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El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , es la segunda oportunidad que la honorable Sala conoce esta materia. Se trata de una moción que tiende a tipificar de mejor manera, como falta y delito, la discriminación que los proveedores realizan con sus clientes.
La ley del consumidor tuvo por mérito establecer una protección frente al abuso o arbitrariedad que puedan cometer, directamente, los proveedores a los usuarios. Sin embargo, no existe igual tratamiento legislativo para proteger los derechos de los pequeños comerciantes y distribuidores cuando son discriminados por los productores, distribuidores mayoristas o importadores. Ése es el objeto del proyecto en estudio, que ha sido aprobado por la Comisión de Economía. Ahora, en su segundo trámite reglamentario, se agrega un nuevo inciso mediante el cual los productores, importadores, distribuidores mayoristas y en general los distribuidores, estarán obligados a exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, incluyendo descuentos o rebajas por volumen, por pronto pago y servicios conexos que se ofrecen rebajados.
Con esta iniciativa se están creando las bases para que en la relación entre los agentes del mercado en nuestro modelo económico, las condiciones disponibles para los que cumplen determinados requisitos, se otorguen a otros que también los cumplen.
Por lo anterior, la bancada del PPD le dará su absoluto respaldo al proyecto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente , cuando en la Comisión de Economía discutimos el proyecto, lo que más valoramos, a partir del artículo único planteado, fue la idea de defender la libre competencia, que comenzará a ocurrir una vez que se apruebe, es decir, que lo que Chile tiene en la actualidad en materia de avance -cada vez mayor- para defender al consumidor, también se aplique al comerciante.
Existen la ley de defensa del consumidor y la de protección a las personas, y cada día el país avanza más en un sentido libertario para proteger a los individuos. Sin embargo, en el régimen económico también están los comerciantes que sufren situaciones de desprotección, en que no se aplica verdaderamente la libre competencia. La ley del consumidor no protege al comerciante de los proveedores.
En la actualidad hay condiciones de poca transparencia para comprar si se es comerciante. Es decir, un proveedor, un fabricante, un industrial, puede otorgar a algunos comerciantes ciertas condiciones, pero no así a otros. Alguien dirá que eso forma parte del juego del comercio, pero eso es así siempre que se especifiquen claramente los méritos que debe poseer el comprador para tener condiciones de privilegio. Entiendo que si una empresa constructora quiere comprar cien sacos de cemento, no podrá exigir a la fábrica el mismo precio que si compra 10 mil; es obvio. Pero actualmente las condiciones de oferta de ese cemento no son transparentes. El mejor ejemplo es el caso de las farmacias y que motivó la presentación de este proyecto, que viene desde hace bastante tiempo; es muy anterior a cuando empecé a participar en su discusión en la Comisión de Economía.
La idea de la iniciativa consistía en corregir lo que está ocurriendo con las farmacias. Muchas intentaban comprar en condiciones que secretamente se estaban dando a otras. Entonces, en vez de caer por el dumping, cayeron por los precios especiales que las cadenas de farmacias privilegiadas recibían de parte del laboratorio, con lo cual las otras prácticamente desaparecieron.
Veamos lo que sucede con el comerciante de Patronato, con el de la feria persa de Zapadores, con el del pequeño almacén. El de Patronato quiere comprar -no digo al algodonero o al industrial textil, porque, prácticamente, le compra más a los importadores por el tipo de modelo económico que tenemos en Chile, que no favorece a dicha industria, pero es un paréntesis de queja adicional que entrego-, pero lo que encuentra es que su precio en vitrina, cuando remarca para colocar la utilidad, es notablemente más alto que aquel con que compra otro comerciante que recibe condiciones de privilegio. Pregunto: ¿El comerciante de Patronato no tiene derecho a estar informado acerca de qué méritos debería tener?
El proyecto que estamos tratando significa que el decreto ley Nº 211 sancionará al proveedor que no diga a nuestro comerciante de Patronato que existen condiciones tales que, si las cumple, tendrá un precio especial. Así, esto podría extenderse no sólo a los comerciantes importantes de Patronato, de Santiago o de cualquier punto del país, sino al pequeño, incluso al feriante y a otros muchísimo más chicos. Alguien dirá que los establecidos en los alrededores de Santiago tienen fuerte poder de compra. Otro dirá: ¿Cómo compra el feriante de Zapadores? En la feria persa de Zapadores, desde Guanaco hasta Recoleta , hay 750 feriantes; si se unen y compran los productos que quieren vender, pueden llegar a comprar tal cantidad que puede resultar un precio muy bueno; pero para eso, el proveedor, el fabricante, el industrial, debe exhibir con claridad en qué momento y por cuál cantidad de compra dará un precio de privilegio, y no como ocurre con las condiciones de privilegio actuales, que transgreden las normas de libre competencia.
