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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Monge.
El señor MONGE .-
Señor Presidente , por años he debido recorrer diferentes sectores rurales del país, muchas veces como portador de la ayuda solidaria enviada por los agricultores del sur a sus congéneres del norte. Casi siempre me he encontrado con algún grado de anormalidad climática: sequía, granizos, helada, inundaciones o nevazones.
La normalidad pareciera darse tan sólo en algunas áreas de la zona central, que afortunadamente cuentan con seguridades de riego bastante altas. Estas anormalidades no son de extrañar, tratándose el nuestro de un país largo con variados climas y microclimas y que, además, cuenta con una configuración topográfica muy diversa. Pareciera ser que estas anormalidades, que van de un extremo a otro, son una constante y constituyen la normalidad propia del campo chileno, con las cuales debemos definitivamente aprender a convivir.
Los gobiernos, cada vez que se ven enfrentados a una catástrofe natural se ven obligados a tomar medidas que, históricamente, presentan algunas constantes: la improvisación, la falta de oportunidad, el mal uso de los recursos y la ineficacia, que se traducen en frustración para los afectados.
Por otra parte, los esfuerzos que se realizan terminan junto con los primeros signos de normalidad: una lluvia o el cese del temporal. Tratándose de fenómenos naturales, eminentemente cíclicos, al cabo de pocos años de nuevo deben afrontarse las mismas situaciones y partir de cero.
Las obras de infraestructura, que se construyeron precisamente para prevenir las emergencias, por lo general no funcionan, cayeron en desuso o presentan serios daños o defectos que las hacen inoperables.
Las ayudas de tipo social destinadas a los damnificados, a menudo se distribuyen con un alto grado de discrecionalidad y surgen espontáneamente los traficantes de las emergencias, que intermedian a cambio de jugosos sobreprecios con bienes escasos, o se apropian de los elementos y ayudas dispuestos por la autoridad para paliar la dramática situación de los afectados.
Escuelas y postas sin agua, pobladores que deben efectuar largos viajes para conseguir el vital elemento, mortandad de animales y cultivos irreversiblemente perdidos, que se traducen en la ruina para miles y miles de esforzados chilenos que viven en zonas rurales, muchas veces ante la mirada impávida de una burocracia poco comprometida con el drama humano que se vive.
Me parece que ya es hora de tomar medidas en serio y de largo plazo, dejando atrás la consabida improvisación a que me he referido y que no constituye un misterio para nadie. Si queremos atacar a fondo los problemas, antes que todo debemos descentralizar los organismos encargados de tomar decisiones, ya que las realidades son diametralmente diferentes de una región a otra, y crear comisiones preventivas de emergencias de carácter regional, integradas por representantes del sector público, municipal y privado, dotadas de una real capacidad de decidir y administrar los recursos contemplados para enfrentarlas.
Quiero profundizar respecto de lo señalado por los Diputados señores Melero y Letelier.
Entre otras funciones, estas comisiones deben determinar las condiciones objetivas de emergencia, sobre la base de parámetros también objetivos; diseñar planes regionales de emergencia; administrar los recursos destinados al efecto y coordinar a los diferentes servicios que deben intervenir ante este tipo de situaciones; establecer un catastro regional de zonas agroclimáticas de riesgo; coordinar con suficiente antelación el empadronamiento de la población que vive en ellas; fijar prioridades ante proyectos u obras destinados a prevenir emergencias, velando por que su diseño y puesta en función sean adecuados y por que durante su vida útil presten los servicios esperados; estimular las acciones o proyectos para la prevención de catástrofes climáticas o de saneamiento ambiental que propongan los propios interesados, cuidando que las obras o inversiones se mantengan siempre operables; centralizar la información referida a las reservas de nieve y agua en los embalses y arbitrar medidas para su adecuada distribución entre los usuarios; mantener actualizado el inventario de elementos entregados a los municipios u organizaciones campesinas para enfrentar las emergencias; mantener un registro actualizado de proveedores de insumos y elementos necesarios para paliar los efectos de las emergencias, previamente seleccionados, y convenir mecanismos para determinar los precios en la eventualidad de que sea necesario adquirirlos; recomendar medidas de tipo técnico para el manejo de cultivos, plantaciones y animales, con el fin de optimizar la utilización de los recursos y difundirlas en forma adecuada, y establecer el monto de los recursos que deben destinarse en los presupuestos regionales para enfrentar y prevenir las emergencias.
Por último, dado el grado de desarrollo alcanzado por el país y la modernización de nuestro sistema de información, hoy es posible pensar en la implementación de un seguro contra catástrofes agrícolas, de corte masivo, con financiamiento mixto, mayoritariamente estatal, focalizado a los pequeños agricultores de las zonas de mayor riesgo, que les permita percibir, durante los períodos de emergencia debidamente declarados por las comisiones regionales, un ingreso mensual equivalente, al menos, al 50 por ciento del ingreso mínimo, con el fin de evitar la discrecionalidad y el paternalismo en la distribución de las ayudas y asegurar una más amplia cobertura y acceso a los beneficios por parte del mundo rural.
Las medidas propuestas figuran en el proyecto de acuerdo que se someterá a la consideración de la Sala.
He dicho.
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