REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 338�, ORDINARIA Sesi�n 5�, en mi�rcoles 10 de junio de 1998 Ordinaria (De 15:46 a 18) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, Y MARIO R�OS, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, EL SE�OR JOS� LUIS LAGOS L�PEZ, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... R�plica del Senador se�or Err�zuriz a declaraciones contrarias a pr�cticas parlamentarias......................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que modifica el art�culo 194 del C�digo del Trabajo, en materia de protecci�n a la maternidad (se aprueba en particular) (1760-13).............................................................................. Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Convenio 151 sobre protecci�n del derecho de sindicaci�n y condiciones de empleo en la Administraci�n P�blica (queda pendiente su discusi�n) (1958-10)....... VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Chadwick Pi�era, Andr�s --Cordero Rusque, Fernando --D�ez Urz�a, Sergio --Err�zuriz Talavera, Francisco Javier --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --P�rez Walker, Ignacio --Pinochet Ugarte, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prat Alemparte, Francisco --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurri�, adem�s, el se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social subrogante. Actu� de Secretario el se�or Jos� Luis Lagos L�pez, y de Prosecretario, el se�or Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 15:46, en presencia de 19 se�ores Senadores. El se�or R�OS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 5�, ordinaria, en 7 de abril del a�o en curso, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 6�, ordinaria, en 8 de abril del presente a�o, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or R�OS (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Dos de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias. (Bolet�n N� 2160-05). (V�ase en los Anexos, documento 1). --Pasa a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social, y a la de Hacienda. Con el segundo comunica que ha dado su aprobaci�n al informe de la Comisi�n Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas C�maras con ocasi�n de la tramitaci�n del proyecto de ley que regulariza la construcci�n de bienes ra�ces urbanos sin recepci�n definitiva. (Bolet�n N� 1873-14). (V�ase en los Anexos, documento 2). --Queda para tabla. Comunicaci�n Del Honorable Senador Ruiz-Esquide, con la que solicita rechazar la solicitud de la C�mara de Diputados que pide archivar el proyecto de ley que modifica el C�digo Penal en relaci�n con el delito de genocidio (Bolet�n N� 819-07), cuya resoluci�n se encuentra pendiente desde el 31 de marzo del presente a�o. --Se rechaza el archivo solicitado. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta. El Senador se�or Err�zuriz, en virtud de lo dipuesto en el art�culo 114 del Reglamento del Senado, ha solicitado hacer uso de la palabra, petici�n a la que accede la Mesa. Tiene la palabra, Su Se�or�a. DECLARACIONES CONTRARIAS A PR�CTICAS PARLAMENTARIAS DEL SENADOR SE�OR ERR�ZURIZ. R�PLICA DE ESTE �LTIMO El se�or ERR�ZURIZ.- Se�or Presidente, es una l�stima que el Senador se�or Ruiz, en mi ausencia, una vez m�s, me ataque en forma personal. Lo que le molest� es que me haya defendido de sus acusaciones consignadas en "La Prensa Austral", de Punta Arenas, en diversos medios de comunicaci�n radiales, y otros. La referida publicaci�n consigna que el se�or Senador culp� al Presidente de la Comisi�n de Econom�a del Senado que habla, y a todos sus miembros, por la postergaci�n del viaje acordado a la Und�cima y Duod�cima Regiones para escuchar directamente de las fuerzas vivas de la zona sus inquietudes y sugerencias respecto del Plan Austral, que acertadamente propicia el Gobierno. Adem�s, el referido diario, con fecha 19 de mayo reci�n pasado, consigna textualmente las acusaciones del Senador se�or Ruiz, en las que expresa, refiri�ndose a mi persona, lo siguiente: "lo culpo como responsable de que pr�cticamente durante 2 a�os el Plan Austral est� pr�cticamente paralizado en el Senado". Consultado sobre el particular, respond� simplemente que no eran efectivas tales declaraciones. Me encargu� de precisar, adem�s, que la Comisi�n y todos sus miembros hab�an trabajado arduamente, pues la verdad es que s�lo tomamos conocimiento del proyecto y nos abocamos a su estudio -dado que la mayor�a de los se�ores Senadores no hab�an tenido oportunidad de estudiarlo porque reci�n se incorporaban al Senado-, el d�a 8 de abril, habiendo sesionado en ocho ocasiones en las primeras tres semanas de trabajo legislativo, descontada la regional. As� debi� reconocerlo ante Sus Se�or�as el propio se�or Senador la semana pasada. �De qu� obstaculizaci�n, entonces, pod�a culparme si, como todos saben, hemos sesionado los martes hasta la medianoche, y los mi�rcoles, de 9 � 9:45 hasta las 11:30? A esas reuniones, en el 38 por ciento de las oportunidades, el Honorable colega, por diversas razones, excus� su asistencia, como �l mismo ha reconocido. No se puede acusar al Senador que habla de obstaculizar durante dos a�os un proyecto de ley que estimo del mayor inter�s para toda la zona austral, que he conversado personalmente con el Ejecutivo y el Ministro del ramo, para ver las mejores formas de introducirle modificaciones, encontrando siempre la mejor disposici�n en el Gobierno. No s� de qu� forma calificar las acusaciones y cargos que, en forma tan injusta, p�blicamente me formul� el Honorable se�or Ruiz, no s�lo a mi persona, sino tambi�n a toda la Comisi�n que presido. Lo anterior, al referirse al viaje un�nimemente acordado por ella y otros se�ores Senadores, incluidos los representantes de las Regiones Und�cima y Duod�cima, viaje que por razones personales algunos de ellos, dentro de los cuales no me cuento, no pudieron realizar. En su intervenci�n, el Senador se�or Ruiz ha expresado que, por un error period�stico, debidamente aclarado, sus acusaciones y cargos no fueron por obstaculizar por dos a�os el proyecto, sino por haber paralizado por dos meses el trabajo legislativo. Agreg� que "La Prensa Austral" efectu� la respectiva aclaraci�n. Pero lo que es realmente gracioso es que, en su intervenci�n en esta Sala, el Honorable colega expres� textualmente que "de esta aclaraci�n al Diario Austral han transcurrido ya dos semanas y el Senador Err�zuriz no ha tenido la deferencia de acercarse al suscrito para, por lo menos, darle alguna explicaci�n". Encuentro realmente pintoresco -debo ser sincero- que por ciertos errores de una publicaci�n deba yo entregarle explicaciones al Senador se�or Ruiz. Opino que los cargos y falsedades imputadas por �l en cuanto a haber obstaculizado el despacho de la Ley Austral por dos a�os, o por dos meses, son igualmente falsos unos como otros. Al momento de la publicaci�n en cuesti�n, las acusaciones del Honorable se�or Ruiz en contra del Senador que habla y de la Comisi�n de Econom�a no hab�an ni siquiera transcurrido dos meses desde su constituci�n. Por lo tanto, sus acusaciones de obstaculizar durante dos a�os o dos meses determinado proyecto de ley son inexactas. En consecuencia -quiero ser sincero-, no dar� ninguna excusa al Senador se�or Ruiz. Con gusto lo hubiera hecho, en cambio, si hubiese cometido el error de imputarle lenidad o mala fe en su trabajo legislativo. Por el contrario, espero sus disculpas, en nombre de todos los se�ores Senadores integrantes de la Comisi�n de Econom�a del Senado, y en el m�o propio. Debo s� celebrar, pues me gusta ser muy preciso, que la actitud del Senador se�or Ruiz ha cambiado �ltimamente, pues en un inicio se opon�a a cualquier proposici�n de los se�ores Parlamentarios, argumentando que el patrocinio correspond�a s�lo al Ejecutivo en estas materias -as� es-, y que, por lo tanto, lo importante era despachar a la brevedad la iniciativa, sin proponerle cambios. En las �ltimas sesiones, sin embargo, se ha sumado a la posici�n un�nime de todos los dem�s Senadores, de Oposici�n o de Gobierno, e incluso suscribi� el acuerdo por medio del cual enviamos un oficio al Gobierno con todos nuestros puntos de vista, incluyendo apreciaciones en diversas materias que, siendo constitucionalmente de patrocinio del Ejecutivo, estim�bamos que deb�an ser consideradas para los efectos de mejorar la iniciativa. El Gobierno ha estudiado detalladamente nuestras propuestas y esperamos que sean prontamente acogidas. As� entendemos nuestra funci�n como legisladores, y no como meros revisores de las iniciativas del Ejecutivo. Es nuestra funci�n intentar mejorar las propuestas, aunque el patrocinio le corresponda a �l, discutiendo y analizando en conjunto la mejor forma de hacer buenas leyes. En consecuencia, ruego al se�or Senador sumarse permanentemente a nuestro esfuerzo, y no transformar en discusiones ineficaces los an�lisis legislativos en los cuales estoy seguro que todos podemos aportar, en bien del cumplimiento de nuestras altas funciones como Senadores y legisladores. Con igual claridad y firmeza, rechazo tajantemente los cargos que el Senador mencionado me formul� sin justificaci�n alguna, los que clara y tajantemente desvirtu�. Tambi�n rechazo las nuevas imputaciones formuladas en la Sala la semana pasada por �l, en las cuales se�al� textualmente que "desprestigia a la pol�tica la conducta y actuaci�n de algunos de sus integrantes, y concretamente me refiero al H. Senador Err�zuriz cuya conducta deja mucho que desear". En lugar de arrogarse atribuciones de juez, o de "Cat�n el Censor", ser�a mucho mejor que el Honorable colega cambiara su conducta, aportando su conocimiento regional a la discusi�n y mejoramiento del Plan Austral, en lugar de transformarla en otro asunto, lo cual, desde ya, declaro que no aceptar�. Los an�lisis y debates de estas materias en la Comisi�n de Econom�a, que presido, ser�n asuntos de car�cter absolutamente t�cnico y su discusi�n, profesional; ser�n serios y profundamente tratados, y no aceptar� que se conviertan en cierto tipo de discusiones por los diarios, en los cuales, buscando figuraci�n, yo deba aceptar que se me ataque y denoste injustamente. Los habitantes de Palena, de la Und�cima y Duod�cima Regiones desean que hagamos nuestro aporte para mejorar la iniciativa legal, y no que transformemos la labor que nos corresponde en in�tiles discusiones y p�rdidas de tiempo, para las cuales, al menos el Senador que habla no est� disponible. En consecuencia, doy por definitivamente concluido el incidente iniciado, con acusaciones falsas del Senador se�or Ruiz De Giorgio, que de inmediato me preocup� de calificar en duros t�rminos -eso es cierto-, pues me pareci� inaceptable que, por causa, motivo o razones hechas presentes por algunos colegas, dentro de los que no me cuento, para no poder concurrir en determinada fecha a la Zona Austral, un se�or Senador haya optado por hacer desafortunadas acusaciones p�blicas, suponiendo intenciones y culp�ndome de obstaculizar, ya sea por dos a�os o por dos meses -da lo mismo-, una iniciativa que interesa a todo Chile y a cuyo respecto debemos poner nuestros mejores esfuerzos, experiencia y conocimientos para evitar la repetici�n de los problemas nacidos de la ya tristemente c�lebre Ley de Fomento de Arica. El se�or RUIZ (don Jos�).- Pido la palabra, se�or Presidente, porque he sido injuriado en esta Sala. Y, de acuerdo con el Reglamento del Senado, como no insult� al Honorable se�or Err�zuriz cuando intervine, por lo menos, tengo derecho a defender mi honra en el Senado. El se�or ERR�ZURIZ.- S�lo he le�do declaraciones textuales. Esto no es un debate. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Su Se�or�a comprende la situaci�n. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Deseo advertir lo siguiente. No tengo ning�n problema en ofrecer la palabra al se�or Senador, pero entiendo que despu�s la pedir� el Honorable se�or Err�zuriz, y continuaremos as� sucesivamente. El se�or RUIZ (don Jos�).- Yo no caer� en lo mismo, se�or Presidente. S�lo har� una aclaraci�n, pues he sido insultado. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Muy bien. Tiene la palabra, se�or Senador. El se�or RUIZ (don Jos�).- S�lo deseo manifestar que al Honorable se�or Err�zuriz le asiste el leg�timo derecho de hacer cualquier aclaraci�n. �l puede entregar todos los argumentos que estime pertinentes, pero no tiene derecho a insultar a otro Senador. No aceptar� que en el hemiciclo se tergiversen los hechos, porque eso significa rebajar el debate en un estamento pol�tico como el Senado de la Rep�blica. A mi juicio, ello ofende a los propios colegas que se encuentran presentes. Entregar� oportunamente un certificado proporcionado por la propia Comisi�n que desvirt�a absolutamente las declaraciones hechas en Magallanes por Su Se�or�a. No lo voy a calificar ni a descalificar; simplemente dar� antecedentes tanto a esta Sala como a la opini�n p�blica de Magallanes mediante un certificado en donde se atestigua la falsedad de las imputaciones que �l me ha hecho. Por lo tanto, se�or Presidente, sin entrar al mismo nivel del debate que Su Se�or�a ha planteado en esta Sala, yo simplemente reclamo que los Senadores de la Rep�blica se traten con el respeto que merecen sus investiduras, independientemente del juicio que uno pueda tener, de la forma en que se est�n tratando los proyectos y de los argumentos que se entreguen a favor o en contra. Pero a lo que no tiene derecho ning�n se�or Senador, aunque sea Presidente de una Comisi�n, es a insultar, ni en p�blico ni en privado, a otro miembro del Parlamento. En consecuencia, manifiesto mi reclamo formal por lo ocurrido. El se�or ERR�ZURIZ.