REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA Sesión 25ª, en miércoles 9 de agosto de 2000 (Ordinaria, de 10.39 a 14.51 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS IV. CUENTA V. HOMENAJE VI. ORDEN DEL DÍA VII. PROYECTOS DE ACUERDO VIII. INCIDENTES IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. Asistencia…6 II. Apertura de la sesión…9 III. Actas…9 IV. Cuenta…9 Remisión de proyectos a Comisión…9 Permiso constitucional…9 V. Homenaje. Homenaje en memoria del ex diputado don Alejandro Ríos Valdivia…9 -o- Acto testimonial en recuerdo de la firma del Convenio internacional de los derechos del niño…15 VI. Orden del Día. Establecimiento de seguro de cesantía. Primer trámite constitucional…17 VII. Proyectos de acuerdo. Normativas de control para sistemas de medicina natural…44 VIII. Incidentes. Vigencia del estado de derecho en Chile…46 Investigación en la municipalidad de Valdivia por pagos de facturas. Oficio…47 Recuperación de créditos otorgados a pequeños agricultores. Oficio…47 Evaluación de asesorías de construcción de viviendas progresivas con subsidio. Oficio…50 Reconsideración de Contraloría General de la República sobre decretos de exonerados…50 Responsabilidades de directora de la Conama en traslado de residuos arsenicales. Oficio…51 Petición de retiro del acta de expresiones de diputado Ávila…53 Desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte…53 Investigación sobre cobertura prestada a afiliado por isapre. Oficio…54 Control y prevención del consumo de drogas en Octava Región. Oficios…55 Emisiones de la central termoeléctrica Bocamina, de Coronel. Oficio…56 Ayuda a ex trabajadores de empresa maderera de Tomé. Oficio…56 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 1803-07)…57 2. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los Consejeros (boletín Nº 2038-05) (S)…57 3. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 1803-07)…58 4. Informe de la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania…68 5. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite la sentencia recaída en el requerimiento formulado en contra del Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas (boletín Nº 233-10)…112 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación: Del diputado señor Walker, don Patricio, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de agosto en curso para dirigirse a Estados Unidos de América. 2. Oficios: De la Comisión especial de la pequeña y mediana empresa (Pyme), por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le concedan facultades para conocer los siguientes proyectos: a) el que establece normas de tramitación por parte de los órganos de la administración del Estado y regula los derechos ciudadanos (boletín Nº 2243-07). b) el que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares (boletín Nº 1241-03) (S). Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Del diputado señor Bustos, normativa relacionada con los empalmes y medidores de consumo de energía eléctrica domiciliarios. Del diputado señor Navarro, multas cursadas a Central Termoeléctrica Charrúa. Del diputado señor Mulet, cifras de desempleo en comunas de la Tercera Región. Del diputado señor Navarro, proyecto de securitización forestal. Ministerio de Defensa Nacional De los diputados señores Letelier, don Felipe; Ojeda, Luksic, Seguel, Ascencio, Rocha, Jaramillo, Velasco, Navarro, Acuña, Ortiz, Hernández, Núñez y de la diputada señora Caraball, consumo de productos del agro nacional en instituciones de las Fuerzas Armadas. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (91) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Caraball Martínez, Eliana --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrázaga, Patricio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Ocamica, Gutenberg --Mesías Lehu, Iván --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Valenzuela Herrera, Felipe --Vargas Lyng, Alfonso --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Villouta Concha, Edmundo Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Juan Bustos, Salvador Urrutia y Patricio Walker. Asistieron, además, los ministros de Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada. El acta de la sesión 20ª se encuentra a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión especial de la pequeña y mediana empresa, Pyme, para que le sean remitidos, para su conocimiento, los siguientes proyectos: el que establece normas de tramitación por parte de los órganos de la administración del Estado y regula los derechos ciudadanos y el que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares. ¿Habría acuerdo? Acordado. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Patricio Walker, para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de agosto en curso. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. HOMENAJE HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON ALEJANDRO RÍOS VALDIVIA. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde rendir homenaje en memoria del ex diputado señor Alejandro Ríos Valdivia, recientemente fallecido. Informo a la Sala que están presentes en la tribuna de honor las señoras Carmen y Alicia Ríos Lorraine, hijas de don Alejandro Ríos Valdivia, quien fue un destacado ministro de Estado y diputado de la República. Las acompañan familiares y amigos. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas: en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata y del Partido por la Democracia, rindo un sentido homenaje a un gran servidor público, que encarnó los principios del Partido Radical, el profesor Alejandro Ríos Valdivia, quien se acercaba a cumplir los cien años de vida y falleció la semana recién pasada. Nació en nuestro puerto, Valparaíso, el 29 de septiembre de 1901; cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo de Aplicación; estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se recibió como profesor de historia en 1923; fue autor de textos de estudio de geografía y de atlas políticos. Académico, gremialista, diputado, ministro de Estado, militante del Partido Radical, le cupo en su vida ser actor de momentos muy complejos de la historia contemporánea de nuestro país, en los que siempre mantuvo su misma posición y se demostró como un humanista, demócrata y, sobre todo, un hombre de bien. Su compromiso con la educación se manifestó al desempeñarse en los más diversos establecimientos educacionales, estatales, particulares, militares y en la Universidad de Chile. Entendía que la educación permite la igualdad de oportunidades, erradica la discriminación de cualquier índole, crea el respeto por las ideas ajenas y posibilita el desarrollo de todos los hombres. Nuestro homenajeado representa el querer y el ser de nuestro Partido. En su compromiso con la educación, entendía que ella permite el desarrollo de todas las personas y su capacitación. Este compromiso quedó plasmado una vez más cuando en 1947, mientras se desempeñaba como ministro de Gabriel González Videla, realizó una de las obras más trascendentales de ese gobierno: transformar la Escuela de Artes y Oficios en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago. Nuestro homenajeado también fue un demócrata por excelencia. Participó en nuestro Partido, porque entendía que en las colectividades políticas se perfecciona y desarrolla la democracia y se pueden concretar en acciones los ideales comunes y nuestros sueños. Su compromiso con la educación técnico-profesional quedó plasmado en esta Corporación cuando, como diputado, se rindiera un homenaje a los cien años de la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, y él manifestó: “En los momentos en que celebramos el primer centenario de la implantación de la enseñanza industrial en el país, ha entrado nuestra nación en una etapa decisiva de su desarrollo económico, buscando en el desenvolvimiento de sus grandes industrias la base sólida de su independencia económica y de su bienestar. Hoy, más que nunca, se hace imperioso el deber del Estado de trazar nuevos rumbos en la educación pública, tratando de dar un desarrollo cada vez mayor en la enseñanza profesional o técnica, la que debe ser parte de la política económica general”. Él se sintió interpretado por nuestro Partido, al que ingresó en 1935 y en el cual ocupó los más diversos cargos, desde presidente de asamblea de la ciudad de Santiago a presidente nacional. Nos representó en la Cámara de Diputados entre 1945 y 1953, por el primer distrito de Santiago. Por su compromiso con los ideales socialistas y democráticos, cuando pensó que no estaban bien representados por la directiva de nuestro partido, en 1964 constituye y preside el movimiento de recuperación doctrinaria radical, y apoya en ese entonces la candidatura presidencial de don Salvador Allende, lo que le significó su expulsión del partido, al cual se reincorpora en 1969, época en que se inicia la campaña presidencial de 1970. El Presidente de la época lo nombra ministro de Defensa Nacional y, posteriormente, de Educación y del Interior. Quiero hacer notar cómo está vigente hoy el pensamiento de don Alejandro Ríos Valdivia. El año pasado, en un reconocimiento que se le hiciera en la Universidad de Chile, el rector de esa casa de estudios dijo: “Este homenaje a don Alejandro Ríos Valdivia es un homenaje a nuestra educación, a esa tradición de compromiso social de nuestra educación en la cual el Estado debe cumplir un rol ineludible en trazarla. Hoy pensamos que es un homenaje a esa responsabilidad que hemos dejado de cumplir y que es necesario recuperar para tener un Estado docente moderno, eficiente, efectivo y solidario, que nos permita, entonces, cumplir nuestros sueños y que en estos 20 años tengamos una educación con mayor igualdad y mayor distribución”. En nombre de los diputados del Partido Radical y del Partido por la Democracia, expreso nuestros sentimientos de pesar y afecto a sus hijas, familiares, amigos, profesores y militantes del Partido Radical, y entregamos a su familia nuestro reconocimiento al apoyo y compañía de este gran servidor público que militó en nuestro Partido por más de 60 años. Don Alejandro perteneció a esa generación que nos legó una educación que nos permite hoy enfrentar la complejidad del mundo moderno. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas: los diputados democratacristianos nos unimos al homenaje que nuestra Corporación tributa en memoria de don Alejandro Ríos Valdivia, quien la integró durante dos períodos, entre 1945 y 1953, en representación de lo que entonces era el primer distrito de Santiago. Prácticamente un siglo completó la existencia de don Alejandro desde que, en 1901, nació en la ciudad de Valparaíso. Casi cien años de vida generosa y de presencia determinante, si bien discreta; trascendente pero sin estridencias, en períodos fundamentales del siglo que recién concluye y que ya empieza a constituirse en pieza de la historia. La historia fue precisamente el perfil profesional de don Alejandro Ríos Valdivia. A su conocimiento y difusión se consagró luego de sus estudios secundarios en el Liceo de Aplicación, en el que empezaban a germinar las vocaciones de los jóvenes profesores, formados conforme al modelo pedagógico alemán en el viejo instituto de la calle Cumming de nuestra capital. Fue profesor de historia y geografía y obtuvo su título con una memoria que mereció el galardón de ser publicada en los anales de la Universidad de Chile, distinción máxima a que entonces podía aspirar quien obtenía o ejercía las primeras armas intelectuales en las distintas profesiones que impartía la Casa de Bello. El estudio que encaró el incipiente pedagogo se refirió a la misión que en los prolegómenos de la Guerra del Pacífico desarrolló en Chile el plenipotenciario peruano José Antonio Lavalle, alimentando una supuesta mediación entre nuestro país y Bolivia, y constituye aún un texto de indispensable consulta para quienes deseen profundizar en ese episodio de nuestro pasado que pareciera dar razón al padre Lacordaire, quien definió la historia como un “archivo de los deshonores humanos”. Don Alejandro Ríos Valdivia ejerció el apostolado del magisterio en el Liceo de Aplicación, donde se formó como alumno secundario; en colegios particulares, como la Scuola Italiana y el Colegio Alemán, y durante un extenso período en la Escuela Militar y en el Instituto Superior de Carabineros de Chile, del cual fue profesor fundador. Con el objeto de apoyar la enseñanza de la geografía, asignatura esencial para conocer el territorio que nos ha sido donado, fue autor de varios atlas, mapamundis y mapas físicos y publicó numerosas ediciones de textos educacionales sobre geografía física. En el nivel universitario, fue profesor de su especialidad en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. En cada uno de los establecimientos en que se desempeñó despertó entre directivos, profesores y alumnos un sentimiento de respeto, esa especie de silenciosa admiración que provocan los verdaderos maestros. Ese sentimiento explica la actitud que respecto de su persona tuvieron, no obstante su indiscutible compromiso con la democracia y sus valores, las autoridades del gobierno militar que sucedió por la imposición de las armas al que integró bajo la presidencia constitucional de don Salvador Allende, excepción sea hecha de iracundas reacciones de algunos de sus ex alumnos militares constituidos en dignidad, frente a las informaciones proporcionadas por don Alejandro acerca de sus magros rendimientos escolares. Don Alejandro asumió con consecuencia, desde joven, un nítido compromiso social y político: fue dirigente nacional de su gremio y, como tal, presidió la Sociedad Nacional de Profesores, secretario general de la Federación de Educadores de Chile, todos organismos premonitorios del actual Colegio de Profesores, y en representación del magisterio chileno dio forma e integró la directiva de la Confederación Americana del Magisterio. Políticamente y como expresión de sus concepciones humanistas y laicas, se integró al Partido Radical, en el cual militó en forma permanente, salvo en el lapso en que fue marginado de sus filas por apoyar, en 1964, la postulación presidencial de Salvador Allende; tal vez porque quería, premonitoriamente, ubicar a su partido en la configuración que asumiría seis años más tarde. El Partido Radical no sólo distinguió a don Alejandro Ríos Valdivia encomendándole su representación en esta Corporación y eligiéndolo dirigente nacional, incluso presidente de la colectividad, sino que también le permitió asumir responsabilidades de gobierno, como ministro de Educación Pública, en 1947, durante la administración del Presidente González Videla, gestión en la que luego de un intenso debate parlamentario logró como se ha recordado la creación, mediante la ley Nº 10.259, de la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, heredera de la antigua Escuela de Artes y Oficios, de creación de Bulnes y Montt, y de las diversas escuelas industriales diseminadas en provincias. Bajo el mando del Presidente Allende, mandatario constitucional, democráticamente elegido cualquiera fuere el juicio que atribuyamos a su gestión, don Alejandro Ríos Valdivia asumió, en distintos períodos, las Secretarías de Educación, de Defensa Nacional y del Interior. Fue en ese gobierno, en el desempeño de la presidencia del Consejo Nacional de Televisión, que le correspondía como ministro, que don Alejandro Ríos Valdivia acreditó, frente a situaciones de extrema tensión política, vinculadas con el uso del medio televisivo estatal y universitario, sus excepcionales condiciones de equilibrio, de tolerancia, de búsqueda de entendimientos, de capacidad para prevenir y contener los desbordes de la pasión. Antes de que se pusiera en boga el concepto, don Alejandro Ríos Valdivia nos enseñó la importancia del diálogo a quienes integrábamos en forma pluralista ese Consejo, el que en los períodos previos al colapso institucional de 1973 cumplió un rol que todavía no ha sido suficientemente ponderado. En ocasiones, en encuentros verificados en la modestia de su vivienda de la comuna de Ñuñoa, expresión objetiva de su concepto espartano de la política, nos demostró con su conducta infructuosamente disimulada a través del negro marco de sus anteojos que aparentaban una supuesta severidad que, como sostenía Spengler, la forma primitiva del lenguaje no es el discurso, sino el diálogo, y su finalidad es el mutuo acuerdo por medio de preguntas y respuestas. Consecuente con lo que creía, don Alejandro luchó por la recuperación de la democracia hasta el final de sus fuerzas, y con casi 90 años de edad, se integró con entusiasmo al Comité por Elecciones Libres. Los casi cien años de vida de don Alejandro Ríos Valdivia entregaron a sus alumnos, a sus correligionarios, a sus amigos, cientos, miles de respuestas tal como lo sugería Spengler, sustentadas en su cultura, en sus conocimientos; pero, en especial, en su consecuencia y sabiduría natural. La mejor respuesta que da es su ejemplo de consecuencia, de manifestación de sus calidades, de paradigma de la clase media chilena, fruto del esfuerzo orientado a los valores que se identifican con la persona humana y que estiman que su redención sólo es posible a través de la cultura y la educación. Los diputados democratacristianos, desde nuestras vertiente y posiciones, expresamos nuestra fraternal y respetuosa solidaridad a la familia de don Alejandro Ríos Valdivia, al gremio del Magisterio, que lo tuvo entre sus organizadores; a la orden masónica que integró, al Partido Radical Social Demócrata y, en especial, a nuestros colegas que militan en sus filas. Nos sentimos satisfechos de haber destacado discretamente en esta oportunidad sus notables méritos, los que deben quedar registrados en la memoria de la Cámara, pues durante ocho años tuvo el privilegio de contarlo entre sus miembros. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en nombre de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, tengo el honor de rendir un sentido homenaje al ex diputado don Alejandro Ríos Valdivia, quien representó en esta Cámara al Partido Radical. Alejandro Ríos entregó, de su enorme bondad e inteligencia, aportes en vastos campos del quehacer nacional. En el ámbito de nuestra investigación histórica efectuó un aporte inmenso, obligando a escritores e investigadores posteriores a imitar su admirable rigurosidad y capacidad para distinguir las líneas gruesas del desarrollo de los acontecimientos, en vez de la interminable relación de hechos, las más de las veces intrascendentes y que nada significan. Para titularse de profesor de historia y geografía presentó la memoria “La misión Lavalle en la guerra del Pacífico”, que resulta ser lectura obligada para quienes pretenden comprender la época a que se refiere. A su excelencia académica une su activa preocupación por los sucesos sociales y se involucra de lleno en las organizaciones en que su talento es requerido. Participa en las asambleas de su colectividad política, colabora en las campañas electorales y llega a presidente del Partido Radical. Profesor conocido por su capacidad y vocación, que se vuelcan no sólo en las aulas, sino en todas las multifacéticas actividades que realiza. Dirigente del Magisterio, asume con pasión el desafío de la extensión universitaria como un vehículo imprescindible para elevar los niveles culturales de nuestro país. Publica importantes obras de geografía, materia que le apasiona. Diputado entre 1945 y 1953, en representación de la séptima agrupación departamental de Santiago, exhibe en esta Cámara su versación y cultura en todas y cada una de sus intervenciones. Las Comisiones de Educación Pública y de Defensa apreciaron sus vastísimos conocimientos. No eludió nunca sus obligaciones ni se restó en momento alguno a las responsabilidades que la actividad pública le demandó. Sus gestiones ministeriales así lo demuestran. Instituciones importantes de nuestro país reconocen, entre sus impulsores y gestores, a don Alejandro Ríos Valdivia. Durante su período como ministro de Educación del Presidente González Videla, en 1947, se funda la Universidad Técnica del Estado, que también recibió, hace pocos días, un reconocimiento en esta Cámara. Cuando la sociología quiera explicar las ideas y el prototipo del hombre del siglo XX, encontrará en la vida de don Alejandro Ríos un fuerte e importante ejemplo para comprender a quienes forjaron con su esfuerzo los más nobles logros de nuestro país. En nombre de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, saludo a sus familiares que se encuentran en las tribunas. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En nombre de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, honorable Sala: una vez más la Cámara de Diputados hace un alto en sus funciones para rendir en esta ocasión un merecido homenaje a quien fuera miembro destacado de ella durante la década de los años 40. Resulta difícil resumir en pocas palabras la prolífera vida pública de don Alejandro Ríos Valdivia sin correr el riesgo de omitir alguna de las múltiples actividades que emprendió en beneficio de la comunidad. Sin embargo, si tuviéramos que elegir un rasgo que definiera su extensa carrera como hombre público, sin duda que elegiríamos su inquebrantable compromiso con la educación pública, sea como profesor, ministro de Estado o parlamentario. Siempre demostró una permanente y especial preocupación por este importante ámbito de la vida nacional. En cuanto se tituló como profesor de historia, geografía y educación cívica, dio inicio a una extensa y brillante carrera docente. El Liceo de Aplicación, el Colegio Alemán, la Escuela Militar, el Instituto Superior de Carabineros, la Escuela de Aviación y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile son sólo algunos de los establecimientos que tuvieron el honor de contar con su aporte. No obstante, su contribución en el campo de la educación no se limitó a la labor que realizara desde las aulas. Junto a otros maestros, elaboró importantes textos que constituyeron material de estudio durante muchos años en los colegios del país. Con igual brillo destacó en los cargos de dirigencia gremial que le correspondió desempeñar a lo largo de su vida, como presidente de la Sociedad Nacional de Profesores y secretario general de la Federación Nacional de Educadores de Chile. Siempre demostró su espíritu de servicio y su innegable capacidad y dedicación. Años más tarde, como ministro de Educación del Presidente Gabriel González Videla, tuvo una decisiva participación en la creación de la Universidad Técnica del Estado, institución que desde su origen se caracterizó por acoger en forma generosa a los estudiantes provenientes de las clases sociales más humildes, demostrando con ello que dicho establecimiento lleva en su esencia el sello de don Alejandro Ríos. Como ya adelantamos, la vocación de servicio público por él demostrada también la volcó en el campo de la política. Don Alejandro Ríos Valdivia perteneció a una generación de chilenos que, inspirada en los principios de humanismo laico, pretendió realizar profundas transformaciones al tejido social del país, a fin de superar las iniquidades que se constataban en el Chile de la época, en un ambiente de pleno respeto por las libertades básicas del ser humano. Su reconocida capacidad y talento, así como su innegable calidad humana, lo llevaron rápidamente a constituirse en un importante líder del Partido Radical, el partido de toda su vida. En 1945, fue elegido diputado por la séptima agrupación departamental de Santiago. Desde su escaño parlamentario, impulsó muchas iniciativas en beneficio del sistema educacional del país y de su zona, procurando siempre el avance y progreso creciente de las comunas que conformaban la agrupación departamental que representaba. Es así como una de las tantas mociones que presentó, señalaba: “¿Podremos hablar de cooperación, de responsabilidad a elementos que jamás conocieron otra cosa que la cruda lucha por la vida vegetativa? ¿Podremos hablar de derechos y deberes ciudadanos a quienes se les ha privado de la educación mínima compatible con la dignidad humana? ¿Podremos hablar de mayor producción a quienes se les ha utilizado como brazos a mísero jornal y que no han recibido jamás la satisfacción de ver esa producción convertida en una pequeña satisfacción para sus cuerpos, menos aún para sus espíritus?”. Más adelante, agregaba: “No podemos permitir que en este siglo de la democracia y de mayor progreso de la humanidad, la quinta parte de la población chilena esté prácticamente privada de uno de sus derechos inalienables, el derecho a la educación”. Estas palabras daban cuenta de su permanente compromiso con el desarrollo de la educación en el país y de su sincera preocupación por los sectores más vulnerables de la población. En retribución al esfuerzo y dedicación con que enfrentó sus tareas parlamentarias, los ciudadanos de la séptima agrupación departamental lo reeligieron en 1949. De esta forma, pudo continuar trabajando por los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, quienes constituyeron su principal motivación para enfrentar las diarias tareas que la labor parlamentaria requiere. No quisiera dejar pasar esta oportunidad en que efectuamos un merecido reconocimiento a la figura de don Alejandro Ríos Valdivia, sin referirme al valioso aporte que realizara durante el gobierno de su Excelencia el Presidente don Salvador Allende Gossens desde cada uno de los cargos que desempeñó. Como ministro de Educación, del Interior o de Defensa, siempre demostró absoluta lealtad con dicho gobierno y su Presidente, y un inquebrantable compromiso y fidelidad con la causa de los trabajadores. Con posterioridad al golpe militar, en una época en la que no eran muchos los que se atrevían a enfrentar de manera abierta a la dictadura, don Alejandro Ríos participó activamente en organizaciones que se formaron por esos años con el fin de luchar por el restablecimiento de la democracia en el país. En nombre de la bancada del Partido Socialista, hacemos llegar a su familia, al gremio de los profesores y al Partido Radical Social Demócrata, nuestras sinceras condolencias por tan sensible pérdida. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje en memoria del ex diputado señor Alejandro Ríos Valdivia. En nombre de la Cámara de Diputados, hago llegar mis condolencias a su familia, que se encuentra en las tribunas de esta Corporación. Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura. Se suspende la sesión. Durante la suspensión: ACTO TESTIMONIAL EN RECUERDO DE LA FIRMA DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por acuerdo de los Comités, a continuación se hará un breve acto testimonial en recuerdo de la firma del Convenio internacional de los derechos del niño. Con tal objeto, ingresarán a la Sala niñas, niños y adolescentes, a modo de recuerdo y renovación del compromiso de los parlamentarios respecto de los derechos del niño. Ingresan a la Sala niñas, niños y adolescentes. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En nombre de las diputadas y de los diputados presentes, doy la bienvenida a las niñas y niños que hoy nos acompañan. Para nosotros es muy grato tenerlos en nuestra sala de trabajo. A continuación, en representación de los niños, harán uso de la palabra Felipe Martínez y Óscar Astudillo. Con posterioridad, los diputados procederán a firmar los compromisos que tienen en sus respectivos escritorios, los cuales serán recogidos por los niños. El niño FELIPE MARTÍNEZ.- Décimo aniversario Convención de los derechos del niño. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, niños, niñas y jóvenes, ya que celebramos la ratificación por parte de Chile de la Convención de los derechos de los niños y niñas, tratado internacional aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Desde ese momento, se nos ha dejado de tratar como objetos: Objeto de ayuda, objeto de caridad, objeto de control y objeto de compasión, y hemos pasado a ser sujetos, personas de Derecho. Tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados, no como un acto de beneficencia, sino porque es un deber jurídico. Se nos reconoció como niños, niñas y jóvenes que somos, con nuestras propias características y nuestra diversidad. Sabemos que el Congreso ha hecho muchas leyes en nuestro beneficio, como son la ley de filiación y la ley de adopciones, pero queda mucho camino por recorrer. Queremos, a través de este encuentro, agradecer lo realizado por el Congreso hasta ahora y respaldar a todos aquellos diputados y senadores que se encuentran preocupados trabajando para que nuestros derechos como niños y niñas sean respetados. Agradecemos la posibilidad de que, a través de este simple acto en el Congreso, se respeten nuestros derechos: derecho a ser niños, a pensar como niños y a ser escuchados; derecho al respeto, a opinar, a ser escuchados, a participar y a equivocarnos; derecho a participar en la vida social y cultural de nuestro país; derecho a manifestar nuestra opinión en los asuntos que nos conciernen y a que esa apreciación sea tomada en cuenta. Aplausos. El niño ÓSCAR ASTUDILLO.- Declaración de los derechos de las niñas y de los niños. Es difícil hablar de los derechos de los niños y de las niñas, porque desde hace poco los estamos conociendo, pero sentimos que son muy importantes y por ello estamos felices, pues Chile se comprometió a hacer esfuerzos para que éstos se puedan hacer realidad. Hemos tratado de ordenar cuáles son los más importantes para nosotros y nosotras, pero como tenemos familias distintas y somos diferentes, no estamos seguros de que, para todos, sean los más importantes. De todas maneras, nos juntamos un grupo de niños y niñas que participamos en el Programa Interactivo con la Escuela del Centro Comunitario “Las Cañas” para conversar acerca de ellos y elegimos los siguientes: 1. El derecho a la vida, el desarrollo, la participación y la protección. 2. Derecho a saber quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos. 3. Derecho a que se nos respete nuestra vida privada. 4. Derecho a tener a quien recurrir en caso que nos maltraten o nos hagan daño. 5. Derecho a que no se nos obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que entorpezcan nuestra salud, educación o desarrollo. 6. Derecho a que nuestros intereses sean lo primero a tenerse en cuenta en cada tema que nos afecte, tanto en la escuela, los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores y otras autoridades. 7. Derecho a tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física o mental. 8. Derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con la naturaleza. 9. Derecho a participar activamente en la vida cultural de nuestra comunidad a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 10. Derecho a no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. Ojalá que ustedes, los adultos, nos escuchen realmente y nos ayuden a crecer más felices ahora que somos chicos, para así mañana ser mejores personas. Quizás sería bueno que se acordaran de sus propios padres y de ustedes cuando eran niños o niñas, de sus escuelas, de lo que hacían y esperaban de los demás. De esa manera, a lo mejor, nos podrían entender mejor y nos apoyarían en todas las cosas que sean necesarias para brindarnos un futuro mejor y, así, crecer con igualdad. Recuerden que ustedes y el Estado asumieron ese compromiso. Gracias. Aplausos. A continuación, se firma y se entrega simbólicamente a los niños el documento que ratifica el Acuerdo internacional sobre los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes. Finalizado este acto: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Continúa la sesión. VI. ORDEN DEL DÍA ESTABLECIMIENTO DE SEGURO DE CESANTÍA. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Navarro y Ortiz, respectivamente. Antecedentes: -Segundos informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 13 y 14, respectivamente. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, cuestión de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra señor diputado. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, como su Señoría citó a una reunión de Comités, le pido que informe a la Sala sobre cuáles fueron los acuerdos adoptados, en especial respecto de la hora de votación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, no informé porque no hubo ningún acuerdo. En este caso, corresponde aplicar el Reglamento e iniciar la discusión del proyecto. El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿por qué no somete a la consideración de la Sala la posibilidad de votar al final de la sesión? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, ése fue el tema principal que se trató en la reunión de Comités. Tiene la palabra el diputado señor Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, en el ánimo de lo tratado en la reunión de Comités, hay un listado de más de veinte artículos que podrían votarse en conjunto, sin discusión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, oportunamente, pediré el acuerdo de la Sala. Mientras tanto, haré las consultas del caso a los Comités. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me corresponde entregar el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. Quiero recordar a los colegas que este proyecto se originó en otra iniciativa que tratamos en 1997, el cual creaba un sistema de protección para el trabajador cesante, Protrac, boletín Nº 2053-13. De aquel proyecto se dio cuenta en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 9 de julio de 1997. El Ejecutivo solicitó su archivo el 9 de mayo de 2000, petición a la cual se accedió. El segundo proyecto de ley que establece un seguro de cesantía ingresó a la Comisión de Trabajo el 25 de abril del año en curso, mediante el mecanismo de un nuevo mensaje, y el 17 de mayo la Sala aprobó el primer informe. En esa oportunidad se presentó una serie de indicaciones, por lo cual el proyecto debió volver a la Comisión mencionada para su segundo informe. Después de seis sesiones, la Comisión evacuó el informe que hoy entrego a la Sala. Quiero recordar que, después de un exhaustivo análisis realizado en conjunto con el Ejecutivo, la Comisión acordó mantener la calificación hecha en su primer informe, en cuanto a que todos los artículos del proyecto revisten el carácter de normas de quórum calificado. Tal como lo señala el mensaje, la iniciativa del Ejecutivo busca transformar el actual instrumento de subsidio de cesantía y estructurar un sistema de protección al trabajador cesante, fundamentalmente como un sistema de previsión social. Asimismo, la Comisión hace presente que el Convenio Nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre seguridad social suscrito por Chile, establece en su artículo 19 que “Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo”. Sin duda, ése es el objetivo del proyecto. Hay un conjunto de 23 artículos modificados, uno suprimido y otro nuevo. El artículo 19, suprimido, establecía que, en definitiva, se eliminaban los años de servicio. El texto del primer informe señalaba que se entenderá que el empleador que pague al trabajador la prestación prevista en el artículo 12, ha extinguido la obligación de pagar la indemnización por años de servicio o por desahucio, a que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo. Este artículo fue suprimido por indicación del Presidente de la República, quien sostuvo que su eliminación obedece al hecho de que se considera redundante, dado que el artículo 12 del proyecto consigna claramente la responsabilidad del empleador respecto del pago de las indemnizaciones establecidas en el artículo 163 del Código del Trabajo. Adicionalmente, el citado artículo había sido objeto de indicaciones que contribuían a entregar mayores precisiones. Sin embargo, queda claramente establecido que las indemnizaciones por años de servicio deben ser pagadas por el empleador. A continuación cabe señalar que ninguno de los 23 artículos modificados, en cuyo análisis me detendré, pues no corresponde discutir el proyecto en general, contó con la unanimidad de la Comisión, puesto que hubo votos a favor, en contra y abstenciones. En el artículo 2º, el Ejecutivo presentó indicación para agregar un inciso final, nuevo, que preceptúa lo siguiente: “La incorporación de un trabajador al Seguro no autorizará al empleador a pactar, ya sea por la vía individual o colectiva, una reducción del monto de las indemnizaciones por años de servicio contempladas en el artículo 163 del Código del Trabajo”. La modificación introducida por esta indicación del Ejecutivo tiene por objeto aclarar que por la incorporación del trabajador al seguro, no se pueden pactar indemnizaciones por años de servicio inferiores a las actualmente vigentes en el Código. La indicación fue aprobada por 6 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. En el artículo 10, relacionado con el no pago de las cotizaciones, el Presidente de la República formuló indicación para modificarlo. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, solicito una interrupción. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Al término de la exposición se le pueden formular consultas al diputado informante. Puede continuar, señor diputado. El señor NAVARRO.- Expresaba que la modificación introducida por la Comisión al artículo 10, frente al evento del no pago de las cotizaciones, señala que “Con todo, a contar de los 90 días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%”. O sea, se establece un incremento en el porcentaje de la multa por los días de atraso. La modificación fue aprobada por 6 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. En el mismo artículo 10, además de la modificación ya explicada, se introducen otros cambios por medio de las letras b), c) y d) del informe. Cabe hacer presente que a través de la letra c), que fue punto de debate, se agrega la expresión “o al Fondo Solidario, según corresponda”. O sea, cuando se cobre intereses y multas al empleador, éstos podrán ser derivados al Fondo Solidario. Anteriormente se establecía que éstos podían ser derivados a la cuenta individual. El Ejecutivo ha aclarado que las correspondientes al 0,6 por ciento del trabajador van a su cuenta, pero que los reajustes e intereses por el no pago del 2,4 por ciento de cargo del empleador ingresan Fondo Solidario. Asimismo, en la letra d), se establece una normativa muy importante para desincentivar el no pago de las cotizaciones. En efecto, se señala que “la Sociedad Administradora estará obligada a despachar la nómina de los empleadores morosos a la Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos”. Esta indicación eleva la sanción en el caso de la morosidad en el pago de las cotizaciones, sin perjuicio de la eventual nulidad del despido por aplicación de la ley Nº 19.631. Es decir, la morosidad será informada tanto a la Dirección del Trabajo como a los organismos de manejo de información pública. La indicación fue aprobada por seis votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El artículo 11 también fue modificado. El Ejecutivo planteó una observación para precisar que la aplicación de la norma está referida sólo al inciso primero del artículo 171. Fue aprobada por ocho votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El Presidente de la República formuló indicación al artículo 12, sobre monto de la indemnización. Es así como por la letra a) se agrega una frase al inciso primero para señalar que si se ha pactado, “individual o colectivamente, una superior,... se aplicará esta última”. Esta indicación aclara que si las partes han convenido indemnización por años de servicios superior a la establecida en el Código, como normalmente ocurre, prima la pactada entre ellas. En la letra b) se consigna que se agrega un inciso para fortalecer la protección de los recursos del trabajador: “En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior”. Es decir, para el monto del cálculo de la indemnización por años de servicios, en ningún caso los depósitos que de su peculio ha hecho el trabajador a la cuenta individual, podrán ser considerados para imputarlos a las prestaciones por años de servicios de cargo del empleador. Aunque esto está establecido en el proyecto en general, se estimó necesario precisar, de manera enfática, que tales aportes no se pueden imputar a la indemnización por años de servicio, porque son fondos que le pertenecen al trabajador. En la letra c) se dice que se establece una sanción adicional respecto del no pago de las cotizaciones. En efecto, el empleador que no pagare las indemnizaciones por años de servicio dentro del plazo establecido, correspondiente al mes siguiente a la fecha del despido, pierde la posibilidad de imputar los ahorros, es decir, el 2,6 por ciento que había establecido. La modificación fue aprobada por cinco votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Modificación del artículo 13. Al igual que en el artículo 11, hay una modificación respecto del artículo 171, en el sentido de que la aplicación se entiende referida sólo al inciso primero de dicho artículo. Sobre esta norma no hubo mayor debate. Su Excelencia el Presidente de la República formuló indicación al artículo 14 para precisar cómo se realiza el pago de las prestaciones. En el primer informe se establecía que el pago de la prestación se realizaba el primer día del mes siguiente al del despido. La Comisión modificó esta situación y dispuso que el pago “se devengará a partir del día siguiente al del término del contrato”, dado que el primer informe posibilitaba que este pago se extendiera, incluso, a 60 días. La modificación establece con claridad que el pago tendrá un plazo máximo de 30 días. Fue aprobada por cuatro votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Su Excelencia el Presidente de la República formula también indicación al artículo 16, para agregar un inciso, nuevo, que dispone que “La sentencia que establezca el pago de las prestaciones ordenará, además, a título de sanción, el pago de las cotizaciones que adeude el empleador con los reajustes e intereses que correspondan, de acuerdo al artículo 10, para que éstas sean enteradas en la Sociedad Administradora”. Es decir, no sólo se preceptúa el pago de las prestaciones respecto del seguro de cesantía, sino que también se le obliga a pagar el conjunto de las cotizaciones que estuvieren pendientes, más reajustes e intereses. Esta exigencia tiene como objetivo establecer que el empleador no incurra en retrasos en los pagos y entre las cotizaciones adecuadamente y a tiempo. La modificación fue aprobada por seis votos a favor, dos en contra y una abstención. El artículo 17 dice relación con el fallecimiento del trabajador. El Ejecutivo formuló indicaciones, aunque varios diputados en la Comisión hicieron presentes en el debate las situaciones observadas. En virtud de la primera indicación, se sustituye la frase “hasta por el límite de 5 unidades tributarias anuales”, las que podían ser retiradas por los sobrevivientes del trabajador, por “hasta el límite de todo lo acumulado en su cuenta individual”. La indicación tiene por objeto que en caso de fallecimiento del trabajador, todo lo acumulado en su cuenta individual pasa a su beneficiario cónyuge o hijos, bastando acreditar la identidad o estado civil, sin necesidad de que se obtenga la posesión efectiva de la herencia, dado que la naturaleza de los fondos y ahí se centró el debate constituye un ahorro del trabajador y, por la cuantía, debiera estar a disposición de los beneficiarios a la brevedad. No pasa a la masa hereditaria. Se entrega inmediatamente a los beneficiarios. Fue aprobada por 9 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La modificación del artículo 19 corresponde a una indicación del Presidente de la República. No obstante, cabe precisar que la diputada Rozas y los diputados Hernández, León, Ortiz, Aníbal Pérez y Seguel fueron quienes en una indicación declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, porque abordaba materias de seguridad social propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República propusieron incluir en esa normativa las asignaciones familiares. El Ejecutivo hizo suya la indicación de los parlamentarios, con lo cual queda establecido que los trabajadores percibirán, durante los meses que tengan derecho a la prestación del servicio del pago del seguro, la asignación familiar que estuvieren percibiendo o a la cual tuvieren derecho. Así se establece que “tendrán derecho a continuar impetrando este beneficio por los mismos montos que estaban recibiendo a la fecha del despido, mientras perciban giros mensuales conforme a esta ley”. Es decir, si es un giro, será un mes en el que se le pague la asignación familiar. Así, durante 5 meses el trabajador continúa con la misma asignación familiar que recibía cuando tenía empleo, hasta completar el tope de los 5 meses. El ministro de Hacienda dio cuenta claramente, en la Comisión, de los principios que había tenido en vista el Gobierno al introducir o aceptar la indicación solicitada por los parlamentarios, que posibilita el pago de la asignación, no sin señalar que resulta onerosa para el Ejecutivo. De esta forma, sólo tendrán derecho a percibir la asignación familiar los trabajadores contemplados en las letras a) y b) de la ley Nº 18.987, es decir, aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los 101.113 y 204.321 pesos, respectivamente. Sin duda, se ha querido focalizar el beneficio en los trabajadores de menores ingresos. Fue aprobada por 8 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Es una de las indicaciones de mayor consenso entre las votadas en la Comisión. Artículo 20, que pasa a ser 21, relativo a los trabajadores por obra y faena, es decir, los temporeros. Indicación de su Excelencia el Presidente de la República para modificar el artículo y establecer lo siguiente: “La cotización de cargo del empleador será del 3 por ciento de las remuneraciones imponibles y se abonará íntegramente en su Cuenta Individual de Cesantía”. La indicación exime de la cotización a los trabajadores temporeros, por lo que los recursos acumulados en su cuenta individual de cesantía corresponderán a las cotizaciones de cargo del empleador, las cuales aumentan de 2,4 por ciento, que es el régimen global para todos los trabajadores, a 3 por ciento. Cabe recordar que en el caso de los trabajadores por obra y faena no existe cotización al fondo solidario. Por lo tanto, con esto se equipara el déficit que se produce en dicho fondo. Fue aprobada por siete votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. Artículo 21, que pasa a ser 22. Indicación del Presidente de la República para sustituir la frase “un mínimo de doce cotizaciones mensuales” por “un mínimo de seis cotizaciones mensuales”. Al igual que en el artículo 19, respecto de las asignaciones familiares, la indicación fue presentada por un conjunto de parlamentarios y declarada inadmisible por el presidente de la Comisión. Tiene por objeto rebajar los requisitos de acceso a los recursos acumulados en las cuentas individuales por cesantía para los trabajadores por obra y faena, estableciéndose un mínimo de seis cotizaciones continuas o discontinuas en vez de doce, como opera para el resto de los trabajadores. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores de temporada, los cuales, por sus características y condiciones de trabajo demoran demasiado tiempo en acumular doce meses de cotización, imposibilitándoles un acceso más rápido al seguro. Fue aprobada por ocho votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Artículo 23, que pasa a ser 24, sobre derecho al fondo solidario. Indicación del Presidente de la República para suprimir la letra b), por cuanto se había establecido un elemento discriminatorio que impedía acceder a las prestaciones del fondo solidario a los trabajadores mayores de 65 años y menores de 18. Se ha corregido lo que todos estimamos una gran inequidad, pues si están desarrollando tareas productivas mediante un contrato de trabajo, pueden acceder al fondo, aunque sean menores de 18 o mayores de 65 años. Como todos sabemos, no siempre se puede jubilar a los 65 años, por no tener las cotizaciones necesarias, y también se puede empezar a trabajar y quedar cesante antes de los 18 años. Fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Artículo 24, que pasa a ser 25, relativo al monto de la prestación. Indicación del Presidente de la República para sustituir el inciso primero y establecer que el monto de la prestación por cesantía durante los primeros cinco meses tendrá un valor superior de 125.000 pesos e inferior de 65.000 pesos para la primera cuota. Debo señalar que hubo un gran debate en la Comisión respecto del monto de los beneficios, pues todos aspirábamos a que fueran aumentados. Sin embargo, dada la situación económica y la imposibilidad de los diputados de presentar indicaciones, por tratarse de materias que implican gasto, el Ejecutivo accedió a una mejora sustancial en cuanto a asegurar que las cotizaciones no se deprecien, es decir, que estén protegidas del alza del IPC. Por ello, se establece que los valores inferiores y superiores se reajustarán a partir del 1 de febrero de cada año en el ciento por ciento de la variación que haya experimentado en el año calendario anterior el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Si bien puede pensarse que esto aparecía en el primer informe, la aclaración fue considerada muy necesaria, pues los valores mínimo y máximo mantendrán su valor real, evitando que eventuales alzas de precios desvaloricen los montos recibidos por los trabajadores. Fue aprobada por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Artículo 25, que pasa a ser 26. Indicación del Presidente de la República para introducir una corrección formal, de redacción, que sustituye el inciso primero por el siguiente: “El valor total de los beneficios a pagar con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en un mes determinado, no podrá exceder del 20% del valor acumulado en el Fondo al último día del mes anterior”. La indicación no fue objeto de debate y se aprobó por cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Artículo 30, que pasa a ser 31, sobre licitación pública y adjudicación. La indicación del Ejecutivo establece que si no hubiere proponentes, es decir, si la licitación pública fuere declarada desierta, deberá llamarse a una nueva dentro del plazo de 30 días. Fue aprobada por cinco votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Artículo 33, que pasa a ser 34. Fue objeto de una indicación formal del Presidente de la República para establecer claramente el rol fiscalizador de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Fue aprobada por seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Artículo 35, que pasa a ser 36. Indicación del Presidente de la República para establecer la obligación de efectuar estudios actuariales que permitan evaluar la sustentabilidad del seguro, en especial del fondo de cesantía solidario. Se le pide a la sociedad administradora del fondo que cada dos años realice un estudio, a fin de proyectar si efectivamente el fondo solidario dará cuenta de la cesantía que se produzca y, por lo tanto, tendrá los recursos necesarios del Gobierno disponibles para los trabajadores. Fue aprobada por cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Artículo 37, que pasa a ser 38. Fue objeto de una indicación formal del Presidente de la República para hacer más clara la redacción del proyecto. Señala lo siguiente: “No obstante, la Sociedad Administradora quedará eximida de la constitución de encaje y de todas las obligaciones que se establecen en los artículos 37 al 42 del decreto ley Nº 3.500, de 1980”. Fue aprobada por seis votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Artículo 45, que pasa a ser 46. Indicación de su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente: “Respecto de los trabajadores afiliados al Seguro, que ingresen a una empresa en que exista convenio colectivo, contrato colectivo o fallo arbitral en que se haya establecido un sistema de indemnización por término de la relación laboral, éstos, de acuerdo con su empleador, podrán incorporarse al sistema indemnizatorio contemplado en el instrumento colectivo, en cuyo caso tendrán derecho a los beneficios adicionales al Seguro que les otorgue dicho instrumento. Dicha incorporación mantendrá vigente la obligación de cotizar a que se refieren los artículos 4º y 10, así como el derecho de imputación a que se refiere el inciso segundo del artículo 12”. La modificación busca armonizar el derecho de los trabajadores a percibir los nuevos beneficios del seguro de cesantía con la conservación de beneficios adicionales pactados y acordados con el empleador; es decir, los convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales no son incompatibles con el sistema de indemnización, sino que se suman ambos beneficios. Fue aprobada por ocho votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Artículo 50. Indicación de su Excelencia el Presidente de la República para agregar el siguiente inciso final, nuevo. “Para el efecto a que se refiere el inciso anterior, se presumirá que el trabajador mantuvo la condición de cesante durante los cinco meses siguientes al término del contrato”. Se trata de una corrección formal, de modo que la materia no fue debatida. Fue aprobada por ocho votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Artículo 58. Indicación de su Excelencia el Presidente de la República, en virtud de la cual se adopta un criterio nuevo respecto del primer reajuste de los valores inferiores y superiores señalados en la tabla contenida en el inciso primero del artículo 24, que consiste en que se concederá a contar del 1 de febrero de cada año, fecha en que ya se conoce la variación del IPC. La Comisión señaló que el criterio para aumentar los beneficios debe estar constantemente abierto a la evaluación de los mismos. En tal sentido, el inciso tercero apunta a que futuras modificaciones en los beneficios así como en su financiamiento, sean acompañadas de antecedentes que las justifiquen, en especial de los que informen sobre cambios en las tendencias demográficas y relativas al comportamiento de la fuerza de trabajo. Es decir, en atención a la realidad de los ciclos de cesantía nacionales, el proyecto no sólo establece que deberán acompañarse antecedentes que justifiquen las modificaciones de los beneficios, sino también de informes que permitan detectar los cambios en la masa laboral, la fuerza de trabajo y la variación de la cesantía, a fin de discutir a futuro modificaciones que fortalezcan y aumenten los beneficios a los trabajadores. Fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Disposiciones transitorias. Artículo primero. Indicación de su Excelencia el Presidente de la República, que busca mantener un elemento planteado por los trabajadores y por los diputados de la Comisión, a través de indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, lo que fue una constante en el debate del proyecto en la Comisión de Trabajo. La indicación agrega el siguiente inciso segundo, nuevo: “Con todo, estos trabajadores conservarán la antigüedad que registren con su empleador para los efectos del pago de la prestación a que se refiere el inciso primero del artículo 12 de la presente ley.”