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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2264-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 18 de noviembre de 1998.
Informe de Comisión:
Hacienda (verbal), sesión 9ª, en 18 de noviembre de 1998.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Sin perjuicio del debate general que debe tener el proyecto y del informe verbal que habrá de dar a la Sala el señor Presidente de la Comisión de Hacienda , voy a proponer que, de acuerdo al Reglamento, se den por aprobados todos los artículos acogidos por unanimidad en la Comisión y que sólo se voten aquellos en que recaiga alguna indicación o en que hubo votación dividida.
Acordado.
¿Podríamos fijar las 20 horas para dejar el voto en la Secretaría?
Acordado.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , la Comisión discutió hoy el proyecto de reajuste de remuneraciones al sector público. Dicho organismo técnico se reunió con los Ministros de Hacienda y del Trabajo, y también, con un conjunto de dirigentes sindicales de las principales organizaciones representativas de los trabajadores del referido sector.
Esta iniciativa -como se sabe- reajusta en 5 por ciento las remuneraciones de los empleados públicos; define montos de aguinaldos para Navidad y para las próximas Fiestas Patrias, diferenciados según niveles salariales; aumenta la cobertura de diferentes beneficios, y, además, concede un bono, pagadero este año, contra el Presupuesto de 1998, cuyo monto varía de acuerdo al nivel remuneracional.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, con excepción del artículo 1º sugerido por el Ejecutivo , que definía el porcentaje de reajuste de remuneraciones.
Antes de informar sobre la votación, debo hacer presente que la iniciativa tiene un costo total de 365 mil millones de pesos y que la Comisión de Hacienda examinó cada uno de los ítem y dio su acuerdo a los recursos dispuestos para financiar los aumentos pertinentes.
La Comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad. También aprobó en esa forma cada uno de los artículos, exceptuada la indicación del Ejecutivo consistente en reponer lo que rechazó la Cámara de Diputados -vale decir, el reajuste remuneracional de 5 por ciento-, que fue acogida por tres votos a favor y dos abstenciones.
En consecuencia, la iniciativa llega a esta Sala tal como fue introducida originalmente por el Gobierno.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Trabajo, señor Julio Valladares.
--Se autoriza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , voy a resumir muy apretadamente los criterios que ha tenido el Ejecutivo para plantear y conversar los temas que determinaron este proyecto -con los representantes del sector público, durante octubre; en las últimas dos semanas, a nivel de Ministros, en la negociación política con la mesa ampliada y completa-, y además, para explicar la congruencia entre el proyecto de Ley de Presupuestos para 1999, aprobado hace dos horas en esta Sala, y la iniciativa sobre reajustes en su dimensión fiscal.
Recorreré sucintamente el texto remitido por la Cámara Baja en cuanto a los costos involucrados.
En primer lugar, por concepto de aguinaldo de Navidad; ajuste de remuneraciones y subvenciones; aporte a instituciones de educación superior, y otros bonos, el proyecto implica un costo fiscal, para diciembre de 1998, de 19 mil 786 millones de pesos.
En segundo término, el costo hasta el 30 de noviembre de 1999 (como es habitual), que asciende a 157 mil millones de pesos, considera el reajuste de todas las remuneraciones del sector público y de las subvenciones correspondientes; el aguinaldo de Fiestas Patrias para 1999; el bono de escolaridad de marzo del próximo año para todas las cargas afectas a él; el aporte a bienestar; un incremento en el bono de escolaridad y un segundo aumento de aporte a bienestar, ambos provenientes de la Ley ANEF.
Luego está todo lo atinente a los pasivos -asignación familiar, aguinaldos, bonos-, que representa un costo de 176 mil millones de pesos.
A ello debemos agregar otra serie de elementos -becas de posgrado, asignación por muerte, pensiones de gracia, aumento a beneficiarios de la Ley de Salud y bonificación extraordinaria de la ley Nº 19.536-, que suman sobre 4 mil millones de pesos.
En total, señor Presidente , en 11 meses del año 1999, estamos hablando de un costo directo fiscal de 337 mil 749 millones de pesos. Si a esta cifra agregamos lo correspondiente a diciembre próximo, más un bono de solidaridad que el Ejecutivo tuvo a bien ingresar mediante indicación -hoy en la mañana fue aprobado en la Cámara de Diputados- y que representa un costo de 7 mil millones de pesos, con cargo al presupuesto del año en curso, estamos hablando de un proyecto cuyo costo fiscal total es de 365 mil millones de pesos.
Ésa es la dimensión de la ley en proyecto. Ésta tiene una integración y consecuencia con la restricción de ingresos fiscales y el techo de gasto fiscal que muchos sectores del mismo Senado propiciaron como acto de responsabilidad para el ejercicio de 1999, dada las razones macroeconómicas por todos conocidas.
Por lo tanto, debe haber integralidad y coherencia entre el proyecto que incrementa en 5 por ciento las remuneraciones, reajusta todos los bonos y aguinaldos y agrega 7 mil millones de pesos en un bono especial solidario y redistributivo, y la restricción y el techo que, por razones conocidas y ponderando lo relativo al empleo y estabilidad laboral, se ha debido imponer al presupuesto fiscal como un todo en 1999. No pueden considerarse estos dos proyectos por separado. En efecto, el que ahora nos ocupa no trae financiamiento propio autónomo, desligado del Tesoro Público que Sus Señorías aprobaron. En dicha Partida presupuestaria se halla la provisión correspondiente para financiar esos aumentos en el proyecto específico de reajuste de remuneraciones del sector público.
Con todas las organizaciones del sector público y la mesa coordinadora, tuvimos el ánimo de llegar al máximo de acuerdos posibles y a un cierre de negociaciones concordado. Esto no fue posible. Se hicieron todos los intentos que viablemente nos permitía el marco que he descrito resumidamente. Al final, las diferencias -en mi opinión- no eran demasiado sustantivas. En la última noche de negociación el Gobierno y las organizaciones de trabajadores cerraron en cinco por ciento y 6,3 por ciento, respectivamente. Sin embargo, cada 0,1 por ciento representa -todos tuvimos y usamos la misma información transparentemente en la mesa, como ha sido habitual por más de siete años en estas negociaciones- 2 mil 500 millones pesos adicionales.
Lamentamos dicha situación. El martes recién pasado, a pesar de no llegar a acuerdo, hicimos un gesto que quedó expreso en el despacho del señor Ministro del Trabajo , don Germán Molina , en el sentido de valorar el diálogo, los esfuerzos, mejorar la redistribución y entregar, mediante una indicación que -como dije- fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Hacienda del Senado -según nos informó el Presidente de esta última, Senador señor Foxley -, el bono de solidaridad. Si se computa este bono en los tramos de rentas más bajas, medias bajas o bajas, en realidad el reajuste es -mensualizándolo, como debe ser-, prácticamente de 6 ó 6,2 por ciento. Sin duda, en el tramo superior de un millón de pesos el reajuste es de 5 por ciento.
Lo anterior no incluye -como ya señalé- los costos de los aguinaldos, bonos de escolaridad y otros, que se han venido agregando en la mesa de negociaciones. Ello ha sido una conquista de los trabajadores y así lo valoramos y reconocemos durante los últimos años de negociación.
Señor Presidente , me gustaría que, en ánimo de la claridad de la discusión de esta tarde, el Ministro señor Molina nos indicara las adiciones hechas en materia de cobertura. Había estamentos que quedaron fuera de algunos beneficios. Ello se ha esclarecido y se han incorporado en el proyecto de ley en debate. Recuerdo que en el pasado esta materia fue abordada, entre otros, por el Senador señor Lavandero .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo .
El señor MOLINA ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , deseo reiterar que la extensa negociación que llevamos a cabo con los dirigentes del sector público del país estuvo signada permanentemente por un ánimo constructivo.
El Gobierno reconoce y valora en forma muy positiva la moderación, flexibilidad y responsabilidad con que los dirigentes actuaron para entender las limitaciones extremas del Ejecutivo en el Presupuesto de 1999.
Tuvimos que levantar la mesa de negociación sin llegar a acuerdo. Sin embargo, el ánimo habido -así lo ha entendido el Gobierno- no ha sido confrontacional. Esto lo hemos expresado tanto a la opinión pública como a cada una de las Comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados, y hoy en la mañana, a su Sala. También deseo dejarlo establecido en el Senado para la historia fidedigna de la ley.
Se han agregado, no obstante el desacuerdo sobre el monto final del reajuste, los siguientes beneficios, que creo importante mencionar:
Primero, se extiende el bono de escolaridad de 29 mil pesos, por cada hijo en edad escolar, a funcionarios administrativos de universidades estatales, con un costo de 561 millones, vía aporte directo.
Segundo, se amplía el incremento adicional de 10 mil 430 pesos (llegando a 40 mil 156 pesos) del bono de escolaridad al personal municipal, de servicios de salud, de las Fuerzas Armadas, docente, no docente municipal, de la salud primaria, del Poder Judicial , que tengan remuneraciones inferiores a 239 mil 221 pesos.
Tercero, se extiende la vigencia de subvención especial de la ley Nº 19.464, destinada especialmente a financiar el aumento de remuneraciones del personal no docente del área municipal y particular subvencionada.
Cuarto, se crea un bono complementario solidario, que se pagará en diciembre del año en curso. Éste será de 21 mil pesos para quienes tengan una remuneración inferior a 300 mil pesos, y de 10 mil pesos para los que perciban una renta de entre 301 mil pesos y 800 mil pesos. Gozarán de este beneficio 425 mil funcionarios públicos: municipales, de las Fuerzas Armadas, docentes y no docentes, del sector salud, de la administración de las universidades, del Poder Judicial , con un costo fiscal de 7 mil millones de pesos.
Quinto, se focalizan los beneficios sociales, excluyendo de éstos a los funcionarios con rentas brutas superiores a un millón de pesos.
Sexto, se implementa un programa de becas de postítulo para funcionarios públicos profesionales que se desempeñan en Regiones.
Séptimo, se renuevan los beneficios especiales para funcionarios de la Contraloría, que vencen en diciembre de 1998.
Por último, se prorroga el incremento de bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas y profesionales de colaboración médica.
