REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 343�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 9�, en mi�rcoles 8 de noviembre de 2000 Ordinaria (De 16:19 a 19:12) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESI�N III.TRAMITACI�N DE ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL D�A: Sesi�n secreta: se adopta resoluci�n sobre solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a (bolet�n N� S 519-04) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica el C�digo de Aguas (876-09) (queda pendiente su discusi�n general) Homenaje a don Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia (se rinde) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, el se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social, y los se�ores Subsecretario de Obras P�blicas y Director General de Aguas. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:19, en presencia de 21 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 6�, ordinaria, en 18 de octubre del a�o en curso, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 7�, ordinaria, en 31 de octubre del presente a�o, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficio Del se�or Subsecretario de Pesca, con el que contesta dos oficios enviados en nombre del Senador se�or Moreno, relativos a la regulaci�n de la pesca deportiva. --Queda a disposici�n de los se�ores Senadores. Solicitud Del se�or H�ctor Guillermo Olivares, con la que pide la rehabilitaci�n de su ciudadan�a (Bolet�n N� S 523-04). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Algunos de los integrantes de la Comisi�n Mixta de Presupuestos �en especial los Senadores que tienen inter�s en intervenir en los dos primeros proyectos del Orden del D�a de hoy, entre ellos los Honorables se�ores Ominami (Presidente de esa Comisi�n), Boeninger, Novoa y Prat, entre otros--, debido a los plazos para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos, me han solicitado que la iniciativa sobre seguro de desempleo �cuya aprobaci�n requiere qu�rum de ley org�nica- sea discutida y despachada en general en el primer lugar de la sesi�n ordinaria del martes pr�ximo. Trat� de informar de ello al se�or Ministro del Trabajo, pero no pude hacerlo, porque ten�a que viajar. Similar petici�n �es decir, no tratarlo en esta oportunidad- se hizo respecto del proyecto sobre otorgamiento de pensiones a trav�s de rentas vitalicias, el cual tambi�n necesita votaci�n especial. Si as� se resolviera, continuar�amos ahora la discusi�n iniciada ayer relativa a la modificaci�n del C�digo de Aguas. He avisado al se�or Ministro de Obras P�blicas, quien ha pedido que lo represente el Subsecretario de la Cartera. �ste junto con el Director de Aguas se encuentran afuera, en espera de que se resuelva su ingreso a la Sala. Pido al Senado que se facilite el despacho de la tabla de hoy, con el tratamiento inmediato, como si fuera de f�cil despacho, del informe de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�do en la solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a del se�or Ricardo Demetrio Werlinger Padilla. �Habr�a acuerdo? El se�or P�REZ.- Entonces, los proyectos sobre rentas vitalicias y seguro de desempleo no se ver�an hoy. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No, se�or Senador. Adem�s, no se votar�a ahora el proyecto sobre el C�digo de Aguas; s�lo continuar�a su discusi�n. Hay varios se�ores Senadores inscritos. El compromiso es no votarlo hoy, ya que tambi�n requiere qu�rum especial. El se�or HAMILTON.- �Cu�ndo se votar�a, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se determinar� cuando finalice su discusi�n. No se puede saber cu�ndo. El se�or SABAG.- Debe quedar claro lo siguiente: la discusi�n debate sobre el proyecto que modifica el C�digo de Aguas contin�a ahora y prosigue en otra sesi�n; o sea, no se clausura el debate. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El martes comenzar�amos el Orden del D�a con el proyecto sobre el seguro de desempleo y, luego, seguir�amos con el C�digo de Aguas. La se�ora MATTA.- Hoy d�a, se�or Presidente, no se vota. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No, se�or Senador. Si le parece a la Sala, as� se proceder�a. Acordado. V. ORDEN DEL D�A El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a constituir la Sala en sesi�n secreta. SESI�N SECRETA --Se constituy� la Sala en sesi�n secreta a las 16:23 y adopt� resoluci�n respecto de la solicitud de rehabilitaci�n de ciudadan�a del se�or Ricardo Demetrio Werlinger Padilla. --Se reanud� la sesi�n p�blica a las 16:26. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la sesi�n p�blica. MODIFICACI�N DE C�DIGO DE AGUAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En segundo lugar, corresponde continuar la discusi�n general del proyecto de ley de la C�mara de Diputados sobre modificaci�n del C�digo de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras P�blicas, de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Hacienda. --Ingresan a la Sala los se�ores Subsecretario de Obras P�blicas y el Director de Aguas, ya autorizados para hacerlo. --Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 26�, en26 de agosto de 1997. Informes de Comisi�n: Obras P�blicas, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Constituci�n, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Hacienda, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Discusi�n: Sesi�n 8�, en 7 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusi�n general). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por no encontrarse presente en la Sala el Senador Horvath, el primer inscrito para esta sesi�n, tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- De acuerdo con las atribuciones del se�or Presidente, le solicito mantener mi derecho para el lugar subsiguiente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, mi intervenci�n tiene m�s bien por objeto plantear dos cosas. Primero �este punto se relaciona directamente con el problema del agua y, dada su disminuci�n paulatina y progresiva tanto en el hemisferio sur como en el resto del planeta-, la necesidad de que el Supremo Gobierno adopte las medidas tendientes a que el vital elemento sea parte de un tratamiento de concepci�n de seguridad nacional, por ser tan importante como el petr�leo, por ejemplo. De modo que es imprescindible que, junto con el C�digo de Aguas, se implemente una pol�tica de Estado respecto de los recursos h�dricos nacionales, porque evidentemente ellos est�n disminuyendo. Los acu�feros est�n contaminados, las nieves han disminuido, hay menos filtraci�n y la disponibilidad de aguas subterr�neas se ha reducido aceleradamente, junto con el aumento de su utilizaci�n y la mala tecnolog�a empleada en el uso del agua de superficie. En segundo lugar, echo de menos en el c�digo en cuesti�n un cap�tulo referente a la conveniencia de considerar la obtenci�n del agua por otras fuentes que no sean las naturales. Me refiero al derretimiento de las nieves, a las lluvias o a las aguas acumuladas en lagos o en acu�feros, cuando es subterr�nea, y a la. evaporaci�n del agua de mar. Estos aspectos debieran estar ya consignados en la legislaci�n para facilitar la instalaci�n de plantas desalinizadoras que empleen m�todos modernos, los cuales son, por supuesto, m�s baratos y eficientes que los antiguos, y para que el agua que as� se logre pueda ser destinada tambi�n al uso agr�cola, industrial y humano. Tales son los dos aspectos que deseaba poner en conocimiento del se�or Ministro al debatirse en general esta iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, el tema relacionado con el C�digo de Aguas es, por cierto, extremadamente complejo y dif�cil, sobre todo a partir de la realidad que justifica la existencia del proyecto en debate. Esto se vincula con la no utilizaci�n de las aguas, principalmente en el �mbito de los derechos no consuntivos. A partir de ah� se ha generado la necesidad, por motivos de car�cter social y de abrir este espacio a la inversi�n, de una legislaci�n bastante compleja que ha motivado un proyecto de modificaci�n del C�digo de Aguas, que aun cuando lleva muchos a�os de tramite ha dado lugar a cuestionamientos de distinta naturaleza. Esta circunstancia nos oblig� a hacer presente -particularmente en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento del Senado, que analiz� y que inform� esta iniciativa, como han podido apreciar Sus Se�or�as- la inconveniencia que representa la introducci�n de ciertas instituciones como la patente por el no uso de los derechos de aguas y, al mismo tiempo, las inquietudes que concitan las atribuciones que se confieren a la Direcci�n General de Aguas y al Ejecutivo en lo fundamental, por el car�cter discrecional de las mismas. En cuanto al primero de los temas, hay temores de distinta naturaleza. La patente por la no utilizaci�n provoca dudas de �ndole constitucional y t�cnico. En el primer aspecto, acerca del cual hubo una larga discusi�n en la Comisi�n de Constituci�n, sin poder llegar a un acuerdo, las principales inquietudes que motivan las dudas de constitucionalidad se refieren a los siguientes puntos. El primero de ellos dice relaci�n a las facultades esenciales del dominio, porque la Carta Fundamental, al regular este derecho en el inciso final del N� 24 del art�culo 19, se�ala que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgar�n a sus titulares la propiedad sobre ellos". Y la propiedad sobre los derechos de agua implica introducir en ella las facultades esenciales del dominio que tienen sus titulares sobre los derechos de aprovechamiento, en este caso, de las aguas. Parte esencial en los atributos del dominio es precisamente el uso, goce y disposici�n del bien corporal o incorporal sobre el cual recae la titularidad del dominio. En este proyecto, al establecerse un cobro especial por la no utilizaci�n del elemento, estamos introduciendo una carga que limita el ejercicio del dominio en un aspecto muy esencial como el uso, porque el no uso es una atribuci�n de que dispone precisamente el titular del dominio. En consecuencia, se abre aqu� una situaci�n sumamente compleja y discutible. Es cierto que los atributos del dominio pueden ser objeto de limitaciones. Sin embargo, cuando �stas se justifican, la ley establece ciertos caminos, por ejemplo, el de la expropiaci�n. Es posible recurrir a este procedimiento; no obstante, no estamos hablando de eso, sino de una patente que, como voy a explicar, es un tributo, lo cual genera una complicaci�n adicional. Por eso, hay aqu�, desde un punto de vista constitucional, un primer aspecto, que ha merecido reparos por parte de un constitucionalista como don Ra�l Bertelsen en el seno de nuestra Comisi�n. Un segundo tema se refiere al establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. El que estemos frente a uno no es algo que sea discutible. La idea de la patente dice relaci�n al hecho de que no existe una contraprestaci�n por parte del Estado. Por ello, estamos en presencia de un verdadero impuesto por el no uso, que, por lo dem�s, es bastante elevado (era tan alto que el propio Ejecutivo lo rebaj� en la discusi�n que sostuvimos en la Comisi�n de Constituci�n). Sin embargo, �ste sigue siendo extremadamente elevado, y el transcurso del tiempo agrava todav�a m�s el monto que se cobra por la patente, lo cual hace estos tributos se conviertan en manifiestamente desproporcionados o injustos, cuesti�n que est� especialmente representada en el Texto Constitucional, cuando se refiere a la materia. Finalmente, nos encontramos frente a un problema de igualdad ante la ley y de no discriminaci�n arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia econ�mica. Aqu� se distingue entre patentes por no uso de derechos consuntivos y de derechos no consuntivos, lo que genera una diferenciaci�n que trae consigo una escala de cobros enteramente distinta. No existe mayor justificaci�n objetiva para esto, salvo una situaci�n de hecho, que es la que se trata de combatir y que entendemos en el sentido �ltimo de la ley, pero no en el mecanismo utilizado para combatir la excesiva concentraci�n de los derechos no consuntivos en una sola mano, o en pocas, si se desea extender m�s a�n esto. No ocurre lo mismo en el caso de los derechos consuntivos. Sin embargo, la iniciativa establece una diferenciaci�n que no se funda en la naturaleza de los derechos, sino en una situaci�n de hecho y, por lo tanto, es una materia que no tiene, en s� misma, una justificaci�n racional, objetiva y, por tanto, da pie para pensar que no existe verdadera igualdad o que hay discriminaci�n en el trato que el Estado debe dar en materia econ�mica. Estas dudas de car�cter constitucional se hallan acompa�adas de otras de �ndole t�cnico. La verdad es que resulta absurdo -y no es el h�bito de nuestra legislaci�n- castigar el no uso de los derechos. Pareciera que se trata de una situaci�n confusa y contradictoria que induce, desde el punto de vista econ�mico, a comportamientos equivocados. Desde luego -como lo hicieron presente algunos economistas en la Comisi�n de Hacienda-, es un incentivo al mal uso del elemento. Los acad�micos se�ores Andr�s G�mez-Lobo y Ricardo Paredes se�alaron que tal vez ser�a mejor cobrar una patente el solo hecho de ser titular de un derecho de agua, sin distinguir entre su uso o no uso. Ello, por la sencilla raz�n de que si hay un cobro por el no uso, el incentivo al mal uso es espont�neo, autom�tico. Esta situaci�n, obviamente, genera un absurdo de car�cter econ�mico que es cuestionado desde la perspectiva de la teor�a econ�mica respecto de lo que eso significa. Y -agregan los mencionados economistas- si acaso se produjera una concentraci�n generando ineficacias en el mercado como asignador de recursos, la respuesta natural no es introducir un mecanismo que genera incentivos equivocados, sino m�s bien encargarle a un organismo espec�fico -como la Comisi�n Antimonopolio- que resuelva los problemas existentes cuando se forma un poder de mercado excesivo, porque son ellos los que determinan si efectivamente se producen abusos asociados a este exceso de poder. Por otra parte, tan absurda es la situaci�n de esta patente, que no s�lo se ha conformado con el cobro de estos derechos cuando se trata de derechos efectivos que se poseen, sino que, tambi�n (a pesar de que la Comisi�n de Constituci�n lo elimin�), la Comisi�n de Hacienda restituy� la posibilidad de cobros de patentes de no uso a los derechos eventuales. Esto resulta extremadamente delicado. �Por qu�? �Cu�ndo estamos frente a un derecho eventual? El derecho eventual es aquel que faculta a utilizar las aguas s�lo cuando los titulares de derechos de aprovechamiento permanente hayan sido previamente abastecidos en su totalidad (cosa que rara vez ocurre). Y, adem�s de eso, estos derechos eventuales se satisfacen por orden de su fecha, por lo cual quienes poseen derechos m�s remotos tienen menos probabilidades de ser alguna vez abastecidos. Sin embargo, a pesar de esta situaci�n, se establece -porque la Comisi�n de Hacienda lo repuso, pues en la de Constituci�n lo hab�amos eliminado-, que tambi�n hay pago de patente por no uso de los derechos eventuales. Se�or Presidente, quiero manifestar que esta situaci�n me parece absolutamente absurda. Es m�s, estimo que se est� creando una obligaci�n imposible de cumplir. Al respecto, el Senador se�or Aburto, al fundar su rechazo en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, se�al� que esto no s�lo constituye una falta de equidad, sino, adem�s, una obligaci�n sin causa, toda vez que si no hay aguas disponibles, no se puede ejercer el derecho de aprovechamiento eventual. Empero, a pesar de que no pueda ejercerse el derecho, se est� cobrando por el no uso del mismo. Es decir, la voluntad del legislador en este proyecto lleva a un extremo considerablemente discutible. Hay, tambi�n, inquietudes respecto a la comparaci�n que se ha hecho de esta patente como si fuera semejante a la patente minera. Desgraciadamente, por razones de tiempo no voy a poder analizar este punto. Pero la verdad es que no tienen ninguna vinculaci�n, puesto que existen reg�menes completamente diferentes. Adicionalmente a las preocupaciones que desde un punto de vista constitucional y t�cnico me representan el establecimiento de la patente por no uso, quisiera se�alar que estamos disponibles para legislar sobre la creaci�n de una patente de aguas, que se cobre independientemente del uso y que, por esa v�a, se puedan evitar los perjuicios que esto traer� en el funcionamiento econ�mico del pa�s. En el seno de nuestra Comisi�n recogimos muchas inquietudes de distintos �mbitos productivos, en donde todos, cual m�s cual menos, plantearon la tremenda inquietud por el marco macroecon�mico que se establec�a al generar este esquema de patente por el no uso. En el sector agr�cola, obviamente, el pago de una patente por no uso de los derechos consuntivos genera una preocupaci�n a quienes tienen predios regados y que por uno u otro motivo, o no tienen las obras que les permitir�an apelar a la presunci�n que establece la