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El señor ROMERO ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de negociación colectiva y otras, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "Suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 3 de enero de 1996.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 12ª, en 11 de noviembre de 1997.
Discusión:
Sesión 20ª, en 16 de diciembre de 1997 (queda pendiente la discusión general).
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Quedaron inscritos en la sesión de ayer los Senadores señores Bitar, Núñez y Piñera.
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar nuestra voluntad y disposición para revisar y perfeccionar la legislación sobre negociación colectiva, que afecta a aproximadamente 500 mil chilenos que, o están sindicados, o negocian colectivamente.
Debo dejar claro que para 4 millones y medio de personas integrantes de la fuerza de trabajo la negociación colectiva no es hoy día una opción válida y viable, que se esté ejerciendo.
Luego, mi primera observación apunta a manifestar nuestra voluntad en el sentido de que debiéramos intentar la eliminación de todas las trabas, para que la negociación colectiva realmente pueda extenderse más allá del 10 por ciento de la fuerza laboral.
Por de pronto, la legislación vigente establece requisitos susceptibles de ser levantados; por ejemplo, el número mínimo de personas dentro de la empresa para poder negociar colectivamente.
En segundo término, creo que la revisión de la legislación vigente debe apuntar en tres sentidos. Primero, facilitar la creación de empleos, el incremento de los salarios y la flexibilidad laboral.
Todos sabemos que la principal forma de combatir la pobreza y lograr una mayor igualdad de oportunidades es precisamente, además de la educación, la creación de empleos. Pero también sabemos que una economía integrada al mundo, como lo es la chilena, que definitivamente va a enfrentar cambios en el escenario externo y en los precios relativos, requiere una legislación laboral que dé flexibilidad, es decir, que permita a los trabajadores dejar las industrias donde no existen reales oportunidades de crecimiento futuro e integrarse a aquellas con mejor potencial y oportunidades futuras.
En segundo término, creo fundamental que en la legislación sobre negociación colectiva se busque, en lo posible, equidad, igualdad de condiciones entre las partes negociadoras.
Y, en tercer lugar, me parece muy importante que, en la medida de lo factible, traspasemos el máximo de decisiones desde los dirigentes o las organizaciones sindicales hacia los trabajadores, quienes, a las puertas del siglo XXI, están perfectamente capacitados para tomar por sí las decisiones que los afectan.
Por eso, nosotros tenemos algunas observaciones al proyecto de ley original enviado por el Ejecutivo .
Estoy perfectamente consciente, en primer término, de que existe un acuerdo -lo hemos conocido por la prensa- entre el Honorable señor Thayer y el Ministro señor Arrate ; y también, de que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó un texto, que es el que hoy día estamos conociendo.
Lo aprobado por la Comisión de Trabajo no coincide plenamente con el acuerdo. Algunas materias aprobadas por ese organismo técnico son parte del acuerdo, pero otras, que fueron fruto de mayoría, no están amparadas por él.
No sé, señor Presidente -ayer escuché atentamente las palabras del Honorable señor Thayer -, si el acuerdo con el Ministro señor Arrate significa un compromiso para toda la Concertación o sólo para el Gobierno. Porque la verdad es que quienes legislan son los Senadores y los Diputados.
Por ello, sería muy interesante conocer qué alcance tiene ese acuerdo, qué compromiso existe por parte de los Diputados de la Concertación en cuanto a respaldar el acuerdo a que llegó el Ministro señor Arrate con el Senador señor Thayer .
Estoy consciente de que las materias que no fueron fruto del acuerdo sino de una mayoría en la Comisión de Trabajo podrán ser objeto de discusiones posteriores. Sin embargo, considero muy necesario saber si lo que se está acordando aquí constituye realmente un acuerdo que se extenderá a la Cámara de Diputados o si ésta, como es lo normal, ejercerá su plena soberanía en esta materia.
Quiero, señor Presidente, plantear cinco observaciones, pero no necesariamente al proyecto aprobado por la Comisión de Trabajo, porque muchos de mis planteamientos fueron bien resueltos en lo aprobado por ella. En consecuencia, me estoy refiriendo básicamente a la iniciativa original.
En primer lugar, creemos que se requiere mayor flexibilidad laboral. En el proyecto primitivo había artículos que apuntaban a una mayor flexibilidad en varias materias -horario, vacaciones, etcétera- y que fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es importante saber si es voluntad del Gobierno reponer las normas que apuntan a una mayor flexibilización o si el rechazo en la Cámara Baja significa que él no insistirá sobre la materia.
Por otro lado, no me parece conveniente la participación o intervención que el proyecto original otorga a la Dirección del Trabajo en la negociación colectiva. Este organismo es la autoridad, la que debe hacer cumplir la ley, la que tiene que sancionar las conductas ilegales. Por consiguiente, no creo que sea la instancia más apropiada para negociar, mediar o arbitrar en conflictos laborales.
De hecho, el proyecto confiere a la Dirección del Trabajo facultades especiales para "prestar al sindicato interempresa la orientación y apoyo técnico que solicite para el debido cumplimiento de sus funciones". Y también dispone que las partes podrán, de común acuerdo, en el caso de la negociación dentro de la empresa, pedir la intervención de la Dirección del Trabajo.
A mi juicio, esta especie de asesoría al sindicato interempresa se aparta absolutamente del rol, de la lógica, de la función que corresponde a la Dirección del Trabajo.
Cuando el organismo que -insisto- es la autoridad participa en una negociación y debe encontrar más razón a una parte que a la otra, ello puede afectar posteriormente su tarea como tal, su labor fiscalizadora, porque es factible que quede con sentimientos distintos hacia aquellos respecto de los cuales le correspondió mediar.
Además, la actual legislación contempla en plenitud que las partes sí pueden solicitar de común acuerdo la participación de un árbitro, quien sólo interviene en esa instancia y después no es la autoridad que va a sancionar, mediar o aplicar la ley.
Considero, señor Presidente, que esa parte debiera quedar definitivamente fuera del proyecto.
En segundo lugar, pienso que la obligación de la empresa de entregar información estratégica, tal como está contemplada, si bien fue mejorada, es de una ambigüedad y de una generalidad que provocarán múltiples conflictos, los que deberán ser resueltos por los tribunales. Dicha información en algunos casos es de carácter privado, básicamente por la competencia, y no sólo dentro de Chile. Mediante Internet, la información es instantánea; lo que se conoce aquí se conoce en el mundo entero.
Soy partidario de que, para los efectos de la negociación colectiva, las empresas tengan que entregar a los trabajadores la misma información que están obligadas a proporcionar a la autoridad o a sus propios accionistas. Y sería muy interesante que las empresas públicas también entregaran esa información a sus trabajadores.
En consecuencia, opino que establecer esta categoría nueva de información, vaga, poco definida, va a significar una permanente fuente de conflictos.
En tercer lugar, estimo que el contrato colectivo debiera afectar a las partes que lo firman. No puede quedar abierto a que se incorpore un sector en forma unilateral, sin que la otra parte que lo firmó tenga algo que decir.
Si se suscribe un contrato con cien personas, se calcula el costo de acuerdo con esta cifra. Si posteriormente adhieren a él mil personas, es obvio que no hubo posibilidad alguna para una de las partes de estimar los costos.
Lo principal, cuando uno toma una decisión, es que sea informada y responsable.
Señor Presidente, creo que de nuevo en esta materia estamos incurriendo en una situación que aparentemente beneficia a los trabajadores.
¡Digamos las cosas como son!
Si uno quiere otorgar un beneficio a una persona que está dispuesta a darlo a cincuenta pero a lo mejor lo tiene que conceder a mil, lo que va a ocurrir es que no lo va a dar a los mil ni tampoco a los cincuenta.
Si a través de esta legislación pudiéramos crear riqueza, obviamente que lo haríamos. Pero la verdad es que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
Quiero agregar que la gente que negocia colectivamente en Chile no pertenece al cincuenta por ciento más pobre. En general, quienes lo hacen están en la primera mitad, desde el punto de vista de distribución del ingreso. La gente que realmente se halla en situación de pobreza son los desempleados, quienes no negocian colectivamente; las mujeres jefas de hogar, que tampoco lo hacen; los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo, quienes no negocian colectivamente; los trabajadores no calificados, que normalmente no negocian colectivamente.
Así que no veamos la negociación colectiva como un instrumento de redistribución del ingreso. Veámosla como un mecanismo eficaz para distribuir en forma equitativa y justa la productividad dentro de la empresa.
Por otra parte, pienso que, en materia de extensión del contrato, el efecto va a ser justamente el inverso. Tal vez se busca con esto facilitar la sindicación o, incluso, forzarla.
Creo que no se trata de un instrumento para incentivar una mayor organización sindical de los trabajadores.
Finalmente está lo referente a lo que ocurre durante la huelga en materia de reemplazos.
En mi concepto, el que no pueda haber reemplazos en un período de huelga, que es indeterminado, significa en la práctica que un conjunto de trabajadores puede detener la marcha de una empresa en forma indefinida si es capaz de resistir en el movimiento, con medios propios o ajenos. Porque puede haber mucho incentivo de terceros para que la huelga se perpetúe, casi como una forma de competencia interempresas.
A mi juicio, el empleador o la empresa, sin perjuicio de que debe mantener todas sus obligaciones laborales y contractuales con los trabajadores durante la huelga, debiera, definitivamente, tener la opción de seguir haciendo funcionar la empresa en el transcurso de ella mediante la contratación de nuevo personal transitorio, sin que esto signifique poner en peligro la estabilidad laboral o el contrato que existe con el resto de los trabajadores que después van a paralizar sus actividades.
Señor Presidente, en los tiempos modernos, una empresa no puede parar; la que lo hace pierde su principal activo, que es la confianza en el cumplimiento de su palabra. Y, en esto, estamos dando a un grupo de trabajadores que a lo mejor goza de condiciones privilegiadas respecto del resto, muchos de los cuales quisieran tener esa oportunidad, la posibilidad de paralizar las actividades de una empresa.
Insisto en que ésa es una tendencia en la dirección equivocada. Sé muy bien que el informe que aprobó la Comisión de Trabajo y Previsión Social sí incluye la posibilidad de reemplazo.
Señor Presidente , quiero que quede muy en claro que en este momento no me estoy refiriendo al informe de la Comisión de Trabajo -que, tal como lo señalé al comienzo de mi intervención, corrige, y muy bien, muchas de las materias respecto de las cuales manifesté observaciones-, sino a la intención original del Ejecutivo. Porque ésta podría revivir en la Cámara de Diputados. Por tanto, lo que discutimos acá son ideas.
Si yo tuviera la certeza de que el informe de la Comisión de Trabajo se transformará en ley, estaríamos en un mundo. Pero quiero advertir que hoy día esa certeza no existe, porque el acuerdo político no cubre todas las materias aprobadas por la Comisión de Trabajo.
Por todas estas razones, me parece muy importante, primero, conocer de parte del Gobierno -tal vez el Senador señor Thayer nos pueda aclarar esta materia- si acaso el acuerdo político se hace o no extensivo a la Cámara de Diputados, es decir, si la compromete; y, segundo, si respecto de aquellas materias en que se discrepó y que no están cubiertas por ese acuerdo, pero que sí fueron votadas de cierta forma en la Comisión de Trabajo del Senado, existe la voluntad del Ejecutivo de mantener los criterios de esa Comisión; o si, por el contrario, nos puede anticipar aquí mismo que intentará -y estaría en su pleno derecho- restituir normas originales en la Cámara de Diputados.
Francamente, pienso que las respuestas a estas preguntas son muy importantes para poder votar de manera informada. Lamentablemente, en este minuto no está presente en la Sala ningún representante del Gobierno. De modo que no sé cómo obtendremos las respuestas a estas consultas.
El señor HORMAZÁBAL.-
No se preocupe Honorable colega; hay Senadores que, sin estar en el Gobierno, podemos intentar alguna respuesta a las graves cuestiones y dudas que ha planteado.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , pido al Honorable señor Hormazábal que cumpla, en estos últimos 30 días que nos quedan en el Senado, con la normativa de pedir la palabra. Si el señor Senador quiere una interrupción, jamás se la negaría.
Por supuesto, el Honorable colega es Senador de Gobierno, y muy versado en estas materias, pero, realmente, no representa la voz oficial del Ejecutivo.
Señalé que me parecía desafortunado que no hubiera en la Sala ningún representante del Gobierno. He hecho dos preguntas muy concretas que, al menos para mí, son muy determinantes para la forma en que votaré. Por ello, pido al señor Subsecretario -ahora presente en la Sala- responder, en la medida en que le sea factible, lo más precisamente las dos preguntas que formulé.
Concedo una interrupción al Senador señor Hormazábal .
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, yo no represento al Gobierno, el que se encuentra adecuadamente representado por el señor Subsecretario del Trabajo. Mi modesta opinión la daré más adelante.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, antes el señor Subsecretario, en representación del Ministro, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Senador señor Piñera.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario del Trabajo.
El señor VALLADARES ( Subsecretario del Trabajo ).-
Señor Presidente, como se ha reiterado en forma permanente, tanto por el Ministro señor Arrate , como por las autoridades de Gobierno, nuestro objetivo es expandir la negociación colectiva. El proyecto, junto con el acuerdo que suscribimos con el Presidente de la Comisión de Trabajo -que ha sido aprobado en la Comisión-, constituye la posición del Gobierno. Y toda nuestra intención y voluntad es que este acuerdo se plasme en una ley.
Si existe realmente la voluntad de discutir en serio esta materia, debemos buscar un mecanismo para consolidar una negociación y un mecanismo de relaciones laborales bipartito, donde a nivel de las empresas, entre los empresarios y los trabajadores, consolidemos una cultura de negociación que efectivamente permita avanzar, por un lado, en el aumento de la competitividad de las empresas y, por otro, en el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores.
Así que, desde ese punto de vista, queremos reiterar que la posición del Gobierno es la que planteamos en la Comisión de Trabajo. Sobre ello estamos laborando, y ésa es nuestra voluntad e intención. Desde esa perspectiva, esperamos que la Sala del Senado aprueba la idea de perfeccionar nuestra legislación laboral en ese ámbito.
El señor BITAR.-
Retomo la palabra, señor Presidente.
El señor PIÑERA .-
Senador señor Bitar, ¿me concedería una interrupción de 10 segundos?
El señor BITAR.-
Por supuesto, señor Senador.
El señor ROMERO (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Piñera.