Pensamos que el sector público, no obstante ser muy importante -sobre todo para el Gobierno-, no constituye (lo discutimos con mucha franqueza) el más vulnerable del país. Este último se encuentra entre los trabajadores del sector privado, que perciben ingresos mínimos inferiores a los que reciben quienes se desempeñan en la Administración Pública, donde la estabilidad del trabajo, que hoy se siente amenazada por la crisis global financiera que también afecta a nuestro país, es un problema grave.
Estimamos que el hecho de que los trabajadores fiscales hayan llevado a cabo una negociación que no afecta la estabilidad de su fuente laboral ni la dotación del sector público es digno de tenerse en cuenta, pues constituye un aspecto importante cuando el país está sufriendo una situación delicada en sus equilibrios económicos.
Por lo tanto, pensamos que todo lo que los trabajadores han logrado en esta negociación, sin satisfacer sus legítimas aspiraciones -el Gobierno no las desconoce-, se halla dentro del marco de lo que hoy es posible ofrecer, dado el Presupuesto de 1999.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , deseo destacar con hidalguía un hecho que el año pasado yo critiqué, esto es, que, cuando se debatió el reajuste de remuneraciones a los empleados públicos, no estuvo presente el diálogo entre el Gobierno y los trabajadores -por razones que todos conocemos- a diferencia de como estaba aconteciendo desde 1990.
En esta oportunidad, debo destacar que hubo diálogo entre el Gobierno -a través de los Ministros correspondientes- y los trabajadores. Aunque he de reconocer, eso sí, que al parecer los representantes del Ejecutivo que manejan los recursos tenían problemas de audio, porque escucharon poco los planteamientos de sus aspiraciones. Me habría gustado, señor Presidente , que el reajuste se acercara al 12,4 por ciento que se solicitaba, cifra que el propio Ministro del Trabajo y Previsión Social estimaba prudente. Y se ha fijado en 5 por ciento. No cabe duda de que la brecha entre dicho porcentaje y lo que con prudencia los trabajadores pedían genera indudablemente insatisfacción.
También destaco en esta legislación la nueva modalidad relativa a los aguinaldos de fiestas patrias y de Navidad y el bono de escolaridad. Este último es muy importante, porque se entrega desde los 5 a los 24 años, lo que prácticamente abarca desde la etapa preescolar hasta la universitaria o profesional.
Además, en el artículo 15 se conceden bonificaciones a los trabajadores no docentes -más o menos 20 mil- que se desempeñan en los colegios traspasados a los municipios y en los particulares subvencionados. Aquí se les reconoce ese derecho.
Considero muy positivo y novedoso el bono que apoya la participación del personal que se desempeña en la Administración Pública en cursos de perfeccionamiento, que es una aspiración muy sentida.
Al respecto, quiero poner de relieve un problema cuya solución se halla pendiente. Y me gustaría que el señor Ministro de Hacienda lo asumiera, de manera que en el futuro haya un pronunciamiento. Se trata de funcionarios públicos que, con gran sacrificio de tiempo, trabajo y recursos, han estado haciendo cursos de perfeccionamiento en diferentes universidades del país, convencidos de que, como lo hizo presente el Gobierno, la capacitación les permitiría un mejor desempeño, esfuerzo que se premiaría. Desgraciadamente, un dictamen de la Contraloría no les ha reconocido las asignaciones correspondientes a perfeccionamiento de tipo profesional. Cerca de seis mil funcionarios a lo largo de todo Chile están esperando una solución.
Por lo tanto, sin estar contento con el porcentaje de reajuste propuesto por el Gobierno, pues no puede entregar más recursos, concurriré a su aprobación, lamentando -insisto- que las crisis y los problemas que vive el país generalmente se carguen en las espaldas del sector más débil, que es el de los trabajadores.
Por ello, anuncio mi voto favorable.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , el Gobierno señala que no puede dar un mejoramiento más amplio a los empleados públicos por la falta de recursos derivada la crisis asiática. En definitiva, se les entrega un reajuste que no les alcanza ni siquiera para educar a sus hijos. Ésa es la verdad.
Hay que tener presente que el 79,65 por ciento de los chilenos -es decir, casi el 80 por ciento de la población- percibe un ingreso inferior a 208 mil 400 pesos mensuales y que el 44 por ciento de los trabajadores recibe un sueldo menor a 104 mil pesos mensuales. ¿Cómo es posible esa situación en un país que hoy es el doble más rico que en 1989? ¿Cómo es posible que el 80 por ciento de los chilenos obtenga menos de 208 mil 400 pesos mensuales, lo que les impide educar a sus hijos? Si dos de ellos están en la universidad, con un costo de 140 mil pesos mensuales por cada uno, y un tercero estudia en la enseñanza media, la suma total se eleva a 340 mil pesos mensuales. ¿Qué va a hacer ese empleado público chileno o ese integrante del 79,65 por ciento de la población que gana menos de 208 mil 400 pesos mensuales? Ése es el drama, ése es el fondo del problema.
¿Y cómo es posible, si somos el doble más ricos, que el 80 por ciento de nuestros compatriotas perciba ingresos inferiores a 208 mil 400 pesos mensuales? Sencillamente, porque existe una injusticia atroz; porque del crecimiento del país, que alcanza un 7,20 por ciento anual, el 6,60 por ciento va a parar a manos del 30 por ciento más rico; y el 0,6 por ciento restante, a las del 70 por ciento de los chilenos.
Entonces, resulta imposible que el Estado disponga de más recursos para poder resolver el problema de sus funcionarios. Y es por eso que la nuestra es una de las Administraciones Públicas peor pagadas de América Latina.
Recién he visto en "El Mercurio" que los gerentes y los presidentes de empresas chilenas son los mejor pagados de América Latina; pero también sabemos que los trabajan en el sector público chileno son los peor remunerados de este subcontinente. Y esto ocurre en un país con estupendas cifras macroeconómicas.
¿Qué es lo que pasa? La injusticia social hay que examinarla en el Senado para intentar resolver el problema.
El 20 por ciento de más altos ingresos se lleva más del 62 por ciento de lo que produce nuestro país. El 72 por ciento de lo que recibe el Fisco -acabamos de aprobar en la Ley de Presupuestos de la Nación- proviene de impuestos indirectos, es decir al consumo, que es lo contrario de lo que ocurre en países desarrollados, donde la tributación directa alcanza el 60 por ciento, en circunstancias de que sólo el 40 por ciento corresponde a la indirecta. Eso significa que la clase media -es decir, el 79,65 por ciento de chilenos que ganan menos de 208 mil 400 pesos mensuales- es la que realmente entrega el 72 por ciento de los ingresos al Fisco. Y, por supuesto, el 20 por ciento de los más ricos recibe más del 62 por ciento de lo que el país produce. Además, son pocos y gastan mucho menos, de tal manera que contribuyen escasamente al monto total recaudado por concepto de impuestos indirectos, o sea, de la tributación que grava el consumo. Los grandes consumidores son la clase media y los trabajadores. Ellos contribuyen con el 72 por ciento de los ingresos fiscales. ¿Y qué aporta el sector de más altos ingresos frente a la crisis asiática, ante este devenir en donde el país es el doble más rico que en 1989? Aporta cero, señor Presidente . Cero.
Nuestro país -sépanlo todos los chilenos, que se asombran cuando lo digo y no lo creen- es el único en el mundo en donde las empresas no están afectas a impuestos a las utilidades. Ellas dicen que pagan 15 por ciento, pero se trata de un impuesto de retención que se devuelve al dueño y al socio de la empresa. Y si la tasa fuera del 20 por ciento, mayor sería el crédito fiscal a favor de los socios y dueños. De modo que no se trata de subir del 15 al 20 por ciento; es cuestión de que lo paguen. Se podría incluso bajar el gravamen al 10 por ciento siempre que aquellos contribuyentes no fueran compensados, y el Estado obtendría así un mayor ingreso de más de mil 200 millones de dólares sin elevar la tasa.
¿Sabe el señor Presidente a cuánto asciende la evasión tributaria en el país? En 1997, a 4 mil 500 millones de dólares. Hace dos años, a 3 mil 400 millones de dólares, es decir en dos años subió en mil 100 millones de dólares. ¿Cómo se desglosa esta evasión? En impuesto global complementario y de primera categoría, el 60 por ciento. Ello significa que quienes más ganan y se llevan el 62 por ciento de lo que el país produce, son los que menos pagan y los que más evaden impuestos. Quienes pagan más impuestos son los trabajadores, la clase media. Hay más de 50 mil empresas construidas exclusivamente para evadir impuestos, y pertenecen a los sectores de más altos ingresos.
Por consiguiente, no es efectivo que el Gobierno no pueda obtener más ingresos.
Por último, cuando se evaden impuestos, el que se echa el dinero al bolsillo hace además una competencia desleal. ¿De qué competencia estamos hablando? ¿Por qué en esto no hay tolerancia cero y se dice: "Señores, el que evade va a la cárcel"? Los trabajadores y los empleados no pueden dejar de pagar sus impuestos porque, o se los descuentan por planilla, o se los retienen en las boletas de compraventa de sus consumos. Pero los demás los evaden y con ello causan un daño enorme, tanto a la competencia cuanto a las arcas fiscales.
Aquí durante meses se discute si agregar medio punto, unas décimas, para entregar finalmente un reajuste de 5 por ciento, 5 y medio, o de 6 por ciento. Y eso, ¿en qué les resuelve los problemas a los empleados públicos? En nada.
Sabemos que un funcionario gana un tercio de lo que obtendría por desempeñar su misma actividad en el sector privado. Con eso tenemos un Estado no solamente mal pagador, sino también ineficiente. Cuando hay un buen funcionario, excelente, el sector privado lo toma, como con una aspiradora, y le ofrece tres veces lo que recibe en la Administración Pública. Es evidente que quienes permanecen en ella son los que se hallan imbuidos de un alto sentido de servicio público (y no lo pueden sostener siempre), o bien, los más ineficientes, porque con esos sueldos nadie puede vivir.
Si el Estado, con tolerancia cero y con dureza, con firmeza, lograra recuperar la mitad de esos 4 mil 500 millones de dólares; y si además dejara de compensar el 15 por ciento (éste es el único país del mundo, repito, donde las empresas no pagan impuestos a las utilidades), obtendría unos 4 mil 200 millones de dólares más y se podría disminuir el impuesto a las personas, que es alto, y otros impuestos. Por añadidura, se entregaría buena educación, se ofrecerían buenos sueldos en el sector público y se mantendrían bien pagados los profesores y el personal de salud.
