REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 343�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 15�, en martes 5 de diciembre de 2000 Extraordinaria (De 11:17 a 13:48) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESI�N III.TRAMITACI�N DE ACTAS IV.CUENTA Acuerdos de Comit�s V.ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que regula derecho de visita a hijos sometidos a tuici�n de uno de los padres (1551-18) (se aprueba su informe) Proyecto de ley, en primer tr�mite, que modifica la ley N� 18.168, General de Telecomunicaciones, a fin de regular enlace de transmisiones radiales de concesionarios de distintas zonas de servicio (2316-15) (se aprueba en general) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica el C�digo de Aguas (876-09) (queda pendiente su votaci�n general) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros Secretario General de la Presidencia; de Justicia y de Obras P�blicas subrogante, y el se�or Director General de Aguas. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 11:17, en presencia de 16 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 12�, 13� y 14�, ordinarias, en 15, 28 y 29 de noviembre del a�o en curso, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Cinco del se�or Vicepresidente de la Rep�blica: Con el primero, incluye en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto de ley sobre indulto general, con motivo del Jubileo 2000. (Bolet�n N� 2.633-07). -Se toma conocimiento. Con el segundo, retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el car�cter de "discusi�n inmediata", respecto del proyecto de ley del deporte. (Bolet�n N� 1.787-02). Con el tercero, retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el car�cter de "simple", respecto del proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote franc�s Pierre Albert Luis Dubois Desvignes. (Bolet�n N� 1.902-17). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Con los dos �ltimos, hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", respecto de los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley que modifica el C�digo de Aguas. (Bolet�n N� 876-09), y 2) Proyecto de ley que establece adecuaciones a la Ley Org�nica del Consejo de Defensa del Estado. (Bolet�n N� 2.455-07). --Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios De la Honorable C�mara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que dicta normas sobre la educaci�n parvularia y regulariza la instalaci�n de jardines infantiles. (Bolet�n N� 2.404-04). --Pasa a la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. De la Excelent�sima Corte Suprema, con el que emite su opini�n acerca del proyecto de ley que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos. (Bolet�n N� 2.625-07). --Se toma conocimiento, y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Informe Segundo informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, reca�do en el proyecto de ley que deroga la pena de muerte, con urgencia calificada de "simple". (Bolet�n N� 2.367-07). --Queda para tabla. Permisos Constitucionales De los Senadores se�ores Bitar y Mu�oz Barra, con los que solicitan autorizaci�n para ausentarse del pa�s por m�s de treinta d�as, a contar del 4 y del 1� del mes en curso, respectivamente. --Se accede. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or HOFFMANN (Secretario).- En sesi�n de hoy, los Comit�s acordaron por unanimidad lo siguiente: 1. Postergar hasta el martes pr�ximo el tratamiento del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio marco relativo a la ejecuci�n de la ayuda financiera y t�cnica y de la cooperaci�n econ�mica en Chile en virtud del reglamento "ALA", que figura en el segundo lugar de la tabla de esta sesi�n. 2. Poner en primer y segundo lugar del Orden del D�a los asuntos signados con los n�meros 3 y 4, es decir, el informe de la Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a la tuici�n de uno de los padres, y el proyecto que regula el enlace de transmisiones radiales de concesionarios de distintas zonas de servicio, respectivamente, y tratarlos como si fueran de F�cil Despacho. 3. Respecto de este �ltimo, y en caso de aprobaarse en general, fijar plazo de 30 d�as para presentar indicaciones. 4. Tratar en el primer lugar de la tabla de la sesi�n del martes 12 del actual el proyecto sobre el deporte. 5. Prorrogar el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre seguro de desempleo hasta la fecha que determine el se�or Presidente del Senado, luego de consultar al Ejecutivo. Hecho esto, propone alargarlo hasta el martes 12 de diciembre, a las 12. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Debo informar a la Sala que solicit� a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica el retiro de la urgencia, calificada de "discusi�n inmediata", respecto del proyecto del deporte, por encontrarse a�n pendiente en la Comisi�n de Hacienda. El Ejecutivo accedi� a ello, de modo que el Senado lo tratar� en el primer lugar de la tabla de la sesi�n del pr�ximo martes. ______________ El se�or SABAG.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or SABAG.- Es para solicitar a Su Se�or�a que recabe el acuerdo de la Sala a fin de autorizar a la Comisi�n Mixta de Vivienda a sesionar simult�neamente con la Sala a contar de las 12. Es para finiquitar un asunto pendiente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se�or Senador, lo har� una vez que despachemos el primer asunto de la tabla, que requiere qu�rum de ley org�nica constitucional. Otro tanto vale para la Comisi�n de Hacienda, que ha pedido autorizaci�n para reunirse y tratar el veto al proyecto del deporte. V. ORDEN DEL D�A DERECHO DE VISITA A HIJOS EN TUICI�N. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Informe de la Comisi�n Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas C�maras durante la tramitaci�n del proyecto de ley que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuici�n de uno de los padres. (Bolet�n N� 1551-18). --Los antecedentes sobre el proyecto (1551-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 6�, en 12 de junio de 1996. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 4�, en 13 de octubre de 1999. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 19�, en 4 de agosto de 1999. Mixta, sesi�n 15�, en 5 de diciembre de 2000. Discusi�n: Sesi�n 20�, en 10 de agosto de 1999 (se aprueba en general y particular). El se�or HOFFMANN (Secretario).- La controversia entre ambas C�maras se origin� en el rechazo por parte de la Honorable C�mara de Diputados de la mayor parte de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en su segundo tr�mite constitucional. La Comisi�n Mixta consigna en su informe las proposiciones destinadas a resolver las diferencias producidas entre ambas Corporaciones. La Secretar�a elabor� un bolet�n comparado de cuatro columnas: en la primera figura el texto legal vigente; en la segunda, el texto aprobado por la C�mara de Diputados; en la tercera, las enmiendas introducidas por el Senado y la resoluci�n adoptada por la otra rama del Congreso en su tercer tr�mite, y en la cuarta, la propuesta formulada por la Comisi�n Mixta. Cabe hacer presente que la C�mara Baja ya aprob� el informe de la Comisi�n Mixta en su totalidad. Por �ltimo, es el caso se�alar que los n�meros 1 y 2 del art�culo �nico del proyecto son normas de car�cter org�nico constitucional y requieren para su aprobaci�n el voto conforme de los cuatro s�ptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, hoy d�a 23 votos favorables. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n el informe de la Comisi�n Mixta. Tiene la palabra su titular, el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, el proyecto cuyo informe de Comisi�n Mixta tenemos a la vista es relativamente simple, que regula lo que antes se llamaba derecho a visita, y que actualmente el C�digo Civil denomina derecho a mantener con el hijo una relaci�n directa y regular, en el caso de los padres que viven separados. La Honorable C�mara de Diputados, como se�al� el se�or Secretario, rechaz� la mayor�a de las proposiciones del Senado, las que fueron repuestas por la Comisi�n Mixta casi en su totalidad. De manera que el texto que propuso es pr�cticamente el informe del Senado, que consiste en dar una tramitaci�n muy expedita al derecho que asiste al padre o la madre que no tuvieren el cuidado personal del hijo, para que mantengan una relaci�n directa y regular con �l. La solicitud tiene plazo, se falla como incidente, pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que aprob� la C�mara de Diputados, deben cumplirse las normas del debido proceso, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de ser o�das por el juez al dictarse la resoluci�n sobre las visitas provisorias e incidentes. Se�or Presidente, �sa es la parte medular y el esp�ritu del informe sometido a nuestra consideraci�n, vale decir, que las visitas se hagan efectivas y que los jueces resuelvan siguiendo las normas del debido proceso, estableci�ndose plazos m�s breves y una forma m�s expedita para la tramitaci�n de la solicitud, pues este derecho -que antes se llamaba de visita y que ahora se refiere a la mantenci�n de una relaci�n personal con los hijos- no admite r�plica ni demora. A veces, la dificultad para ejercerlo produce efectos sicol�gicos en los ni�os mucho m�s perjudiciales de lo que puede imaginarse. �se fue el criterio del Senado al proponer las modificaciones a la C�mara de Diputados y que la Comisi�n Mixta acogi�. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� el informe de la Comisi�n Mixta. --Se aprueba por unanimidad, y se deja constancia, para los efectos del qu�rum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 32 se�ores Senadores. ______________ El se�or GAZMURI.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or GAZMURI.- Solicito autorizaci�n para que la Comisi�n de Hacienda pueda funcionar paralelamente con la Sala, a fin de discutir el proyecto de Ley del Deporte, que, seg�n lo acordado por los Comit�s, deber� ser tratado en el primer lugar de la tabla de la sesi�n del pr�ximo martes. Por lo tanto, resulta necesario estudiarlo y despacharlo hoy en la ma�ana. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No habr�a inconveniente. Eso s�, la Mesa pide a los miembros de la Comisi�n de Hacienda que, como el proyecto sobre modificaci�n del C�digo de Aguas contiene normas de ley org�nica constitucional, concurran a la Sala al momento de efectuarse la votaci�n, para cuyo efecto se les avisar� oportunamente. El se�or GAZMURI.- Bien, se�or Presidente. --As� se acuerda. MODIFICACI�N DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EN CUANTO A ENLACE DE TRANSMISIONES RADIALES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto, en primer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n del Honorable se�or Cantero, que modifica la ley N� 18.168, General de Telecomunicaciones, regulando el enlace de transmisiones radiales de concesionarios de distintas zonas de servicio, con informe de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones. --Los antecedentes sobre el proyecto (2316-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n del se�or Cantero). En primer tr�mite, sesi�n 30�, en 6 de abril de 1999. Informe de Comisi�n: Transportes, sesi�n 1�, en 3 de octubre de 2000. El se�or HOFFMANN (Secretario).- La Comisi�n se�ala en su informe que el principal objetivo de la iniciativa es establecer que las concesiones de radiodifusi�n sonora de libre recepci�n s�lo dan derecho a emitir transmisiones radiales originadas en la respectiva zona de servicio y destinadas a ella, permitiendo, no obstante, el enlace de transmisiones siempre que cada estaci�n de radiodifusi�n origine diariamente, a lo menos, un 50 por ciento de su programaci�n emitida desde sus estudios y cuya producci�n haya sido elaborada en la regi�n correspondiente a su zona de servicio, sancionando con la caducidad de la concesi�n a quien infrinja las disposiciones de esta normativa. En el informe se describen los antecedentes tenidos a la vista durante la discusi�n del proyecto y se resume el debate habido en el seno de la Comisi�n, la que propone a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes -Honorables se�ores Cantero, Cordero y Mu�oz Barra-, su aprobaci�n en general en los t�rminos en que figura en la p�gina 31 del informe. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Los Comit�s sugieren aprobar en general la iniciativa, fijar un plazo de treinta d�as para formular indicaciones y hacer las consultas pertinentes al Ejecutivo debido a que sus normas pueden tener alguna incidencia en las concesiones ya otorgadas. �Habr�a acuerdo para aprobarla? --Se aprueba en general el proyecto, y se fija el 4 de enero, a las 12, como plazo para presentar indicaciones. MODIFICACI�N DE C�DIGO DE AGUAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde continuar la discusi�n general del proyecto del ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el C�digo de Aguas, con informe de las Comisiones de Obras P�blicas, de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 26�, en26 de agosto de 1997. Informes de Comisi�n: Obras P�blicas, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Constituci�n, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Hacienda, sesi�n 5�, en 17 de octubre de 2000. Discusi�n: Sesiones 8� y 9�, en 7 y 8 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusi�n general). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Como han transcurrido muchos d�as desde que quedar� pendiente el estudio del proyecto, dar� lectura a la lista de oradores inscritos. Est� conformada por los Senadores se�ores Silva, Matthei, N��ez, Bitar y Moreno. A ellos se agregan ahora los Honorables se�ores Eduardo Frei y Vald�s. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, estoy esperando mi turno hace tres sesiones. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- As� es, Su Se�or�a. Por lo tanto, le concedo la palabra en primer lugar. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, nos encontramos ante un proyecto de ley que ha sido objeto de una larga y compleja tramitaci�n. En efecto, iniciado en mensaje, ingres� a la C�mara de Diputados el 2 de diciembre de 1992. Tras un prolongado estudio, fue aprobado en su primer tr�mite constitucional el 18 de agosto de 1997, pasando al Senado en el mismo mes y a�o, donde se resolvi� la elaboraci�n de un informe por parte de una Comisi�n especial y de la Comisi�n de Hacienda. Esto se modific� y se encarg� tal cometido a la Comisi�n de Obras P�blicas, como �rgano t�cnico, y posteriormente a la de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, las cuales estudiaron extensamente el proyecto durante trece sesiones, evacuando sus informes entre noviembre de 1999 y enero de 2000. En 1981, el Gobierno de la �poca reform� la ley y estableci� que los interesados no requer�an justificar el caudal solicitado, que los derechos ser�an perpetuos y que no exist�a la obligaci�n de justificar su uso. El derecho sobre las aguas se obten�a por medio de una merced que era gratis. Esta curiosa situaci�n coloca a nuestro pa�s, en lo que se refiere a los derechos de aguas, en una situaci�n absolutamente at�pica con respecto al resto de las legislaciones y pr�cticas en el mundo. �C�mo se obtienen esos derechos hoy d�a? Primero, elevando una solicitud de acuerdo con los requisitos legales establecidos; segundo, que exista disponibilidad de agua en el sector o r�o correspondiente, y finalmente, que no se afecten los derechos de terceros. No es necesario ser propietario, ni acompa�ar un proyecto relativo a obra hidroel�ctrica o industrial. La iniciativa propone el pago de una patente anual por el no uso de derechos consuntivos y no consuntivos de ejercicio permanente. Esa patente tiene la caracter�stica de ser creciente en el tiempo, con un pago deducible de impuestos una vez constituida la infraestructura para su aprovechamiento. Varios son los fundamentos que impulsaron al Ejecutivo a enfrentar el problema del agua en Chile. En primer t�rmino, la escasez del recurso h�drico que deber� superar la sociedad chilena en los pr�ximos a�os (esto dice relaci�n a la disponibilidad de agua por habitante y al excesivo nivel de extracci�n per c�pita). En segundo lugar, el hecho de que la totalidad de los recursos h�dricos se encuentre asignada, ya que hay cerca de 350 mil derechos de aprovechamiento constituidos. En otras palabras, pr�cticamente toda el agua de Chile tiene due�o. Al respecto, cabe se�alar que el total del recurso disponible en el pa�s alcanza a 30 mil metros c�bicos por segundo, de los cuales hoy se ocupan un mil 699 metros c�bicos. Adem�s, existen derechos constituidos pero que no se usan por 11 mil 203 metros c�bicos; y derechos solicitados en tr�mite por 38 mil 509 metros c�bicos. Es decir, hay una sobrepetici�n en comparaci�n a los recursos disponibles, que no llegan a m�s de 30 mil metros c�bicos por segundo. Por eso, es absolutamente indispensable regular el sistema y modificar el C�digo para dar un uso m�s racional a este bien, que es escaso y pertenece a todos los chilenos. Otra cuesti�n importante de considerar es que en el futuro mediato la demanda de agua se presentar� en las siguientes perspectivas: -En los usos dom�sticos, mineros e industriales, se duplicar� en los pr�ximos 20 a�os. -En el uso agr�cola, tambi�n ser� el doble en ese mismo per�odo. -En el uso hidroel�ctrico, puede llegar a 10 veces la actual demanda en los 30 a�os venideros. Los modernos enfoques relativos a los problemas, desaf�os y soluciones frente al medio ambiente, plantean la necesidad de proteger el recurso h�drico en la lucha contra la contaminaci�n, con miras a satisfacer el requerimiento de caudales para fines ambientales. Un reciente estudio sobre la materia expresa: "En el presente siglo el consumo de agua ha estado creciendo m�s del doble del incremento de la poblaci�n y algunas regiones ya est�n experimentando una escasez cr�nica de agua. Aproximadamente un tercio de la poblaci�n mundial vive en pa�ses que experimentan un estr�s h�drico moderado a alto. Para el a�o 2025, casi dos tercios de la poblaci�n mundial podr�an estar bajo condiciones de tensi�n h�drica". El tema de fondo es que la actual legislaci�n -contemplada en el decreto con fuerza de ley N� 1.122, de octubre de 1981- adolece de excesiva permisividad y manifiesta pasividad en la administraci�n y conservaci�n del recurso. Dicho cuerpo legal consigna derechos permanentes y transables de aprovechamiento, con la finalidad de promover el uso eficiente del agua. El concepto de eficiencia debe entenderse en el sentido de que ella sea utilizada por el agente para el cual tenga mayor valoraci�n. Eso necesariamente lleva a concebir un mercado de derechos de agua competitivo y que opere sin costo de transacci�n, garantizando de este modo la �ptima asignaci�n del recurso. Es interesante destacar que la dicotom�a que se produce al establecer la asignaci�n eficiente de los derechos de agua es independiente de la asignaci�n inicial de los mismos. Esto es justamente lo que permite, sin trabas, obtener derechos de aprovechamiento sin que �stos sean usados. Las consideraciones expuestas ameritan el planteamiento de cobrar por el "no uso", asimilando esta figura a lo que sucede en la miner�a. Se trata de incentivar el uso de los recursos h�dricos por quienes realmente los requieren para fines productivos, incorporando un costo a los actuales tenedores que no los emplean. En definitiva, se modifica el sistema de concesi�n de derechos de aprovechamiento. Todas esas situaciones requieren, como tarea imprescindible, contar con un catastro completo de los titulares individuales de derechos de agua. Para ello se instruir� a los Conservadores de Bienes Ra�ces, quienes deber�n comunicar los antecedentes a la Direcci�n General de Aguas. El catastro p�blico de aguas se dar� a conocer por medio de publicaciones peri�dicas en el Diario Oficial hasta terminar su cometido, se espera que en el 2006. Uno de los aspectos controvertidos del proyecto se refiere a la nueva forma de estructurar el mercado de derechos de aprovechamiento de recursos h�dricos. En efecto, los derechos de agua han sufrido una fuerte concentraci�n en la tenencia de su propiedad. Ello ha tra�do consigo una rigidizaci�n del mercado, ya que los actuales poseedores aparte no ejercitar sus derechos tampoco los colocan en el mercado. Como expresa el economista Oscar Landerretche: "Una forma m�s adecuada de pensar el mercado de derechos del agua es concebirlo como un conjunto de muchos mercados localizados, en los cuales frecuentemente no se presentan varios oferentes y varios demandantes, sino que se presenta alguien que desea un derecho de agua localizado en un lugar determinado o en una cuenca determinada". Asimismo, se�ala: "Las situaciones monop�licas son las m�s frecuentes; incluso se da la situaci�n de negociaci�n de monopolio bilateral. La mejor forma de mantener una disponibilidad de agua parece ser la de que se otorguen ciertos derechos que efectivamente van a ser utilizados. Estimo que es necesario reponer una condici�n esencial del mercado de derechos de agua que es la disponibilidad del recurso, para que sea el libre juego de la oferta y la demanda el que vaya decidiendo como se utilice. La mejor alternativa no es pagar la patente sino usar el derecho o ponerlo en el mercado". Un factor importante que debe tenerse en cuenta es el de que algunos de los sectores productivos y de servicios del pa�s -agr�cola, hidroel�ctrico, industrial, minero y sanitario-, dependen del uso del agua. A la vez, todos ellos para su adecuado desarrollo demandan grandes inversiones y, en consecuencia, �stas exigen una clara y definida seguridad jur�dica. La legislaci�n vigente, con su mera liberalidad y, adicionalmente, al no contemplar el caso de no uso del derecho de aprovechamiento, justifica el simple y claro deseo de lucro en un futuro inmediato, cuando se presente la imperiosa necesidad de su aplicaci�n. Por eso, es preciso consignar normas justas, que garanticen la utilizaci�n racional y la conservaci�n del recurso. A mi juicio, en el caso de concentraci�n de derechos de aprovechamiento que no se usen deber�an intervenir las autoridades encargadas de controlar los monopolios. El pago de los derechos de agua deber�a ser exigible tal como el de los bienes ra�ces lo es por medio de las contribuciones. Resulta parad�jico, absurdo e injusto que aqu�llos no se hallen afectos a ning�n tipo de impuestos. Por lo tanto, cobrar por el derecho de aprovechamiento, independiente de si se utiliza o no, tiene el m�rito de no inducir a su mal empleo, lo que s� ocurre con las patentes de no uso. Un aspecto novedoso del proyecto es la incorporaci�n del concepto de protecci�n ecol�gica, que b�sicamente pretende evitar la sobreexplotaci�n del recurso. El concepto de "caudal ecol�gico" se encuentra en diversas legislaciones del mundo, aunque no claramente establecido, como tampoco el procedimiento para determinarlo. Por ello, estimo necesario definir dicho concepto, en forma muy expl�cita, en el texto de la normativa en estudio. En cuanto al remate de los derechos de aprovechamiento, dado que tal procedimiento puede producir falta de equidad respecto de los usuarios de menores recursos, como los peque�os agricultores, resulta valiosa la propuesta de conceder personalidad jur�dica a las comunidades de aguas, dot�ndolas as� de instrumentos jur�dicos adecuados para su defensa. Un documento donde se trata el tema apunta: "Debido a la creciente competencia entre las demandas por un recurso finito, existe ya una percepci�n que va en aumento de que el agua es un bien econ�mico de una mercader�a comercial. A medida que aumentan las demandas humanas, tambi�n lo har� el precio del agua y posiblemente de los alimentos, haciendo m�s pesada la carga en los estratos m�s pobres de la poblaci�n mundial"..."para ello se requiere la incorporaci�n del agua en los an�lisis econ�micos, que debieran cambiar los patrones de consumo y reducir la demanda de agua. La mitigaci�n de la pobreza estar� estrechamente ligada al �xito de las pol�ticas del agua"..."el agua que se utiliza para el desarrollo debe ser considerada un capital natural, un bien econ�mico, y es el mercado el que puede ayudar a decidir d�nde utilizar mejor sus servicios para generar riquezas. Es importante asegurar que la forma en que se desarrollen los recursos h�dricos no aumente la pobreza.". A mi juicio, no es responsable que, estando conscientes de la existencia de los problemas y de que �stos no tienen hoy d�a una soluci�n legal, no aprobemos esta iniciativa que justamente nos se�ala c�mo resolverlos. Era deber del Estado buscar la alternativa legislativa que hoy nos ocupa y que ha sido objeto de una tan larga y compleja tramitaci�n. Por �ltimo, se�or Presidente, deseo se�alar que ni el Gobierno ni el Congreso pretenden obtener nuevos ingresos para el Fisco, para las Regiones o para las municipalidades cobrando estas patentes. Se procura que las numerosas empresas poseedoras de tales derechos y no los utilicen, hagan uso de ellos, los devuelvan, los vendan, los transen o los arrienden, pero no es posible que los mantengan sin ocuparlos. Las aguas siguen llegando de los r�os al mar, en circunstancias de que se requieren para el desarrollo de nuestro pa�s. En consecuencia, anuncio que votar� favorablemente el proyecto en debate. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- A petici�n del Ministro subrogante de Obras P�blicas, solicito la anuencia de Sus Se�or�as para que ingrese a la Sala el Director General de Aguas, don Humberto Pe�a. --Se accede. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, la legislaci�n de aguas que rige hoy en nuestro pa�s se encuentra b�sicamente en el decreto con fuerza de ley N� 1.122, de 1981, denominado C�digo de Aguas, y que, precisamente, es el que se somete a modificaci�n mediante el proyecto en debate. Se trata de una preceptiva fundamentada en la teor�a econ�mica del libre mercado, con su marcado �nfasis en la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de las aguas, la l�gica del mercado, y el rol "subsidiario del Estado". Dicha normativa parte del supuesto de que la eficiencia en el uso del agua se mejora si ese bien asume un valor y precio real; si los derechos de aprovechamiento se definen como un derecho real de dominio, permiti�ndose su enajenaci�n sin restricciones de ninguna especie; y privando a la autoridad administrativa (el Estado en este caso) de potestades para el manejo y desarrollo de ese recurso natural. Si bien, tanto el C�digo Civil (art�culo 595) como el C�digo de Aguas (art�culo 5�) declaran que las aguas son bienes nacionales de uso p�blico, esto es, de aquellos cuyo dominio pertenece a la naci�n toda y su uso corresponde a todos sus habitantes, se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre las mismas (el derecho a usar y gozar de ellas), definido como derecho real, con caracter�sticas similares a las del dominio civil, cuyo titular puede usar, gozar y disponer de �l, como cualquier otro bien susceptible de apropiaci�n privada. As�, una vez otorgado dicho derecho de aprovechamiento, �ste pasa a ser protegido como propiedad privada, seg�n lo dispone el inciso final del n�mero 24� del art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. Al respecto, hay quienes piensan que lo anterior �juicio que yo comparto, modestamente- es contradictorio en su esencia. En efecto, al permitir la libre disposici�n de un derecho de uso, se est� autorizando indirectamente la comercializaci�n de un bien que por definici�n no es comerciable (por su naturaleza de bien nacional de uso p�blico). En concreto, la actual legislaci�n minimiza, hasta casi hacerla desaparecer, la naturaleza jur�dica de bien nacional de uso p�blico del agua. El agua es un bien principal y ya no accesorio a la tierra o industria para los cuales hubiera estado destinada. Hoy en Chile, se�ores Parlamentarios, se puede ser due�o de tierras sin agua, y de derechos de aprovechamiento de aguas sin tierra o industria a las cuales destinarlos. �sta es una incongruente paradoja. Lo anterior implica que para el agua se ha establecido un r�gimen registral similar al de la propiedad ra�z. Tambi�n se elimina la distinci�n entre concesi�n provisional y definitiva y el beneficiario del derecho no est� obligado a ejecutar obras de aprovechamiento con las cuales acredite la seguridad del uso real y efectivo del recurso. Adem�s, se priva a los �rganos competentes del Estado de la instrumentaci�n concebida para llevar a cabo una gesti�n planificada del recurso, en consideraci�n a su rol titular y de gestor del bien com�n, de acuerdo con la naturaleza jur�dica de bien nacional de uso p�blico que tiene el agua, y que no la ha perdido a pesar de lo que comento. No existe obligaci�n de usar los derechos de aprovechamiento de aguas. Su no uso no trae aparejada sanci�n alguna. No hay -a diferencia de la legislaci�n anterior- un orden de preferencia en relaci�n con los diversos usos del agua para decidir el otorgamiento de los derechos en caso de presentarse varias solicitudes sobre las mismas aguas. En la actualidad, si se formulan m�ltiples peticiones sobre las mismas aguas y no existen recursos para satisfacer todos los requerimientos, su otorgamiento se resolver� por remate al mejor postor. Los derechos de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los solicitan. Por otra parte -como se dijo-, la conservaci�n de tales derechos a la largo del tiempo, se utilicen o no en forma productiva, no tiene para su titular costo real alguno (salvo el de oportunidad, que en verdad no es tal). A ese respecto, conviene hacer un paralelo con las legislaciones de aguas m�s avanzadas del mundo, como por ejemplo, la de los Estados del oeste de Estados Unidos. En ellas rige el principio del uso efectivo y beneficioso de las aguas, el cual funciona como incentivo a la asignaci�n m�s eficiente por el propio mecanismo de mercado. Por tanto, si no se les da un uso efectivo y beneficioso, se caduca el derecho a esas aguas, volviendo �stas a dominio del Estado. Existe, en fin, autonom�a privada en el manejo y planificaci�n del recurso. A diferencia de la normativa anterior, no se establece como requisito para la obtenci�n de nuevos derechos de aprovechamiento especificar el uso que se dar� a las aguas, como tampoco justificar la cantidad de agua perdida; y, por otra parte, el cambio de uso del agua queda entregado al exclusivo arbitrio del titular del derecho. �Cu�l es el diagn�stico de la situaci�n actual? La observaci�n de la situaci�n actual y el estudio de sus tendencias muestran que el desarrollo del pa�s se realizar� en un escenario de un uso intensivo y conflictivo de los recursos h�dricos. Los antecedentes t�cnicos indican que en los pr�ximos 40 a�os su utilizaci�n se sextuplicar� en el sector hidroel�ctrico, con alrededor de 100 centrales adicionales; que su uso agr�cola podr�a incrementarse hasta en 500 mil hect�reas, y se espera que la demanda industrial minera y dom�stica m�s que se duplique. Todo lo anterior, adem�s, se presenta en un contexto de creciente complejidad y sofisticaci�n del aparato productivo, que lo hace ser m�s vulnerable a restricciones en el abastecimiento, y de mayor valoraci�n social del medio ambiente y la recreaci�n. En tal escenario, creo necesario exponer los efectos negativos de la actual normativa en el manejo del recurso h�drico, y que el proyecto precisamente pretende corregir a lo menos en parte. En primer lugar, se incentiva el acaparamiento y especulaci�n en los derechos de aprovechamiento de aguas. En seguida, no se garantiza ni incentiva el uso productivo del agua. Siendo el agua un recurso escaso, no existe raz�n alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua, gratuitamente del Estado, y no la use. Esta posibilidad permite la especulaci�n e incluso obtener un enriquecimiento por el mero transcurso del tiempo, a costa de un bien de dominio p�blico escaso y de demanda ecol�gica, social y econ�mica creciente. El no incentivo del uso y beneficio real de las aguas favorece los monopolios y el manejo del recurso como un instrumento de competencia econ�mica desleal. As�, al bloquearse el acceso al recurso h�drico se impide el ingreso de nuevos competidores y la expansi�n de la oferta de bienes y servicios. Ello es particularmente cierto en el caso de la miner�a de zonas �ridas y en la generaci�n de energ�a. Estimo, finalmente, que abusa de sus derechos quien detenta para s� la facultad del uso exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso p�blico y no lo destina a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad. No se considera debidamente la importancia de evitar la contaminaci�n de las aguas ni otros factores ambientales-ecol�gicos que hacen aconsejable exigir la mantenci�n de un flujo m�nimo en los cauces naturales. Existe, a mi juicio, una falla cr�tica en la l�gica econ�mica del C�digo, lo que impide que el mercado del agua funcione eficientemente. En efecto, conseguir del Estado derechos de agua y mantenerlos en el tiempo, aunque sea sin uso, es gratis. De ese modo, quien requiere agua no la compra en el mercado, sino que la solicita al Estado, y quien cuenta con ella de sobra no la vende, porque espera obtener un mejor precio m�s adelante, lo que entretanto no le ocasiona, en general, ning�n costo. En virtud de lo anterior, resulta fundamental el establecimiento de una patente por el no uso mientras no se efect�e una modificaci�n integral del sistema, si se tiene presente el alto costo que significa para la sociedad el acaparamiento de los derechos mencionados. En conclusi�n, juzgo necesaria la patente que propone el proyecto por las siguientes razones: 1.