ley o, simplemente, por una u otra temporada no riegan, porque �sa es su voluntad. Ciertamente genera una inquietud injustificada, puesto que, adem�s, ser�a un pago adicional sobre uno que ya existe, porque las contribuciones de bienes ra�ces de los predios rurales incluyen dentro de su tasaci�n el hecho de ser o no regado. Por lo tanto, si a un predio que ya paga contribuciones adicionales por riego le cobramos una patente por no uso, se estar�a en medio de una contradicci�n, a menos que cambie la tasaci�n de ese predio para compensar lo que no est� siendo recibido por el otro lado. Pareciera que aqu� hay un exceso de materia. En el �mbito de la miner�a tambi�n se han levantado inquietudes, desde luego porque los proyectos demoran a�os en establecerse y el pago, aunque concede cierta gracia, puede recuperarse. Cuando un proyecto minero tiene cuarenta o cincuenta a�os -como han ocurrido muchos en el pa�s-, obviamente, esto genera un desincentivo a la inversi�n minera demasiado considerable. Por eso, un pago de patente de agua, independientemente de consideraciones de uso o no uso, pareciera ser el camino que evitara el da�o social que pudiera traer consigo el no uso de las aguas, sobre todo en el �mbito de los derechos no consuntivos, que son realmente aquellos respecto de los cuales el proyecto quiere afectar. Porque en el terreno de los derechos consuntivos pr�cticamente no hay derechos que queden por otorgarse. En los no consuntivos, hay un porcentaje muy elevado. Se habla de cerca de 70 por ciento que estar�a en una sola mano, y eso, evidentemente, produce problemas que deber�an ser corregidos. Espero que esta materia -he elaborado un anteproyecto- la podamos discutir, si acaso as� se tiene por conveniente. Respecto del otro tema que mencion�, aparte las dudas constitucionales y t�cnicas referidas a la patente misma, surge una inquietud cuando uno analiza el proyecto en su globalidad. Lo revis� despu�s de un tiempo en que no estuve involucrado en �l y, efectivamente, tengo una tremenda inquietud por las considerables atribuciones que entrega a la Direcci�n General de Aguas. As�, por ejemplo, en el caso del art�culo 140 del respectivo C�digo, que se propone sustituir, se agrega la exigencia de presentar una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer. No se ve muy claramente la justificaci�n de esto. Desde luego, el titular del derecho puede enajenarlo a un tercero, no importando los motivos que tuvo para solicitarlo. Adem�s, podr�a prestarse para que eventualmente dicha repartici�n pueda rechazar discrecionalmente un derecho. Reitero: se trata de una atribuci�n que puede prestarse para una posible arbitrariedad. Eso, por un lado. En segundo lugar, en el art�culo 147 bis, que faculta a la Direcci�n General de Aguas para denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento en determinados casos, aparte las muchas situaciones que plantea, la Comisi�n de Hacienda agreg� un n�mero nuevo, que otorga al Presidente de la Rep�blica la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Direcci�n General de Aguas, por circunstancias excepcionales y de inter�s general, disponga la denegaci�n total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Aqu� estamos ante una decisi�n absolutamente discrecional del Jefe del Estado para, con informe de la referida repartici�n, decir que, por inter�s general y sin que esto tenga un contenido expl�cito ni justificaci�n objetiva, se deniega o limita la solicitud. En mi concepto, se est� cambiando sustancialmente la naturaleza del r�gimen de aguas vigente en Chile y entreg�ndoselo, por medio de los dos mecanismos que acabo de se�alar, a un organismo administrativo para que disponga de �l. En relaci�n con el art�culo 141, desde el momento que se elimina el inciso final de la norma vigente, que obliga a la Direcci�n General de Aguas a constituir el derecho, en caso de que no se hayan presentado oposiciones, siempre que exista disponibilidad del recurso y sea legalmente procedente, dicha repartici�n no estar� obligada a hacerlo cuando medien esas condiciones. Reitero: estamos entregando a la Direcci�n General de Aguas un c�mulo de atribuciones discrecionales, lo cual nos hace pensar que en una materia de suyo delicada, con tanta incidencia en el desarrollo econ�mico del pa�s, ello no parece conveniente, menos a�n con las reglas econ�micas que rigen el desarrollo del pa�s en la actualidad. En resumen, manifiesto mi inquietud respecto de la constitucionalidad de la patente por no uso de las aguas, adem�s de las dudas sustanciales que ella genera, desde el punto de vista t�cnico, por las consideraciones que brevemente he expuesto. Y no obstante considerar razonable �tal es el �nimo que ha imperado en el debate en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, en su momento- y conveniente buscar alg�n instrumento que evite el da�o social que puedan representar eventuales circunstancias por el no uso de las aguas, manifestamos nuestra absoluta disposici�n a contribuir con un anteproyecto al establecimiento de un r�gimen de patentes de aguas que evite esa dificultad. Subrayo tambi�n que el proyecto, adem�s de establecer un mecanismo que presenta dudas constitucionales y t�cnicas, concede amplias facultades discrecionales a la Direcci�n General de Aguas, lo cual ha despertado enorme reticencia en distintos �mbitos del sector productivo, lo que para nosotros, por las caracter�sticas del r�gimen econ�mico en aplicaci�n y dentro de la filosof�a constitucional que rige al pa�s, no pareciera ser especialmente adecuado. Pretendemos que los organismos tengan las atribuciones que necesitan para desempe�arse, pero los �mbitos de discrecionalidad deben reducirse a su m�nima expresi�n. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, en verdad, �ste es un tema que para la Senadora que habla, representante de una Regi�n des�rtica, reviste importancia extrema. M�s a�n, creo que si en algo debemos trabajar muy especialmente, con la mirada puesta en las regiones es, justamente, en este proyecto. No puede darse el mismo trato a las distintas zonas del pa�s, a las que tienen agua porque llueve pr�cticamente a diario, o que las cruzan r�os, y a otras, como sucede en el norte, donde el l�quido elemento pasa a ser un elemento vital, esencial y m�s que necesario para la sobrevivencia. Es por eso que, desde hace mucho, nuestro inter�s ha sido mirar esta iniciativa desde un punto de vista muy particular. En la Segunda Regi�n hemos velado por el m�ximo aprovechamiento de las aguas: se llam� a licitaci�n para la desalinizaci�n de las del mar; tenemos gasoductos que traen gas natural desde Argentina, con lo cual estos procesos se abaratar�n; el borde costero est� saneado y pr�cticamente ning�n colector de aguas servidas termina en el oc�ano, y estamos recuper�ndolas. Para nosotros, es fundamental cautelar los derechos de agua. En la Regi�n que represento, normalmente se ha privilegiado el uso del vital elemento para la miner�a y dejado morir la agricultura, de la cual sobreviven el pueblo atacame�o y sectores muy importantes de la zona. Claro est� que ellos son menos numerosos que quienes trabajan en la miner�a; pero es de vital importancia que nuestra etnia sobreviva, se la proteja y se le d� el agua necesaria para subsistir. No queremos convertir a nuestra zona en un lugar en el cual, cuando termine la actividad minera, s�lo queden un hoyo y campamentos muertos, sino en uno donde tambi�n se desarrolle la agricultura, tal vez muy artesanal, en peque�a escala, pero no por eso vamos a dejarla morir. Ha habido una disputa permanente en materia de derechos de agua. Para nosotros, la ley en proyecto resulta fundamental. El agua no puede privatizarse; es un bien com�n que debe cautelarse de manera muy regulada; no podemos regalar los derechos de agua ni permitir que se haga comercio con ellos. Debemos proteger a las etnias, que tienen sus derechos de agua, y velar por que el vital elemento se utilice en la miner�a, pero sin que �sta la acumule o no la utilice, a la espera de proyectos mineros futuros. Al mismo tiempo, es necesario evitar que se desvalorice un quehacer importante de los pueblos originarios que han habitado esos lugares desde siempre. Eso tambi�n es hacer patria, como lo es mantener los poblados atacame�os y lograr que sobrevivan, o cautelar nuestras fronteras con Argentina, Bolivia y Per�. Queremos desarrollar ese mundo para que no muera. Para ellos -repito-, el agua resulta primordial. Por eso queremos que se regule y que el Estado, a trav�s de su Direcci�n de Aguas, tenga potestad para impedir por todos los medios la privatizaci�n del recurso o un aprovechamiento tal que termine con �l. Respetamos mucho a la miner�a y ojal� hubiera muchos otros yacimientos en la regi�n; pero no podemos darles toda el agua que pidan, que muchas veces no usan y la guardan; o utilizan las de origen fre�tico que, como todos saben, son f�ciles de recuperar, o las subterr�neas que extraen a trav�s de los salares, lo cual, al final, har� morir los r�os y cauces naturales. Los se�ores Senadores podr�n recordar los problemas suscitados con el r�o Loa. Nosotros aprendimos -y nuestros ni�os seguir�n haci�ndolo- que es el cauce del desierto m�s largo de Chile; pero no se est� ense�ando que est� pr�cticamente seco. Entonces, es muy bonito mostrarlo en el mapa; sin embargo, s�lo va quedando el cauce seco. Ni siquiera estamos protegiendo un r�o como el Loa, que sirve para estudiarlo, pero no para usarlo como corresponde. Por eso, consideramos adecuado sancionar de alguna manera, a trav�s de patentes, el no uso o el mal uso del agua. Y ello debe quedar claramente establecido, como se hace en el proyecto que nos ocupa. No nos parece inconstitucional la iniciativa, que involucrar� a todos los ciudadanos. No se trata �nicamente del agua de las regiones del centro y sur de Chile, en que se desarrolla de manera masiva la agricultura y donde muchas veces los derechos de agua vendidos quedan en pocas manos. Deseamos resguardar el agua, elemento vital para todos los habitantes del pa�s, desde la primera hasta la �ltima regi�n. Por lo tanto, esta iniciativa no s�lo debe mirarse desde la perspectiva de una zona agr�cola, sino tambi�n, y muy especialmente, desde el punto de vista de las regiones des�rticas, de donde proviene la mayor riqueza del pa�s: la miner�a. Estoy de acuerdo: protejamos la miner�a, d�mosle el agua que requiere; pero no dejemos morir a nuestros pueblos ancestrales, a nuestras etnias, quit�ndoles el agua, elemento vital para su sobrevivencia. Se�or Presidente, estoy absolutamente a favor del proyecto. Pienso que tiene todo aquello que sirve a las regiones. Con seguridad, m�s adelante podremos darle todav�a mayores matices regionales, porque las leyes, a pesar de que deben ser �tiles para todo el pa�s, sin duda han de contener matices locales muy claros. Y �sta es la m�s t�pica de las iniciativas donde hay que observar el pa�s en su conjunto, en su realidad. Las diferencias de Chile son muy extremas en cuanto a clima. Por lo tanto, un proyecto de C�digo de Aguas es especialmente sensible para esa realidad. Obviamente, votar� a favor de la iniciativa. Y, a mi entender, las mayores recomendaciones deben ir en la direcci�n de que la ley en proyecto sirva a todos, sin pensar s�lo en lo constitucional, que puede ser �til �nicamente a algunos sectores. Pensemos tambi�n en las zonas que no tienen mucha representaci�n; tal vez no son numerosas, pero cobijan a chilenos que necesitan nuestro apoyo y legislaciones humanas a su servicio. El pueblo atacame�o -lo saben las autoridades de Gobierno- ha trabajado largamente en sus derechos de agua. Porque tambi�n se comete el abuso tremendo de que personas con m�s conocimientos o mayores recursos compran derechos de agua ancestrales y, al final, hacen mal uso de ellos o los venden a empresas mineras en millones luego de haber malpagado o, muchas veces, enga�ado a los verdaderos due�os. Las materias en cuesti�n se cruzan con las de otros proyectos. Pero, sin duda, esta iniciativa ayudar� a configurar un desierto m�s humano, como corresponde a una sociedad moderna y globalizada. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, concurrir� con mi voto favorable al proyecto, que viene a corregir, aunque a mi juicio todav�a d�bilmente, las graves distorsiones del estatuto jur�dico actual, establecido en el C�digo de Aguas aprobado en 1981. Dicho estatuto genera graves distorsiones y una suerte de anarqu�a en el uso de un elemento tan fundamental como el agua, al punto que me atrevo a calificarlo de jur�dica y econ�micamente aberrante. Pienso que en pocas ocasiones como en �sta se da una conjunci�n tan perfecta de la defensa de intereses, que finalmente ha llevado a una gran monopolizaci�n de ese recurso vital, con una teor�a del funcionamiento del mercado de aguas que, despu�s de casi 20 a�os de aplicaci�n y no obstante que supuestamente iba a permitir una autorregulaci�n eficiente del uso de las aguas, ha demostrado ser absolutamente falsa. Se�alo lo anterior porque se ha aludido mucho a que estar�amos intentando cambiar reglas sanas del funcionamiento econ�mico. Me parece que no hay situaci�n m�s aberrante �y tratar� de demostrarlo-, desde los puntos de vista jur�dico y econ�mico, que la del C�digo de Aguas aprobado en 1981. La ley en proyecto, desgraciadamente, no corrige �y �sa es su limitaci�n- el origen de las aberraciones, que, a mi juicio, no es otro que la contradicci�n absoluta de la afirmaci�n -era muy dif�cil hacerlo de otra manera- de que las aguas son bienes nacionales de uso p�blico y, por tanto, se otorga a los particulares un derecho de aprovechamiento. Y aqu� se sigui� la vieja doctrina. Es evidente que el agua es un bien natural escaso, de usos m�ltiples y con demanda creciente de utilizaci�n �en Chile y en el resto del mundo-, la que algunas veces puede ser alternativa, y otras, complementaria: consumo humano, energ�tico, agr�cola, industrial, sin contar las funciones �ecol�gicas, y hasta tur�sticas- que cumplen los cauces y los dep�sitos de agua dulce. Claro resulta que el desarrollo en todos los planos significa un aumento creciente de la demanda de tan escaso recurso natural en los diversos pa�ses del mundo contempor�neo, y por supuesto en Chile, especialmente en sus zonas m�s �ridas, como se�al� reci�n la Honorable se�ora Frei. El C�digo de Aguas establece un derecho de aprovechamiento que no es tal, porque introduce de manera completamente artificiosa, bajo el t�tulo "Derecho de Aprovechamiento", algunas de las atribuciones del dominio y convierte a aqu�l en un derecho al que se pretende dar el car�cter de patrimonial. Entonces, la aberraci�n est� en el texto mismo de la ley. Es claro: privatizaron el agua. No pod�an decirlo, pues resulta muy violento, incluso en una dictadura, privatizar ese vital elemento; ser�a como privatizar el aire. Eso era excesivamente impresentable, incluso sin opini�n p�blica. No hay en el mundo un estatuto jur�dico del agua como �ste. Porque es completamente incompatible afirmar el car�cter de bien nacional de uso p�blico del agua y disponer que el derecho de aprovechamiento, que por tanto no deber�a ser un derecho de apropiaci�n total, tiene los mismos atributos del dominio. Cualquier abogado o jurista tendr�a que llegar a esa conclusi�n. Existe una contradicci�n en los t�rminos. Incluso, cuando se plantea que deseamos gravar el no aprovechamiento del derecho llamado "de aprovechamiento", nos dicen que estamos vulnerando (y lo sostiene gente estudiosa, sensata: el se�or Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia de la C�mara de Diputados, el Senador se�or Larra�n) un derecho de propiedad, el que no es tal, incluso en su definici�n formal. Creo que eso es una aberraci�n. Es aberrante establecer un derecho de aprovechamiento que no tiene precio. �l se adquiere por una v�a puramente administrativa, sin especificaci�n del aprovechamiento que se har� de lo que se reclama y sin precio. Se�or Presidente, no hay teor�a econ�mica alguna que pueda sustentar por qu� el mercado despu�s va a ser eficiente en la asignaci�n de un recurso que en su origen no tiene precio. D�ganme Sus Se�or�as qu� bien econ�mico no tiene precio en el mercado. Y aqu� se adquiere un bien, por v�a administrativa, sin precio. �Despu�s se viene a decir, por se�ores con t�tulos de universidades muy importantes pero que exponen una teor�a que en mi concepto no funciona, que el mercado regular� el buen uso! En condiciones de competencia, el mercado regula bien �muchas veces muy bien- distintos tipos de bienes. Pero una de las caracter�sticas de toda econom�a de mercado es que no hay bienes libres -ello me parece evidente- y, adem�s, que digan relaci�n al dominio. Pueden existir, s�, concesiones libres, temporales, etc�tera. Entonces, se advierte una contradicci�n. Hay un sistema aberrante y que ha provocado consecuencias aberrantes -eso es claro-: ha determinado que el bien de uso p�blico que nos ocupa se pueda convertir en un bien especulativo, en un bien no usado aun ante necesidades sociales evidentes, y ha llevado