Creo -no lo digo en forma peyorativa- que debemos hacer un esfuerzo sincero. No puede ser que del millón 300 mil jubilados que hay en nuestro país, 600 mil de ellos ganen menos de 56 mil pesos mensuales. Se trata de gente que trabajó, que cotizó imposiciones, y que el Estado (que tiene una imagen excelente en el ámbito internacional debido a sus políticas macroeconómicas) mantiene prácticamente en la indigencia, ya que gana menos que el valor de una canasta familiar. Y casi 4 millones de chilenos obtienen como ingreso menos del 3,3 por ciento. Eso significa menos de 60 mil pesos mensuales.
Estoy de acuerdo en que los empresarios siempre van a manejar sus asuntos de modo de obtener la mayor utilidad posible; pero no podemos aceptar este modelo neoliberal sin regulación alguna. Es evidente que se persigue la mayor utilidad posible, y el menos costo posible. Dentro de este último se cuenta a los trabajadores, los empleados, el sector público.
En esto el Gobierno tiene que actuar en serio. Cuando yo presidía la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo tomó el compromiso de llevar adelante una reforma tributaria. Ello se acordó el año pasado al otorgarse también un reajuste de 5 por ciento. Sin embargo, después se echó para atrás. Está bien. Si no se quiere hacer la reforma tributaria acordada, al menos combatamos duramente la evasión tributaria; logremos que las empresas paguen el 15 por ciento; hagamos que el cobre, que explota el 40 por ciento de las riquezas de nuestro país y que tampoco paga impuestos (por distintos capítulos, porque también compensa el 15 por ciento con el 35 adicional, y después tiene los precios de transferencia, que alcanzan a 25 por ciento por debajo del precio internacional), los pague.
Y vemos cómo la Compañía Minera La Disputada de Las Condes no ha enterado impuestos durante quince años, y ha acumulado créditos fiscales. O sea, va a agotarse la mina y el Estado quedará debiendo a esa Compañía, filial de la empresa minera Exxon. Lo mismo sucede con La Escondida.
En consecuencia, señor Presidente, pienso que tenemos que hacer un esfuerzo solidario y serio para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Cuando llegamos al acuerdo del año pasado y el Ejecutivo se echó para atrás en lo relativo a la reforma tributaria, predije que habría movilizaciones. Y las hubo por parte de los profesores, de los funcionarios de la salud. Creo que si el problema no se arregla, ... ésta es una bomba que en algún momento va a estallar. Explotará porque la gente no va a conformarse con seguir viviendo con sueldos miserables. Es mejor hacerlo ahora estando de acuerdo, en forma correcta, honestamente, mirando las cosas de frente, sin egoísmos, actuando en serio para permitir que el resto de los chilenos también goce del crecimiento, bastante considerable, que ha experimentado el país en estos ocho, o diez años, si así se quiere señalar. Para ello, sin embargo, hay que mostrar la suficiente solidaridad y sentido de justicia social.
Por las razones indicadas, me parece que el presente proyecto no beneficia directamente al sector público. Y había pensado votarlo en contra, pero temo que eso podría causar daño. Por eso, y a pesar de que en mi fuero interno desearía rechazarlo por la grave injusticia social que significa, me voy a abstener, pues tampoco quiero contribuir a resolver los graves problemas que afligen al sector público con una limosna.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , me referiré a un aspecto que para mí es de particular preocupación en todo este debate.
He escuchado con atención las exposiciones de los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo, por lo que pienso que sin duda la iniciativa contiene múltiples mejoramientos: un bono de solidaridad y otros beneficios que se han mencionado.
Existe igualmente una situación económica estrecha que no podemos desconocer.
Respecto del artículo 1º del proyecto, si lo votamos en contra no habrá reajuste puesto que la Cámara de Diputados ya lo rechazó. No creo que un pronunciamiento similar del Senado sea el mejor camino, teniendo en cuenta que el resultado será la eliminación de este mejoramiento. Pero el punto al cual me referiré es el siguiente.
En ninguna negociación debe procederse de manera tal que se debiliten las organizaciones de los trabajadores. Ése es nuestro criterio, y quiero dejarlo establecido en la oportunidad en que se desarrolla esta discusión en el Senado. Pienso que, ante una situación en la cual se encuentran involucrados distintos grupos laborales del sector público, arribar a conversaciones y a actas de entendimiento sin su presencia y sin su firma no ayuda al proceso de fortalecer tales organizaciones y darles estabilidad. Y ese hecho lo atribuyo no sólo al Gobierno; también, quienes queremos organizaciones sociales y de trabajadores más fuertes, debemos hacer un llamado de atención hacia los desencuentros habidos entre estos mismos. Considero indispensable dar pasos para restablecer la legitimidad de los grupos de representantes de los servidores públicos. Y éste es un aspecto que, aunque queden pocas horas para el inicio del tercer trámite, es necesario tomar en cuenta.
Al igual que el Honorable señor Lavandero , creo que debemos tener una perspectiva de más largo plazo. Si bien el reajuste que se plantea sólo regirá durante un año, resulta aconsejable proyectar instancias de conversación con los trabajadores para que, en caso de haber mejoramientos en la economía, más allá de la crisis actual, éstos sean distribuidos de manera más adecuada. Ello es perfectamente posible y quiero hacerlo presente en esta sesión. Es obvio que el aumento en las condiciones pecuniarias de los funcionarios públicos debe estar vinculado a la modernización del sector estatal y al mejoramiento de la economía.
Soy uno de los Senadores que plantearon con bastante firmeza la necesidad de tomar medidas estrictas en lo económico para salir cuanto antes de la crisis, y tengo claro que los márgenes disponibles son estrechos. Pero, sin dejar de ser consecuente con esa postura, creo que debemos tener una mirada de más largo plazo que permita efectuar mejoramientos en caso de que la situación se revierta. Por eso, hago votos y llamo tanto al Gobierno como a las organizaciones de trabajadores -cuyos representantes se hallan en las tribunas- a que, antes del tercer trámite, restablezcan un espacio de conversación, para validar a las dirigencias y establecer un vínculo con el Gobierno a fin de considerar reajustes adicionales sobre la base de los mejoramientos que experimente la economía chilena.
Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo sobre la materia y, específicamente, acerca de la forma como ello podría materializarse. Estoy seguro de que así, aun con las limitaciones que he planteado, estaríamos dando un paso favorable, con costos económicos mínimos respecto de los ya establecidos, que tendría gran importancia desde los puntos de vista de las organizaciones de los trabajadores, de la responsabilidad con que éstos han actuado y de la posibilidad de que exista una relación estable y armónica hacia el futuro.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, la iniciativa me merece las siguientes consideraciones.
Ciertamente, se trata de un proyecto de reajuste que se presenta en un marco -según se nos ha dicho y conocemos- de restricciones presupuestarias y económicas, y que, además, viene calificado de "Discusión Inmediata", lo que hace difícil entrar en un análisis profundo que permita determinar cuán estrecho es ese marco presupuestario y cuál es el máximo esfuerzo que puede hacerse para compensar debidamente a los servidores públicos.
En segundo lugar, se nos presenta un proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados tanto en general como en particular, con excepción de su artículo 1º, que es el que justamente concede el reajuste de 5 por ciento. Este precepto fue rechazado allí porque, por una parte, se estimó que el porcentaje podía ser insuficiente, y, por la otra, Parlamentarios de la Concertación pretendieron responsabilizar a la Oposición de la situación, lo que nos parece realmente inaceptable.
El tercer elemento que debe tomarse en consideración es que esta iniciativa fue precedida de una negociación en la que los representantes de los trabajadores del sector público, que inicialmente habían planteado un reajuste de 12,4 por ciento, disminuyeron su pretensión a un 7,3 por ciento. Simultáneamente, el Gobierno aumentó su oferta de 4,3 a 5 por ciento. Es decir, se está concediendo un reajuste levemente superior a la inflación estimada.
Se nos manifestó asimismo de parte de los dirigentes de los empleados del sector público su disposición a restablecer una mesa de negociación en la cual pudieran afinarse algunos acuerdos.
En estas condiciones, hemos votado favorablemente el proyecto en general, y también todo su articulado, con excepción del artículo 1º, respecto del cual nos abstuvimos en la Comisión. Y ello, porque consideramos razonables los planteamientos hechos en ese organismo por los dirigentes de los trabajadores fiscales. Pensamos que esa abstención, que puede significar un tercer trámite, abre también la posibilidad de mejorar la iniciativa.
Ciertamente, nos hubiera gustado estudiar más a fondo el proyecto; ciertamente, nos hubiera gustado igualmente haberlo analizado en un clima distinto del que se produjo hoy en la mañana en la Cámara de Diputados, el que, quiérase o no, influye asimismo en el Senado; y, por cierto, nos hubiera gustado que la negociación que se inició tiempo atrás hubiese terminado en un acuerdo entre los dirigentes de los trabajadores del sector público y el Gobierno.
Manifestamos nuestra disposición a buscar fórmulas o apoyar proposiciones que el Gobierno pueda hacer en esta materia, y pensamos que nuestra abstención respecto del artículo 1º puede posibilitar una mejor solución en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto en general y mi abstención en cuanto a dicha disposición, pidiendo que ella sea votada separadamente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , está claro que éste no es un proyecto fácil, por su propia naturaleza, por el número de personas a quienes está dirigido y por la situación que el país atraviesa, producto, quizás en gran medida, de hechos exógenos que complican una normativa de esta índole.
Ahora bien, quiero llamar la atención acerca de dos o tres incongruencias que es bueno destacar, porque considero positivo tener claridad en materias como ésta y no hacer discursos fáciles y, a veces, pretender resolver los problemas de todo el país o de los sectores más implicados.
Por cierto, la situación del sector público puede considerarse mala si se la compara con la del sector privado, pero hay que tener en cuenta que en estos años de Gobierno de la Concertación ella ha sido corregida en una proporción bastante significativa. Eso se debe a la existencia de políticas serias, que han redundado -lo cual ha de seguir siendo así- en mejores remuneraciones para un grupo muy importante, a fin de poder tener un Gobierno y un país debidamente equilibrados.