- Su objetivo es resolver la dificultad causada por derechos sin uso que impiden su utilizaci�n por los realmente interesados. Busca corregir una distorsi�n de los mercados asociados al aprovechamiento de las aguas. 2.- Ser� una soluci�n eficiente al problema que se pretende enfrentar (uno por ciento de los derechos sin utilizaci�n) y neutra respecto del 99 por ciento restante. Su universo objetivo ser�a el uno por ciento de los 350 mil usuarios de agua del pa�s, que permanecen inactivos. 3.- Ese uno por ciento de derechos es perfectamente identificable, pues se contiene en los constituidos por la autoridad a contar de 1981, los cuales se encuentran registrados. 4.- Por sus montos, cumple eficientemente el objetivo econ�mico de desincentivar la tenencia de derechos sin uso. 5.- No inhibe el desarrollo de proyectos y, por el contrario, incentiva a hacerse titular de los derechos s�lo cuando existe la decisi�n de invertir, lo que favorece la competencia. 6.- La valorizaci�n de la patente responde a datos agregados por grandes zonas geogr�ficas del pa�s (consuntivos), considerando principalmente grados de escasez, y a neutralizaci�n de ganancias monop�licas (no consuntivos), todo ello dado que el car�cter sancionatorio de la patente no exige un mayor nivel de detalle. 7.- El cobro no demandar� costos significativos para el Estado. En fin, no afecta a la actual tasaci�n de los bienes ra�ces y es un proyecto que ha sido analizado y aceptado por gran parte de los usuarios de agua, representados, b�sicamente, en la Sociedad Nacional de Agricultura. Entre par�ntesis, los usos en el agro alcanzan aproximadamente a 80 por ciento de los derechos consuntivos. No es, por lo tanto, un proyecto mayormente conflictivo, siendo rechazado a estas alturas s�lo por sectores muy ideologizados, que en forma paulatina han ido quedando aislados en sus posiciones. M�s a�n, ENDESA ha declarado estar de acuerdo con las patentes por no uso, discutiendo s�lo sus montos y plazos. Por todos esos motivos, se�or Presidente, anuncio que votaremos afirmativamente la iniciativa en debate. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, en la Comisi�n que discuti� el tema que hoy trata la Sala, el ex Ministro se�or Jaime Toh� inici� su intervenci�n exponiendo algunos puntos espectacularmente relevantes para los efectos de una mejor comprensi�n de la naturaleza del proyecto. Pienso que no dar cuenta de lo anterior en el debate es, francamente, una irresponsabilidad intelectual, por lo menos. Conviene tener presente lo que expreso a continuaci�n. El hombre se ha despreocupado del uso del agua en el mundo, y se sostiene que, en relaci�n con la cantidad de ella, no existe hoy una opini�n distinta entre los hidroge�logos en el sentido de que no m�s de 3 por ciento puede ser calificada como agua dulce, de la cual s�lo 0,6 por ciento corresponde a recursos subterr�neos y una cantidad aproximadamente veinte veces menor a fuentes superficiales accesibles. Seg�n el investigador Humberto Colombo, Presidente de la Fundaci�n Europea de la Ciencia, dos tercios del agua consumida en todo el mundo se emplean en la agricultura. El saldo se reparte entre los abastecimientos de agua potable, del orden de 8 por ciento, y consumos industriales, estimados en 25 por ciento. En total, se calcula que la demanda de agua en el mundo asciende a 4 mil kil�metros c�bicos, equivaliendo un kil�metro c�bico a mil millones de metros c�bicos. Mientras la poblaci�n se cuadruplica en el presente siglo, los consumos se multiplican por nueve y las necesidades industriales por cuarenta. En el pa�s, el agua disponible depende b�sicamente de las singulares caracter�sticas clim�ticas y geogr�ficas del territorio, cuya conformaci�n origina una cantidad apreciable de hoyas hidrogr�ficas, independientes entre s�, y que con relativamente poca �rea de acumulaci�n se desarrollan en el corto trecho entre la Cordillera de los Andes y el mar. Lo mismo ocurre en la Cordillera de la Costa, donde las hoyas correspondientes son m�s peque�as. Las cuencas nacionales, cuyas hoyas hidrogr�ficas son de magnitudes que fluct�an entre 5 mil y 20 mil kil�metros cuadrados, dan lugar a caudales de volumen variable y significativo, seg�n se hallen en el norte o en el sur. La introducci�n anterior me parece absolutamente relevante. Porque en un conflicto como el que actualmente se registra en Israel con el pueblo palestino resulta que uno de los elementos que normalmente no se destaca es que aqu�l constituye el primero en el cual el agua se plantea de manera subrepticia como una cuesti�n central. No quiero que en mi pa�s y en Am�rica Latina se susciten dificultades en el futuro con relaci�n al aprovechamiento de las aguas. Deseo recordar, a prop�sito del mismo tema, que uno de los aspectos considerados como muy centrales en el tratado minero que se perfeccionar� con Argentina es c�mo Chile puede aprovechar determinadas hoyas hidrogr�ficas en el lado trasandino, no s�lo para los efectos del uso minero, sino tambi�n para el consumo humano y la utilizaci�n eventualmente agr�cola. Como ya se ha dicho, la legislaci�n vigente en 1981 elimin�, a trav�s de una serie de normas, la labor de desarrollar y planificar, en funci�n del inter�s general, los distintos usos y destinos de dicho recurso. Si bien se mantuvo el concepto de que se trata de un bien nacional de uso p�blico, en el hecho, al otorgar el derecho de aprovechamiento de aguas a los particulares, esa menci�n tiene s�lo un valor de mera declaraci�n. El ordenamiento actual ha eliminado todas las normas referidas a las facultades del Estado para racionalizar la utilizaci�n del agua, asegurar reservas, establecer un uso racional y beneficioso, asignar prioridades en su empleo y caducar derechos no ejercitados, y a requisitos para asociar el uso a un determinado fin, justificaci�n de la cantidad solicitada, obligaci�n de ejercitar el derecho de aprovechamiento constituido, etc�tera. Se priva, en consecuencia, a los �rganos competentes del Estado los instrumentos necesarios para llevar a cabo una administraci�n planificada del recurso conforme al papel tutelar del Estado y al car�cter de �ste de gestor del bien com�n, de acuerdo con la naturaleza jur�dica del bien. Se suprimi�, adem�s, la obligaci�n de ejercitar el derecho de aprovechamiento constituido. Por lo tanto, sin temor a perderlo, se pueden mantener en forma indefinida las aguas en el cauce. Ello ha conducido al agotamiento de los cauces naturales, sin un uso real del elemento que nos ocupa, y ha permitido la especulaci�n de quienes han visto la posibilidad de efectuar negocios solicitando el derecho, pero sin el inter�s de desarrollar alg�n proyecto, sino con el prop�sito de retenerlo hasta que aparezca un interesado en iniciar una actividad y venderlo. La acumulaci�n de derechos de agua en forma desmesurada, sin un uso actual o futuro previsible, sino �nicamente con el inter�s de lucrar con ella -m�s a�n cuando su obtenci�n original es gratuita-, constituye un germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del pa�s. El de aguas es el �nico derecho de propiedad consagrado en la legislaci�n chilena cuya mantenci�n no implica costo alguno para su titular . El agua es un recurso que se entrega gratuitamente a los particulares, quienes lo mantienen en el tiempo en su patrimonio, tambi�n en forma gratuita, sin darle ning�n destino productivo y sin que exista incentivo para hacer funcionar lo que se denomina el mercado de derechos de agua. No existe en el Derecho Comparado, en consecuencia, una legislaci�n de aguas como la nuestra . Hoy existen problemas derivados de la ausencia de una administraci�n de los recursos h�dricos en el �mbito de cada cuenca hidrogr�fica; de la inexistencia de las instancias que faciliten el uso m�ltiple intersectorial de los recursos; de la falta de una gesti�n integrada de los problemas de aguas superficiales y subterr�nea, tanto en cantidad como en calidad, y de la descoordinaci�n en aspectos relativos al uso del suelo y la cobertura vegetal . El ex Ministro se�or Ricardo Lagos, hoy Presidente de la Rep�blica, se�al� en su oportunidad que a la Direcci�n General de Aguas se le ha solicitado la constituci�n de nuevos derechos no consuntivos por m�s de 50 mil metros c�bicos por segundo, valor que representa sobre cuatro veces el caudal de los r�os utilizables del pa�s y que no tiene relaci�n alguna con los requerimientos previstos para el desarrollo nacional en los pr�ximos cincuenta a�os. Uno de los principales problemas que genera el actual sistema es su impacto en el funcionamiento de mercados tan importantes como el de la producci�n de energ�a el�ctrica, inmobiliario y otros asociados a la actividad tur�stica, los que pueden ser objeto de graves distorsiones por la acumulaci�n de los derechos de agua en algunos agentes. La Comisi�n Nacional de Energ�a, por ejemplo, ha evaluado hasta en 20 por ciento el incremento de las tarifas que pudieran originarse por el atraso de inversiones si un operador, apoyado en el control de derechos de agua, pospusiera el ingreso de una central de gran magnitud. Pensemos en 400 a 500 megawatts. Al controlador de los derechos de agua le puede convenir m�s no utilizarlo en nuevas centrales, ya que ganar� m�s con el aumento de las tarifas que ya tenga en operaci�n. En conclusi�n, nuestra actual legislaci�n adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administraci�n y conservaci�n de un recurso escaso y finito. Como todos sabemos, la idea matriz del proyecto es modificar el C�digo de Aguas con el fin de desarrollar una institucionalidad que, sin reemplazar al mercado como mecanismo asignador de recursos, permita una utilizaci�n m�s racional del vital elemento ante la creciente escasez que se est� produciendo en el pa�s. Para ello, se introduce el sistema de patente por el no uso y se otorgan a la Direcci�n General de Aguas facultades evaluativas de las solicitudes para la constituci�n de los derechos de aprovechamiento. En resumen, se�or Presidente, los objetivos principales de este proyecto son varios, entre los cuales destaco el antes mencionado (vale decir, el establecimiento del pago de una patente por el no uso); pero, adem�s, se establece algo que nos parece muy importante: normas sobre conservaci�n y protecci�n de las aguas y cauces, en especial el establecimiento de los denominados caudales ecol�gicos. Tambi�n, la iniciativa incorpora -lo que nos parece muy importante y por eso la apoyaremos con gran entusiasmo- normas sobre inscripci�n de derechos de aprovechamiento de aguas y mantenci�n y mejoramiento del actual catastro p�blico de ellas, el que en muchas partes es absolutamente desconocido. Por �ltimo, creo importante y relevante se�alar que el otorgamiento de personalidades jur�dicas a las comunidades de aguas debiera permitirnos resolver una cantidad muy apreciable de las dificultades que se observan particularmente en los sectores dedicados a la agricultura. Dos consideraciones finales. En primer t�rmino, en mi opini�n, existe una permanente actitud de legislar de modo uniforme acerca de realidades que por su propia naturaleza son diversas. En el caso de los derechos de agua, se pretende legislar de modo �nico sobre recursos que presentan mayores o menores grados de abundancia, dependiendo de las caracter�sticas geol�gicas y climatol�gicas del territorio nacional. Es un hecho evidente que el recurso agua es m�s abundante en el centro-sur del pa�s y sumamente escaso en el norte. Por ello, la legislaci�n -como ocurre en el Derecho Comparado (por ejemplo, la legislaci�n estadual en Texas, Estados Unidos)- debiera dar un tratamiento diferenciado, dependiendo de la escasez o abundancia del recurso. Es absolutamente absurdo tratar de incorporar a una l�gica legislativa un conjunto de normas que no son aplicables de igual manera, seg�n el lugar donde se pretenda implementarlas. En segundo lugar, en las zonas mineras -como la Regi�n de Atacama-, deber�an existir normas especiales que permitan compatibilizar la existencia de derechos de aguas para la miner�a y la agricultura que se desarrolla principalmente en los valles de Copiap� y de Huasco. La posibilidad de generar y desarrollar una agricultura de zonas �ridas y semi�ridas pasa por tener acceso a derechos de aguas que hoy est�n ociosos. Un caso muy particular en tal sentido es lo que ocurre con las aguas provenientes de una empresa del Estado: CODELCO-Chile. Se trata del estanque de relaves de Pampa Austral, el cual, en este momento, se encuentra absolutamente ocioso. Dicha empresa no ha generado ning�n tipo de normativa que permita utilizar esas aguas. Y estamos hablando de 300 metros c�bicos por segundo en una zona �rida. Disponemos de la tecnolog�a como para aprovechar todas esas aguas e, incluso, generar condiciones para su utilizaci�n con fines agr�colas. Estos recursos h�dricos, debidamente tratados, podr�an generar un desarrollo alternativo para la cuenca del r�o Salado, diversificando su actividad econ�mica hacia la agricultura. Hace pocos d�as, estuve con un hidroge�logo que ha investigado las caracter�sticas de nuestro subsuelo en grandes zonas del pa�s. �l nos se�al� que si no se utilizan dentro de veinte a�os de manera racional y adecuada los recursos existentes en las �reas subterr�neas, casi con entera seguridad en el transcurso de treinta a�os el norte de nuestro pa�s ser� mucho m�s des�rtico y �rido de lo que es actualmente. En consecuencia, nos parece absolutamente absurdo seguir con la idea de que nuestro pa�s es �nico en funci�n de las caracter�sticas de su zona central. �sa no es la realidad. Debemos exponer al Gobierno, a prop�sito de esta iniciativa, que plantee la posibilidad de generar condiciones para que se dicte una legislaci�n aplicada a las zonas �ridas y semi�ridas de Chile. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, al tenor de la discusi�n general de este proyecto, resulta claro que los recursos h�dricos poseen diversos usos, los cuales a veces son complementarios y en otros casos, incompatibles: el dom�stico, el hidroel�ctrico, el riego, los requerimientos agr�colas, forestales, el turismo, la recreaci�n, el minero y el industrial, m�s el agua que requieren los propios ecosistemas. La cantidad de agua existente en Chile, seg�n el informe de la Comisi�n -que entrega muchos antecedentes-, es notable. Estamos hablando de 30 mil metros c�bicos por segundo, con un potencial hidroel�ctrico, entre otros, del orden de 30 mil megawatts. Las cifras de otros estudios y los datos de que disponemos, indican que la demanda por electricidad tendr� una tasa de crecimiento promedio superior a 8,5 por ciento, seg�n una evaluaci�n hecha hasta el 2005. Por otro lado, los antecedentes del propio Ministerio de Obras P�blicas y de la FAO advierten que se duplicar� la demanda residencial, minera e industrial en los pr�ximos 25 a�os. Desde el punto de vista agr�cola, solamente el crecimiento del pa�s requiere de 500 mil hect�reas adicionales. Todo este conjunto ir� haciendo una presi�n creciente sobre un recurso que, por su cantidad y distribuci�n, ser� cada vez m�s escaso no s�lo en Chile, sino en el mundo. Si a las cantidades agregamos, adem�s, el tema de la calidad de las aguas -a las cuales concurren las aguas servidas no tratadas y las aguas industriales no tratadas como consecuencia de los procesos de la miner�a, de la celulosa, de la pesca y otros-, todo ello significar� una escasez del recurso en t�rminos cada vez m�s crecientes. En cuanto a la distribuci�n del agua �al respecto me sumo a los planteamientos vertidos por los dos se�ores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, resulta claro que se requiere una pol�tica y una ley que se haga carne con la diferenciaci�n que merece el territorio nacional, sobre todo por la concentraci�n de la poblaci�n y de sus actividades. S�lo en las Regiones Metropolitana, con la cuenca del r�o Maipo; en la Quinta, con la del Aconcagua, y en la Octava, con la del r�o Biob�o, hay demandas muy crecientes que no guardan relaci�n entre las disponibilidades de las aguas y la cantidad de poblaci�n. En este sentido, si no se crea un plan que evite esta centralizaci�n exagerada del pa�s, el recurso correr� peligro de agotarse y de ser mal utilizado. Por ello, es m�s que necesario contar con una pol�tica, una ley marco y los instrumentos adecuados para el ordenamiento territorial. Y este proyecto de ley, en su g�nesis, en diciembre de 1992, contemplaba lo que se refiere al manejo integrado de las cuencas. Si a lo anterior sumamos los cambios clim�ticos, la tendencia a la disminuci�n de precipitaciones y el hecho de que el calentamiento de la atm�sfera amplifica los ciclos de sequ�a y escorrent�a, la necesidad de fortalecer la pol�tica y de sacar un adecuado C�digo de Aguas constituye un imperativo. El proyecto originalmente consideraba la definici�n de los caudales ecol�gicos, lo cual se mantiene, y ello es sumamente importante. S� es necesario se�alar y hacer m�s expl�cito en la ley c�mo van a ser definidos esos caudales ecol�gicos: de acuerdo a la cuenca, a los usos alternativos y a lo que se requiere por parte de la vida silvestre, y considerando las modificaciones que hemos introducido hist�ricamente en las cuencas. Tambi�n se hace m�s expl�cito todo el tema de las aguas subterr�neas, que se est�n usando por la escasez creciente sin una previsi�n, porque la reposici�n de los acu�feros subterr�neos demora no s�lo d�cadas, sino siglos. Todo lo que se refiere al pago de patentes por el derecho de aguas nos parece m�s que positivo. Es importante, eso s�, que se incluyan los resguardos necesarios para los pagos de patentes por los derechos que hoy en d�a ya se est�n utilizando, a fin de que en adelante no ocurra que, por evitar el pago de la patente, se empiecen a utilizar esos derechos en forma poco atractiva, eficiente y racional. El tercer tema que uno echa de menos en este proyecto -y creemos que todav�a es posible incluirlo, por la forma como se consider� la iniciativa original- es el manejo integrado de las cuencas. Es un tema vital. En verdad, si en las cuencas no definimos los usos actuales y potenciales, y no se genera una institucionalidad flexible, p�blica y privada, en la cual tambi�n participen el mundo acad�mico y las organizaciones no gubernamentales, para, de com�n acuerdo, fijar en una pol�tica de corto, mediano y largo plazos los usos incompatibles dentro de la cuenca, es muy dif�cil prever la cantidad y la calidad de las aguas. Desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la ingenier�a, eso funciona as�. Ahora, este ordenamiento territorial permite una armonizaci�n y el desarrollo de una labor preventiva, as� como definir los distintos usos de acuerdo a los entes que hemos se�alado con mucha claridad. De esta manera, ya no va a estar sometido solamente a una evaluaci�n de tipo economicista en la cual se atraen los beneficios o los perjuicios futuros a trav�s de tasas de descuento que obviamente nosotros no podemos aplicar cuando se tienen en vista recursos en la fracci�n que no se est� renovando o recursos no renovables o funciones y usos que comprometen la calidad de vida. Desde tal punto de vista, la econom�a no debiera asignar tasas de descuento a esas porciones. Un tema tambi�n relevante en el proyecto es el referente a completar la red de monitoreo que tenemos en el pa�s. En este aspecto, quisiera destacar ante las autoridades del Ministerio de Obras P�blicas la necesidad de completar dicha red, y hay algunos lugares en los cuales esto se hace m�s patente, como es el caso de Campo de Hielo Patag�nico Sur, comprendido entre Ais�n y Magallanes, que es la tercera reserva de agua potable m�s importante del planeta. Las precipitaciones sobre este campo de hielo, que tiene 13 mil kil�metros cuadrados de superficie y un promedio de espesor entre setecientos y mil metros van desde 7 mil mil�metros a 12 mil mil�metros. En ese sentido, aparte los recursos cient�ficos, recreacionales y tur�sticos, el agua en es sector, sin lugar a dudas, va a ser un elemento cada vez m�s valorado. Ah� est�n, entre otros, el respaldo, por ejemplo, de toda la cuenca del r�o Pascua. Ahora, con respecto al pago de la patente misma, si uno aplica en forma somera las fracciones que establece la ley -los primeros cinco a�os; despu�s, de los seis a los diez, y de los once en adelante-, las patentes que se van a pagar son bastante sustanciales. Si uno considera, por ejemplo, el r�o m�s caudaloso de Chile, el Baker, que en su desembocadura tiene del orden de los mil metros c�bicos por segundo, y le aplica estas patentes por no uso, va a llegar a cifras bastante siderales. Yo quisiera, en alg�n minuto -porque al proyecto seguramente le quedan todav�a una o dos sesiones de debate, m�s su discusi�n en particular-, conocer un pron�stico respecto de cu�l ser�a ese pago de patentes y solicitar por su intermedio, se�or Presidente, al Ministerio de Obras P�blicas y a las autoridades del Ministerio de Hacienda, que este pago de patentes sea fraccionado de manera que quede un porcentaje a nivel nacional; otro, a nivel regional, y finalmente, uno a nivel comunal. Esto significar�a un fuerte incentivo para que las comunas que viven o se desarrollan en torno a estas cuencas y r�os tengan tambi�n un cuidado especial por su sistema natural y permitan las distintas vocaciones respecto de su uso. Si aprobamos lo que el proyecto hoy en d�a establece, en cuanto a que los dineros vayan todos a beneficio fiscal, se diluye mucho la relaci�n del individuo y de las comunidades con el medio natural, y esa relaci�n es justamente la que posibilita el ordenamiento territorial. Por eso, se�or Presidente, me permito solicitar formalmente al Ministerio de Obras P�blicas que tenga a bien entregarnos los datos a que me he referido y estudiar la posibilidad de incluir estas materias dentro de las indicaciones que se presenten durante la discusi�n en particular del proyecto. Por las razones antedichas, voto a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, con motivo de la discusi�n en general del proyecto, quiero formular algunas apreciaciones en torno a uno de los temas en los cuales la sociedad chilena no ha alcanzado un grado de consenso o incluso de claridad respecto de c�mo enfrentar el tema. Esto se une a dos o tres aspectos de la vida de nuestro pa�s en donde esta indefinici�n muestra, precisamente, una larga dilaci�n en las ideas que se someten al Parlamento. Me refiero al tema del Bosque Nativo, a la Ley del Deporte y, obviamente, al C�digo de Aguas, el cual ingresa en 1992 como una propuesta de modificaci�n, no obstante lo cual, estando a fines del a�o 2000, advertimos c�mo vamos avanzando con fatiga. �Por qu� esta indefinici�n en el pa�s? �sa es la pregunta que yo me hago. Ello, primero, porque en el tema que nos ocupa ha habido una confusi�n a lo largo del tiempo respecto de lo que se considera como derecho de propiedad en s� mismo, como bienes nacionales de uso p�blico y como desarrollo del pa�s hacia adelante. No es nuestro �nimo abrir un debate pol�tico ideol�gico, pero, obviamente, son temas que no se pueden soslayar al enfrentarse a una modificaci�n tan gradual como la del C�digo de Aguas. El proyecto que en este momento tenemos ante nuestra vista establece, b�sicamente, una patente por la no utilizaci�n de las aguas; propone, al mismo tiempo, facultades para la concesi�n de nuevos derechos de aprovechamiento; dicta algunas normas sobre conservaci�n y protecci�n de aguas y los cauces por los cuales ellas se mueven, y agrega dos o tres importantes ideas m�s, como la relativa a la interacci�n entre las aguas superficiales y subterr�neas y su otorgamiento o su derecho a aprovechamiento, as� como la referente a las normas que podr�an perfeccionar el catastro p�blico de aguas, m�s un tema que figura en �ltimo punto y que no es menor, cual es la extensi�n de la personalidad jur�dica a las comunidades de aguas, lo que preocupa a una gran cantidad de peque�os agricultores. Por eso, se�or Presidente, el proyecto, como lo dice muy bien el informe, es modesto; no va m�s all� de modificar -si se llega a aprobar- un 20 � 25 por ciento de la normativa del C�digo de Aguas que hoy se somete a regulaci�n. Pero, en todo caso, deja al descubierto algunas situaciones delicadas que ya han sido planteadas en el debate. En primer t�rmino, aqu� hay un conflicto dentro de la sociedad chilena respecto de c�mo vamos a usar los bienes nacionales de uso p�blico. �Los vamos a emplear para privilegiar la concentraci�n urbana? �Vamos a privilegiar el agua para generar energ�a hidroel�ctrica? �La vamos a privilegiar para desarrollar nuestro capital exportador, a trav�s del aprovechamiento de recursos superficiales y subterr�neos; en convertir terrenos que tradicionalmente fueron de secano entre nosotros y que hoy, gracias a una tecnolog�a bastante manejable, se han convertido en terrenos productivos? �Vamos a pensar que las aguas escurren sin tratamiento? �Vamos a discutir o no lo relativo al caso del r�o Mapocho �A d�nde va la propiedad de las aguas que han sido usadas y son servidas? Cuando vengo al Parlamento, observo algo que probablemente los se�ores Senadores no se han percatado porque creen que es un camino. �No! Se trata de un canal gigantesco, denominado de Canal de la Solidaridad o de la Unidad, que se encuentra ubicado en la ladera izquierda de Curacav�, que tiene su origen en Santiago. Seguramente, se trata de una genialidad de ingenier�a que no fructific�, que pretendi� tomar las aguas del r�o Mapocho para limpiarlas y traerlas a una cuenca hidrogr�fica distinta. Aqu� est� la muestra de lo que la sociedad chilena ha intentado hacer. Pero hay otros problemas pendientes, como el de la regulaci�n de los r�os, que ha sido mencionada aqu� en el debate, y el tema de las secciones del r�o Aconcagua o del r�o Cachapoal �zona que represento en el Senado- en donde los conflictos anuales entre los regantes de cada secci�n son de tal violencia que la autoridad p�blica se encuentra inerme para poder regularlos. Porque si llegase a intervenir, tendr�a que indemnizar en forma onerosa y cuantitativamente importante a los regantes de una secci�n que tiene constituido sus derechos, no obstante que los regantes de la tercera, de la cuarta o de la quinta secci�n se den cuenta de que esas aguas no son aprovechadas. Pero debo a�adir otros problemas que se producen en lugares donde el desarrollo ha generado condiciones de vida y de trabajo diferentes. Me refiero, por ejemplo, al embalse de Rapel, en donde se ha creado una comunidad de vida que es fuente de trabajo; en donde se han efectuado inversiones en turismo que han originado una cierta capacidad de aprovechamiento, incluso, de una infraestructura vial, y en donde la decisi�n unilateral de quien dice ser el due�o de los derechos de agua permite bajar la cota del lago y poner en peligro toda la vida y la inversi�n que all� se ha generado. �Esos son los problemas a los cuales nos estamos enfrentando! Aqu� ha sido mencionado por el se�or Senador que me precedi� en el uso de la palabra lo relativo al tema ambiental, en especial lo que se denomina el "caudal ecol�gico". Vale decir, tenemos que tener en consideraci�n que hay cauces que no se pueden alterar. Por lo tanto, se�or Presidente, creo que aqu� debemos decidir cu�les son los puntos concretos en los que podemos avanzar. Se propone, en primer t�rmino, el pago de una patente, lo que encuentro justo y razonable; pero, en mi opini�n, insuficiente, porque obviamente con la patente no se busca �como alguien lo ha pretendido- un derecho expropiatorio o un derecho de lesionar situaciones adquiridas, sino que se busca el aprovechamiento inteligente y oportuno de un recurso que si no es utilizado se convierte en un desperdicio para la sociedad. Por consiguiente, dicho pago es razonable y justo. El proyecto del Ejecutivo propone que el 75 por ciento de los dineros que se recauden por el pago de los derechos de agua quede en las regiones. Al respecto, formular� indicaci�n para que el ciento por ciento de los recursos queden en la regi�n respectiva. Pienso que ha llegado el momento de determinar que si esas aguas escurren por determinada regi�n, no hay raz�n para que el 25 por ciento de los derechos que se cobran tengan que ser transferidos a otra parte. Eso no me parece l�gico ni racional. Ahora, si analizamos lo que significa la generaci�n de una interacci�n entre dos elementos �uno conocido y otro desconocido-, Chile conoce lo que son sus cauces superficiales. Para bien o para mal, tanto la hidrolog�a, la agronom�a como las ciencias relacionadas han llegado a determinar cu�les son los caudales, los cursos y las fluctuaciones estacionales de los r�os que transportan agua superficial. Pero no conocemos con la misma claridad y exactitud lo que ocurre con las aguas subterr�neas. Es ah� donde aparece nuevamente una zona de indefinici�n y de complejidades. �Por qu�? Porque Chile es una plataforma inclinada. Chile es una abrupta pendiente de cordillera a mar. Por lo tanto, lo que vemos por arriba es mucho m�s pronunciado por abajo. Vale decir, hay un escurrimiento de aguas que permite formar grandes reservorios subterr�neos, respecto de los cuales obviamente existe el derecho a cautelarlos. Quiero citar nuevamente el camino que recorremos entre Santiago y Valpara�so. Como ingeniero agr�nomo conoc� �porque hice all� la pr�ctica cuando estudiaba en la universidad- el valle de Casablanca y de Curacav�. Ambos eran clasificados en las escuelas de agronom�a como zonas absolutamente de rulo o de secano: agricultura extensiva, uso de pastos naturales. Eso es. Si ustedes observan ahora ambos valle, ver�n que las plantaciones frutales ya han llegado por sobre la cota 700 u 800, y las aguas, a trav�s de una obra de ingenier�a no costosa, son convertidas en un producto exportable. Pero �sta se obtiene b�sicamente en forma subterr�nea, y los derechos de aprovechamiento de las mismas est� sometido hoy a la discrecionalidad de la Direcci�n de Aguas, lo cual, a mi juicio, no es conveniente prolongar. �Por qu�? Porque en esto, de acuerdo con lo que se ha discutido dentro del propio Colegio de Ingenieros de Chile, hay dos teor�as. Una, que sostiene que hay que tener una actitud prudente respecto de lo que es la utilizaci�n de las aguas subterr�neas. No estoy en contra de ella, pero esa actitud prudente puede llevar al inmovilismo a muchos lugares, y a decir: no extraiga esto porque se va a agotar. La otra tesis, de los ingenieros hidr�ulicos, afirma que esto es un gran reservorio, donde el agua escurre por la pendiente, llena un determinado nivel y sigue su curso. Adem�s, existen aguas fosilizadas. Desde el punto de vista de la agronom�a, me ha tocado visitar regiones donde se extrae aguas fosilizadas �me refiero concretamente