REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 340ª, ORDINARIASesión 39ª, en jueves 9 de septiembre de 1999(Ordinaria, de 10.40 a 13.28 horas) Presidencia de los señores Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.I. Asistencia 6II. Apertura de la sesión 9III.Actas 9IV.Cuenta 9-o- - Réplica a alusiones personales. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 9 - Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos 10 - Integración de Comisión Especial Mixta de Presupuestos 10V.Fácil Despacho. Convenio sobre servicios aéreos entre Chile y la Federación de Rusia. Segundo trámite constitucional 10VI.Orden del Día. - Extensión del beneficio del fuero maternal a adoptantes. Primer trámite constitucional 14 - Normas sobre concesiones de energía geotérmica. Informe de la Comisión Mixta 26 - Modificación de la ley Nº 18.302, sobre seguridad nuclear. Tercer trámite constitucional 31 - Regulación del derecho de visita establecido en la ley de menores. Tercer trámite constitucional 31VII.Proyectos de acuerdo. - Remisión de informe de Comisión investigadora de Conadi al Consejo de Defensa del Estado. (Votación) 33 - Financiamiento subsidiario y complementario para reparación de instalaciones de gas 33VIII.Incidentes. - Réplica a información de Canal 13 de Televisión. Oficio 35 - Apertura del último tramo de la carretera austral. Oficios 36 - Significado del 11 de septiembre de 1973 y rol histórico del general Augusto Pinochet 38 - Precisiones histórico-políticas con motivo del 11 de septiembre 40 - Petición de pronunciamiento jurídico sobre autonomía universitaria. Oficio 41Pág. - Rechazo a información de medios de comunicación sobre la diputada Eliana Caraball. Oficio 42 - Ampliación de zona franca de Iquique a Alto Hospicio 43 - Puntualización sobre alcances de derogación del impuesto a mercaderías provenientes de zona franca de Iquique. Oficio 44 - Conclusiones de encuentro nacional de la confederación nacional del comercio detallista y turismo. Oficios 45IX.Documentos de la Cuenta. 1. Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la H. Cámara de Diputados, el proyecto que autoriza el traspaso de fondos a la Corporación de Fomento de la Producción para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie (boletín Nº 2347-15) 47 2. Oficio del honorable Senado, mediante el cual comunica que ha accedido a la proposición de la honorable Cámara de Diputados en orden a disponer el archivo del proyecto que modifica el artículo 26, de la ley Nº 17.729, que limita los arrendamientos de tierras indígenas a un plazo máximo de cinco años (boletín Nº 120-01) 47 3. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción (boletín Nº 2368-13) 48 4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso primero del artículo 117, de la Carta Fundamental, en lo relativo a la oportunidad en que han de reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional (boletín Nº 2089-07) 58 5. Moción de los diputados señores Tuma, Ojeda, Núñez, Urrutia, Leal, Palma, don Osvaldo, y de la diputada señora Pollarolo, doña Fanny, que regula la publicidad en la venta de medicamentos y establece la obligación de incluir la denominación genérica en la prescripción de los mismos (boletín Nº 2399-11) 62 6. Moción de los diputados señores Orpis y Luksic, que establece una reforma constitucional con el objeto de establecer la incompatibilidad entre el cargo de Presidente de la República, diputado y senador, y el hecho de ser consumidor de droga (boletín Nº 2400-07) 66 7. Moción de los diputados señores Alessandri, Acuña, Arratia, Delmastro, Girardi y Navarro, que establece penalidades a los vertederos clandestinos (boletín Nº 2401-12) 67X.Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios: -De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para renovar, por 90 días, el plazo para investigar la situación que afecta a las comunidades mapuches en relación con sus condiciones económicas, sociales y ambientales y realice una evaluación de la aplicación de la Ley Indígena. Contraloría General de la República-Del diputado señor Longton, investigación efectuada en la Empresa de Correos de chile.Ministerio de Agricultura-Del diputado señor Bertolino, despidos de personal del Instituto de Desarrollo Agropecuario.-Del diputado señor Navarro, programas orientados a solucionar daño ecológico del valle de Quillagüa.-Del diputado señor Vega, grave situación de cesantía en la comuna de Cauquenes.Ministerio del trabajo y Previsión Social-De los diputados señores José García, Jaramillo y Tuma, proyecto que permita a funcionarios públicos volver al antiguo sistema previsional.Ministerio de Minería-De la diputada señora Lily Pérez y del diputado señor Víctor Pérez, contratación de abogados.Ministerio Secretaría General de la Presidencia-Del diputado señor Ortiz, eventual privatización de Essbio S.A.Televisión Nacional de Chile-Del diputado señor Bertolino, cinta VHS con pronósticos meteorológicos correspondientes a feriados de Semana Santa. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (76)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52González Román, Rosa IND I 1Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Monge Sánchez, Luis IND IX 48Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10 -Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Isabel Allende, y los diputados señores Rafael Arratia y Alejandro García-Huidobro. -Asistió, además, el ministro de Minería, señor Sergio Jiménez.' II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 31ª se declara aprobada. El acta de la sesión 32ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.RÉPLICA A ALUSIONES PERSONALES. (Artículo 34 del Reglamento). El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En conformidad con el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, pedí hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento, con el objeto de llamar la atención de los señores diputados respecto de un asunto, a mi juicio, relevante. Quienes somos partidarios de la libertad de expresión creemos que hay valores superiores y que el prestigio de nuestro Parlamento y nuestra dignidad y honra como diputados están siendo absolutamente pisoteados por la circulación de un libro llamado “La familia chilena en peligro”. Aparte de que se identifica, uno a uno, a quienes somos considerados “antifamilia” por los autores de este “libro de investigación”, como ellos señalan, en él se dicen cosas increíbles, que, en mi opinión, constituyen una tremenda amenaza para el Congreso. Indica, por ejemplo, que hemos votado, a través de las fuerzas antifamilias, los siguientes proyectos de ley: -Sobre violencia intrafamiliar. Dice, textualmente, que “somete a organismos judiciales los altercados domésticos y favorece que los maridos sean presentados como culpables y machistas”, intentando considerar sistemáticamente a las mujeres como inocentes y víctimas. Es decir, los autores consideran que la violencia intrafamiliar es una cosa normal, doméstica y privada. -Sobre filiación. Sostiene que se estimula el adulterio y el concubinato al darse igualdad a los hijos legítimos e ilegítimos. -Sobre adopción de menores. Resulta increíble que se diga que al haber permitido la adopción por parte de viudos y solteros, indirectamente los homosexuales y los divorciados puedan adoptar hijos. -Sobre los tribunales de familia. Según los autores del libro, lleva al riesgo evidente de que aumenten las demandas, erosionándose la familia chilena. Por último, se menciona la educación sexual como algo permisivo, procaz, lo cual tiene como efecto acentuar y estimular la degradación de las costumbres. Acto seguido, el libro hace un estudio de los partidos políticos y dice -aquí me siento absolutamente aludida- que en Renovación Nacional existen “grietas” y que ellas seríamos quienes votamos a favor de dichos proyectos. Me parece muy bien que haya personas que discrepen de quienes somos partidarios de dar prioridad a la familia chilena a través de distintos proyectos de ley. Eso es legítimo, aunque puede ser discutible; pero considero escandaloso que en un libro que se está distribuyendo a diversas instituciones chilenas se diga que el Congreso vota proyectos antifamilia y, además, que se individualice con nombres y apellidos a los diputados y diputadas que no hemos hecho otra cosa que contribuir con nuestro aporte. Insisto, puede haber versiones encontradas, distintas y discutibles, pero estoy segura de que nadie en este Parlamento está actuando bajo el paraguas “antifamilia” por ser partidario, por ejemplo, de que se legisle y se vote una ley sobre el divorcio. Eso es tan contradictorio como decir que las personas que participaron en el proyecto sobre adopción de menores son antifamilia, porque están favoreciendo que los homosexuales, como dice el libro, puedan adoptar hijos. Me parece importante que la Cámara tome conocimiento de este texto -del cual entregaré una copia a la Mesa- y que los colegas sepan que se está distribuyendo a diversas instituciones públicas y privadas. A mi juicio, el Parlamento debe tomar conciencia de este problema. He dicho. (Aplausos).PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga de plazo, por 90 días, solicitada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que investiga la situación que afecta a las comunidades mapuches. ¿Habría acuerdo? Acordado.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Propongo a la Sala la siguiente nómina de diputados miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la comisión especial que deberá informar el proyecto de ley de Presupuestos para el 2000: Don Claudio Alvarado Andrade, don Rodrigo Álvarez Zenteno, don Julio Dittborn Cordua, don Pablo Galilea Carrillo, don José García Ruminot, don Enrique Jaramillo Becker, don Tomás Jocelyn-Holt Letelier, don Juan Pablo Letelier Morel, don Pablo Lorenzini Basso, don José Miguel Ortiz Novoa, don Andrés Palma Irarrázaval, doña Marina Prochelle Aguilar y doña Antonella Sciaraffia Estrada. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHOCONVENIO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA. Segundo trámite constitucional. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de la Federación de Rusia. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Errázuriz, y de la de Hacienda, el señor Jaramillo. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 1615-10 (S), sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 14. -Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, sesión 36ª, en 2 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, respectivamente. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Moscú, el 14 de febrero de 1995, tiene por objeto garantizar a las empresas aéreas de ambos países la posibilidad de operar en igualdad de condiciones en las rutas y con los derechos que en el mismo se especifican, de manera de intensificar el intercambio aerocomercial entre ambos países. El mensaje destaca que este instrumento es de gran trascendencia para Chile, porque permitirá ir consolidando rutas aéreas hacia un enorme mercado con una gran potencialidad de expansión y de beneficios no sólo en lo económico, sino también en lo cultural y turístico, dándole la posibilidad a las empresas aéreas chilenas de abrir puntos intermedios en la ruta de la Federación de Rusia tan importantes como Estados Unidos y Europa Occidental, lo que contribuirá poderosamente a su desarrollo futuro. Todos estos tratados bilaterales, suscritos entre países miembros de la Organización de la aviación civil internacional, Oaci, se orientan por los principios establecidos en la Convención de aviación civil internacional, suscrita en Chicago. En el caso específico de este Convenio, las empresas de transporte aéreo internacional que las autoridades aeronáuticas de Chile, la Junta de Aeronáutica Civil, o de la Federación de Rusia, el Departamento de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes, designen para proporcionar servicios en las rutas especificadas en el anexo de este instrumento, gozarán de los siguientes derechos durante la explotación de los servicios:a) Derecho de sobrevuelo, sin escalas, en el territorio de la otra parte contratante;b) Derecho de escala con fines no comerciales en dicho territorio, yc) Derecho a hacer escalas en el territorio de la otra parte con el objeto de tomar y/o dejar pasajeros, carga y correo en tráfico internacional. Las empresas deberán acreditar su capacidad para cumplir las exigencias de la explotación de servicios aéreos internacionales (artículo 4) y las partes, además de exigir su cumplimiento, podrán suspender y revocar las autorizaciones correspondientes en caso de incumplimiento de las condiciones legales y técnicas correspondientes. Además se dispone: -La aplicabilidad de la ley interna a las aeronaves de la otra parte mientras estén en el territorio nacional. -La aplicación justa, razonable y no discriminatoria de tasas y cargos por uso de aeropuertos, instalaciones y servicios técnicos. -El establecimiento de simple control de pasajeros, equipaje y carga y liberación de derechos aduaneros e impuestos para equipaje y carga, en ambos casos, en tránsito directo. -Que las partes deberán permitir que las empresas disfruten de condiciones justas y equitativas en la explotación de los servicios y de no afectar indebidamente los servicios de las empresas de la otra parte. -Que las empresas deberán ajustar sus servicios a las necesidades reales de transporte en las rutas convenidas y proporcionarlo con capacidad adecuada a las necesidades reales y razonablemente previsibles en el tráfico de pasajeros, carga y correo entre ambos países. -Que las partes deberán permitir que las empresas establezcan tarifas de transporte aéreo según consideraciones comerciales de mercado, limitándose a la protección de los consumidores respecto de tarifas excesivamente altas o restrictivas que se originen del abuso de una posición dominante, y a la protección de las empresas respecto de tarifas artificialmente bajas derivadas de un apoyo o subsidio gubernamental directo o indirecto. -La liberación de aranceles, impuestos y derechos en favor de aeronaves en servicios convenidos: equipos, combustibles y lubricantes; provisiones (alimentos, bebidas y tabacos), a bordo de la aeronave hasta el momento de salida o embarcadas en el territorio de una parte. -El derecho de las empresas a transferir libremente el superávit que resulte de la explotación de los servicios convenidos. -El derecho de la empresa a tener en el territorio de la otra parte representaciones con el personal administrativo, técnico y comercial necesario a los servicios convenidos. -El compromiso de las partes de proteger la seguridad de la aviación civil internacional conforme a los Convenios de Tokio, La Haya y Montreal, adoptados en la Oaci. -La celebración de consultas regulares entre las autoridades aeronáuticas para asegurar una estrecha colaboración en todas las materias relacionadas con el cumplimiento del Convenio. -La solución de las diferencias sobre la interpretación o aplicación del Convenio o su Anexo mediante negociaciones directas entre las autoridades aeronáuticas o por medios diplomáticos en caso de no haber acuerdo entre ellas. El Anexo cuadro de rutas, que forma parte integrante del Convenio, contempla, además, dos disposiciones complementarias relacionadas con derechos de tráfico de quinta libertad, sujetos a acuerdos especiales entre las autoridades aeronáuticas. Tal fórmula, según lo señala el mensaje, es conveniente para las empresas chilenas, ya que les permite evaluar y revisar periódicamente estos derechos, de acuerdo a sus reales posibilidades de operación de estos tráficos en Europa. En respuesta a consultas de la Comisión, el ministerio de Relaciones Exteriores informó que este Convenio con la Federación de Rusia asegura una apertura completa para las operaciones de tercera y cuarta libertad entre territorios de ambos países, por cualquier ruta y con cualquier apoyo intermedio, pero que los derechos de tráfico de quinta libertad (entre el territorio de la otra parte y terceros países) se ha considerado prudente y necesario supeditarlos a negociaciones posteriores entre las autoridades aeronáuticas, debido a que no hay servicios establecidos y no se vislumbra qué puntos intermedios podrían requerir las empresas chilenas. Precisa, además, que la celebración de acuerdos que permitan operar frecuencias con derechos de quinta libertad, a juicio de la Junta de aeronáutica civil, no representará mayor problema en el futuro, ya que ambos países mantienen políticas abiertas y las autoridades aeronáuticas en cualquier momento pueden incorporarlos, según el interés actual de las partes. Al concluir el examen del Convenio, vuestra Comisión decidió aprobarlo, por unanimidad, comprendido su Anexo cuadro de rutas. Para tales efectos, acordó recomendar la adopción del artículo único del proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo aprobó el Senado. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito el 14 de febrero de 1995. La iniciativa tiene su origen en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, y su finalidad es aprobar el convenio antes mencionado, cuyo objetivo es garantizar a las empresas aéreas de ambos países la posibilidad de operar en igualdad de condiciones en las rutas y con los derechos que en el mismo se especifican, de manera de intensificar el intercambio aerocomercial entre ambos países. De los antecedentes que se han tenido en cuenta durante la tramitación del convenio en nuestra Comisión, se destaca la importancia de su aprobación para Chile, ya que permitirá consolidar rutas aéreas hacia un mercado con un gran potencial y beneficios no sólo en lo económico, sino también en lo cultural y turístico, permitiendo a empresas aéreas chilenas abrir puntos intermedios en la ruta en cuestión. También se señala que este instrumento contempla cláusulas que son usuales en los convenios de transporte aéreo internacional celebrados por nuestro país en el marco de la Organización de la aviación civil internacional y orientados por los principios de la Convención de aviación civil internacional. Se contempla, además, como anexo del convenio, un cuadro de rutas, abierto en terceras y cuartas libertades sin restricción en el número de frecuencias ni equipo de vuelo, y en relación con las quintas libertades, se establece que ellas sólo se podrán ejercer en puntos intermedios entre Chile y la Federación Rusa, previo acuerdo de las autoridades aeronáuticas. Resulta fundamental, entonces, la aprobación que prestó al proyecto la Comisión técnica, que incluyó el anexo cuadro de rutas. La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 8º y 11 del referido convenio. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente: El artículo 8º establece que los pasajeros, el equipaje y la carga en tránsito directo a través del territorio de una parte contratante que abandonen la zona del aeropuerto reservada para tal fin, serán objeto de un simple control. El equipaje y la carga en tránsito directo estarán exentos de derechos aduaneros y de otros impuestos similares. El artículo 11 señala que las aeronaves utilizadas, así como los equipos regulares, suministros de combustibles y lubricantes, y las provisiones de abordo, estarán exentos de aranceles y de otros impuestos y derechos al arribar al territorio de la otra parte contratante, siempre que dichos equipos, suministros y provisiones permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento de salida. También declara exentos de aranceles e impuestos a las provisiones de abordo embarcadas dentro de los cupos señalados, a las piezas de repuestos para el mantenimiento técnico o la reparación de las aeronaves, y al combustible y lubricantes destinados al abastecimiento de las aeronaves utilizadas en los servicios convenidos. Quiero llamar la atención sobre la concordancia que existe con la comisión técnica del Senado, que también aprobó el proyecto de acuerdo. Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Moscú, el 14 de febrero de 1995. Acordado en sesión de fecha 31 de agosto de 1999, con la asistencia del presidente de la Comisión, don Pablo Lorenzini, y de los diputados Claudio Alvarado, Pablo Galilea y José Miguel Ortiz, de la diputada señora Marina Prochelle y de quien les habla, Enrique Jaramillo. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. El señor ORTIZ.- Pido la palabra. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, sólo para solicitar, en nombre de la bancada Demócrata Cristiana, y especialmente de los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda, la aprobación del proyecto por unanimidad. Con ello estaríamos contrarrestando lo sucedido durante los dos últimos días, en que, prácticamente, no se ha votado ningún proyecto. En realidad, el tema no es tan simple, porque hay proyectos de ley que requieren quórum calificado. Sin embargo, hay que reconocer y destacar el hecho de que muchos parlamentarios también cumplen su labor legislativa sin estar presentes en la Sala, sino desarrollando labores políticas, porque no hay que olvidar que los diputados somos políticos y militantes de partidos políticos. Digo esto porque creo que tengo autoridad moral para hacerlo. Por lo tanto, solicito a la Sala que apruebe en forma unánime este convenio suscrito con el Gobierno de la Federación de Rusia. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- No existe unanimidad, señor diputado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Aprobado el proyecto de acuerdo. Despachado el proyecto en su segundo trámite constitucional. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Alessandri, Álvarez, Ascencio, Bertolino, Bustos (don Juan), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Felipe), Longton, Melero, Monge, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Riveros, Rocha, Salas, Tuma, Valenzuela, Venegas, Vilches y Walker (don Ignacio).-Se abstuvo el diputado señor Rojas. VI. ORDEN DEL DÍAEXTENSIÓN DEL BENEFICIO DEL FUERO MATERNAL A ADOPTANTES. Primer trámite constitucional. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a mujeres que adopten un hijo en conformidad con la ley de adopción. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Orpis. Por acuerdo de los Comités, este proyecto se discutirá hasta su total despacho. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 2368-13, sesión 20ª, en 15 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Informe de la Comisión de Trabajo. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Orpis, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El señor ORPIS.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en moción, que tiene por finalidad otorgar fuero maternal a las personas que, de acuerdo con la ley de adopción, decidan adoptar un niño. En primer lugar, quiero agradecer en forma muy especial a la Comisión de Trabajo que me haya designado diputado informante de esta iniciativa, porque no formo parte de ella. Asimismo, debo agradecerle la celeridad con que despachó la iniciativa. Antes de entrar a analizar su contenido, quiero manifestar a la Sala lo importante que sería despachar este proyecto, ojalá en esta sesión, por las razones que pasaré a expresar. Como es de conocimiento de los señores diputados, existen dos importantes cuerpos legales aprobados por el Congreso que entrarán en vigencia el próximo 26 de octubre: la ley de filiación y la nueva ley de adopción. Una de las modificaciones más importantes que introduce la nueva ley de adopción es que en Chile sólo existirá un sistema de adopción, en virtud del cual el adoptado pasa a tener la calidad de hijo legítimo. Ésa es la premisa fundamental. Si el legislador quiso darles esa calidad a los hijos adoptados, ello debe significar en la práctica que no sólo los hijos adoptados tendrán los mismos derechos que los hijos biológicos, sino también sus padres. Ello lleva a que en la ley de adopción se contemplen una serie de modificaciones a otros cuerpos legales, que entran en vigencia en esa fecha y que consideran esta igualdad de derechos. Desde mi punto de vista, todos los cuerpos legales que digan relación con esta materia también deberían entrar en vigencia el 26 de octubre. De allí la urgencia de este proyecto de ley. No obstante los esfuerzos desplegados por las autoridades de Gobierno y el propio Congreso, no se incluyó en la ley de adopción el fuero para los padres adoptivos. Si no despachamos este proyecto de ley en las fechas señaladas, va a ocurrir en la práctica que las madres de hijos legítimos biológicos tendrán fuero, pero los padres de hijos legítimos adoptados no lo tendrán. Básicamente, éste es el contenido de esta iniciativa legal, que se resume en que a los hijos adoptados, que pasan a tener la calidad de hijos legítimos, y a sus respectivos padres, la ley les conceda los mismos derechos que los hijos legítimos, concebidos en términos biológicos, a sus padres. La moción y su posterior perfeccionamiento por parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, reconoce y adapta ciertas particularidades que tiene por su naturaleza la adopción, en relación con los hijos biológicos. Me centraré en los temas más importantes.1º ¿Desde cuándo se inicia el fuero? Tratándose de la madre biológica, ésta tiene fuero desde el momento de la concepción y hasta un año después del posnatal. El período de embarazo, en un proceso de adopción, equivale al momento en que dentro del proceso de adopción se otorga la tuición del menor; por lo tanto, el proyecto plantea que, en este caso, el fuero se inicie a partir de esa fecha.2º También existe una diferencia en cuanto a la edad, no respecto del tiempo de duración del fuero, que siempre es un año. Tratándose de hijos biológicos, estamos refiriéndonos a niños muy pequeños, a guaguas. En la ley de adopción, se puede adoptar a menores de 18 años. La adopción de un niño de doce años o de un adolescente de catorce años, y su incorporación en una familia, muchas veces puede resultar mucho más dificultosa que la atención que debe brindar una madre a su niño. Sin duda, se trata de un tema discutible. De hecho, tanto el ministerio de Justicia como el del Trabajo, tal como se consigna en el informe, son partidarios de acortar la edad. Sin embargo, atendida la razón que he señalado, la Comisión estimó necesario otorgar el fuero que, vuelvo a repetir, es siempre de un año, independiente de la edad que tenga el menor adoptado. Si se analiza la legislación comparada, en España, por ejemplo, hay diferencias.3º En cuanto a los beneficiarios del fuero, la ley de adopción establece que puede adoptar un matrimonio chileno o extranjero, un soltero o un viudo. Para ser plenamente congruente con esta legislación, en este caso, se hace también extensivo el fuero a la persona soltera o viuda. Asistieron a la Comisión la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora María Josefina Bilbao; el subsecretario del Trabajo, don Julio Valladares; la abogada señora Ymay Ortiz Pulgar, coordinadora del programa de reformas legales del Servicio Nacional de la Mujer; la abogada asesora del ministerio de Justicia, señora Amira Esquivel, y los diputados autores de la moción. La idea de legislar se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión. En cuanto a la discusión particular, tal como se consigna en la página 10 del informe, se aprobaron un conjunto de indicaciones suscritas por la unanimidad de los miembros de la Comisión. La primera de ellas hace extensivo el fuero a los solteros y viudos; la segunda, destinada a eliminar el inciso tercero nuevo, por cuanto no decía relación con el proyecto. Los artículos 199 y 200 del Código del Trabajo se refieren a los temas de los permisos; la cuarta es meramente formal; la quinta agrega que gozan de fuero aquellos trabajadores a los cuales, encontrándose en proceso de adoptar un hijo, por ignorancia del mismo, se pone término al contrato de trabajo, el que quedará sin efecto; la sexta apunta a certificar esta circunstancia. En el caso de una madre biológica, se hace a través del certificado médico o de matrona. En la indicación, el documento que sirve para acreditar es la copia autorizada de la resolución que otorga la tuición. Por todas estas consideraciones y reiterando mis agradecimientos a la Comisión de Trabajo, ésta propone aprobar el proyecto de ley. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA (don Osvaldo).- Señor Presidente, honorable Cámara, partiendo del hecho cierto de instituir por ley que una persona puede ser la madre de un hijo dado en adopción, en ese mismo instante la mujer adquiere esta categoría ante las personas, las leyes de la república, ante sí misma y su hijo; además de todos los derechos y deberes que los códigos y costumbres establecen y, lo más importante, los sentimientos que se crean en la relación madre-hijo. No podría ser de diferente modo, pues, desde el momento en que los desconociéramos, estaríamos cayendo en falta ante la ley. La relación madre-hijo no es puramente legal. Se establece en ella, en el momento en que se crea este maravilloso acto de entrega y se acepta compartir todo lo nuestro con esa nueva persona de la familia, un lazo de sentimientos en personas que reúnen especiales características y capacidades de sentir, las cuales generan la necesidad de cuidar, proteger y vigilar a los hijos. De ahí la necesidad y existencia del fuero maternal para producir situaciones de protección a la madre y al hijo. Estas necesidades, que generan estos privilegios, existen en cualquier situación de paternidad, de modo que la situación especial de adopción debe transformarse en otra normal, como todas. Al establecerse así, para que tenga todas las características que rodean a este vínculo madre-hijo, deben regir todas las normas y leyes que benefician a unas madres y, en iguales condiciones, a las otras. Al persistir cualquier diferencia, estaríamos incurriendo en crear injustas condiciones para con la madre adoptiva, que no podría estar con su hijo en problemas, cuando los tuviere. Es evidente y de justicia que si legislamos por la adopción, ésta debe ser obligatoriamente integral y completa, en relación con deberes y derechos. Es la única manera de hablar de justo trato, en el más amplio sentido de la palabra. En cualquier situación en que se discrimine, ya sea negativa o positivamente, estaremos faltando a la justicia. Voto favorablemente para crear iguales condiciones de fuero maternal en las condiciones en que éste existe, por la necesidad y obligación de igualar las condiciones de toda madre y de todo hijo, porque en justicia es lo que corresponde, por cuanto no podemos restar nada a lo que debe ser. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Familia, quiero expresar mi profunda complacencia con esta moción parlamentaria que otorga fuero maternal pleno a las madres adoptivas, por lo que felicito a los colegas autores de esta iniciativa. Antes de entregar los fundamentos, deseo muy sinceramente hacer presente que en estas felicitaciones hay una especial valoración por el hecho de que quienes han elaborado y presentado esta moción pertenecen a sectores políticos que no se han caracterizado, precisamente, por impulsar fueros laborales de trabajadores y trabajadoras. Aquí ha habido un avance genuino en la comprensión de la importancia que estas normas tienen para proteger efectivamente a la familia de los trabajadores, y tener presente eso sobre cualquier otra consideración, ya que, cada vez que debatimos el tema del fuero laboral, aparecen otros argumentos, como la rigidización de la relación laboral, la tendencia a la clandestinización, la informalidad, el derecho constitucional de la libertad de empresa, en fin. Esos argumentos, que lamentablemente muchas veces hemos escuchado, hoy no se han mencionado y tampoco se hicieron presentes cuando se elaboró, presentó y discutió el proyecto, lo que es muy importante. Con toda sinceridad, me alegro de ello. Digo esto ahora para subrayar e insistir en ese hecho, porque será parte del debate que se puede producir en otro momento. El punto tiene que ver con el hecho de que hemos sido capaces, en una reciente discusión para extender el fuero maternal a las empleadas de casa particular, de considerar la maternidad como una responsabilidad social compartida. También éste es un concepto muy importante que es necesario destacar. Desde ese razonamiento, estamos obligados a subordinar cualquier otro criterio a esa protección, y lo estamos haciendo aquí. Sin duda, esta moción acoge y reconoce la plena legitimidad e igualdad de los vínculos familiares y filiales, sean surgidos de la consanguinidad o de la adopción. Esto, en la práctica, significa valorar la diversidad de la realidad familiar, otro concepto que ha sido parte -y lo seguirá siendo- de un debate cultural y social muy significativo. Con ello se está terminando con la absurda discriminación legal respecto a la maternidad que no tiene su origen en el embarazo y en el parto y que no estaba revestida, entonces, de esta garantía de estabilidad laboral. En esa forma, se están abriendo paso nuevos criterios no discriminatorios frente a la mujer y ante las diversas clases de familias que conforman la riqueza de nuestra realidad. El Congreso ha dispuesto que hay una sola clase de hijos y una sola de adopción, que siempre otorga el vínculo filial. Por eso aparecía hasta ahora, antes de esta modificación, como absurdo, irracional y anacrónico que no hubiera igualdad de derechos. Esta medida tiene un efecto práctico, en el sentido de que significará un incentivo para la adopción de niños y niñas, fortaleciendo, por lo tanto, la reciente legislación dictada sobre la materia, la cual fue aprobada, valorada y considerada muy relevante. Por último, quiero decir que en esta moción se trasunta no sólo una garantía a la estabilidad laboral para la mujer, sino una forma estatal de protección al niño, sea procreado biológicamente o adoptado por una familia. Es decir, se está estableciendo aquí una igualdad esencial y, en consecuencia, la necesidad de mirar el interés superior de los niños por sobre cualquiera otra consideración. Con ello, la familia chilena, en toda su diversidad, y nuestros niños y niñas, en todas sus situaciones, reciben un apoyo, un reforzamiento, en la concepción de igualdad de identidad. Proyectos de ley de este tipo son muy valiosos. Espero que vengan muchos otros que representen, en realidad, una protección concreta y efectiva para cada uno de los miembros de la familia. En esta forma, estamos pasando de los viejos discursos de valoración y protección de la familia a acciones prácticas, lo cual nos hace muy bien como legisladores y sociedad. Por lo tanto, manifiesto que el Partido Socialista valora la moción y la votará favorablemente. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, comienzo por valorar la iniciativa, que me recuerda cuando un diputado de Derecha, conservador, católico, Exequiel González Cortés, por allá por la década del ’20, estableció el fuero maternal. Desde ese punto de vista, ésta es una institución muy importante y le otorgo la mayor jerarquía al proyecto. No obstante, tengo ciertas dudas en materia de constitucionalidad y también algunas observaciones en cuanto al texto del proyecto. ¿Cuáles son mis observaciones constitucionales? Es sabido que el fuero maternal se aplica no sólo a las personas del sector privado, sino también, como lo dice el artículo 194 del Código del Trabajo, quedan sujetos a sus disposiciones “los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos...” Pero, de acuerdo a nuestra Carta Fundamental, la estructuración de los servicios y sus remuneraciones es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por otra parte, si uno entiende que aquí estamos en el campo de la seguridad social, eso también está expresamente señalado en la Constitución como una materia de iniciativa del Presidente de la República. Estuve leyendo atentamente el informe y, a pesar de que en el debate de la Comisión intervinieron representantes del Ejecutivo, opinando en forma favorable respecto del proyecto, no hay un patrocinio expreso, y me asalta la duda de que tenga los vicios de constitucionalidad que he señalado, los cuales deberían corregirse para una correcta tramitación de esta iniciativa, que yo valoro. En segundo término, si se desea proteger a las personas que adoptan un niño, tal vez se debería haber considerado no como una institución igual o similar al fuero maternal, sino como una medida de protección especial para los padres que adoptaron al menor. El fuero maternal proviene de una cuestión biológica y se considera desde el período del parto, el cual no es equiparable al hecho jurídico de la adopción. Son absolutamente diferentes. Desde ese punto de vista, esta asimilación a mí me parece incorrecta. A tal punto es así, que en la página 3 del informe, entre los antecedentes que se tomaron en cuenta para elaborar el proyecto, aparecen algunas disposiciones de la legislación española. Y allí se establece, por ejemplo, que si “el hijo adoptado es mayor de nueve meses -y menor de cinco años-, la suspensión tendrá una duración máxima de ocho semanas”. O sea, se consideró una edad tope y así lo plantearon también los representantes del Ejecutivo. Ahora, si una persona quisiera adoptar a un menor de 17 años de edad, comparto la idea de que debe haber una preocupación por esa persona que ingresa a la familia, pero en el sentido obvio y normal de las cosas, porque no es lo mismo adoptar a una persona de 17 años que a una criatura de tres meses, en que ahí sí hay cierta asimilación entre ambas instituciones. Por lo expuesto, aquí se requiere crear una medida de protección distinta del fuero maternal. El proyecto elaborado por la Comisión dice: “Tratándose de mujeres u hombres solteros o viudos...”. Cuando se alude a los géneros femenino y masculino, de acuerdo con las reglas gramaticales, se coloca el adjetivo en masculino plural. Entonces, cuando dice: “Mujeres u hombres solteros...”, estamos aludiendo a mujeres solteras y a hombres solteros. Pregunto: ¿una mujer casada puede adoptar? Naturalmente que puede hacerlo; pero, de acuerdo con este texto, debería ser soltera.El señor ÁLVAREZ.- Faltó una coma. El señor ELGUETA.- Me dicen que faltó una coma. Bueno, precisamente hago notar que hay un error de puntuación que debiera corregirse, porque en la idea de los autores del proyecto surge como natural que se trata de mujeres casadas. La ley de adopción las autoriza precisamente para incluirse en esta manifestación de voluntad de ingresar un hijo que biológicamente no les pertenece, pero que al adoptarlo pasa a tener la calidad de tal con todos sus derechos. En consecuencia, esa expresión me parece que está incorrectamente usada y debería corregirse. Por otro lado, insisto en que habría que establecer un tope de edad para esta protección -tal vez cinco o de diez años-, para que, al adoptar a un adolescente de 16 ó 17 años, este beneficio no aparezca como una exageración, en circunstancias que esto está muy bien concebido en la iniciativa. Formulo estas observaciones -una de tipo constitucional, y otra de redacción- para que quede constancia de mis inquietudes, porque esto podría afectar a distintas instituciones, y también para que se perfeccione el proyecto. Votaré favorablemente la idea de legislar, porque se concede un beneficio muy importante que complementa la ley de adopción, y espero que esta iniciativa del colega Orpis no aparezca en el libro de Fiducia como otro de los desaguisados en que, según ese libro, estamos incurriendo en el Parlamento. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa que, paradójicamente, va en la línea contraria de lo que manifiesta el libro aludido por nuestra colega Lily Pérez, ya que se fortalece la familia y la posibilidad de dársela a un menor privado de la suerte de tenerla. Si bien, como decía el colega señor Elgueta, puede haber algún error subsanable con una mejor redacción, creo que el hecho de complementar la ley de adopción con la concesión del fuero maternal a quien adopta, posibilita la aplicación de una normativa originada en nuestra Cámara. Así, realmente, se soluciona un problema y se facilita un acto de amor, como es la adopción. Por lo tanto, en la medida en que seamos capaces de legislar de esta forma y con la perseverancia del diputado Orpis de sacar adelante rápidamente esta iniciativa para dictar una ley complementaria y aplicable, se está prestigiando nuestro accionar legislativo. Por lo tanto, reitero mi voto favorable a este proyecto. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, también quiero adherirme a esta moción del diputado señor Orpis, por ser importante y denotar gran preocupación por la situación de las mujeres que adoptan niños, las cuales no tienen por qué estar en una condición desigual respecto de las madres biológicas u otras que adopten niños en nuestro país. Le agradezco al colega Orpis que me haya invitado a adherirme a esta iniciativa, y lo he hecho con mucho agrado. Quiero destacar que, a propósito de lo planteado esta mañana frente a un libro que podría considerarse “fundamentalista” por acusar a los diputados de antifamilia, es probable que no haya nadie más, o está entre los que son más profamilia en nuestra Cámara, que el diputado Orpis. Espero que no se cuestione el hecho de que él patrocine la concesión del fuero maternal para las madres adoptivas. Cuando discutimos la ley de adopciones, siempre se pensó en el bien superior del niño; y, evidentemente, el fuero que se otorga a las madres que adoptan, también lo tiene en vista. Una madre que adopta un niño -afortunadamente de acuerdo con nuestra legislación hoy tiene la oportunidad de contar con un posnatal que le permite estar más cerca, para conocerlo, para hacerse familiar con su nuevo hijo-, además podrá trabajar tranquila porque sabe que no será despedida. Eso le posibilitará estar junto a su hijo; porque una madre que adoptaba un niño corría el peligro de ser despedida y quedar en una situación muy difícil para su debido cuidado. Por lo tanto, este beneficio es un aporte tremendo a la nueva ley, pues perfecciona y hace más cálida y aplicable una ley de adopción. La anterior era rígida, llena de estructuras burocráticas e impedía que miles de niños tuvieran una familia, y miles de padres que deseaban dar esa oportunidad tampoco podían hacerlo. Con todo, también hago hincapié en algo que mencionó el diputado Elgueta y que me llamó la atención. El epígrafe de la moción dice: “...el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción”. Obviamente, la Comisión recordó que la ley de adopción da la posibilidad a hombres viudos o mujeres solas o viudas, de acceder al beneficio de adoptar hijos en condiciones especiales y muy calificadas. Sin embargo, el artículo único dice: “Tratándose de mujeres u hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo...”. Creo que esto debiera igualarse a la reforma constitucional que estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; por lo tanto, debería decir: “Tratándose de personas que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo”. Porque si pensamos en los antecedentes de la ley de adopción, observaremos que un ciento por ciento de las personas que adoptaban niños, si no un 99 por ciento, eran o familias o matrimonios o mujeres. En consecuencia, la cantidad de hombres solteros o viudos que adoptan hijos es tan pequeña porcentualmente, que no debería estar en negrita como aparece en el proyecto, como si se tratara de una gran cantidad de personas. A mi juicio, el vocablo “personas” soluciona la ambigüedad que emana de la oración inicial del número más importante de este proyecto. Si es necesario, presentaré una indicación sobre esta materia. Por otra parte, resulta insólito el comentario formulado en la Sala respecto de la sensibilidad del sector opositor. Ya está bueno que se entienda que el sector que se encuentra aquí y sobre el cual algunos se han referido en forma despectiva, está en la política y en la Cámara porque le importan este país y el bien común. Al igual que los sectores que representan al Gobierno, dedicamos nuestra vida, con amor y cariño, a la causa del país. Todos tenemos ideales y queremos lo mejor para Chile. Ése ha sido nuestro norte. Por ello, pido respetuosamente a quienes en forma irónica nos felicitan por esta iniciativa, que valoren nuestra sensibilidad social frente a los trabajadores, las personas pobres, los discapacitados y los niños. Ésa es la razón por la cual el diputado señor Orpis, los miembros de esta bancada y quien habla estamos aquí. No obstante que anuncio mi voto favorable al proyecto, pido que se modifique la primera parte del artículo a que me he referido. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto en debate debe ser calificado de excelente, por lo que felicito a los autores de la moción. Se trata de una iniciativa que concede igualdad y justicia, y propende al fortalecimiento de la familia. Comparto lo señalado por el diputado señor Elgueta en cuanto a la redacción de la frase inicial, la que amerita una mejor elaboración. Como tengo algunas dudas sobre los reparos de inconstitucionalidad mencionados por su Señoría, también sería bueno aclararlos vía indicación o mediante una nueva discusión del proyecto. Siguiendo la línea argumental de la diputada señora Cristi, debo señalar que cuando uno escucha discursos tan sutil e inteligentemente planteados como el pronunciado por la diputada señora Fanny Pollarolo, dan ganas de ser Cicerón para citar su texto Catilinarias y decir con él “¡hasta cuándo abusan de nuestra paciencia!”. Siempre se desliza una referencia a nuestro sector en términos de tratarnos de insensibles y crueles -sin embargo y en ocasiones como ésta, misteriosamente no nos oponemos o utilizamos argumentos consistentes-. Debo señalar que ello no es así: la sensibilidad ha estado tan presente que, como recordaba hace un instante el diputado señor Elgueta, el autor de la idea del fuero maternal fue el diputado conservador señor Exequiel González, en una época en que en la Cámara también había diputados socialistas. Por su parte, los autores de esta moción fueron la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Mario Bertolino, Gustavo Alessandri, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Juan Masferrer, Luis Monge, Jaime Orpis, Baldo Prokurica y Darío Paya, ninguno de los cuales es líder de la Izquierda nacional o internacional; por el contrario, son diputados pertenecientes a Renovación Nacional o a la Unión Demócrata Independiente. Curiosamente, pese a que el ministro del Trabajo es de filiación socialista, el proyecto no cuenta con urgencia para su despacho. El sector que representa al Gobierno en esta Cámara pudo haberla obtenido para apurar su tratamiento, a fin de evitar el asentimiento unánime de la Sala para votarlo hoy con premura; sin embargo, eso no se hizo. A pesar de ello, se nos sigue tratando de insensibles frente a temas como éste y que sólo a veces -éste es uno de esos casos- se nos ocurre tener conciencia social, defender a la familia, a la mujer o la igualdad. Insisto, ello no es así. En cada proyecto hay argumentos que deben ser valorados según su mérito. En este caso, consideramos que el proyecto se adecua a los principios de igualdad, justicia y protección a la familia. Es muy probable que algunos proyectos que a futuro presenten sectores oficialistas nos parezcan equivocados, debido a que establecerán rigideces que a la larga acarrearán mayor cesantía y mayores problemas laborales. Con lo anterior quiero precisar que cada proyecto debe ser analizado en su mérito. Aun cuando la crítica a nuestro sector fue planteada en forma muy sutil e inteligente, la verdadera pregunta es por qué a este proyecto, cuya autoría corresponde a 10 diputados de Renovación y de la UDI y vinculado con un ministerio a cuyo cargo se encuentra un personero socialista, no se le dio urgencia. Felicito a los autores de la moción. Se trata de un proyecto que merece ser aprobado en forma unánime, por cuanto va en la línea correcta de otorgar mayor igualdad y justicia. Sin embargo, lo más importante es que propende al fortalecimiento de la familia, tal como lo prescribe la Constitución Política. He dicho El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, inicio mi intervención anunciando que la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente. El proyecto representa un avance más en el ámbito de la protección a la familia, fundamentalmente en lo que se refiere a la maternidad en el contexto de los derechos laborales. Considero que no es bueno vincular este tema a un debate político, pues sobre esta materia se podría dar un sinnúmero de argumentos o bien caer en la tentación de revisar cuántas mociones sobre esta materia ha presentado la Oposición y cuántas nosotros, cuestión que no es el tema en discusión, como lo ha planteado el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Sólo quiero hacer hincapié en que ambos sectores tienen distintas visiones culturales respecto de la familia, lo que ha quedado demostrado en las discusiones habidas sobre distintos proyectos de ley en los últimos diez años. En este sentido, no es bueno utilizar, como permanentemente lo hace la Derecha, temas vinculados a la mujer, los niños y la familia en el contexto de una campaña presidencial. No constituye ninguna novedad que así como quienes conforman la Derecha se declaran buenos, a nosotros nos tilden de demoníacos. Ese calificativo no sólo ha sido utilizado en el libro señalado por la diputada Lily Pérez, sino también históricamente. En 1990, las diputadas Laura Rodríguez, Eliana Caraball y quien habla, fuimos tratadas poco menos que de “Quintralas” por haber impulsado una serie de proyectos de ley. De tal manera que nadie puede venir a hacerse el santo y decir que planteamos críticas sutiles. En ese contexto, podríamos decir muchas cosas; por ejemplo, que el candidato Lavín pertenece al Opus Dei. Si ello es cierto, debiera comulgar con muchos de los postulados consignados en el libro mencionado por la diputada señora Lily Pérez. Por eso, lo mejor es no plantear estos temas, porque podríamos decir cosas terribles asociadas a un proyecto que es de mucha importancia para las trabajadoras del país. Lamento que no estén presentes la televisión y la prensa escrita, lo que corrobora la afirmación de que lo bueno no es noticia. La Comisión de Trabajo, de la que me enorgullezco de ser miembro, acogió con entusiasmo la moción del diputado señor Orpis y la tramitó en menos de un mes. Sin embargo, la televisión no destaca ese trabajo y, por el contrario, hace escarnio respecto de la asistencia de los diputados a las sesiones al mostrar imágenes de salas vacías. Desgraciadamente, el candidato de la Derecha ha venido a poner más leña al fuego para seguir desprestigiando a la Cámara y la función política al señalar que los que tienen que hablar son los políticos, mientras él se pasea por el país. Con esa forma de pensar, va a transformar La Moneda en una amasandería, porque si él no es político, lo cierto es que no sé qué haría en el palacio de gobierno. Insisto, lamento que no esté presente la televisión para destacar la prontitud con que la Comisión de Trabajo acogió la moción, la tramitó y la despachó a la Sala en menos de un mes. Si se la destacara, sería una gran noticia y daría mucho prestigio a la Cámara de Diputados. En los últimos diez años, el gobierno de la Concertación ha ampliado en forma ostensible los derechos laborales de la mujer trabajadora con sucesivas modificaciones al Código del Trabajo. Tuvimos que aplicarnos a ese quehacer porque durante la dictadura de Pinochet eso no se hizo. Reitero, ha habido un conjunto de avances muy importantes en materia laboral para la mujer trabajadora. Si no hubiéramos reparado las omisiones existentes en la normativa, la maternidad habría seguido siendo un crimen. Digo esto porque en este país ser mujer, madre y trabajadora es prácticamente un crimen, incluso con la legislación vigente. Felicito al diputado señor Orpis porque su moción ha venido a descriminalizar la maternidad de la mujer trabajadora. El hecho de que se extiendan los beneficios de este proyecto a las mujeres que adoptan hijos nos parece coherente con el propósito de la normativa que hemos dictado. La moción del diputado señor Orpis viene a concluir una labor a la que nos hemos abocado en los últimos diez años, particularmente enfocada al capítulo II del Libro II del Código del Trabajo, relativo a la protección a la maternidad, en el cual se establecen derechos y prerrogativas ligadas a ésta, las que se hicieron extensivas a la maternidad por adopción. Dicho Título establece las siguientes: descanso pre y posnatal, subsidio maternal, permiso y subsidio para cuidar al hijo menor de 1 año en caso de enfermedad grave de éste, permiso en caso de enfermedad grave de un hijo mayor de un año y menor de 18 años, fuero maternal, derecho a sala cuna, permiso para alimentar al hijo menor de dos años y prohibición de realizar trabajos perjudiciales durante el embarazo. Todos esos derechos los hemos ido conquistando en estos últimos diez años. No es casual que se hayan conseguido sólo recientemente. Como no se consideró el fuero maternal para quienes adoptan hijos, la moción en estudio extiende este derecho -y en eso radica su valía-, que es sumamente importante para las mujeres trabajadoras. Sin considerar la exposición del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pues podríamos tener un amplio debate sobre el tema de la familia y marcar las diferencias culturales y políticas que hoy existen, concurriremos con nuestros votos favorables a la aprobación del proyecto en estudio. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero contestar las aprensiones surgidas en el debate. Primero, respecto de la constitucionalidad del proyecto, la verdad es que no presenta problema alguno, porque no incide en materias previsionales. La finalidad del fuero apunta básicamente a impedir poner término al contrato de trabajo, o sea, no persigue fines previsionales. El problema de constitucionalidad se suscita cuando las materias inciden en temas de esa índole, lo que no sucede en este caso, porque se refiere a materias de carácter laboral. Segundo, respecto de la naturaleza del fuero, es evidente que estamos consagrando uno especial. Deseo profundizar el aspecto más discutido en la Comisión de Trabajo, incluso con las propias autoridades de Gobierno, porque no quiero que exista una visión reduccionista del fuero en el caso de la adopción. Si sus Señorías leen el informe, podrán advertir que los planteamientos, tanto del ministerio del Trabajo como del de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer, apuntan a asimilar el fuero por los hijos biológicos al concedido por los hijos adoptivos. A mi juicio, ésa es una visión reduccionista, porque en el primer caso es evidente que la madre tiene un cuidado especial por los niños. Pero imaginemos que se adopta un adolescente de 16 ó 17 años de edad. Les aseguro que su adaptación a la nueva familia es mucho más difícil que la de una guagua o un menor, pues lo más probable es que requiera de ayuda médica, de sicólogos, de ayudas externas para su integración al nuevo hogar. Tal como se dice en el informe, hay legislaciones que consagran fueros por tiempos distintos. Aquí no se ha querido hacer diferencias; pero, a lo mejor, en etapas tan difíciles como la adolescencia o la de un niño de 12 ó 13 años, se ha querido mantener un año de fuero, porque son realidades diferentes. Entonces, en la práctica, no se pretende asimilar el fuero de la madre biológica al de los padres adoptivos, sino que estamos consagrando un fuero distinto, atendida la naturaleza y especiales particularidades de la adopción. En este caso, se trata de lograr una mejor adaptación del niño o del adolescente a la familia adoptante. Lo importante es mantener un año de protección para que ese proceso se realice en las mejores condiciones posibles y con padres que tengan plena tranquilidad en cuanto a que no se pondrá término a sus contratos de trabajo. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, aprovecho la ocasión para saludar al diputado señor Paya, pues hace tiempo que no lo veía, y decir a la diputada señora Eliana Caraball que el asterisco marcado en el artículo que aparece hoy en el diario “La Tercera” no explicita en absoluto la grave enfermedad que sufrió, información incompleta que la hace figurar como que no cumple sus obligaciones parlamentarias. Considero muy importante el proyecto en debate; felicito a sus autores, pues significa un paso más en un tema que debemos discutir con mayor profundidad: la maternidad y la crianza de los hijos, las que en el mundo laboral se han atribuido siempre sólo a las mujeres. Sin duda, somos nosotras las que biológicamente damos a luz a los niños, pero ello no quiere decir que su crianza sea responsabilidad exclusiva de las mujeres. Ya es hora de que nuestra sociedad asuma, ojalá en un precepto constitucional, que la maternidad y la crianza de los niños constituyen una responsabilidad social compartida. ¿Qué tarea más importante puede desempeñar la sociedad que la de criar a las futuras generaciones? El dejar la maternidad como responsabilidad exclusiva de las mujeres les ha significado una desventaja en su vida laboral. Los empresarios son renuentes a contratarlas, debido a los permisos de pre y posnatal; o sea, una virtud social, como es la crianza de los niños, se transforma en un impedimento para las mujeres en el mundo laboral. Por eso, concuerdo con el proyecto y felicito al diputado señor Orpis por su preocupación por este tema. No hablemos de Izquierdas o de Derechas; lo que sí debemos ver es cómo proteger a la familia y la maternidad del mercado; porque, objetivamente, el mercado y el capitalismo salvaje que todavía perduran en Chile -en otros países están en retirada, pues los propios empresarios se han dado cuenta de que el recurso humano es muy importante y que debe dársele un contenido social- son los que destruyen las relaciones familiares. Afirmo que en nuestro país ser madre implica penalizarse. Hemos dado pasos importantes en la protección de la maternidad, como la aprobación del proyecto que eliminó el requisito del test de embarazo para el ingreso laboral de las mujeres y la consiguiente multa para quienes no cumplan la ley, porque el embarazo era mirado como un oprobio horroroso. O sea, se ponía una barrera al justo derecho laboral de las mujeres. Ojalá se cumpla la ley y se denuncien las infracciones. Por otra parte, uno de los caminos importantes para salir de la pobreza -así se ha comprobado-, es el segundo sueldo en el hogar. Ello, sin hablar del 25 por ciento de mujeres jefas de hogar. Entonces, ¿cómo despenalizar la maternidad para que no se transforme en una desventaja en la vida laboral? El proyecto avanza en el sentido de facilitarla en un gesto tan generoso como la adopción. También dimos otro paso muy importante en lo relativo al fuero maternal de las trabajadoras de casa particular, que constituyen el número más alto de mujeres en el mercado laboral. Hemos avanzado en cuanto a su contratación y rescatamos su fuero maternal, eliminado en el tiempo de la dictadura, como si la maternidad de esas mujeres no fuese importante. Concuerdo con el planteamiento de la diputada señora María Angélica Cristi, en cuanto a hablar de personas, pues me parece importante también este derecho referido a los varones. De igual modo, acojo la preocupación del señor diputado que consulta por qué referirse a solteros, en circunstancias que hay muchas personas casadas que adoptan hijos y también es importante que puedan acogerse al fuero maternal. Debo hacer presente que cuando se penaliza la maternidad, baja la tasa de natalidad, pues las mujeres no desean tener hijos; pero, cuando la sociedad se preocupa de este aspecto, aumenta la tasa de natalidad. Ése es un hecho histórico; es importante que los niños crezcan en el seno de familias cálidas, que su crianza sea de responsabilidad tanto de los padres como de las madres y que la sociedad proteja la labor de la maternidad, que es una de las más nobles de la humanidad. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, es indudable que ésta es una muy buena idea. Por eso no me explico por qué, a propósito de un proyecto que tiene que ver con el fuero maternal y con la situación de niños adoptados, debemos escuchar ataques a la Derecha, a Joaquín Lavín y referencias a la dictadura. Cualquiera persona que esté viendo este debate por televisión no va a entender absolutamente nada de la intervención, entre otras, de mi distinguida colega María Antonieta Saa, a la que siempre es un placer ver, y le sugiero que, en vez de mirarme a mí, mire sus propios niveles de asistencia y los de su propio partido, porque se va a llevar una sorpresa. Ésta es una gran idea. Felicito al diputado señor Orpis y me alegro -aunque parece que les duele tener que adherir a una idea ajena en esta materia-, de que los diputados del Partido Socialista y del PPD también la apoyen. He dicho. El señor ROCHA.- Reglamento, señor Presidente. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ROCHA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi preocupación por el tema constitucional respecto del proyecto. Me habría gustado pedir que se enviara nuevamente a Comisión, pero me someteré a la decisión de la Corporación. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Aprobado en general el proyecto. Como no ha sido objeto de indicaciones, se da también por aprobado en particular. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jarpa, Letelier (don Felipe), Martínez (don Rosauro), Melero, Monge, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Sciaraffia (doña Antonella), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas, Vilches y Villouta.NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Informe de Comisión Mixta. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. Antecedentes: -Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 571-08, sesión 35ª, en 1 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos corresponde tratar está en su trámite final, después de haber sido dirimidos en la Comisión Mixta los vacíos del ordenamiento jurídico nacional, que carece de normas que regulen la exploración y la explotación, como el aprovechamiento de la energía de materia integral en el país. Como es bien sabido, la energía geotérmica es la que se obtiene del calor natural interno de la Tierra, pudiendo extraerse del vapor, agua, gases, excluyendo los hidrocarburos o a través de fluidos inyectados artificialmente para dicho fin. En diversos países, la generación eléctrica se hace a partir de la energía geotérmica, lo que es una realidad, pero también esta fuente de calor puede contribuir al desarrollo agrícola e industrial para el funcionamiento de invernaderos, piscicultura, calefacción habitacional, etcétera. La energía geotérmica es un recurso renovable si se explota adecuadamente, pudiendo satisfacer los requerimientos del país y, además, sustituir los combustibles fósiles importados. La independencia de los factores climáticos le otorga también amplias ventajas respecto de los sistemas de generación hidroeléctrica, sujetos a las fluctuaciones de las condiciones meteorológicas, como normalmente nos tiene acostumbrado en nuestro país nuestra situación climática. La energía geotérmica prácticamente no contamina, ya que la emisión de gases es mínima y no produce residuos. Podríamos decir que nuestro país tiene una situación privilegiada en lo que se refiere a los recursos geotérmicos, debido a sus características geológicas y a su posición geográfica. Ello permite disponer, a lo largo de todo el territorio nacional, de fuentes geotérmicas muy importantes que aún no se trabajan, debido a que no existe una disposición legal al respecto. La experiencia de otras naciones, las exigencias crecientes de la protección del medio ambiente y el agotamiento progresivo de nuestros yacimientos de hidrocarburos, permiten confiar en un desarrollo paulatino y vigoroso de esta fuente energética alternativa. Por ello, el proyecto de ley sobre concesiones geotérmicas que contribuimos a perfeccionar en la Comisión Mixta, de la que formamos parte, además de darle un marco legal, constituye una iniciativa, a mi juicio, visionaria y de futuro, que abrirá al país la posibilidad de iniciar el aprovechamiento de un importante recurso energético renovable y no contaminante, que, además, es barato y que no ha sido debidamente explotado ni explorado. Esto, como ya lo dije, lamentablemente, es producto de que no existe en este momento una legislación que permita dar un cuadro que atraiga tanto a las inversiones nacionales como extranjeras y que, además, evite -como hemos tratado de hacerlo en este proyecto de ley- la colisión de intereses con el subsuelo o con el ámbito minero, con la propiedad agrícola y las demás con que podría ocurrir. Por estas razones, pido a la honorable Cámara que demos aprobación al proyecto informado por la Comisión Mixta y que hoy se somete a vuestra consideración. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el ministro de Minería, don Sergio Jiménez. El señor JIMÉNEZ (Ministro de Minería).- Señor Presidente, en primer término, deseo expresar mi reconocimiento a la Comisión Mixta formada para dirimir las divergencias surgidas, entre esta Cámara y el honorable Senado de la República, durante la tramitación del proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. La Comisión ha cumplido su cometido en un plazo breve y ha realizado un trabajo detenido y acucioso de cada una de las diferencias sometidas a su consideración. Si bien las proposiciones formuladas por el Gobierno para superar estas divergencias no fueron acogidas en su totalidad, estimamos, sin embargo -así lo hace constar por mi intermedio-, que los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta y elevados a la consideración de la Sala, permiten contar, luego de una prolongada tramitación legislativa, con un conjunto coherente y orgánico de disposiciones que, sin duda, vienen a llenar un vacío importante de nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el proyecto establece un marco adecuado para la aplicación de esta energía a diversos fines, entre los cuales se cuenta la generación eléctrica. Según hemos tenido oportunidad de señalarlo en anteriores ocasiones, esta fuente energética tiene en Chile uno de los más altos potenciales del mundo. Empero, hasta la fecha, no se ha podido avanzar en inversiones en este ámbito de actividades, entre otras causales, por la falta de un marco legal, como lo señalara tan acertadamente el diputado informante, don Baldo Prokurica. El desarrollo de esta energía renovable y ecológica es especialmente significativa para Chile, ya que en un futuro cercano, una vez que el avance tecnológico permita disminuir el costo de la generación eléctrica a partir de ella, deberá ser capaz, entre otras ventajas evidentes, de sustituir la importación de gas natural para la generación eléctrica. Esta energía no sólo se emplea para generar electricidad; es utilizada, además, para otras finalidades diversas, entre las cuales se cuenta la producción de climas artificiales, calefacción y aire acondicionado, secado de productos agrícolas y piscicultura. Asimismo, la producción de electricidad para pequeños villorrios campesinos cercanos a la cordillera puede ser una de las aplicaciones más importantes de la energía geotérmica, cuyas fuentes se encuentran precisamente en los volcanes cordilleranos de nuestro país. Adicionalmente, la aprobación de este proyecto de ley permitirá la incorporación de nuevas tecnologías y el potenciamiento de ellas con habilidades existentes en el país, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos, cuyas técnicas de exploración y explotación son muy similares. En suma, señor Presidente, el Gobierno manifiesta su acuerdo con las proposiciones que la Comisión Mixta ha elevado a la consideración de esta Sala, por lo que insta a su aprobación en los términos establecidos en el informe. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, coincido con el señor ministro y también con el diputado informante que éste es probablemente uno de los proyectos más relevantes para el futuro energético de nuestro país, sobre todo para el desarrollo de una actividad empresarial muy importante. Obviamente, hay diputados, como los señores Baldo Prokurica, Carlos Vilches y Cristián Leay, que saben muchísimo más que yo de esta materia, sobre todo porque se han dedicado durante muchos años a sacar adelante este proyecto, lo que tiene un enorme mérito. Por lo tanto, sólo quiero detenerme en un punto que es relevante para mi distrito y mi Región de Magallanes, como es la posibilidad de que la Empresa Nacional de Petróleo, Enap, y más concretamente, de acuerdo con lo que se nos informó en la Comisión de Minería, el área o la línea de negocios de este holding que está concentrada en Magallanes sea la que implemente estos proyectos de inversión, tanto a nivel nacional como internacional, fórmula que para una empresa como Enap Magallanes, que está con proyecciones bastante negativas debido a la reducción de los stock de petróleo y de gas, me parece muy adecuada para que avance y salga adelante como empresa, lo que además es enormemente importante para la realidad magallánica, ya que alcanza cerca del 30 por ciento del producto geográfico bruto de mi región. Por lo tanto, coincido con las expresiones del diputado señor Baldo Prokurica, que es un especialista en esta materia, y las del ministro, que instan a aprobar el proyecto; pero además lo felicito, porque está dando indirectamente una buena alternativa de desarrollo a mi Región de Magallanes. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en nombre de la bancada democratacristiana, quiero expresar que votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta sobre este proyecto de concesiones de energía geotérmica y que haremos una reflexión en voz alta. Cuando se planteó el tema del gas natural en Chile, hubo muchas voces que consideraban que era inconveniente. Eso sucedió no hace más de tres años. Resulta que ahora el tiempo, muy rápidamente, ha demostrado que el gas natural es vital para el país, especialmente para el desarrollo de la industria, porque tiene muchas fortalezas y muchas cualidades. Creo que este proyecto, que legisla sobre el tema de las concesiones de energía geotérmica, ayuda mucho a tener una visión moderna y de futuro en el tema de los combustibles para nuestro país. Por estas razones, votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, el tema de la energía geotérmica es de vital importancia para el futuro del mundo, y en el caso de Chile existen reservas suficientes para mover la industria y, sobre todo, la minería. Por eso la bancada socialista está obligada a aprobarlo; pero no puedo dejar de manifestar mi opinión sobre algunas cosas que se plantearon o que se definieron en la Comisión Mixta, cuyo informe es sumamente interesante y completo, características que no suelen darse en estos documentos de estas comisiones. Quiero reafirmar algunos puntos que están muy bien planteados, y lamentar otros con los cuales no concordamos, pero que pueden ser revisados posteriormente. Por ejemplo, nos parece bien la actitud del Ejecutivo, que ha mediado para encontrar soluciones a puntos en discusión. Es así como ha planteado estar de acuerdo con la supresión de la norma del artículo 9º acordada por el Senado, debido a que la dictación de reglamentos está contemplada dentro de las potestades reglamentarias del Ejecutivo. Sin embargo, me parece lamentable que se hayan mantenido los acuerdos del Senado de la República respecto del artículo 12, y desechado las proposiciones de la Cámara de Diputados, así como la indicación que trató de armonizar el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la proposición del Senado suprimió las letras b) y c) del artículo 12, y modificó su letra g). ¿Qué dicen estas letras suprimidas? Refiriéndose a los antecedentes que deben contener las solicitudes de concesión de energía térmica, dicen “b) Los antecedentes que demuestren la capacidad técnica y económica del solicitante para la ejecución del proyecto”. O sea, no vamos a tener claridad respecto de las condiciones económicas del inversionista. Por su parte, la letra c) señala: “La descripción de la forma, técnica, procedimiento y equipos para ejecutar las labores de exploración y de explotación de energía geotérmica”. A su vez, la letra g) dispone: “Las inversiones mínimas en el período de exploración y en el de instalación; la descripción de los trabajos, y el establecimiento de los plazos para la instalación, el inicio y el desarrollo de la ejecución de las obras que se efectuarán durante la concesión”. Es decir, se han suprimido del proyecto disposiciones que establecen los requisitos que deben presentar quienes aspiran a obtener concesiones, elementos que podrían asegurar en mejor forma que la persona que adquiere la concesión realmente va a realizar la exploración y la explotación. Al eliminar estos requisitos puede ocurrir, como ha sucedido en otro tipo de concesiones, que algunos personajes se especialicen en hacer comercio con estas concesiones, ya que las solicitan no para realizar inversiones y ejecutar proyectos, sino que las piden, las adquieren y, en seguida, las revenden; o sea, especulan. Esto ha ocurrido en mi zona respecto de la compra de terrenos a Bienes Nacionales, ya que algunas personas han aspirado a estas concesiones, se les han otorgado a un precio y, en seguida, las han revendido, con lo que se ha roto la tradición de que Bienes Nacionales vende contra proyectos; es decir, para que la persona que adquiere un terreno construya o realice un proyecto determinado, pero no especule con lo que le entrega el Estado. Con la supresión y modificación de las letras que he mencionado, podría ocurrir que -a lo mejor, tendremos que hacer alguna modificación a futuro- personas inescrupulosas se aprovechen del procedimiento legal que estamos estableciendo para realizar especulaciones económicas en perjuicio del país, en lugar de desarrollar proyectos geotérmicos. Sin embargo, pese a esta aprensión, votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta, con el objeto de que exista ley sobre esta materia. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en los debates de la Cámara y del Senado se ha destacado la importancia del proyecto para el futuro del país en materia de energía, sobre todo en lo que dice relación con la generación de energías limpias. Como las modificaciones del honorable Senado de la República han sido recogidas mayoritariamente por la Cámara de Diputados en la Comisión Mixta, nosotros las vamos a votar favorablemente, ya que estas normas garantizan la participación del Estado en estas concesiones, tema que fue uno de los más debatidos, ya que se debía determinar qué tipo de propiedad se genera cuando se solicita la concesión de energía geotérmica. En estas modificaciones quedó establecido claramente el hecho de que este bien del Estado es el que entrega la concesión. Esto es muy importante, porque las modificaciones del Senado facilitan la tramitación de estos proyectos. Además, es una buena señal para los inversionistas, los cuales, en todos los países donde han desarrollado proyectos geotérmicos, han contado con el apoyo del Estado para facilitar su inversión y desarrollo, porque aquí hay un alto riesgo en prospectar, estudiar y financiar las posibilidades de desarrollo de la energía geotérmica, y se piden grandes extensiones. También queda claramente establecido en las modificaciones que no va a haber tope con respecto a la propiedad minera, que es algo que está muy desarrollado en nuestro país. Asimismo, con respecto a la concesión de energía geotérmica, queda claramente establecida la facilidad para entregar servidumbre por parte de los privados, los cuales, normalmente, deben entregarla en todas las solicitudes mineras. Ante estos hechos, vamos a apoyar sin complejos este proyecto, porque, realmente, significa un paso importante para lo que viene en el siglo XXI. Es conocido el agotamiento de todos los combustibles fósiles, y esto nos permitirá -como han dicho los expertos- desarrollar, en la cadena volcánica que tiene el país, un potencial de 16 mil megawatts en los próximos años. Ésa es una alternativa interesante que se sumará a la energía hidroeléctrica, que generan nuestros ríos del sur, y a la energía térmica, que se traduce en gas natural. Finalmente, esta energía geotérmica, limpia, que se transforma en un recurso renovable -eso, tal vez, la hace más atractiva-, y esta legislación, que se aplica en el país por primera vez, nos permitirán esperar el futuro con gran esperanza. Reitero que apoyaremos favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate. En consideración al acuerdo unánime de los Comités, este proyecto se votará el próximo martes. Queda pendiente el proyecto.MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.302, SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR. Tercer trámite constitucional. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.302, sobre seguridad nuclear. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 918-12, sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 6. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Aprobadas las modificaciones del Senado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Díaz, Elgueta, Espina, Fossa, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Letelier (don Felipe), Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Valenzuela, Vilches y Villouta.REGULACIÓN DEL DERECHO DE VISITA ESTABLECIDO EN LA LEY DE MENORES. Tercer trámite constitucional. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 1551-18, sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el diputado señor Exequiel Silva, autor de este proyecto, no pudo asistir hoy, pero me encargó que lo representara a fin de plantear que algunas observaciones del Senado deben ser rechazadas por esta Cámara con el objeto de que se constituya una Comisión Mixta para resolver el conflicto. Es sabido que el derecho de visita, de comunicación o el de tener una relación directa con los hijos es una norma que contenía el artículo 227 del antiguo Código Civil, que disponía que “Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos, con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes”. Sin embargo, esta norma -como debe recordar la honorable Cámara- fue modificada en el proyecto sobre filiación que comenzará a regir el 26 de octubre del presente año. El artículo 219 de dicho proyecto dice que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y la libertad acordadas con quien lo tiene a su cargo o, en su defecto, con las que el juez estimara convenientes para su hijo. Pues bien, una de las cuestiones esenciales planteadas en el proyecto de autoría del diputado Exequiel Silva -conocido posteriormente por la Comisión de Familia y la Sala de la Cámara de Diputados- era la existencia de un estado de separación de los padres sin que se hubiere acordado, de común acuerdo entre ellos, el procedimiento para llevar adelante el derecho de comunicación -entre padres e hijos o entre los hijos y el padre-, y si uno analiza la propuesta del Senado, especialmente la del artículo 1º, creo que hay que aprobarla, porque, como señalé recién, en la ley de filiación modificamos el artículo 227, que ahora es el artículo 229; en consecuencia, lo que señala el Senado al suprimirlo es correcto. Pero lo que interesaba del proyecto del diputado Silva era que cuando se produjera una situación en que existieran dificultades respecto de la manera de comunicarse o de este derecho de visita, ello se pudiera resolver de inmediato, no obstante que se estuvieran tratando -a veces- en el tribunal de menores otros asuntos como pensiones alimenticias, tuición o cuidado de los menores. Por eso, en la Cámara de Diputados señalamos que, en caso de desacuerdo entre los padres...El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, debo interrumpirlo porque ha terminado el Orden del Día. El proyecto se continuará debatiendo en la próxima sesión. El señor ELGUETA.- Muy bien. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su Señoría. La señora SAA (doña María Antonieta).- ¿Por qué no cita a reunión de Comités, a fin de ver la manera de terminar el tratamiento del proyecto? Creo que serían suficientes diez o quince minutos más. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo, señorita diputada. La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, pida la unanimidad para que, por lo menos, el diputado señor Elgueta pueda terminar su argumentación. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo. El señor PAYA.- Señor Presidente, doy la unanimidad siempre y cuando él no la niegue para terminar la discusión del proyecto. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Nuevamente solicito la unanimidad de la Sala... -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor GARCÍA (don René Manuel).- No, señor Presidente.El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- No hay acuerdo. VII. PROYECTOS DE ACUERDOREMISIÓN DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CONADI AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO. (Votación). El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 299, que propone la remisión del informe de la comisión investigadora de la Conadi al Consejo de Defensa del Estado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Rechazado el proyecto de acuerdo, por no haberse reunido el quórum necesario.FINANCIAMIENTO SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 300, de los diputados señores Cardemil, Krauss, Bartolucci, Prokurica, Hales y de la diputada señora María Angélica Cristi. “Considerando: Que como consecuencia de defectos en los conductos de evacuación de las instalaciones de gas, por mala calidad de tales instalaciones o por inadecuada mantención de artefactos, muchos compatriotas han fallecido o han sido víctimas de graves intoxicaciones, sin perjuicio de los incendios y otros siniestros materiales que han tenido como causa dichas fallas; Que, justificadamente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por resolución exenta Nº 489 ha dispuesto, a contar del mes de abril del presente año, la inspección periódica de las instalaciones de gas y de los conductos colectivos de evacuación de gases; Que si como producto de la revisión se detectan fallas o problemas en las instalaciones debe recurrirse a un instalador autorizado por la Superintendencia para que proceda a efectuar las reparaciones, las que, como la revisión, son de cargo del usuario; Que a menudo tales reparaciones, si se realizan en edificios antiguos, demandan obras importantes y de alto costo; Que es de normal ocurrencia que los ocupantes de esos inmuebles son personas ancianas, con bajo nivel de ingresos, a las cuales les resulta difícil enfrentar los costos de estos trabajos, cuya necesidad es imprescindible, y Que para solucionar esta situación corresponde implementar un sistema de financiamiento subsidiario, que podría ser asumido por el Estado y por las municipalidades, que contemple bonificaciones o préstamos para aquellos usuarios que no se encuentren en condiciones económicas de atender de inmediato el pago de las reparaciones que deban efectuarse en favor de la seguridad de las personas y de los bienes, la honorable Cámara de Diputados acuerda: Solicitar de los señores ministros del Interior y de Economía, Fomento y Reconstrucción la implementación de un sistema de financiamiento subsidiario y complementario en favor de los usuarios que carezcan de recursos económicos para realizar las obras de reparación de las instalaciones de gas que se disponga efectuar producto de las revisiones que efectúe la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda investigó durante casi un año los hechos que provocaron muertes por emanación de monóxido de carbono. Así como nos provocó mucho dolor la situación que afectó a muchas familias, hoy nos preocupa que tantas personas deban recurrir a créditos y hacer grandes desembolsos de dinero para readecuar el sistema de evacuación de gases de los edificios, a fin de evitar los problemas derivados de las emanaciones. El espíritu del proyecto de acuerdo refuerza las proposiciones de nuestra Comisión, sobre todo la que pretende apoyar con créditos blandos a quienes se vean en la necesidad de invertir una cantidad de dinero importante para reestructurar las instalaciones de gas o modificar las especificaciones técnicas del edificio que habitan. La Comisión también propuso introducir, de aquí en adelante, nuevas modificaciones a las especificaciones técnicas; pero ¿qué pasa con el 95 por ciento de las construcciones habitadas, cuyos proyectos ya han sido recepcionados en las direcciones de obras? Por considerar que va en la dirección correcta, pido aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, me tocó presidir la comisión investigadora que mencionó la colega Lily Pérez, y debo decir que quedamos muy impresionados con el testimonio de las diferentes personas que acudieron a ella. La ley de calidad de la vivienda garantiza por cinco años la construcción del edificio. Sin embargo, muchos poseen una antigüedad mayor, por lo que son palabras mayores la cantidad de recursos para solucionar los problemas en los que está en juego la vida de la gente. Ojalá los ministros del Interior y de Economía tomen en cuenta estas razones y acojan la proposición de este proyecto de acuerdo. En caso contrario, pese a la investigación y a la buena voluntad que hemos manifestado, las personas quedarán en la indefensión, porque no podrán hacer las reparaciones fundamentales para usar los artefactos de gas con un mínimo de seguridad. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. El señor ALESSANDRI.- ¡Que se vote! El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En votación el proyecto de acuerdo. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Alessandri, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Díaz, Elgueta, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jaramillo, Letelier (don Felipe), Monge, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (doña Lily), Prokurica, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sciaraffia (doña Antonella), Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Velasco, Vilches y Villouta. VIII. INCIDENTESRÉPLICA A INFORMACIÓN DE CANAL 13 DE TELEVISIÓN. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional, que ha cedido unos minutos a la diputada señora Eliana Caraball. Tiene la palabra su Señoría. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, agradezco a la bancada de Renovación Nacional que me permita hacer uso de la palabra en el espacio de tiempo que le corresponde. En esta oportunidad, quiero protestar, de la manera más enérgica, por la forma en que canal 13 de televisión ha informado sobre mi asistencia a las sesiones de la Cámara de Diputados. En efecto, tanto en el informativo de las 21 horas como en el de las 24 horas de ayer, me incluyó entre los parlamentarios de peor asistencia, señalando que la diputada adujo problemas de salud y que sólo alcanza al 52,2 por ciento de asistencia. El periodista de canal 13 me entrevistó especialmente sobre la materia, en el día de ayer, para una nota que presentó en pantalla Emilio Southerland. Al inicio de la entrevista, sostuve que a fines del mes de marzo fui operada de una grave oclusión a las arterias coronarias y se me practicaron tres “by pass”, por lo que estuve con licencia médica por tres meses para rehabilitarme antes de insertarme del todo en el trabajo, circunstancia que afectó mi asistencia en este período. Al terminar, agregué que “desgraciada-mente, la salud me jugó una mala pasada en esta ocasión”. En el noticiario de las 21 horas se incluyó, exclusivamente, esta frase, que, por lo demás, en el contexto del periodista, parecía más una disculpa que una razón de fuerza mayor, que es lo que de verdad ocurrió. No se trata de una disculpa, sino de una grave enfermedad. Además, es de conocimiento público que gracias a la calidad de los médicos chilenos y del sistema de salud, pude superarla. El período de rehabilitación es clave para mi recuperación plena. En consecuencia, la opinión pública ha recibido una información distorsionada por la forma en que se dio, pues la imagen que se proyecta de mi persona es de alguien irresponsable, que, además, cobra por un trabajo que no hace. Protesto, de la manera más enérgica, y pido a la Cámara que, por favor, aclare las circunstancias de las ausencias de sus integrantes, ya que la imagen que se proyecta es falsa. El de nosotros, se compara con el caso de quien es despedido porque falta dos días a su trabajo sin expresión de causa; nosotros seríamos irresponsables y podríamos faltar meses sin que nadie tomara medidas. Hago presente que no se ha informado a la opinión pública que cuando los miembros de una comisión, por ejemplo, están en terreno, se les considera ausentes de las sesiones de Sala, en circunstancias que la propia Cámara les ha encomendado un trabajo en determinada región. Lo mismo ocurre con quien se ausenta del país para cumplir una misión encargada por esta Corporación: aunque esté con permiso constitucional, figura ausente de las sesiones de la Sala. Y podría dar muchas otras razones relacionadas con las asistencias. Por eso, en primer lugar, quiero que la Cámara haga presente al canal 13 de televisión que ésta no es la manera de dar una información, porque, de hecho, ha afectado mi imagen pública; y en segundo lugar, que se informe adecuadamente a los periodistas cuando se les entreguen las inasistencias, porque su Señoría comprenderá que no es muy alentador encabezar una lista de las peores asistencias, aun cuando frente al nombre de una en la lista aparezca un mísero asterisco que indica “por enfermedad”. Incluso, en algunos casos no corresponde a personas que hayan estado enfermas. Por lo menos, no se ha sabido. El hecho que menciono lesiona la credibilidad de la información, y eso me preocupa, porque los políticos vivimos de la imagen, la misma que se ha tratado de distorsionar por todos lados. Esto, que me ha sucedido a mí, no se lo deseo a nadie. Naturalmente, me molesta. Agradezco los gestos de solidaridad de todas las bancadas. Muchas gracias. (Aplausos). El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio del caso, con la adhesión de todas las bancadas y de la Mesa.APERTURA DEL ÚLTIMO TRAMO DE LA CARRETERA AUSTRAL. Oficios. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, en mi calidad de diputado por Aisén, quiero hacer resaltar el hecho de que el lunes 6 de septiembre recién pasado se abrió el último tramo de la carretera austral, tramo que une la aislada comuna de Villa O’Higgins con el resto del territorio de la Undécima Región. Esta obra representa, a mi juicio, el esfuerzo más trascendental del país en su lucha por integrar nuestro territorio y romper, de esta manera, con las fronteras interiores que impedían el armónico desarrollo de Chile. La decisión de materializarla fue un acto político del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, que merecen todo nuestro reconocimiento. La visión del general Pinochet para impulsar dicha obra y afianzar nuestra soberanía nacional, sólo puede compararse a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, en 1842, efectuada bajo la presidencia de don Manuel Bulnes. La vasta zona por la que atraviesa la carretera longitudinal austral surge de la necesidad de integrar el territorio de un Estado que, por definición constitucional, es unitario. Transcurrió más de un siglo para emprender la tarea de consolidar el austro chileno con el núcleo vital del país. Con esta obra se incorpora al quehacer nacional una superficie de 148 mil kilómetros cuadrados, de los cuales 41.000 corresponden a la Décima Región y 107.000 a la Undécima. Tal superficie equivale, aproximadamente, al 19 por ciento del área continental e insular de Chile. Para dimensionar la magnitud de esta obra, hay que conocer dichas regiones, que poseen una belleza y riqueza diversa e inmensa en recursos naturales. Debo agregar que en esta área geográfica podrían caber, aisladamente, naciones centroamericanas, como Panamá, República Dominicana, Costa Rica o Nicaragua. Dicho de otra manera, países europeos como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Austria, Hungría, Albania e Islandia poseen una superficie menor a la de la Región de Aisén. Este camino -las características geográficas de la zona fueron un obstáculo permanente que, desde 1976 a la fecha, hubo que vencer- comprende en su traza longitudinal, aproximadamente, 1.250 kilómetros, desde Puerto Montt a Villa O’Higgins, lo que equivale a la distancia entre Santiago y Castro; a esta columna vertebral se suma una serie de caminos transversales que complementan esta red vial en más de 2.250 kilómetros. Los conceptos geopolíticos que inspiraron al general Pinochet se manifiestan ya en 1965, cuando era coronel y expresaba: “Hacia el sur, existen grandes dificultades por la falta de continuidad geográfica y de comunicaciones terrestres. Esto podría ser obviado con un camino longitudinal y con la creación de núcleos secundarios. Se estima que es más conveniente para Chile desarrollar su núcleo vital hacia la parte austral”. Y en 1968 señalaba: “Es indudable que las buenas comunicaciones constituyen un factor decisivo en cualquier momento, especialmente en aquellos Estados que se están formando y que deben definir sus fronteras reales. Por ello, insistimos que las vías de comunicaciones tienen una influencia decisiva en la unificación de las naciones”. En 1976, el Presidente de la República dispuso que el comando de ingenieros del Ejército, a través del cuerpo militar del trabajo, en coordinación con el ministerio de Obras Públicas, estudiara y comenzara la construcción de un camino de penetración que uniera caletas y poblados costeros con los valles interiores del continente, desde las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aisén, para conseguir, dentro de un plazo prudencial, el despegue socioeconómico de la zona, que vivía hasta esa fecha en completo aislamiento, no sólo perjudicial para su escasa población, sino también peligrosa para la soberanía nacional y el desarrollo integral del país. La apertura del último tramo de la carretera que une a Villa O’Higgins fue un hecho histórico que me tocó vivir el 6 de septiembre, día de la Unidad Nacional. Presidían la ceremonia el comandante en jefe del Ejército, general don Ricardo Izurieta, y el ministro de Obras Públicas, don Jaime Tohá, quienes hoy dirigen las dos instituciones del Estado que materializaron y dirigieron esta magna y futurista obra. En este día de la Unidad Nacional se une simbólica y materialmente Chile, que en un verdadero esfuerzo de Estado, mira hacia el futuro. Permítanme rendir este homenaje a los miles de civiles que participaron en su construcción, a las empresas privadas, al ministerio de Obras Públicas y sus funcionarios, pero muy especialmente al cuerpo militar del trabajo, quienes trabajaron en esas apartadas zonas de difícil acceso, peligrosa topografía y riguroso clima. La organización, disciplina y modo de vida del soldado contribuyeron a vencer todo obstáculo, dejando su vida más de 19 miembros del Ejército en actos de servicio. Quiero que estos soldados sepan, desde el cielo, que los aiseninos reconocemos en ellos su patriotismo e inmensa contribución a Chile y que su sangre no fue derramada en vano, porque las generaciones del presente y del futuro sabrán valorarlos. Sin duda, especial reconocimiento merece el general don Augusto Pinochet, ya que gracias a su visión y amor a la patria contribuyó con su decisión a la más importante obra de este siglo, que el Estado emprendiera desde el punto de vista geopolítico. Solicito por intermedio de la Mesa que se envíe copia de mi intervención al comandante en jefe del Ejército, al ministro de Obras Públicas, y muy especialmente, al ex Presidente de la República y actual senador, don Augusto Pinochet. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Lily Pérez y Rosa González y de los diputados señores René Manuel García e Iván Moreira.SIGNIFICADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y ROL HISTÓRICO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En el turno correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, los chilenos no podemos olvidar el 11 de septiembre de 1973, día en que verdaderamente se escribió la libertad para nuestro país. En vísperas de conmemorarse un año más del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, es un deber de chileno expresar en esta Cámara, a la distancia, nuestra gratitud al senador Augusto Pinochet, líder y artífice del movimiento de libertad y progreso emprendido hace más de dos décadas. La verdad histórica no se transa. Es imposible cambiar la historia con decretos, leyes o con mesas de diálogo. Por ello, es innegable que resulta imposible borrar de nuestras memorias un acontecimiento histórico que cambió el rumbo fatal por el que el gobierno socialista de la Unidad Popular conducía al país. El 11 de septiembre no fue un acto caprichoso de un grupo de militares. Muy por el contrario, representa el clamor de millones de chilenos que veían cómo el gobierno de Salvador Allende cumplía, paso a paso, el itinerario de otras dictaduras comunistas que imperaron en el mundo. Ése fue el inmenso apoyo ciudadano que tuvo el pronunciamiento militar, donde se encuentra la base de legitimidad del 11 de septiembre. Las nuevas generaciones deberán, con la perspectiva de la historia, analizar y ponderar los diversos sucesos que han afectado a nuestro país en los últimos treinta años. Ese análisis debe ser desapasionado y exento de los odios y animosidades propios del socialismo y sus partidarios. En el contexto de esa historia, la figura del senador Pinochet resalta como la de un gran estadista, no sólo porque nos liberó de una dictadura comunista-marxista similar a la que a la fecha impera en Cuba, sino que, además, porque lideró un modelo económico que permitió al país reactivar su economía y ser modelo en América latina. Como protagonistas de esa historia no permitiremos que se trate de tergivesar lo acontecido y, menos aún, que se nos pida explicaciones de lo ocurrido. Quienes deben darlas, por los efectos, son quienes motivaron la causa, esto es, quienes contribuyeron, con sus actitudes, a la destrucción de nuestras tradiciones republicanas. Seguiremos luchando por reivindicar la verdad histórica que la Izquierda insiste en alterar a su antojo. Cada acto de odio, de rencor, de violencia y de intransigencia de la Izquierda ratifica la legitimidad y el valor histórico del 11 de septiembre de 1973. Hay millones que no tienen voz, pero, sin duda, recuerdan que el pronunciamiento militar no fue un capricho, sino el producto de una situación aflictiva que vivía el país. Recuerden los diputados presentes que el 22 de agosto de 1973, esta Corporación declaró ilegítimo el Gobierno de Allende. No hay que olvidarse del pasado. Por ello, el Gobierno debe intensificar las acciones tendientes a traer de regreso al senador Pinochet, en lo posible antes de que culminen las festividades del mes del Ejército, pues no habrá reconciliación posible con el senador Pinochet arrestado en Londres. Cualquiera iniciativa en ese sentido está destinada al más profundo fracaso si el senador Pinochet no vuelve vivo a Chile. Si los gobiernos de la Concertación se propusieron como objetivo la reconciliación han fracasado. Más grave aún, como consecuencia de esta lamentable situación, ha quedado de manifiesto que el Gobierno no es respetado en el concierto internacional. Por último, en el alma nacional aún persiste una herida abierta, pues después de casi un año nuestra soberanía nacional sigue pisoteada. El senador Pinochet es la víctima de una concertada acción internacional que no le perdonará nunca haber derrotado al marxismo internacional. Y nosotros tampoco podremos perdonar nunca a las autoridades inglesas, españolas y chilenas si algo le pasa al senador Pinochet en Londres. Hago un llamado a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a revisar su decisión de participar en esta mesa de diálogo, que se ha convertido en una mesa de la paradoja, donde quienes deben esclarecer las causas de lo ocurrido se limitan a interrogar unilateralmente a sus representantes y a pedir explicaciones al respecto. En ese sentido, hay que ser muy fuerte y claro. Ojalá la mesa de diálogo cumpla sus objetivos, pero en ningún caso podrá desvirtuar la legitimidad del 11 de septiembre y la extraordinaria figura del senador Pinochet. ¡No hay que olvidarse de la Historia! ¡No se puede cambiar con una ley o un decreto lo que ha pasado! ¡Hay que asumir con responsabilidad el futuro de nuestro país! Por ello, en este momento en que los chilenos reflexionan y con los actores políticos dicen que quieren paz, quienes verdaderamente la anhelan son la mayoría de los chilenos; los que no desean la paz son aquellos líderes políticos a los que, por conveniencias electorales, indudablemente les acomodan estos temas sensibles sobre los derechos humanos, en los cuales hay un claro aprovechamiento. ¡Qué curioso! Cuando se acerca el 11 de septiembre, comienza a plantearse con insistencia, de parte de las autoridades y de los dirigentes de la Concertación, el tema de los detenidos desaparecidos y de los derechos humanos, en general. Este Gobierno tuvo diez años para buscar la reconciliación nacional, y fue incapaz de lograrlo. Hoy se advierte el fracaso, y esta mesa de diálogo es sólo un salvavidas para cambiar la imagen de un Gobierno que está tan destruido y agotado que ahora su Presidente sólo se dedica a bailar frente a las cámaras de televisión y a ser animador de programas radiales. He dicho.PRECISIONES HISTÓRICO-POLÍTICAS CON MOTIVO DEL 11 DE SEPTIEMBRE. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, uno siempre quiere usar esta tribuna para referirse a temas que realmente le interesan a la gente, como construir más obras de regadío, embalsar las aguas lluvia que hoy corren hacia el mar, tener más créditos para las siembras de primavera, los que debería otorgar el Indap; pero siempre está la cantinela de que unos fueron los malos y otros los salvavidas o los salvadores de este país. Jamás me he hecho cargo -y creo que nadie en este país- de los errores políticos que se pudieron haber cometido en otros países. Siendo menor de edad, como tal vez también debe de haber sido el diputado señor Moreira el año 73, sé que objetivamente han existido gestos de arrepentimiento, de reconocimiento de los errores políticos cometidos en el pasado. Incluso el ex Presidente Aylwin tuvo la hombría, la gallardía, la capacidad de pedir disculpas al pueblo chileno por lo que sucedió entre 1973 y 1990. Muchos políticos activos hasta 1973, y después, muy pocos uniformados, han dicho: ¡nos equivocamos! Se cometieron errores, pero en Chile ni en ninguna parte del mundo nadie fue autorizado para degollar a profesores simplemente por ser opositores al régimen; para asesinar a Tucapel Jiménez sólo por haber sido dirigente gremial; para exiliar a tantos miles de chilenos que hoy están fuera y quienes, a lo mejor, nunca regresarán. ¿De qué sirven estas cantinelas de la ultraderecha chilena, que fue derrotada el 5 de octubre de 1989 por Aylwin; en 1992, en las elecciones municipales; en 1993 y en 1997, en las elecciones parlamentarias, y que nuevamente será derrotada el 12 de diciembre de 1999, porque no ha aprendido nada y sólo levanta banderas? Habría que preguntarse ¿por qué, si tiene tanta razón, la Derecha nunca ha ganado una elección en este país? En esta misma Cámara no habría más de doce diputados de Derecha si no existiera una ley electoral injusta, por lo cual los parlamentarios de la Concertación nos hemos visto obligados a doblar la votación de los de la Oposición para llegar a este Parlamento. Entonces ¿de qué estamos hablando?, ¿de qué verdades? El gobierno del Presidente Frei ha hecho todos los esfuerzos posibles para que el senador Pinochet vuelva a Chile y se ha gastado plata del Fisco para que retorne al país. Incluso el ex canciller, que estuvo exiliado más de trece años en México, don José Miguel Insulza, hizo todo lo posible por obtener su regreso; pero ¿cómo se les paga a las personas que realizan gestiones en buena ley? Con discursos como el pronunciado por el diputado señor Moreira, quien ha dicho que no se ha hecho nada en ese sentido. Todos saben cuál fue el objetivo del viaje de Augusto Pinochet a Londres, pero no hemos hecho alarde de eso, y todos están en conocimiento de que no hubo ningún viaje oficial, por cuanto habríamos tenido que responder por qué un senador vitalicio va a negociar la venta de armas u otra cosa a Londres. Entonces, no nos hagamos los tontos entre nosotros mismos. Si queremos reconciliación, miremos las cosas con objetividad y hacia adelante. No se puede patear el brasero, porque aún hay brasas prendidas. Se requiere mucha humildad y modestia para reconocer nuestros errores, para lo cual hoy hago un llamado con convicción y calidad moral. Yo he reconocido los míos en cosas tan pequeñas. En consecuencia, les pido a aquellos que cabalgan con tremendos pesos sobre sus conciencias por violación a los derechos fundamentales, que admitan sus equivocaciones. Es verdad que queremos un país reconciliado y no es posible desconocer que la Concertación ha traído la democracia, la libertad, la participación. Hoy en esta Cámara se puede fiscalizar. ¿Cuántas veces se ha dicho en esta Sala que durante el gobierno militar empresas fundamentales del Estado chileno pasaron a manos de privados? ¿Dónde están esas platas? ¿En cuánto se vendieron? ¿Por qué hay personas que en las campañas de los candidatos de Derecha ponen muchos recursos? ¡Qué poco costaron esas empresas a los nuevos propietarios! No empecemos a sacar los trapos al sol, porque hay muchas cosas que ventilar en contra de quienes estuvieron durante diecisiete años con exiliados, con CNI, con Dina, con persecución, con tortura, etcétera. Si queremos mirar hacia delante, no debemos hacer lo del avestruz: esconder la cabeza y echarle la culpa a los demás. Este Parlamento está para legislar, hacer leyes, mejorarlas, perfeccionarlas, pero a veces surgen cosas que son inimitables, como todo un debate político sobre la reconciliación y el futuro del general Pinochet. Muchos hemos sido partidarios de que hubiese regresado inmediatamente al país, ya que se ha demostrado al mundo que él puede ser juzgado aquí, cosa que aún está en duda. He dicho.PETICIÓN DE PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Oficio. El señor LETELIER (don Felipe).- Por otra parte, quiero manifestar que estoy de acuerdo con que el vandalismo en las universidades debe ser controlado y con la necesidad de identificar a los encapuchados. Sin embargo, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que se pronuncie jurídicamente respecto de qué entiende por autonomía universitaria, porque no podemos permitir, porque tres o cuatro encapuchados provocan a las Fuerzas de Orden, que éstas ingresen a las universidades y detengan a algunos alumnos que se encuentran en clases, argumentando que venían de la calle donde se encontraban haciendo desórdenes. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-¿Me permite, señor diputado? Ha terminado el tiempo del Comité del Partido por la Democracia. Puede continuar en el del Comité Mixto, que le ha sido cedido. El señor LETELIER (don Felipe).- Gracias, señor Presidente. Con eso se sienta un precedente muy nefasto, porque el día de mañana, con el argumento de que cuatro o cinco encapuchados provocan desórdenes y atentan contra las Fuerzas de Orden, se podría generar situaciones muy difíciles al interior de los campus universitarios. Esto debe ser regulado, porque una cosa trae la otra. Responder con violencia no es la mejor vía, y lo pudimos apreciar durante los 17 años del gobierno militar en que todo se hizo con violencia, que sólo terminó cuando la Concertación llegó al Gobierno. Pido que, en mi nombre, se envíe el oficio mencionado, con el objeto de que nuestra Corporación, los parlamentarios y el país sepan bien hasta dónde las Fuerzas de Orden están facultadas para ingresar a un centro universitario, porque tengo mis dudas al respecto. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo. El turno siguiente corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.RECHAZO A INFORMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA DIPUTADA ELIANA CARABALL. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, intervengo en mi calidad de jefe de la bancada democratacristiana para expresar nuestra más absoluta solidaridad con nuestra colega, la diputada señora Eliana Caraball, ante las publicaciones aparecidas en el diario “La Tercera” y la forma en que fue comunicada una noticia relacionada con ella por un medio de televisión tan poderoso como es el canal 13. Después de tantos años de trabajo parlamentario, todos nos conocemos y sabemos la forma en que los diputados cumplen con sus obligaciones. Nuestra camarada Eliana Caraball ha tenido las más altas responsabilidades en la Corporación porque así lo determinaron sus pares, en virtud de su trabajo y de sus condiciones personales y políticas. Por lo tanto, cuando un medio de comunicación hace escarnio público de ella porque, supuestamente, no cumplió con sus obligaciones -es la imagen que queda-, puedo decir que ese medio de comunicación está mintiendo y tergiversando la verdad ante la opinión pública. Aquí todos sabemos que si la señora Eliana Caraball aparece con la peor asistencia en lo formal y escrito, es porque durante más de tres meses estuvo con licencia médica debido a una grave enfermedad. De manera que tuvo una razón justificada para no asistir. Si el periodismo quiere actuar con la verdad, tiene que investigar y decir por qué no concurrió a sesiones, pero no hacerla aparecer como una parlamentaria irresponsable con el Parlamento. Me parece que “La Tercera” y canal 13 han quebrantado las normas éticas del periodismo. Pero, si su Señoría me lo permite, quiero hacer una reflexión más general. Creo que en democracia los medios de comunicación juegan un papel fundamental y que en este país debe existir transparencia. Por eso luchamos durante la dictadura, para alcanzar la democracia en lo político y en lo informativo. Sabemos que en esta economía de mercado, la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en dos grandes grupos económicos, y que ella no permite que tengamos un periodismo más pluralista. Nosotros creemos que debe existir libertad y transparencia, y los medios de comunicación, en aras de la verdad, pueden hacer las investigaciones que quieran respecto de los parlamentarios. Pero ése no es el punto; si queremos investigar, buscar la verdad y hacer transparencia, hagámoslo realmente. A propósito de que otro parlamentario de la bancada democratacristiana -el diputado Tomás Jocelyn-Holt- también fue objeto de escarnio público por parte de “La Tercera”, en conferencia de prensa le manifesté a ese diario -lo reitero ahora- que si queremos buscar la verdad, busquémosla, y si quieren investigar la transparencia de los parlamentarios, háganlo. Por eso, le planteé también un tema: averigüemos lo relativo a las platas, de todos los sectores políticos. ¿Cómo financian sus campañas electorales? ¿De dónde sacan los recursos? De los grupos económicos, uno de los cuales es la propia Copesa. Ahí tenemos un tema de discusión pública y de transparencia. ¿Por qué no lo discutimos? Respecto de canal 13 -un canal de la Universidad Católica, un canal de la Iglesia Católica- yo creo que las exigencias éticas para este canal son mucho más fuertes, en cuanto a buscar la verdad. Aún más, quiero decirle al canal 13: busquemos la verdad y cumplamos con la ley. Sí, por supuesto. También yo, si quisiera hacer las cosas al estilo del canal 13, como fiscalizador le diría a la opinión pública: ¿Por qué el canal 13 no paga impuestos al Fisco, en circunstancias que está usando una concesión del espacio radioeléctrico que pertenece a todos los chilenos? Sin embargo, mediante artilugios, está eludiendo el pago de impuestos que benefician a todos los chilenos. Ahí tenemos un tema de discusión. ¡Hablemos con verdad y hagamos transparencia! Diario “La Tercera” y canal 13, hablemos con la verdad, pero no hagamos una campaña de desprestigio de los políticos, exclusivamente porque los dueños de estos medios pertenecen a un espectro social y político de nuestra sociedad que todos conocemos muy bien. Como jefe de los diputados democratacristianos, protesto por esta situación, y solicito que mi intervención sea enviada al Comité de ética de la Federación de los Medios de Comunicación, con el objeto de que inicie una investigación, previa citación a los medios aludidos, para que los sancione como corresponde por tergiversar y politizar la verdad respecto del desempeño de los parlamentarios, en particular, en el caso de la señora Eliana Caraball. Termino manifestando mi protesta más enérgica en defensa de mis camaradas, en calidad de jefe de los 38 diputados democratacristianos. He dicho. (Aplausos). El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Felipe Letelier, de la bancada democratacristiana y de la Mesa. Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a dos materias muy relevantes para mi provincia. Sin embargo, antes de entrar en su detalle, deseo adherir a las palabras expresadas por el jefe de nuestra bancada, relativas a la calidad, responsabilidad y empeño que pone nuestra colega Eliana Caraball en el desempeño de sus funciones. He visto cómo trabaja por su distrito y cómo se entrega profesionalmente. Una enfermedad coronaria es muy grave, más aún cuando termina en una intervención quirúrgica. Por esas razones, ella tuvo que alejarse durante tres meses, pero, una vez repuesta, ha estado trabajando nuevamente. En verdad, nos sentimos orgullosos de tenerla a ella como colega de nuestra bancada. No se puede desacreditar a una persona y hacer un manejo malicioso de la información.AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE A ALTO HOSPICIO. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, hay dos temas muy relevantes que tienen mucha importancia para la provincia de Iquique. El primero de ellos tiene que ver con la ampliación de la zona franca a la localidad de Alto Hospicio, materia que planteé cuando recién asumí como parlamentaria, también en hora de Incidentes, para que se oficiara el ministro de Economía a fin de que reviera este tema. Hace algunos años se discutió este problema en el Congreso Nacional, pero, lamentablemente, por un error o mala interpretación de algunos parlamentarios de la Derecha, el proyecto fue rechazado. En verdad, se vendieron 70 hectáreas de terreno a la administración de la zona franca en la localidad de Alto Hospicio. Como seremi de Bienes Nacionales de la época, me correspondió firmar la escritura de traspaso de dichos terrenos, en el bien entendido de que iban a ser explotados con el mismo sistema de zona franca; pero, como el proyecto no prosperó, esos terrenos se encuentran desocupados. En Alto Hospicio tenemos gran concentración de cesantía; existe mucha pobreza en esa localidad que es pujante, cuya población ha ido creciendo de manera explosiva, por lo cual se necesita una ocupación de mano de obra importante. La ampliación de zona franca a esa localidad puede significar un despegue para que Alto Hospicio deje de ser una especie de ciudad dormitorio, como es hoy, en que la gente duerme allí y trabaja en Iquique. En verdad, hay que potenciarla y darle una posibilidad de desarrollo. Por esa razón, hemos recibido con mucho beneplácito y alegría, después de mucho insistir -y no lo digo como diputada, porque también del senador Bitar y otros parlamentarios de la zona han insistido sobre esta materia-, la noticia de que llegó finalmente a la Comisión de Economía una indicación en el marco de la discusión de la ley Arica, lo cual es muy positivo. Ojalá que ahora podamos tener el apoyo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para ampliar y fortalecer el sistema de zona franca y generar una ocupación importante de mano de obra en Alto Hospicio.PUNTUALIZACIÓN SOBRE ALCANCES DE DEROGACIÓN DEL IMPUESTO A MERCADERÍAS PROVENIENTES DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficio. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, otro tema planteado de manera insistente por distintos parlamentarios, sobre el cual, en lo personal, hice una presentación en Incidentes, se refiere a la derogación del impuesto del 5,2 por ciento que grava a las mercancías que salen del sistema de zona franca. Sobre esta materia, tengo algunas observaciones respecto de la indicación enviada por el Ejecutivo, primero, porque se ha incluido esta norma dentro del marco del decreto ley Nº 889. La idea de derogar el impuesto del 5,2 por ciento tiene que ver con una obligación ética del Ejecutivo, porque ese impuesto se estableció de manera provisoria. No es posible ni conveniente vincularlo con la supresión del decreto ley Nº 889, instrumento de bonificación a la mano de obra que a Iquique le ha hecho tanta falta. Por esa razón, pido que se oficie al ministro de Economía, a fin de que la derogación del 5,2 por ciento, tan necesaria para fortalecer el sistema de zona franca, no se vincule con los recursos necesarios para la bonificación de la mano de obra a que hace alusión el decreto ley Nº 889. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz, de la diputada señora Eliana Caraball, de los diputados señores Mario Acuña, Juan Núñez y del que habla.CONCLUSIONES DE ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO. Oficios. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara, he recibido los acuerdos del encuentro nacional ampliado de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que agrupa a los pequeños y medianos comerciantes de todo el país. A este encuentro gremial, que se realizó en La Serena los días 19, 20, 21 y 22 de agosto, asistieron trescientos delegados de todo el país. Su objetivo principal fue conocer los efectos que en este sector han tenido las medidas que puso en marcha el Supremo Gobierno para la reactivación de la economía. Hemos recibido copia de las conclusiones de esta importante reunión, entre las cuales destaco las siguientes:1. Formular un ferviente llamado a la Asociación de Bancos y, por su intermedio, a todas las entidades que representa, con el propósito de lograr la flexibilidad que permita la reprogramación de las deudas que afecta el normal desenvolvimiento del comercio detallista.2. Expresar el reconocimiento del gremio al Banco del Estado de Chile por el plan que ha puesto en marcha en apoyo de los numerosos endeudados que se han visto seriamente afectados por la crisis que enfrenta el país. El comercio detallista rechaza toda aquella acción destinada a la privatización de esta entidad bancaria, que se considera fundamental para mantener una adecuada regulación para el desarrollo del sistema financiero.3. Insistir ante los organismos correspondientes del Ejecutivo y del Legislativo, a fin de lograr, en definitiva, que el comercio sea considerado como un sector productivo para que pueda tener acceso a los instrumentos de apoyo tecnológico y financiero de parte de la Corfo y de otras entidades del Estado.4. Reiterar los planteamientos del gremio en orden a establecer una política de Estado que favorezca el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que se constituye en un sector de alto significado para la economía del país, el que, por sus características, requiere del resguardo necesario, especialmente frente a los grandes capitales y monopolios que afectan su normal crecimiento.5. Con el fin de enfrentar con mayor éxito el desafío que impone el mundo moderno al comercio detallista, se acuerda promover programas de capacitación e incentivar al sector para que haga uso de las franquicias de carácter tributario que establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia.6. Manifestar su preocupación por los altos índices de desempleo que sufren más de 600 mil compatriotas y apoyar todos aquellos programas destinados a dar trabajo y que alivien la angustia de numerosos hogares que actualmente se ven seriamente afectados por este grave problema. De este modo, sigue una serie de planteamientos de este encuentro nacional. Señor Presidente, solicito que se envíe copia de mi intervención a los señores Rafael Cumsille Zapata y Jaime Pérez Rodríguez, presidente nacional y secretario general de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que agrupa a una enorme cantidad de pequeños y medianos comerciantes del país. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball, de los diputados señores José Miguel Ortiz, Mario Acuña y del vicepresidente que habla. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 13.28 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado. “Valparaíso, 8 de septiembre de 1999. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que autoriza el traspaso de fondos a la Corporación de Fomento de la Producción para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2496, de 11 de agosto de 1999. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 8 de septiembre de 1999. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha accedido a la proposición de la honorable Cámara en orden a disponer el archivo del proyecto de ley que modifica el artículo 26 de la ley Nº 17.729, que limita los arrendamientos de tierras indígenas a un plazo máximo de cinco años. (Boletín Nº 120-01). Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2529, de 2 de septiembre de 1999. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.3. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción. (boletín Nº 2368-13)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción. El proyecto, iniciado en una moción de los diputados señores Gustavo Alessandri Valdés; Mario Bertolino Rendic; María Angélica Cristi; Roberto Delmastro Naso; Julio Dittborn Cordua; Juan Masferrer Pellizzari; Luis Monge Sánchez; Jaime Orpis Bouchón; Baldo Prokurica Prokurica, y Darío Paya Mira, no ha sido calificado con urgencia en este trámite constitucional. A las sesiones que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron la señora ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña María Josefina Bilbao Mendezana; el Subsecretario del Trabajo, señor Julio Valladares Muñoz; la abogada señora Ymay Ortiz Pulgar, Coordinadora del Programa de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer; la abogada asesora del ministerio de Justicia, señora Amira Esquivel Utreras, y los señores diputados Jaime Orpis Bouchón y Roberto Delmastro Naso.I. ANTECEDENTES GENERALES.a) Consideraciones preliminares. La protección de la maternidad es uno de los aspectos más relevantes tanto del derecho laboral como del derecho social en general. Tal protección tiene un carácter de bien jurídico protegido en el más amplio sentido de la palabra, por cuanto al protegerse a la madre no sólo se la cuida a ella, sino también al hijo y a toda la comunidad, puesto que a toda nación le interesa proteger a sus hijos. Por eso, estas normas de carácter muy general van más allá de lo meramente laboral y se manifiestan, entre otros, en el derecho al descanso, derecho a subsidio, derecho al fuero y derecho a la integridad física de la mujer durante el embarazo. Asimismo, también debe resaltarse la íntima relación del Derecho del Trabajo y de toda la concepción contemporánea del Derecho, en general, que realza la trascendencia del respeto de los derechos humanos, en especial el Derecho a la Vida. En este sentido puede resultar preocupante la existencia de una tendencia destinada a limitar la protección a la maternidad que surge de diversos sectores, que se han traducido en propuestas tales como la exigencia del examen de “pronosticom” para la contratación de trabajadoras, o la exclusión de este beneficio de las trabajadoras informales o de plazo fijo, etcétera. Respecto del fuero maternal, los autores lo consideran, sin dudas, la institución clave que permite el ejercicio de los demás derechos reconocidos y el que, en definitiva, asegura efectivamente la protección a la maternidad, constituyendo la legislación chilena, en esta materia, un referente a nivel internacional.b) La regulación histórica del fuero maternal en Chile. Nuestros legisladores siempre manifestaron preocupación por la regulación del fuero maternal. Es así como, en nuestro Derecho positivo, desde el antiguo Código del Trabajo, dictado por el D.F.L. Nº 178, del ex ministerio de Bienestar Social, de 13 de mayo de 1931, ya se estatuía este tipo de protección a la maternidad, recogiendo las normas del D.L. Nº 442, de 1925, que estableció un régimen de protección a las madres obreras. Posteriormente, tanto el D.L. Nº 2.200, de 1978, como las leyes Nºs 18.620 y 19.250, mantuvieron tal protección, consolidando la institución del fuero maternal como uno de los pilares de la protección a la maternidad.c) Las normas sobre fuero maternal actualmente vigentes. La protección de la maternidad se encuentra consagrada en el Libro Segundo, Título Segundo, artículos 194 al 208, del Código del Trabajo, encontrándose el fuero maternal estatuido, específicamente, en el artículo 201 de dicho cuerpo legal, en relación con el artículo 174 del mismo Código. Este precepto dispone que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la mujer estará amparada por el fuero establecido para los dirigentes sindicales, esto es, no podrá ponérsele término a su contrato de trabajo sin previa autorización del respectivo Juzgado de Letras del Trabajo o del Juzgado Civil en las localidades en que no exista aquél. De acuerdo a lo señalado en este artículo, en armonía con las normas sobre fuero sindical, procede la terminación en el caso del vencimiento del plazo y de la conclusión del trabajo o servicio que dieron origen al contrato y aquellas causales que producen la caducidad inmediata de la relación laboral. Si por ignorancia de tal estado se hubiere dispuesto la terminación del contrato sin sujetarse a las normas sobre fuero laboral, quedará sin efecto esa medida y la mujer volverá a su trabajo bastando la sola certificación médica o de matrona, sin perjuicio de la remuneración a que tiene derecho por el tiempo en que indebidamente hubiere sido separada del trabajo, si durante ese tiempo no hubiere tenido derecho a subsidio. No obstante, se establece un plazo de sesenta días para que la trabajadora afectada ejerza el derecho al fuero maternal, en caso que el empleador ponga término a su contrato de trabajo por ignorancia del estado de embarazo.d) Legislación comparada. El fuero maternal figuró entre las primeras cuestiones de que se ocupó la Organización Internacional del Trabajo, lo que se tradujo en tres instrumentos que se refieren a él: el Convenio Nº 3, de 1919, relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto; el Convenio Nº 103, de 1952, que revisó el anterior y que, en rigor, es el único vigente, y la Recomendación Nº 95, del mismo año, sobre la protección de la maternidad. En materia de fuero maternal, asociado a la adopción, España dictó el año 1995, el Real Decreto Legislativo Nº 1/1995, el que en su artículo 46, número 3, dispone que: “Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.”. Por su parte, el artículo 48 de dicho Real Decreto Legislativo dispone que “En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la suspensión tendrá una duración máxima de ocho semanas contadas, a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años, la suspensión tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.”.e) Nueva propuesta legislativa en materia de fuero maternal. Para los autores de la moción en informe, el fuero maternal constituye un principio generalmente aceptado en las legislaciones laborales con el fin de proteger la maternidad. Con él se pretende otorgar una protección legal a aquellos trabajadores que se encuentren en un estado de vulnerabilidad o que requieran de cierta autonomía frente al empleador. Así, los beneficiados con él, sólo pueden ser despedidos en virtud de una calificación judicial del mérito que arrojen las causales invocadas por el empleador. Sin embargo, nuestra actual legislación lo consagra en los artículos 174 y 201 del Código del Trabajo sólo para aquellos casos en que la maternidad supone la existencia previa de un embarazo. Es decir, restringe la institución del fuero maternal en materia laboral a todas aquellas mujeres que se convierten en madres en virtud de un parto. Para dichos autores no existen razones de ninguna especie para no otorgar este beneficio a aquellas mujeres que en virtud del proceso de adopción establecido en la ley respectiva se convierten en madres, pues es un principio de derecho que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. A consecuencia de lo anterior se produce una situación de discriminación respecto de aquellas mujeres que habiendo manifestado ante un tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a la ley de adopción y habiéndoseles otorgado el cuidado personal o tuición del menor, deben, además, cumplir con las obligaciones necesarias para desempeñarse adecuadamente en el ámbito laboral y poder de esta forma generar los ingresos necesarios para ella y su familia.II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO. En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que el proyecto en informe consta de un artículo permanente cuyo objetivo básico es extender el derecho a fuero laboral de la madre biológica a aquellas mujeres que manifiesten ante un tribunal la voluntad de adoptar un niño (a). Para tal efecto, contempla dos numerales. Por el primero, modifica el artículo 201 del Código del Trabajo para agregar, a continuación de su inciso primero, tres incisos nuevos del siguiente tenor, pasando su actual inciso segundo a ser quinto: “Tratándose de mujeres que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones de la ley de adopción, el plazo de un año establecido en el inciso precedente se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a la mujer trabajadora el cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley de adopción o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley. En los casos del inciso segundo del artículo 199 y del artículo 200, el plazo de un año se contará desde que hubieren expirado los permisos que se le confieren a la mujer trabajadora en virtud de los referidos artículos. Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en los incisos precedentes desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial.”. Por el segundo, introduce en el nuevo inciso quinto del mismo artículo, las siguientes modificaciones:a) Intercálase, entre la frase “Si por ignorancia del estado de embarazo” y la frase “se hubiere dispuesto el término de contrato”, lo siguiente: “...o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo precedente...”, yb) Intercálase, entre la frase “certificado médico o de matrona” y la locución “sin perjuicio del derecho a remuneración...”, lo siguiente: “o bien un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, según sea el caso,...”.III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO. En el proyecto en informe, no existen disposiciones que revistan el carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN. La Comisión invitó a las sesiones que destinó al estudio de este proyecto a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña María Josefina Bilbao Mendezana; a la abogada señora Ymay Ortiz Pulgar, Coordinadora del Programa de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer; a la abogada asesora del Ministerio de Justicia, señora Amira Esquivel Utreras, quien concurrió en representación de la señora Ministra de Justicia, que se excusó de asistir, y a todos los señores diputados patrocinantes de la moción, registrándose la asistencia sólo de los señores Jaime Orpis Bouchón, Roberto Delmastro Naso y Mario Bertolino Rendic.V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. Vuestra Comisión estimó que ninguno de los preceptos contenidos en este proyecto deben ser conocidos, reglamentariamente, por la Comisión de Hacienda.VI. DISCUSIÓN GENERAL. Al inicio del estudio del proyecto por parte de vuestra Comisión, la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña María Josefina Bilbao, señaló que la iniciativa recoge una justa demanda de aquellas mujeres que, impedidas de tener hijos, deciden adoptar menores para hacerlos sus hijos, extendiéndoles el derecho a fuero maternal prevenido en el artículo 201 del Código del Trabajo, en la forma y condiciones que se proponen. Hizo presente que, actualmente, el Código del Trabajo, haciéndose cargo de la realidad de muchos y muchas trabajadoras que conforme a la legislación de adopción vigente deciden adoptar menores, asimila la situación de los padres adoptivos a la de los padres biológicos, confiriéndoles el derecho al permiso por enfermedad de los hijos que se establecen en él. Señaló que, en efecto, los padres adoptivos gozan de los permisos establecidos en los artículos 199 y 199 bis del Código del Trabajo, esto es, aquellos que se confieren en casos de enfermedad grave de los menores. Adicionalmente, en el caso de los permisos establecidos para el caso de enfermedad grave de los menores de un año, el padre o madre trabajador que lo tenga a su cuidado, y a quien se le hubiere otorgado la tuición o cuidado personal por sentencia judicial, tendrá también derecho al subsidio respectivo. Tratándose de los permisos por enfermedad grave del hijo mayor de un año y menor de dieciocho, los padres adoptivos, al igual que los biológicos, gozan del derecho a que uno de ellos -a elección de la madre-, se ausente de sus labores para atender al menor, debiendo en todo caso restituir el tiempo no trabajado mediante imputación a su feriado anual o con horas extraordinarias. Otro tanto sucede, expresó, con los derechos a sala cuna y el de alimentar a los hijos menores de dos años, que también se hace extensivo a las madres adoptivas. Añadió, asimismo, que el artículo 200 del Código del Trabajo establece el derecho a subsidio y permiso hasta por doce semanas, para los trabajadores o trabajadoras que tengan bajo su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor, como medida de protección. Pero, señaló, este esfuerzo por igualar la situación de los padres adoptivos a los padres biológicos -actualmente legítimos o naturales y, a partir del 26 de octubre de 1999, simplemente padres-, no ha alcanzado al fuero maternal que conforme al artículo 201 del Código del Trabajo, sólo ampara a la mujer “embarazada”. Así las cosas, el fuero maternal hasta la fecha nace para amparar el embarazo de la mujer y la vida del hijo que está por nacer. El fuero permitirá que la mujer no sea separada de su trabajo, lo que unido a la obligación del empleador de destinarle