Deseo mostrar dos o tres inconsecuencias que me parecen bastante graves.
En primer término, el que varios señores Senadores planteen que el Presupuesto no puede crecer más allá de uno por ciento, y los mismos propongan reajustes por sobre el 5 por ciento -cualquiera que sea el guarismo de la inflación- es algo que no calza.
Hay una política seria del Gobierno y de los Senadores de estas bancas, en especial el Honorable señor Foxley , de lo cual quiero dejar expresa constancia. Existe seriedad y responsabilidad y se actúa en consecuencia. No es serio criticar por una parte y después demandar y exigir reajustes superiores por la otra.
En segundo lugar, tampoco parece lógico que se castigue al Gobierno por entregar un bono de solidaridad entre 21 y 10 mil pesos en sus escalas redistributivas, lo que para el Presupuesto de 1998 significa 7 mil millones de pesos y, por otra parte, rechazar el artículo 1º del reajuste al sector público con toda la gravedad que esto reviste.
Eso no tiene ninguna lógica; y es bueno decirlo. Que quede constancia también como una segunda forma irresponsable de plantear las cosas.
Por último, quiero destacar que no es bueno dejar amarrado al Gobierno en un compromiso cuyo cumplimiento va a depender de hechos externos. Cuando uno ve la seriedad con que ha actuado el señor Ministro de Hacienda para encarar la política económica del país, no me cabe ninguna duda de que, si hay bonanzas -producto de situaciones que todos esperamos-, él actuará con responsabilidad y va a continuar con una política que implique que el sector público y las áreas más desvalidas vayan recuperando su poder adquisitivo. De lo contrario no se explica, por ejemplo, que hoy se pretenda entregar un bono de solidaridad con cargo al Presupuesto del año 1998; y si en el año 1999 hay una mayor holgura o queda superávit, no me cabe duda de que el señor Ministro de Hacienda va a tener la misma disposición. Así nos encontraremos con soluciones positivas.
Por todo eso, señor Presidente, voto que sí.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, tengo sentimientos bien contradictorios frente a esta discusión.
Por una parte, me parece importante valorar el hecho de que, no obstante enfrentar una situación económica mucho más compleja durante 1998 -y con toda seguridad en 1999-, estemos hablando de reajuste de remuneraciones y de un bono para los trabajadores del sector público. Esto es bien distinto de cómo sucedían las cosas durante otros períodos de nuestra historia. Debe tomarse en cuenta que, como ocurre en otros países, en Chile cualquier asomo de disminución del crecimiento repercute muy directamente en las remuneraciones, las cuales, permanentemente, operan como factor de ajuste.
Los trabajadores saben que eso ha sido así. Y, desde ese punto de vista, a mi juicio, es importante ser consecuente en la forma de plantear las cosas: no es consistente el alegato de algunos, buscando congraciarse con los trabajadores, con lo que ha sido su práctica durante muchos años. En eso, en mi opinión, los trabajadores son suficientemente inteligentes y saben cómo las cosas han sido en el país.
En todo caso, quiero también expresar una cierta sensación de tristeza por la forma como las cosas ocurrieron durante el día. Desde la Comisión de Hacienda, hicimos un intento responsable de buscar una solución. Porque hemos conocido los planteamientos formulados por los presidentes de distintas organizaciones gremiales del sector público, que no están contentos con la manera en que esta negociación fue finalmente conducida. Y, en ese sentido, desde el punto de la concertación social en Chile, creo que la forma como esta negociación terminó no es buena. Me parece que los procesos de concertación continúan debilitándose en el país.
Como lo señaló el Senador señor Bitar , es un resultado inconveniente desde el punto de vista de las organizaciones sociales. Chile necesita un tejido social más estructurado. El país tiene organizaciones empresariales muy fuertes frente a las de los trabajadores, que son muy débiles. Y a mí me preocupa que sigamos debilitando las organizaciones laborales de los trabajadores y el movimiento sindical. Ahí hay un desequilibrio que está marcando muy fuertemente el conjunto del funcionamiento de nuestro país. Una parte significativa de las diferencias en materia de distribución de ingresos tiene que ver con esto, lo que produce gran desigualdad en las capacidades de negociación de unos y de otros. Y, desde ese punto de vista, en mi concepto, es negativo el modo en que culminó este proceso de negociación.
A mí me parece mal y un contrasentido que, con ocasión de la discusión de un proyecto de reajuste, tengamos a quienes deben ser sus principales beneficiarios -representados por sus dirigentes- en una posición de confrontación y de disgusto ante esta iniciativa. Yo creo que ése es un mal resultado en relación con los esfuerzos de concertación social y con el debido respeto de las organizaciones sociales en nuestro país.
En todo caso, no había necesidad de llamar a engaño respecto de lo que iba a ocurrir en 1998 y 1999. Todos sabíamos que habría estrecheces económicas desde el punto de vista del Presupuesto. No iba a ser un período en el que uno pudiera pretender grandes aumentos en materia de poder adquisitivo.
Estimo que lo que han estado planteando los trabajadores es algo perfectamente razonable. Aquí se está hablando de un reajuste basado principalmente en la estimación de inflación para 1999. No se hace referencia, en consecuencia, a ninguna reivindicación desmedida. Y, desde ese punto de vista, quiero reiterar un planteamiento que formulé en la Comisión de Hacienda.
En este tipo de materia, todos debiéramos tomar nuestros riesgos. Cuando a los trabajadores se les concede un reajuste de 5 por ciento para 1999, con una predicción de inflación en torno de igual porcentaje, ellos toman un riesgo. Si la inflación es superior, se va a producir una disminución de su poder de compra. Y ahí hay un riesgo.
En nuestro país, los trabajadores del sector público son los que han asumido más riesgos durante los últimos años, porque han venido negociando sobre la base de la inflación esperada. Han corrido, en consecuencia, el riesgo de que la inflación fuese mayor que la calculada, pues de ser así sufren una erosión de su poder compra.
Desde ese punto de vista, me parece perfectamente legítimo el que el Gobierno pudiera haberse comprometido en una revisión de esta situación hacia el segundo semestre del próximo año. Si el cuadro de estrechez se mantiene, simplemente, tendrá que postegarse la entrega de cualquier beneficio. Por el contrario, si finalmente primaran las expectativas de quienes tienen una visión más optimista respecto de lo que puede ser la coyuntura durante 1999, en mi concepto, sería perfectamente legítimo el compromiso de poder revisar tal situación durante el segundo semestre del próximo año; y, así como se pagó un bono con cargo a los excedentes fiscales de 1998, haber resuelto esta situación con la entrega de un mejoramiento de los trabajadores del sector público por la vía de un bono financiado con los eventuales excedentes fiscales correspondientes a 1999. Me parece que sería de justicia el establecimiento de un compromiso de este tipo. Yo no lo estimo como un amarre, sino como algo equilibrado, en donde todos asumen sus riesgos y no sólo los negativos derivados de la inflación mayor que la prevista, sino también los riesgos positivos de una coyuntura menos estrecha que la inicialmente prevista.
Esos son los planteamientos que formulamos en la Comisión de Hacienda. Desgraciadamente no fue posible llegar a un acuerdo, por lo cual lamento la situación producida.
Estimo que, sin perjuicio de ello, no nos cabe otra opción que votar favorablemente el proyecto, porque me parece que lo más inconveniente sería decir a los trabajadores chilenos que tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron en contra de un aumento de remuneraciones.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , en forma breve y sin abusar del tiempo, deseo responder y aclarar algunos de los términos entregados en esta Sala por distintos señores Senadores.
En primer lugar, respecto de la inquietud del Honorable señor Muñoz Barra -quien ha anunciado su voto favorable a esta iniciativa y que valoramos-, en cuanto al tema de programas de perfeccionamiento y educación, debo informar que existen distintas iniciativas que no están agotadas en el proyecto. Ellas se relacionan más bien con la reajustabilidad de remuneraciones del sector público y con los bonos y aguinaldos.
En concreto, con la ANEF, por ejemplo, sin ir más lejos, a partir de enero del próximo año, se implementará un programa de becas para estudios universitarios en favor de funcionarios públicos en carreras pertinentes a la modernización del propio servicio en que laboran; hay reservados también más de 3 mil millones de pesos en capacitación funcionaria en la Administración Central; en el proyecto se aumenta a 400 el número de becas, tanto para la educación técnica como universitaria, a partir de 1999.
Efectivamente, hay un problema que no es competencia del Gobierno, pero que el titular de Educación ha estado resolviendo con el apoyo de los Ministros aquí presentes. Como bien señala el Senador señor Muñoz Barra , la cuestión se refiere al reconocimiento de la asignación profesional respecto de las universidades que están siendo usadas para conseguirla. Sobre el particular, se produjo un problema de interpretación de la Contraloría General de la República que esperamos resolver. Estamos realizando todos los esfuerzos del caso para ello.
Existen diversos fondos de capacitación para dirigentes gremiales y sindicales, en un ámbito amplio de materias, que sólo enuncio para ilustrar que la agenda laboral y social con los trabajadores del sector público no se agota en este proyecto de ley de reajuste para 1999. En ese sentido, el Gobierno no puede negarse a seguir trabajando con la mesa amplia, con la coordinadora de todos los gremios, federaciones y sindicatos del sector público, en su amplitud total, para analizar estos temas a nivel de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. No podemos negarnos a ello.
El responsable de la Cartera del Trabajo y Previsión Social sostuvo que si nos hemos demorado en presentar el proyecto que ocupa al Senado, no fue por falta de tiempo para analizar el articulado -como dijo el Honorable señor Novoa y lo corrijo-, sino, precisamente, para agotar hasta la saciedad la posibilidad de llegar a un acuerdo. Éste estuvo cerca -como aquí se ha reconocido-, pero no se pudo concretar.
Respecto del tema planteado por el Honorable señor Lavandero -que, en el fondo, es más amplio, pues involucra la limitación de los recursos financieros del Estado y en particular de la estructura tributaria-, deseo señalar una cifra indesmentible: mientras en el sector privado los diferenciales de ingresos en el área de remuneraciones entre los sectores más altos y los más bajos -que es lo que estamos discutiendo aquí- es de 16 ó 17 veces, en el público, en cambio, debido a los claros esfuerzos distributivos efectuados en estos nueve años, la diferencia entre la renta más alta y la más baja -hoy día el sueldo mínimo es del orden de los 130 mil pesos- llega a ocho veces. Recordemos, nuevamente, que, a pesar de los esfuerzos realizados, el salario mínimo del sector privado es de sólo 81 mil pesos.