a una anarqu�a potencial, muy profunda, en todo lo que es la administraci�n de un recurso requerido para el desarrollo. Se registran muchas diferencias regionales, pero pr�cticamente en todo Chile el manejo de las aguas, sobre todo en el tiempo venidero, constituir� un elemento central. La ley en proyecto corrige en parte ese estatuto jur�dico aberrante. Y espero que con la maduraci�n del pa�s nos sea posible abocarnos, en otro momento legislativo, a la enmienda del tema de fondo. Porque en este instante no estamos resolviendo el problema central. Y quiero llamar la atenci�n al respecto. Por lo tanto, estimo que se da un paso que rectifica una situaci�n aberrante, pero no su ra�z, configurada por un ordenamiento que no se sostiene ni desde el punto de vista jur�dico ni desde el punto de vista econ�mico en una econom�a que desee ser efectivamente moderna y aprovechar bien sus recursos, que son escasos. Y se plantea la cuesti�n t�cnica. Lo que se pretende es castigar el no uso. En ese sentido, estoy de acuerdo. En la Comisi�n se efectu� todo el an�lisis sobre cu�l es la mejor forma de gravar, lo que significa generar las condiciones de un mercado de las aguas donde un elemento tan escaso, de todos los chilenos, no se use como bien patrimonial de quienes en alg�n momento adquirieron su propiedad. Como se dec�a ayer, parte de los titulares de grandes derechos son empresas el�ctricas privadas anteriormente p�blicas. Y, por ende, lo relativo a qui�n era el due�o de las aguas cuando aqu�llas eran p�blicas no revest�a la gravedad que adquiri� cuando se traspasaron todos los derechos a los nuevos propietarios particulares, sin mediar ninguna consideraci�n acerca de si las empresas iban a usar el recurso o no para su fin propio, que era la producci�n de electricidad. Es evidente que �sta no se puede obtener, en un sistema de empresas privadas como el chileno, que opera con bastante eficiencia en la generaci�n hidroel�ctrica, sin cierta seguridad jur�dica y econ�mica respecto de un insumo tan importante de esa industria como el agua. Pero ello, sin duda, debe ser puesto en funci�n de un derecho que �insisto- es de aprovechamiento. No reviste car�cter patrimonial, por lo menos el que se quiso establecer en la letra de la ley. Se ha discutido si gravar el uso en vez del no uso. Yo comparto m�s bien los argumentos �y �ste es ya un asunto puramente instrumental- en el sentido de que, t�cnicamente, ser�a muy dif�cil determinar un tipo eficiente de gravamen acerca del uso. Sobre esa base, me parece que gravar el no uso es una disposici�n razonable. Aprovechando la presencia de los se�ores Subsecretario de Obras P�blicas y Director General de Aguas, quiero manifestar una inquietud respecto de un tema que juzgo central, considerado en algunos de los Gobiernos anteriores durante los debates que precedieron a la larga discusi�n sobre las reformas del C�digo de Aguas y no incluido en el proyecto que nos ocupa, pero que tambi�n es muy urgente enfrentar. No se trata ya s�lo del estatuto jur�dico del aprovechamiento y utilizaci�n del agua, sino tambi�n de su manejo, y fundamentalmente del de las cuencas. Represento a dos provincias donde se hallan dos de las cuencas m�s importantes del pa�s. Una de ellas, sin duda, es la de mayor relevancia desde el punto de vista de la producci�n el�ctrica: la del Maule. Las �ltimas cifras indican que genera aproximadamente 50 por ciento de esa clase de energ�a. Adem�s, se encuentra ubicada en una zona fundamentalmente agr�cola. Se han presentado, en especial durante los �ltimos a�os, conflictos de intereses en el manejo de las aguas, los cuales son inherentes a la naturaleza del recurso y a la conjugaci�n de los derechos consuntivos y los no consuntivos. En la Regi�n que represento son recurrentes los conflictos de intereses entre regantes y productores hidroel�ctricos. Y no hay sistema ni autoridad que pueda regular el uso de los dos derechos cuando entran en contradicci�n. Esto �ltimo sucede, evidentemente, cuando el agua es escasa. En un pa�s que ha sufrido �y creo que ello seguir� sucediendo- cambios clim�ticos a veces tan extremos como los observados en los �ltimos a�os, la situaci�n es reiterada y no se ha podido resolverla. En la cuenca del Maule, adem�s, se registraron durante el a�o en curso grav�simas dificultades por anegamientos y p�rdida de suelos agr�colas, ya que en un momento no se contaba con ninguna autoridad capaz de regular el cauce del r�o del mismo nombre. Incluso, existen varias querellas de privados contra las empresas hidroel�ctricas, que manejan la descarga de la represa de Colb�n. Es evidente que el inter�s de ellas es mantener los dep�sitos de agua. Sin embargo, elementos bastante fundados, a mi juicio, revelan que medi� mucha imprudencia en las descargas hechas, lo que signific�, en las comunas de Maule y de Villa Alegre, la p�rdida de centenares de hect�reas. Ello es irreparable. Los suelos lavados por el r�o ya no se recuperar�n. Se�alo lo anterior como ejemplo de que es indispensable establecer un sistema de manejo de cuencas, para que una autoridad pueda dirimir los conflictos en ese �mbito y no intervengan, como hoy, los tribunales. Porque es evidente que tales situaciones se presentan estacionalmente. Resulta del todo absurdo que los tribunales de justicia deban administrar un recurso como el agua. Pueden dirimir despu�s las disputas o las p�rdidas ocasionadas, pero no son los llamados a resolver un sistema de preservaci�n y de manejo de cuencas. Y no s�lo cabe consignar la cuesti�n de los intereses distintos, sino tambi�n el hecho de que el manejo de nuestras cuencas ha sido de tal manera desprolijo y sin ning�n criterio de cuidado ambiental, que se han arruinado muchos suelos, como expres�. En el caso concreto de la cuenca del Mataquito, anualmente tanto los r�os Lontu� y Teno, que son los principales afluentes del Mataquito, como este �ltimo erosionan suelos agr�colas de alta calidad. Y esa p�rdida no es recuperable sino en cientos de a�os. Por lo tanto, en presencia de la autoridad pol�tica del Gobierno, subrayo el beneficio de dar car�cter prioritario al tema, que �entiendo- ha sido objeto de cierta discusi�n o prediscusi�n, de estudios, de proyectos. A mi juicio, es altamente conveniente que el pa�s se halle dotado de una institucionalidad capaz de establecer un manejo de cuencas que permita arbitrar los conflictos de intereses de los titulares de derechos al uso de aguas y, tambi�n, generar las condiciones para un aprovechamiento integral de las cuencas; para proteger la vida humana, que a veces corre peligro por el mal manejo de ellas; para preservar suelos de calidad agr�cola que, como dije, tardan cientos de a�os en formarse, etc�tera. Quisiera que, dentro de la programaci�n pol�tica legislativa del Ministerio de Obras P�blicas, ente encargado de llevar asuntos como el que nos ocupa, la generaci�n de dicha institucionalidad se incluyese entre las prioridades de los pr�ximos a�os. Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Vega. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, como todos sabemos, los objetivos centrales de la pol�tica econ�mica chilena -desde siempre y a largo plazo- son, primero, mantener una tasa de crecimiento elevada, estimada entre el 5 y el 7 por ciento anual y, segundo, mejorar significativamente la distribuci�n del ingreso a fin de terminar con la pobreza en un futuro previsible. Ambos objetivos -por cierto muy leg�timos- tienen importantes consecuencias para la estructura de la econom�a y para las principales �reas del desarrollo nacional. Estamos hablando de la seguridad nacional, de la soberan�a, de la autonom�a, etc�tera. Dichas implicancias, precisamente, determinan que las proyecciones acerca de los requerimientos de agua -en la hidroelectricidad, el riego, la industria, la miner�a, el agua potable, en fin- adquieran cada d�a una importancia m�s estrat�gica para todos nosotros. Por tal raz�n, el desarrollo del pa�s, en un escenario de uso intensivo del agua, requerir� de instancias institucionales muchos m�s eficientes para el aprovechamiento del recurso. En consecuencia, considero que se justifica revisar el marco legal vigente con el objeto de regular esta materia en forma apropiada. La legislaci�n sobre aguas que rige en Chile es �nica en el mundo, y es compatible con la din�mica econ�mica del momento, que las considera m�s como bien econ�mico que como parte fundamental para desarrollo de los pueblos, del ser humano y del bien com�n. Sobre esa base, los derechos originales de aprovechamiento de este bien nacional de uso p�blico son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares, quienes los solicitan para uso exclusivo. Actualmente, el sistema de su asignaci�n se caracteriza, primero, porque quien reclama el derecho para su aprovechamiento no est� obligado necesariamente a justificar la cantidad solicitada, y eso es un problema; segundo, porque la conservaci�n de los derechos en el tiempo no tiene un costo real para el potencial due�o; y, por �ltimo, porque no existe la obligaci�n para los titulares de usar este recurso fundamental. Lo anterior permite que los particulares presenten peticiones por cualquier caudal -sin que necesariamente existan proyectos para su utilizaci�n-, quedando la autoridad p�blica en la obligaci�n de darles curso. Esto es �nico en el mundo, ya que en los pa�ses desarrollados de Europa y en Estados Unidos se aplica el principio de que quien no usa el derecho lo pierde. Producto de este marco legal, existen en Chile derechos constituidos en el patrimonio de los particulares -de car�cter no consuntivos-, por 13 mil 500 metros c�bicos por segundo (ENDESA tiene el 70 por ciento de estos derechos), pero s�lo se utilizan menos de 2 mil. O sea, hay 11 mil 500 metros c�bicos por segundo que no se usan. Sus due�os no tienen ning�n incentivo para aprovecharlos y no se les puede multar ni quitarles el derecho. Pareciera que s�lo lo utilizan como una barrera de entrada para sus competidores. Es decir, Chile aplica un concepto opuesto al de los pa�ses desarrollados, por supuesto contradictorio con los principios de la econom�a de mercado en lo relativo a la sana competencia. Respecto del proyecto en an�lisis, se han manifestado diversas opiniones en cuanto al establecimiento de una patente para los derechos de agua no utilizados -o algo equivalente-, a la justificaci�n de las nuevas solicitudes y a las atribuciones que ahora se otorgan a la autoridad administrativa. Sobre el particular, el C�digo vigente reconoce plenamente los derechos de agua constituidos antes de 1981. Por lo tanto, sus titulares estaban en condiciones de regularizar su situaci�n ante los juzgados de letras. Seg�n la Direcci�n General de Aguas, se trata aproximadamente de 350 mil, pero en la actualidad s�lo tienen en regla su registro ante ese organismo alrededor de 15 mil. Es decir, no se hallan identificados ni registrados 335 mil, lo que complica enormemente cualquier soluci�n, siendo la alternativa m�s factible y directa la de implementar el pago de patentes, tema sujeto a una discusi�n m�s en detalle. En cuanto a la justificaci�n de la cantidad de agua solicitada y a la correspondiente autorizaci�n a particulares para usarla con exclusividad, me parece que debe otorgarse con la razonable convicci�n de que el requerimiento corresponde a una necesidad muy directa y real, y que no derivar� en un perjuicio -es lo que siempre debe evitarse respecto de esta normativa u otra-, dado que el agua es vital para el desarrollo de cada pueblo de Chile. Por lo tanto, estimo correcta la proposici�n en el sentido de establecer la obligaci�n de justificar la cantidad de agua solicitada, de tal forma que exista una concordancia entre los caudales y los fines invocados por el propio peticionario. Las nuevas facultades que contempla el proyecto para la administraci�n del recurso tienen como prop�sito reservarlo para abastecer a la poblaci�n o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, tema relacionado con su ordenamiento territorial -existen programas de este tipo en la Novena, Und�cima y Cuarta Regiones-, al no haber otras alternativas de abastecimiento posible, evitando con ello que, por la simple petici�n de un particular, se vea afectado el futuro de una poblaci�n o de una regi�n, como ha sucedido en algunos casos. El punto central es, entonces, que el actual C�digo de Aguas puso un �nfasis muy fuerte en el otorgamiento de mayores seguridades para que los privados obtuvieran derechos de agua, pero no incluy� ning�n contrapeso para controlar el recurso que se utilizar� efectivamente -produci�ndose numerosos problemas que se tratan de corregir con este proyecto-, y simult�neamente dar oportunidad a muchas otras iniciativas empresariales -tambi�n muy valederas y que promueven el desarrollo nacioal- dentro de un esquema de leg�tima competencia. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el agua -como bien ambiental, econ�mico y b�sico para el desarrollo de las naciones, y cuya regulaci�n es mundialmente aceptada- no est� resguardada en la actual legislaci�n. La importancia estrat�gica que el recurso h�drico adquirir� para Chile, a medida que cumpla las metas de crecimiento y alcance su pleno desarrollo, representa un verdadero fundamento m�s para adecuar racionalmente esta normativa a los escenarios de largo plazo, que constituyen para el pa�s los verdaderos desaf�os del ma�ana. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Canessa. El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que, por la materia sobre la cual versa -el agua y su regulaci�n jur�dica-, es de la m�s alta significaci�n e importancia, tomando en consideraci�n que este recurso natural, por diversas razones, se ha tornado escaso y lo seguir� siendo a�n m�s en el futuro. Es necesario tener en cuenta que el 97 por ciento de las aguas del planeta son saladas, que el 2 por ciento la constituyen los hielos polares y que tan s�lo el 1 por ciento es susceptible de ser utilizada en su estado natural por el hombre. Chile, obviamente, no escapa a esa realidad. A ello se debe la importancia de establecer una correcta regulaci�n jur�dica sobre el uso de este recurso h�drico. Nuestra actual legislaci�n, estipulada en el C�digo de Aguas de 1981, las define como bienes nacionales de uso p�blico, respecto de los cuales se puede conceder a los particulares un derecho real de aprovechamiento, con caracter�sticas similares al derecho de dominio en materia civil, para usar, gozar y disponer de �l al arbitrio de su titular. Este derecho se conced�a y se otorga en la actualidad de manera gratuita, y su objetivo es propender al desarrollo econ�mico de las actividades donde el agua se hace necesaria. En virtud de esta legislaci�n, del sostenido crecimiento econ�mico y del desarrollo social experimentado por el pa�s desde 1981 a la fecha, se ha generado una demanda sostenida de recursos h�dricos por parte de los distintos sectores usuarios, lo que ha llevado a que actualmente casi la totalidad de las aguas ya se encuentren entregadas a trav�s de este derecho de aprovechamiento. No obstante lo anterior y a pesar de la idea original del legislador de 1981 en el sentido de otorgar seguridad jur�dica tanto en la obtenci�n como en la disposici�n del derecho de aprovechamiento y, en definitiva, del uso de las aguas, hoy existen diversos titulares de ese derecho que no s�lo no realizan un empleo efectivo de ellas sino que simplemente no las utilizan en ninguna forma. De esta manera, el derecho de aprovechamiento en vez de constituir una funci�n generadora de inversiones -cual era la intenci�n del legislador de aquella �poca- ha pasado a ser una funci�n de car�cter especulativo cuyo �nico prop�sito es el lucro. La realidad legal imperante en este momento permite solicitar el aprovechamiento del recurso h�drico por cualquier caudal, sin que necesariamente exista alg�n proyecto espec�fico donde ser� utilizado. La autoridad p�blica tiene la obligaci�n de concederlo, sobre todo considerando que los derechos originales de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los requieran para un uso exclusivo, para lo cual s�lo deben cumplir algunos requisitos formales, y condicionados a que no se afecte el derecho de terceros. Es as� como, seg�n datos estad�sticos respecto de derechos de aprovechamiento de car�cter permanente y consuntivo, desde el r�o Biob�o hacia el norte pr�cticamente todos se encuentran constituidos, quedando en esta �rea s�lo los derechos h�dricos eventuales y de tipo subterr�neo. Situaciones como las descritas han tenido lugar al amparo de la normativa vigente, que las permite en su letra pero obviamente no en su esp�ritu, produciendo consecuentemente una acumulaci�n de aguas por parte de algunos titulares que las han solicitado s�lo con fines de acaparamiento y especulaci�n, colocando eventualmente barreras de entrada a otros competidores, que se ven privados de este vital recurso para sus proyectos de inversi�n. Por eso, es indispensable legislar sobre la materia para establecer mecanismos tendientes a corregir las deficiencias