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El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, evidentemente, no me referiré al problema relativo a la constitucionalidad del proyecto, respecto de lo cual ya expresé mi parecer. Por lo demás, el asunto lo verá la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Pero sí quiero opinar sobre la sustancia de la iniciativa, y específicamente abocarme a la situación concreta de la elección separada de los alcaldes. Entiendo que aquí entran en juego dos órdenes de problemas: los sustantivos o del sistema político y los propiamente políticos, que afectan las correlaciones de fuerzas, etcétera.
Respecto de lo primero, quiero señalar que el de hoy es muy diferente a los alcaldes que ejercían su cargo según la Constitución del 25. Las actuales autoridades comunales máximas tienen recursos y atribuciones; en definitiva, poseen poder. El alcalde es el personaje central en su comuna y, evidentemente, ejerce un liderazgo indiscutible en la misma.
En segundo lugar, hay una diferencia básica -acentuada por lo que acabo de mencionar- entre las funciones del alcalde, que es el poder ejecutivo de la comuna, y las de los concejales, donde el concejo constituye un órgano normativo que –diría- es equivalente al poder legislativo en el ámbito nacional. Estos diferentes roles implican que las condiciones, la vocación o el interés que se requieren o que puedan tenerse para optar a los cargos de alcaldes o concejales, son, por tanto, con bastante probabilidad, sustancialmente diferentes.
Señor Presidente, las condiciones, vocación e interés por optar por uno de esos cargos en la nueva realidad que constituyen las comunas de hoy, los alcaldes y los respectivos concejales son diferentes. Por ejemplo, el alcalde requiere de una capacidad ejecutiva como cabeza de una comuna, mientras que el concejal tiene un espíritu analítico, más propio de un legislador. Si eso es así, las funciones de alcalde y concejal no son, normal ni simplemente, intercambiables, lo que me lleva a pensar en la necesidad de que los ciudadanos que van a postular a algunos de tales cargos expliciten ex ante, para bien del desempeño de sus respectivas funciones, si desean hacerlo como futuros alcaldes -por tener condiciones e interés para ello- o prefieren hacerlo como concejales.
En tercer lugar, a mi entender, no cabe duda de que, considerados las atribuciones y el poder de los alcaldes de hoy, en una elección municipal la ciudadanía tiene el derecho y la necesidad de saber con precisión cuándo vota por un concejal o cuándo por un alcalde. Hoy día no suele ser así. En algunos casos, naturalmente, en la comuna existe una atmósfera (encuestas, etcétera), en que la lucha por el cargo a alcalde en el hecho puede estar circunscrita a los señores A y B; pero en lo formal no es así. De manera que -como digo- los ciudadanos tienen el derecho y la necesidad de identificar con precisión cuando votan si lo están haciendo por un candidato a alcalde o concejal.
No sucede así hoy día.
Los protocolos y los acuerdos políticos que en dos oportunidades ya han establecido y modificado el sistema hasta llegar al que en este momento se encuentra vigente, a mi entender no invalida para nada lo que estoy señalando. Reflejaron el acuerdo político mínimo posible en cada minuto. Pero eso no significa que a la luz de un análisis objetivo se haya llegado en cualquiera de esas dos oportunidades a una solución óptima. Creo -por lo que dije antes- que tal realidad actual es claramente insuficiente e inadecuada.
En cuarto lugar, en el actual sistema los candidatos a concejales en realidad aspiran a ser alcaldes, por lo menos un alto número de ellos. Porque es el premio mayor. Quienes no son electos alcaldes y sí concejales tienden a partir con una natural frustración al tener que asumir un cargo que no les interesaba y para el cual, a lo mejor, no tienen ni vocación ni condiciones, quedando a la sombra, además, de aquel que fue adversario en la elección previa. El ambiente resultante -como se ha destacado en distintas intervenciones- suele ser negativo. Con mucha frecuencia hay malas relaciones entre alcalde y concejales, zancadillas de unos a otros, poco espíritu de cooperación, etcétera.
Eso en cuanto a los aspectos sustantivos de la iniciativa.
Enseguida, me referiré a los problemas políticos que, en realidad, se encuentran en el trasfondo de la discusión, incluido el del plazo que requiere la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para examinar la iniciativa.
Frente a un proyecto como éste, cada partido y bloque o coalición de partidos hacen sus cálculos de conveniencia en términos de si van a ganar o perder respecto de la situación actual. Y llegan a la conclusión de que en la elección lo más probable es que, de acuerdo con la realidad política existente, ganen o pierdan equis o zeta alcaldes y/o concejales.