Por lo tanto, siendo valederas las observaciones que Su Señoría hizo sobre la distribución del ingreso, a lo menos, en todos estos años, en el sector público hemos trabajado consistentemente con todas las organizaciones de trabajadores, a fin de mejorar y cambiar esa precisa pirámide.
En cuanto a las observaciones formuladas por el Senador señor Novoa, estimo que ellas -lo digo con respecto- revelan una paradoja, porque o cambia la opinión de los economistas asesores de su partido o su discurso; pero las dos cosas al mismo tiempo no nos cuadran.
Haré llegar a Su Señoría diversos comentarios y observaciones de los economistas que asesoran a la UDI -imagino que también lo hacen respecto de sus Senadores-, relativos a las restricciones presupuestarias para el próximo año y a lo que se proponía sobre la combinación de ambos temas -que he pedido encarecidamente a la Sala no olvidar, por estar conectados íntimamente-: el techo del Presupuesto fiscal para 1999, el tamaño y rol del Estado y la restricción.
Recordemos que esos economistas pedían congelamiento. A las pocas semanas aclararon que era un congelamiento, al menos, en términos reales, pero con cero incremento real.
También cabe recordar lo que se sostuvo sobre las supuestas presiones a las remuneraciones del sector privado si el público llegaba a dar un peso más del 4,3 por ciento de la inflación esperada propuesta por el Banco Central.
En resumen -lo digo con respeto-, o cambian a esos economistas o el Honorable señor Novoa cambia su discurso. Pero no se pueden abstener, pidiendo ahora más con el techo que ya se votó y aprobó, donde está incluido el financiamiento de esto, con las restricciones que sus propios economistas han estimado.
En verdad, faltó tiempo. Siempre lo necesitamos para intentar, hasta el límite, el logro de acuerdos. Pero el Gobierno tiene el deber de gobernar y el Poder Ejecutivo el de presentar oportunamente, aunque sea al límite y en forma serena, los proyectos de ley al Parlamento.
Debo recordar que son dos las partes que concurren a hacer las leyes: el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad; no nos hemos ahorrado entregar el bono de cierre, que es redistributivo, el cual resulta importante para las rentas bajas. Y ahí está con cargo al Presupuesto del próximo año. De manera que hemos hecho todos los gestos posibles. La conversación, la discusión y la generación de temas con la mesa completa del sector público no se agota con el debate en el Senado de este proyecto de ley específico. Eso quiero dejarlo muy claro.
Por consiguiente, los señores Senadores también tienen que asumir su responsabilidad. Y me parece que lo mínimo que los Poderes del Estado podemos pedir es cierta coherencia en los discursos.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra, señor Presidente, porque he sido aludido directamente.
El señor GAZMURI.-
Pero no en forma ofensiva, señor Senador.
El señor NOVOA.-
No es necesario.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , entiendo que el Reglamento dispone que un señor Senador tiene derecho a usar de la palabra cuando ha sido aludido en forma ofensiva. Y aquí no se ha ofendido a Su Señoría, sino que se ha discutido con él. La discusión no ofende a nadie.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Solicito al Honorable señor Gazmuri que permita a la Mesa manejar el debate.
El señor GAZMURI.-
Estoy dando un consejo, señor Presidente, que se puede tomar o dejar.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¡Muchas gracias!
El Senador señor Novoa dispone todavía de tiempo. Y como desea contestar ahora, pido el acuerdo de la Sala para que lo haga inmediatamente.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , deseo señalar al señor Ministro que, efectivamente, cuando se estaba redactando el proyecto de Ley de Presupuestos, nosotros planteamos un Presupuesto que, en su conjunto, no creciera. Hicimos llegar al señor Ministro distintas proposiciones sobre la materia, lo que obviamente no significaba congelar cada una de las Partidas.
En segundo lugar, durante la discusión del proyecto en la Comisión Especial Mixta, presentamos indicaciones para bajar muchos gastos que considerábamos innecesarios, sobre todo en período de restricción. De acogerse esos planteamientos, probablemente se hubiera podido tener mayor holgura para atender otros asuntos importantes.
En tercer término -con todo respeto-, nosotros efectuamos cálculos respecto del uso de la Partida del Tesoro Público, de Provisión para Financiamientos Comprometidos. En ellos -aunque obviamente el Gobierno no tenía por qué considerarlos, igual se los entregamos al Director de Presupuestos -, contemplamos como provisión un reajuste para el sector público de 2 por ciento sobre la inflación. Así y todo nos sobraban recursos en esa Partida.
Por lo tanto, no se trata de un problema de economistas, sino de decisiones políticas, acerca de cómo se asignan las prioridades.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Antes de conceder el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri , deseo formular una consulta al señor Ministro , quien señaló textualmente que los programas de becas son para la "Administración Central". Me parece que, en realidad, quiso decir que lo eran para la "Administración Pública", porque aquélla está referida solamente a Santiago.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Es un buen comentario el de Su Señoría y pido las excusas del caso. En realidad, competen a todas las Regiones del país, y cuando hablamos de Administración Central entendemos que se trata del aparato central del Estado, pero a lo largo del país, de todas sus Regiones y comunas, con excepción exclusiva del Gobierno descentralizado, que es el sector municipal.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Muy bien, se entiende la Administración central y descentralizada, porque los Gobiernos Regionales también tendrían opción.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , quiero anunciar, en primer lugar, que votaré favorablemente el proyecto, particularmente su artículo 1º, y como hay algunos trabajadores a quienes no les gusta lo que estoy diciendo, explicaré por qué lo hago.
Si no votamos en esa forma el artículo, habrá cero reajuste. Es decir, la idea de que una votación contraria al artículo 1º permitiría un espacio de negociación con el Gobierno, es falsa. Repito: si rechazamos tal disposición, la iniciativa queda sin reajuste, porque la Cámara rechazó el 5 por ciento, y si nosotros hacemos lo mismo, habrá un reajuste cero, sin posibilidad de legislar nuevamente al respecto hasta después de un año. Y yo no me haré responsable con mi voto de que los trabajadores públicos del país tengan este año un reajuste cero. Todos los que están, o absteniéndose, o votando en contra, digan lo que dijeren, en la práctica están contribuyendo a ello, y por más que fueran a discutir con el Ministro de Hacienda , ese porcentaje no podría aumentarse, porque un proyecto sobre el mismo punto, rechazado en el Congreso, no puede ser propuesto nuevamente hasta después de un año.
Aquí hay actitudes que no son claras, y me parece indispensable que la gente lo entienda, particularmente los trabajadores, porque es muy fácil llegar hasta acá, criticar la proposición y adoptar una conducta política en el voto, en circunstancias de que la conducta política válida no la constituyen los discursos, sino los votos.
Por eso, insisto en lo siguiente, y esto es bueno que lo sepa el país: si el Senado rechaza el artículo 1º, hay reajuste cero, y no habrá ley de reajuste para el sector público hasta un año más.
Ésa es la verdad constitucional y política del asunto. Y esto lo digo para que también la gente vea después cómo vota cada uno de nosotros.
Insisto: yo no quiero que el reajuste sea cero, y no me haré responsable de eso.
En segundo lugar,...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Frente a lo que está sucediendo, la Mesa tiene la siguiente alternativa: o las personas que se encuentran en las tribunas deben hacer abandono de ellas, o guardan el silencio correspondiente, entendiendo las inquietudes y los problemas que cada una de las personas pueda representar. Pero, por favor, la idea es que escuchemos con atención a los señores Senadores y, finalmente,...
--(Continúan las manifestaciones en tribunas).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
___________________
--Se suspendió a las 20:48.
--Se reanudó a las 20:51.
___________________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , en segundo lugar, comparto lo señalado por el Senador señor Ominami en el sentido de que en este caso era perfectamente posible llegar a un acuerdo con las organizaciones que representan directamente a los trabajadores del sector público. Y ello, por lo que se ha dicho acá. Creo que había flexibilidad, que había márgenes posibles y que era de gran valor un acuerdo directo con las organizaciones de trabajadores.
Pienso que eso al país le interesa, y al Gobierno debería también interesarle de manera extrema, toda vez que hay acuerdo entre nosotros en que las remuneraciones del sector público no son compatibles con una sociedad moderna. Ahora, es evidente que en un año de estrechez esa situación no puede corregirse de manera sustantiva. Pero, a mi juicio, la señal del acuerdo tenía gran valor. No sé cuánto cuesta eso desde el punto de vista financiero. Pero me parece que ése es un elemento que en esta oportunidad se perdió, y ello -hemos participado también en la reunión de la Comisión de Hacienda-, no por inflexibilidad de las organizaciones de los trabajadores.
Y, en tercer lugar, insto al Gobierno -recojo las palabras del señor Ministro de Hacienda - para que sobre éstas y otras cuestiones se mantenga el diálogo con las organizaciones de los trabajadores del sector público. Creo que no vamos a lograr la reforma del Estado que nuestra sociedad y el país necesitan, si no establecemos un acuerdo estratégico entre el Gobierno y los trabajadores del sector público. Pienso que esto tiene la mayor importancia desde el punto de vista del futuro. Ello incluye, por cierto, un esfuerzo sostenido por parte del Estado en el sentido de que los sueldos y salarios de la Administración sean compatibles con el grado de desarrollo de nuestra sociedad, pues hoy claramente no nos encontramos en esa situación.
Por consiguiente, insto a que este traspié -lamento mucho que se produjera- de no haber llegado aquí con un acuerdo expreso y explícito con las organizaciones del sector público sólo sea temporal, y se retome el diálogo, que estimo indispensable.
La idea planteada hoy en la Comisión de Hacienda, en cuanto a que si existía superávit fiscal en el ejercicio del próximo año -porque existen muchas variables económicas que todavía no podemos predecir-, eso pudiera permitir ajustes en este acuerdo, lo que me parece un asunto enteramente legítimo, justo, que habría que explorar.