a labores acordes con su estado, harán posible a ésta compatibilizar su gravidez con el trabajo. Una vez que el hijo nace, el fuero protegerá la maternidad, entendida como el bienestar del menor recién nacido y la madre trabajadora. La mantención del trabajo de la madre será esencial para que ésta pueda, una vez terminado el descanso postnatal, seguir apoyando al sustento de la familia. Expresó, asimismo, que el Título II del Libro II del Código del Trabajo, “De la Protección a la Maternidad”, establece los siguientes derechos y prerrogativas ligadas a la maternidad: los descansos pre y postnatal, el subsidio maternal, el permiso y subsidio para cuidar al hijo menor de un año en caso de enfermedad grave de éste, el permiso en caso de enfermedad grave de un hijo mayor de un año y menor de dieciocho, el fuero maternal, el derecho a sala cuna, y permiso para alimentar al hijo menor de dos años y la prohibición de realizar trabajos perjudiciales durante el embarazo. De todos esos derechos y prerrogativas, el fuero maternal sólo está establecido a favor de la maternidad biológica, amparando esencialmente el proceso biológico del embarazo, sin beneficiar a los padres adoptivos, no obstante que éstos deben ocuparse del cuidado de sus hijos adoptivos de igual manera que los padres biológicos deben cuidar de sus hijos. Así considerado, el fuero maternal no favorece a las mujeres que deciden convertirse en madres a través de un proceso de adopción, lo que ciertamente podría constituir una discriminación, que es precisamente lo que el proyecto pretende evitar, máxime si se considera que muchas veces los matrimonios que deciden adoptar un hijo lo hacen por estar impedidos de procrear. Por lo expuesto, le parece razonable apoyar una iniciativa como la propuesta, lo que ciertamente está acorde con la posición que ha mantenido el Ejecutivo, por ejemplo, al promover otras modificaciones legales que terminaron por consagrar derechos parentales a los padres adoptivos. No obstante lo anterior, señaló la señora Ministro que, a su juicio, el articulado propuesto por los diputados adolece de algunos errores e imprecisiones que es necesario resolver. En primer lugar, las modificaciones que se hacen al artículo 201 del Código del Trabajo suponen más que agregar incisos, “intercalarlos”, ya que los actuales segundo y tercero se propone que sigan existiendo, aunque con modificaciones. En segundo término, le parece que es importante partir por señalar expresamente que el fuero maternal se hace extensivo a las mujeres que deciden adoptar un hijo en conformidad a la ley, para así entrar a normar las condiciones y plazos del mismo. Y por último, conviene plantearse si la prerrogativa valdrá para todas las adopciones, o sólo la de menores de una edad determinada. Estas dos últimas observaciones han sido recogidas en las observaciones planteadas a la moción por la Dirección del Trabajo. Por las razones anteriores, señaló que le parece aconsejable que el Ejecutivo presente una indicación sustitutiva a la moción, de tal forma de poder hacerle al proyecto las adecuaciones que necesita. También sugirió que sería importante definir si la extensión del fuero debe beneficiar a todos los casos de adopción de menores o es aconsejable ponerle un límite a la edad de los adoptados. También hizo presente que la señora Ministra de Justicia ha expresado su apoyo al proyecto, pero ha manifestado observaciones a la falta de límite de edad del adoptado para los efectos de fuero. Por último, expresó que ha mantenido conversaciones con personeros del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, quienes han confirmado que esa cartera ve con buenos ojos el proyecto, pero cree indispensable ponerle límites al fuero que se hace extensivo a los padres adoptivos, en el sentido de que no se justifica otorgarlo frente a adopciones de menores de más de un año de edad, ya que hasta esa fecha a las madres les asiste el derecho a permisos por enfermedad grave del menor. Por su parte, la señora Ministra de Justicia, acompañó un documento a la Comisión en el cual da a conocer su opinión acerca del proyecto en informe. En él señala que estima de toda conveniencia la moción presentada, puesto que iguala la situación de la madre biológica a la de la mujer que decide adoptar, sin embargo, se considera necesario que este fuero se fije, como en los artículos 199 y 200, dentro de un rango de edad del menor que se adoptará. Asimismo, el señor Subsecretario del Trabajo, don Julio Valladares Muñoz, expuso que esa Secretaría de Estado comparte la opinión que han entregado el Sernam y el Ministerio de Justicia. Señaló que es muy importante definir el alcance de la expresión menor, porque el fuero maternal cautela la primera parte de la infancia, y en virtud del proyecto podría adoptarse a una persona de quince años de edad, lo que lo haría asimétrico con lo dispuesto en el Código del Trabajo. Por su parte, el diputado señor Jaime Orpis, uno de los patrocinadores de esta iniciativa, expuso que el próximo 26 de octubre entrará en vigencia la ley de filiación conjuntamente con la nueva ley de adopción y que, lamentablemente, la materia contemplada en la moción en estudio no fue incorporada en esta última ley. Agregó que el fuero contemplado en el artículo 201 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 174 del mismo cuerpo legal, se refiere exclusivamente a la madre biológica, haciendo una discriminación injusta en contra de la madre adoptiva y del propio adoptado. Explicó que éste beneficia a la madre biológica desde el momento mismo del embarazo y que, con respecto a la madre adoptiva, se ha determinado en el proyecto, que comience a correr desde que se otorga la tuición del menor, por parte del tribunal, dentro del proceso de adopción. Sobre lo mismo, indicó que la tramitación en la nueva ley de adopción no tiene carácter controvertido sino más bien administrativo y que el juez otorga la tuición o cuidado personal del menor cuando tiene la convicción sobre la idoneidad del futuro adoptante. Con respecto al término del fuero, señaló que en el caso de la madre biológica, se extiende hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo. En el caso de la madre adoptante se está frente a una situación distinta, puesto que la ley 19.620, dispone en su artículo 8º, que pueden ser adoptados los menores de 18 años. Enfatizó que el proceso de crear un vínculo familiar en el caso de la adopción, especialmente si se trata de un menor adulto, es mucho más difícil y requiere una gran dosis de dedicación, de amor y de entrega. Ésta es la razón de por qué el proyecto no contempla un límite en la edad del adoptado para reconocer el fuero en el caso de la madre adoptiva. Por su parte, los señores diputados integrantes de la Comisión concordaron, unánimemente, con el espíritu que anima el proyecto en informe y valoraron altamente esta iniciativa felicitando a sus autores. No obstante, algunos de ellos manifestaron su interés en presentar indicaciones para mejorar la propuesta legal, especialmente respecto de la posibilidad de que también se extiendan los beneficios a los trabajadores, solteros o viudos, que postulen a la adopción, en los términos indicados en los artículos 20 a 22 de la Ley Nº 19.620, aun cuando alguno de ellos manifestó su preocupación en el sentido de que estas modificaciones pudieran significar, en los hechos, una discriminación respecto de la madre biológica cuyo fuero se extiende hasta sólo un año después de expirado el descanso maternal. No obstante, expresaron que es necesario legislar en la materia con el objeto de adecuarla con la nueva ley de adopción. Asimismo, concluyeron concordando en que el proyecto en estudio complementa la normativa del que establece el sistema de protección a la maternidad. Como consecuencia de este intercambio de opiniones vuestra Comisión aprobó por unanimidad, en general, el proyecto en Informe.VII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN GENERAL. No hubo opiniones en tal sentido.VIII. DISCUSIÓN PARTICULAR. Vuestra Comisión adoptó respecto de los numerales contenidos en el artículo único del proyecto, cuya votación se dividió, los siguientes acuerdos, reproduciéndose su texto para una mejor comprensión:“ARTÍCULO ÚNICO Artículo único.- Modifícase el Código del Trabajo en la forma que a continuación se indica: 1. Agréganse al artículo 201 los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser quinto: Inciso segundo nuevo.- “Tratándose de mujeres, que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones de la ley de adopción, el plazo de un año establecido en el inciso precedente se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a la mujer trabajadora el cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley de adopción o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley.”. Al respecto, es útil señalar, en relación con la discusión de esta modificación propuesta, que el artículo 19 de la Ley Nº 19.620, sobre adopción, dispone en el inciso primero que “El juez ante el cual se siga alguno de los procedimientos regulados en este Título, en cualquier momento en el que el interés del menor lo aconseje, podrá confiar su cuidado personal a quienes hayan manifestado al tribunal su voluntad de adoptarlo y cumplan con los requisitos señalados en los artículos 20, 21 y 22”. Por su parte el inciso tercero del artículo 24 de la misma ley dispone: “El juez, en cualquier etapa del procedimiento, podrá poner término al ejercicio del cuidado personal del menor por los interesados, cuando así lo estime necesario para el interés superior de aquél. En todo caso, cesará de pleno derecho si el tribunal denegare la solicitud de adopción, de lo que se dejará constancia en la misma sentencia, la cual dispondrá además la entrega del menor a quien confíe su cuidado en lo sucesivo”. Por su parte, el Sernam sostuvo, a través de la Coordinadora del Programa de Reformas Legales, que el fuero persigue brindar protección a la mujer desde el momento de la concepción hasta un año después del nacimiento del hijo, respecto de todos los derechos que le confiere la ley, especialmente en cuanto a los permisos. Por lo tanto, este fuero debería ser complementario de los derechos de la madre adoptiva -similares a los de la madre biológica- en el caso de los adoptados menores de seis meses de edad. De igual manera, expresó la preocupación por la situación del padre trabajador que puede hacer uso de los permisos postnatales en caso de fallecimiento de la madre, pero que no está protegido por el fuero, según lo dispone el artículo 195 del Código del Trabajo. Los patrocinadores del proyecto replicaron que la situación de la madre biológica y de la adoptiva son dos instituciones absolutamente distintas. Un menor de 17 años, que presente problemas conductuales, necesita de atención y cuidado especial de sus padres adoptivos. Esta especial situación requiere no sólo de permisos, sino de la tranquilidad que otorga el fuero. Por lo demás, en términos cuantitativos, argumentaron que las adopciones anuales no superan el centenar. Los señores Bertolino, Bustos, don Manuel; Muñoz, don Pedro; Orpis, Riveros y Seguel formularon indicación para intercalar, en el inciso segundo propuesto, entre el término “mujeres” y la palabra “que”, la frase “u hombres solteros o viudos”, y sustituir la locución “la mujer trabajadora” por “éstos trabajadores”. -Fue aprobada por unanimidad. Inciso tercero nuevo.- “En los casos del inciso segundo del artículo 199 y del artículo 200, el plazo de un año se contará desde que hubieren expirado los permisos que se le confieren a la mujer trabajadora en virtud de los referidos artículos”. Los señores Bertolino, Bustos, don Manuel; Muñoz, don Pedro; Orpis, Riveros y Seguel formularon indicación para eliminar el inciso tercero nuevo propuesto en el artículo único del proyecto. -Fue aprobada por unanimidad. Inciso cuarto nuevo.- Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en los incisos precedentes desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial”. Los señores Bertolino, Bustos, don Manuel; Muñoz, don Pedro; Orpis, Riveros y Seguel formularon indicación para sustituir, en el inciso cuarto nuevo propuesto, la frase: “los incisos precedentes” por “el inciso precedente”. -Fue aprobada por unanimidad.2. Introdúcense, en el antiguo inciso segundo, que pasa a ser inciso quinto del mismo artículo, las siguientes modificaciones:a) Intercálase, entre la frase “Si por ignorancia del estado de embarazo” y la frase “se hubiere dispuesto el término de contrato”, lo siguiente: “o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo precedente”. -Fue aprobada por unanimidad.b) Intercálase, entre la frase “certificado médico o de matrona” y la locución “sin perjuicio del derecho a remuneración...”, lo siguiente: “o bien un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, según sea el caso,...” Los señores Bertolino, Bustos, don Manuel; Muñoz, don Pedro; Orpis, Riveros y Seguel formularon indicación para sustituir la frase: “un certificado” por “una copia autorizada de la resolución” y para intercalar entre las expresiones “menor,” y “según sea el caso” la frase “en los términos del inciso segundo,”. -Fue aprobada por unanimidad.IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN. En esta situación se encuentra el inciso segundo del artículo único propuesto que incorporaba un nuevo inciso tercero al artículo 201 del Código del Trabajo.X. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN. Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY: Artículo único.- Modifícase el Código del Trabajo en la forma que a continuación se indica: 1. Agrégase al artículo 201 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto: “Tratándose de mujeres u hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones de la ley de adopción, el plazo de un año establecido en el inciso precedente se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a estos trabajadores el cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley de adopción o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley. Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en el inciso precedente desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial”.3. Introdúcense, en el nuevo inciso cuarto del mismo artículo, las siguientes modificaciones:a) Intercálase, entre la frase “Si por ignorancia del estado de embarazo” y la frase “se hubiere dispuesto el término de contrato”, lo siguiente: “...o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo precedente...”.b) Intercálase, entre la frase “certificado médico o de matrona” y la locución “sin perjuicio del derecho a remuneración...”, lo siguiente: “o bien una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso,...”.-o- Se designó diputado informante a don Jaime Orpis Bouchón. Sala de la comisión, a 31 de agosto de 1999. Acordado en sesiones de fechas 10, 17 y 31 de agosto de 1999, con asistencia de los señores Bertolino, don Mario; Bustos, don Manuel (Presidente); Fossa, don Haroldo; Muñoz, don Pedro; Muñoz, doña Adriana; Navarro, don Alejandro; Paya, don Darío; Pérez, don Aníbal; Prochelle, doña Marina; Riveros, don Edgardo y Seguel, don Rodolfo. Asistieron, asimismo, a sus sesiones, los señores Delmastro, don Roberto y Orpis, don Jaime. (Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ. Abogado-Secretario de la Comisión”.4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Carta Fundamental, en lo relativo a la oportunidad en que han de reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional. (boletín Nº 2089-07-1)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de reforma constitucional individualizado en el epígrafe, iniciado en moción del ex senador señor Nicolás Díaz Sánchez.-o- Se hace constar que, dada su naturaleza jurídica de normas constitucionales y por incidir en el Capítulo XIV, “Reforma de la Constitución”, las disposiciones que se contienen en el proyecto que se propone aprobar requerirán, para su aprobación, del voto conforme de las dos terceras partes de los diputados en ejercicio, por así disponerlo el artículo 116 de la Carta Fundamental.-o- La disposición aprobada por el Senado reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 117 de la Constitución. Este artículo establece, en sus dos primeros incisos, la participación de ambas Cámaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesión pública, en el proceso de reforma de la Carta Fundamental, en los siguientes términos: “Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesión pública, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, sesenta días después de aprobado un proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate. Si en el día señalado no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará al día siguiente con los diputados y senadores que asistan”.-o- La disposición transcrita es, salvo algunas diferencias formales, igual a la establecida en el artículo 108 de la Constitución de 1925, por lo que parece útil consignar lo que han expresado los tratadistas acerca de su sentido y alcance. El plazo que en esta disposición se establece -sesenta días- tiene por objeto proporcionar a los constituyentes un período suficiente de reflexión, a fin de que mediten sobre la necesidad, oportunidad y alcance de las modificaciones acordadas. La solemnidad inherente a la reunión del Congreso Pleno contribuye a permitir no sólo a los representantes populares, sino al país entero la posibilidad de medir las consecuencias de los cambios aprobados, suministrando a la opinión pública la ocasión de influir en el voto de sus personeros en el Parlamento. La reunión del Congreso Pleno debe verificarse sesenta días después de aquél en que se produce la aprobación del proyecto, o sea, el último trámite constitucional, porque entonces se manifiesta la voluntad de la rama colegisladora que pone fin a la tramitación. La reunión es presidida por el Presidente del Senado y su objeto es, simplemente, como lo expresa la ley fundamental, que las dos Cámaras reunidas tomen conocimiento del proyecto y procedan a votarlo sin debate, aun cuando suele admitirse la fundamentación pública de los votos. El quórum señalado para la reunión del Congreso Pleno es la mayoría -la suma- del total de los miembros de las dos Cámaras, o sea del Congreso, no de una y otra rama consideradas separadamente. Al fijar este requisito, no se habla de los miembros en ejercicio, sino sólo “de sus miembros”, esto es, a todos los que componen las ramas legislativas, al número que tienen. (120 + 48 = 168) Para que se entienda ratificado el proyecto en el Congreso Pleno basta la mayoría absoluta de los asistentes. Si en el día señalado no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará al día siguiente, cualquiera que éste sea, aun festivo o inhábil, esté o no esté el Congreso en funciones, y la sesión se realizará con los diputados y senadores que asistan.-o- En la moción que sirve de antecedente a esta reforma constitucional, se hace presente que, por la existencia de una fecha fija y fatal para la realización del Congreso Pleno, basta cualquier fenómeno imprevisto para impedir la realización de la sesión o la obtención del quórum necesario. Para obviar esta situación, se propone sustituir el inciso primero del artículo 117 con el fin de que la fecha de la sesión no exceda los sesenta días contados desde la aprobación del proyecto correspondiente, y que ella sea establecida por el Presidente del Senado, quien la fijará buscando asegurar la mayor asistencia posible. -o- La experiencia de los últimos períodos legislativos, tal como se expresa en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, ha dejado en evidencia los inconvenientes a que da lugar la rigidez de la norma que se propone reformar. En relación con la fijación de la fecha del respectivo Congreso Pleno por parte del Presidente del Senado, los integrantes de esa Comisión estimaron que ello no implica la entrega de una nueva atribución a dicha autoridad, quien, en la actualidad, cumple esa tarea y, por lo mismo, es razonable que sea él quien pondere las circunstancias que aseguren el buen éxito de la convocatoria. A mayor abundamiento, tuvieron presente que la Ley Suprema deja a cargo de la misma autoridad funciones de naturaleza análoga como, por ejemplo, la de tomar el juramento o promesa al Presidente electo, después de que el Congreso Pleno haya tomado conocimiento, con arreglo al artículo 27 de la Carta Fundamental, de la resolución de proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones. -o- En el proyecto aprobado por el Senado, se acota el lapso dentro del cual debe verificarse la sesión de Congreso Pleno, proponiendo que ésta se realizará no antes de treinta días ni después de sesenta, contados desde la aprobación del respectivo proyecto. En caso de no reunirse la mayoría del total de los miembros del Congreso en el día y hora señalados, la sesión se verificará el mismo día -no al siguiente-, a una hora posterior, que el Presidente del Senado indicará con anterioridad y en la respectiva convocatoria, con los diputados y senadores que asistan.-o- La Comisión, atendida la circunstancia de tratarse de una iniciativa que consta de un artículo único, que introduce una modificación puntual y específica en la Constitución Política de la República, acordó discutirla en general y particular a la vez. Después de analizar la iniciativa original y el texto aprobado por el Senado, la normativa constitucional que ha existido en materia de ratificación de las reformas constitucionales y su alcance, así como las opiniones que la doctrina nacional ha emitido sobre el particular, hubo coincidencia de pareceres en la Comisión acerca de la necesidad de legislar sobre la materia a que se refiere, pero no en cuanto a la forma de hacerlo. Algunos diputados fueron de opinión de que debía explorarse una solución más radical a la propuesta en el proyecto y disponer derechamente la supresión del trámite de la ratificación de las reformas constitucionales por el Congreso Pleno. La mayoría de la Comisión, en cambio, concordó con las ideas planteadas en la moción y con las razones que la sustentan, estimando que el proyecto que el Senado ha aprobado resuelve el problema que genera la realización del Congreso Pleno en una fecha fija e inamovible, sin afectar en su esencia el sistema de aprobación de una reforma constitucional, pues sólo incide en aspectos meramente procedimentales.-o- Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto, se aprobó en general y en particular por mayoría de votos, en los mismos términos que lo hiciera el Senado.