REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 342�, ORDINARIA Sesi�n 20�, en mi�rcoles 30 de agosto de 2000 Ordinaria (De 16:20 a 19:1) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES MARIO R�OS, VICEPRESIDENTE, SEGIO D�EZ Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTES ACCIDENTALES SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESI�N III. TRAMITACI�N DE ACTAS IV. CUENTA Recuerdo de funcionarios del Senado fallecidos. Comunicaci�n V. F�CIL DESPACHO: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que introduce modificaciones a la ley N� 18.695, Org�nica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a materias electorales (2556-06) (se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.677, referente al Fondo de Garant�a para Peque�os Empresarios (2564-03) (se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica la ley N� 19.418, en t�rminos de posibilitar la reelecci�n indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias (2495-06 y 2507-06, refundidos) (se aprueba en general y particular) VI. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que establece un nuevo C�digo Procesal Penal (1630-07) (se aprueba su informe) Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, del deporte (1787-02) (se aprueba su informe) Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que modifica diversos cuerpos legales a fin de optimizar la funci�n de Carabineros y de la Polic�a de Investigaciones (1803-07) (se aprueba su informe) Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que crea un sistema de certificaci�n de calidad para las frutas y hortalizas frescas de exportaci�n (1348-01) (se archiva) Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que modifica el art�culo 73 del C�digo de Miner�a (2294-08) (se aprueba su informe) VII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o) Reflexiones sobre perspectivas pol�tica y econ�mica de Am�rica Latina (observaciones del se�or Silva) Actual situaci�n de Venezuela en lo pol�tico y en lo econ�mico (observaciones del se�or Bitar) Pol�tica forestal (observaciones del se�or Horvath) Actualizaci�n de registro de pescadores artesanales. Oficios (observaciones del se�or Horvath) Precio de transporte de madera de Tortel a Punta Arenas. Oficios (observaciones del se�or Horvath) Fijaci�n de cuota de pesca de merluza austral. Oficio (observaciones del se�or Horvath) Causas de situaci�n existente en Chile el 11 de septiembre de 1973 (observaciones del se�or Hamilton) Carencia de ense�anza media en Archipi�lago de Juan Fern�ndez. Oficio (observaciones del se�or Canessa) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matta Aragay, Manuel Antonio --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, el se�or Ministro de Justicia y los se�ores Subsecretarios del Interior y de Econom�a. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:20, en presencia de 21 se�ores Senadores. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17�, especial, y 18�, ordinaria, en 16 de agosto del a�o en curso, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or R�IOS (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Dos de la C�mara de Diputados, con los que informa que ha dado su aprobaci�n a los siguientes proyectos de acuerdo: 1) El que aprueba las rectificaciones al texto de la Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim�tico, adoptada en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. (Bolet�n N� 2.519-10). 2) El que aprueba el Protocolo de la Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim�tico, y sus anexos A y B, adoptado en Kioto, Jap�n, el 11 de diciembre de 1997. (Bolet�n N� 2.525-10) --Pasan a la Comisi�n de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la de Relaciones Exteriores. Del se�or Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or N��ez, relativo a la crisis de la Tercera Regi�n. Del se�or Intendente de la Primera Regi�n, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Lagos, referido a diversas irregularidades denunciadas por trescientas cuatro familias de la Villa Pedro Lagos. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Econom�a, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 19.677 tocante al fondo de garant�a para peque�os empresarios, con urgencia calificada de "discusi�n inmediata". (Bolet�n N� 2.564-03) Segundo informe de la Comisi�n de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, sobre protecci�n de los animales. (Bolet�n N� 1.721-12) --Quedan para tabla. Moci�n De los Senadores se�ores Fern�ndez, Moreno, N��ez, Pizarro y Zald�var, don Adolfo, con la que inician un proyecto de ley de amnist�a a favor de las personas que han infringido las disposiciones sobre reclutamiento de las Fuerzas Armadas. (Bolet�n N� 2.576-07) --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Solicitud Del se�or Jos� Ra�l Manr�quez Avila, de rehabilitaci�n de su ciudadan�a. (Bolet�n N� S 515-04). --Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. El se�or HORVATH.- �Me permite, se�or Presidente? Deseo solicitar que los dos proyectos de acuerdo remitidos en sendos oficios por la C�mara de Diputados, de que se dio cuenta, concernientes a la Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim�tico, pasen tambi�n a la Comisi�n de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por ser materias de su competencia. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se remitir�n primero a la Comisi�n de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Acordado. El se�or NOVOA.- Pido la palabra. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, en el segundo lugar del Orden del D�a figura el proyecto que modifica la ley N� 19.677, referida al fondo de garant�a para peque�os empresarios, y est� calificado de "discusi�n inmediata", por lo cual debe despacharse en el d�a de hoy, o ma�ana, a m�s tardar. Es una iniciativa muy sencilla, que la Comisi�n de Econom�a aprob� pr�cticamente por unanimidad, consta de un solo art�culo, y mi solicitud es que se incluya en la tabla de F�cil Despacho de esta sesi�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- �Habr�a acuerdo para proceder en la forma propuesta? -Se accede a lo solicitado. El se�or HAMILTON.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, deseo reparar un aparente error en que se incurri� al confeccionar la tabla de esta sesi�n. El se�or Presidente del Senado, antes de partir en viaje oficial, recibi� a un grupo de dirigentes de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias. En principio, qued� convenido que se pondr�a en lugar preferente del Orden del D�a de esta sesi�n el proyecto signado con el n�mero 10, que permite la reelecci�n indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias. --(Aplausos en las tribunas). El se�or R�OS (Vicepresidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas no hacer manifestaciones. Puede continuar, Su Se�or�a. El se�or HAMILTON.- Esas personas han venido, precisamente, en el convencimiento de que la iniciativa, que es muy simple y concit� la unanimidad en la Comisi�n, se tratar�a en lugar preferente. Lo que pido es que, de haber disposici�n en la Sala, se coloque en el segundo lugar de la tabla de F�cil Despacho, o en el primero del Orden del D�a. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se tratar� en tercer lugar de la tabla de F�cil Despacho. Acordado. RECUERDO DE FUNCIONARIOS DEL SENADO FALLECIDOS. COMUNICACI�N El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se�ores Senadores, hace pocos d�as falleci� don Horacio Antonio Pozzi P�rez, nuestro Ingeniero Jefe del Departamento de Mantenci�n, quien particip� en la construcci�n del edificio, en el equipo que tuvo a su cargo la inspecci�n fiscal de las obras, y desarroll� una labor muy encomiable en tareas propias de ingenier�a. El se�or Pozzi dej� de existir siendo a�n joven, y para el Senado representa una p�rdida muy grande. Su deceso viene a sumarse al de otros funcionarios que dejaron de existir en los sucesivos per�odos legislativos desde que estamos funcionando en este edificio: los se�ores Jos� Canales, Pedro Gonz�lez, Patricio Uslar, Guillermo Mu�oz, Jorge Ram�rez y Fernando Aranda. Creo interpretar el sentimiento de los se�ores Senadores al participar a las personas que se encuentran en las tribunas nuestro dolor por el fallecimiento de estos servidores que han cumplido funciones muy importantes en nuestras responsabilidades legislativas. Por disposici�n de la Mesa y, en especial, del Presidente del Senado don Andr�s Zald�var, se enviar�n, en nombre de todos los integrantes de la Corporaci�n, nuestras condolencias a su viuda e hijos, a fin de acompa�arlos en el enorme dolor que ellos sienten. El se�or Secretario me hace presente que hace suyo en plenitud lo manifestado. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, sugiero guardar un minuto de silencio, en memoria del se�or Pozzi y de los funcionarios fallecidos en servicio. --La Sala guarda un minuto de silencio. V. F�CIL DESPACHO MODIFICACI�N DE LEY N� 18.695, ORG�NICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, EN LO RELATIVO A MATERIAS ELECTORALES El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, que introduce modificaciones a la ley N� 18.695, Org�nica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a materias electorales, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y urgencia calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (2556-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 14�, en 2 de agosto de 2000. Informe de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 17�, en 16 de agosto de 2000. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, no har� una relaci�n pormenorizada de esta iniciativa, estudiada por la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. Se trata de un proyecto relativamente f�cil, que permite mejorar los procedimientos en materia de elecciones municipales. Obviamente, parece pertinente que sea promulgado a la brevedad, pensando en los pr�ximos comicios que se llevar�n a cabo a fines de octubre. Entre los objetivos de la iniciativa est� el establecer un mecanismo para reemplazar a los concejales independientes que hayan sido elegidos y que por distintas razones dejen de formar parte del respectivo concejo, lo que no estaba previsto en la ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, como tampoco en la Org�nica Constitucional de Municipalidades, vac�o que se viene a llenar con este proyecto. Adem�s, se pretende simplificar la labor de los integrantes de las mesas receptoras de sufragios, limit�ndola a la determinaci�n de las votaciones individuales obtenidas por cada candidato y de los votos blancos y nulos. Ya no se har� el c�lculo respectivo en cada una de las mesas a fin de que no se produzcan situaciones como las habidas hasta ahora, que han generado m�s de un tipo de dificultades en elecciones anteriores. Y, por �ltimo, se establecen normas espec�ficas que regulan los plazos y procedimientos a que deber�n ajustarse las solicitudes de rectificaci�n y de nulidad de las elecciones municipales. En ese sentido, se facilitan bastante las tareas del Tribunal Calificador de Elecciones. Estos tres aspectos fueron tratados en las sesiones anteriores de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, y se aprobaron por unanimidad. Surgi� la idea de tratar m�s a fondo el tema de los independientes que no integran pactos ni subpactos. Al respecto, existe cierto compromiso con algunos se�ores Senadores que promovieron esta iniciativa y la Comisi�n ha convenido en analizarlo. �se es el contenido esencial de la iniciativa. --Se aprueba el proyecto en general y en particular a la vez, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 29 se�ores Senadores, y queda despachado en este tr�mite. MODIFICACI�N DE LEY N� 19.677, REFERENTE A FONDO DE GARANT�A PARA PEQUE�OS EMPRESARIOS El se�or R�OS (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado, corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N� 19.677, referente al Fondo de Garant�a para Peque�os Empresarios, con urgencia calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (2564-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 19�, en 29 de agosto de 2000. Informe de Comisi�n: Econom�a, sesi�n 20�, en 30 de agosto de 2000. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario para hacer la relaci�n del proyecto. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- La iniciativa cuenta con informe escrito de la Comisi�n de Econom�a, pese a que la Sala la autoriz� para rendirlo en forma verbal. El principal objetivo del proyecto es ampliar, hasta el 30 de diciembre del 2000, la vigencia temporal de la extensi�n transitoria de la cobertura de la garant�a del Fondo, a la repactaci�n de aquellos cr�ditos o leasings otorgados por bancos o sus filiales que cuenten con las caracter�sticas de elegibilidad de aquel sistema, con tasa de garant�a de hasta 20 por ciento del saldo deudor, incluyendo capital, reajuste e intereses. El informe rese�a los antecedentes tenidos en consideraci�n durante el estudio de la iniciativa y resume el debate habido en su seno. La Comisi�n, por 4 votos a favor y una abstenci�n, propone a la Sala aprobar el proyecto en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. Votaron por la afirmativa los Honorables se�ores Bitar, Novoa, Sabag y Zurita, y se abstuvo la Senadora se�ora Matthei. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En la discusi�n general y particular, tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, en el d�a de ayer la Comisi�n de Econom�a analiz� este proyecto, que tiene por objeto modificar la ley N� 19.677, recientemente aprobada por el Congreso y publicada el 20 de mayo pasado. La ley N� 19.677 ten�a dos prop�sitos. Uno, refundir el Fondo de Garant�a para Exportadores no Tradicionales en el Fondo de Garant�a para Peque�os Empresarios (FOGAPE). Y, dos, permitir el uso de este Fondo en la repactaci�n de obligaciones vencidas de peque�os y medianos empresarios. La ley, publicada el 20 de mayo, estableci� un plazo de 90 d�as para la reprogramaci�n de deudas. En dicho lapso fue pr�cticamente imposible repactar alguna operaci�n significativa. De hecho, se comprometi� una garant�a de 1 mill�n 614 mil d�lares, cantidad insignificante en comparaci�n con el monto de cr�ditos reprogramables. La explicaci�n entregada en la Comisi�n de Econom�a por parte del Banco del Estado -administrador del FOGAPE- fue que una vez publicada la ley, el 20 de mayo, fue necesario que los bancos adecuaran sus procedimientos internos. Se licit� el Fondo, pero en realidad el sistema comenz� a operar muy cerca del plazo establecido en la ley, con lo cual s�lo pudieron cursarse 500 operaciones aproximadamente. Seg�n la informaci�n que se nos proporcion�, en este momento todos los sistemas operativos est�n en condiciones de funcionar, los bancos se encuentran muy interesados en reprogramar y con la extensi�n del plazo hasta el 30 de diciembre de este a�o ser� posible aumentar la cobertura de operaciones reprogramables. En la Comisi�n, el representante del Banco del Estado tambi�n asumi� el compromiso de estimar hasta 100 millones de d�lares de garant�a exclusivamente para la reprogramaci�n de cr�ditos. Esto es importante porque cuando se trata de cr�ditos nuevos el FOGAPE puede garantizar 80 por ciento del monto del cr�dito, y cuando se trata de reprogramaciones, s�lo 20 por ciento. Por lo tanto, es necesario hacer licitaciones que tengan por objeto �nica y exclusivamente la reprogramaci�n, pues si no, se preferir�a garantizar operaciones nuevas en 80 por ciento del monto, y no reprogramaciones en 20 por ciento. De acuerdo con el sistema operativo del FOGAPE, si se garantiza hasta 100 millones de d�lares podr�an reprogramarse obligaciones por 500 millones; vale decir, pr�cticamente todas las deudas vencidas en este momento, que corresponden a peque�as empresas y microempresas. La Comisi�n estim� conveniente proponer la aprobaci�n del proyecto, abstuvi�ndose la Senadora se�ora Matthei, quien se se pronunci� en esa forma en consideraci�n a que la iniciativa no contempla -como s� lo hace la ley que se modifica- la exenci�n del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramaci�n. Al no haber iniciativa parlamentaria para extender dicha exenci�n, en realidad no queda otra alternativa que aprobar el proyecto tal como est�. Personalmente, se�or Presidente, opino que si se pretende ayudar a la reprogramaci�n de deudas parece poco razonable no haber contemplado la exenci�n del citado impuesto para ese fin, sobre todo considerando que ese gravamen afecta las operaciones de cr�dito con el tope de un a�o. Es decir, 0,1 por ciento mensual, con un tope de 1,2 por ciento anual. Una vez que en una operaci�n se ha pagado el impuesto total de 1,2 por ciento, �ste no se sigue aplicando. La regla general es que cuando se ha abonado la tasa completa del gravamen de una operaci�n, las renovaciones est�n exentas de impuesto. El hecho de que en la ley vigente se haya establecido expresamente una exenci�n, ven�a a confirmar y a simplificar una situaci�n que podr�a haberse invocado de acuerdo con las normas generales. De eliminarse ahora, quedar� la duda de si los bancos, al reprogramar y exigir nueva documentaci�n, cobrar�n el impuesto, o considerar�n que fue pagado con anterioridad. Por lo tanto, es muy lamentable que no se haya incluido esa disposici�n. Desgraciadamente, no hay iniciativa sobre esta materia y el proyecto no incluye la exenci�n. No obstante ello, la Comisi�n ha estimado conveniente que se apruebe de todas maneras, dejando esa constancia. El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite una consulta, Su Se�or�a? El se�or NOVOA.