Anuncio mi voto favorable en general y particular al articulado, señor Presidente .
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, ahora que los ánimos están más tranquilos, quisiera hacer algunas reflexiones.
A mí me parece importante destacar que nuestra Constitución, la Carta Fundamental de Chile, reserva al Ejecutivo el manejo administrativo, económico y financiero de la nación. Por otra parte, también le otorga el privilegio, particularmente durante la legislatura extraordinaria (como aquella en que ahora nos encontramos), de tener la iniciativa exclusiva para incluir en la convocatoria los proyectos que le parezcan importantes y hacer presentes las urgencias, que se refieren al ritmo o plazo en que deberán ser despachados dichos proyectos.
A mi juicio, todas estas situaciones conllevan, no sólo el privilegio de tener la iniciativa mencionada y el manejo administrativo, financiero y económico del país, sino también las responsabilidades para quienes gobiernan y para quienes dicen respaldar la acción de ellos.
Creo que no es ésta una cuestión menor, sino que estamos frente a temas sustantivos, como la definición de políticas de remuneraciones y, en este caso, las referentes a un sector que justamente colabora con la acción del Ejecutivo.
A mi juicio, es importante que ordenemos de una vez por todas las responsabilidades en el país. Éstas deben ordenarse, porque la opinión pública se halla muy confundida. Y está confundida, porque muy frecuentemente escucha discursos diversos al interior del Gobierno, como nuevamente quedó en evidencia en la primera instancia de tramitación del proyecto en debate.
No fuimos nosotros los que provocamos la situación. Aquí hay una evidente dualidad de miradas al interior de la Concertación. Si ella hubiera querido respaldar a su Gobierno, no habría tenido ningún problema para hacerlo en la Cámara de Diputados, porque allí tiene una mayoría absolutamente clara.
Sin embargo, hay opiniones diversas. Y no estoy en contra de la diversidad. Al contrario, estoy por el pluralismo; pero, también, por la responsabilidad y la coherencia, que tanto destaca el señor Ministro . Me parece que pertenecer al Gobierno implica una coherencia vital: tener la responsabilidad de respaldarlo en temas sustantivos.
Por otra parte, es importante abrir espacios de entendimiento, porque en la Comisión de Hacienda fuimos testigos de que personeros de la dirigencia gremial señalaron que todavía no existía una instancia decisiva o que, por lo menos, deseaban tener un espacio de entendimiento mayor que el que hasta ahora se había planteado.
No voy a entrar a hacer una calificación del tema y del problema que pudo haberse suscitado en este proceso de negociación. Pero me parece muy importante dar la posibilidad de resolverlo a quien dejó pendiente esta situación, esto es, a la Cámara de Diputados. Y ésta es una cuestión muy relevante, porque no es claro lo señalado por el Senador señor Gazmuri , en cuanto a que sólo con la votación aprobatoria del proyecto se podría resolver el problema. Recordemos que bastaría que el Ejecutivo enviara un veto de insistencia para que se zanjara la dificultad.
A mi juicio, el Gobierno no puede seguir eludiendo la responsabilidad de ser una coalición. Las coaliciones de Gobierno existen para tener esas responsabilidades. De allí que, a mi juicio, somos perfectamente consistentes al aprobar en general la idea de legislar sobre esta materia (no podíamos hacer algo diferente) y, también, lo acordado en forma plena por la Cámara de Diputados. Nosotros hemos planteado...
El señor GAZMURI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ROMERO.-
No he concedido ninguna interrupción, señor Senador.
E señor GAZMURI.-
Señor Senador, se la estaba solicitando.
El señor ROMERO.-
Desgraciadamente quiero utilizar completo mi tiempo. Tal vez, al final, pueda concederla.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Su Señoría no desea conceder interrupciones.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , nosotros debemos posibilitar los entendimientos, abrir espacios. Y el propio Gobierno -como señaló el señor Ministro - ha tenido oportunidad de hacerlo. Creo que, en un proceso de negociación, nunca es suficiente decir que están terminados.
Con esto no estoy haciendo ninguna prédica ni práctica para que las personas puedan mañana abrigar perspectivas diferentes. El señor Ministro ha sido muy claro y terminante en definir la posición. Y creo que a él le corresponde esa coherencia, esa definición.
A mi juicio, con lo que ha ocurrido hoy día en el Senado, estamos ordenando de algún modo el escenario político chileno,...
El señor PIZARRO .-
¿Me permite, señor Senador ?
El señor ROMERO.-
...en términos de que quienes se hallan en la coalición de Gobierno...
El señor PIZARRO .-
Deseo formular una pregunta a Su Señoría.
El señor ROMERO.-
No he concedido ni voy a conceder interrupciones, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El Honorable señor Romero no desea ser interrumpido.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Decía que quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben asumirla enteramente, en lugar de vivir interrumpiendo, como lo hacen algunos señores Senadores. Creo que ser Parlamentario también implica una responsabilidad.
Por último, estimo que debemos ser consistentes y coherentes. Ahora estamos viendo -afortunadamente para el país- un poco más de orden que el habido en otras circunstancias. Ello no es malo, y pienso que debe mirarse en forma positiva. Tengo la sensación de que quienes se ordenaron hoy están preocupados por el orden. Por el contrario, me parece muy importante y positivo que alguna vez haya orden en cuanto a las responsabilidades que conlleva el ser Gobierno.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, lamento que se haya tenido que hacer despejar las tribunas, pues me habría gustado intervenir para indicar que, sin desconocer para nada la legitimidad de las peticiones de los trabajadores públicos...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si Su Señoría me lo permite, debo aclarar que la Mesa no ordenó despejar las tribunas: suspendió la sesión por cinco minutos, y la gente se fue por su propia decisión.
El señor BOENINGER.-
Rectifico, entonces.
En todo caso, estando despejadas de hecho las tribunas, digo que, junto con reconocer la legitimidad de las peticiones; sabiendo todos que las remuneraciones de los empleados públicos, pese a los significativos aumentos que han experimentado en términos reales durante los últimos años, continúan siendo insuficientes; y conscientes de que tenemos un largo tiempo -la próxima década- en que estos temas deberán seguir discutiéndose y habrá que otorgar sucesivos incrementos reales, en la medida en que las circunstancias lo permitan, mi deseo era manifestar, siendo escuchado por los dirigentes de los trabajadores, que estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento del Gobierno, expresado por el señor Ministro de Hacienda .
En verdad, creo que se ha hecho un esfuerzo enorme: un costo de 365 mil millones de pesos, un aumento superior a 5 por ciento (con todos los agregados que nos explicaron los señores Ministros), en circunstancias de que existe un presupuesto extremadamente restrictivo, de 2,8 por ciento, con pronósticos de crecimiento del país para el próximo año no muy optimistas. Creo que casi todos estaremos de acuerdo en que la proyección de 3,8 por ciento de hace tres meses era demasiado optimista, si se piensa, por ejemplo, en el IMACEC de 0,1 por ciento para septiembre.
En consecuencia, en este año de austeridad, pedir aumentos mayores no me parece prudente ni responsable. Y el Gobierno no podría sino actuar como lo ha hecho.
Por ello, coincidiendo con el señor Ministro de Hacienda , no puedo concordar con que, por un lado, se insista en reducir el tamaño del Estado y el gasto público, y por otro, frente a una actitud tan responsable como la del Ejecutivo en relación con este reajuste, se le reste el apoyo.
Espero que se reanude la mesa de diálogo. Sin duda, todos lo quieren. Y estoy cierto de que, una vez que pase la primera reacción de desaliento de los trabajadores por no haber podido obtener lo que pedían, así va a ocurrir. Porque la concertación social -comparto todo lo dicho aquí en este sentido- es un elemento muy positivo y necesario en el país. Por tanto, no dudo de que se restablecerá la mesa de diálogo.
Ahora, considero que asumir compromisos hoy con cargo a mejorías que se puedan producir en 1999 no sería una actitud responsable del Ejecutivo. Porque, incuestionablemente -y con esto termino-, a fines de 1999 se financiará un bono similar al consignado en este proyecto con cargo a los eventuales excedentes fiscales en ese año.
En suma, creo que la iniciativa presentada por el Gobierno está absolutamente dentro del contexto de la indispensable austeridad con que el país debe enfrentar el próximo año.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , quiero hacerme cargo de varias afirmaciones formuladas esta tarde en la Sala.
Un señor Senador sostuvo que era muy bueno que en medio de una crisis se reajustaran las remuneraciones. Concuerdo con eso. Pero debo precisar que sólo se están incrementando las de los trabajadores del sector público, quienes tienen su empleo asegurado. Porque la verdad es que en el sector privado los trabajadores están empezando a asumir la triste realidad de la cesantía.
En los últimos días hemos conocido dos encuestas sobre empleo. En una, de la Universidad de Chile, se habla de que la desocupación ya ha superado el 11 por ciento. Según el INE, el desempleo ha disminuido.
Tal disparidad de cifras, por una parte, refleja el enorme error de que el Banco Central haya interrumpido el encargo a la citada Universidad de encuestas a nivel nacional sobre empleo, y por otra, justifica una discusión sobre la definición de "ocupados" que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas.
En todo caso, debo reiterar que, cuando nos congratulamos de que en medio de una crisis se aumenten las remuneraciones, estamos refiri��ndonos sólo a los trabajadores públicos, quienes tienen su empleo asegurado. Porque los privados, desgraciadamente, están perdiendo su fuente laboral, producto de tasas de interés irracionales que todavía se aplican; de que, por diversas razones, no se hizo el ajuste suficiente a principios de este año, o de muchas otras situaciones.
Eso, en primer término.
En segundo lugar, cuando el señor Ministro nos dice que vamos a tener que cambiar nuestro discurso o reemplazar a nuestros economistas, yo debo enfatizar que justamente por el discurso de aquéllos y por el discurso absolutamente responsable que hemos tenido siempre la gente de la Oposición es que finalmente se llega a situaciones como la vivida esta mañana, cuando Diputados de la Concertación se dieron el lujo de hacer oposición al Gobierno. Porque eso fue lo que sucedió en la Cámara Baja. La gente de Gobierno actúa como si fuese Oposición y se confía en que el proyecto pertinente se aprobará con los votos de ésta.
