REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 341�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 36�, en martes 16 de mayo de 2000 Ordinaria (De 16:21 a 19:38) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES JOS� LUIS LAGOS L�PEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA Acuerdos de Comit�s V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica el C�digo del Trabajo para abolir el trabajo de menores de quince a�os (1470-13) (se aprueba en general y particular) Sesi�n secreta: Se adopta resoluci�n sobre concesiones de nacionalidad por gracia y solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a, boletines: (2040-17, 2412-07, 2451-07, S 414-04, S 416-04, S 435-04, S 441-04, S 452-04, S 453-04, S 458-04, S 470-04, S 472-04 y S 481-04) VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) Consecuencias de apertura de cuenta de capitales. Oficios (observaciones del se�or Lavandero) Responsabilidad institucional y democracia (observaciones del se�or R�os) Participaci�n de Diputado se�or Eugenio Tuma en incidentes de Temuco. Oficio (observaciones del se�or Stange) Desconocimiento de Ley de Amnist�a y de prescripci�n (observaciones del se�or Mart�nez) Formaci�n de ni�os en ense�anza b�sica. Oficio (observaciones del se�or Canessa) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, el se�or Ministro del Interior, y el se�or Subsecretario del Trabajo. Actu� de Secretario el se�or Jos� Luis Lagos L�pez, y de Prosecretario, el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 27 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 30�, ordinaria, en 12 de abril del presente a�o, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 31�, ordinaria, en 18 de abril del a�o en curso, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Tres de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el car�cter de "discusi�n inmediata", respecto del proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales. (Bolet�n N� 2.035-06). --Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el car�cter de "simple", respecto de los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que crea la Defensor�a Penal P�blica. (Bolet�n N� 2.365-07); 2) Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Convenio N� 169 sobre Pueblos Ind�genas y Tribales en Pa�ses Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989. (Bolet�n N� 233-10). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con el que comunica su ausencia del territorio nacional los d�as 17, 18 y 19 del mes en curso, con motivo de una visita oficial a la ciudad de Buenos Aires, Rep�blica Argentina. Agrega que lo subrogar�, con el t�tulo de Vicepresidente de la Rep�blica, el se�or Ministro del Interior, don Jos� Miguel Insulza Salinas. --Se toma conocimiento. De la C�mara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobaci�n al proyecto de ley que establece indemnizaci�n para los Ministros de la Excelent�sima Corte Suprema. (Bolet�n N� 2.461-05) --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso. Del se�or Ministro de Defensa Nacional, con el que invita al se�or Presidente del Senado a exponer, y a dos se�ores Senadores que se designen para participar, en el Foro Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio que se realizar� durante el presente a�o. --Se toma conocimiento y pasa a la Comisi�n de Defensa Nacional para que se realicen las designaciones correspondientes. Del se�or Contralor General de la Rep�blica, subrogante, con el que contesta una presentaci�n del Senador se�or Ruiz-Esquide y de los Diputados se�ores Navarro Brain, Ortiz Novoa y P�rez Arriagada, relativo al contrato suscrito entre la CORFO y la empresa PARIBAS S.A. De la se�ora Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido a la posibilidad de ajustar las fechas de cobro de los servicios de primera necesidad con el pago de sueldos. De la se�ora Directora del Trabajo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Urenda, relativo a los acuerdos extrajudiciales alcanzados ante la Direcci�n de ese organismo. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes Segundo informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, reca�do en el proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales, con urgencia calificada de "discusi�n inmediata". (Bolet�n N� 2.035-06). De la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el C�digo del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince a�os. (Bolet�n N� 1.470-13). De la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Alceste Piergiovanni Ferranti. (Bolet�n N� 2.040-17). De la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�do en el proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso se�or Antonio Casarin Manz�n. (Bolet�n N� 2.412-07). De la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�do en el proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al se�or Juan Lucarini Strani. (Bolet�n N� 2.451-07). Diez, de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a, reca�dos en las solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a de la se�ora Sonia del Carmen �lvarez Montanares y de los se�ores H�ctor Iv�n Morales Olivares, Luis Armando Rodr�guez, Eduardo Patricio Navarrete Fuentes, Francisco Camilo Conejeros Riveros, Guillermo Albino Reyes Figueroa, Rienzi Gerardo Valencia Gonz�lez, Bernardo Favio Quiroz Saavedra, Jorge Eduardo D�az Hern�ndez y Sandor Adolfo Arancibia Valenzuela. (Boletines N�s S 414-04, S 416-04, S 435-04, S 441-04, S 452-04, S 453-04, S 458-04, S 470-04, S 472-04 y S 481-04, respectivamente). --Quedan para tabla. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Secretario dar� cuenta de los acuerdos de Comit�s. El se�or LAGOS (Secretario).- Los Comit�s, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.- Tratar en la tabla de hoy el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el C�digo del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince a�os, con informe de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. 2.- Abocarse al despacho de los informes de la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a de que se dio cuenta hace un momento, reca�dos en proyectos de ley que conceden, por especial gracia, la nacionalidad chilena. 3.- Del mismo modo, se acord� discutir las diez solicitudes de rehabilitaci�n de ciudadan�a informadas por esa misma Comisi�n, asunto de que tambi�n se dio cuenta al iniciar la sesi�n. 4.- Discutir, hasta su despacho, en el Orden de D�a de la sesi�n de ma�ana, como �nico asunto en tabla, el proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales, con segundo informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. La iniciativa tiene urgencia calificada de "discusi�n inmediata". El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- De acuerdo con las resoluciones tomadas por los Comit�s, en el Orden del D�a de esta sesi�n nos ocuparemos de los proyectos informados de que se ha dado cuenta y que quedaron para tabla. Nos abocaremos a estos asuntos en el mismo orden en que se se�alaron. V. ORDEN DEL D�A ABOLICI�N DE TRABAJO DE MENORES DE QUINCE A�OS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de la C�mara de Diputados que modifica el C�digo del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince a�os, con informe de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. --Los antecedentes sobre el proyecto (1470-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 4�, en 5 de junio de 1996. Informe de Comisi�n: Trabajo, sesi�n 36�, en 16 de mayo de 2000. El se�or LAGOS (Secretario).- El proyecto fue iniciado en una moci�n de diversos se�ores Diputados. Los objetivos fundamentales son: abolir en general el trabajo de los menores de quince a�os; elevar, a mayores de diecis�is a�os y menores de dieciocho, el grupo que podr� celebrar contratos de trabajo, manteniendo la obligaci�n de contar con la autorizaci�n pertinente, y subir a mayores de quince a�os y menores de diecis�is el grupo que podr� contratar la prestaci�n de sus servicios, conservando la autorizaci�n y requisitos que actualmente se exigen para ello. Por las razones contenidas en el informe, la unanimidad de la Comisi�n, integrada por los Senadores se�ores Gazmuri, Parra, Prat, Ruiz De Giorgio y Urenda, prest� su aprobaci�n a la idea de legislar sobre esta materia. Enseguida, se hace una descripci�n de las normas del proyecto y se deja constancia de su discusi�n y de los acuerdos adoptados al respecto. En la parte resolutiva del documento, se propone a la Sala aprobar el proyecto de la Honorable C�mara de Diputados, con las modificaciones se�aladas en la parte pertinente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz De Giorgio. El se�or RUIZ (don Jos�).- Hoy se plantea nuevamente el tema del trabajo infantil en la Sala de esta Corporaci�n. Hace un par de semanas debatimos y aprobamos el Convenio N� 182, de la OIT, sobre prohibici�n de las peores formas de trabajo infantil y la acci�n inmediata para su eliminaci�n. En la ocasi�n manifest� la importancia de dicha aprobaci�n, en cuanto ayuda a crear conciencia sobre un tema que debemos enfrentar. Hoy debatimos un proyecto que busca modificar el C�digo del Trabajo para abolir, en general, la actividad laboral de los menores de quince a�os y elevar la edad en que los menores podr�n celebrar contratos de trabajo con la autorizaci�n pertinente. Sabemos que no es suficiente el establecimiento de normas laborales protectoras para enfrentar este complejo problema. El tema del trabajo infantil exige un conjunto de pol�ticas p�blicas coordinadas e involucra a diversos ministerios y servicios, como tambi�n a las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia. El tema que hoy debatimos presenta sin duda complejidades y contradicciones que deben ser resueltas adecuadamente. Revisemos el problema a la luz de tres preguntas: �Cu�les son las causas del trabajo infantil en nuestro pa�s? �Qu� consecuencias tiene la precoz incorporaci�n de miles de menores a la actividad laboral? �Qu� podr�a pasar con los menores trabajadores a quienes se les prohibir� la actividad laboral? Las causas del trabajo infantil son claras. Obviamente, los ni�os no trabajan por gusto. La realidad es que un n�mero importante de trabajadores percibe remuneraciones extremadamente bajas -sea por su escasa productividad, sea por injusta retribuci�n a su aporte- que no permiten la subsistencia familiar, obligando a otros miembros de la familia a buscar trabajo para llevar m�s recursos al hogar. Ello significa que muchos ni�os, a una edad muy temprana, deben dejar sus estudios para colaborar con el presupuesto familiar. Seg�n la encuesta CASEN de 1996, hay alrededor de 47 mil ni�os entre 6 y 14 a�os que trabajan en forma regular o espor�dica, y aproximadamente 78 mil menores entre 15 y 17 a�os que realizan actividades laborales. Sin duda, este fen�meno se ve acentuado en per�odos de mayor inestabilidad en el empleo y de crisis econ�mica. Si queremos enfrentar el problema de fondo, atacando sus causas, no bastar� s�lo con dictar normas, establecer imposiciones o prohibiciones; es necesario generar las condiciones para que los ni�os puedan desarrollarse como tales y completar adecuadamente su educaci�n. En nuestro pa�s, el libre juego del mercado no permitir� jam�s por s� solo poner fin a las causas del trabajo infantil. Necesitamos la presencia de un Estado fuerte, con capacidad para generar condiciones de mayor equidad social y dotado de los instrumentos necesarios para regular y fiscalizar las relaciones de trabajo. El cumplimiento efectivo de la legislaci�n laboral, el establecimiento de salarios m�nimos, la protecci�n de la seguridad social y la existencia de mecanismos de seguro de desempleo son elementos que, adecuadamente combinados, permitir�n la reducci�n del trabajo infantil. La iniciativa en an�lisis es coherente con una serie de medidas que apuntan en la misma direcci�n. Junto a las ya se�aladas, podemos mencionar la creaci�n, en el a�o 1993, del Comit� Asesor Nacional para la Erradicaci�n del Trabajo Infantil y Protecci�n del Menor Trabajador, y especialmente, la realizaci�n de una profunda reforma educacional, que posibilitar� la reducci�n de la deserci�n escolar en la educaci�n media y una ampliaci�n de la cobertura de la educaci�n b�sica en el mundo rural. Todas estas medidas tienden a reducir el trabajo infantil, junto con promover la educaci�n de los menores. �Qu� consecuencias tiene la precoz incorporaci�n de los menores a la actividad laboral? Aqu� debemos distinguir las consecuencias que ella tiene para los menores y para el resto del mundo laboral. El ni�o que se incorpora al trabajo ve muchas veces afectado su desarrollo f�sico, al realizar labores que exigen excesivo esfuerzo, lo que, tambi�n, puede resentir su salud. Adem�s, atendida su inmadurez, no siempre las lleva a cabo con el cuidado y seguridad necesarios, pudiendo sufrir accidentes. Por otra parte, el menor que trabaja ve limitada o impedida su participaci�n en el sistema educacional, lo que reduce sus posibilidades de desarrollo intelectual, de desplegar habilidades sociales y de acceso a la cultura. Desde una perspectiva econ�mica, el menor trabajador que abandona los estudios ver� seriamente afectada su productividad a lo largo de su vida laboral y, por lo