del sistema actual, pero teniendo en cuenta que debe mantenerse la libre comercializaci�n de los derechos de aprovechamiento de aguas, que sin lugar a dudas constituyen un adecuado y eficiente mecanismo de uso y asignaci�n del recurso. En este orden de ideas, el presente proyecto contiene un cuerpo org�nico de disposiciones cuyo objeto es vincular el derecho de aprovechamiento a un empleo justificado de las aguas, lo que guarda estrecha relaci�n y concordancia con el pago de una patente por el no uso de las mismas. De esa manera, quien posea un derecho de aprovechamiento deber� ocupar el agua a que �l se refiere, o pagar por su no utilizaci�n. En el evento de que no opte por alguna de tales alternativas, podr� renunciar a su derecho, posibilitando as� que otra persona haga un mejor empleo del recurso h�drico. Se ha criticado el sistema antes descrito aduciendo que atentar�a contra el dominio del titular sobre su derecho de aprovechamiento y lo desvirtuar�a en su esencia. No me parece que esto sea as�, ya que el derecho no se desvirt�a sino que simplemente se perfecciona en su aplicaci�n. Se�or Presidente, creo que la correcci�n que pretende introducir al sistema en vigor es la adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza del agua como bien social, ambiental y econ�mico, fundamental para el desarrollo de los pa�ses, particularmente del de Chile. Otras soluciones ser�an hoy inaplicables, por ejemplo la de cobrar una patente a todos los titulares de derechos de aprovechamiento sin entrar a discernir si emplean o no el agua. Para posibilitar esto deber�an determinarse claramente tanto el derecho que se pretende gravar como su titular, situaci�n que en nuestro pa�s se halla muy lejos de la realidad, ya que existen miles de usuarios de agua que ni siquiera han formalizado su derecho. Por otra parte, el proyecto guarda armon�a con el eje central de la legislaci�n dictada en 1981; esto es, considerar al mercado como ente regulador y eficiente asignador del recurso h�drico. No obstante todo lo anterior, durante la discusi�n de la iniciativa deberemos abocarnos en detalle a la fijaci�n del monto de la patente que se consagra por el no uso de las aguas, pues si fuera muy elevado podr�a tener un car�cter confiscatorio del derecho de aprovechamiento, desvirtu�ndose de este modo la esencia del proyecto y pudiendo incluso llegar a ser inconstitucional. Asimismo, se deber� disponer la forma como se determinar� el empleo que se dar� al agua, la cantidad requerida para proyectos determinados, los datos t�cnicos que habr�n de proporcionarse a la autoridad al momento de presentar la correspondiente solicitud, etc�tera, aspectos en los cuales la Direcci�n General de Aguas, al amparo de este proyecto, jugar� un rol fundamental, con atribuciones, en mi opini�n, demasiado amplias respecto de estos y otros elementos. Este punto es de particular importancia por cuanto dicho organismo necesariamente deber� tomar sus decisiones sobre la base de antecedentes t�cnicos y no en forma discrecional. Por �ltimo, se hace indispensable contemplar mecanismos de reclamaci�n id�neos y justos frente a actuaciones de la propia Direcci�n General de Aguas, que en caso necesario permitan enervar -conforme a derecho y por las instancias judiciales pertinentes- todas aquellas resoluciones dictadas por esa repartici�n consideradas injustas, abusivas o arbitrarias por los eventuales peticionarios de derechos de aprovechamiento. Si bien en la iniciativa se trata este aspecto, me parece que no se desarroll� en plenitud, pues el recurso de reconsideraci�n debe interponerse precisamente ante el organismo que dict� la resoluci�n respectiva -la Direcci�n General de Aguas-, con lo cual la imparcialidad con que debe obrar podr�a verse disminuida. Y respecto del recurso de reclamaci�n -que se deduce ante la Corte de Apelaciones correspondiente-, no ser�n pocas las veces en que ese alto tribunal fallar� bas�ndose en los informes t�cnicos entregados por la misma Direcci�n de Aguas. Se�or Presidente, advierto que hay consenso en orden a perfeccionar la legislaci�n sobre aguas para corregir los vicios que se han venido produciendo desde su dictaci�n, los cuales de alguna manera he procurado describir, a fin de preservar lo mejor posible nuestros recursos h�dricos, que indudablemente constituyen un elemento vital para el desarrollo y progreso de Chile. Por las consideraciones expuestas, en su oportunidad votar� favorablemente el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, la sustentabilidad del desarrollo econ�mico futuro del pa�s se encuentra severamente comprometida como consecuencia de una muy mala legislaci�n en materia de recursos naturales, elaborada a partir de una concepci�n ideol�gica muy definida, especialmente en la d�cada de los 80, y cuyos negativos efectos percibimos dram�ticamente hoy. Durante los a�os 90 se presentaron en el Congreso Nacional varios proyectos de ley que apuntaban justamente a efectuar rectificaciones sustantivas en esa normativa. Desgraciadamente, casi no se ha avanzado en el estudio de ellos. �Qu� extra�a paradoja, se�or Presidente! Esta tarde advertimos en la Sala un muy alto grado de consenso acerca de la necesidad y urgencia de reformar el C�digo de Aguas. Pero �cu�ntos a�os ha debido esperar el proyecto para llegar a este estado de tramitaci�n! �Y no ocurre lo mismo con la iniciativa de ley sobre el bosque nativo? �Y no ocurre lo mismo con los intentos de reforma a la Ley de Pesca? En las afueras del Congreso tuvimos ayer manifestaciones de trabajadores desesperados porque ven comprometidas sus fuentes de trabajo por la irresponsabilidad con que se ha manejado un recurso natural clave, por la forma en que se ha procedido a la explotaci�n de bienes que, conforme al art�culo 19, n�mero 23� de la propia Constituci�n Pol�tica, la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Por eso, celebro que por fin se d� este paso y quiero formular p�blica petici�n al Gobierno para que todos estos proyectos que dicen relaci�n con nuestros recursos naturales se prioricen y pasen a ser un asunto central en la agenda legislativa del a�o 2001. En caso contrario, la sustentabilidad del desarrollo econ�mico futuro del pa�s seguir� estando severamente comprometida. Toda esa legislaci�n tiene un elemento com�n: est� referida a bienes con una naturaleza jur�dica perfectamente definida, distinta de la generalidad de los bienes, los cuales, justamente porque la naturaleza los hizo comunes a todos los hombres, han recibido el reconocimiento de bienes nacionales de uso p�blico, o de bienes del Estado. Pero esa legislaci�n, se trate de las minas, de las aguas o de los bosques, ha abierto las puertas, en nombre de la libertad, a la generosa constituci�n de derechos rodeados de la m�xima garant�a jur�dica para hacer posible la explotaci�n de esos recursos naturales. Ha hecho posible, tambi�n, el que se busque la regulaci�n no en la acci�n del Estado que est� llamado a velar por el inter�s general y por el bien com�n, sino principalmente en la acci�n del mercado. Los resultados est�n a la vista y distan mucho de ser siquiera medianamente satisfactorios. En el caso particular del C�digo de Aguas, a lo que mis distinguidos colegas ya han planteado en sus intervenciones cabe agregar el que no s�lo hemos llegado a un punto cr�tico en que, sobre la base de las demandas actuales de derecho de aprovechamiento �tal como se se�ala en los respectivos informes de las Comisiones que conocieron el proyecto- no existe ya capacidad de respuesta, por lo menos en materia de derechos consultivos. Esa demanda excede en 30 por ciento a la capacidad con que cuentan nuestros cauces naturales y artificiales. En consecuencia, estamos evidentemente frente a una situaci�n cr�tica. Un estudioso del tema, don Alberto Tala Japaz, en su reciente obra "Derecho de Recursos Naturales: Ambiente, Aguas, Minas", ha resumido las cr�ticas al C�digo de Aguas en los siguientes t�rminos: "El concepto seg�n el cual la asignaci�n del recurso h�drico debiera abandonarse fundamentalmente a las leyes econ�micas de mercado, con un criterio de m�nima intervenci�n de la autoridad administrativa, se ha traducido en un mercado muy imperfecto. As� es como, en el sur de Chile, en donde los recursos h�dricos se orientan fundamentalmente al sector agr�cola, el deseado mercado de aguas no existe b�sicamente por razones culturales agrarias y ciertas deficiencias en la claridad de los t�tulos de dominio; al paso que, en el norte de Chile, si bien existe un profuso mercado de aguas, el mismo es valorado con una connotaci�n negativa, en cuanto resulta ser un mercado especulativo que se traduce en la b�squeda de una ganancia financiera inmediata por parte del tenedor del derecho de aprovechamiento de aguas, a despecho de los intereses econ�micos productivos que tienen una repercusi�n de inter�s nacional evidente. "Adem�s, se critica la estructura del actual C�digo de Aguas, que resulta ser uno y el mismo para todo el pa�s, en circunstancias de que a lo largo de Chile existen diferencias clim�ticas, pluviom�tricas, hidrol�gicas y, en general, ambientales, evidentes. As�, ciertas corrientes de opini�n, no entienden c�mo un mismo C�digo de Aguas puede ser aplicable al desierto de Atacama y a la Regi�n de Magallanes con una abundant�sima pluviometr�a. "Tambi�n se critica la estrechez del concepto de aguas que maneja el C�digo del rubro, lo que redunda en la falta de utilizaci�n de otras formas de manifestaci�n de la presencia del recurso h�drico en el ambiente, como son las aguas en estado s�lido (...) o gaseoso (...). "Tampoco el C�digo de Aguas ha sido lo suficientemente eficaz en orden a la resoluci�n de conflictos intersectoriales entre los diversos �mbitos de actividad econ�mica y de preservaci�n y conservaci�n ambientales, todos ellos hidrodependientes.". Para qu� seguir. Se ha dicho aqu� con raz�n que hay una diferencia evidente entre el C�digo de 1981 y el que lo antecedi�, de 1951, en lo que dice relaci�n con la tutela del inter�s general y del bien com�n. Aquel C�digo establec�a una prelaci�n de uso y en la asignaci�n del recurso el destino del mismo era una cuesti�n central que quedaba perfectamente definida en el acto constitutivo de los derechos. Hoy ni siquiera eso tenemos. El derecho se otorga con absoluta prescindencia del uso que se vaya a dar al recurso. Y hemos llegado por eso a la masiva constituci�n de derechos de aprovechamiento que no tienen un destino conocido y en torno a los cuales la especulaci�n por parte de los propietarios, con un bien que la naturaleza ha hecho com�n a todos los hombres, es lo que hoy d�a manda. Se precisa, pues, una reforma de fondo en este sentido. Yo entiendo que el proyecto en debate, nacido de una iniciativa del Presidente Aylwin, de 1992, constituye un primer paso en esa direcci�n, lo que es ya motivo suficiente para respaldar la idea de legislar. A este proyecto, sin embargo, se le han hecho algunos cuestionamientos constitucionales. Los hemos escuchado esta tarde. En homenaje al tiempo, dir� simplemente que en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia se recibi� un informe en Derecho del profesor Jos� Luis Cea, informe que consta en el que la Comisi�n nos hiciera llegar en su oportunidad, y que es claro y concluyente en la materia. Por eso, cuando el tema se vot� en esa Comisi�n, antes en la de Obras P�blicas, despu�s en la de Hacienda, no hubo un Senador que al momento de fundamentar su voto planteara reservas de car�cter constitucional. Yo no tengo dudas sobre el particular y comparto plenamente el enfoque y las conclusiones del se�or Cea Ega�a. La existencia de una patente como instrumento para incidir en el uso efectivo de los recursos es algo que la legislaci�n chilena contempla. No es este proyecto absolutamente novedoso en ese punto. Si bien esta patente no es en nada asimilable a la patente minera, tiene algunos elementos en com�n con ella. Es l�gico que aquel que constituy� los derechos con el fin de especular y que no ha tenido, ni tiene, el prop�sito de hacer un ejercicio efectivo de ellos tendr� que pagar la patente, y si no lo hace -ah� est� lo central del proyecto-, podr� entonces haber intervenci�n estatal para, a la larga, a trav�s de los procedimientos de cobranza de las patentes y de remate consecuencial del derecho, poder reasignarlo a un usuario efectivo. La patente pasa a ser as� no s�lo una se�al, sino que un instrumento real para garantizar que nuestras escasas aguas se usen de verdad. Y a ello se a�ade en este proyecto de reforma el que no se usen indiscriminadamente, sino para aquel prop�sito que fue el que determin�, desde la presentaci�n de la solicitud misma del peticionario, el otorgamiento y la constituci�n del derecho. Se�or Presidente, no hay m�s tiempo que perder. Si de verdad nos interesa el desarrollo futuro del pa�s, debemos abordar sin tardanza las rectificaciones de fondo que requiere toda nuestra legislaci�n en materia de recursos naturales. El se�or LARRA�N.- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or PARRA.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, s�lo quiero hacer una precisi�n sobre la menci�n al informe del profesor Jos� Luis Cea. En realidad, el documento no fue encomendado ni solicitado por la Comisi�n de Constituci�n, como muy bien lo consigna nuestro informe en la p�gina 7. En efecto, all� se dice: "El mencionado Secretario de Estado" �se refiere a don Jaime Toh�- "se�al�, como cuesti�n previa, que el Ejecutivo solicit� al profesor Jos� Luis Cea su opini�n sobre el proyecto desde punto de vista constitucional, de la cual se dejar� constancia en el presente informe.". De modo que no fue un requerimiento de la Comisi�n. En momentos en que me correspond�a presidir la Comisi�n, antes de que entr�ramos a tratar el tema hice presente que quiz�s la principal duda sobre esta materia se refer�a a su constitucionalidad, y que por ello era muy conveniente que el Ejecutivo solicitara un informe a una persona que tuviera verdadera autoridad en la materia. Se encarg� entonces al profesor Cea que nos hiciera llegar algunas precisiones acerca del asunto. En cuanto a la votaci�n de la idea de legislar, el informe de la Comisi�n, en su p�gina 44, textualmente expresa que el Senador se�or D�ez y quien habla "hicieron presentes algunas dudas relacionadas con la constitucionalidad de ciertas disposiciones del proyecto."; agregando que "Por estas razones, ambos se abstuvieron.". Es decir, ni el Senador se�or D�ez ni el que habla, como ocurre hoy, hemos hecho reserva de constitucionalidad, porque hemos manifestado nuestras dudas sobre la constitucionalidad en las materias que personalmente rese�� y que se individualizan en el informe. Como se trata de un debate, simplemente hago esta precisi�n para que no haya lugar a alguna interpretaci�n err�nea, sin perjuicio de que en el fondo sus opiniones me parecen muy leg�timas, aun cuando podamos tener diferencias en el enfoque del problema. --Pasa a presidir, en car�cter de Presidente accidental, el Senador se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, me alegro mucho que se est� debatiendo la modificaci�n del C�digo de Aguas. En verdad, la discusi�n de este proyecto en el Congreso se ha dilatado m�s all� de todo lo razonable y l�gico. La iniciativa ingres� a la C�mara de Diputados en 1992, y revest�a una importancia muy grande en ese momento. Tan as� es que esa rama del Parlamento constituy� una Comisi�n Especial para tratarla. Era un proyecto much�simo m�s complejo y completo. Abarcaba m�s �reas. Se le dio un especial tratamiento y, si la memoria no me traiciona, el propio Subsecretario, se�or Juan Carlos Latorre, form� parte de esa Comisi�n. Tras largos debates, finalmente la C�mara de Diputados lo despach� en 1997. En agosto de ese mismo a�o ingres� al Senado y, lamentablemente en mi opini�n, aqu� ha sufrido una tramitaci�n demasiado lenta. El se�or LARRA�N.- �Harto m�s corta que en la C�mara de Diputados! El se�or PIZARRO.