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or R�OS (Vicepresidente).- S�lo para hacer aclaraciones, Su Se�or�a. Despu�s dar� por terminado este debate. El se�or ERR�ZURIZ.- As� lo har�, se�or Presidente. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra, se�or Senador. El se�or ERR�ZURIZ.- En primer lugar, deseo manifestar al Honorable se�or Ruiz De Giorgio que nunca ha habido intenci�n alguna de injuriar a nadie. Lo digo para que no haya temores. Segundo, que he respondido a las acusaciones y a los cargos que �l mismo me formul�, al intentar -a mi juicio vanamente- denostarme y atacarme, se�alando: "Lo culpo como responsable de que pr�cticamente haya obstaculizado el despacho de la ley en el Senado". La obstaculizaci�n es un cargo grave para un Parlamentario y supone intenciones. Esto no debe suceder entre nosotros, porque ning�n colega tiene derecho a juzgar la actuaci�n de los dem�s. Yo he respondido diciendo que eso es falso. Tengo en mis manos lo que manifest� textualmente el se�or Senador, y quiero mostrarlo: est�n las declaraciones de la prensa y lo que dijo en el diario. Por dos a�os o por dos meses, aquello era igualmente falso. Por lo tanto, he contestado acusaciones que no debi� haber hecho el Honorable se�or Ruiz De Giorgio, porque no eran justas, no correspond�an a la verdad y porque, adem�s, estaba denostando la actuaci�n de un Senador. Creo que nadie tiene derecho a venir a juzgar el accionar de los dem�s, con actuaciones y acusaciones tan falsas como la que he se�alado. Como dije, ya termin� el incidente. Estoy seguro de que todos los certificados que entregue Su Se�or�a no har�n sino confirmar exactamente lo que he manifestado. Muchas gracias. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, en la prensa no se me trata como corresponde. El se�or R�OS (Vicepresidente).- La Sala ha o�do la opini�n de ambos se�ores Senadores. Creo que han sido muy importantes e interesantes. _____________ El se�or PRAT.- �Me permite, se�or Presidente, para referirme a la Cuenta? El se�or R�OS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra, Su Se�or�a. El se�or PRAT.- Quiero aludir brevemente a un proyecto despachado por la C�mara de Diputados. Tiene que ver con aumentos de pensiones (Bolet�n N� 2160-05), y ha sido enviado a las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Solicito que los mencionados �rganos t�cnicos act�en en forma conjunta. El se�or R�OS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, as� se acordar�. Aprobado. Comunic� que ha llegado un fax del Presidente de la Rep�blica que se refiere a esa misma iniciativa, con el objeto de calificar su urgencia de "Suma". Lo digo para los efectos de que quien presida las Comisiones unidas, la de Hacienda en este caso, cite pronto a sesi�n. V. ORDEN DEL D�A MODIFICACI�N DE C�DIGO DEL TRABAJO SOBRE PROTECCI�N A LA MATERNIDAD El se�or R�OS (Vicepresidente).- Corresponde continuar la discusi�n particular del proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el art�culo 194 del C�digo del Trabajo, en materia de protecci�n a la maternidad, con segundo informe de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. �Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 47�, en 9 de abril de 1996. Informes de Comisi�n: Trabajo, sesi�n 47�, en 7 de mayo de 1997. Trabajo (segundo), sesi�n 2�, en 3 de junio de 1998. Discusi�n: Sesiones 17�, en 16 de julio de 1997 (se aprueba en general); 3�, en 9 de junio de 1998 (queda para segunda discusi�n); 4�, en 10 de junio de 1998 (queda pendiente su discusi�n particular). El se�or R�OS (Vicepresidente).- La discusi�n qued� pendiente respecto del asunto que figura en la p�gina 2 del comparado. Como todos los se�ores Senadores ya intervinieron, se pondr� en votaci�n lo que el se�or Secretario dar� a conocer. El se�or LAGOS (Secretario).- La Sala debe pronunciarse sobre la proposici�n de la Comisi�n, que incorpora como N� 2, nuevo, el siguiente: "2. Supr�mese el inciso final del art�culo 201.". Esta norma dice: "Lo dispuesto en este art�culo no es aplicable a las trabajadoras de casa particular.". El se�or R�OS (Vicepresidente).- En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or ABURTO.- Se�or Presidente, deseo fundamentar mi voto. Estimo que si, en este caso, ha venido un representante del Gobierno a decirnos que tiene en su poder un proyecto de ley en estudio, no debe olvidarse que el Ejecutivo es colegislador. Por lo tanto, si existe una iniciativa sobre la misma materia, considero que no procede votar ahora la materia que nos ocupa. Pero, puesto en situaci�n de tener que pronunciarme, por el momento me abstengo. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, como lo manifest� en la sesi�n celebrada en la ma�ana, concuerdo, en t�rminos de doctrina, con la proposici�n formulada. Pero creo que el efecto pr�ctico de la norma puede ser contraproducente. En el entendido de que el Ejecutivo presente a la mayor brevedad un proyecto sustitutivo en la materia, me pronuncio en contra. El se�or CANTERO.- Se�or Presidente, el esp�ritu de la iniciativa es muy loable y positivo. Sin embargo, me parece que los efectos que se provocar�an son contrarios a lo que se pretende. Creo que se terminar�a por afectar a las personas a las cuales se desea beneficiar, que se llegar�a a inhibir, que se originar�a una discriminaci�n que finalmente atentar�a contra la posibilidad de trabajo de las mujeres que se encuentren precisamente en las condiciones por las cuales se desea protegerlas. Por esa raz�n, rechazo la norma. El se�or CORDERO.- Se�or Presidente, con el prop�sito de aguardar, justamente, el proyecto de ley del Ejecutivo, voto en contra. El se�or CHADWICK.- Se�or Presidente, en los t�rminos en que se halla planteada la proposici�n, estimo que sus consecuencias pr�cticas perjudican precisamente a quienes se desea favorecer, que son las trabajadoras del hogar. En ese sentido, me pronuncio por el rechazo. Ojal� que el Ejecutivo pueda enviar a la brevedad posible una iniciativa sobre la materia. El se�or D�EZ.- Voto en contra, se�or Presidente, por las razones que ha dado el se�or Senador que me precedi� en el uso de la palabra. El se�or ERR�ZURIZ.- Por iguales consideraciones, se�or Presidente, voto que no. Y espero que el proyecto mencionado solucione adecuadamente la situaci�n que todos deseamos atender. El se�or FERN�NDEZ.- Voto en contra por los mismos motivos expresados precedentemente. El se�or FOXLEY.- Me abstengo, se�or Presidente, por lo ya expuesto acerca de una futura iniciativa del Ejecutivo en este aspecto. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, me abstengo, porque conf�o en que el proyecto aludido ser� presentado luego. Pero, adem�s, para afirmar esa idea, y como se encuentra en la Sala el se�or Ministro subrogante, quisiera que fuese portador de nuestra inquietud en ese sentido. Me parece conveniente, adem�s, que se env�e un oficio, en mi nombre, a los titulares del Interior y del Trabajo, para que se acelere la resoluci�n pertinente. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, en este caso se plantea un tema de doctrina en derecho laboral. Y, desde ese punto de vista, es razonable la indicaci�n del Senador se�or Ruiz. Entiendo las complejidades que se suscitan, dado el tipo particular del cometido de las trabajadoras dom�sticas. Comparto la argumentaci�n del Honorable se�or Viera-Gallo en el sentido de que una sociedad que se moderniza tiene que tender a que esa clase de actividades se asimilen a las propias del nivel de progreso al cual apunta a llegar, sin que se mantengan residuos de labores con una dimensi�n servil. Por lo tanto, trat�ndose de una cuesti�n de doctrina en la protecci�n de derechos laborales, me pronuncio a favor. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, voto que s�, porque es la �nica forma de que el asunto se considere. El Gobierno, sin perjuicio de lo anterior, puede efectuar correcciones en cualquier momento de la tramitaci�n del proyecto y tiene la oportunidad, adem�s, del veto. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, deseo destacar que las asesoras de hogar cumplen con una funci�n en extremo delicada, que nuestra sociedad no ha sabido valorar. Cabr�a pensar que, tal vez, la experiencia de que pasan a constituir parte de la familia es m�s bien de provincia. Al fin y al cabo, se quedan con los ni�os, resguardan los bienes. Por mi parte, creo que deben ser consideradas como integrantes del grupo familiar. En ese sentido, los derechos que les pueden asistir en caso de encontrarse en estado de gravidez se deben tomar con mayor raz�n en un sentido m�s amplio que el meramente legal. Entiendo, por la votaci�n, que la recomendaci�n que nos ocupa no prosperar�, pero en el Senado existe el �nimo de que se legisle al respecto y se trate de prevenir, asimismo, alguna suerte de informalidad, de modo de brindar protecci�n no solamente en la ley, sino tambi�n en los hechos. Consciente de que constituye un voto minoritario, me pronuncio a favor, para que ese compromiso se materialice en el m�s breve tiempo posible y ojal� en el tr�mite de este mismo proyecto. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, la verdad es que lamento que esta Corporaci�n se vea forzada a resolver sobre un punto acerca del cual existe la idea de regularlo en un sentido m�s amplio, pero se present� una indicaci�n que, independientemente de sus m�ritos, de alguna manera entrabar�a la posibilidad de lograr ese �ltimo prop�sito. En esa medida, hubiera deseado que fuese retirada, para que no se registre un resultado que no reflejar�, realmente, como se ha podido apreciar, una voluntad clara. Porque diversos se�ores Senadores apoyan la proposici�n por alguna raz�n, varios la rechazan y otros se abstienen, y no est� obteniendo el respaldo que debiera, ni se efect�a el an�lisis que merece el tema de las trabajadoras del hogar. Estoy pareado. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, se�ores Senadores, durante la discusi�n en la sesi�n de la ma�ana se expuso un aspecto que me ha llevado a meditar bastante. Las asesoras del hogar, en alguna medida, pasan a ser parte de la vida de las familias chilenas, en general. Ello implica una situaci�n especial. Es muy dif�cil plantear cierta legislaci�n, con determinadas consecuencias, si no se han estudiado bien los efectos. Por otra parte, hay un antecedente muy claro. Se ha expresado la voluntad del Supremo Gobierno de enviar un proyecto para corregir las imperfecciones. Sin embargo, un hecho me ha impactado, y tengo que ser consecuente con mi posici�n. No puedo eludir esa responsabilidad. Escuch� con atenci�n en la ma�ana la menci�n que dos se�ores Senadores realizaron acerca del aborto que algunas de las personas que nos ocupan podr�an hacerse frente a la posibilidad de que el embarazo llegue a significar la p�rdida de su trabajo. Esa sola circunstancia, aunque no estoy de acuerdo con la soluci�n que se ha dado, me lleva a votar en forma favorable. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, voy a aprobar la proposici�n. Ello, en primer lugar, porque muchos se�ores Senadores est�n por otorgar su apoyo una vez que el Ejecutivo env�e una indicaci�n en orden a perfeccionar la norma, pero la verdad de las cosas es que aqu� se encuentra el se�or Ministro subrogante, a quien en la ma�ana se le consult� por alguna se�al de compromiso al respecto, y no le escuchado un pronunciamiento en ese sentido. En seguida, realmente no veo qu� tipo de indicaci�n podr�a satisfacer el planteamiento de los Honorables colegas que se oponen. Y, como aqu� se trata de una idea concreta, en la que participo plenamente, creo que resulta mucho m�s claro y transparente votar a favor o en contra. De esa manera, se proporciona un antecedente al Ejecutivo, para que, efectivamente, recoja las inquietudes que hemos planteado. En definitiva, se�or Presidente, me pronuncio a favor y con mucho agrado. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, estimo que la proposici�n de la Comisi�n es una se�al positiva, est� dentro del esp�ritu que contempla el proyecto y busca corregir una situaci�n de injusticia -en mi opini�n- y de desprotecci�n para un sector muy importante de mujeres trabajadoras de nuestro pa�s, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con un trabajo demasiado sensible para las familias y hogares chilenos. Me parece que no hay raz�n para esperar una iniciativa o una indicaci�n distinta del Ejecutivo. Adem�s, el hecho de rechazar en este momento la modificaci�n sugerida significar�a dejar fuera de la discusi�n del proyecto esta idea, que comparto plenamente. As�, preferir�a que la indicaci�n que el Gobierno se ha manifestado interesado en enviar recayera sobre la iniciativa en debate. Por consiguiente, apruebo la proposici�n de la Comisi�n. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, esta proposici�n identifica el buen prop�sito que se persigue. Sin embargo, traer�a en la pr�ctica -como bien dijo el representante del Ejecutivo- inconvenientes mayores que los beneficios que podr�a producir. Por lo tanto, considero que ella es perjudicial y, en tal sentido, votar� en contra, manifestando a la vez mi inter�s por lo que pueda proponer el Ejecutivo en esta materia para encarar el problema con mejor resultado final. Voto que no. El se�or ROMERO.- Estoy un poco confundido con el debate, porque, en verdad, los se�ores Senadores que han planteado la necesidad de legislar sobre la materia y esperar un pronunciamiento del Ejecutivo m�s definido en b�squeda de una soluci�n m�s clara, se han manifestado a favor o en contra. Entonces, la se�al que estamos dando al Presidente de la Rep�blica es difusa, no es clara ni coherente. Estimo que muchas veces la inflexibilidad de las normas hace que ellas vayan en contra de los intereses de quienes se pretende proteger. Por esa raz�n, voto negativamente la proposici�n. El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, uno de los argumentos vertidos en la Sala es que las trabajadoras de casa particular forman parte de la familia. Si as� fuera efectivamente -ello me gustar�a-, esta modificaci�n no tendr�a ning�n sentido, es decir, estar�a de m�s. La verdad es que si se presenta esta proposici�n es porque no es �sa la realidad, como lo fue en el pasado. La realidad es otra. Las trabajadoras de casa particular se encuentran en la indefensi�n. Adem�s, nadie sabe qu� contiene el proyecto que enviar� el Ejecutivo, pero me alegro de que en esta Sala haya tanto estado de �nimo favorable a las iniciativas del Presidente de la Rep�blica, porque pareciera que aqu� se eliminaron las barreras de Oposici�n y Gobierno, y todos est�n esperando lo que har� el Ejecutivo. Ojal� su indicaci�n sea apoyada. Pero deseo destacar otro elemento importante. Aqu� se plantea reiteradamente el tema de las consecuencias que podr�a tener la aprobaci�n de la sugerencia de la Comisi�n. Se habla de la informalidad en el empleo, de los problemas que originar� la proposici�n en la eventual cesant�a que puedan enfrentar las trabajadoras de casa particular. Estas aprensiones son similares a las que ha habido cada vez que se ha discutido un proyecto que modifica el C�digo del Trabajo, e, incluso, cuando se dict� dicho C�digo. Siempre que se establecen normas de protecci�n obviamente se est�n creando condiciones peligrosas -por decirlo de alguna manera- para el empleo. Cada vez que se ponen restricciones o exigencias al empleador de alg�n modo se generan problemas a la contrataci�n. Eso es cierto. Pero en una econom�a globalizada como la que existe hoy, a la cual Chile se ha abierto -yo dir�a precozmente-, son mucho m�s importantes los eventos que suceden a nivel mundial que, incluso, las decisiones que estamos discutiendo en el Parlamento. Estamos enfrentando la crisis de Asia. No dependen de nosotros los problemas que se originan en Jap�n o en los pa�ses del Asia oriental. Sin embargo, nos encontramos con que las consecuencias de esa crisis repercuten seriamente en la econom�a nacional. En la d�cada de los ochenta, enfrentamos una fuerte recesi�n internacional que afect� grandemente al pa�s. Llegamos a tener en 1984 y 1985 niveles de desempleo del orden de 30 por ciento. �Alguien me podr�a decir cu�l fue la incidencia que tuvieron las normas del C�digo del Trabajo en esa cesant�a de m�s de 30 por ciento? �Qui�n podr�a decirme que el C�digo del Trabajo tiene alg�n instrumento cuyas normas, de alguna manera, pueden evitar que las trabajadoras clandestinas que laboran hoy en Chile provenientes de pa�ses lim�trofes (por ejemplo, Per�) est�n trabajando en forma ilegal? No est� pasando nada de eso, porque carecemos de instrumentos, herramientas o elementos como para impedir el ingreso de estas personas motivado por las dificultades que est�n enfrentando en su pa�s. Por lo tanto, frente al argumento de que, a ra�z de la aprobaci�n de esta norma, vamos a enfrentar una cesant�a entre las trabajadoras de casa particular y la norma terminar� perjudic�ndolas, solamente voy a decir algo muy simple: Desde hace m�s de 30 a�os, las trabajadoras de casa particular est�n pidiendo que se les entregue fuero maternal. Incluso bastante m�s atr�s, desde cuando estaba don Jorge Alessandri en el Gobierno, quien planteaba que nunca en el Parlamento se aprobar�a una ley que proteja a las trabajadoras de casa particular, porque, seg�n sus expresiones, todos los Parlamentarios tienen empleada dom�stica. No creo que sea �sa la raz�n. Pero s� debo decir que esta reivindicaci�n no es nueva, sino muy antigua. A estas alturas del desarrollo, cuando en Chile se empieza a hablar de la modernidad en la forma en que se est� haciendo, debemos modernizar tambi�n nuestras instituciones y permitir que los trabajadores en condici�n de indefensi�n frente a los cambios profundos que se est�n produciendo en nuestro sistema econ�mico, tengan alg�n resguardo para evitar ser discriminados. Las trabajadoras de casa particular requieren de protecci�n, especialmente, en el momento en el que est�n en situaci�n de embarazo. En consecuencia, lamento profundamente que esta proposici�n se vaya a perder, y m�s a�n si ello va a ocurrir debido a la intervenci�n del Gobierno. Voto a favor. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, con toda franqueza, deseo reiterar lo que se�al� durante el debate, en cuanto a que -a mi juicio- no hay l�gica ni sustentaci�n �tica en que se legisle en contra de un derecho que toda mujer trabajadora debe tener, s�lo por la idea de que eso puede generar una informalidad, lo cual, en definitiva, significa una mayor indefensi�n de las personas y un freno a este derecho suyo. De alguna manera, es como hacer bueno el que las leyes se tienen que enfrentar y precaverse de quienes terminan teniendo la raz�n, es decir, de los que quieren burlar lo que debe ser l�gico y razonable. Entonces, en esas condiciones, es tremendamente lamentable que estemos rechazando esta norma por esas razones. Si alguien me dice: "Mire, no tienen derecho, porque, en mi visi�n, no deben tener tal cosa", lo entiendo. Pero que terminemos siempre votando por lo que puedan hacer los que quieren romper una norma razonable, me parece que es una cosa incre�ble. En segundo t�rmino, vuelvo al debate inicial. No se puede excluir a un sector de la poblaci�n chilena de algo que es beneficioso -que se ha planteado durante a�os y respecto de lo cual todos, de una u otra manera, hemos hablado de la necesidad de que se legisle-, dej�ndolo fuera, lo que, a esta altura del desarrollo de la sociedad chilena, parece francamente inadmisible. En tercer lugar, deseo decir algo sin sorna, porque no me gusta actuar de esa manera. Aqu� hay algo muy extra�o. Se habla de lo tanto que se quiere a las asesoras del hogar, de que forman parte de la familia y de que se las considera como parte de toda una historia. Pero, �por favor!, da la impresi�n de que deber�amos impetrar aquel viejo dicho del campo chileno: "No me defienda tanto compadre"; "No me defienda tanto, no me quiera tanto y d�me mis derechos". Por esas razones, votar� favorablemente la propuesta de la Comisi�n. Pienso que despu�s se puede mejorar la legislaci�n pertinente; pero primero aprobemos al menos un avance en algo que nos parece importante. Ahora, no oculto que aqu� hay una situaci�n an�mala, de la que nadie quiere hacer mayor cuesti�n. Y la asumo. Soy Parlamentario de Gobierno y debo pronunciarme sobre una propuesta originada en una indicaci�n presentada por Senadores de estas bancas que en definitiva, sin que se nos haya advertido previamente, el Ejecutivo nos solicita no votar. Si yo perteneciera a las bancas del frente, sonreir�a tambi�n en forma muy socarrona. Y comprendo a Sus Se�or�as. El se�or ROMERO.- �Nosotros somos muy constructivos�! El se�or RUIZ-ESQUIDE.- �Me parece estupendo�! Y expres� eso justamente para que el Honorable se�or Romero respondiera como lo hizo, afirmando algo que acrecienta su virtud, lo cual me causa gran contento. Sin embargo, entiendo -y tambi�n debe entenderlo el Senado- que aqu� hay un problema de oportunidad o de planteamientos distintos. Y de ning�n modo me agrada la intervenci�n del Gobierno -lo digo con entera franqueza-; pero tampoco me lleva a cambiar de opini�n. Si la proposici�n que nos ocupa es derrotada (parece que la vamos a perder), s�lo podr� aspirar a que el Ejecutivo concrete lo m�s pronto posible su anuncio legislativo y a que podamos tener los votos suficientes para aprobar el texto pertinente. El se�or D�EZ.- �Las palabras de Su Se�or�a denotan escasa confianza en el Gobierno�! El se�or ROMERO.- �Es un problema de poca fe�! El se�or SILVA.- Se�or Presidente, porque la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, en el primer inciso del art�culo 1�, establece que "Los hombres" -y, naturalmente, las mujeres- "nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; porque esta norma fundamental se transgrede notoriamente si no se hace caso a la indicaci�n que present� en la Comisi�n, entre otros Senadores, el Honorable se�or Ruiz De Giorgio; porque dicha indicaci�n est� a tono con el sentido social planteado por el Presidente de la Rep�blica, contradicho cuando el propio Gobierno anuncia el estudio de una iniciativa para abordar esta materia por las vacilaciones que podr�an presentarse, con lo cual se introduce un factor de desorientaci�n en la C�mara Alta, voto que s�. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, no quiero reiterar todo lo ya dicho, pero s� puntualizar que en el fondo, si estamos de acuerdo en proteger la maternidad en lo que concierne a las asesoras del hogar, el problema reside en que el camino que se est� siguiendo es inadecuado, porque se hace recaer el peso de una medida sobre un sector d�bil de la sociedad, lo cual se traducir�, en definitiva, en perjuicio para las personas a quienes se pretende beneficiar. No es mi intenci�n insistir en demas�a sobre el punto, pero la verdad es que estamos ante situaciones especiales. No se trata del problema de una empresa con un conjunto de trabajadores. Y sabemos que incluso para empresas peque�as hay normas distintas, que de alguna manera pueden significar un cambio para sus empleados con relaci�n a otros, sin que se arguya que por eso se rompe la igualdad. Nos encontramos frente a un problema real que requiere soluciones reales. Y no hagamos recaer el peso de un fuero sobre quienes no est�n en condiciones de soportarlo, creando quiz�s much�simos m�s problemas -y no me refiero s�lo a la cesant�a, sino tambi�n a problemas de orden pr�ctico muy graves en todo sentido- como consecuencia de una disposici�n dictada en forma liviana. Abrigo la esperanza de que, estando todos conscientes de que existe una obligaci�n de la sociedad a este respecto, el Gobierno nos propondr� las soluciones m�s adecuadas sobre el particular. Por ello, teniendo plena conciencia del reconocimiento que merece esa clase de trabajadoras, me pronunciar� en contra de la propuesta de la Comisi�n, por estimar que no las favorece y que no es la soluci�n apropiada para el problema, la cual -reitero- espero que venga en otra iniciativa del Ejecutivo. Voto que no. El se�or VEGA.- Se�or Presidente, he escuchado muy atentamente este interesante debate, y la verdad es que no encuentro una raz�n de fondo para hacer una diferencia entre las empleadas de casa particular y el resto de las trabajadoras del pa�s. S� que el problema es bastante m�s complejo, por la modalidad de la funci�n que cumplen las asesoras del hogar. Como se ha dicho, llegan a ser parte de la familia, est�n en la casa las 24 horas del d�a y dif�cilmente se las puede enmarcar dentro de un horario de trabajo funcional. De modo que resulta muy complejo calificarlas en forma exacta, como se hace, por ejemplo, con las trabajadoras de una empresa. Estimo que el Gobierno presentar� un proyecto con una buena soluci�n. Espero que as� sea, porque el problema es complicado. Es casi s� o no, cara o sello. Por de pronto, creo que �sta es una soluci�n preliminar adecuada. Voto favorablemente la sugerencia de la Comisi�n. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, voy a leer los fundamentos de una moci�n presentada por un Parlamentario de la UDI sobre esta materia, que me parecen particularmente elocuentes: "De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final de los art�culos 201 y 174 del C�digo del Trabajo, las trabajadoras de casa particular que se encuentran embarazadas no gozan de fuero. Esto significa que aun cuando la trabajadora se encuentre en estado de embarazo, el empleador est� facultado para ponerle t�rmino al contrato en cualquier momento. "Si bien es imposible concebir para las trabajadoras de casa particular que se encuentren embarazadas el fuero en similares condiciones que otras trabajadoras dada la naturaleza de las funciones que realizan, tampoco es razonable la absoluta indefensi�n en que se encuentra este tipo de trabajadoras cuando se le pone t�rmino a la relaci�n laboral antes que se inicie el per�odo de descanso prenatal (6 semanas). "Al ponerle t�rmino al contrato de trabajo antes que se inicie el descanso prenatal no s�lo trae como consecuencia la p�rdida del trabajo sino tambi�n el derecho a percibir el subsidio maternal. "Este grado de indefensi�n en que se encuentra la trabajadora trae como consecuencia en innumerables ocasiones que la propia trabajadora para no perder el trabajo esconda el embarazo, en ocasiones con grave riesgo para la salud del que est� por nacer, a ra�z del esfuerzo f�sico que demandan las tareas del hogar, o simplemente interrumpa el embarazo mediante el aborto.", etc�tera. Entonces, el Diputado se�or Jaime Orpis presenta una moci�n (desgraciadamente, es inconstitucional, porque se refiere a materias previsionales) con la que intenta resolver ese problema. Hago m�os los argumentos expuestos por ese Diputado de la UDI, y lamento que no todos los Senadores del mismo Partido opinen de la misma manera que �l. Adem�s, debo se�alar que existe... El se�or NOVOA.- �Me concede una interrupci�n, se�or Senador? El se�or VIERA-GALLO.- Con todo gusto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No es posible, se�or Senador, porque estamos en votaci�n. El se�or NOVOA.- Diga qu� propone el Diputado Orpis, Honorable colega. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, debo manifestar tambi�n que existe un proyecto, elaborado por el SERNAM y el Ministerio del Trabajo -tengo una copia en mi poder-, que regula en cuanto a las trabajadoras de casa particular el derecho al subsidio maternal durante los per�odos pre y postnatales; las licencias por enfermedad de la madre antes del parto y durante el puerperio; los per�odos de enfermedad del hijo o hija menor de un a�o, etc�tera. Se�or Presidente, votar� en forma favorable. Pero, independientemente, creo que el Senado har�a bien en solicitar al Ejecutivo que haga suya la moci�n del Diputado se�or Orpis y d� su visto bueno al referido proyecto sobre subsidio maternal para las empleadas de casa particular, que beneficia a entre 300 mil y 400 mil personas y que est� pendiente en el Ministerio de Hacienda. Voto que s�. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, la proposici�n que nos ocupa tiene imperfecciones que, sin lugar a dudas, pueden mejorarse. Pero ha dejado al descubierto una realidad que es bueno haber discutido. En tal sentido, lo m�s conveniente, a mi juicio, es dar una se�al al menos simb�lica votando favorablemente y, en la eventualidad de no contar con la mayor�a suficiente para aprobar el N� 2, nuevo, esperar que el Ejecutivo presente una iniciativa que recoja el problema social expuesto, que es real e imposible de eludir. Estamos ante una realidad que se arrastra desde hace muchos a�os y que cada vez es m�s compleja. Me parece urgente encontrar una soluci�n, porque las trabajadoras de casa particular, al igual que las restantes del pa�s, deben tener reconocidos sus derechos en forma adecuada, fundamentalmente cuando se encuentran en una situaci�n tan especial como la maternidad. Por eso, voto que s�. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, voy a hacer uso de mi derecho a fundar el voto. Para ello, tengo en especial consideraci�n que, dada la materia de que se trata, la iniciativa corresponde al Ejecutivo. Y as� fue. Por consiguiente, el Gobierno tiene perfecto derecho a oponerse a una indicaci�n que cambia el sentido al proyecto y a prometernos presentar una iniciativa m�s completa. Por otra parte, deseo hacerme cargo de algunas expresiones que he escuchado ac�, como "mi Gobierno", "la Oposici�n", en fin. Quien dijo "mi Gobierno" me quit� un derecho. Yo quiero decir, respetuosamente: "nuestro Gobierno". Cuando se elige un Gobierno, es el Gobierno de todos. Y nosotros tenemos la obligaci�n de respetarlo, y �l, la de gobernar para todos. En uso de ese derecho, pido a "mi Gobierno" ahora que mande el nuevo proyecto. Por consiguiente, voto en contra de la sugerencia de la Comisi�n. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, me inclino favorablemente hacia la iniciativa de terminar con toda la desprotecci�n en que se encuentran las trabajadoras del hogar. Mi intenci�n habr�a sido votar favorablemente. Pero, tal como lo se�al� el Senador se�or Zurita, existe una clara inconstitucionalidad, desde el momento en que la indicaci�n respectiva fue patrocinada por un Parlamentario, no obstante tratarse de una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la Rep�blica. El se�or Ministro nos anunci� que se legislar� respecto del punto en cuesti�n. Y hay muchas f�rmulas para hacerlo -el Senador se�or Mu�oz Barra preguntaba cu�les podr�an ser-: el establecimiento de un seguro, de una indemnizaci�n o de un fuero diferente, por menos meses, atendida la naturaleza del trabajo, en fin. Esperar� con mucho entusiasmo la iniciativa que nos propondr� el Ejecutivo sobre la materia, que votar� favorablemente. Pero en esta ocasi�n, dada la inconstitucionalidad se�alada, me abstengo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Hago presente a Su Se�or�a que no deb� otorgarle la palabra, pues quienes votan despu�s de ser llamados a hacerlo no tienen derecho a fundamentar su voto. El se�or BOMBAL.- Tiene raz�n, se�or Presidente, y le agradezco su deferencia. El se�or LAGOS (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. El se�or LAGOS (Secretario).- Resultado de la votaci�n: 16 votos a favor, 14 en contra, 8 abstenciones y 4 pareos. Votaron por la afirmativa los se�ores Bitar, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Mu�oz Barra, P�ez, Parra, Pizarro, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Silva, Vega, Viera-Gallo y Zald�var (don Adolfo). Votaron por la negativa los se�ores Boeninger, Cantero, Cordero, Chadwick, D�ez, Err�zuriz, Fern�ndez, Lagos, Prat, R�os, Romero, Stange, Urenda y Zurita. Se abstuvieron los se�ores Aburto, Bombal, Canessa, Foxley, Frei (do�a Carmen), Moreno, Pinochet y Sabag. No votaron, por estar pareados, los se�ores Larra�n, Matthei, Novoa y Zald�var (don Andr�s). El se�or LAGOS (Secretario).- Han emitido su voto 38 se�ores Senadores. De acuerdo a la Ley Org�nica del Congreso Nacional y al Reglamento de la Corporaci�n, la proposici�n que ocupa a la Sala requiere para su aprobaci�n la mayor�a absoluta de los votos emitidos; es decir, 20 votos. Por lo tanto, como hubo abstenciones, corresponde repetir la votaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- As� es. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, para efectos del qu�rum se considera a los Senadores que votan, no a los presentes. Porque los pareos no se toman en cuenta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se consider� s�lo a quienes pod�an votar. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, cambiar� mi voto, porque me ha hecho mucha fuerza el argumento de que se trata de afirmar un derecho de trabajadoras que se hallan desprotegidas. Espero que la forma de aplicar ese derecho en la pr�ctica no comprometa la posibilidad de un empleo estable para todas esas personas. Voto a favor. La se�ora FREI (do�a Carmen).- Se�or Presidente, lamento de verdad que no hayamos podido ponernos de acuerdo en el procedimiento, porque lo l�gico habr�a sido esperar no m�s de dos semanas para tener una votaci�n un�nime sobre la materia. Aqu� no se trata de ser partidario del Gobierno o contrario a �l, sino de legislar a favor de gente que pide un reconocimiento y no ser discriminada. Por lo tanto, habi�ndome solicitado en forma expresa los Senadores de mi bancada que me pronuncie afirmativamente, voto que s� El se�or MART�NEZ.- Por la misma raz�n dada en la votaci�n anterior, me pronuncio favorablemente. El se�or LAGOS (Secretario).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. El se�or LAGOS (Secretario).- Resultado de la votaci�n: 20 votos a favor, 15 en contra, una abstenci�n y 3 pareos. Votaron por la afirmativa los se�ores Bitar, Canessa, Foxley, Frei (do�a Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Moreno, Mu�oz Barra, P�ez, Parra, Pizarro, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Silva, Vega, Viera-Gallo y Zald�var (don Adolfo). Votaron por la negativa los se�ores Boeninger, Bombal, Cantero, Cordero, Chadwick, D�ez, Err�zuriz, Fern�ndez, Lagos, Prat, R�os, Romero, Stange, Urenda y Zurita. Se abstuvo de votar el se�or Aburto. No votaron, por estar pareados, los se�ores Larra�n, Matthei y Zald�var (don Andr�s). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por lo tanto, se aprueba el n�mero 2, nuevo, propuesto por la Comisi�n. Queda despachado el proyecto en este tr�mite. El se�or BOMBAL.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, no obstante esta aprobaci�n, debemos entender que sigue vigente lo formulado por el Ejecutivo en cuanto a que enviar� un proyecto. Deseo consultar al respecto, por cuanto muchos Senadores, cuando votamos y manifestamos nuestra intenci�n (es m�s, me atrevo a hacer m�os todos los argumentos se�alados por el Honorable se�or Viera-Gallo sobre el proyecto planteado por el Diputado se�or Orpis, porque cuando fui Diputado estuve muy de acuerdo con �l), lo hicimos en el claro entendido de que el Ejecutivo enviar�a un proyecto que vendr�a a subsanar -en t�rminos que, a su juicio, consideraba m�s positivos- los problemas presentados ahora. Si despu�s de esta aprobaci�n no se env�a un proyecto que perfeccione la materia, parecer�a que quienes votamos en contra en raz�n de lo planteado por el se�or Ministro nos estamos oponiendo, en circunstancias de que no es nuestro �nimo. Deseo hacer esa prevenci�n, porque muchas veces puede darse la se�al que aqu� hay un grupo de Parlamentarios que est�n de acuerdo en mantener una discriminaci�n. Y �se no es el esp�ritu con que nos hemos pronunciado, en atenci�n a que, en el debate de la sesi�n de hoy en la ma�ana, el se�or Ministro incorpor� un elemento que nos pareci� extraordinariamente positivo. Desde esa perspectiva, hago m�as las palabras de la Senadora se�ora Carmen Frei, en el sentido de que, tal vez, no debi� votarse esta materia, por cuanto hab�a el sentimiento un�nime de aprobar un proyecto mejor. Por eso, se�or Presidente, por su intermedio, pido una aclaraci�n sobre este punto al se�or Ministro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or TOMBOLINI (Ministro del Trabajo y Previsi�n Social subrogante).- Se�or Presidente, en la sesi�n de hoy en la ma�ana plante� la opini�n del Gobierno con relaci�n a este tema, en el sentido de que solicitamos que se nos diera la oportunidad de presentar un proyecto que mejorara en forma sustantiva la situaci�n de las trabajadoras de casa particular y que no tuviera efectos negativos, y �se sigue siendo el objetivo del Gobierno. Por lo tanto, cuando dicha iniciativa se halle lista, ser� enviada al Parlamento. El se�or BOENINGER.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Se va a referir al mismo tema? El se�or BOENINGER.- S�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- A mi juicio, ya agotamos el debate de esta materia. Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, s�lo deseo sumarme a la petici�n que se ha formulado. El proyecto deber�a remitirse al Congreso con la mayor urgencia posible. Adem�s, en mi opini�n, no ha perdido relevancia el oficio cuyo env�o solicit� la Senadora se�ora Carmen Frei antes de conocerse el resultado de la votaci�n, para que se env�e lo antes posible la legislaci�n que perfeccione lo que se acaba de aprobar. Por lo tanto, adhiero al oficio solicitado por la se�ora Senadora. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, sin perjuicio de la iniciativa del Gobierno, en mi concepto, queda claro que ha sido despachado el proyecto por el Senado, lo cual implica que hay una resoluci�n en el sentido de que se extiende el fuero a las trabajadoras de casa particular. El Ejecutivo, si lo desea, podr� formular indicaciones a este proyecto, o bien, enviar otro. Sin embargo, conforme a la �ltima votaci�n, aqu� qued� zanjada la cuesti�n desde el punto de vista del tr�mite legislativo y la iniciativa pasa a la C�mara. Evidentemente, el Gobierno podr� hacer alguna otra observaci�n a lo reci�n aprobado. Por otra parte, la enmienda al art�culo 203, que figura en la p�gina 3 del texto comparado, tiene bastante importancia. �ste se refiere a la obligaci�n de los establecimientos que ocupan 20 o m�s trabajadoras de establecer salas cunas, donde las mujeres puedan llevar a sus hijos menores de hasta 2 a�os. Dicha norma se modifica en el sentido de que se incluyen los establecimientos de una misma empresa. Ello reviste mucha trascendencia, sobre todo para ciertos sectores del comercio, donde hay empresas que cuentan con varios establecimientos en la misma ciudad. El sentido de la disposici�n es que la empresa que ocupe 20 o m�s trabajadoras en varios establecimientos -se suman las pertenecientes a la misma empresa- tiene la obligaci�n legal de proporcionar salas cunas. Dicha situaci�n ocurre, por ejemplo, en las cadenas de farmacias, donde en cada una de ellas puede haber 3 � 4 trabajadoras, pero en el conjunto de establecimientos suman 20 trabajadoras, quedando sujeta la empresa, mediante esta enmienda, a la obligaci�n de mantener una sala cuna. Me informa Secretar�a que, como la referida modificaci�n fue aprobada cuando se debati� el proyecto en general y que, como fue vista en la Comisi�n e informada por unanimidad, no es necesario pronunciarse sobre ella. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Fue aprobada en el primer informe. El texto final es igual al del primer informe, s�lo hay un cambio de la referencia: los n�meros 2 y 3 pasan a ser 3 y 4, respectivamente, sin enmiendas. Por lo tanto, est� aprobado y no requiere votaci�n. El se�or GAZMURI.- �Con el cambio de referencia, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- S�, se�or Senador. El se�or GAZMURI.- Por lo tanto, fue pertinente la observaci�n que formul�, a fin de que no haya un problema t�cnico. El se�or BOMBAL.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, exc�seme que insista respecto de la votaci�n anterior. Aqu� se ha producido una situaci�n lamentable, porque la intervenci�n que a su turno le cupo al se�or Ministro del Trabajo subrogante indujo claramente a quienes est�bamos en una determinada l�nea en pro del proyecto, al punto que en la votaci�n hubo muchas abstenciones, precisamente, en raz�n de lo que el Ejecutivo se�al�. Dado que, conforme a la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, incidieron las abstenciones en la votaci�n, se indujo a lo que razonablemente hicieron muchos Senadores: inclinarse en determinado sentido, aprobando lo propuesto. Esto deja en una situaci�n imposible y fuera de foco al proyecto que env�e el Ejecutivo, a menos que en el Senado haya disposici�n para abocarse a �l, reconociendo, adem�s, que dicha iniciativa vendr�a a modificar �sta que ya fue aprobada. De otra forma, resulta absolutamente est�ril el debate y la votaci�n, y se generan efectos negativos sobre una materia que pretendemos mejorar, en circunstancias de que, como muy bien se�ala el Senador se�or Gazmuri, la Sala ya ha despachado el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se�or Senador, el Ejecutivo puede presentar un veto para sustituir una materia que se encuentre aprobada por la C�mara Alta. Si no hace uso de esta facultad, puede enviar un proyecto separado. Es una decisi�n que s�lo corresponde tomar al Ejecutivo. El se�or BOMBAL.- Se�or Presidente, �ser�a del caso oficiar al Presidente de la Rep�blica? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Est� en su derecho, se�or Senador. El se�or BOMBAL.- Entonces, pido que se oficie en mi nombre al Presidente de la Rep�blica en tal sentido. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, y si no hay inconvenientes, se dar�a curso al oficio solicitado por el Honorable se�or Bombal. El se�or LARRA�N.- Pido agregar mi nombre, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviar�a el oficio solicitado en nombre de los Senadores se�ores Bombal, Aburto, Canessa, Cantero, Cordero, D�ez, Err�zuriz, Fern�ndez, Horvath, Larra�n, Mart�nez, Matthei, Prat, R�os, Romero, Stange, Urenda y Zurita. Acordado. El se�or ERR�ZURIZ.- Si todos estamos de acuerdo, que el oficio se env�e en nombre de todos. _____________ El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto signado con el n�mero 2 en el Orden del D�a. El se�or FERN�NDEZ.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, quiero pedir a la Sala que, antes de conocer el proyecto que se acaba de mencionar, se trate el n�mero 20 de la tabla. Es un proyecto de acuerdo relativo a la agilizaci�n del tr�mite legislativo, originado en una moci�n de los Honorables se�ores Viera-Gallo, Hamilton, Boeninger, Diez y el Senador que habla, y en cuyo estudio han participado todos los sectores pol�ticos del Senado. Como fue aprobado por unanimidad en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento sin que se le introdujeran modificaciones sustanciales, se halla en condiciones de ser aprobado por la Sala. Ello permitir�a que la pr�xima semana se contara con un m�todo m�s eficaz y expedito para conocer los proyectos y avanzar en su tramitaci�n. Pido que se solicite el asentimiento de la Sala para aprobarlo en los t�rminos propuestos por la Comisi�n de Constituci�n, atendiendo al hecho de que todos los Comit�s lo apoyan. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Hamilton. El se�or HAMILTON.- Se�or Presidente, coincido con el planteamiento del Senador se�or Fern�ndez. Primero, tal como se ha se�alado, esta modificaci�n se hace cargo de la importancia que representa para la Corporaci�n que los proyectos discurran en forma m�s expedita. Segundo, concuerdan con ella pr�cticamente todos los sectores del Senado, mediante los autores del proyecto. Y tercero, la Comisi�n de Constituci�n la aprob� por unanimidad. En el peor de los casos, y si hubiera alg�n error, podr�amos corregirlo, pues no se requiere m�s que una enmienda del Reglamento. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que la Sala preste su aprobaci�n al proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, deseo refrendar lo se�alado por el Honorable se�or Fern�ndez. Efectivamente la Comisi�n de Constituci�n revis� el proyecto originado en moci�n de un grupo de Senadores. Las modificaciones que se le introdujeron no son mayores, aunque bastante razonables y, por lo tanto, cada una de ellas se aprob� un�nimemente. Es m�s. Consultamos tambi�n a los Secretarios de las Comisiones del Senado quienes, por tener bastante experiencia en la materia, colaboraron en precisar algunos aspectos del Reglamento. De manera que la proposici�n no solamente cuenta con el acuerdo un�nime de sus autores, sino tambi�n de los integrantes de la Comisi�n de Constituci�n. �sta acord� solicitar a la Sala -si bien no es un procedimiento habitual- que apruebe el proyecto sin modificaciones, considerando que ya se hab�a realizado una discusi�n que refleja el acuerdo de los distintos sectores. Adem�s, tal como manifest� el Honorable se�or Hamilton, si hubiese alg�n error o deficiencia, podr�a corregirse sin mayores problemas. Es conveniente aprobar esta iniciativa -mientras antes mejor- porque va a contribuir enormemente a la agilizaci�n del funcionamiento del Senado. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, solamente deseo sumarme a la solicitud de los se�ores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra y a�adir que -a mi juicio- las propuestas aprobadas por unanimidad en la Comisi�n implican un paso significativo en la agilizaci�n, mayor eficiencia y mejor trabajo de esta Corporaci�n. Por ello, me parece atendible y bastante urgente que, ojal�, el Senado las acoja. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, deseo manifestar mi opini�n disidente en esta materia, pues el hecho de proponer iniciativas que buscan agilizar el tr�mite legislativo es un asunto que ha merecido largos debates durante los ocho a�os de funcionamiento del Congreso. A mi juicio, el Reglamento que establece la modalidad actual es bastante sabio, puesto que permite muchas instancias de revisi�n de los proyectos que se est�n estudiando. Pienso que las leyes tienen tal trascendencia en la vida de los ciudadanos que bien vale respetar opciones de revisi�n que se dan en su tramitaci�n. Justamente el hecho de que la Comisi�n pertinente trabaje en particular en el primer informe es una opci�n m�s de revisi�n. El proyecto en debate pretende eliminar tal opci�n y, si bien hace m�s r�pida la legislaci�n, estimo que le resta acuciosidad al estudio de la ley. Por eso, a mi entender, la iniciativa no es conveniente. Pienso que el problema de la legislaci�n no recae en su lentitud de gestaci�n, sino m�s bien en que existen demasiados proyectos, muchos de ellos inconvenientes o innecesarios. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Pensaba que, a ra�z de la intervenci�n del Senador se�or Fern�ndez, podr�amos aprobar el proyecto sin m�s tr�mite, pero si vamos a abrir un debate... El se�or PRAT.- Yo no pretendo... El se�or HAMILTON.- �Por qu� no lo votamos, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Un momento, se�or Senador. El se�or PRAT.- Yo quiero dejar constancia... El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, entiendo que para votar el proyecto de acuerdo se requiere la unanimidad de la Sala. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- As� es. El se�or LARRA�N.- Si no la hay, solicito que la iniciativa se incorpore en la tabla de F�cil Despacho de la pr�xima sesi�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En la reuni�n de Comit�s de la semana venidera vamos a proponer que esta iniciativa sea incluida en la tabla de F�cil Despacho, pues se trata de una reforma sobre la cual debemos pronunciarnos con urgencia. PROTECCI�N DE DERECHO DE SINDICACI�N Y CONDICIONES DE EMPLEO EN ADMINISTRACI�N P�BLICA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de acuerdo de la C�mara de Diputados que aprueba el Convenio N� 151 sobre "La protecci�n del derecho de sindicaci�n y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci�n p�blica", adoptado por la Conferencia General de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, congregada en Ginebra, el 7 de junio de 1978, con informes de la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social y de Relaciones Exteriores. �Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 28�, en 22 de enero de 1997. Informes de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 26�, en 26 de agosto de 1997. Trabajo, sesi�n 26�, en 26 de agosto de 1997. Discusi�n: Sesiones 33�, en 9 de septiembre de 1997 (queda para segunda discusi�n); 34�, en 10 de septiembre de 1997 (se aplaza su discusi�n). El se�or LAGOS (Secretario).- El proyecto de acuerdo fue informado por las Comisiones de Trabajo y Previsi�n Social, y de Relaciones Exteriores. Su relaci�n se efectu� en la sesi�n de ayer, y la segunda discusi�n fue aplazada para hoy, por acuerdo de la Sala. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n. Tiene la palabra el Honorable se�or Canessa. El se�or CANESSA.- Se�or Presidente, del estudio de los antecedentes se desprende lo que podr�a llamar el "pecado original" de la iniciativa en discusi�n: el Ejecutivo ha sometido a la aprobaci�n del Congreso Nacional el Convenio N� 151 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo como una manera de impulsar su pol�tica internacional, que tiende a lo que se supone que es la reinserci�n del pa�s en el mundo. En esa direcci�n, entre otras medidas, propicia la ratificaci�n de instrumentos supranacionales. �sta es la motivaci�n esencial que lo anima, y as� fue reconocido en la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social del Senado por el Ministro del ramo, se�or Jorge Arrate Mac Niven. Desde mi punto de vista, ese camino es inadecuado para articular una pol�tica exterior al servicio de los intereses generales y permanentes del Estado. Los convenios internacionales no constituyen un valor en s� mismos. En cada caso se han de apreciar los beneficios concretos que traer�n para la naci�n chilena, para afianzar su particular orden de vida y para fortalecer su concordia, su estabilidad y su seguridad. Pues bien, el Convenio de la OIT sobre Protecci�n del Derecho de Sindicaci�n y Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administraci�n P�blica no soluciona problema alguno; por el contrario, hace surgir la posibilidad de serios problemas all� donde no los hay. Es m�s, el propio mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica con el que se inicia la tramitaci�n de este Convenio en el Congreso, tras pasar revista a los mecanismos que hoy regulan las condiciones de empleo de los funcionarios, sostiene que "todo ello ha permitido que la legislaci�n, as� como la pr�ctica nacional, se encuentren hoy acordes con el derecho internacional del trabajo.". En otras palabras, y en t�rminos estrictos, el Convenio es innecesario. En efecto, la Administraci�n P�blica cuenta en Chile con un estatuto jur�dico que armoniza en el plano laboral las exigencias del servicio al bien com�n, esto es, su raz�n de ser, con el estatuto laboral de los funcionarios. Ni la tradici�n nacional, ni las normas constitucionales y legales que regulan la materia, son compatibles con la existencia de sindicatos en la Administraci�n P�blica. De otra parte, no es efectivo que la legislaci�n chilena no contemple ning�n instrumento que permita enfrentar los conflictos laborales al interior del sector p�blico, raz�n aducida por el Gobierno para establecer un nuevo sistema de relaciones laborales en este �mbito, prop�sito que justificar�a y har�a �til la aprobaci�n del Convenio. �Eso es lo que urge remediar! La aprobaci�n del Convenio en comento s�lo tendr� por consecuencia proporcionar una disculpa, un manto de respetabilidad invocando grandes principios universales, que encubrir� la dislocaci�n de la Administraci�n P�blica, un proceso que m�s temprano que tarde sobrevendr� al amparo de sus disposiciones. Los efectos negativos del Convenio tienen especial relevancia respecto a la concepci�n y subsiguiente estructura de las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Es curioso: los mismos c�rculos