El señor PIÑERA .-
Señor Presidente , la pregunta que formulé era si acaso esta voluntad del Gobierno -conozco el acuerdo entre el Ejecutivo y el Presidente de la Comisión de Trabajo, y por supuesto el Ministro señor Arrate participó representando al Gobierno; de lo contrario sería absurdo- compromete o no a la mayoría de la Concertación en la Cámara de Diputados.
Ésa fue mi pregunta.
El señor VALLADARES ( Subsecretario del Trabajo ).-
Compromete al Gobierno, y, por tanto, compromete al esfuerzo de que lo que aquí aprobemos -en la medida en que logremos máximos consensos- ojalá sea ratificado, como digo, con el esfuerzo y voluntad del Gobierno, por la Cámara de Diputados.
El señor PIÑERA.-
Pero no compromete a la Cámara de Diputados.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , voy a justificar mi voto.
Pero no puedo dejar de dar una opinión sobre la consulta del Senador señor Piñera. Evidentemente, estamos actuando en un Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo no puede comprometer el voto de los Diputados a través de una imposición ni le es factible garantizar que éstos se pronunciarán de cierta manera. Si así ocurriera, no estaríamos en un Congreso donde existe libertad para que los Parlamentarios resuelvan de acuerdo con lo que consideren más adecuado. Naturalmente, eso no quita que entre nosotros se alcancen acuerdos políticos, porque respaldamos cambios en la legislación laboral, y nos vamos a ceñir a ellos. Los Parlamentarios de la Concertación actuaremos dentro de los principios que hemos pregonado y que se encuentran consagrados en los programas de Gobierno de nuestro conglomerado político. Pero no se puede ir más lejos, ni condicionar el pronunciamiento de los Senadores a la forma cómo votarán los Diputados, ni es posible que el Gobierno imponga a éstos cierto criterio.
Sobre el proyecto, quiero expresar que estamos resolviéndolo con gran demora. Y en la ciudadanía ha llamado mucho la atención por qué el Senado ha postergado tanto un acuerdo en favor de un avance en materia laboral. Pero más vale tarde que nunca. El hecho de que en la Comisión se haya retardado el despacho de esta iniciativa revela un enfoque de parte de determinados Senadores en cuanto a minimizar los derechos de los trabajadores. Y, entonces, es indispensable materializar lo que plantea el programa de la Concertación en este ámbito. Los avances que hemos logrado, que representan algunos pasos parciales, nos parecen importantes.
Obviamente, a nadie escapa que una legislación de este tipo debe combinar los criterios de flexibilidad para crecer y de equidad para dar un estímulo a la productividad, a la creatividad y a la cohesión social. Hoy, en Chile, es indudable que hay desequilibrio entre estos dos criterios. Y los factores de flexibilidad indispensables carecen de compensación desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores para lograr la cohesión social y la defensa de sus intereses.
Creemos que el proyecto avanza en varios planos que nos parecen favorables. Por eso, apoyamos la idea de legislar y sostenemos la necesidad de mejorar los mecanismos de negociación colectiva que se encuentran en el ordenamiento jurídico vigente.
En primer término, se requiere con urgencia incorporar mecanismos expeditos para la determinación de las remuneraciones y demás prestaciones laborales y de la resolución de los conflictos, de manera de evitar situaciones de bloqueo en las negociaciones entre trabajadores y empresarios. El proyecto, además, permite incorporar a sectores de trabajadores de nuestra población laboral que hasta ahora estaban excluidos de la negociación colectiva.
Por lo tanto, es positivo para la legislación chilena, para nuestros trabajadores y para el funcionamiento de la economía nacional, primero, establecer una negociación colectiva de sindicatos interempresas en forma obligatoria, la que hoy día sólo se autoriza en el caso de existir la voluntariedad del empleador. Con esta normativa, se incorpora a los trabajadores de la pequeña y mediana empresas al proceso de negociación colectiva, lo cual alcanza a más de un millón de trabajadores. ¡A más de un millón de trabajadores!
Segundo, se incorpora a los temporeros al proceso de negociación colectiva, otorgándoles el derecho a exigir que el empleador conteste formalmente las propuestas de los sindicatos, sancionándose su omisión con importantes multas.
Tercero, se amplía el tiempo en el cual puede negociarse colectivamente. El proyecto corrige un vicio, de nefastas consecuencias en nuestra legislación, cual es que actualmente la ley establece una verdadera espera en el proceso de negociación colectiva de los sindicatos mientras penda un contrato vigente por el empleador con "grupos negociadores". En la actualidad, es sabido que algunos empresarios utilizan esta figura para evitar las negociaciones con los sindicatos, aduciendo que existen contratos vigentes con un grupo negociador. A lo anterior, se debe agregar que estos contratos son aparentes y que en la mayoría de los casos constituyen verdaderos contratos de adhesión, mediante los cuales el empleador dispone el sometimiento del trabajador a determinadas condiciones como requisito de la contratación laboral. La iniciativa subsana este vicio, entre otras cosas, consignando mecanismos para garantizar la seriedad en la formación de tales grupos negociadores, no impidiendo que esos contratos afecten las restantes negociaciones colectivas con los sindicatos.
Cuarto, se amplían a todos los afiliados a los sindicatos los derechos que se obtienen en las negociaciones colectivas. Actualmente, sólo el empleador tiene derecho, a su arbitrio, a extender unilateralmente a los que no negocian los beneficios obtenidos en dicho proceso. El proyecto los hace aplicables a todos los trabajadores, por el hecho de afiliarse a un sindicato, con lo cual se incentiva la afiliación sindical.
Quinto, se consagra el derecho permanente a la información. Hoy, lo único que existe en nuestro ordenamiento jurídico es la entrega de información por parte del empleador en las respuestas que debe dar en los procesos de negociación colectiva cada dos años. La iniciativa hace obligatorio proporcionar anualmente tales antecedentes por parte del empleador, permitiendo tecnificar el proceso de negociación colectiva, de modo que los trabajadores conocerán perfectamente, con la debida anticipación, la situación por la que atraviesa la empresa, a fin de plantear sus demandas laborales.
La empresa moderna supone la adopción de medidas que permitan cohesionarla y generen una vinculación entre ejecutivos y trabajadores para innovar, de manera flexible, en un mundo de competencia global. De este modo, se avanza en el equilibrio entre flexibilidad y respeto de los derechos de los trabajadores.
No quiero dejar de señalar en la discusión general del proyecto un punto central, a nuestro juicio, y que defenderemos: que en materia de derecho a huelga no puede contemplarse una norma que permita el reemplazo de los trabajadores, como se ha condicionado por Senadores de Oposición. De esa manera, se estaría introduciendo una restricción de tal magnitud al derecho a huelga que, en la práctica, se transformaría en algo prácticamente inexistente. No se trata de promover la huelga, sino de introducir un mecanismo en el equilibrio de las negociaciones, existente en todas las sociedades modernas, para que haya un sentido de acuerdo con poderes relativos equilibrados.
Esta es nuestra posición y la sostendremos de modo de garantizar los derechos laborales de manera más plena en el país, particularmente en cuanto a impedir que el reemplazo se haga en la forma como se está realizando, con lo cual se debilita enormemente el derecho de los trabajadores.
Por último, anuncio que votaremos favorablemente la idea de legislar. Y en materia de reemplazantes, creemos que ello amerita una discusión más a fondo en el Senado, y nuestra postura será a favor de un mecanismo que resguarde mejor los derechos de los trabajadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , estamos ante un proyecto de mucha trascendencia, que ha merecido gran preocupación ciudadana.
Desde luego, deseo liberar de toda responsabilidad al Senado, y específicamente a la Comisión de Trabajo, por la demora o retardo a que se ha aludido, toda vez que fue producto de dos circunstancias: una, que el propio organismo técnico tenía en estudio otros proyectos de extraordinaria importancia, que incluso preocupaban tanto o más al Gobierno que éste; y otra, la intención de llevar a cabo, con la ayuda del ámbito universitario, profesional y de otra índole un análisis muy completo de las materias que hoy nos preocupan. Por ello, el Gobierno no dio urgencia a este proyecto sino cuando esas circunstancias se produjeron, lo cual se concretó en el acuerdo entre el Ministerio del Trabajo y el Presidente de la Comisión .
Ahora bien, es evidente que la iniciativa introduce profundos cambios a la legislación laboral. La primera observación que surge de su examen es que muchos de ellos van por el camino equivocado, implican un retroceso y significan ir en contra de los tiempos. A la inversa, se echa de menos una serie de medidas que la realidad demuestra que son absolutamente indispensables para el progreso del país y de los propios trabajadores. A título ilustrativo, en materia de flexibilidad horaria, trabajo a domicilio y premio al esfuerzo individual, el proyecto prácticamente no contiene disposiciones, y la única -muy leve- a ese respecto fue rechazada por la Cámara de Diputados.
La verdadera razón de ser del proyecto, que emana del propio mensaje y de lo que se ha expresado, es la preocupación por el hecho de que el número de sindicatos no aumenta -a veces, disminuye-, como tampoco los conflictos colectivos, y de que, de alguna manera, se querría forzar a dar mayor poder a los sindicatos. ¿Pero hay fundamento real para que ésa sea la razón para introducir modificaciones a una legislación laboral como la que tenemos, producto no sólo de un proyecto del Gobierno de las Fuerzas Armadas, sino también de un gran consenso a que se llegó específicamente en el Senado el año 1991?
En lo que sí deseo hacer especial hincapié es en que la legislación que hoy nos rige ha sido profundamente exitosa. Al amparo de ella, entre otros efectos, el país ha crecido por 14 años consecutivos, lo que probablemente no se había producido nunca en nuestra historia, y es algo que en pocos lugares del mundo ocurre. Pero hay algo más: que en todo este lapso ha habido un aumento real de remuneraciones del orden de 3 a 4 por ciento anual, lo cual puede permitir, en menos de 20 años, duplicar la renta de los trabajadores. Y si tales incrementos se midieran en dólares, para compararlos con los de otros países, nos encontraríamos con que son del orden de 8 a 9 por ciento al año.
Otro efecto tanto o más importante que el anterior es que se ha producido una paulatina y constante disminución de la cesantía, desde los extremos a que nos condujo la crisis de los años 80, que fue de orden mundial y de especial gravedad en nuestro país, hasta porcentajes francamente inferiores a los que exhiben la Unión Europea y muchos países de Latinoamérica. Al mismo tiempo, ha existido tranquilidad laboral y un ambiente adecuado en estas relaciones, al extremo de que, por ejemplo, nos encontramos con que en 1996 -son las cifras que se han dado- únicamente 34 mil 207 trabajadores del sector privado fueron a huelga, con una pérdida de sólo 250 mil 529 días de trabajo, en circunstancias de que el verdadero problema se produce en el sector estatal, donde se involucraron 327 mil 192 trabajadores, con una pérdida de 2 millones 811 mil 512 días.
Es decir, en lo concerniente a las relaciones entre el Estado y los trabajadores, precisamente por seguirse la política que hoy se propicia para el sector privado, el resultado ha sido el surgimiento de numerosos conflictos, interrupciones laborales y pérdidas, que, obviamente, afectan al país, pero también a los propios trabajadores.
En general, las cosas andan bien. Y hay que ser muy cuidadoso a fin de no introducir cambios que las puedan perjudicar.
A mi juicio, la situación de Chile y los problemas que han preocupado al Gobierno en lo que respecta al número de sindicatos o de conflictos corresponde a una tendencia mundial. En el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la cual formo parte, me permití hacer un resumen de mis planteamientos, pero no deseo reproducirlos en su integridad ahora. Entre ellos señalé que en la mayoría de los países de Occidente el número de sindicatos y la cifra de trabajadores envueltos en conflictos colectivos han disminuido a la mitad en diez años, y que, en Francia -nación que se estima como prototipo en esta materia-, los trabajadores sindicalizados no alcanzan al 11 por ciento. O sea, hay una tendencia mundial en tal sentido.
Dicha tendencia obedece a que las condiciones de trabajo se están alterando en todo el orbe, porque cada vez son más importantes las circunstancias personales de cada trabajador, más allá de las de una masa general. Y, en consecuencia, cada vez más la persona capacitada, con ánimo de progresar, prefiere resolver en forma directa su conflicto, y no someterse a lo que puede suceder a una gran masa de empleados, pues, obviamente, para favorecer de alguna manera a quienes a lo mejor no lo merecen, se está perjudicando al trabajador que se esfuerza por surgir.
Este proyecto, que aparece planteado como una necesidad muy urgente para evitar un problema atroz y profundas injusticias, está afectando un sistema consensuado, que se encuentra caminando, que permite que el país crezca y que mejoren realmente las condiciones de vida de todos los chilenos, y, también, de los trabajadores. Porque en Chile ni siquiera puede decirse que la situación del sector público -donde es decisiva la acción del Estado y la de los Gobiernos de la Concertación- es más favorable que la del sector privado, ya que en este último -como dije- se ha producido un constante mejoramiento de las remuneraciones y de las condiciones de trabajo. Por lo demás -reitero-, existe una gran inclinación en cuanto a que la gente prefiere solucionar directamente su problema, y no confundirlo con el de otros, porque en cada caso la situación es variable.
En 1996, ENADE expuso que en el mundo, hasta hace algún tiempo, una persona cambiaba de empleo dos, tres o cuatro veces durante toda su vida laboral. Sin embargo, hoy día -y también es la tendencia hacia el futuro- esto sucede diez, doce y quince veces. ¿Qué implica este hecho?
Que hay una gran movilidad en tal sentido, la cual es muy útil y obedece precisamente al afán de las personas de progresar. Además, se está produciendo un traspaso creciente del trabajador-masa -por así decirlo- a un trabajador que aspira a independizarse, a tener una actividad propia, a convertirse en empresario.
Si analizamos las cifras que proporciona el Gobierno -¡por Dios!-, resulta lamentable que no todo el mundo pueda llegar a plantear sus inquietudes dentro de los términos de un conflicto colectivo. Lo que ocurre es que los problemas se están solucionando por otra vía, pues el actual sistema tiene una razonable flexibilidad que permite que ello sea así. El aumento en las remuneraciones concierne no sólo exclusivamente a las grandes empresas donde pueden haberse realizado negociaciones colectivas, sino absolutamente a todos los trabajadores. Porque el desarrollo de la economía está proporcionando el arma más importante de que puede disponer un trabajador para optar a un aumento de sueldo, cual es precisamente el incremento ocupacional y la necesidad de los empleadores de encontrar gente adecuada y de pagarle mejores remuneraciones, porque de lo contrario corren el riesgo de que esas personas se vayan a otra actividad donde sean solicitadas.
