REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 333�, ORDINARIA Sesi�n 27�, en jueves 8 de agosto de 1996 Ordinaria (De 10:46 a 13:51) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES SERGIO D�EZ, PRESIDENTE, Y EUGENIO CANTUARIAS, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERR�A, TITULAR Y JOS� LUIS LAGOS L�PEZ , PROSECRETARIO ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica I. ASISTENCIA............................................................................ II. APERTURA DE LA SESI�N................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS.................................................. IV CUENTA................................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que posterga aplicaci�n de reaval�o de bienes ra�ces agr�colas (se aprueba en general y particular). Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas (queda pendiente su discusi�n particular). VI. TIEMPO DE VOTACIONES: Proyecto de acuerdo sobre salmonicultura nacional ante medidas proteccionistas de Estados Unidos (se aprueba). VII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian). Pr�cticas empresariales antisindicales. Oficio (observaciones del se�or Ruiz De Giorgio)......... Exportando contaminaci�n (observaciones de los se�ores Romero y D�az). Problemas de liceos industriales de Novena Regi�n. Oficio (observaciones del se�or Mu�oz Barra). Exigencias para proyectos industriales. Oficio (observaciones del se�or Horvath). VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Alessandri Besa, Arturo --Cantuarias Larrondo, Eugenio --Carrera Villavicencio, Mar�a Elena --Cooper Valencia, Alberto --D�az S�nchez, Nicol�s --D�ez Urz�a, Sergio --Feli� Segovia, Olga --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Frei Bol�var, Arturo --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hormaz�bal S�nchez, Ricardo --Horvath Kiss, Antonio --Huerta Celis, Vicente Enrique --Lagos Cosgrove, Julio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Larre Asenjo, Enrique --Lavandero Illanes, Jorge --Martin D�az, Ricardo --Mc-Intyre Mendoza, Ronald --Mu�oz Barra, Roberto --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Otero Lathrop, Miguel --P�ez Verdugo, Sergio --Pi�era Echenique, Sebasti�n --Prat Alemparte, Francisco --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara Mariano --Thayer Arteaga, William --Urenda Zegers, Beltr�n --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurri�, adem�s, el se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; y los se�ores Subsecretario de Hacienda; Director Nacional de Aduanas; Fiscal Nacional de Aduanas; Asesor del Ministerio de Hacienda yAsesor de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Aduanas. Actu� de Secretario el se�or Rafael Eyzaguirre Echeverr�a, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Lagos L�pez. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 10:46, en presencia de 34 se�ores Senadores. El se�or D�EZ (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or D�EZ (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesi�n 17�, ordinaria, en 10 de julio del presente a�o, que no ha sido observada. El acta de la sesi�n 18�, ordinaria, en 11 de julio del a�o en curso, se encuentra en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or D�EZ (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con el que hace presente la urgencia, con el car�cter de "Suma", al proyecto que modifica las leyes N�s 19.410 y 19.430 con el objeto de que las instituciones subvencionadas puedan financiar su programa de adecuaci�n docente. (Bolet�n N� 1875-04). --Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Oficios De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con el que solicita el acuerdo previo del Senado para designar Consejero del Banco Central de Chile a don Carlos Massad Abud --en la vacante producida por aceptaci�n de la renuncia presentada por don Roberto Zahler Mayanz como Consejero y Presidente del Instituto Emisor --, en virtud de lo dispuesto en el art�culo 7� de la Ley Org�nica Constitucional del Banco Central de Chile, y de lo preceptuado en el N� 5) del art�culo 49 de la Carta Fundamental. Al mismo tiempo, hace presente la urgencia, en los t�rminos se�alados en el inciso segundo de la norma constitucional ya citada. (Bolet�n N� S 263-05). --Pasa a la Comisi�n de Hacienda, conforme lo establece el art�culo 205 del Reglamento de la Corporaci�n. De la Excelent�sima Corte Suprema, con el que emite su parecer sobre el proyecto, en primer tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 19.366, que sanciona el tr�fico il�cito de estupefacientes, estableciendo el delito de consumo de drogas respecto del funcionario p�blico. (Bolet�n N� 1892-07). --Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Informe De la Comisi�n de Relaciones Exteriores, reca�do en el proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la Rep�blica de Chile y el Reino de los Pa�ses Bajos. --Queda para tabla. Permiso constitucional Del Senador se�or Alessandri, con el que, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 57 de la Carta Fundamental, solicita autorizaci�n para ausentarse del pa�s a contar del 6 de septiembre pr�ximo. --Se accede a lo solicitado. El se�or D�EZ (Presidente).