- S�, con la venia de la Mesa. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Hago presente que s�lo hay diez minutos para tratar este proyecto. Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Deseo preguntar al Senador se�or Novoa si no estima que el plazo hasta el 30 de diciembre es muy corto. �Por qu� no se dispone uno m�s extenso? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Seg�n lo explicado en la Comisi�n, pr�cticamente todos los bancos han iniciado los procesos de reprogramaci�n y de contacto con los deudores. Por lo tanto, estiman posible realizar las reprogramaciones viables en los siguientes cuatro meses. Adem�s, al estar funcionando los sistemas, el administrador del FOGAPE nos se�al� que era perfectamente factible efectuar dichas operaciones en los cuatro meses que restan del a�o. El administrador del FOGAPE nos se�al� que, al establecerse los sistemas, era perfectamente posible la repactaci�n dentro de ese lapso. Espero que esto sea efectivo para no tener que discutir a fin de a�o una nueva reprogramaci�n. Como se trata de un procedimiento excepcional -porque el FOGAPE se cre� para garantizar nuevas operaciones y en ciertos casos usar la garant�a para reprogramar-, parece razonable limitarlo a un per�odo de tiempo. Ojal�, sean suficientes los cuatro meses que restan de 2000. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Antes de conceder la palabra al Honorable se�or Bitar -seg�n el informe, entiendo que est� a favor del proyecto-, deseo saber si hay alg�n se�or Senador contrario a la iniciativa. Hago la consulta para la distribuci�n del tiempo. El se�or HAMILTON.- No, se�or Presidente. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Entonces, ofrezco la palabra al Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, s�lo deseo agregar a la exposici�n del Presidente de la Comisi�n de Econom�a que el proyecto en debate es importante para la complementaci�n de las medidas que el Gobierno ha puesto en operaci�n en los �ltimos d�as en lo que dice relaci�n a la peque�a y mediana empresa. El c�lculo que se nos entreg� indica que la cartera vencida para la micro y la peque�a y mediana empresas es de alrededor de 550 millones de d�lares. Con estas disposiciones y con los fondos de que se dispone para licitar, existe una alta posibilidad de que se alcance un n�mero muy amplio de empresas. En los �ltimos d�as, se licitaron 80 millones de d�lares para cr�ditos nuevos. Y como la garant�a para esos casos es de 80 por ciento, significa que se estar�an otorgando cr�ditos hasta por 100 millones de d�lares nuevos, los cuales se pueden operar en bancos privados a trav�s de FOGAPE. Lo mismo ocurre con las carteras vencidas. Como dijo el Senador se�or Novoa, se concede una garant�a hasta por el 20 por ciento. Como los montos disponibles al efecto alcanzan 100 millones de d�lares, la palanca de operaci�n permite dar cr�ditos hasta por 500 millones de d�lares para carteras vencidas. �Por qu� un banco puede proceder a la renegociaci�n de carteras vencidas? Porque, al menos, se da una garant�a de 20 por ciento, que antes no exist�a. Creemos que �ste es un est�mulo adecuado. Conviene se�alar que en los �ltimos d�as la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tom� un conjunto de determinaciones que permitir�an disminuir para estos casos las condiciones a los bancos en lo referente a provisiones por carteras vencidas, lo cual da tambi�n una flexibilidad adicional. Se trata de algo que reci�n se ha puesto en movimiento y que va en ascenso, por lo cual creemos que por lo menos hasta el 30 de diciembre se tendr� un �mbito de acci�n muy r�pido para apoyar a la peque�a y mediana empresa. Como �stas resultan claves para el empleo, la decisi�n que adoptaremos hoy es un complemento sustantivo para la reactivaci�n de la econom�a. El se�or MORENO.- �Me permite, se�or Presidente? S�lo quiero dejar una constancia. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or MORENO.- Gracias, se�or Presidente. Sugiero que, de aprobarse este programa o m�todo, la peque�a agricultura, que involucra a m�s de 110 mil productores, sea incorporada en el futuro al mismo sistema de reprogramaci�n y de seguro de garant�a respecto de los cr�ditos a que ellos puedan acceder en fuentes distintas a la del INDAP. El se�or R�OS (Vicepresidente).- La Mesa comparte su inquietud, se�or Senador. El se�or NOVOA.- Est�n incorporados, se�or Presidente, desde el momento en que se habla de peque�os y medianos empresarios. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� la iniciativa. La se�ora MATTHEI.- �Con mi abstenci�n, se�or Presidente! --Se aprueba en general y particular el proyecto, con la abstenci�n de la Senadora se�ora Matthei. REELECCI�N INDEFINIDA DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de la C�mara de Diputados que modifica la ley N� 19.418, en t�rminos de posibilitar la reelecci�n indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n. --Los antecedentes sobre el proyecto (2495-06 y 2507-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 12�, en 19 de julio de 2000. Informe de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 15�, en 8 de agosto de 2000. El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisi�n se�ala en su informe que la iniciativa tiene como principal objetivo la supresi�n de la norma que impide a los directores de organizaciones comunitarias ser reelectos por m�s de una vez en sus cargos. En seguida, rese�a los antecedentes tenidos en consideraci�n durante el estudio del proyecto, describe el contenido de �ste y resume el debate habido en la Comisi�n. Concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes -Honorables se�ores Canessa, Cantero y Stange-, la aprobaci�n de la iniciativa en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. Cabe destacar que la Comisi�n, por tratarse de un proyecto de art�culo �nico, sugiere que sea debatido en general y particular a la vez, como corresponde por lo dem�s por figurar en tabla de F�cil Despacho. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En la discusi�n general y particular, tiene la palabra el Honorable se�or Hamilton. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, se trata de una iniciativa originada en moci�n, que cumpli� su primer tr�mite en la C�mara de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad, y respecto de la cual ahora corresponde que se pronuncie el Senado. Nuestra Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, tambi�n en forma un�nime, recomienda su aprobaci�n. El proyecto persigue como objetivo fundamental que los dirigentes de las organizaciones sociales puedan ser reelegidos m�s de una vez. O sea, entrega en definitiva el poder a las bases, como corresponde, las cuales deber�n resolver si desean continuar con ellos o cambiarlos democr�ticamente. El proyecto es muy simple, consta de un art�culo �nico y su contenido dice relaci�n a la materia que acabo de aludir. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba en general y particular el proyecto. --(Aplausos en tribunas). VI. ORDEN DEL D�A NUEVO C�DIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisi�n Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica, que recae en el proyecto de ley que establece un nuevo C�digo de Procedimiento Penal. --Los antecedentes sobre el proyecto (1630-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 35�, en 10 de marzo de 1998. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 15�, en 8 de agosto de 2000. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 17�, en 4 de agosto de 1998. Constituci�n (segundo), sesi�n 5�, en 20 de junio de 2000. Mixta, sesi�n 20�, en 30 de agosto de 2000. Discusi�n: Sesiones 22� y 23�, en 18 y 19 de agosto de 1998 (queda pendiente su discusi�n general); 24�, en 19 de agosto de 1998 (se aprueba en general); 6� y 7�, en 21 de junio y 4 de julio de 2000, respectivamente (queda pendiente su discusi�n particular); 8�, en 5 de julio de 2000 (se despacha en particular). El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Cabe se�alar que el Presidente de la Rep�blica calific� la urgencia para el despacho de esta iniciativa de "Suma". La controversia suscitada entre ambas ramas legislativas se origin� por el rechazo de la C�mara de Diputados de algunas de las enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante su segundo tr�mite constitucional. En el informe de la Comisi�n Mixta (p�ginas 38 y siguientes) aparecen las proposiciones destinadas a resolver las diferencias producidas entre ambas Corporaciones. La Secretar�a ha elaborado un bolet�n comparado dividido en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado por la C�mara de Diputados; en la segunda, las enmiendas introducidas por el Senado durante el segundo tr�mite; en la tercera, las modificaciones del Senado rechazadas por la C�mara Baja, y en la cuarta, las proposiciones de la Comisi�n Mixta. Cabe hacer presente que la C�mara de Diputados aprob� en su totalidad el informe de la Comisi�n Mixta. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En discusi�n el informe. Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, concluye hoy la tramitaci�n legislativa del proyecto central de la reforma procesal penal -el nuevo C�digo Procesal Penal- con la aprobaci�n que el Senado seguramente prestar� al informe de la Comisi�n Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas C�maras respecto de algunas disposiciones de dicha iniciativa. Pese a que a primera vista la C�mara de Diputados rechaz� una cantidad importante de las numerosas modificaciones introducidas por el Senado, correspondientes a 107 art�culos de un total de 535 contemplados en el primer tr�mite constitucional, lo cierto es que sus discrepancias apuntaron a tres grupos de materias distintas y a otras disposiciones aisladas. Y acogi�, en lo sustancial, el texto del Senado y las soluciones de �ste para las diversas situaciones y art�culos restantes. De esos tres �rdenes de materias, la Comisi�n Mixta conserv� el criterio de la C�mara Alta en dos de ellas, que se refer�an a aspectos de fondo, cuales son excluir del procedimiento penal al tercero civilmente responsable y la oportunidad procesal para solicitar el desafuero. Con respecto a la primera, se tuvo en consideraci�n que el cambio completo de nuestro C�digo de Procedimiento Penal se pod�a complicar en su aplicaci�n y dificultar en su aprendizaje si se mezclaban con los aspectos de fondo el procedimiento penal y la acci�n contra los terceros civilmente responsables. Esto sin duda podr� incorporarse una vez que nuestro sistema judicial, como asimismo los abogados, hayan adquirido destreza en el manejo del nuevo C�digo. En el caso de la oportunidad procesal para solicitar el desafuero, se aprob� el criterio del Senado en el sentido de que el Fiscal deber� pedir el desafuero, primero, cuando haya cerrado la investigaci�n, de manera que pueda realizarla completa sin necesidad de requerirlo; y segundo, cuando quisiere medidas cautelares o la prisi�n preventiva del parlamentario. Por lo tanto, la privaci�n del fuero parlamentario, es decir del ejercicio del poder para el cual la ciudadan�a ha elegido a quienes integran el Congreso, se hace en el per�odo m�s breve posible. Una vez concluida la investigaci�n y pedido el desafuero, la audiencia preparatoria del juicio oral deber� celebrarse dentro de los 15 d�as siguientes a la recepci�n de antecedentes por el juzgado de garant�a; y el juicio penal mismo, dentro de los 15 d�as posteriores a la audiencia preparatoria, de manera que dentro de un mes de requerido el desafuero tenga que iniciarse el juicio penal oral y breve. La sentencia se dictar� el mismo d�a en que termine la audiencia; y si �sta ha durado m�s, dentro de las 24 horas siguientes. Lo anterior tiene por finalidad evitar que se produzca la circunstancia de que, por lenidad del Poder Judicial, haya parlamentarios que lleven a�os -�a�os!- privados del ejercicio normal del cargo para el cual fueron elegidos por la soberan�a popular. Esto lo corregimos expresamente en el nuevo C�digo de Procedimiento Penal. Estuvimos de acuerdo con la C�mara de Diputados en una propuesta de orden t�cnico -en que ellos ten�an raz�n y era l�gica-, consistente en cambiar la ubicaci�n de los p�rrafos y de los art�culos relativos a la prueba. Despejamos de igual modo y casi por unanimidad, con el solo voto en contra de un se�or Diputado con relaci�n a un solo precepto, 56 de los art�culos que originaban conflicto y controversia con la otra rama legislativa. En cuanto a la variedad de los temas a que se refer�an los art�culos restantes, en algunas ocasiones seguimos el texto despachado por el Senado; y en otras, las propuestas planteadas por los se�ores Diputados, procurando siempre conservar la armon�a entre los principios que sustentan la reforma y la aplicaci�n pr�ctica y la eficacia de sus disposiciones. Agradezco p�blicamente la forma como los se�ores Diputados trabajaron las proposiciones de soluci�n y las hicieron llegar a la Comisi�n Mixta, las cuales en su gran mayor�a fueron aprobadas por ella. Entre los acuerdos adoptados puedo destacar los siguientes: -Disponer que las notificaciones al imputado privado de libertad se hagan, por regla general, por funcionarios de Gendarmer�a en el establecimiento penal en que se encuentre, lo que evitar� el traslado diario de un considerable n�mero de personas, con las dificultades que suscita y los riesgos de escape que hemos podido presenciar en los a�os que llevamos de ejercicio profesional. -Habilitar al Ministerio P�blico para perseguir delitos cometidos contra menores de edad, sin necesidad de que medie denuncia de determinadas personas, sean padres, guardadores, etc�tera. -Perfeccionar el art�culo incorporado por el Senado que crea una acci�n de amparo ante el juez de garant�a, en el sentido de que pueda interponerse a favor de cualquier persona privada de libertad y no s�lo del detenido; que se pueda examinar la legalidad de la privaci�n de libertad en forma amplia, con la aclaraci�n de que, si ha sido dispuesta por resoluci�n judicial -por ejemplo, en caso de apremio por no pago de alimentos-, s�lo se pueda reclamar ante el juez que dict� la orden; y permitir expresamente que el juez de garant�a se constituya, si lo estima necesario, en el lugar en que f�sicamente estuviere el afectado. -Declarar procedente la prisi�n preventiva si el delito imputado merece una pena de 540 d�as o m�s, en vez de exigir -como establec�a el texto primitivo- que este delito se castigue con una pena igual o superior a tres a�os y un d�a, a fin de facilitar la prisi�n preventiva tanto para los efectos de la investigaci�n como respecto de los individuos peligrosos para la sociedad, a criterio del juez de garant�a. -Hacer imperativo que el Ministerio P�blico cierre la investigaci�n cuando transcurran dos a�os desde que fue formalizada, con el objeto de evitar que los juicios se perpet�en en la etapa de la investigaci�n. -Reducir los plazos m�ximos para que el tribunal de juicio oral emita su decisi�n sobre absoluci�n o condena del acusado y para que redacte la sentencia. La decisi�n de resoluci�n o condena debe tomarse al final de la audiencia, y si �sta ha durado m�s de dos d�as, dentro de las 24 horas siguientes; y la sentencia dentro de los 15 d�as. Todos los acuerdos adoptados por la Comisi�n Mixta sobre otros puntos de disidencia fueron un�nimes, salvo lo relativo a siete art�culos. En uno, se abstuvieron tres se�ores Diputados; y en los otros seis se registr� en cada caso un voto en contra, referido siempre a uno solo de los incisos que los conforman. En cuatro ocasiones vot� en contra un se�or Diputado, y en otras dos, un se�or Senador. Como el Senado puede apreciar, el texto que compondr� el nuevo C�digo Procesal Penal -que se consigna al final del informe- ha sido ampliamente consensuado. En la Comisi�n Mixta los votos disidentes fueron aislados y recayeron sobre temas absolutamente distintos, lo que evidencia que s�lo reflejan el leg�timo punto de vista personal de los se�ores parlamentarios que los emitieron, pero que se opuso, en cada caso, a la opini�n de los otros ocho se�ores Diputados y Senadores presentes, del total de nueve que en definitiva asistieron a la reuni�n. En mi calidad de Presidente de la Comisi�n Mixta, propongo al Senado aprobar sin m�s tr�mite el informe evacuado por ella, siguiendo el predicamento de la C�mara de Diputados, que ayer le dio su conformidad sin discusi�n. Finalmente, solicito al se�or Ministro de Justicia que, en el ejercicio del derecho a veto del Ejecutivo, el examen del proyecto sea realizado, en lo posible, por personas que no hayan participado en su redacci�n, con el prop�sito de que tengan una visi�n ajena a cualquier -no digo error- falta de conexi�n o de l�gica que pudiere existir entre sus disposiciones. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, se encuentra en su �ltimo tr�mite el proyecto sobre nuevo C�digo de Procedimiento Penal, que me toc� seguir primero como Diputado y luego como Senador. O sea, durante cinco a�os de labor parlamentaria he estado dedicado en gran parte al estudio de este C�digo. Se ha efectuado un muy buen trabajo, que en el caso del Senado se realiz� por todos los miembros de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, presidida primero por el Honorable se�or Larra�n y despu�s por el Senador se�or D�ez, y se est� llegando a una soluci�n perfectamente razonable y coherente. Cabe se�alar que el proyecto original enviado por el Ejecutivo sufri� m�ltiples modificaciones y perfeccionamientos en una y otra C�mara, y posteriormente en la Comisi�n Mixta, lo cual revela que su estudio fue acucioso, serio y muy responsable. Adem�s, como expres� el Senador se�or D�ez, en dicha Comisi�n la mayor�a de las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad y las diferencias fueron zanjadas adecuadamente. A continuaci�n mencionar� algunos puntos que me parece importante hacer resaltar. Se decidi� dejar fuera del procedimiento penal todo lo que tuviera que ver con el tercero civilmente responsable, con el objeto de no entorpecer una iniciativa que reci�n est� partiendo. Luego, pareci� importante disponer cu�ndo se ten�a que solicitar el desafuero o la querella de cap�tulos, en su caso; y se mantuvo el criterio del Senado de establecer el cierre de la investigaci�n como oportunidad para impetrar el desafuero, atendido el hecho de que el procesamiento equivale a la acusaci�n que realiza el Ministerio P�blico. Sobre este punto se manifest�, por parte de muchos se�ores Senadores, entre ellos el que habla, la voluntad de que, llegado el momento, fuera posible eliminar el fuero parlamentario, que no parece a estas alturas una instituci�n adecuada, sobre todo en el mencionado procedimiento. Ello, porque impide al Parlamentario respecto del cual se est� solicitando el desafuero llegar a una serie de arreglos que pudieran resolver el problema, y transforma de hecho el desafuero en una especie de juicio previo que en alg�n caso podr�a ser estimado condenatorio sin que en realidad lo sea, ya que el desafuero s�lo significa que se da lugar al inicio del procedimiento penal. Pero, como no se pod�a modificar la Constituci�n en este caso, se decidi� que adem�s se estableciera el desafuero lo m�s tarde posible, de tal manera que la eventual suspensi�n del cargo parlamentario afectase durante el menor per�odo de tiempo al respectivo Diputado o Senador. Otro punto que me parece importante destacar se refiere a que, cuando se trata de informaci�n reservada o secreta, se sigue el criterio de la C�mara. Es decir, la Corte de Apelaciones, con la �nica excepci�n de las materias que se refieren a la seguridad nacional, ser� la que autorice la entrega de la informaci�n, y no la Corte Suprema. Con ello se descentraliza y acerca m�s la justicia a la localidad en la cual han ocurrido los hechos. En lo que se refiere a los titulares de la acci�n, como ha dicho el se�or Presidente de la Comisi�n, se establece que, cuando los delitos afectan a menores, puede el Ministerio P�blico actuar de motu proprio. Sobre control de identidad, que es un asunto muy discutido, se mantuvo el criterio impuesto en la legislaci�n anterior, esto es, que habi�ndose eliminado la detenci�n por sospecha, se mantiene la instituci�n como una v�a para que la polic�a pueda cumplir su funci�n preventiva. Respecto del amparo, ha expuesto bien el Senador se�or D�ez, por lo que no me referir� a tal punto. En cuanto a plazos de detenci�n, se los uniform� en veinticuatro horas tanto para quien es privado de libertad por orden judicial, cuanto para aquel que lo es por delito flagrante. En lo atinente a la libertad provisional, pese a haberse concordado en las razones del Senado para eliminar las consideraciones vigentes en la ley con el objeto de no entorpecer las facultades del juez, visto que la Constituci�n le entrega privativamente la decisi�n final sobre conceder o no la libertad, se concord� en mantener las orientaciones incorporadas en la ley N� 19.661. Ello, a pesar de que un se�or Diputado consideraba que esas normas eran m�s favorables a la libertad provisional, mientras otro, autor de la iniciativa, por el contrario, fundamentaba su posici�n sosteniendo que tales normas restring�an o condicionaban la facultad del juez para otorgar esa libertad. A pesar de tal contradicci�n, se mantuvo el punto, y al respecto el Senador que habla manifest� un voto disidente. Lo mismo hice en lo que se refiere al plazo para que el fiscal cierre el sumario. Se opt� por el criterio r�gido de fijar un plazo s�lo de dos a�os, absolutamente improrrogable. Me parece que, por la experiencia judicial, esto es bastante ilusorio, aun comprendiendo que el nuevo sistema tiene que ser mucho m�s �gil, y la norma va en esa direcci�n. El otro punto que me parece importante se�alar, mencionado igualmente por el Honorable se�or D�ez, es el acortamiento de los plazos para emitir resoluci�n y para dictar sentencia. En seguida, se mantuvo el criterio de la C�mara de Diputados en el sentido de incorporar un inciso que impida al juez decretar el sobreseimiento definitivo si ello se opone a tratados internacionales ratificados por Chile. Esto es algo que estaba impl�cito en la legislaci�n, pero que pareci� m�s razonable explicitarlo, por lo que se adopt� acuerdo en tal sentido. Termino mi exposici�n (aun cuando hay muchos otros puntos a los cuales referirse) se�alando la importancia de esta iniciativa legal, una de las m�s trascendentes del Gobierno del Presidente Frei, la que ahora deber� ser implementada en la pr�ctica por la Administraci�n que encabeza el Presidente Lagos, comenzando por las Regiones Cuarta y Novena. Espero que con esto se ponga t�rmino a las cr�ticas fundadas que se hacen a nuestra justicia penal en cuanto a ineficiencia y a otras caracter�sticas causantes de que ella no cumpla a cabalidad con su cometido, pese a la buena disposici�n y, en muchos casos, a la abnegaci�n de los magistrados. Se�alar� finalmente que no es frecuente enfrentarse al estudio de un C�digo de esta envergadura, en lo cual, a muchos de nosotros, nos ha tocado participar activamente. Como lo expres� el Senador se�or D�ez, no s�lo el Gobierno debe revisar el veto por si hubiere incoherencias, sino que tambi�n, por cierto, esto queda sometido al criterio que recomiende la pr�ctica, pues, en definitiva, las normas valen seg�n los resultados que se obtengan de ellas. Esperamos que la justicia chilena salga fortalecida con esta legislaci�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Terminado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobar� el informe de Comisi�n Mixta. --Se aprueba. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se�or Ministro, ha culminado el proceso legislativo en lo referente a este proyecto. El se�or G�MEZ (Ministro de Justicia).- Gracias, se�or Presidente. Asistimos hoy a la culminaci�n de un proceso legislativo cuya relevancia hist�rica es dif�cil exagerar. Este momento al que hoy asistimos se recordar�, sin duda, como un hito de relevancia en la mejora del Estado, y como una contribuci�n largo tiempo esperada en cuanto a su eficiencia y a su legitimidad. En este momento concluye un esfuerzo gigantesco que ha puesto de relieve el sentido de comunidad que poseemos los chilenos. En esta reforma a la justicia encuentran consumaci�n los esfuerzos de amplios y diversos sectores de la ciudadan�a. La sociedad civil, las instituciones acad�micas, la opini�n p�blica y el conjunto de la clase pol�tica, con prescindencia de toda ideolog�a o inter�s inmediato, han estado tras este proyecto, el que revela, as�, el sentido de Estado que lo anima. Convergencia de intereses de parte de todos los sectores y, a la vez, sentido de imparcialidad, son los rasgos que la amplia participaci�n que acabo de recordar han asegurado para el C�digo que se somete a vuestra consideraci�n. La aprobaci�n de este C�digo representar� una mejora de la actividad estatal y un perfeccionamiento del Estado constitucional. El C�digo Procesal Penal que se ha sometido a vuestra consideraci�n representa un gigantesco esfuerzo de modernizaci�n del Estado que s�lo se asemeja a los momentos que nuestro pa�s vivi� en la primera mitad del siglo XIX, cuando, m�s temprano que otros pa�ses de Am�rica, los chilenos logramos constituir lo que, con acierto, se denomin� m�s tarde un Estado en Forma. El proyecto de Estado constitucional que Chile logr� impulsar durante aquel siglo constituy�, no hay duda, una de las claves de su �xito y de su prestigio. Un desarrollo institucional que favoreci� la producci�n del orden social e hizo del esfuerzo personal una tarea segura, es, sin duda, uno de los principales rasgos de nuestro desarrollo hist�rico durante el siglo XIX. Hoy d�a, cuando otro siglo se inicia, nuestro pa�s emprende un nuevo y radical paso para la mejora de sus instituciones porque, sin exageraci�n alguna, puede afirmarse que la reforma a la justicia constituye actualmente una exigencia para el logro de los objetivos estrat�gicos del desarrollo. As� lo acredita el acuerdo generalizado que existe hoy en torno a que la importancia del mercado y el valor de la democracia se encuentran indisolublemente ligados con la reforma de la justicia. El mercado exige el gobierno efectivo de la ley. La democracia, por su parte, supone un goce igualitario de derechos que s�lo puede ser alcanzado con un sistema de justicia imparcial y eficiente. En fin, los ciudadanos esperan que las instituciones los liberen del miedo reaccionando prontamente contra las transgresiones, contribuyendo as� a generalizar la confianza en sus relaciones sociales cotidianas. No ha de verse, en consecuencia, en la reforma que estamos ahora impulsando, un mero cambio de procedimientos, un simple ajuste en la forma como los tribunales en lo penal han de llevar a cabo su labor. La reforma procesal penal equivale desde luego a eso; pero es m�s que eso. Representa, para decirlo en una frase, un desarrollo de las promesas que subyacen al estado constitucional propio de la democracia. Como lo comprendi� tempranamente la mejor tradici�n del pensamiento pol�tico, el Estado debe liberar del miedo a los hombres y a las mujeres que se organizan bajo su amparo. El orden estatal posee as�, como funci�n prioritaria, liberarnos de la violencia y la agresi�n a las que, si no existiera Estado, estar�amos expuestos. Para alcanzar ese objetivo, que desde antiguo legitima su existencia, el Estado monopoliza la fuerza y, en base a reglas expl�citas, procede a administrarla mediante sus �rganos espec�ficos. La organizaci�n del Estado pasa a ser, de este modo, una forma de organizaci�n de la fuerza que, para no erigirse en una nueva fuente de amenaza y temor, debe estar sometida a reglas claras y preexistentes que eviten que la soluci�n de una amenaza sea fuente de un nuevo temor. Los precedentes principios, que se encuentran en la base misma de la constituci�n del Estado, permiten advertir los particulares desaf�os que �ste debe enfrentar en materia de pol�tica criminal. El Estado debe, por una parte, prestar seguridad a los ciudadanos, liber�ndolos de las diversas fuentes de agresi�n a que se ven expuestos en su vida cotidiana; pero, al mismo tiempo, y con el mismo nivel de intensidad, debe cumplir esa funci�n de otorgar seguridad cuidando escrupulosamente de no lesionar los derechos ciudadanos. Seguridad, por una parte; derechos ciudadanos, por la otra: �se es el doble desaf�o, hasta cierto punto parad�jico, a que el Estado debe hacer frente. Seguridad, y al mismo tiempo garant�as, es el doble objetivo que debe encarar en materia de protecci�n ciudadana y de pol�tica criminal. Se trata de un doble objetivo que hemos cuidado respetar especialmente en el dise�o del nuevo sistema de enjuiciamiento. Los imputados de cometer un delito tendr�n, conforme a las reglas del proyecto sometido a la consideraci�n del Senado, acceso efectivo a un tipo de enjuiciamiento que satisfaga de manera �ntegra las exigencias del debido proceso. Hacemos efectiva, as�, una de las promesas incumplidas del Estado constitucional. Ello no s�lo contribuir� a un mayor grado de respeto por los derechos de las personas, sino que fortalecer� el conjunto del sistema penal, el que, de este modo, ganar� en legitimidad al evitar convertir al delincuente en v�ctima del Estado. Esa mayor legitimidad contribuir� tambi�n a hacer m�s eficiente la respuesta del Estado frente a la criminalidad. La mayor severidad de la respuesta penal frente a la delincuencia se hace m�s f�cil cuando los �rganos del Estado se hallan provistos de legitimidad que cuando carecen de ella. Un sistema de enjuiciamiento defectuoso desde el punto de vista del debido proceso debilita al Estado, lo desprestigia y le impide actuar con severidad. Un mayor nivel de respeto de los derechos ciudadanos en el enjuiciamiento criminal contribuir� entonces a favorecer una respuesta m�s vigorosa frente a la criminalidad. Escrupulosidad en el respeto a las garant�as y mayor eficiencia en la detecci�n y castigo del delito: tales son los dos objetivos a los que simult�neamente tiende el proyecto aprobado en esta sesi�n. Pero el nuevo sistema que el C�digo contribuir� a instaurar no s�lo posee ventajas desde el punto de vista de los derechos ciudadanos; tambi�n las presenta desde el punto de vista del bienestar. El gasto p�blico destinado a la justicia del crimen y a la persecuci�n de la criminalidad en su conjunto tendr�, en el nuevo dise�o de enjuiciamiento criminal, un uso, sin duda, m�s eficiente que el que hoy d�a recibe. Como ha sido destacado muchas veces, los recursos para la persecuci�n de la criminalidad son inevitablemente escasos y poseen un alto costo de oportunidad en otras �reas �como la salud o la educaci�n- tambi�n muy sensibles desde el punto de vista social. En raz�n de ello, la responsabilidad social y el sentido de justicia obligan a que los recursos en esta �rea se destinen a sus usos m�s eficientes. Este principio de bienestar, aplicado a la justicia, significa que los recursos en este sector deben destinarse a la criminalidad m�s grave y no solamente, como por desgracia parece ocurrir hoy, a la criminalidad socialmente vulnerable. El nuevo sistema de enjuiciamiento introduce un dise�o que favorece la eficiencia. El Ministerio P�blico contar� con varios mecanismos que le permitir�n racionalizar la persecuci�n criminal, focaliz�ndola hacia la criminalidad m�s lesiva. Los tribunales del juicio oral, por su parte, contar�n con una forma de divisi�n del trabajo m�s flexible que la actualmente existente, posibilit�ndoles, as�, reaccionar con prontitud a los cambios en el comportamiento de la litigiosidad. Un uso m�s eficiente del gasto en el �rea y una mayor prontitud y agilidad de la respuesta estatal son objetivos a los que tiende el dise�o procesal. Un sistema de enjuiciamiento provisto de las caracter�sticas que acabo de relatar contribuir�, por otra parte, a aumentar los niveles de seguridad ciudadana, mejorando, de esa manera, los niveles de confianza social. La p�rdida de confianza tiene gigantescos costos en bienestar. Las personas y las empresas son muy sensibles a la p�rdida de confianza social. La falta de confianza estimula las soluciones informales, obliga a prever recursos para hacerle frente y deteriora la confianza en el futuro, que constituye una variable clave para alentar el esfuerzo personal y el trabajo cotidiano que hace pr�speras a las sociedades. En fin, el acceso a la justicia �uno de los bienes m�s sensibles en un estado democr�tico- se ver� tambi�n favorecido una vez que el nuevo sistema que el C�digo viene a instaurar comience definitivamente a funcionar. En vez de ponerse de cargo de la v�ctima, la persecuci�n criminal se pone de cargo del Ministerio P�blico, de manera que los lesionados con el delito contar�n, en una medida relevante, con una posibilidad de reparaci�n independientemente de los recursos privados con que puedan contar. Un mayor y m�s igualitario acceso a la justicia es, pues, otra de las ventajas que el conjunto de la sociedad puede razonablemente esperar del nuevo sistema de enjuiciamiento. Chile experimenta hoy excepcionales condiciones estrat�gicas para su desarrollo, pero posee un sistema de justicia que todav�a est� demasiado lejos de esas promesas de prosperidad. El talento y la responsabilidad de los jueces chilenos no son suficientes para remediar los serios defectos que presenta nuestro sistema de justicia criminal. Mediante el sistema de enjuiciamiento que establece el C�digo, la sociedad chilena har� suya la reforma a la justicia, en el entendido de que el sistema que el C�digo consagra proveer� mayor bienestar cotidiano a los chilenos y, a la vez, y con la misma intensidad, un mayor respeto de sus derechos b�sicos. El Estado de Chile ver� as� fortalecida su tradici�n constitucional y habr� retomado el mandato que el Presidente Montt, hace ya m�s de cien a�os, leg� a las futuras generaciones al aprobar el C�digo que ahora se reemplaza. Que hoy d�a hayamos sido capaces de retomar ese legado, acredita la continuidad hist�rica de nuestro pa�s y el sentido de Estado que anima al proyecto. Han sido cinco a�os de arduo trabajo y de muchas horas dedicadas, para culminar hoy, despu�s de 106 a�os de vigencia del actual C�digo, con un nuevo procedimiento penal para el siglo que comienza. No puedo finalizar, se�or Presidente, sin agradecer a quienes han sido parte importante de esta labor. No me gustar�a ser injusto, de manera que desde ya doy excusas si olvido mencionar a alguien. En este momento hist�rico, deseo se�alar que hubo muchas personas que se destacaron por su trabajo y esfuerzo: la se�ora Soledad Alvear y los se�ores Rafael Blanco, Jorge Bofill, Cristi�n Riego y Ra�l Tavolari; instituciones tan importantes como CPU y Paz Ciudadana, representadas por los se�ores Iv�n Lavados y Agust�n Edwards; los Ministros de la Corte Suprema se�ores Roberto D�vila, Mario Garrido y su actual Presidente, don Hern�n �lvarez, y muy especialmente los miembros de la Comisi�n de Constituci�n y Legislaci�n de la C�mara de Diputados y del Senado, esta �ltima representada por su Presidente, Honorable se�or D�ez, y por los Honorables se�ores Hamilton, Silva, Viera-Gallo, Larra�n, Aburto y Chadwick. Se�or Presidente, sin duda, hoy es un d�a hist�rico, y quiero agradecer a todos los que, estando presentes o no, han contribuido a la materializaci�n de una obra tan importante para Chile. Gracias. --(Aplausos en la Sala y en tribunas). El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se agradece del mismo modo al se�or Ministro. ______________ El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Ha llegado a la Mesa, para ser incluido en la Cuenta de esta sesi�n, el informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n reca�do en el proyecto de ley, en primer tr�mite, que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios. --Queda para tabla. ______________ NORMAS SOBRE DEPORTE. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- Informe de la Comisi�n Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica reca�do en el proyecto de ley del deporte. --Los antecedentes sobre el proyecto (1787-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 29�, en 16 de enero de 1999. En tercer tr�mite, sesi�n 7�, en 4 de julio de 2000. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 12�, en 19 de julio de 2000. Informes de Comisi�n: Defensa, sesi�n 19�, en 20 de enero de 1999. Hacienda, sesi�n 19�, en 20 de enero de 1999. Defensa (segundo), sesi�n 32�, en 14 de septiembre de 1999. Hacienda (segundo), sesi�n 32�, en 14 de septiembre de 1999. Defensa (tercer tr�mite), sesi�n 12�, en 19 de julio de 2000. Mixta, sesi�n 19�, en 29 de agosto de 2000. Discusi�n: Sesiones 23�, en 10 de marzo de 1999 (se aprueba en general).; 32�, en 14 de septiembre de 1999 (se despacha en particular); 12�, en 19 de julio de 2000 (se aprueba informe y pasa a Comisi�n Mixta). El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa calific�ndola de "suma". La controversia entre ambas c�maras se origin� en el rechazo, por parte del Senado, de algunas de las enmiendas que la C�mara de Diputados aprob� durante el segundo tr�mite constitucional. La Comisi�n Mixta formula en su informe las proposiciones destinadas a resolver las diferencias entre ambas Corporaciones. La Secretar�a elabor� un bolet�n comparado, dividido en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado por el Senado; en la segunda, las modificaciones introducidas por la C�mara de Diputados; en la tercera, la proposici�n de la Comisi�n Mixta, y en la cuarta, el texto como quedar�a de aprobarse el informe sometido al conocimiento de Sus Se�or�as. Cabe hacer presente que deben aprobarse con qu�rum org�nico constitucional las proposiciones de la Comisi�n Mixta reca�das en los art�culos 10, 15, 20, 25 y 49, inciso quinto, nuevo. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En discusi�n el informe. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, quiero explicar el informe. En general, m�s all� de peque�as diferencias entre la C�mara de Diputados y el Senado, fueron nueve los puntos controvertidos resueltos por la Comisi�n Mixta. Primero, referente a la vinculaci�n de CHILEDEPORTES en el marco de nuestra institucionalidad p�blica, se sigui� el criterio del Senado en el sentido de que esa nueva instituci�n estar� bajo la supervigilancia directa del Presidente de la Rep�blica. Segundo, en lo atinente a la administraci�n de los recintos e instalaciones que forman parte del patrimonio del Instituto Nacional de Deportes, se incluy� a las personas naturales -siguiendo tambi�n la norma del Senado- como posibles administradoras, v�a convenio o concesi�n, adem�s, por cierto, de las municipalidades y de las personas jur�dicas tanto de derecho p�blico como de derecho privado. Tercero, en cuanto a la integraci�n del Consejo Nacional, se aprob� la posici�n sustentada por el Senado en el sentido de desechar la inclusi�n del Subsecretario de Educaci�n como miembro. Tampoco hubo acuerdo para incorporar como miembro a un consejero proveniente de la Asociaci�n Nacional de F�tbol Aficionado, designado por la Federaci�n de F�tbol de Chile. Se acept� el criterio de la C�mara de Diputados en el sentido de incorporar a un consejero, designado por el Presidente de la Rep�blica, perteneciente a la Confederaci�n Deportiva de la Defensa Nacional, dada su importancia en el �mbito del deporte, considerando su infraestructura en lo relacionado con planteles y profesores de educaci�n f�sica. Cuarto, en lo relativo a los Consejos Regionales, se mantuvo el parecer del Senado en cuanto a que sean meramente consultivos y no resolutivos. Se desech� la participaci�n en ellos de los SEREMI de Educaci�n. Por �ltimo, se contempl� la incorporaci�n de un consejero en representaci�n de la Confederaci�n Deportiva de la Defensa Nacional y de dos miembros con residencia en la regi�n y que tengan grado acad�mico en Educaci�n F�sica, sean propuestos por el Director Regional respectivo y cuenten con la aprobaci�n del Consejo Regional del Gobierno Regional respectivo. El quinto punto dice relaci�n a la cuota nacional del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Aqu� se sigui� el criterio de la C�mara de Diputados en el sentido de que se distribuyan las cuotas regionales a cada una de las regiones y exista una cuota nacional, respecto de la cual se estuvo de acuerdo en que su m�ximo no pueda superar el 25 por ciento del Fondo y que su destino sea el financiamiento de los proyectos nacionales o suprarregionales, concursables, pudiendo tambi�n suplementar los recursos de una o m�s de las cuotas regionales. Sexto, tocante a la infraestructura deportiva, se aprob� la norma propuesta por la C�mara de Diputados para que los recintos o terrenos de propiedad fiscal o municipal donde actualmente se practica deporte mantengan preferentemente tal destino, salvo circunstancias excepcionales, determinadas por el Consejo Regional o por el Concejo Municipal. S�ptimo, con relaci�n a los subsidios para el deporte, se explicit� que podr�n postular a ellos, no s�lo las organizaciones deportivas, sino tambi�n las organizaciones comunitarias que cumplan una finalidad deportiva. Octavo, referente a las donaciones y franquicias tributarias, se incluy� una disposici�n de la C�mara de Diputados que permite acceder a esos beneficios con fines deportivos a los centros de rehabilitaci�n y prevenci�n de drogas y de seguridad ciudadana sin fines de lucro y reconocidos por los Ministerios de Salud, de Educaci�n o del Interior, seg�n corresponda. Y noveno, se ampli� de 180 a 360 d�as el plazo de las organizaciones deportivas legalmente constituidas para adecuar sus estatutos a las normas de la ley en proyecto. Es cuanto puedo informar al Senado para permitirle pronunciarse con propiedad. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en forma breve, quiero por lo menos destacar que muchos de los planteamientos formulados al proyecto de Ley de Deporte no han sido recogidos y se mantiene una suerte de centralismo. Por ejemplo, si uno examina los art�culos 15 y 16, referentes al Consejo Nacional, observar� que la gran mayor�a de sus miembros son nombrados por el Presidente de la Rep�blica. Y lo mismo sucede con los directores regionales, pues, conforme al art�culo 21, son designados a propuesta en terna del Intendente Regional respectivo. La verdad es que el deporte, desgraciadamente, cuando es administrado por una esfera estatal y en un pa�s centralista como el nuestro, tiende a ser politizado. Uno es testigo de c�mo diversas organizaciones deportivas son de alguna manera manipuladas con fines pol�tico-electorales en una naci�n como la nuestra, donde pr�cticamente cada a�o y medio debemos enfrentar comicios de distinta �ndole. Por otro lado, haber subido a 25 por ciento la cuota nacional del Fondo, que originalmente era de 15 por ciento, tampoco constituye una buena idea. Considero oportuno se�alar que �sta no es la normativa que los deportistas esperaban para Chile, sin perjuicio de que implica un avance con respecto a la situaci�n actual. Como nos enfrentamos a un informe de Comisi�n Mixta, corresponde votar en conjunto, sin posibilidad de pronunciarse separadamente sobre determinadas normas. Pero por lo menos deseaba hacer tales prevenciones en la instancia final de la tramitaci�n del proyecto. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, deseo formular al Presidente de la Comisi�n Mixta, Honorable se�or Adolfo Zald�var, una consulta sobre el art�culo 43, que trata de los objetivos a que deber�n destinarse los recursos del Fondo. Entre otras cosas, se habla de fomentar y apoyar el deporte escolar y recreativo, etc�tera. Sin embargo, nada se dice de los discapacitados, quienes s� figuran al comienzo de la normativa entre los beneficiarios del proyecto. Mi pregunta es importante, porque se tiende a olvidar a ese tipo de personas, que necesitan muchas actividades para su rehabilitaci�n. Y la formulo para que quede claro en la historia de la ley cu�l ser�a la interpretaci�n a ese respecto, pues en los preceptos iniciales �insisto- se habla de los discapacitados. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, la consulta del Honorable se�or Mart�nez es muy relevante. Ante todo, debo hacer presente que, dentro de sus pol�ticas, los coordinadores regionales deber�n considerar la situaci�n que Su Se�or�a ha expuesto con tanta propiedad. De otro lado, cabe puntualizar que no porque se haya fijado una cuota nacional la ley en proyecto tendr� car�cter centralista. Al contrario, se plante� que los fondos deber�n asignarse proporcionalmente, de acuerdo con los criterios que se fijan, a cada una de las regiones. Y se reserva hasta 25 por ciento para atender finalidades nacionales o suprarregionales, pero no centralistas. Adem�s, debo hacer presente que en el articulado �no recuerdo exactamente en qu� norma- se introdujo un cambio bastante importante: para la asignaci�n de las cuotas regionales no s�lo va a pesar el n�mero de habitantes, sino tambi�n el clima, las distancias y la condici�n de regi�n extrema. Por esa v�a, los Directores Regionales, el Director Nacional y el Consejo Nacional tendr�n la posibilidad de hacer las correcciones pertinentes. Ahora, lo planteado por el Honorable se�or Mart�nez se halla dentro de la filosof�a de la ley en proyecto. Y los Directores Regionales deber�n consultar recursos especiales para cumplir con todo lo referente a las actividades deportivas de los discapacitados. M�s a�n, he de se�alar a Su Se�or�a que en una de las disposiciones a que me refer� durante mi exposici�n �aquellas donde hubo m�s discusi�n o m�s criterios encontrados- se establece que podr�n acceder a los beneficios de las donaciones con franquicias tributarias organizaciones como los centros de rehabilitaci�n y prevenci�n de drogas, de seguridad ciudadana u otras, sin fines de lucro. Es decir, dichos beneficios se hicieron extensivos m�s all� de las instituciones deportivas, para que tales entidades cuenten con recursos y puedan cumplir con sus respectivos programas en ese �mbito, que son muy importantes para la salud y el desarrollo de todos los chilenos. El se�or MART�NEZ.- Muchas gracias, se�or Senador. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, sin duda, �ste es un proyecto muy relevante, porque el deporte constituye una actividad de gran significaci�n. Por ende, no cabe sino alegrarse de que, despu�s de una tramitaci�n extraordinariamente larga, est� terminando este proceso legislativo. Por cierto, aprobar� el informe de la Comisi�n Mixta. Sin embargo, tengo un punto de discordancia, respecto del cual deseo hacer constar mi parecer. Me refiero espec�ficamente al tema de la dependencia. Concuerdo en que el Instituto Nacional de Deportes de Chile tenga un rango alto; la trascendencia de la materia lo justifica plenamente. Empero, me parece que decir que estar� "sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la Rep�blica" introduce una anomal�a en la organizaci�n del Estado. Seg�n se define en el proyecto, el referido Instituto es "un servicio p�blico funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propio". En consecuencia, no es ni el Banco Central ni la Contralor�a, que son organismos aut�nomos. Y todos los servicios p�blicos se vinculan a trav�s de alg�n Ministerio. Por consiguiente, la dependencia directa del Primer Mandatario no s�lo crea una anomal�a, sino que adem�s genera una suerte de vac�o de relaci�n. Porque, por muy descentralizado o aut�nomo que sea el Instituto en comento, habr� casos en que deban dictarse decretos o reglamentos, por ejemplo. Y el art�culo 35 de la Constituci�n se�ala que "Los reglamentos y decretos del Presidente de la Rep�blica deber�n firmarse por el Ministro respectivo". Aqu� no existe el Ministro respectivo. Durante la discusi�n habida en la Comisi�n Mixta, el Senador se�or Pizarro se refiri� al punto. Y el informe se�ala: "El c�mo se relacionar�a el Instituto, en orden a su eficiencia, es un problema de orden administrativo interno del Presidente de la Rep�blica, situaci�n que ocurre con el SERNAM, entidad que, desde el punto de vista del funcionamiento administrativo, se relaciona a trav�s del Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n. En esa arista, opin�" �el Senador se�or Pizarro- "que le daba igual cu�l fuere el ministerio encargado, siempre que el Instituto mantuviera la dependencia directa del Presidente de la Rep�blica y con el m�s alto rango.". Es decir, en el fondo, en la discusi�n se estaba reconociendo que el SERNAM, a cuyo titular todo el mundo reconoce rango de Ministro, se vincula a trav�s del Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n, as� como podr�a hacerlo por intermedio de otro. En consecuencia, no s� si las expresiones del Honorable se�or Pizarro apuntan a que el Presidente de la Rep�blica podr�a designar un Ministerio para que se establezca tal vinculaci�n, lo cual considero raro, por cuanto no parece ser un procedimiento legal normal. Con ello no quiero se�alar que yo hubiera sido partidario de las soluciones alternativas que se propusieron. Son atendibles los argumentos, pero no me parece razonable que dicho Instituto dependa del Ministerio del Interior -tesis del Ejecutivo y de la C�mara de Diputados-, ni tampoco del de Educaci�n. Ambas Secretar�as de Estado se hallan muy recargadas de funciones. Por tanto, es muy dif�cil pensar que puedan ejercer la nueva. Tengo mi propia preferencia al respecto: el Ministerio Secretar�a General de Gobierno, por ser el ente al que, conforme a su ley org�nica, corresponde la responsabilidad de vincular al Estado con las organizaciones de la sociedad civil. No es mi intenci�n insistir en ello. S�lo deseo dejar constancia de que no me parece una buena soluci�n el se�alar que un servicio p�blico funcionalmente descentralizado dependa directamente del Presidente de la Rep�blica. Ello, a mi juicio, va a generar problemas. Gracias, se�or Presidente. _____________ El se�or R�OS (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que presida el Senador se�or D�ez. Acordado. --Pasa a dirigir la sesi�n, con el car�cter de Presidente accidental, el Honorable se�or D�ez. ______________ El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, s�lo deseo pedir que, una vez aprobado el informe, se oficie al Ejecutivo para esclarecer la situaci�n que me plantearon trabajadores de la DIGEDER y de los Consejos Locales de Deportes en el sentido de que, si bien seguir�n laborando, no habr�a respeto pleno a las leyes del trabajo en cuanto al pago de sus indemnizaciones por cambio de empleador. Personalmente, no tengo clara la forma como se hallan estructuradas las disposiciones respectivas. Lo que s� veo es que el art�culo 5� transitorio del proyecto se�ala: "El cambio de empleador no significar� t�rmino de la relaci�n laboral para ning�n efecto legal, ni dar� derecho a pago inmediato de beneficio alguno, incluidas las indemnizaciones por a�os de servicios que pudieren corresponder. Estos pagos se entender�n postergados hasta el cese de los servicios en el Instituto por causa que otorgue derecho a percibirlos.". Es posible que el Ejecutivo formule vetos sobre algunas de las materias del proyecto. Por lo tanto, mi prop�sito al intervenir respecto de ese punto espec�fico es disponer de antecedentes para esclarecer la situaci�n planteada por los referidos trabajadores en cuanto a su paso al Instituto Nacional de Deportes. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, Su Se�or�a? El se�or BITAR.- Por supuesto, con la venia de la Mesa. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, deseo recordar que esa parte del proyecto no fue materia de la Comisi�n Mixta. Es decir, no hubo diferencias entre el Senado y la C�mara de Diputados sobre el particular. Y existe un texto que ya est� aprobado. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Puede continuar el Honorable se�or Bitar. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, agradezco la observaci�n del Senador se�or Adolfo Zald�var. Sin embargo, yo planteo que, habiendo la factibilidad de que el Ejecutivo env�e un veto y siendo �ste un tema que pudiera desembocar en distintas interpretaciones, resulta conveniente esclarecer el punto. Por eso, pido que se oficie al Ejecutivo, para que se analice la materia y, con los fundamentos del caso, se determine si es necesario introducir un cambio a trav�s del veto. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, en la Comisi�n Mixta se analizaron los aspectos de que dio cuenta el se�or Presidente de la Comisi�n de Defensa del Senado, quien presidi� aqu�lla, reafirm�ndose la l�nea b�sica del proyecto en debate, el que es trascendental para el pa�s y al cual nuestra Corporaci�n destin� muchas horas de trabajo. Es del caso precisar que la demora en el despacho de la iniciativa no es imputable a la C�mara Alta, que la tramit� en plazos muy breves, sino a las indicaciones del Ejecutivo derivadas del hecho de que no contaba con los recursos indispensables para el financiamiento. El Senado �reitero- tramit� muy r�pidamente el proyecto, en numerosas sesiones. Y para ello cont� con el apoyo de funcionarios de Gobierno que proporcionaron toda la informaci�n requerida. Por otra parte, a trav�s de fondos regionales se procura la mayor descentralizaci�n posible del sistema, con lo cual se otorga m�s independencia a las Regiones en el uso de los recursos que dispondr� el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Esto es muy importante, pues cambia completamente la situaci�n actual, pasando de un organismo nacional centralizado a uno por cada Regi�n, con autonom�a suficiente para decidir sobre sus inversiones. Por otra parte, se se�al� que el 25 por ciento del Fondo Nacional podr�a destinarse no para incrementar las cuotas regionales, sino para concretar proyectos de tipo general. Ello no se contradice -como lo inform� muy bien el se�or Presidente de la Comisi�n de Defensa Nacional- con la regionalizaci�n, porque ese porcentaje puede ocuparse perfectamente en proyectos regionales. Es decir, no debe entenderse que estos proyectos deban materializarse exclusiva o necesariamente en Santiago. La idea es que, cuando una Regi�n necesite recursos, por ejemplo, para construir determinada instalaci�n deportiva de gran envergadura, pueda recurrir, si la cuota regional es insuficiente, a este 25 por ciento. De manera que consideramos positivo que se disponga de un monto para favorecer el desarrollo deportivo regional. En relaci�n a este tema, en la Comisi�n no fueron motivo de discusi�n las donaciones, por considerarse que constituyen uno de los instrumentos m�s importantes para aumentar los recursos. Para tal efecto, se permite que particulares hagan donaciones con cargo a impuestos, lo cual ser� muy importante en este �mbito, por cuanto sabemos que los recursos del Estado atraviesan por una situaci�n dif�cil y no es posible aumentarlos sustancialmente, por lo menos en los pr�ximos a�os. En cambio, por la v�a de las donaciones se pueden recibir mayores ingresos destinados al crecimiento del deporte. Por otra parte, lo relativo a la dependencia fue una de las materias m�s latamente discutida, aun cuando no es sustantiva, sino meramente adjetiva, formal. La Comisi�n siempre estim� que el Instituto Nacional de Deportes de Chile no pod�a quedar subordinado al Ministerio del Interior, porque entonces carecer�a de autonom�a, pasando a depender del Subsecretario del Interior y, a su vez, del Ministro, personero este �ltimo que tiene otros intereses y modos de enfocar el tema. Por ese motivo, no est�bamos de acuerdo con esa dependencia, sugerida originalmente por el Ejecutivo. Y nuestra posici�n no obedec�a -como se ha mencionado- al car�cter pol�tico de esa Cartera, ya que todas poseen ese calidad, sino porque a ese Ministerio corresponden otros objetivos y preocupaciones. En consecuencia, el Instituto se convertir�a en una dependencia m�s del Ministerio del Interior, y sus autoridades pasar�an haciendo antesala en espera de alguna oportunidad de que su titular las atendiera. Por eso, se estableci� que el Instituto Nacional de Deportes de Chile estuviera sujeto a la dependencia directa del Presidente de la Rep�blica para lograr la m�xima autonom�a. Ahora bien, si para efectos administrativos -de dictaci�n de decretos y reglamentos- es necesario que dependa de un Ministerio, consideramos que el m�s adecuado ser�a el Ministerio Secretar�a General de la Presidencia, a trav�s del cual el Presidente de la Rep�blica podr� dictar decretos y reglamentos. El se�or SILVA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or FERN�NDEZ.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, en cuanto a la observaci�n del Senador se�or Boeninger, a la cual alude el Honorable se�or Fern�ndez, debo expresar mi preocupaci�n por los t�rminos en que el proyecto plantea esta materia. Su art�culo 10 establece "la supervigilancia directa del Presidente de la Rep�blica". Sin embargo, la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, a la que dicho Instituto debe necesariamente sujetarse como entidad descentralizada, se�ala expl�citamente que "Los servicios descentralizados�estar�n sometidos a la supervigilancia del Presidente de la Rep�blica a trav�s del Ministerio respectivo", norma que el proyecto ha omitido, opt�ndose por una dependencia, vinculaci�n o supervigilancia directa del Presidente de la Rep�blica. Deseo recordar que la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado fue dictada en virtud del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica que establece que "Una ley org�nica constitucional determinar� la organizaci�n b�sica de la Administraci�n P�blica,". Sin embargo, reitero que en este proyecto se ha omitido expl�citamente una disposici�n de la citada Ley Org�nica Constitucional. Por eso, estoy seriamente preocupado. Desconozco si la iniciativa pasar� a la consideraci�n del Tribunal Constitucional; pero mucho temo que, de ser as�, merecer� objeci�n de dicho Tribunal. Pienso que necesariamente debe dictarse una ley complementaria que subsane esa omisi�n, porque el criterio seguido en el art�culo 10 es manifiestamente contrario a lo dispuesto en la Carta Fundamental y en la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado. Gracias, se�or Senador. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Puede continuar, Su Se�or�a. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, el Honorable se�or Silva tiene toda la raz�n. En realidad, resulta ser una omisi�n, pero ella obedece a que en el proyecto del Ejecutivo se consideraba al del Interior como el Ministerio a trav�s del cual el Instituto Nacional de Deportes se relaciona, opini�n que no fue compartida por la Comisi�n, cuya mayor�a sostuvo que deb�a ser el Ministerio Secretar�a General de la Presidencia. Pero, en virtud de que los Parlamentarios carecen de iniciativa para introducir esta modificaci�n y de que tambi�n no deseaban establecer la supervigilancia del Ministerio del Interior, se ha producido esta situaci�n. De manera que lo manifestado por el Honorable se�or Silva resulta absolutamente cierto. A nuestro entender, este problema debe ser corregido por la v�a del veto. El Presidente de la Rep�blica conoce la opini�n adversa de los Senadores a que el Instituto Nacional de Deportes de Chile dependa del Ministerio del Interior. Ello tendr� que considerarse en el veto, a fin de que se apruebe la norma que se proponga. Pero desconozco si se optar� o no por el Ministerio Secretar�a General de la Presidencia o por otra Cartera. Hemos llegado a este punto como consecuencia de la falta de iniciativa de los Parlamentarios en esta materia y por su negativa a la dependencia del Ministerio del Interior. De este criterio participan los Senadores de todos los partidos. No se trata de un problema pol�tico, porque entendemos que los Ministerios son todos pol�ticos. Es tan pol�tico el de la Secretar�a General de la Presidencia como el del Interior. Esperamos que el Ejecutivo corrija este problema a trav�s del veto ya ha anunciado. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador, con la venia de la Mesa? El se�or FERN�NDEZ.- Con mucho agrado. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, me gustar�a dar una peque�a respuesta al Honorable se�or Silva. Efectivamente, lo planteado por Su Se�or�a tiene mucha base, pero quiero recordar que el inciso final del art�culo 25 de la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado establece que "La ley podr�, excepcionalmente, crear servicios p�blicos bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente de la Rep�blica.". Me parece que �sa es una f�rmula para solucionar este asunto, aun cuando comparto plenamente lo planteado por el Senador se�or Fern�ndez. La misma tramitaci�n del proyecto nos muestra por qu� se ha llegado a la situaci�n en que nos encontramos, m�s a�n cuando en la C�mara de Diputados no se obtuvieron los votos necesarios para definir. La �nica forma de obviar el asunto consist�a en aprobar el criterio del Senado. Gracias. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Recupera el uso de la palabra el Senador se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, independientemente de estas observaciones -esperamos que el veto las solucione-, estamos en presencia de uno de los proyectos m�s trascendentales para el desarrollo del pa�s y que contribuir� en forma muy poderosa al crecimiento de una actividad tan importante, especialmente para nuestra juventud. Y no apunta a la elite deportiva, sino a todos los que desarrollan actividades f�sicas de entretenci�n, cualquiera que sea su capacidad. Como digo, estamos frente a un proyecto que estimular� el desarrollo de los j�venes, alej�ndolos del alcoholismo, la drogadicci�n, etc�tera, pues el deporte es un instrumento que fomenta virtudes que apartan de tales vicios. Por otra parte, en lo que respecta a los discapacitados y los fondos destinados a ellos, hay que tener presente que la Comisi�n ha considerado esa posibilidad, pero con el cuidado necesario para impedir que no se desv�en para suplir deficiencias de otros Ministerios. Muchas veces hemos visto que cuando se destinan recursos a cierta actividad, el Ministerio sectorial considera satisfecha esa obligaci�n y, como siempre hay necesidades muy apremiantes, no le proporciona fondos de su propio presupuesto. En consecuencia, los recursos para estos discapacitados deben entregarse sin perjuicio de los que proporciona el sector correspondiente. Es lo mismo que sucede con la drogadicci�n: pueden elaborarse programas para combatir la drogadicci�n, sin que ello vaya en desmedro de los que corresponde llevar a cabo el Ministerio de Salud. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, al igual que los Honorables se�ores Boeninger y Silva, sostengo que estrictamente este proyecto no se aviene con las normas institucionales en materia de Administraci�n del Estado. Esa es la verdad: favorecer una posici�n distinta es simplemente echarse a la espalda las disposiciones de la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado. No es posible que existan servicios que dependan directamente del Presidente de la Rep�blica. En todas las materias analizadas en la Comisi�n de Gobierno referidas a la creaci�n de otros servicios y Ministerios, se ha tenido siempre presente esta norma. Por lo dem�s, una adecuada disposici�n referente a administraci�n, ya sea del Estado, de empresas, de lo que fuere, es evidentemente m�s efectiva en la medida en que el Presidente de la Rep�blica tenga menos �reas bajo su directa dependencia. En este caso no solamente se est� incorporando una nueva �rea, sino tambi�n un organismo jer�rquicamente distinto del Ministro. Es una mezcla extra�a, como ya la norma le�da por el Honorable se�or Silva lo dej� claramente establecido. No lo permite. La verdad es que no hab�a le�do con detenci�n el texto del proyecto. Yo habr�a solicitado la inaplicabilidad de la norma aprobada por estimar que no corresponde poner en pr�ctica el procedimiento propuesto. Se dice que el Presidente de la Rep�blica, a trav�s del veto, deber� resolver el problema, pero, ojo, nosotros estamos aprobando algo que no corresponde. Y estamos pidiendo al Jefe del Estado que, por favor, resuelva el problema, conscientes de que el precepto est� mal aprobado. Con todo el respeto que me merecen los se�ores Senadores que lo hicieron, debo decir que me produce una gran inquietud porque vamos avanzando en una serie de hechos que provocar�n problemas en una Administraci�n prudente que el Estado debe tener bien organizada. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or R�OS.- Con todo agrado, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, insisto en algo que plante� cuando el Senador se�or Silva formul� un alcance a la intervenci�n del Honorable se�or Fern�ndez. Debo recordar que la ley N� 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, resuelve la situaci�n que a juicio del Senador se�or R�os existir�a, al disponer en el inciso final del art�culo 25 que "La ley podr�, excepcionalmente, crear servicios p�blicos"-que es el caso-" bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente del Presidente de la Rep�blica". Puede que no sea lo m�s conveniente o mejor, pero esto es legal y constitucional y, en consecuencia, los Senadores que participamos en la Comisi�n Mixta no actuamos al margen de la institucionalidad y la legalidad vigentes. Muy por el contrario, hemos procedido con bastante prudencia ante una situaci�n de hecho que se produjo por una diferencia con la C�mara de Diputados y respecto de la cual el Ejecutivo ha anunciado el env�o de un veto que fije un criterio m�s acorde con lo que planteaba el Senador se�or R�os, pero no por eso puede sostenerse que esto no es legal. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Puede continuar Su Se�or�a. El se�or R�OS.- Se�or Presidente, es efectivo lo que establece el art�culo le�do por el Honorable se�or Zald�var, pero aqu� ocurre algo parecido a lo que sucede con los proyectos referentes a temas en que est�n en juego recursos del Estado. En definitiva, la Comisi�n de Hacienda es la que resuelve al respecto. Y la Comisi�n de Gobierno -de la cual form� parte durante ocho a�os-, en todas las normas modificatorias de la Administraci�n del Estado que llegaron a su poder, sostuvo una interpretaci�n distinta de la dependencia directa del Presidente de la Rep�blica, y que nos ha recordado el Honorable se�or Zald�var en esta oportunidad. Por ese motivo, a pesar de que hubo much�simas otras proposiciones -que finalmente recayeron en el Ministerio de Planificaci�n, que es la Cartera encargada de diversos organismos que nada tienen que ver entre s�, como los relativos al desarrollo ind�gena y los que se ocupan de la juventud y de la mujer-, en definitiva prim� en la Comisi�n t�cnica, que es la de Gobierno, la idea de que efectivamente esta interpretaci�n conten�a distintos elementos, dignos de debate, pero que la expresi�n final y el sentido que tuvo el legislador es la de que del Presidente de la Rep�blica dependan b�sicamente los Ministerios. Asimismo, me causa gran preocupaci�n un conjunto de disposiciones. De partida, lo establecido en el art�culo 49 del proyecto. La Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades cuenta, entre sus responsabilidades privativas, la de disponer la acci�n de todas aquellas normas referentes a planos reguladores y materias similares. No existe otro organismo en Chile con facultades para modificar un plano regulador, lo cual compete a las municipalidades, gobiernos regionales y al Ministerio de la Vivienda. Por tal motivo, el que se establezcan en el art�culo 49 preceptos que modifican lo actuado por las municipalidades, desde mi punto de vista, transgrede el sentido de esa Ley Org�nica, que les otorga autonom�a en muchos aspectos, uno de los cuales se est� entregando ahora por medio del art�culo mencionado, que dice lo siguiente: "El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanizaci�n, al planificar y programar, en terrenos fiscales o propios, seg�n corresponda, la construcci�n de n�cleos habitacionales o al efectuar expropiaciones en conformidad a sus atribuciones legales, deber�n reservar, atendida la densidad de la poblaci�n, un porcentaje del �rea destinada a construcciones habitacionales, para recintos deportivos y recreativos". Se trata de una disposici�n que est� obligando al Ministerio de la Vivienda, sin tener en cuenta las normas sobre planos reguladores que se hayan establecido para esa �rea. Por ello, dejo expresa constancia de insconstitucionalidad respecto del art�culo 49. M�s adelante, en el �ltimo inciso de ese mismo art�culo, se dice que "Todos los recintos, sitios o terrenos en que actualmente se practica deporte, sean de propiedad fiscal o municipal, mantendr�n preferentemente tal destino, quedando, en consecuencia, prohibido su uso para otra actividad o destino diferente, salvo circunstancias excepcionales, determinadas por el consejo regional o el concejo municipal, seg�n corresponda en cada caso". �Qu� es lo que corresponde en cada caso? Si aqu� no existe ning�n otro caso que no sea la resoluci�n del concejo comunal. �C�mo va a estar resolviendo un Consejo Regional de Deporte la distribuci�n predial en las comunas en las cuales est� radicado dicho Consejo! Eso tambi�n es clara y abiertamente inconstitucional. No corresponde que se establezca en esta norma legal porque produce todos los problemas que estoy comentando. El propio art�culo 81 del proyecto modifica el art�culo 70 del decreto con fuerza de ley N� 458, de 1976, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referente a equipamiento y �reas verdes. Este art�culo 70 fue modificado recientemente por la Comisi�n de Vivienda del Senado y aborda estos mismos aspectos. No tengo a la vista cu�l fue la modificaci�n. Pero la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo del Senado, el organismo t�cnico que, en definitiva, regula u orienta legislativamente los problemas propios de urbanismo, modific� esta norma legal despu�s de un debate bastante extenso. Y hoy d�a vemos que las Comisiones de Defensa del Senado y de la C�mara de Diputados cambian esto sin considerar la opini�n de la Comisi�n de Vivienda en una modificaci�n del propio art�culo 70, realizada hace poco tiempo. Se�or Presidente -tal como lo se�al� el Senador se�or Horvath-, �ste es un proyecto absolutamente centralista. Y tanto es as� que, incluso, una de las obligaciones del Director Regional es plantear al Director Nacional las pol�ticas y metas a nivel regional. �Pero en qu� estamos! �Para qu� existe, entonces, el Director Regional! Una de sus responsabilidades, establecida