- Hasta el momento, porque no sabemos cu�ndo se despachar� definitivamente. El an�lisis que se hizo en 1990 respecto de c�mo se aplicaba el C�digo de Aguas; de los efectos que estaba produciendo; lo que suced�a con los derechos de aprovechamiento �en especial, los no consuntivos-, as� como las dificultades en el otorgamiento y aprovechamiento de los derechos de agua, fue lo que llev� a presentar el proyecto que modifica el actual C�digo. Como los derechos entregados en concesi�n son gratis, en la pr�ctica �y aqu� se ha dicho en repetidas oportunidades-, muchas veces se produce el riesgo de la acumulaci�n o del acaparamiento de los derechos de aprovechamiento en manos de unos pocos titulares, los que no los usan o no se interesan en usarlos, o, lisa y llanamente, especulan con los derechos, lo que es grav�simo. No tienen obligaci�n de usarlos ni de desarrollar proyectos en �reas como la miner�a, la agricultura o el sector hidroel�ctrico. Por lo tanto, un primer objetivo que se tuvo en vista al enviar el proyecto fue el de recuperar los derechos de agua no usados, con el objeto de hacer que llegaran a ser bien utilizarlos. En el fondo, hasta el d�a de hoy la discusi�n se ha radicado en que, si esos derechos no son bien usados, o si no se usan en absoluto, lo que corresponde es que se pague por el no uso; o, lisa y llanamente, por ser el agua un recurso escaso y un bien nacional de uso p�blico, como aqu� se ha dicho, lo l�gico ser� devolverlos para luego entregarlos nuevamente en concesi�n a quienes tengan proyectos por realizar. El otro objetivo central de la iniciativa tiene que ver con la modernizaci�n del sector y la forma como la Direcci�n General de Aguas del Ministerio de Obras P�blicas entrega los derechos. Como se ha se�alado, los recursos h�dricos son escasos. Hay que dejar constancia de que, conforme a nuestra realidad, pr�cticamente todos los derechos posibles de entregar han sido otorgados. Desde la Octava Regi�n al norte no hay disponibilidad alguna de acceder al recurso. Por lo tanto, los derechos de agua est�n todos constituidos, y seg�n las cifras que se proporcionan en el informe, en total alcanzan a alrededor de 150 mil. Uno se pregunta qu� significa esto; cu�l es el desaf�o que el pa�s deber� enfrentar m�s adelante. Es algo muy sencillo que est� establecido en el informe, La estimaci�n sobre requerimientos de agua para los pr�ximos veinte a�os apuntan a que se duplicar� el actual consumo dom�stico, industrial y minero de dicho recurso. Algo menor, pero tambi�n sumamente importante, es lo que se plantea para el sector agr�cola. Tambi�n se considera en el proyecto la necesidad de velar y proteger el medio ambiente, as� como de garantizar que exista en nuestros r�os lo que se denomina "caudal m�nimo ambiental" que asegure la existencia de los ecosistemas que esos cauces y r�os generan. El problema, como aqu� se ha dicho, radica en que el actual C�digo es en extremo permisivo. Se ha planteado una visi�n liberal del asunto en el sentido de que tal vez el mercado puede regular lo que pasa en un sector y en un �rea donde el bien es escaso. Pero en la pr�ctica no ha ocurrido as�. M�s bien ha existido abuso de la legislaci�n actual. Adem�s �sta obliga al Estado a entregar los derechos sin condiciones de ning�n tipo, sin siquiera exigir la presentaci�n de proyectos, como s� lo plantea la modificaci�n en estudio. Tampoco se establecen limitaciones en cuanto a la cantidad de agua. Por lo tanto, ante cualquier persona que lo solicite, existiendo disponibilidad, hay obligaci�n de entregarla, sin condiciones de ning�n tipo. Ello ha llevado a que hoy existan solicitudes aprobadas y en tr�mite en cantidad que casi dobla el total disponible en el pa�s. Lo anterior ha llevado en la pr�ctica �y hay que decir las cosas por su nombre- a un acaparamiento, a una acumulaci�n, al punto de que una sola empresa posee pr�cticamente el 80 por ciento de los derechos de agua no consuntivos disponibles. Ello, en verdad, constituye un monopolio inaceptable; impide el desarrollo de proyectos sumamente importantes para el pa�s; tergiversa por completo lo que debe ser el libre acceso a esos recursos; genera una distorsi�n en el mercado, quedando el principio de la libre competencia absolutamente fuera de lugar. Los principales objetivos que persigue el proyecto son siete: primero, establecer el pago de una patente por la no utilizaci�n de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas; segundo, modificar el sistema de concesi�n de los derechos de aprovechamiento; tercero, fortalecer el mecanismo de conservaci�n y protecci�n de las aguas y cauces; cuarto, considerar la relaci�n entre las aguas superficiales y subterr�neas para otorgar los derechos de aprovechamiento; quinto, mejorar el procedimiento de regularizaci�n de t�tulos contenido en el art�culo 1� transitorio del C�digo de Aguas; sexto, establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes y Ra�ces, en relaci�n con el Catastro P�blico de Aguas, y, por �ltimo, extender la personalidad jur�dica a las comunidades de aguas. El punto m�s importante y que m�s se ha discutido es, indudablemente, el pago o no pago de patente. El debate sobre esta materia, dadas las presiones, el lobby, las influencias, la protecci�n de los intereses, especialmente de las empresas hidroel�ctricas, ha ido haci�ndose complejo o complic�ndose m�s all� de lo razonable. En mi opini�n, lo que en el fondo busca el proyecto al establecer una patente es que los recursos h�dricos tengan un uso intensivo; es decir, que, dada su escasez, sean bien aprovechados en las distintas �reas: energ�tica, agr�cola, minera, y puedan acceder libremente a ellos todos quienes deseen desarrollar proyectos. Y, evidentemente, tambi�n pretende evitar la especulaci�n y el acaparamiento. Estoy totalmente de acuerdo con el pago de una patente por la no utilizaci�n de las aguas. Esta materia �como se�al�- fue objeto de una discusi�n largu�sima. A mi juicio, constituye un principio elemental el hecho de que quienes obtienen gratuitamente derechos de aprovechamiento de recursos h�dricos, siendo �stos un bien com�n de uso p�blico, deben usarlos bien y no especular con ellos. El asunto es sencillo: si alguien no desea utilizarlos, que pague. Y si alguien considera que el costo es muy alto, que no est� de acuerdo con la evaluaci�n del proyecto, m�s simple a�n: que devuelva los derechos y permita que otros puedan usar intensivamente esos recursos para hacer rentable los proyectos o establecer un beneficio com�n. Al respecto, la Senadora se�ora Frei dio a conocer �reas, sobre todo en la zona norte, donde hay localidades, poblados, regiones, cuya supervivencia y desarrollo, sin la garant�a de la existencia de agua para los seres humanos, lisa y llanamente ser�a imposible. Eso, en la pr�ctica, es lo que m�s se ha discutido. Y se ha especulado mucho sobre qui�nes deben pagar las patentes. Aqu� se ha involucrado al sector hidroel�ctrico, que es el que m�s ha presionado; pero tambi�n se ha dicho que los agricultores est�n en contra y que pueden verse afectados por ello. En verdad, los que deben pagar son quienes no utilizan las aguas. �Y qui�nes son? El uno por ciento de los 350 mil titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. �A qui�nes corresponde ese porcentaje? A las empresas hidroel�ctricas. �Cu�l de todas? Con nombre y apellido: ENDESA. Es la �nica que en realidad deber�a pagar patente. El resto del sector productivo, el minero y especialmente los agricultores, no debe abrigar temor alguno acerca de la aplicaci�n de esta enmienda. Por el contrario. Porque los agricultores son los que hacen mayor uso intensivo de las aguas. El proyecto establece que quienes tienen una m�nima infraestructura u obra que permita el buen uso de las aguas, lisa y llanamente no pagar�n patente. Y obviamente lo que m�s requieren los agricultores es infraestructura de riego. Por lo tanto, por ning�n motivo ellos pagar�n. Por el contrario. La Sociedad Nacional de Agricultura, en sus planteamientos respecto del nuevo C�digo de Aguas, manifiesta claramente que no se opone al pago de la patente, porque entiende que �sta debe aplicarse urgentemente, es justo y absolutamente necesario para cautelar el bien com�n de que se trata. A mi me parece razonable, y est� dentro de la l�gica planteada, el hecho de que quien solicite un derecho de agua deba justificar para qu� lo desea y presentar un proyecto. La persona debe saber que al hacer una petici�n sobre un bien com�n que es escaso, el proyecto para el cual se pretende contar con esa agua ha de ser plenamente justificado. Evidentemente, cuando se necesita para desarrollar proyectos agr�colas, mineros, hidroel�ctricos, alguien debe analizarlos, evaluarlos. Y ello tiene que hacerlo el Ministerio de Obras P�blicas a trav�s de la Direcci�n de Aguas. Sobre el particular, en mi opini�n, en la discusi�n del proyecto ha existido claramente un temor y prejuicio acerca del ejercicio de esta atribuci�n que se entrega a la autoridad, en el sentido de que podr�a generar arbitrariedades o ser mal usada. Yo, francamente, creo que tales aprensiones no s�lo son injustas, sino que, adem�s, est�n alejadas completamente de la realidad. La �nica instancia t�cnica con que cuenta el pa�s para resguardar este bien com�n se halla justamente radicada en la Direcci�n de Aguas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es velar por dicho recurso y por el desarrollo econ�mico del pa�s. Por consiguiente, en la discusi�n largu�sima habida sobre el proyecto, espero que haya una opini�n mayoritaria y positiva de parte del Senado para aprobar las modificaciones propuestas. El C�digo de Aguas busca velar por el bien com�n. No se puede, mediante la v�a de no legislar, seguir favoreciendo a los especuladores o a quienes poseen un verdadero monopolio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Por el contrario. Necesitamos que el pa�s desarrolle proyectos que permitan ir a la par del crecimiento econ�mico y no frenarlo por proteger los intereses de unos pocos. Desde ya anuncio que, cuando nos corresponda pronunciarnos acerca de la iniciativa en debate, indudablemente la votar� a favor. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Aburto. El se�or ABURTO.- Se�or Presidente, hablando en t�rminos generales, ocurre que el proyecto en debate fue presentado al Parlamento en 1992. De ello se deduce que ha tenido un lento peregrinar a trav�s de las diferentes instancias legislativas, de lo cual se infiere adem�s �como presunci�n- que se trata de un tema complejo y no f�cil de abordar como es el caso de la redacci�n de un estatuto jur�dico que comprenda todas las situaciones, emergencias y eventualidades en que puede encontrarse en nuestro pa�s el uso de las aguas en cuanto a bien jur�dico y econ�mico. Nuestro C�digo de Aguas, en actual vigencia, que data de 1981, es un compendio �podr�a decirse- recopilador de distintos preceptos legales que reg�an en ese tiempo y que en un momento dado se acomodaron y completaron con nuevos preceptos en un texto sistematizado que se promulg� como C�digo de Aguas en una �poca en que el escenario bajo el cual se amparaba esta materia era completamente distinto del actual, que se caracteriza en forma preponderante por la escasez de este elemento vital para el desarrollo de la vida humana y de la sociedad en general. En la �poca de la vigencia del C�digo de Aguas, el uso de �stas era pr�cticamente libre y sin grandes cargas econ�micas. Antiguamente la utilizaci�n de las aguas superficiales se realizaba a trav�s de permisos administrativos que se conced�an sobre el uso de las aguas como bien nacional de uso p�blico, concesiones que se denominaban "mercedes de aguas"; hoy se llaman "derechos de aprovechamiento". Como ya se se�al�, el agua es esencialmente un bien econ�mico y, siendo as�, su uso o aprovechamiento exige un principio legal de certeza, lo que se traduce en la circunstancia de que el titular del derecho debe gozar de la posesi�n de un t�tulo. En seguida, no debe perderse de vista que se trata de un bien social, porque es indispensable para el desarrollo de la sociedad. Adem�s, es necesario tambi�n tener en consideraci�n que es un factor ambiental, ya que aparte del desarrollo humano, constituye un elemento b�sico para el desarrollo de muchos recursos naturales como la fauna en general, las plantaciones, los bosques naturales, el sistema clim�tico, etc�tera. De todo lo anterior fluye que la normativa que se ha de dictar sobre el tema debe comprender, obviamente, todos los factores que antes se han indicado, para as� llegar a una conclusi�n elemental que es el cuidado extremo que debe procurarse en el uso efectivo de las aguas. �Repito: el uso efectivo de este recurso! Se colige de lo antes expuesto que nadie puede ser titular de un derecho de aprovechamiento de una cantidad excesiva de agua, esto es, que sobrepase las necesidades para cuya satisfacci�n se ha otorgado el respectivo derecho de aprovechamiento. Por consiguiente, debe estar presente como un axioma que el agua no puede ser objeto de especulaci�n y, por �ltimo, que el derecho de aprovechamiento siempre debe ser usado en forma prudente, razonable y eficiente. Todos estos principios son los que sirven de base al desarrollo del proyecto de ley sobre el cual estamos opinando en este momento, encaminado a modificar el C�digo de Aguas. Esta iniciativa recoge esencialmente todos esos factores. En este contexto establece el proyecto que los derechos de aprovechamiento consuntivos (art�culo 129 bis, 5) de ejercicio permanente que no sean utilizados total o parcialmente estar�n afectos en la proporci�n no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente en beneficio fiscal. En cuanto al monto de estas patentes, el proyecto establece todo un sistema que considera, entre otros factores, la ubicaci�n del caudal por regiones, por zonas, y el volumen de los respectivos derechos de aguas. Tambi�n se considera otro sistema para el pago de patente de los derechos de aprovechamiento no consuntivos que no sean utilizados total o parcialmente (art�culo 129 bis, 4). El no pago de la patente habilita para iniciar un procedimiento judicial de remate, como asimismo en caso de la renuncia, en raz�n de la extinci�n del derecho. Estas consideraciones de orden general me mueven a dar mi aprobaci�n al proyecto, sin perjuicio de lo que pueda determinar en su discusi�n en particular. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Debo advertir al se�or Subsecretario de Obras P�blicas, quien ha solicitado usar de la palabra, que se ha fijado como t�rmino de esta parte de la sesi�n las 18:30. Por ello, le consulto si el tiempo que resta es suficiente para completar su intervenci�n. El se�or LATORRE (Subsecretario de Obras P�blicas).- S�, se�or Presidente. Deseo manifestar, en nombre del Gobierno, nuestra satisfacci�n por el hecho de que la iniciativa en debate se encuentre a punto de finalizar su discusi�n en general en el Senado. Como lo ha destacado la mayor�a de los se�ores Senadores que han participado en el debate, se trata de un proyecto de ley cuyo estudio se inici� en el a�o 1992 y que ha tenido un largo tr�mite tanto en la C�mara de Diputados como en las distintas Comisiones del Senado. Desde luego, creemos que su aprobaci�n en general -sin perjuicio de que en su tr�mite posterior podamos recoger muchas de las inquietudes que aqu� se han planteado- resulta una necesidad. A nivel mundial existe un creciente consenso en el sentido de que el agua ser� en el siglo XXI un elemento cr�tico para el desarrollo de los pueblos. En Chile, el sostenido crecimiento econ�mico y desarrollo social experimentado por el pa�s en la �ltima d�cada ha generado demandas cada vez mayores sobre los recursos h�dricos por parte de los distintos usuarios. Este crecimiento sostenido, sin precedentes en la historia, se produce en un contexto en el cual los recursos h�dricos en buena medida ya est�n comprometidos en el abastecimiento de distintos usos actuales. En el futuro, este escenario, ya extraordinariamente restrictivo, se acentuar� notablemente debido a los nuevos requerimientos. Por otra parte, es importante destacar que la experiencia de los pa�ses altamente desarrollados indica que la gesti�n de los recursos h�dricos pasa progresivamente de una fase en la cual predominan los problemas de tipo cuantitativo a una en que la restricci�n principal la imponen los aspectos de calidad de las aguas y de protecci�n del medio ambiente. Sin lugar a dudas, ya podemos observar c�mo nuestro pa�s est� siguiendo una tendencia similar, con las ventajas de las experiencias obtenidas por las naciones desarrolladas y con las particularidades que le imponen su geograf�a y las caracter�sticas de su estructura econ�mica. Asimismo, el marco jur�dico-econ�mico debe favorecer la implementaci�n de estas alternativas como �nico medio de evitar que la escasez de recursos h�dricos sea un obst�culo para el desarrollo sustentable del pa�s. En principio, estimamos que el marco jur�dico-econ�mico con relaci�n a las aguas presenta, en la pr�ctica, la ventaja de otorgar gran seguridad jur�dica sobre los derechos de aprovechamiento. Ello permite la realizaci�n de muy significativas inversiones en algunos sectores para mejorar la eficiencia de aprovechamiento y para la exploraci�n y uso de aguas subterr�neas. As� tambi�n, la libre transacci�n de los derechos de aprovechamiento, aun cuando en muchas zonas sea poco activa, sin lugar a dudas constituye en general un mecanismo adecuado para la reasignaci�n de derechos concedidos, permitiendo un nuevo uso m�s productivo desde el punto de vista del inter�s general. Ahora bien, as� como reconocemos los aspectos positivos que otorga el marco jur�dico existente, tambi�n identificamos los vac�os o errores que contiene, en especial en la forma como se constituyen los nuevos derechos de aprovechamiento. Ello por las siguientes razones: 1.- Se incentiva el acaparamiento y especulaci�n con los derechos de aprovechamiento de aguas, evitando que �stas efectivamente se utilicen por quien las necesita, o bien se constituyen en verdaderas barreras de entrada para nuevos competidores a los mercados. 2.