Por eso, diría que globalmente esta iniciativa no tiene, ni con mucho, la urgencia que se pretende darle, y su desestimación tampoco implica un peligro, porque si la analizamos en detalle -a mi juicio, ésta no es la oportunidad de hacerlo- veremos que contiene normas que significan un gran retroceso.
Hoy día, la verdadera tendencia es estimar que el concepto empresa -éste ya existe en el Código del Trabajo, y supera al elemento empleador en sí, aislado- es un conjunto que representa a los propietarios y los trabajadores, con una relación muy directa entre ellos, pues se dan cuenta de que comparten la suerte en un mundo competitivo y abierto como el actual, donde, por lo demás, nuestro país depende cada vez más de su comercio exterior. De modo que la relación que debe existir dentro de la empresa es vital, porque están en juego su subsistencia y la capacidad competitiva de la nación.
En seguida, deseo hacer referencia a dos puntos determinados. Primero, aquí se ha insistido en que la posibilidad de reemplazar a los trabajadores durante una huelga implicaría un tremendo retroceso en el sistema o desnaturalizar aquélla. Pero, en verdad -entiendo que el asunto lo explicó el propio Presidente de la Comisión-, el problema no es tal. Esta facultad, desde luego, permite que subsista un conjunto de pequeñas empresas -no olvidemos que el total de ellas posibilita la subsistencia de la gran mayoría de los trabajadores- y, si su cometido es satisfacer a una más grande o cierto requerimiento específico, su paralización absoluta puede significar el desaparecimiento de las mismas.
Pero hay otro elemento: dicha facultad, que generalmente actúa por presencia, está acompañada de la necesidad de mantener lo que se llama el "piso". Y no la puede ejercer cualquier empleador, sino el que garantice, como mínimo, mantener las remuneraciones anteriores, reajustadas, y ofrecer condiciones hacia el futuro que también impliquen otorgar un reajuste, a lo menos, conforme al IPC.
Por lo tanto, no es una condición libre, sino una necesidad de subsistencia, que, por lo demás, constituye un gran regulador del mercado. Obviamente, a las empresas que pagan altas remuneraciones les será muy fácil reemplazar trabajadores, porque no se encuentran muchos que laboren por menores ingresos. Pero aquellas que las otorgan por debajo del promedio del mercado no conseguirán trabajadores de reemplazo. De allí que, en la práctica, esta medida se aplique poco.
Insisto: si como consecuencia de utilizar tal facultad, considerada contraria a los trabajadores, hubiéramos obtenido como resultado que no aumentaran las remuneraciones en estos 14 ó 15 años, podríamos decir que es necesario corregirla, enmendarla. Pero no ha sucedido dicho fenómeno, sino, afortunadamente, lo contrario: ha existido un constante aumento de remuneraciones y disminución de empleos basados en ella.
Todo ello debería llevarme a rechazar el proyecto. Sin embargo, hay una situación que tenemos que analizar. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, rechazarla en general significaría la formación de una Comisión Mixta, lo que impediría la participación directa de los señores Senadores en la futura discusión.
Por otra parte, no deseo aparecer aprobando a priori un proyecto. Ésta es la última acotación que quiero hacer. Según constatamos por los argumentos vertidos en la Comisión, la iniciativa no satisfacía absolutamente a nadie. No hubo representante alguno de los trabajadores, ni de los empresarios, sea de las grandes, de las medianas o de las pequeñas empresas u organizaciones, que la deseara. Es decir, curiosamente, estamos ante un proyecto rechazado por todo el mundo. Sin embargo -como decía-, no deseo impedir que los señores Senadores traten de mejorarla y, al mismo tiempo, no puedo aparecer aprobándola en general. Sólo quiero hacer una consideración y un llamado.
Ojalá que el Gobierno tome nota de que la verdadera necesidad del país es adaptar nuestra normativa a los tiempos que vienen, y no retroceder a legislaciones como las europeas, que precisamente están cambiando frente a la gran cesantía. Abrigo la esperanza de que en este proyecto, cualquiera que sea el camino que se siga, el Gobierno abra la posibilidad para buscar flexibilidad en materia de trabajo, en cuanto a horario y a premios para favorecer a quien más se empeñe, porque esto sí que constituye una fuente de progreso.
Por eso, anuncio mi abstención.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Señores Senadores, el Presidente de la Comisión de Hacienda ha expresado que está en condiciones de informar el proyecto que concede un bono especial al personal de atención primaria de salud municipal, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
Tenemos dos alternativas: fijar las 12:30 como plazo para despachar el proyecto que nos ocupa, o suspender su debate -hay varios inscritos- y estudiar muy rápidamente la iniciativa recién señalada.
El señor OMINAMI.-
Fijemos hora de término, señor Presidente .
La señora FELIÚ.-
Perdón, ¿qué se votaría a las 12:30?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ocurre que el proyecto signado con el número 1 de la tabla, de "Discusión Inmediata", no contaba con informe de la Comisión de Hacienda, pero ahora sí. Entonces, el punto es que hay cinco señores Senadores inscritos.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , ¿me permite una sugerencia? ¿Por qué no continuamos con el proyecto en discusión, y antes de terminar la sesión nos abocamos al otro?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Sólo se necesitan 15 minutos para tratarlo.
Tiene la palabra la Honorable señor Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , si bien el proyecto que establece una bonificación para el personal de la salud primaria es relativamente fácil, también estimo indispensable dejar planteadas diversas observaciones a su respecto. Incluso, la Comisión de Salud aprobó varias modificaciones a su texto, por lo cual deberá volver a la Cámara de Diputados.
Por ello, considero que deberíamos interrumpir en este momento el debate en desarrollo y ver la iniciativa tocante al personal de atención primaria de salud municipal, la cual tampoco es demasiado extensa. Tal vez los 15 minutos que señalábamos no son suficientes. Y reitero que la iniciativa deberá volver a la Cámara Baja.
Por lo tanto, propongo que en este momento interrumpamos el debate y demos cumplimiento al orden de la tabla, en donde aparece en primer lugar el proyecto que concede un bono al personal de la salud municipalizada. Veamos éste primero, y después continuaremos con el que propone modificar el Código del Trabajo. De lo contrario, se nos va a crear un problema bastante difícil.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, mi proposición es bien concreta. El proyecto que estamos analizando lo estamos discutiendo desde ayer, y restan cinco señores Senadores por intervenir. De modo que de aquí a las 12:30 quedaría terminado su debate. A esa hora comenzaríamos el tratamiento de la iniciativa relativa a salud -que es muy corta-, a fin de poder despacharla y no complicarnos con una sesión posterior, ya que exige discusión inmediata.
Por tales razones, propongo...
El señor ROMERO (Presidente).-
Iniciar a las 12:30 la discusión del proyecto que concede un bono especial al personal de atención primaria de salud municipal.
El señor LAVANDERO.-
Votar hasta las 12:30, y luego iniciar el tratamiento del proyecto sobre salud.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Pero la votación demorará, ya que habrá fundamentación del voto. Por ello, si se inicia a las 12:30, deberíamos concluir su tratamiento a las 13, hora fijada para el término de la sesión. Además, debemos recordar que a continuación está citada una sesión especial secreta.
El señor LAVANDERO.-
Puede comenzar la votación a las 12, señor Presidente . Contamos con una hora para que intervengan los cinco señores Senadores que restan.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Su Señoría, todavía no ha llegado el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solicito que agotemos el debate.
El señor ROMERO (Presidente).-
Conforme, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Esta materia no es trivial como para que, por la premura del tiempo, en la hora de la definición, nos apuremos y no tengamos un debate razonable.
Pido proseguir el debate, y cuando éste se haya agotado procederemos a votar, independientemente de lo que resolvamos respecto del proyecto concerniente a Salud.
La señora FELIÚ.-
Perdón, señor Presidente , pero entonces ¿cuándo se verá la mencionada iniciativa de salud?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ocurre que el señor Presidente de la Comisión de Hacienda anunció que venía el informe, pero no ha llegado aún.
El señor LAVANDERO.-
Está listo, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Estará listo cuando llegue a Secretaría. Como no ha sido así, tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, quisiera comenzar llamando la atención sobre el tipo de pronunciamiento que el Senado debe emitir hoy.
Es evidente que, en una materia de esta índole, son muchos los detalles y aspectos en debate. Sin embargo, deberíamos ser consistentes con el carácter de general que tiene la discusión en esta etapa del proceso legislativo. Sin perjuicio del conjunto de complejidades de la normativa, considero fundamental llamar la atención hacia los aspectos más globales y sobre el diagnóstico más de fondo que hacemos respecto de la situación laboral en nuestro país.
En ese sentido, señor Presidente , nuestra definición en esta fase de la discusión debe arrancar de la visión que los distintos Senadores tengamos acerca de la realidad laboral chilena. Y en este plano existe un dato fundamental: las cosas no están funcionando bien. No es normal que un porcentaje ínfimo de trabajadores de nuestro país tenga derecho a negociar colectivamente. Éste es el tema de fondo.
Desde ese punto de vista, no entiendo cómo alguien puede estar en contra de abrir una discusión que nos permita reformar nuestra legislación laboral de suerte de avanzar en la ampliación de la negociación colectiva y, concretamente, de abrirla a un número mayor de trabajadores.
En la Sala se han entregado los datos: no son más de 500 mil los trabajadores que en Chile tienen objetivamente derecho a negociar colectivamente y participan de este proceso.
Por ello, señor Presidente , entiendo que nuestro pronunciamiento tiene que ver con eso: ¿queremos modificar o no esta situación? ¿Nos parece normal o no que sea así?
Comprendo que rechacen la idea de legislar quienes consideren normal que solamente un número muy reducido de trabajadores participe del proceso de negociación colectiva. Pero, si tenemos un diagnóstico crítico respecto de esta situación, no es razonable votar negativamente la idea de legislar. Posteriormente entraremos en una discusión distinta, más específica, acerca de cuáles son exactamente las reformas que es preciso introducir para cumplir fielmente con ese objetivo. Ahora es fundamental no perder de vista el carácter general de la discusión, la cual debe arrancar de un diagnóstico en los términos en que lo señalo.
En ese sentido, las cosas no están bien en Chile. Esta situación tiene que ver -sin duda, no es el único elemento- con un problema ampliamente discutido en Chile: la mala estructura de distribución de los ingresos. Nuestra economía crece mucho y aumenta fuertemente la productividad, pero la forma como se distribuye ese aumento es profundamente inequitativa. Ello tiene que ver con la presencia de un fuerte desequilibrio en el proceso económico; con el hecho de que mientras la estructura empresarial es extraordinariamente fuerte, el sistema sindical es tremendamente débil. No hay mucho misterio en esto. Existe un enorme desequilibrio en la organización de los mercados de trabajo en el país.
Me parece fundamental -reitero- pronunciarnos sobre el tema. Debo manifestar claramente que no estamos contentos ni satisfechos con este estado de cosas. Es necesario modificarlo. Para eso, es menester abrir una discusión acerca de cuáles son las normas y los procedimientos que pueden mejorar la situación y generar en el mercado laboral un equilibrio que hoy no se vislumbra.
En ese aspecto, debe mantenerse una sola línea, y no un doble estándar. Me sorprende cómo en este plano los grandes partidarios de la libertad y del mercado, en este plano son terriblemente restrictivos. Quieren la libertad de emprender sólo para algunos. ¡Perfecto, está bien! Pero démosles también a los trabajadores libertad para negociar, para asociarse y poder negociar sus condiciones de trabajo. No se quiere hacer esto, sino mantener las prohibiciones.
La discusión sobre reformas laborales debe comprender, básicamente, la extensión de las libertades al mundo sindical; otorguémosle a éste mayores posibilidades de organización y de negociación. Algunos se oponen. Tengo la impresión de que aquí hay un doble estándar: libertades para unos, restricciones para otros.
Se ha argumentado que una legislación laboral que equilibre la situación puede ser negativa para la pequeña empresa, factor esencial en la generación de empleo. No cabe la menor duda de que la pequeña empresa es el ámbito de actividad donde se concentra la mayor parte de la fuerza de trabajo del país. Por ello, la pequeña empresa debe ser objeto de políticas públicas específicas, destinadas a darle acceso a créditos, de los cuales en muchos casos está alejada; proporcionarle asistencia técnica; concederle las posibilidades de proyección internacional que tienen las grandes empresas.
No constituye una política adecuada hacia la pequeña empresa el que su personal no tenga derecho a negociar colectivamente y esté desprovisto de los más elementales derechos de que gozan los trabajadores en los países con un desarrollo equivalente o superior al nuestro. No puede ser ésa la línea básica de apoyo a ese importante sector.
Consecuente con lo que he dicho en cuanto a que la discusión planteada en esta ocasión es de carácter general, deseo terminar con una reflexión elemental sobre la materia. Se habla mucho del neoliberalismo. Pienso que es justamente en este campo donde debe superarse cierta manera de ver las cosas. Lo más propio del neoliberalismo es la idea de que, en definitiva, el factor capital es el elemento decisivo dentro del proceso de crecimiento. No comparto esa concepción. Entiendo, sí, que quienes sostienen ese punto de vista sean partidarios de dar a los empresarios todas las libertades y las posibilidades de expansión y, simultáneamente, mantener un vasto conjunto de restricciones para el mundo laboral.
Reitero que no comparto esa visión de las cosas y que debemos superar esa concepción estrecha, tan propia del neoliberalismo, en materia de crecimiento económico. Indudablemente el proceso de desarrollo supone la movilización de competencia en el campo empresarial; pero también implica, en forma muy decisiva, el esfuerzo y la participación de los trabajadores. Para que esto sea posible, es indispensable contar con una legislación laboral que garantice a los trabajadores el derecho de insertarse y de participar en el proceso en igualdad de condiciones.
Por esas razones, señor Presidente , votaremos favorablemente el proyecto. Esperamos que el resto del Senado lo haga en el mismo sentido, como una manera de reconocer que las relaciones laborales en Chile todavía se hallan en precario estado de desarrollo y están marcadas por una profunda desigualdad y por un hondo desequilibrio, que actúan en contra de los trabajadores.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En atención a que a las 11:30 debo firmar un convenio entre la Biblioteca del Congreso y la Universidad de Valparaíso, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que continúe dirigiendo el debate el Honorable señor Urenda.
Acordado.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Jorge Arrate, ha pedido recabar la autorización del Senado para que ingrese al Hemiciclo el asesor de esa Cartera señor Guillermo Campero.
--Se otorga.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿A qué hora se votará el proyecto sobre concesión de un bono a los funcionarios de la salud municipal?