que, venga o no al caso, insisten a cada momento en recordar que las Fuerzas Armadas son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, ahora propician un comportamiento que sin duda terminar� por afectar, y tal vez disolver, esos mismos rasgos fundamentales. En tan delicada materia no basta confiar en las buenas intenciones de los responsables cuando llegue la hora de determinar "hasta qu� punto", como dice el n�mero 3 del art�culo 1 del Convenio, las garant�as all� previstas son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Polic�a. Tampoco resulta v�lido apelar a una cl�usula de reserva para soslayar el problema. Seamos claros: sus t�rminos no son pertinentes en absoluto. Asimismo, para evaluar la conveniencia de este Convenio tampoco se puede omitir que su contenido espec�fico es s�lo parte de una unidad mayor. En buenas cuentas, insta al establecimiento de sindicatos en la Administraci�n P�blica. Pero ocurre que Chile tampoco ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la OIT, que constituyen los textos fundamentales para la protecci�n internacional de la libertad sindical. Es �sta una actitud que no obedece a simple capricho, sino a la convicci�n de la inconveniencia de su aplicaci�n en el sector laboral de su sistema econ�mico-social, a la luz del inter�s general de la sociedad. �Por qu�, entonces, se habr�a de aprobar ahora un marco normativo particular, cuando no se ha querido hacer lo propio con el marco normativo general en que �l se inscribe? Responder tan simple pregunta nos lleva al punto de partida de esta intervenci�n. Lo que ocurre es que estamos frente a una iniciativa que obedece a un diagn�stico equivocado y a una quimera; a la creencia de que es conveniente para la acci�n del Estado chileno, en el campo internacional, proceder a ratificar sin m�s un Convenio cuyos principios y disposiciones, quiz� �tiles para otras realidades nacionales, son inconvenientes y contradictorias con las nuestras. Me atrevo a sostener que su aprobaci�n en nada aumentar� la calidad del servicio que presta la Administraci�n P�blica, que es lo �nico que en definitiva importa. Antes bien, legalizar� en ese �mbito un estilo de relaciones laborales cuya piedra de tope es la eventualidad de la huelga -perfectamente leg�tima en la esfera privada, pues en ella sus efectos se circunscriben; pero traum�tica en el plano estatal-, con lo que tensar� a la sociedad en su conjunto, in�tilmente y a cambio de nada. Por las consideraciones expuestas, votar� negativamente la aprobaci�n del Convenio N� 151 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, tal como lo plante� en la sesi�n de la ma�ana, aqu� se presenta un problema que, a mi juicio, requiere una reflexi�n. El art�culo 5� de la Constituci�n hace que al aprobarse este tipo de convenios todo su texto pase a formar parte de nuestra legislaci�n. El primer problema es la prioridad con que deben incorporarse las disposiciones de este instrumento. Evidentemente, lo l�gico ser�a que, bajo el punto de vista de establecer que Chile ha desarrollado una legislaci�n laboral muy avanzada y normalmente adelantada a la �poca en general, toda esta clase de convenios que el pa�s apruebe, que de acuerdo al mencionado art�culo 5� pasan a ser ley interna, se ajustara a una prelaci�n, en la cual primero est� la Carta Fundamental, despu�s las leyes nacionales y posteriormente los cuerpos legales que tienen su origen en otras realidades, como son las internacionales. Y de ah�, entonces, se producir�a la readecuaci�n, hasta donde es posible y con esa prelaci�n en mente, de la legislaci�n interna. �ste es un asunto realmente importante, porque en la parte primera del Convenio en discusi�n, en el campo de aplicaciones y definiciones, el n�mero 3 del art�culo 1 establece que "La legislaci�n nacional deber� determinar asimismo hasta qu� punto las garant�as previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la polic�a.". �ste es un tema absolutamente ajeno a la realidad nacional. En la Constituci�n, en la ley org�nica constitucional pertinente y en el resto de la normativa est�n excluidas de ello las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin embargo, si al incorporar esto a la legislaci�n nacional acept�ramos una prelaci�n diferente, es evidente que puede llegar a obligar en alg�n momento a un cambio en la legislaci�n nacional. El segundo aspecto, que quiz� abarca todo el espectro de la legislaci�n laboral, es la adecuaci�n que habr�a que hacer a una serie de leyes laborales, situaci�n que, hasta donde he podido conocer antecedentes, no ha quedado clara. Lo anterior me lleva a plantear la situaci�n descrita con preocupaci�n m�xima. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, esta materia se trat� tanto en la Comisi�n de Trabajo como en la de Relaciones Exteriores. Fui el �nico Senador que se abstuvo de aprobar el Convenio, a causa de diversas dudas que se me suscitaron y de las que dej� constancia en las actas correspondientes. En primer lugar, destaqu� la curiosa situaci�n que se registra en nuestro pa�s, en cuanto a que las huelgas se producen, fundamentalmente, en la Administraci�n P�blica o respecto de empleados que dependen del Estado, en mucho mayor medida que en el sector privado. Y, sin embargo, en nuestra legislaci�n interna no existen normas que canalicen las aspiraciones de los funcionarios p�blicos y busquen la manera de evitar lo que aqu� ocurre con cierta frecuencia, donde, simplemente, los conflictos parten por la huelga, para continuar despu�s con un proceso en que se llega a un arreglo determinado, que muchas veces debe someterse a posteriori a la consideraci�n del Congreso. Esto ya indica un cierto desfase. Por lo dem�s, un se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra expresaba que el pa�s no ha sancionado acuerdos de la OIT que se refieran en general a los problemas de sindicalizaci�n de todos los trabajadores, pese a lo cual estamos abocados aqu�, espec�ficamente, a los del sector p�blico. La segunda observaci�n que formul� apunta al art�culo 1 del Convenio, que en su n�mero 1 dispone que aqu�l "deber� aplicarse a todas las personas empleadas por la administraci�n p�blica, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones m�s favorables de otros convenios internacionales de trabajo.". Como se ve, esta disposici�n no hace excepciones. Y tan claro es que no las hace respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden, que el n�mero 3 del mismo art�culo 1 se�ala que la legislaci�n nacional determinar� en qu� medida las garant�as previstas en el presente Convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Polic�a. En la Comisi�n de Trabajo el se�or Ministro precis� que la frase "en qu� medida" pod�a llegar a entenderse en el sentido de que dichas garant�as no les fueran aplicables. El texto no es claro, porque, indudablemente, deja entrever una cierta gradualidad y que, de una forma u otra, algunas de las disposiciones del Convenio podr�an regir para nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. No olvidemos, como ya se ha mencionado, que de acuerdo con el art�culo 5� de la Constituci�n podemos encontrarnos con un problema de contradicci�n. Si en definitiva el Convenio es interpretado en forma tal que de alguna manera deba aplicarse a las Fuerzas Armadas, se hallar� en contradicci�n con el Cap�tulo X de la Carta Fundamental, e, incluso, con las normas que proh�ben la huelga de los empleados p�blicos. El segundo aspecto, entonces, es el que estoy se�alando, esto es, que al otorgar al sector p�blico ciertos elementos que de alguna manera establecen el derecho a la huelga, estamos contradiciendo una norma constitucional expresa. Por eso, en su oportunidad plante� que era m�s conveniente legislar en forma interna acerca de la situaci�n del sector p�blico, sus peticiones, la forma de canalizarlas y los eventuales conflictos que pudieren producirse, y no partir por el final, es decir, por un convenio que de alguna manera nos puede sujetar, aunque sea moralmente, a la acusaci�n de no estar dando cumplimiento a cierta normativa internacional, a la cual hemos adherido y que hemos ratificado. Eso me llev� a expresar en aquella oportunidad que no estimaba prudente aprobar por el momento el Convenio, pero que s� era conveniente que nuestra legislaci�n interna regularizara de alg�n modo la forma en que el sector p�blico debe plantear sus aspiraciones. Quiero reiterar estos puntos de vista, los que, si bien fueron escuchados, en definitiva no obstaculizaron la aprobaci�n de la iniciativa en las Comisiones. Ello, considerando el planteamiento del se�or Ministro en orden a que la norma del art�culo 1, n�mero 3, del Convenio de alguna manera permitir�a excluir totalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden de las disposiciones del referido instrumento internacional, y porque no resultar�a claro que el solo derecho a la sindicaci�n implicar�a asimismo el derecho a la huelga. A este respecto, hago presente que en nuestra cultura laboral el derecho a formar sindicatos y el de llegar, en un momento determinado, hasta la huelga se hallan �ntimamente ligados. �sas fueron las circunstancias que me llevaron a pedir que por el momento no se aprobara el Convenio, y que, en cambio, nos aboc�ramos en definitiva al problema permanente que se presenta con el sector p�blico, donde hoy existen m�s conflictos y huelgas que en el sector privado. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, la verdad es que yo no veo la utilidad que el pa�s pueda sacar de la ratificaci�n de un convenio celebrado hace ya casi 20 a�os (s�lo faltan unos d�as para ello), lapso durante el cual nosotros hemos construido una realidad jur�dica, pr�ctica, de costumbre y de relaciones entre el Estado y sus organizaciones. Mi segunda consideraci�n frente al tema es que Chile ha sido sumamente cuidadoso en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de manera tal que, de suscribir un tratado o ratificar un convenio, nosotros tenemos que cumplirlo de la mejor manera posible. �Qu� dice el Convenio? Se�ala una serie de puntos que a lo menos resultan dudosos para nuestro sistema legislativo. Ya su definici�n de empleado p�blico despierta aprensiones. En seguida, su aplicaci�n a las Fuerzas Armadas y de Polic�a depender� de cada legislaci�n. Pero, �qu� pasar� con organizaciones que se han constituido como empresas del Estado y que, si bien no pertenecen a las Fuerzas Armadas, se relacionan con ellas (estoy pensando en FAMAE y en otras entidades de ese tipo)? Van a quedar cubiertas por el Convenio. �A qu� nos obliga �ste? A que en el plazo de un a�o, contado desde su ratificaci�n, adoptemos las "medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilizaci�n de procedimientos de negociaci�n entre las autoridades p�blicas competentes y las organizaciones de empleados p�blicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros m�todos que permitan a los representantes de los empleados p�blicos participar en la determinaci�n de dichas condiciones.". En mi opini�n, esto es absolutamente contrario a la letra, al esp�ritu y a la pr�ctica de nuestro sistema constitucional. Luego, el Convenio se�ala que "La soluci�n de los conflictos que se planteen con motivo de la determinaci�n de las condiciones de empleo se deber� tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociaci�n entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales," -yo no veo al Estado de Chile negociando condiciones en procedimientos independientes e imparciales con los funcionarios p�blicos- "tales como la mediaci�n, la conciliaci�n" (entre el Estado y las organizaciones sindicales del sector p�blico) "y el arbitraje,". �Alguien puede sostener que esta determinaci�n de las condiciones de los funcionarios p�blicos est� de acuerdo con nuestra legislaci�n? Nosotros tenemos que seguir construyendo nuestra propia realidad. Cada convenio significa una limitaci�n o cercenamiento de nuestra soberan�a, que se acepta en beneficio de intereses generales. Pero, �qu� intereses generales est�n envueltos en esta renuncia a nuestra soberan�a para reglarnos nosotros mismos en lo que se refiere a la forma como el Estado debe tratar con sus funcionarios p�blicos? Vamos a introducir conceptos absolutamente ajenos a nuestra pr�ctica, que ser�n objeto de una interpretaci�n cuyos alcances desconocemos. �Sus Se�or�as creen que un Ministro de Hacienda estar�a tranquilo sabiendo que el Gobierno de Chile se ha comprometido internacionalmente a buscar procedimientos de mediaci�n para determinar las condiciones de los funcionarios p�blicos? �Vamos a elegir al Papa de mediador? �O debemos someter a arbitraje un desacuerdo entre el Estado y la Administraci�n P�blica frente a cualquiera determinaci�n del funcionario? �El Estado de Chile tiene facultad legal-constitucional para someter a arbitraje esas disposiciones que corresponden, seg�n la Carta, a la iniciativa exclusiva del Presidente de la Rep�blica? Este tipo de convenios es para pa�ses con una organizaci�n mucho m�s primitiva que la nuestra, que no tienen formada una tradici�n, un orden, una Constituci�n, un Derecho Administrativo, una Contralor�a General de la