- En ocasiones, los derechos constituidos, en el mediano o largo plazo, se transforman en graves obst�culos para atender las necesidades b�sicas de la poblaci�n o afectan gravemente el desarrollo regional. Ejemplos de esto lo escuchamos en las intervenciones de varios de los se�ores Senadores que han participado en la discusi�n. 3.- Se permite e incentiva la constituci�n de derechos por caudales muy superiores a los que efectivamente se necesitan por parte de los peticionarios. 4.- No se consideran adecuadamente, en el proceso de constituci�n de nuevos derechos, los factores ambientales-ecol�gicos que hacen aconsejable exigir la mantenci�n de un flujo m�nimo en los cauces naturales. Lo que he expuesto hasta aqu� es una visi�n muy resumida de los principales elementos que conforman el problema de los recursos h�dricos en el pa�s. Pero lo importante es que los se�ores Senadores tengan clara conciencia de la gravedad y urgencia que tiene para el desarrollo de la naci�n corregir estas anomal�as, y que ello no es una mera declaraci�n del Gobierno, sino que responde a las realidades que diariamente se constatan en el administraci�n de las aguas. La modificaci�n del C�digo de Aguas que se propone aprobar considera aproximadamente diez materias priorizadas por el Gobierno. Se ha hecho menci�n de ellas por parte de uno de los se�ores Senadores que ha intervenido en el debate. A continuaci�n queremos entregar algunos comentarios solamente con relaci�n a las modificaciones que han sido motivo de mayor controversia, como son el establecimiento de una patente a los derechos no utilizados y las nuevas atribuciones para la autoridad. Cabe adicionalmente destacar que la modificaci�n incluye tambi�n -y me permito citar solamente los t�tulos correspondientes- el otorgamiento de personalidad jur�dica a las comunidades de agua, tema de gran inter�s para muchas organizaciones; la obligaci�n de reserva de un caudal ecol�gico en la constituci�n de nuevos derechos; el fortalecimiento de las facultades de la autoridad en materia de polic�a y vigilancia de aguas y cauces, y el perfeccionamiento de uno de los procedimientos para regularizar derechos de agua y garantizar su transparencia. Con relaci�n al establecimiento de la obligaci�n de pago de una patente por los derechos de agua constituidos y cuyos due�os no los utilizan, es importante tener presente que, como ya se ha dicho, en la actualidad los derechos de aprovechamiento son concedidos en forma gratuita y a perpetuidad a quien los solicita, y sin ning�n compromiso de uso ni aprovechamiento productivo. El objetivo del Gobierno en esta materia es corregir el grave escenario que se gener� en el pa�s con relaci�n a las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas a partir del C�digo de 1981. Como Sus Se�or�as recordar�n, antes de esa fecha el derecho de aprovechamiento se conced�a en forma definitiva s�lo cuando las obras de aprovechamiento ya estaban construidas, de lo cual se concluye que los derechos constituidos antes de 1981 no debieran pagar patente, toda vez que existir�an obras para su aprovechamiento efectivo. Debemos ser muy claros. El Gobierno tiene la completa convicci�n en el sentido de que lo que est� haciendo esta reforma es favorecer la competencia en los mercados asociados al uso del recurso h�drico, permitiendo que el agua est� disponible para quien desee utilizarla efectivamente. En este sentido, lo importante debiera ser tener buenos proyectos y no s�lo derechos de agua. Obviamente, por otra parte, la fijaci�n de una patente a los derechos no utilizados supone una forma de definir qu� se entiende por no uso y una participaci�n de la Administraci�n en el proceso de identificaci�n de los pagadores. Con este prop�sito se ha definido una presunci�n de uso orientada a dar transparencia y objetividad al proceso y a restringir la discrecionalidad administrativa, para lo cual existir� un reglamento especial. Dicha presunci�n establece que se entender�n utilizadas las aguas para las cuales existan las obras que permitan su captaci�n. Si existe obra de captaci�n, se asume que hay uso. En todo caso, bien sabemos que en Chile, en los lugares en que se desarroll� el riego antes de 1981, existen m�s canales que agua. En consecuencia, en todas esas �reas no hay posibilidad alguna de que se aplique una patente por no uso. Lo mismo sucede con relaci�n a los pozos de agua subterr�nea que tienen sus instalaciones y son utilizados en forma espor�dica. Aqu�, con relaci�n a uno de los aspectos se�alados por el Senador se�or Larra�n, quiero destacar que la Sociedad Nacional de Agricultura indic� expresamente en uno de sus acuerdos: "Finalmente, el Comit� se pronunci� por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos, vinculada a la existencia de la presunci�n de derecho sobre uso de las aguas". �ste es un documento que el citado organismo puso a disposici�n de las distintas Comisiones durante el debate en ellas del proyecto. Adicionalmente, dicho documento hace alcances acerca de otros puntos respecto de los cuales hemos recogido gran parte de sus inquietudes. Cabe destacar que s� ha existido una preocupaci�n central con relaci�n al tema de las empresas, particularmente de una de ellas, la que por su historia, por el rol que ha jugado en el pa�s, acumul� un porcentaje excesivo de los derechos no consuntivos, los que hoy constituyen, objetivamente, una barrera de entrada para el desarrollo de ese sector. Ahora bien, algunos se�ores Senadores han sostenido durante la discusi�n del proyecto en la Comisi�n de Hacienda que esta soluci�n (las patentes por no uso) no ser�a el instrumento adecuado. Se ha dicho en este sentido que la patente, desde una perspectiva econ�mica, incentivar� un uso ineficiente del agua y ser� un est�mulo al derroche del recurso y que, por tanto, se debe reemplazar la patente por no uso por un cobro a todos los titulares de derechos de agua. Esta �ltima proposici�n constituye otro proyecto, de alcances distintos al actual en tr�mite, pero quiz�s complementario y compatible con el mismo, el cual deber� ser evaluado en sus m�ritos propios en una perspectiva de implementaci�n de mediano o largo plazo. No obstante, una norma del proyecto que proponemos podr�a ser en el sentido de que "pagar�n patente todos los titulares de derechos de agua, pero se encontrar�n exentos aquellos que los utilicen". Es una forma de expresar la idea en cuanto a que lo que hoy aparece extraordinariamente inconveniente para el pa�s es que haya titulares de derechos de agua (tanto personas jur�dicas como naturales) cuya preocupaci�n ha sido acumular estos derechos durante los �ltimos a�os, desde 1981 hasta la fecha, y especular sistem�ticamente con ellos. Es imprescindible tener presentes algunos de los elementos que dificultan la f�cil o pr�xima implementaci�n de la alternativa propuesta. Si se recogiera la inquietud planteada en orden a cobrar por el uso, se afectar�a a la totalidad de los titulares de derechos de agua existentes, los cuales se estiman en aproximadamente 350 mil, los cuales pertenecen a distintos sectores usuarios (agricultura, miner�a, hidroenerg�a, agua potable), con la esperable reacci�n de los interesados. Es decir, se trata aproximadamente de 100 veces el n�mero de eventuales afectados por la patente por no uso, en la forma que se propone en el proyecto. Ser�, adem�s, imprescindible contar previamente con un completo rol o catastro de los titulares individuales de derechos de agua. En la actualidad, s�lo una parte menor de los usuarios tiene debidamente regularizados sus t�tulos. Cabe destacar que los constituidos a contar de 1981 lo han sido por resoluci�n de la Direcci�n General de Aguas y est�n debidamente registrados. Entre las dificultades que vale la pena se�alar, est� el hecho de que para evitar doble pago por parte de los agricultores, la alternativa propuesta supondr�a el reaval�o completo de la propiedad agr�cola del pa�s. En efecto, como Sus Se�or�as saben, actualmente el aval�o de los bienes ra�ces agr�colas es diferente atendiendo a si disponen o no de agua para su riego. En conclusi�n, a este respecto creemos que las iniciativas de patente por la no utilizaci�n de los derechos de agua y el cobro por la tenencia de derechos de agua son instrumentos compatibles y complementarios, no obstante que sus objetivos, urgencias y plazos de concreci�n son muy divergentes. En efecto, la patente por no utilizaci�n es de urgente y de sencilla implementaci�n, y pretende corregir la distorsi�n introducida por el C�digo de 1981 en la constituci�n de derechos. Por el contrario, el cobro por la tenencia es una iniciativa a largo plazo, de muy compleja definici�n y busca, a trav�s de la explicitaci�n del valor econ�mico del recurso h�drico, mejorar su eficiencia de uso. No obstante lo anterior, el Gobierno est� consciente del inter�s por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitir�n en el mediano plazo alcanzar el catastro completo... El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, se�or Ministro, con la venia de la Mesa? El se�or LATORRE (Subsecretario de Obras P�blicas).- Con mucho gusto, se�or Senador. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, me parece tan de fondo lo planteado por el se�or Subsecretario en este punto que me pregunto si acaso ser�a posible una mayor profundizaci�n al respecto, pues, en mi concepto, ah� radica quiz�s uno de los aspectos centrales de esta materia. Estimo conveniente una explicaci�n m�s abierta con relaci�n a lo que se est� se�alando. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Puede continuar, se�or Subsecretario. El se�or LATORRE (Subsecretario de Obras P�blicas).- Se�or Presidente, si el Honorable se�or Adolfo Zald�var est� de acuerdo, quisiera terminar lo que estaba exponiendo y, en seguida, retomar el punto para reiterar algunas ideas que, obviamente, el Gobierno estima fundamentales en el an�lisis de este proyecto. Dec�a que, no obstante lo anterior, el Gobierno est� consciente del inter�s por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitir�n en el mediano plazo alcanzar el catastro completo de los derechos de agua existentes (debo hacer presente que varias de estas normas han sido propuestas por los propios se�ores Senadores durante la discusi�n de la iniciativa en las Comisiones de Obras P�blicas, de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, en su �ltima etapa), lo que, adem�s, ser� de indudable beneficio para la gesti�n de los recursos h�dricos. Por otra parte, con respecto a la obligaci�n que se impone a los solicitantes de derechos de agua de ajustar sus peticiones de caudales a las reales necesidades y la consecuente facultad para la autoridad de poder denegar, en todo o parte, tales peticiones si no se las justifica adecuadamente, se hace necesario se�alar, en primer lugar, que resulta de la m�s elemental prudencia que el traspaso a un privado de un bien que legalmente es definido como un bien nacional de uso p�blico, se realice con una razonable convicci�n de que dicho bien al menos va a ser utilizado. De lo que se trata es de que el Estado no se vea obligado a entregar los caudales de todo un r�o -como existen, en m�s de un caso-, sin que se sepa si existe alg�n proyecto para utilizar las aguas. Deseo hacer un comentario, si Sus Se�or�as me lo permiten, acerca de uno de los alcances se�alados por el Senador se�or Larra�n. En la D�cima Regi�n, del total de los derechos concedidos, s�lo uno por ciento de los consuntivos aparece claramente consignado como de aprovechamiento efectivo. Es cierto que uno de los problemas centrales que aborda el proyecto es el de los derechos no consuntivos referidos a las empresas hidroel�ctricas; pero, tal como se ha destacado en la discusi�n, la realidad regional es dis�mil, porque as� como en la S�ptima Regi�n -lo indic� el Senador se�or Gazmuri- se da un grado de utilizaci�n de las aguas, tanto con fines consuntivos como no consuntivos, pr�cticamente de utilizaci�n plena, hay otras regiones en las cuales se da una tremenda discusi�n acerca de la utilizaci�n de derechos, como sucede en el norte del pa�s, donde comienza una disputa entre derechos para desarrollo minero versus, incluso, los destinados a agua potable. �A ese extremo! Y podemos se�alar casos en los cuales se presenta esa situaci�n. Tambi�n ocurre en el sur, donde, por razones hist�ricas y clim�ticas, hay derechos efectivamente concedidos pero que no se utilizan, y existe una enorme potencialidad de derechos no consuntivos concedidos a una empresa en particular, del sector hidroel�ctrico, lo que constituye un aspecto estrat�gico para el futuro desarrollo del pa�s. Esto hay que se�alarlo. Algunas intervenciones han destacado la enorme importancia estrat�gica que ello tiene para el porvenir de Chile. Nosotros compartimos esa preocupaci�n, particularmente expresada por el Senador se�or Mart�nez en su intervenci�n, al indicar que debiera existir una pol�tica nacional sobre recursos h�dricos. Compartimos plenamente su inquietud, y puedo asegurar que hay una propuesta elaborada en los �ltimos a�os, denominada "Pol�tica Nacional de Recursos H�dricos", contenida en un documento de pol�tica general, a nivel de pa�s, susceptible de ser enriquecida, y uno de sus componentes fundamentales es que estas modificaciones al C�digo de Aguas puedan ser efectivamente una realidad en el corto plazo. Cabe advertir que la propuesta del Gobierno establece la obligaci�n de justificar la cantidad de agua que se solicita para que exista concordancia entre los caudales y los fines invocados, pero no se trata de justificar el destino que el privado desea dar al recurso. No se pretende dotar a la Administraci�n de facultades para discernir en qu� se utilizar� el agua. Por otra parte, esta materia ha sido cuidadosamente analizada en el trabajo de las Comisiones del Senado, a fin de evitar cualquier distorsi�n. Para ello, se establece que existir� un reglamento que consigne en forma objetiva las relaciones t�cnicas entre usos y caudales. Es del caso se�alar que este tipo de reglamentos son del todo habituales en materia de agua en los pa�ses m�s avanzados. Por otro lado, acogiendo sugerencias de los se�ores Senadores, el Gobierno estuvo de acuerdo en hacer una indicaci�n que modificara las normas que ven�an siendo aprobadas con relaci�n a la facultad de la autoridad para denegar nuevos derechos de agua en casos excepcionales y calificados. En este sentido, la disposici�n a que aludi� el Senador se�or Larra�n entregaba, a juicio suyo, cierto grado de discrecionalidad al Presidente de la Rep�blica. El texto original se la otorgaba al respectivo Consejo de Desarrollo Regional, y en la Comisi�n de Hacienda surgi� la alternativa de conced�rsela al Primer Mandatario. Insisto: la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Direcci�n General de Aguas, y por circunstancias excepcionales y de inter�s general, el Jefe del Estado pueda disponer la denegaci�n total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento, tuvo su origen en una propuesta de la Comisi�n de Hacienda de esta Corporaci�n. Cabe hacer presente que, cuando se establece el remate, tambi�n existe en las normas vigentes una atribuci�n del Presidente de la Rep�blica en tal sentido. Creemos que esa disposici�n soluciona de buena forma las objeciones que en esta materia se hicieron a una eventual participaci�n de los Consejos de Desarrollo Regional. De acuerdo con lo anterior, las modificaciones legales propuestas complementan las actuales atribuciones de la Direcci�n General de Aguas en lo tocante a la planificaci�n del recurso h�drico en las fuentes naturales, incluyendo ahora la posibilidad de limitar o denegar una nueva solicitud por derechos de aprovechamiento. En fin, estimamos que el proyecto que se presenta a la consideraci�n de la Sala del Senado para su aprobaci�n es un muy importante aporte para la adecuada gesti�n de los recursos h�dricos del pa�s, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se le puedan introducir durante la discusi�n particular, recogiendo muchas de las inquietudes aqu� planteadas, algunas de las cuales, efectivamente, son relevantes. Se ha hecho referencia, asimismo, a complementar el proyecto con una reglamentaci�n debida del manejo de cuencas. Es un aspecto central que originalmente era parte de la iniciativa en comento y que el Ejecutivo resolvi� separar para discutirlo con posterioridad a la modificaci�n del C�digo de Aguas. Tambi�n es evidente que en �l no existe un cap�tulo referido a la obtenci�n del recurso a partir de evaporaci�n de agua de mar con procedimientos tecnol�gicos de costo cada vez menor y, en consecuencia, posibilitan que el l�quido obtenido pueda utilizarse para el regad�o u otros fines; no siempre es agua potable, pues para que lo sea involucra un costo mayor. En fin, es un cap�tulo que falta y que, obviamente, debiera preocuparnos en el futuro. Con esto quiero manifestar la voluntad del Gobierno de solicitar al Honorable Senado que d� su aprobaci�n en general al proyecto, y que en el trabajo de las Comisiones unidas, solicitado por los se�ores Senadores, podamos ver en qu� aspectos puede perfeccionarse. Muchas gracias. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Terminado el Orden del D�a. HOMENAJE A DON MATEO MARTINIC BEROS, PREMIO NACIONAL DE HISTORIA El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Conforme a lo acordado, corresponde rendir homenaje al se�or Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia, quien se encuentra presente en las tribunas. Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz De Giorgio. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Honorables colegas, apreciado historiador y abogado, don Mateo Martinic, y su distinguida esposa, do�a Dolores Rub�n, se�oras y se�ores: Con leg�timo orgullo de magall�nico, desde esta Alta Tribuna rindo un merecido homenaje a un hijo ilustre de mi tierra, amigo desde la infancia, en la cual los salesianos nos iniciaron por los dif�ciles caminos de la vida, caminos que se siguieron encontrando cuando m�s tarde asumimos responsabilidades en el campo pol�tico, �l como brillante Intendente de Magallanes bajo el mandato del recordado Presidente Frei Montalva, y yo desde la direcci�n pol�tica de mi partido en la entonces provincia de Magallanes. Nos acompa�a en esta sesi�n, junto a su distinguida esposa, don Mateo Martinic Beros, quien ha logrado que por primera vez se entregue el Premio Nacional de Historia fuera de la Capital, hecho de especial relevancia, porque junto con constituir un merecido reconocimiento a los m�ritos del historiador, abre un importante espacio al desarrollo de la cultura y de las ciencias en las regiones. Adem�s, se distingue a la m�s austral de nuestra patria, punto de uni�n de los dos grandes oc�anos del planeta y antesala del continente ant�rtico. Para entender la magnitud de la obra realizada por don Mateo Martinic, es necesario adentrarse en la dif�cil geograf�a magall�nica; asumir su riguroso clima y seguir el relato de las vivencias y los dramas de los abor�genes que poblaron inicialmente el brav�o territorio de la Magallania; acompa�ar las aventuras de los navegantes que buscaron afanosamente el paso que a trav�s del nuevo mundo les permitiera llegar a las Moluscas, tierra de las especias, y vibrar con la firme determinaci�n de Hernando de Magallanes en su rumbo hacia la gloria, al navegar el estrecho que lleva su nombre y descubrir a Chile por el sur, adelant�ndose al valiente capit�n espa�ol que llegar�a por el norte diecis�is a�os m�s tarde; conocer las tr�gicas experiencias exploradoras de audaces navegantes espa�oles como Ladrillero, Cort�s de Ojeda, Ulloa, Gallegos, y el m�s importante, Sarmiento de Gamboa, que exploraron los intrincados canales australes y dejaron sus muertos en ellos; rememorar los experimentos dram�ticos de colonizaci�n con la fundaci�n de la Ciudad del Nombre de Jes�s, en las cercan�as de Dungeness, primero, y, despu�s, de la Ciudad del Rey Don Felipe, actual puerto San Blas de Sarmiento, denominado tambi�n Puerto del Hambre, por la tragedia que vivieron sus moradores; o seguir con Martinic las derrotas de los corsarios y piratas, como Drake, Cavendish, Merrik y Hawkins, o la historia de los misioneros, descubridores y cient�ficos, como Juan Garc�a, Diego de Vera, Gabriel de Castilla, John Narborrough, los hermanos Nodal, Brouwer, Byron, Bougainville, Wallis, Cook, Banks, Parker Fing, Fitz Roy, Darwin y tantos otros; o recordar los proyectos colonizadores de ingleses y franceses que ve�an en el dominio del Estrecho de Magallanes, importante paso interoce�nico, la llave del tr�fico mar�timo entre el Viejo Mundo y el vasto sector del Pac�fico conocido como Ocean�a, adem�s de establecer la presencia de esas potencias coloniales en el extremo austral de Am�rica. En fin, es recordar el acontecimiento vital, inspirado por el Padre de la Patria desde su lejano exilio, ordenado por el visionario Bulnes y realizado por el abnegado Comandante Juan Guillermos, quien el 21 de septiembre de 1843 tom� oportunamente posesi�n del Estrecho de Magallanes en nombre del Gobierno soberano de Chile, adelant�ndose por un par de d�as a la fragata francesa Phaeton, que tra�a las mismas intenciones. En su historia, podremos sentirnos parte de la lucha de visionarios gobernadores del nuevo y lejano territorio de la Rep�blica que buscaron con ah�nco extender el poblamiento austral hasta donde jur�dica e hist�ricamente le correspond�a a Chile, pero, tambi�n, conocer de la carencia de apoyo de los gobiernos centrales, que, faltos de voluntad y de visi�n para valorar la importancia estrat�gica de Magallanes, ignoraron a las autoridades locales y finalmente fueron responsables de la p�rdida de una parte importante de nuestro territorio. Viajando por las p�ginas que su fluida pluma nos ha entregado, podemos conocer las dificultades que debi� superar el inicial poblamiento austral de la joven naci�n sudamericana; los serios problemas y los grandes sacrificios que provoc� esta tarea; los desaf�os que debieron enfrentar los hijos de Chilo� que llegaron a las inh�spitas estepas patag�nicas, a los que se sumaron emigrantes europeos, especialmente croatas, dando origen a una poblaci�n emprendedora y pujante que fue capaz de vencer las dificultades de la naturaleza y el rigor del clima, afianzando la soberan�a chilena en el extremo austral de Am�rica. Quiz�s un breve recuerdo del sue�o de Don Bosco, quien vio en esas lejanas y brav�as tierras un futuro de gran prosperidad y que requer�a la mano de Dios para humanizar y cristianizar la obra emprendedora que se concret� con el env�o de sus misioneros, cuyo aporte a la defensa de los derechos de los nativos, primero, y a la educaci�n y formaci�n de juventudes, luego, fue vital para el desarrollo de la comunidad austral. Nos permitimos con Mateo Martinic reconstruir el camino de los a�nikenk, de los kaw�skar, de los s�lknam, de los y�manas; avizorar en el fr�o horizonte patag�nico y fueguino los primeros encuentros de esos pueblos primigenios con los europeos y luego con los colonizadores chilenos; mostrar el choque desigual de dos culturas tan diferentes y el exterminio de esos seres generalmente pac�ficos, que se inici� con la ocupaci�n de los amplios espacios que habitaban por milenios, donde antes libremente se desplazaban en sus cacer�as de guanacos, y que los colonos cercaron y ocuparon con sus grandes reba�os de ovejas. Fue la lucha entre el progreso y la civilizaci�n y el derecho de los abor�genes a continuar viviendo en su tierra. Al final, las enfermedades y las balas de los civilizados terminaron con los b�rbaros. Lo dice muy bien Mateo Martinic en su "Historia de la Regi�n Magall�nica": "es un trayecto largo, largu�simo, iniciado muy atr�s remontando milenios, hurgando casi a tientas entre las brumas del tiempo del poblamiento primigenio y proseguido en panor�mico recorrido hasta nuestros d�as, a trav�s del conocimiento de una secuencia de sucesos que han dado singularidad y car�cter a la presencia humana.". En ese crisol de razas y de amplios horizontes, de lejan�as y de rigores clim�ticos, de angustias y esperanzas se forj� Mateo Martinic, hijo de emigrantes croatas, educado en la disciplina salesiana y con un profundo amor por su tierra. Busc� afanosamente en las profundidades del conocimiento y del estudio los elementos que le permitieron ir construyendo paso a paso, tenazmente, el caminar del ser humano por los g�lidos espacios australes y sentirse parte integrante de esa larga odisea. Por eso, apenas termina sus estudios de abogado regresa a Magallanes y se incorpora de lleno al quehacer de la comunidad. Participa con entusiasmo del proyecto pol�tico que encabeza Frei Montalva y es honrado con el cargo de Intendente de la provincia m�s austral del pa�s. Su gesti�n es una suerte de s�ntesis que s�lo pudo realizar quien se hab�a adentrado en las profundidades de la historia y al mismo tiempo pose�a la fuerza y el empuje de aquellos que forjaron el poblamiento inicial de Magallanes. Magallanes es una tierra dif�cil, y su desarrollo no s�lo requiere cuantiosos recursos, sino que, sobre todo, necesita el empuje de gentes de excepci�n. La mente preclara de Martinic supo tempranamente comprender que para conquistar un territorio tan inh�spito y consolidar su poblamiento era imprescindible conocer su historia. No resultaba posible construir el futuro sin hurgar en los rincones m�s lejanos del acontecer austral que le dieran una base s�lida. Su gesti�n estuvo marcada por el sello de esa experiencia vital y qued� impresa en los nuevos poblamientos, varios de ellos hoy convertidos en comunas que dieron una fisonom�a distinta a la entonces provincia de Magallanes. Hab�a que asentar a las familias cerca de los lugares de trabajo, entreg�ndoles el apoyo del Estado para hacer patria y construir futuro. Su clara visi�n de estadista le permiti� ejercer el liderazgo de la regi�n con un claro sentido de integraci�n nacional, pero con un fuerte componente descentralizador. Constituy� equipos de trabajo regional con los que proyect� y realiz� la labor de desarrollo con gran autonom�a, muchas veces s�lo informando al gobierno central, labor que pudo efectuar gracias a su enorme prestigio y a la comprensi�n de quienes lo ve�an como un extraordinario realizador. Sus obras a�n perduran en la mente de los magall�nicos. La Corporaci�n de Magallanes, importante herramienta de desarrollo regional, lamentablemente desaparecida, y el Instituto de la Patagonia, el m�s importante centro de investigaci�n del austro, hoy dependiente de la Universidad de Magallanes, son quiz�s las m�s relevantes de sus realizaciones. Entre los a�os 93 y 97, motivado por su permanente vocaci�n de servicio, integra el Consejo Regional de Magallanes, donde sus conocimientos y experiencia le permitieron entregar un fruct�fero aporte al desarrollo regional. Tempranamente se inicia en la historiograf�a, construyendo en forma paciente una obra que habr�a de depararle grandes satisfacciones y reconocimientos. Inicia su fecunda tarea con la memoria con que opt� al grado de Licenciado en Ciencias Jur�dicas y Sociales de la Universidad Cat�lica, titulada "Presencia de Chile en la Patagonia Austral (1843-1879)". Hoy, su producci�n supera los 390 t�tulos, siendo el m�s importante la ya mencionada "Historia de la Regi�n Magall�nica", obra que condensa el conocimiento acumulado sobre la regi�n austral, expuesto con agilidad, lo que hace de su lectura una agradable entretenci�n y, ciertamente, constituye una fuente de consulta obligada para quienes buscamos afanosamente los caminos del desarrollo. El aporte de Martinic a la historiograf�a de la Regi�n de Magallanes es, sin duda, el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha y, junto al trabajo de otros autores, conforma una fuente de conocimiento de gran relevancia que permite a los interesados contar con antecedentes que pocas Regiones del pa�s pueden exhibir con tanta profundidad. No en vano hace m�s de 30 a�os comenz� a recibir los primeros reconocimientos a su labor. En efecto, en 1969 la Rep�blica de Yugoslavia lo condecora con la Orden de la Bandera de Yugoslavia en el grado de Gran Cruz; en 1982 es nominado Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile y condecorado como Hijo Ilustre de Magallanes; en 1985 es nombrado Consejero Supernumerario del Instituto del Patrimonio Territorial de Chile; en 1986 es designado Miembro Correspondiente del Instituto de Estudios Asturianos, de Oviedo, e incorporado al Ilustre Instituto de Artes y de Ciencias de Nueva York; en 1988 recibe la Medalla al M�rito Cient�fico y Cultural de la Comunidad Croata de Magallanes; en 1991 es distinguido con el Premio Geopol�tico de Chile por el instituto hom�nimo y obtiene la Medalla al M�rito Universitario Hernando de Magallanes; en 1992 fue distinguido con la dignidad de Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geograf�a; en 1993 es incorporado como socio activo del Instituto Croata Latinoamericano, en Buenos Aires; en 1994 es recibido como Miembro Correspondiente de la Academia Naval y Mar�tima de Chile; en 1997 es designado miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios; en 1998 obtiene la Membres�a correspondiente, en calidad de Acad�mico de M�rito, de la Academia Portuguesa de Historia, y la Rep�blica de Croacia le otorga la Medalla de la orden cultural Estrella Croata. El amplio reconocimiento nacional e internacional a Mateo Martinic ha de ser un aliciente que lo impulse a continuar con renovados br�os su tarea de investigador, lo que permitir� que nos entregue conocimientos y valores que enriquezcan la historia magall�nica y de todo nuestro pa�s. A trav�s del presente homenaje, el Senado de la Rep�blica se suma a los que han estimado justo reconocer los m�ritos de un chileno de excepci�n y un gran magall�nico, quien nos acompa�a hoy desde las tribunas. Muchas gracias. --(Aplausos en la Sala y en tribunas). El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, estimado Mateo y distinguida esposa, Honorables colegas: La opini�n p�blica y los c�rculos culturales de todo el pa�s han recibido con un�nime benepl�cito el otorgamiento del Premio Nacional de Historia en el a�o 2000 a Mateo Martinic Beros, distinci�n entregada por primera vez a un historiador regional. El jurado fundament� su elecci�n en la "magnitud y trascendencia de su obra, que ha descubierto la historia de la Regi�n de Magallanes a Chile y el mundo.". "Ratifica la trascendencia de la obra del actual director del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, quien durante su vasta trayectoria acumula cerca de 400 publicaciones", editorializ� el diario "El Magallanes", de Punta Arenas. "Dif�cilmente se encontrar� un acuerdo m�s extendido en torno a la calidad y al rigor cient�fico de la obra de Mateo Martinic", se�al� el diario "El Mercurio" de Santiago. "El conjunto de obras de Martinic hace que Magallanes sea la regi�n de Chile con la historia m�s estudiada. Es un ejemplo de descentralizaci�n cultural", afirma el historiador y tambi�n Premio Nacional Sergio Villalobos. A su juicio, "la "Historia de la Regi�n Magall�nica", de Martinic, constituye un panorama amplio, que es mucho m�s que un relato cronol�gico, pues variados temas de car�cter geogr�fico, econ�mico, social, cultural y pol�tico est�n tratados con valor en s� mismo y de manera detenida, de modo que hay un acercamiento a la historia de los grandes procesos.". Agrega: "Siempre parte de los hechos, tal como fueron, sin entregarse a alucinaciones te�ricas.". La unanimidad que se observa responde a una trayectoria indiscutiblemente sobresaliente y representativa, adem�s, del gran aporte que pueden efectuar las Regiones a la vida nacional. Naci� en Punta Arenas el 20 de octubre de 1931, en la familia de los inmigrantes croatas Mateo Martinic y Rosa Beros, llegados a principios de siglo, y se encuentra casado con una descendiente de inmigrantes asturianos, Dolores Rub�n. Curs� sus primeros estudios en el Liceo San Jos�, de esa ciudad. Su formaci�n acad�mica como historiador tuvo lugar en la Universidad Cat�lica de Chile, donde el encuentro con Jaime Eyzaguirre lo movi� a seguir su vocaci�n: la historia. Primer fruto de ella fue su memoria "Presencia de Chile en la Patagonia Austral (1843-1879)", publicada en 1964 por la Editorial Andr�s Bello. No permaneci� en la Capital, sino que regres� a Magallanes, donde demostr� que, pese al aislamiento y las dem�s desventajas derivadas del centralismo, es posible desarrollar en las Regiones una labor intelectual de primera calidad. Y ello, con el m�rito adicional de que trabajar, investigar y hacer historia desde Punta Arenas es redobladamente dif�cil. En palabras de Mateo Martinic, "significa trabajar aislado, en solitario, lejos del necesario intercambio acad�mico con los pares, con fuentes no siempre suficientes ni completas.". En dicha ciudad fund�, en 1969, el Centro de Estudios Patag�nicos, hoy Instituto de la Patagonia, incorporado a la Universidad de Magallanes. All� supo agrupar a investigadores de diversas disciplinas, con esa Regi�n como centro espec�fico de inter�s. La labor de dicho Instituto ha sido cuantiosa, y sus "Anales" han ganado prestigio en los medios cient�ficos de Chile y el extranjero. Es precursor y modelo para la formaci�n y existencia de centros regionales de investigaci�n cient�fica. Actualmente trabaja all� m�s de una docena de investigadores, que abordan temas tan diversos como arqueolog�a, glaciolog�a, ecosistemas naturales, geolog�a, historia y antropolog�a, para contribuir al mejor conocimiento y desarrollo de la zona. La nociva marea roja, por ejemplo, ha venido siendo estudiada desde hace 25 a�os. La enumeraci�n de sus publicaciones no es posible aqu�, pero su conjunto da cuenta de c�mo, a lo largo de los siglos, han podido asentarse y sobrevivir grupos humanos de muy variado origen en un territorio tan particularmente dif�cil como Magallanes, y de c�mo, en menos de cinco siglos, han dado el salto desde la prehistoria hasta la creaci�n de una cultura propia, integrada a la idiosincrasia chilena, pero con rasgos distintivos propios. La obra de Martinic