-o- En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad el señor diputado informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al proyecto aprobado por el Senado, que a continuación se transcribe:“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo único.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 117 de la Constitución Política de la República, por los siguientes: “Artículo 117. Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno, serán convocadas por el Presidente del Senado a una sesión pública, que se celebrará no antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la aprobación de un proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, en la que, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate. Si a la hora señalada no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará el mismo día, a una hora posterior que el Presidente del Senado haya fijado en la convocatoria, con los diputados y senadores que asistan”. Se designó diputado informante al señor Sergio Elgueta Barrientos. Sala de la Comisión, a 7 de septiembre de 1999. Tratado y aprobado, conforme se consigna en el acta de la sesión del 7 de septiembre de 1999, con asistencia de los diputados y diputadas Sergio Elgueta Barrientos (Presidente), Gabriel Ascencio Mansilla, Francisco Bartolucci Johnston, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Juan Antonio Coloma Correa, Aldo Cornejo González, Alberto Espina Otero, Pía Guzmán Mena, Enrique Krauss Rusque, Zarko Luksic Sandoval, Aníbal Pérez Lobos, Laura Soto González e Ignacio Walker Prieto. (Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Secretario de la Comisión”.5. Moción de los diputados señores Tuma, Ojeda, Núñez, Urrutia, Leal, Osvaldo Palma y de la diputada señora Fanny Pollarolo. Regula la publicidad en la venta de medicamentos y establece la obligación de incluir la denominación genérica en la prescripción de los mismos. (boletín Nº 2399-11). La importancia de una política nacional sobre medicamentos. Existe una tradición mundial en defensa del interés de los pacientes y de los consumidores en materia de medicamentos. La O.M.S. ha elaborado directivas reguladoras sobre las condiciones sanitarias exigibles para la comercialización de estos productos, estableciendo mecanismos de vigilancia de reacciones adversas y el intercambio de información cuando está en juego la seguridad de los enfermos. En los últimos 25 años, la gran mayoría de los países modernos han implementado legislaciones sobre medicamentos. En este proceso se pueden distinguir tres generaciones de normas. La primera, que se extiende hasta los años setenta, exige seguridad pero no reclama demostración de eficacia, la segunda exige seguridad y eficacia demostrada en los ensayos clínicos controlados, y la tercera incluye la variable de un uso racional. Las orientaciones de la O.M.S. y las normas nacionales están dirigidas a reducir los riesgos que involucra el uso de medicamentos. El beneficio de los fármacos no sólo se expresa en términos de vidas salvadas y sufrimientos evitados, sino también en relación a la minimización de enfermedades y hospitalizaciones, y en referencia a los ahorros económicos obtenidos por la sustitución de tratamientos. El medicamento es un producto que posee características muy especiales, pues es adquirido por un usuario cautivo, quien a causa de una enfermedad requiere de un tratamiento prescrito por un profesional de la salud. Muchas veces, la adquisición de estos remedios responde a compras compulsivas, orientadas por la mera automedicación y constituye un serio riesgo para la salud humana. En Chile el gasto de medicamentos asciende aproximadamente a más de 650 millones de dólares anuales, de los cuales 200 millones se gastan a través de la autoadministración de remedios. Más del 60% de la población de Santiago se autorreceta, esta cifra en regiones alcanza el 79%. Cada familia al año gasta en promedio aproximadamente 60 mil pesos en medicamentos. Según estudios publicados en la Revista Médica de Chile la prescripción de remedios por parte de los mismos vendedores llega al 41%. Más del 50% de los medicamentos que se comercializan en el país se venden libremente sin previa prescripción y casi el 90% de ellos debería estar rotulado como “venta bajo receta médica”. En este escenario, el consumidor carece de los conocimientos e información suficiente para optar entre las alternativas que existen en el mercado. A ello se agrega la presión publicitaria que desarrolla la industria farmacéutica, tanto sobre los profesionales, los canales de distribución -farmacias- y directamente sobre los consumidores. Esta particularidad de los medicamentos, ha motivado a gobiernos de los distintos países a dictar legislaciones específicas en materia de remedios. Éstas contemplan programas integrales, que incluyen fiscalización desde la elaboración hasta su venta, programas informativos y de educación en la población para desincentivar el consumo abusivo de estas sustancias. Recientemente, Brasil se incorporó a los países que cuentan con estas legislaciones al aprobar la normativa que modifica la ley sobre vigilancia sanitaria, con el objetivo de establecer el medicamento genérico. Con esta disposición los laboratorios deberán utilizar en los embalajes el nombre del principio activo del producto y se asegura que la rotulación esté debidamente destacada. Con esta legislación los pacientes tendrán la opción de escoger medicamentos con menor precio. Una legislación general de medicamentos debe velar por el progreso de la atención de salud, aprovechar los beneficios y disminuir los riesgos que los medicamentos pueden originar. No existen dudas sobre los beneficios que reportan el uso racional de los medicamentos, pero del mismo modo, su abuso puede originar grandes complicaciones, como también infrautilización de ellos. Desde esta perspectiva, es prioritario dotar a nuestro país de una política integral de medicamentos que contemple los siguientes aspectos:a) Implementación de un plan de fomento de la investigación y desarrollo del sector farmacéutico.b) Ley marco de medicamentos que regule la comercialización de remedios, su autorización sanitaria y registro previo, definiendo la categoría de los medicamentos.c) Creación de mecanismos de evaluación previos a la autorización de la especialidad farmacéutica para ser puesta en el mercado de modo de obtener productos seguros, eficaces, de calidad, correctamente identificados, con información apropiada y actualizada.d) Establecimiento de los requisitos y garantías exigibles para la concesión de la autorización de los medicamentos, que garanticen seguridad, no toxicidad o tolerancia, eficacia, calidad, pureza y estabilidad, identificación y adecuada información.e) Modernización de los organismos públicos con el objetivo de lograr una acción responsable, ágil, oportuna y rigurosa.f) Elaboración de una política de vigilancia farmacológica que permita observar oportunamente las reacciones adversas de los medicamentos.g) Fiscalización del mercado farmacéutico incorporando mecanismos de evaluación rigurosos, que garanticen el acceso al mercado, de manera transparente y sin discriminación entre empresas. Ello implica observar las transformaciones en las estructuras productivas, la adquisición y concentración de la propiedad, fusiones, capital y creación de nuevas empresas.h) Política de fomento de la transparencia del mercado.i) Control público de la publicidad de los medicamentos. Sobre el uso racional de los medicamentos: Este concepto ha sido acuñado por la O.M.S. y conlleva un conjunto de actividades destinadas no sólo al uso adecuado del medicamento por parte del paciente, sino también, y sobre todo, contempla medidas reguladoras sobre la información, condiciones de venta, forma e instrumentos de dispensación tanto al público, como en centros de atención sanitaria. En Chile, la Constitución Política del Estado, artículo 19 Nº 9, garantiza el derecho a la salud de la población. En consecuencia, es deber del Estado velar por el ejercicio de esta garantía. En materia de medicamentos, estos productos están regulados por diversos cuerpos legales que radican en el Instituto de Salud Pública (ISP), la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, la realidad demuestra un progresivo aumento en el consumo indiscriminado de medicamentos a través de la automedicación. Lo anterior hace necesario promover el uso racional de estos productos, fortaleciendo la actual legislación e incorporando las siguientes áreas:a) El fortalecimiento de programas de formación de profesionales de farmacología.b) El fortalecimiento del rol de los profesionales de farmacología en la dispensación y control.c) La creación de sistemas de información de medicamentos.d) La regulación de las recetas médicas.e) Dictación de normas para regular la información y promoción de medicamentos dirigida a los profesionales sanitarios.f) Implementación de programas destinados al mejoramiento de la atención primaria, especializada y hospitalaria.g) Creación de comisiones consultivas de evaluación y control de los medicamentos, incorporando las orientaciones de la OMS y los acuerdos internacionales.h) Procurar una política regional en materia de medicamentos, vinculada a los bloques comerciales en los que participa Chile, especialmente el Mercosur.i) Involucrar a los agentes comprometidos en el sector, industria farmacéutica, profesionales sanitarios, poderes públicos, los ciudadanos.j) Establecer incompatibilidades entre el ejercicio de la profesión farmacéutica, atención en farmacias y prescripción de medicamentos, con la participación en las utilidades, primas, incentivos o recepción de obsequios por parte de personas vinculadas a la fabricación o comercialización de productores farmacéuticos.k) Regulación sobre la garantía y eficacia de medicamentos aplicables a los animales, especialmente aquellos que están destinados al consumo humano.j) Fiscalizar la integración vertical. Incompatibilidad entre productor, distribuidor y vendedor. Ideas matrices del proyecto: El proyecto incorpora normas que regulan la publicidad y venta de los medicamentos. Con este propósito se fortalece la facultad del Instituto de Salud Pública, como organismo fiscalizador, para que pueda retirar productos y tomar muestras en los establecimientos que expenden medicamentos. Para mejorar la información de los usuarios se establecen normas para la rotulación de los productos farmacéuticos y se obliga a incluir indicaciones para su buen uso. Se prohíbe la comercialización de los medicamentos genéricos que no hayan sufrido ninguna modificación en sus formulaciones que tenga mejorías en sus efectos terapéuticos. De este modo, se propone eliminar el sobreprecio que algunas empresas aplican a los fármacos sólo por el posicionamiento comercial del nombre de fantasía. A través de este proyecto se regula la publicidad de los medicamentos en los medios de comunicación masivos, se establecen restricciones a fin de evitar mensajes que estimulen la automedicación, que induzcan a engaño o un uso abusivo de los medicamentos. Se faculta al IPS para limitar, condicionar o prohibir la publicidad de los medicamentos, excluyendo toda promoción de venta de fármacos a través de concursos, premios o sorteos. Con el propósito de resguardar la transparencia en la prescripción y venta de los medicamentos, se establece la prohibición expresa de percibir estímulos, incentivos o participación en utilidades para todos los profesionales y empleados que se desempeñan en farmacias o establecimientos que expenden medicamentos o que prescriben su uso. Por último, se contemplan altas multas para quienes vulneran las disposiciones contenidas en el Título II del Código Sanitario, que establece las normas sobre los productos farmacéuticos. Los infractores se expondrán sanciones que alcanzan hasta el 10% del promedio de la facturación de los últimos seis meses. En mérito de lo anterior, los diputados firmantes venimos en presentar el siguienteProyecto de ley: Incorpóranse las siguientes modificaciones al Código Sanitario: Artículo primero: Incorpórase en el artículo 94 como nuevo inciso tercero el siguiente: La autoridad que tiene a su cargo la salud pública podrá realizar el retiro periódico de muestras de los productos expendidos por las farmacias, droguerías y almacenes farmacéuticos a fin de verificar el cumplimiento de las normas sobre control de los productos farmacéuticos. Artículo segundo: Incorpórase el siguiente nuevo Artículo 107 bis: Artículo 107, bis. La publicidad en la venta de los medicamentos se regirá por las siguientes normas:a) En los embalajes, envases y etiquetas de los productos a que se refiere el Artículo 97 del Código Sanitario y en la publicidad de los mismos deberá figurar siempre la denominación genérica del producto que se consignará en caracteres legibles en igual proporción o tamaño que la marca comercial o nombre de fantasía. En dicha información se deberán incluir indicaciones para su buen uso y una invitación para la lectura de las instrucciones sobre sus efectos.b) Los instructivos sobre la aplicación y características de los medicamentos deberán ser expresados en idioma castellano, en caracteres legibles y con información de fácil comprensión para el usuario.c) La autoridad señalada en el artículo primero determinará las especialidades farmacéuticas cuya venta puede ser difundida a través de los medios masivos de comunicación. En todo caso, no podrán publicitarse de manera comercial los medicamentos que requieran para su venta la prescripción médica bajo receta.d) Los mensajes publicitarios a que se refiere el inciso anterior, no podrán incluir:i. expresiones sobre las propiedades de los medicamentos cuyas características no puedan ser comprobadas científicamente, ni testimonios de profesionales de la salud que puedan inducir al consumo.ii. expresiones que resten valor a la consulta médica o que la hagan aparecer como prescindible o superflua.iii. expresiones que sugieran que el efecto del medicamento es seguro, sin efectos secundarios, superiores o igual al tratamiento con otros medicamentos.iv. expresiones que se dirijan exclusivamente o especialmente a los niños.v. alusiones que refieran a una recomendación emanada de científicos o profesionales de la salud o de personas que no siendo éstos, por su notoriedad social puedan incentivar al consumo de medicamentos.f) La autoridad correspondiente, por razones fundadas de salud pública o seguridad de las personas, podrá limitar, condicionar o prohibir la publicidad de cualquier medicamento.g) Queda prohibida la promoción de venta de medicamentos a través de obsequios, premios, concursos o cualquier mecanismo similar que estimule su venta o consumo.h) En todo caso, los medicamentos genéricos que en sus formulaciones no hayan sufrido ninguna modificación que tenga mejorías en sus efectos terapéuticos, no podrán ser comercializados con denominaciones de fantasía. Artículo tercero: Incorpórase en el título segundo el siguiente nuevo artículo 109: Artículo 109. Los profesionales y el personal que se desempeña en farmacias, droguerías y almacenes farmacéuticos, como asimismo quienes prescriban medicamentos, no podrán recibir participación de honorarios, primas u obsequios, ni cualquier tipo de estímulo o incentivo, por parte de laboratorios, proveedores o distribuidores o Artículo cuarto: Incorpórase en el artículo 127, como nuevo inciso segundo, el siguiente: Dichas recetas deberán contener siempre la identificación genérica del producto prescrito. Artículo quinto: Incorpórase en el artículo 174 como nuevo inciso segundo, el siguiente: No obstante lo anterior, las infracciones a lo dispuesto en el artículo 108 serán también sancionadas según lo establecido en el artículo Nº 24 de la ley Nº 19.496”.6. Moción de los diputados señores Orpis y Luksic. Reforma constitucional que establece la incompatibilidad entre el cargo de Presidente de la República, diputado y senador y el hecho de ser consumidor de droga. (boletín Nº 2400-07)1. Que se encuentra próximo a ser aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Probidad Administrativa de los órganos del Estado.2. Que si bien dicho proyecto pretende fortalecer los poderes del Estado, estableciendo un conjunto de normas tendientes a velar por la existencia de una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega leal y honesta al desempeño del cargo, no contempla norma alguna que establezca inhabilidad o incompatibilidad entre el cargo de Presidente de la República, diputado y senador, respecto de personas a quienes se les compruebe el hecho de ser consumidores de drogas o sustancias prohibidas por la ley Nº 19.366.3. Que la corrupción es uno de los mecanismos más utilizados por las organizaciones criminales para debilitar la acción de los poderes del Estado.4. Que una forma básica de corrupción es el consumo de drogas o sustancias estupefacientes prohibidas por la ley. Quien detenta un cargo de la importancia de los indicados y consuma droga, no sólo pasa a depender de ella en términos fisiológicos que lo llevan a tener una salud incompatible con el cargo, sino además puede ser inducido a cooperar con las organizaciones criminales para crear barreras de protección y, por lo tanto, impunidad en los distintos ámbitos.5. Que en Chile de manera cada vez más recurrente se está dando este fenómeno en distintos poderes del Estado y en las instituciones llamadas a combatirlo. Así, hemos podido observar casos de consumo de drogas en el propio Congreso Nacional, recientemente en el Poder Judicial, e incluso en funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, lo que constituye una demostración clara de este fenómeno. Resulta necesario entonces velar para que en el ejercicio de las funciones de las personas que laboran en las instituciones indicadas no exista ningún tipo de dependencia ni vinculación que afecte su adecuado y probo desempeño.6. Que ante estas evidencias el Estado debe protegerse. El no hacerlo puede representar un fuerte debilitamiento y pérdida de legitimidad en la lucha contra el narcotráfico. Con motivo de lo anterior, se ha presentado a tramitación al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a modificar la ley Nº 19.366 con el objeto de establecer la incompatibilidad entre el ejercicio de determinados cargos públicos y el hecho de ser consumidor de drogas. Como regla general, esta iniciativa establece que en casos de detección de consumo de drogas por parte de algún funcionario que ejerza un cargo público, el empleador debe ofrecer al trabajador la oportunidad de rehabilitarse; salvo que se trate de determinados cargos que por su naturaleza exigen la cesación inmediata en sus cargos como el de Presidente de la República, ministro de Estado, diputado, senador, miembro de los Tribunales Superiores de Justicia, jueces, generales y almirantes.7. Que si bien el referido proyecto está siendo analizado por la comisión pertinente de la Cámara, es fundamental establecer constitucionalmente respecto del Presidente de la República, diputados y senadores normas que permitan hacer efectivas las sanciones que contiene el proyecto.PROYECTO DE LEY Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República en los siguientes términos:a) Agrégase un inciso 6 al artículo 57 del siguiente tenor: “Cesará en su cargo el diputado o senador al que se le comprobare en la forma dispuesta en la ley Nº 19.366, su calidad de consumidor de alguna de las drogas o sustancias sicotrópicas prohibidas a que hace mención el referido cuerpo legal”.b) Agrégase un inciso final al artículo 29 del siguiente tenor: “Para los efectos de este artículo se entenderá que está vacante el cargo de Presidente de la República, cuando se le comprobare en la forma dispuesta en la ley Nº 19.366, su calidad de consumidor de alguna de las drogas o sustancias sicotrópicas prohibidas a que hace mención el referido cuerpo legal”.7. Moción de los diputados señores Alessandri, Acuña, Arratia, Delmastro, Girardi y Navarro. Establece penalidades a los vertederos clandestinos. (boletín Nº 2401-12)“Honorable Cámara: Por una inadvertencia, aceptamos que el proyecto de ley contenido en el boletín Nº 1322-12 fuere remitido al archivo, en circunstancias que la materia sobre la cual se pretende legislar representa una necesidad sentida de la población y es de candente actualidad. Por tanto, venimos en someter nuevamente a su consideración en iguales términos y suscrito también por los diputados Gustavo Alessandri V., Rafael Arratia B. y Roberto Delmastro N., el siguiente proyecto de ley: Considerando:1. Que la actual legislación sanitaria y penal presenta serios vacíos en lo referente a dotar de medios compulsivos a la autoridad para combatir el tráfico ilícito de basura y la operación de vertederos y rellenos sanitarios ilegales.2. Que las sanciones administrativas contempladas en nuestra legislación son insuficientes para disuadir a los contraventores de las normas sanitarias que regulan la puesta en marcha, operación o explotación de los vertederos o rellenos sanitarios, infringiéndose en forma permanente y reiterada.3. Que la operación de vertederos o rellenos sanitarios ilegales es un problema grave en las ciudades, especialmente en las grandes urbes, que pone en riesgo la salud de la población y el medio ambiente;4. Que se han formado verdaderas asociaciones ilícitas que operan como “mafias” en sitios eriazos, abandonados o fuera de los límites de la ciudad, recibiendo en ellos toda clase de basuras, desechos y residuos sin ningún control de la autoridad; y5. Que la comunidad se ve indefensa frente a este tipo de agresiones; Los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:PROYECTO DE LEY Artículo único.- Introdúcese la siguiente modificación al artículo 319a del Código Penal, sustituyéndose su texto por el siguiente: Artículo 319a.- El que mantuviere, administrare, operare o explotare vertederos, depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio. En la misma pena incurrirá el que transporte, conduzca, traslade o deposite basuras, desechos o residuos en dichos lugares. Si las basuras, residuos o desechos fueren tóxicos, peligrosos, infecciosos, corrosivos, combustibles, inflamables o pusieren en grave riesgo la salud de la población o el medio ambiente, la pena se podrá elevar en uno o dos grados. Se considerará como agravante de este delito la realización de actos de agresión, obstrucción o entorpecimiento de las actividades de fiscalización de las autoridades competentes”.