La verdad es que la reacción habida hoy día ha sido de repudio a esa actitud, señor Presidente. Porque continuamente los integrantes de la Concertación actúan como si fueran opositores y, sobre la base de la conducta responsable de la Oposición, se confían en que con nuestros votos se aprobarán las iniciativas que no son atractivas para el público.
En tercer lugar, cuando se habla de que no hay consistencia en nuestro discurso, en el sentido de que exigimos un Presupuesto bajo y pedimos reajustes mayores, quiero apoyar lo expresado por el Honorable señor Novoa y manifestar que durante la discusión presupuestaria propusimos muchas rebajas, todas las cuales fueron rechazadas.
Si fuésemos Gobierno, probablemente habríamos hecho las cosas de manera distinta. Empero, no lo somos. Y creemos que el Ejecutivo debe asumir sus responsabilidades.
En todo caso, pienso que hemos efectuado una oposición extraordinariamente responsable, no sólo ahora -en especial hoy-, sino durante los últimos ocho años.
En mi concepto, señor Presidente , aquí nadie busca algo distinto de un sector público altamente tecnificado, altamente motivado, altamente eficiente. Y para ello, sin duda, necesitamos una Administración Pública mejor remunerada.
Tengo claro que en este minuto es difícil otorgar reajustes mayores que los que se están dando. Pero creo que la voluntad de todos los que nos hallamos en esta Sala -tanto los elegidos como quienes ocupan un lugar en ella por su trayectoria- es justamente buscar ese ideal.
Ahora, obviamente, no sólo hace falta avanzar en cuanto a otorgar remuneraciones más adecuadas, sino también en el sentido de establecer un sistema calificatorio razonable, más flexible, donde los ascensos sean por méritos y no por antigüedad, etcétera, para procurar que el sector público funcione cada día mejor.
Señor Presidente , deseo terminar mi intervención señalando que no siento que debamos dar muestras de responsabilidad. El Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá fue aprobado gracias a nuestros votos y a una negociación que sostuvimos. Lo mismo ocurrió con el Acuerdo del MERCOSUR y las rebajas arancelarias. Y la verdad es que en muchos casos se llega a acuerdo entre la Oposición y el Gobierno.
Sin embargo, debo hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, jamás se reconoce públicamente nuestra ayuda cuando se aprueba un proyecto complicado. Y, en segundo término, muchos de los acuerdos no han sido cumplidos por el Gobierno. Lo dije en la Subcomisión de Presupuestos pertinente.
Señor Presidente , en el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, por ejemplo, acordamos que nos sentaríamos en una misma mesa para analizar los temas vinculados al medio ambiente. Pero, a pesar de que llamé en numerosas oportunidades al Ministro señor Villarzú , todavía no se efectúa la reunión respectiva, donde pretendemos abordar materias que efectivamente nos preocupan.
En los casos del MERCOSUR y de las rebaja arancelarias, tocante a los recursos destinados a la agricultura, se ha cumplido con la letra de la disminución de aranceles, pero no con su espíritu; se hizo una reasignación de las platas entre el SAG y el INDAP en materia de fertilización de praderas, por ejemplo...
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
La señora MATTHEI.-
Encantada, señor Ministro .
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , obra en mi poder una carta firmada por los Senadores señores Romero y Cariola , quienes dejan constancia expresa de que no hay discusión alguna sobre los montos, los aportes y el compromiso a que alude la Honorable señora Matthei con respecto a los acuerdos arancelarios. La única discrepancia que ellos manifiestan -incluso, lo hizo saber el Senador señor Romero hace algunas horas, en la otra discusión habida en esta Sala- radica en los porcentajes asignados, con los montos asegurados, al SAG e INDAP.
Muchas gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Ése es precisamente el tema, señor Presidente.
Recuerdo que en la rebaja de aranceles, cuando se habló de cuáles eran los porcentajes de dinero que serían manejados por INDAP y el SAG en la fertilización de praderas, se estableció que a cada una de esas entidades le correspondía 50 por ciento. Y se dijo que los porcentajes históricos se iban a mantener. Sin embargo, lo que se hizo fue repartir el nuevo dinero en mitades entre el SAG y el INDAP, reasignándose totalmente las platas anteriores, en perjuicio del Servicio Agrícola y Ganadero. Y todo el mundo sabe que los beneficiarios del SAG y los del INDAP son diametralmente distintos.
Por lo tanto, si bien el acuerdo relativo a quién manejaba los recursos para fertilización de praderas con motivo de la rebaja de aranceles fue respetado en su letra, la verdad es que se violó en su espíritu al reasignar los dineros que venían de antes.
Señor Presidente , entiendo que el Gobierno tiene restricciones; la Oposición también las tiene. Todos tenemos restricciones: políticas, con nuestra gente, etcétera. Pero es justamente nuestra historia de absoluta responsabilidad lo que, en último término, está llevando a una situación que no seguiremos aceptando: sectores de la Concertación se oponen al Gobierno, hacen demagogia, dicen a su electorado que rechazan lo que está realizando aquél, y mientras tanto se preocupan de que los proyectos del Ejecutivo sean aprobados con los votos de la Oposición. Y no estamos dispuestos a seguir aceptando eso.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Procuraré ser breve, señor Presidente , porque es poco lo que se puede añadir. Sólo quiero enfatizar tres ideas.
En primer lugar, el tema es de la mayor sensibilidad para el Senado, al que compromete de manera permanente. Bien decía el Honorable señor Bitar que hay que poner por eso la mirada en el largo plazo y que debe haber sobre la materia una actitud consistente y perseverante para lograr los resultados esperados.
Deseo recordar que, tanto en la Ley de Presupuestos de 1998 cuanto en algunas iniciativas legales aprobadas por el Senado en el curso de este año, ha habido hechos que comprometen la actitud de este cuerpo legislativo en lo que dice relación a las remuneraciones de los servidores públicos.
Se han ido introduciendo, en efecto, elementos de evaluación sistemática del desempeño de los distintos organismos públicos y de los funcionarios de la Administración.
Del mismo modo, hace sólo unos meses aprobamos por amplia mayoría en esta Sala el proyecto de ley sobre probidad administrativa. Y esa misma mayoría concluyó que el éxito de dicha ley en parte importante iba a estar determinado por todo un proceso de dignificación de los funcionarios públicos.
Por lo tanto, es natural que concurramos con preocupación al momento de votar este proyecto. Pero también debe entenderse que el compromiso del Congreso y del Gobierno -como lo dijo muy claramente el señor Ministro de Hacienda esta tarde- es el trabajo sostenido para alcanzar resultados más positivos.
En segundo término, quiero expresar una vez más mi alegría por el hecho de que este Senado, hace sólo dos semanas, haya dado su aprobación mayoritaria a los Convenios de la OIT, que servirán de base para revisar nuestra legislación laboral en orden a fortalecer la organización sindical de los trabajadores públicos y a introducir mecanismos sistemáticos de negociación entre ese sector y el Gobierno. Es evidente que en la medida en que esto se concrete podremos llegar a futuras leyes de reajustes en un ambiente más positivo.
En tercer lugar, creo que los trabajadores públicos deben retener algunos hechos, que son los que dan particular mérito al proyecto de ley que ahora estamos discutiendo.
No es un hecho menor el que los casi 340 mil millones de pesos que cuesta para 1999 la iniciativa legal en debate constituyan un porcentaje muy significativo del incremento del gasto nominal en que el Estado incurrirá durante el próximo año.
No es un hecho menor el que el Ministro de Hacienda , en el proceso de negociaciones, hiciera público el compromiso del Gobierno con la estabilidad laboral, en circunstancias de que -como bien lo recordaba la Senadora señora Matthei - la situación económica del país está creando condiciones de inestabilidad en el empleo. El sector público no sólo logrará incrementos reales en el nivel de sus remuneraciones, por debajo de sus aspiraciones, sino que, además, tiene garantizada en gran medida su estabilidad laboral.
Creo, por ello, que hay argumentos sobrados para que esta iniciativa sea aprobada en general y en particular.
Por desgracia, señor Presidente , no podré concurrir con mi voto para que así ocurra, pues tengo un pareo vigente con el Senador señor Pérez , quien no está en la Sala en este momento.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en esta materia se han expuesto las dos posiciones en términos generales.
En la línea del sector público, si uno mira su petición desde el punto de vista histórico y la coloca dentro del escenario de la coyuntura económica en que hoy día vivimos, debe concluir que ella es razonable.
En verdad, desde la perspectiva histórica, dicho sector se encuentra en una condición francamente desmedrada con respecto al privado, independiente de las diferencias que existan en los segmentos de menores y de mayores ingresos. No se puede exigir eficiencia al sector público si no se le otorga un reconocimiento, también, desde el punto de vista de las remuneraciones, y sin perjuicio de algunos problemas internos.
En este mismo Congreso se registró una votación bastante restringida respecto de la iniciativa, finalmente no aprobada, que establecía las famosas "plantas críticas", conforme a las cuales, por un aumento en el riesgo, se iba a conceder un mejoramiento salarial al nivel profesional de Obras Públicas , pero como una punta de lanza para el resto del sector público. Y ahí quedó determinado muy claramente que había fondos para ello, pero quienes votamos en contra no estábamos de acuerdo con el camino que se sugería, porque el mayor riesgo asimismo significaba la posibilidad de mayor arbitrariedad por parte del jefe directo de confianza, en cuanto a la permanencia de los funcionarios, independientemente del comportamiento de éstos.
En ese sentido, hay que cuidar mucho al sector público. A mi juicio, el que se haya aumentado el número de cargos de confianza constituye un grave error, porque, en el fondo, de alguna manera se va presionando al Gobierno de turno y surge la circunstancia de que debe mediar una suerte de afinidad para que se garantice la estabilidad y el mejoramiento en cuanto a ingresos y escalamiento, pero respecto del mejoramiento de la productividad justamente se produce el efecto contrario.
Y, si se va afinando más dentro de la Administración Pública, la deuda histórica igualmente presenta otros aspectos, como la asignación de zona. Ese beneficio, que apunta a generar un tipo de incentivo para absorber mayores costos o contar con una mejor distribución territorial de los funcionarios públicos, tampoco está cumpliendo su cometido en los hechos, porque se calcula con relación al sueldo base y, en el fondo, es del orden de 30 por ciento de lo que realmente se debiera pagar.