- Terminada la Cuenta. V. ORDEN DEL D�A POSTERGACI�N DE REAVAL�O DE BIENES RA�CES AGR�COLAS El se�or D�EZ (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de la C�mara de Diputados que posterga la aplicaci�n del reaval�o de los bienes ra�ces agr�colas, con informe de la Comisi�n de Hacienda y urgencia calificada de "Discusi�n Inmediata". �Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 25�, en 6 de agosto de 1996. Informe de Comisi�n: Hacienda, sesi�n 26�, en 7 de agosto de 1996. El se�or D�EZ (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, el objeto del proyecto es mantener los aval�os de los bienes ra�ces agr�colas que reg�an al 30 de junio de 1996, y fijar la vigencia de los nuevos aval�os a contar del 1� de julio de 1998. En consecuencia, los actuales regir�an hasta el 30 de junio de 1998. El fundamento de esta iniciativa, seg�n el mensaje, dice relaci�n a la dif�cil situaci�n por la que atraviesa la actividad agr�cola en algunas regiones del pa�s, espec�ficamente producto de la sequ�a y de otras condiciones clim�ticas presentadas �ltimamente. En verdad, el proyecto se funda en una raz�n real. Porque no cabe la menor duda de que hoy Chile est� presenciando un fen�meno, por desgracia, muy similar al ocurrido en 1967-1968, per�odo en el que tal vez se produjo la condici�n clim�tica m�s adversa para nuestro pa�s en lo que va corrido del siglo: la falta de lluvias as� como la escasez de nieve en la cordillera, lo cual plantea una situaci�n extraordinariamente dif�cil. Hace algunos d�as, solicit� oficiar a diversas reparticiones con el objeto de llevar a cabo una evaluaci�n lo m�s objetiva posible respecto de este problema y de los efectos que se pueden producir con relaci�n a diversas actividades, no s�lo agr�colas o agropecuarias, sino tambi�n mineras y de otro orden. El abastecimiento de agua resulta extraordinariamente dif�cil en algunas regiones. Ayer le� una declaraci�n de un importante dirigente, experimentado y conocedor de la zona, en la que se�ala que hoy el agua superficial del r�o Aconcagua es imperceptible, lo que no ocurr�a desde 1967-1968. Menciono estos a�os, porque, sin duda --hay estudios y estad�sticas que avalan lo que estoy afirmando--, constituyen el per�odo de mayor escasez y sequ�a --dir�a, con caracteres catastr�ficos-- que hubo en el presente siglo. Pero, m�s all� de ese fen�meno y de la situaci�n descrita, que probablemente nos van a obligar el d�a de ma�ana a realizar un an�lisis bastante m�s profundo del que se pudiera efectuar con motivo de este proyecto, me parece que cabe hacer una profunda reflexi�n sobre la retasaci�n de los bienes ra�ces agr�colas. No cabe la menor duda de que va a llegar el momento en que nos veremos enfrentados a efectuar dicho an�lisis, por lo cual, con el tiempo y la oportunidad debidas, deseo advertir a la autoridad y a quien corresponda acerca de la necesidad de estudiar sistemas alternativos de retasaci�n de bienes ra�ces agr�colas. En efecto, el procedimiento que existe en la actualidad respecto de la capacidad de uso de la tierra se basa en criterios que pudieron ser v�lidos y reales hace 40 � 50 a�os; pero lo cierto es que hoy nos encontramos ante una realidad completamente diferente. Entonces, lo que debemos hacer ahora es buscar una f�rmula que permita que la retasaci�n de los bienes ra�ces agr�colas tenga relaci�n directa con la rentabilidad de las actividades que se realizan y ejercen en funci�n de la tierra. Digo esto, porque va a llegar el momento --en 1998, cuando venza la pr�rroga que nos ocupa -- en que nos vamos a ver enfrentados a una situaci�n en la cual, a lo mejor, no reparamos oportunamente. Por ello, solicito formalmente oficiar al se�or Ministro de Hacienda con el objeto de que se sirva analizar la posibilidad de estudiar una alternativa de �ndices de retasaci�n con el objeto de precaver que el d�a de ma�ana volvamos a un sistema que, a mi juicio, ya cumpli� una etapa. Se�alo lo anterior, porque para la peque�a y mediana propiedad agr�colas reviste mucha importancia la fijaci�n de los aval�os, por cuanto la renta presunta se basa justamente en una presunci�n de utilidad sobre el valor de la tasaci�n. Y ello tiene un extraordinario efecto, que debi�ramos prevenir. En todo caso, anuncio mi voto favorable al proyecto, y reitero el planteamiento que hoy formulo. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, de conformidad con el Reglamento. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n de Hacienda. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, el proyecto en debate fue aprobado por unanimidad en la Comisi�n de Hacienda. Y, en atenci�n al problema de la sequ�a y a otros que pudieren afectar a la agricultura, juzgamos beneficioso despacharlo con la mayor rapidez posible. La iniciativa, como lo se�al� el Honorable se�or Romero, posterga la aplicaci�n del reaval�o de los bienes ra�ces agr�colas --el que ya se encuentra determinado-- hasta el 1� de julio de 1998, fecha en que regir�n los nuevos aval�os. El proyecto favorecer� en forma directa a unas 163 mil propiedades agr�colas que tienen actualmente un aval�o fiscal superior a 1 mill�n 513 mil 680 pesos, por lo que est�n afectas a contribuciones. Dentro de ese n�mero de propiedades est�n incluidas las de los sesenta y dos mil agricultores acogidos al sistema de renta presunta por tener ventas anuales que no exceden de las ocho mil UTM, es decir, de 18l millones 616 mil pesos, y cuyas propiedades, a abril de 1996, tuvieron un aval�o fiscal superior a diez UTM, equivalentes a 2 millones 625 mil 600 pesos. Tales son los antecedentes que podr�a proporcionar al Senado, y que motivaron, adem�s de la aprobaci�n un�nime del proyecto, que se tratara con suma celeridad, pues de lo contrario entrar�an en vigencia los reaval�os actuales que, como dije, ya est�n elaborados, y que deber�an ser pagados al 30 de septiembre pr�ximo. Por tal raz�n, solicito a los se�ores Senadores aprobarlo sin mayor debate, ya que no contiene ninguna excepcionalidad ni argumentaci�n extra que diera margen a la presentaci�n de indicaciones u observaciones. Insisto en que, si no se posterga la aplicaci�n de los reaval�os, �stos entrar�n en vigencia el 30 de septiembre. Y se debe proceder con rapidez porque la medida debe ser comunicada oportunamente a los contribuyentes. Ojal� la iniciativa se apruebe sin debate, o s�lo con fundamentaci�n del voto. He dicho. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pi�era. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, deseo abordar, en forma muy breve, tres temas. En primer lugar, una indicaci�n que present� a este proyecto y que fue rechazada por la Comisi�n de Hacienda. Ella se refer�a al segundo inciso del art�culo �nico del proyecto, que dice: "Para la fijaci�n de los nuevos aval�os, el Servicio de Impuestos Internos podr� eximir de la obligaci�n de presentar la declaraci�n a que se refiere el art�culo 3� de la ley N� 17.235, a todos los contribuyentes o a una parte de ellos.". Mi indicaci�n ten�a por objeto precisar que tal exenci�n se efect�e de acuerdo con normas de car�cter general. La Comisi�n de Hacienda la rechaz� por la �nica raz�n de que obligar�a a un tercer tr�mite, pero se dej� constancia de que la intenci�n de todos los miembros de esa Comisi�n, al aprobar el proyecto, era que esta facultad que se otorga al Director de Impuestos Internos no pueda ser usada en forma discrecional. Y me gustar�a que tambi�n quedara constancia de ello en este debate. En segundo lugar, hace 14 a�os que no se hacen reaval�os agr�colas. Esto es algo que se ha venido postergando una y otra vez, lo que constituye, sin duda, una muy mala pr�ctica. Y creo que el problema de fondo es muy simple. Lo que debiera hacerse es efectuar un nuevo reaval�o de los bienes agr�colas para que reflejen su valor real al d�a de hoy. La dificultad est� en otra parte: en que el aval�o determina las contribuciones, el impuesto de primera categor�a y el impuesto global complementario de los agricultores. Y resulta que la ley actual establece que la renta presunta es de 10 por ciento. Es decir, se supone que los agricultores generan una rentabilidad de 10 por ciento sobre el valor de aval�o de sus bienes. Me parece que a estas alturas nadie seriamente podr�a pensar que la rentabilidad del sector agr�cola es de 10 por ciento. Lo que corresponde hacer, en mi opini�n, es enfrentar el problema de verdad y no seguir retrasando y retrasando los aval�os, y as� contar con aval�os y presunciones de rentabilidades reales. Eso es lo que debiera hacerse, y solicito oficiar al se�or Ministro de Hacienda, pidi�ndole analizar esta verdadera soluci�n al problema. La rentabilidad del sector agr�cola es, indudablemente, muy inferior a 10 por ciento. Por eso, juntamente con el Honorable se�or Romero, deseamos enviar este oficio. En tercer lugar, el Senado tambi�n aprob� el reaval�o de los bienes ra�ces no agr�colas, lo cual gener� un cambio en el nivel de las contribuciones, y de acuerdo con la ley aprobada por esta Corporaci�n, su aumento no pod�a exceder de 10 por ciento respecto del monto recaudado con anterioridad. Seg�n el an�lisis que hemos hecho de las comunas de la Regi�n Metropolitana, el aumento de los aval�os excede de 10 por ciento en gran cantidad de ellas. Como la informaci�n respectiva nos ha sido imposible obtenerla, solicito oficiar al Ministro de Hacienda para que nos informe, comuna por comuna, en cu�nto aumentaron los aval�os producto de la aplicaci�n de la ley que estableci� nuevos aval�os. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad con el Reglamento. El se�or D�EZ (Presidente).- El Honorable se�or Pi�era ha pedido que quede constancia, en la interpretaci�n de la ley, de que la facultad otorgada al Servicio de Impuestos Internos s�lo se puede establecer con car�cter general, coincidiendo con lo que dispone en este sentido el informe de la Comisi�n de Hacienda. Si le parece a la Sala, se dejar�a constancia de esa interpretaci�n. --As� se acuerda. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larre. El se�or LARRE.- Se�or Presidente, en l�neas muy generales, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han planteado lo que yo deseaba manifestar al fundamentar mi voto. Pero quiero agregar otro elemento de juicio. El mensaje se�ala que la pr�rroga se basa en la dif�cil situaci�n que enfrenta la agricultura chilena por factores clim�ticos. Y la verdad es que hay dos razones principales. Sin lugar a dudas, el "terremoto blanco" que afect� el a�o pasado a las regiones australes; despu�s, la sequ�a de este verano, y ahora, la que padecen varias regiones del pa�s, desde la Cuarta a la S�ptima Regi�n. Pero hay un elemento que seguramente es el que ha provocado la m�s grave crisis en el sistema econ�mico de la agricultura chilena: la situaci�n de precios que enfrenta en este instante, especialmente, la ganader�a, en las Regiones del sur. Sin duda, �ste es uno de los factores que justifican la medida que estamos adoptando. Concuerdo plenamente en la necesidad de tomar las providencias del caso para evitar que un nuevo aval�o fiscal provoque impactos catastr�ficos frente a la presunci�n de renta, por cuanto podr�a suceder que el remedio que estamos proporcionando en este momento, mate al enfermo en el futuro. Al parecer, resulta indispensable en ese aspecto, hacer presente a las autoridades de Gobierno el planteamiento formulado por los se�ores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. Por lo tanto, me sumo a la petici�n a la Sala de aprobar el proyecto; pero, al mismo tiempo, recalco la necesidad de evitar las graves consecuencias de seguir postergando una decisi�n sin adecuar las medidas para que la agricultura se sostenga en Chile. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Thayer. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, estoy enteramente de acuerdo con el proyecto, y pienso que los antecedentes dados --que sobreabundan-- tienen su justificaci�n. Sin embargo, me surge la preocupaci�n por la forma como viene presentado el proyecto, respecto de lo cual m�s de alguna vez se ha discutido. La redacci�n no debiera ser �sta, porque la pr�rroga de un plazo ya extinguido es una especie de imposible l�gico. Tal vez el art�culo debiera decir, por ejemplo, "F�jase un nuevo plazo que se extender� hasta el 30 de junio de 1998, con sujeci�n a tales y cuales normas sobre la vigencia de los aval�os.". Y, en punto aparte: "F�jase a contar del 1� de julio la vigencia de los nuevos aval�os que se determinen.". Eso tiene l�gica. Lo otro, a mi entender, es un error de expresi�n; pero, en el fondo, el proyecto merece ser aprobado un�nimemente. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Andr�s Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, solamente deseo hacer algunas precisiones. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con la constancia pedida por el Honorable se�or Pi�era. As� se vio tambi�n en la Comisi�n de Hacienda, pues no puede ser otra la interpretaci�n sino que el Servicio de Impuestos Internos act�e sobre la base de normas generales y no de manera discriminatoria. Pero, si se considera necesario dejar la constancia, me parece bien. En segundo t�rmino, estimo oportuno hacer constar que el Ejecutivo procede en esta forma, porque reconoce que en el sector agr�cola existe una situaci�n dif�cil, no generalizada, pues s�lo afecta a algunos sectores. En todo caso, en las actuales condiciones, es mejor evitar un reaval�o cuya aplicaci�n se viene postergando por mucho tiempo. Concuerdo en que esto de postergar por tantos a�os los reaval�os nos lleva a que, cuando queramos aplicarlos, se cree una situaci�n bastante conflictiva, porque deben aumentarse en forma sustancial. Si transcurren 15 a�os, por supuesto que se produce una variaci�n en los aval�os de los predios agr�colas y tambi�n de los bienes ra�ces urbanos. No coincido con el Senador se�or Pi�era en el sentido de que, en virtud de las facultades dadas para el reaval�o de los bienes ra�ces urbanos --porque Su Se�or�a toma en cuenta la Regi�n Metropolitana, y seguramente, s�lo parte de �sta--, el Ejecutivo no haya cumplido con lo dispuesto en la ley correspondiente, de que el rendimiento no pod�a ser superior a 10 por ciento, o que ten�a que ser por un diferencial de hasta 10 por ciento. En conformidad a los antecedentes que tenemos, el Gobierno se ha encuadrado perfecta y exactamente dentro de esos l�mites e, incluso, en algunos casos, el reaval�o fue menor en su promedio que el 10 por ciento aplicado a nivel nacional. En mi opini�n, �se es un cargo grave al Gobierno y al Servicio de Impuestos Internos, de no haber cumplido con una disposici�n legal. Por otra parte, efectivamente si se aplicara el reaval�o de los predios agr�colas, se modificar�a el valor de ellos, por razones obvias. Porque ha habido modificaciones sustanciales en los valores de las tierras. Nadie puede discutir que, en t�rminos reales, los valores de los terrenos agr�colas hoy d�a son muy superiores a lo que costaban hace diez a�os. Basta observar lo que sucede con las tierras que circundan la Regi�n Metropolitana, que est�n siendo destinadas a vivienda --lo cual es muy leg�timo-- y a parcelas de agrado, pese a estar calificadas como rurales. En ese sentido, actualmente se valoran en cantidades impresionantes: el precio de una hect�rea en la zona de Colina, por ejemplo, es del orden de los 30 millones de pesos; lo mismo ocurre en otros sectores capitalinos. Y aunque puede que no sea igual en todos, efectivamente hay una plusval�a importante. Por supuesto, cualquier reajuste general de los aval�os de bienes ra�ces incide en el sector agr�cola y en los propietarios que tienen bienes ra�ces sujetos a presunci�n de renta. La presunci�n de 10 por ciento ha sido siempre bastante moderada, porque tambi�n debe tenerse en cuenta que el aval�o fiscal de los bienes ra�ces no siempre refleja el valor comercial, pues aqu�l es muy inferior a �ste. Por supuesto, al hacerse las retasaciones, tendr�n que efectuarse simulaciones para ver de qu� manera ello afecta al sector agr�cola en su conjunto, sobre todo con la nueva realidad del mismo, especialmente en el tradicional. Porque tampoco podemos "meter en el mismo saco" a toda la agricultura. Hay sectores de ella que no ser�n afectados y que, por el contrario, van a ser beneficiados con las medidas que puedan tomarse en el pr�ximo tiempo. Estimo que es bueno que el Gobierno y el Servicio de Impuestos Internos, de aqu� a esa fecha, puedan valorizar todos estos elementos, de manera de no provocar una situaci�n de injusticia o la aplicaci�n de grav�menes excesivos, que no est�n acordes con la rentabilidad real del sector agrario. Tengo plena confianza en que as� ocurrir� por parte del Gobierno. Pero tiene que haber una modificaci�n de los aval�os, pues es algo necesario. A mi juicio, es oportuno hacerlo ahora, porque estamos en un per�odo de transici�n, en el cual se puede apreciar realmente lo que pasa en el sector agr�cola. Creo que el Ejecutivo ha procedido bien al recoger la intranquilidad existente en el sector agr�cola. Conf�o plenamente que los nuevos aval�os signifiquen una situaci�n de justicia para ese sector y que, por ning�n motivo, se cometan arbitrariedades. Por lo anterior, considero que el proyecto debe ser aprobado. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, hay consenso en el Senado respecto de la necesidad de adoptar medidas que alivien al sector agr�cola frente a las diversas circunstancias que lo afligen. Pienso que el camino seguido en esta oportunidad es equivocado y que, en el fondo, si bien significar� un alivio importante para el sector agr�cola en su conjunto, implica mantener como reales los aval�os existentes hace ya 16 a�os, lo que en la pr�ctica implica una injusticia, dado el cambio del valor relativo de los bienes ra�ces. Algunos de los se�ores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra explicaron que los bienes ra�ces agr�colas --al igual que los urbanos-- han tenido un alza considerable en su valor, pero que en otros casos no ha sucedido as�. Por lo tanto, mantener la situaci�n actual significar�a postergar una injusticia, porque los agricultores cuyas tierras han perdido valor siguen pagando sus impuestos conforme a tasaciones correspondientes a cuando ellas ten�an un valor relativo mayor. Y, a la inversa, quienes se han visto beneficiados por el aumento de la riqueza global del pa�s o por otras circunstancias espec�ficas en zonas determinadas y que tienen bienes ra�ces que valen much�simo m�s que antes --en t�rminos relativos han subido bastante, en circunstancias de que otros, m�s bien, han descendido--, van a ser favorecidos por esta medida. Estimo que el verdadero camino que debi� haber seguido el Ejecutivo era producir un alivio global a la agricultura, lo cual era muy sencillo. Se trataba, simplemente, de calcular el impuesto por pagar con los nuevos aval�os, compararlo con lo de antes y la diferencia --no tengo la cifra a mano, pero puede ser 10, 20. 50 � 70 por ciento--, rebajarla globalmente, por una vez o las veces que sea necesario, de los valores que resultan de las tasaciones actuales. Se vuelve a repetir lo que m�s de una vez ha ocurrido: que, en el �nimo de salvar un problema puntual, se adopta un camino equivocado. Los reaval�os no son producto de un capricho de la autoridad, sino de la necesidad de adaptarlos a la cambiante realidad. En consecuencia, si se estimaba que el pago de los aval�os conforme a las nuevas tasas significaba un recargo --por ejemplo, 50 por ciento--, la verdadera soluci�n consist�a en establecer una rebaja global de un tercio de los mismos para que, en definitiva, el conjunto de los agricultores de Chile pagara lo mismo que antes, pero en forma m�s equitativa. Porque quienes poseen bienes que se han valorizado fuertemente no tendr�an por qu� ser favorecidos por una circunstancia que afecta a la agricultura en su conjunto. Por ello, lamento el camino seguido que, tal vez, resulte m�s c�modo, aun cuando el otro consist�a exclusivamente en una operaci�n aritm�tica, esto es, que las nuevas liquidaciones de impuestos se rebajaran en determinado porcentaje. Se habr�a alcanzado el mismo resultado, los agricultores no pagar�an m�s tributos y recibir�an el beneficio que el Gobierno desea otorgar, pero en forma m�s equitativa, conforme a la realidad existente en el agro y no a lo que suced�a hace 16 a�os, como se se�al�. Respecto de lo indicado por otros se�ores Senadores en cuanto a la aplicaci�n de las normas de reaval�os de las propiedades urbanas, indudablemente que, por la misma circunstancia a que me refer�, sus efectos son muy distintos en las diversas comunas del pa�s. Y la intenci�n del legislador de que no suban m�s de 10 por ciento, se traducir� en que, en determinadas zonas de gran plusval�a, el aumento ser� mayor, mientras que en otras, habr� disminuci�n del precio. Pero si se pretende que en ninguna comuna del territorio los impuestos excedan de 10 por ciento, como en muchas de ellas habr� rebajas, nos encontrar�amos con una situaci�n absolutamente distinta del prop�sito del legislador. Es obvio que no queda sino aprobar el proyecto, pues carecemos de facultades para alterar el sistema. Sin embargo, insisto en que so pretexto de facilitar un tr�mite y otorgar un beneficio, no se puede, en el fondo, perpetuar una injusticia; seguir castigando en exceso a muchos agricultores cuyas tierras han resultado desmejoradas, y beneficiar innecesariamente a quienes poseen suelos m�s valiosos. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, si hay algo cambiante en los negocios es la agricultura, por lo cual, sin duda, cuesta mucho ser justo en la aplicaci�n de tributos a tal actividad. Quien plantaba cinco hect�reas de kiwis hace ocho o diez a�os se convert�a en millonario en poco tiempo, cuando el kilo de ese producto costaba tres o cuatro d�lares. En la actualidad, hay gente que est� arrancando las plantaciones. Algo similar vale para las manzanas y la fruta en general. Respecto de lo se�alado por el Honorable se�or Larre en relaci�n con el precio de la carne, es cierto que est� bajo, pero hay momentos en que sucede lo contrario; otro tanto ocurre con el trigo. Por otra parte, la tierra puede cambiar de condici�n en un par de a�os. A modo de ejemplo, en los alrededores de Convento Viejo, al construirse el tranque y permitir el riego, la tierra subi� de 1 a 100 en su valor. Porque el cambio de la condici�n de secano a riego altera totalmente el valor del suelo. Es dif�cil legislar en forma absolutamente justa en un tiempo breve; pero, indiscutiblemente, el proyecto del Ejecutivo trata de salvar la situaci�n de emergencia que se vive en el agro con una medida que es adecuada, como se ha explicado. Hubo problemas que han afectado a la agricultura, como el "terremoto blanco" y la sequ�a actual. Pero esta �ltima ha sido superior en la Cuarta Regi�n, la cual, por muchos a�os, se encuentra con un prolongado d�ficit de agua. Sin embargo la situaci�n de ella es diferente a la de la S�ptima y la Octava Regiones, que no han enfrentado la misma emergencia. Indudablemente, con este tipo de iniciativas algunos resultan m�s favorecidos que otros; pero el oportuno intento del Gobierno de resolver la situaci�n parece totalmente atendible. Reitero que, si bien no es perfecto, el proyecto al menos trata de salvar una situaci�n. y por ello lo votar� favorablemente. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cooper. El se�or COOPER.- Se�or Presidente, deseo reiterar lo se�alado en relaci�n con el porqu� del reaval�o, el cual resulta evidente, por cuanto el valor relativo de la tierra en el tiempo es variable, pues depende de circunstancias clim�ticas y de otra �ndole que el agricultor y el Gobierno muchas veces ni siquiera pueden manejar. A modo de ejemplo, un camino que se construye l�gicamente debiera contribuir a dar mayor valor al suelo, pues permite comunicarse y acceder a los centros comerciales. Pero ocurre que, en la actualidad, las inversiones no s�lo las hace el Estado, sino tambi�n los particulares, por medio de concesiones, lo cual significa un costo que el agricultor y el productor deben absorber. Como puede apreciarse, si bien hay un mejoramiento en cuanto a las potencialidades de la tierra para producir, por otro lado, la pol�tica sobre el particular se orienta a cobrar peaje por determinados trayectos, lo cual ser� lo que finalmente se imponga. Y ese factor, que anteriormente resultaba indiscutible en cuanto a que mejoraba las posibilidades del suelo, hoy tiene una concepci�n distinta. Del mismo modo, pensemos en el desaf�o que significa para el pa�s enfrentar el MERCOSUR. Se est�n estudiando y proponiendo medidas de protecci�n en forma gradual para la agricultura, lo cual tambi�n es importante considerar en un futuro reaval�o del sector agr�cola. Es verdad que la tierra es potencialmente rentable, pero debe tenerse muy en claro que una cosa es la rentabilidad del suelo, y otra la de las inversiones aplicadas a �l, las cuales, por lo general, son considerables. Por ello, reafirmo lo se�alado por algunos se�ores Senadores en cuanto a que si bien es necesario postergar los reaval�os, parece important�simo que en el futuro se valoricen los terrenos como corresponde. Las situaciones de cada regi�n son enteramente distintas. El se�or LAVANDERO.- �Me concede una interrupci�n, Honorable colega? El se�or COOPER.- Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa. El se�or D�EZ (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a. El se�or LAVANDERO.- Comparto plenamente lo se�alado por el Senador se�or Cooper. Uno de los graves problemas que enfrentan los agricultores es que cuando acuden a un banco a solicitar un pr�stamo ofrecen en garant�a una propiedad con un aval�o peque��simo, por lo que no les facilitan los recursos que necesitan. �sa ser�a una raz�n para que las propiedades agr�colas tengan un aval�o real. Otra se refiere a la tasa que se les aplica. Los aval�os reales benefician a los agricultores y no los perjudican. Respecto de lo manifestado por el Honorable se�or Urenda, en verdad, las contribuciones se pueden descontar del Impuesto a la Renta; pero, para hacerlo, es necesario llevar contabilidad, aunque sea simplificada. Hay una cantidad enorme de personas exentas, a quienes no les empece el problema de los impuestos, pero s� el que puedan acceder a cr�ditos, sea en el Banco del Estado o en la banca privada. Por eso, encuentro toda la raz�n al Senador se�or Cooper en lo que ha se�alado. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cooper. El se�or COOPER.- Se�or Presidente, estimo fundamental que, sobre la base de este concepto, separando la rentabilidad de la tierra, que es potencial, de la rentabilidad que realmente produce un predio, se haga efectivo un reaval�o --insisto-- por Regiones, conforme a la diversidad presente en ellas, aun cuando dentro de �stas tambi�n las condiciones son distintas. A mi juicio, esta postergaci�n resulta indispensable y votar� a favor. Sin embargo, adhiero a lo planteado en la Sala, en el sentido de que el problema debe ser analizado m�s a fondo, especialmente ante lo que significa el desaf�o del MERCOSUR, el cual nos obligar� a revisar todo lo referido a la rentabilidad agr�cola y a la producci�n. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Me permite, se�or Presidente? Ser� muy breve. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Adolfo Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, manifiesto mi m�s decidido apoyo al proyecto del Gobierno, pero la forma de justificarlo, que me parece l�gica y cierta, no nos debe confundir en cuanto a la situaci�n agr�cola en el futuro, en el sentido de que es necesario abordar una pol�tica agraria que no haga indispensable estar permanentemente adoptando este tipo de medidas, las que, aun siendo justas, no permiten desarrollar aqu�lla, para realmente impulsar este sector. Es cierto, nos encontramos en una situaci�n de transici�n en donde, como lo han afirmado varios se�ores Senadores, en el �rea econ�mica se est�n produciendo cambios importantes, pero tambi�n es imperioso tener plena conciencia de lo que significa y ha significado la agricultura en nuestro pa�s. En tal virtud, a mi juicio, es preciso que el pa�s aborde, hacia el