a Arabia Saudita, entre otras- que han posibilitado la conversi�n de zonas absolutamente desiertas en zonas productivas, sobre la base de la inversi�n y de un uso adecuado de la ingenier�a. Pues bien, el proyecto si bien toca esta situaci�n, no la resuelve convenientemente. Por lo tanto, creo que se debe avanzar en el estudio �y no paralizar- el criterio de convertir el secano en algo productivo. El Honorable se�or N��ez lo ha dicho en forma elocuente refiri�ndose al tema de la Tercera Regi�n. Suscribo absolutamente lo expresado por �l. Pienso que en ese sentido el pa�s requiere de esa forma de trabajo. Quiero tocar, aunque no est� directamente ligado al C�digo de Aguas, un aspecto que tanto el se�or Ministro de Obras P�blicas como el se�or Subsecretario aqu� presente hemos mencionado. Me refiero a la decisi�n del Estado chileno de ir a la construcci�n de grandes obras de riego para permitir adicionar un importante caudal de hect�reas de primera calidad a la producci�n del pa�s. Me refiero concretamente a la segunda etapa del embalse de Convento Viejo. Esto est� ligado a los derechos de agua, porque dependiendo de donde provengan las aguas que llenan ese embalse, pueden producirse derivaciones de ese elemento hacia los valles de secano. Es el caso de las zonas de Nilahue y de Lolol �el Ministro subrogante se�or Latorre fue Diputado varios per�odos y conoce exactamente tal situaci�n-, donde existe la posibilidad de que esos derechos sean discutidos, porque son derechos con propiedad constitutiva. Distinto ser�a si se tratara de construir un embalse que pudiere regar 70 mil hect�reas, de las cuales 45 mil ser�an nuevas, y otras, regularizadas. Ello significar�a crear en el coraz�n de la zona central de Chile una f�rmula de producci�n distinta. Por lo tanto, debemos avanzar derechamente en la decisi�n m�s r�pida. Aprovecho esta oportunidad para reiterar, a trav�s de la Mesa, mi petici�n al Gobierno del Presidente Lagos y al Ministerio de Obras P�blicas en el sentido de que se acelere la finalizaci�n de los estudios para la construcci�n de la segunda etapa del embalse Convento Viejo y se d� inicio a esta obra, que ser� de gran ventaja para nuestro pa�s. Termino mi intervenci�n refiri�ndome a la personalidad jur�dica de las comunidades de agua, que hab�a mencionado anteriormente. En este aspecto se encuentra, probablemente, uno de los elementos de mayor injusticia. Aqu� est�n los peque�os; los que se hallan al final; los que carecen de capacidad para tener derechos constituidos claramente. El informe nos habla de 2 mil 300 a 2 mil 400 comunidades de este tipo. Es precisamente all� donde existe la capacidad para que una agricultura peque�a se convierta en un elemento productivo, asociado no solamente a la exportaci�n, sino tambi�n a los sistemas de mayor tecnolog�a y m�s uso. Por consiguiente, presentar� indicaci�n para reforzar cuanto significa la presencia de esas comunidades; los derechos que constituyan eventualmente; la forma de acceder a los subsidios, a los cr�ditos y a los mecanismos de apoyo para poder continuar trabajando. En pocas palabras, para que el agua sea un derecho de ellas y no s�lo la regal�a eventual que hoy significa para su gran mayor�a. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, expreso mi total apoyo a lo manifestado por los Senadores se�ores N��ez y Moreno, quienes han profundizado esta materia en sus m�ltiples dimensiones. De hecho, estamos en presencia de una situaci�n jur�dica bastante anormal en Chile. Porque existe conciencia universal �como aqu� se ha dicho- en el sentido de que el agua es de los recursos m�s vitales de nuestro planeta. El retiro o consunci�n de agua sin control lleva a lo que hoy d�a la prensa acusa como "fen�meno de J�piter": conformaciones rocosas en ciertos cr�teres indican que all� hubo una creciente escasez de agua y que �sta finalmente se agot�, lo que convirti� a ese planeta en lo que es ahora. El sometimiento del agua a la propiedad privada absoluta fue un intento de exagerar el derecho de propiedad, que si bien es respetable, leg�timo y necesario en todo Estado de Derecho y en toda sociedad civilizada, no puede abarcar bienes de inter�s nacional o universal, como el aire, el agua y �me permite agregarlos- los bosques, que forman parte del entorno donde vive el hombre. De ah�, claro resulta que es el inter�s nacional, o el inter�s humano, o el inter�s de la sociedad, o, a�n m�s, el inter�s de la comunidad internacional el que debe primar sobre el derecho privado de utilizaci�n de esos recursos. Debe haber equilibrio a ese respecto. Y, en este caso, el proyecto en debate, si bien t�midamente �como lo sostuvo el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra-, pero bien encaminado, introduce un cambio hacia una forma de patente o de pago del derecho por el consumo del agua que elimina la absoluta liberalidad existente hoy para constituir el derecho pertinente en cualquier momento y lugar y sin necesidad de acreditar su aprovechamiento. No quiero agregar argumentos, porque ya se han dado de manera elocuente y clara. Adem�s, a mi juicio, el informe es suficiente. Se�or Presidente, la escasez del vital elemento aumenta. Las aguas subterr�neas constituyen un punto muy fundamental. No s�lo existen en el norte de Chile, donde hay cauces secos que indican que por all� pasaron aguas que hoy son subterr�neas. Eso se nota claramente en las provincias de Antofagasta, en la Regi�n de Atacama y en el resto del Norte Chico. Apoyo totalmente lo se�alado respecto de lo ocurrido en los valles de Casablanca y de Curacav�, que es extraordinario. Porque yo, que tengo m�s a�os que el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, conoc� la aridez total de ese desierto, que no era tal a principios de la Rep�blica, cuando la destacada escritora y pintora Mary Graham, en un notable libro, dibuj� y explic� c�mo se viajaba entre Valpara�so y Santiago, bajo bosques impenetrables. Hoy se han cambiado los bosques por vi�as, felizmente. Por otra parte, as� como se han planteado situaciones sobre la geograf�a chilena, quiero contar dos casos bastante impresionantes acerca de la forma como se usan los derechos de agua. Una persona a quien conozco compr� un terreno a orillas del lago Ranco -uno de los grandes lagos de la Regi�n que represento- y construy� una casa. Puso en �l una bomba para extraer agua destinada al riego de su jard�n y, mediante un purificador, al consumo familiar. Al mes de hacerlo, lo visit� un ingeniero de una enorme y muy conocida empresa el�ctrica, quien le dijo que no pod�a sacar agua del lago porque disminuir�a su caudal. Ante la r�plica de que s�lo extraer�a lo necesario los fines de semana y el verano, el profesional le insisti� en que no pod�a sacar siquiera un litro. Cuando se le pregunt� qu� derechos ten�a sobre esas aguas la empresa que representaba (no la quiero nombrar; actualmente no es de propiedad chilena), respondi� que ninguno, pero que s� era due�a de las aguas del r�o Bueno, donde desagua el lago Ranco. Y a�adi�: "El r�o Bueno est� pedido completamente como reserva por la empresa que represento y, por tanto, es de su propiedad. Si usted saca un litro de agua del lago, disminuir� el caudal del r�o". Es un caso dram�tico. En el r�o Bueno no hay ninguna central el�ctrica. Y no la habr�, porque transcurre muy "buenamente" desde el lago Ranco hasta el mar; no existe ca�da alguna, ni razones de otra �ndole. Pero ya est� comprado. �Y dir�n ahora que habr� que expropiarlo...? En consecuencia, en ese caso estamos frente a un abuso brutal del derecho. La segunda situaci�n es casi peor. En la Regi�n que represento, en un lugar llamado "Pelchuqu�n", vive un agricultor... El se�or ZALD�VAR, don Adolfo.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or VALD�S.- S�, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR, don Adolfo.- El Honorable se�or Vald�s se�al� que el r�o Bueno est� comprado. No es precisamente as�. Se ha pedido una concesi�n para el uso de sus aguas. Pero nadie ha adquirido el r�o. El se�or VALD�S.- Tiene raz�n, Su Se�or�a: el r�o no est� comprado. El problema radica en que ni siquiera se puede pagar para usar sus aguas, porque no lo aceptan. Es como si alguien quisiera pasar por mi casa: yo no lo permito, ni aunque se pague por ello, porque es una propiedad privada, tal como la de un reloj o un autom�vil. La situaci�n a que me refiero es inconcebible. Porque, adem�s, ni siquiera se usan las aguas en cuesti�n. Ahora bien, en Pelchuqu�n se encuentra el estuario del r�o Cruces. En esa zona vive un agricultor que, trabajando 400 hect�reas, en 1999 export� 8 millones de d�lares en semillas y bulbos de plantas; este a�o superar� los 10 millones. �Es algo extraordinario! Con sus hijos, tiene una sociedad modelo para una agricultura del sur que parece tan deca�da. Dicho agricultor sostiene que esa tierra es la mejor del mundo, porque en Chile existe muy buena luz, superior a la de Australia, Nueva Zelanda y Sud�frica, y s�lo comparable con la de algunas islas griegas. El fen�meno ha sido estudiado por diversos expertos. No se trata de una cuesti�n de calor, sino de luz, la que, aparentemente, es m�s importante que aqu�l desde el punto de vista de las semillas, de las flores, de la vegetaci�n. Y, adem�s, all� hay tierra fr�a, otro factor favorable para el desarrollo de la referida actividad. Ahora bien, dicho empresario agr�cola �le visit� la semana pasada durante todo un d�a- tiene 400 hect�reas, pero carece de agua. �En el delta del r�o Cruces! Los r�os de la provincia que desembocan en el Valdivia conforman sobre 190 kil�metros de agua (el sector est� lleno de islas, lo cual requiere la construcci�n de puentes). Sin embargo, todas las aguas est�n entregadas. �A qui�n? No se sabe. Aquel agricultor, en consecuencia, busca afanosamente al due�o de las aguas, quien no vive en la zona ni aprovecha aqu�llas. Entonces, hace pozos. Pero a treinta metros pasa un brazo de r�o que va hacia el mar y que no utiliza nadie, incluido �l. En la pr�ctica, se trata de una monstruosidad que debe ser corregida. �sos son dos casos atroces. Me estoy refiriendo a don Juan Sone, a quien el Senador se�or Romero conoce. Es un hombre admirable, que da trabajo permanentemente a 1.100 personas. Y, aunque se halla rodeado de agua, no puede utilizarla, porque est�n pedidos todos los derechos sobre el r�o Cruces y sus afluentes (el r�o Pichoy, etc�tera). �Negocio? Bueno. Entiendo que eso es lo que el proyecto que nos ocupa tiende a corregir. Y habr� que precisar mejor en el sentido de que quien no justifique el consumo no tendr� derecho a la propiedad sobre las aguas. En el caso del que consume, ser� indispensable determinar la cantidad y la oportunidad en que lo hace. Trat�ndose del norte o del centro, habr� de relacionarse la escasez con la abundancia, la que es casi peor. Tengo una peque�a propiedad a la orilla del r�o... El se�or PIZARRO.- �Una isla entera, se�or Senador! �Diga la verdad...! El se�or VALD�S.- S�, pero es peque�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ruego al Honorable se�or Pizarro no interrumpir. El se�or VALD�S.- Y tuve que pedir derechos exclusivos, porque estaban tomando todo el r�o, en un sector donde no existe agricultura alguna regada por sus aguas. Es decir, se llega a una situaci�n l�mite que es menester corregir r�pidamente. Y no puedo comprender que alguien se oponga a racionalizar un bien progresivamente escaso, que debe ser usado en un pa�s que tendr� una agricultura fina, que es su objetivo, su destino; que requerir� obras de riego indispensables; que necesitar� usar de nuevo la hidroelectricidad, porque es la que nos corresponde y en la cual podemos basar nuestra autonom�a energ�tica. Por otro lado, se trata de cauces que pueden ser utilizados para la navegaci�n. Todas esas razones tornan extremadamente importante la iniciativa en debate. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, considero que el proyecto en debate deber�a haber merecido una participaci�n o, por lo menos, una presencia m�s activa de Senadores -en verdad, lamento que no sea as�, porque se trata de una materia demasiado relevante-, aun cuando quienes se encuentran en la Sala, por su versaci�n, pueden reemplazar a los ausentes. Me he preparado a prop�sito, porque, a mi juicio, �ste es un lugar donde debemos reflexionar profundamente acerca del tema vital que nos ocupa. Porque estamos entrando al siglo XXI y el debate sobre las reformas al C�digo de Aguas, iniciado a comienzos de la d�cada de 1990, no s�lo no pierde vigencia, sino que est� encima de la mesa. La materia es trascendente. Cada cierto tiempo en el pa�s la sequ�a se encarga de recordarnos a todos cu�n necesario es contar al respecto con una pol�tica s�lida, moderna y de futuro, basada en diagn�sticos certeros y remedios adecuados. Porque estoy cierto de que los diagn�sticos se�alados en esta Sala son muy coincidentes. Sin embargo -y es aqu� donde quisiera perfilar mi exposici�n-, debemos tener mucho cuidado de que los remedios que recomendemos sean los adecuados, pues no podemos volver a equivocarnos, si efectivamente ha habido alg�n error. El tema es complejo. En los �ltimos 10 a�os (ya lo expresamos), los diversos Gobiernos han formulado tres proposiciones distintas y la C�mara de Diputados ha realizado un debate bastante extenso, durante largo tiempo. Ahora nos corresponde a nosotros, al Senado, examinar los antecedentes con profesionalismo, sin ideologizaci�n y con suficiente realismo y �dir�a yo- patriotismo, para llegar a un resultado donde no haya perdedores y en que, por el contrario, quienes ganen sean los chilenos y el pa�s. Se�or Presidente, considero muy relevante la necesidad de un diagn�stico cierto. Del tenor de la fundamentaci�n del Gobierno, tanto en el mensaje como en las indicaciones formuladas, es posible advertir una evaluaci�n negativa del funcionamiento del sistema de mercado de las aguas. Es cierto que ha habido morigeraci�n en las �ltimas propuestas presentadas por el Ejecutivo, las cuales se han expresado b�sicamente en un menor debilitamiento del derecho de propiedad y en el uso de herramientas m�s coherentes con el sistema. Sin embargo, me parece que el diagn�stico hecho por el Gobierno no es el adecuado y que, por consiguiente, sus remedios adolecen del mismo defecto. Por lo dem�s, formul� estos planteamientos con motivo de un seminario realizado en el Senado en enero de 1998, con la participaci�n del entonces Ministro de Obras P�blicas, don Ricardo Lagos, actual Jefe del Estado. Pienso que no hemos tenido una adecuada visi�n global e hist�rica acerca del panorama de las aguas y que a veces hemos enfatizado y sobredimensionado aspectos de car�cter espec�fico, leg�timos -aqu� se han escuchado; soy testigo de mucho de lo que se ha manifestado-, pero que nos desv�an del punto neur�lgico sobre el que debi�ramos concentrar los esfuerzos y del cual, a mi entender, depende el mejor funcionamiento de un sistema. Numerosos especialistas estiman que el mecanismo ha funcionado bien. Hay un informe del Banco Mundial, de 1994 -pido a los representantes del Gobierno y a los se�ores Senadores que lo tengan a la vista-, elaborado por los se�ores R�os y Quiroz, titulado "The Market for Water Rights in Chile". Tambi�n est�n los informes n�meros 52 y 74 de TASC, publicados por ILADES-Georgetown University, y los del Instituto Libertad y Desarrollo, por nombrar algunos. Todos esos documentos plantean un tema que a veces puede sorprendernos respecto de la dimensi�n y del punto donde debemos poner el �nfasis para no equivocarnos. Primeramente, en cuanto al panorama general del mercado de las aguas, es importante tener claro que en Chile existen dos sistemas perfectamente validados. Uno es el de los derechos consuetudinarios, donde pr�cticamente todo el norte y el centronorte del pa�s, incluida la provincia de Petorca hacia el norte, se hallan organizados sobre la base de comunidades de agua que poseen sus derechos, sus sistemas, y cuya problem�tica se ha ido desarrollando a trav�s de la costumbre por muchos a�os (yo dir�a por decenas de a�os). Para las personas y los informes que mencion�, �sos son casi la mayor�a de los