto sobre evasión tributaria. De ese modo, se podrán despachar hoy ambos proyectos, y su Señoría va a tener la oportunidad de cumplir el acuerdo de los Comités y no llenará la Sala con una tabla que no tiene un mínimo de sentido común. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, quiero aclarar -por si acaso hay un malentendido al respecto- que el proyecto sobre evasión tributaria se discute y se vota hoy sólo en general. No sé si eso está claro. Podríamos considerar el planteamiento del diputado señor Krauss en términos de ver cuál es la factibilidad de abrir un espacio para presentar indicaciones, aunque, de todas maneras, sería bastante limitado, porque la gran mayoría de las materias admiten sólo indicaciones del Ejecutivo. Voy a citar a reunión de Comités, sin suspender la sesión, para discutir estos temas. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra para referirme a un aspecto reglamentario, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, con el máximo respeto que me merecen los diputados señores Jocelyn-Holt y Enrique Krauss, quisiera hacer presente que en la reunión de Comités estuvimos restringidos por dos circunstancias: la primera, por el hecho de que mañana no hay sesión debido a que se reúne el Parlamento Juvenil, y, la segunda, porque en la próxima semana hay sesiones martes, miércoles y jueves, y en la siguiente tenemos la semana de distrito. Los parlamentarios de la bancada de los señores Krauss y Jocelyn-Holt plantearon, con razón y con la comprensión del resto de las bancadas, que existen primarias en su partido y que tener sesiones adicionales la próxima semana les originaba un conjunto de complicaciones. Entonces, o despachamos proyectos que el país desea ver publicados como ley en forma urgente, para lo cual deberíamos efectuar sesiones adicionales y, por lo tanto, nos evitaríamos la complicación de las primarias -situación que todos hemos comprendido-, o tendremos que buscar otra solución; pero la demanda de grandes y profundas discusiones no pueden ser a costa de postergar para marzo o abril el estudio de proyectos que el país está esperando ver plasmados en leyes. Ese es el punto. Los diputados señores Jocelyn-Holt y Krauss tienen que ponerse de acuerdo acerca de qué deseamos hacer. Si la idea es sesionar el martes y el miércoles de la próxima semana, mañana y tarde, a fin de realizar profundas discusiones, lo hacemos; pero no podemos postergar para marzo o abril proyectos que el país está esperando ahora. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señores diputados, no corresponde continuar con este debate; de manera que voy a citar a reunión de Comités, sin suspender la sesión, para resolver los problemas planteados. Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura. VI. FÁCIL DESPACHO ADECUACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A LA NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava las bebidas alcohólicas. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Jocelyn-Holt. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2648-05, sesión 31ª, en 4 de enero de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que tiene por objeto adecuar a las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava las bebidas alcohólicas. El proyecto -repito- tiene por objeto adecuar nuestra legislación de alcoholes a un fallo y a un recurso resuelto en el marco de un panel en la OMC, en relación con una disputa entre Chile y la Unión Europea. El fallo fue dictado en junio de 1999, y el recurso, resuelto en diciembre de ese mismo año. Además, a través de una resolución arbitral de mayo del año recién pasado, se fijó el 21 de marzo de este año como plazo para adecuar en forma definitiva nuestra legislación a la normativa de la Organización Mundial del Comercio. En caso contrario, nos exponemos a sanciones comerciales por incumplimiento. El conflicto suscitado entre la Unión Europea y nuestro país se originó porque se estimó que nuestra legislación sobre alcoholes infringía tanto acuerdos internacionales existentes sobre la materia, pues discriminaba a favor de los licores domésticos y en contra de los importados, como el principio del trato nacional aplicable a nuestras importaciones e inversiones. Hasta 1995, el pisco, el whisky y otros licores tenían diferencias sustantivas en las tasas de tributación que los afectaba. A partir de esa fecha, el Ejecutivo modificó la letra a) del artículo 42 del proyecto de ley Nº 825, de 1974, con el objeto de evitar el panel que finalmente tuvimos, y de establecer una escala de gravación de los distintos licores sobre la base de una tasa ad valórem aplicada de manera diferente a los distintos grados alcohólicos, la que, si bien no mencionaba una bebida o un licor en particular, mantuvo, en la práctica, diferencias importantes entre distintos licores nacionales e importados, y eso fue lo que adujo insistentemente la Unión Europea para cuestionar la viabilidad del proyecto y su concordancia con nuestros compromisos ante la OMC. El proyecto fija en forma definitiva una tasa pareja de 27 por ciento ad valórem para todos los licores -pisco, whisky, aguardientes y destilados-, sin distinción alguna, y establece un plazo de transición para que esa tasa pareja se pueda alcanzar. Publicada la ley, la tasa de tributación del pisco aumentará de 25 por ciento a 27 por ciento. Para los demás licores, se establece una rebaja gradual de dos años a contar de la publicación de la ley, con el objeto de llegar, en forma definitiva, al 27 por ciento. Para los licores distintos del pisco y del whisky, esa adecuación gradual de las tasas comienza a partir de la publicación de la ley y hasta el 20 de marzo de 2002. En ese lapso quedarán afectos al 30 por ciento, y, desde el 21 de marzo de 2002 hasta el 20 de marzo de 2003, al 28 por ciento. Desde el 21 de marzo de 2003 hacia adelante, la tasa va a quedar en forma definitiva en 27 por ciento. El whisky, a contar de la publicación de la ley y hasta el 20 de marzo de 2001, mantendrá la tasa actual de 47 por ciento; a partir del 21 de marzo de este año y hasta el 20 de marzo de 2002, la tasa será de 35 por ciento, y, a partir del 21 de marzo de 2002 y hasta el 20 de marzo de 2003, de 30 por ciento, fecha a partir de la cual comienza el régimen definitivo. En la Comisión de Hacienda se discutieron dos cosas. La primera, una petición de 64 diputados dirigida al Presidente de la República para mantener una tasa pareja en los alcoholes, en términos de que no represente una rebaja tributaria ni un costo fiscal, además del deseo de no introducir una modificación que fuera percibida como fomento al consumo del alcohol. También, y considerando que esta iniciativa tiene un impacto fiscal negativo, se perseguía evitar dicho costo. Por último, destinar los recursos que el fisco está dispuesto a dejar de percibir por vía de una mayor recaudación a planes de deportes en las regiones Tercera y Cuarta -por ser las más afectadas por el proyecto- o a otras iniciativas que permitan mitigar el costo de lo que se ha dado en llamar “la cadena del pisco”, que son los sectores productivos pisqueros. El segundo aspecto que se discutió en la Comisión es la inquietud de los parlamentarios de la zona pisquera -Tercera y Cuarta regiones- por los alcances del fallo y el margen de opciones disponibles para cumplirlo. Me refiero a las posibilidades de explorar diferencias definitivas y permanentes mínimas entre el pisco y el whisky, que, de alguna manera, podrían servir de colchón, cosa que es legítima e incluso podría ser compatible con nuestros compromisos internacionales, por cuanto el fallo había dado oportunidades para establecer diferencias mínimas o “de mínimis” entre los distintos licores y su oposición a cualquier tipo de incremento mayor a los impuestos que actualmente gravan al pisco. El Gobierno explicó las razones que tuvo para desechar ambas propuestas. Primero, reconoció que el objetivo central del impuesto adicional que aplica nuestra legislación a los alcoholes es gravar conductas que se quieren evitar por considerar que, de alguna manera, están disuadidas por la arquitectura global de este impuesto adicional a los alcoholes. También precisó que la diferencia entre el pisco y el whisky que hemos tenido durante los últimos 20 años, ha tenido su origen en el esfuerzo por tratar de proteger la industria pisquera. En segundo lugar, considerando que la diferencia entre el pisco y el whisky es de 20 puntos, el llegar y sugerir diferencias puntuales permanentes que no llegan más allá de 1 a 3 puntos de diferencias entre el pisco y whisky, no alcanza a mitigar el impacto que está representando este proyecto a la industria pisquera y, por lo mismo, no justifica el riesgo de exponernos a una nueva derrota ante la OMC con las consiguientes sanciones comerciales que ésta podría representar para otros productos que actualmente exporta el país. En tercer lugar, el Gobierno justificó su negativa de patrocinar un incremento a una tasa pareja de un 35 por ciento, contenida en la petición de 64 parlamentarios al Presidente de la República, primero, en el impacto negativo que podría significar al sector productivo afectado, y, segundo, en la duda que una medida de esta naturaleza podría llegar a tener para ser eficiente e impedir el control o aumento del consumo de alcohol. El cuarto argumento que el Gobierno adujo en la Comisión fue que estaba dispuesto a reestudiar las tasas y a explorar programas para compensar un eventual incremento tributario en los alcoholes con subsidios directos a los sectores afectados. Ello dependería de la evolución de estudios sobre el consumo de alcohol en el país y sus efectos. Sin perjuicio de que la discusión fue extraordinariamente larga y que mientras se realiza la reunión de los Comités el proyecto continúa en la discusión de Fácil Despacho -lo que significa que tenemos sólo media hora para analizarlo-, debo señalar que estamos ante un tema altamente sensible y muy discutible; por lo tanto, trataré de ser lo más fiel al rol que me corresponde como diputado informante. Como decía, después de una larga discusión, la Comisión aprobó el proyecto con sólo un voto en contra. También contó con la presencia de todos los diputados de las regiones Tercera y Cuarta, quienes asistieron por vía de suplencias a la Comisión de Hacienda para participar en la discusión de este proyecto. Según el informe financiero que se acompaña al mensaje, el impacto fiscal del proyecto es de 3.898 millones de pesos para el 2001, de acuerdo con la tasa de gravación contenida en el programa; de 5.356 millones de pesos para el 2002; de 6.153 millones de pesos para el 2003 y de una cifra semejante -aproximadamente 11 millones de dólares- a contar de la fecha en que este proyecto entre en vigencia. De acuerdo con estas condiciones y en nombre de la Comisión de Hacienda, recomendamos la aprobación de esta iniciativa. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, sin duda estamos ante un proyecto que cumple lo establecido en el fallo de la Organización Mundial del Comercio, que nos obliga a modificar la ley de alcoholes, porque establece que existe un trato discriminatorio en contra de las bebidas alcohólicas importadas, particularmente el whisky. El fallo no puede establecer los términos en que legislemos, porque eso es privativo de la soberanía de este Congreso Nacional. En ese sentido teníamos dos alternativas: establecer un impuesto único y parejo -que era lo que sugería el fallo como primera instancia-, o bien, en su defecto, en caso de que hubiere diferencia de impuesto, que ésta fuese lo menor posible. Cuando se hablaba del concepto “de mínimis”, abríamos una pequeña brecha de 3 puntos entre el whisky y el pisco. En el pasado, el whisky pagaba 70 puntos, y el pisco, 25; en la actualidad, el whisky paga 47 puntos, y el pisco con menos de 35 grados, 27 puntos; o sea, 20 puntos de diferencia. Haber bajado a 3 nos parecía razonable; sin embargo, el Gobierno, después de las consultas con la OMC, estimó pertinente no insistir al respecto por el efecto de las represalias contra los productos que Chile exporta, específicamente la fruta y el vino. Sin perjuicio de no compartirlo, porque el fallo de la OMC permite establecer impuestos diferenciados pequeños, debemos atenernos a él. Esa es la realidad. No obstante lamentar el hecho de no establecer esta brecha, los parlamentarios de la Tercera y Cuarta regiones acá presentes -igual que los del resto del país- valoramos el que no se haya subido el impuesto al pisco, ya que por cada punto de alza de este producto, la industria tendría que haber pagado 500 millones de pesos más al año. Por ejemplo, si hubiese subido a 35 puntos, significarían 4 mil millones de pesos en impuesto. ¿Quién paga dicha cantidad? Como la industria pisquera no puede subir el precio para competir, eso termina afectando el costo, y hay una menor rentabilidad que, al final, terminan pagándola los pequeños agricultores, los pequeños cooperados. No nos engañemos: este proyecto no es para los grandes empresarios, porque ellos con su economía a escala pueden competir, sino para el 70 por ciento de los cooperados, personas modestas que tienen menos de 10 hectáreas, que carecen de posibilidades de reconversión, y, por lo tanto, de haber subido el impuesto, simplemente, habrían colapsado. O sea, se habría visto afectado el 70 por ciento de las personas: 2.500 cooperados y pequeños agricultores de la Tercera y Cuarta regiones en la calle, más el efecto negativo que hubiese significado para el comercio que se nutre de la actividad agrícola en nuestros distritos. Por lo tanto, mi primera afirmación es que, desde el punto de vista social, nos hubiera parecido inaceptable haber subido los impuestos. Cuando algunos propusieron entregar estos 6 mil millones de pesos directamente a los afectados, consultamos a los trabajadores. En tribunas se encuentra el presidente de la Federación Vitivinícola y Pisquera, señor Raúl Díaz. Ellos nos dijeron que eso significaba pan para hoy y hambre para mañana. Con respecto a la reconversión, nos informaron que había escasas posibilidades. Es cierto que estamos ante una experiencia interesante del mosto, del aceite de oliva, del vino; pero en un clima semidesértico, como el de la Cuarta Región, es una posibilidad limitada. Por lo tanto, cualquier programa de reconversión hubiera sido ineficiente y más caro, según las palabras del ministro de Hacienda en el día de ayer; es decir, en un programa de reconversión al estilo Lota, el remedio hubiese sido más caro que los 6 mil millones de pesos que deja de percibir el fisco por este concepto. El remedio era peor que la enfermedad y, en ese sentido, el plan de reconversión hubiera sido ineficiente y más caro para el fisco. Se han argumentado razones de salud al plantear que si el pisco es más caro, existe la posibilidad de que se consuma menos, con lo que se consigue desincentivarlo. Al respecto, pienso que se trata de un problema de educación, porque la ley seca en Estados Unidos fue contraproducente; sin embargo, estamos dispuestos a discutir el tema, pero íntegramente, porque a la cerveza -que es lo que más beben los jóvenes y cuyo consumo es el que más delincuencia produce-, igual que al vino, les afecta un 15 por ciento de impuesto. ¿Por qué castigar exclusivamente al pisco, que es patrimonio de la Cuarta Región, que también es parte de Chile? Los parlamentarios de todas las regiones aprobamos la ley Arica, la ley Tocopilla, la ley austral, porque todas las regiones forman parte de Chile. Asimismo, contribuimos a subsidiar el trigo, el maíz, la remolacha, el azúcar, la leche; sin embargo, para nosotros, que no pedimos subsidio ni aplicar más impuesto a esos productos, no se tiene la misma actitud. En definitiva, hay gente que se opone a que los pequeños cooperados, los pequeños agricultores, sigan trabajando en la Cuarta Región. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, terminó su tiempo. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, termino mi intervención llamando a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, luego de que hable el diputado señor Molina, con mucho gusto le daré la palabra. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, insisto, quiero plantear un punto de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Andrés Palma, tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor PALMA (don Andrés).- Está faltando al Reglamento, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, he dado la palabra conforme con el Reglamento. Tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, está faltando al Reglamento. El señor LEÓN (Vicepresidente).- ¡Le ruego guardar silencio, diputado señor Andrés Palma! El señor PALMA (don Andrés).- Está faltando al Reglamento, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- No estoy faltando al Reglamento, señor diputado. El señor PALMA (don Andrés).- Está faltando al Reglamento, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Diputado señor Andrés Palma, si tiene alguna duda reglamentaria, busque la norma pertinente y le ruego que tenga un poco de respeto hacia la Mesa. Insisto en que le daré la palabra inmediatamente después de que intervenga el diputado señor Molina, para que plantee su punto de Reglamento. El señor PALMA (don Andrés).- El Reglamento dice que habla un diputado a favor y uno en contra. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Lamentablemente, no tiene la razón, señor diputado. El Reglamento no señala lo que su Señoría ha dicho. Tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, hoy debatimos un proyecto que tiene su origen en una obligación contraída por el Estado chileno con la Organización Mundial del Comercio para adecuar nuestra legislación a las normas que establece dicho organismo internacional. Antes de entrar en el análisis de la iniciativa, no puedo dejar de señalar que es absolutamente inaceptable que los más pobres de Chile deban pagar el costo que significa cumplir los compromisos contraídos con la Organización Mundial del Comercio. Las regiones Tercera y Cuarta atraviesan una difícil situación. No es posible modificar una legislación que establece impuestos a productos como los licores chilenos, específicamente al pisco, en regiones tan pobres, que en el último tiempo han debido enfrentar catástrofes naturales, altos índices de desempleo y actividades productivas deprimidas. Es interesante revisar la forma en que nuestro país desarrolla sus relaciones con organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que generalmente terminan fallando contra los países más pequeños, como el nuestro. Es difícil pensar que la Unión Europea sea sancionada, como lo ha sido Chile, por situaciones similares. Es de conocimiento público que la materia prima con que se elabora el whisky es subsidiada en su país de origen; sin embargo, no se sabe de sanciones a esos gobiernos. En cuanto al proyecto en discusión, valoramos que el Gobierno haya elaborado una iniciativa para adecuar su legislación al fallo de la Organización Mundial del Comercio, escuchando la voz de las 60 mil personas que subsisten, directa o indirectamente, de la actividad pisquera. Hay pequeños productores, parceleros, trabajadores, empresarios y comercio que giran en torno de esta actividad. Si bien quienes hemos participado en la discusión consideramos insuficiente el proyecto enviado por el Ejecutivo, creemos que ha sido un esfuerzo máximo, que valoramos como parlamentarios de la Cuarta Región. Estoy convencido de que similar apreciación tienen también el diputado señor Bertolino, la diputada señora Adriana Muñoz, los diputados señores Patricio Walker -quien acaba de intervenir-, Encina, Prokurica y Vilches. Es decir, todos los parlamentarios de las regiones Tercera y Cuarta valoramos la iniciativa. Seguramente cuando intervenga un diputado en contra del proyecto va a plantear el tema de la salud pública. Se ha pretendido argumentar que la aprobación del proyecto constituiría un incentivo al consumo del alcohol. Nada más lejos de la realidad. El debate sobre la salud pública de nuestro país y las externalidades negativas de los productos alcohólicos se llevará a efecto en el Senado cuando se trate el proyecto de nueva ley de alcoholes. Ahí deberemos discutir, estudiar y analizar qué significan los impuestos a los alcoholes, las calidades de los licores y la incidencia del consumo del alcohol en el comportamiento social de nuestra comunidad. Por lo tanto, mantener en 27 por ciento el impuesto al pisco y bajar durante tres años, gradualmente, el impuesto del whisky al 27 por ciento, no necesariamente generará aumento del consumo de alcohol en la sociedad. En consecuencia, aunque considero que el proyecto provocará un impacto importante en las regiones Tercera y Cuarta, la disminución de impuesto a licores como el whisky producirá, de todas maneras, un impacto en la comercialización del pisco, lo que va a significar cesantía y disminución de ingresos para la gente de esa zona. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para solicitar al Gobierno que elabore programas de asistencia y desarrollo para los pequeños parceleros de la Cuarta Región. Asimismo, que también colabore con organismos como ProChile, para que nuestro producto, el pisco, compita en los mercados internacionales y, de alguna manera, se desarrolle esta actividad y no dependa exclusivamente del comercio en nuestro país. Con todo, la bancada de la Unión Demócrata Independiente mayoritariamente va a dar su aprobación al proyecto, porque creemos que, de alguna manera, resuelve el problema de más de 60 mil chilenos que hoy ven peligrar su fuente de trabajo. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, primero quiero aclarar el tema reglamentario. Cuando un diputado pide la palabra por una cuestión de Reglamento, es prioritario resolverla. Si su Señoría hubiese procedido de esa manera, habríamos tenido un entredicho menos. En seguida, quiero señalar, señor Presidente, y, por su intermedio, a todos los colegas, las razones por las cuales me voy a oponer al proyecto. Este tema se está tratando en Chile desde hace cinco años. Me opuse ya cuando aprobamos las actuales normas que bajaron el impuesto a los alcoholes. Además, como quedó demostrado después, aprobamos la iniciativa bajo la presión de las industrias pisqueras y de los diputados de las regiones Tercera y Cuarta. Entonces eran diputados los actuales senadores señor Pizarro y señora Evelyn Matthei, quien, aun cuando había estado en contra del proyecto, como iba de candidata por la Cuarta Región -se anticipaba eso- cambió de opinión y apoyó la tasa diferenciada. Hace cuatro años aprobamos la norma que rebajó el impuesto a los alcoholes, cuestión que no resolvió ningún problema. Sin embargo, la industria pisquera tuvo un atisbo de lo que podía venir e inició un proceso de reconversión -hoy produce mosto y plantó olivos-, porque sabía que eso no podía resolverse por la vía que ellos planteaban, de lo que se hacían eco los parlamentarios de la Cuarta Región. Hoy, después de una sanción de la Organización Mundial del Comercio, debemos aprobar una tasa única al pisco y a todos los destilados de alcohol. Pero el Gobierno ha errado en su estrategia de negociación, en su percepción de lo que es el Congreso y en la política concreta que propone. Ha errado en su estrategia de negociación, porque sólo se entendió con los pisqueros y con los parlamentarios que llevaban manifestantes a la plaza de la Constitución. Incluso, 64 parlamentarios le enviamos una carta al Presidente de la República -aun cuando uno se acercó hoy para decirme que ha cambiado de posición-, para señalarle nuestra disposición a aprobar una tasa única, cualquiera fuera su monto, porque el Congreso entiende que es necesario legislar sobre la materia. Pero el Gobierno erró su estrategia de negociación y su percepción de lo que es el Congreso Nacional, porque una carta de 64 parlamentarios, que no constituye una amenaza, sino una sugerencia, al Gobierno no le significa nada. Y equivocó la solución, porque la tasa de 27 por ciento parejo no resuelve el problema de la industria pisquera; por el contrario, ésta va a continuar su deterioro, pues va a tener una competencia enorme de las otras industrias de alcoholes, sobre todo de los importadores, cuyas espaldas se ensanchan en la medida en que se baja la tasa única. El gerente de una de las cooperativas pisqueras me decía ayer que, debido a la tasa del 27 por ciento, los importadores de whisky van a tener una enorme cantidad de recursos para hacer una propaganda descomunal, que va a desplazar del mercado a la industria pisquera. Si la tasa fuera más alta tendrían espaldas más angostas y menos con qué marginar al pisco. Ese es un error del Gobierno, de los parlamentarios de la Cuarta Región, de las empresas pisqueras y de otros parlamentarios que hacen mucho ruido respecto del tema del alcoholismo, que están dispuestos a venderse en el Congreso, pero no a firmar una carta para el Presidente de la República. Hacen grandes discursos en la radio y en la televisión, pero no están dispuestos a pedir al Presidente de la República que no baje el impuesto a los alcoholes. Un ejemplo de ello es la diputada señora María Angélica Cristi, promotora de la modificación de la ley de alcoholes, quien se negó a firmar la carta al Presidente de la República, y está dispuesta a bajar los impuestos a los alcoholes. Es algo que no entiendo. El Gobierno ha errado, porque no resolverá el problema de los pisqueros, y ha errado también, porque si bajan los impuestos, bajan los precios, y si bajan los precios, aumenta el consumo. No hay forma de demostrar lo contrario. Si se aprueba la tasa de 27 por ciento de impuesto para los alcoholes, en Chile aumentará su consumo. Voy a citar nuevamente el estudio que me entregó el diputado señor Patricio Cornejo, respecto del informe elaborado por el doctor Minoletti, del Ministerio de Salud, sobre el costo social del alcoholismo en Chile. Señala ese estudio que los costos asociados al abuso y dependencia del alcohol en Chile, en 1995, sumaban un total de 2.969 millones de dólares, es decir, según el mismo estudio, 209 dólares por habitante. ¿Debemos bajar el impuesto a los alcoholes, incrementar el consumo de alcohol y los costos asociados al abuso y dependencia del alcohol en Chile? ¡No! Soy partidario de una tasa pareja y de cumplir el acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, pero no a costa de reducir el impuesto a los alcoholes, porque eso significa fomentar su consumo. El ministro dijo ayer que si había un impuesto sobre los alcoholes era porque se consideraba que no era bueno su consumo, y tiene toda la razón. Existe un impuesto a los alcoholes, pero el Gobierno -que contribuí a elegir- propone bajarlo, lo que significa promover un mayor consumo respecto de la situación que hoy existe. Es decir, el Gobierno -que contribuí a elegir, por eso me duele muchísimo- dice: “Bajemos el impuesto a los alcoholes, incrementemos su consumo”. En consecuencia, no puedo votar favorablemente una iniciativa de esta naturaleza. Además, el Gobierno sabe -porque recibió una carta de 64 diputados- que si hubiera enviado un proyecto con una tasa de 35 por ciento, habría sido aprobado. Es su decisión y no estoy de acuerdo con ella. Por eso, votaré en contra. Sin embargo, hay otro asunto que hemos trabajado y analizado con los diputados señores Jaramillo y Seguel. Se habla mucho de la industria del pisco, pero, de acuerdo con las estimaciones que se pueden hacer de las cifras de recaudación tributaria -que son las únicas que he tenido a la mano entre ayer y hoy-, los ingresos de las grandes cooperativas pisqueras suman 64 mil millones de pesos al año, y ellas destinan a sus cooperados -productores grandes y pequeños- 34 mil millones de pesos para el pago de la uva; es decir, 30 mil millones quedan para la gestión de las cooperativas pisqueras, cifra muy superior a la que necesitan para tener una buena gestión, especialmente por su estructura cooperativa. Es decir, pueden pagar más a los productores de uva, pero ello no será posible con la política que estamos adoptando, en parte, por petición de las propias cooperativas pisqueras. Ese es un absurdo que tampoco quiero avalar. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a exponer los puntos de vista del Gobierno sobre el cumplimiento del fallo de la OMC. En primer lugar, al Gobierno no le asisten dudas respecto de que sería muy temerario para una economía como la nuestra -cuyo destino está basado en su capacidad de penetrar los mercados mundiales- desafiar a un panel que ha condenado claramente las prácticas discriminatorias en materia de impuestos a los alcoholes, situación en que hoy se encuentra el pisco en relación con el whisky y otros licores. En todo caso, quiero dejar establecido con meridiana claridad que el Gobierno ha negociado largamente con los productores de licores extranjeros y con sus autoridades y que no ha cedido a presiones; muy por el contrario, hemos establecido lo que para nosotros constituyen mínimos calendarios de transición, ante lo cual -finalmente y a regañadientes-, si bien los competidores del pisco -es decir, los productores extranjeros de licores- expresaron su conformidad, hicieron presente que en esas condiciones no irían a un panel de implementación. Con el rigor que amerita el caso, hemos considerado la posibilidad de aplicar lo que en jerga tecnológica se llama “de mínimis”, es decir, mantener en el largo plazo una diferencia entre el pisco y el whisky. No obstante, hemos descartado tal posibilidad por dos razones. En primer lugar, porque los informes en derecho de que disponemos, así como las conversaciones sostenidas y todos los elementos de la contraparte y de nuestra embajada en el extranjero, nos han señalado que sería un elemento emblemático, que generaría una voluntad de retorsión de los productores de whisky de la Comunidad Europea. En segundo lugar, es de suyo evidente -tal como lo planteó el diputado informante, señor Jocelyn-Holt- que si hoy día la tasa del whisky es de 47 por ciento y la del pisco, de 27 por ciento -es decir, existe una diferencia de 20 puntos-, mantener un “de mínimis” de un punto solucionaría no más que una vigésima parte del problema que nos afecta. Por lo tanto, no nos parece razonable arriesgar un eventual panel de implementación para mantener un “de mínimis” en el mediano plazo, cuyo efecto sobre la situación competitiva del pisco es realmente de tercer orden. El segundo punto que quiero plantear es que con este proyecto se trata de cumplir el fallo de la Organización Mundial de Comercio. Quiero dejar muy en claro el reconocimiento del Gobierno a la argumentación -para mi gusto persuasiva- del diputado Andrés Palma. Creo que, efectivamente, el impuesto adicional, el tema de los alcoholes, los problemas de salud que origina su consumo y, eventualmente, la posibilidad de introducir elementos nocivos entre nuestra juventud, son cuestiones muy importantes. Por eso, después de realizar un estudio acabado de la materia, el Gobierno se reserva la posibilidad de presentar ante el Congreso Nacional una iniciativa sobre las consecuencias que produce en la salud de la población el consumo de alcohol y cuál sería la estrategia óptima que deberíamos tener como país para disuadir a la juventud de su consumo. Sin embargo, en este momento no estamos en condiciones de afirmar que la reducción del impuesto al whisky, del 47 al 27 por ciento -en días recientes hemos alzado la tasa del impuesto al pisco, del 25 al 27 por ciento-, implique un cambio importante respecto de los efectos que puede tener el impuesto adicional sobre la salud de la población. De manera que considero prematuro y apresurado mezclar este tema -reconozco que la intención del diputado Andrés Palma es de gran profundidad y requiere ser analizada- con un asunto más restringido, que es el cumplimiento del fallo de la OMC. Por último, quiero dejar establecido que es muy interesante el espíritu de la propuesta del diputado señor Andrés Palma -suscrita también por diversos parlamentarios-, en cuanto a fijar un impuesto de 35 por ciento y haber dejado los 6.200 millones de dólares de pérdida fiscal como un elemento de reconversión para la industria y la cadena del pisco. Ella se inscribe en una práctica de mejores soluciones relacionadas con la reconversión. No obstante, tal como han argumentado muchos diputados de la zona, la carencia de alternativas rentables en el corto y mediano plazos para una región con ciertas características que hacen poco viable la reconversión de la actividad pisquera, hacen dudoso que con esos 6.200 millones de pesos enfrentáramos realmente como corresponde el enorme problema social que se generaría en la Tercera y Cuarta regiones, a partir de un impuesto parejo de 35 por ciento. Por eso, hemos preferido una solución que, si bien es cierto no parece justa para todos y cada uno de los sectores que han planteado sus legítimos puntos de vista, aparece como equilibrada y da pronto cumplimiento al fallo de la OMC, que ha procurado un plazo de transición suficientemente largo para permitir la adaptación de los pisqueros, y que no ha sido subordinada a la mera opinión de los europeos, sino que ha mantenido nuestra soberanía nacional. Obviamente, ello no implica que un proyecto de ley sea capaz por sí solo de solucionar un conjunto de problemas que tienen que ver con la agricultura de subsistencia, con el alcoholismo existente en nuestras familias y con el conjunto de problemas sociales que ustedes tan bien conocen. Por eso, en esta oportunidad, no obstante reconocer los méritos de las distintas propuestas formuladas aquí, hemos preferido ser relativamente más limitados en nuestro alcance y hacer un planteamiento que consideramos que equilibra los distintos puntos de vista. Gracias, señor Presidente. El señor LÉON (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado en general y particular el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bertolino, Caminondo, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leay, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Molina, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sciaraffia (doña Antonella), Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Cornejo (don Patricio), Jaramillo, Palma (don Andrés) y Seguel. -Se abstuvieron los diputados señores: Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Monge, Orpis, Palma (don Osvaldo), Sánchez y Ulloa. VII. ORDEN DEL DÍA NORMATIVA CONTRA LA EVASIÓN TRIBUTARIA. Primer trámite constitucional. Acuerdos de los Comités. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Álvarez. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2572-05, sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 32ª, en 9 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 9. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos adoptados por los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1ºRealizar en la presente sesión sólo la discusión general del proyecto que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. 2ºConceder plazo hasta las 12 horas del martes 16 del mes en curso para la presentación de indicaciones y solicitudes de votación separada de artículos. 3ºDevolver el proyecto a la Comisión de Hacienda para nuevo informe. 4ºProceder en la sesión ordinaria del miércoles 17 del presente a la votación general y a la discusión y votación particular del proyecto, hasta su total despacho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. Como antecedente previo, debo manifestar que se trata de un proyecto iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”. No contiene disposiciones de quórum especial. Hay constancias, en la primera página del informe, de las normas e indicaciones rechazadas en la Comisión. Concurrieron a ella para exponer los antecedentes del proyecto y hacer, al mismo tiempo, una reflexión sobre el mismo, autoridades de Gobierno, como el ministro de Hacienda, la subsecretaria de la misma cartera, el director del Servicio de Impuestos Internos, el tesorero general de la República, el director nacional de Aduanas y sus equipos asesores. Asimismo, concurrieron dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados de Tesorería; de la Asociación Nacional de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana y de distintas instituciones gremiales, universitarias y particulares; de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la Sofofa, del Colegio de Contadores de Chile, del Instituto Libertad y Desarrollo, y también profesores y autoridades en materia tributaria. Las ideas matrices del proyecto, en conformidad con lo expuesto en el mensaje, son reducir la elusión y la evasión tributaria. Esta última representa una situación de gran inequidad entre quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen. Se sostiene que corregir el problema de la evasión no sólo es un imperativo ético, sino también un requisito indispensable para el buen funcionamiento de una economía moderna. La evasión se apoyaría en la existencia de resquicios en la legislación tributaria, en limitaciones de las competencias de los organismos fiscalizadores, en restricciones a su capacidad operativa y en la falta de personal fiscalizador en número suficiente en el Servicio de Impuestos Internos. A juicio del Gobierno y de acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, la evasión de impuestos alcanzaría actualmente en Chile a cerca del 24 por ciento, lo que equivale a unos 4 mil millones de dólares anuales. Se ha argumentado en el mensaje que, si bien esta tasa es menor a las de otros países latinoamericanos, está muy por encima de los niveles de las naciones más desarrolladas, que exhiben tasas del orden del 10 por ciento. Así, por ejemplo, en cuanto a tasa de evasión del IVA neta, según datos de 1993, mientras Nueva Zelanda presenta un 5,1 por ciento; Suecia, 5,4; Israel 7,8, en el caso de Chile ésta ascendería a 23 por ciento. En consecuencia, se ha planteado por el ministro de Hacienda, como meta, reducir esta tasa a alrededor del 20 por ciento para el año 2005, mejorando la recaudación fiscal en unos 800 millones de dólares anuales al final del sexenio. El proyecto tiene tres grandes objetivos fundamentales: a)Fortalecer la capacidad de fiscalización y cobranza de los impuestos por parte de los organismos que integran la administración tributaria, o sea, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Tesorerías; b)Introducir modificaciones en la legislación destinada a cerrar fuentes de evasión y elusión, y c)Modernizar y fomentar una mayor eficiencia en los organismos de la administración tributaria, incrementando el personal del Servicio de Impuestos Internos en 539 funcionarios. Me detendré en esta parte de la relación, para que la Cámara entienda que el debate se centrará, tanto en general como en particular, en esas tres grandes materias: coordinación y adecuación de las facultades que tendrán organismos a cargo de la recaudación tributaria, como son el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Tesorerías; segundo -probablemente el que va a motivar mayor discusión-, modificaciones a normas sustantivas de la ley de renta, a la ley del IVA, al Código Tributario, etcétera, y, en tercer lugar, nuevas atribuciones y contratación de más funcionarios para la planta del Servicio de Impuestos Internos. Como la discusión del proyecto es muy larga, en la relación del informe no vamos a poder concentrarnos en las tres, por lo cual nos detendremos, principalmente, en aquellas disposiciones sustantivas que son modificadas por el proyecto. En general, la iniciativa modifica, primero, el Código Tributario apuntando, básicamente, al fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos mediante el otorgamiento de nuevas facultades. Se incorporan, por ejemplo, medios tecnológicos para que el contribuyente formule sus declaraciones e informes; se faculta a dicho Servicio para comunicar e informar a los contribuyentes su estado de cumplimiento o incumplimiento tributario; se limita el uso de la información tributaria que proporcione el Servicio de Impuestos Internos a distintos organismos; se establece que el Servicio, en forma exclusiva, podrá efectuar y procesar los giros, modificarlos o dejarlos sin efecto, corrigiendo una situación que actualmente ocurría con Tesorería; se establece que no procederán reajustes ni intereses penales en el caso de mora en el pago de impuestos cuando el atraso se deba a causa imputable al referido Servicio, poniendo fin a una discusión doctrinaria de varios años; se establece que los bancos e instituciones financieras deberán entregar al Servicio de Impuestos Internos los datos relativos a operaciones de créditos y las garantías para su otorgamiento; se modifica la tipificación de algunas conductas consideradas ilícitas o se aumenta la gravedad de ilícitos actualmente existentes en nuestra legislación; se amplía el plazo para solicitar la devolución de pagos indebidos o en exceso; se fijan también los procedimientos de reclamos de las nuevas infracciones y sanciones que se incorporan, y se establece una serie de modificaciones en la relación que ha existido hasta ahora entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería. En segundo lugar, se modifican las normas del decreto ley Nº 824, sobre impuesto a la renta. A esta normativa se le introducen modificaciones que pretenden cerrar, a juicio del Ejecutivo, fuentes de evasión y elusión tributaria, gravándose, por ejemplo, la enajenación de acciones de pago de sociedades anónimas cerradas. Además, establece como presunción de derecho la habitualidad en la subdivisión de terrenos rurales cuando la enajenación se produce dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición del terreno; se exime del impuesto a la renta el mayor valor que obtengan los fondos de inversión institucionales, constituidos en el extranjero -norma muy importante-, en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil; se incluyen dentro de las sociedades que se consideran relacionadas con el contribuyente agricultor, a las anónimas abiertas agrícolas; se elimina en forma permanente -existía una norma transitoria- el crédito por contribuciones de bienes raíces, en contra del impuesto de primera categoría; se propone rechazar la deducción como gasto de aquellos intereses pagados o adeudados a una sociedad relacionada -ya explicaremos en detalle esta distinción-; se limita el régimen de renta presunta para algunas actividades, y se establecen ciertas modificaciones al impuesto adicional. En tercer lugar, también se realizan modificaciones importantes a la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, IVA. En este sentido, se pretende cerrar, a juicio del Ejecutivo, fuentes de evasión y de elusión tributaria, gravándose, por ejemplo, las ventas de bienes de activo fijo; se establece la improcedencia del crédito fiscal por impuestos recargados en facturas perdidas u otorgadas por contribuyentes que presentan determinado incumplimiento tributario. Nos detendremos en eso, porque hay una serie de normas que establecen nuevas fórmulas o nuevas modificaciones al uso del contribuyente del crédito y débito fiscal. Al mismo tiempo, se plantean modificaciones a la ley Nº 18.320, denominada como “ley tapón”; a la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, y una cantidad importante de modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, a la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a sus atribuciones; a la ley Nº 19.646, sobre asignación de estímulos, y también se formulan modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y a las plantas de la Dirección de Presupuestos y del Servicio de Impuestos Internos. Hay que decir que el informe financiero supone un aumento de la recaudación neta fiscal en el 2001 de 273 millones de dólares para terminar hacia el año 2005, al final del sexenio, con una recaudación de 835 millones de dólares. La discusión general del proyecto se inició con una extensa exposición del ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, quien expresó, entre otras consideraciones, que el Gobierno requiere contar con mayores recursos para cumplir con lo prometido durante la campaña presidencial pasada, que forma parte del programa de gobierno. Afirma que el solo crecimiento de la economía no asegura un aumento de los recursos fiscales, destacando que, actualmente, se está ante un déficit fiscal, lo que ha obligado a una situación de ahorro. Por eso la iniciativa en informe busca obtener una fuente de financiamiento que sea equitativa y que, al mismo tiempo, minimice las distorsiones en la distribución de los recursos y en los incentivos a la inversión. Señaló que se desea evitar la evasión y cerrar los resquicios que permiten eludir el pago de impuestos, con lo cual no se aumenta la carga tributaria de quienes no evaden o no eluden. Expresó, finalmente, que los 800 millones de dólares que el Gobierno espera recaudar hacia finales del año 2005 obedecen a proyecciones y estudios econométricos que fueron encargados a economistas y a institutos de prestigio. Sostuvo que los pilares del proyecto son tres: fortalecer las facultades del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República y del Servicio Nacional de Aduanas, con el objeto de hacer cumplir adecuadamente la ley; detectar anomalías tributarias, evitar la evasión y la elusión, y modernizar los Servicios citados, extendiendo el uso de tecnologías y el acceso a la reserva bancaria de los contribuyentes en materia de deudas y garantías, por ejemplo. La discusión en general fue extensa, con activa participación de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, de las autoridades de Gobierno, de las organizaciones de funcionarios, de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC; de Sofofa, de Price Waterhouse, del Instituto Libertad y Desarrollo, del estudio jurídico Barros y Errázuriz y de numerosos expertos que concurrieron a la Comisión. Sometido a votación general el proyecto, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 en contra. Discusión particular. Como he señalado, si tuviera que informar sobre la iniciativa en su totalidad, la discusión habida respecto del proyecto tomaría un tiempo muy superior al asignado. Por lo tanto, me referiré a las materias más importantes, que tuvieron un mayor grado de debate o que fueron rechazadas; las demás, como los cambios en las plantas y las adecuaciones entre los servicios públicos, las abordaré en el transcurso de la sesión. En primer lugar, me referiré a algunas de las modificaciones al Código Tributario: Por la letra a) del artículo 1º se agrega un número 11º en la letra B del artículo 6º, relativo a las facultades de los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, del siguiente tenor: “11º Comunicar e informar a los contribuyentes su estado de cumplimiento o incumplimiento tributario, incluyendo el pago o no pago y devolución de los impuestos de competencia del Servicio, lo cual también podrá efectuar Tesorería cuando realice la cobranza administrativa o judicial.”. Puesta en votación, fue rechazada por 1 voto a favor, 7 en contra y una abstención. Por la letra b), que pasa a ser a), se modifica el artículo 30, sobre las declaraciones de impuestos que presentan los contribuyentes. En el número l se agrega, en el inciso segundo, lo siguiente: “Asimismo, la Dirección podrá disponer en casos específicos la presentación de informes y declaraciones por sistemas tecnológicos, respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios para hacerlo.” Puesto en votación este numeral, fue rechazado por 4 votos a favor y 5 en contra. Por la letra c), que pasa a ser b), se agrega el siguiente inciso final al artículo 35: “La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona.” Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. Por la letra d), que pasa a ser c), se agrega el siguiente inciso final al artículo 36: “El Director podrá ampliar el plazo de presentación de aquellas declaraciones que se realicen por sistemas tecnológicos y que no importen el pago de un impuesto, respetando el plazo de los contribuyentes con derecho a devolución de impuestos. En todo caso, la ampliación del plazo no podrá implicar atraso en la entrega de la información que deba proporcionarse a Tesorería”. Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. Por la letra e), que pasa a ser d), se reemplaza el primer párrafo del inciso primero del artículo 37, por el siguiente: “Los tributos, reajustes, intereses y sanciones deberán ser ingresados al Fisco mediante giros que se efectuarán y procesarán por el Servicio” -se trata del Servicio de Impuestos Internos, para aclarar una situación que se producía con la Tesorería-, “los cuales serán emitidos mediante roles u órdenes de ingreso, salvo los que deban pagarse por medio de timbres o estampillas; los giros no podrán ser complementados, rectificados, recalculados, actualizados o anulados sino por el organismo emisor, el cual será el único habilitado para emitir los duplicados o copias de los documentos mencionados precedentemente hasta que Tesorería inicie la cobranza administrativa o judicial”. Puesta en votación, fue aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y una abstención. Por la letra f), que pasa a ser e), se agrega el siguiente inciso final al artículo 39: “Sin perjuicio de los medios con que se efectúe el pago, le corresponderá al Director autorizar los procedimientos por sistemas tecnológicos a través de los cuales se puede realizar el pago de los impuestos que debe controlar el Servicio. Estos procedimientos podrán ser obligatorios respecto de los contribuyentes que tengan dichos medios y cuenta corriente bancaria.” Respecto de esta letra, se solicitó votación separada: el primer párrafo fue aprobado por 6 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y el segundo, rechazado por 5 votos a favor y 7 en contra. Por la letra g), que pasa a ser f), se modifica el artículo 48, sobre los efectos del pago de cualquier impuesto, contribución o gravamen hecho en conformidad al artículo 47. En su inciso segundo, se reemplaza la frase que sigue a la palabra “multas”, por la siguiente: “serán determinados por el Servicio, y también por la Tesorería para los efectos de las compensaciones. Igual determinación podrá efectuar la Tesorería para la cobranza administrativa y judicial, respecto de los duplicados o copias de giros.” En este numeral se establece que el Servicio de Impuestos Internos determinará los recargos legales de los impuestos, pudiendo hacer lo propio Tesorería desde el inicio de la cobranza, sin perjuicio de que esta última podrá hacerlo siempre en el caso de las compensaciones. Puesta en votación esta letra, fue aprobada en segunda votación por 4 votos a favor y 6 abstenciones. Muchas de las disposiciones que siguen son de coordinación, razón por la cual no me referiré a ellas. Por la letra k), se incorpora el siguiente artículo 82, nuevo: “Artículo 82.- Tesorería deberá entregar al Servicio la información que éste le requiera para el oportuno cumplimiento de sus funciones.” Se analizó en la Comisión la justificación y equilibrio de esta norma, proponiéndose una redacción que contó con patrocinio del Ejecutivo para reemplazar este inciso por el siguiente: “Artículo 82.- La Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos deberán proporcionarse mutuamente la información que requieran para el oportuno cumplimiento de sus funciones.” El inciso segundo queda igual: “Los bancos y otras instituciones autorizadas para recibir declaraciones y pagos de impuestos, estarán obligados a remitir al Servicio cualquier formulario mediante los cuales recibieron dichas declaraciones y pagos de los tributos que son de competencia de ese Servicio. No obstante, los formularios del Impuesto Territorial pagado, deberán remitirlos a Tesorería para su procesamiento”. Puesta en votación esta letra, con la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad. Por la letra i) se incorporan en el artículo 85, sobre la información que deben las entidades nombradas proporcionar al Servicio, los siguientes incisos: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 61 y 62, para los fines de la fiscalización de los impuestos, los Bancos e Instituciones Financieras deberán proporcionar todos los datos y antecedentes que se les soliciten relativos a las operaciones de crédito de dinero que hayan celebrado y de las garantías constituidas para su otorgamiento, en la oportunidad, forma y cantidad que el Servicio establezca. “La información así obtenida será mantenida en secreto y no se podrá revelar, aparte del contribuyente, más que a las personas o autoridades encargadas de la liquidación o de la recaudación de los impuestos pertinentes y de resolver las reclamaciones y recursos relativos a las mismas, salvo las excepciones legales.” Esta norma fue objeto de indicaciones, una de ellas de los diputados señores Bertolino, Álvarez, Dittborn y Recondo, para eliminar, en el inciso propuesto, las expresiones “y de las garantías constituidas para su otorgamiento”, la que fue rechazada por 2 votos a favor y 5 en contra. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en el inciso primero que se incorpora al artículo 85, después de la palabra “establezca”, lo siguiente: “con excepción de aquellas operaciones de crédito de dinero otorgadas para el uso de tarjetas de crédito que se produce entre el usuario de la tarjeta y el banco emisor, cuyos titulares no sean contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta y se trate de tarjetas de crédito destinadas exclusivamente al uso particular de una persona natural y no para el desarrollo de una actividad clasificada en dicha Categoría”. Puesta en votación la letra, con la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra. Por la letra m) se modifica el artículo 97, relativo a las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias. Aquí se incorpora una serie de nuevas normas. En muchas de ellas venía la expresión “maliciosamente y a sabiendas”, pero la Comisión dejó sólo la palabra “maliciosamente” como elemento propio del tipo. Creo que ésta es una de las materias de mayor relevancia, por las consecuencias que puede tener para los contribuyentes. Por el número 1 de la letra m) se agrega el siguiente inciso final al número 4º del artículo 97: “El que maliciosamente confeccione, venda, facilite a cualquier título o tenga en su poder guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.” Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 abstenciones. Por el número 2, se agrega en el número 11 el siguiente inciso final: “En los casos en que la omisión de la declaración o las diferencias de impuestos hayan sido detectadas por el Servicio en procesos de fiscalización, la multa prevista en este número y su límite máximo, serán de veinte y sesenta por ciento, respectivamente.” Es decir, se agrega una sanción por el hecho de descubrir una infracción tributaria en el proceso de la fiscalización que hace el Servicio de Impuestos Internos. Puesto en votación, fue aprobado por 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Por el número 3, se agrega el siguiente número 21 al artículo 97: “21.- La no comparecencia ante el Servicio, a un requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11, con una multa de una Unidad Tributaria mensual a una Unidad Tributaria Anual, la que se aplicará en relación al perjuicio fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia indicado en la notificación.” Con esto se ha querido que, una vez notificado el contribuyente y no concurra, tenga una sanción por esa no concurrencia. Los diputados señores Jaramillo, Ortiz, Palma, don Andrés; Montes, Silva y Villouta formularon indicación para señalar que esto sería después del segundo requerimiento. Puesto en votación el numeral 3 con la indicación señalada, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 en contra. Otra figura se agrega por el siguiente número 22: “22º.- El que maliciosamente y eludiendo las normas legales y reglamentarias que rigen el timbraje de documentos, utilizare o hiciere que se utilicen los cuños verdaderos u otros medios tecnológicos de autorización del Servicio, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo y una multa de hasta seis unidades tributarias anuales”. Por indicación del diputado informante, se agregó la expresión “para producir perjuicio fiscal”. Puesto en votación el numeral con la indicación señalada, fue aprobado por unanimidad. También es importante la sanción establecida en el número 5, que agrega el siguiente número 23: “23º.- El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos o inexistentes en la declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las solicitudes que presenten relacionadas con el procedimiento de inicio de actividades o las declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria, o el que a sabiendas consintiere que en las referidas presentaciones se incluyan maliciosamente dichos datos o antecedentes falsos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y con multa de hasta ocho unidades tributarias anuales”. Puesto en votación el numeral con la indicación presentada para eliminar la expresión “y a sabiendas”, fue aprobado por unanimidad. La letra ñ) establece una nueva situación en materia de prescripción de las acciones penales, estableciendo lo siguiente: “La norma del inciso anterior se aplicará también cuando el Director resuelva no deducir querella ni denunciar y la sanción pecuniaria deba aplicarse con arreglo al procedimiento general establecido en el artículo 161”. En seguida, hay una serie de disposiciones de concordancia, la mayoría de ellas relativas al Código Tributario. Por el tiempo, anuncio que hay disposiciones que fueron sometidas a distintas votaciones, por supuesto algunas aprobadas por unanimidad, y otras, rechazadas, como el artículo 4, numeral 3), que señala lo siguiente: “La celebración de un convenio para el pago de los impuestos atrasados implicará la suspensión de los procedimientos de apremio, la que operará por el solo ministerio de la ley cuando conste que el deudor ha sido requerido de pago y se le han embargado bienes suficientes o se hayan constituido garantías suficientes a juicio del Tesorero respectivo, y se mantendrá vigente mientras el deudor se encuentre cumpliendo cabalmente el convenio suscrito”. Este numeral fue objeto de amplio debate y fue rechazado por 6 votos en contra y 1 abstención. Por el tiempo asignado en reunión de Comités, es imposible informar sobre todas las disposiciones del Código Tributario que se modifican. Insisto, muchas de ellas son, a juicio del Ejecutivo, de concordancia con las del director del Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y la Dirección General de Aduanas. Igualmente por razones de tiempo, sólo me detendré en algunas de las disposiciones que modifican la ley sobre impuesto a la renta, que también son extraordinariamente importantes para el sistema chileno. Por ejemplo, la letra a) del artículo 2º suprime la palabra “abiertas” en el inciso cuarto de la letra c) del número 1º de la letra A) del artículo 14, gravándose la enajenación de acciones de pago de sociedades anónimas cerradas y equiparándolas con las abiertas. Puesta en votación esta letra, fue aprobada por 4 votos a favor y 2 en contra. En segundo lugar, por la letra b) se agrega en el inciso tercero del artículo 18, a continuación del vocablo “urbanos”, las expresiones “o rurales”, estableciéndose como presunción de derecho -algo muy importante para las zonas mayoritariamente rurales- la habitualidad en la subdivisión de terrenos rurales cuando la enajenación se produzca dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición del terreno. Puesta en votación esta letra, fue aprobada por 4 votos a favor y 2 en contra. Luego, una de las disposiciones más importantes, a juicio del Ejecutivo, y que, de hecho, fue una de las que anunciara el Presidente don Ricardo Lagos, es el artículo 18 bis. La proposición original del Gobierno fue reemplazada por una indicación, que figura en la página 66 del informe y que señala lo siguiente: “Artículo 18 bis.