El señor ROMERO (Presidente).-
No ha llegado aún el informe.
La señora FREI (doña Carmen).-
Todos lo tenemos.
El señor ROMERO (Presidente).-
Se repartió el informe de la Comisión de Salud. Falta el de la de Hacienda.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Se votará inmediatamente después que llegue?
El señor ROMERO (Presidente).-
Eso lo decidirá oportunamente la Sala.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Urenda.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , ya se ha abundado bastante en el debate y no quiero retrotraer el mismo. Sí, creo oportuno formular algunas reflexiones porque se trata de una materia relevante, acerca de la cual es importante dejar constancia de las distintas opiniones.
La primera inquietud que surge luego de escuchar otras intervenciones, es preguntarse por qué se requiere modificar la legislación en la forma en que se está haciendo. Si uno observa lo que ocurre en el ámbito de los conflictos laborales, hacia donde apuntan las proposiciones contenidas en el proyecto, aprecia que -como señaló antes el Senador señor Urenda - en el ámbito privado los conflictos han encontrado una vía de normalización, a través de las herramientas que la legislación vigente contempla para avanzar en cada caso, y que aquéllos han ido disminuyendo.
De acuerdo a las cifras entregadas aquí, en 1996 en el sector privado hubo 34 mil 207 trabajadores en huelga, con una pérdida de 250 mil 529 días de trabajo. Es decir, el espacio de conflicto se ha moderado, en términos de permitir la solución de los mismos sin causar dificultades al funcionamiento de la economía nacional. En cambio, en el sector público la situación es diferente. Sin embargo, el proyecto está referido a lo que ocurre en el ámbito privado, no en el público, donde hay un nivel de conflictos muy grande, los cuales no son resueltos. Y donde los trabajadores no perciben una debida atención a sus problemas es precisamente allí.
En el período anteriormente citado -1996, como se recordó-, hubo 327.192 trabajadores involucrados en conflictos, con una pérdida de 2.811.512 días. Es decir, cifras muy superiores a las producidas en el ámbito privado.
Entonces, los conflictos laborales, que requieren reflexión y la búsqueda de iniciativas legales par su superación, no se dan en el sector privado, sino en el público. Sin embargo, el proyecto que nos ocupa se aboca sólo a lo que ocurre en aquél.
Por lo tanto -sobre este punto no me explayaré mayormente, pues ya lo recordó el Honorable señor Piñera , entre otros-, frente a la pregunta de dónde están las necesidades de una verdadera negociación, de nuevo observamos que ellas no se encuentran principalmente en el área privada, en la cual los trabajadores están vinculados a una empresa en forma estable.
En realidad, los sectores con complicaciones -sea porque en ellos existen dificultades laborales, no disponen de trabajos, o el que ofrecen es muy malo y con remuneraciones insuficientes; o porque requieren de regímenes laborales adecuados a su condición- no quedan comprendidos dentro de la legislación en estudio. Tampoco, los más pobres, las mujeres y los jóvenes, ni los trabajadores independientes ni los del sector público.
Por consiguiente, a la iniciativa no le veo real justificación en términos de las prioridades que hoy requiere el mundo laboral para crear más oportunidades de trabajo o mejorar las existentes.
Desde el punto de vista de la concepción que subyace en el proyecto, a mi juicio, se aleja de la idea de empresa, independientemente de definiciones ideológicas. Éstas pueden existir, pero más bien en lo que sirve de base a la iniciativa que sobre las reservas que de ella se pueda tener.
Hoy en día la empresa, en un mundo competitivo y en un mercado abierto como el que rige nuestras relaciones laborales, presenta otro tipo de relaciones internas. El empresario y el trabajador son necesariamente socios. Porque no es el empresario quien actualmente amenaza las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas, puede reducirles su sueldo o poner fin a su contrato, sino la competencia de otras compañías que desarrollan labores semejantes en distintos puntos del mundo. Si éstas son más eficientes, van a tener en jaque la situación laboral de los trabajadores chilenos.
Por eso, respecto de la empresa de hoy -como lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca- se debe entender que el empresario y el trabajador son socios, no en el sentido jurídico de una sociedad, sino en el de que están comprometidos en sus resultados. Por lo tanto, tienen que mirar la empresa de manera distinta y no en forma conflictiva, sino armónica. Y me da la impresión de que el proyecto en debate busca más bien explotar las diferencias y fortalecer las desarmonías, sin contribuir a resolver la necesidad de potenciar la sociedad existente allí para enfrentar la competencia internacional.
Esto me parece medular en la concepción que subyace en el proyecto, que -como dije- no corresponde a lo que está ocurriendo hoy día en el ámbito empresarial.
Desde el punto de vista de la protección del trabajador, ¿dónde se da aquélla? ¿En el mayor poder de negociación de los sindicatos? Pienso que los trabajadores -así lo dice la experiencia internacional- quedan más protegidos actualmente cuando están mejor calificados, cuando su capacidad para desarrollar labores es mayor; cuando su preparación es más alta; cuando es más perfecta su especialización, o cuando tienen oportunidades de educación y capacitación permanentes. Porque de esa forma son insustituibles. En una economía que crece, si sus trabajadores son calificados, obviamente nadie puede prescindir de ellos. Se hacen relevantes, necesarios. En eso radica la verdadera defensa, más que en las formalidades sindicales. Y los países desarrollados -en donde los trabajadores han alcanzado niveles de bienestar que ya quisiéramos para los nuestros- han encontrado por esa vía la mejor solución.
Por eso -como se recordó- allí los sindicatos tienden a cambiar de rol. Creo que nosotros debemos pensar en ello. La mejor protección del trabajador consiste en abrir y mejorar el mercado del trabajo, ampliar la oferta de oportunidades laborales, y preparar a los trabajadores con una buena educación y capacitación.
Sin embargo, los sindicatos deben tener un rol distinto y de mayor nivel técnico. No veo que estemos mejorando la preparación especializada para enfrentar más adecuadamente su labor. Y se pretende ayudarlos -como señala el proyecto- a través de la intervención de la Dirección del Trabajo, lo cual ciertamente desdibuja uno de los elementos que han contribuido al desarrollo del mundo laboral en este tiempo: la prescindencia de los organismos estatales en la vida laboral de la empresa.
Por lo tanto, en una perspectiva de las consideraciones generales, en primer lugar no veo clara la necesidad de modificar la situación actual, pues no se satisfacen las necesidades de los trabajadores que requieren mejorar realmente sus condiciones laborales. Y en segundo, porque aquí hay una visión de empresa que potencia el conflicto y la desarmonía, más que la idea de una mayor capacidad de nuestros trabajadores y sindicatos, de acuerdo a la situación actual del mundo.
Respecto de modificar la negociación colectiva, estimo que al abrirla a niveles interempresas el proyecto causaría daño a la actividad productiva, al igualar situaciones distintas y al intervenir un sindicato imponiendo condiciones semejantes para empresas de diverso tamaño y diferente fortaleza económica. Además, eventualment3e causaría grave daño a aquellas que no van a poder subsistir según las nuevas condiciones.
Entonces, sólo teóricamente se mejorarán las condiciones de los trabajadores; pero, en la práctica, los empleados de empresas más pequeñas o de menor fortaleza económica van a perder sus posibilidades laborales. Pregunto si eso es positivo. Yo creo que es extraordinariamente negativo, ya que no sólo afectamos a los trabajadores, sino nuevamente a un elemento que es clave en el sistema: la competencia.
Por otra parte, la participación de la Dirección del Trabajo, en el sentido de que "se entenderá especialmente facultada para prestar al sindicato interempresa la orientación y apoyo técnico que solicite para el debido cumplimiento de sus funciones", altera, en mi concepto, un elemento esencial dentro de la vida de la empresa y del sector privado, cual es la no intervención estatal, lo que ha sido clave para mejorar la vida interna y para lograr incluso el éxito de las negociaciones colectivas. Creo que tal cambio apunta en la dirección equivocada. Si queremos potenciar y ayudar a los sindicatos, no lo hagamos a través de los organismos oficiales del Estado, porque va a prestarse para una manipulación indebida de la vida laboral. No queremos sindicatos politizados, ni deseamos que el Estado -en este Gobierno o en el próximo-, por tales atribuciones, se vea tentado a intervenir en la vida sindical o laboral.
En cuanto a la inclusión de quienes no participaron en la negociación colectiva para acceder a los beneficios logrados, alguien manifestó que oponerse a ello sería limitar la libertad en el ámbito de las negociaciones sindicales. En mi opinión, un planteamiento de tal naturaleza limita la libertad de contratación. Porque el contrato es un acuerdo entre quienes lo suscriben y no entre terceros. Si incluye a terceros, el empresario, respecto de los otros trabajadores que no han participado en la negociación colectiva, verá restringidas sus posibilidades para negociar o para contratar. Y eso me parece que altera el sentido genuino de cualquier contrato, el cual representa un acuerdo de voluntades entre las partes. También puede tener un efecto negativo, el que, por cierto, no creo que se busque; pero puede conseguir que el empresario o el empleador probablemente se desincentive para nuevas contrataciones.
Sobre este último punto volveré más adelante, porque tengo serías inquietudes sobre el impacto negativo que pueda tener en el largo plazo, en aquellas regiones que como la Séptima, que yo represento en el Senado -no sólo en la parte sur de ella, sino en su conjunto- y en muchas otras, la creación de oportunidades de trabajo -que es lo que necesitamos-, y no me parece que esto vaya a incentivar esa área.
Por otra parte, aun cuando en el texto propuesto por la Comisión se eliminó la norma tendiente a impedir el reemplazo de trabajadores en caso de huelga, algunos señores Senadores han dicho que quienes no participaron en ese acuerdo no se sienten comprometidos al respecto. Por mi parte, no puedo dejar de considerar que la intención del proyecto original y de algunos Honorables colegas es grave. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si al empresario no le es posible reemplazar a los trabajadores, en una situación limitativa y regulada como la que contempla la ley, en el fondo no puede utilizar su capital de trabajo. Y, cuando ello ocurre, tiene lugar, ciertamente, una verdadera expropiación: se restringe el derecho de propiedad, por cuanto esos recursos quedan inmovilizados.
No deseo señalar lo que significa para los países el hecho de que, en general, se inmovilicen los capitales. Porque, a propósito de un conflicto, de nuevo se hace una pérdida que, desde el punto de vista global, es muy lesiva para el desarrollo de Chile y los intereses de los trabajadores. Pero, en particular, se provoca un efecto preocupante, a mi modo de ver, en el derecho de propiedad. En una economía libre, éste constituye un elemento esencial.
A mi juicio, una restricción como la aludida, que conduzca a esos resultados, puede retrotraernos a épocas pasadas, con consecuencias extraordinariamente negativas. Lo entiendo en una economía socialista, que no cree ni participa en la propiedad privada, pero no en una economía libre.
No estoy planteando un tema de constitucionalidad, sino algo que realmente también es de fondo.
Compartiendo las inquietudes de mejorar las condiciones de los trabajadores, que sería el propósito del proyecto, estimo que la reforma va en la dirección incorrecta. Estimo que ella no recoge la señal de los tiempos; por el contrario, la afecta la inercia de la ideología de muchos de sus autores. Ayer, cuando se legislaba en esta línea, en Chile hubo más conflictos y menos creación de empleo, en realidad. Se hizo un mal favor al sector laboral, aunque se legislaba en su nombre. Hoy, cuando se desea retrotraer la situación a entonces, me parece que se puede dañar a quienes han mejorado su condición. Actualmente, necesitamos mayor flexibilidad, y ésta se da, unida a la educación y la capacitación, con otra legislación que beneficie a todos los trabajadores, en especial a quienes carecen de empleo o tienen uno muy malo.
Termino con una reflexión. Deseo considerar no sólo a los trabajadores para los cuales se busca una solución: los sindicados, respectos de los cuales se juzga que la ley en proyecto puede ser positiva, sino a todos. Y pienso, a partir de los trabajadores de la Región que represento, en si acaso la normativa servirá a la gente que carece de ocupación o cuenta con un mal empleo. Quiero ser honesto: creo que ello no sucederá. Porque, con cuerpos legales de esta naturaleza, que rigidizan las relaciones de trabajo, se ven amenazadas la inversión, la creación de nuevas empresas o la ampliación de las existentes.
La Región que represento necesita precisamente mayor inversión, como muchas otras. Y lo que se logra con estas normas es que los capitales privados nacionales o las posibles inversiones extranjeras no se destinen al país, sino que se desvíen a otros. Quisiera que nuestros empresarios invirtieran más en Chile, no sólo en Santiago. Y la Región a que he hecho referencia, al igual que otras, no está siendo beneficiada con ese proceso.
Señor Presidente , deseo finalizar consignando -sé que ha llegado la hora- que mis inquietudes me llevan a concluir que el proyecto no es lo que más favorece a los trabajadores chilenos. Imagino que ello puede parecer una paradoja a sus autores, quienes han perseguido el propósito de materializar un mejoramiento, pero estimo que se equivocan.
Por ello, pese a las consecuencias, desde el punto de vista reglamentario y formal, que el rechazo puede provocar, hechas presentes por el Senador señor Urenda , no puedo dar mi aprobación. Porque el acoger esta iniciativa perjudicaría a la gran masa de trabajadores, y particularmente a quienes no se hallan incluidos, que son los que necesitan una buena legislación, y porque se requiere crear empresas y empleos, sobre todo en las Regiones y no en Santiago.
He dicho.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARRATE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , no deseo, en verdad, entrar en el debate del conjunto de razonamientos en un sentido u otro que se entregan sobre los contenidos específicos del articulado. Ciertamente, la discusión ha sido áspera, intensa y ha romado tres años, durante los cuales se registran, según los archivos de prensa del Ministerio del Trabajo, aproximadamente tres mil publicaciones contrarias al texto en estudio, efectuadas en todos los medios de comunicación escrita. Muchas de ellas -no es necesario repetirlo- sostienen argumentos que no dicen relación ni a la intención ni a la letra del proyecto.
Pero reitero que no quisiera entrar en el debate de puntos específicos planteados aquí por determinados señores Senadores, algunos de los cuales no sólo no comparto, como es obvio, sino que juzgo equivocados, en cuanto no recogen efectivamente lo expuesto en la normativa.