derechos de agua existentes en el pa�s. Chile es una naci�n que tradicionalmente ha asignado sus aguas mediante una transacci�n libre en el mercado, ya sea formal o informalmente, desde fines del siglo pasado, para algunos especialistas, como el profesor Vergara, y desde la d�cada de los a�os 20, seg�n los se�ores R�os y Quiroz, a quienes el Banco Mundial encomend� la realizaci�n del an�lisis pertinente. Eso ha sido especialmente cierto -como lo indiqu�- en los lugares donde existe clara conciencia de la escasez del recurso, como ocurre en las zonas norte y centronorte del pa�s, en las cuales puede apreciarse un alto grado de organizaci�n de los usuarios del agua. En otras palabras, hay un mercado sobre derechos de agua que funciona debido, no s�lo al marco institucional brindado por el C�digo de Aguas de 1981, sino, b�sicamente, a la existencia de una tradici�n al respecto. Lo anterior es relevante en a lo menos tres aspectos. Primero, estamos en presencia de un sistema de organizaci�n del recurso agua con una fuerte raigambre hist�rica, la que incluso ha superado la aplicaci�n de marcos legislativos fundados en un sistema centralizado sostenido en la intervenci�n activa de una autoridad discrecional, los cuales han terminado siendo ejercicios espor�dicos. Menciono especialmente el dictado en 1969, coet�neo y complementario a otro proceso que no quiero recordar en este an�lisis sobre los derechos de agua. Lo que deseo recalcar es que, cuando existe una tradici�n desde la base, uno no puede caer en la tentaci�n de tratar de crear sistemas desde arriba (de planificar desde arriba), en especial si son distintos. Lo que debemos hacer es reconocer la situaci�n y potenciarla. Segundo, cuando hablamos de equidad en la asignaci�n originaria del recurso (en el otorgamiento del mismo), no debemos olvidar, para efectos de la evaluaci�n y magnitud de alg�n eventual problema existente, que el Estado asigna o crea una parte limitada del universo de derechos existentes sobre las aguas. En efecto, un conjunto important�simo de los derechos de agua, usualmente utilizados por campesinos y comunidades ind�genas, son de car�cter consuetudinario. Se�al� que el informe del Banco Mundial, suscrito por R�os y Quir�z, estimaba entre 50 a 65 por ciento los derechos de car�cter consuetudinario, y no por eso son menos v�lidos ante la ley, de acuerdo con nuestro ordenamiento jur�dico. Tercero, estos usos consuetudinarios, reconocidos como v�lidos por la ley (art�culo 7� del decreto ley N� 2.603, de 1979, y art�culo 19, N� 24�, inciso d�cimo, de la Constituci�n), representan, a mi juicio, una instancia clave susceptible de ser perfeccionada, debido a que, al no estar formalizados, como ocurre con la mayor�a de ellos, se genera incertidumbre en la titularidad de derechos, elemento importante para un mejor desenvolvimiento del sistema. El mercado tiende a incentivar la asignaci�n eficiente, es decir, permite, por medio de transacciones permanentes o temporales, asignar el recurso para un uso en el que se le valora m�s. Toda agua -no s�lo la sobrante-, una vez usada por el agricultor u otro usuario, es potencialmente transable en el mercado. En la actualidad, con la privatizaci�n de las empresas sanitarias, las plantas de tratamiento de aguas servidas incorporar�n al mercado de las aguas un volumen considerable del recurso, lo que no puede olvidarse y tener siempre presente. El c�lculo estimativo de la inversi�n en dichas plantas es de, al menos, mil 800 millones de d�lares en los pr�ximos cinco o seis a�os. De modo que tambi�n debemos considerar este punto en los diagn�sticos y an�lisis. Reitero: toda agua -no s�lo la sobrante, una vez usada por el agricultor u otro usuario, es potencialmente transable en el mercado. El agricultor tiene un incentivo para ahorrar o no utilizar el agua en aplicaciones de poco valor si �l puede ganar m�s vendi�ndola. Eso no es especulaci�n, a mi juicio, en el sentido negativo que se le ha dado, sino incentivar el uso �ptimo del recurso, que es la esencia del mercado. Porque si vamos a castigar el no uso del agua, simplemente estaremos creando un incentivo perverso: dejar la llave abierta, como sostuve en un art�culo publicado en "El Mercurio". Por ejemplo, de no ser posible enajenar el agua, y en un intencional proceso de optimizaci�n a trav�s de la elecci�n de determinadas clases de plantaciones o de la introducci�n de tecnolog�a no es utilizada, �para qu� se va a esforzar el titular del derecho en ahorrarla? No veo cu�l ser� el incentivo que tendr� ese titular para no gastar el recurso. Porque, si en definitiva no puede disponer del sobrante, naturalmente que no har� esfuerzo alguno por tecnificar y dar un uso �ptimo al agua. Si lo que se castiga mediante el pago de una patente es el no uso de ella, �para qu� los agentes privados necesitar�n preocuparse por mejorar sus instalaciones o conservar la infraestructura de mejor manera? No existe incentivo para ello. Por el contrario, se les castigar� por no usarla toda, como se�al�; es decir, dejar�n la llave abierta, para evitar sanciones pecuniarias. Lo que quiero destacar es que, con la loable finalidad de "perfeccionar" los sistemas, es muy f�cil desnaturalizarlos. Y pienso que, lamentablemente, algunas propuestas del proyecto caen en ese error. A esta altura de mi intervenci�n deseo hacerme cargo de algunas afirmaciones vertidas en el sentido de que hay organizaciones que, seg�n se dice, est�n a favor de determinada propuesta. Al respecto, quiero dar lectura �no se me ha dicho que sea p�blica, pero tampoco privada- a parte de una carta de la Sociedad Nacional de Miner�a� de fecha 3 de noviembre de 2000, donde se consigna lo siguiente: "La reforma" �se refiere a la enmienda de la legislaci�n del agua- "pretende solucionar una serie de problemas que enfrenta la institucionalidad del agua, y que hoy afectan a todas las actividades del pa�s. Sin embargo, gran parte de los problemas, no son abordados ni resueltos satisfactoriamente por el Proyecto, lo que incluso podr�a agravar la situaci�n actual. "En estos momentos, todos los sectores del pa�s estamos haciendo un esfuerzo por hacer m�s din�mica nuestra legislaci�n y modernizar y hacer m�s atractiva nuestra econom�a. Para ello, es necesario contar con un sistema normativo y regulatorio, con facultades discrecionales limitadas, con servicios del Estado eficientes y con pleno respeto al derecho de propiedad.". A juicio de la Sociedad Nacional de Miner�a, la reforma del C�digo de Aguas "es un serio retroceso en ese af�n, y por lo mismo, constituye una muy mala se�al sobre el futuro de nuestro pa�s.". M�s adelante, la nota consigna lo siguiente: "Desde el inicio de su tramitaci�n parlamentaria, el Proyecto ha sufrido numerosas enmiendas, a pesar de las cuales, el Proyecto es rechazado categ�ricamente por todos los usuarios de agua del pa�s." Y menciona a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociaci�n de Canalistas de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Miner�a, quienes "han manifestado claramente su postura", etc�tera. Quiero recordar que durante el debate se dijo que esto contar�a con el respaldo de pr�cticamente la gran mayor�a. Yo solamente estoy indicando que obran en mi poder antecedentes escritos que sostienen lo contrario, a mi parecer, con fundamento. El se�or LATORRE (Ministro de Obras P�blicas subrogante).- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or ROMERO.- C�mo no, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, se�or Ministro. El se�or LATORRE (Ministro de Obras P�blicas subrogante).- Agradezco al Senador se�or Romero su gentileza. Deseo precisar que la Sociedad Nacional de Miner�a puede hablar solamente por ella. Los documentos formales que obran en nuestro poder -incluso los mostramos en la sesi�n anterior en que se trat� este asunto- consignan expresamente el acuerdo adoptado por la Sociedad Nacional de Agricultura en una de sus sesiones formales. Podemos hacer entrega de dichos documentos, pero no es mi �nimo discutir de nuevo el punto, por tratarse de una historia muy larga. Lo que s� es efectivo es que la SONAMI ha reiterado sus puntos de vista. Lo ha hecho en repetidas oportunidades en Comisiones durante el debate del proyecto, tanto en la C�mara como en el Senado, y los pronunciamientos adoptados consideran lo planteado por ellos. A pesar de eso, se ha reiterado mayoritariamente una opini�n. Con esto quiero simplemente se�alar que no nos equivocamos al indicar qui�nes han manifestado su acuerdo. Tenemos todos los documentos de las instituciones que formalmente han manifestado su preocupaci�n, su acuerdo, o las sugerencias que han hecho, las que en la mayor�a de los casos fueron acogidas durante la tramitaci�n de la iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or Romero. La se�ora MATTHEI.- �Me concede una interrupci�n, Honorable colega? El se�or ROMERO.- Con todo gusto, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, efectivamente, conozco esa carta. Sin embargo, con posterioridad a que la Sociedad Nacional de Agricultura dijo estar de acuerdo con el proyecto, he tenido reuniones con algunos de sus personeros y con su Directorio, encabezado por su Presidente, quienes me se�alaron que est�n en contra del proyecto. Lo que sucede es que cuando escribieron esa carta pensaban que a los agricultores no se les aplicar�a la nueva normativa, pues se habl� de que regir�a solamente para los derechos no consuntivos. Por lo tanto, para zanjar de una vez por todas el tema, ruego que se formule, en nombre del Senado, la consulta a la Sociedad Nacional de Agricultura. Porque se ha citado en numerosas oportunidades ese documento, que no refleja en absoluto la postura de dicha organizaci�n, pues, como se�al�, fue redactado pensando que no les afectaba. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se enviar� el oficio correspondiente en la forma solicitada por Su Se�or�a. Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or LATORRE (Ministro de Obras P�blicas subrogante).- �Me permitir�a hacer un alcance, se�or Senador? El se�or ROMERO.- Con todo agrado, con la venia de la Mesa. El se�or LATORRE (Ministro de Obras P�blicas subrogante).- El que haya habido una reuni�n de la Senadora se�ora Matthei con el Directorio de la SNA, no me consta. En todo caso, dar� lectura a la �ltima observaci�n al proyecto formulada por dicha organizaci�n, para que quede claro que ellos sab�an a lo que se estaban refiriendo. Dice textualmente lo siguiente: "Finalmente, el Comit� se pronunci� por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por el no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos" -vale decir, sab�an que esto tambi�n dec�a relaci�n a los derechos que ellos habitualmente tienen a su cargo-, "vinculada a la existencia de la presunci�n de derecho sobre el uso de las aguas.". Muchas gracias por la interrupci�n, Senador se�or Romero. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Pido a Sus Se�or�as que no hagan un debate cruzado donde cada cual intervenga a voluntad. Est� agotado el tiempo del Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, solicito que se me concedan unos minutos m�s, pues las interrupciones han impedido que desarrolle mi intervenci�n en la forma deseada. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Dispone de cinco minutos, Su Se�or�a, ya que a�n quedan dos se�ores Senadores inscritos. El se�or ROMERO.- Gracias, se�or Presidente. S�lo deseo hacer la siguiente reflexi�n, porque considero que �ste no es el momento oportuno para entrar en un debate sobre el particular. No es posible que la Sociedad Nacional de Agricultura sostenga que es partidaria del pago de una patente por el no uso de las aguas, porque hoy d�a la agricultura lo est� haciendo por utilizarlas. Al pagar contribuciones por bienes ra�ces de tierras de riego, que son distintas de las de secano, ya se le est� cobrando un derecho. Por lo tanto, creo que en este punto hay una interpretaci�n que pudiera no ajustarse a t�rminos reales. Como antiguo dirigente agrario, me parece sorprendente que hoy d�a, cuando se pagan contribuciones por tierras de rulo, de secano y regadas, se cobre un segundo derecho por lo mismo. Digo esto porque el problema del no uso del recurso simplemente puede dar lugar a dejar la llave abierta. Pero, en fin, no quiero entrar a un debate de esta naturaleza. Se�or Presidente, me preocupa que sobre la base de algunas disquisiciones puntuales -por cierto, controvertibles en el plano te�rico- se est�n sacando conclusiones generales. Ciertamente, pienso que estamos frente a un tema demasiado importante como para estar s�lo de acuerdo con el diagn�stico. Podemos concordar con ese diagn�stico; lo que me inquieta son los remedios que pueden utilizarse. Por eso, me gustar�a dejar planteado hacia d�nde focalizar nuestros esfuerzos. No se trata de manifestar que no nos gusta determinado proyecto, sino de hacer aportes constructivos en el debate. �Cu�les son las medidas que, en mi opini�n, deber�an estudiarse e implementarse? Todos deseamos el m�ximo y mejor aprovechamiento del agua, es decir, que se utilice en forma racional. En este sentido, hago una declaraci�n contundente: deseo que Chile emplee al m�ximo ese recurso y que obtenga su mejor aprovechamiento. El incentivo b�sico para lograrlo es a trav�s del funcionamiento de un mercado, al cual debe proveerse de las condiciones necesarias para su operaci�n eficiente. Algunas medidas para remover los obst�culos que limitan el potencial desarrollo del mercado de las aguas en Chile radican en, primero, aliviar los costos de transacci�n; segundo, mejorar la definici�n de lo transado, es decir, individualizar de mejor manera ciertos derechos de propiedad, particularmente los derechos de uso no consuntivos; tercero, ampliar el mercado tanto a las aguas subterr�neas como a las servidas, que posteriormente son reconvertidas por plantas de tratamiento; y cuarto, promover una mayor descentralizaci�n, autonom�a y coordinaci�n institucional distintas. A mi juicio, para comenzar a discutir el tema es fundamental disponer de un catastro, de un registro p�blico, que hoy d�a no existe. Estamos a ciegas y no se sabe exactamente de qu� se est� hablando. En la actualidad, el 60 por cierto de las aguas -y lo digo en cifras redondas- es objeto de la costumbre. Son los derechos consuetudinarios existentes en el norte y el centro norte. Entonces, debemos ser cuidadosos al debatir estas materias, ya que podemos desnaturalizar de alg�n modo los mecanismos que est�n funcionando adecuadamente. Para aliviar los costos de transacci�n, se requiere, primero, promover la certeza a trav�s de la legalizaci�n de derechos existentes (esto, a mi juicio, es clave porque, como dije, no se sabe exactamente de qu� se est� hablando); segundo, brindar las facilidades f�sicas que dinamicen el funcionamiento del mercado mediante el desarrollo de una infraestructura que haga econ�micamente posible transferir derechos de agua; y, tercero, proporcionar transparencia por medio de la implementaci�n de un sistema de registro accesible que entregue buena informaci�n. Si algunas empresas hidroel�ctricas est�n incurriendo en abusos, apliqu�mosles la ley antimonopolios. Nuestra legislaci�n contempla mecanismos adecuados que pueden perfectamente ser utilizados. �Por qu� no los empleamos? �Por qu� no hacer una presentaci�n antimonopolio en este sentido? Si formamos parte de la sociedad, si somos parte del problema y todos deseamos lograr un mayor aprovechamiento del recurso, busquemos la mejor manera de hacerlo. Se�or Presidente, en los diez segundos que me restan, deseo agradecer que me haya concedido un mayor margen de tiempo. Espero seguir interviniendo m�s adelante, porque �ste es un punto central. A mi juicio, el recurso agua es el tema del siglo XXI en Chile. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, el C�digo de Aguas vigente adolece de dos grandes fallas. Primero, no reviste costo alguno pedir derechos de aguas, porque son gratis, y segundo, mantenerlos no representa ning�n gasto. Por lo tanto, el comportamiento racional, obviamente, es pedir agua en las mayores cantidades posibles. El recurso debi� haberse licitado en su oportunidad, salvo aquellos derechos de uso tradicional. Creo, adem�s, que siempre debe pagarse una especie de patente por el aprovechamiento de las aguas, independientemente de que sean utilizadas o no. El hecho de tener una concesi�n de agua siempre deber�a implicar un pago. Algo muy parecido ocurre en la miner�a. El problema original del C�digo de Aguas, en orden a que no representa ning�n costo acceder a esos derechos, ni tampoco mantenerlos, se tradujo efectivamente en que muchos pidieron m�s agua de la que necesitaban. Y estamos todos de acuerdo en este diagn�stico. Pero el asunto es c�mo resolverlo. La soluci�n que hoy d�a ha propuesto el Ejecutivo es realmente muy mala. �Por qu�? Veamos el caso de las aguas no consuntivas, es decir, las que usan las empresas el�ctricas. Cuando se aprob� el C�digo de Aguas actual, s�lo exist�a ENDESA. �Qu� hizo? Obviamente, dadas las reglas del juego y como empresa estatal, solicit� todos los derechos de agua para generar electricidad. Fue l�gico su proceder. �Pero cu�l es el problema que se presenta ahora? Primero, ENDESA ya no es estatal, y segundo, hay otras empresas que tambi�n pretenden producir energ�a hidroel�ctrica, pero no pueden acceder a esos derechos porque todos ya fueron otorgados. Entonces, lo b�sico es que se est� ante un problema de monopolio: una empresa, que obviamente ya no es estatal y que adem�s no es �nica, tiene todos los derechos de aguas, impidiendo que las otras puedan acceder a ellos. �Esto es monopolio! Por lo tanto, lo l�gico es recurrir a las instituciones que regulan el sano funcionamiento de los mercados y obligar a esa empresa no s�lo a vender o licitar derechos de aguas no consuntivas, sino tambi�n a vender este, ese o aquel derecho. Porque no es lo mismo desprenderse del 70 por ciento de los derechos que hacerlo respecto de este, ese o aquel derecho, pues no todas las aguas tienen igual valor. Por ejemplo, los derechos de aguas en zonas muy alejadas de los centros de consumo son menos valiosos que los cercanos a los mismos, por cuanto en el transporte de energ�a el�ctrica se pierde parte ella y, adem�s, se requiere la construcci�n de infraestructura. En consecuencia, no es lo mismo generar electricidad en Ais�n que hacerlo en la cercan�a de centros de consumo, donde es mucho m�s valiosa. En el caso de las aguas ubicadas en tierras ind�genas, evidentemente habr� mayores dificultades para construir centrales hidroel�ctricas. Por lo tanto, si la Comisi�n Antimonopolios no va al detalle y dice: "Usted debe desprenderse de tales y cuales derechos" -no de cualesquiera otros que conformen ese 70 por ciento-, ENDESA continuar� siendo monop�lica por los pr�ximos 20 � 30 a�os. Porque las aguas no consuntivas tienen rentabilidades distintas: las alejadas de los centros de consumo valen menos, y las que se encuentran en tierras de ra�z ind�gena tienen incluso menor valor ya que el costo de construcci�n ser� mucho m�s alto. Por ello -insisto-, deben contemplarse las herramientas para que a esa empresa se le pueda exigir que si proyecta construir cinco embalses, o cinco plantas generadoras (eso perfectamente se puede evaluar) s�lo lleve adelante dos. Pero no el primero y el segundo, sino tal vez el primero y el cuarto por cuanto, como indiqu�, no todas las aguas cuestan lo mismo. �sa ser�a una soluci�n racional y perfectamente v�lida en nuestra organizaci�n econ�mica. Hace poco tiempo la Comisi�n Antimonopolios oblig� a ENDESA a desprenderse de Transelec, que era una compa��a transmisora. Para ese efecto adujo: "Ustedes no pueden operar en la generaci�n, en la transmisi�n y adem�s en la distribuci�n. No. Eso constituye una integraci�n vertical, un monopolio vertical inaceptable". ENDESA finalmente se desprendi� de Transelec. Lo mismo puede aplicarse en la situaci�n de monopolio existente con los derechos de agua. La Comisi�n Antimonopolios podr�a obligar a vender, a deshacerse de ciertos derechos de agua. Y la indicaci�n al respecto no podr�a ser de tipo gen�rico sino m�s bien caso a caso: "Con tal derecho se puede quedar, pero con este otro no". En cambio, �qu� hace el proyecto? A mi modo de ver, no entrega ninguna soluci�n al problema de monopolio en la generaci�n hidroel�ctrica. �Ninguna! Porque si se pretende cobrar una patente por no uso de aguas el titular de los derechos ordenar� sus proyectos, decidir� cu�les concretar� en los pr�ximos 15 � 20 a�os, se desprender� de los recursos h�dricos restantes (obviamente, pondr� a disposici�n de la competencia los derechos de aprovechamiento que valen menos) y pagar� alegremente el costo que le corresponda por no uso. Porque de todos modos �ste ser� inferior que el mayor costo que habr� de pagar la competencia para construir una central, por ejemplo en Ais�n. Repito: la soluci�n es mala desde el punto de vista econ�mico porque no aborda el problema principal que se presenta en la generaci�n de electricidad: el del monopolio. A lo mejor el sistema le servir� a ENDESA para deshacerse de diversos derechos de agua y todos estaremos muy felices. Pero seguramente en los futuros 20 � 25 a�os ninguna compa��a distinta de ENDESA construir� alguna central. Porque �sta se desprender� de las aguas menos valiosas; de las m�s distantes de los centros de consumo; de las involucradas en conflictos por tierras ind�genas, etc�tera. Y ella se quedar� con los proyectos m�s rentables. �Por qu�? Porque al evaluarlos deben sum�rseles todos los costos. Y dicha empresa les agregar� la patente que paga. Pero las dem�s compa��as deber�n a�adir a sus propios proyectos el mayor valor de transporte de la energ�a, el precio de litigar por las tierras ind�genas, en fin, distintas cosas que redundar�n en que el costo sea mucho m�s alto. Reconozco que existe un problema de monopolio que es preciso resolver, pero la soluci�n propuesta por el Ejecutivo es inadecuada ya que no alterar� en absoluto el hecho de que ENDESA seguir� llevando a la pr�ctica los mejores proyectos hidroel�ctricos de aqu� a 20 � 25 a�os. Ahora paso a referirme a las aguas consuntivas, es decir, a las que se consumen ya sea en la miner�a o en la agricultura. En este aspecto la iniciativa tambi�n es mala. Con relaci�n a la miner�a, que toca muy fuertemente a la Cuarta Regi�n, que represento en esta Alta C�mara, debo manifestar que desde que se descubri� la mina Los Pelambres hasta su puesta en marcha transcurrieron 50 a�os. �Por qu�? Porque no se puede explotar un yacimiento sin contar con electricidad, caminos, viaductos, puertos para sacar el mineral. Y todo eso no se construye en 5 ni en 10 a�os. Adem�s, se requiere de un cuantioso capital que no siempre es f�cil reunir, menos ahora en que las condiciones son cada d�a m�s dif�ciles. Y si se carece de derechos de agua nadie va a empezar a realizar las prospecciones y estudios pertinentes. Sin agua no existe explotaci�n minera. En efecto, cuando alguien tiene la posibilidad de explotar un yacimiento lo primero que hace es asegurarse el agua. S�lo entonces empieza lo relativo a la prospecci�n, los estudios y la forma de allegar el capital. Eso puede demorar much�simos a�os, entre otras cosas porque quiz� no se ha podido acceder al cr�dito, o porque el precio del cobre se halla muy bajo en ese momento y nadie se arriesga a prestar, etc�tera. Entonces, no tiene sentido aplicar un impuesto por no uso de las aguas si lo l�gico es contar con los respectivos derechos de aprovechamiento. Lo que sucede en la pr�ctica es que las compa��as mineras de inmediato se aseguran el agua y la arriendan hasta entrar en operaci�n. El recurso h�drico no se pierde. Y, sobre todo en el norte, donde se halla la miner�a, el agua nunca ha llegado al mar. En algunos casos las compa��as la han prestado a los peque�os agricultores; en otros la han arrendado a los grandes productores. La afirmaci�n de que el agua llega al mar y se pierde es absurda. Lo que ocurre es que cuando finalmente la mina se construye e inicia sus operaciones, las empresas conversan con los agricultores que hasta ese instante usaron las aguas y muchas veces les ayudan, sea a instalar un sistema de riego por goteo para el uso m�s eficiente de ella, sea a buscar otra soluci�n. Y llegan a un arreglo. Lo concreto es que las aguas nunca se dejan de utilizar. Eso revierte el concepto tan equivocado acerca de este proyecto en el sentido de que las aguas se botan al mar. �No es as�! En la medida en que el due�o de los derechos no las emplea las usan otros, especialmente en el norte (ser�a bueno que los Honorables colegas fueran a corroborarlo). Lo contrario resultar�a absurdo. Lo dispuesto sobre el particular pondr� en un grav�simo problema el desarrollo de la miner�a. Y el Senador se�or Romero ten�a raz�n al se�alar que en el caso de la agricultura lo �nico que se tomar� en cuenta ser� si se emplea o no el agua. Pero en realidad este elemento es tan valioso que lo importante es utilizarlo bien. No da lo mismo emplearlo o no, que utilizarlo de la manera m�s eficiente posible. La �nica forma de asegurarse de que el agua se emplee eficientemente es cobrando por su posesi�n, independiente de si se usa o no se usa. En este �ltimo caso, podr� prestarse o arrendarse a otra persona. Lo que interesa es que se efect�e el riego por goteo; que se proceda a revestir los canales para que el recurso no se evapore ni se filtre o se mal utilice. Eso es lo fundamental. Sin embargo, ello no se logra con la presente normativa. �En absoluto! En este aspecto, lo �nico que establece es que se presumir� que las aguas est�n siendo utilizadas, "si existen las obras de captaci�n de las mismas.". Y punto. No se contempla incentivo alguno en orden a que el recurso se utilice en forma eficiente. �Ninguno! Yo he pedido muchas veces fijar precio al agua. Independientemente de que se use o no, debe tener un valor. Parte de ese costo lo pagan ya los agricultores a trav�s de las contribuciones, pero es insuficiente. Adem�s, �stas no se hallan separadas. Las contribuciones de cierto tipo de terrenos incluyen el derecho de riego. Y se puede vender este derecho pero las contribuciones se siguen pagando como si continuara trat�ndose de tierras regadas. Eso ocurre porque los roles no se hallan separados. Deber�a pagarse contribuciones por el agua y por la tierra. Como dije, el propietario de un predio regado paga mayor cantidad por concepto de contribuciones; pero si vende los derechos de aprovechamiento a una compa��a minera colindante y despu�s enajena la propiedad sin agua, las contribuciones que el comprador pagar� seguir�n correspondiendo a tierra regada, dado que los roles no se encuentran separados. Todo lo relativo al mercado de derechos de agua se halla completamente enredado y veo con angustia c�mo, teniendo la oportunidad de arreglar su funcionamiento poniendo precio al uso o mantenci�n de los recursos h�dricos y haciendo funcionar la Comisi�n Antimonopolios en el campo de la generaci�n hidroel�ctrica -que es urgente-, se propone un proyecto que no resuelve nada y que, al rev�s, s�lo enredar� m�s las cosas. Tengo bastantes dudas acerca de c�mo votar en general. Estoy a favor de modificar el C�digo de Aguas, pues la situaci�n actual no es aceptable, no es sostenible. Sin embargo, lo propuesto es tan absurdo, tan carente de racionalidad econ�mica, tan insuficiente en cuanto a entregar las se�ales correctas para que funcione bien el mercado el�ctrico y el no el�ctrico, que no soluciona nada. Creo que finalmente votar� en contra. No es posible que desperdiciemos esta oportunidad. Modificar el C�digo de Aguas no es algo sencillo ni que pueda hacerse en cualquier minuto, ya que genera much�simos problemas a todos los involucrados. Si todos perseguimos el mismo objetivo, no veo dificultad alguna para ponernos de acuerdo y elaborar un buen proyecto. He pedido al Ejecutivo en numerosas oportunidades conversar sobre la materia, a fin de lograr una iniciativa que realmente resuelva los grav�simos problemas existentes en el mercado de las aguas. Sin embargo, no ha habido disposici�n a escuchar ni a estudiar las modificaciones necesarias. Se insiste majaderamente en la imposibilidad de cobrar a todos los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas, porque se carece de los registros respectivos. Entonces, si no hay un catastro de usuarios �c�mo se va a cobrar a quienes no utilizan el agua? Se dice que la normativa regir� para todos los derechos de aprovechamiento constituidos con posterioridad al nuevo C�digo de Aguas. En ese caso, fijemos un precio por uso y no uso de las aguas a quienes adquirieron tales derechos despu�s de 1980. Pero, a mi juicio, el concepto econ�mico est� absolutamente equivocado. Por �ltimo, se�or Presidente -y termino de inmediato-, deseo recomendar a Sus Se�or�as que relean el informe del se�or Ricardo Paredes -perteneciente a la Concertaci�n-, que es un muy buen economista, y, adem�s, Decano de la Facultad de Ciencias Econ�micas y Administrativas de la Universidad de Chile, el cual se�ala que �ste es un mal proyecto. Aqu� no se trata de un asunto pol�tico, ni de oponernos porque s�. Todos deseamos que el mercado de las aguas funcione bien, que las aguas se utilicen en forma eficiente. Sin embargo, la iniciativa en debate no lo va a lograr. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Frei, �ltimo orador inscrito. El se�or FREI (don Eduardo).- Se�or Presidente, antes de efectuar algunas consideraciones sobre el proyecto que nos convoca, perm�tanme recordar algunas fechas y circunstancias que no deben perderse de vista al momento de pronunciarnos sobre �l. Uno de los objetivos que tuvo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin fue el de efectuar una evaluaci�n de los diversos ordenamientos jur�dicos que regulaban el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos, el C�digo de Aguas de 1981. Dicha evaluaci�n tuvo por finalidad el perfeccionamiento de la normativa aplicable al aprovechamiento del recurso natural m�s importante para nuestro pa�s, no s�lo con miras a su protecci�n desde la perspectiva medioambiental, sino que, principalmente, orientado a su an�lisis como recurso econ�mico y productivo. Para ello se efectuaron una serie de seminarios, reuniones t�cnicas y cient�ficas tanto en el �mbito nacional como internacional. En el diagn�stico de los usuarios de las aguas y de diversos sectores de la vida acad�mica y profesional, hubo consenso en cuanto a que no obstante era necesario respetar las bases de seguridad jur�dica de los derechos de aprovechamiento de aguas, garantizados en la propia Constituci�n, era tambi�n indispensable y urgente solucionar por v�a legislativa los graves problemas de concentraci�n monop�lica que enfrentaban �y que enfrentan hasta el d�a de hoy- los derechos de aprovechamiento de aguas de tipo no consuntivo. Asimismo, el an�lisis dej� en evidencia la existencia de una serie de vac�os en las facultades de la Direcci�n General de Aguas y la necesidad de descentralizar decisiones que afectaban el normal aprovechamiento del recurso h�drico. Como una de las consecuencias del mencionado diagn�stico, en diciembre de 1992 se envi� a la C�mara de Diputados un proyecto de reforma del C�digo de Aguas, que intentaba establecer un sistema de extinci�n de los derechos de aprovechamiento si las aguas no eran utilizadas; la creaci�n de corporaciones administradoras de cuencas hidrogr�ficas y normas sobre protecci�n de cauces naturales. Lamentablemente, dicha iniciativa no tuvo buena acogida por parte de la C�mara, siendo objeto de variadas cr�ticas, las que m�s bien apuntaron a problemas de forma, sin entrar a discutir el fondo del problema de la tenencia monop�lica y especulativa de derechos de aprovechamiento no consuntivos, cuesti�n que en todo caso nadie negaba. Al asumir en 1994 como Presidente de la Rep�blica, una de las tareas primordiales que encargu� fue la creaci�n de una "Pol�tica Nacional de Recursos H�dricos", que fue encomendada a la Direcci�n General de Aguas. Esa labor concluy� durante mi Gobierno con el documento conocido como "POL�TICA NACIONAL DE RECURSOS H�DRICOS" -publicado con ocasi�n de la celebraci�n de los 30 a�os de la Direcci�n General de