sector agr�cola, y fundamentalmente hacia los peque�os y medianos agricultores, una pol�tica que les permita desarrollarse, afianzarse y constituir el elemento que requiere nuestro pleno desarrollo econ�mico, y evitar as� que haya sectores, como ocurre hoy, expuestos a quedarse marginados o ajenos a un beneficio general que todos auguran para los pr�ximos a�os. El se�or D�EZ (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� en general y particular el proyecto. Aprobado. MODERNIZACI�N DE SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Corresponde continuar la discusi�n particular del proyecto de la Honorable C�mara de Diputados, en segundo tr�mite constitucional, que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas, con segundo informe de la Comisi�n de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 11�, en 7 de noviembre de 1995. Informes de Comisi�n: Hacienda, sesi�n 60�, en 15 de mayo de 1996. Hacienda (segundo), sesi�n 24�, en 1� de agosto de 1996. Discusi�n: Sesi�n 4, en 5 de junio de 1996 (queda pendiente la discusi�n general); 7�, en 13 de junio de 1996 (queda pendiente la votaci�n en general); 8�, en 18 de junio de 1996 (se aprueba en general); 25�, en 6 de agosto de 1996 (queda pendiente la discusi�n particular). El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para permitir el ingreso del se�or Subsecretario de Hacienda, don Manuel Marf�n; del se�or Director del Servicio Nacional de Aduanas, don Enrique Fanta; del se�or Fiscal del Servicio Nacional de Aduanas, don Alfredo Ugarte; del Asesor del Ministerio de Hacienda, don Claudio Ju�rez, y del Asesor de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Aduanas, don Hugo Ascarrunz. --Se accede. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde tratar el N� 2, que pas� a ser N� 4. En su inciso primero, que ha pasado a ser inciso segundo, se propone sustituir la expresi�n "se entregar�" por la frase "fiscales o de propiedad del Servicio Nacional de Aduanas, se entregar� en concesi�n". Esta modificaci�n fue aprobada por 4 votos contra 0, y corresponde a la indicaci�n N� 10. En el inciso segundo, que pas� a ser inciso cuarto, se sugiere reemplazar el vocablo "anterior" por la palabra " segundo", lo que tambi�n fue aprobado por 4 votos contra 0. El inciso tercero ha pasado a ser inciso final, sin enmiendas. El inciso cuarto ha pasado a ser inciso primero, sin modificaciones. El inciso quinto ha pasado a ser inciso tercero, sin otra enmienda. El inciso sexto ha pasado a ser inciso quinto. En la letra b), se propone reemplazar la expresi�n "y que est�n operando" por "y que se constituyan". Esta enmienda, que tambi�n fue aprobada por 4 votos contra 0, corresponde a la indicaci�n N� 14. El inciso s�ptimo se mantiene como tal, sin enmiendas. El inciso octavo ha pasado a ser inciso noveno, sin modificaciones. El inciso noveno ha pasado a ser inciso d�cimo, sin enmiendas. El inciso d�cimo ha pasado a ser inciso sexto, sin modificaciones. El inciso und�cimo ha pasado a ser inciso octavo, sin enmiendas. Todo lo expuesto es en lo que respecta al N� 2. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- En atenci�n a que el N� 2 fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisi�n de Hacienda, y considerando el hecho de que no presenta indicaci�n renovada modificatoria, reglamentariamente corresponde darlo por aprobado. --Se aprueba el N� 2, que pasa a ser N� 4. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuaci�n, el N� 3 ha pasado a ser n�mero 5, reemplazado por el siguiente: "5. Modif�case el art�culo 87 en los siguientes t�rminos: "a) En su inciso primero, reempl�zase el guarismo "30" por "90" y supr�mese la segunda oraci�n que comienza con la palabra "Trat�ndose...", y "b) Agr�ganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos: "El dep�sito de las mercanc�as, a excepci�n de las se�aladas en el inciso anterior, devengar� diariamente a partir del trigesimoprimer d�a, un inter�s igual al equivalente diario de la tasa de inter�s promedio mensual cobrada por el sistema financiero en operaciones no reajustables de 30 a 89 d�as informada por el Banco Central de Chile vigente a la fecha m�s pr�xima a la de internaci�n o vencimiento del plazo, seg�n corresponda, aplicada sobre los correspondientes derechos e impuestos. En el caso de mercanc�as que por su naturaleza no puedan ser normalmente depositadas en recintos de dep�sito aduanero seg�n calificaci�n que har� el Director Nacional de Aduanas, dicho inter�s se devengar� a partir del cuadragesimosexto d�a. "En el caso de las infracciones cometidas en el uso u obtenci�n de los beneficios establecidos en este art�culo tales como el fraude aduanero o la estafa, ser�n aplicables las sanciones, penas, multas y presunciones establecidas en los art�culos 184 y 187 de esta ley las que, seg�n sea el caso, podr�n ser aumentadas al doble.". Lo anterior corresponde a la indicaci�n N� 20 y fue aprobado por 4 votos contra 0. --Se aprueba el N� 3, que pasa a ser N� 5. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Se ha renovado la indicaci�n N� 18, con las firmas de la Senadora se�ora Feli� y los Senadores se�ores Martin, Larra�n, Siebert, Cantuarias, Mc-Intyre, Cooper, Huerta, Horvath y Pi�era, la cual tiene por objeto contemplar un N� 2 bis, nuevo, en estos t�rminos: "2 bis.- Agr�gase el siguiente art�culo 83 bis A: "83 bis A.