Lo que he pedido a esta Corporación es pronunciarse sobre la necesidad de que los sindicatos cuenten con una mejor protección, para que el derecho constitucional de sindicarse se pueda ejercer en forma más adecuada; y, al mismo tiempo, respecto de la conveniencia de que quienes carecen hoy de la posibilidad anterior -aproximadamente, dos tercios de los trabajadores- accedan al derecho de sentarse a una mesa de diálogo laboral, es decir, a negociar colectivamente. Éstas son las dos ideas centrales del proyecto. Y se agrega una tercera, que el Ejecutivo no ha repuesto pero que ha sido aprobada en la Comisión: la introducción de conceptos de flexibilidad pactada en la vida de las empresas.
Sobre tales puntos debe resolver el Senado: si cree posible mejorar las normas en esos tres ámbitos. La discusión en particular ofrecerá el espacio para perfeccionar distintos aspectos específicos o lograr acuerdos respecto de los asuntos en que ello aún no se consigue. Lo básico es decir "sí" o "no" a que cuenten con un espacio los derechos constitucionales de libre sindicación y de negociación colectiva y el propósito de concretar formas de flexibilidad pactada en la legislación laboral.
Eso va en la dirección de los tiempos, no en contra de éstos. Ayer, cité en mi intervención sólo una norma reciente, cuya aplicación comienza en 15 días más en la Unión Europea, respecto de los beneficios del sistema de preferencias arancelarias que ha establecido. En esa disposición se fija como requisito para acceder al mecanismo el que las legislaciones de los países contengan los elementos contemplados en los convenios números 87, 98 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo. No es algo inventado por el Gobierno o el Ministro que habla, sino que constituye una decisión de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si bien hoy en todo el mundo, como algunos señores Senadores han expresado, se busca romper con las rigidices de la vieja legislación que establece monopolios en beneficio de organizaciones gremiales o sindicales, los que son incompatibles con un mundo de economía de libre mercado globalizada, ello se trata de hacer sin renunciar a conquistas de la civilización y del siglo XX tales como el reconocimiento del derecho de los trabajadores a pertenecer a sindicatos y de estas entidades a negociar colectivamente.
Los tiempos van en esa dirección. Estoy seguro de que así se probará en los próximos años y de que crecientemente en el mundo de hoy los países buscarán mayor flexibilidad para la aplicación de sus recursos productivos, pero, al mismo tiempo, propenderán a mantener ciertos aspectos básicos de la estructura democrática y social que dicen relación a derechos elementales.
No soy partidario de las hiperregulaciones. Así lo ha señalado el Gobierno de Chile en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, en esta última y en los distintos foros internacionales todo apunta en la actualidad al respeto de determinados derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Libre sindicaci��n, negociación colectiva, no discriminación en el trabajo, no al trabajo forzado y no al trabajo de los niños. Estas cinco materias son reconocidas internacionalmente como básicas.
El proyecto en debate apunta a que dos de ellas adquieran el vigor que requieren en nuestra legislación, precisamente para que los trabajadores que hoy carecen de los derechos respectivos los obtengan.
La iniciativa, básicamente, no se halla orientada a beneficiar a los trabajadores ya sindicados, si bien contempla algunas normas de mejoramiento, de fuero de dirigentes sindicales. Lo esencial radica en la extensión de la negociación colectiva a quienes hoy no tienen derecho a ella.
Por último, deseo expresar mi plena coincidencia, en un aspecto, con lo planteado por el Senador señor Larraín . Me parece extraordinariamente importante, para el trabajador y la empresa, lo relativo al desarrollo de los recursos humanos, a la capacitación. Sobre la base de estas consideraciones, recientemente se dictó -me parece que el Senado la aprobó por unanimidad- una ley que establece un nuevo estatuto del sistema nacional de capacitación y empleo, lo que comenzará a regir en los próximos días. De modo que el hecho de que materias de esta naturaleza no se encuentren incluidas en el proyecto no significa que no nos importen, sino que han sido objeto de otro cuerpo legal.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que el señor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social hizo un gran esfuerzo para los efectos de que podamos discutir en la Sala un proyecto de tanta importancia como el que nos ocupa, casi emblemático para las concepciones de modernización presentes en la sociedad chilena.
En ese sentido, aun cuando no compartí muchos de los planteamientos que se desprenden del informe, expresados por ese Honorable colega, lo cierto es que no debo sino reconocer que Su Señoría desplegó un esfuerzo particularmente significativo -repito- en el momento en que el texto fue debatido en ese organismo técnico.
Y entiendo perfectamente por qué lo hizo. Porque estimo que el Senador señor Thayer , aun cuando no compartimos, desde el punto de vista político o de una concepción, muchos de los aspectos presentes en la iniciativa, ha comprendido que en el país que estamos construyendo se registra un fenómeno real: las relaciones laborales no marchan bien. Y es algo que ocurre más allá de cualquier tipo de acepción ideológica que se pueda sostener respecto del tema del trabajo y la concepción de empresa. La verdad es que todos los datos indican que en ese plano Chile no está caminando en la línea correcta: no hay procesos de modernización ciertos.
Es más. Pienso que si en las tribunas se encontraran presentes connotados hombres de empresa europeos -o, tal vez, doña Margaret Thatcher , o el señor Chirac, o el señor Aznar , o el señor Kohl , o cualquier exponente de un pensamiento distinto del mío-, no comprenderían esta discusión. Porque no es verdad que la cuestión que hoy se plantea en el Viejo Continente es terminar con los logros significativos obtenidos, no por los trabajadores, sino por la sociedad europea durante los últimos 50 años.
A nadie en Italia se le habría ocurrido limitar el derecho a huelga, ni siquiera al señor Berlusconi. En su programa, éste jamás planteó impedir las negociaciones colectivas, incluso interempresa. Y estoy hablando de las personas más cercanas, desde el punto de vista político, a los señores de la Derecha en Chile. Es decir, nadie se habría expuesto la posibilidad de cuestionar las bases del progreso de Europa en el último medio siglo.
Se me podrá decir que el nivel de cesantía es espectacularmente alto en algunos Estados, pues 17 por ciento en España es preocupante, en tanto que la cifra de Francia también es particularmente significativa. Pero ya dejó de ser una discusión en el país galo, en los últimos días, la reducción de la jornada laboral, habiéndose opuesto inicialmente el Presidente Chirac a la idea señalada al respecto por el Primer Ministro , Lionel Jospin .
Lo cierto es que nadie puede entender todavía -y en particular en países europeos- que en naciones como la nuestra se trabajen "48 horas semanales". Y ello, entre comillas, porque, según datos de la OIT, la verdad es que Chile es el tercer país del mundo en donde más se trabaja, transcurridos más de 100 años de ser aprobada dicha jornada laboral.
Curiosamente, las naciones aludidas no pueden ser caracterizadas como "socialistas", desde el punto de vista de la concepción sustentada en el siglo pasado acerca del socialismo, es decir, con una fuerte y significativa presencia del Estado en la regulación de todo tipo de relaciones laborales y sociales. No. Se trata de países que están aplicando normas de economía abierta y libertad de empresa, en un marco de globalización mundial.
Me preocupa mucho que en Chile no se realice un debate desideologizado sobre el tema. Porque la Derecha todavía manifiesta un discurso extraordinariamente ideologizado al respecto: ella aún es, básicamente, antisindicato. Enfrenta un problema histórico con esa organización. Puede ser que en el pasado se sufrieran traumas, que en un período de la historia nacional se registrasen grados de conflicto de tal naturaleza que, efectivamente, cabe entender el nivel de ideologización mencionado.
La realidad es que en una sociedad moderna el sindicato no sólo es la expresión de aquellos que en las relaciones laborales conforman la parte más débil, cual es el caso de los trabajadores, sino que constituye un factor fundamental para elevar la productividad, para desempeñarse en mejores condiciones con el medio ambiente y, al mismo tiempo, para permitir el progreso de un número significativo de seres humanos.
Me llama la atención, por ejemplo, que no se diga algo que, en mi opinión, debiera avergonzarnos: en los dos últimos años, en todas las pequeñas empresas con menos de cincuenta trabajadores sólo negoció colectivamente uno por ciento de éstos. A mi juicio, todos realizamos un gran esfuerzo, así como lo ha efectuado el Gobierno, en el sentido de mejorar significativamente la presencia de la pequeña y la mediana empresas en la estructura productiva. Creo que todos coincidimos en ello. Pero ninguno de nosotros piensa en el tipo de empresa artesanal del siglo pasado, cuando los empresarios de la época practicaban una sobreexplotación brutal del trabajo: hablamos de pequeñas empresas muy modernas, donde existe la posibilidad, efectivamente, de incidir en el proceso productivo y en la elevación de la productividad. Si en los dos últimos años sólo ha negociado colectivamente uno por ciento de los trabajadores del sector, ello constituye una vergüenza que debemos asumir.
No surge un riesgo, en mi opinión, para el desarrollo de tales empresas. Sería un error seguir pensando que el Gobierno, estas bancadas o la Concertación están trabajando para impulsar procesos que puedan limitar la inversión privada o la extranjera en la Región que represento, para citar un caso. Por mi parte, estoy muy satisfecho de las inversiones en el país y, particularmente, en el sector de la gran minería del cobre. Pero hago constar que en los últimos cinco meses, tal como lo he hecho presente al señor Ministro y a los señores Subsecretarios de Previsión Social y del Trabajo, se han producido no menos de cinco despidos de dirigentes sindicales. Después de negociaciones colectivas, normalmente se recurre al artículo que permite tomar esa medida por razones de empresa.
Y, en muchas de esas negociaciones, empresarios nacionales o extranjeros han ocultado antecedentes importantes para que tales procesos tengan sentido. Porque, cuando los trabajadores carecen de los datos propios de la empresa, cuando éstos no les son proporcionados, no cuentan, objetivamente, con ninguna posibilidad de participar en una negociación colectiva seria, en que la parte laboral disponga de todos los elementos necesarios para entender la lógica en que se hallan inmersos los empresarios. La situación descrita se vive en forma permanente y me parece que no responde a los anhelos de transformación y modificación que todos deseamos.
También, escuché algo que no se diría en un país civilizado, como es lo referente a sindicatos politizados. Eso ya no constituye tema en ningún país moderno. Ningún empresario de Francia duda de que las tres centrales sindicales existentes en esa nación son políticas: una pertenece al Partido Comunista; otra, al Partido Socialista, y otra, a las fuerzas cristianas. A ningún empresario de Italia se le ocurriría cuestionar el hecho de que las dos o tres organizaciones sindicales que actúan en ese país están ligadas a partidos políticos.
¿Pero me van a decir que aquellos sindicatos negocian frente a los empresarios enarbolando banderas rojas? Sostenerlo implica no entender el tipo de negociaciones que se realiza; no saber que, en general, los empresarios europeos se entienden muy bien con las centrales sindicales para los efectos de mejorar las relaciones laborales y los niveles de productividad y de calidad del trabajo. Ningún empresario ni la Derecha cuestionan el hecho de que las organizaciones puedan ser calificadas de comunistas o socialistas. Eso es un arcaísmo propio de nuestra sociedad.
¡Y aquí cuestionamos que los dirigentes sindicales puedan tener adscripción política! La tienen. ¿Por qué no, si la tienen también los empresarios?
Nadie me va a vender el cuento de que las asociaciones empresariales son apolíticas. Y me parece absolutamente legítimo que los grandes empresarios, y en particular los dirigentes de la SOFOFA, sean objetivamente gente de Derecha. No lo cuestiono. Me parece del todo legítimo. Porque las personas que no tienen ideas políticas están fuera de la realidad, normalmente. Hay que tener ideas políticas.
Sin embargo, aquí no se cuestiona el hecho de que los empresarios sean políticos y pertenezcan a Renovación Nacional o a la UDI, o estén muy cercanos al General Pinochet. ¡Nadie lo cuestiona!
Por tanto, en estas materias vivimos todavía en un grado de retroceso cultural francamente lamentable.
Quizás todos deberíamos asistir a algún seminario en Europa para ver cómo se está manejando allí este tipo de situaciones. Y a lo mejor aprenderíamos un poco más. En el siglo pasado, por lo demás, muchos Senadores y Diputados viajaron al Viejo Continente para conocer los cambios que se estaban produciendo. A nosotros -insisto- tal vez nos haría bien un viaje con ese propósito, para que de una vez por todas nos deshiciéramos de esta especie de arcaísmo cultural al que, según veo en esta discusión, aún estamos sometidos.
Por último, señor Presidente , tengo la impresión de que este proyecto avanza significativamente. Pero, desde mi punto de vista, y más allá de cuestiones políticas, no se avanza lo suficiente. Temo que las negociaciones colectivas no sean parte sustantiva del proceso de modernización de nuestro sistema empresarial. Temo que, con las normas que vamos a discutir, el derecho a huelga sea burlado permanentemente y se despida a muchos trabajadores por el solo hecho de utilizar los escasos márgenes que la presente iniciativa les va dejando para ejercerlo.
El derecho a huelga fue consagrado como esencial ya en el siglo pasado. Y se pretende erradicarlo del escenario político-cultural-laboral de nuestro país. ¡Es absurdo!
Por eso, pienso que, aun cuando objetivamente se avance en relación a lo que tenemos, lo cierto es que ello no se hará en la medida suficiente y vamos a quedar con cuestiones pendientes que sin duda deberemos enfrentar en el futuro.
He dicho.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , me referiré en primer término al alcance de la aprobación en general de un proyecto de ley.
La aprobación en general de una iniciativa de ley no consiste en que cada rama del Congreso se pronuncie sobre intenciones abstractas de ella, acerca de ideas generales para modificar la legislación con el afán de perfeccionarla: tal aprobación recae sobre un proyecto concreto que una Comisión somete a la Sala de la respectiva Cámara.
En esa perspectiva, puede no resultar tan sorprendente que se produzca un rechazo a la idea de legislar no obstante que todos los temas planteados en general conciten un acuerdo inicial en el sentido de que es bueno, por ejemplo, expandir la negociación colectiva, etcétera. La cuestión radica en saber cómo se hace. Y me parece que la aprobación en general de un proyecto recae sobre eso: la forma específica que propone la Comisión y los textos concretos sugeridos para resolver los problemas de que se trate.
En segundo término -y muy vinculado a lo anterior-, estimo que las normas de flexibilización a que aludió el señor Ministro concitan una amplia aprobación. Empero, no se proponen en el proyecto. Mal podría recaer, en consecuencia, una aprobación en general sobre ellas.
Creo que nuestra legislación laboral, en la perspectiva de que es un tanto antigua en ciertos aspectos, no recoge el concepto, tan importante en el mundo moderno...
El señor THAYER .-
Perdón, señora Senadora. ¿Me concede una interrupción?