- El mayor valor a que se refiere el inciso primero del artículo anterior -es decir, mayor valor producto de la enajenación de acciones- y los incisos tercero, cuarto y quinto del número 8 del artículo 17, obtenido por los inversionistas institucionales extranjeros, tales como fondos mutuos y fondos de pensiones u otros, en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil o de bonos emitidos por el Banco Central de Chile, el Estado o por empresas constituidas en el país, realizada en bolsa o en conformidad al Título XXV de la ley Nº 18.045 o mediante algún otro sistema autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, estará exento de los impuestos de esta ley. Los mencionados inversionistas institucionales extranjeros deberán cumplir con los siguientes requisitos durante el tiempo que operen en el país:” Es decir, es una norma especial que permitirá que la enajenación de acciones de compañías en Chile o el mayor valor producto de ella por parte de inversionistas institucionales extranjeros no quedará gravada por impuestos de la ley sobre impuesto a la renta. Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad. Otra norma importante es la letra d), que modifica el artículo 20, estableciendo un impuesto de 15 por ciento imputable a los impuestos global complementario y adicional, en la forma siguiente: Por el número 1, se suprime en la letra b) del número 1º, incisos sexto y séptimo, la expresión “excluidas las anónimas abiertas”, la coma que le precede y la que le sigue las dos veces que aparece, por lo que se incluyen dentro de las sociedades que se consideran relacionadas con el contribuyente agricultor a las sociedades anónimas abiertas agrícolas, poniendo fin a una diferenciación que no era muy entendible en nuestro actual sistema tributario. Este numeral fue aprobado por 5 votos a favor y 2 en contra. El número 2 de esta misma disposición es muy importante, porque pone fin a una situación transitoria aprobada por esta Cámara hace algunos años: se elimina en forma permanente el crédito por contribuciones de bienes raíces en contra del impuesto de primera categoría. Se precisó a este respecto que las contribuciones de bienes raíces no son un tributo general de la nación y, por lo tanto, no tendría relación con los impuestos nacionales, como el impuesto a la renta. Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 5 votos a favor y 2 en contra. En seguida, la letra e) comprende una serie de modificaciones al artículo 31, el cual es muy importante, porque establece cuáles gastos puede deducir una empresa de su renta bruta para determinar la líquida y seguir el camino para la determinación de la base imponible para la aplicación del impuesto de primera categoría. Entre las normas importantes que se modifican está el numeral 1 de la letra e), que establece lo siguiente: “No se considerarán necesarios para producir la renta los intereses pagados o adeudados por excesos de endeudamiento, generados por operaciones crediticias o financieras, que se graven con la tasa reducida de impuesto adicional del número 1º del inciso cuarto del artículo 59. Se considerará que existe dicho exceso cuando, en el ejercicio respectivo, el endeudamiento total sea superior a tres veces el patrimonio del contribuyente -ésta es una relación al impuesto adicional-. En tal evento, no se podrá deducir como gasto aquella parte del total de dichos intereses que se determinen al multiplicar ese monto por el factor que resulte de la división entre el exceso de endeudamiento y la deuda total. Determinado que el endeudamiento total es superior a tres veces el patrimonio, el exceso de endeudamiento corresponderá a la diferencia entre la deuda total, menos tres veces el patrimonio y menos la deuda afecta a la tasa de 35% del impuesto adicional o a la diferencia entre la deuda total contraída en el exterior y la deuda afecta al 35% del impuesto adicional, si esta última fuere menor. “Para la aplicación de la norma indicada en el inciso anterior, se considerarán las siguientes reglas: “a) Por patrimonio se entenderá el capital propio tributario al inicio del ejercicio, excluidos los valores del empresario o socio incorporados en el giro y agregadas las pérdidas acumuladas; “b) Por endeudamiento total se entenderá la suma de los pasivos crediticios o financieros que devenguen intereses registrados en el balance del inicio del ejercicio;”. El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir el número 1 de la letra e), pasando los números 2, 3 y 4, a ser 1, 2 y 3, respectivamente. Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad, eliminándose esta disposición. Por el número 2, que pasa a ser 1, se agrega el siguiente inciso final al número 3 -hago hincapié a la Sala en esta materia, que es muy importante, porque se refiere a la situación de las pérdidas tributarias-: “Con todo, las sociedades con pérdidas que en el ejercicio hubieren sufrido cambio en la propiedad de los derechos sociales, acciones o del derecho a participación en sus utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. Ello, siempre que, además, con motivo del cambio señalado o en los doce meses anteriores o posteriores a él la sociedad haya cambiado de giro o ampliado el original a uno distinto, o bien, al momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro de una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos o acciones, o pase a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio o accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades. Para este efecto, se entenderá que se produce cambio de la propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o terminen de adquirir, directa o indirectamente a través de sociedades relacionadas, a lo menos un 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones.” El director de Impuestos Internos señaló que el Ejecutivo desea limitar la deducción de las pérdidas de las utilidades en las reorganizaciones empresariales que se efectúen sólo con fines tributarios, para eludir el pago de impuestos. Agregó que, en definitiva, se desea evitar que se transen, en la práctica -expresión del señor director-, “cascarones de empresas”. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en el inciso final precedente, después de la palabra “distinto” y de la coma (,) que la sigue, la expresión: “salvo que mantenga su giro principal”, e incorporar, después del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, lo siguiente: “Lo dispuesto en este inciso no se aplicará cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas, en los términos que establece el artículo 100 de la ley Nº 18.045.”, de mercado de valores. Insisto en que esta disposición es una de las más importantes del proyecto en cuanto a sus consecuencias tributarias. El Gobierno busca disminuir lo que el Ministerio de Hacienda ha denominado “elusión tributaria” en las reorganizaciones de empresas. Puesta en votación la indicación, se solicitó votación separada. Su primera parte fue aprobada por unanimidad, y, la segunda, por 3 votos a favor y 2 votos en contra. Puesto en votación el numeral, fue aprobado por 4 votos a favor y 1 voto en contra. Por el número 3, que pasa a ser número 2, se agrega, en el número 5, el siguiente inciso tercero al artículo 31, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente: “En todo caso, aun cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada -la Cámara sabe que es uno de los regímenes que admite nuestra legislación- se considerará de todas maneras como gasto, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la depreciación normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. La diferencia que resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación acelerada y la depreciación normal, sólo podrá deducirse como gasto para los efectos del impuesto de Primera Categoría”. Con esta modificación se separa el uso de la depreciación acelerada en la determinación de otros impuestos que no son de primera categoría, como el impuesto global complementario, fundamentalmente. Puesto en votación el numeral 3), fue aprobado por 5 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención. En seguida, voy a saltarme varias normas, algunas de adecuación, otras que otorgan atribuciones al Servicio para la aplicación de estas disposiciones relacionadas con rentas y gasto, como asimismo otras que establecen modificaciones a los sistemas tributarios de renta presunta o a los simplificados en cuanto a declaración de tributos. Una disposición importante está contenida en la letra i), que suprime el inciso final del artículo 47, que permite al trabajador dependiente reliquidar mensualmente el impuesto único, de segunda categoría. Nuestra legislación tributaria actual permite a dicho trabajador hacer una reliquidación en el caso de que tenga más de una renta mensual o anual. Con esta modificación, atendida la experiencia práctica, se ha eliminado la posibilidad de realizar esta reliquidación mensual. Puesta en votación la letra i), fue aprobada por 7 votos a favor y 1 voto en contra. A continuación figura una serie de modificaciones a las normas relacionadas con el impuesto adicional. Sólo me detendré en dos de ellas. Por la número 1 se efectúan los siguientes cambios en el número 1): a) Se reemplaza, en la letra b), la expresión: “siempre que, en el caso de estas últimas, se encuentren autorizadas expresamente por el Banco Central de Chile -se refiere a la tasa tributaria que se va a aplicar-;” por “siempre que se encuentren autorizadas en conformidad a la legislación cambiaria vigente y se informe al Servicio de Impuestos Internos los antecedentes que éste requiera en la forma y plazos que éste determine. Se entenderá por institución financiera extranjera a la constituida en el extranjero y que tenga por objeto principal captar y otorgar préstamos o financiamiento en forma pública, y que no estén relacionados con la empresa prestataria constituida en Chile en los términos establecidos en el artículo 100 de la ley Nº 18.045. Se entenderá por institución financiera internacional a la que tenga por objeto otorgar préstamos o financiamiento y cuyo capital esté formado con aportes de diferentes países miembros o por instituciones de diferentes países, quedando comprendidas tanto las instituciones que puedan conceptuarse como netamente financieras, como asimismo aquellas de objetivo múltiple, entre cuyas finalidades esté el otorgar asistencia financiera”. Debo destacar -porque no me detendré en cada una de las normas- que, en materia de impuesto adicional, se quiere establecer una nueva normativa para la relación entre las empresas internas y aquellas vinculadas con el extranjero, y para todo lo referente a préstamos que puedan otorgar empresas o instituciones financieras extranjeras a empresas chilenas. Para esa finalidad, la letra d) agrega varios párrafos al número 1) del artículo 59, que establecen nuevos criterios para la tasa del 35 por ciento o para la tasa simplificada del 4 por ciento. Basta con señalar parte del primero de ellos: “La tasa señalada en este número será de 35% cuando se trate del pago o abono en cuenta de intereses a entidades o personas relacionadas, por excesos de endeudamiento, originados en operaciones de las señaladas en las letras b), c) y d). Será condición para que exista dicho exceso que, en el mes en que se devengan los intereses, el endeudamiento total sea superior a tres veces el patrimonio del contribuyente”. Con eso se llega a una situación similar a la que, en materia de impuesto a la renta, existió en el país a raíz de situaciones internas. Esta indicación del Gobierno fue aprobada por 3 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención. En seguida, voy a referirme a otros cuerpos legales modificados por el proyecto. En el artículo 4º se agrega al artículo 10 del decreto ley Nº 3.059, de 1979, sobre fomento a la marina mercante, que dispone las exenciones del impuesto adicional por los pagos y abonos que señala, el siguiente inciso final: “Para los efectos de la exención establecida en el inciso primero, las empresas de astilleros y las empresas navieras, incluidas las de remolcadores, las de lanchaje y de muellaje nacionales, deberán informar al Servicio de Impuestos Internos el monto de los pagos al exterior o abonos en cuenta, destino, naturaleza, origen de estos, y otros antecedentes relacionados que estime necesarios, en el plazo y forma que el Servicio lo requiera”. El Ejecutivo formuló una indicación que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Hacienda. Luego, en el artículo 5º se introducen diversas modificaciones de gran importancia al decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, es decir, a la ley del IVA. Por la letra a) -versión original del Ejecutivo- se sustituye, en la letra m) del artículo 8º, que grava con el IVA la venta de bienes corporales muebles o inmuebles que realicen las empresas antes de doce meses contados desde su adquisición y no formen parte del activo realizable efectuado por contribuyentes que, por estar sujetos a las normas referidas, han tenido derecho a crédito fiscal por la adquisición, fabricación o construcción de dichos bienes, la expresión “antes de doce meses contados desde su adquisición y” por “y que”. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar la letra a) por la siguiente: “a) Modifícase la letra m) del artículo 8º de la siguiente forma: i) Sustitúyese la expresión “antes de 12 meses contados desde su adquisición y” por “y que”. ii) Agrégase la siguiente expresión después del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.): “En todo caso, sólo se considerará venta la enajenación de bienes corporales inmuebles que realicen las empresas antes de doce meses contados desde su adquisición o construcción”. Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 4 votos a favor y 1 abstención. Además, el Ejecutivo formuló una indicación para intercalar la siguiente letra b), nueva, pasando la actual letra b) a ser letra c), y las letras c), d) y e), a ser d), e) y f), respectivamente: “b) En el inciso primero del artículo 23, intercálase, a continuación de la expresión “tributario” y antes de la coma (,) que la sigue, la siguiente oración: “el contribuyente pague una fracción del precio o remuneración a lo menos equivalente al monto del impuesto que grave la operación respectiva, independientemente del plazo o condición de pago convenidos con el vendedor o prestador del servicio”. El director del Servicio de Impuestos Internos explicó que hay muchas empresas que pagan a sus proveedores en plazos de tres meses o más. Por esta indicación se norma que quien no pague el IVA a sus proveedores, no podrá utilizar ese mes el crédito respectivo. Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 4 votos a favor y 1 abstención. Por la letra b), que pasa a ser letra c), se agregan, a continuación del inciso cuarto del Nº 5 del artículo 23 de la ley del IVA, los siguientes incisos nuevos: “Tampoco se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero, en el caso de los impuestos recargados en facturas perdidas u otorgadas por los contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a)Permanezcan como inconcurrentes, después de haber sido sancionados conforme el artículo 97, número 21º, del Código Tributario -como los señores diputados recordarán, se modifica-. b)No figuren con declaración de inicio de actividad como contribuyentes de impuestos de retención o recargo. c)Hayan declarado un domicilio inexistente o que no corresponda según el acta que levante el ministro de fe correspondiente, siempre que se trate de un contribuyente sujeto a impuestos de retención o recargo. d)Sean contribuyentes de esta ley y no registren timbraje de facturas. e)No hayan enterado los impuestos de esta ley, declarados o girados, siempre que no se encuentren reclamados, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la declaración o del vencimiento del giro. Sólo se considerarán facturas perdidas las que figuren como tales en el registro que deberá llevar el Servicio. El Servicio mantendrá un registro, permanentemente actualizado, de los contribuyentes señalados y de las facturas perdidas, que podrá ser consultado personalmente, por teléfono, por fax o cualquier medio tecnológico.” Puesta en votación la letra b) con las indicaciones precedentes, en cuanto a la oportunidad y la forma de utilización del crédito fiscal, fue aprobada por 3 votos a favor y 1 voto en contra. Dejaré hasta aquí las modificaciones a las normas sobre el IVA y pasaré al artículo 6º del proyecto, que deroga la ley Nº 18.320, conocida como “ley tapón”, que establece normas que incentivan el cumplimiento tributario, en cuanto contempla un plazo especial de dos años para que el Servicio de Impuestos Internos pueda revisar a los contribuyentes del IVA. Con esta norma derogatoria se uniforma en tres años la prescripción del IVA, con todos los demás impuestos, con lo que se da más tiempo al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar dicho impuesto. Puesto en votación ese artículo, fue aprobado por 4 votos a favor y 1 voto en contra. En el artículo 7º se introducen modificaciones a la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, que impone al Servicio de Impuestos Internos la obligación de remitir los roles a cada municipalidad y a la Tesorería. Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda. Originalmente -lo dice el mensaje-, se consideró un artículo para modificar las normas de prelación o de orden que figuran en el Código Civil en cuanto al cobro de créditos. Señala que los créditos del Fisco por impuestos, derechos, tasas y demás gravámenes de cualquier naturaleza, se incluirán en el impuesto de primera categoría; pero el Ejecutivo formuló una indicación para suprimir dicho artículo, lo cual fue aprobado por unanimidad. Las modificaciones que vienen a continuación dicen relación con los estatutos o las atribuciones de los Servicios de Tesorerías, de Aduanas y con la planta del Servicio de Impuestos Internos -se incluye, para este último, una nueva fórmula o determinación de porcentaje para la asignación de recaudación o de desempeño-, como asimismo con normas para adecuar la relación entre esos tres servicios, de acuerdo con el primer objetivo del mensaje. Más adelante, existen disposiciones transitorias en el sentido de coordinar la aplicación en el tiempo de las nuevas sanciones, o de adecuar, durante los primeros años de vigencia de la ley, las atribuciones del Tesorero General o de los servicios aludidos. Señor Presidente, he completado 45 minutos de intervención y, como señalamos que, debido al tiempo insuficiente de que disponemos, no íbamos a referirnos a todas las materias, voy a concluir para que se pase de inmediato a la discusión del proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, da gusto discutir estos temas en la Cámara. Quizás algunos somos más especialistas que otros; pero claramente estos son temas-país, y creo que, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, cabe, en primer lugar, con lealtad, felicitar al Ejecutivo por su trabajo en el desarrollo de este proyecto de ley. Su tratamiento ha sido impecable, lo cual me lleva a felicitar, con mucho respeto y humildad, al Presidente de la República. Hace algunos meses, partimos conversando el tema en el cerro Castillo, y él, en presencia del ministro de Hacienda, dio su respaldo inicial a una apertura con las autoridades parlamentarias de Gobierno y de Oposición, y con todos aquellos que, como representantes de la vida laboral, empresarial o académica, pudieran efectuar aportes. Este es -recuerdo la ley de Opas- otro proyecto de ley debatido, técnica y profesionalmente, en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado señor José Miguel Ortiz, con la participación y el aporte de todos sus integrantes. Creo que es importante dejar constancia de ello en la versión, porque quienes nos ven y escuchan deben saber que, durante muchas horas de sesiones en Comisiones, en Santiago y en Valparaíso, también se discuten este tipo de materias. Ello ha permitido elaborar este proyecto en general -ya lo trataremos en particular en otra reunión-, lo cual es un gran avance. Digo que es un tema-país, porque la cantidad de personas jurídicas y empresas involucradas es impresionante: declaraciones de impuestos a la renta en el último año alcanzan a casi dos millones; declaraciones de impuestos de primera categoría, a casi 700 mil; declaraciones del impuesto global complementario, a casi un millón y medio; declaraciones de IVA, a 700 mil. Es decir, dos millones de chilenos, en edad suficiente para realizar declaraciones por sus actividades, se verán afectados por el proyecto. Sin lugar a dudas, es un proyecto-país importantísimo y, sin embargo -es mi primera crítica constructiva-, hubiera preferido una reforma tributaria integral. Quizás deberíamos haber esperado un par de años, con la misma disposición que hemos tenido en la Comisión; con esa relación de franqueza, de tecnicismo, con el Ejecutivo, para plantear una reforma tributaria que Chile tanto necesita, que haga que nuestros impuestos sean más justos o equitativos; más flexibles, más simples, más eficientes y también más sociales. Debiéramos tener un par de impuestos muy claros, muy precisos, para que todo el mundo vea, con transparencia, qué declara, cómo declara y cuándo declara. Se ha perdido esa oportunidad. Entiendo al Presidente de la República -conversamos sobre el tema con el señor ministro-. Prometió en su campaña no tocar el tema; me parece válido; pero también, como parlamentario, lo echo de menos. Creo que aquí hay una deuda. Ojalá que durante el Gobierno de Ricardo Lagos, pasadas las elecciones, haya tranquilidad. El tema se puede conversar con los técnicos, profesionales, académicos y con la Oposición. Creo que el país, más allá de los asuntos políticos, necesita una gran reforma tributaria que queda pendiente. Este es un gran avance; pero no estamos solucionando el problema de ingresos del país. Hecha esta aclaración, me parece que el enfoque es impecable; nadie podría discutirlo. Estamos hablando hoy en general. Podemos tener discrepancias de detalle en algunos artículos; pero, en general, el proyecto es antievasión o antielusión. Siempre he aceptado que la elusión es permitida. Si se practica, es porque alguien se aprovecha de los resquicios de la ley, de las faltas claras, de las interpretaciones, de las circulares. Las oportunidades están ahí y se han dado; por lo tanto, no son ilegales. Pero, evidentemente, algunas elusiones son inmorales -desde el punto de vista de la moralidad; no de la legalidad-. De estudios realizados por expertos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile, del Servicio de Impuestos Internos o por extranjeros, se plantean cifras de evasión del orden de 3.800, 4.000 o de 4.200 millones de dólares. Es una cantidad impresionante. En promedio, representa el 23 ó 24 por ciento anual, más alto que en la mayoría de los países razonablemente desarrollados. Tampoco es un escándalo. Hay países con un 38 ó 40 por ciento, como término medio, de evasión. Es evidente que había que hacer algo; no ha sido mucho. Por lo tanto, es muy razonable que, de aquí a cinco años, se piense en bajar y en poder recuperar para el fisco 800 millones de dólares, en promedio -900 millones o 750 millones de dólares, con las modificaciones-. Entonces, estaremos hablando de 500 mil millones de pesos en un año -representan muchos profesores, muchas escuelas, muchas viviendas, muchos consultorios- que no pagan los chilenos. No estamos contra alguien en especial. Aquí hay una responsabilidad moral y a ello apunta la corrección del Gobierno. Conceptualmente, están bien los vocablos “antievasión” o “antielusión”. Aparentemente, no hay ningún argumento en su contra; son impecables. Sin embargo, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, a través de los impuestos específicos que modificamos, donde hay discrepancias con muchos técnicos y gente de la Oposición -algunos piensan que esto es un alza escondida de impuestos. El tema es discutible-. En segundo lugar, con fiscalización, que significa menos facturas falsas, menos movimientos extraños, menos elusiones; legislar para aclarar y no permitir. Otra de mis discrepancias -la hice presente; pero reconozco la democracia y a muchos pudiera asustar; aunque no es el concepto-, es que me hubiera gustado que la reserva bancaria fuera un poco más abierta. Quizás, entonces, tendríamos respuestas, como la del Banco del Estado de Chile y de otros que se escudan en la reserva bancaria. Creo que, en general, deberíamos haber tenido una reserva más abierta, racional y absolutamente privada, para Impuestos Internos, basada en antecedentes. En fin, hay dudas sobre si eso hubiera sido efectivo. Lo acepto; pero, como digo, me hubiera gustado haber abierto un poco más el tema de la fiscalización. Lo que se ha hecho es muy razonable, de cara a un consenso de todos quienes participan en la actividad empresarial y personal del país. Otra de mis discrepancias dice relación con la fiscalización. En los últimos tres años ha quedado demostrado que el rendimiento de un fiscalizador es espectacular. Con promulgación de la ley de pensiones aumentamos la fiscalización y el rendimiento fue el doble de lo esperado. Hoy tenemos mil fiscalizadores para atender dos millones de contribuyentes. Si sólo se quisiera revisar el 10 por ciento de los contribuyentes, cada fiscalizador atendería 250; es decir, uno por día. Creo que el hecho de dedicar un día a fiscalizar una empresa es muy poco. No sólo necesitamos quinientos fiscalizadores -entiendo que no es fácil armar esto-; debiéramos contar con unos mil o dos mil fiscalizadores más. Su rentabilidad económica y social es la más alta que puede tener un negocio en el país, y el señor ministro dirige el negocio de Chile. Sé que a veces es difícil presentarlo. No importa gastar 10 millones de dólares más para tener otros quinientos fiscalizadores adicionales al año. Pero estamos avanzando. Además, quiero referirme a los tribunales tributarios, que, sin duda, constituyen uno de los grandes avances del proyecto. En la oportunidad, planteamos al Presidente Lagos este tema, como también el de los tribunales económicos y contencioso-administrativos. El Presidente nos dio el pase y el ministro Eyzaguirre, aquí presente, recogió ese desafío -porque lo es-, que, entiendo, no comparte en todas sus condiciones el director de Impuestos Internos. Pretendemos ser duros con los que evaden o eluden, pero también dar la posibilidad de que tengan justicia. En democracia se habla de que todos deben tener derecho a defenderse, e Impuestos Internos no puede ser juez y parte. Junto con los diputados Enrique Krauss y Edgardo Riveros planteamos al Presidente de la República la necesidad de establecer tribunales tributarios, y él, a través de su ministro que lo representa, nos ha contestado lo siguiente: “Diputados, habiéndose expresado la idea, hemos ratificado la constitución de una Comisión especial para analizar esta materia y formular proposiciones que resulten procedentes. Les hacemos presente que el Servicio de Impuestos Internos está llano a prestar toda la colaboración que sea necesaria”. Tenemos el compromiso del Presidente para que, en los próximos días, se constituya una comisión que discutirá lo que el país espera: justicia tributaria; que el Servicio de Impuestos Internos no sea juez y parte, y que expertos, fuera del sistema, sean quienes determinen, sobre la base de fundamentos técnicos y profesionales, si algún contribuyente tiene diferencias con la Administración. Este es un gran avance. En los próximos años -de aquí al quinto año de gobierno- contaremos con 800 millones de dólares y con una serie de adecuaciones tributarias simples, flexibles y transparentes. Por lo tanto, espero que en algunos meses más -durante este año- discutamos y aprobemos, junto al señor ministro, un proyecto de ley que dé tranquilidad a los contribuyentes. Es decir, con este proyecto todos ganan. ¿Quién quedará atrás? Eso lo veremos en relación con alguno de los impuestos específicos, que sólo representan el 15 por ciento de la recaudación. Cuando hablamos de 800 millones de dólares por fiscalización, por distintas adecuaciones en los Servicios de Impuestos Internos, de Aduanas y de Tesorerías; por reglamentaciones y más fiscalizadores, estamos generando 600 millones de dólares. Sólo son 140 millones o 150 millones de dólares; el 15 ó 20 por ciento que ingresa en forma específica. Al respecto, hubo bastante flexibilidad en algunos temas; otros se dejaron de lado. En esos términos, es evidente que el enfoque debe estar dirigido a dejar de lado la evasión y la elusión. El tema específico lo discutiremos en una próxima sesión; ya hay algunos consensos. En este tipo de proyectos, nunca van a quedar todos conformes. Es evidente que algunos se pueden sentir; pero, en general, se escuchó a los gremios, a las universidades, a los institutos. Creo que en el futuro, el país sabrá valorar esta iniciativa como una de las grandes leyes que se aprobaron en el gobierno de Ricardo Lagos. Dejo constancia de la promesa del Presidente de la República respecto de los tribunales tributarios y, como sugerencia o idea -de este modesto diputado-, que ojalá, durante este período presidencial, no sólo contemos con tribunales tributarios, sino también con la reforma tributaria integral que el país necesita. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, tengo, sobre el proyecto, una opinión muy distinta de las que han vertido aquellas personas que me han antecedido en el uso de la palabra. El tema es tremendamente complejo y árido, lo cual queda demostrado por la poca cantidad de diputados presentes en la Sala. Evidentemente, no es un tema político; no se ganan votos con él y es difícil para la gente que no lo conoce. Por eso, trataré de hacer una síntesis crítica sobre el proyecto, rescatando sus principales aspectos. En primer lugar, tengo que dar mérito al Gobierno por la forma como ha vendido el proyecto a la opinión pública. Sin duda, en ese sentido, sus asesores de comunicaciones se han “anotado un poroto”, porque sólo lo han llamado “proyecto contra la evasión tributaria” -y nada más-, y tanto han hablado al respecto que nosotros mismos, la Oposición, hablamos del proyecto contra la evasión tributaria. Entonces, dado que el ministro de Hacienda está presente, le pregunto qué tienen de evasión tributaria los siguientes elementos del proyecto: 1ºLa eliminación definitiva de las contribuciones de bienes raíces como crédito del impuesto a la renta de las empresas. El tema es muy técnico y significa, simplemente, que, en el futuro, las contribuciones de bienes raíces de los edificios y los activos de las empresas no podrán deducirse del impuesto de primera categoría. ¿Qué tiene eso de evasión tributaria? Podremos estar de acuerdo o no en si es conveniente deducir ese impuesto, tal como lo establece el proyecto; pero, reitero la pregunta; ¿Qué tiene eso de evasión? Nada. 2ºGravar con IVA las ventas de activos fijos. Ello se plantea porque muchas empresas, por ejemplo, compran computadores y, cada cierto tiempo, para renovarlos, los venden a su personal. Hoy, esa venta no está sujeta al IVA. En el futuro, sí. Es decir, será recargada con un 18 por ciento. Me pregunto: ¿eso dice relación con evasión tributaria? Nuevamente podremos estar de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a gravar con el IVA las ventas del activo fijo; pero ¿qué tiene eso de combate contra la evasión? Nada. Es, simplemente, un nuevo impuesto. Asimismo, en el proyecto se establecen restricciones muy importantes para el uso del crédito del IVA, las cuales, a mi juicio, causarán una alarma tremenda entre los pequeños y medianos empresarios. Me explico. Hoy, un pequeño empresario compra un producto y paga IVA. Ese impuesto es un crédito que él después imputa contra el IVA que cobra a sus clientes. Pues bien, en el futuro, ese empresario deberá tener mucho cuidado, porque, de repente, el proveedor le pasará una boleta y no podrá usar ese crédito IVA. Entonces, deberá contratar a una persona para que pregunte por teléfono a Impuestos Internos si puede usar o no ese crédito IVA contra el débito. Creo que esta norma ocasionará aumento de costos en las empresas pequeñas y medianas. Pero -insisto-, ¿qué tiene que ver esto con evasión? Sería muy largo enunciar todas las modificaciones del proyecto que significan aumentos a la carga tributaria. Reconozcamos que la iniciativa no es contra la evasión. Contiene algunas normas contra ella que aprobamos en la Comisión de Hacienda; pero, además, implica un aumento muy importante de los impuestos. Es un aumento disfrazado de impuestos, porque no se elevan las tasas. La gente siempre cree que los impuestos sólo aumentan cuando se suben las tasas; por ejemplo, cuando el IVA se incrementa de dieciocho a veinte por ciento o cuando en el impuesto a la renta se eleva la tasa. Pero, ¡ojo!, los impuestos se componen de dos partes: la tasa y la base, o sea, lo que grava la tasa, y con el proyecto se aumentan de manera sistemática las bases. De manera que el proyecto no es contra la evasión tributaria, sino que aumenta sustancialmente los impuestos, algo que los diputados oficialistas deben tener presente. Además, debo hacer una pregunta muy sencilla. Si es contra la evasión tributaria, como argumenta el Gobierno, ¿por qué todos los representantes de los colegios profesionales y de otras instituciones que participaron en la Comisión de Hacienda -auditores, expertos tributarios- fueron tremendamente críticos del proyecto? Y no se puede sostener que el Colegio de Contadores es de Derecha. Tal vez en el Colegio de Abogados hay una tendencia política más clara. Ningún técnico opinó a favor. Todos coincidieron en que se trata de un impuesto que afectará negativamente la inversión y el empleo, algo que debe preocuparnos, porque tenemos una economía que genera crecimiento económico, pero con muy poca creación de empleos. El proyecto, en definitiva, es un paso en contra de la generación de nuevos puestos de trabajo productivo. Esto es muy grave. Algunos diputados de la Concertación dirán: “Bueno, reconozcamos que hay un aumento de impuestos. Pero está bien que lo haya, porque afectará a las grandes empresas, y ellas deberán pagar más impuestos”. Es una manera de reaccionar cuando se reconoce, como es inevitable, que el proyecto aumenta los impuestos; pero de nuevo se equivocan. El proyecto no sólo aumenta los impuestos de las grandes empresas, sino también los de las pequeñas y medianas, que hoy, según informaciones de prensa, están sobreendeudadas, no pueden pagar sus deudas, buscan renegociaciones y no contratan mano de obra. A pesar de este escenario, el Gobierno manda a las Pymes un salvavidas de plomo que acabará por hundirlas, porque significará, repito, un aumento importante en los tributos. Fundamentalmente, afecta a las Pymes, como dije, la eliminación definitiva -estaba suprimida por cuatro años- de las contribuciones de bienes raíces como crédito del impuesto a la renta. ¿Por qué se estimó en algún momento que las contribuciones podían deducirse del pago del impuesto a la renta de las Pymes? Si un señor tiene una vulcanización -voy a dar un ejemplo simple-, que funciona en su casa, por ésta paga contribuciones. Correcto. Pero esa casa le ayuda a generar una renta. Por lo tanto, se estima razonable que, una vez obtenida la renta, por la cual tributa, pueda deducir las contribuciones del pago de impuestos generados por la renta que esa casa ayudó a producir. O sea, el principio es no gravar dos veces la casa, sino una: como generadora de renta, pero no como bien raíz. Por eso, en su tiempo, esa modalidad se estimó razonable. Ahora ese mecanismo se eliminará definitivamente, pues por la casa deberá pagarse dos veces: las contribuciones, como casa, y por la renta que ayuda a generar. ¿Lo que se propone es contra las grandes empresas? No, señores. Es contra las Pymes. También se cambia algo muy difícil de entender: la depreciación acelerada. Casi nadie la entiende; es un mecanismo legal. Existe en la ley, pero se la trata como evasión. ¿Cómo va a ser evasión una cosa que está en la ley? La depreciación acelerada existe en muchos países y consiste, simplemente, en que mientras se invierte en una empresa, se posterga el pago del impuesto. No se trata de que no se pague, sino de su postergación. La ley permite deducir como costo las inversiones en forma acelerada, o sea, al principio. Una vez un funcionario de Gobierno me dijo: “Bueno, como invierten tanto, nunca pagan”. ¡Claro! Justamente, esa es la idea: que inviertan todo el tiempo, de manera que nunca paguen el impuesto. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Generan trabajo. El señor DITTBORN.- Pero, ¿por qué no lo pagan? Porque invierten y generan empleos. Se dirá que esta eliminación afectará a las grandes empresas. ¡No, señores! Las sociedades anónimas -todas las grandes empresas en Chile están conformadas como sociedades anónimas- no aplican la depreciación acelerada, la que, en el aspecto de que se trata, afecta sólo a las sociedades de personas, o sea, de nuevo a la vulcanización. Supongamos que el señor de la vulcanización cambió un equipo. Hoy puede depreciarlo aceleradamente y, por lo tanto, postergar el pago de impuesto. En adelante no podrá hacerlo y se encontrará con una desagradable sorpresa: como en las empresas familiares hay una especie de fusión entre los retiros y el sueldo de la persona, los retiros del señor de la vulcanización deberán considerarse en su global complementario y no podrá usar la depreciación acelerada, que en la actualidad le permite, repito, no evadir impuestos, sino postergar su pago mientras invierte. En el momento en que deje de hacerlo, le caerá la teja y deberá pagar los impuestos. Es decir, es otra norma contra la inversión y la generación de nuevos empleos. Preocupan muchas otras disposiciones que afectan a las Pymes. Por ejemplo, las relativas a los almacenes particulares de importación, que son gratuitos y en los cuales se dejan los bienes una vez que han sido importados. No se cobra interés por el IVA que no se paga mientras el producto está en el almacén. En el futuro, esto se acabará y se cobrará reajuste por el IVA del producto mientras está en el almacén particular. Eso tampoco es evasión. Se aprovecha un mecanismo que está en la ley: el uso del almacén particular bajo ciertas condiciones. Bueno, éstas se tornarán más desfavorables para las Pymes y en el futuro se encarecerá la importación de insumos, porque deberán pagar reajustes por éstos. Son muchas las normas que nada tienen que ver con la evasión tributaria. Otra: la renta presunta. Se podrá discutir su existencia, pero es claro que no se ataca la evasión tributaria si se limita la aplicación de esa renta, como ocurrirá con el proyecto, por pequeños y medianos mineros y transportistas, sino que, simplemente, se aumenta la tributación de esos sectores. Reconozcámoslo de una vez por todas. Repito, se puede estar a favor o en contra de la renta presunta. Tengo muchas críticas a ese régimen; pero es evidente que en el proyecto se trata de un aumento en la carga tributaria de los pequeños y medianos mineros y transportistas. ¡Ojo! A los agricultores casi les cayó la teja. Se salvaron por razones políticas, porque los precios de los productos agrícolas están bajos, en fin. Pero les va a caer. En algún minuto a los agricultores les darán un zarpazo con la renta presunta. No viene en el proyecto, pero es probable que venga en el futuro. En resumen, se ha vendido un proyecto para combatir la evasión tributaria -tiene algunas normas sobre esta materia-, pero, en gran medida, simplemente es para aumentar los impuestos. Tanto es así, que el Gobierno aspira a recaudar 800 millones de dólares en el quinto año de su vigencia. Tengo la impresión de que el proyecto se aprobará, porque no requiere quórum especial, sino sólo mayoría simple. La Concertación tiene los votos necesarios en ambas cámaras. Afectará a las Pymes en un momento de muchas dificultades, por el alto endeudamiento, por la recesión económica, de la cual todavía no salimos enteramente, y porque les quita una serie de beneficios legales que hoy tienen. Por estimar que el proyecto es negativo para la pequeña y mediana empresa, y por no parecerme apropiado, me pronuncié en contra de la idea de legislar, aunque voté a favor de algunas normas específicas que sí dicen relación con el combate a la evasión tributaria. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, quiero valorar las bondades del proyecto. Se trata de una iniciativa importante, que hace justicia en lo tributario respecto de los que evaden y los que cumplen con sus obligaciones y, además, permite generar recursos adicionales. Chile es un país muy desigual, tanto en educación, en salud, como respecto de nuestros ancianos y de las pequeñas empresas. Pensamos que es indispensable desarrollar políticas públicas para, al menos, contrarrestar los efectos de esta desigualdad y avanzar en dar igualdad de oportunidades. Estudios, incluso del Fondo Monetario Internacional, muestran que parte importante del origen de la desigualdad está en la distribución del patrimonio, aunque también tienen incidencia aspectos culturales y valóricos de la sociedad. Chile se caracterizó en el mundo y en América Latina por no haber tenido nunca el nivel de desigualdad que hoy presenta. Es un problema cultural que dice relación con cuánta tolerancia tiene un país frente a la desigualdad. Los socialistas no tenemos tolerancia frente a ella. No nos gusta un país tan desigual como Chile y quisiéramos que, en verdad, no lo fuera. ¿Qué alternativas existen para generar recursos necesarios para financiar políticas públicas adecuadas? Es importante reiterar, una y otra vez, que se trata de crear recursos para financiar desafíos sociales, como, por ejemplo, mejorar las pensiones de las personas en la tercera edad, financiar una cobertura mayor y real frente a las enfermedades catastróficas, mejorar las remuneraciones del sector público, dar mayor oportunidad para que las pequeñas empresas se modernicen y se desarrollen, y que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. En esta perspectiva, el Gobierno ha enfrentado distintas alternativas. La primera consistía, simplemente, en elevar los tributos mediante una reforma tributaria parecida a la de 1991, pero fue desestimada porque ofrecía diversas dificultades económicas y políticas. Más de alguien planteó, en vez de esta reforma, elevar en dos puntos el impuesto al valor agregado, IVA, idea que también fue rechazada. Otra alternativa consistía en racionalizar el sistema tributario, mejorando y haciendo más equitativa su estructura, tema que se encuentra pendiente desde hace muchos años. En 1996, al entonces ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat, se le entregaron catorce propuestas acerca de cómo racionalizar, cómo hacer más equitativa la estructura tributaria. Por ejemplo, bajar los impuestos a las capas medias y subirlos a los que más ganaban; o bien, terminar con el subsidio a la oferta, como la devolución del 65 por ciento del IVA a la construcción, o desincentivar la especulación inmobiliaria con un impuesto a la plusvalía anual del incremento de aquélla en las parcelas de agrado, como existe en Estados Unidos y en muchas otras partes. Aquí hay un tema pendiente. También surgió por ahí la idea de reducir el gasto militar, pero diversas consideraciones impidieron su discusión. Finalmente, se optó por este proyecto, que trata de mejorar los mecanismos de control de la evasión tributaria y cerrar algunos resquicios legales que permiten eludir impuestos. El Presidente Ricardo Lagos lo planteó durante la campaña presidencial. El candidato opositor, Lavín, dijo estar de acuerdo con legislar en esta perspectiva. Es así como se llega a un plan de lucha contra la evasión. Según estimaciones, el costo del programa económico y social del gobierno de Ricardo Lagos ascenderá a más de 8.200 millones de dólares anuales hacia el final del período. Cerca de 2.500 millones corresponden a iniciativas que se van a incorporar en el curso de los años. La principal fuente de financiamiento, sin lugar a dudas, será el impacto positivo sobre la recaudación tributaria del crecimiento económico. Se estima, en todo caso, que cerca de dos tercios del costo en conjunto de los programas de iniciativa requerirán de financiamiento adicional. El plan de lucha contra la evasión tiene por objeto financiar una parte significativa de esta brecha. Se estima, asimismo, que el conjunto de medidas previstas, tanto legales como administrativas, generarán mayor recaudación tributaria, equivalente a 800 millones de dólares anuales en 2006. Esto equivale a un tercio del costo de los nuevos programas contemplados en la agenda del Gobierno. Quiero dejar en claro que este financiamiento no provendrá de cualquier fuente ni del ciudadano común y corriente que cumple con sus obligaciones tributarias, sino de aquel que evade ilegalmente dichas obligaciones o utiliza ciertos resquicios legales para eludir el pago de los impuestos. Como se dijo, se estima que la evasión tributaria alcanza a cerca de 4 mil millones de dólares anuales. Se trata de captar un quinto de esa suma -800 millones de dólares en el nivel de producto interno bruto actual- para efectos de evitar al menos evasiones de ese monto. Los socialistas compartimos las nuevas facultades legales que se entregan a los organismos encargados de la fiscalización, recaudación y cobranza de impuestos, como las concedidas al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería. Aquí se están otorgando medios humanos para ejercerlas y consignando distintas medidas para elevar la eficacia y la coordinación. Estamos también plenamente de acuerdo con la eliminación de diferentes resquicios que originan la elusión tributaria, en particular por la “ley tapón” -por lo demás, no es la primera vez que aprobamos esto en la Cámara de Diputados-, así como también por el de la depreciación acelerada. Al respecto, quiero recordar al diputado Dittborn que esta Cámara ya había aprobado por unanimidad dicha eliminación, pero fue rechazada en el Senado. Pensamos que con estas medidas se avanza también en mejorar la calidad de la atención al contribuyente, al mismo tiempo que consideramos importante que el Gobierno cumpla el compromiso de presentar el proyecto sobre tribunales tributarios, a fin de asegurar un mayor equilibrio en esta materia. Frente a las observaciones formuladas por el diputado señor Dittborn en la Sala, de que el proyecto aumentaría la carga tributaria y, por lo tanto, no sería consistente, pienso que está equivocado. ¿Qué se entiende por carga tributaria? La relación que existe entre la masa de los tributos y el producto interno bruto. Se trata, justamente, de elevar la carga tributaria en cuanto se pretende recaudar nuevos recursos de aquellos contribuyentes que no estaban pagando impuestos o los estaban eludiendo. En consecuencia, se trata de aumentar la carga tributaria haciendo que tanto aquellos que no están cumpliendo la ley, como aquellos que por ambigüedades o por resquicios, no estaban cumpliendo la norma equitativa y general, la cumplan. Esto es válido para la grande, mediana y pequeña empresa. Durante el debate, tuvimos particular preocupación por el tratamiento que tendría el proyecto en la pequeña y mediana empresa y por ver, del cálculo total de recaudación estimada, cuánto pensábamos que podía afectar a la mediana y pequeña empresa evasora o a la elusora. En verdad, los cálculos indican que es una fracción bastante baja. En segundo lugar, nos preocupa que en este proyecto no esté incorporado plenamente el Servicio Nacional de Aduanas como una de las instituciones encargadas y responsables, tanto de la fiscalización como de la recaudación, en el mecanismo de control de todo el sistema tributario. Recuerdo que hace tres o cuatro años discutimos un proyecto de ley para modernizar el Servicio de Aduanas, pero no sabemos qué ocurrió con él. Sólo hemos sido informados de que Aduanas no se modernizó igual como lo han hecho otros servicios. No cuenta con sistemas de información ni de control que permitan asegurar que las importaciones y exportaciones realmente reflejen lo que son. Esto nos preocupa particularmente en lo que respecta al cuero, al calzado y a las textiles, porque no se han aplicado las normas de control en las subfacturaciones, que ahora están perjudicando a nuestros sectores productivos. Realmente nos preocupa que dicho Servicio no disponga de la información necesaria para saber qué está ocurriendo con las importaciones y exportaciones de manera oportuna y sostenida. Insisto en que debe modernizarse, especialmente porque sus funcionarios son fiscalizadores en un sentido muy importante. Por lo tanto, debieran ser considerados como parte de un sistema de control que nos permita asegurar la consecución de los objetivos de este proyecto. Según las cifras que nos entregan, el 40 por ciento de los tributos que se recaudan tienen que ver con Aduanas. En ese sentido, es muy importante que, en el primer trámite constitucional de este proyecto, el Servicio de Aduanas sea incorporado en plenitud. Por otra parte, también hemos sostenido la necesidad de que el tratamiento que se da a los medicamentos que se emplean en las enfermedades catastróficas o complejas sea diferente. En nuestra legislación existe una norma que dispone que cuando un medicamento sea donado a una institución sin fines de lucro, no pague arancel. Es de tal gravedad este problema por el costo y la falta de medicamentos, que se hace necesario incorporar una disposición más amplia en este proyecto, según la cual cuando una institución sin fines de lucro en Chile compre medicamentos en el extranjero, éstos no estén afectos ni al IVA ni a los aranceles. Esto podría hacerse sobre la base de una lista de medicamentos que sería elaborada por los Ministerios de Hacienda y de Salud para ser destinados a instituciones serias que funcionen sin fines de lucro o sean públicas. Este debate se planteó en el transcurso de toda la discusión del proyecto. El ministro de Hacienda nos señaló que si bien esta modalidad no era la mejor, resultaba necesario enfrentar el tema de fondo. Por ejemplo, un enfermo con fibrosis quística le cuesta a la familia 536 mil pesos mensuales. Se dice que se está cubriendo el trasplante renal y los medicamentos, pero eso es en el inicio; posteriormente no hay medicamentos para mitigar los efectos negativos que esto tiene. He querido plantear este problema, porque espero que cuando intervenga el ministro de Hacienda nos dé las garantías suficientes para que, en el más breve plazo, su solución sea incorporada en el proyecto referido al Sida, por cuanto el Gobierno se había comprometido a ponerle urgencia, como una forma de enfrentar de raíz el problema de falta de medicamentos y el alto costo para la familia, del sistema público y privado que deben atender enfermedades catastróficas. Este no sólo es un problema del enfermo y de su familia, sino también de la sociedad. No puede ser que nuestro país no tenga cómo apoyar a las personas que están sufriendo Sida, fibrosis quística, distintos tipos de cáncer y otras enfermedades complejas o catastróficas. Los parlamentarios vivimos constantemente apoyando iniciativas de esta naturaleza, porque la sociedad no cuenta con mecanismos adecuados para ello. Planteo esta situación para que el señor ministro se refiera a ella. Repito: la bancada socialista comparte plenamente los objetivos, propósitos y medidas de este proyecto, porque permite enfrentar tanto el tema ético en materia tributaria, en cuanto a que los que tienen que pagar impuestos lo hagan, como el generar recursos adicionales para financiar políticas públicas tan necesarias para una parte de los chilenos que, en un país tan desigual, se ven afectados. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Allende, por tres minutos. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, seré muy breve, porque el diputado señor Carlos Montes ha hecho una exposición detallada del respaldo que entrega la bancada del Partido Socialista a este proyecto, que consideramos de enorme importancia y de gran justicia, por cuanto su objetivo es evitar la elusión del pago de los impuestos, lo que generará ingresos que nuestro país podrá usar en otras áreas sociales tan necesarias, como lo hemos constatado hoy. Para no repetir lo que ya ha señalado el diputado Carlos Montes de por qué apoyamos este proyecto, me voy a referir a un punto específico, que lo considero muy importante: la modernización del Servicio de Aduanas, porque considero insuficiente lo consignado al respecto en el proyecto, a pesar de que entre sus ideas genéricas está aumentar la capacidad de fiscalización, cerrar fuentes de elusión y optimizar la modernización para buscar mayor eficiencia de los servicios públicos encargados de estos desafíos. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos aumenta en 534 funcionarios su personal; tal vez no es lo suficiente. Ojalá hubiéramos podido incrementarlo en más. Pero me quiero detener en un punto que para mí es muy importante. Por lo menos en este proyecto se podrá adoptar el acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio, OMC, para enfrentar problemas de subvalorización de precios de algunos sectores. Aquí debo manifestar mi preocupación. Días atrás concurrieron a conversar conmigo los dirigentes del sector del cuero y calzado. Al respecto, pido a los honorables colegas tomar conciencia de que a nuestro país está llegando calzado, a dos dólares, procedente de China. Obviamente, ello se debe a que ese país está incurriendo en “dumping”, y hasta el momento no contamos con las herramientas suficientes para detener este proceso e impedir que nuestros pequeños y microempresarios del cuero y calzado sigan yendo a la quiebra, incluso con dramáticos suicidios, agobiados por sus deudas. Frente a esta situación le he planteado al ministro de Hacienda que no basta con lo que este proyecto entrega como herramienta para contrarrestar ese “dumping”; por lo tanto, debemos ser capaces de ir más lejos y proteger a ese sector del abuso que significa importar zapato chino a dos dólares. Espero que junto con el ministro de Hacienda, quien me ha señalado que atenderá esta petición, busquemos los mecanismos para impedir este proceso de “dumping”, y valoro que en este proyecto podamos adoptar el acuerdo de valoración de la OMC para enfrentar problemas como el que estoy señalando. Anuncio que propondré un proyecto de acuerdo -espero que cuente con la unanimidad de los diputados-, para pedirles a los ministros de Hacienda y de Economía que hagan algo al respecto. Quiero traer a colación el ejemplo de México, que impuso una sobretasa para evitar la importación de calzado asiático basada en “dumping”, justamente por los precios que he señalado. Gracias a que dicho país defendió su industria nacional, hoy es un gran exportador de calzado. Por ello, agradezco al ministro de Hacienda que me haya manifestado que se preocupará de este problema, y lo digo en nombre de todos esos pequeños trabajadores que actualmente están cesantes por la crisis del calzado que afecta a nuestro país, por quienes siempre hemos sentido gran orgullo, así como de sus tradiciones. Sé que los diputados señores Tuma y Mulet han estado preocupados de este tema y me lo han comentado. Por ello, estoy segura de que vamos a contar con el mayor respaldo para concretar lo que el ministro de Hacienda me ha expresado en forma particular, y que anuncio en esta Sala, porque no podemos quedarnos indiferentes frente a un “dumping” que está significando la quiebra de pequeños y microempresarios que dan trabajo, a quienes hoy tenemos el orgullo y satisfacción de representar. Solicité la palabra en nombre de mi bancada, porque sé que cuento con su respaldo para acciones de este tipo, que tienden a evitar los efectos del “dumping” y protegen el empleo, sobre todo cuando en nuestro país tenemos una gran cesantía. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García Ruminot. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, el diputado señor Montes, al hacer una reseña del programa de gobierno del Presidente Lagos y de la necesidad de recursos para financiarlo, señaló que en su mayoría deben provenir del crecimiento de nuestra economía. Entonces, debemos preguntarnos cómo este proyecto induce a los agentes económicos a invertir más, a generar nuevas fuentes de trabajo, más estables y mejor remuneradas, a incrementar la recaudación tributaria por la vía de mayores impuestos, originados, precisamente, en el crecimiento económico. Al respecto, me permitiré dar lectura a las conclusiones de un informe que aparece publicado en la revista gremial del Colegio de Abogados, porque creo que un organismo independiente, profesional, como el Colegio de Abogados, está en condiciones de emitir opiniones que no necesariamente están contaminadas por las respectivas posiciones políticas que legítimamente tenemos los diputados al interior de la Sala. Dichas conclusiones señalan: “El proyecto de reforma tributaria que comentamos constituye un aumento de la carga impositiva, por lo que es equivocada la apreciación de que sólo tiende a evitar la evasión. Sus disposiciones aumentan en tal magnitud las atribuciones de los organismos fiscalizadores, que transforman el sistema tributario en una verdadera dictadura fiscal, desde que el contribuyente permanece indefenso ante la discrecionalidad de la autoridad, careciendo, por añadidura, de una jurisdicción independiente a la que pueda recurrir. “Por otra parte, las normas del proyecto aumentan las regulaciones y son desalentadoras no sólo de la inversión extranjera, sino también de la nacional. Se rompe el principio de la buena fe al considerar al contribuyente un potencial evasor tributario. Se pretende descargar la función de los organismos fiscalizadores imponiendo engorrosos controles y certificaciones que los contribuyentes deben efectuar para no verse multados o ver rechazados sus créditos fiscales por IVA, etcétera. “El proyecto está concebido en contra de lo que debiera ser una política fiscal incentivadora de la actividad privada. “Finalmente -señala el autor del informe-, estimo que sería útil examinar las reducciones tributarias que otros países están adoptando para favorecer el desarrollo económico, combatir la cesantía y lograr el crecimiento.” Queda claro, en consecuencia, en un organismo independiente, como el Colegio de Abogados, que el proyecto va mucho más allá del sólo mayor y mejor control de la llamada evasión tributaria; que estamos en presencia de una reforma tributaria y de un aumento de los impuestos que tendrá repercusiones negativas tanto en la inversión como en la creación de nuevas fuentes productivas y de servicios. Además, yo tendría una disposición muy distinta respecto de esta iniciativa si junto con ella el Congreso Nacional hubiese tenido la oportunidad de discutir el proyecto que crea los tribunales tributarios independientes. Quiero llamar la atención de los honorables colegas sobre cifras que nos entrega el propio mensaje del Ejecutivo. Señala que de los reclamos de liquidaciones y denuncias de los contribuyentes no acogidos por el tribunal, sólo aproximadamente el 10 por ciento ha sido apelado ante las cortes de apelaciones. Reitero, el 10 por ciento de los reclamos rechazados por el tribunal tributario son apelados ante la corte de apelaciones. ¡Qué señal más clara de la indefensión absoluta en que se encuentran los contribuyentes del país! ¡Qué señal más clara de que lo que dispone el Servicio de Impuestos Internos en sus resoluciones de primera instancia es finalmente lo que se le impone al contribuyente, con justicia o sin ella! El Ejecutivo, en su mensaje, señala que el Gobierno propiciará en un plazo no superior a seis meses una iniciativa legal que perfeccione la justicia tributaria. El proyecto ingresó a trámite legislativo el 24 de agosto, es decir, hace casi cinco meses, de manera que para cumplir su palabra el Ejecutivo tendrá sólo, aproximadamente, 30 días más, el mes de febrero, que es precisamente cuando estamos en receso legislativo. Francamente, no veo disposición ni voluntad en el Ejecutivo para que existan tribunales tributarios independientes, que corrijan las imperfecciones del sistema tributario y garanticen la igualdad ante la ley. Hoy el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte, y con ello vulnera disposiciones expresas de nuestra Constitución Política, que señalan que toda persona acusada debe tener un debido proceso: una persona que acusa, otra que es acusada, su defensa, y un tercero independiente que resuelve la controversia. En este caso, la controversia tributaria; pero ocurre que ese tercero independiente, en el caso de los juicios tributarios en primera instancia, no existe. Son los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos los llamados a resolver sobre las reclamaciones. Mientras siga este procedimiento, mientras continúe la indefensión en la que se encuentran los contribuyentes, nos es imposible votar favorablemente un proyecto de esta naturaleza. Finalmente, coincido con el diputado señor Montes en algunos temas. Por supuesto, en la modernización de aduanas. Inexplicablemente, a nuestro juicio, este tema ha quedado al margen del proyecto de modernización y a la espera de mayor recaudación de ingresos tributarios. El Servicio de Aduanas tiene que modernizarse, porque también está llamado a jugar un rol muy importante en prevenir la evasión y aumentar la recaudación. Comparto lo señalado por el diputado señor Montes, respecto de la necesidad de un tratamiento tributario distinto a la importación de medicamentos para enfermedades catastróficas, porque hay personas, muchas de ellas pensionadas, que gastan el ciento por ciento de sus bajos ingresos en la compra de esos remedios, cuyo costo aumenta con los impuestos correspondientes. Estamos dispuestos a votar favorablemente las adecuaciones que se han presentado mediante indicaciones del Ejecutivo, para permitir la carrera funcionaria de los técnicos del Servicio de Impuestos Internos, y a colaborar en otras normas, como la referida al tratamiento de facturas falsas y la tipificación de nuevos delitos tributarios. Pero en estas circunstancias no podemos votar en general un proyecto que entrega una cantidad enorme de nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos, muchas de ellas, incluso, vulnerando garantías constitucionales. No podemos concurrir con nuestros votos a la aprobación general del proyecto, aun cuando estamos de acuerdo con ciertas normas particulares, porque hoy no existe una verdadera justicia tributaria. Se deben aumentar las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos para evitar la evasión tributaria, pero a los contribuyentes, sobre todo a los medianos y pequeños, se les debe dar la posibilidad de defenderse ante un organismo independiente, de las acusaciones, de los reclamos y de las liquidaciones que les hace el Servicio de Impuestos Internos. Eso es básico en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Mientras ello no se plantee, Renovación Nacional no estará disponible para votar las disposiciones de un proyecto que, más que impedir la evasión tributaria, aumenta la carga impositiva. Por la vía de aumentar los impuestos no se reduce la pobreza -y todos lo sabemos-; por el contrario, aumenta. He dicho. -o- -El Presidente saluda la presencia en la tribuna del ex diputado y ex senador Edgardo Barrueto y señora. -o- El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, aquí se ha dicho que éste es un tema-país y se han dado las relaciones de los efectos positivos y negativos que puede originar el proyecto. Haré una especie de análisis histórico de lo que han sido las reformas tributarias en este período de democracia y daré a conocer las opiniones de personas de la Concertación respecto del proyecto. Hasta la fecha, la Concertación ha presentado a tramitación legislativa seis proyectos con el mismo objetivo: reducir la evasión tributaria. Producto de las sucesivas reformas, durante los últimos diez años el gasto en personal se ha triplicado en términos reales, las horas extraordinarias se han multiplicado por ocho, y los viáticos, por seis. Aun cuando comparto la necesidad de atacar la evasión tributaria, debo señalar que muchas normas del proyecto se apartan de ese objetivo. La iniciativa supone incrementos tributarios y la creación de un todopoderoso Servicio de Impuestos Internos en desmedro del Servicio de Tesorerías. Es cuestionable la concentración de poder per se, pero en este caso es más peligrosa por la inexistencia -lo que durante muchos años hemos repetido- de tribunales tributarios y, por lo tanto, de tribunales independientes en esta materia. Al analizar las razones de la evasión tributaria en Chile, es necesario detenerse, aun cuando es un aspecto que no aborda el mensaje, en lo que dice relación con las altas tasas aplicables a las personas. Es posible afirmar que las normas contenidas en el proyecto, que constituyen una verdadera reforma tributaria, desincentivarán la inversión, llevarán a una menor recaudación y no redundarán en un mejor rendimiento para el fisco, que es el objetivo del proyecto. Algunos señores parlamentarios oficialistas han planteado como un ejemplo la forma en que se ha tramitado el proyecto. Voy a dar lectura a la opinión de don Emilio Soria, presidente del colegio de contadores auditores y militante de la Democracia Cristiana, quien dice: “Los tecnócratas de siempre elaboraron el proyecto a puertas cerradas y le impusieron a los parlamentarios una iniciativa para que defendieran y aprobaran en el Congreso. Además, este proyecto es inoportuno y mal elaborado, porque en un país con un 10 por ciento de cesantía y con una actividad económica baja, con mucha gente que necesita urgente ayuda, como las pymes, la señal que se envía no es la mejor”. Es bueno tener presente que, en Chile, la gente que trabaja entrega dos o tres meses de su año laboral en favor del Estado, ya que éste toma aproximadamente entre dos y tres doceavos de nuestros ingresos anuales por concepto de impuestos. Dada la magnitud de la carga tributaria que nos afecta, el Presidente Lagos no se atrevió a postular su aumento durante la campaña presidencial. Sin embargo -como se ha planteado aquí-, aun cuando el proyecto establece normas para combatir la evasión tributaria, existen en su contenido reformas tributarias que aumentan los impuestos por el cambio de la base de cálculo. Seguramente, tampoco consideró prudente el ex candidato a la presidencia don Ricardo Lagos, postular un incremento de los impuestos en atención a la mala impresión que existe del manejo de los fondos en el sector público y que todos conocemos, como los casos relativos a las indemnizaciones y al Indap. Por eso, es más fácil decir a un contribuyente que habrá más fiscalización, cuando ese contribuyente ve -a veces su hijo ni siquiera puede estudiar en la universidad- que con el pago de los impuestos se mejoran sus condiciones de vida, que se mejora la situación de los jubilados -como ha planteado el diputado señor Montes, aun cuando no he visto esas mejorías- o ve un resultado práctico en el aumento de los impuestos. El proyecto constituye una clara reforma tributaria que aumenta la carga de los contribuyentes y excluye formas eficientes e innovadoras para combatir la evasión tributaria. Tiene un carácter regresivo, ya que afecta más a los que tienen menos, lo cual contradice el discurso del Presidente de la República, en cuanto a su preocupación por los problemas sociales. Además, la iniciativa genera fuertes distorsiones sobre la función productiva agregada, encarece los precios de los factores, lo cual lleva a su ineficiente utilización, e incide en un menor crecimiento potencial, en pérdida de la competitividad internacional y en la postergación para lograr el desarrollo. También existen efectos en el tipo de cambio, porque se aprecia artificialmente nuestra moneda. Quiero hacer una reflexión sobre cómo va a afectar el proyecto a las pymes. Se habla mucho de la pequeña y mediana empresa que hay que cuidarla, porque es la que genera el empleo, que es el principal socio del Gobierno para terminar con la cesantía; pero veo que los mismos que dicen eso hoy se manifiestan a favor del proyecto. Daré lectura a una intervención del Presidente Lagos cuando era candidato. El 18 de octubre de 1999, durante la campaña presidencial, suscribió un compromiso con los pequeños y medianos empresarios, que les permitiría superar su crítica situación, si era elegido Presidente de la República. El compromiso comienza con el siguiente párrafo: “El taller de reparaciones, la joven empresa de computación, el almacén de la esquina, la industria metalmecánica o el pequeño productor agrícola representan una rotunda mayoría en el universo empresarial chileno, formando, así, parte esencial de nuestra economía. Son las pequeñas y medianas microempresas las que dan trabajo a más del 80 por ciento de nuestros hombres y mujeres y las que entre el año 90 y 98 crearon un millón de nuevos empleos, mientras 100 mil trabajadores eran despedidos de las grandes empresas”. Lagos también hizo referencia al crecimiento con igualdad y a la necesidad de permitir a las Pymes jugar un rol importante en nuestra economía. De lo anterior se desprende que el Presidente considera fundamental para el desarrollo del país fomentar la existencia de estas empresas. Por lo tanto, es muy importante crear las condiciones necesarias para su desenvolvimiento. A mi juicio, este proyecto contiene normas que hundirán a la pequeña y mediana empresa, porque ya no pueden soportar el aumento de impuestos. Es necesario ver la situación de las grandes empresas y de aquellas que no tributan; sin embargo, no se dice una sola palabra respecto de ellas. En verdad, lo único que se hace es apretarle el cinturón a quienes hoy día están pagando impuestos, en especial a los más débiles. Asimismo, no puedo dejar de hacer mención a las observaciones de fondo expresadas aquí. Quiero hacerme cargo de una serie de normas contenidas en el proyecto y que, a mi juicio, presentan severos vicios de inconstitucionalidad. En primer lugar, debo referirme a la mantención de una norma, considerada inconstitucional por la ex senadora señora Olga Feliú: la modificación del artículo 178 del Código Tributario, en cuanto a que en los juicios de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias no procede el abandono del procedimiento. En segundo lugar, también debo referirme a la modificación al Nº 5 del artículo 23 del decreto ley Nº 825, sobre impuesto a las ventas y servicios, conocido comúnmente como IVA, para lo cual se hace una propuesta contenida en el artículo 5º, letra b), del mensaje que nos ocupa. Al respecto, cabe señalar que el crédito fiscal es un derecho que tienen los contribuyentes del IVA, tal como lo dispone el inciso primero del artículo 23 del decreto ley Nº 825; por lo tanto, está amparado por la garantía constitucional prevista en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental que nos rige. En consecuencia, proponer una norma que desconoce este derecho, en la práctica, a mi juicio, vulnera el texto constitucional citado. Al respecto, cabe señalar que, por ser el crédito fiscal un derecho de los contribuyentes del IVA, el mismo artículo 23 contempla casos en que ese derecho no procede. La norma actual permite rechazar la utilización como crédito fiscal del IVA, el que consta en facturas falsas, no fidedignas, que no cumplan con los requisitos legales, y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que no sean contribuyentes del IVA. Sin embargo, la pérdida del crédito fiscal no es absoluta si el contribuyente paga la factura que recibe y está en alguna de las situaciones mencionadas, dando cumplimiento a los siguientes requisitos: a) con un cheque nominativo a nombre del emisor de la factura, girado contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio; b) haber anotado por el librador, al extender el cheque y en el reverso del mismo, el número del RUT del emisor de la factura y el número de la misma. En la reforma propuesta, se intenta incorporar al número 5 del artículo 23 del decreto ley Nº 825, seis nuevos incisos, que, de ser aprobados, producirán, por lo menos, los siguientes efectos: 1º) Transformarán el derecho al crédito fiscal establecido en el inciso primero del número 5 del decreto citado, en una frase sin sentido, puesto que éste podrá ser desconocido por el Servicio de Impuestos Internos, por situaciones que no son de responsabilidad del contribuyente que recibe la factura y, lo que es peor, que éste no está en condiciones de prever, puesto que muchas de ellas son de carácter futuro. Por ello, es claro que las normas propuestas vulneran en su esencia el derecho de propiedad de los contribuyentes del IVA sobre el crédito fiscal que consta en las facturas que reciben, permitiendo que éste sea rechazado por situaciones ajenas al contribuyente y que el receptor de la factura no está en condiciones de prever y mucho menos de manejar -lo que resulta más insólito-, que ocurrirán en meses o años después del otorgamiento del documento. En segundo lugar, de aprobarse las normas propuestas, se alterará la esencia del IVA, puesto que el tributo establecido en el decreto ley Nº 825 se basa en la existencia del crédito fiscal -el IVA, soportado en las compras-, el cual se puede descontar del débito fiscal aplicado -esto es, el IVA de las ventas-, cuestión que acaba de explicar el diputado señor Dittborn. Además, se introducirá en el comercio nacional un factor de incertidumbre que impedirá a los pequeños comerciantes desarrollar sus actividades con tranquilidad, puesto que deberán responder por los actos de sus proveedores, es decir, por hechos ajenos y -lo que resulta más grave aún- futuros. A mi juicio, esta situación es inconstitucional, y en nuestra legislación se contemplan sólo en dos casos la responsabilidad por otros y jamás por un hecho futuro. Por último, quiero dejar constancia de algunas disposiciones contenidas en el proyecto que son contrarias a la ley orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado y que, por lo tanto, requieren de quórum especial para ser aprobadas. En efecto, el inciso segundo del artículo 5º de dicha ley establece lo siguiente: “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de la acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”. En la normativa propuesta existe una serie de disposiciones que implican interferencia del Servicio de Impuestos Internos en las funciones de la Tesorería y, además, una duplicación de funciones. Dichas normas están contenidas en el artículo 1º del proyecto de ley y son, por lo menos, doce. En beneficio del tiempo, no las enumeraré en detalle, sino que lo dejaré para cuando el proyecto sea analizado con mayor profundidad durante su discusión particular. Por lo expuesto, consideramos necesario que el proyecto sea analizado previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sé que es un trámite difícil, que requiere el acuerdo unánime de la Sala; pero considero indispensable que ella se aboque a su estudio, a fin de que la iniciativa salga sin los vicios de inconstitucionalidad que he reseñado y que se refieren, básicamente, a infracciones a las normas del debido proceso y al derecho de propiedad. Aparte de eso, estamos en un país donde no existen tribunales tributarios. Sobre esta materia, me alegro de que, por lo menos, hayamos dado un paso con el ministro de Hacienda, en cuanto a asumir el compromiso de que dentro de unos seis meses -el diputado señor José García dijo que quedan 30 días-, por lo menos, se constituya una comisión que estudie la creación de los tribunales tributarios. Considero innecesario formar una comisión, porque casi todas las escuelas de derecho han realizado estudios sobre la materia; tengo uno en mi poder, y lo pongo a disposición del Ministerio. No puede ser que en un país como el nuestro, donde decimos que se respetan los derechos humanos, sigamos funcionando con un procedimiento en virtud del cual el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte. Son muchos los abusos cometidos o que se pueden cometer en esta materia, y considero que ya es tiempo de ponerse al día al respecto. Nosotros hemos planteado que, de no ser así, incluso recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es una disposición abiertamente contraria a los derechos humanos y a la relación que debe existir entre el Estado y los ciudadanos. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el 12 de septiembre del año recién pasado, en la Comisión de Hacienda iniciamos la discusión de este proyecto de ley que establece normas legales para combatir la elusión y evasión de impuestos. La tramitación del proyecto en esa Comisión finalizó el 8 de enero. Es decir, realizamos, a lo menos, 12 sesiones con un mínimo de cuatro horas de duración -algunas de ellas se extendieron a 6 u 8 horas-, en las cuales escuchamos a todas las personas, a todas las organizaciones y a todas las instituciones que solicitaron audiencia a la Comisión de Hacienda, que tengo el honor de presidir. Explico esto porque, al escuchar la discusión que se exhibe a través del Canal de Televisión de la Cámara de Diputados, puede quedar la sensación de que el proyecto se estudió en 2 ó 3 sesiones de trabajo. Eso es falso, de falsedad absoluta. Más aún, en mayo del año recién pasado, los parlamentarios de gobierno que integramos las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado empezamos a analizar con el ministro de Hacienda, y en una oportunidad con el Presidente de la República, las diferentes minutas de este proyecto de ley. En primer lugar, planteaban algunos colegas parlamentarios que había existido una muy buena campaña de imagen pública del Gobierno para poco menos que disfrazar el proyecto de ley. No corresponde a la realidad, porque nadie puede discutir en Chile que hay personas de altos ingresos que, haciendo uso de la legislación vigente y contratando excelentes profesionales, evaden y eluden impuestos. Y eso va en contra del reparto de la productividad de nuestra patria. Hay un ejemplo concreto. Actualmente la evasión tributaria en nuestro país alcanza a casi el 24 por ciento, lo que equivale, anualmente, a 4 mil millones de dólares. Con el proyecto se propone reducir esa tasa a alrededor del 20 por ciento el año 2005. La iniciativa no eleva los impuestos, sino que sólo pretende fortalecer el cumplimiento de la ley y asegurar que toda la sociedad y los diversos agentes económicos cumplan con sus obligaciones tributarias. En nuestra patria, más del 99 por ciento cumplimos rigurosamente con nuestros compromisos tributarios; pero no es justo que un mínimo de chilenas y chilenos no lo hagan, en circunstancias de que, efectivamente, tienen altos ingresos por las actividades realizadas en nuestro querido Chile. Aquí se hace mucha cuestión de que prácticamente todos los que asistieron a las audiencias de la Comisión de Hacienda rechazaron el proyecto. Escuchamos a Fenabus, a la Confederación de la Producción y el Comercio, a la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, a la Confederación Nacional Unida de Mediana, Pequeña y Microindustria, Servicios y Artesanado; a la Sociedad de Fomento Fabril, al Colegio de Contadores de Chile. También se hizo lo mismo con el departamento tributario de la Price Waterhouse Coopers. Además, se escuchó a profesionales prestigiados, como Eduardo Engel, economista y profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile; al abogado e investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister; a Fernando Barros, abogado y socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz; a los auditores y abogados del Colegio de Contadores Públicos y Auditores Universitarios de Chile; a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G.; a la Asociación Nacional de Armadores y también a la Cámara Aduanera de Chile. Ninguna de las personas que representaban estas instituciones expresaron que estaban a favor de la evasión y elusión de impuestos. Eso que quede claro. Ellos no se oponen, en absoluto, a un proyecto que signifique bajar los índices de evasión y elusión tributaria. Aquí tengo sus intervenciones en las cuales así lo plantean, especialmente la gente vinculada al sector de Derecha. Ellos no se oponen a eso. Lo que ellos plantean es otra cosa, en el sentido de contar con algunas garantías que signifiquen, en el fondo, mantener el actual estado tributario, que es muy diferente. Pero ellos, como principio, tienen claro que hay gente que evade y que elude impuestos. También tuvimos la oportunidad de escuchar, al inicio del análisis de esta materia, al Ejecutivo completo. También a quienes son parte vital de los tres organismos que realizan la fiscalización tributaria en Chile: a la Asociación Nacional de Empleados de Tesorería, a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile y de Empleados de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), y a la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas. Aquí hay una cosa muy clara y muy precisa. Nuestro país, en los últimos años, ha crecido, desde el punto de vista económico, en porcentajes importantes. Tengo claridad absoluta de que, desde el punto de vista macroeconómico, nuestro país es serio, por lo cual los ex ministros de Hacienda, Foxley y Eduardo Aninat, y el actual titular de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, por sobre el populismo y las simpatías que podrían ganarse con determinados sectores, han tenido un manejo económico serio, que significa prestigio no solamente interno, sino especialmente internacional. Pero también, como diputado por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, debo tener claridad total y absoluta de que es cierto que hemos disminuido el número de pobres; pero también es un hecho que en nuestro país hay 600 mil personas sin empleo. En la discusión del Presupuesto del año 2001, precisamente en la tercera subcomisión, que por segundo año consecutivo me correspondió presidir, se conformó el Fondo de Contingencia de Desempleo, con una glosa presupuestaria de 100 mil millones de pesos, que hay que juntar, para que a contar del 1º de abril eso signifique bajar en forma importante el número de desempleados. ¿Qué se persigue con este proyecto contra la evasión y la elusión? Algo muy simple y muy concreto: que en el año 2001 se generen 293 millones de dólares; en el 2002, 451 millones; en el 2003, 695 millones; en el 2004, 833 millones, y en el 2005, 873 millones de dólares. Si se consigue ese objetivo, significará más inversión en el Fondo de Contingencia, en programas sociales y en mejorar la calidad de vida de los chilenos. El Presidente Ricardo Lagos planteó al país un programa de crecimiento con equidad, desde ahora al año 2006, en el cual la iniciativa en estudio es clave, porque se ha calculado un gasto de 8.200 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones, a lo menos, deberán generarse a esa fecha. Ello significará crear nuevos programas e iniciativas para disminuir las diferencias entre chilenos de primera y segunda clase. Nunca he escuchado a alguien en la Sala oponerse a aumentar en 120 mil nuevas plazas la educación preescolar que favorece a los sectores de menores ingresos. ¿Quién puede oponerse al financiamiento de 136 mil plazas adicionales en la enseñanza media, con el objeto de disminuir la deserción de alumnos de escasos recursos? Es importante para el desarrollo del país duplicar los recursos fiscales destinados a la cultura, la ciencia y la tecnología. ¿Cómo no va a ser vital aumentar en 48 horas la atención a la población beneficiaria de los servicios primarios de atenciones no urgentes? Con eso se fortalecen los planes y programas de los consultorios municipales. Más aún ahora, que casi la mitad de los alcaldes son de Oposición. No entiendo que alguien se oponga a esto si, en el fondo, se están restando posibilidades a esos sectores para entregar una atención primaria más eficiente y con mayores recursos. ¿Quién puede discutir la importancia de que en el programa de alimentación a adultos mayores de 65 años se atienda a más de 180 mil personas que entregaron una vida de trabajo a nuestra patria? Es necesario duplicar la cobertura de las prestaciones complejas a las personas que, cuando llegan a ese estado, no cuentan con los medios para atenderse en forma eficiente. Muchas veces, en diferentes proyectos, en especial en la discusión del Presupuesto de la nación, he escuchado señalar la vergüenza que significa que muchos chilenos y chilenas sigan viviendo en campamentos. Hay que erradicarlos y dar a esas personas la posibilidad de acceder a una vivienda digna, lo cual tiene un costo. Con el proyecto en estudio, será posible contar con los recursos necesarios. El señor MORA (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor diputado? Su bancada le asignó doce minutos, y ha usado quince. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, contamos con 57 minutos. El diputado señor Lorenzini utilizó trece; el diputado señor Krauss hará uso de ocho, y me fue asignado el resto del tiempo. El señor MORA (Vicepresidente).- ¿La diputada señorita Sciaraffia no hará uso de la palabra? El señor ORTIZ.- No, señor Presidente. El señor MORA (Vicepresidente).- Puede continuar su Señoría. El señor ORTIZ.