Rep�blica, etc�tera. Esto es para otra clase de pa�ses. No para el nuestro. Nosotros llevamos avanzado mucho m�s que ellos. Tenemos nuestro sistema de tradici�n. Y somos un pa�s ordenado, donde los Gobiernos han demostrado buen criterio para tratar con la Administraci�n P�blica y en que, aunque se han producido conflictos, ellos se han solucionado. En consecuencia, no veo la raz�n de que enajenemos parte de nuestra soberan�a y nos comprometamos a fijar normas internacionales, que yo acepto cuando dicen relaci�n a bienes superiores, a derechos que emanan de la naturaleza humana, etc�tera. Pero evidentemente nadie puede sostener que emana de la naturaleza humana el derecho a someter a arbitraje, conciliaci�n o mediaci�n las determinaciones de c�mo funciona la Administraci�n P�blica. Por esa raz�n, se�or Presidente, lamento que el Gobierno nos haya tra�do para su ratificaci�n este tratado que rige desde hace m�s de veinte a�os, que no tiene relaci�n con nuestra realidad jur�dica y que, de ser aplicado, va a originar nada m�s que problemas. Y nos va a dejar siempre en posici�n dudosa de si estamos cumpliendo los compromisos internacionales, que son de mucho peso. Y la mayor gravitaci�n que nosotros tenemos en la defensa de nuestros conflictos internacionales es el respeto a los convenios. Por esa tradici�n chilena de respeto a los tratados, no voy a dar mi consentimiento para que el presente sea ratificado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger. El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, en primer t�rmino, estoy en radical desacuerdo con las observaciones del Senador se�or Canessa; y, en segundo lugar, tengo una lectura distinta respecto del convenio a la de algunos de los se�ores Senadores que han intervenido con anterioridad. En primer lugar, y respecto a las afirmaciones iniciales del Senador se�or Canessa, deseo recordar que lo que est� ocurriendo en el mundo contempor�neo es que hay un n�mero creciente de temas, donde, de alg�n modo, se legitima la dictaci�n de ciertas pautas o normas internacionales de validez universal y que, en definitiva, van generando en cada uno de los pa�ses orientaciones que encaminan su propia normativa para ajustarse a lo que se ha convertido en consenso universal. No hay duda de que es el caso de los derechos humanos; no hay duda de que tambi�n lo es cada vez con m�s fuerza el tema del medio ambiente y de que en la misma categor�a se encuentra el campo de la normativa laboral. Basta recordar que el hecho de que no hayamos negociado hasta ahora un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos se debe fundamentalmente a que en ese pa�s un sector interno suficientemente fuerte ha manifestado que en cualquier tratado de libre comercio deber�an incluirse diversos acuerdos sobre normativa laboral. De manera que yo creo que los convenios internacionales sobre este tipo de materias y otras que asoman en el horizonte son parte de la realidad. Respecto de la lectura de la propuesta concreta del convenio sometido a nuestra ratificaci�n, quiero enfatizar que, en realidad, deja en gran medida, o fundamentalmente, a la legislaci�n nacional la forma en que las ideas generales o las orientaciones del tratado se puedan vaciar en t�rminos concretos a la legislaci�n chilena. Y tanto es as� que, por ejemplo, el n�mero 3 del Art�culo 1 dice, a prop�sito de las Fuerzas Armadas y de la Polic�a, que "la legislaci�n nacional deber� determinar tambi�n hasta qu� punto las garant�as previstas en el presente Convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Polic�a.". Pero la frase "hasta qu� punto" no elimina el hecho fundamental de que la que va a determinar es la legislaci�n nacional. Y �sta perfectamente puede tener en la pr�ctica cero punto. Respecto a los empleados p�blicos en general, debo se�alar que ac� no se les est� dando derecho a huelga o a formar sindicatos del tipo de los que existen en la empresa privada. En el Art�culo 3 se dice, por ejemplo: "la expresi�n "organizaci�n de empleados p�blicos", para los efectos del presente Convenio designa a toda organizaci�n, cualquiera sea su composici�n, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados p�blicos.". Y la verdad es que en la Administraci�n P�blica civil de Chile existen organizaciones como la ANEF, el Magisterio, los trabajadores de la salud, etc�tera. De manera que ac� no hay ninguna novedad. Cuando se plantea el problema de la soluci�n de los conflictos laborales en el sector p�blico, en primer t�rmino, se dice que deber�n ser resueltos por medio de la negociaci�n. Nadie puede decir que en Chile, frente a un conflicto laboral entre el Estado y alg�n grupo de empleados p�blicos, no haya negociaci�n. La hay en efecto. Pero, �qu� es lo que pasa cuando no se produce acuerdo? Se generan movimientos ilegales de fuerza, que son cosa de todos los d�as. Si uno examina la realidad laboral del pa�s en los �ltimos tres a�os, el 95 por ciento de los conflictos laborales han sido ilegales y han correspondido a empleados p�blicos de distinto pelaje. De manera que lo que aqu� se est� planteando no corresponde a lo que es aplicable a administraciones o pa�ses m�s primitivos, con legislaciones m�s incipientes, sino todo lo contrario: se est� avanzando hacia formas mucho m�s modernas de legislar respecto de la relaci�n entre los empleados del Estado y su empleador, que es lo que est� vigente en Chile. Y quiero se�alar como ejemplo a una de las democracias m�s avanzadas del mundo -no estoy sugiriendo que el sistema vigente all� se aplique en Chile-, que es el Reino Unido. En ese lugar, hay, con cierta frecuencia, huelgas, e incluso de la polic�a. Eso no mueve a esc�ndalo a nadie en el mundo occidental contempor�neo ni en las democracias que funcionan. Y no estoy sugiriendo que Carabineros de Chile pueda declararse en huelga, sino simplemente se�alando que esto no es una expresi�n de legislaciones primitivas, sino que, al contrario, sistemas que se est�n generando, con nuevas modalidades, en las democracias m�s avanzadas del mundo. En realidad, cuando se habla de mediaci�n, conciliaci�n y arbitraje, como otras posibilidades, se est� tratando justamente de que la legislaci�n chilena empezara -ser�a bueno- a tomarlo en cuenta. Porque, como muy bien dijo el Ministro del Trabajo en una de las Comisiones, as� se podr� terminar con la situaci�n existente, cual es que los conflictos laborales en la Administraci�n P�blica suelen producirse sin consulta a las bases y por la sola voluntad de algunos de sus dirigentes, situaci�n que es inimaginable trat�ndose de trabajadores del sector privado. De manera que lo que se est� planteando en el convenio es abrir la posibilidad y dar una orientaci�n para que internamente se legisle de un modo positivo para contribuir a la soluci�n de conflictos. Por �ltimo, quiero insistir que se trata de provisiones y de orientaciones que el convenio da a la legislaci�n nacional, para que se inserte dentro de algo que yo creo que es una realidad de tendencia. En Chile se est� agotando la relaci�n estatutaria entre el Estado y los empleados p�blicos, para pasar, cada vez m�s, a un tipo de relaci�n contractual. Y las relaciones contractuales se gu�an por normas similares a las que aparecen en este convenio. En mi opini�n, cuanto m�s pronto Chile d� pasos hacia la modificaci�n de las relaciones estatutarias entre los servidores del Estado y su empleador, m�s avanzaremos en resolver los conflictos de los empleados p�blicos; en reducir la conflictividad y en establecer, en definitiva, relaciones m�s arm�nicas y, por consiguiente, mejorar la eficiencia del Estado, lo que, compartido por todos, es algo absolutamente indispensable de lograr. Por �sta y otras razones m�s espec�ficas que me parece que no viene al caso mencionar en este instante, me declaro abiertamente partidario de la ratificaci�n del convenio en debate. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Aburto. El se�or ABURTO.- Se�or Presidente, concuerdo casi en su totalidad con las argumentaciones del Honorable se�or D�ez, en orden a rechazar el convenio. Pero deseo referirme, especialmente, a la posibilidad de que sus disposiciones puedan afectar a la judicatura. El Poder Judicial se ha visto enfrentado, en varias oportunidades, a la posibilidad de autorizar la formaci�n de asociaciones dentro de su personal. Y la Corte Suprema ha pasado por tal situaci�n. En verdad, trat�ndose de asociaciones de jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial, aqu�lla siempre ha dado su aprobaci�n. As� ha ocurrido con muchas organizaciones, como la Asociaci�n de Magistrados y la Asociaci�n de Funcionarios. Tambi�n se han formado algunas agrupaciones referentes a los notarios, receptores y a otros auxiliares de la administraci�n de justicia. En tal sentido, no hay inconvenientes para que esto opere dentro del Poder Judicial, seg�n la normativa general vigente sobre derecho de asociaci�n y otorgamiento de personalidad jur�dica. En general, todas han obtenido su reconocimiento. Sin embargo, en el convenio igualmente se hace referencia al derecho a sindicaci�n, el cual estimo incompatible con la organizaci�n del Poder Judicial. Como la expresi�n lo indica, aqu�l es un "poder" del Estado que goza de plena independencia y autonom�a. Hay normas constitucionales que se opondr�an a la circunstancia de formar sindicatos entre los funcionarios, ll�mense jueces, secretarios o dem�s personas que lo integran en calidad de empleados o de auxiliares. Se oponen el art�culo 79 de la Carta Fundamental y la configuraci�n de la judicatura como Poder del Estado. Quiero dejar constancia de esta situaci�n, porque, en el caso de aprobarse el convenio, cabe destacar que algunas de sus normas afectar�an al Poder Judicial en cuanto a su configuraci�n como Poder del Estado y de que, en ese sentido, no podr�an aplicarse de ninguna manera. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, al intervenir en el debate, deseo empezar por emitir mi juicio en el sentido de que el convenio en an�lisis fue aprobado por la Comisi�n de Trabajo y por la de Relaciones Exteriores del Senado. Es cierto que en la primera de ellas el Honorable se�or Urenda expres� sus discrepancias y reservas y, m�s que nada, sus dudas e inquietudes. En verdad, en la Comisi�n de Relaciones Exteriores se expresaron algunas aprensiones que culminaron con la abstenci�n -si mal no recuerdo- de dos se�ores Senadores, siendo uno de ellos el Honorable se�or Mart�nez. Pero ambas Comisiones sugirieron a la Sala la aprobaci�n del tratado. Tal vez valga la pena recordar la jerarqu�a de las normas jur�dicas que regulan la vida institucional del pa�s. Primero, obviamente est� la Carta Fundamental, y ning�n convenio o tratado internacional podr�a ser aprobado transgrediendo sus normas. Si uno revisa pormenorizadamente el tratado sometido a la consideraci�n del Senado, tendr� que afirmar tajantemente y sin la menor duda de que en �l no hay disposici�n alguna de la que pudieran deducirse transgresiones a las normas de la Constituci�n. Respecto de las expresiones que reci�n formul� el Honorable se�or Aburto haciendo reservas sobre normas que afectar�an al Poder Judicial, advierto que, en mi modesto juicio y con todo respeto, no son pertinentes. Y no lo son, porque el art�culo 1� del convenio expl�citamente se�ala que se refiere a todas las personas empleadas por la Administraci�n P�blica, en la medida en que no le sean aplicables otras disposiciones. El concepto de Administraci�n P�blica que introduce el art�culo 1� del tratado sometido a estudio, obviamente, cabe interpretarlo de acuerdo con el art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y en conformidad con la normas de la Ley N� 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, la cual expl�citamente pormenoriza lo que es Administraci�n P�blica y que el Poder Judicial, obviamente, queda al margen de las disposiciones con ese contenido. Por lo tanto, considero que las inquietudes expresadas en la Sala por los se�ores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, sinceramente, singularizan una suerte de temor catastrofal. Y mi estimado y distinguido amigo el Honorable se�or D�ez ha utilizado todo su talento en trasmitirnos la tremenda inquietud de que estar�amos en presencia de normas que, poco menos, destruir�an la Administraci�n del Estado. Con el mayor respeto que me merece Su Se�or�a, me atrevo a decirle que no es as�. En primer t�rmino, debe recordarse que efectivamente estas normas rigen a nivel internacional desde hace m�s de 20 a�os. Pero Su Se�or�a comete un error cuando sostiene que tales disposiciones han sido aprobadas para pa�ses que no tienen el grado de desarrollo nuestro. Deseo recordar que estas normas han sido ratificadas, entre otros pa�ses, por B�lgica, Espa�a, Finlandia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, etc�tera, ninguno de los cuales tiene un r�gimen de desarrollo menor que el de Chile. Con mucha pretensi�n, tal vez, podr�amos pensar que, en algunos aspectos, podr�amos igualarnos al grado de evoluci�n c�vica o social de esas naciones. Pero eso con una pretensi�n muy fuerte. En verdad, el desarrollo institucional y estatutario de ellas est�, sin duda, por