Aguas-, que sistematiz� el trabajo que se ven�a realizando sobre la materia, y contiene b�sicamente: un diagn�stico de la situaci�n actual; los principios, objetivos y proposiciones concretas para enfrentar el desaf�o de los recursos h�dricos en Chile. El citado documento tuvo el inmenso valor de haber sido sometido a consideraci�n de toda la comunidad nacional. En efecto, la versi�n original fue objeto de un amplio debate realizado en diversos talleres efectuados en ciudades tales como La Serena, Concepci�n y Temuco, para culminar en un Seminario Nacional desarrollado y apoyado por la FAO, que cont� con el respaldo de las universidades, especialmente de la Universidad de Chile. Adem�s, el documento antes referido identifica claramente los siguientes principios sobre los cuales debe estar basada la pol�tica nacional de aguas: 1�) El agua est� definida constitucionalmente como un bien nacional de uso p�blico, raz�n por la cual el Estado debe asumir una tutela especial sobre dicho recurso; 2�) El aprovechamiento del agua debe realizarse en forma sustentable y asegurando la protecci�n del medio ambiente asociado; 3�) El agua es un bien econ�mico y como tal el sistema jur�dico y econ�mico que regula su uso debe propender a que sea utilizado eficientemente por los particulares y la sociedad; 4�) La pol�tica de aguas debe tender a la participaci�n de los usuarios, de las organizaciones y del ciudadano com�n en la gesti�n del recurso h�drico, reflejando de esa manera el car�cter de bien social, econ�mico, ambiental y cultural de tales recursos, y 5�) La pol�tica de aguas debe reconocer la complejidad y especificidad de los procesos hidrol�gicos, por lo cual sus proposiciones deben estar s�lidamente basadas en el conocimiento cient�fico y t�cnico de los mismos. Sobre la base de los principios anteriormente enunciados, se plantearon en el referido documento los principales objetivos de la pol�tica nacional de aguas: 1�) Asegurar el abastecimiento de las necesidades b�sicas de la poblaci�n; 2�) Mejorar la eficiencia de uso, a nivel de la cuenca hidrogr�fica, en un marco de factibilidad econ�mica, considerando su condici�n de bien escaso en gran parte del territorio nacional; 3�) Lograr la localizaci�n del recurso h�drico en aquellas demandas que presentan el mayor beneficio econ�mico, social y medio ambiental; 4�) Maximizar el aporte de los recursos h�dricos al crecimiento del pa�s, a trav�s del desarrollo de las fuentes no utilizadas y del reuso de las aguas, especialmente en la zona norte; 5�) Disminuir el impacto de la variabilidad hidrol�gica en la actividad del pa�s; 6�) Recuperar el pasivo ambiental existente y asegurar el desarrollo de los recursos h�dricos sin que ello signifique un deterioro para el medio, y 7�) Minimizar los niveles de conflicto relacionados con el agua y contribuir de ese modo a la paz social. A partir de los principios y objetivos descritos, en la parte propositiva del documento, se analizaron siete temas. El primero de ellos se refiere a la materia que nos ocupa: las modificaciones que deben introducirse al C�digo de Aguas. Sobre el particular, se estim� necesario considerar las carencias y problemas que es indispensable corregir sin dejar de valorar las ventajas que contiene el estatuto legal vigente. En ese sentido, se considera como muy negativo que los derechos de aprovechamiento sean asignados a quien los solicita sin que se deban justificar los caudales pedidos y, lo que es m�s grave, sin que exista obligaci�n de darles un destino productivo. En ese marco, y dada la experiencia obtenida con la iniciativa de reforma antes enunciada, en 1996 mi Gobierno present� una indicaci�n sustitutiva al proyecto primitivo, cuyo texto, con algunas modificaciones, es el que se encuentra hoy sometido a la consideraci�n del Congreso. En primer lugar, con tal iniciativa se pretendi�, principalmente, corregir la forma de asignaci�n original de los derechos de aprovechamiento, las distorsiones que el sistema actual ha producido, y definir un procedimiento para abordar los requerimientos ambientales. En segundo t�rmino, deseo destacar las principales modificaciones contenidas en el citado proyecto: establecimiento del pago de una patente a los derechos de agua constituidos y cuyo due�os no los utilizan; incorporaci�n de la obligaci�n de justificar la cantidad de agua que se solicita; facultar al Estado para limitar o denegar una nueva solicitud de derecho de aprovechamiento cuando existan razones de bien com�n perfectamente identificadas, y garantizar que se respeten caudales m�nimos ecol�gicos en la constituci�n de nuevos derechos. Como se puede apreciar, tales modificaciones generan una situaci�n de mayor equilibrio entre las dimensiones social, ambiental, econ�mica y cultural del agua, sin poner en riesgo las ventajas de la legislaci�n vigente, entre las cuales se destaca la seguridad jur�dica que se otorga a los derechos de agua y su libertad de transacci�n. Quisiera realizar algunas precisiones que estimo centrales en la iniciativa en debate, enmarcadas en la mencionada Pol�tica Nacional de Recursos H�dricos. La idea del establecimiento de una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento, la que surge como un mecanismo eficaz destinado a incentivar el uso de las aguas, m�s que como un simple castigo por el acaparamiento especulativo de tales derechos. En otras palabras, el mayor �xito del proyecto, una vez que se convierta en ley, se ha de registrar cuando no se cobre ni un solo peso por la patente, ya que ello significar� que las aguas son utilizadas o, al menos, que se hallan libres en las fuentes naturales, superficiales o subterr�neas, en espera de que una persona con un proyecto determinado quiera pedirlas. La libre comercializaci�n de los derechos de aprovechamiento constituye, en general, un mecanismo adecuado para lograr usos y asignaciones del recurso econ�micamente m�s eficientes. Sin embargo, el efecto que se ha pretendido conseguir con la aplicaci�n de los mecanismos de mercado no ha tenido lugar en la pr�ctica, al menos significativamente, por deficiencia de la normativa jur�dica que los regula, toda vez que �sta no contempla un sistema de precios que permita valorizar la obtenci�n originaria y la conservaci�n a perpetuidad de tales derechos. La insuficiencia legislativa lleva a mantener gratuitamente, a lo largo del tiempo, el derecho de aprovechamiento en poder del titular originario, quien no se encuentra obligado a usar el agua ya sea en los fines para los cuales requiri� primitivamente un determinado caudal, o bien, en usos alternativos posteriores. Ese vac�o legal, en virtud del cual no existe costo para la conservaci�n indefinida del derecho de aprovechamiento, incentiva la especulaci�n y el mal uso del recurso. Adicionalmente, la posesi�n de derechos de agua puede distorsionar gravemente el mercado de la energ�a el�ctrica, como ya sucede hoy en varios proyectos. Y lo mismo ocurre en el sector minero. Respecto de la cuesti�n de ENDESA, deseo consignar que precisamente para evitar la situaci�n de monopolio fue que en relaci�n con las empresas sanitarias se estableci� primero, antes de privatizar, un marco regulatorio. Y, por ejemplo, en los casos de EMOS y de ESVAL no se incluyeron en el proceso el embalse El Yeso, el de Pe�uelas, etc�tera, que quedaron en propiedad de todos los chilenos. Lo que se regul� fue el uso y la distribuci�n. No sucedi� lo mismo en el sector el�ctrico. Por ello, ENDESA se fue con todas las aguas del pa�s, pr�cticamente. Con el objeto de corregir dicha deficiencia legal, de lograr una mayor fluidez de las transacciones y de evitar la acumulaci�n de derechos de agua en forma desmesurada, sin que medie un aprovechamiento actual y futuro previsible por los titulares, se hace necesario establecer e implementar un sistema de patentes que grave los derechos de aprovechamiento de agua no utilizados. Se estima que ello constituye un primer paso, realista y factible de concretar en el corto plazo, el cual tambi�n concuerda con una pol�tica de tarifaci�n del uso del elemento, ampliamente aplicada en la mayor�a de los pa�ses que consideran que el agua es un recurso natural escaso y que fijar un precio es una forma de valorizaci�n econ�mica. En consecuencia, debemos entender ese tipo de patente como un primer paso, realista y urgente, que propende, adem�s, a la activaci�n del mercado de derechos de aprovechamiento y a su uso eficiente. Los graves problemas derivados de la tenencia desmesurada, especulativa, monop�lica y perjudicial de derechos de aprovechamiento de agua deben ser solucionados de manera r�pida, para lo cual se cuenta con un proyecto de ley que puede ayudar en la tarea de resolverlos. No podemos tolerar que puedan volver a surgir dificultades de abastecimiento de energ�a el�ctrica y que simult�neamente existan quejas de empresas hidroel�ctricas que desean desarrollar proyectos de generaci�n hidroel�ctrica, pero que no pueden hacerlo porque los derechos de agua se encuentran concentrados mayoritariamente en un solo titular, sin que �ste, a su vez, desarrolle esas iniciativas. El mercado no ha sido capaz de solucionar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, me parece importante aprobar con nuestros votos un mecanismo de mercado que otorgue fluidez e incluso que facilite la creaci�n de un mercado de recursos h�dricos. Adicionalmente, procede dar atribuciones a la Direcci�n General de Aguas, para que pueda ejercer realmente la pol�tica que le encarga el ordenamiento jur�dico vigente. Aprobemos tambi�n la idea de que se puedan asegurar caudales ecol�gicos m�nimos al momento de constituir derechos de agua, lo que evitar� que se extraiga el ciento por ciento de las aguas de algunos r�os y que se destruya no s�lo el valor esc�nico de dichas fuentes, sino tambi�n la flora y fauna asociadas. Me parece importante, se�or Presidente, que despu�s de ocho a�os seamos capaces de legislar sobre un tema en que todos estamos de acuerdo y que en el curso de la discusi�n en particular permitamos introducir las indicaciones y modificaciones tendientes a que sea absolutamente eficiente un proyecto necesario, enmarcado dentro de la Pol�tica Nacional de Recursos H�dricos. Por esas razones, anuncio mi voto favorable. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado en este momento a la Mesa un mensaje del Presidente de la Rep�blica con el cual retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley del deporte. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes. En todo caso, de acuerdo con lo resuelto por los Comit�s, las observaciones respectivas ser�n votadas el pr�ximo martes, a primera hora. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Han intervenido todos los se�ores Senadores inscritos para usar de la palabra acerca de las modificaciones del C�digo de Aguas. Como la aprobaci�n de varias normas requiere qu�rum especial, se ha planteado que la votaci�n quede en el primer lugar de la tabla de la sesi�n del pr�ximo martes, luego de lo cual se tratar�n las observaciones formuladas al proyecto de ley del deporte. Si le parece a la Sala, as� se acordar�. Acordado. Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or LATORRE (Ministro de Obras P�blicas subrogante).- Se�or Presidente, quiero manifestar mi agradecimiento, desde luego, as� como mi acuerdo con la decisi�n de que se vote en general, definitivamente, el martes 12 del mes en curso. Brevemente deseo hacer referencia a algunos alcances sobre la iniciativa en estudio, con relaci�n a aspectos no contenidos en la intervenci�n que, en representaci�n del Gobierno, me correspondi� desarrollar en sesiones anteriores. Primero, en cuanto a la opini�n de algunas agrupaciones empresariales, especialmente de la Sociedad Nacional de Miner�a (SONAMI), el Ejecutivo en general no tiene inconvenientes en que con motivo de la discusi�n particular se analicen en una nueva oportunidad los antecedentes se�alados. Pero adem�s quiero exponer un antecedente ante los se�ores Senadores. Con motivo de la decisi�n de una gran entidad minera en el sentido de llevar a cabo lo que denomina su "Fase IV", que constituye una inversi�n de mil 45 millones de d�lares �hecho dado a conocer p�blicamente el martes reci�n pasado-, fuimos testigos de c�mo, mientras la Direcci�n General de Aguas se dedicaba a resolver conforme al marco legal vigente el que derechos concedidos a esa minera pudieran efectivamente destinarse al proyecto, una empresa vend�a en forma simult�nea, en una cifra verdaderamente gigantesca, el complemento de los derechos de agua necesarios para llevarlo adelante. Vale decir, el Estado estaba entregando gratuitamente un derecho para poder avanzar realmente en una iniciativa de inter�s nacional y, al mismo tiempo, con conocimiento nuestro y sin que pudi�ramos mantener una opini�n al respecto, se negociaba complementariamente por una cantidad monstruosa, en mi opini�n �a lo mejor, para otros puede ser razonable-, de millones de d�lares, en relaci�n con un derecho que no era utilizado. En consecuencia, pensamos que la preocupaci�n manifestada aqu� en cuanto a diferenciar puede ser muy importante, sin perjuicio de cuidarse de un proceso de especulaci�n de derechos, tanto consuntivos como no consuntivos, que no le hace bien al pa�s. En lo atinente a la referencia hecha por la Senadora se�ora Matthei a la Comisi�n Antimonopolios, deseo simplemente recordar que ese organismo, frente a una situaci�n que se plante� hace algunos a�os, precisamente en la misma l�nea que se�al�, resolvi�: "en este mercado se observa en la actualidad una elevada concentraci�n de los derechos de agua en poder de la empresa Endesa S.A., y que un mayor control de estos recursos energ�ticos por parte de dicha empresa..., vendr�a a incrementar sustancialmente la posici�n dominante que la referida empresa tiene respecto de los recursos h�dricos no consuntivos del pa�s, con las consecuencias negativas y perjudiciales para la libre competencia en la generaci�n el�ctrica.". M�s adelante, la Comisi�n Preventiva Central recomienda a la Direcci�n General de Aguas "abstenerse de constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no est� en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario, seg�n corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas, a menos que se trate de proyectos espec�ficos de inter�s general que as� lo justifiquen.". Vale decir, la Comisi�n Antimonopolio se manifest� expresamente en el sentido de que no cab�a pronunciarse caso a caso, sino que deb�a modificarse necesariamente la legislaci�n vigente, lo cual se pretende con el proyecto en debate, independientemente de que los criterios que se sugieran no sean ciento por ciento aprobados por todos los que poseen una opini�n respecto del tema. Por �ltimo, se�or Presidente, sin �nimo de reiterar lo que se�alamos en la sesi�n pasada, el Ejecutivo recoge y recogi� la inquietud expresada con relaci�n a buscar un mecanismo que optara m�s bien por una patente o un pago por el uso y no necesariamente el pago por el no uso. Esta opci�n fue estudiada -como se dijo aqu�- por expertos, por economistas, entre los cuales tambi�n estuvo don Ricardo Paredes, a quien se aludi� con anterioridad, el que no concluy� que el proyecto fuera malo, sino que sostuvo que era imposible establecer razonablemente una tarificaci�n para asociar el uso del recurso a una patente y que es ah� donde se planteaba una situaci�n extraordinariamente compleja. Por lo dem�s -como ya lo manifestamos-, una lectura del proyecto actual ser�a que "pagar�n patentes todos los titulares de derechos de agua, pero se encontrar�n exentos aquellos que los utilicen." Eso es exactamente lo que proponemos: que aquellos que usan su derecho de agua est�n exentos de pago y quienes no los usen, deban pagarlo. En mi opini�n, es una forma bastante razonable y l�gica de sostener un punto de vista similar al de quien, desde una postura distinta, critica la iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por haberse terminado el debate y no existir m�s proyectos en tabla, se levanta la sesi�n. -- Se levant� a las 13:48. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n