- Es importante fortalecer los planes de seguridad ciudadana, desarrollar un vasto programa de integración y promoción de las comunidades indígenas, fortalecer la competitividad del país, modernizar los sistemas de transporte público estatal, como el Metro de Santiago, la Empresa de Ferrocarriles del Estado y Merval, y, lo más importante, comenzar la construcción de colectores de aguas lluvia en las grandes ciudades. Lo anterior significa fortalecer la capacidad de fiscalización y cobranza de los impuestos por parte de los organismos que integran la administración tributaria. Para ello, se introducen modificaciones destinadas a cerrar espacios de evasión y elusión, a modernizar y fomentar una mayor eficiencia en dichos organismos y a asegurar un trato más justo al contribuyente. En ese aspecto, el Servicio de Impuestos Internos fortalecerá su acción fiscalizadora, para lo cual se contempla el aumento de su dotación en 539 personas, entre fiscalizadores, técnicos y profesionales. Se ha tocado el tema de los tribunales tributarios. Sobre el particular, se llegó a un acuerdo con el Gobierno. Pero hay que decir las cosas como son: esta acción la llevaron a cabo los diputados democratacristianos señores Pablo Lorenzini y Enrique Krauss. Ingresará un proyecto sobre tribunales tributarios, con lo cual Impuestos Internos dejará de ser juez y parte. Si eso no es avance, ¿qué puede serlo? Por otra parte, la Tesorería tendrá mayores atribuciones para el fortalecimiento y agilización de la cobranza administrativa y judicial. Se establece un bono de incentivo para sus funcionarios, en relación con el cumplimiento de metas de cobranza. También se soluciona un aspecto que constituía una injusticia: el caso del personal de contadores de Impuestos Internos que habían quedado fuera del escalafón de fiscalizadores. Solicitamos al Ejecutivo las indicaciones pertinentes; estas ingresaron, y las aprobamos en la Comisión de Hacienda por unanimidad. Se establece que los funcionarios de Impuestos Internos que estén en posesión del título de contador general, otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional del Estado, o reconocido por éste, que a la fecha de publicación de la presente ley se desempeñen o hayan sido seleccionados para ser nombrados en la planta de técnicos fiscalizadores de la institución, cumplen con los requisitos de ingreso y promoción exigidos para servir un cargo de esta planta. Estas son cosas reales, efectivas, que estamos haciendo por el personal que había quedado fuera de estas normas, es decir, cumplimos nuestro rol de legisladores y de escuchar a las personas afectadas por situaciones injustas. En cuanto a la Tesorería, existe un compromiso desde hace tres años, pues así como el personal de Impuestos Internos recibe una asignación especial, lo lógico es que el de la Tesorería también la perciba. En este proyecto se establece esa asignación, muy justa, porque éste es un gran personal constituido por excelentes servidores públicos. Por lo tanto, así será en el instante en que aprobemos la iniciativa de ley. Siempre hay que ser justo y ver quién acepta los argumentos. Tengo que hacer un reconocimiento al ministro de Hacienda y al Presidente Lagos. Ellos nos escucharon cuando se pensaba en una posible fusión entre la Tesorería e Impuestos Internos. Los fundamentos que se dieron fueron claros. No existe tal fusión y, más aún, Tesorería mantiene todas sus atribuciones en el día de hoy. Son cosas concretas y reales. No quiero dejar pasar el tema de Aduanas. Lo deseo expresar, porque, así como en la vida uno va conociendo personas, con la Federación de Aduaneros de Chile me tocó establecer una relación que al final se transformó en amistad cuando participamos en la tramitación de la ley de modernización de Aduanas, aprobada hace cinco años y dos meses. No es justo que respecto del Servicio Nacional de Aduanas, uno de los tres organismos fiscalizadores de nuestro país, el proyecto no establezca un aumento de personal. Hemos conversado este tema con el ministro de Hacienda, y también debo ser claro en esta materia. Aquí hay un tema pendiente sobre el cual tomamos los acuerdos correspondientes en la Comisión de Hacienda. El 4 de enero, cuando se planteó esta situación en sesión de la Cámara, la unanimidad de la Comisión acordó solicitar al ministro de Hacienda que instruyera al director nacional de Aduanas para que nos contestara el siguiente oficio. Es corto y lo leeré para que sea parte de la historia fidedigna del establecimiento de este proyecto de ley contra la evasión y la elusión: “En sesión celebrada el 3 de enero de 2001, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, expresar lo siguiente: “En relación con el proceso de modernización del Servicio de Aduanas y los incentivos a sus trabajadores, que se implementaron con carácter pionero durante años anteriores, esta Comisión acordó solicitar a usted, señor ministro de Hacienda, se sirva informar a la brevedad posible si se ha hecho alguna evaluación al respecto y sus resultados, el actual estado de evolución de ese proceso y las medidas futuras que se tienen previstas, así como qué impacto tuvieron en el desempeño del servicio las medidas de incentivo que se aplicaron en beneficio de su personal”. Por su intermedio, señor Presidente, le agradeceré formular esta consulta al ministro de Hacienda cuando él intervenga después de terminada la discusión de esta iniciativa, porque me preocupa, no sólo a mí, sino que a toda la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tener una noticia concreta y precisa sobre si al término de esta evaluación será posible considerar al Servicio de Aduanas en algún proyecto especial. Continuando con mi exposición, quiero destacar que hay modificaciones en relación con las facturas falsas presentadas al Servicio de Impuestos Internos, por lo cual se crea una fiscalía de facturas falsas. Esto es positivo, está en el camino correcto y nadie puede poner en duda la conveniencia de esta medida. Además, el proyecto contiene una serie de modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, lo que permitirá perfeccionar el control, por ejemplo, del uso de almacenes particulares de importación y la subvalorización de los precios en algunos sectores. Hace un momento, la colega señora Isabel Allende habló sobre la materia en nombre de la bancada del Partido Socialista. Precisamente, invitamos a la discusión en la Comisión de Hacienda a las personas involucradas en el tema, que afecta especialmente a los industriales del cuero, del calzado y a los textiles. Se dan atribuciones a Aduanas para que haga los aforos respectivos y detenga ese tipo de importaciones que está matando a algunos sectores de las Pymes, lo que no es culpa del Gobierno, sino de la legislación vigente. Por eso hay que hacerle modificaciones. Según la opinión de toda mi bancada, ésta es una muy buena medida para ayudar, no con discursos ni con declaraciones románticas, a las Pymes del cuero, del calzado y textiles en cosas concretas y específicas. En el proyecto hay perfeccionamientos tributarios para reducir espacios de elusión. Es importante hacerlo, porque así se está mejorando la eficiencia y la modernización en todo lo que es administración tributaria. Quiero terminar planteando dos cosas concretas. En primer lugar, el planteamiento de los diputados señores Carlos Montes y Andrés Palma en el tema de internación de medicamentos concluyó en un acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda. Lo reitero en la Sala, en la cual se encuentran presentes integrantes de esa Comisión, entre ellos, los colegas Enrique Jaramillo, Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez. En segundo lugar, quiero señalar que la no aprobación de este proyecto de ley significará continuar la discriminación contra quienes tienen menos. Por lo tanto, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, expreso que votaremos favorablemente el proyecto, tanto en general como en particular. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, hoy nos reúne el tema de la evasión de impuestos, pero en torno de él hay otros puntos que también conviene analizar, porque tienen una relación muy directa e importante con su eventual evasión. En primer lugar, corresponde preocuparse de las fuentes que producen los impuestos. Hay cierta cultura, desarrollada en el país, que nos hace creer que los impuestos caen del cielo, que no es menester generar las riquezas que dan origen a esa tributación. En segundo lugar, hay que preocuparse de cómo se utilizan los impuestos. Digo esto, porque precisamente esta cultura, que se ha desarrollado y vuelve a tener fuerza en nuestra patria, de atacar aquellas fuentes donde se producen los impuestos, es decir, las empresas, genera otra cultura que orienta hacia la evasión. El acoso, el desprecio -por no decir incluso una palabra más fuerte- que se tiene por la actividad empresarial o que está presente, muchas veces, en el discurso de autoridades de Gobierno y de los partidos que lo apoyan, hace, desde luego, que la riqueza del país sea menor y, por lo tanto, que la recaudación de impuestos disminuya. Entonces, para aumentar el flujo de impuestos, es menester generar una cultura de respeto, de apoyo y de incentivo a las actividades empresariales en nuestra patria. En seguida, también es menester generar una cultura de buen uso de los impuestos para evitar, precisamente, que la población del país se oriente hacia la evasión, porque desconoce hacia dónde van los impuestos que paga. Recordemos que, hace décadas, la gente evadía impuestos porque no sabía a dónde habían ido a parar, porque se utilizaban mal o se desperdiciaban. Ahora existe, en una medida que no es menor, la realidad de que, bajo el pretexto de un llamado “gasto social”, muchas veces, el uso de los impuestos no sólo no es transparente, no es claro, sino que es tremendamente ineficiente. A propósito de la discusión que tuvimos en esta Sala respecto de los proyectos de ley de Presupuestos y de reajuste del sector público, dije -quiero insistir ahora- que me parecía que la asignación de los recursos públicos en nuestro país está prácticamente “patas arriba”, porque el objetivo principal de los impuestos, que debería materializarse en una administración pública eficiente, moderna, pequeña, para el país; en que se incluyan, por ejemplo -no sólo los organismos del gobierno central-, las municipalidades, las intendencias, nuestras fuerzas armadas, de orden y de seguridad, y las relaciones exteriores, no obstante, es el objetivo último y se financia con lo que sobra, lo cual genera una cultura de evasión, porque, en el fondo, se está usando la facultad de imponer impuestos a los chilenos como una forma de expropiar sus bienes sin indemnizarlos. Cuando el destino de los impuestos no es el que corresponde, el país, al final, siente que no está obligado a pagarlos. Por eso, aprovechando la presencia del señor ministro de Hacienda en la Sala, quiero hacer hincapié en los siguientes principios, que me parecen fundamentales para generar una cultura en el país que apunta a pagar los impuestos: el respeto, el desarrollo y el incentivo de las actividades que generan los recursos de donde se extraen los impuestos; es decir, la actividad empresarial, y, por otro lado, el buen uso, racional, razonable y eficaz, de esos impuestos. Creo que esto manda en la opción preferencial por los pobres. El peor cuchillo que han tenido nuestros pobres ha sido el de estos defensores que han creído, despreciando y atacando los orígenes de la riqueza, de donde provienen los impuestos, que las personas que los generan no pueden disponer, después, de ellos, sino que esos defensores, esa nueva clase, esa tecnocracia, esa burocracia, han dispuesto de los impuestos a su arbitrio. El tercer punto es el de la evasión propiamente tal. Al respecto, sólo quiero hacer un breve recuerdo. Hace dos meses, presenté un proyecto de acuerdo para pedirle al Gobierno que fuera eficaz en su lucha contra el comercio callejero ilegal; pero la bancada de enfrente, especialmente la honorable diputada señora Isabel Allende, me atacó violentamente por mi falta de sensibilidad social sobre la materia. Quiero insistir en ese punto. El Gobierno tiene un tremendo trabajo que hacer para evitar, en ese caso concreto, la enorme evasión que se produce. Como en todo grupo social, también hay problemas en el de aquellos que se dedican al comercio callejero ilegal; pero creer que en el origen de ese grupo hay sólo un problema, como el de la cesantía, es una ingenuidad tremenda. Existe un excelente negocio -entre comillas-, cual es el de la evasión de impuestos, porque se evaden el IVA, las contribuciones, el pago de la seguridad social. Por eso, ese comercio se desarrolla, a menos que sea reprimido o detenido a tiempo. Quiero aprovechar la ocasión para recordar al Gobierno que el ataque a la evasión de los impuestos debe ser precedida de medidas concretas, ahí donde efectivamente se está produciendo día a día, a la vista, presencia y paciencia de todo el mundo, especialmente de las autoridades. El respeto y la defensa del comercio establecido es fundamental para el desarrollo del país, para la creación de empleo y para la generación de nuevos impuestos. No matemos a esta gallina de los huevos que podrían ser de oro, pero que ahora tienen un valor bastante menor; protejamos sus actividades, porque generaremos riqueza e impuestos, y no tendremos que estar preocupados, como en este caso, de esquilmar una vez más a los contribuyentes para sostener ineficientes gastos producidos por el gobierno de turno. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, no ha sido del todo malo quedar para el final del debate, ya que así he tenido la posibilidad de conocer la expresión de todas las sensibilidades políticas, desde la derecha hasta el centro, porque aquí ya desapareció la izquierda. También hemos podido tomar nota de la postura monárquica del diputado señor Gonzalo Ibáñez, porque pasó más allá de la que asume la Derecha. En fin, a la luz de lo que hemos conocido en esta discusión, no cabe ninguna duda de que el proyecto presentado por el Gobierno se ha quedado corto, puesto que pudo profundizar mucho más en una materia que está pendiente desde hace muchos años en el país. Desde luego, como se sabe, el objetivo es reducir la elusión o evasión tributaria; pero lo primero que llama la atención es la meta tan escuálida que se propone: un 3 por ciento a lo largo de cinco años. Los datos en que se sustenta este propósito son bastante explícitos; diría, coherentes. En Suecia hay 783 habitantes por cada funcionario fiscalizador. En Chile, prácticamente, se quintuplica esa cifra, ya que estamos en el rango de los 4.051 habitantes por cada funcionario fiscalizador. A partir de la constatación de esa realidad, cabría desprender que el Gobierno no sólo se va a empeñar en otorgar facultades a los órganos competentes para llevar a cabo el propósito que se asigna; pensamos también que se va a ocupar de dotarlos de los instrumentos indispensables para llevar a efecto las medidas que se le encargan. Ignoro por qué el Gobierno, simplemente, no se pronuncia al respecto. Corremos el riesgo de aprobar un proyecto que alimente ilusiones acerca de una eventual mayor recaudación, pero que, en la práctica, demuestre su total impotencia para cumplir con ese propósito, al carecer del recurso humano que hoy se niega. Entiendo que para un ministro de Hacienda, y para cualquier gobierno de la Concertación, es tremendamente complejo llevar a cabo cualquier iniciativa que implique rozar mínimamente los intereses creados. Escuchábamos al diputado señor Lorenzini decir -opinión que comparto- que habría sido muy bueno realizar, de una vez por todas, una reforma tributaria; pero ha de saber el señor diputado que eso habría significado meter el elefante en la cristalería. El Gobierno, dado el marco institucional que nos rige, lanza a un humilde ratoncito de laboratorio para que no haga temblar ni una estantería, debido a que, desde hace una década, estamos fastidiados hasta la saciedad por una política de consensos fundamentalista. Aquí no es posible llevar a cabo iniciativa alguna si, previamente, no se acuerda con la Derecha, con los empresarios, con los poderes fácticos. El señor MORA (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene 30 segundos para redondear su idea. El señor ÁVILA.- No sé si tendré la suerte de otros colegas de distintas bancadas para abrir un pequeño margen y poder terminar; pero nunca cuento con esa generosidad. Así que, entonces, procedo a redondear mi idea. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, le concedo cinco minutos de mi tiempo al colega Ávila. El señor MORA (Vicepresidente).- Diputado señor Ávila, dispone de cinco minutos más, con cargo al tiempo del Comité de la Democracia Cristiana. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, no puedo sino destacar el gesto de generosidad y de comprensión del diputado señor Krauss; por lo demás, habitual en él. El diputado señor Dittborn dio una trabajosa explicación sobre el tema técnico de la depreciación acelerada, que reconozco no dominar, pero que entiendo, más o menos, en general. Él veía con espanto esa modalidad y decía: podemos asustar a los empresarios en términos de que no sigan invirtiendo. Esto me suena absurdo. Cuando los empresarios invierten no hacen un gesto de generosidad suprema; no están poniendo un óbolo en el Hogar de Cristo; están intentando sacarle más tocino al cerdo y, por lo tanto, olvidémonos de que, en algún momento, van a paralizar las inversiones. Ellos las hacen cuando ven al frente un buen negocio y, tratándose de eso, nada los detiene. Me da pena cuando veo, continuamente, gimotearles a los empresarios para que inviertan un poquito más, para que contraten algo de mano de obra. Hay una realidad trágica de la cual Chile, hoy, es parte. La bendita globalización en la que estamos inmersos, y en la que cree a pie juntillas nuestro ministro de Hacienda -¡en buena hora, porque él es moderno!-, está constituyéndose en el azote para países como el nuestro y, en este juicio -tengo que hacer la salvedad-, comparto la visión del diputado señor Vilches, para que vean ustedes los estragos que ya causa este fenómeno, aparentemente indetenible y ante el cual todos se ponen de hinojos, pensando que es la panacea para resolver todos los problemas del subdesarrollo. ¡Grave error! Ya es bueno empezar a levantar la voz acerca de la indefensión en que está Chile respecto de estos fenómenos si no adopta todos los resguardos necesarios para proteger sus fuentes productivas e impedir que los pequeños y medianos empresarios sucumban ante la voracidad del capital trasnacional. Respecto del tema que nos ocupa, debo manifestar que el Servicio Nacional de Aduanas requiere, dramáticamente, en forma urgente, una dotación de más personal si el Gobierno le fija metas que superen ampliamente su capacidad orgánica de poder cumplirlas. Creo que, hoy, debe pronunciarse el ministro de Hacienda acerca de esta materia, porque no puede quedar en suspenso, eternamente, una respuesta que es indispensable, incluso, para evaluar si será posible conseguir los objetivos que el proyecto establece. He dicho. -Aplausos. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en primer lugar, cabe dejar constancia de la satisfacción por el hecho de que se haya corregido el tratamiento inicial que se había otorgado al proyecto, el cual vamos a tener la oportunidad de discutir -como lo estamos haciendo- desde el punto de vista de las ideas esenciales, pero también pormenorizar nuestra apreciación respecto del conjunto de normas que contiene su primer informe. Quiero referirme a un tema que pudiera aparecer como una preocupación semántica; pero, en verdad, es más profundo, conceptual. El proyecto ha sido planteado -si bien en la secuela de tramitación se ha ido borrando un poco su denominación- como destinado a combatir la evasión y la elusión tributaria. Estoy plenamente de acuerdo con enfrentar la evasión, la cual supone una actitud maliciosa, dolosa, tendenciosa, en que se esquiva el pago tributario. Sin embargo, la elusión -y en esto cabe reconocer la habilidad de los técnicos tributaristas del Estado para encontrar términos que están un poco dormidos en el diccionario- significa la acción de eludir. Y, ¿qué es eludir? Esquivar una dificultad, un problema; evitar algo con astucia o con maña. Esa es la defensa del contribuyente respecto de las normas que pretenden obligarlo a pagar una determinada suma, lo cual no es condenable en absoluto. Está en la naturaleza humana; corresponde al sentido natural de defensa, porque lo contrario sería suponer que el país estaría conformado por un conjunto de masoquistas que se sentirían felices de pagar impuestos. Cuando estas normas se transformen en ley van a ser cuestionadas, y es lógico que así sea. De manera que confundir evasión con elusión me parece que es un problema conceptual negativo, más allá de la temática exclusivamente semántica. Luego, se ha aludido reiteradamente al tema de la exigencia, del apremio, de la conveniencia de que exista justicia tributaria, omisión que ha persistido por muchos años en nuestro estado de derecho. La incapacidad de que exista derecho al debido proceso en estas materias, un poco por la inercia desde que se creó el Código Tributario, se ha traducido en que el Servicio de Impuestos Internos ha sido juez y parte. Incluso, el señor director, debido a su potestad para impartir instrucciones, de alguna manera, tiene capacidad para legislar sobre el alcance de las obligaciones tributarias. Es evidente la importancia de que efectivamente exista justicia tributaria en el país. Además, su Excelencia el Presidente de la República, en su exposición de motivos del proyecto, establece un compromiso con plazo, porque reconoce esta necesidad, estima indispensable la existencia de un tribunal e instancias con adecuado nivel de especialización y con apelaciones que sean resueltas a través de un procedimiento expedito, y dice que, para hacer efectivo este objetivo, enviará el proyecto respectivo en un plazo no superior a seis meses. Como el proyecto fue enviado el 24 de agosto de 2000, el 24 de febrero del año en curso debiera estar en tramitación. Creo que así será; sin embargo, estoy preocupado, puesto que, con los diputados señores Lorenzini y Riveros, remitimos un oficio a su Excelencia el Presidente de la República, ratificándole la aspiración de que efectivamente exista esta legislación, y, luego de recurrir a distintas instancias administrativas, porque todavía no está establecida la ventanilla única para responder al Congreso Nacional, se nos ha respondido -lo que conocemos-, que existe la idea de constituir una comisión especial para analizar esta materia y formular las proposiciones procedentes. Eso no se condice con el compromiso ni con la realidad, porque, como se ha señalado, en la propia Administración hay, sobre esta materia, enorme caudal de información académica, en el plano jurisprudencial y de antecedentes. Lo importante es enviar un proyecto y terminar con las disquisiciones de comisiones extraparlamentarias. Es aquí, en el Congreso Nacional, donde corresponde efectuar los consensos del caso. El eje legislativo está aquí. No es posible aceptar, como lo hemos hecho a regañadientes, un Poder Ejecutivo colegislador que, por la aplicación práctica de los hechos, se transforme en un poder supralegislador. Que se envía el proyecto; aquí lo discutimos, y que vengan todos los agentes interesados. Que sea el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, los que se pronuncien respecto de las materias que interesan. Por eso, es importante que el ministro de Hacienda escuche las apreciaciones de los diputados preocupados por el tema. Por último, quiero insistir en algunas significativas apreciaciones formuladas respecto del rol del Servicio Nacional de Aduanas, al que mediante la presente iniciativa se le encomiendan nuevas funciones. Sin embargo, su participación fundamental en los ingresos generales de la Nación, calculada en un 40 por ciento de la renta general, requiere la existencia de personal suficiente y adecuado. En 1996, se dictó una ley que aumentó en 30 administrativos la planta del Servicio Nacional de Aduanas. En la actualidad, alcanza a 1.291 funcionarios. ¿Será posible que cumpla el rol significativo e importante, especialmente en función del desarrollo del comercio internacional? En el actual esquema económico, controla las exportaciones y las importaciones. Se han señalado los efectos negativos de la sobrevaloración de las exportaciones y de la infravaloración de las importaciones para nuestra economía. Muchos de los problemas de la pequeña y mediana empresa derivan del insuficiente control o fiscalización del Servicio. Se habló de que habría una “fiscalización inteligente”; pero no se lo ha dotado de los elementos indispensables. Por ejemplo, se ha establecido una infraestructura adecuada que no ha podido funcionar por falta de personal. El control de Chacalluta, puerta de entrada en el norte, tiene cuatro islas -sectores de control de ingreso y egreso vehicular-. y funciona sólo una, pues no hay personal. Y allí se realiza el más importante comercio o contrabando hormiga del país. Los funcionarios de Aduanas, igual que los del Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería, han realizado un enorme esfuerzo y entrega verdaderamente excepcional al servicio público. Sin embargo, es necesario reconocer que se requiere de más planta, de mayores incentivos y que cuenten con los elementos para cumplir con su tarea. Estamos de acuerdo en un mayor número de normas, porque nadie está en situación de discutir y cuestionar que se deben cerrar las compuertas a la posible evasión; pero para que eso funcione se requiere una administración físicamente responsable y que merezca confianza. Y la confianza del personal de la Administración Pública y de estos servicios se da sobre la base de contar con plantas, remuneraciones e infraestructura adecuadas para que cumplan con sus elevadas funciones. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto tendrá la mayor incidencia en las arcas fiscales para los efectos del cumplimiento del compromiso del Gobierno con los distintos sectores sociales del país. El Presidente Lagos tenía dos alternativas: o presentar un proyecto de modificación tributaria o recurrir a esta iniciativa, que apunta a recuperar recursos del Fisco que en muchas ocasiones quedan indebidamente en las arcas o en los bolsillos de los privados. Mi bancada respalda la propuesta, porque se trata de allegar recursos al Estado para hacer posible el cumplimiento del compromiso. Si no tuviésemos este proyecto, estaríamos discutiendo una reforma tributaria, lo que significaría encarecer no sólo los costos para los consumidores, sino también los tributos que, en especial, pagan las empresas pequeñas y medianas. Creo que esta última alternativa podría presentar algunas dificultades. Sin embargo, quiero destacar algunos méritos de la iniciativa en estudio. En primer lugar, constituirá una herramienta muy potente para la transparencia del mercado y para la competitividad. Cuando hay evasores de impuestos, contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones, se produce una competencia desleal en perjuicio de los que las cumplen. De ahí la importancia del proyecto para impedir que los evasores, con sus acciones, faciliten esa competencia desleal. En segundo lugar -en esto concuerdo con algunos parlamentarios-, se dota al Servicio de Aduanas de los recursos humanos necesarios para garantizar que se utilizarán sus herramientas para hacer posible el control, especialmente de mercaderías que ingresan a Chile desde hace bastantes años y que significan competencia desleal con las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales han cerrado sus puertas a pesar de sus grandes esfuerzos por permanecer en el mercado. En la sesión especial en que se analizaron las dificultades de las pequeñas y medianas empresas en relación con los productos importados, se supo de zapatillas que ingresan al país con el pago de impuestos, sobre la base, según documentos, de veintisiete pesos por cada par. Sin duda, en este caso, quiebra cualquier industria nacional, y en esa importación hay evasión tributaria. En el proyecto se faculta al Servicio de Aduanas para exigir la comprobación de costos de mercaderías que se internen. Es tremendamente importante el ejercicio de esta atribución, pues garantizará que no ingresarán artículos subvaluados ni se evadirán los impuestos correspondientes, lo que posibilitará un mercado más competitivo y transparente. En esta línea, expreso mi reconocimiento al ministro de Hacienda, al Ejecutivo en general y a la mayoría de la Comisión de Hacienda, pues, a sugerencia del diputado que habla, se acogió una indicación para evitar que los pequeños proveedores continuaran financiando el impuesto al valor agregado de las grandes cadenas compradoras. Por lo general, la posición dominante de un sector del mercado permite abusar de los pequeños proveedores a través de créditos por mercaderías, servicios e impuestos al valor agregado por un plazo más allá de lo razonable. No obstante que los pequeños y medianos empresarios compran las materias primas e insumos a un plazo de treinta días, se ven obligados a otorgar créditos por hasta ciento ochenta días. Con la indicación a que me refiero se impedirá que el comprador utilice esta modalidad como crédito fiscal. De esta manera se incentivará el mercado y se posibilitará una relación más equilibrada y equitativa entre los que compran y los que venden. Por lo tanto, el proyecto, mediante tres grandes instrumentos, apunta, en general, a garantizar la transparencia y la competitividad del mercado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado, hasta por cinco minutos. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, a estas alturas del debate, se han fundamentado distintas posiciones, y sólo quiero agregar algunos antecedentes. El proyecto para combatir la evasión tributaria, como ha sido denominado, amaga las expectativas de numerosos agentes económicos. Si a ello se suman los rumores que ha promovido la reforma laboral, tenemos la explicación clara de por qué el país aún no dispone de las fuentes de empleo que se prometieron ni la economía ha generado mayor inversión y dinamismo. Es indesmentible que la oportunidad con que se envía este tipo de proyectos afecta las expectativas de los agentes económicos. A mi juicio, nadie podría oponerse a normas para combatir la evasión tributaria, pero el momento no es el más oportuno. La dilatada tramitación legislativa genera rumores, y éstos promueven la desconfianza, lo cual no contribuye a la inversión, al desarrollo ni a lo que a todos nos interesa: la generación de puestos de trabajo. Sin duda, reducir la evasión tributaria significa allegar nuevos recursos al Estado para el cumplimiento de sus programas sociales, objetivo que todos compartimos; pero debe tenerse cuidado, porque, de una u otra forma, directa o indirectamente, se incrementan algunos tributos. El contribuyente paga lo que la ley le exige, pero a través del concepto de la elusión se pretende que el monto sea el que estime Impuestos Internos. En esta perspectiva, hay un cuestionamiento de fondo a la actual legislación tributaria, y muchos levantaron su voz crítica al proyecto en la Comisión de Hacienda. Al pequeño y mediano empresario, sin duda, el proyecto le deja una sensación de acoso; porque, de una u otra forma, los procedimientos y sistemas que se pretende implementar importan una fiscalización más aproximada y burocrática. En las circunstancias económicas actuales, esto lo asusta, aleja la inversión e impide un proceso reactivador. Si se proponen mayores facultades fiscalizadoras para el Servicio de Impuestos Internos y ni siquiera se menciona la creación de los tribunales tributarios, sin duda que se acentúa la preocupación del pequeño y mediano empresario, pues ese organismo, además de fiscalizar, cumple el rol de juez y parte. Asimismo, no se ha tocado un punto importante: la información que deben entregar los bancos respecto de las operaciones de créditos y de las garantías que se constituyen para tal fin. A mi juicio, ello es contradictorio con las normas del Código Tributario, que son compatibles con la ley general de Bancos, en cuanto a la reserva y secreto que debe existir tanto en las cuentas corrientes y captaciones como en las operaciones de crédito. Hoy, ante un juicio penal, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de recabar esa información; pero en el proyecto se pretende abrir la puerta para que, en términos amplios y sin mediar otra consideración, esa institución pueda obtener la información sobre una persona que fiscaliza. Debo recordar que la reserva o secreto bancario es un activo del sistema económico. Sin lugar a dudas, se quiere alterarlo, porque se pretende que los bancos entreguen información de manera automática sobre operaciones de créditos y las garantías que se constituyan para sus efectos. Tales normas no existen en otras legislaciones y no se justifican en Chile, menos aún si Impuestos Internos, según la normativa vigente, puede recabar, en un juicio penal, la información que requiera. Además, la disposición que se propone no apunta hacia la base de cálculo sobre la cual se tributa, sino a eventuales y posibles evasores. En consecuencia, como gran parte de los fundamentos de nuestra posición han sido dados por colegas de mi bancada y otros diputados que han hecho uso de la palabra, concluyo manifestando que el proyecto aumenta las exigencias y la carga tributaria, no contribuye a la reactivación de la economía y transforma la fiscalización, de una u otra forma, en una especie de acoso. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches, a cuyo Comité le restan siete minutos. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en primer lugar, me alegro muchísimo de que en la discusión general del proyecto esté en la Sala el ministro de Hacienda, ya que con su presencia brinda a los diputados de Oposición la única oportunidad de transmitirle nuestro pensamiento en una materia tan importante. Los parlamentarios de la Concertación copan el tiempo del ministro, y para nosotros cualquier acercamiento con él es prácticamente imposible. El proyecto golpea muy fuertemente a nuestra cultura tributaria, pues tiene por objeto castigar a quienes evaden el pago de impuestos. Eso es lo que debemos aprobar o rechazar. La iniciativa, en vez de contener normas muy claras y precisas para evitar la evasión tributaria, cambia las bases de cálculo del impuesto, lo cual significará apretarse el cinturón a determinada clase de trabajadores y empresarios, pues les pondrá mayores dificultades en el camino en un momento en que tanto se necesita la reactivación. En vez de simplificar las cosas, las vamos a complicar. Haciendo uso de esta posibilidad de opinar, cabe afirmar que nadie puede poner en duda que los funcionarios del gran Servicio de Impuestos Internos -es efectivamente un gran servicio- son, dirigidos adecuadamente, una reserva moral para Chile. Con la modernización del Servicio han logrado evitar las evasiones tributarias. Por ejemplo, hoy en día es posible cruzar toda la información relativa a las facturas que se emiten en nuestro país. Ese avance tecnológico permite saber exactamente quién es el dueño de la factura, quién la recibe y quién cobra finalmente el crédito fiscal, el IVA en este caso, a que ella da lugar. Eso es algo que no teníamos antes y que, debo reconocerlo, ha permitido la modernización de Impuestos Internos. Puedo decir, de acuerdo con una experiencia personal, que todos los negocios realizados por nosotros, diputados de la República, fueron revisados minuciosamente durante dos años. Finalmente, nos estimaron absolutamente limpios de toda falta y por eso tenemos autoridad moral para opinar en esta Sala. Aplaudo que eso sea posible. El diputado Alvarado habló de acoso al referirse a la contratación de mayor personal; pero, en definitiva, ¿saben en qué se va a transformar el Servicio con estas normas? En una policía tributaria, como la que existe en Italia, por ejemplo, donde los inspectores incluso usan uniforme. Para ser consecuente con lo que he señalado, cabe reconocer que con la tecnología actual es perfectamente posible revisar la contabilidad de cada chileno o empresario del país, con el propósito de impedir la evasión tributaria; pero no podemos permitir que funcionarios se presten para fiscalizar, a la salida de los negocios, qué persona sale sin la boleta de compraventa, cuyo monto, a veces, puede ser de 300 ó 400 pesos. Esto refleja una distorsión en los valores, conceptos y funciones que se quieren asignar a ese personal. Es muy importante crear los tribunales tributarios, porque no es posible obligar a Impuestos Internos a ser juez y parte. Este es un tema que podría haberse planteado durante el debate y así sentir, tal vez, que estábamos apoyando su creación. La amortización acelerada en las grandes inversiones -lo saben bien los funcionarios de Impuestos Internos-, es una manera de evadir el pago de impuestos, lo que, elegantemente, en el proyecto, se califica como una elusión. Significa, dentro de la ley, reducir impuestos que deberían pagarse en forma adecuada y oportuna, y en su valor real, a Impuestos Internos. Comparto plenamente la necesidad de revisar esta norma, a fin de impedir la evasión tributaria. En resumen, los evasores están notificados. Son sinónimo de delincuentes, y vamos a tener una policía tributaria que los acosará y buscará la mejor manera de acusarlos ante Impuestos Internos, llevarlos a los tribunales y obligarlos a pagar. En Chile hay una cultura tributaria que la gente adquirió en el pasado y que le permitió tener conciencia de que se deben pagar los impuestos. Un camino utilizado fueron las premiaciones a las boletas de compraventa, las cuales constituyeron un incentivo real para que la gente no saliera de los negocios sin exigirlas. Hoy no existe eso, pero en el país se aprendió que había que pagar 18 por ciento por concepto del IVA, impuesto al valor agregado. Los trabajadores que ganan 150 mil o 200 mil pesos al mes deben saber que están siendo fiscalizados y que pagan anualmente dos sueldos por concepto de impuesto. Esa cultura tributaria está establecida en nuestra chilenidad y nos permite decir hoy que ella existe. Vuelvo a insistir en que, sin duda, son indispensables las modificaciones que se introducirán en el Código Tributario y en la normativa que rige el Servicio de Aduanas, pues están orientadas a evitar la evasión. Por el contrario, rechazaremos en la discusión particular todas las que dicen relación con el aumento de la carga tributaria, porque creemos que Chile sólo saldrá de su estancamiento una vez que los impuestos sean más bajos. Una última consideración. La contradicción que significa aprobar un impuesto al pisco más alto que el que tenía, es una demostración de que estamos tratando, por una parte, de implantar un sistema para evitar la evasión en el pago de impuestos y, por otra, de subir los impuestos a un producto nacional, el cual ha quedado desprotegido de la posibilidad de tener una diferencia de impuesto con los alcoholes importados, que era lo que realmente buscábamos. Finalmente, anuncio que voy a rechazar la idea de legislar, porque si bien el proyecto tiene como objetivo terminar con la evasión tributaria, sus normas no apuntan en la dirección correcta para sacar definitivamente a Chile del subdesarrollo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. Al Partido por la Democracia le quedan 13 minutos. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, intervengo como miembro de la Comisión de Hacienda y representante de la bancada del Partido por la Democracia. Los comentarios aquí vertidos nos hacen pensar que éstos se refieren a un proyecto diferente, pues no guardan relación con la idea de legislar y el contenido de este proyecto, tan importante para el país. La iniciativa tiene por objeto dar bienestar social a la gente, va en contra de la miseria y no es contrario a las grandes ni a las pequeñas empresas. Como dice su nombre, se establecen normas legales para evitar que se sigan evadiendo las siderales sumas que se han señalado: 4 mil millones de dólares. A lo mejor, no comparto la idea de policía tributaria; pero resulta evidente que para evitar una elusión o evasión de 4 mil millones de dólares es preciso contar con el sacrificado y capacitado personal del Servicio de Impuestos Internos. Este proyecto, que introduce modificaciones más sustantivas en materia de procedimiento, de control y cumplimiento de obligaciones tributarias, pretende dotar al Estado, específicamente a la administración tributaria -Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos-, de los insumos normativos, materiales y humanos para combatir el flagelo de la evasión y las prácticas asociadas a la elusión. Con este proyecto, el Presidente de la República confirma su compromiso de allegar nuevos recursos al erario sin recurrir a un aumento de las tasas impositivas que pudiera significar un encarecimiento de los costos y, por ende, perjudicar el desenvolvimiento de la economía nacional con una nueva reforma tributaria en los momentos de crisis que vive la economía mundial, cuyos efectos, por supuesto, son traspasados a la nuestra. Este punto no puede perderse de vista, porque la proposición de ley -cuya discusión auguro será larga y activa- se enmarca lisa y llanamente en crear condiciones para que pueda exigirse a los contribuyentes el pago de impuestos vigentes y en ningún caso someterlos a nuevos impuestos -como aquí se ha dicho- o a tasas más gravosas para ellos y sus empresas. En cuanto a la presentación de la iniciativa, creemos que ella es oportuna, toda vez que, como fruto del proceso recesivo del cual vamos saliendo lentamente, es necesario y urgente profundizar los programas sociales con el objeto de llevar la solidaridad y la justicia social a la mesa de todos los ciudadanos: a los de la ciudad y a los del empobrecido mundo rural, que orgullosamente represento en esta Sala. Este proyecto busca terminar con una serie de situaciones anómalas que, en la práctica, facilitan eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y sancionar más drásticamente a quienes vulneran las leyes tributarias. La situación del IVA es de suyo compleja, pues existen verdaderas mafias que, históricamente, han trabajado como organización fuera de la ley, con la finalidad de defraudar al Estado consiguiendo créditos fiscales a los que no tienen derecho y a descontar impuestos de la misma forma. Estos son atributos de que carece la mayoría de los chilenos al no ser consecuentes con lo que el país necesita: honorabilidad, legalidad. Pero si somos tan pocos, necesitamos de alguien que nos dirija, y por ello concuerdo plenamente con la modernización para optimizar la eficiencia en los organismos de la administración tributaria. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el aumento de 539 funcionarios que requiere el Servicio de Impuestos Internos. Otro aspecto fundamental es el que dice relación con las normas que regulan orgánica y funcionalmente a la administración tributaria, en especial Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas. Lamentablemente, existe una polémica entre estas reparticiones, pues compiten permanentemente, y sus funcionarios son discriminados unos en relación con los otros, de manera no conveniente para la nación. Por ello me referiré sucintamente a algunos puntos de esta polémica, que han sido resueltos de distinta forma por la Comisión de Hacienda, la que, en algunos casos, procedió a aprobar y, en otros, a rechazar la propuesta del Gobierno. Dichas normas, según algunos expertos, lesionarían las funciones y atribuciones de la Tesorería General de la República. Por ejemplo, el artículo que facultaba a los directores regionales de Impuestos Internos para comunicar a los contribuyentes su estado de cumplimiento o incumplimiento tributario, incluyendo el pago o no pago y la devolución de los impuestos de competencia del Servicio, lo cual efectuaría la Tesorería General de la República cuando realizara la cobranza administrativa o judicial. Para la Comisión, esta norma duplicaba el trabajo de los servicios de la administración tributaria, atentando contra el principio de la coordinación, unidad de gestión y separación de funciones. Por ello, hoy se entregan mayores atribuciones al Servicio de Tesorería, tales como el fortalecimiento y agilidad de la cobranza administrativa, eficacia y eficiencia en la cobranza judicial propiamente tal. Esta función era tremendamente anhelada por su máxima autoridad, el tesorero general de la República, señor Gianni Lambertini, y, por supuesto, por la asociación gremial de empleados de Tesorería. También el Servicio Nacional de Aduanas mejora el control de los regímenes suspensivos arancelarios, especialmente en lo que respecta a los almacenes particulares de importación. Asimismo, mejora la adopción del acuerdo de valorización de la OMC para enfrentar la subvaloración de los precios en algunos sectores aquí comentados. Según la Comisión, se duplican las normas de trabajo. Por eso estamos inmersos en una polémica sin la debida autorización que pudiéramos darnos como parlamentarios para fijar un procedimiento que se considera inconveniente. En este punto, la Comisión rechazó la disposición que obliga a los contribuyentes que tengan cuenta corriente bancaria a someterse a un nuevo sistema de pago, lo cual -a nuestro juicio- era un exceso y, al mismo tiempo, vulneraba la norma general de nuestra legislación tributaria, por cuanto la función recaudadora de todos los ingresos del sector público debe ser efectuada por el Servicio de Tesorería. Por haberme adentrado en temas de por sí áridos y muy técnicos, pero importantes porque debemos tomar conciencia de la implicancia que tienen los aspectos señalados para el futuro de las instituciones tributarias del país, quiero agregar una materia que nace de la bancada del PPD y en especial del diputado Eugenio Tuma. Me voy a referir a ella porque ha sido respaldada por el Ejecutivo y va en beneficio directo de las Pymes, de las cuales tanto se comenta y se dice favorecer sin que ello corresponda a la realidad. En este caso, sí. Los pequeños productores o comerciantes sufren una situación de injusticia cuando sus clientes les pagan el IVA de manera atrasada. En efecto, ellos deben enterarlo al mes siguiente de la transacción; pero la demora les provoca un desfinanciamiento en sus empresas, lo que redunda en problemas de competencia y capacidad de gestión de las mismas. El Gobierno ha aceptado, con algunas modificaciones, la propuesta de la bancada del Partido por la Democracia por su alto contenido social y, sobre todo, por su efecto reactivador de la economía, ya que el pago al productor, vendedor o prestador del servicio, incluido el IVA, llega actualmente 3 ó 4 meses después de haber sido otorgada la factura. La solución se establece en el artículo 5º, letra b), que dice: “...en que el contribuyente pague una fracción del precio o remuneración a lo menos equivalente al monto del impuesto que grave la operación respectiva, independientemente del plazo o condición de pago convenidos con el vendedor o prestador del servicio”. El director del Servicio de Impuestos Internos explicó que muchas empresas les pagan a sus proveedores -como decía el proyecto original de la bancada- a tres meses o más. En virtud de esta indicación, quien no pague el IVA a sus proveedores no podrá utilizar el crédito respectivo en un mes distinto de aquel en que se extendió la factura. Termino formulando un llamado a la generosidad para ser solidarios con quienes están llamados a ser los beneficiarios de estas normas: todos los chilenos humildes que necesitan de programas sociales de apoyo. Se trata de generar las condiciones para que paguen sus impuestos quienes deben hacerlo, pero en ningún caso hacer más gravoso el pago de los mismos. Esa es la idea del Gobierno y en ese espíritu solidario y de respeto a la dignidad de la gente, la bancada del PPD aprobará la iniciativa del Ejecutivo en su discusión general. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, es difícil referirse a este proyecto, respecto del cual se ha dicho que sólo pretende legislar sobre la evasión o la elusión tributaria, en circunstancias de que, en la práctica, es una reforma tributaria muy importante, que aumenta impuestos. Un informe de 130 páginas no es el reflejo de una reforma menor. Se trata de cambios sustanciales en la ley de la renta, en el Código Tributario, en el IVA, etcétera. En definitiva, ya sea porque adelanta, elimina o modifica los elementos para determinar la base imponible, aumenta impuestos. Es obvio que estamos de acuerdo con muchas disposiciones de la iniciativa y las hemos votado favorablemente. Por ejemplo, las normas sobre persecución de la evasión tributaria, conducta ilícita e ilegítima; las normas de coordinación entre los servicios; también concordamos con las asignaciones que van a recibir merecidamente muchas de las personas que trabajan en ellos y la modificación de algunas de las normas tributarias sustantivas. Más allá de aceptar o no las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos o de que nos asistan dudas, como señaló el diputado señor Ávila -que comparto-, sobre las metas de reducción de evasión, todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo concreto y real para disminuir la evasión tributaria, aun cuando tengamos diferencias en las formas de reducirla. A mi juicio, es mucho más fácil simplificar las normas tributarias y no agregar cada vez más excepciones, contraexcepciones y áreas grises que también surgen en el proyecto. Quiero hacer algunas observaciones generales, partiendo de la base de que estamos de acuerdo en disminuir la evasión, conducta ilegal e ilegítima; pero no creo que el Gobierno haya tenido una actitud adecuada -al menos como la ha presentado en términos públicos- en la lucha contra la supuesta elusión. Es necesario señalar que el término elusión sólo ha surgido por interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos, y lo que realmente significa es que los contribuyentes optimizan su carga tributaria, absolutamente dentro del marco de la ley. Por eso no acepto las consideraciones o ataques que dicen que se trata de una conducta ilegal, ilegítima o no válida. No, estamos hablando de normas legales que todos los contribuyentes pueden utilizar para mejorar su carga tributaria. En segundo lugar, no estamos dispuestos a otorgar nuevas facultades o atribuciones fiscalizadoras al Servicio de Impuestos Internos sin que existan tribunales independientes de primera instancia. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y lo seguiremos diciendo, no porque tengamos algún problema con los actuales fiscalizadores ni con sus autoridades -personalmente, tengo una excelente imagen del director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Etcheberry-, sino porque no podemos seguir con un régimen jurídico tributario en el que la primera instancia sigue en manos de quien es juez y parte, con dificultades para ir a una segunda instancia. Por eso, reitero: no vamos a aprobar nuevas facultades sin tribunales independientes. Lamentablemente, no nos basta el compromiso, la palabra -que creemos- del Gobierno de que va a enviar un proyecto, porque no podemos jugar con los derechos de los contribuyentes. Además, ese compromiso está en la legislación chilena desde 1967, cuando se dijo que los tribunales en primera instancia iban a estar en poder del Servicio de Impuestos Internos sólo por un lapso de seis meses, cosa que no ha sido así. Han pasado muchos años y la situación permanece igual. Por lo tanto, no podemos confiar en ese compromiso y esperaremos que el Gobierno envíe el proyecto. En tercer lugar, se ha dicho que el proyecto no aumenta los impuestos, en circunstancias de que en ciertos casos así sucede. Por ejemplo, antes no se pagaba IVA por la enajenación del activo fijo; ahora, sí. Entonces, es evidente que aumentan los impuestos. En realidad, la mayoría de las normas configuran, en la práctica, aumento de impuestos. No sube la tasa, sino que se modifican los elementos que sirven para determinar la base imponible. Se puede incrementar la tributación modificando las tasas, los hechos gravados o la base imponible. En este caso, al variar elementos como la depreciación, la utilización de pérdidas y muchos otros, lo que se hace es subir los impuestos o adelantar su pago. Por lo tanto, ante la inminencia de la aprobación del proyecto, sólo nos cabe decir que éste aumenta los impuestos. En cuarto lugar, con la exclusión de la norma, que bien ha explicado y defendido, como siempre, el diputado señor Enrique Jaramillo, hay muchas otras normas que en la práctica afectan a las Pymes, por ejemplo, en materia de IVA, en la utilización de crédito fiscal, etcétera. En quinto lugar, quiero decir que en la discusión particular del proyecto nos opondremos a numerosas disposiciones específicas, tanto en el IVA como en el Código Tributario. Por ejemplo, al establecimiento de nuevas sanciones que nos parecen absolutamente inadecuadas. Basta pensar en aquellas relacionadas con la no comparecencia -que es un derecho de los contribuyentes- o en las derivadas de una fiscalización en la que una persona es descubierta incurriendo en falta. Nos opondremos también a numerosas normas relativas al impuesto a la renta, que parecen impropias e inadecuadas a un sistema tributario moderno. Insisto en que para perseguir la evasión tributaria -tarea en la cual todos estamos comprometidos y para la que necesitamos nuevos funcionarios, disposición que también votaremos favorablemente- es mucho más fácil simplificar las normas tributarias y no seguir creando zonas grises. Por último, quiero destacar que la inmensa mayoría de los expertos que concurrieron a la Comisión de Hacienda estuvieron en contra de la totalidad de las normas sustantivas del proyecto. No me refiero sólo a la Sofofa o a la CPC, sino también al Colegio de Contadores de Chile, al Colegio de Abogados, a universidades, institutos profesionales y de estudios, los cuales demostraron que desde el punto de vista sustantivo -insisto, no me estoy refiriendo a las normas de aumento de planta funcionaria ni a las de adecuación de los servicios- los cambios en el IVA, en la ley de la renta y en el Código Tributario son absolutamente inadecuados y lesivos para el desarrollo nacional y, sobre todo, para poner en marcha la economía de nuestro país. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Cerrado el debate. Reitero a la Sala que el proyecto será votado, en general y en particular, el próximo miércoles a las 10.30 horas. El ministro de Hacienda, a quien le hicimos varias consultas, en especial relacionadas con el Servicio de Aduanas, me encargó en forma especial que expresara que las contestará el miércoles al inicio de la sesión. Además, está esperando la respuesta del director de Aduanas a la solicitud unánime de la Comisión de Hacienda. Él debió retirarse hace veinte minutos para asistir a una reunión en Santiago con su Excelencia el Presidente de la República. VIII. INCIDENTES NORMATIVA PARA COMBATIR LA EVASIÓN TRIBUTARIA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, me referiré al proyecto sobre evasión tributaria haciendo algunas observaciones que me parecen pertinentes. Los impuestos, históricamente, han sido molestos, porque una persona incorpora a su patrimonio una suma de dinero, pero luego la comunidad le exige que restituya una parte para solucionar los problemas colectivos. Por eso alguien ha dicho que los impuestos son como la sombra al cuerpo: siempre lo siguen. Esto es tan antiguo que, cuando se dice que el fisco es juez y parte, tengo que recordar que la expresión fisco nace del latín “fiscus”, que era un canasto en el cual los recaudadores de impuestos recogían los tributos. San Pablo fue uno de aquellos que se paseaban por los campos de Galilea, Palestina, recogiendo los tributos, hasta su conversión en el camino a Damasco. Atendida la complejidad del proyecto, su reglamentación me parece más bien una circular de Impuestos Internos. No sé si la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en su afán de acentuar este carácter, escribió el proyecto en letra chica como una señal de no querer dar a conocer todo su contenido. Resulta difícil leerlo y desentrañar su verdadero objeto. En el proyecto no veo actitud alguna de benevolencia hacia los contribuyentes, ya que no contiene ninguna norma sobre condonación; tampoco advierto disposiciones que establezcan la declaración de la prescripción -hoy no puede ser declarada de oficio- ipso facto, en aquellos casos en que claramente ha transcurrido el tiempo requerido. No veo cuál es el objeto de que la deuda de un contribuyente permanezca cierta cantidad de años entre las deudas morosas, cuando es absolutamente incobrable, porque una de las tres excepciones que se pueden oponer es precisamente la de prescripción. Esa situación produce otro efecto malsano. Hoy muchos contribuyentes están fuera del control de Impuestos Internos, porque no se les timbran facturas ni boletas. Han pasado largo tiempo marginados del sistema tributario, exclusivamente porque aun, cuando existe computación muy avanzada, no se declara la prescripción de sus deudas, con lo cual podrían rehabilitarse y obtener timbraje de facturas y boletas, inscripción en el registro de contribuyentes del IVA e incorporarse a la vida económica chilena. De lo contrario, el país tendrá que seguir adelante con estos miles de personas que forman parte del mundo del comercio informal: no tienen permiso, no timbran documentos, son perseguidos, etcétera. En consecuencia, en ese punto el proyecto adolece de una clara omisión. Igual que otros señores diputados, pienso que el término elusión no es adecuado, aun cuando se emplea, por ejemplo, en el número 22 que se agrega al artículo 97 del Código Tributario, que dice: “El que maliciosamente y eludiendo las normas legales”. A mi juicio, lo correcto sería decir: “infringiendo las normas legales”. ¿Qué es eludir? Los relatores de fútbol dicen: “con gran habilidad eludió al defensor y metió un gol”; pero el proyecto no puede decir: eludiendo las normas legales”, porque éstas se cumplen o se infringen, pero no se eluden. Esta especie de burla, de finta que se hace por un costado, es muy difícil que llegue a constituir un delito, sobre todo, si además se dice: “El que maliciosamente...”