comenz� con la investigaci�n de la presencia jurisdiccional de Chile en el territorio patag�nico austral entre 1843 y 1879, determinante para la posesi�n, as� como para el dominio posterior. Luego se ocup�, de manera programada y sistem�tica, en aspectos referidos a la colonizaci�n. M�s tarde fue abordando punto por punto el proceso del poblamiento, en particular la inmigraci�n europea. Posteriormente se orient� hacia el desarrollo social. Su obra refleja las distintas etapas de la g�nesis y evoluci�n magall�nicas. Dos libros principales, adem�s de muchas otras publicaciones espec�ficas, dan una visi�n de los pueblos originarios de la Regi�n. Uno de ellos es "Del mito a la realidad. Evoluci�n iconogr�fica del pueblo tehuelche meridional", publicado en 1991 con otros autores. Esto �ltimo debe destacarse, pues, como su maestro Eyzaguirre, tambi�n Martinic ha sido inspirador, descubridor y alentador de vocaciones. En esa misma �rea destaca asimismo la obra "Los a�nikenk. Historia y cultura", de 1995. Otra parte importante de su labor historiogr�fica se halla dedicada a los viajes de descubrimiento, la colonizaci�n y la vida en esa zona de frontera. Cabe mencionar sus libros "Historia del Estrecho de Magallanes", "La Tierra de los Fuegos", "�ltima Esperanza en el tiempo", "Cr�nica de las tierras del sur del canal Beagle", "Los espa�oles en Magallanes", "Los alemanes en Magallanes", "La inmigraci�n yugoslava en Magallanes". Sus estudios sobre personalidades pioneras en la formaci�n y desarrollo de la Regi�n, como Jos� Men�ndez y Jos� Nogueira, han sido calificados por especialistas como verdaderos "modelos de investigaci�n". Dos obras de conjunto, "Historia de la regi�n magall�nica" y "Cartograf�a magall�nica 1523-1945", re�nen los resultados de casi 40 a�os de investigaci�n y maduraci�n y confirman, a juicio del historiador Fernando Silva Vargas, "la categor�a universal que puede alcanzar la historia local". Cuando inici� su tarea, seg�n �l mismo se�ala, "no pod�a hablarse de una historia de Magallanes de manera clara, coherente y estructurada. Hab�a episodios, tratados, elementos, pero no una visi�n coherente.". Gracias a su "trabajo sistem�tico, ordenado y sostenido", ahora se dispone de "una visi�n coherente, integrada, org�nica del acontecer humano en la regi�n magall�nica, desde el principio del poblamiento hace 12 mil a�os hasta nuestros d�as.". Esa labor est� ya consagrada por todos los c�rculos especialistas, por el p�blico lector y, ahora, por el Premio Nacional. Dista mucho, sin embargo, de haber concluido. Mateo Martinic se encuentra en plena producci�n. S�lo en los �ltimos dos a�os ha presentado tres publicaciones. Una de ellas recoge, en m�s de 300 p�ginas, la iconograf�a y mapas de la regi�n austral desde 1523. En el a�o en curso apareci� su obra m�s reciente, "Rey Don Felipe: Acontecimientos Hist�ricos", que trata sobre ese asentamiento, posteriormente bautizado como "Puerto del Hambre" por el pirata Cavendish. Ahora trabaja en una biograf�a doble de Jos� Men�ndez y Mauricio Braun, por ser ellos "dos empresarios excepcionales y visionarios. Hicieron de la nada, fundaron donde no hab�a, levantaron donde fue necesario. Con el concurso de otros pioneros, echaron a andar a Magallanes.". Sucesivas ediciones de la mayor parte de sus t�tulos dan testimonio de la perdurabilidad y vigencia de sus conclusiones. La solidez de su obra responde, en parte decisiva, a la propia autodefinici�n de Martinic: "Soy un investigador en terreno", ha dicho hace poco. Su trabajo no ha nacido s�lo de "revisar innumerables archivos. Nace igualmente de toda una vida en las tierras magall�nicas, sus pampas, su mares, su clima de rigor extremo, sus gentes, que son mezcla de tan dis�miles or�genes culturales". "Para entender lo que pudo ser la adaptaci�n de los pioneros al rudo clima austral" -sostiene Martinic- "es importante tener la experiencia de vivir una tormenta, de aguantar el viento y el fr�o. Hay que recorrer la estepa muchas veces para percibir -en su aparente monoton�a- la belleza que tiene, su sensaci�n de libertad e infinitud, sus cielos cambiantes, sus horizontes sin l�mites que capturaron a tanta gente". Sin eso "no se comprende la historia austral". �sa es una observaci�n significativa no s�lo para su obra, sino tambi�n para la labor de administraci�n y legislaci�n que se realiza desde el centro del pa�s, a menudo sin un conocimiento cabal de la realidad magall�nica. Dicha realidad surge de una mezcla entre lo regional y lo inmigratorio, que ha sido calificada por Martinic como "determinante. La inmigraci�n a esta zona ha provenido de dos grandes vertientes: la nacional, constituida principalmente por chilotes, y la europea. Entre 1890 y 1920 llegaron a radicarse 12 mil europeos, una cifra bastante alta para Chile y esta regi�n. De ellos, un tercio fueron croatas, que en una enorme mayor�a ven�an de Dalmacia, y espec�ficamente de la isla de Brac (cerca del 70 por ciento). Los espa�oles eran predominantemente asturianos... y tambi�n gallegos, atra�dos por el tema mar�timo. Llegaron asimismo alemanes y brit�nicos, de los cuales la mitad eran escoceses". "De la fusi�n de los distintos contingentes surgi� una sociedad pluri�tnica, con caracteres de singularidad que la hacen �nica y diferente en Chile; ni mejor ni peor, pero distinta, con rasgos fuertes de laboriosidad y ahorro". De all� la singular evoluci�n de la Regi�n: "El per�odo comprendido entre 1890 y 1920 se caracteriz� por un desenvolvimiento autogenerado, autosuficiente y aut�rquico que, en alguna medida, puso a Magallanes en una situaci�n de relaci�n laxa con el centro metropolitano y el resto de Chile, en lo que podr�a calificarse como una autonom�a virtual. Los magall�nicos se sintieron due�os de su destino y resolvieron por s� en lo que importaba, conscientes de que le entregaban al pa�s un territorio nuevo y pr�spero". Martinic asigna influencia en su pensamiento a la obra historiogr�fica m�ltiple de Jos� Toribio Medina, a quien califica como "investigador magistral de nuestro pasado". Y siente una afinidad particular con Jaime Eyzaguirre, a quien considera "el mejor historiador chileno del siglo XX, por su claridad conceptual, su vitalidad expositiva y su forma de trabajo". Juicios que, con justicia, podr�an aplicarse igualmente a la obra de Martinic. El hecho de que la historia de Chile no pueda entenderse hoy en plenitud sin incluir la historia de Magallanes se debe, en forma decisiva, a la obra de Mateo Martinic. �sta da cuenta de glorias y dolores; pero es tambi�n una obra que, al cabo de una vida de estudio, tiene una mirada esperanzada para el futuro de la Regi�n. Le duele la deprimida situaci�n presente de Magallanes, pero la cree "s�lo coyuntural". "Conf�o" -dice- "en que saldremos de ella m�s temprano que tarde". Compartiendo esa confianza, sentimos el Premio Nacional a Martinic como un gran motivo de orgullo y, al mismo tiempo, de buen augurio y esperanza para Magallanes y para todos los magall�nicos. He dicho. --(Aplausos en la Sala y tribunas). El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, como representante de la Regi�n de Ais�n, vecina de Magallanes, no puedo estar ausente de este justo homenaje que se rinde a don Mateo Martinic Beros por su reciente Premio Nacional de Historia. Sus estudios comprenden la Patagonia entera -por cierto la Regi�n de Magallanes-, la Patagonia argentina y tambi�n la Regi�n de Ais�n. Adem�s, como vecino, y producto del desarrollo de labores por m�s de veinte a�os en la b�squeda de la integraci�n f�sica entre Ais�n y Magallanes, tempranamente tuve el honor de conocerlo y saber de su tremendo trabajo, que ha sido muy valioso para la geograf�a y el conocimiento de la historia de la zona austral. Se da la feliz coincidencia de que nuestros antepasados tambi�n fueron vecinos, pues los m�os provienen del imperio austro-h�ngaro, cercano a Croacia y particularmente a la isla de Brac, tierra de los padres de don Mateo Martinic. Naci� en Punta Arenas el 20 de octubre de 1931. Es hijo de Mateo Martinic y de Rosa Beros, inmigrantes croatas y originarios -como se ha dicho- de la isla de Brac (Dalmacia), quienes se radicaron en Magallanes a comienzos de siglo. Realiz� sus estudios primarios y secundarios en el Liceo San Jos�, que forma parte de la magnifica obra realizada por los salesianos en la zona austral. Ah� le fue imbuida y transmitida esta esperanza y sue�o por el futuro, con la que tambi�n so�� don Juan Bosco. Los estudios superiores que efectu� en las Universidades de Chile y Cat�lica le permitieron recibir el grado de Licenciado en Derecho y el t�tulo de abogado, en 1963. En esa casa de estudios fue alumno y amigo de don Jaime Eyzaguirre, notable historiador de nuestro pa�s. En aras del desarrollo, la ciencia y la cultura, fund� en 1969 el Instituto de la Patagonia, conocido internacionalmente como Centro de Investigaciones Regionales. Tambi�n fue gestor y fundador del Museo de la Patogonia, que forma parte de ese Instituto, y se mantuvo en su direcci�n hasta 1984. Luego de incorporarse a la Universidad de Magallanes, en 1985, prosigui� sus trabajos en esta casa de estudios superiores, donde posee la jerarqu�a de Profesor Titular, aparte de haber sido integrante de su Junta Directiva entre 1984 y 1989. Adem�s, desde 1985, es coordinador del Centro de Estudio del Hombre Austral del Instituto de la Patagonia, y a partir de 1992 ocupa nuevamente la direcci�n de esta unidad acad�mica. Es importante destacar que este profesional e investigador pudo llegar a ocupar el cargo de m�xima autoridad regional -el de Intendente-, sacando adelante una notable cantidad de obras de desarrollo. Profundamente interesado en el conocimiento del pasado de la regi�n patag�nica, orient� tempranamente su labor hacia la investigaci�n hist�rica y la historiograf�a. A la fecha, su producci�n supera -como aqu� se ha se�alado- los casi cuatrocientos t�tulos, entre libros, monograf�as, estudios, ensayos y art�culos en diarios y revistas especializadas del pa�s y del extranjero, particularmente en los Anales del Instituto de la Patagonia que el mismo fundara, el cual no s�lo es conocido a nivel nacional, sino que tambi�n goza de gran prestigio internacional. Entre sus publicaciones, cabe se�alar las siguientes: "Presencia de Chile en la Patagonia Austral" (1843-1879), que fue su memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jur�dicas y Sociales, calificada con distinci�n m�xima, publicada por la Universidad Cat�lica y reeditada posteriormente; "Magallanes, S�ntesis de Tierra y Gentes" (1972); "Cr�nica de las Tierras del Sur del Canal Beagle" (1974); "Historia del Estrecho de Magallanes" (1977); "La Inmigraci�n Croata en Magallanes" (1978); "Patagonia de Ayer y de Hoy" (1980); "Hielo Patag�nico Sur" y "La Tierra de los Fuegos" (ambas publicadas en 1982); "Historia del Petr�leo en Magallanes" (1983); "�ltima Esperanza en el Tiempo" (1985); "Nogueira, el Pionero" (1986); "Magallanes de Anta�o" (1986); "Magallanes 1921-1952: Inquietud y Crisis" y "Punta Arenas en su Primer Medio Siglo 1848-1898" (editadas en 1988); "Voyagers to the Strait of Magellan", libro publicado por la Universidad de Portland, Oreg�n (Estados Unidos de Am�rica); "Historia de la Regi�n Magall�nica" (1992), obra de gran envergadura y con la que ha dado cima a una fecunda tarea historiogr�fica; "Los A�nikenk: Historia, Cultura" (1995), y "Cartograf�a Magall�nica 1523-1945" (editada en 1999), lo que le signific� hacer un recorrido por los principales centros del mundo para obtener toda la informaci�n. �ltimamente public� el libro "Rey don Felipe: Acontecimientos Hist�ricos" (2000). Aparte de esa actividad, desempe�a una tarea docente a trav�s de la c�tedra "Historia Regional de Magallanes" en las distintas carreras de las Facultades de Ingenier�a, Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias, desde 1984 en adelante. Cabe destacar que junto a su rigor, tenacidad y logros en las investigaciones, transmite permanentemente el amor que profesa a la tierra austral, su historia y sus habitantes. Y no s�lo la da a conocer sino que hace entusiasmarse por ella y por su territorio. La enorme cantidad de distinciones de que ha sido objeto fue detallada ya en este homenaje por los contentos representantes de Magallanes en esta Alta Corporaci�n. Por mi parte, quiero se�alar que el Premio Nacional de Historia 2000 no s�lo hace justicia a su labor por la Patagonia, por la Regi�n de Magallanes, sino que adem�s constituye un testimonio de c�mo desde una zona apartada -superando todas las adversidades de un pa�s como Chile, que vive y sufre el centralismo- ha logrado proyectarse nacional e internacionalmente. Don Mateo Martinic es una prueba fehaciente de lo que nuestro poeta Nicanor Parra en su lenguaje expresa: "O Dios est� en todas partes o en ninguna". �l ha demostrado que en Magallanes, el �ltimo lugar del mundo, tambi�n est�. Muchas gracias. --(Aplausos en la Sala y tribunas). El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, se�ores Senadores, se�or Mateo Martinic y distinguida esposa, se�ores invitados especiales: El Comit� Institucionales 1 no quiere estar ausente en este homenaje que se rinde al Premio Nacional de Historia del a�o 2000 don Mateo Martinic Beros. A todo lo que se ha dicho sobre su prol�fica labor y su se�era posici�n de l�der en la historia de las Regiones, centrada en la de Magallanes, cabe agregar antecedentes conocidos quiz�s por muy pocos en la opini�n p�blica, pero que de una u otra manera para el Senador que habla han significado una ligaz�n con su trabajo y -m�s que eso- un reconocimiento profundo no s�lo a su labor extraordinariamente productiva, seria y documentada como historiador en esa parte del territorio; a su visi�n de chileno con un concepto de lo que debi� haber sido la soberan�a ejercida por Chile en esa zona, sino tambi�n a su desempe�o como Intendente de Magallanes, cargo en el que fue nombrado en 1966. Entonces yo era Comandante de una unidad modern�sima de la Armada: la torpedera "Guacolda", que se incorpor� a la zona austral para buscar la recuperaci�n del equilibrio estrat�gico -en esa �poca tan cuestionado- en nuestras relaciones con Argentina con motivo del problema del canal Beagle. A ella se sumaron despu�s tres unidades m�s, constituyendo una fuerza con la cual se logr� el equilibrio estrat�gico que finalmente permiti� al Supremo Gobierno -con la tranquilidad de contar detr�s con un elemento de fuerza- entablar conversaciones diplom�ticas, las que finalmente derivaron en que el conflicto del Beagle se presentara al Tribunal Arbitral de Su Majestad brit�nica. Recib� a bordo a don Mateo Martinic (probablemente �l no lo recuerda) un d�a ventoso, como lo son todos en Punta Arenas; se le brindaron los honores correspondientes a su calidad de autoridad m�xima regional y salimos a navegar. Sus comentarios y consultas indicaban que ten�a una visi�n m�s all� de la del especialista en humanidades: la de un hombre que miraba un nuevo instrumento para asegurar la soberan�a en el �rea. �Claro, el historiador conoce muy bien lo que significa el mar en la zona, porque sin el mar no existe Magallanes! Transcurrieron los a�os y en 1994 la Academia de Historia Naval y Mar�tima, como reconocimiento a su obra, invit� a don Mateo a incorporarse como miembro activo de ella. �l acept� y como Presidente de la instituci�n me correspondi� recibirlo. Recuerdo que en una ocasi�n, cuando le coment� que el Gobierno nos hab�a autorizado para iniciar los contactos a fin de adquirir un rompehielos con el prop�sito de solucionar los problemas de comunicaci�n de Magallanes con la Ant�rtida; un buque que pudiera ir all� en todas las estaciones del a�o y que reemplazara al viejo "Piloto Pardo", me dijo -y �ste constituye un reconocimiento m�s a su visi�n de chileno sobre lo que significan esa porci�n de Chile y la soberan�a-: "Almirante, le sugiero que lo denomine "�scar Viel", en honor a un Capit�n de Corbeta que en la d�cada de 1870 se hizo cargo de la Gobernaci�n de Punta Arenas y que, entre otras cosas, se preocup� del desenvolvimiento econ�mico del lugar y estableci� la primera zona franca, con un concepto de desarrollo tan v�lido en ese momento como lo es hoy d�a. Es as� como actualmente la Armada y el Estado de Chile cuentan con el rompehielos "Contraalmirante �scar Viel Toro". Como dije al comienzo, el Comit� Institucionales 1 se ha sumado al homenaje que se tributa esta tarde a don Mateo Martinic Beros porque no hay duda de que, m�s all� de su tarea de investigaci�n, este Premio Nacional de Historia alberga un profundo sentimiento por la zona austral del pa�s. Lo felicitamos, don Mateo. Y desde aqu� reciba un gran abrazo y nuestros deseos de completo �xito en lo que todav�a le queda por realizar. Muchas gracias. (Aplausos en la Sala y tribunas). El se�or RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Desde la Testera saludamos a don Mateo, a su familia y a sus acompa�antes. Ha terminado el homenaje. Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:12. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n