tanto, estar� condenado a recibir ingresos m�s bajos durante toda su vida. Como dice el refr�n, el trabajo infantil es "pan para hoy, pero hambre para ma�ana". Todos los estudios especializados se�alan que existen retornos salariales crecientes para la educaci�n; es decir, quien m�s estudia tiene mayores posibilidades de obtener mejores remuneraciones. La presencia de menores en el mundo del trabajo repercute en el resto de los trabajadores. As� por ejemplo, si se pueden pagar salarios m�s bajos a los menores, existir� un incentivo para los empleadores a contratarlos, lo que privar� a los mayores de la posibilidad de acceder a esos puestos de trabajo, salvo que reduzcan sus pretensiones salariales, con el riesgo de originar un circulo vicioso que impulse a mayor n�mero de menores a trabajar. �Qu� podr�a pasar con los menores trabajadores a quienes se prohibir� la actividad laboral? Este es un asunto que debemos analizar con mucha atenci�n. Si simplemente se proh�be a los menores continuar laborando y se cierran las puertas de su fuente de ocupaci�n en el sector formal de la econom�a, claramente nos arriesgamos a que aumente el desarrollo de actividad laboral en el sector informal o que, incluso, en casos de necesidad extrema, los menores incurran en conductas delictuales para procurarse ingresos. Por ello, es necesario reiterar que una decisi�n como la que hoy adoptaremos -que tiene un sentido correcto, pues el lugar de los menores es la educaci�n y no el trabajo- debe necesariamente enmarcarse en un conjunto de pol�ticas destinadas a terminar con el trabajo infantil y a ofrecer a los muchachos posibilidades reales de inserci�n en el sistema educacional, lo que pasa necesariamente por atacar las causas del problema antes descritas. Con la conciencia de que ya existen otras pol�ticas y programas coherentes con la iniciativa propuesta, pero con la claridad de que deben desarrollarse otras pr�ximamente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa y agradezco la atenci�n con que mis Honorables colegas han escuchado esta intervenci�n. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, en la Comisi�n de Trabajo concurrimos a aprobar este proyecto que reduce en un a�o la edad para suscribir un contrato de trabajo, en el sentido de protecci�n a la infancia y en orden a mantener nuestras normas en el primer nivel de resguardo de los derechos esenciales, en este caso, de los ni�os. Eso es lo sustancial de la reforma en an�lisis, desestim�ndose otras modificaciones que la Comisi�n, en definitiva, consider� inconvenientes. Sin embargo, cabe destacar que quedar�n sin resolver ciertas materias que es conveniente analizar. Ya de alguna manera fueron tocadas en la sesi�n en que se trat� el Convenio N� 182, de la OIT, referido a la prohibici�n de las peores formas de trabajo infantil, que �record�moslo- m�s bien dec�an relaci�n a delitos. Ellas se dan en la realidad y, muy probablemente, seguir�n existiendo, por lo que es necesario tenerlas en consideraci�n. Se ha dado en llamar "ayudistas" a los ni�os que participan junto a sus madres en labores que tienen connotaci�n familiar, ni�os que, sin embargo, est�n sujetos a riesgos tales como los que se dan al trasladarse desde el hogar hasta el lugar de trabajo, y viceversa. Por lo tanto, en la medida que no est�n amparados por alg�n tipo de contrato, quedar�n en un grado inconveniente de indefensi�n. La modificaci�n legal en estudio no cubre, desgraciadamente, esa situaci�n, y ser�a bueno que medit�ramos y lleg�ramos a alguna f�rmula de soluci�n para esos casos. �stos se dan, com�nmente, en el �mbito agr�cola, en la recolecci�n de frutos silvestres, principalmente en verano, en tiempo de vacaciones, por lo que no afectan a los menores en sus estudios; pero son una realidad. En alg�n momento se conoci� de manera dram�tica en la Novena Regi�n una situaci�n de ese tipo a ra�z de un accidente de tr�nsito donde se vio envuelto un bus que transportaba a muchas familias conformadas por madres, hijos en edad de trabajar y, tambi�n, hijos menores. Detr�s de tal actividad existe una realidad social que comienza muchas veces porque las madres no tienen d�nde dejar a los ni�os y consideran una soluci�n trasladarse con ellos a su lugar de trabajo. Asimismo, la realidad social apunta en numerosos casos a familias que, por decisi�n propia, ven en las faenas de recolecci�n una forma de mantener y educar a sus hijos y de proveer los �tiles escolares necesarios para el inicio de clases. Las labores de recolecci�n de la mosqueta -fruto silvestre que se cosecha en marzo- constituyen un ejemplo claro de esa realidad, que toca a muchas zonas agr�colas. Encontrar una f�rmula que proteja legalmente a los ni�os que se encuentran en tal situaci�n, en la que seguramente, por el peso de la realidad, se mantendr�n, es un tema que queda pendiente en este momento. Sin embargo, por la forma como se legisla y por el avance que significa el proyecto en cuanto a la necesidad creciente de mayor protecci�n a la infancia, lo vot� afirmativamente en la Comisi�n, decisi�n que mantendr� en la Sala. Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, con el proyecto en debate el pa�s asume las normas de la Organizaci�n Internacional del Trabajo respecto de la edad m�nima exigida para trabajar con un contrato estable. Y me parece importante establecer ese punto, al cual se refiere el Convenio N� 138, de 1973. Chile ha demorado m�s de 25 a�os en llegar a esta situaci�n. �Y por qu� ahora? A mi juicio, por dos razones: primero, porque la situaci�n econ�mica del pa�s lo hace m�s factible, y segundo, porque existe mayor conciencia sobre los derechos del ni�o, especialmente despu�s de ratificarse la Convenci�n Internacional que los protege. Esta iniciativa, que se origin� en una moci�n del Diputado se�or Seguel, esencialmente busca mantener la situaci�n actual, pero eleva de 15 a 16 a�os la edad de los menores que pueden contratarse. Y, tal como explicaron los Senadores se�ores Ruiz De Giorgio y Prat, el texto que nos ocupa al menos es un paso adelante en el camino de adecuarnos a las normas internacionales. Quedan muchas tareas por realizar, y por cierto la de mayor importancia es la de la fiscalizaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, al igual que el resto de los se�ores Senadores, vamos a apoyar el proyecto en debate, por cuanto constituye un avance importante al establecer, por lo menos, que el menor ya no deber� tener 15 a�os sino 16 para suscribir un contrato de trabajo. Sin embargo, como lo se�al� en la sesi�n donde se discuti� la aprobaci�n del Convenio N� 182 de la OIT y como lo hemos expresado p�blicamente en muchas oportunidades �recientemente, con la Diputada se�ora Rozas, quien se encuentra a mi lado-, en Chile no se resolver� el problema que estamos discutiendo mientras no se cumpla estrictamente lo establecido por la OIT y la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o en cuanto a que la edad para empezar a trabajar no debe ser inferior a 18 a�os. Porque en un pa�s con un proceso de desarrollo como el nuestro, en el que permanentemente se est� aumentando la riqueza, no podremos resolver el problema de la justicia en esta materia mientras no tengamos claro que los menores de 18 a�os deben dedicarse a estudiar. De otra forma se produce un c�rculo de pobreza por todos conocido y que no resiste el menor an�lisis. Y las cifras que demuestran este aserto son abismantes. Por lo tanto �insisto-, aunque el proyecto significa un avance (y por eso vamos a apoyarlo), no debe el Senado pensar que es todo lo que corresponde hacer. Aqu� se ha mencionado la relaci�n bastante conflictiva entre el trabajo infantil y la pobreza de la familia. En primer t�rmino, me parece del caso tener en cuenta que, respecto a los ni�os que deben trabajar para sostener a su familia, las cifras demuestran que lo que ellos aportan -�esc�chese bien!- no es importante en t�rminos cuantitativos. S� lo es en la medida en que de alg�n modo permite la supervivencia del grupo familiar. Sin embargo, la cuesti�n mayor y m�s dif�cil de resolver surge cuando simult�neamente con el trabajo infantil existe deserci�n escolar. A este �ltimo respecto, basta comparar las estad�sticas que dan cuenta de ese hecho entre los menores que trabajan y los que no lo hacen. En Chile, el nivel de escolaridad de los ni�os que no trabajan es 9,5 a�os, y el de aquellos que lo hacen, s�lo 7,4. Y, en definitiva, la deserci�n escolar genera un hombre pobre, con hijos tambi�n pobres. Entonces, se�or Presidente, existe una suerte de c�rculo vicioso de la pobreza. Pero hay algo m�s grave todav�a, en mi concepto. Hoy d�a estamos preocupados de la delincuencia infantil, y en todos los medios de comunicaci�n se leen y escuchan con mayor frecuencia peticiones para tratarla con m�s dureza. Se han constituido grupos de personas que, horrorizadas, solicitan aplicar la pena de muerte; se han creado verdaderos comit�s para requerir que ella se haga efectiva, en un mundo donde sabemos positivamente que la fuerza disuasiva de esa dr�stica sanci�n en la delincuencia infantil es absolutamente ineficaz. El se�or HAMILTON.- �Nula! El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Como se�ala el Senador se�or Hamilton, con mucha raz�n, es nula. Se habla de la delincuencia y se procura llevar la discusi�n a si debe encarcelarse o no a j�venes de 16, 15, 14 � 13 a�os. Pronto tendremos aqu� un proyecto tan tal sentido. Y algunos Diputados han pedido m�s dureza al Ministro del ramo. Se sabe perfectamente que entre la delincuencia y la deserci�n escolar hay una relaci�n directa. Pero tambi�n existe relaci�n directa entre la deserci�n escolar y el trabajo infantil. Por lo tanto, debemos tener clara conciencia de que, si seguimos legislando para permitir el trabajo infantil, estaremos generando las condiciones para que aumente la delincuencia y se llegue a las cifras de Estados Unidos, por ejemplo. En ese pa�s hay 7 a 8 millones de presos, cifra que, seg�n los c�lculos, puede elevarse a 15 millones de aqu� a cinco a�os. All�, el 62 por ciento de los delincuentes mayores encarcelados tiene historias de maltrato, de trabajo infantil o de falta de escolaridad muy significativas en t�rminos estad�sticos. Por consiguiente, dejo abierto el debate en este sentido. Me parece buena la iniciativa; convengo en todo lo que signifique avanzar un paso en la materia. Pero tengamos claro que con ella estamos mitigando un problema. Mi preocupaci�n radica en que, desgraciadamente, a veces se olvida que, aunque la aspiraci�n o la utop�a sea lejana, debemos buscarla. Por lo menos, �sa es mi opini�n. Es verdad: �qu� se hace ahora, entonces, con los ni�os que trabajan? Y si no trabajan, �qu� pasa con sus familias? Hemos indicado algunas f�rmulas. Hemos sugerido, por ejemplo, que, as� como el Estado ha debido enfrentar, por las crisis recientes, el tema de la desocupaci�n, no comprendido en el marco de su verdadera obligaci�n en un momento determinado, corresponde que abra el camino del subsidio, con los debidos resguardos, a los grupos familiares de los ni�os que laboran por la necesidad de aportar a su casa -no son tantos; el c�lculo se encuentra en elaboraci�n-, para que esos menores puedan seguir estudiando. Hemos destacado la conveniencia de que el Ministerio de Educaci�n ofrezca una l�nea de reinserci�n de esos j�venes cuando, despu�s de dos o tres a�os, hayan tenido que abandonar la escuela. Hemos propuesto que nos ocupemos a fondo en el tema, como sociedad, para que el trabajo infantil sea erradicado. Y no s�lo hemos procedido en esa forma por razones �ticas o directamente relacionadas con normativas que hemos aprobado y que son leyes de la Rep�blica, como la Convenci�n sobre los derechos del ni�o, sino tambi�n, y en lo fundamental, desde un punto de vista m�s pr�ctico. Porque, Honorables colegas, nada puede compensar el costo econ�mico �ya no me refiero a ideas o planteamientos val�ricos- de lo que significan la delincuencia, la p�rdida de productividad, el esfuerzo que se requerir� en el porvenir, las dificultades que se enfrentar�n, la necesidad de transformar en c�rceles una cantidad enorme de lugares donde ser� preciso mantener a esos ni�os. Hoy, gastar cien mil pesos por cada menor que se reintegra en el sistema escolar sale m�s a cuenta que empezar a saber lo que se desembolsar� en el futuro. Expongo esta argumentaci�n porque siempre al final surge el tema del dinero, de las ventajas y desventajas, de los costos y los beneficios. Creo, honestamente, que aun en el m�s crudo de los pragmatismos econ�micos conviene prevenir la delincuencia infantil y no hallarnos en la coyuntura de castigarla, para terminar transform�ndonos en una suerte de sociedad que gasta una enorme cantidad de recursos en poblaci�n penal. Y ello, sin perjuicio de que adem�s, si se reflexiona en el futuro, se contempla con horror un pa�s que ya empieza a pensar en d�nde se construir�n m�s c�rceles, d�nde se pondr�n m�s rejas, d�nde se cerrar�n m�s los pasajes. A la postre, nos transformaremos en una sociedad orwelliana, donde deberemos defendernos unos de otros. Sobre la base de todo lo expresado, se�or Presidente, votar� a favor del proyecto, en la perspectiva de que constituye un avance. Pero quedar� planteada permanentemente la solicitud que hemos formulado al Gobierno, adem�s de las iniciativas de ley que presentaremos en su momento, para que en definitiva el tema se aborde de ra�z -aunque sea en un plazo determinado, mas con miras a una soluci�n permanente-, por vincularse a un hecho que contradice lo que configura una verdadera y aut�ntica sociedad solidaria, como se quiere en el mundo actual. Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, concurr� a aprobar en general la iniciativa en debate, que a mi parecer puede significar alg�n avance, aunque estoy cierto de que no implica la superaci�n �ntegra del asunto que nos preocupa. Debo consignar, en primer lugar, que ella registra un largo tiempo en el Parlamento y que se encontraba detenida por no haber mediado inter�s del Gobierno en activarla. S�lo en las �ltimas semanas fue incluida en la convocatoria y pudo ser aprobada en particular por la Comisi�n de Trabajo, que ya le hab�a dado su conformidad hac�a aproximadamente tres a�os. Expreso mi coincidencia, al mismo tiempo, con el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra en el sentido de que el ideal es que los menores de 18 a�os no necesiten trabajar y estudien. En m�s de una oportunidad he objetado las estad�sticas sobre empleo y desocupaci�n que incluyen a las personas de 15 a�os para arriba como fuerza laboral, pues ello incide de alguna manera en la medici�n de la cesant�a. Ahora bien, es indudable que la proposici�n en an�lisis persigue una finalidad absolutamente loable, como es tender a la concreci�n del inter�s de que no trabajen los ni�os, entendi�ndose por tales, seg�n la definici�n universal, los menores de 18 a�os. Estimo, sin embargo, que no cabe abrigar demasiadas ilusiones en la aprobaci�n de esta clase de proyectos, porque una dificultad importante respecto de ese sector radica en el trabajo informal. Y bien puede ocurrir que, si no dictamos otras disposiciones y no nos preocupamos debidamente de tal aspecto, dejemos a algunos ni�os sin la m�nima protecci�n y aumente ese tipo de labor. Deseo puntualizar que el precepto en estudio no significa cumplir con convenios de la Organizaci�n Internacional del Trabajo. En efecto, Chile no ha incurrido en incumplimientos sobre el particular, porque la OIT permite, como regla general, el trabajo de mayores de 15 a�os, y en casos especiales, hasta el de mayores de 13. Lo que estamos haciendo es dar un paso relacionado con el avance del pa�s, el aumento de edad de la poblaci�n, incluso, y el af�n, absolutamente l�gico, de que todos los ni�os completen la educaci�n media y no s�lo la que fue obligatoria en el pasado. �sa es la verdadera finalidad. En consecuencia, estamos dando hoy un paso importante. Inclusive, pens�ndolo bien, yo habr�a preferido que la exigencia de cumplir con los estudios se aplicara tambi�n a los mayores de 16 a�os y menores de 18, y no quedase s�lo reducida a los menores de 16 y mayores de 15. Antes se hac�a referencia a los menores de 15 y mayores de 14. Por las consideraciones expuestas, he concurrido a dar mi voto favorable. Reitero que se trata de un paso adelante. Pero debemos tener cuidado, porque, si no complementamos esto con otra medida, podremos causar un da�o al dejar fuera del sistema a menores que, por necesidades familiares u otras circunstancias, de todas maneras trabajan. En consecuencia, debemos tener presente que el proyecto no soluciona �ntegramente la cuesti�n del trabajo infantil, sino que constituye un avance. Pero, si desatendi�ramos los debidos controles, �l podr�a traducirse en un retroceso. Por otra parte, echo de menos en esta oportunidad, como en otras, el que no nos hayamos preocupado de flexibilizar la jornada laboral. Bien pudiere ocurrir que una de car�cter reducido, en determinado tiempo de vacaciones, fuera una soluci�n para miles de familias modestas, al igual que la flexibilidad es necesaria fundamentalmente para el trabajo femenino, en mi criterio, pero, en todo caso, para cualquier tipo de labor. Por ello, apruebo la iniciativa, pero con las reservas que he mencionado y en la esperanza de que sigamos perfeccionando nuestro ordenamiento en t�rminos reales y efectivos y no nos contentemos a veces con modificaciones que pueden ser meramente te�ricas. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, si bien este proyecto importa un paso en la orientaci�n de hacer un reconocimiento a uno de los sectores m�s d�biles de nuestra sociedad, quedan muchas interrogantes pendientes. Por ejemplo, vale la pena recordar un estudio de la CEPAL que compara a dos trabajadores chilenos en igual puesto. Uno de ellos se ha ganado la vida desde ni�o y el otro se incorpor� a los 18 a�os a la fuerza laboral. El primero se halla pr�cticamente condenado a recibir siempre una remuneraci�n inferior al que comenz� a trabajar a los dieciocho a�os, que tiene una formaci�n cultural mucho m�s s�lida que la de quien desde muy temprana edad ha desarrollado diversas actividades laborales. Por lo tanto, en la situaci�n que estamos analizando se registra un hecho cient�fico y real que no puede pasarse por alto. Ciertamente, conmueve que en Chile, cuya poblaci�n llega aproximadamente a 15 millones de habitantes, haya 2 millones de ni�os pobres. El n�mero 3 del art�culo 2 del Convenio 138 de la OIT dispone que la edad m�nima que han de fijar las legislaciones nacionales no debe ser inferior a la edad en que cesa la obligaci�n escolar o, en todo caso, los quince a�os. Tampoco puede pasarse por alto su art�culo 3, n�mero 1, que establece que la edad m�nima de admisi�n al empleo no deber� ser inferior a dieciocho a�os. Es decir, dicho organismo internacional se�ala que las personas deber�an estudiar hasta esa edad y despu�s ingresar al mundo laboral. Por eso, en esta sesi�n, en que se debate el tema, deseo destacar que con el Senador se�or Bitar hemos presentado una reforma constitucional con el objeto de hacer obligatoria la educaci�n media, como ocurre exactamente con la ense�anza b�sica. Quienes egresan de 8� a�o -en este nivel la deserci�n escolar es dram�tica: alcanza el 30 por ciento-, lo hacen aproximadamente a los doce a�os y de ah� hasta los diecis�is a�os deben enfrentar tiempos muy grises y de mucha soledad. Esperamos contar no s�lo con el entusiasta respaldo de los se�ores Senadores, sino tambi�n del Ejecutivo para hacer realidad una reforma que determine la obligatoriedad de la ense�anza media, aunque deba subsidiarse a las familias de escasos recursos a fin de incentivar la permanencia de sus hijos en este nivel educativo. Varios elementos deben porcentualizarse en el futuro. Se habla, por ejemplo -y lo dec�a un se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra-, de que en los sectores rurales se presenta una situaci�n que motiva a los j�venes a desempe�ar diversas actividades agr�colas, como la recolecci�n de frutas. Esto ocurre porque no ha mediado una reforma consecuente con la realidad de los tiempos. En la ruralidad el sistema educacional llega magramente al 6� a�o b�sico en las famosas escuelas uni, bi y tridocentes -o sea, ni siquiera se completa el ciclo b�sico como ocurre en sectores urbanos-, lo que evidentemente motiva a los j�venes a trabajar. Ahora bien, nadie puede discutir que un ni�o en esas condiciones estar�, por su mal formaci�n, condenado a perpetuidad a desempe�ar las labores m�s mal rentadas, m�s dif�ciles, m�s duras o m�s pesadas. Citemos, a modo de ejemplo, el caso de estudiantes de ense�anza b�sica que desde las 8 hasta las 13:30 permanecen en el establecimiento educacional -vale decir, est�n sujetos pr�cticamente a cinco o seis horas de estudio- y que, luego de una colaci�n r�pida, trabajan en alg�n supermercado durante seis o siete horas. Me formulo la siguiente pregunta: �son capaces esos j�venes -cuya segunda jornada la realizan sin sueldo, sin previsi�n y s�lo por propinas- de sentirse atra�dos por continuar sus estudios? �Evidentemente que no! Por eso, se�or Presidente, anuncio mi voto favorable, pero manifiesto mis aprensiones en orden a que falta mucho por legislar, estudiar y avanzar en la materia. He dicho. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Solicito autorizaci�n para que ingrese a la Sala el se�or Subsecretario del Trabajo, don Yerko Ljubetic. --Se accede. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, ser� muy breve. Estamos en presencia de un t�pico proyecto de ley respecto del cual pueden surgir, de pronto, normas que llamen la atenci�n sobre temas val�ricos, fundamentalmente. Sin duda alguna, el trabajo infantil es un problema de valor que corresponde cautelar b�sicamente a los padres y, si �stos no act�an, a la propia sociedad. Por lo tanto, el hecho de que se presente este tipo de iniciativas nos permite afirmar algo que puede ser �til en alg�n momento, no �til en otro, etc�tera. Conversando con varios se�ores Senadores muchos me se�alaban que a los diez, once o doce a�os -y tambi�n fue mi caso- comenzaron a trabajar, a desarrollar tareas interesantes. Recuerdo perfectamente que a esas edades yo trabajaba en un quiosco de diarios los s�bados y domingos, feliz y contento. Me ganaba unos pesos. Luego lo hice en el campo y en otras partes. El propio C�digo Civil establece que en Chile la mujer puede casarse a los doce a�os y el hombre a los catorce, que son precisamente a quienes la legislaci�n que ahora se propone se les estar�a prohibiendo trabajar, por tener menos de quince o diecis�is a�os. En cuanto a lo que ocurre en el �mbito agr�cola, me remito a lo expresado por el Senador se�or Moreno en sesi�n pasada. La verdad de las cosas es que en el campo el trabajo agr�cola es espont�neo, alegre, ameno, entusiasta y feliz, sobre todo cuando se cosechan productos menores y no pesados. La participaci�n de los ni�os forma parte de la fiesta del lugar y de su propia familia. No es un trabajo duro ni complicado. Recuerdo que una vez lleg� una inspectora del trabajo a donde se realizaba este tipo de faenas y, por la participaci�n en ellas de menores de doce a�os, quienes andaban con sus padres, dispuso su paralizaci�n. Se produjo una reacci�n muy violenta en contra de la funcionaria, pues nadie sent�a que se estaba ante la presencia de alg�n tipo de esclavitud o de aprovechamiento por el trabajo de menores. Lo dicho me permite sostener claramente que resulta muy dif�cil resolver temas de valor mediante leyes, porque se termina por buscar f�rmulas para burlarlas. Si una sociedad carece de valores, es necesario dictar leyes, especialmente de este tipo. No cabe duda alguna de ello. Cuando uno visita poblaciones o los lugares m�s modestos de las ciudades, escucha reclamos de madres contra la respectiva municipalidad por no haber construido una cancha deportiva frente a su casa, despreocuci�n que, estima, es la causa de que su hijo est� mal. Eso podr� ser efectivo, pero la primera responsabilidad le corresponde a ella, como madre. �ste es un hecho real. Se�or Presidente, para m� era muy importante aludir a lo anterior por cuanto he vivido la experiencia y la sigo viviendo. Soy un agricultor y he podido observar, tanto en mi propio campo cuanto en el de vecinos que los ni�os, acompa�ados de sus padres fundamentalmente -los menores no pueden ser contratados en forma directa, ya que eso no es posible, ni ser�a �til hacerlo-, llegan a trabajar espont�nea y alegremente. Y la verdad es que no se produce da�o alguno a nadie. Ellos se muestran contentos por el hecho de ganar alg�n dinero, en la misma forma en que muchos de nosotros lo hicimos siendo peque�os. Votar� favorablemente el proyecto, porque se trata de indicar un sentido; pero la verdad es que sus normas no tendr�n utilidad si la sociedad carece de valores. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, la intervenci�n del Senador se�or R�os se centr� en algunos puntos a los que tambi�n deseo referirme. No tengo inconveniente en dar mi voto favorable a la iniciativa, pero, con sinceridad, estimo que ella no apunta derechamente al problema, seg�n el propio diagn�stico de Su Se�or�a. La idea es normar los contratos de trabajo y evitar que los menores de quince a�os sean sometidos a presiones econ�micas que los induzcan a abandonar otras actividades. Comparto ese criterio y no tengo problema con respecto a �l. Sin embargo, seg�n el informe de la Comisi�n, la mayor dificultad estriba en que en Chile hay dos millones de ni�os que pertenecen a familias de extrema pobreza, cuyos integrantes no forman parte del mercado laboral donde rigen los contratos de trabajo. Todo lo contrario, constituyen un n�cleo familiar en el cual las personas de cualquier edad optan por generar ingresos en la que se denomina "econom�a informal". Y esa econom�a informal se expresa en per�odos o etapas durante los cuales muchos de los miembros de la familia necesitan obtener recursos. Dentro del sector informal hay dos grandes �reas de extrema pobreza que llaman la atenci�n: la primera la conforman los llamados "campamentos" (se han ido erradicando, pero a�n quedan algunos); y la segunda, los sectores urbanos marginados de las posibilidades de desarrollo de la ciudad. �Qu� ocurre ah�? Muchos ni�os y ni�as colaboran, en alguna proporci�n con miembros de su familia, en actividades informales no originadas por contrato de trabajo, sino por una asociaci�n del n�cleo familiar, que no se rige por contrato alguno. Basta observar a quienes recogen botellas, diarios, cartones, o que deambulan en los vertederos, para darse cuenta de que, en general, se trata de menores de edad que acompa�an a alg�n miembro de su familia. Se�or Presidente, el Senador se�or Viera-Gallo me est� solicitando una interrupci�n. Se la concedo, con todo gusto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, lo se�alado por el Senador se�or Moreno es muy importante. Evidentemente, una cosa es cuando el ni�o trabaja integrado a la familia, y otra distinta cuando lo hace para terceros. La iniciativa en an�lisis se refiere al trabajo de menores para terceros, en el que se exigen ciertos requisitos, el cumplimiento de la legislaci�n y la necesaria fiscalizaci�n, como es el caso de aquellos que laboran en los supermercados, a lo cual me refer� en una sesi�n anterior. Agradezco la interrupci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede continuar el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, comparto la observaci�n formulada por el Senador se�or Viera-Gallo, pero como manifest� -y lo reitero, aunque parezca repetitivo-, el proyecto no apunta al grueso del problema, que es precisamente lo que yo quer�a se�alar. La segunda �rea dentro del gran sector informal la constituyen las familias del sector rural, que se dividen en dos grandes categor�as: los minifundistas o "no viables" -como se los llama (sobre la base de criterios que no comparto) en la terminolog�a hoy en uso-, y los peque�os agricultores que explotan predios inferiores a dos hect�reas. Hay zonas completas del pa�s, tanto en el sur como en las comunidades tradicionales del Norte Chico y otras, en donde se observa ese fen�meno. All� el trabajo est� asociado no s�lo al n�cleo familiar, sino tambi�n a una v�a indirecta. Todos hemos podido percatarnos de que quienes venden quesos, cajas de higos, brevas o frutillas en los caminos, carreteras y autopistas son ni�os. �sas son las reflexiones que deseaba exponer en el Senado. No tengo inconveniente alguno en que se introduzcan enmiendas al C�digo del Trabajo para regular las labores que los menores de edad realizan para terceros. �Ninguno! Pero debo expresar que dichas modificaciones no solucionan el problema, porque la gran mayor�a de la gente que se halla en cierto grado de dificultad pertenece a alg�n n�cleo familiar cuya situaci�n de pobreza empuja a los ni�os a la deserci�n escolar y a otras cosas. En las zonas rurales la deserci�n escolar es muy grande. El se�or MU�OZ BARRA.- �Por el sistema educativo! El se�or MORENO.- Concuerdo con Su Se�or�a en que la deserci�n escolar en el campo es motivada por el sistema educacional; pero, adem�s, porque realmente no existe ning�n incentivo para que los estudiantes se mantengan en �l. Eso podr�a resolverse si se llevara a la pr�ctica una medida que el Presidente de la Rep�blica, se�or Ricardo Lagos, anunci� en su campa�a y que hago m�a: otorgando en los sectores rurales de menores ingresos una doble subvenci�n, con el objeto de retener dentro del sistema educacional a los ni�os de las familias m�s pobres. De ese modo se aliviar�a en parte la suerte de drenaje producido por la falta de recursos. �sas son -repito- las reflexiones que quer�a hacer, porque al leer el texto propuesto sent� que me causar�a insatisfacci�n decir: "Mire, estoy de acuerdo con esto", en circunstancias de que en esa forma no se arregla el problema. Y esto es, tambi�n, lo que deseo dejar establecido. Anuncio que votar� favorablemente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Frei. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Mi intervenci�n ser� bastante breve, porque -como el se�or Presidente me expres� reci�n-, considerando lo que ha demorado el proyecto, si seguimos hablando mucho los ni�os tendr�n m�s de 21 a�os cuando se dicte la ley. La presente iniciativa, as� como la suscripci�n de los acuerdos de las Naciones Unidas, son absolutamente necesarias. Ahora, adem�s de lo manifestado por distintos se�ores Senadores, deberemos preocuparnos de implementar las normas propuestas. Porque, indudablemente, un ni�o que no est� yendo al colegio, o que s�lo asista en r�gimen de media jornada, saldr� de su casa y la familia no tendr� ning�n control sobre �l, menos a�n si la madre realiza labores fuera del hogar, porque com�nmente los menores trabajan para aliviar la dif�cil situaci�n econ�mica que all� se enfrenta. Por lo tanto, es indispensable implementar bien la reforma educacional y crear lugares de entretenci�n para los ni�os, a fin de evitar que permanezcan mucho tiempo viendo televisi�n. Seg�n las �ltimas encuestas, los chilenos pasamos un promedio de cuatro horas diarias por persona mirando televisi�n, y los mensajes que �sta entrega no son en absoluto los que convienen a los menores. De all� provienen muchos problemas de agresividad, de violencia. Y si est�n solos pueden caer f�cilmente en la drogadicci�n y en la delincuencia, ya sea para evadirse de la realidad o para ganar unos pocos pesos sin tener que trabajar. O sea, es esencial adoptar una serie de medidas y continuar implementando las existentes. Es preciso contar con normas como las que nos ocupan y, a mi juicio, hay la mejor disposici�n para votarlas de manera favorable. No obstante, todav�a estamos lejos de proporcionar a nuestros ni�os las condiciones necesarias para que tengan una vida digna. Es cierto que en Chile ya no existe la explotaci�n que hoy se observa en otras naciones del mundo, donde, pese a la globalizaci�n y el modernismo, se ve a menores trabajando en faenas muy duras, aprovechando que se trata de mano de obra barata. Sin embargo, estamos lejos de lograr una vida adecuada y digna para nuestros ni�os. De otro lado, las diferencias tan marcadas en el pa�s entre muchachos de distintas condiciones sociales, constituyen una lacra que costar� mucho suprimir; pero si, como hemos expresado, tenemos la intenci�n de actuar responsablemente y aprobar todas aquellas reformas tendientes a proporcionarles una vida digna, con la ley en proyecto estamos en el camino adecuado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, sin perjuicio de que en su momento aprobar� la iniciativa, deseo hacer presentes algunas observaciones que dicen relaci�n a las condiciones que deber�n existir para que ella pueda cumplir verdaderamente los objetivos que persigue. En mi concepto, no basta s�lo la prohibici�n de celebrar contratos de trabajo. Deben crearse las condiciones socioecon�micas que permitan dejar de laborar, sin que ello signifique una dificultad insalvable para las familias, que generalmente son muy humildes y requieren de los ingresos que el menor aporta al hogar. Por lo tanto, esto debe ir necesariamente complementado con normas que aseguren o beneficien a la familia de modo que el hogar no sufra menoscabo en cuanto a ingresos. Por otra parte, debemos tener en cuenta -como lo han se�alado algunos se�ores Senadores- que la disposici�n se refiere s�lo al caso de los contratos regidos por el C�digo del Trabajo, una de las modalidades que puede adoptar el trabajo infantil. Pero existen otras que no van a quedar protegidas por esta legislaci�n, por lo que se hace mucho m�s necesaria la aplicaci�n general del mejoramiento en las condiciones socioecon�micas. Desde luego hay que mencionar el trabajo familiar, muy importante especialmente en el campo y en la peque�a industria, donde las labores del menor se realizan dentro de la familia. Tales actividades no est�n prohibidas, naturalmente, porque no se encuentran sujetas al C�digo del Trabajo. No obstante, creo que la misma justificaci�n podr�a existir para este tipo de ocupaci�n, porque los peligros, la deserci�n estudiantil, etc�tera, tambi�n pueden producirse all�. Y es posible que el esfuerzo llegue a ser muy duro, dif�cil y realizado en condiciones igualmente inconvenientes para el menor. Por eso, tambi�n debiera considerarse la protecci�n en ese tipo de desempe�o laboral, para evitar que �l sea tambi�n causa de perjuicio para el ni�o. Debe tenerse tambi�n en cuenta que existe otra clase de trabajo, distinto del laboral y del familiar, que es la actividad empresarial que llevan a cabo por s� mismos los menores. Puede incluso ser el caso de de un deportista destacado, ya que existen actividades f�sicas en que la edad tiene importancia relevante para el rendimiento que se alcance, como sucede con la nataci�n, por mencionar alguna, en donde el menor deba celebrar alg�n tipo de contrato como consecuencia de su capacidad deportiva extraordinaria. Esa clase de actividades tambi�n debe quedar sujeta a alg�n grado de regulaci�n, porque muchas veces el hecho de que un menor posea condiciones deportivas destacadas o habilidades excepcionales conduce a un grado de explotaci�n tanto o m�s grave que la causada a trav�s de un contrato de trabajo. Todas �stas son materias que deber�an considerarse complementarias del proyecto, el que, en mi opini�n, sigue una l�nea adecuada, por lo que cuenta con mi aprobaci�n. Sin embargo, estimo que resultar�a una legislaci�n insuficiente si s�lo nos conform�ramos con la normativa que estamos analizando, sin entrar en el estudio y regulaci�n de las otras situaciones que tambi�n son atinentes al trabajo de los menores. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No hay m�s se�ores Senadores inscritos para intervenir en el debate. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, quiero agregar una reflexi�n que acaso sigue el mismo sentido de lo expuesto por el Honorable se�or Fern�ndez. Al escuchar al Senador se�or Ruiz-Esquide record� aquellas novelas de Charles Dickens en las que se describ�a parte de lo que fue el trabajo infantil en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando la industria textil alcanz� un gran desarrollo, o empezaba a tenerlo. Parto de la base de que est� bien que nos ocupemos en este proyecto, as� como est� bien que haya otras normativas similares en nuestra legislaci�n. Pero opino que no basta con quedarse en esto, sino que es necesario ir al fondo mismo del problema. En ese sentido, deber� producirse una toma de conciencia por parte de la sociedad y de las diversas instituciones llamadas a cautelar que, junto con el desarrollo de una sociedad sana, se logre que el progreso econ�mico y social se traduzca igualmente en el correspondiente desarrollo humano y familiar. Con ello se lograr� que todos nuestros ni�os crezcan en un ambiente adecuado. Por esas razones, se�or Presidente, pienso que no s�lo debemos aprobar el proyecto en discusi�n, sino adem�s entender a fondo el sentido que �l tiene, con lo que se lograr� que nuestra comunidad alcance un mejor estado de desarrollo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, aprovechando esta ocasi�n, quiero se�alar lo siguiente. Un avance que debemos hacer, como Senado y como Parlamento, consiste en aprobar una reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de la ense�anza media, del mismo modo que en la d�cada de los veinte se aprob� en nuestro pa�s la ley que hizo obligatoria la ense�anza b�sica. En aquel tiempo, la cobertura de la ense�anza media, que se extend�a por unos seis a�os, no alcanzaba ni al 50 por ciento de la poblaci�n. Hoy la cobertura de ese tramo de la ense�anza alcanza en promedio aproximadamente el 83 por ciento de la poblaci�n en edad de recibirla. Sin embargo, si tomamos a los sectores de m�s bajos ingresos, esa instrucci�n llega solamente al 75 por ciento, en tanto que en el estrato de altos ingresos es casi del ciento por ciento. El n�mero de j�venes que hoy permanecen fuera de la ense�anza media y que s� debieran recibirla, sea en versi�n humanista o t�cnica, es de unos 140 mil en nuestro pa�s. Hemos visto, adem�s, que esta situaci�n est� vinculada al problema de la comisi�n de delitos menores o de robos, que se concentra en proporci�n importante en j�venes que muchas veces no tienen otro destino y terminan en esas actividades inconvenientes para la sociedad. Un paso que podemos dar, y que Chile estar� en condiciones de enfrentar en el siglo XXI, es entregar una se�al positiva, como lo hicimos hace poco con relaci�n a la educaci�n parvularia (incorporada en la Constituci�n Pol�tica, como una manifestaci�n), consistente en abordar esta vez lo mismo respecto de la educaci�n media, lo cual es mucho m�s posible, est� al alcance de la mano. Adem�s, el Estado ya tiene la obligaci�n de abrir las puertas de los liceos cuando un ni�o no tiene posibilidad de ingresar a un colegio pagado. Sabemos que hoy eso se puede hacer. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento est� presidida por el Honorable se�or D�ez, quien en este �ltimo tiempo ha estado acelerando con bastante inter�s una serie de proyectos y reformas constitucionales. Considero muy importante avanzar en el debate del proyecto de reforma que menciono ahora (el que junto con los Senadores se�ores Ruiz-Esquide y Mu�oz Barra planteamos hace ya m�s de un a�o) y colocar esta materia a la altura de lo que son las obligaciones que impone el siglo XXI. Opino que el pa�s se halla en condiciones de hacerlo, y que con ello dar�amos una se�al muy potente, como se hizo al comienzo del siglo XX respecto de la ense�anza b�sica. Estoy seguro de que esta iniciativa recoge bien la aspiraci�n de la totalidad, o al menos de la mayor�a de los Honorables colegas. La medida indicada, que aprovecho de plantear con motivo de estar debatiendo el presente proyecto, vendr�a a potenciar la retenci�n de alumnos en la educaci�n media, como una forma de reducir la exposici�n de los j�venes a un trabajo prematuro. Potenciar�a igualmente mayor productividad nacional en una era en que la clave se encuentra en los niveles educacionales y en que nos hallamos, por cierto, en condiciones de impulsarla. Por tales razones, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto en discusi�n, que tambi�n agrega una contribuci�n menor, soy partidario de apuntar a lo fundamental: atacar, de manera de cubrirla en un plazo muy breve, la educaci�n media en forma total: el ciento por ciento de la poblaci�n en edad de cumplirla. Mecanismos existen. Se dispone de un estudio que ya mencion� otro se�or Senador, que nos permitir�a subsidiar a la familia, como contraparte del hecho de que el joven permanezca en el colegio hasta terminar su educaci�n media. Creemos que Chile est� con condiciones de dar ese paso, y es fundamental para su futuro. El se�or D�EZ.- Tomaremos en cuenta sus observaciones, Honorable colega, cuando confeccionemos la tabla de la Comisi�n, despu�s de terminado el estudio del C�digo Procesal Penal. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votaci�n. --Por unanimidad, se aprueba el proyecto en general y en particular a la vez, y queda despachado en este tr�mite. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a constituir la Sala en sesi�n secreta. SESI�N SECRETA --Se constituy� la Sala en sesi�n secreta a las 17:29, y adopt� resoluci�n sobre la concesi�n de nacionalidad por gracia a los sacerdotes se�ores Alceste Piergiovanni Ferranti, Antonio Casarin Manz�n y al se�or Juan Lucarini Strani. Asimismo, se tom� resoluci�n acerca de las solicitudes de rehabilitaci�n de la se�ora Sonia del Carmen Alvarez Montanares y de los se�ores H�ctor Iv�n Morales Olivares, Luis Armando Rodr�guez, Eduardo Patricio Navarrete Fuentes, Francisco Camilo Conejeros Riveros, Guillermo Albino Reyes Figueroa, Rienzi Gerardo Valencia Gonz�lez, Bernardo Favio Quiroz Saavedra, Jorge Eduardo D�az Hern�ndez y Sandor Adolfo Arancibia Valenzuela. --Se reanud� la sesi�n p�blica a las 18:42. ______________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a la sesi�n p�blica. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or CHADWICK: Al se�or Intendente de la Sexta Regi�n acerca de D�FICIT PRESUPUESTARIO Y PROYECTOS DE INVERSI�N POSTERGADOS EN SEXTA REGI�N. Del se�or FERN�NDEZ: Al se�or Ministro de Miner�a relativo a MODIFICACI�N DE LEY QUE CRE� LA EMPRESA NACIONAL DEL PETR�LEO. Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministro del Interior, Ministro de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, General Director de Carabineros y Subsecretario de Pesca, y a la se�ora Intendenta Regional de la Und�cima Regi�n de Ais�n atinente a DA�OS A PERSONAS Y PROPIEDAD POR MOVILIZACI�N DE PESCADORES ARTESANALES. A la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores tocante a TRABAJO DE COMISI�N MIXTA DE L�MITES CHILE-ARGENTINA EN CAMPO DE HIELO PATAG�NICO SUR. A los se�ores Ministro de Planificaci�n y Cooperaci�n, y de Vivienda y Urbanismo relativo a PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN REGIONES DEL PA�S. Del se�or LAGOS: A la se�ora Ministra de Educaci�n concerniente a IRREGULARIDADES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N). A la se�ora Ministra de Salud relativo a AGILIZACI�N DE ATENCI�N EN CONSULTORIO "PEDRO PULGAR" DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N). A los se�ores Ministro de Bienes Nacionales, Director General de Deportes y Recreaci�n, e Intendente Regional de Tarapac� tocante a FINANCIAMIENTO DE ESPACIOS PARA PR�CTICAS DEPORTIVAS EN COMUNA DE IQUIQUE (PRIMERA REGI�N). Al se�or Ministro de Bienes Nacionales respecto a TRASLADO DE PARCELEROS DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N). Al se�or Ministro de Bienes Nacionales respecto a CONDONACI�N DE DEUDAS DE POBLADORES DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N). A los se�ores Director del SERVIU e Intendente Regional de Tarapac� atinente a ELIMINACI�N O REBAJA DE 10 POR CIENTO CORRESPONDIENTE A "ACERAS PARTICIPATIVAS" PARA JUNTA DE VECINOS "13 DE JUNIO" DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGI�N). Del se�or STANGE: A la se�ora Ministra de Educaci�n concerniente a PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O REPOSICI�N DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUYEHUE (D�CIMA REGI�N). Al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones referente a PARALIZACI�N DE TOMA DE RAZ�N DE TRANSFERENCIA DE PERMISO LIMITADO DE TELEVISI�N A SOCIEDAD ONDAVISI�N CRELL LTDA. (D�CIMA REGI�N). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Dem�crata Cristiano, tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. CONSECUENCIAS DE APERTURA DE CUENTA DE CAPITALES. OFICIOS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, el Banco Central y el Gobierno pr�cticamente han terminado de abrir la cuenta de capitales al poner fin a la regulaci�n que imped�a que los fondos ingresados al pa�s salieran antes de transcurridos doce meses. Con esta disposici�n, las principales restricciones cambiarias existentes han sido eliminadas. De otra parte, las medidas adoptadas son plenamente concordantes con el modelo econ�mico en aplicaci�n, que convierte a la apertura econ�mica y a la reducci�n de la capacidad regulatoria del Estado en dos de sus piezas centrales. Las consecuencias consistir�n en disminuir la capacidad decisoria del Estado; acentuar la vulnerabilidad de la econom�a frente a shocks externos; hacer a �sta absolutamente dependiente de las conductas y direcciones que adopten los capitales, y profundizar la globalizaci�n econ�mica en que se encuentra inmerso el pa�s. Chile cuenta con experiencias al respecto. En el per�odo reciente ya pag� las consecuencias de un ingreso de capitales desproporcionado muy por encima de los requerimientos de la econom�a. En 1997 entraron recursos externos por una suma equivalente al 10 por ciento del PIB, "sobrecalentando" la econom�a, revaluando la moneda nacional y empujando a un gigantesco d�ficit en cuenta corriente. Ello oblig� a medidas de ajuste que se sumaron al nuevo contexto creado por la crisis externa, llevando a la econom�a a la recesi�n, con costos econ�micos y sociales que a�n se pagan. No es ver�dica la creencia de que se trata de divulgar que el ingreso de recursos desde el exterior s�lo presenta ventajas. Ni macroecon�micamente ni microecon�micamente es as�. Menos a�n cuando se trata de estimular, como acontece con la medida comentada, el movimiento de operaciones financieras, incluyendo las exclusivamente especulativas. La inversi�n productiva no entra por plazos cortos. M�s grave ser� todav�a cuando los capitales determinen salir, factor muy presente en las principales crisis econ�micas de los a�os noventa. Es una ingenuidad suponer que el pa�s ser� s�lo eternamente receptor de capitales. Hay que aprender de las crisis recientes en M�xico, sudeste asi�tico, Brasil y Rusia. �C�mo se enfrentar�n estas fluctuaciones indeseadas si no existen mecanismos regulatorios? Sabemos que el actual modelo econ�mico produce crisis c�clicas cada ciertos a�os y que �stas se generan cada vez por exceso de ofertas. En los �ltimos 16 a�os Chile ha sido afectado por tres grandes crisis, incluida la actual crisis asi�tica; y diversos economistas han advertido de una nueva y m�s grande a ra�z del "sobrecalentamiento" de la econom�a en Estados Unidos. Con esta nueva desregulaci�n, la volatilidad cambiaria se transformar� en una constante, la cual ya se hizo m�s fuerte al decidir el Banco Central, en septiembre del a�o pasado, dejar de intervenir en el mercado, quedando as� la paridad fluctuando en funci�n de los movimientos de capitales. Son ellos los que determinan el curso de la paridad. La decisi�n de abrir a�n m�s la cuenta de capitales se adopt� en un momento en que el peso se encontraba enfrentado a un claro proceso devaluatorio, como consecuencia, ante todo, de la "tembladera" burs�til estadounidense y de la pol�tica de incremento de las tasas de inter�s seguida por la Reserva Federal. El banco de inversiones norteamericano Salomon Smith Barney vincul� el momento elegido en la toma de la decisi�n a un probable inter�s en frenar el alza de la divisa. Todo lleva a la conclusi�n de que fue as�. Como era presumible, la referida determinaci�n fue recibida con aplausos por los representantes de los organismos de los grandes empresarios y los bancos de inversi�n norteamericanos. De inmediato agregaron nuevas exigencias. El Presidente de la Confederaci�n de la Producci�n y del Comercio, Walter Riesco, adem�s de felicitarse por el acuerdo demand� la eliminaci�n del impuesto a las ganancias del capital y el t�rmino definitivo del encaje al ingreso de capitales de corto plazo, que el Banco Central mantiene en cero desde septiembre de 1998. Desde el Ministerio de Hacienda se manifest� la disposici�n a estudiar la eliminaci�n del impuesto a las ganancias para los no residentes, las cuales cancelan un tributo de 35 por ciento cuando son retiradas del pa�s. Se romper�a, de darse este nuevo paso, con el principio de que los grav�menes se cancelan en el pa�s en donde se origina el ingreso, dado que la tributaci�n sobre las utilidades en los pa�ses desarrollados es mucho m�s alta que en Chile. Una vez m�s entre los argumentos entregados para fundamentar la medida se encuentra el de igualar las ventajas concedidas en otras naciones latinoamericanas, en el marco de una verdadera competencia entablada sobre cual es el pa�s que entrega m�s facilidades. La l�gica de las medidas es otorgar nuevas ventajas al sistema neoliberal, sin discriminar siquiera en el tipo de operaciones efectuadas. No tiene nada de extra�o. Es un nuevo paso en la concreci�n del modelo econ�mico propiciado. En una reuni�n organizada por el Centro de Estudios P�blicos �que preside Eliodoro Matte, cabeza del grupo econ�mico del mismo nombre-, le dieron su respaldo, entre otros, Carlos C�ceres y Sergio de Castro, ex Ministros de Pinochet; Cristi�n Larroulet, Presidente del Instituto Libertad y Desarrollo y general�simo de la candidatura de Joaqu�n Lav�n, y Francisco Rosende, Decano de la Facultad de Econom�a de la Universidad Cat�lica. El Banco Central sostuvo que la nueva apertura de la cuenta de capitales permitir� la entrada de un monto m�s elevado de inversi�n internacional y financiar, a su juicio, proyectos m�s riesgosos. En verdad, se estimula el ingreso de cualquier tipo de recursos al mercado de capitales, al quedar la econom�a absolutamente abierta, siendo el inversionista el que determina su objetivo y direcci�n. La medida no alcanza, en los hechos, a la inversi�n productiva. Ello se manifestar� �quiero recordarlo- en cualquier instante. En la actual coyuntura, tal vez, es algo poco previsible, dado el escaso diferencial real entre la tasa de inter�s interna y la existente para el d�lar. Esa opini�n es, tambi�n, la de los bancos de inversi�n extranjeros. La regulaci�n que persiste al movimiento de capitales son los topes para colocar en el exterior recursos en poder de inversionistas institucionales, ante todo de las administradoras de fondos de pensiones. Al respecto, la salida al �mbito externo se justific�, en su momento, por la diseminaci�n de los riesgos. Pero los �ltimos meses, a partir de las dificultades en los centros burs�tiles estadounidenses, arrojaron �es preciso destacarlo- rentabilidades negativas. En marzo y abril, tal realidad constituy� el principal factor de cifras en rojo de los fondos de pensiones. Al 30 de abril se encontraban colocados en el exterior 4 mil 266 millones de d�lares, con un crecimiento de mil 412 millones en doce meses. Con todo, lo m�s grave es que por ese camino, que se ha venido ampliando permanentemente, se restan recursos para objetivos de desarrollo dentro del pa�s, y ahora se otorga, por otro lado, todo tipo de facilidades para el ingreso de capitales. Se ha ido m�s lejos que antes en abrir la econom�a. Se ha llevado al extremo la aplicaci�n del modelo econ�mico, en circunstancias de que a nivel mundial crece la exigencia de establecer regulaciones al desequilibrante movimiento de recursos financieros globales y en los diferentes pa�ses. Chile dej� de constituir el ejemplo dado internacionalmente de regulaciones exitosas que permitieron mejorar la composici�n de la cuenta de capitales, como aconteci� con el encaje. Por mi parte, hace poco intervine en esta Sala para se�alar que muchos pa�ses desarrollados hab�an aprobado o se hallaban estudiando el impuesto Tobin, peque�a tasa entre 0,1 y 0,5 por ciento aplicable a los capitales especulativos de corto plazo, que var�an entre dos y seis d�as. Con medidas como aquella a que he hecho referencia, Chile se maneja en sentido inverso a aquel en que piensan buenos economistas de las sociedades desarrolladas. Ello me ha movido a levantar la voz en esta ocasi�n, se�or Presidente, para advertir que puede repetirse en los pr�ximos tiempos lo ocurrido en tres oportunidades en los �ltimos 16 a�os, o sea, las crisis c�clicas que tanto han afectado al pa�s, y que los efectos de una de ellas pueden ser m�s graves. Todos sabemos que diversos especialistas en el mundo han planteado que la econom�a de Estados Unidos se est� "recalentando". Y en el d�a de hoy el se�or Presidente del Banco Central ya expres� que �reas de poder econ�mico como Estados Unidos y Europa registrar�n un crecimiento decreciente a partir de 2001, lo que significa la constataci�n de un "sobrecalentamiento" en ciernes. Esa situaci�n indudablemente repercutir� de manera fundamental en los pa�ses en desarrollo en Am�rica Latina, entre ellos Chile. Y es evidente que una crisis que parta desde Estados Unidos y llegue a Europa provocar� consecuencias en las materias primas exportadas por la regi�n, primer resorte que salta frente a un hecho de esa �ndole en Asia, por ejemplo. He querido advertir sobre el particular y proporcionar los antecedentes respectivos del mismo modo que proced� oportunamente en otras ocasiones, en las que, sin embargo, la prevenci�n no se tom� en cuenta y los efectos tuvieron lugar. Por tales razones, pido que se transmitan mis opiniones tanto al se�or Presidente del Banco Central como al se�or Ministro de Hacienda. Muchas gracias. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del Honorable se�or Lavandero, conforme al Reglamento. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, quisiera formular una consulta al Senador se�or Lavandero. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a, con cargo al tiempo del Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or MART�NEZ.- Deseo preguntar a mi Honorable colega si tiene inconveniente en ceder al Comit� Institucionales 1 los 14 minutos que le sobran. El se�or LAVANDERO.- Ninguno, se�or Senador, puesto que en otra oportunidad fui objeto de una gentileza en el mismo sentido. El se�or MART�NEZ.- Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Uni�n Dem�crata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable se�or Stange. El se�or STANGE.- Se�or Presidente, el Senador se�or R�os intervendr� primero. El se�or R�OS.- Efectuamos un cambio de... El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA El se�or R�OS.- Se�or Presidente, la Constituci�n de 1980 abri� un camino para alcanzar en plenitud el desarrollo institucional. En efecto, qued� impl�cita en su esp�ritu y en la letra, en lo referente al proceso legislativo, la norma que obliga al Ejecutivo a dictar los reglamentos de los cuerpos legales aprobados en el Parlamento. De esa forma, el Poder Legislativo pon�a t�rmino a un per�odo muy extenso de "leyes-reglamentos" que, en general, fueron muy negativas en su ejecuci�n y, a�n m�s, en la interpretaci�n de sus decenas y decenas de art�culos de car�cter administrativo, que llevaban a detalles casi infantiles. Lo anterior permiti� un real adelanto, el cual termin� siendo tan acelerado que hoy pr�cticamente no hay cuerpos legales cuyo despacho amerite ser acelerado, salvo un par de excepciones. Algunos han denominado "sequ�a legislativa" a esa situaci�n y en virtud de ello han formulado llamados al Ejecutivo para que presente proyectos de ley y "haga trabajar", entre comillas, al Congreso. Los claros ataques dirigidos por ese motivo implican, desde mi punto de vista, una evidente falta de conocimientos sobre la institucionalidad, porque, en verdad, el Ejecutivo dispone hoy de todas las leyes necesarias para una buena administraci�n -de todas, sin excepci�n-, como tambi�n los gobiernos regionales y los comunales cuentan con todas las normas b�sicas para su buen funcionamiento. Pero al Parlamento asimismo le asisten otras obligaciones, algunas de ellas establecidas y otras de sentido com�n. Por de pronto, cabe mencionar la fiscalizaci�n por la C�mara de Diputados, que, con escasas salvedades, nunca se ha llevado adecuadamente. La raz�n de ello radica en que priman los intereses partidistas en tal forma, que terminan siendo superiores a los beneficios de una fiscalizaci�n seria, adecuada y profunda, como en algunas circunstancias ha pretendido ser, y que considere el cumplimiento de pol�ticas nacionales, impresas en la ley o se�aladas en su esp�ritu. Y cabe recordar las actas de comisiones pocas veces conocidas por la opini�n p�blica o, a�n m�s, en muchas oportunidades distorsionadas por el debate posterior respecto de algunas normas de mayor inter�s ciudadano. Sin embargo, un objetivo tan importante como el descrito, por la pr�ctica, igualmente va siendo cercenado ante la ausencia de la fiscalizaci�n. Un caso muy actual es el de la Comisi�n de �tica creada hace poco tiempo al interior del Poder Judicial. Su acci�n reciente ha sido tan determinante, que la fiscalizaci�n a los ministros de Corte, responsabilidad de la C�mara de Diputados -y muy en especial en situaciones como las conocidas-, se encauza por ese otro camino institucional. La opini�n p�blica ya no esperar� de los Diputados una actuaci�n sobre el particular, pues en el �mbito respectivo se encuentran contentos y tranquilos con la Comisi�n. Algo parecido ocurre con las mesas de di�logo o las mesas sociales, o del nombre que sea. Ellas tambi�n responden a la ausencia del Parlamento tanto en la acci�n fiscalizadora como en el an�lisis de grandes temas nacionales. �No era acaso el Parlamento el lugar de debate y an�lisis donde la mayor�a de las veces se terminaba aprobando proyectos modificatorios de leyes vigentes o iniciativas que daban nacimiento a otros cuerpos legales? Es cierto que el Congreso conoce las leyes, como, tambi�n, que la Constituci�n entrega en forma privativa a este Poder del Estado la responsabilidad en esa materia. Pero tambi�n es verdad que ahora no se est�n discutiendo aqu� los grandes problemas nacionales. El Ejecutivo, en una clara manifestaci�n de duda acerca de los representantes democr�ticos (me imagino que tiene alguna inquietud con respecto a las capacidades de �stos), ha preferido crear una especie de "parlamentos paralelos", para que de ah� surja la soluci�n. De esta forma, dichas mesas cumplen funciones fizcalizadoras; conocen de la aplicaci�n de la norma que origin� tal encuentro, funci�n propia de la C�mara de Diputados, y analizan sus proyecciones futuras, acci�n �sta que constitucionalmente permite al Presidente de la Rep�blica solicitarlas al Senado. Ninguna de las dos instancias ha actuado. Tampoco se perciben cambios de actitud en esta materia por parte del Ejecutivo, ni inquietudes al respecto del Legislativo. Lo anterior es verdad, y por ello el desinter�s nacional por los actos del Parlamento. Tambi�n es cierto que, en general, los partidos pol�ticos -salvo excepci�n- poco colaboran en esta situaci�n. M�s bien, estimo, han sido actores principales en el debilitamiento del Poder Legislativo al trasladar intrincadas estrategias a la acci�n parlamentaria, las que han sido llevadas a cabo por Parlamentarios -con la salvedad de algunos- al pie de la letra. A lo anterior se suma un hecho in�dito: un Senador fue desaforado hace un a�o y ocho meses. Y a�n no tiene sentencia de nada. No puede ejercer sus funciones. �Qu� habr�a ocurrido si a un Ministro de Estado se le impidiera, por igual tiempo, ejercer sus responsabilidades, o a un Ministro de Corte le sucediera similar cosa? Sin duda, se producir�a una conmoci�n institucional. Sin embargo, en el caso de un Senador no pasa nada. Y, lo que es peor aun, entre sus colegas tampoco pasa nada, salvo excepciones. Vistas as� las cosas, en que los contrapesos institucionales han terminado y la importancia del debate est� centrada en otras instancias, y no en el Parlamento, se entiende mejor el hecho de que recientes informes p�blicos ubiquen a este Poder del Estado en el pen�ltimo lugar de importancia institucional, superando s�lo a los partidos pol�ticos, que se ganaron el �ltimo lugar en el valor que les da la ciudadan�a. Sin duda, hemos ingresado a un camino peligroso. La manifestaci�n de apoyo permanente a la democracia s�lo se expresa en discursos y declaraciones, pero ya hace tiempo que se alej� de los hechos. Un buen ejemplo de esto fue la determinaci�n en orden a que en una de las mesas de di�logo -la que conoce de los temas referidos a los derechos humanos- hayan sido los propios defensores a ultranza de la democracia quienes se opusieron a la presencia de los actores pol�ticos; y, lo que es peor a�n, sabiendo que �stos, en el Senado, hab�an llegado a un acuerdo com�n en una de las materias mas delicadas: los detenidos desaparecidos. En esa ocasi�n, el propio Ejecutivo termin� por apoyar la ausencia de la democracia. En suma, se estim� que la no asistencia de Parlamentarios y de los partidos pol�ticos permitir�a avanzar en el encuentro de una soluci�n concordada. En otro campo, el municipal, el Ejecutivo detuvo por cuatro meses el debate acerca de la elecci�n separada de alcaldes y concejales, "hasta no conocer los resultados electorales presidenciales", como lo expres� privadamente un alto funcionario de La Moneda, dando claramente vuelta la espalda al sentir nacional. No ser� posible contar con la ley para las pr�ximas elecciones. Y, sin embargo, todos los partidos pol�ticos, reunidos en Santiago, est�n decidiendo los destinos comunales del pa�s entero. Me atrevo a decir que las listas de concejales -excepto en algunos casos- carecer�n de la legitimidad necesaria, pues fue en otro lugar, con otros actores, donde se resolvieron los destinos comunales. �Cuando terminar� esta debacle institucional, se�or Presidente? S�lo cuando cada uno de sus actores principales asuma en plenitud la responsabilidad institucional; cada uno, desde el Presidente de la Rep�blica hasta el m�s modesto servidor p�blico. Sin embargo, los que encabezan los tres Poderes del Estado tienen hoy la palabra. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable se�or Stange. PARTICIPACI�N DE DIPUTADO SE�OR EUGENIO TUMA EN INCIDENTES DE TEMUCO. OFICIO El se�or STANGE.- Se�or Presidente, es de p�blico conocimiento que ayer lunes 15 de mayo, en las proximidades de la ciudad de Temuco, un grupo de manifestantes integrado por peque�os agricultores, algunos de ellos de ascendencia mapuche, se congreg� para protestar por la falta de apoyo del Gobierno Central ante la cr�tica situaci�n por la cual atraviesan a ra�z del mal resultado en las siembras y cosechas, todo ello derivado de las condiciones clim�ticas adversas en los meses de verano. Resulta necesario recordar que la Constituci�n Pol�tica, en el N� 13� de su art�culo 19, asegura a todos los habitantes de la Rep�blica el derecho a reunirse pac�ficamente sin permiso previo y sin armas, con la sola limitaci�n de que las reuniones en plazas, calles y dem�s lugares de uso p�blico deber�n regirse por las disposiciones generales de polic�a, entendi�ndose para este efecto lo prescrito en el decreto supremo N� l.986, del Ministerio del Interior, del 16 de septiembre de 1983. Este cuerpo legal regla las formas o procedimientos para hacer uso del derecho a reuni�n, mediante solicitudes escritas a las autoridades representantes del Poder Ejecutivo, quedando �stas facultadas para denegar la petici�n o para se�alar otros lugares donde realizarla. Trat�ndose de la reuni�n tumultuosa que se describi�, y que es de p�blico conocimiento por las informaciones aparecidas en televisi�n y en la prensa escrita de hoy, consta que esas personas no solicitaron permiso previo, por lo que la autoridad -entendi�ndose para estos efectos el Intendente o el Gobernador- se encontraba facultada para disponer que la fuerza p�blica disolviera la manifestaci�n, habida consideraci�n de que esas personas portaban palos, bastones, herramientas o elementos de naturaleza semejante. No obstante que la autoridad administrativa autoriz� verbalmente el paso por la Ruta 5 Sur de quienes protestaban, siempre que no se entorpeciera el tr�nsito de veh�culos, y mientras el Prefecto de Carabineros de la zona, Coronel se�or Fernando Torres, dialogaba con los dirigentes del movimiento, fue rodeado por manifestantes y agredido con golpes de palo en la cabeza y en el costado de su cuerpo. Result� con contusiones, a pesar de que utilizaba casco protector y chaleco antibalas. Visto lo anterior, se dispuso disolver la reuni�n, a lo que se opuso tenazmente el Diputado se�or Eugenio Tuma Zedan, quien trat� de reagrupar a los manifestantes para dirigirse hacia el centro de la ciudad, interponi�ndose de esta manera con lo dispuesto por la autoridad policial y obrando con v�as de hecho frente al carro lanzaaguas. Con ello puso en riesgo su integridad personal e hizo p�blica ostentaci�n del desobedecimiento a las �rdenes de las autoridades administrativa y policial. La conducta de las personas que se congregaron se aparta de los derechos garantizados por la Constituci�n, ya descritos. En raz�n de haberse realizado dicha reuni�n sin permiso previo y de portar sus manifestantes elementos que se consideran armas, la autoridad se encontraba facultada para proceder, con el uso de la fuerza racional, y disolver a quienes estaban protestando. En estos hechos le cupo una intervenci�n protag�nica al Diputado se�or Tuma, quien de palabra, de hecho y en forma claramente arbitraria indujo a los congregados a la alteraci�n del orden p�blico, al haber incurrido esas personas en delitos previstos en la legislaci�n. El C�digo Penal, en su T�tulo VI, en lo que dice relaci�n a los cr�menes y simples delitos contra el orden y la seguridad p�blicos, sanciona "a los que se alzaren o acometieren con violencia en contra de la autoridad o sus agentes". Tan es as� que -como lo se�alaron profusamente los medios de informaci�n- resultaron lesionados veinte funcionarios de Carabineros y diez manifestantes fueron detenidos. La conducta del Diputado se�or Tuma vulnera gravemente el Estado de Derecho; se le ve como un incitador a la violencia en contra de la autoridad; desobedece las disposiciones que leg�timamente la autoridad civil imparti� sobre el caso, y, del mismo modo, viola y entorpece las �rdenes que en el ejercicio de sus funciones imparti� la fuerza p�blica. Reclamo, entonces, por la actitud de dicho Parlamentario, que califico de desafortunada, y tambi�n por sus expresiones destempladas dirigidas en contra de la fuerza p�blica, mediante las cuales ha tratado de poner en duda la actuaci�n de Carabineros, destinada a restablecer el orden p�blico quebrantado. Se�or Presidente, solicito que esta intervenci�n sea transmitida al se�or General Director de Carabineros, don Manuel Ugarte Soto. El tiempo que resta a mi Comit� lo cedemos al Honorable se�or Mart�nez. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el tiempo del Comit� Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, como en nuestro turno intervendr� tambi�n el Honorable se�or Canessa, quiero dejar constancia de que adem�s del tiempo restante del Comit� UDI e Independientes har� uso de l0 minutos cedidos por el Comit� Renovaci�n Nacional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Est� claro, se�or Senador. DESCONOCIMIENTO DE LEY DE AMNIST�A Y DE PRESCRIPCI�N El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, debo referirme de nuevo al grav�simo hecho de que nuestros Altos Tribunales persisten en desconocer la Ley de Amnist�a y la prescripci�n mediante f�rmulas re�idas con la realidad, encausando con tales interpretaciones a personal de las Fuerzas Armadas en una actitud que, adem�s de violar la verdad y el derecho, se presta a los fines de quienes buscan venganza o persiguen siniestros prop�sitos pol�ticos. Tengo informaci�n pertinente sobre lo que la doctrina y la ley, nacionales y extranjeras, contemplan acerca de los delitos instant�neos, los delitos instant�neos de efectos permanentes, los delitos continuados y otras figuras. Nada de esto puede oscurecer la maciza realidad de que tanto el convencimiento general del pa�s, cuanto la m�s primaria l�gica de los hechos y la realidad de las actuaciones procesales en estos casos, muestran que se est� acusando a oficiales y personal de las Fuerzas Armadas sobre la base de apreciaciones opuestas a la verdad. Ning�n ciudadano patriota puede dejar de exigir que nuestro Poder Judicial act�e con independencia y transparencia, y que para aplicar justicia respete la realidad de los hechos. Adem�s, los chilenos tienen derecho al m�nimo respeto de no ser embaucados. Se�or Presidente, en mi anterior intervenci�n, pese a no compartir la orientaci�n, composici�n, prop�sito y funci�n de la Comisi�n Rettig -que, a mi juicio, fue inconstitucional, sesgada e ideologizada y que mostr� la curiosa selectividad de su criterio al limitarse a determinado per�odo de la historia de Chile, sin considerar las vinculaciones causales con su entorno previo y simult�neo-, me refer� a ella para mostrar que un organismo con tales graves tachas no hab�a podido sustraerse, ante el caso de los llamados detenidos desaparecidos, al grito de los hechos, debiendo afirmar "su certeza moral que concluy� con el asesinato de la v�ctima y la disposici�n de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados" (p�gina 22 del Informe). Se�al�, adem�s, que el Senador se�or Edgardo Boeninger (quien fue Ministro Secretario General de la Presidencia durante el Gobierno del se�or Aylwin y por ello estuvo en posici�n privilegiada respecto de estos temas), en entrevista dada hace pocos d�as afirm� que los presuntos secuestrados est�n muertos, y critiqu� su doctrina de que formalmente se pod�a imputar a los oficiales y personal referidos un secuestro permanente a sabiendas de que los secuestrados se hallan muertos. Pero, a mi juicio, el argumento m�s contundente para demostrar la falsedad de la imputaci�n del secuestro o detenci�n permanente ha estado en la misma conducta de los se�ores jueces que han conocido de los procesos, en cuanto no han procurado, con actos proporcionados a la magnitud de las acusaciones y al n�mero de ellas, dar protecci�n a los ofendidos, como establece la ley. En efecto, la ley obliga a los jueces, ya desde las primeras diligencias del sumario criminal, a dar protecci�n a los perjudicados. Y �stos, se�or Presidente, si se tratara de un secuestro, son los secuestrados. Insisto en el punto y pregunto nuevamente: �c�mo no se han realizado o agotado las actividades investigativas hasta esclarecer los hechos, con miras a descubrir las personas vivas de los secuestrados, trat�ndose de un n�mero tan grande como el que se indica y durante un plazo tan largo, de m�s de un cuarto de siglo, para hacer realidad tal protecci�n? Esa omisi�n presenta un grotesco contraste con el ejemplo que di sobre la masiva intervenci�n en Villa Baviera para buscar a una sola persona. El pa�s vio c�mo se montaron, durante meses y meses, reiterados, espectaculares y televisados operativos, con numeros�simos funcionarios policiales, perros y modernas t�cnicas de prospecci�n electr�nica, sobre y bajo tierra, en �reas extensas. �Por qu� los se�ores jueces, de oficio, no han realizado investigaciones ni remotamente comparables a aqu�lla en celo y magnitud, ni, sobre todo, investigaciones espec�ficas para buscar gente viva privada de libertad? �D�nde est�n las operaciones "rastrillo" o "peineta" a lo largo de todo el territorio, casa por casa y por todo posible escondrijo o habit�culo donde pudiere permanecer retenido hasta hoy un secuestrado? Y, como tambi�n expres�, �por qu� no se han agotado en el mismo �mbito territorial todos los testimonios posibles de cualquier persona, profesional o no, que pudiera verificar la sobrevivencia cautiva de los detenidos desaparecidos? No existen diligencias proporcionadas a la realidad acerca de una cantidad tal de secuestrados por tanto tiempo que permitan disipar un absurdo que est� da�ando seriamente bienes y prestigios superiores y permanentes de la Patria. Entonces, se�or Presidente, la conclusi�n que cualquier chileno puede sacar es que estamos ante una dram�tica alternativa: o los jueces han sido gravemente negligentes en cumplir tan primordiales obligaciones, o se hallan convencidos de que los supuestos secuestrados o detenidos no evadidos est�n muertos. Esta �ltima opci�n aparece validada por la cantidad de diligencias realizadas para encontrar o identificar osamentas. En ambas hip�tesis, los magistrados que han conducido los procesos habr�an violado la ley y la justicia. �Acaso los jueces no violan la ley y la justicia si, teniendo el convencimiento de que la v�ctima de un delito est� muerta, inculpan o procesan a alguien sobre la base de aceptar la simulaci�n de que sigue viva a fin de eludir la ley? Una vez m�s repito lo dicho: la administraci�n de justicia y la verdad no pueden separarse y, por ello, los jueces no pueden evadirse de la alternativa anterior. O proceden a buscar con toda la amplitud e intensidad necesarias a los presuntos secuestrados, o deben reconocer que esas personas est�n muertas y que todos los indicios conducen a configurar una presunci�n en tal sentido. Porque un juez a quien le asiste la convicci�n de que est�n muertos y contin�a acusando de secuestro, est� simulando, prevaricando, haciendo una torcida administraci�n de justicia. Y esto s� parece revestir car�cter permanente. Se�or Presidente, la �ltima resoluci�n de la Sala Penal de la Corte Suprema, que ha insistido en la inveros�mil y, por ende, injusta imputaci�n de secuestro o detenci�n permanente, muestra que la preocupaci�n que expres� en mi anterior intervenci�n se encuentra plenamente justificada. La acci�n de los tribunales aparece como una pertinaz operaci�n jurisprudencial para fallar en contra de la verdad. Cuando el Supremo Tribunal de Justicia falla consciente y reiteradamente contra la verdad, se puede afirmar con certeza que, en la pr�ctica, con este "supremazo" se ha vulnerado el orden institucional de la Rep�blica, constituyendo tal acci�n un aut�ntico "golpe de estado judicial". Tal conducta de algunos miembros de la Suprema Corte resulta particularmente censurable si se considera que la ley �no la Constituci�n- los exime de pena en los grav�simos casos de falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y en la denegaci�n y torcida administraci�n de justicia, impunidad que agrava institucional y moralmente su actuar. La reiterada vulneraci�n de la relaci�n entre funci�n jurisdiccional y verdad ser�a a�n m�s grave si la intenci�n de quienes la impulsan fuere el desmantelamiento o la destrucci�n moral de las Fuerzas Armadas y de Orden y el enervamiento para cumplir sus deberes, incluido su inexcusable deber constitucional de garantizar el orden institucional de la Rep�blica. Eso resulta particularmente injusto trat�ndose de oficiales y personal que asumieron la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es la defensa de Chile en su integridad f�sica y moral. En efecto, en el momento de mayor gravedad de un largo asedio por parte del totalitarismo marxista y, espec�ficamente, del pa�s que entonces lo lideraba �la Uni�n Sovi�tica-, se intent� imponer en Chile, sin retorno, el m�s maligno r�gimen pol�tico concebible. La doctrina b�sica y reiterada del marxismo busca la transformaci�n forzada y definitiva del hombre, desde su m�s honda ra�z, para imponer su ut�pica e inhumana ideolog�a. La historia nos muestra, a lo largo del siglo que termina, a qu� inimaginables extremos de crueldad, violencia, opresi�n y aniquilamiento llegaron sus exponentes, en escala de millones y millones de personas, junto a las sutilezas con que buscaron desterrar la verdad, teniendo como elementos esenciales de su obrar la mentira y el odio. �stos son hechos indesmentibles, ocurridos a lo largo de todo el orbe. La ca�da de ese r�gimen en la ex Uni�n Sovi�tica ha venido no s�lo a confirmar, sino a dar una escala much�simo mayor a las acusaciones que se hac�an a tal ideolog�a en el poder. Se�or Presidente, siempre resulta necesario traer a la memoria circunstancias esenciales de nuestra historia de las �ltimas d�cadas. Hay sectores interesados en eludir o deformar esas realidades, y no es preciso ser muy agudo para visualizar que tal operaci�n corresponde al mismo prop�sito estrat�gico y desinformativo que la depredaci�n judicial que denunciamos. Para salvar a Chile de su ca�da inminente e irreversible y respondiendo al clamor de su pueblo, de la misma Corte Suprema, de la Contralor�a General de la Rep�blica y de la C�mara de Diputados, las Fuerzas Armadas y de Orden, como invariablemente lo hicieron en nuestra historia, cumplieron con su deber. La experiencia del grav�simo peligro corrido y su reiteraci�n llev� a se�alar expl�citamente en la Constituci�n el car�cter de garantes del orden institucional de la Rep�blica que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, misi�n que naturalmente les compete y que les fue recordada por la C�mara de Diputados ya el 22 de agosto de 1973. A fin de cumplir con su deber, el a�o 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden debieron actuar con la intensidad proporcional a la gravedad y a los riesgos del proyecto pol�tico anunciado y a la acci�n terrorista y subversiva presente masivamente en el pa�s, apoyada por las potencias que pretend�an sojuzgarnos y que continu� incluso largo tiempo luego de instalado el R�gimen militar. De hecho, las declaraciones fueron reiteradas, desde el comienzo, de que o se aceptaba el comunismo por la v�a pac�fica, o se realizar�a por la violenta, que significa la dictadura del proletariado que no termina hasta la utop�a inalcanzable de la sociedad sin clases. O sea, nunca. Allende, al inicio de su Gobierno, precis� que lo que empezaba a ocurrir en Chile en 1970 era lo mismo que hab�a sucedido en Rusia en 1917, y que el objetivo era el mismo, agregando, empero, que aqu� se iba a seguir una v�a "democr�tica". Aunque hizo la formal advertencia de que, si tal v�a era resistida, se recurrir�a a la violencia revolucionaria. En otras palabras, la alternativa era s� o s�. En este sentido, el Senador se�or Viera-Gallo, por ejemplo, expresaba en 1972 que "algunos han pretendido que el segundo camino hacia el socialismo excluye la dictadura del proletariado y han buscado amparo en las palabras presidenciales. �sta ha sido una vieja pretensi�n de la social democracia europea... pretensi�n que los hechos han demostrado infecunda. El socialismo supone un largo per�odo de transici�n caracterizado pol�ticamente por la dictadura del proletariado, y ning�n camino que hacia �l conduzca puede evadir el punto. ("El Segundo Camino hacia el Socialismo: aspectos institucionales" en Cuadernos del CEREN, Universidad Cat�lica de Chile, N� 15, diciembre de 1972, p�gina 160). Y uno de los m�ximos ejecutores del proyecto de la UP, el entonces Senador Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, entre sus m�ltiples intervenciones p�blicas, asever� cosas como la siguiente: "el gobierno de la UP no ser� un gobierno m�s que contin�e la rotaci�n partidista