. O sea, tiene que haber un dolo específico. A mi juicio, la persona que no paga impuestos, aprovechándose de los vacíos legales y de una norma incorrecta, no comete delito ni ninguna irregularidad; para que ese contribuyente tribute es menester que la propia ley establezca que lo tiene que hacer. Desde la dictación del Código Tributario, en 1959, el artículo 97 es el que ha sufrido la mayor cantidad de modificaciones. Cada vez que llega un nuevo fiscal al Servicio de Impuestos Internos, modifica la conducta, porque las defensas en los tribunales van creando situaciones de amparo que impiden aplicar las normas represivas. Integré el Consejo de Defensa del Estado y me tocó defender al Servicio de Impuestos Internos, donde, primero, se denunciaba un delito; luego, cuando se procesaba, existía otra conducta; cuando se acusaba, era distinta, y cuando se condenaba, había otra figura típica. En consecuencia, era todo un arte establecer un razonamiento que llevara a la conclusión de que esa conducta aún permanecía intacta, en circunstancias de que había sido modificada y objeto de alteraciones no sólo accidentales, sino también esenciales. En cuanto a los tribunales tributarios, hoy es posible, sin mayor gasto para el fisco, crear de alguna manera el principio de los tribunales tributarios, sobre todo, cuando ya en dos regiones existe justicia penal sin una competencia múltiple. Los juzgados civiles pueden hacerse cargo en primera instancia de esta materia, y en segunda instancia, salas especializadas de las cortes de apelaciones, y también la Corte Suprema. De tal manera que sería cuestión de modificar el Código Orgánico de Tribunales para establecer las competencias respectivas. Esa es una alternativa. La otra es que a los tribunales contencioso-administrativos, que la Constitución nos mandató crear, que existirían en cada capital de región, se les dé competencia tributaria. He dicho. AUMENTO DE CUPOS PARA PENSIONES ASISTENCIALES EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por 9 minutos, el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, de acuerdo con los antecedentes que manejo, en la Región del Maule existen alrededor de 110 mil personas de más de 60 años, y las proyecciones que se tienen -según algunas estadísticas oficiales extractadas del INE- es que entre los años 2000 y 2010 esta región será la tercera del país con mayor índice de vejez, es decir, por cada 100 menores de 15 años, habrá a lo menos 50 adultos mayores. Pues bien, esto nos crea un problema, y es necesario buscar maneras de compensar a esa región, que es una de las más pobres del país, con una población de 915 mil habitantes, de los cuales casi el 9 por ciento corresponde a personas de sesenta años o más. Nuestra situación de extrema pobreza nos hace pensar que allí existe una vulnerabilidad extrema, sobre todo si consideramos que el 13 por ciento de la población corresponde a indigentes y el 27 por ciento está dentro de la categoría de los pobres. Uno de nuestros propósitos -es lo que hoy, respetuosamente, reclamamos- es lograr que se aumente el escaso número de cupos de pensiones asistenciales que nos otorgan cada año. El último año fueron 1.980 beneficios nuevos, de los cuales se dedujeron las personas fallecidas y los beneficios que se han extinguido. Es decir, según las cifras que tengo en mi poder, en la práctica, solamente nos habrían quedado en forma neta 198 cupos adicionales. En verdad, poco podemos hacer con ellos -como digo- para una población altamente afectada por la pobreza y, además, creciente en cuanto al número de personas mayores de 60 años que sufren ese problema. Está claro que es necesario hacer un análisis mucho más detallado sobre la materia. Es aquí donde quisiéramos que el ministro del Trabajo, con mucha cordialidad, considerara los antecedentes del caso y consultara a nuestras autoridades regionales -el intendente, señor Norman Merchak, está muy preocupado del tema-, a fin de que se realice una evaluación real y objetiva relacionada con los datos de la población que manejamos. No estoy en contra de otras regiones, pero las cifras de que disponemos demuestran que algunas -proporcionalmente, con menor población de edad avanzada y, de acuerdo con las encuestas Casen, con menores índices de pobreza- reciben más subsidios que nosotros. De manera que es necesario hacer un análisis focalizado y en el terreno, con las cifras correspondientes a cada una de las treinta comunas de la Región del Maule, trabajadas por gente que conoce el tema, y no teóricamente desde una oficina -no voy a decir burocrática- en Santiago. Este año esperamos contar con un número más razonable de cupos de pensiones asistenciales que las 198 reales que recibimos en 2000, para lo cual es necesaria la intervención del ministro del Trabajo. Apelamos a él para que nos informe sobre los análisis realizados y dónde radica esta insuficiencia que afecta a la Región del Maule, que, una vez más, está siendo postergada. Es de esperar que tengamos una respuesta positiva, a fin de llevar un poco de alivio a ese porcentaje tan alto de los 915 mil habitantes de nuestra región, que hoy día tienen muy pocas esperanzas de obtener ingresos, y que sólo pueden conseguirlos a través de la ayuda que constituyen las pensiones asistenciales. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. CREACIÓN DE ZONA FRANCA EN ANTOFAGASTA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la honorable diputada señorita Antonella Sciaraffia. Restan cuatro minutos al Comité Demócrata Cristiano. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que ha causado preocupación en mi provincia, Iquique. En el marco de un tratado suscrito por Chile y Paraguay, en 1968, se acordó la creación de una zona franca paraguaya en Antofagasta, y de una zona franca chilena en Paraguay. Por eso, por su intermedio, quiero reiterar que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que se cumpla lo planteado originalmente, en cuanto a que antes de poner en marcha esa zona franca, por lo menos, se analizaría la posibilidad de que podría convertirse en una medida muy negativa para Iquique, puesto que podría captar los mercados brasileño y paraguayo, que son los más importantes con que cuenta la Zona Franca de Iquique. Además, nuestra ciudad se ha visto afectada muy fuertemente por un alto índice de cesantía, que llega prácticamente al 10 por ciento. Es de esperar que las medidas que adopte el Gobierno, en particular la Cancillería, sean coherentes con los esfuerzos que se están haciendo para reactivar la Zofri, razón por la cual la creación de la zona franca de Antofagasta, obviamente, resulta negativa. Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear, para que en su próxima visita a nuestra ciudad se preocupe de este tema y reciba a la comunidad de Iquique, organizada en su comando de defensa, a fin de expresarle nuestra preocupación, y evitar que, una vez más, se cometa otro error, tal como ocurrió con la aprobación de la ley Arica II. Se trata de nivelar hacia arriba, no hacia abajo, y seguir creciendo en armonía, sin generar más preocupación y más desempleo como el que ya afecta a la provincia de Iquique. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará copia de su intervención. COBROS EXCESIVOS E IRREGULARIDADES EN INSTITUTO ANGLO-CHILENO DE MAIPÚ. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional, al cual la UDI ha cedido su tiempo de 9 minutos y medio. Por lo tanto, dicho Comité dispone de 23 minutos. En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, debido a las innumerables dificultades que está sufriendo el centro de padres y apoderados del Instituto Anglo-Chileno, ubicado en la comuna de Maipú, deseo hacer una breve relación de hechos y, a continuación, solicitar la intervención decidida -y espero que eficiente- de la señora ministra de Educación. En julio de 1998, el Ministerio de Educación notificó a los sostenedores que debían comunicar por escrito, antes del 30 de octubre de ese año, a los padres y apoderados sobre los cobros por efectuar en 1999, 2000 y 2001, así como también sobre los tres establecimientos de educación gratuita del sector, en el caso de que los aranceles no pudieran ser pagados por los padres y apoderados. Esa resolución de la autoridad ministerial tuvo como consecuencia que el sostenedor del Instituto Anglo-Chileno reajustara la cuota de escolaridad entre el 80 y el 110 por ciento, en circunstancias de que en esa época los sueldos de los padres y apoderados fueron reajustados sólo entre 3 y 4 por ciento. Con posterioridad, con fecha 8 de agosto recién pasado, la Unión Comunal de Centros de Padres de Maipú, en respuesta al llamado del Presidente de la República, informó a la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin, de la tramitación burocrática de que habían sido objeto por parte de las anteriores autoridades ministeriales. Frente a los innumerables requerimientos y denuncias presentados por la Unión Comunal de Centros de Padres de Maipú, sólo podemos informar que fueron derivados a diferentes asesores y subalternos, quienes les dieron por respuesta “que no está entre sus facultades y atribuciones la solución a sus denuncias y requerimientos”. Cabe preguntarse, entonces, si no es el Ministerio de Educación el que tiene las facultades, atribuciones y responsabilidad de controlar el cumplimiento de la legislación vigente, en resguardo de los derechos de los padres y apoderados, ¿quién la tiene? En tercer término, por instrucciones de la señora ministra de Educación, su jefe de gabinete, señor Eugenio Severín, convocó para el lunes 30 de octubre del año recién pasado a una reunión, donde debían estar presentes el secretario ministerial de la Región Metropolitana, la jefa provincial de la zona poniente, el presidente de la Unión comunal de Centros de Padres, don Darío Pavez, y el directorio del centro de padres del Instituto Anglo-Chileno. Sin embargo, a esa reunión no asistieron las autoridades mencionadas, sino que se encontraron en ella el presidente nacional de los sostenedores, el presidente nacional de los colegios particulares, el presidente comunal de los sostenedores de Maipú y el director del Instituto Anglo-Chileno. Nosotros nos preguntamos: ¿quién controla el cumplimiento de la ley? ¿Acaso son los sostenedores o el sostenedor o es, en realidad, el Ministerio de Educación? En cuarto lugar, como resultado de la determinación del jefe de gabinete de la señora ministra de Educación, los padres y apoderados debieron aceptar cobros excesivo en intereses y multas por parte del sostenedor de este instituto, que en algunos casos sobrepasan el 60 por ciento del valor de la deuda, transgrediendo con esto también la ley de defensa del consumidor. Además, los padres y apoderados han sufrido por parte del sostenedor medidas represivas y amedrentadoras, como la cancelación de las matrículas de sus alumnos, situación ocurrida en el Instituto Anglo-Chileno y en el colegio San José, donde se canceló la matrícula de todos los hijos de los miembros del directorio del centro de padres, a los de los familiares de éstos y a los de todos los padres y apoderados que están relacionados con los dirigentes del centro de padres, acusándolos de activistas revolucionarios. Luego, el 22 de diciembre pasado, en reunión sostenida con la asesora del secretario ministerial de la Región Metropolitana, señora Yenny Stonne, se le preguntó qué fundamento legal tuvo el secretario ministerial de la Región Metropolitana para autorizar al sostenedor el cobro de 27.600 pesos como cuota de incorporación, cuando el decreto Nº 5, de 1993, sólo faculta al Ministerio de Educación para que, mediante decreto exento, fije el cobro del derecho de matrícula por una sola vez al año, cantidad que no puede exceder el 20 por ciento de la unidad tributaria mensual, que para el 2001 fue fijada en 3.409 pesos. Además, este cobro es válido sólo para los alumnos de educación media, en circunstancias de que el sostenedor del colegio citado cobra por alumno 27.600 pesos desde kínder a 4º medio, lo cual es inaceptable e ilegal. Finalmente, la secretaría ministerial de la Región Metropolitana instruyó al sostenedor del Instituto Anglo-Chileno para devolver los cobros efectuados por concepto de matrícula, cobrados indebidamente en 1999 y 2000, suma que ascendía a la cantidad de 40 mil pesos por alumno. El sostenedor procedió a devolver la suma de 30 mil pesos, devolución ficticia, ya que esa cantidad fue exigida para pagar la cuota de incorporación para el 2001, situación que no logramos comprender ni entender. Si el sostenedor debe devolver los cobros efectuados en los años 1999 y 2000 por ser indebidos, ¿qué razón o justificación existe para que éstos sean legales el 2001? En resumen, podemos entender que la ley de Subvenciones y la ley orgánica constitucional de Enseñanza no se están aplicando en forma correcta. A mayor abundamiento, la señora ministra de Educación, en declaraciones que merecieron la atención de toda la prensa de la Región Metropolitana, anunciaba que había recibido 7.225 denuncias por cobros indebidos en los colegios subvencionados. En publicaciones que tengo a la vista, agregaba que “una de las medidas que podría aplicar el Ministerio es retener parcialmente la subvención escolar del establecimiento que realice cobros ilegales”. También hizo referencia a “lo que se puede y lo que no se debe requerir”, indicando entre lo último, ciertamente, que no se puede cobrar derechos de matrículas, salvo en los terceros y cuartos medios. Señalaba que esto es improcedente en los kínder. Planteaba que, incluso, estaban habilitando una línea 800 para dar un tratamiento especial a estos temas. Eso señalaba la ministra de Educación al finalizar el mes de octubre del año recién pasado. Y ahora, frente a los hechos que estoy denunciando, podemos ver y certificar que la gente dependiente de la señora ministra no ha escuchado las declaraciones de la jefa del Ministerio y mantiene este tipo de cobro y esta relación, un poco especial, con los sostenedores. Por ello solicito oficiar a la señora ministra de Educación, a la que pido transcribir mis observaciones y solicitarle que dé respuestas a mis requerimientos, a fin de llevar, en cierta medida, tranquilidad al centro de apoderados no sólo del Instituto Anglo-Chileno, sino que a los de muchos otros establecimientos educacionales de la comuna de Maipú. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, al que se adjuntará el texto de su intervención. CALIFICACIÓN DE URGENCIA PARA PROYECTO MODIFICATORIO DE LA LEY DE ALCOHOLES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, hoy la Sala discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado, que grava las bebidas alcohólicas que se indican. La iniciativa ha sido mal llamada modificación a la ley de alcoholes. No se trata de eso, sino que es una modificación al artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974, que tiene que ver con el impuesto adicional al IVA. Me gustaría que eso quedara claro aquí. Al respecto, el problema se suscita porque bebidas alcohólicas extranjeras, como el whisky, tienen un impuesto mucho más alto que las bebidas nacionales, por lo cual, durante casi diez años, la Organización Mundial del Comercio ha reclamado que aquí hay un trato discriminatorio y ha exhortado a Chile a resolver el problema, pues, en caso contrario, el país podría ser sancionado. Con posterioridad a varios reclamos, Chile designó un árbitro, que el 21 de marzo del año pasado manifestó que se otorgaba un plazo de un año a partir de esa fecha para resolver el problema. De no ser así, el país tendrá serias sanciones comerciales. Los problemas para Chile han sido obvios, y por eso ha costado tanto resolver esta situación. Por una parte, si baja el precio del whisky, el consumo de alcohol se verá afectado, y por otra, si Chile no cumple con los compromisos internacionales que ha suscrito, también se verán perjudicadas nuestras exportaciones, las que, de hecho, ya bajaron este año en más del 8 por ciento. Por lo tanto, el Gobierno envió un proyecto para tratar de resolver el “impasse” y nos deja a todos contentos. La Cámara lo aprobó por 65 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. Ésta, quizás, sea la menos mala de las soluciones, pero probablemente no es la perfecta. Nunca es bueno bajar el precio de los alcoholes, y en eso estamos todos de acuerdo. Concordamos también en que si, por una parte, disminuye el consumo de pisco, habrá mayor cesantía en el área pisquera, y si descienden las exportaciones, también aumentará la cesantía y, con ello, el alcoholismo. El diputado señor Palma, don Andrés, que es muy vehemente en sus opiniones, está en contra del proyecto, porque al bajar el precio de las bebidas alcohólicas aumenta su consumo, lo que promueve el alcoholismo. En este sentido, no puedo estar en desacuerdo con él; pero quiero recordar que durante diez años hemos estado discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre alcoholes -en la actualidad se encuentra en el Senado-, respecto del cual ningún parlamentario de la Concertación, ni el diputado señor Andrés Palma, han pedido que se le otorgue real importancia ni la urgencia que requiere. Todos sabemos que en esa iniciativa podemos introducir las normas necesarias para tratar de resolver el problema del consumo excesivo de alcohol y el alcoholismo, pues prohíbe la venta de alcohol a menores, castiga el clandestinaje, regula la ubicación de las botillerías y aumenta en forma significativa las multas, las que son destinadas a la prevención y rehabilitación de los alcohólicos. Es decir, tenemos el lugar exacto donde discutir cómo ayudar a resolver y prevenir el problema del alcoholismo. Señor Presidente, por su intermedio solicito, una vez más, al Gobierno, a los diputados de la Concertación y a todos los interesados en enfrentar el problema del consumo excesivo de alcohol en nuestro país, que se otorgue urgencia al proyecto, que lleva diez años de tramitación y que hoy se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, a fin de que, ojalá, este año podamos despacharlo y así enfrentar este problema. Sé que la diputada señora Laura Soto ha colaborado en esto, y por eso le pido también su apoyo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio al ministro secretario general de la Presidencia, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Laura Soto y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Gustavo Alessandri, Carlos Kuschel, Mario Bertolino, Manuel Rojas y José Miguel Ortiz. CAMBIOS EN CONTRATOS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS EN LOCALIDADES RURALES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, quiero referirme a la situación producida en localidades rurales de la Cuarta Región, cuyos habitantes disponen, desde hace bastante tiempo, de teléfonos de la Compañía Telefónica. Sin mediar más aviso que una carta enviada en el mes de octubre, se les informó que a partir del 1 de enero de este año se les cambiaría su número de teléfono y que, además, pasarían a ser considerados de larga distancia los llamados que se hacen desde o hacia esos teléfonos. En verdad, estos suscriptores no tuvieron la oportunidad de conocer el cambio ni de modificar su contrato, suscrito hace bastante tiempo. Es decir, les cambiaron las reglas del juego y ellos no pudieron hacer nada. Además, el valor que se les cobra por minuto es bastante superior al que se cobra por larga distancia. Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que informe sobre la legalidad con que ha actuado esta empresa respecto de sus suscriptores. Además, al ministro de Economía, a fin de que, a través del Sernac de la Cuarta Región, pueda hacerse cargo de esta denuncia y ver en qué forma han sido afectados en sus derechos tales suscriptores. Las zonas rurales, que ya se encuentran retrasadas tanto en los servicios de comunicaciones como en el trato que les dan las autoridades, con esto han sido pasadas a llevar, pues se les han conculcado sus derechos a los suscriptores de teléfonos, aun cuando tenían un contrato. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Carlos Kuschel, Manuel Rojas y Gustavo Alessandri. OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES Y MEDIDAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Hacienda, con el objeto de que aumenten la cantidad de pensiones asistenciales en la región que represento, en proporción a las necesidades que existen en ella. La Décima Región tiene la mayor cantidad de trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia, por lo cual hay mayor cantidad de pequeños agricultores y microempresarios que en el resto del país, sobre todo en actividades pesqueras, de servicios y agrícolas, que no reciben atención en forma oportuna, porque no hicieron las imposiciones requeridas para jubilar. En segundo lugar, pido que se oficie a los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas y del Interior, y a los alcaldes de Calbuco, Maullín y Puerto Montt, a fin de que adopten las medidas necesarias para evitar las inundaciones que se producen con las lluvias. Si en enero hemos sido afectados por inundaciones, imagínense lo que sucederá en pleno invierno. Casi me da vergüenza insistir sobre lo mismo, pero cada vez que llueve un poco, se inundan las poblaciones, sobre todo las del sector alto de Puerto Montt y la 15 de Septiembre, en Calbuco. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Mario Bertolino, Manuel Rojas, Gustavo Alessandri y Patricio Melero. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE FUEGOS ARTIFICIALES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el 25 de mayo del año 2000 se promulgó la ley Nº 19.680, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, que prohíbe la venta a particulares de fuegos artificiales, como una forma de cautelar un problema de salud pública: la enorme cantidad de niños que resultaban quemados año a año, en especial las vísperas y durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Con ocasión de esas fiestas, los dos años anteriores se quemaron 70 y 68 niños, respectivamente, y este año, gracias a dicha ley, de la cual tengo la honra de ser uno de sus autores, pero que contó con el apoyo resuelto de la Cámara y del Senado, podemos señalar que en la Navidad y Año Nuevo pasados se redujeron en 84 por ciento las quemaduras por fuegos artificiales de uso doméstico. Esto significa que sólo se quemaron diez niños, cinco en la Región Metropolitana y cinco en el resto del país. Ello demuestra la eficiencia de la ley. Algunos tuvieron dudas al respecto y señalaron que se podía producir mayor venta clandestina; otros, que no habría el adecuado control. Es bueno hacer resaltar esto, porque muchas veces se critican las leyes y al Congreso Nacional. Ahora tenemos el ejemplo de una ley que produjo un efecto real en una medida de salud pública como es evitar las quemaduras en los niños. Debemos destacar también el esfuerzo realizado por la Corporación de Ayuda al Niño Quemado y por el Ministerio de Salud, tanto en la persona del entonces ministro señor Álex Figueroa como de la actual ministra señora Bachelet, lo que permitió hacer realidad el proyecto respectivo. Del total de los diez casos de quemados que se produjeron este año, nueve son varones, cuyas edades fluctúan entre los cuatro y los 14 años de edad; cinco casos corresponden a la Región Metropolitana y los otros, a las regiones Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Octava. Hemos dado un paso adelante, pues se dio solución a un gran desafío. Sin embargo, los hechos ocurridos en la comuna de Maipú en un espectáculo pirotécnico masivo, distinto de lo que corrigió la ley -la prohibición de venta de fuegos artificiales en forma individual-, merecen ahora nuestra atención. Sin duda, los espectáculos pirotécnicos de magnitud han ido creciendo en popularidad y extendiéndose a lo largo de todo el territorio. Ya no sólo los municipios efectúan estos espectáculos, como el de Valparaíso, para el Año Nuevo, o el de Santiago, en la torre Entel, sino también otras empresas. Es ahí donde hoy día hay que poner el acento. Necesitamos hacernos cargo, en forma urgente, de la nueva realidad que enfrenta el país. Por eso es necesario modificar el reglamento que regula el uso de fuegos artificiales, contenido en la ley de Control de Armas y Explosivos, cuya aplicación y supervisión corresponden al Ministerio de Defensa, para evitar situaciones como la que vivieron los habitantes de la comuna de Maipú, destacando que, de no haber mediado la ley que aprobamos, se habrían sumado a esa tragedia 60 ó 70 casos de niños quemados. Aunque la dictación de esa legislación ha sido un avance importante, ahora debemos preocuparnos de perfeccionar su aplicación. Por las razones expuestas, ruego que se oficie al señor ministro de Defensa Nacional para que tenga a bien informarnos cuáles son las modificaciones que se introducirán al reglamento de la ley de Control de Armas y Explosivos en lo relativo al control de espectáculos pirotécnicos masivos y cuándo se pondrán en práctica. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y, para mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Bertolino, Rojas y Alessandri. IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE BENEFICIO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, muchas veces he insistido en la Sala sobre la necesidad de aprovechar de la mejor manera los escasos recursos con que cuenta el Estado, sobre todo para apoyar a los pequeños y medianos agricultores del país. Hoy me referiré, en forma muy especial, a los de la Décima Región de Los Lagos. Esa zona, eminentemente ganadera y lechera, trata de superar con energía, creatividad y mucho trabajo de su gente las dificultades de la agricultura tradicional, que crecientemente ha ido perdiendo competitividad frente a los productos importados. Sabido es por todos que el Mercosur grava dañinamente nuestra actividad agrícola. También hemos podido detectar en el proyecto que el Ministerio de Agricultura entrega como beneficio para paliar lo comentado, un programa de fertilización de praderas degradadas, administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero, que a continuación explico. Algunos grandes propietarios agrícolas, para acceder a este instrumento de fomento a que tienen derecho, participan en estos concursos previa división meramente formal de sus grandes predios, para lo cual arriendan parte de éstos a sus propios familiares o a personas vinculadas con ellos, a fin de que grandes extensiones de tierra de un propietario queden afectas a esta ayuda estatal, que trata de beneficiar a los que más necesitan. Como se comprenderá, es en absoluto anormal, aunque formalmente regular, pues lo que el Estado persigue en sus políticas públicas de apoyo a esta agricultura es la optimización del gasto, lo que sólo se logra focalizando los escasos recursos disponibles. En atención a ello, que me parece de urgente corrección, solicito que se oficie, en mi nombre, al ministro de Agricultura, para que me informe, a la brevedad, lo siguiente: Primero, reglamentación de los concursos del Servicio Agrícola Ganadero para bonificaciones de praderas degradadas; segundo, montos de los fondos entregados en el año 2000 en cada región del país; tercero, nómina completa, con individualización de los propietarios, arrendatarios o simples tenedores y de los predios beneficiados con la bonificación en la Décima Región de Los Lagos; cuarto, medidas correctivas posibles de adoptar para evitar situaciones de abuso como la descrita. Para mejor ilustración del señor ministro, pido que se acompañe copia de esta intervención, por la cual me permito hacer un llamado de atención a la política del Ministerio de Agricultura. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE COBRO DE DIGEDER POR USO DE PISCINA OLÍMPICA DE ANTOFAGASTA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En los dos minutos que restan, tiene la palabra el honorable diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Dirección General de Deportes, Región Antofagasta, en relación con la situación que está enfrentando la Asociación de Natación de nuestra localidad, la cual, lamentablemente, por razones de fuerza mayor debidas a los altos costos que está cobrando la Digeder de Antofagasta por el uso de la piscina, no pudo llevar a efecto el campeonato nacional que se iba a realizar hace dos o tres semanas. Lamento mucho que hoy, en la prensa regional, se hubieran publicado titulares como “Sólo piden nadar”. Para quienes amamos el deporte y la recreación, por cuanto constituyen para nosotros una cultura y una razón de vida, eso nos afecta sobremanera. Por esa razón, a quienes nacimos y fuimos criados en Antofagasta, que conocemos la historia de la piscina olímpica que allí existe, que se creó para dar vida a la natación, el waterpolo y los saltos ornamentales, nos preocupa que hoy, por políticas distorsionadas, a lo mejor, o que o no se han definido con claridad a través del nuevo director de la Digeder, la Asociación de Natación deba efectuar sus prácticas en el balneario municipal o en otros lugares, como playas abiertas. Por lo tanto, me hago parte de la reclamación que se hace frente al cobro abusivo que está realizando la Digeder. Está a punto de cumplirse la esperanza de mucha gente con la promulgación de la ley del Deporte, el próximo viernes, por lo cual, sin duda, éste es un lunar muy negro para la práctica deportiva, en especial en mi ciudad de Antofagasta. Por eso, pido que se oficie a la Digeder de Antofagasta para que nos informe sobre las consideraciones que se tuvieron para tomar la medida de cobrar altos precios por el uso de andariveles y de la piscina olímpica de Antofagasta. Agradezco al Partido por la Democracia el tiempo que me ha cedido para hacer uso de la palabra. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al Ministerio de Defensa, del cual depende la Digeder, y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del honorable diputado señor Jaramillo. Habiéndose cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 16.08 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.