Podríamos señalar como contraargumento que la obligación del legislador es dictar leyes para el largo plazo; que las coaliciones no son eternas, y que, por ello, los cálculos coyunturales del tipo que indiqué no debieran afectar una visión de Estado respecto del mejor sistema; pero, evidentemente, aunque uno lo diga, tal argumento no será considerado por ningún partido, pues los intereses políticos de corto plazo son mucho más poderosos en la posición que se adopte en cada momento concreto frente a un proyecto de esta naturaleza.
Se señala que la elección separada de alcaldes puede llevar a pactos de compensación cupulares: “Tú me das el alcalde en A, yo te doy el alcalde en B”. Con ello, el objetivo de la participación y ejercicio de mayores opciones por parte de los ciudadanos se frustra.
Igual razonamiento -por ser muy parecido el caso- es aplicable a los pactos por omisión, que se gestionan para mantener la solidez o unidad de cada bloque o coalición existente.
Considero importante señalar que los razonamientos que acabo de hacer son aplicables a ambos bloques actualmente existentes. Entonces, la pregunta que surge es cómo resolver este problema político concreto y práctico de la realidad cotidiana de modo que sea compatible con el desafío sustantivo de reconocer en el sistema electoral local la calidad de personaje central del alcalde y el derecho ciudadano de expresar explícitamente su opción por determinada persona para ese cargo.
De lo anterior, surge, como lineamiento general, una propuesta. Sugiero, en primer término, que las elecciones de alcaldes y concejales se produzcan en forma absolutamente separadas. Si alguien desea optar a ambos cargos, bueno, uno podría incluso pensar en una segunda línea de defensa, en el sentido de que se inscriba en ambas listas; pero creo que la nitidez aconseja, por las razones que di anteriormente, que la persona sea candidato a alcalde o a concejal. Y quien no resulte elegido para ese cargo, se va a su casa.
En segundo lugar -y ésta es una experiencia clave-, considero que la única manera de conciliar los problemas sustantivos con los de tipo político es que en las elecciones municipales abandonemos lo que llamaría la “lógica de las primarias”, y la sustituyamos por la “lógica de la primera vuelta”. Es decir, en cada coalición o bloque de partidos puede haber uno o más candidatos a alcalde, de manera que si uno de ellos saca 51 por ciento de los votos es declarado electo; en caso contrario, se va a una segunda vuelta entre las dos más altas mayorías relativas, dando tiempo para resolver los complicados problemas operativos, de calificación de elecciones, etcétera, que inquietan al Director del Servicio Electoral, con muy buenas razones.
Por último, para tratar de lograr una solución, creo que no debe ignorarse que en el Chile de hoy y en el de los últimos diez años los dos bloques existentes no han sido iguales en su dimensión electoral. Uno ha tenido, sistemáticamente –y de acuerdo con lo que indican las encuestas, sigue teniendo-, más votos que el otro, pese al optimismo de algunos candidatos presidenciales. Por lo menos, ésa ha sido la realidad hasta ahora.
Para conseguir mayor equilibrio en cuanto a las posibilidades en un cuadro de esta naturaleza y, de paso, reducir el número de segundas vueltas, se podría sugerir que se llegue a un acuerdo tal que no se requiera 51 por ciento para ser alcalde, sino, por ejemplo, 45 por ciento, con una diferencia de al menos 5 ó 7 puntos da lo mismo, es cuestión de concordar una cifra, respecto del segundo candidato. Ello aumenta las posibilidades de elección de alcaldes para el bloque relativamente minoritario en un momento dado –hoy es uno, mañana puede ser otro, pues la historia no está acabada- y, al mismo tiempo, facilita el proceso de segunda vuelta que estoy sugiriendo.
Creo firmemente que éste es un tema importante. En el país, la gente no entiende que los alcaldes no sean elegidos directamente por la ciudadanía, con pleno conocimiento de quiénes son los candidatos a ese cargo y quiénes no lo son. Y a esa mala imagen que todos sentimos que tiene el sistema político chileno, no lograríamos sino añadir factores negativos, al no ser capaces de diseñar un acuerdo que, más allá de los intereses y de cálculos políticos coyunturales, permita dar satisfacción a esto que –insisto, a mi entender, constituye un derecho y una necesidad ciudadana, además de una condición para que la imagen de la política no se siga deteriorando, entre muchas otras causales.
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