La señora FELIÚ.-
Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , es importante esclarecer lo siguiente: lo que estamos votando en general aquí es el proyecto propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social -tal como lo ha dicho Su Señoría- al Senado. Y ese proyecto contempla la flexibilización.
Nada más.
La señora FELIÚ.-
A mi juicio, la contempla de manera incompleta en relación a lo que debería ser. A eso me refiero.
En segundo lugar, señor Presidente , tocante a las facultades de la Dirección del Trabajo, debo recordar que los servicios públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley, tienen la competencia que se establezca en la normativa legal pertinente, competencia que debe estar fundada en las obligaciones del Estado con relación a determinadas materias.
En esa perspectiva, la Dirección del Trabajo es un órgano de fiscalización, y desde hace mucho tiempo. Por eso, su personal debe estar sometido a las normas propias de los servicios fiscalizadores y tener derecho a las remuneraciones propias de éstos.
¿Qué ocurre en este proyecto con las facultades de la Dirección del Trabajo? Se amplían o se modifican de tal manera de otorgar a aquélla funciones de buenos oficios, de órgano de asesoría respecto de la negociación colectiva (no me voy a referir detalladamente a este aspecto, en particular por razones de tiempo; figura en las páginas 118 a 122 del informe), lo que me parece altamente inconveniente. La mezcla de funciones de fiscalización con labores de asesoría, de buenos oficios, de relaciones entre partes regladas por un sistema de contratos o convenios, en su caso, es muy inconveniente.
¿En qué consiste esto? ¿En el buen juicio, en el buen criterio, en el buen tino del fiscalizador para el desarrollo de la gestión? ¿En qué medida ello involucra u obliga al Estado? ¿Y si los buenos oficios y adecuada asesoría no son tales y resultan, al revés, muy malos, muy inconvenientes? ¿El Estado va a ser responsable, en los términos del artículo 38 de la Constitución Política, que lo obliga a indemnizar todo daño que cause la acción de sus agentes?
Pienso que eso es realmente inconveniente. Y debemos prestarle mucha atención, porque no puede haber facultades discrecionales de tal amplitud.
Recordemos que, con ocasión del estudio de facultades de la Contraloría General de la República, órgano máximo de fiscalización de la Administración, se discuten justamente estos consejos. Ello, sin perjuicio, por cierto, de que el Órgano Contralor pueda dar enseñanza a la Administración respecto de las materias que le corresponden. Pero no buenos consejos. No puede intervenir en elementos exclusivamente de mérito o conveniencia de la Administración. Y eso lo tiene muy claro el Gobierno, que, cada vez que se habla del asunto, señala la inconveniencia de normas de tal naturaleza.
En tercer término, me referiré a un punto que estimo de la mayor importancia, tanto jurídicamente como respecto de la conveniencia: lo que en el proyecto de ley se llama "información".
Primero haré una observación general.
Creo que tenemos cierta tendencia a confundir la información de los privados con la de los públicos. Los órganos públicos deben ser siempre, entre comillas, públicos, y su información, revestir ese carácter. En cambio, todo lo privado es confidencial, secreto y reservado, salvo que una ley determine lo contrario.
Sólo de manera anecdótica, quiero señalar que, con ocasión del proyecto de Ley de Presupuestos, estudié la situación de Ferrocarriles del Estado, empresa pública, conformada por bienes de todos los chilenos. La ley que la rige establece que la Superintendencia de Valores y Seguros, órgano público, tiene que emitir anualmente un informe de auditoría sobre ella. Solicité ese informe a través de la Oficina de Informaciones del Senado , y me llegó con un timbre bastante grande, de unos cuarenta centímetros, que dice: "Reservado. Confidencial". ¡El informe de la Superintendencia de Valores y Seguros, órgano público, sobre una entidad pública, una empresa del Estado, cuyos recursos son de todos los chilenos, es secreto, reservado o algo por el estilo!
Eso no está bien en nuestro ordenamiento. Todos los informes de tal índole deben ser públicos, porque emanan de órganos de este carácter y versan sobre entidades públicas y no privadas.
Por el contrario, tratándose de entidades privadas, rige el artículo 19, números 4° y 5°, de la Constitución, donde se reconoce el carácter de confidencial, secreto o reservado a todo antecedente o documento de las personas.
La propia Carta consagra un mandato y una autorización para el legislador. Éste puede disponer que determinados antecedentes no tengan carácter secreto o reservado. Pero el Texto Fundamental preceptúa que la ley deberá determinar los casos y la forma.
Según consta en la historia del establecimiento de la Constitución Política, especialmente en las intervenciones de los Comisionados señores Jorge Ovalle Quiroz y Alejandro Silva Bascuñán , el constituyente utilizó la terminología "en los casos y formas determinados por la ley" porque quiso que se indicara precisamente qué documentos son secretos y en qué forma se establece tal carácter. Las actas pertinentes consignan que se dispuso así para que el legislador esté obligado a determinar el procedimiento mediante el cual se darán a conocer los antecedentes, a fin de mantener la intangibilidad, el secreto o la reserva de los documentos de que se trata.
¿Qué dice el proyecto, en cambio? Da vuelta el concepto y señala que "la empresa no estará obligada a entregar información confidencial, entendiéndose por tal, aquella que no tiene el carácter de pública y que la empresa estime, fundadamente, que su divulgación pueda causar daño a sus condiciones de competitividad en el mercado". O sea, modifica la norma constitucional.
¡Si todo es confidencial de acuerdo con la Carta! Lo que puede establecer la ley es en qué casos esa información puede ser conocida; pero, a su vez, el legislador está obligado -tiene un mandato en ese sentido- a determinar la forma como puede darse a conocer, de tal manera de conservar el carácter secreto. Eso dice la Carta Fundamental.
A continuación, este proyecto de ley (que -reitero- contraviene la Constitución y no cumple el mandato dado al legislador en cuanto a establecer los casos y formas en que determinada información pasa a ser pública) dice que la decisión de la empresa de estimar fundadamente que ciertos antecedentes tienen carácter reservado -carácter que (insisto) revisten por norma constitucional- será apreciada por el juez del trabajo, quien resolverá sin forma de juicio (o sea, tampoco aquí se respetan las normas del debido proceso, consagradas en el número 3° del artículo 19 de la Constitución), escuchando a un perito, cuyos honorarios serán de cargo del empleador.
Señor Presidente , sin perjuicio de estimar altamente inconveniente el establecimiento de tales normas, reclamo formalmente, en los términos del artículo 82, número 2°, y sobre la base de lo dispuesto en los números 4º y 5º del artículo 19 de la Carta, la inconstitucionalidad de todo el título relativo a la información, que vulnera el Texto Fundamental al no establecer los casos y las formas -es decir, el procedimiento- a que él se refiere.
También reclamo, señor Presidente , la inconstitucionalidad de la norma que determina la forma de resolver las controversias, la cual vulnera el artículo 19, número 3°, al impedir a la empresa el debido proceso a que tiene derecho en relación con el carácter confidencial de sus antecedentes, sin perjuicio de que, además, no se ve el porqué de la competencia de un tribunal especial, como es el juzgado del trabajo, en circunstancias de que el conocimiento de la materia debe corresponder a los tribunales ordinarios, del fuero común.
Señor Presidente , ésas son las observaciones que puedo formular en principio, pues, dada la gran extensión de la iniciativa en debate, resulta difícil referirse a cada uno de los puntos que comprende.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto que, según el informe de la Comisión, mejora en términos sustanciales el texto original, no obstante lo cual, lamentablemente, sigue resultando inadecuado, por lo que no podremos aprobarlo.
Ahora bien, estamos en presencia de un acuerdo que se habría suscrito entre el Presidente de la Comisión de Trabajo y el señor Ministro , el cual, por lo que aquí se ha dicho, no compromete en ningún caso a la Concertación. O sea, estamos frente a un acuerdo que tiene algún valor entre las partes, pero que no impide a la Cámara de Diputados, soberanamente, efectuar un cambio sustancial en las normas de la iniciativa.
Luego, el acuerdo responde a una buena intención, es loable. Empero, no me parece que vaya a tener ningún grado de eficacia respecto de lo que ocurrirá en la Cámara Baja, que simplemente podrá reponer todos los artículos que el Senado rechace, pasando por encima de lo convenido.
Ése es un punto que vale la pena tener presente.
Ahora, en mi concepto, la legislación que rige la negociación colectiva, sin perjuicio de los perfeccionamientos que siempre se le pueden hacer, ha sido un instrumento importante y, en alguna medida, decisivo para el desarrollo económico de Chile y su estrategia exportadora.
Es precisamente lo que no ha ocurrido en otros países. Es el caso de Brasil y de Argentina, que no han podido llevar adelante una estrategia exportadora como la nuestra justamente por la rigidez y falta de flexibilidad de su legislación laboral.
Esas naciones van avanzando en la misma línea de Chile, pero nosotros, desgraciadamente, pretendemos volver atrás en tal materia, haciendo rígidas e inflexibles ciertas normas e introduciendo otras abiertamente perjudiciales y que pueden afectar la competitividad de nuestro país en los mercados internacionales.
No olvidemos que el mejor instrumento que tienen los trabajadores para mejorar sus ingresos es el pleno empleo. Y la competencia con el resto del mundo es un medio muy eficaz para lograr la plena ocupación.
En todo caso, hay aspectos específicos del proyecto que me parecen graves.
Respecto de las partes a que se aplica, insiste en hacer extensivos los beneficios del contrato colectivo a trabajadores que no han participado en la negociación colectiva. Ello me parece grave, pues personas que se incorporen después pueden distorsionar absolutamente la realidad que el empresario ha tenido en cuenta para los efectos del pacto.
La norma respectiva, además, atenta contra la libertad de contratar del empleador; desconoce por completo el valor del mercado como regulador de los salarios, e induce a una sindicación -diría yo- indirecta, pero que, en el fondo, se transforma en obligatoria, lo cual no es conveniente.
Creo que también aquello, de una u otra forma, puede contribuir al freno a la contratación de trabajadores por parte de la empresa.
Ya la Senadora señora Feliú se ha referido a la obligación de la empresa de entregar cierta información. Estimo que ése es igualmente un aspecto negativo del proyecto, ya que la forma de abordar el punto es ambigua y puede llevar a que la empresa se vea obligada a proporcionar información pública de carácter estratégico o confidencial no sólo a las empresas en Chile, sino incluso a las ubicadas en el extranjero. De esta manera, sus eventuales competidores dispondrán de una información gratuita y eficaz respecto de lo que está ocurriendo en Chile, a diferencia de lo que sucederá con los empresarios chilenos, que no contarán con información similar de otro país.
Tampoco consideramos adecuada la intervención que se da a la Dirección del Trabajo en materia de negociación colectiva. Creemos que debe mantener el carácter actual, en cuanto vela por el cumplimiento de la legislación laboral, sin transformarse en asesor técnico de una de las partes. Porque, ¿qué ocurriría en el evento de que después deba aplicar la ley y sancionar? Simplemente, carecerá de la imparcialidad necesaria. Por eso, pienso que este organismo debe ejercer las facultades que posee actualmente, con el objeto de fiscalizar, hacer cumplir la ley y sancionar, cuando ello corresponda, de acuerdo con la normativa vigente. Pero otorgarle atribuciones para dar apoyo técnico, para el cumplimiento de las funciones sindicales o en una negociación colectiva, no nos parece conveniente.
Estas consideraciones, entre otras muchas, hacen inconveniente el proyecto. Por lo tanto, anuncio que lo votaré en contra, por estimar que no es adecuado ni atiende los fines que busca -o sea, un mejoramiento de la situación de los trabajadores-, sino que introduce rigidez en todo el sistema. Lejos de facilitar la creación de nuevos empleos, que debe ser el objetivo central de toda política laboral, simplemente los restringe y aleja la decisión de los trabajadores -aspecto muy fundamental en todo tipo de negociación colectiva-, que son los verdaderos interesados, al hacer intervenir, en una dimensión distinta de su verdadero rol, al sindicato e incluso, en algunos casos, a la propia autoridad.
Por las razones expuestas, votaré en contra de la iniciativa.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Por no haber más inscritos, declaro cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Solicito la anuencia de la Sala para votar en primer lugar, con el objeto de que, durante el fundamento del voto, pueda dar respuesta a las preguntas que específicamente se me formularon y que no tuve oportunidad de contestar.
El señor ROMERO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Thayer pueda fundamentar su voto en primer lugar.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , me pronunciaré en favor de la iniciativa porque lo que estamos votando en general aquí es la idea de legislar en torno al proyecto propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. No estamos votando la idea de legislar sobre la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados. Tan claro fue esto que, antes de que se votara en general en la Comisión de Trabajo de la Corporación, hice presente -y lo sabía el señor Ministro - que me pronunciaría en contra si acaso no exist��a el compromiso -como el que tomó el Gobierno y cumplió- de aceptar determinadas indicaciones.
Por eso, la aprobación que estoy prestando, y la que solicito a los integrantes del Senado, es para el proyecto propuesto por la Comisión técnica de la Corporación, que comprende la primitiva iniciativa con las modificaciones introducidas de común acuerdo con el Gobierno, más dos indicaciones que fueron sometidas a votación. No se llegó a un consenso con el Ejecutivo en cuanto al contenido de ellas, pero estuvimos de acuerdo en que nos someteríamos al veredicto del Congreso. Son las referidas al reemplazo de los trabajadores en huelga y a la flexibilidad laboral.
Por consiguiente, el proyecto que propone a la Sala la Comisión de Trabajo que presido corresponde a la iniciativa modificada en la forma que lo acordó dicha Comisión, incluyendo los elementos a que he hecho mención.
En segundo lugar, debo lamentar la forma como ha habido que luchar durante la larga tramitación de este proyecto con la más increíble campaña de desinformación o de irresponsabilidad por esa desinformación. Hoy día mismo aparece en un diario una crónica que dice: "Senado vota reforma laboral". En ella, se vuelve a enredar las cosas, como si estuviéramos votando aquí la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados. No es así. Se trata de un cuerpo legal sustancialmente distinto, que no comprende la negociación por áreas; que no comprende la negociación compulsiva, en el caso de los trabajadores de sindicatos de trabajadores eventuales; que comprende, en lo propuesto por la Comisión, el derecho a contratar trabajadores reemplazantes, porque ese derecho, en nuestra legislación, no es gratuitamente concedido al empleador ni sólo una consecuencia constitucional -que encuentro respetable, pero que no es aceptada en otros países- del derecho a manejar la empresa, incluso durante la huelga. En Chile la posibilidad de contratar reemplazantes al iniciarse la huelga que es el precio en virtud del cual el empleador se compromete a mantener todos los beneficios vigentes, más un reajuste de cien por ciento por los doce meses anteriores, más un reajuste de cien por ciento por la duración del convenio, salvo los últimos doce meses, que quedan para el convenio siguiente. Por consiguiente, suprimir este derecho es destruir el piso, base de negociación colectiva en la actual legislación.