Este proyecto coloca más claridad en la información, más transparencia y establece la sanción.
Al revisar el mercado con los especialistas, hemos visto que, cuando se quiere instalar un supermercado en cualquier punto del país, no se necesita hacer un estudio de clientela; basta con revisar dónde existen almacenes, y si encuentra una cantidad grande, el dueño del supermercado sabe que existe gran cantidad de compradores. Como tiene condiciones especiales de privilegio para comprar, porque es supermercado, simplemente lo instala; ni siquiera hace encuestas; sabe que se va a nutrir gracias a la quiebra de los pequeños almacenes de barrio. En este caso, incluso estos almacenes podrían unirse para conseguir las condiciones de compra que consigue el supermercado, siempre que se cumpla con la transparencia en la información, porque en la actualidad no basta con comprar gran cantidad, debido a que hay información oculta.
Eso es lo que sucedió con las farmacias. Hubo información y condiciones de venta abusivas para el resto de los competidores. Es decir, las pequeñas farmacias no tenían idea de que podían acceder a determinados precios si cumplían ciertas condiciones, porque, como eran secretas, les decían que nunca las cumplirían, porque no se las iban a informar.
Así se originó la situación. A veces, se trata de precios; otras, de regalos, propagandas, promociones, tipos de publicidad que se regalan. Si la empresa de bebidas quiere regalar a un gran supermercado determinada promoción, con modelos, avisos de neón, regalos, viajes, también deberá ofrecerla a la pequeña botillería de barrio. Lo único que tendrá que decirle es que, si le compra dos cajas de bebidas, no le dará las mismas condiciones que si le compra dos mil. Si no llega a las dos mil, no le regala la promoción.
¿Quién sabe si se unen todas las botillerías del barrio, consiguen las buenas condiciones y salen adelante del problema?
Eso ocurre en los países más avanzados de economía de mercado y tiende a poner fin a una práctica abusiva.
El decreto ley Nº 211 existía estrictamente para las prácticas monopólicas; en cambio, hoy lo estamos extendiendo -lo decimos claramente en el artículo- para todo lo que produzca arbitrio o abuso en cualquiera de las condiciones de comercialización, tanto en la compra por parte de un comerciante como en la venta y distribución de los productos a que se refiere el artículo, y por parte de los proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos.
Los ciudadanos comerciantes que han sufrido estas prácticas abusivas y que tienen malas condiciones de precios, ahora podrán obtener mejores.
En los últimos días se han hecho anuncios para incentivar la construcción. Quiero recordar que muchas veces sucedió que grandes empresas constructoras fueron socias y copropietarias de fábricas de cemento, de hormigón preparado, de fábricas de mezclas, con lo cual, naturalmente, construían un departamento a un precio notablemente más barato que el otro constructor, pero el resto no tenía la información para acceder a ese precio.
Este decreto podrá ser usado el día de mañana por el ciudadano que esté escuchando para reclamar el precio ante la Comisión Resolutiva.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente , quiero valorar el proyecto, que es moción parlamentaria, porque pretende resguardar la libre competencia en ciertos mercados que, no siendo monopólicos, sin embargo, por cierta verticalidad en la cadena entre productor, proveedor y comerciante final, presenta ciertas dificultades de operación.
Lo cierto es que el más típico de estos mercados es el farmacéutico, como señaló el diputado señor Hales , pero nada puede hacer pensar que en el futuro no puedan presentarse situaciones similares en otros mercados en que también existe cierta verticalidad entre los productores y el vendedor final, lo que permite una competencia desleal para ciertos comerciantes.
Entonces, la iniciativa pretende evitar discriminaciones entre vendedores finales. El proyecto refleja la voluntad de que exista transparencia en el mercado, lo que es muy importante, ya que lo que sucede actualmente, incluso, puede reflejarse en los precios; se puede generar un mercado monopólico difícil de controlar en el futuro tanto por las autoridades en general como por los organismos antimonopólicos.
Por estas razones, apoyamos este proyecto, para que todos los actores del mercado, final o intermediario -porque también afecta a estos últimos-, de cualquier sector, sean tratados por igual. Por eso es importantísimo este tema de la transparencia, en que los distribuidores, los productores, los mayoristas tengan a la vista las condiciones de venta al comerciante final o intermediario.