del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia representativa... lo que principalmente nos interesa es c�mo marchar hacia la ruptura institucional" (La Serena, XXIII Congreso General del PS, enero de 1971); "las revoluciones no se hacen por votaciones... no se aprueban ni se rechazan con votos. De la decisi�n que adopten los chilenos en marzo (elecci�n parlamentaria de 1973) depender� la mayor o menor aceleraci�n y profundizaci�n de este proceso, pero no su destino" (El Clar�n, 10 de febrero de 1973); "el pueblo est� en condiciones de incendiar y detonar el pa�s desde Arica a Magallanes en una heroica ofensiva" (Discurso del 12 de julio de 1973). La gravedad de la situaci�n que hemos apenas esbozado en las breves citas precedentes hizo decir al ex Presidente Eduardo Frei Montalva: "Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros... la guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer. Usted no desea operarse de c�ncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse de c�ncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas y el pueblo solicit� su intervenci�n insistentemente, estruendosa y heroicamente." (ABC, Madrid, 10 de octubre de 1973). Se�or Presidente, pretender juzgar la acci�n militar fuera de este contexto, de estos peligros y de estos desaf�os, como lo est�n haciendo nuestros tribunales, quiz� bajo qu� presiones, es agregar una injusticia m�s a la que ya se comete al recurrir a la ilegal e il�cita ficci�n del secuestro o detenci�n permanente. En efecto, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber constitucional, procedieron a la operaci�n -para usar las palabras del ex Presidente Frei Montalva- que salv� a Chile. Parte de esa operaci�n fue tambi�n la guerra antisubversiva que el Gobierno militar debi� enfrentar. �Nos hemos olvidado de cu�ntos grupos terroristas que pretend�an imponer el marxismo por la fuerza hab�a en esos a�os? �Por qu� nos hemos olvidado de sus atentados, de sus secuestros, de sus asesinatos, de sus torturas y de lo que quer�an hacer de Chile y los chilenos? �Por qu� nos hemos olvidado de los autores materiales e intelectuales de todo esto? Cito, entre tantos, el enorme ingreso de armamentos en Carrizal Bajo para fines revolucionarios de proporciones b�licas, la magnitud descomunal del atentado contra el Presidente Pinochet, el asesinato del Senador Jaime Guzm�n y los asesinatos y atentados contra altos oficiales. Hoy los comunistas -�paradoja incre�ble!- iniciaron las querellas contra el General Pinochet, Senador, ex Comandante en Jefe del Ej�rcito y ex Presidente de la Rep�blica: el ladr�n detr�s del juez. Hoy, en el panorama forense, ellos aparecen simplemente como las v�ctimas, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, como los victimarios a quienes, como si fuera poco, se les exige que pidan perd�n. Nos olvidamos de lo que dec�a y de lo que quer�a el comunismo chileno durante la UP y durante todo el Gobierno del General Pinochet. Nos olvidamos de la mantenci�n de su voluntad subversiva y totalitaria, que incluso llev� a que la actual alianza concertacionista nunca quisiese unirse p�blicamente con ellos para efectos pol�ticos. Luis Corval�n declara en nombre del Partido Comunista, en 1988, que "estuvimos impregnados de legalismos y nos ilusionamos con el curso pac�fico de la revoluci�n... pero no olvidaremos jam�s la lecci�n. No se puede confiar ciegamente en la legalidad" (XV Congreso Ordinario del Partido Comunista chileno). En este �mbito debemos recordar, como dijimos, que las Fuerzas Armadas debieron defender al pa�s de un intento sostenido y despiadado de sojuzgamiento totalitario dirigido desde las potencias cuya perversidad conocemos hoy aun mejor que ayer, y que no pueden considerarse las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, hoy imputados sin considerar sus causas y circunstancias. Esto es un principio b�sico de Derecho. Lo contrario ser�a una enorme injusticia. M�s a�n, cuando los peores terroristas han sido indultados, han sido objeto de libertades condicionales sin objeciones o se han evadido de las c�rceles, en circunstancias de que hacen impensable que no hayan contado con alt�simas complicidades. A los militares se les priva de la libertad o se les mantiene privados de ella sin problemas, o se les instruyen procesos por delitos inexistentes. Dos presos, dos medidas. Los militares ser�an entonces perseguidos pol�ticos y presos pol�ticos. Se�or Presidente, por todo lo expresado, he querido levantar otra vez mi voz ante una nueva decisi�n judicial injusta, basada en la mentira, con la esperanza de que la Corte Suprema cese de atentar contra los fundamentos mismos del orden institucional de la Rep�blica, y vuelva a una aplicaci�n de la ley en que la justicia se nutra de la verdad. Levanto mi voz para que se respeten la justicia y el Derecho, se reconozca la totalidad de la verdad, y cese el hostigamiento a las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya cacer�a es tal, que no puede tener otra causa que el inter�s extranjero o el m�s extremo y perturbado sectarismo ideol�gico. Con lo dicho, quedan de paso refutados los comentarios de un abogado que, por lo que entiendo, se ha nutrido prevalentemente de la defensa de terroristas y subversivos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Agotado el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional y de la Uni�n Democr�tica Independiente, con cargo al del Comit� Institucionales 1 tiene la palabra el Honorable se�or Canessa. FORMACION DE NI�OS EN ENSE�ANZA B�SICA. OFICIO El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, quiero intervenir en este momento para referirme a un asunto de gran relevancia, que dice relaci�n a la formaci�n y ense�anza de nuestros j�venes, particularmente de ni�os que cursan su sexto a�o b�sico. En tal sentido, analizando el texto "Comprensi�n de la sociedad", destinado a educandos de aquel curso, de la Editorial Edeb�, los cuales se reparten gratuitamente a los establecimientos de ense�anza municipalizados, me ha producido una gran inquietud y preocupaci�n el manejo de sus contenidos, los cuales presentan un marcado sesgo, adem�s de ser abiertamente incompletos. Citar� como ejemplo, se�or Presidente, que cuando el texto aludido aborda el tema de la Unidad Popular, se esmera en destacar la inflaci�n, el desabastecimiento y el mercado negro, y se�ala que el Congreso Nacional se preparaba para acusar constitucionalmente al Presidente Salvador Allende, y que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros exigieron por la fuerza el abandono del poder al Mandatario elegido democr�ticamente. En esta parte, se�or Presidente, de verdad queda la impresi�n de que la grave crisis institucional tuvo su origen en la inflaci�n, el desabastecimiento y el mercado negro, y que a consecuencia de ello las Fuerzas Armadas y Carabineros exigieron la salida del se�or Salvador Allende. Eso, por decir lo menos, resulta absolutamente sesgado, puesto que para nada se explica en qu� consisti� realmente la profunda crisis pol�tica y social que llev� a las instituciones de la Defensa Nacional, frente a las demandas insistentes de la mayor�a de la poblaci�n civil, a asumir el gobierno de la naci�n. Por ejemplo, no se se�ala que hab�a 3 mil resoluciones de los tribunales de justicia sin cumplir, que no se respetaban los dict�menes de la Contralor�a General de la Rep�blica, ni menos se menciona que hab�a en el pa�s varios miles de violentistas armados y con preparaci�n paramilitar en el exterior, siendo muchos de ellos extranjeros, lo que pon�a en serio riesgo nuestra soberan�a nacional. Extra�eza causa la definici�n que se hace del MIR como "Movimiento que propiciaba cambios sociales y pol�ticos profundos y no particip� en las campa�as electorales, pues sus integrantes postulaban la v�a revolucionaria para llegar al poder". Nada se dice, en cambio, sobre su car�cter terrorista y de los graves atentados que en ese car�cter caus� su accionar. Adem�s, el texto nada expresa en cuanto a que el Presidente Allende no respet� la Constituci�n, y menos que luego confes� a R�gis Debray que habr�a jurado respetarla s�lo para obtener el apoyo de la Democracia Cristiana en el Congreso Pleno. Tampoco hace referencia y ni siquiera insin�a c�mo en ese per�odo los Ministros de Estado eran destituidos, tras haber sido acusados constitucionalmente, y de inmediato eran designados en otra Cartera. M�s adelante, este texto de estudio para nuestros ni�os, en particular en la p�gina 133, reproduce parte del discurso del Presidente Salvador Allende, donde se�ala: ""pagar� con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podr�n avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza.". Y luego se hace lo mismo con parte de la proclama de las Fuerzas Armadas y Carabineros, donde "reiteran al pueblo de Chile, la absoluta unidad de sus fuerzas y su decisi�n inquebrantable de luchar hasta las �ltimas consecuencias para derrotar al Gobierno Marxista". O sea, cosas que no se pueden comparar por el peso que ellas tienen. A partir de esas publicaciones, se pide a los alumnos que comparen ambos textos. Ello, sin temor a equ�vocos, los induce a confrontar el discurso de un hombre que estaba a las puertas del suicidio y sin ninguna responsabilidad ulterior, con un discurso que pone �nfasis en las medidas de fuerza, necesarias por los acontecimientos vividos. Sin embargo, no se hace menci�n al Bando N� 5, documento capital, donde se exponen los fundamentos de tales medidas. Respecto del Gobierno del Presidente Augusto Pinochet, se resalta que derog� la Constituci�n de 1925 y que la reemplaz� por otra, la de 1980, aprobada en un plebiscito en el que �se se�ala- no hab�a registros electorales, sin explicar por qu� no exist�an. Se hace un paralelo de s�lo 15 l�neas entre ambas Constituciones, el cual se limita a aspectos netamente formales, como, por ejemplo, la divisi�n del pa�s en regiones, la edad para ser ciudadano, la duraci�n del mandato presidencial y el n�mero de Diputados. Sin embargo, en algo que parece un olvido inexplicable, no menciona nada, por ejemplo, sobre la nueva definici�n de Estado, la que pone a �ste al servicio de las personas y no al rev�s; ni menos sobre la familia como n�cleo fundamental de la sociedad. Nada dice sobre aspectos tan innovadores como consagrar la autonom�a de los grupos intermedios, ni menos sobre el recurso de protecci�n. Tampoco se refiere a la modificaci�n que permite a los tribunales de justicia ordenar directamente el cumplimiento de sus sentencias a Carabineros, sin la intervenci�n de otras autoridades de Gobierno, tales como intendentes y gobernadores. El texto omite todo lo relacionado con las nuevas garant�as constitucionales, como, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci�n, tema de suyo relevante en la actualidad. Es importante se�alar que no se hace menci�n a la autonom�a del Banco Central, que ha evitado el aumento de la inflaci�n a la que el pa�s ya estaba acostumbrado. Tampoco se profundiza en dicho texto sobre la consagraci�n constitucional de los Senadores institucionales y vitalicios, que ha permitido la existencia de un Senado mixto, con el evidente aporte que hacen a la actividad parlamentaria personas que han ocupado altos cargos en distintas �reas del quehacer nacional. Llama la atenci�n, se�or Presidente, que respecto del Gobierno militar, fuera del paralelo acerca de las dos Constituciones Pol�ticas a que me he referido, solamente se destacan hechos como la violaci�n de los derechos humanos y la creaci�n de la DINA y la CNI, consignados en dos p�ginas del citado texto de estudio. En lo econ�mico, habla del crecimiento experimentado por el pa�s entre los a�os 1973 y 1990, resaltando que el Gobierno Militar decret� que la mayor�a de las tierras que hab�an sido expropiadas fueran devueltas a sus antiguos due�os, sin mencionar para nada la asignaci�n de tierras en propiedad individual a los campesinos. En materia de comercio exterior, el texto compara cifras de 1986 con otras de 1998, en vez de hacer un parang�n entre el a�o 1973, en que se exportaban 90 productos a 47 pa�ses, y el a�o 1980, en que se enviaban 1.460 productos a 97 pa�ses y donde el cobre disminuy� claramente su importancia porcentual en el total de las exportaciones. En virtud de estas consideraciones, me parece de suma importancia, para que nuestros ni�os tengan un adecuado conocimiento de los trascendentales sucesos hist�ricos que en los �ltimos a�os se han desarrollado en nuestro pa�s, que se oficie al Ministerio de Educaci�n, solicit�ndole que el texto s�lo contin�e siendo distribuido una vez revisado, concordado y aprobado por un conjunto de historiadores y acad�micos que determinen, de manera objetiva, una visi�n m�s amplia de ese per�odo hist�rico, la cual deber�a contemplar, necesariamente, un detallado an�lisis a contar de la d�cada de los 60 en adelante. �stos son algunos de los ejemplos que considero particularmente relevantes y que he deseado se�alar, sin perjuicio de que el referido texto de estudio trata otras materias que presentan un contenido similar a las anteriores. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, y con la adhesi�n de los Honorables se�ores Mart�nez y Stange, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:38. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n