Aun cuando no tengo la oportunidad ni el tiempo para responder cada una de las observaciones que se han formulado aquí, sí deseo contestar al Honorable señor Piñera , quien formuló preguntas, a mi juicio, muy pertinentes. El compromiso contraído por el Presidente de la Comisión de Trabajo con el Gobierno comprende el esfuerzo mío -y lo he hecho hasta el máximo- y el del Ejecutivo por asegurar que éste sea cumplido en ambas Cámaras, con el agregado adicional de que, como en materia de negociación colectiva no hay libertad de iniciativa para proponer modificaciones, sino que corresponden a facultades privativas del Ejecutivo , es muy fácil mantener el respectivo control. Y yo una vez más estoy en la absoluta convicción y entendimiento de que este acuerdo va a ser respetado.
Ahora bien, respecto de las indicaciones que no fueron parte del acuerdo y que se votaron en la Comisión de Trabajo, debo decir que son dos. En cuanto a la relacionada con la flexibilización, tengo la certeza de que el Gobierno la presentó a la Cámara de Diputados no por distracción, sino por convicción, y que no debiera ser un tema sobre el cual no pudiéramos encontrar un acuerdo después de la aprobación general del proyecto. En cuanto a la contratación de reemplazantes, por tratarse de una modificación al sistema vigente en Chile, si acaso el Senado no le da su aceptación, no va a haber ley sobre el particular. Por consiguiente, no tiene sentido seguir arguyendo que se va a rechazar el proyecto porque contempla esta innovación. Si bien aparecía en el proyecto inicial del Gobierno y la confirmó la Cámara de Diputados, lo cierto es que no fue aceptada por la Comisión de Trabajo del Senado, que recomienda su rechazo a la Sala. En todo caso, espero que la Corporación, al aprobar hoy el proyecto en general, también ratifique estas indicaciones que fueron aprobadas en la Comisión. Y no me cabe la menor duda de que en la votación particular, al no tener mayoría en el Senado, no será aceptada la norma relativa a la contratación de reemplazantes, pues destruye la base del mecanismo de negociación.
Voto que sí.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
A partir de este momento, el señor Secretario procederá a tomar la votación de los señores Senadores en orden alfabético.
El señor COOPER.-
Señor Presidente , uno de los factores claves para el éxito económico de nuestro país ha sido, sin duda, la legislación laboral que fue reformada en 1980.
Deseo mencionar sólo algunos factores que contribuyeron, precisamente, a la estabilidad que el país ha gozado en estos años: el establecimiento, con mucha claridad, de la libertad sindical; el mecanismo sobre cómo negociar en forma colectiva, con derecho a huelga, pero con regulación, y la existencia de legislación en materia de contratos individuales de trabajo. Con ello se logró disminuir -y las cifras están a la vista- el número de conflictos en el sector privado y bajar la tasa de desocupación, sin afectar la productividad y la eficiencia de las empresas.
Aquí se propone una serie de reformas, algunas de las cuales, indudablemente, son necesarias, y se han mencionado en distintas intervenciones. Sin embargo, otras enmiendas provocarán, a mi juicio, efectos negativos, y sobre ellas me gustaría hacer un resumen.
Cuando hablo de efectos negativos, me refiero, en primer lugar, a la empresa y al trabajador, que -como se señaló- al hallarse involucrados en un conflicto que se ha extendido demasiado, comprometen el futuro de la empresa y, por consiguiente, la fuente laboral. Sin duda habrá un encarecimiento de los costos al no considerar en la negociación colectiva la productividad de la empresa, que es el punto clave sobre el cual se basa la solución de los conflictos.
En segundo término, habrá un aumento probable de la conflictividad laboral, pues al no existir el elemento de la competitividad, los conflictos fácilmente pueden extenderse en el tiempo y, al final, terminar con la empresa. Por consiguiente, estamos corriendo un riesgo con algunas disposiciones del proyecto, en el sentido de que la huelga se transforme en mecanismo político y expropiatorio.
Por último -reitero-, al afectar la productividad de la empresa, se estaría lesionando gravemente la creación de nuevas fuentes laborales, puesto que los inversionistas verían con mucha precaución que, si se modifican las reglas del juego en materia laboral, no tendrán la estabilidad que hoy se requiere en una economía abierta al mundo y que cada día exige mayor eficiencia.
Por eso, pensando en los pequeños empresarios, en los agricultores -especialmente los de la Región que represento-, rechazaré el proyecto. Aunque reconozco que tiene algunas cosas favorables, será muy difícil corregirlo posteriormente, si no hay una revisión total que realmente lo transforme en un plan laboral.
Voto en contra.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Llamo la atención del Senado en cuanto a que a las 13 debe iniciarse una sesión especial. Como no puedo suspender la votación, solicito que las fundamentaciones de voto sean más breves. De lo contrario, podría fracasar dicha sesión.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , sugiero que acordemos empalmar ambas sesiones. Así todos tendrían derecho a intervenir.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Señor Senador, no puede empalmarse una sesión ordinaria con una especial.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , quiero recordar que en la presente sesión debemos tratar otro proyecto más.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la regulación de las materias laborales es muy delicada en la vida de los países, y hay épocas en que, quizás, puede serlo muchísimo más.
Nos encontramos en una temporada de crisis económicas mundiales que no sabemos de dónde vienen ni para dónde van. En consecuencia, nos interesa no introducir nuevas variables en nuestro país que puedan tender a agravar esta situación. Seguramente vendrán tiempos que no serán de tanta bonanza económica a que estamos acostumbrados, por lo cual me parece imprudente, en estas circunstancias, variar las normas de negociación colectiva y relación laboral.
Si miramos las cosas globalmente, con el riesgo económico de desarrollo que tiene el país; con la disminución de las huelgas respecto del antiguo sistema; con un índice de desempleo razonable en comparación con la de los países del área y de los de desarrollo similar al nuestro; y con un aumento sostenido de los ingresos reales de los trabajadores, estimo que no es conveniente modificar este sistema. Comprendo que hay muchas cosas que perfeccionar, pero prefiero hacerlo en épocas en que se tenga mayor certeza de la situación económica y haya más tranquilidad.
El proyecto contiene elementos que me causan mucha inquietud. Y no quiero contribuir a desmejorar algunas actividades económicas, como la agricultura, porque, a mi juicio, la situación en que quedan los trabajadores temporales puede producir serios problemas en un sector que indiscutiblemente está en crisis.
Asimismo, la norma que regula el manejo de la información que se debe entregar a los dirigentes sindicales es de una amplitud tal que limita con la idea de la reserva y de la privacidad establecida en la Constitución Política del Estado. Por estas razones, es conveniente ir entregando paulatinamente en manos del juez la decisión de qué elementos se deben aportar, sin establecer una definición expresa en la ley, porque esto puede contribuir, evidentemente, a crear situaciones sindicales conflictivas en épocas de una movilidad económica riesgosa, como la que se vive en la actualidad.
Por ello, voto en contra del proyecto.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, quiero reiterar las reservas de constitucionalidad que manifesté en mi intervención.
Estoy pareada con la Honorable señora Carrera.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , después de los argumentos formulados y de la larga discusión habida en la Sala, cada vez más me asiste la idea de que en el país se presentan situaciones que no lo engrandecen ni tampoco entregan una visión hacia afuera de lo que deberían ser las relaciones entre empresarios y trabajadores.
Desconocer a los trabajadores su tremenda responsabilidad en una empresa y, al mismo tiempo, teniendo presente que el trabajo nunca será bien realizado si no se camina de buena manera, en forma consensuada y armónica, al final, si eso no ocurre, los que salen más desfavorecidos no sólo son los trabajadores, sino que también la empresa. Y en ese mismo sentido, los trabajadores tienen no sólo la obligación sino que deben asumir la responsabilidad que les cabe cuando se les brindan todas las herramientas para que sus tareas y su actividad sean dignas y rindan los efectos que se quieren. El coartar tan terminantemente la labor que ellos puedan desarrollar para mejorar sus condiciones de vida, para llevar adelante las negociaciones y para conversar con el empresariado, ciertamente que lleva a situaciones extremas, porque el trabajador, al sentirse tan coaccionado, tenderá a reaccionar con mayor violencia y provocará más problemas.
Creo que así como en nuestro país hay buenos y malos empresarios, también hay buenos y malos trabajadores, y precisamente en el Senado de la República tenemos la obligación de dictar las leyes que protejan el trabajo. Estamos hablando mucho de dignificar al ser humano, y diversos sectores que presumen de religiosidad o son muy propensos a golpearse en demasía el pecho en las iglesias no reconocen lo que han escrito los Papas durante tantos años sobre la verdadera doctrina social de la Iglesia. Por eso, creo que quienes votan en contra del proyecto no se están renovando con la necesaria claridad y consistencia con que debe hacerlo todo ser humano en Chile.
Por eso, obviamente, votaré a favor del proyecto.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , quiero primero aprovechar de rectificar algunas cuestiones básicas de forma, a fin de que, por lo menos, el debate pueda quedar en la Versión Taquigráfica planteado en los términos que corresponde.
Hay un viejo dicho chileno que señala que "no hay que pedir peras al olmo". Por ello, no me parece apropiado, por ejemplo, que mi colega, el Honorable señor Piñera -en estos momentos no se encuentra en la Sala, pero en su oportunidad leerá la transcripción de mis palabras-, pida que el proyecto permita negociar a los desempleados, a las dueñas de casa, o a los más pobres, porque si los más pobres están desempleados o son dueñas de casas no se les aplica la definición que figura en el artículo 303 del Código del Trabajo, que dice que "negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto". Entonces, no pidamos a este proyecto que resuelva el problema de las dueñas de casas o de los desempleados, porque no es el tema en discusión.
Se ha formulado una segunda afirmación en el sentido de que a los que no tienen empleo no les sirve. Correcto. Pero la cuestión, que no ha sido contradicha por mis Honorables colegas, es: ¿por qué no beneficiamos a los que sí tienen empleos? Y, según las cifras -porque no he escuchado a ninguno de mis colegas que discrepe de las cifras oficiales-, hoy día las negociaciones colectivas están produciendo menos que antes. No he escuchado contradicción. No hay prueba en contrario. Creo que, a lo menos, en esta Corporación los Senadores que votan en contra deberían decir "no, esas cifras son falsas". Nadie ha podido demostrar que ellas son falsas.
En seguida, se dice "¡Ah!, es que si cambiamos las reglas del juego puede ocurrir que aumente el desempleo". Aquí hay varias personas que han aducido...
El señor PRAT.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor HORMAZÁBAL .-
Durante la votación no se pueden conceder interrupciones, señor Senador.
El señor PRAT.-
Es que Su Señoría dio el espacio para intervenir.
El señor ROMERO (Presidente).-
En realidad, no es posible otorgarlas en esta parte de la sesión.
Puede continuar, señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL .-
Hay personas que dicen "mire, si seguimos extremando...". ¿Extremando qué? Si acá no hay nada extremo, salvo el abuso con los trabajadores. La Constitución del 80 les dice en letras grandes "pueden negociar", y ocurre que sólo diez por ciento puede hacerlo. Es decir, se sienten engañados.
Entonces, hago un llamado a los representantes de la Oposición porque aquí hay un tema de fondo. Y les quiero decir que en este punto no sólo ella está involucrada. Yo soy democratacristiano, formo parte de la Concertación, y sé que, de repente, hay ciertas ideas que, desgraciadamente, también han enturbiado el carácter en la propia Concertación. ¡Aquí hay un problema más de fondo! Y consiste en si vamos a tener o no una legislación protectora del derecho del trabajo. Porque hay diversas teorías. Los civilistas vienen sosteniendo asimismo que es la igualdad de las partes. Y no sólo las encíclicas, sino que todos los teóricos del Derecho del Trabajo sostienen que éste es un derecho protector. Ocurre que aquí la Derecha defiende el concepto civilista. Y tienen derecho a hacerlo, pero ¡díganlo, pues! Pero no sólo aquí, vayan a las bases. Yo escuché, por ejemplo, a una persona que se integra al Senado el próximo año. Me refiero a don Carlos Cantero , gran Diputado de Renovación Nacional . Y lo escuché en Calama, Antofagasta, hablando en contra de la legislación laboral vigente, diciendo que había abusos en distintos terrenos. Viene en marzo al Senado, y le dejo planteada la tarea de que ahora vote defendiendo la legislación laboral. ¿Por qué? Porque así ganó los votos.
Yo escucho a mi estimado amigo y representante de la Cuarta Región, el Honorable señor Cooper , decir "por los agricultores de mi Región, voto en contra". Yo, por los trabajadores temporeros, explotados por muchos agricultores en mi Región, tengo que votar a favor. Y eso es lícito: defender intereses distintos es lícito, pero digámoslo. ¿Por qué nos encubrimos respecto de esto? Hay necesidad de que este país vote por ideas. Alguien ofrece "voy a barrer la droga". ¿Va a venir aquí al Senado a montar una fábrica de escobas? Alguien descubrió en la franja televisiva la pobreza, y no son capaces de traducirlo en proyectos de ley.
¡Por favor, queridos amigos! Es lícito tener opiniones distintas, pero digámoslas, para que el país vote consciente de esos principios. En la Derecha hay gente que defiende principios que, aunque distintos de los míos, son también honestos, decentes. ¿Por qué, entonces, no explicitarlos ante el país, por qué engañarnos entre nosotros?
Creo que este proyecto es escaso, mínimo, y obedece a una realidad urgente de la injusticia que aún existe en Chile. Por ello, llamo al Senado a que siga siendo un punto de encuentro de ideas distintas, pero de ideas, y no engañarnos recíprocamente. No pidamos al proyecto lo que no puede dar, y sí demos una oportunidad a la gente que todavía vive situaciones de injusticia. ¡Ah!, y a quienes hablan de modernidad: me gustaría que estudiaran, por ejemplo, el Protocolo y Acuerdo sobre Política Social, de Maastricht, de 1992, que en la Comunidad Económica Europea dice que se pueden "concluir convenciones colectivas de trabajo a nivel europeo, en el marco del derecho comunitario", y que se puede tener convenciones europeas por sectores, multisectorial, regional o de empresa. ¡No hablen de modernismo sin saber lo que está pasando en el resto del mundo!