en el art�culo 22, letra a), del proyecto, es proponer al Director Nacional del Instituto las pol�ticas y metas a nivel regional. �Y qu� tienen que ver el Consejo Regional, el Gobierno regional, las comunas? �Absolutamente nada! Todo est� entregado a una autoridad nacional que, en definitiva, resuelve las pol�ticas y metas del nivel regional. Se�or Presidente, creo que �ste es un mal proyecto -lo digo con todo respeto-, porque las virtudes que tiene ya se encuentran autorizadas en la actualidad con la ley que se halla en manos de la DIGEDER y porque algunas de las disposiciones que se�al� son claramente inconstitucionales y, a su vez, modifican sustancialmente la Administraci�n del Estado. Por tales circunstancias, anuncio mi voto negativo a esta iniciativa. El se�or D�EZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, quisiera resumir mi opini�n respecto de esta iniciativa con las siguientes afirmaciones. En primer lugar, �ste es un proyecto largamente debatido en el Parlamento chileno, y que ha llevado, incluso, casi a desfigurar el rol que juega este Poder del Estado dado que en muchos lugares, para tratar de caricaturizar el trabajo que se realiza tanto en la C�mara de Diputados como en el Senado, se se�al� que exist�a incapacidad para llegar a un acuerdo que permitiera su aprobaci�n. Creo que el hecho de que demos este paso es positivo; que, no obstante los argumentos que hemos escuchado en esta Sala, obviamente la comunidad chilena tiene la posibilidad de contar con una nueva normativa para estimular el deporte, actividad tan cercana a la estructura m�nima del tejido social chileno. En segundo lugar, hay que dejar establecido que la creaci�n de esta entidad en la peculiar forma -y quiero hacer m�a esta expresi�n- de quedar bajo la dependencia directa del Presidente de la Rep�blica, no excluye en modo alguno -y es lo que deseo dejar consignado en la Versi�n Taquigr�fica- que la fiscalizaci�n de este organismo est� sometida a la norma de la Contralor�a General de la Rep�blica. Por tanto, no se est� creando aqu� un ente aut�nomo, distinto, con capacidad de operaci�n o de gesti�n de recursos p�blicos que queden fuera de la necesaria fiscalizaci�n. En tercer lugar, hago m�os los argumentos dados por varios se�ores Senadores (los Honorables se�ores Silva, Boeninger, Fern�ndez) en el sentido de que el veto del Ejecutivo debe resolver el problema efectivo de la dependencia. Porque, dentro de nuestra tradici�n, e incluso adoptando los mecanismos m�s modernos de la Administraci�n, no existen �rganos financiados por el Estado que se encuentren s�lo sometidos al Presidente de la Rep�blica. �nicamente podr�a ocurrir eso en estados de excepci�n constitucional, situaci�n de guerra o de normas en las cuales obviamente el involucramiento personal del Primer Mandatario garantice el funcionamiento de ese tipo de entidades. No es �ste el caso. Por lo tanto, espero que en el veto del Ejecutivo -y eso es lo que quiero dejar consignado- se acojan los comentarios que hemos formulado aqu�, y quede resuelto el correlacionamiento del Presidente de la Rep�blica con un Ministerio que �ste podr� escoger. Finalmente, quiero manifestar que esta iniciativa ha sido largamente esperada por los sectores m�s modestos del pa�s. Aqu� se ha producido una confusi�n muy grande. El se�or SILVA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or MORENO.- Con la venia de la Mesa, por supuesto. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, s�lo deseo decir que concuerdo plenamente con la interpretaci�n hecha por el Senador se�or Moreno. Tanto es as� que la disposici�n mencionada por el Honorable se�or Adolfo Zald�var efectivamente existe. Pero reconoce expl�citamente que se aplica en casos excepcionales. Posiblemente, en la Comisi�n el se�or Senador entendi� que �ste era un caso excepcional. Sin embargo, conforme a las argumentaciones que Su Se�or�a ha esgrimido -y que yo comparto-, en verdad no lo es. La soluci�n, como bien se�ala el se�or Senador, es el veto. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Recupera la palabra el Senador se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, obviamente hago m�as las observaciones de Su Se�or�a. Entend� que el Honorable se�or Adolfo Zald�var estaba despejando la posible inconstitucionalidad o ilegalidad de una proposici�n que, siendo votada por la Comisi�n Mixta, podr�a estar violando las bases mismas de la Constituci�n. Por lo tanto, ese p�rrafo permite aclarar el argumento, pero no resuelve el problema de fondo, planteado aqu� por el mismo Senador se�or Adolfo Zald�var, entre otros. Retomo la �ltima parte de mi intervenci�n para decir que a ra�z de esta larga tramitaci�n se ha creado la imagen de que el proyecto, en el fondo, facilitar�a o generar�a mecanismos de incentivo para deportes de elevado costo, de alta especializaci�n y rendimiento, o para preparar futuros campeones mundiales en cualquier actividad. Eso es as�. La iniciativa no lo excluye. Pero debo rescatar -porque as� lo hemos observado muchos de los Senadores aqu� presentes- que existe una expectativa verdadera y muy profunda de parte de los clubes y asociaciones deportivas, muchos de los cuales, incluso, est�n buscando obtener la personalidad jur�dica con el objeto de percibir los recursos que la ley pueda generar con el objeto de estimular el desarrollo en los sectores poblacionales y, en particular, rurales, donde el ejercicio del deporte muchas veces es un esfuerzo de gran magnitud. Al respecto, destaco los apoyos recibidos -y que hay que otorgar- por la Asociaci�n Nacional de F�tbol Rural (ANFUR) y otras organizaciones similares, que se ver�n beneficiadas directamente con la aprobaci�n del proyecto. En virtud de tales consideraciones, anuncio que votar� favorablemente la iniciativa, y espero que se oficie al Ejecutivo para que env�e el veto que resolver� el punto de controversia planteado por varios se�ores Senadores. El se�or R�OS (Vicepresidente).- El Comit� Dem�crata Cristiano ha hecho llegar a la Mesa una solicitud de aplazamiento de la votaci�n. El se�or HAMILTON.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, en vista de que se ha incorporado a la Sala un n�mero importante de Senadores, lo que permite contar con qu�rum suficiente para aprobar el informe y despachar el proyecto de ley del deporte, retiro la propuesta de aplazamiento de la votaci�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Muy bien, se�or Senador. Si le parece a la Sala, quedar� retirada la solicitud de aplazamiento de la votaci�n. Acordado. En votaci�n el informe de la Comisi�n Mixta. --Se aprueba (34 votos por la afirmativa y uno por la negativa). Votaron por la afirmativa los se�ores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larra�n, Lavandero, Mart�nez, Matthei, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, Ominami, P�ez, Parra, Prat, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo) y Zurita. Vot� por la negativa el se�or R�os. OPTIMIZACI�N DE FUNCIONES DE CARABINEROS Y DE POLIC�A DE INVESTIGACIONES. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisi�n Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica, reca�do en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para hacer m�s eficiente la funci�n de Carabineros de Chile y de la Polic�a de Investigaciones. --Los antecedentes sobre el proyecto (1803-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 20�, en 10 de agosto de 1999. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 32�, en 2 de mayo de 2000. Hacienda, sesi�n 32�, en 2 de mayo de 2000. Constituci�n (segundo), sesi�n 3�, en 13 de junio de 2000. Mixta, sesi�n 20�, en 30 de agosto de 2000. Discusi�n: Sesiones 34�, en 9 de mayo de 2000 (se aprueba en general);4�, en 14 de junio de 2000 (se aprueba en particular). El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- La controversia entre ambas Corporaciones se origin� en el rechazo por la C�mara de Diputados de algunas enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante el segundo tr�mite constitucional. La Comisi�n Mixta formula diversas proposiciones destinadas a resolver tales divergencias, las que est�n contenidas en su informe. La Secretar�a elabor� un bolet�n comparado dividido en cuatro columnas: en la primera figura la legislaci�n vigente; en la segunda, el texto aprobado por la C�mara de Diputados; en la tercera, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de la C�mara, y en la �ltima, la proposici�n de la Comisi�n Mixta. Cabe destacar que la C�mara de Diputados aprob� el informe. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En discusi�n. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisi�n Mixta, y queda despachado el proyecto en este tr�mite. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para dejar pendiente hasta la sesi�n del martes pr�ximo el proyecto que figura en el quinto lugar del Orden del D�a, referente a la obtenci�n de licencias de conducir. Acordado. CERTIFICACI�N DE CALIDAD PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS DE EXPORTACI�N. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto de ley que crea un sistema de certificaci�n de calidad para las frutas y hortalizas frescas de exportaci�n. --Los antecedentes sobre el proyecto (1348-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 30a., en 6 de septiembre de 1994. En tercer tr�mite, sesi�n 51�, en 16 de abril de 1996. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 3�, en 9 de octubre de 1996. Informes de Comisi�n: Econom�a y Agricultura, unidas, sesi�n 28a, en 22 de agosto de 1995. Econom�a y Agricultura, unidas (segundo), sesi�n 36a, en 13 de septiembre de 1995. Econom�a y Agricultura, unidas (tercer tr�mite), sesi�n 1�, en 1 de octubre de 1996. Mixta, sesi�n 17�, en 16 de agosto de 2000. Discusi�n: Sesiones 30a, en 23 de agosto de 1995 (se aprueba en general); 37�, en 14 de septiembre de 1995 (se despacha en particular); 3�, en 9 de octubre de 1996 (se rechaza y pasa a C. Mixta). El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisi�n Mixta, luego de rese�ar en su informe las diferencias suscitadas entre ambas C�maras, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores Novoa, Prat y Zurita, y Diputados se�ores �lvarez Salamanca, Melero y Naranjo, propone el archivo de la iniciativa. --Se acuerda el archivo del proyecto. MODIFICACI�N DE ART�CULO 73 DEL C�DIGO DE MINER�A. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- En seguida, corresponde pronunciarse respecto del informe de la Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto que modifica el art�culo 73 del C�digo de Miner�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (2294-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 37�, en 17 de mayo de 2000. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 8�, en 5 de julio de 2000. Informes de Comisi�n: Miner�a, sesi�n 5�, en 20 de junio de 2000. Mixta, sesi�n 20�, en 30 de agosto de 2000. Discusi�n: Sesi�n 6�, en 21 de junio de 2000 (se aprueba en general y particular). El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- La controversia entre ambas ramas del Congreso se origin� en el rechazo por parte de la C�mara de Diputados de algunas enmiendas que el Senado introdujo al proyecto durante el segundo tr�mite constitucional. La Comisi�n Mixta consigna en su informe la propuesta destinada a resolver las divergencias producidas entre ambas Corporaciones, consistente en aprobar el mismo texto acogido por el Senado en el segundo tr�mite constitucional. La Secretar�a elabor� un bolet�n comparado de tres columnas: en la primera figura el texto vigente del C�digo de Miner�a; en la segunda, el aprobado por la C�mara de Diputados, y en la tercera, el del Senado, que acogi� la Comisi�n Mixta. La C�mara ya aprob� el informe. --Se aprueba un�nimemente. El se�or R�OS (Vicepresidente).- El Orden del D�a termina en tres minutos m�s. Corresponder�a ocuparse en un proyecto iniciado en moci�n del Senador se�or Adolfo Zald�var, el cual solicito dejarlo para la pr�xima sesi�n. El se�or MORENO.- Podr�amos despacharlo de inmediato. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Salvo que la Sala, por unanimidad, decidiera tratarlo ahora. No hay acuerdo. --El proyecto queda para ser incluido en la tabla de la siguiente sesi�n. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ______________ --Los oficios cuyo env�o se anuncian son los siguientes: Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministros del Interior y de Hacienda, y al se�or Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, respecto de RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE AIS�N (UND�CIMA REGI�N). Al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, referente a INCLUSI�N DE TITULADOS EN CENTROS DE FORMACI�N T�CNICA EN DECRETO N� 251. Al se�or Intendente de la Und�cima Regi�n de Ais�n, acerca de MEDIDAS PARA EVITAR PROLIFERACI�N DE PERROS VAGOS EN COYHAIQUE (UND�CIMA REGI�N). Del se�or LAGOS: A la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores y al se�or Secretario General de la Organizaci�n de las Naciones Unidas, sobre INCORPORACI�N DE TAIW�N A NACIONES UNIDAS. Del se�or LARRA�N: A la se�ora Ministra de Salud, tocante a CLASIFICACI�N DE HOSPITAL DE LINARES EN NIVEL 1 y DIVISI�N DE SERVICIO DE SALUD DE S�PTIMA REGI�N. Al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, en relaci�n a PR�RROGA DE COBRO Y CONDONACI�N DE INTERESES Y MULTAS POR DIVIDENDOS HABITACIONALES ADEUDADOS. Al se�or Director Nacional del INDAP, acerca de MANTENCI�N DE PROYECTO "PRODESAL" EN CAUQUENES (S�PTIMA REGI�N). ______________ El se�or R�OS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Institucionales 2. Tiene la palabra el Senador se�or Silva. Solicito el acuerdo de la Sala para que siga presidiendo la sesi�n el Honorable se�or Horvath. Acordado. -Pasa a presidir el Senador se�or Horvath, en calidad de Presidente accidental. REFLEXIONES SOBRE PERSPECTIVAS POL�TICA Y ECON�MICA DE AM�RICA LATINA El se�or SILVA.- Se�or Presidente, la reciente visita a Chile del Presidente electo de M�xico, se�or Vicente Fox, y un art�culo que sobre su elecci�n escribi� el s�lido l�der socialdem�crata europeo, se�or Alain Touraine, me mueven a formular algunos comentarios atinentes a lo que enfrentamos los latinoamericanos, no s�lo los mexicanos. Comienzo por se�alar que Fox y Touraine me hicieron pensar, una vez m�s, en algo que nos est� haciendo falta desde hace mucho tiempo: reconocer nuestra identidad. En general, concuerdo con los juicios de Touraine; pero me es imposible dejar de sentir que a �l lo rodea un aire de primer mundo. Y es ah� donde comienzan las diferencias o, mejor dicho, el distanciamiento. Mirar a Am�rica Latina como lo hace Touraine, como un todo con escasos matices, es caer en el simplismo. No somos tan iguales ni tan diferentes. Hoy, el sentido latinoamericanista est� regido por el objetivo econ�mico. Es lo que identifica al poder m�s que nunca. Si a �l le cuesta pensar Am�rica Latina sin M�xico, a m� tambi�n. Pero no puedo dejar de considerar que en un momento M�xico mir� preferentemente a Estados Unidos y no por eso dej� de tener sus ra�ces ac�. �Es adecuado pensar a nuestro continente como una unidad casi esot�rica, y de todas maneras ahist�rica, en las actuales circunstancias? �Tiene alg�n sentido? Claro, para Europa lo tiene. Somos un pe�n que necesita en su lucha con Estados Unidos y Jap�n por un mejor posicionamiento global. Pero a los latinoamericanos, �qu� nos debe interesar? S�lo desde nuestra �ptica, me parece congruente que intentemos cerrar filas con Estados Unidos, pero haciendo que �ste pague el costo correspondiente. Lo que planteo es distinto de lo que est�n realizando algunos l�deres socialdem�cratas que, por obra del fin de la Guerra Fr�a y la gracia de la globalizaci�n, creen que Estados Unidos cambi�. Se olvidaron del da�o que hicieron a nuestros pa�ses sus empresas expoliadoras y sus pol�ticas imperiales. No puedo olvidar el caso de la uva envenenada. Pero se cree que todo eso ya acab� y que hoy el Vecino del Norte es un buen vecino, que nos mira con simpat�a y, sobre todo, con respeto, con sentido igualitario y justo. No tengo que decir que est�n equivocados. �Si hasta los socialdem�cratas buscan terceras v�as con Clinton! Curioso, por decir lo menos. Decididamente no estoy de acuerdo con Touraine respecto de que Jorge Casta�eda �el eminente escritor mexicano- tuvo raz�n al mirar con simpat�a la candidatura de Fox. Una cosa es el fin del per�odo del PRI. Sobre eso se han escrito toneladas de ensayos, an�lisis, y me imagino que la mente creativa de alg�n dramaturgo estar� armando un drama. Es el t�rmino de una etapa, con todas las fallas que pueda haber tenido, pero otra cosa es la perspectiva pol�tica. No me basta la explicaci�n de Casta�eda �como le basta a Touraine- en el sentido de que como los izquierdistas practican pol�ticas de centroderecha, es posible que derechistas lleven adelante pol�ticas de centroizquierda. A mi juicio, es aplicar el mismo criterio que estamos llevando adelante con los estadounidenses: si quienes ten�an m�s inclinaciones sociales fracasaron, los que privilegiaban la libertad individual ten�an raz�n. No entiendo a Casta�eda. Y no lo entiendo, porque en pol�tica uno debe mirar con algo m�s que la perspectiva entregada por los sentimientos o las emociones. No ocultarlas, en aras del pragmatismo, pero darles un justo sentido. La Derecha no dejar� de ser tal, porque la Izquierda haya olvidado sus compromisos que le daban sentido. Touraine sostiene que en M�xico se ha abierto un gran espacio para el debate p�blico. Tiene raz�n. Y es posible que tambi�n la tenga respecto de que el volumen de la