En virtud de ese conjunto de consideraciones, más lo que aquí se ha señalado, estimo que el país, con una buena asignación presupuestaria y dentro de la coyuntura económica que se vive, se halla en condiciones de pagar los dos puntos adicionales que se exigen, y muy lejos, en lo atinente a la deuda histórica con el sector público.
Por esas razones, voto que no, en la conciencia de que el Ejecutivo debe reestudiar la asignación de 1999 para llegar a un acuerdo en la Comisión Mixta. Y si en el Senado hubiera una votación mayoritariamente en contra, nada impide una reformulación a través de otro proyecto, con un porcentaje distinto. Así que tampoco es un escenario real el de que pronunciarse por el rechazo de esta iniciativa significa cero por ciento para el sector. Ello no es cierto ni está en el espíritu del Ejecutivo , y menos en el de esta Corporación. Ése es mi voto, señor Presidente , respecto del artículo 1º de la indicación del Ejecutivo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro, último inscrito, y luego votarán los señores Senadores que aún no lo han hecho.
El señor PIZARRO .-
Seré breve, señor Presidente . Deseo manifestar mi respaldo a la propuesta del Gobierno, pues me parece que se trata de un reajuste realista. Por lo demás, implica una enorme cantidad de dinero y es bueno que todo el mundo sepa exactamente lo que significa cada punto para el sector público por la cantidad de personas involucradas.
Indudablemente, ello siempre aparece como poco. Y, en este caso, las aspiraciones eran mucho mayores. Al respecto, el ánimo expresado aquí por todos es que ojalá se hubiera entregado una cifra superior.
Cada vez que en el Congreso se suscita esta discusión, año a año, los argumentos son casi siempre los mismos, pero pienso que en la situación que nos ocupa, en particular, existe el antecedente de que el reajuste al sector público es una señal económica muy fuerte para lo que sucede en el sector privado en términos de aumento de remuneraciones. Y, tal como se ha puntualizado muy claramente, la realidad en el sector privado, en la economía, es bastante más compleja, más difícil. Esta última pasa por un momento que ha significado afectar fundamentalmente el plano laboral. Los despidos han aumentado.
Y diría que la frustración o la impotencia en que los dirigentes de los trabajadores del sector público se ven frente a un reajuste que consideran inferior -pero que es realista, insisto, y acorde con las condiciones que hoy presenta el país- tal vez aumenta porque no se percibe la misma situación de ajuste, de austeridad, en todos los sectores. Si se pudiera comprobar de manera objetiva que todos la han asumido con el mismo énfasis con que el Gobierno lo ha hecho en la Ley de Presupuestos que aprobamos hoy en la tarde o en el reajuste en estudio -que, siendo bajo, repito, entrega una señal realista al país-, indudablemente que podría existir mayor conciencia o comprensión. Pero lo que se observa son contradicciones demasiado grandes y fuertes en el sistema económico, determinantes de que el mayor sacrificio normalmente recaiga en los sectores que viven de una remuneración y, en este caso, específicamente, en el sector público.
Me encantaría, desde luego, que se pudiera avanzar más en términos de una verdadera modernización en ese ámbito, de darle un mayor grado de eficiencia. Todos sabemos que con ingresos bajos o insuficientes resulta muy difícil lograr excelencia en la función pública, que el esfuerzo tiende a ir minimizándose o a no ser asumido en la misma forma que si mediaran los incentivos requeridos para desarrollar una labor.
Aquí se han formulado juicios de orden político respecto del proyecto en análisis, producto de la discusión en la Cámara. No es razonable para algunos Honorables colegas que cada cual asuma su responsabilidad en este Hemiciclo sin pensar en qué se hizo o no se hizo en la otra rama del Congreso. Pero no podemos supeditar nuestro voto a la actitud asumida por Diputados de distintos partidos, de la Oposición o del Gobierno. No me parece conveniente ampararse en ese argumento, porque es una forma de eludir la responsabilidad y de no encarar el tema con el realismo que demanda.
Y no se trata de que la Concertación se confíe o no en que determinados proyectos sean aprobados con los votos de la Derecha y de que los Senadores de la alianza no asumamos nuestra responsabilidad. Ésa no es la situación.
Por lo demás, respecto de la responsabilidad de cada coalición política, la gente determinará quién la demuestra y quién no, o quién practica la demagogia. Sobre el particular, podemos hablar mucho en relación con distintos temas, no sólo acerca de lo económico. Hay formas y formas de actuar en la política, y, fundamentalmente, nuestra obligación es hacerlo con realismo, con apego a la institucionalidad, fortaleciendo la democracia, representando las aspiraciones de las personas. Y cada cual se ciñe en ello a su mejor saber y entender. Ojalá que las decisiones de cada uno se tomaran con la mayor transparencia, para que la ciudadanía supiese exactamente cómo vota y qué dice y hace cada Senador en lo atinente a los distintos temas nacionales, no solamente a los económicos.
No me cabe duda de que la Concertación, en su conjunto, hoy en el Senado y mañana en la Cámara, ratificará la propuesta del Gobierno. Por mi parte, respaldo esta última votando favorablemente el proyecto en general y en particular, como lo estime conveniente la Mesa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la normativa que nos ocupa.
El señor MARTÍNEZ.-
No, señor Presidente .
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Entonces, prosigue la votación.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente, encuentro atinadas las observaciones sobre política presupuestaria formuladas por el Senador señor Novoa . No obstante, creo que hay circunstancias especiales con relación a este proyecto: el país ve con preocupación el aumento de los índices de cesantía y realmente existe aprensión en orden a que ellos puedan acrecentarse en el transcurso del año.
Es cierto que a los funcionarios en actividad no se les puede disminuir la remuneración. Por eso me parece apropiado que el reajuste propuesto sea casi igual al porcentaje de inflación. Y si hay fondos disponibles, el Estado debe usarlos para proporcionar trabajo a las personas que carecen de empleo, quienes evidentemente se encuentran en peor postura que aquellas que lo tienen. Y digo en peor postura porque, aparte no percibir siquiera el ingreso mínimo, generalmente no disponen de asociaciones sindicales ni de medios para ejercer presión.
Por estas razones, voto favorablemente el proyecto.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , mi posición es favorable al artículo 1º y al proyecto en general, de manera que aprobaré ambos textos. Sí deseo que queden registrados mis comentarios acerca de un hecho que se está produciendo en la Administración Pública y que ha llevado prácticamente a la desaparición de la Escala Única de Sueldos.
En efecto, algunos sectores de funcionarios del Estado han logrado distorsionar dicha Escala mediante presiones de tipo político, creándose una especie de red de beneficios donde se premian diferentes situaciones y se incentivan distintos aspectos. Como consecuencia de ello, las Fuerzas Armadas han quedado en los lugares más bajos de la Escala, casi en el nivel mínimo.
Solicito al señor Ministro estudiar esta diferencia que se ha producido en la Escala Única de Sueldos, pues significa una grave distorsión en la forma de retribuir los esfuerzos de las personas que trabajan en todo el aparato de la Administración Pública.
Voto a favor del artículo 1º contemplado en la indicación del Ejecutivo, y del resto del proyecto en general.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , durante el debate manifesté mi disposición a aprobar en general la iniciativa y a abstenerme respecto del artículo 1º, para lo cual se requería votar éste en forma separada. Como no fue posible dividir la votación, por haberse hecho llegar a la Mesa una objeción en tal sentido, me abstengo.
El señor PARRA.-
Estoy pareado con el Senador señor Pérez.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , ¿me permite una breve interrupción?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No es posible, señor Senador, porque estamos en votación.
El señor CORDERO.-
Se trata de una cuestión de Reglamento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No puedo concederle la palabra durante la votación, Su Señoría.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CORDERO.-
Sí. Hay un Senador que no lo ha hecho, y no porque ésta sea su voluntad.
Él está ausente en contra de sus deseos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, le reitero que reglamentariamente no es posible...
El señor CORDERO.-
No es posible ¿qué?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No es posible otorgar a Su Señoría el uso de la palabra.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , sólo quiero recordar que en una sesión anterior se hizo presente que en las votaciones se debía mencionar por lista a todos los Senadores. Por lo tanto, se debe llamar a votar también al Senador señor Pinochet, a fin de que quede claramente establecido que él no está presente por razones involuntarias.
El señor GAZMURI.-
Salvo que se encuentre con permiso constitucional.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, una vez concluida la votación explicaré cuál es la situación en ese caso.
El señor CORDERO.-
Conforme.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos por la afirmativa, uno por la negativa, 2 abstenciones y dos pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Díez, Errázuriz, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lagos, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Horvath.
Se abstuvieron los señores Lavandero y Novoa.
No votaron, por estar pareados, los señores Parra y Viera-Gallo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 120 y 127 del Reglamento, el proyecto queda aprobado también en particular.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En cuanto a la situación del Senador señor Pinochet , debo informar que se encuentra con permiso constitucional. Por tal motivo no se le menciona durante las votaciones. Y así debe ocurrir mientras dure dicho permiso, pues se considera que no está en ejercicio de su función parlamentaria.
El señor MOLINA ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , quiero agradecer, en nombre del Ejecutivo, la aprobación del proyecto por esta Sala. Sabíamos que era una votación difícil. Expreso mi reconocimiento por el esfuerzo de todos los señores Senadores que han hecho presentes sus puntos de vista.
El Gobierno está convencido de que el reajuste, pese a no ser el mejor, beneficia de manera muy importante a los trabajadores del sector público. Y la aprobación de la indicación para reponer el artículo 1º permitirá contar con una ley que contempla grandes avances para los servidores del Estado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Deseo dejar constancia de un asunto de mero trámite.
La Mesa ha consultado la opinión de los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo acerca de una eventual Comisión Mixta. Ellos han manifestado que al parecer esta instancia sería innecesaria, por cuanto tendrían señales de que en la Cámara de Diputados se aprobaría el texto despachado por el Senado.
Personalmente pienso que, para los efectos de la agilidad que requiere el proyecto, deberíamos habernos adelantado nombrando a los integrantes de la posible Comisión Mixta. Espero que los señores Ministros tengan razón y la otra rama legislativa finalmente apruebe también la indicación del Ejecutivo al artículo 1º.
--Queda despachado el proyecto en este trámite.
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