Por eso, voto a favor.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , se han dado a conocer muchos antecedentes acerca del tema en discusión, y creo que no corresponde ideologizarlo ni formular críticas a quienes no pueden defenderse por no encontrarse presentes en la Sala.
Concordamos, evidentemente, con el señor Ministro en cuanto a que las dos terceras partes de los trabajadores puedan al menos sentarse ante una mesa para negociar con sus empleadores. El problema es el "cómo", pues la manera como se plantea en el proyecto no apunta en la fórmula correcta para la estricta defensa de esos trabajadores. Y ya que se ha mencionado la posibilidad de abrirse a otros temas, podríamos sugerir que se reúnan todos los deudores de bancos y financieras para también negociar colectivamente con éstos. Lógicamente, para algunos sectores que están en crisis, como los rurales, los agrícolas, sería una situación muy conveniente, pero significaría prácticamente llevar a los bancos y financieras a la quiebra.
En segundo lugar, en cuanto a la modernización de los trabajadores, quiero decir que no se trata de traumas, pues algunos todavía perciben el mundo laboral como un gran número de personas que trabajan en serie, en grandes galpones, realizando tareas sin gran complejidad. Y la verdad es que la situación hoy día es totalmente distinta: hay muchos subcontratistas, microempresarios y también trabajadores que en forma individual se dedican a actividades sumamente delicadas. Y eso no está reflejado en la manera como se pretende llegar a la negociación. Incluso, recurriendo a fórmulas bastante más modernas, grupos de trabajadores, pescadores, forestales, leñeros, se están reuniendo y formando empresas para las que contratan a profesionales como contadores, abogados e ingenieros comerciales, y están sacando adelante sus iniciativas.
Creo que el trabajador, en la medida en que es competente, preparado y responsable, nunca necesitará más defensa que el respeto que le granjea la calidad con que desarrolla determinada actividad. En este sentido, pienso que todos los avances que ha logrado la Comisión de Trabajo del Senado, y particularmente su Presidente , podrán ser reestructurados en la Comisión Mixta, pero mediante una fórmula que requerirá un estudio más de fondo, y no ideologizado.
Por tales razones, voto negativamente.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , corroborando lo que planteé durante mi intervención, voy a votar que no el proyecto. Y lo voy a hacer, porque, por la información de que dispongo, en realidad no se justifica -ni se han dado antecedentes que lo acrediten- modificar la actual legislación. Si bien es cierto que el proyecto convenido bajo la inspiración del Senador señor Thayer mejora la actual iniciativa, considero que la normativa vigente es superior a lo que se nos propone.
Creo, además, que el proyecto no ayuda a resolver la situación de los que carecen de trabajo, como la mujeres, los jóvenes, los cesantes en general, o la de los que poseen uno malo. Porque la iniciativa no ayuda a crear nuevas fuentes de trabajo, sino, más bien, las desalienta.
Voy a votar en contra, también, porque me parece negativa la negociación interempresas, particularmente pensando en la pequeña y en la mediana empresas y en aquellas que tienen menor capacidad económica, puesto que, al imponérseles las condiciones de las grandes empresas, de las que pueden soportar eventuales negociaciones, se va a causar un daño muy grande a ese sector empresarial. Y, además, porque, a pesar de que se ha alejado en el proyecto que discutimos la posibilidad de reemplazar a los trabajadores durante la huelga, el solo hecho de que esto pueda ser repuesto es muy delicado, en la medida en que éste tiene carácter expropiatorio.
Voy a votar negativamente, además, porque, en último término, con esta posición se contribuye a alejar la inversión extranjera de Chile y a que la inversión chilena se vaya del país. Y en Regiones como la que represento, en Linares, en Cauquenes, donde necesitamos nuevas fuentes de trabajo, debemos estimular la inversión. Es la única forma de superar la pobreza: creando trabajo. Y pienso que este tipo de disposiciones, que van en la dirección incorrecta, las aleja. Por lo tanto, no podemos contribuir a esa voluntad legislativa, tal cual se ha insinuado.
En definitiva, creo que vamos retrotrayendo la situación a otras épocas, en donde, en definitiva, en el nombre de los trabajadores, lo que se hizo fue generar más conflicto y menos oportunidades de trabajo. Y lo que tenemos que realizar es exactamente lo contrario. Y eso se hace con iniciativas que apunten en otra línea que la que, en el trasfondo, posee esta iniciativa.
Por todas estas consideraciones, voto que no.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , aquí ha habido un debate bastante profundo, serio, sobre una materia que, evidentemente, interesa a la inmensa mayoría del país.
Sin embargo, me sorprendo con lo que he podido apreciar respecto de las posiciones que adoptan algunos sectores en el Senado. Y me sorprende, porque considero increíble que cada vez que existe un problema de carácter económico internacional -como el mencionado acá-, que hay dificultades y crisis, o bien, uno que esté relacionado con las inversiones de índole internacional, para evitar sus posibles efectos, quienes carguen con esta responsabilidad no sean los grandes grupos económicos, que son los que obtienen más del 62 por ciento de lo que el país produce. Los trabajadores se hallan dentro del 80 por ciento que obtiene menos del 38 por ciento del producto.
Pero se pretende que ellos (los trabajadores) realicen solos el sacrificio. Me parece algo sorprendente y emblemático, que debiera hacer meditar a muchos chilenos que votaron por la Derecha política, cuando en sus campañas señalaron, una y otra vez, que eran los defensores de los pobladores, de los trabajadores. Y muchas de las personas investidas del cargo de Senador lo obtuvieron expresando en sus respectivas Regiones y en sus circunscripciones que lo asumían en nombre de los intereses del país, de los trabajadores, de las inmensas mayorías nacionales.
Pero aquí está la hora de la verdad. Aquí es cuando ellos tienen la oportunidad de votar favorablemente, para ser consecuentes con lo que señalaron a su electorado (que votó por ellos), en el sentido de que estaban defendiendo sus propios intereses. ¡Cómo me gustaría que las palabras, a veces "caracoleadas" de algunos señores Senadores, pudieran expresarse públicamente en "El Mercurio", en "La Tercera", en el Canal 13, en todos los medios de comunicación dominados por los grupos económicos del país, y se plantearan los criterios que aquí han señalado algunos señores Senadores de Derecha, o de Oposición, a este respecto.
Creo que esto debe advertir a la gente que votó por estos señores acerca de lo peligrosos, lo costosos que son los "regalitos" que han recibido, muchas veces por el voto, cuando en proyectos como éstos les cuestan extraordinariamente caros. Porque los "regalitos" electorales, hechos oportunamente antes del proceso eleccionario, los pagan ellos, sus hijos y hasta sus nietos.
Pienso que el país debe examinar minuciosamente este debate, con la mayor extensión posible, para que pueda darse cuenta de quiénes defienden al 20 por ciento de más altos ingresos en este país, que -repito- obtiene más del 62 por ciento de lo que Chile produce, y quiénes defienden al 80 por ciento, a las grandes mayorías, que perciben el 38 por ciento de lo que el país produce, y que no pueden mejorar estas condiciones, porque aquí hay un muro infranqueable para el Gobierno y para nosotros, los miembros de la Concertación. Y ese muro está dispuesto por el sistema político binominal, acompañado de lo que significan los Senadores designados y las leyes de quórum calificado. Este sistema es el que, por supuesto, no permite hacer aprobar las leyes de fondo que el país reclama, pues aquí estamos empatados: con un tercio de los votos la Derecha obtiene la mitad del Senado, y los dos tercios obtienen sólo la otra mitad del Senado. Y nos encontramos en un empate político debido al cual no podemos resolver problemas como éste, que afectan a la inmensa mayoría del pueblo de Chile, y muy especialmente a los trabajadores.
Por esas razones, dando un testimonio, voto a favor del proyecto.
El señor MARTIN.-
Señor Presidente, estoy pareado con el Senador señor Sule.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, aquí se ha planteado, como uno de los argumentos para rechazar el proyecto, que los problemas se encuentran en el sector público, y no en el privado.
Interesante argumento. Porque en el sector privado se producen escasos conflictos y hay pocas huelgas, pues, justamente, el sistema vigente hoy día hace de la huelga casi una ilusión. Y en el sector privado no hay conflictos, porque éstos se hallan larvados. Los conflictos están allí presentes. El problema radica en que no existe organización por parte de los trabajadores, pues no alcanzan a lograrla cuando ya son víctimas de la persecución.
Entonces, no se trata de mirar las apariencias, sino el fondo del problema. ¿Por qué se presentó este proyecto al Congreso? Él es una respuesta parcial, pequeña, a una demanda importante de los asalariados chilenos.
Cuando aquí se plantea que la huelga puede pasar a convertirse en un instrumento político o en uno de tipo expropiatorio, estamos negando el derecho a ella. Entonces, como muy bien se señaló, planteemos las cosas con más claridad y digamos que no queremos la huelga en la legislación laboral. Ella siempre constituye un riesgo -también para los trabajadores, que no siempre ganan con ella, pues en muchas oportunidades se les transforma en un castigo-; es un instrumento extremo que obliga a meditar y a desarrollar relaciones razonables dentro de la empresa. El empresario, muchas veces, debe sentarse a negociar, porque la huelga pasa a ser un elemento de presión que hace necesaria e imprescindible la conversación y el debate. Si la eliminamos, los trabajadores no tendrán instrumento alguno para defenderse. Y cuando en esta Sala se sostiene que ellos, por efecto de sus méritos personales, están en condiciones de defenderse frente al empresario, es ignorar lo que sucede en el mundo laboral y lo que históricamente ha ocurrido en él. La organización de los asalariados no es un capricho que surja por una -diría- arbitrariedad de los mismos, sino de la necesidad de defender sus derechos. Y si la ley no los protege debidamente, en un país donde poco más de 10 por ciento de ellos están organizados, ¿quién defiende a más del 80 por ciento de los que no lo están y a un porcentaje importante de los que, pese a tener organización sindical, no están en condiciones de negociar colectivamente?
Por tal razón, pienso que el proyecto, pese a ser insuficiente y exiguo, constituye un avance respecto de la legislación laboral vigente. Y considero absurdo plantear el rechazo de la idea de legislar, negarse incluso a discutir la posibilidad de realizar un debate al respecto y cerrar las puertas a la negociación, en circunstancias de que la iniciativa abre paso a un debate en el que debieran participar activamente empresarios, trabajadores y legisladores, para perfeccionar una legislación que ha demostrado claramente ser insuficiente.
Por todo ello, voto a favor.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , ya adelanté mi punto de vista sobre el particular. Estimo que el proyecto es inconveniente y por eso no puedo apoyarlo; pero creo que, por razones técnicas, al haberlo aprobado la Cámara de Diputados, deberá ir a Comisión Mixta.
Por eso anuncié mi abstención, y la mantengo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , fundaré brevemente mi voto, pues no intervine en el debate.
Indiscutiblemente, este tema siempre resulta conflictivo en cuanto a su discusión y a la posibilidad de hacer realidad la meta perseguida. Y ello es así desde tiempos antiguos. En el mundo cristiano, el potenciar las organizaciones sindicales y el derecho de huelga fue algo tan discutido que fue necesaria la publicación de las encíclicas sociales, que reclamaron tal derecho fundamental para toda persona vinculada al trabajo, como única manera de establecer cierto equilibrio en la sociedad, de modo que las organizaciones sindicales negociaran condiciones laborales con el sector que representa más bien el capital. Y no fue en el ánimo de crear una situación confrontacional o de conflicto, pues, en una negociación colectiva, si ambas partes ponen condiciones de trabajo realistas, muchas veces se llega a soluciones, como también a disputas.
No puedo dejar pasar, sin embargo, afirmaciones tendientes a objetar el proyecto, en el sentido de que con él se estaría poniendo en riesgo la competitividad del país y de su economía. Con ese criterio, las naciones más avanzadas del mundo y con mayor desarrollo pueden demostrar, precisamente, todo lo contrario: que poseen organizaciones sindicales, una legislación laboral que las respalda, negociación colectiva, y que son las que tienen mayor capacidad de competitividad. Las naciones europeas, los Estados Unidos, los países del Pacífico en general y los del mundo anglosajón poseen una buena legislación sindical, que les permite tener capacidad de negociación, derecho a huelga y asociación para negociar, y no por ello han quedado fuera del mercado. En cambio, la receta que se nos trata de dar persigue debilitar la organización sindical y tener una legislación laboral no muy fuerte, con el objeto de lograr mejor competitividad en los mercados, como sucede con el mundo asiático.
No creo que sea ése el mejor modelo por el que podamos optar. Todos los técnicos y gente que escribe sobre la materia llegan a la conclusión, expresada en sus libros, de que a las puertas del siglo XXI el costo del factor trabajo en materia de competitividad no representa más de 10 por ciento del valor total de un producto o de un bien. Por lo tanto, no es el salario ni su costo lo que puede dejar a un país fuera de competencia en una economía global.
Estimo que Chile debe recoger esa advertencia, pues no tiene por qué debilitar o no fortalecer su legislación laboral. Pienso que, efectivamente, la iniciativa que se nos plantea no es lo óptimo que pudiera desearse. Sin embargo, creo que en algo se avanza. Y lo que resulta absolutamente contradictorio es que quienes, pese a votar favorablemente la idea de legislar, tratarían de impedir el debate particular del proyecto, el cual permitiría mejorar aquellos aspectos que pueden ser discutibles, y pretenden cerrarnos la posibilidad de legislar, en circunstancias de que lo que corresponde es abrirla, para hacerlo con todos los antecedentes del caso, y ojalá llegar a una legislación que permita la existencia de organizaciones sindicales, negociación colectiva y derecho de huelga, tratando de evitar que las relaciones empresa-trabajo sean confrontacionales sin justificación.
Por todas esas razones, votaré que sí a la idea de legislar, y espero que durante la discusión particular podamos enriquecer la iniciativa, con el aporte de todos, a fin de disponer de una buena legislación en materia de negociación colectiva, que permita al país mantener su competitividad, y a los sectores de trabajadores participar en los beneficios del desarrollo.
--Se rechaza la idea de legislar (14 votos contra 13, 7 pareos y una abstención).
Votaron por la negativa los señores Cooper, Díez, Fernández, Horvath, Huerta, Lagos, Larraín, Letelier, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Prat, Ríos y Romero.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Lavandero, Matta, Núñez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Thayer, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, los señores Errázuriz, Feliú, Larre, Martin, Ominami, Páez y Sinclair.
Se abstuvo el señor Urenda.
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