sobre el de la nuestra. �Por qu� hago estas referencias? Debido a que pienso que han pasado muchos a�os desde que en la c�tedra ense��ramos que en el Estado de Chile la Administraci�n P�blica no pod�a declararse en huelga, constituir sindicatos, sindicarse, etc�tera. Eso, en muchas de sus partes, sigue ense��ndose hasta el d�a de hoy. Y se procede as�, porque no podemos olvidar que la Constituci�n de 1980, expl�citamente, proh�be el derecho de huelga. Y lo proh�be -pero no la sindicaci�n- y regula el derecho a asociarse, por la sencill�sima raz�n de que est� de por medio un concepto que no se ha esgrimido aqu�, el de servicio p�blico. Y el servicio p�blico no puede paralizarse. Y como no puede hacerlo, la huelga se encuentra proscrita en la Administraci�n. Pero hasta hoy no est�n proscritas ni la sindicaci�n ni la asociaci�n. Hace muy poco el Congreso despach� un proyecto sobre asociaci�n que tuvo a bien permitir conceptos que hasta hace algunos a�os no se pod�an ense�ar, porque eran la demostraci�n de algo que implicaba una transgresi�n flagrante a la norma constitucional. Pero en la especie, hoy d�a, cuando el presente Convenio se somete a la consideraci�n del Senado, nos encontramos con una norma que, en efecto, fue aprobada hace 20 o m�s a�os. �Y por qu� se somete s�lo ahora a la determinaci�n que corresponda en cuanto a la institucionalidad de la Rep�blica? Porque normas como �stas ya rigen con conceptos mucho m�s avanzados en la mayor parte de los pa�ses del mundo. Y aqu� se estima esencial e importante conciliar a nivel internacional la norma aprobada por la OIT con las disposiciones de nuestra legislaci�n interna. No podemos olvidar que en este momento en la Constituci�n de 1980 rigen disposiciones expl�citas que establecen que la huelga est� prohibida. De suerte que la aplicaci�n de estas normas, que, por lo dem�s, no se refieren a la huelga, sino a la sindicaci�n, no puede producir temor alguno en Chile. Debemos enfrentarnos a la realidad de la vida de nuestra administraci�n institucional. �Acaso no observamos a cada rato la huelga de los profesores, la de los m�dicos con paralizaci�n de los hospitales, la de los tribunales de justicia, a la cual se han visto abocados nuestros jueces, teniendo naturalmente que lamentar y repudiar lo que all� ha sucedido. �Por qu�? Porque la realidad de los hechos, esta realidad f�ctica, a menudo es m�s fuerte que la realidad de la ley. Por eso, el Ejecutivo somete esta norma al pronunciamiento que signifique una aprobaci�n de tipo institucional, porque se trata de conciliar disposiciones de un tratado internacional y de la legislaci�n internacional con las de nuestro r�gimen interno. Me permito recordar que ya en 1978, a nivel de un congreso internacional al cual asistieron todos los pa�ses del mundo de occidente, se aprob� la norma que dec�a que era fundamental permitir la sindicaci�n en el sector p�blico, naturalmente con excepciones muy fundamentales. Nadie puede tener la inquietud siquiera de que en virtud de esta disposici�n podr� ahora abrirse paso a lo que se ha denominado "la sindicaci�n de las Fuerzas Armadas". Es evidente -y el Tratado se encarga de cuidarlo- que respecto de esa norma no existe la menor duda de que a nadie podr�a ocurr�rsele que en las Fuerzas Armadas de nuestra patria se vaya a poder concebir la sindicaci�n. Recuerdo que no es extra�o pensar c�mo en pa�ses m�s desarrollados que el nuestro -espec�ficamente en Alemania, entre otras naciones- se ha concebido y ha llegado a regularizarse la sindicaci�n en las Fuerzas Armadas, hasta el t�rmino de que uno de nuestros Jefes de Estado anteriormente emiti� juicios criticando aquello y se�alando que se trataba de disposiciones absolutamente vituperables, por razones de otra �ndole que no son del caso recordar aqu�. Pero la verdad es que esa sindicaci�n en Alemania tampoco llega hasta producir el temor de que ella pueda paralizar a esas Fuerzas Armadas en el evento de un conflicto. Quiero hacer presente y advertir que ninguno de esos temores puede existir con la aprobaci�n de esta norma. En el fondo, ella simplemente est� adecuando a Chile a la modernidad, donde, indudablemente, va a ser mucho m�s positiva la soluci�n de conflictos con un sentido de realidad que en una circunstancia de d�a a d�a, en que debemos abocarnos a pensar c�mo se soluciona la huelga de los m�dicos o la de los profesores. Respecto de la negociaci�n, materia acerca de la cual con tanto temor el Senador se�or D�ez -amigo de muchos a�os- expres� que pudiese plantearse en Chile, me permito recordar que ya se ha venido haciendo esa negociaci�n desde hace muchos a�os en nuestra patria. Ahora, Su Se�or�a dir� que dicha negociaci�n se ha ido desarrollando sin necesidad de disposiciones. Es cierto. Pero la norma viene a institucionalizar y a regularizar algo en forma indiscutiblemente conveniente. En suma, creo que estamos ante una norma que no presenta inquietudes de ninguna especie. El se�or D�EZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, agradezco los conceptos personales vertidos por mi estimado anigo el Senador que acaba de usar de la palabra. Pero al hacer un an�lisis literal del Convenio, como abogado tengo que ver a qu� me obligo, de buena fue, con el contrato que estoy firmando. Me obligo a tratar de lograr, dentro de los 12 meses de la ratificaci�n de este Convenio, por medio de la negociaci�n entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediaci�n, la conciliaci�n y el arbitraje, una manera de determinar las condiciones del empleo en la Administraci�n P�blica. De manera que para cumplir el Convenio tendr�a que crear una legislaci�n interna, porque �stos son tratados de normas de conducta. Desde la ratificaci�n, tendr�a un a�o para establecer esa legislaci�n. Y textualmente se se�ala: "La soluci�n de los conflictos que se planteen con motivo de la determinaci�n de las condiciones del empleo se deber� tratar de lograr"... Y se indican los medios. Creo que esto es incompatible con nuestro sistema jur�dico, por muy buena fe con que se haya hecho. Soy partidario de lo que se ha estado haciendo en Chile, y de c�mo ello se ha producido. Lo que no quiero, porque lo considero in�til, es contraer obligaciones internacionales que me constri�en al uso de determinados medios que, a lo menos -Su Se�or�a tendr� que admitirlo-, nos dejan en posici�n dudosa. Porque nuestra legislaci�n no establece ni mediaciones ni arbitrajes ni conciliaciones entre las autoridades en la Administraci�n P�blica, y eso significa transgredir un principio fundamental impl�cito en toda nuestra legislaci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable se�or Silva. El se�or SILVA.- Se�or Presidente, insto al Senador se�or D�ez a que no tema a lo que con tanta justificaci�n se�ala desde su punto de vista. Porque, a mi juicio, el Tratado jam�s va a ser jam�s interpretado as�. Y ello, por la sencilla raz�n de que existen posibilidades de que se act�e, por ejemplo, en el sentido de buscar una conciliaci�n -esto no ha sido ajeno en la Administraci�n P�blica-, y no teniendo que recurrir necesariamente al arbitraje. Lo que sucede es que el Tratado se coloca en varias posibilidades; pero se remite siempre a lo que sobre el particular existe en la legislaci�n interna. Y mucho menos hay que temer considerando que estamos en presencia de tres normas de la Constituci�n Pol�tica del 80, la que di�fanamente define tres instituciones: huelga, asociaci�n, sindicaci�n. La huelga est� proscrita en la Administraci�n del Estado. Y lo est� porque el servicio p�blico, y en consecuencia, la Administraci�n, no puede paralizarse. La asociaci�n est� permitida expl�citamente en el n�mero 15� del art�culo 19 de la Carta Fundamental. Y estando permitido el derecho a asociarse, es l�gico concebir que se haya querido instituciones que si bien nacieron f�cticamente, hoy est�n reconocidas en la norma (como, por ejemplo, la ANEF y otras similares). Y la sindicaci�n se encuentra reconocida tambi�n en la Constituci�n cuando en forma expl�cita se la se�ala en el art�culo 19, pero, obviamente, sometida a las disposiciones de la ley. De manera que, interpretado el Tratado conciliadamente con las normas de la Administraci�n P�blica, la ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado y el estatuto a que se refiri� Su Se�or�a, evidentemente que la sindicaci�n en la Administraci�n del Estado va a conciliarse s�lo hasta la ley N� 19.296, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administraci�n del Estado, aprobada hace cuatro a�os. En s�ntesis -y con esto termino-, creo que estamos en presencia de una normativa que coloca a nuestro pa�s a tono con la modernidad institucional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Restan cinco minutos para el t�rmino de la sesi�n y est�n inscritos para intervenir siete se�ores Senadores. Podr�a hacer uso de la palabra el primero de ellos, pero quedar� interrumpido en medio de su discurso. Consulto al Honorable se�or Bitar si est� dispuesto a intervenir por el tiempo restante, pues de otro modo proceder� a levantar la sesi�n. El se�or BITAR.- Se�or Presidente, har� uso de la palabra por el lapso que falta se�alando, en primer lugar, que las exposiciones de los Honorables se�ores Boeninger y Silva resumen bien y con mucha contundencia las razones por las cuales se ha presentado el proyecto acuerdo a la consideraci�n de la Sala. Como miembro de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, me correspondi� verlo en detalle, y puedo se�alar brevemente que el riesgo o temor de que el Convenio N� 151 se extienda en su aplicaci�n a las Fuerzas Armadas fue discutido con bastante claridad, estableci�ndose que ello no corresponde y que no hay en �l una cuesti�n de esta naturaleza. Su art�culo 1, N� 3, consigna que la legislaci�n nacional determinar� en qu� medida las garant�as previstas en dicho instrumento son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Polic�a. Por cierto, nuestro ordenamiento interno y las expresiones del propio Gobierno, a trav�s del Ministro del ramo, despejan cualquier duda sobre la materia. Aclarado ese asunto, queda por preguntarse qu� es m�s �til para Chile ahora. En ese sentido, mi preocupaci�n radica en que el no disponer de normas se traduce en un factor de inestabilidad. Por lo tanto, a quienes han expresado su preocupaci�n por el hecho de que su establecimiento podr�a conducir a mayores conflictos, tensiones, o a alentar negociaciones o actitudes de trabajadores del sector p�blico contrarias a una mayor normalidad en la vida del pa�s, quiero decirles que sucede justo lo contrario. En la actualidad, no existen tales preceptos, y las negociaciones y paralizaciones se producen de facto. De manera que disponer de una normativa reguladora, aunque sea general, como la establecida en el proyecto, ayudar� a que la situaci�n sea m�s gobernable, est� m�s canalizada, y a que los conflictos que puedan producirse en el futuro sean mejor regulados. En tal sentido, tambi�n deseo manifestar que en el Convenio no existe norma alguna que se refiera al derecho de huelga; que esta normativa est� en perfecta armon�a con la ley N� 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administraci�n del Estado, y que permitir�a terminar con una discriminaci�n laboral odiosa, la que, en la pr�ctica y en la realidad, no se est� aplicando. Por �ltimo, deseo manifestar que, a diferencia de lo se�alado por un se�or Senador con antelaci�n, es conveniente que Chile se comprometa con acuerdos internacionales. Ya el Senador se�or Silva se�al� que un conjunto importante de pa�ses desarrollados y de Europa occidental han firmado el Convenio; pero, m�s que eso, dir�a que nuestro pa�s debe tener cierto liderazgo en el mundo y no puede mantenerse aislado. Al contrario, los argumentos tocantes a una pretendida superioridad chilena frente a otros sistemas para propiciar un aislamiento constituyen un grave error en una sociedad global. Hay responsabilidad colectiva, y es conveniente que Chile participe y presente un liderazgo creciente. Expresi�n de ello es que en los pr�ximos meses un chileno, por primera vez en la historia, ocupar� el cargo m�s alto que connacional alguno ha tenido en organismos internacionales como la OIT. En ese sentido, para nosotros es fundamental que nuestro pa�s, a trav�s del Senado, exhiba una actitud de respeto a un conjunto de tratados, y no s�lo al Convenio N� 151, que est�n pendientes de ratificaci�n y que han sido suscritos por pa�ses de Europa occidental y por un n�mero importante de naciones latinoamericanas. Chile aparece tristemente firmando el menor n�mero de acuerdos internacionales y est� m�s alejado de estas organizaciones y acuerdos, lo cual contradice el deseo de todos nosotros de estar a la vanguardia en materia de equilibrio social, equidad, desarrollo econ�mico y democracia. Y, lejos de aislarnos, debemos promover nuestra integraci�n, respetar y respaldar los tratados. Por lo expuesto, me inclino a la aprobaci�n del proyecto de acuerdo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por haber llegado la hora de t�rmino, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 18. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n