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El señor COLOMA.-
Señor Presidente, después del brillante informe del Senador señor Moreira , quiero subrayar la importancia de los dos elementos centrales de este proyecto, que aborda en el fondo una realidad que se arrastra desde hace muchos años y que dificulta el funcionar de Carabineros de Chile.
En primer lugar -y varias personas me lo plantearon en su momento-, deseo referirme a lo que ocurre cuando hay deterioro de los equipos o vehículos institucionales utilizados por los efectivos policiales en el ejercicio de sus funciones.
Según la legislación actual, ante un accidente provocado a raíz de una persecución policial, los carabineros quedan expuestos a que se descuente de sus remuneraciones cualquier tipo de gasto en que se incurra.
Obviamente, eso constituye un desincentivo al uso razonable de los recursos disponibles cuando se está ante un bien público, como es el ejercicio de la función policial para resguardar la seguridad ciudadana.
No me parece razonable que no exista una norma como la contenida en la iniciativa en examen, que establece el derecho del carabinero "a que no se le descuente de las remuneraciones cualquier tipo de gasto en que incurra la institución para financiar la reparación de equipos y, o vehículos institucionales".
En segundo lugar -tal como se explicó-, se busca otorgar al efectivo policial el derecho a que los gastos de atención médica originados por accidentes en actos de servicio o enfermedad como consecuencia del ejercicio de sus funciones sean pagados sin necesidad de un informe administrativo previo.
En el presente proyecto se propone que la resolución administrativa fundada deberá dictarse en un período de treinta días para calificar el acto respectivo.
Anteriormente -y me alegro de que los Diputados autores de la moción hayan tomado la iniciativa al respecto-, se daba una situación compleja: a veces el efectivo policial debía someterse a una intervención hospitalaria por un accidente o enfermedad producida en el ejercicio de su cargo, pero no sabía si la causa de ello iba a considerarse "acto de servicio" o no, cuestión que se requería en forma previa para no pagar los gastos médicos.
Se trata de cosas simples, pero afectan a 35 mil funcionarios de Carabineros, la institución más prestigiada de Chile. Por más que algunos no la destaquen, en cualquier encuesta ciudadana marca entre los primeros lugares en credibilidad y confianza.
Eso no se logra por casualidad, sino por su manera de servir a la población; por su estructura cultural y de mando, y por el respeto que le brindan las comunidades de Arica a Punta Arenas, particularmente en momentos de dificultad.
Entonces, parece razonable que, cuando uno quiere a una institución, se preocupe de que funcione mejor.
Hemos advertido dos aspectos que no operan bien.
El primero es el caso evidente e inadvertido -sin quererlo, naturalmente- del personal que produce daño a un equipo o vehículo policial en el ejercicio de sus funciones y que se ve expuesto a tener que pagar los gastos de reparación, lo cual constituye un terrible desincentivo para volver a utilizar ese tipo de equipamiento tan importante para la defensa de las personas.
Y lo mismo ocurre con las enfermedades que se producen a raíz de las actuaciones propias del cargo. Y son muchas, porque es grande la cantidad de funcionarios.
Lo anterior no se relaciona con una forma distinta de entender la institución, sino con el deseo de ayudar al personal policial para mejorar sus condiciones de vida. Ellos han hecho de Carabineros un orgullo.
Por eso, señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Ojalá que este Senado, en la sesión correspondiente, lo respalde de igual manera.
He dicho.
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