Estamos convencidos de que este proyecto ayuda a un funcionamiento transparente y competitivo de los mercados y evita la aparición de futuros mercados controlados monopólicamente. Por ello lo votaremos favorablemente y esperamos que sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , la discusión de este proyecto, al que me opuse en su oportunidad, comenzó el jueves pasado, por lo que tendré que reiterar parte de los argumentos, debido a las intervenciones que se han realizado en esta honorable Sala.
Partiré con una reflexión. De las intervenciones de los diputados señores Tuma , Hales y Encina podría concluirse que este tipo de conductas no está sancionada en nuestra legislación. Ello es erróneo. Sí lo está, como lo voy a demostrar.
Este proyecto de ley modifica el decreto ley Nº 211, es decir, el que se refiere a atentados en contra de la libre competencia.
Existen diferentes caminos para enfrentar este tema. El decreto ley Nº 211 estableció en su artículo 1º una definición o una descripción genérica de lo que constituye un atentado en contra de la libre competencia, y en el artículo 2º, que es el que se está modificando, indicó algunos ejemplos.
Lo que persigue el decreto ley Nº 211 es evitar acuerdos de voluntades para vender a precios superiores de los que se lograrían en un mercado libre, en el que la oferta y la demanda juegan sin distorsiones o alteraciones artificiales por parte de los productores, distribuidores o vendedores al detalle.
Aquí debemos evitar rigidizar las distintas operaciones comerciales, porque en la medida en que ello ocurra, a la larga se va a perjudicar al consumidor.
Soy partidario de mantener el concepto que hay detrás del decreto ley Nº 211, porque la actual letra f) de su artículo 2º establece una definición amplísima para que la Comisión Resolutiva conozca de estos casos, al señalar que es un atentado en contra de la libre competencia “cualquier otro arbitrio” que tienda a impedirla.
A mi juicio, hay una línea divisoria que muchas veces es muy difícil de establecer entre lo que es rivalidad comercial y competencia desleal, por lo que prefiero que la determinen los tribunales. En un mundo tan dinámico, tan flexible, tan ágil, tan rápido -repito-, prefiero que sean los tribunales, o sea, la Comisión Resolutiva, la que, basándose en una norma amplia como la que he señalado, determine en cada caso qué es o no es atentado en contra de la libre competencia.
El artículo 2º establece la obligación de publicar todos los descuentos por pronto pago. Con el solo hecho de publicar esa información se está entregando una herramienta a la competencia, es decir, a quien trata de vender más barato, conseguir mejores precios o realizar mejores ofertas.
Señor Presidente , considero que el camino por el que estamos optando es delicado, por lo que, tal como expresé, prefiero dejar que la Comisión Resolutiva resuelva en cada caso, sobre la base de una norma amplia, como la de la letra f) del artículo 2º, en lugar de rigidizar las operaciones comerciales. La tendencia en el mundo actual es flexibilizar y tener organismos eficaces que sancionen los atentados en contra de la libre competencia.
Otro tema muy distinto, que se ha planteado en esta Sala más de una vez, es la eficacia de los organismos o tribunales llamados a resguardar la libre competencia. Los tribunales económicos son un tema pendiente. Muchos de estos proyectos surgen porque aún nuestros tribunales o los organismos que tienen que velar por la libre competencia son débiles, ya que han permitido ciertos abusos, con lo que se va deslegitimando el sistema. Sin embargo, creo que esta solución es mala, porque lo que debemos hacer es fortalecer los tribunales y la fiscalización, y no rigidizar las operaciones de carácter comercial por la vía legal.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , el objetivo de este proyecto de ley es lograr que los consumidores finales obtengan precios mejores para los productos que consumen. Para ello es fundamental que el mercado, que va fijando esos precios, sea lo más transparente, equitativo e igualitario posible, con el fin de que todos los actores que entren a competir tengan las mismas posibilidades de lograr ganancias y salir adelante, y con eso, generar más productividad, menores precios y mejor calidad para los productos que van a ser comercializados.