discusi�n sea mayor que en otros pa�ses. Pero eso tiene que ver con el momento pol�tico por el cual atraviesan los mexicanos. Y lo acompa�a la fuerza de la novedad. Pero lo que no dice Touraine es que un debate p�blico puede no tener mucho sentido si quienes participan en �l no se dan cuenta del contenido pol�tico que �ste posee. Normalmente, lo que ocurre en tales casos es que el populismo aflora. Y en esa materia, los latinoamericanos contamos con algunos botones que mostrar, de derecha y de izquierda. La verdad es que la elecci�n mexicana da como para mirarnos a nosotros mismos descarnadamente. Touraine parangona a Fujimori con Ch�vez. Hasta el momento, la comparaci�n me parece injusta para Ch�vez. Por lo menos, a�n no se puede acusar a este �ltimo de haber atropellado la democracia. Los venezolanos le han dado su apoyo cada vez que �l se los ha pedido. No podemos ser pitonizos y saber qu� ocurrir� cuando tal realidad cambie. Pero hasta ahora, en t�rminos exclusivamente de democracia formal, Ch�vez sale sin fallas, mientras Fujimori ha pisoteado todas las estructuras. Y aqu� caemos en dos temas insoslayables. La democracia no estar�a dando respuestas adecuadas a los pueblos. �Qui�n estar�a fallando? La democracia no puede ser, porque en su definici�n est� que se trata de un sistema que puede ser imperfecto, pero es esencialmente perfectible. Te�ricamente, los propios ciudadanos deber�an estar en condiciones de cambiar el sistema cuando estimaran conveniente. Sin embargo, para ello carecen de mecanismos de participaci�n adecuados. �Qu� sucede en la realidad? En la actualidad, m�s que privilegiar un sistema de convivencia ciudadano, se est� reforzando un esquema que elimine cualquier escollo que pueda dificultar el comercio. Eso, por un lado, y por otro, se busca el desarrollo econ�mico, poniendo la mira en la macroeconom�a y abriendo las compuertas a la iniciativa privada. Esto �ltimo lleva consigo el empeque�ecimiento del Estado, lo cual significa, ni m�s ni menos, que va desapareciendo la herramienta que se utilizaba para intentar equilibrios en el reparto de la riqueza y las oportunidades que �sta trae consigo. Vamos por parte. �Privilegia a la democracia esa nueva pr�ctica? �El desarrollo econ�mico trae aparejada mayor democracia? Todo parece indicar que las respuestas para ambas preguntas ser�an negativas. Si enfrento a un tecn�crata con tales inquietudes, su reacci�n inmediata ser� descalificarme, porque estoy confundiendo pol�tica con econom�a. Y agregar� que sus respuestas son econ�micas, t�cnicas �abundar�-, no pol�ticas. B�sicamente, tendr� raz�n. Pero quienes est�n confundiendo las cosas no somos los simples ciudadanos que miramos con preocupaci�n lo que ocurre. Las est�n confundiendo nuestros dirigentes. El problema del agotamiento pol�tico que Touraine ve en algunos pa�ses de Am�rica no nos es exclusivo. �l no puede sostener con seriedad que las cosas son muy diferentes en Europa. El desapego de la juventud por la cuesti�n pol�tica en su concepci�n tradicional, tambi�n se da en el primer mundo. Los j�venes espa�oles o los de los Pa�ses Bajos que ocupan casas deshabitadas y all� establecen su quehacer extrasist�mico son una manifestaci�n clara. Nadie podr�a decir que no es pol�tica. Pero tampoco nadie podr�a sostener que son acciones que comparten �o que siquiera comprenden- los partidos pol�ticos tradicionales. Algo similar a lo que ocurre con la pol�tica sucede en materia sindical, cuesti�n que trae consecuencias mucho m�s cercanas y r�pidas, ya que la desuni�n hace que el poder patronal crezca de manera exponencial. Y aqu� caigo en el segundo punto. Tal como el primero es la situaci�n de la democracia, el segundo es lo que ocurre con los partidos pol�ticos. Todos ellos, tanto de Izquierda como de Derecha, estar�an quedando descolocados. Me centro en los de Izquierda, pues me interesan m�s para realizar este an�lisis. En dichas colectividades la sorpresa ha sido tal que todav�a no se reponen y dan pocas muestras de buscar soluciones creativas. Lo que se ha visto hasta ahora ha sido la propuesta de la tercera v�a. No se puede decir que con ello los socialdem�cratas hayamos sacado un gran conejo de la chistera. Para Blair, es posible que sea un logro. �l y sus colegas italiano y alem�n se encuentran en condiciones de entenderse de igual a igual �o ellos pretenden creerlo as�- con Clinton. Sin embargo, para nosotros, es algo fuera de lugar. Igual como ocurre con una buena parte de las cosas que se descubren en el primer mundo. No porque ellos est�n equivocados, sino porque no corresponden a nuestra realidad, sino a la de ellos. Reci�n la Organizaci�n de las Naciones Unidas nos est� dando la raz�n a quienes sosten�amos que INTERNET, m�s que cerrar la brecha entre ricos y pobres, la ensanchaba. Hasta el momento hay doscientos millones de "internetizados", y 95 por ciento de ellos viven en pa�ses ricos. Una nueva demostraci�n de concentraci�n en materia de informaci�n y de conocimiento. No olvidemos que en el mundo habitan seis mil millones de seres humanos. Est� claro que la globalizaci�n tiene a lo menos dos sentidos fundamentales: uno, es aquel que le dieron quienes la impulsaron a fin de ensanchar el mercado para dar cabida a los productos surgidos del avance tecnol�gico que se hac�a inminente; otro, los que somos s�lo mercado. Los primeros son los globalizadores; nosotros, los globalizados. Si se quiere, podemos utilizar categor�as que parecen sobrepasadas, aun cuando pienso modestamente que seguir�an existiendo. Unos son los explotadores; los otros, los explotados. Y esa misma mirada debemos darle a los organismos financieros internacionales. No est� claro que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial est�n all� para resolver los problemas de desequilibrio en las naciones reconocidamente desequilibradas, que generalmente son las pobres, aunque hay otras, como Estados Unidos de Norteam�rica, donde el desequilibrio fiscal no es pecaminoso. Existen para apoyar las pol�ticas de los pa�ses ricos, lo cual significa que, mientras nuestros objetivos no coincidan -y est� claro que no coinciden-, su beneficio ser� nuestro perjuicio en el mediano o en el largo plazo. Al parecer, esto no lo ven nuestros partidos; o si lo hacen, no se consideran con la fuerza suficiente para dar la batalla y rescatar algunas de las herramientas que usamos en el pasado y que surtieron efecto mientras fuimos capaces de estructurar una alternativa real. Aqu�, directamente, hay incapacidad para adecuarse a los cambios; incapacidad para mirar la realidad con ojos de hoy, sin dejar que la nostalgia, como gruesas pesta�as, nos nuble la mirada, ni el resplandor oropelado de la modernidad nos lleve deslumbrados por el camino errado de considerar que nuevamente tenemos que partir de cero. Nuestros dirigentes est�n preocupados de alcanzar cuotas de poder, siendo buenos tecn�cratas. Eso no nos sirve, y no lo dice Touraine, seguramente no por no saberlo o no intuirlo, simplemente porque �l est� all� y nosotros ac�. Lo m�s a que pueden aspirar los nuestros es a desarrollar una gesti�n similar a la que podr�an hacer los dirigentes de los partidos de Derecha. En otros t�rminos, aun si se hace lo mejor posible, estar�amos cumpliendo sus objetivos y, lo que es peor, en beneficio de su clientela y no de nuestros representados, que son los humildes, la mayor�a del pa�s. Tampoco estamos haciendo un servicio a la democracia. La gente, en el mundo entero, da muestras de hast�o frente a este sistema que resuelve poco. Creo que Touraine es algo complaciente con la Social Democracia. Lo que ocurre en Per� y en Venezuela no es casual, ni es obra de imponderables. All� hay responsabilidad nuestra, y muy grande. En Am�rica Latina tenemos obligaciones que no podemos eludir. �Por qu� admirarse s�lo de M�xico? Tal vez, porque es el chivo expiatorio que eligieron los medios de comunicaci�n. �O los chilenos podemos estar plenamente orgullosos de la democracia que hemos alcanzado? �O los ecuatorianos de la suya? �O Colombia, que mantiene a una Bogot� pr�cticamente sitiada? �O Brasil, que lo lleva a un no envidiable primer lugar del peor reparto de la riqueza en el continente? �O Paraguay? �O Guatemala? La lista podr�amos ampliarla si salt�ramos el oc�ano. �O los ingleses nos pueden dar lecciones de democracia, en el m�s amplio sentido de la palabra? �O los franceses est�n seguros de que el fascismo se ha batido en retirada? Para qu� seguir con las interrogantes. Vuelvo al comienzo. En mi opini�n, es indispensable que hoy pensemos en soluciones propias, naturalmente dentro de nuestra concepci�n irrenunciable de genuinos dem�cratas; que nos esforcemos por encontrar respuestas que, afincadas en los valores que sustenta nuestra ideolog�a, sean capaces de plantarse como alternativas reales. Eso pasa por revisar lo que estamos entregando como mensajes fundamentales; pasa por revisar la mirada que estamos echando sobre el mundo. Para ello no se debe esperar a estar m�s o menos equivocados en nuestras apreciaci�n respecto del populismo, o si desde la Derecha llegar�n respuestas que nosotros tendr�amos que haber dado. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Ha sido muy interesante su exposici�n, se�or Senador. Todos los chilenos tenemos una gotita de radical. En el tiempo correspondiente al Comit� Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable se�or Bitar. ACTUAL SITUACI�N DE VENEZUELA EN LO POL�TICO Y EN LO ECON�MICO El se�or BITAR.- Se�or Presidente, inspirado en las palabras del Senador se�or Silva, quiero hacer algunos se�alamientos respecto de la situaci�n venezolana sobre la base tanto de mi propio exilio en aquel pa�s como de una visita reciente que realic� a Caracas, invitado por la Corporaci�n Andina de Fomento, que me permiti� adem�s intercambiar puntos de vista con los principales l�deres del Gobierno y de la Oposici�n venezolana. Sin duda, esa naci�n ha sido mirada con aprensi�n desde nuestro pa�s en lo referente a las tendencias que pudieran aparecer, las cuales se vinculan a un cierto populismo y a determinada tensi�n respecto del mantenimiento del Estado de Derecho por parte de su actual gobernante, quien en su tradici�n fue inspirador de un intento de golpe de Estado en 1992 y, m�s tarde, elegido Presidente de la Rep�blica con una votaci�n bastante importante y alta. Regres� desde all� con esa aprensi�n. La evaluaci�n que hago hoy respecto de la situaci�n venezolana y de la pol�tica chilena hacia Venezuela hacen que me incline a favor de que nuestro pa�s mantenga una relaci�n estrecha y fluida con esa naci�n hermana. Las dos principales razones de ello son, primero, de car�cter pol�tico; y segundo, de tipo econ�mico. En el campo pol�tico, la situaci�n a que deriv� Venezuela a fines de la d�cada de los noventa es consecuencia de un per�odo largo, y no puede atribuirse a la elecci�n de su actual Presidente, pues hubo un proceso de debilitamiento espectacular de los partidos pol�ticos. Seg�n mi propia experiencia, all� ha quedado demostrado c�mo partidos con la raigambre de una Acci�n Democr�tica o de un COPEI -uno vinculado a la Socialdemocracia y el otro a la Democracia Cristiana- se pulverizaron por c�pulas cerradas, incapaces de abrirse a la expresi�n ciudadana. Y, luego, los factores de corrupci�n tambi�n inundaron la sociedad venezolana, lo que provoc� un gran rechazo del pueblo y la b�squeda de una soluci�n distinta. Ch�vez, de alguna manera, es capaz de canalizar -con todos sus puntos a favor o en contra- un descontento amplio e integrar a sectores que han sido o fueron marginados y que cayeron en una situaci�n econ�mica desmedrada a lo largo de mucho tiempo. Esto hace que uno tenga que medir, por tanto, las circunstancias de hoy y las condiciones iniciales de un Gobierno como el actual en lo relativo a los elementos previos que crearon un espacio para este tipo de campa�as y un estilo pol�tico. Pero no me cabe duda de que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, Venezuela tiene fortalezas que son indudables, lo cual, a mi juicio, hace que su situaci�n sea muy distinta a la peruana. Aunque el Honorable se�or Silva se refiri� a este punto, quiero, sin embargo, mencionar algunos factores que me parecen del todo poderosos para establecer una fortaleza en favor del Estado de Derecho, a cuyo respecto tienen que contribuir tambi�n cada uno de los pa�ses latinoamericanos. El primero es que en un plazo de dos a�os se han realizado cinco elecciones nacionales. Nadie cuestiona su validez o que se hubiera producido alg�n fraude. No se hace cr�tica. Ha habido aplastantes mayor�as en cada uno de los actos eleccionarios. El segundo se refiere a que en los �ltimos a�os la libertad de expresi�n ha crecido en ese pa�s, lo que es reconocido por los propios opositores. Tambi�n se observa una oposici�n muy d�bil. Naturalmente, en un Estado de Derecho es preferible que �sta se fortalezca. Despu�s de cuarenta a�os de la ca�da de la dictadura de P�rez Jim�nez, sin duda, la cultura constituye un elemento de asentamiento importante en un Estado de Derecho. A mi modo de ver, esos factores apuntan a la conveniencia de robustecer el Estado de Derecho como tarea com�n de los pueblos -por cierto, del venezolano en este caso- y a que los chilenos colaboren tambi�n para que toda Am�rica Latina se encamine en esa direcci�n. Con respecto a la situaci�n econ�mica, se advierte un conjunto de objeciones o temores por falta de pragmatismo o por visiones que pudieran aparecer un poco antiguas. Sin embargo, la realidad de la econom�a global empuja en una sola direcci�n. No hay m�rgenes si uno quiere tener �xito. Por lo tanto, estoy seguro de que con pragmatismo, con una visi�n realista y con una colaboraci�n estrecha en un mundo integrado, junto con la posibilidad de una convergencia entre el MERCOSUR y la comunidad andina, un intercambio de criterios puede servir para un trabajo com�n en la materia. En el �mbito econ�mico, hay un par de temas que, en mi opini�n, deben explorarse y son de la mayor importancia para los intereses mutuos de Venezuela y de Chile. Uno se refiere a la posibilidad -y esto ha sido solicitado por ellos- de que colaboremos en materia de gesti�n vinculada a servicios como impuestos internos, aduanas u otros de eficiencia en la operaci�n. Para las circunstancias en que ellos viven, eso puede ser un elemento de gran valor. El otro aspecto tiene que ver con acuerdos econ�micos adicionales y con inversiones chilenas en Venezuela, las cuales hoy d�a se concentran en el sector forestal y en la banca, pudiendo extenderse a la qu�mica, aunque es posible que sean mucho m�s potentes en el campo de la petroqu�mica y del petr�leo. Por �ltimo, como conclusi�n de lo anterior, deseo manifestar que es un �rea de inquietud nuestra el que trabajemos en una relaci�n m�s convergente, pensando que lo que ocurre en la democracia de un pa�s latinoamericano es tambi�n muy sustantivo para la de otras naciones. Nuestra propia experiencia demuestra c�mo la democracia hay que cultivarla d�a a d�a y que nadie la tiene asegurada. Dicho eso, no puedo dejar de mencionar, antes de concluir, un punto inquietante en las relaciones entre Chile y Venezuela, derivado de recientes declaraciones formuladas en Bolivia, hace pocas horas, por el Presidente venezolano. Dicho Mandatario expres� una forma de respaldo a las demandas de ruptura de la mediterraneidad por parte de Bolivia, en un plano que, obviamente, escapa a todos los entendimientos pol�ticos de Am�rica Latina e igualmente a las relaciones con Venezuela. Debo se�alar, aqu� en el Senado, que nuestra voluntad ha sido buscar nuevas convergencias con los pa�ses vecinos, en la perspectiva del siglo XXI. Y yo mismo, en el �ltimo tiempo, he propuesto p�blicamente, como tambi�n a las autoridades de Gobierno, avanzar en un gran acuerdo trinacional de desarrollo fronterizo; poner sobre la mesa grandes proyectos, en una agenda com�n de los tres pa�ses: norte de Chile, sur del Per� y Bolivia, incluyendo tambi�n intereses estrat�gicos y de integraci�n de Brasil y del noroeste argentino, en una vasta �rea del centro de Am�rica del Sur, de la cual nosotros tenemos mucho que ganar. Eso abre un espacio para formas de acceso hacia el Pac�fico y, al mismo tiempo, de conversaci�n con Bolivia en una agenda moderna, mucho m�s enriquecedora. Con respecto a los temas espec�ficos de car�cter lim�trofe o de otra �ndole, nuestra posici�n ha sido siempre muy clara en cuanto a que en esto no hay materias pendientes de soberan�a, pero s� disposici�n -y quien habla la ha manifestado- a que se puedan explorar f�rmulas distintas, al estilo de las que Per� busc� con Ecuador para resolver su reciente conflicto, o de las que Per� mismo ha considerado hacia Bolivia, que implican f�rmulas sin soberan�a y con acceso mucho m�s expedito. Esos asuntos son bilaterales. Y quiero hacer cuesti�n ac� sobre el punto, porque tambi�n debo expresar que las relaciones chileno-venezolanas -que son promisorias y debemos seguir cultivando con hermandad- pasan por el respeto a lo que ha sido la l�nea de la pol�tica internacional chilena en la materia y el car�cter bilateral de las relaciones espec�ficas con Bolivia en asuntos de soberan�a y, por cierto, multilateral en todo aquello que implique formas modernas de acceso al Pac�fico, como asimismo, modalidades y proyectos nuevos de integraci�n econ�mica. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. POL�TICA FORESTAL. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, deseo complementar los antecedentes, que entregu� en forma sucinta ayer, relativos a la pol�tica forestal en Chile y, en particular, a las declaraciones formuladas por el Director Ejecutivo de la CONAF, se�or Carlos Weber, a la revista especializada "Lignum" de junio del presente a�o, en las que se�ala algunos aspectos que, a nuestro juicio, crear�n inmovilismo en el sector forestal y al que, como plante� anteriormente basado en antecedentes que poseo, se sumar�an los sectores pesquero y acu�cola, actividades productivas de gran relevancia en el �rea de las exportaciones y en cuanto a las posibilidades de generar trabajo. Con respecto al proyecto de ley sobre bosque nativo, que lleva ocho a�os de tramitaci�n en el Congreso, donde se han escuchado opiniones de personeros de todas las esferas, me llama la atenci�n que el Director Ejecutivo de la CONAF exprese textualmente: "Dentro de los pr�ximos cien d�as, se espera que Conaf proponga el mecanismo a trav�s del cual se har� la consulta.". O sea, precisa que reci�n se entrar�a a la etapa de consultas para ver la manera de reformular la iniciativa -que, como dije, ya lleva 8 a�os en el Parlamento- pues, en su criterio, no contribuir� a activar el sector forestal ni a protegerlo, en la buena forma que merece, a trav�s de planes de silvicultura. M�s adelante, puntualiza: "Este pa�s no ha dicho expl�citamente si quiere destruir sus bosques, aumentarlos o mejorarlos y ah� hay un debate pendiente.". A estas alturas, ese juicio es inaceptable y amerita mayor an�lisis. Tales meditaciones no corresponden a una esfera de Gobierno. Esas reflexiones y definiciones de pol�ticas se hacen en el mundo acad�mico o en el Congreso Nacional. Los �rganos gubernamentales est�n llamados a incentivar las �reas en las cuales claramente se puede producir. Luego, con relaci�n a la pol�tica forestal, expresa: "Ojal� para el bicentenario tengamos un acuerdo nacional sobre qu� queremos de nuestros bosques y hacia d�nde queremos ir en el siglo XXI.". O sea, deberemos esperar 10 a�os m�s para definir un sector que indudablemente cuenta con especializaci�n, preparaci�n acad�mica, adiestramiento t�cnico y una evidente definici�n, incluso con proyectos concretos, apoyados -curiosamente- por agencias internacionales, para demostrar que el bosque nativo, a trav�s de planes de ordenamiento, tiene capacidad para recuperarse y, adem�s, bajar sus ciclos de producci�n a 30 a�os mediante un manejo adecuado. Con referencia al decreto ley N� 701, que tiene una vigencia de 15 a�os y al que no hace mucho tiempo se le introdujeron diversas modificaciones, es incre�ble que el Director Ejecutivo de la CONAF se�ale: "Creo que el ciclo de negocios en expansi�n de plantaciones termin� y tenemos que reconocer que eso es as� porque no hay m�s tierras. En Argentina y Uruguay las tierras son m�s baratas y el que quiera dedicarse a constituir plantaciones efectivamente tiene que irse a otro lado, porque en Chile ya no hay espacio para eso.". La verdad es que de los informes en los cuales se sustent� el nuevo texto del decreto ley mencionado, se desprende que Chile posee millones de hect�reas con procesos de degradaci�n que requieren urgentemente de una forestaci�n. Ahora, si ese cuerpo legal no es lo suficientemente atractivo como para incorporar estas externalidades positivas que demanda la sociedad, es preciso reactivarlo, hacerlo m�s interesante, disminuir la burocracia, incorporar al sector de peque�os y medianos propietarios, que no necesariamente deber�n vender sus campos para poder forestar. Pueden hacerlo ellos mismos. El estudio pertinente debe ser realizado en profundidad en el seno del Gobierno y tambi�n en el Congreso Nacional, para definir en forma r�pida la nueva institucionalidad de la CONAF, la activaci�n del decreto ley N� 701 y el pronto despacho del proyecto que permitir�, por la v�a de la bonificaci�n, proteger y reactivar el bosque nativo. Por ello, solicito oficiar a los se�ores Ministros de Agricultura y de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, al propio se�or Director Ejecutivo de la CONAF, al se�or Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, al Instituto Forestal y al Ministerio Secretar�a General de la Presidencia pidiendo reactivar la pol�tica forestal. Por cierto, en la Comisi�n de Medio Ambiente invitaremos pr�ximamente al se�or Director Ejecutivo de la CONAF para analizar la materia y tratar de resolverla en profundidad. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. ACTUALIZACI�N DE REGISTRO DE PESCADORES ARTESANALES. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, me interesa conocer los antecedentes relacionados con el proyecto por el cual se actualiza el registro de pescadores artesanales, con participaci�n de empresas y de organismos gubernamentales; el costo, procedimiento, forma de participaci�n de los distintos sectores de pescadores y el compromiso de la autoridad para perfeccionar ese registro y dejarlo funcionando. Solicito remitir oficio a la Subsecretar�a de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca, a fin de que nos hagan llegar la informaci�n aludida. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. PRECIO DE TRANSPORTE DE MADERA DE TORTEL A PUNTA ARENAS. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, los habitantes de la comuna de Tortel, que cuentan con el importante apoyo de la Armada de Chile para vincularse con Punta Arenas y Magallanes, se han visto enfrentados a un cambio de pol�tica que ha significado un alza en el precio del transporte de madera. La comunidad se dedica, entre otras cosas, a la explotaci�n de postes de cipr�s, cuyo costo de traslado subi� de 30 pesos a 1.000 pesos por unidad. Este incremento en el valor del transporte afecta enormemente a los pobladores, que viven en condiciones muy exiguas. Pido oficiar a la Direcci�n General del Territorio Mar�timo y de Marina Mercante y a las autoridades de la zona naval correspondiente a Tortel y Punta Arenas, a fin de que, teniendo en cuenta que se trata de una funci�n social, se reconsidere dicha medida. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. FIJACI�N DE CUOTA DE PESCA DE MERLUZA AUSTRAL. OFICIO El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, otro problema que afecta a la localidad de Tortel se relaciona con la actividad de los pescadores artesanales. Esos trabajadores han solicitado a la Subsecretar�a de Pesca que se asigne una cuota de 30 toneladas (o la cantidad que ella indique) de captura de investigaci�n con aprovechamiento del recurso merluza austral para ese sector de la comuna -recientemente integrada a trav�s del camino longitudinal austral-, con el objeto de ampliar y diversificar sus opciones productivas. Pido que se oficie al se�or Subsecretario de Pesca haci�ndole presente la situaci�n mencionada. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En el turno del Comit� Dem�crata Cristiano, tiene la palabra el Honorable se�or Hamilton. CAUSAS DE SITUACI�N EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, en la sesi�n del Senado convocada especialmente para analizar las causas que llevaron al quiebre institucional de septiembre de 1973, un se�or Senador aludi� -a mi juicio injustamente- al ex Primer Mandatario don Patricio Aylwin. Intervengo, en su nombre, para desmentir las afirmaciones realizadas, por el bien de la historia y el prestigio del afectado. Esta intervenci�n obedece tambi�n a la expresa solicitud que me hiciera don Patricio Aylwin, mediante una carta personal en la que, junto con manifestar su malestar por las falsas imputaciones que se le hicieron en cuanto a que habr�a intervenido para promover el golpe de Estado, se�ala textualmente: "no s�lo nunca lo hice, sino que, por el contrario, como fue p�blico y notorio en esos tiempos, me esforc� en defender la democracia y en buscar f�rmulas para solucionar el conflicto pol�tico que Chile viv�a, por caminos que salvaran la institucionalidad democr�tica". Lamento sinceramente que al calor del debate se hayan producido graves distorsiones de la verdad, al extremo que el mismo se�or Senador se�alara al entonces Presidente del Senado y Presidente de la Democracia Cristiana como uno de los responsables del derrocamiento del Presidente Allende y su reemplazo por una Junta de Gobierno integrada por los jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. El Senador al que me refiero asever� que una de las causas de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 fue "el doble juego del ex Presidente se�or Patricio Aylwin", acus�ndolo al tiempo de "lanzar la piedra y esconder la mano", y de "empujar por omisi�n", para a rengl�n seguido indicar que todas las declaraciones hechas en la �poca por Patricio Aylwin no ser�an fidedignas, porque, al mismo tiempo, estar�a pidiendo la intervenci�n de las Fuerzas Armadas "pensando" -como se expres� textualmente- "que una vez concretada la intervenci�n entregar�an el poder al ex Presidente Frei Montalva o al actual Senador se�or Vald�s". Acus� tambi�n al ex Presidente Aylwin y a la Democracia Cristiana de "no agotar los medios pol�ticos y constitucionales para resolver la crisis nacional en marcha", concluyendo que ello los hace aparecer como responsables indirectos del 11 de septiembre, seg�n el mismo Senador. Se�or Presidente, si los testimonios de los protagonistas de la �poca, los escritos y declaraciones de los dirigentes pol�ticos no sirven para explicar la conducta de la Democracia Cristiana en el per�odo previo al 11 de septiembre, es simplemente porque se intenta imponer una versi�n de la historia m�s apropiada a determinados intereses, que constituye una clara subjetividad propia de quienes tratan de explicar in�tilmente por qu� se caus� tanto dolor, por tanto tiempo, a tantos chilenos, y por qu� la principal autoridad del r�gimen militar elude su responsabilidad por su gesti�n como gobernante. Si de verdad queremos avanzar en el reencuentro entre los chilenos y superar los traumas del pasado, debemos comenzar por actuar con apego a la verdad. Nosotros no rehuimos nuestra responsabilidad; pero es distinto aceptar que no se tuvo �xito en el esfuerzo por lograr una soluci�n institucional al conflicto que viv�a el pa�s y evitar el colapso democr�tico, de culpar a Aylwin y a la Democracia Cristiana de aquella situaci�n. Tampoco podemos aceptar que una interpretaci�n liviana y prejuiciosa de nuestra historia reciente se base en afirmaciones falsas e injuriosas en contra de personas que han demostrado con una larga vida de servicio p�blico su vocaci�n democr�tica, con el evidente prop�sito de justificar lo que sin duda es injustificable. La gravedad de los hechos que da�aron la convivencia nacional y la tradici�n de seriedad del Senado como representante de la soberan�a popular exigen argumentos m�s serios y ver�dicos. Afortunadamente, quienes difaman son los menos. La inmensa mayor�a de los chilenos que vivieron el per�odo de 1973 podr� recordar y ense�ar a las nuevas generaciones que los dem�crata cristianos hicimos todo lo posible por evitar el quiebre del r�gimen democr�tico. Y que luego, en las m�s dif�ciles circunstancias, nos jugamos por recuperar la libertad y el respeto por los derechos esenciales de todos nuestros compatriotas. En este sentido, las afirmaciones falsas e injuriosas realizadas en esta Sala se derrumban ante el aut�ntico sentimiento de respeto que los chilenos sentimos mayoritariamente por don Patricio Aylwin, por el rol leal que jug� desde la oposici�n democr�tica al Gobierno de la Unidad Popular; por su lucha sin desmayo por reconquistar la democracia, y por su labor como Presidente de la Rep�blica en favor de la restauraci�n democr�tica y de los derechos conculcados durante 17 a�os. Para terminar, y en honor a la verdad de la historia, quiero dejar constancia de que el prestigio de don Patricio Aylwin no se ve afectado por los intentos de quienes tratan de desvirtuar su participaci�n protag�nica en la vida nacional por cuarenta a�os, reafirmando al mismo tiempo que quienes respetamos su trayectoria, quienes sentimos un aut�ntico compromiso con la democracia, quienes nos inspiramos en los valores humanistas y cristianos para actuar en pol�tica, jam�s dejaremos de luchar por establecer la verdad a fin de que las nuevas generaciones sepan realmente por qu� se perdi� la democracia, lo que Chile sufri� durante el r�gimen autoritario y c�mo se logr� recuperar la dignidad y la libertad en nuestro pa�s. He dicho. El se�or HORVATH (Presidente accidental).- Los Comit�s UDI e Independientes, y Renovaci�n Nacional e Independiente no har�n uso de su tiempo en la hora de Incidentes. En el turno del Comit� Institucionales 1, ofrezco la palabra al Senador se�or Canessa. CARENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA EN ARCHIPI�LAGO DE JUAN FERN�NDEZ. OFICIO El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, intervendr� en esta ocasi�n para referirme a una materia de la m�s alta sensibilidad e inter�s para un sector importante de nuestros compatriotas, aun cuando por su n�mero no pareciera alcanzar mayor relevancia. Desde hace alg�n tiempo he venido recopilando informaci�n, muchas veces a trav�s de contactos personales, con los habitantes del archipi�lago de Juan Fern�ndez. Es as� como he logrado constatar que los compatriotas que habitan esa importante posesi�n chilena se ven permanentemente afectados a consecuencia de su aislamiento, no s�lo geogr�fico, sino tambi�n en el �mbito de la preocupaci�n que las autoridades del Gobierno Central deben mantener por las necesidades de la comunidad. Una de las grandes falencias que soportan esos ciudadanos se sit�a en el campo de la educaci�n, pese a los grandes esfuerzos y la destacada labor que realizan los docentes que all� laboran, encabezados por el Director de la Escuela Dresden, profesor don Eric Bravo Mar�n, cuyos esfuerzos sin duda reflejan no s�lo el cari�o a su profesi�n y su vocaci�n de servicio, sino tambi�n amor a la Patria. Debo referirme puntualmente a la grave situaci�n que afecta a aproximadamente 160 ni�os, que tras culminar su ense�anza b�sica en la Escuela Dresden, deben abandonar el archipi�lago y, con ello, a sus padres y al resto de su familia, para proseguir sus estudios de ense�anza media en el continente. Estamos hablando de ni�os de entre diez y trece a�os que, por carecer Juan Fern�ndez, y particularmente el mencionado establecimiento educacional, de profesores y programas que les permitan continuar su ense�anza media, son violentamente desarraigados no s�lo de su grupo familiar, lo que ya es grave, sino tambi�n de su entorno social, con los inherentes da�os a que pueden verse enfrentados durante el per�odo de su desarrollo. Tan grave es esta situaci�n, y tanta la preocupaci�n que causa en los menores, que no son pocos lo que, registrando un buen rendimiento escolar durante los primeros siete a�os, buscan repetir el �ltimo con el prop�sito de permanecer al lado de sus padres y el resto de su familia por un a�o m�s. Entre otras consecuencias, muchas veces son las madres de estos menores las que, tras la partida de ellos al continente, y preocupadas por las condiciones y la soledad en que se encuentran, deciden abandonar Juan Fern�ndez por per�odos prolongados para estar al lado de sus hijos que estudian lejos del hogar, con el da�o que esto produce en la relaci�n familiar. Es m�s, no existe para estas familias programa alguno de ayuda que les permita paliar en parte el alto costo de transporte hacia el continente y su estada en �l para visitar a sus hijos mientras realizan sus estudios medios. Para entender con mayor claridad el problema, es necesario recordar que Juan Fern�ndez dista 770 kil�metros de Valpara�so, lo que significa un viaje, como m�nimo, de treinta horas por mar, donde no existe una rigurosa regularidad en los servicios de transporte. Si este viaje se realiza en avi�n, el tiempo traslado se reduce a tres horas y media, pero con un costo de m�s de 200 mil pesos por persona, en un medio de transporte que mantiene cierta regularidad entre octubre y marzo. El pa�s est� en condiciones de aprovechar los avances tecnol�gicos de que hoy disponemos para elaborar, si fuese necesario, programas especiales de educaci�n a distancia u otra metodolog�a que permitiera a esos ni�os completar sus estudios medios junto a su familia y en su isla. No puedo desconocer los esfuerzos que en materia educacional se han hecho y se est�n realizando. Sin embargo, me parece prioritario atender las necesidades que en el mencionado �mbito subsisten y que afectan a este grupo de compatriotas, los que no s�lo contribuyen al desarrollo de esa posesi�n chilena, sino que hacen soberan�a en dif�ciles condiciones, pero siempre de cara al Pac�fico. Por ello, a trav�s del Senado, deseo solicitar al Ministerio de Educaci�n que, dentro del impulso que se est� dando a la reforma educacional, se estudie la posibilidad de extender la ense�anza en el archipi�lago de manera progresiva, hasta completar la educaci�n media, con el objeto de solucionar los graves problemas que afectan a la poblaci�n de aquella comunidad. En tal virtud, pido que se oficie al se�or Ministro de Educaci�n a fin de que informe si dentro de sus planes educacionales existe alguna referencia a la particular situaci�n por que atraviesa el archipi�lago de Juan Fern�ndez. He dicho. El se�or VEGA.- �Me permite, se�or Presidente? Deseo sumarme a la solicitud de oficio. El se�or HORVATH (Presidente accidental).- Y lo propio hago yo. --Se anuncia el env�o del oficio pertinente, en nombre del Senador se�or Canessa y con las adhesiones de los Honorables se�ores Vega y Horvath, conforme al Reglamento. El se�or HORVATH (Presidente accidental).- Resta tiempo al Comit� Institucionales 1. No har� uso de �l. Tampoco intervendr� ning�n se�or Senador del Comit� Socialista. Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:1. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n