. Con este inciso se busca precisar que no obstante que los trabajadores que se encuentren contratados decidan ingresar al seguro, no perderán la antigüedad que registraren en la empresa y que ésta deberá ser considerada para el pago de las indemnizaciones por años de servicios en el caso que corresponda. Se trata de una aclaración necesaria, porque hubo una interpretación que apuntaba a que el cambio de régimen anulaba los años de servicio. El artículo ratifica que la antigüedad deberá ser considerada al pagar las indemnizaciones por años de servicio y que bajo ningún pretexto el trabajador perderá la antigüedad que registra en la empresa en que se desempeña por el hecho de ingresar al seguro de desempleo. Fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Artículo tercero. Su Excelencia el Presidente de la República formuló indicación, pues el proyecto, en su primer informe, estableció que el Estado debía aportar durante el primer año de operación del seguro un monto ascendente a 22.285 unidades tributarias mensuales. La indicación eleva esa cantidad a 32.256 unidades tributarias mensuales, más el ajuste anual en función de la cobertura de los cotizantes al seguro que registre el año anterior, es decir, un reajuste coherente con la cobertura de los cotizantes y el aumento de participantes. Cabe hacer presente que, durante el primer año, el aporte del Estado al fondo solidario alcanzará a 1,6 millones de dólares, para llegar al cabo del séptimo año a los 12 millones de dólares. Esta materia fue muy debatida. El Ejecutivo presentó una secuencia del gasto que garantiza que el fondo solidario estará cubierto en forma permanente por las proyecciones efectuadas. Además, se establece un mecanismo para que el aporte fiscal se incremente en directa correspondencia con el ritmo de incorporación al seguro entre el segundo y sexto año de funcionamiento, considerando para ello el aumento de la proporción de afiliados respecto del total de asalariados. Esto se planteó dado que en la medida en que el sistema crezca, también lo harán los cotizantes y eventuales cesantes, lo que supondrá el establecimiento de un fondo creciente, con una proyección que permita cubrir siempre la totalidad de la demanda en los porcentajes calculados para una cesantía media. Fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Artículos nuevos introducidos. Artículo 4º. Indicación de las diputadas señoras Rozas y Muñoz, y de los diputados señores León, Seguel, Rincón, Krauss, Bustos, Letelier, don Juan Pablo, y Ortiz, para incorporar el siguiente artículo 4º, nuevo: “Los derechos establecidos en esta ley son independientes y compatibles con los establecidos para los trabajadores en el Título V, artículos 159 a 171, inclusive, del Código del Trabajo.”. La materia ameritó una aclaración, pues respecto del seguro de desempleo, todos los derechos adquiridos con motivo de esta normativa son absolutamente compatibles e independientes del resto Fue aprobada por seis votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Como resulta muy difícil dar cuenta de la riqueza del debate, de las diversas posiciones y del significado de la votación, a sugerencia de los miembros de la Comisión de Trabajo me permitiré señalar brevemente las indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles, puesto que no están contenidas en los 24 artículos modificados y fueron objeto de un extenso debate y de gran coincidencia de todos los diputados, tanto de la Concertación como de la Oposición. Una de ellas es al artículo 1º, con el fin de incluir a los trabajadores a contrata asimilados a un grado de la escala única de remuneraciones de la Administración Pública. Este fue uno de los puntos de mayor debate. Para muchos refleja una de las carencias del proyecto, pero la ardua discusión destinada a no discriminar en contra de los trabajadores se centró en si los funcionarios de planta y a contrata que tienen la calidad de funcionarios públicos regidos por la ley de bases de Administración del Estado y por el Estatuto Administrativo gozan del mismo trato en lo relacionado con derechos funcionarios, como permisos, feriados, licencias, obligaciones de capacitación, etcétera. De acuerdo a lo planteado por el Ejecutivo, las diferencias se centran principalmente en que los funcionarios a contrata no gozan de estabilidad en los mismos términos que los funcionarios de planta y no tienen asegurado el derecho a ascenso. La indicación tenía por objeto incorporar a los funcionarios a contrata al beneficio del seguro. Respecto de los funcionarios públicos, el Ejecutivo argumentó que gozaban de inamovilidad laboral, razón por la cual no resultaba compatible ofrecerles un seguro de desempleo. Los diputados señores Álvarez, Dittborn y Paya y la diputada señora Rozas plantearon la necesidad de considerar la situación de los trabajadores a contrata. La Comisión aceptó la propuesta del Ejecutivo, debido a que éste se encuentra elaborando una política y rediseñando un nuevo trato para los funcionarios públicos que, como lo señaló el ministro Eyzaguirre, entre otras materias, considera las condiciones al cese de funciones de todos los servidores del Estado. Quiero recordar que el compromiso del Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, fue que la situación se conversaría con la Anef. Está en debate y en elaboración una nueva política, que podría generar otro proyecto, pero la situación se conversaría directamente con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, lo que tranquilizó a los miembros de la Comisión, pues demuestra que es un tema por considerar por parte del Ejecutivo. La larga discusión sobre el particular, la defensa del Ejecutivo y su argumento principal fue que se generaría un costo muy significativo, imposible de sustentar por parte del Gobierno, para financiar el eventual subsidio de cesantía a estos trabajadores. La indicación fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión y las explicaciones quedaron en el informe para la historia de la ley. Existe un número importante de indicaciones declaradas inadmisibles, muchas de las cuales, por su carácter social, fueron recogidas por el Ejecutivo. La única indicación rechazada es al artículo 30, y tenía por objeto eliminar a las AFP de la administración del fondo del seguro de desempleo. Fue rechazada por cinco votos en contra, dos a favor y dos abstenciones. Tal como lo manifestaron los diputados de la Comisión de Trabajo, esperamos tener un trámite efectivo y ágil del proyecto, en lo posible discriminando los artículos en que hubo debate y contradicción, a fin de agilizar la discusión artículo por artículo y aclarar las diferencias, dado que ninguno de los 23 artículos fue modificado por unanimidad. Esperamos que el debate refleje y haga explícita esa diferencia. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor José Miguel Ortiz, diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, honorables diputados, señores ministros del Trabajo y Previsión Social y Secretario General de la Presidencia: En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que establece un seguro de cesantía, que ingresó a la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados sólo el 25 de abril de este año. Recalco esto, porque han pasado sólo tres meses y algunos días y ya estamos analizando el segundo informe, lo que demuestra la eficiencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda. El 3 de agosto, es decir, hace seis días, analizamos el informe de la Comisión técnica, el cual expresaba que nuestra Comisión debía tomar conocimiento del artículo 20 del proyecto, aprobado por ella. Tal como lo expresó el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, resulta bastante grato señalar que indicaciones declaradas inadmisibles, entre cuyos coautores están el Primer Vicepresidente, señor Roberto León; los diputados señores Seguel, Ortiz y varios más, fueran patrocinadas por el Gobierno, en especial por el Ministerio de Hacienda. Voy a dar cuenta, precisamente, del artículo 20, que nos correspondió tratar en la Comisión de Hacienda. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 2 de agosto de 2000, que sustituyó los informes anteriores dados a conocer tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda, señala que el mayor costo fiscal anual del proyecto, a partir del octavo año de funcionamiento del sistema, se estima en 60.600 millones de pesos. Para mejor comprensión, especialmente de los trabajadores que están enfrentando lo más cruel que puede vivir una persona, la cesantía, es bueno darles a conocer este informe financiero sustitutivo de los anteriores. El proyecto genera un mayor gasto fiscal anual por cuatro elementos diferentes. En primer lugar, un aporte fiscal al Fondo de Cesantía Solidario; en segundo lugar, un mayor gasto fiscal en remuneraciones de los trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo; en tercer lugar, la disminución en la recaudación del impuesto a la renta, y en cuarto lugar, el mayor gasto en asignación familiar correspondiente a la indicación que estamos tratando en este informe de la Comisión de Hacienda. En relación con el aporte fiscal al Fondo de Cesantía Solidario, la magnitud del mismo, que se encuentra definida en el inciso primero, letra c), del artículo 4º, y por el artículo tercero transitorio, corresponderá a 225.792 UTM anuales en régimen, que en pesos alcanza a más o menos 6 mil millones, los cuales se enterarán quiero dejarlo claro, en 12 cuotas mensuales. La contribución comprometida por este concepto está dentro de lo que se podría haber previsto como la evolución probable del gasto en el subsidio de cesantía vigente, en caso de no haberse creado el seguro que lo sustituye, más el gasto en asignación familiar por los beneficiarios de dicho subsidio, lo que implica que el aporte fiscal directo neto anual por este concepto es igual a cero. Respecto del mayor gasto fiscal en remuneraciones de los trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo, debo señalar que también existe un mayor gasto fiscal asociado a las cotizaciones que el Estado, como empleador, debe enterar en la Cuenta individual de cesantía. En cuanto a la disminución de la recaudación de impuestos a la renta, ésta se produce en el caso del impuesto de primera categoría, como consecuencia del aumento en los gastos en remuneraciones que implican las mayores cotizaciones de cargo de los empleadores de las empresas privadas. Por otra parte, existe una disminución en la recaudación anual de los impuestos de segunda categoría, como consecuencia del impacto de las cotizaciones de cargo de los trabajadores. El mayor gasto fiscal en asignación familiar corresponde a la indicación del Ejecutivo que tiene por objeto otorgar la calidad de beneficiarios de asignación familiar a los trabajadores que tienen derecho a las prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, que al momento de quedar cesantes percibían este beneficio para los valores correspondientes establecidos en las letras a) y b) del artículo 1º de la ley Nº 18.987 y sus modificaciones. En consecuencia, el mayor costo fiscal del proyecto, relacionado con los cuatro ítems descritos, asciende a 60.600 millones de pesos anuales, a partir del octavo año de funcionamiento del sistema. Debo recordar que esta iniciativa se enmarca dentro del profundo proceso de transformaciones que experimenta el trabajo en el mundo y en nuestro país, en particular, con motivo de la globalización, proceso de integración y progresión del comercio internacional; además, debido a los cambios introducidos en forma creciente y vertiginosa al sistema productivo de bienes y servicios por las innovaciones de orden tecnológico. Creo que hoy, más que nunca, es importante que demos una nueva señal, cual es aprobar el proyecto en particular en este segundo informe reglamentario, con el objeto de cumplir con el primer trámite legislativo de esta iniciativa que establece un seguro de cesantía pensando en los 500 mil cesantes que hay en nuestro país. En la discusión particular, el articulado fue aprobado por la unanimidad de los diputados que participamos en esa sesión, es decir, los señores Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, Pablo Galilea, Enrique Jaramillo, Tomás Jocelyn-Holt, Rodolfo Seguel, que actuó como titular en esa sesión; Pablo Lorenzini, Carlos Montes, Exequiel Silva y quien les habla, José Miguel Ortiz. El artículo 19, que pasa a ser artículo 20 del proyecto, establece: “Los afiliados al Seguro que perciban prestaciones por cesantía, mantendrán la calidad de afiliados al Régimen de la Ley Nº 18.469 durante el período en que se devengan las mensualidades respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las normas de desafiliación contenidas en la Ley Nº 18.933”. El inciso segundo señala que aquellos trabajadores que tengan derecho a las prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, que al momento de quedar cesantes percibían asignaciones familiares en calidad de beneficiarios en las condiciones que se indican, tendrán derecho a continuar impetrando este beneficio por los mismos montos que estaban recibiendo a la fecha del despido, mientras perciban giros mensuales conforme al proyecto. Agrega: “Con todo, a los trabajadores cesantes que reciban prestaciones conforme a esta ley y no estén comprendidos en este inciso, no les serán aplicables las disposiciones del DFL Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que sus respectivos causantes de asignación familiar mantengan su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan”. Señor Presidente, en nombre de todos los diputados que participamos en la Comisión ese 3 de agosto, debo manifestar que este seguro de cesantía es importante, positivo y bueno, por lo cual solicitamos su aprobación en la Sala. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura. Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se reanuda la sesión. En la reunión de Comités, hemos acordado tratar y despachar hoy el proyecto, por lo cual se ha solicitado a las bancadas hacer un esfuerzo especial para reducir las intervenciones sobre los artículos que se discutirán. Para facilitar la aprobación de la iniciativa, hemos acordado efectuar las votaciones en tres áreas. En primer lugar, se votarán todos los artículos, más de veinte, que no fueron objeto de indicaciones o modificaciones. Para facilitar el trámite, hemos dividido los artículos en dos bloques, de manera de reducir las votaciones sólo a dos. Posteriormente, correspondería votar, uno por uno, aquellos artículos que tuvieron indicaciones o modificaciones. Sin embargo, por lo menos respecto de ocho habría unanimidad y, por lo tanto, podríamos aprobarlos sin discusión, también en bloque. Después de estas tres votaciones, entraríamos en la discusión artículo por artículo, en forma reglamentaria, como corresponde. Advierto a la Sala que todos los artículos del proyecto son de quórum calificado, por lo cual, para su aprobación, se requieren 59 votos, porque tres diputados se encuentran con permiso constitucional. En votación los artículos 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 16, 19, 27, 28, 29, 47, 48, 51, 52 y 57 permanentes, y segundo transitorio. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobados los artículos mencionados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación los siguientes artículos que no tuvieron modificaciones ni indicaciones: 23, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55 y 56 permanentes, y cuarto y quinto transitorios. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 15 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Ávila, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Errázuriz, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Se abstuvieron los diputados señores: Alessandri, Bertolino, Delmastro, Espina, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longton, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily) y Prokurica. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, corresponde votar los artículos que fueron objeto de modificaciones e indicaciones, respecto de los cuales los Comités han concordado en que existe unanimidad y que, por lo tanto, podrían votarse en conjunto. Me refiero a los artículos 2º, 10, 11, 17, 18, 20, 46 y 50. El señor PAYA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PAYA.- Advierto que su Señoría no mencionó el artículo 5º, que originalmente se había incluido. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El Comité de Renovación Nacional solicitó votarlo por separado, señor diputado. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Debe agregarse el voto del diputado señor Jiménez. Aprobados los artículos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, corresponde tratar aquellos artículos en que no ha habido acuerdo y que tienen indicaciones o modificaciones. Solicito a los diputados su autorización para que pueda ingresar a la Sala el director de Presupuestos, señor Mario Marcel. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En primer lugar, se votará el artículo 1º, por cuanto las modificaciones que se le hicieron fueron rechazadas. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 12 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Ávila, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Se abstuvieron los diputados señores: Bertolino, Delmastro, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Longton, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina) y Prokurica. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión el artículo 4º. Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, la Oposición quiere que exista un seguro de cesantía y lo ha venido planteando, desde 1995, a distintos gobiernos de la Concertación. Esa es la razón por la cual aprobamos en general este proyecto y le dimos la bienvenida cuando se anunció, tal como sucedió con otra iniciativa que mandó el gobierno del ex Presidente Frei. Sin embargo, este proyecto genera, como nota predominante, una sensación de frustración, de pequeñez, de irrelevancia; casi parece una cosa fantasiosa, alambicada, complicada que, al final, sirve de muy poco. Personalmente, sólo votaré en contra dos de sus artículos, luego de haber contribuido, repito, a la aprobación expedita de más del 90 por ciento de la iniciativa. Las normas a las cuales me opondré son aquellas que excluyen de los beneficios de la iniciativa a los empleados públicos a contrata. Son miles de trabajadores que, al ser despedidos, no contarán con ninguna protección, pues no tienen derecho a indemnización ni a nada; por tanto, son parte de un grupo de chilenos que requieren con urgencia un sistema de protección frente a la cesantía. Lamento decirlo, pero los parlamentarios de la Concertación han optado por hacer la vista gorda ante una discriminación obvia, burda y socialmente brutal. En segundo lugar, y lo más grave de todo, ¿quiénes son los que más necesitan de un sistema de protección ante la cesantía? Son aquellos trabajadores que, al ser despedidos, no tienen derecho siquiera a una indemnización. En la práctica, ¿quiénes no reciben indemnización? Más de la mitad de los trabajadores que, al momento de ser despedidos, son acusados por el empresario de una u otra conducta, con el fin de evitar el pago de la indemnización; no les da el finiquito, obliga al trabajador a ir a un juicio, que dura una eternidad; si logra ganar, recibirá sólo una parte de la indemnización, la que a su vez debe compartir con el abogado laboralista respectivo. Pero durante el período de cesantía, esta persona no recibe nada. Y este proyecto exige, como requisito central para acceder a sus beneficios, tener derecho a la indemnización. Parece un contrasentido. El proyecto excluye justamente a quienes necesitan más ayuda, a quienes no reciben indemnización, a quienes quedan en la calle sin un veinte. Alguien podrá preguntarse qué puede hacer Hacienda. Todo lo que quiera, pero no es un tema discutible: se quedan fuera los trabajadores sin derecho a indemnización, quienes más la necesitan. Es obvio que no podemos estar de acuerdo con esa norma. Hace años venimos planteando la existencia de una indemnización a todo evento, sin tope, para todos los trabajadores, a fin de poner término a los grandes conflictos laborales que se generan como resultado del actual sistema, con juicios que al final terminan pagando los trabajadores y que les sirven de poco, además de que reitero este proyecto excluye de sus beneficios a quienes más lo necesitan. Por otra parte, junto con no beneficiar a los empleados públicos a contrata ni a los trabajadores despedidos sin derecho a indemnización, es necesario recordar, por el manejo comunicacional que el Gobierno tiene todo el derecho de hacer, que el proyecto hoy tampoco beneficia a ningún cesante. Eso es evidente. A lo mejor, en una futura década permita solucionar algún problema a un trabajador, pero en un monto más justo. Invito a los señores parlamentarios a revisar los informes financieros y los montos fiscales involucrados para el Fondo Solidario. Basta con dividirlos por el número de cesantes para darse cuenta de que dicho fondo no es más que una cucharita de té solidaria. El dinero disponible para ayudar a los trabajadores en una década más porque antes de eso tampoco existe la cucharita de té, no alcanza a constituir un fondo ni un plato. Nos parece bien que haya un sistema. Votamos a favor en general el proyecto y aprobaremos gran parte de sus normas. Una cucharita de té es mejor que nada; pero es absolutamente insuficiente, no soluciona el problema. Más bien es un juego de espejismos comunicacionales que una solución real del problema que afecta todos los años, incluso en los que no hay crisis económica, a cientos de miles de chilenos que se quedan sin trabajo. A nuestro juicio, la esencia del problema queda sin solución, con la evidente discriminación de parte importante de los empleados públicos y de los trabajadores sin derecho a indemnización. A pesar de que con la Mesa y demás Comités acordamos facilitar la votación, sobre todo en los artículos en los que no se pudo presentar indicaciones, quiero dejar constancia de que en la Comisión de Trabajo se vivió una situación insólita, nunca vista antes, pues en cada sesión a veces más de una vez por reunión se variaba el criterio con el cual se permitía la presentación de indicaciones. En resumidas cuentas, se nos impidió introducir, en el proyecto entero, cualquier modificación sustantiva. Eso explica de mi parte al menos la razón de mi abstención en gran parte del articulado. En el debate en particular intervendré sobre varias normas; pero quería aprovechar esta oportunidad para fijar mi posición respecto de lo que fue en conjunto el tratamiento particular del proyecto en la Comisión. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva para plantear un asunto reglamentario. El señor SILVA.- Señor Presidente, a los señores diputados les asiste el legítimo derecho de tener la opinión que quieran sobre el proyecto, pero en este momento estamos en la discusión particular. En consecuencia, corresponde pronunciarse sobre el artículo 4º, en discusión, y no sobre el proyecto en general, debate que ya se realizó. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene razón, señor diputado. En adelante, tendré en cuenta su alcance. Tiene la palabra el diputado señor Muñoz. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, sin personalizar la discusión, deseo aclararle al diputado señor Paya que, precisamente, los diputados oficialistas fuimos quienes señalamos el problema que se suscita en el artículo 4º en relación con los funcionarios públicos a contrata. Vamos a aprobar el proyecto, pues el Gobierno nos ha asegurado que la situación se resolverá en el futuro. Pero aparte de ello, quiero recordar que si los funcionarios a contrata de la Administración Pública carecen de estabilidad ha sido porque la Oposición, la Derecha, se ha opuesto a la ampliación de las plantas, única forma de asegurarles estabilidad y derecho a indemnización. Hemos presentado diez proyectos, a los cuales se ha opuesto en forma sistemática. Hago la aclaración para que no quede flotando en el ambiente que los diputados de Gobierno hemos hecho vista gorda sobre el artículo. En un principio no estuvimos de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo; pero confiamos en que la negociación que sostiene con la Anef resolverá la situación en forma favorable para los intereses de los funcionarios públicos a contrata. En cuanto al segundo tema planteado por el diputado señor Paya, le recuerdo tal vez se haya olvidado, pues no asiste con mucha frecuencia a las reuniones de la Comisión de Trabajo que esos trabajadores pueden acceder a una fuente individual. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ruego a los señores diputados centrar su intervención en el artículo en discusión. Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente que nuestra bancada respetará el acuerdo contraído para referirse, como corresponde, a los artículos planteados por la Mesa. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Agradezco el gesto, señor diputado. El señor SEGUEL.- El artículo 4º es bastante claro. Fue un acuerdo logrado en la mesa de diálogo respecto de las cotizaciones que entregarán los trabajadores, empleadores y el Estado. Debemos reconocer que hubo una modificación que respaldamos y lo seguiremos haciendo sobre los aportes: un 0,6 por ciento de las remuneraciones imponibles, de cargo del trabajador; un 2,4 por ciento de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, y un aporte del Estado, que ascenderá anualmente a un total de 225.792 Unidades Tributarias Mensuales, las que se enterarán en 12 cuotas mensuales de 18.816 Unidades Tributarias Mensuales. Anunciamos nuestro voto favorable a esta indicación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Paya por un asunto reglamentario. El señor PAYA.- Señor Presidente, deseo que no quede la impresión de que estamos en desacuerdo en algo que estamos de acuerdo. Su Señoría puso en debate el artículo 4º del proyecto. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es. El señor PAYA.- Y el diputado señor Seguel, que ha tenido una sobresaliente participación, se está refiriendo al artículo 5º, sobre el cual estamos absolutamente de acuerdo. Formulo esta precisión para que quede claro, en la versión oficial, que nuestra posición en lo que se acaba de decir, es amén. El señor SEGUEL.- El diputado Darío Paya debe ver el boletín comparado. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Un cambio de numeración causó la confusión. Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar las palabras de mi colega Pedro Muñoz, quien, no sé si por falta de conocimiento o mala intención, ha culpado a nuestro sector por no haber aprobado las ampliaciones de planta. Por lo demás, la única que se ha hecho fue en 1993, por iniciativa del Estado, año en que la aprobamos. En consecuencia, es una mala forma la de desinformar a la gente con este proyecto, que, en verdad, no tendrá los resultados que se esperan. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, es conveniente que nos pongamos de acuerdo en el texto por el cual se regirán el debate y la votación, porque puede que se discutan artículos distintos: ¿Por el informe que entregó el diputado señor Navarro o por el boletín comparado? De lo contrario, nadie va a entender el desarrollo del debate. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, no está claro en función de qué se vota. ¿Del informe? ¿Del comparado? Pregunto porque no cuadra un artículo con otro. Es importante esclarecer el punto, porque no hay concordancia entre el articulado que se aprobó por unanimidad en la Comisión y lo que se está viendo en la Sala. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Nos estamos rigiendo por el segundo informe de la Comisión, que es el oficial, pues el comparado es un instrumento de trabajo y no vale en este momento. Algunos diputados tienen el informe emitido en el primer trámite reglamentario y cuyo articulado fue modificado en la Comisión. En votación el artículo 4º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Errázuriz, García (don René Manuel), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bertolino, Delmastro, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily) y Prokurica. Se abstuvieron los diputados señores: Ibáñez y Paya. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, García (don René Manuel), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Bertolino, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) y Prokurica. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión el artículo 12. Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, según la letra b) de este artículo, los afiliados deberán registrar en la cuenta individual por cesantía un mínimo de doce cotizaciones mensuales; pero la verdad es que no estoy de acuerdo con dicha cuenta porque es el mecanismo menos eficiente para proteger a los que tienen menos. Sin duda, quien recibe un ingreso menor es el que está más expuesto a perder su trabajo. Por lo tanto, con el porcentaje que se le reste, prácticamente, el movimiento de ahorro en la cuenta individual será mínimo. Necesitaría siete u ocho años para obtener la protección que se pretende; pero el problema radica en que el promedio de cada trabajador en una empresa no supera los seis años. En consecuencia, antes necesitaría de los fondos acumulados en la cuenta individual. Además, según se verá más adelante, como del fondo de solidaridad, establecido por otro lado, no puede usarse más allá del 20 por ciento mensual de lo recaudado, puede que con ese porcentaje no logre completarse la diferencia que se genera en el caso de los cesantes de menores ingresos. De verdad, creo que el proyecto no cubre a quienes se pretende. Por eso, la mejor forma sería el fondo de solidaridad, pues sólo quienes tienen trabajo pueden ayudar a los cesantes. Si todos quienes tienen trabajo cotizan para crear un fondo único de solidaridad, podría disponerse de los fondos para otorgar el seguro de desempleo a los cesantes. Más aún. Hay que rectificar: no se trata de un seguro de desempleo, sino de un ahorro o capitalización obligatorios. Por lo tanto, al igual que yo, mi bancada votará en contra de este artículo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, en realidad, han sido enternecedoras las intervenciones de los diputados señores Paya y Bertolino en esta materia; pero me gustaría saber si estarían dispuestos a hacer las mismas proposiciones respecto de las administradoras de fondos previsionales. Incluso para aprovechar iniciativas tan innovadoras, ahora mismo podría modificarse el decreto ley Nº 3.500. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Trabajo. El señor SOLARI (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, sobre sistemas de protección a los trabajadores cesantes, en el mundo hay dos estrategias. La primera basada en ahorros individuales, y la segunda, en fondos de reparto. La estrategia basada en fondos de reparto solidario, habitualmente, tiene la dificultad de que impone al sector fiscal un costo muy alto. Tanto es así, que parte importante del déficit de los países desarrollados tiene que ver con contribuciones sistemáticas en este sentido. Por tanto, se ha hecho una combinación de ambos sistemas con el objeto de focalizar el uso del fondo en los trabajadores más pobres. Por eso el acceso al fondo solidario, cuya inspiración sería la misma, supongo, del diputado señor Bertolino, está concentrado para los trabajadores de menores ingresos, sobre todo en el entendido de que los de mayores ingresos pueden ahorrar más para su propio desempleo. Ese es el sentido de este artículo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, la verdad de las cosas es que debe partirse por ver el doble estándar de algunas bancadas, que ha sido expresado por el colega Bertolino. Hay preocupación por las cuentas individual de cesantía; pero no se tiene la misma inquietud cuando las de capitalización tienen la evolución que muestran en el sistema de AFP, porque es de responsabilidad exclusiva de los trabajadores. Sólo existe preocupación cuando hay participación de la parte empresarial en el ahorro. Ojalá que la que se ha expresado ahora se manifieste en los mismos términos a propósito de la evaluación que se hace en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del régimen de pensiones que rige a partir del decreto ley Nº 3.500, de 1981. Si hay coherencia, debería ser así. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, éste es uno de los dos artículos respecto de los cuales votaré en forma negativa, por la razón que daré al final. El artículo 12 excluye de los beneficios a los trabajadores que más los necesitan, que son los despedidos sin derecho siquiera a indemnización. En la práctica, el actual sistema de indemnizaciones eventuales causa más de la mitad de los despidos en Chile. Nuestro planteamiento en esta materia ha sido, desde hace varios años, establecer un sistema de indemnización a todo evento y sin tope, como quedó de manifiesto a propósito de una indicación presentada por parlamentarios de la Concertación en la Comisión, de eliminar el requisito de la presentación de un finiquito. Con ella, los parlamentarios estaban sugiriendo una indemnización a todo evento, de modo que, tal cual lo manifesté en esa oportunidad a la diputada señora Muñoz, deberíamos discutir cuál sería su monto un mes o mes y medio por año en lugar de estar haciendo fantasías legislativas con un proyecto que va a solucionar muy pocos problemas en mucho tiempo más y a muy pocos trabajadores. Por lo tanto, como el proyecto margina al grupo más perjudicado de los trabajadores cesantes chilenos, lo voy a votar en contra. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Están inscritos los diputados señores Aníbal Pérez y Bertolino, en su segundo discurso, y la diputada señora María Rozas. Recuerdo a los señores diputados que en reunión de Comités se contrajo el compromiso de intervenir en lo posible en dos posiciones distintas y referirse directamente al tema de discusión en cada artículo, dado que existe voluntad para despachar el proyecto en esta sesión. Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, tenemos que actuar de buena fe en este debate. En verdad, el diputado Paya incurre en un craso error, porque lo que caracteriza a este sistema es el beneficio a todo evento. O sea, cualquiera que sea la causal de despido se pagará al trabajador un seguro de cesantía. En primer lugar, se asegura a los trabajadores cesantes despedidos por necesidad de la empresa, beneficios monetarios según una proporción de su última remuneración y hasta por un período de cinco meses. En los casos en que sea necesario, el fondo solidario operará en forma complementaria a la cuenta individual del trabajador. En segundo lugar, cuando la relación termine por otras causales de despido, como renuncia voluntaria o jubilación, el trabajador podrá disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual. En consecuencia, en ambos casos el trabajador siempre tendrá derecho al seguro de cesantía. Hoy, el trabajador cesante no recibe más de 15 mil pesos mensuales como subsidio. Con este sistema la cantidad será cuatro o cinco veces superior a ese monto. En consecuencia, es erróneo lo que ha afirmado el diputado Paya. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, la buena fe a que aludía mi colega Aníbal Pérez es la misma que quiero requerir de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. En verdad, la proposición que planteé en esta Sala la hicimos mediante un proyecto de la bancada de Renovación Nacional que presentamos al ministro. Desgraciadamente, no fue acogida en ninguna de sus partes. Por otra parte, no guarda ninguna relación y, por lo tanto, es poco serio estamos acá para legislar para el país y no para la galería asemejar lo que significa la previsión con un seguro de desempleo. La previsión es algo que pasará obligatoriamente cuando la persona cumpla 65 años; un seguro de desempleo es eventual y, por ende, a mi juicio, esa comparación es una liviandad. Por otra parte, me alegra que mis palabras enternezcan a la diputada señora Adriana Muñoz. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, a raíz de que no se discute artículo por artículo habría sido más fácil para que los trabajadores entendieran el proyecto, y yo sí estoy preocupada de la galería, esa gran mayoría de chilenos a los cuales me debo algunos diputados intervienen en una cantidad de temas en general que confunden a la gente, pues se refieren a otros artículos. Jamás ningún parlamentario de la Concertación ha estado en contra de la existencia ni de la eliminación del finiquito, documento en el cual el trabajador acepta las razones de por qué lo despidieron; y por eso me parece grave que el diputado Paya haga ese tipo de afirmación. Estamos diciendo que para que el trabajador acceda al seguro de cesantía no ha de ser condición tener el finiquito cuando él se encuentra en trámite en los tribunales del trabajo, y, por ende, sin el finiquito aceptado, lo cual es distinto de avalar el término del finiquito. Segundo, jamás hemos aceptado la propuesta de la UDI de pagar una indemnización a todo evento, sin precisar que es un cincuenta por ciento de la indemnización por años de servicio que hoy se entrega por ley al trabajador y que los empresarios que ellos defienden en este artículo, no pagan a los trabajadores, obligándolos así a recurrir a los tribunales de justicia. En este artículo no se habla de monto. Aquí se está diciendo a los trabajadores que aporten a una cuenta individual. Hay quienes hablan de que los pobres empresarios, o algunos, tendrán que poner plata a esta cuenta individual; pero no dicen que en la Comisión el ministro de Hacienda nos demostró que, por un lado, el seguro de desempleo cuesta al Estado 100 millones de dólares y, por otro, que deja de percibir 35 millones de dólares, porque los empresarios los van a deducir de sus impuestos. O sea, no ponen al fondo el 2,4 a que se refiere el artículo 1º, que aprobamos como paquete general, porque había que pasar “piola” en esta historia y no decir que los empresarios se estaban ahorrando 35 millones de dólares al rebajarlos de los impuestos. Esos son los temas que están detrás del artículo 12. Por lo tanto, lo votaré a favor, pues no tiene nada que ver ni con los montos ni con la cotización individual. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, entiendo que mi dominio del idioma español es limitado y lamento que no me haya entendido la diputada Rozas. Efectivamente, la Concertación presentó una indicación para eliminar el finiquito como requisito para acceder a los beneficios del proyecto, cosa que me pareció fantástica; pero yo la voté a favor y ellos en contra. Justamente, en este artículo está la esencia de sus defectos. Como se señala en el informe, una indicación presentada al artículo 49 por parlamentarios de la Concertación, tuvo tres votos a favor: los de la Oposición. En todo caso, lo que estamos planteando desde 1996 no resulta más barato para los empresarios. Es más caro, pero útil, y tampoco es una fantasía. En cuanto a lo que manifiesta el distinguido diputado Aníbal Pérez en el sentido de que la indemnización es a todo evento, lo es en el papel, en el mundo de Bilz y Pap; porque en la vida real a la mayoría de los trabajadores se les despide imputándoles como causal robo, ausencia o lo que se quiera. No hay un despido que dé derecho a indemnización en la vida real. Por eso el trabajador acusado de ladrón, por ejemplo, no firma el finiquito y, por tanto, no accederá a los beneficios del proyecto. Esa es la razón de por qué voto en contra de este artículo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo 12. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Bertolino, Delmastro, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Palma (don Osvaldo), Paya, Prokurica y Vargas. Se abstuvo la diputada señora Pérez (doña Lily) El señor PAYA.- Punto de Reglamento, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PAYA.- Señor Presidente, si le parece a la Mesa y a los señores parlamentarios, por nuestra parte no habría inconveniente en votar en conjunto y sin debate los artículos 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 38 y 58. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar en conjunto los artículos aludidos por el diputado señor Paya? Tiene la palabra el diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, no veo el problema para votar de una vez los artículos a que ha hecho referencia el colega Paya. Si hubiese planteado lo mismo antes, nos habríamos evitado una discusión innecesaria y habríamos aprobado el proyecto en los mismos términos propuestos por la Comisión. Aun cuando debió señalarlo antes, me parece una buena proposición. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Acordado. En votación los artículos 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 38 y 58. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobados. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, García (don René Manuel), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Se abstuvieron los diputados señores: Bertolino, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prokurica y Vargas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo 49. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Errázuriz, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta. Se abstuvieron los diputados señores: Alessandri, Bertolino, Delmastro, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Prokurica y Vargas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión el artículo primero transitorio. Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, pido disculpas porque me referiré al artículo 49 recién aprobado, sobre el cual no tuve oportunidad de emitir opinión. El señor PALMA (don Andrés).- No puede. El señor PAYA.- La censura no existe, diputado señor Andrés Palma. Es crucial hacer ver que el artículo 49 fue objeto de indicación por parte de parlamentarios de la Concertación, porque se dieron cuenta de que, en la práctica, exigir la presentación de un finiquito para acceder a los beneficios, dejaba en la indefensión al grupo de trabajadores al que me he referido hoy más de una vez. La indicación eliminaba como requisito la presentación del finiquito, bastando sólo certificar que el trabajador no estaba discutiendo su derecho a indemnización ante un tribunal. Sin embargo, el Gobierno rápidamente se dio cuenta de que eso constituía un proyecto distinto, ordenó sus filas, y quienes la presentaron terminaron votando en contra de ella. La indicación presentada por los parlamentarios de la Concertación se acercaba mucho más al espíritu de lo que queremos: una indemnización a todo evento, que evite juicios, que elimine la razón por la cual hoy se le imputa a trabajadores honestos el que sean ladrones o irresponsables. Una vez más invito a los parlamentarios de la Concertación la diputada señora Muñoz recién estaba haciendo uso de su aparato telefónico a discutir lo que señalé en la Comisión: el monto de la indemnización a todo evento. Considero que un mes es tremendamente caro, medio mes se estima poco. Por eso, habría que discutir el monto, pero en un sistema más sano, que beneficie de verdad a todo evento a todos los trabajadores. En consecuencia, sigue abierta la invitación que hicimos en 1996. He dicho. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, he sido aludida por el diputado señor Paya. Por lo tanto, quiero responder a ello brevemente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, es muy poco creíble y demagógica la posición del diputado señor Paya. Nosotros sabemos a quienes representan los diputados de la UDI y de Renovación Nacional. En Chile es un escándalo el comportamiento que hoy ha tenido el empresariado con los trabajadores. Es molesto y demagógico lo que plantea el diputado señor Paya, quien es el único parlamentario de la UDI que se encuentra en la Sala para legislar sobre una materia que considera de suma importancia. Están todos en La Dehesa, en la casa del ex general y ex senador. Hay que tener seriedad, porque esta sesión se transmite a la opinión pública. Ahora, quiere achacar a los parlamentarios de la Concertación irresponsabilidad e inconsecuencia con los trabajadores, lo que considero inadmisible e inaceptable. Es una irresponsabilidad de la UDI el que esté solo en la Sala. Las cámaras de televisión podrían acercarse a las bancadas de la Oposición y mostrar quiénes están legislando en materia de seguro de desempleo. Es inaceptable que el diputado Paya siga insistiendo en que los diputados de la Concertación hemos dado la espalda a los trabajadores, al no querer pagar indemnización, negar los finiquitos, etcétera. Tenemos una lista de las irregularidades que cometen los empresarios en contra de los trabajadores, dignas de una sociedad esclavizada. Por lo tanto, diputado señor Paya, haga aparecer a los diputados de la UDI. Que vengan desde La Dehesa, que dejen de idolatrar a Pinochet y tomen responsabilidades legislativas y parlamentarias para defender a los trabajadores. He dicho. Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, el motivo por el cual la bancada de Renovación Nacional que está presente en la Salase opuso al artículo 49 es el siguiente: Nosotros hicimos una propuesta en la línea de la securitización y el diputado Paya lo acaba de plantear muy bien. Incluso, en la Comisión hubo diputados de la Concertación que también estuvieron de acuerdo en que los montos con que indemniza este seguro o ahorro obligatorio no solucionarán los problemas de los cesantes ni menos los de quienes hoy no tienen trabajo, porque recién empezará a dar beneficios después de un año. Quiero comparar esto con una publicidad comercial que ofrece un seguro de desempleo que paga hasta seis sueldos líquidos de hasta 90 UF, es decir, 1.400.000 pesos, que es el monto que todo chileno tiene derecho a imponer como máximo para este seguro, por un valor de 3.550 pesos. Sin embargo, a la persona que gana 100.000 pesos, o sea, el sueldo mínimo, este seguro le significará un costo de 3 por ciento, o sea, 3.000 pesos, y sólo recibirá la primera vez y con suerte el 50 por ciento, o sea, 50.000 pesos. Con esto quiero dejar en claro que Renovación Nacional siempre ha apoyado un seguro de cesantía. Lo hizo la primera vez, en la votación en general, y ahora al aprobar algunos artículos; pero no estamos dispuestos a dictar una ley que no cumplirá con lo que la gente espera o necesita. No se buscó la securitización ni alternativas para lograr un costo menor, porque el 80 por ciento del trabajo es proporcionado por las pequeñas y medianas empresas, en contra de las cuales existen 130 mil juicios en los juzgados del trabajo por no pago de cotizaciones previsionales. Con esto, lo único que estamos haciendo es despachar una ley que puede aparecer muy bonita en los medios de comunicación, pero que, en la práctica, mantendrá el problema; más aún, cuando aplica una serie de multas que las personas afectadas no podrán pagar, con lo cual se acrecentará el problema. ¿No sería más lógico, por ejemplo, que las multas se calcularan sobre la base de lo que genera el fondo, de manera que el trabajador no vea desmedrado su ahorro, y no aplicar las penas del infierno que sólo conducirán a que no le paguen su ahorro obligatorio? Ese problema ha llevado a Renovación Nacional a dar estas señales. Por desgracia, no pudimos formular indicaciones, porque se trata de un proyecto de seguridad social, y sólo el Ejecutivo tiene la facultad de presentarlas, salvo que hubiese acogido las sugerencias de algunos parlamentarios que estaban en la línea que he indicado. Pido disculpas a mis colegas por extenderme y no referirme sólo al artículo 49 pero quería dejar establecido, para la historia fidedigna de la ley, el verdadero sentido de nuestro pensamiento. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, creo que hemos sido injustos con los diputados de la UDI. Ellos han ido a solidarizar con un “desempleado” por la Corte Suprema. Risas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari. El señor SOLARI (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, sólo para rectificar al diputado señor Paya. En primer lugar, tal como lo explicamos en detalle en la Comisión, los instrumentos que menciona el artículo 49 para verificar la condición de desempleado son tres: la presentación del finiquito, la comunicación del despido por ejemplo, una carta de despido y la certificación dada por el inspector del trabajo que registre el despido. Las dos primeras son de responsabilidad del empleador, pero la tercera depende de la capacidad que tenga el trabajador de accionar ante la Inspección del Trabajo. De manera que el diputado señor Paya no está en lo correcto. En segundo lugar, quiero decir que la primera causal de despido en Chile es por necesidades de la empresa; la segunda, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, y sólo la tercera es la que señaló el diputado. Las dos primeras, que son la mayoría, están cubiertas por el proyecto. En todo caso, podemos entregarle las cifras en el momento en que el diputado las solicite. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿vamos a seguir discutiendo el resto de los artículos? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ésa es la idea, señor diputado. En este momento estamos discutiendo el artículo 1º transitorio y, a continuación, corresponde votarlo. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en mi opinión, no cabría mayor debate porque dicho artículo se incluyó en la discusión. Por lo tanto, pido votarlo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Había solicitado la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, sólo para corregir al diputado señor Ávila. La actitud de la UDI no es tan solidaria, porque la persona aludida tiene un suculento “seguro de desempleo”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Paya en el tiempo de su segundo discurso. El señor PAYA.- Señor Presidente, para acallar lo que venimos sosteniendo desde 1996 hemos entregado documentos escritos a los dos ministros que ocuparon la cartera del Trabajo desde esa fecha y también presentamos un proyecto en la Cámara, la diputada Muñoz tiene que decir que es mentira y recurrir al caso Pinochet para ocultar algo que es cierto. Respecto de los trabajadores, podemos discutir con el ministro cuántos son los afectados. La última vez que solicitamos el dato estadístico se nos respondió que los que tienen derecho a indemnización alcanzan aproximadamente el 58 por ciento; pero, en la práctica, no la reciben, porque son acusados de a, b o c. Podemos discutir sobre el número de trabajadores, pero el hecho objetivo es que hoy les podríamos garantizar que recibirán el beneficio ahorrándoles falsas acusaciones y el problema de juicios eternos que terminan pagando ellos mismos, estableciendo una indemnización a todo evento. Lo venimos proponiendo desde hace bastante tiempo, diputada Muñoz y diputados de la Concertación, porque consideramos que es bueno hacerlo. Pueden solazarse con el tema de Pinochet considero que es de mal gusto traerlo a colación en esta oportunidad, pero ahí están los proyectos que presentamos. Si a la diputada Muñoz no le gusta y considera que estoy diciendo mentiras, lo que tiene que hacer es votar a favor. La invito a hacerlo, tal como lo estamos haciendo nosotros desde hace cinco años. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Advierto a la Sala que los Comités tienen la facultad de solicitar el cierre del debate en cualquier momento, y pido a los diputados referirse a la materia en discusión. Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, iba a pedir exactamente lo mismo, porque mi preocupación no es Pinochet, sino los trabajadores. El diputado Paya tiene toda la razón cuando dice que a la mayoría de los trabajadores no se les paga indemnización por años de servicio. Eso se debe a que nunca hemos contado con los votos de la Derecha para llevar adelante las reformas laborales que protejan los derechos de los trabajadores frente al empresariado. Por lo tanto, atengámonos al proyecto y empecemos a votar. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el artículo primero transitorio. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Encina, Errázuriz, Espina, García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión y votación el artículo tercero transitorio. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Despachado en particular el proyecto. Aplausos. VII. PROYECTOS DE ACUERDO NORMATIVAS DE CONTROL PARA SISTEMAS DE MEDICINA NATURAL. El señor LEÓN (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo. El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo Nº 449, suscrito en calidad de autores por los honorables diputados señores Krauss, Arratia, Olivares, Melero, señora Cristi, doña María Angélica; señores Riveros, Palma, don Andrés; Palma, don Osvaldo; Cornejo, don Patricio, y Velasco, y en calidad de adherentes, por los diputados señores Ojeda, Seguel, León y Pareto: “Considerando: Que en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, para prevenir patologías o mantener o preservar estados fisiológicos normales, se utilizan preparados naturales de origen animal, vegetal o mineral, incluidas hierbas autóctonas o extranjeras, así como mezclas de los mismos; Que en tales casos el producto utilizado es esencialmente natural, pues no existe intervención humana alguna en su proceso biológico de desarrollo y, simplemente, sus sustancias básicas son recolectadas, secadas, envasadas o mezcladas, por lo que no producen efectos secundarios que eventualmente provocan los productos sintéticos con contenido químico; Que el uso y consumo de esta clase de productos con propiedades salutíferas o nutricionales se encuentra arraigado tradicionalmente en la cultura popular nacional, constituyendo un sistema de salud natural incorporado en los hábitos de la mayor parte de la comunidad chilena, inclusive en los sectores étnicos; Que el control de la calidad y venta de estos productos se encontraba radicado en el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) hasta la dictación del decreto supremo del Ministerio de Salud Nº 855, publicado en el Diario Oficial el 31 de julio de 1999, que confirió a los productos naturales el carácter de farmacéuticos, sometiéndolos a regímenes de control que, en la práctica, resultan incompatibles con sus características naturales y reservando su comercialización sólo a las farmacias; Que esta disposición, cuya vigencia se encuentra prorrogada hasta el próximo 31 de diciembre, provoca discusión en sus alcances entre los sectores interesados y afecta a los comerciantes de esta clase de productos, cuyo número es cercano a los 20.000 en todo el país, y a los consumidores o usuarios, cuya densidad es indeterminable, si bien es cierto que su proporción es mayor en los núcleos más modestos de la población; Que el citado decreto supremo Nº 855 no es la única expresión de la administración que afecta a los seguidores de la llamada salud natural, pues, entre otros antecedentes, cabe mencionar la resolución Nº 1.844, del Diario Oficial del 20 de noviembre de 1998, que disminuye el porcentaje de adición de vitaminas y minerales en la dieta alimenticia, y el decreto supremo Nº 67, publicado en el Diario Oficial el 21 de junio de 2000, que califica a los almacenes naturistas y dietéticos como “almacenes farmacéuticos complementarios”, afectándolos al cumplimiento de obligaciones que no se avienen con sus características comerciales; Que el debate suscitado en relación con estas normas, del cual tiene conocimiento el Presidente de la República y el Ministerio de Salud, justifica que esta honorable Cámara por intermedio de su Comisión Permanente especializada promueva un análisis de la situación legal que debiera aplicarse a este sistema de salud específico y característico, el cual compatibilice los intereses de todos los sectores involucrados y proponga la dictación de normas legales y reglamentarias que se adecuen a una realidad sanitaria que no se puede ignorar y a la que es pertinente regular adecuadamente, sin aplicarle a priori normativas dictadas para sistemas de salud de contenidos y características diversas, con los cuales, incluso, se producen discrepancias académicas y comerciales; La honorable Cámara de Diputados acuerda: Encomendar a la Comisión de Salud informar a la Corporación, dentro del término de sesenta días, acerca de las normativas de control que convendría aplicar a los diversos sistemas naturales que, utilizando preparados naturales basados en sustancias animales, vegetales o minerales, incluidas las hierbas, prevengan patologías o mantengan o protejan los estados fisiológicos normales”. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tratado de preservar su salud y, hasta donde sea posible, su vida, para lo cual ha creado distintos sistemas de salud, como la medicina tradicional ortodoxa, basada fundamentalmente en los principios de la medicina griega. Pero, en forma paralela, ha surgido una serie de medicinas alternativas que, como se expresa en los fundamentos del proyecto de acuerdo, utilizan preparados naturales de origen animal, vegetal o mineral, incluidas hierbas autóctonas o de procedencia extranjera, en cuyo proceso de desarrollo biológico no interviene el hombre, puesto que se trata de sustancias básicas recolectadas, secadas, envasadas o mezcladas, que no producen efectos secundarios. En nuestro país, la medicina natural tiene una tradición que se identifica incluso con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, en los últimos tiempos se han dictado algunas normas, la más importante de las cuales es el decreto supremo Nº 855, del 31 de julio de 1999, por el cual se pretende aplicar a este tipo especial de medicina alternativa normas que no corresponden a su naturaleza, características o circunstancias. Por eso, los sectores vinculados con este tipo de medicina solicitaron a la autoridad una revisión de dichas normas, pues el control que antes ejercía el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma, se ha trasladado al Instituto de Salud. Se trata de una materia suficientemente seria como para que nuestra Comisión de Salud sirva de instancia por la cual se den a conocer los antecedentes y se adopten las determinaciones pertinentes. El subsecretario y la ministra de Salud han manifestado complacencia por esta propuesta y, desde luego, todos los sectores involucrados, algunos de cuyos representantes se encuentran en la tribuna, tal como lo hicieron ayer, cuando se suponía que se despacharía este proyecto de acuerdo, pero que, por las razones suficientemente conocidas y lamentables, no se pudo realizar nuestra sesión. El propósito es muy simple y esperamos contar con el apoyo como ha ocurrido de varios miembros de la Comisión de Salud y de toda la Corporación para satisfacer la aspiración de quienes practican esta medicina, tan difundida en nuestro país. He dicho. Aplausos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Aplausos. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Espina, García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Velasco y Villouta. VIII. INCIDENTES VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO EN CHILE. El señor LEÓN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, en el día de ayer hemos conocido un trascendente fallo de la Corte Suprema de Justicia, referido al desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet. Como democratacristianos queremos expresar nuestra satisfacción por el funcionamiento del estado de derecho en nuestro país, fundado en la independencia de los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia, al emitir un fallo de la naturaleza conocida, no ha hecho otra cosa que lo que corresponde a nuestros tribunales: administrar justicia. Se ha materializado de manera clara el principio de igualdad ante la ley. Nadie, por importante que hayan sido las funciones asumidas o que se haya atribuido, puede estar por sobre el accionar de los poderes del Estado y, en este caso particular, de la administración de justicia. Además, es significativo el hecho de que todo el proceso se refiera a la clarificación de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de las personas. Sí, por desgracia, la historia de nuestra patria muestra un período en que, por no existir un sistema democrático, sino una dictadura, se violaron tales derechos. Tal como lo señala un destacado magistrado de nuestro país, el esclarecimiento de la verdad crea paz y fortalece el clima de convivencia en nuestra patria. El gran objetivo que existe cuando se juzga la situación ocurrida, es que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos atentatorios contra la dignidad, la vida y la integridad de las personas. Eso quedó también de manifiesto en los resultados de la Mesa de Diálogo. Para mirar el futuro con confianza, porque la confianza se funda en que cada cual cumpla con sus deberes; para mirar el futuro con certeza, lo que corresponde es que todos acatemos el fallo de los tribunales, porque así fortaleceremos nuestro sistema democrático. He dicho. Aplausos. INVESTIGACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA POR PAGO DE FACTURAS. Oficio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, la comunidad de Valdivia está muy preocupada por el juicio que se ventila en el segundo juzgado de esa ciudad entre el municipio y la empresa Bifactory, a raíz del pago indebido de algunas facturas por parte de la municipalidad. Junto con el proceso judicial, se lleva a cabo un sumario en el municipio, que ordenó reabrir la propia Contraloría General de la República. Sin embargo, existe una serie de hechos extraños, razón por la cual quiero solicitar que la Contraloría los investigue acuciosamente. En el proceso se sostiene que al momento de ocurrir los hechos el alcalde era subrogado y, por lo tanto, la persona que cumplía esa función habría firmado los pagos indebidos a la empresa. Pero el propio abogado de la municipalidad, según consta en el expediente que tuve la oportunidad de ver, señala que la persona que firma los documentos como alcalde subrogante no tenía tal condición. Lo extraño es que dicha persona es la fiscal del sumario que se está llevando a cabo al interior de la municipalidad. Tuviera o no la condición de alcalde subrogante, me parece una irregularidad que instruya, como fiscal, el sumario para determinar a los responsables de la pérdida patrimonial de la municipalidad de Valdivia. Por tanto, solicito a la Contraloría General de la República que haga una rigurosa investigación y se pronuncie sobre los hechos que acabo de denunciar, que tienen que ver con el sumario que se está desarrollando en el municipio de Valdivia. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES. Oficio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en mi nombre y en el de los diputados democratacristianos que representan a sectores rurales, me referiré a los problemas que afectan a campesinos y pequeños agricultores. En pocos días más se avecina la primavera, que supone un signo de vida, de florecimiento, de alegría y de esperanza. Sin embargo, este cambio de estación constituye en esta oportunidad un signo de intranquilidad para muchos pequeños agricultores y campesinos de nuestro país, toda vez que las instrucciones del Ministerio de Hacienda al Indap de cumplimiento de metas, con el fin de recuperar recursos facilitados anteriormente a pequeños agricultores, establecen una serie de medidas apremiantes a través de cobranzas judiciales con el fin de obtener la recuperación de los créditos que he señalado. Es más, estas instrucciones se han puesto por escrito mediante una “circular interna”, la Nº 11 del Indap, de fecha 30 de mayo de 2000, que obliga a los directores regionales y a su vez a los jefes de Áreas del Indap a elegir deudores cuyos “casos sean emblemáticos y que sirvan de ejemplo al sector, respecto de los cuales no deben existir dudas de que se podrá llegar exitosamente hasta las últimas consecuencias en este proceso de cobranza”; es decir, con esta lógica bancaria, que sus antecedentes finalmente sean enviados a Dicom y/o sus predios sean definitivamente rematados. Señor Presidente, la misma circular Nº 11 establece que “a contar del 19 de agosto del presente año no podrán existir créditos con una mora superior a 90 días, sin que se haya dado inicio a la cobranza judicial” y que con tal propósito van a contratar los servicios de empresas de cobranzas que sean necesarias. Esta situación, señor Presidente, presenta singular gravedad, considerando que más del 95 por ciento de los pequeños agricultores tienen créditos con una mora evidentemente superior al señalado. Al efecto sólo basta considerar los distintos hechos que han venido afectando constantemente en el último tiempo las más diversas actividades agrícolas, como por ejemplo los tres implacables años de sequía, que uno tras otro, azotaron sin misericordia al mundo campesino; luego las lluvias fuera de temporada, que significaron, en muchos casos, la pérdida total de sus cosechas; y este año, con los grandes temporales ocurridos tan sólo algunos días atrás, que generaron todo tipo de pérdidas al país en general. Todo lo anterior sin considerar la crisis asiática que tan dramáticamente ha afectado toda la economía nacional, dentro de la cual obviamente se encuentran todas las actividades productivas, incluida la agrícola, por supuesto. La política de recuperación de recursos establecida en la circular Nº 11 “con el fin de cumplir las metas mismas puestas por el Ministerio de Hacienda”, lesionan profundamente el compromiso que la Democracia Cristiana, por doctrina y en su historia, ha mantenido y desarrollado con el mundo campesino, y de manera particular con los hombres y mujeres que trabajan nuestra tierra chilena y que ha permitido no tan sólo que la generosa producción de sus frutos llegue día a día hasta cada una de nuestras mesas, sino que algo aún más fundamental, como lo es permitir y fomentar la dignidad de las familias del sector rural. Este vital compromiso, señor Presidente, ha tenido su más concreta expresión, y nuestros amigos campesinos así lo saben, en la reforma agraria, aquella hermosa epopeya en que el Presidente Frei Montalva puso de pie al trabajador del campo para que junto a sus familias pudiese vivir con la misma dignidad que le corresponde a todo hijo de esta patria. Esa dignidad con que pusimos de pie al mundo campesino de nuestro país, con la que logramos que los campesinos fuesen chilenos de primera categoría, con igualdad de derechos, no la podemos dejar de sostener hoy, razón por la cual mantenemos más que nunca vigente nuestras mismas banderas fundacionales. Ese mismo compromiso hoy lo mantenemos con los pequeños agricultores a través del Programa de Gobierno de la Concertación y su concreción depende fundamentalmente de la vital labor que realiza en cada uno de los rincones rurales del país el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En efecto, el Indap desarrolla una labor insustituible, razón por la cual no podemos debilitarlo, como muchas veces lo pretende la Derecha, convirtiéndolo en un banco más o más bien en un látigo más. Lo que necesitamos es seguir contando con un Indap que sea una mano firme que permita el desarrollo del pequeño agricultor. Por eso, rechazamos el instructivo en cuestión, que lo único que revela es la burocracia de aquellos que, sentados detrás de un escritorio, y de cuello y corbata, no son capaces de tener la más mínima sensibilidad con el mundo campesino que se ha visto afectado en el último tiempo de la manera antes descrita. Esos campesinos, que labran la tierra, que llevan sus productos hasta nuestros hogares, son gente de trabajo, gente honorable, pero que más allá de sus esfuerzos no tienen la más mínima posibilidad de cumplir lo que se les pide, como lo es cancelar 50 por ciento de sus deudas con el fin de renegociar la mitad restante. Cómo va a ser posible que, por ejemplo, en algunos casos de cuatro millones de pesos de crédito de Indap, los agricultores puedan cancelar dos millones de inmediato. Eso es no conocer la verdadera realidad que hoy particularmente se vive en las zonas rurales del país. Es obvio que no están en condiciones de hacerlo. El país tiene un compromiso y una deuda con el mundo rural. Si en nuestra patria, en los años 80, se le perdonó la deuda a la banca privada a costa de los pensionados de nuestro país deuda también pendiente, es obvio que hoy no podemos dejar de alzar nuestra voz cuando se trata del mundo rural. Por esa razón, ayer solicité al señor ministro de Agricultura, don Jaime Campos quien ha demostrado especial preocupación por el tema en cuestión y sus posibles soluciones que vayamos al tema de fondo, es decir, que el ministerio de Hacienda deje de lado la instrucción de cumplimientos de metas que ha dado al Indap con el fin de recuperar los créditos por la mecánica del fondo rotatorio, y genere recursos frescos, cerca de diez mil millones de pesos, que faciliten créditos nuevos para las siembras de primavera, y así sea ésta la manera a través de la cual se solucione el problema y no apremiando a los pequeños agricultores como un mero banco más. Junto con lo anterior, el señor ministro de Agricultura ha comprometido su esfuerzo en crear mesas de trabajo con los pequeños agricultores a nivel regional. Por eso, hoy antes del inicio de la primavera sacamos la voz con la misma fuerza de ayer para pedir que: 1. Se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que: a) instruya al ministro de Hacienda proveer los fondos necesarios para que el Indap, organismo vital para la pequeña agricultura, sea fortalecido a partir de la manera antes señalada, permitiendo así el financiamiento directo de las siembras de primavera de los pequeños agricultores, y b) instruya al Ministerio de Agricultura con el fin de lograr una flexibilización de lo instruido en la circular Nº 11 del Indap; 2. Se oficie solicitando la lectura, discusión de la intervención en comento y las posibles acciones por seguir adjuntado la presente intervención, como asimismo copia de la circular Nº 11a cada uno de los concejos municipales de las comunas que integran mi distrito; es decir, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Alhué y Melipilla; 3. Se oficie a la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades adjuntando copia de la presente intervención y de la circular Nº 11 del Indap solicitándole a su vez reenviar dicha documentación a los concejos municipales de todas las comunas rurales del país, con el fin de informarse al respecto y así establecer las acciones que tiendan a facilitar una defensa y/o asesoría legal permanente a los pequeños agricultores en los casos que corresponda, y 4. Se oficie copia informativa de esta intervención al señor ministro de Agricultura. He dicho, señor Presidente. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista. EVALUACIÓN DE ASESORÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROGRESIVAS CON SUBSIDIO. Oficio. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en más de una oportunidad he recibido consultas de comités de grupos habitacionales que han optado a subsidios Serviu sobre la forma en que desarrollan su trabajo las asesorías de estas organizaciones de particulares con terreno para la construcción de viviendas progresivas. Recientemente recibí en mi distrito a un grupo de 41 personas poseedoras de subsidio, preocupadas porque éste les vence el 31 de diciembre. A veces uno duda acerca de la acción de estas personas, pero en otras oportunidades lo ocurrido no es responsabilidad de ellas, como sucede en forma aparente en el caso de Mininco. Al parecer hay una falencia en la entrega de información a las empresas o personas para ejecutar sus trabajos, en el sentido de que deberían dar cuenta de las dificultades existentes para conseguir que el subsidio se haga realidad con la construcción de la vivienda. Prácticamente ha pasado un año y medio desde que se otorgó el subsidio en Mininco y todavía no se firma el contrato con la empresa que construirá la población respectiva. En este caso específico, no está clara la responsabilidad, pero hay una demora que debería notificarse al Ministerio de Hacienda para que se revise la situación y se tomen las medidas pertinentes. Hace poco más de dos años, los poseedores de subsidio en Mininco perdieron la posibilidad de construir porque se les venció el plazo por dificultad en la obtención de los títulos, situación que aún no se resuelve. Si uno fuera muy ligero para tomar determinaciones, a lo mejor podría haber presentado una acusación en contra de una empresa que quizás no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Por lo anterior, pido que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que efectúe una evaluación de las asesorías para la construcción de viviendas progresivas en terreno propio, y se estudie la posibilidad de elaborar un reglamento para que estas empresas, una vez que reciban la autorización de trabajar con los comités de pobladores, informen cada dos o tres meses del avance de las obras que se les ha encomendado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención. RECONSIDERACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE DECRETOS DE EXONERADOS. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en una visita de algunos parlamentarios a la Contraloría el lunes pasado, quedó aclarado que no correspondía una resolución tomada últimamente por ese organismo, en el sentido de rechazar algunos decretos de exonerados porque iban con certificados que reemplazaban el cese de funciones, firmados por parlamentarios o autoridades, por cuanto eso nunca se había hecho. Para tranquilidad de los exonerados que se encuentran en esa situación, queremos señalar que, a raíz de esa visita, la Contraloría acordó que todos los decretos que lleguen desde el Ministerio del Interior, firmados por el Presidente de la República, no tendrán reparos. He dicho. RESPONSABILIDADES DE DIRECTORA DE LA CONAMA EN TRASLADO DE RESIDUOS ARSENICALES. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en uso de mis facultades constitucionales, legales y reglamentarias, vengo en solicitar que se sirva oficiar al señor Contralor General de la República, con el objeto de que investigue, determine y eventualmente sancione a la responsable de una doble y contradictoria interpretación, la directora nacional de la Conama, en cuanto a que, de hecho, permite que Codelco no cumpla con la resolución de un sumario sanitario del Servicio de Salud de la Sexta Región, relativo al traslado de residuos arsenicales. Los hechos en que se funda mi solicitud son los siguientes: A fines de 1999, el Servicio de Salud de la Sexta Región inició un sumario sanitario en contra de la División El Teniente de Codelco-Chile por el no cumplimiento de la resolución de la Corema de la Sexta Región, que autoriza la operación de la planta de limpieza de gases de dicha empresa, la cual concluyó con la aplicación de la multa máxima a la empresa estatal, a la que se le ordenó que en un plazo no mayor de 60 días someta los residuos arsenicales inestables a un tratamiento de estabilización-solidificación, de modo que la toxicidad por lixiviación de arsénico se ajuste a la norma imperante. Los residuos serían transportados desde las instalaciones de la división El Teniente, de Codelco-Chile, hasta las de Hidronor Chile S.A., empresa que es destinataria autorizada para recibir, tratar y confinar de manera definitiva los mencionados desechos sólidos y que cuenta con resolución ambiental de la Corema metropolitana y resolución sanitaria expresa del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente para tratar residuos industriales. La solicitud de disposición final de 7.500 toneladas de residuos sólidos arsenicales inestables en Hidronor Chile, solicitada por la división El Teniente de Codelco-Chile y el consiguiente plan de manejo para la manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos arsenicales de la planta de limpieza de gases Nº 1 de dicha fundición, fue recepcionada por el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente luego de la autorización otorgada por el Servicio de Salud O’Higgins por resolución Nº 2.235. Con fecha 16 de junio de 2000, a mi juicio sin necesidad alguna, el director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma, oficia a la directora nacional de la Conama, con el objeto de que se pronuncie respecto de si el mencionado transporte de residuos peligrosos debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Posteriormente, el 23 de junio de 2000, la directora ejecutiva de la Conama responde al Sesma y señala que por no tratarse de una actividad de transporte permanente ni habitual, el traslado no debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, el oficio de la Conama señala que Hidronor es un destinatario autorizado para recibir, tratar y confinar de manera definitiva determinados desechos. En efecto, estas instalaciones cuentan con las resoluciones sanitarias pertinentes y, en particular, con la resolución de calificación ambiental Nº 482, de 3 de abril de 1995, que, en su momento, emitió la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. Agrega el oficio de la señora Hoffmann que “en tal sentido, en el estudio de impacto ambiental aprobado mediante la resolución antedicha, se evaluaron ambientalmente todas las consideraciones para el tratamiento, almacenamiento, disposición y reutilización de las sustancias que Hidronor Chile S.A está autorizado para recibir, tratar y/o confinar. Asimismo, se consideraron las medidas de control ambiental para el transporte seguro de los residuos”. Curiosamente, con fecha 4 de julio de 2000, la señora directora de la Conama realizó una visita a la división El Teniente de Codelco-Chile. En forma inexplicable, el 12 de julio de 2000, remite un nuevo oficio al Sesma mediante el cual rectifica todo lo manifestado en su oficio de 23 de junio, señalando que si efectivamente el proyecto consiste en el transporte habitual de más de 100 kilogramos de residuos con arsénico desde la Sexta Región hasta la Región Metropolitana, deberá someterse en forma previa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Considero que el nuevo oficio no sólo comete un grave error de interpretación e impide el cumplimiento de un sumario sanitario emanado de un servicio con atribuciones para ello, sino que también incurre en una abierta contradicción a la legislación, y constituye per se un acto arbitrario e ilegal, por cuanto la directora de la Conama se atribuye facultades que no posee. El artículo 10 de la ley de bases generales del Medio Ambiente, complementado por el artículo 2º del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, define los proyectos o actividades que, en forma previa a su ejecución, deben someterse a ese procedimiento. A la disposición de residuos con altos contenidos de arsénico en las instalaciones de Hidronor S.A. no le es aplicable la letra ñ), que señala que deberán ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos de disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, ello por dos razones. La primera es que en el proyecto en comento se trata de residuos peligrosos y no de sustancias tóxicas, residuos que, aunque presenten características de toxicidad, desde un punto de vista conceptual y jurídico están sujetos a distintos principios, normas y regulaciones. El destino natural de un residuo peligroso es su disposición final o tratamiento en establecimiento o instalación adecuada. En cambio, las sustancias tóxicas pueden ser objeto de utilización en procesos industriales o productivos, almacenamiento, disposición transitoria, transporte o reutilización habituales. La segunda razón se refiere a la habitualidad con que se efectúa la disposición de dichas sustancias tóxicas entendiendo ese concepto como asimilable al de residuo peligroso que, de acuerdo con la información disponible, no se daría en este caso, pues se trataría de una situación absolutamente excepcional. En el caso que nos ocupa, un organismo competente, el Servicio de Salud de la Sexta Región, ordena a una empresa, como medida sanitaria y en uso de sus facultades y atribuciones privativas o exclusivas, la disposición de residuos peligrosos en un establecimiento adecuado. Considerando que la nueva interpretación de la Conama permite que la división El Teniente de Codelco-Chile no cumpla con lo resuelto en el sumario sanitario, cuyo plazo ya venció, y que las 7.500 toneladas de arsénico continúan siendo un riesgo de contaminación del río Cachapoal, y, por lo tanto, una amenaza a la economía regional y nacional, solicito que el Contralor General de la República se pronuncie sobre cuál es la interpretación que corresponde en derecho e inicie una investigación con el objeto de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes. Además, solicito que se acompañe al oficio solicitado el ordinario Nº 7.766, del director del Servicio de Salud del Ambiente, dirigido al doctor Camilo García de la Barra, director del Servicio de Salud O’Higgins, los dos oficios remitidos por la directora nacional de la Conama, esto es, el fechado el 23 de junio de 2000, en el que señala claramente que el traslado no debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y el de 12 de julio del presente año, donde manifiesta exactamente lo contrario, y el oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, de fecha 4 de agosto, en el cual notifica que dicho organismo no tomará ninguna decisión respecto de los residuos en tanto la Conama no se pronuncie sobre el particular. Sin duda, estamos frente a una situación gravísima. Los organismos de salud mencionados, que cuentan con todas las capacidades y atribuciones para autorizar el traslado de los residuos arsenicales, se han visto impedidos de ejercerlas debido a la intromisión ilegal de la directora de la Conama, quien ha actuado en ejercicio de atribuciones que no posee. Por tal razón, pido que se envíen con urgencia tanto el oficio solicitado como los documentos señalados. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntándose el texto de su intervención y los documentos que ha solicitado acompañar. PETICIÓN DE RETIRO DEL ACTA DE EXPRESIONES DE DIPUTADO ÁVILA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, ayer, con ocasión del análisis de las conclusiones de la Comisión especial encargada de estudiar la situación de los cuerpos de bomberos, el diputado señor Nelson Ávila se refirió en términos absolutamente improcedentes e injustificados respecto del senador Pinochet. En atención a ello y por intermedio de su Señoría, solicito que se retiren del acta algunas de sus expresiones, muchas de la cuales nunca se han utilizado en esta Sala. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, su solicitud se pondrá en conocimiento de la Mesa de la Corporación. No obstante usted conoce el Reglamento de la Cámara, si la petición no cuenta con la anuencia del diputado aludido, ella no fructificará. DESAFUERO DEL SENADOR VITALICIO AUGUSTO PINOCHET UGARTE. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa. El señor FOSSA.- Señor Presidente, vengo un poco reconfortado después de hacer una visita, que llamaré de desagravio, al general Augusto Pinochet Ugarte. Nobleza obliga, y los chilenos bien nacidos no podemos quedar impávidos, como observantes o tranquilos frente a lo que estamos viviendo en este momento, después de que la Corte Suprema corroboró un desafuero, a todas luces como lo ha dicho la gente que entiende el problema injusto, extemporáneo y no ajustado al debido proceso. Simplemente, se ha dejado a los tribunales la responsabilidad de hacer un juicio político, lo que no correspondería. Este juicio político, que tiende a tergiversar la historia, deberá ser reivindicado por las generaciones que vienen. ¡Qué vergüenza fue ver a los comunistas y socialistas de entonces, con sus banderas en alto, celebrar alrededor del monumento al señor Allende y sentir una felicidad que sencillamente es inaceptable! Señor Presidente, le agradezco que haya escuchado esta reflexión. He dicho. INVESTIGACIÓN SOBRE COBERTURA PRESTADA A AFILIADO POR ISAPRE. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, comparto la preocupación del diputado señor Alejandro García-Huidobro sobre la situación del arsénico en la Sexta Región, en particular en Caletones. Respecto de lo que él señaló, pido que el señor Contralor General de la República se pronuncie con la mayor celeridad sobre la interpretación que corresponde, porque el tiempo corre en contra de la seguridad ambiental de esa zona. En segundo lugar, con mucha preocupación me referiré a la situación que afecta a un vecino de la ciudad de Chillán, el profesor Rolando Guzmán Sandoval, quien padece de un linfoma agresivo, esto es, una variedad de cáncer, con la gravedad que ello implica. Él ha sido objeto de una serie de dilaciones y malos tratos por parte de la isapre Sfera, con domicilio central en la ciudad de Santiago. El señor Guzmán Sandoval, que padece una grave enfermedad, la cual, de no ser tratada de manera oportuna, sin duda le causará la muerte, ha recibido nula colaboración de la isapre mencionada. Se le rechazan las licencias médicas o se las acortan arbitrariamente, incluso cuando se le otorgan para ser hospitalizado y sometido a quimioterapia y, lo que es más grave, se le retrasan los pagos de las licencias, lo que obviamente pone en riesgo no sólo su capacidad para solventar los gastos médicos y familiares, sino que, además, esto le impide tener la mínima tranquilidad necesaria para recuperar su dañado estado de salud. Más aún, en un acto que a mi juicio reviste visos de inmoralidad, con el objeto de quitarse de encima la supuesta carga de un trabajador de verdad enfermo, la isapre solicita la declaratoria de invalidez a la comisión de salud de la AFP del afiliado, para que lo jubilen por enfermedad y así dejar de pagar sus licencias, sin perjuicio de las múltiples presiones para que se cambie a Fonasa. Investigando sobre esta materia, he podido detectar que esta isapre es muy pequeña, con algo más de 25 mil afiliados y, por ende, participa del 0,77 por ciento del mercado. Sin embargo, tiene costos de operación menores que los promedios y márgenes de utilidades superiores a 0,5 por ciento sobre el promedio neto del sistema, que es de 1,4 por ciento. Cabe preguntarse: ¿A costa de qué esta isapre tiene pingües utilidades? ¿Acaso su actitud de persecución a un trabajador, modesto profesor gravemente enfermo, no genera condiciones para el agravamiento de su estado de salud? Por lo dicho, solicito a la Superintendencia de Isapres, mediante oficio que pido se despache con copia al ministro de Salud, que investigue la forma en que se está atendiendo a este afiliado y se acelere la tramitación de los reclamos interpuestos por él. Estoy consciente de que sólo una acción mancomunada de las autoridades públicas, fundadas en consideraciones humanitarias, podrán dar algo más de esperanza de vida a un hombre y padre de familia que, al igual que muchos en el país, es dejado de lado cuando quiere utilizar los beneficios de una isapre a la que ha confiado su régimen de salud previsional. Es otro de los cuestionamientos que se le hace a una de las isapres del país y a este sistema privado de salud. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención para mejor comprensión. CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN OCTAVA REGIÓN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como lo sabe la opinión pública, hace algunas semanas se ha dado a conocer lo que se ha denominado, de manera absolutamente inexacta y antojadiza, el cartel de Coronel. Coronel, pueblo de mineros, de trabajadores forestales y de pescadores artesanales, que ha surgido por su lucha contra la adversidad, ha sido tratado indeseadamente en la opinión pública, en los medios de comunicación y en el comentario diario, como una zona que mantendría un cartel de la droga, lo cual ha dañado seriamente la estima, percepción y dignidad de una comuna de más de 100 mil habitantes que tiene el mayor crecimiento industrial de la Octava Región y es, en cantidad de habitantes, la mayor comuna de la provincia de Concepción. Las investigaciones sobre esa denuncia se están desarrollando con prontitud y celeridad, de modo que confiamos plenamente en la tarea de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, a fin de que pueda determinarse exactamente cuál es el llamado cartel de la droga de Coronel y explicarse esa situación. El problema existe, como lamentablemente ocurre en todo Chile, por lo cual la Cámara ha creado la Comisión especial de drogas. El tratamiento que se le ha dado a Coronel no ha sido justo y, por lo tanto, el mejor antídoto para una situación como ésta es tener claridad sobre las cifras. Solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministerio de Salud para que informe detalladamente sobre su estadística sobre el consumo de drogas en la Octava Región, provincia de Concepción, comuna de Coronel, en un cuadro comparativo con el resto de las comunas del país. En segundo lugar, pido oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre las inversiones hechas en dicha comuna en prevención del consumo de drogas, comparadas con las efectuadas en el resto de las comunas de la provincia de Concepción y en el país, en general. En tercer lugar, solicito que se oficie al Ministerio de Defensa, a fin de que Carabineros informe sobre la tarea que ha desarrollado en la lucha contra la droga, a fin de establecer estadísticamente cuáles son las comunas con mayor problema de drogas en el país en los últimos veinte años; cuál ha sido el porcentaje de estupefacientes o drogas decomisados en la Octava Región, comuna a comuna y, de manera muy especial, en Coronel; cuáles son las detenciones, los índices y parámetros que pueden determinar claramente dónde está centrado el problema de la droga en la Octava Región y en el país. Aquí se ha pretendido estigmatizar a la comuna de Coronel al adjudicarle un papel en el ámbito de la droga. La ilustre municipalidad de Coronel, la unión comunal de juntas de vecinos y los cientos de organizaciones sociales de Coronel, señalan que, si bien el problema existe y está detectado, no es un problema masivo que afecte a la mayoría de la población de Coronel, sobre la cual se ha tejido un “cartel” que no se merece ni corresponde. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. EMISIONES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA, DE CORONEL. Oficio. El señor NAVARRO.- A su vez, pido oficiar al ministro de Salud, a fin de que el Servicio de Salud de Concepción nos informe detalladamente de todos los antecedentes que existen sobre las emisiones de la central Bocamina, de Endesa, ubicada en Coronel. Hemos insistido hasta la saciedad en que se nos informe sobre el monitoreo realizado a las emisiones de esa planta que utiliza carbón. Claramente, está fuera de la norma, ¡ochocientas veces fuera de la norma! Las poblaciones aledañas están afectadas y, hasta la fecha, ignoramos los resultados de las fiscalizaciones y monitoreos que se han realizado. En la visita que hicimos a terreno en conjunto con el Servicio de Salud de Concepción, cuyo director de Medio Ambiente es el ingeniero químico don Richard Vargas, se determinaron plazos concretos para cumplir con las exigencias técnicas. Por lo tanto, quiero que se me informe sobre cuáles son las multas que se le han aplicado. En caso de que se le hayan concedido nuevos plazos para cumplir con las exigencias, deseo que se nos informe fundadamente por qué se actuó de esa manera; porque se trata de una central que funciona no sólo de emergencia, sino también de manera constante y que afecta a miles de personas de las poblaciones cercanas. Esta es una central térmica que está instalada en una zona populosa de la comuna de Coronel; y tanto la unión comunal, como los vecinos, las juntas de vecinos y las organizaciones sociales han planteado de manera reiterada que necesitan saber qué están respirando cuando esa planta trabaja, lo que muchas veces sucede durante las 24 horas del día. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. AYUDA A EX TRABAJADORES DE EMPRESA MADERERA DE TOMÉ. Oficio. El señor NAVARRO.- Por último, pido oficiar al ministro del Trabajo con el objeto de recabar información respecto de los programas de apoyo en favor de 82 trabajadores que han quedado cesantes en la localidad de Dichato, comuna de Tomé, debido a la quiebra de Maderas Dichato única empresa que tenía esa localidad, quienes se encuentran en una situación de absoluta inestabilidad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del honorable diputado señor Carlos Recondo. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.51 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.