En este esquema, considero que el proyecto es una gran ayuda para los nuevos actores que se van incorporando al mercado, porque, como es obvio, quienes ya están consolidados y tienen toda una historia, una experiencia y una red de contactos en ese mercado, se resisten a que entre nueva competencia. Una manera de hacerlo es ocultar información o dar un trato discriminatorio y negativo a las relaciones comerciales con los empresarios que están llegando al mercado. Este proyecto de ley apunta a favorecer el ingreso de nuevos actores al mercado, porque van a contar con información que les está siendo entregada por ley en forma general, lo que les permitirá elaborar mejor sus planes y evaluar con mayor precisión su gestión, para, de esta manera, producir bienes y servicios que puedan competir con los que ya están en el mercado.
Considero muy bueno romper todo tipo de inseguridad y de negación de información, así como de trato discriminatorio de parte de quienes ya están instalados en el mercado hacia los actores que están ingresando a él. Es una buena señal.
Por lo anterior, estimo positivo que la iniciativa sea despachada por la Cámara tal como figura en el texto que discutimos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente , muchas de las instancias, instrumentos y mecanismos que existen en nuestro país para otorgar transparencia a las transacciones comerciales, a las relaciones entre compradores y vendedores, no han funcionado, funcionan muy lentamente o para acudir a ellas y hacer transparencia es indispensable realizar un verdadero trabajo de detective, que permita comprobar que se está frente a una arbitrariedad o a un abuso en una transacción comercial.
Llevamos muchos años en el Congreso demandando al Ejecutivo la creación de los tribunales económicos, que, sin duda, van a constituirse en la instancia apropiada para otorgar real transparencia al mercado, donde los derechos de unos y otros estén debidamente resguardados.
Mientras eso no ocurra, numerosos casos de relaciones comerciales entre distintos agentes no serán transparentes.
Una de las cosas que, probablemente, ha estimulado la falta de transparencia en el país es la concentración excesiva de diversos poderes compradores que, a mi juicio, existen en distintas áreas.
Es bueno que intente ilustrar a la Sala con un ejemplo sobre las empresas que compran determinados productos agrícolas, sector al que me siento cercano y vinculado por la zona que represento.
Muchos señores diputados, probablemente, no saben que, como no son muchas las empresas económicamente poderosas, pagan a los productores los precios que estiman conveniente, con un grado de arbitrariedad y de absoluta unilateralidad en sus decisiones. Como fácilmente pueden ponerse de acuerdo, impiden que un productor se cambie de empresa cuando se siente maltratado en la relación comercial.
Este ejemplo, que sirve para la leche, se puede hacer extensivo a muchos productos, no sólo agrícolas, sino de otras áreas, y amerita modificaciones legales, como las que se proponen en este proyecto.
En todo caso y aunque la iniciativa se convierta en ley, todavía estaremos lejos de la solución definitiva del problema, pero, sin duda, va a ser un instrumento útil para avanzar en esa dirección, porque un proyecto de esta naturaleza es también un llamado de atención respecto del mercado, que en muchas etapas y en muchos rubros no funciona con transparencia ni con los debidos resguardos de los derechos de los grandes y pequeños en las transacciones comerciales.
Voy a votar a favor e invito a los señores diputados también a hacerlo, reiterando, una vez más, la necesidad de avanzar hacia la creación de los tribunales económicos, único instrumento que dará igualdad de oportunidades a los agentes que participan en nuestra economía y otorgará transparencia al funcionamiento del mercado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , en primer lugar, el decreto ley Nº 211, al cual se desea introducir ciertas modificaciones, a mi juicio, ya contempla normas claras y efectivas para resguardar la transparencia y la competencia en los distintos mercados.
Considero que las modificaciones que se pretende realizar, más que contribuir a transparentar los mercados, les introduce rigideces, puesto que no se pueden imponer por ley ciertas condiciones a negociaciones entre las partes y que, generalmente, son acuerdos de voluntades, respecto de distintas circunstancias.
En la relación comercial van a influir aspectos como la forma de pago, al contado o a crédito; los plazos, la antigüedad de esa relación comercial, el grado de cumplimiento en tratos anteriores, la solvencia potencial del comprador y las normas o condiciones que aplica la competencia en el mercado de que se trate.
En esa perspectiva, considero que un proyecto de esta naturaleza es un paso atrás, es introducir rigideces y, además, no tiene mucho sentido, pues ya el decreto ley Nº 211 contempla, en forma general y específica, las sanciones cuando se atenta contra el funcionamiento del libre mercado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar en particular.
En votación el artículo único.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Bertolino, Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García-Huidobro, Gutiérrez, Hales, Jarpa, Jocelyn-Holt, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Prokurica, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Vargas y Villouta.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Díaz, Leay, Orpis y Ovalle (doña María Victoria).
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