- Se entiende por almac�n extraportuario el recinto de dep�sito aduanero ubicado en cualquier lugar del territorio nacional, destinado a prestar servicios a terceros, donde pueden almacenarse mercanc�as hasta el momento de su retiro para importaci�n, cualquiera sea la aduana por la cual hayan ingresado, para exportaci�n o para otra destinaci�n aduanera. "La instalaci�n y explotaci�n de almacenes extraportuarios se entregar� mediante habilitaci�n directa a cualquiera persona natural o jur�dica que lo solicite y que cumpla los requisitos que exige esta ley. El recinto que se habilite deber� reunir las condiciones t�cnicas de almacenamiento, seguridad y salubridad que establezca el reglamento. "Para ejercer el giro de almacenista se deber�n cumplir los siguientes requisitos: "a) Giro exclusivo: el almacenista deber� acreditar que tiene la actividad de almacenaje como giro exclusivo. Las sociedades constituidas y que est�n operando de acuerdo con las normas de la ley N� 18.690, sobre almacenes generales de dep�sito, se entender� que cumplen con este requisito; "b) Idoneidad moral: no podr�n ejercer como almacenistas las personas naturales que hayan sido condenadas o se hallen procesadas por crimen o simple delito de acci�n p�blica o que hayan sido declaradas en quiebra, a menos que, en este �ltimo caso, acrediten haber sido legalmente rehabilitadas. Trat�ndose de personas jur�dicas regir� el mismo requisito para caso de quiebra y, adem�s, deber�n acreditar que los impedimentos se�alados precedentemente no afectan a sus administradores o directores; "c) Solvencia econ�mica: para ser almacenista se deber� acreditar tener un patrimonio igual o superior a 6.000 unidades de fomento y rendir una garant�a a favor del Fisco, mediante boleta bancaria de garant�a o p�liza de seguro, por 2.000 unidades de fomento. "La habilitaci�n como almacenista se solicitar� al Director Nacional de Aduanas, quien deber� pronunciarse dentro del plazo de quince d�as h�biles contados desde la fecha de presentaci�n de la respectiva solicitud. Si el Director no se pronunciare dentro de dicho plazo, la solicitud se entender� aprobada. "Todo rechazo de una solicitud deber� ser fundado. La resoluci�n del Director Nacional que deniegue la habilitaci�n ser� reclamable ante la Junta General de Aduanas, dentro del plazo de diez d�as h�biles contado desde la notificaci�n de la resoluci�n denegatoria. La Junta General de Aduanas resolver� en �nica instancia. "La resoluci�n del Director que disponga la habilitaci�n se inscribir� en un Registro de almacenistas que llevar� el Servicio Nacional de Aduanas. Este registro ser� p�blico y en �l se anotar�n, adem�s, los recintos en que cada almacenista est� ejerciendo su giro, los que ser�n considerados zona primaria de jurisdicci�n de la aduana respectiva, para todos los efectos legales y reglamentarios. "La cancelaci�n de la habilitaci�n para ejercer de almacenista se dispondr� por resoluci�n del Director Nacional de Aduanas y s�lo proceder� por petici�n expresa del beneficiario o como sanci�n aplicada por el Director en ejercicio de su facultad disciplinaria. "De la resoluci�n del Director que disponga la cancelaci�n de la habilitaci�n se podr� reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de quince d�as h�biles contados desde la notificaci�n de dicha resoluci�n. "Las mercanc�as depositadas en los almacenes extraportuarios podr�n ser reconocidas y sometidas a operaciones de divisi�n y reembalaje, como asimismo podr�n ser reimportadas, reexportadas a cualquier pa�s y redestinadas, todo ello de conformidad al reglamento. "Ser�n aplicables a los almacenes extraportuarios y a los almacenistas las normas contenidas en los art�culos 81 al 83 bis de esta Ordenanza.". El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- El segundo informe de la Comisi�n de Hacienda da cuenta de que esta indicaci�n, en lo sustantivo, fue rechazada, en sus incisos primero y segundo, por la unanimidad de los miembros presentes, los Honorables se�ores Err�zuriz, Lavandero, Ominami y Andr�s Zald�var. Se han inscrito para intervenir el Senador se�or Ominami, la Senadora se�ora Feli� y los Senadores se�ores Andr�s Zald�var, Horvath, Hormaz�bal, Romero, Urenda y Pi�era. Tiene la palabra el Honorable se�or Ominami. El se�or OMINAMI.- Se�or Presidente, la indicaci�n en an�lisis replantea uno de los principales temas que han estado en el centro del debate sobre el proyecto que nos ocupa. Y me parece importante realizar una discusi�n que vaya derechamente al fondo del asunto. �Tiene sentido establecer, como algunos han dicho, almacenes extraportuarios, puertos secos, en todo el territorio nacional, y, dig�moslo m�s francamente, en Santiago? �S� o no? �se es el punto de fondo. Porque, cuando se hace referencia a establecer almacenes extraportuarios en todo el territorio nacional, la verdad es que se trata de una disposici�n de car�cter puramente general y ret�rico, dado que la Regi�n Metropolitana concentra m�s de 80 por ciento del comercio de importaci�n. Y, si se ha de construir un almac�n extraportuario fuera de las zonas jurisdiccionales de las aduanas, ese puerto seco se hallar� en la Regi�n mencionada. De eso estamos hablando, concretamente. A mi juicio, esta medida resulta altamente inconveniente, tanto desde el punto de vista de la modernizaci�n de nuestro comercio exterior como de la defensa de los intereses de las ciudades puertos del pa�s. En primer lugar, se�or Presidente, estimo relevante el aporte de la C�mara de Diputados en cuanto a dejar claramente precisados en la ley cu�les son los lugares en donde pueden ser construidos los almacenes extraportuarios, pues en la actualidad ello descansa en una facultad presidencial, susceptible ser utilizada bien o mal, y los grandes puertos podr�an enfrentar, entonces, en alg�n momento determinado, una situaci�n dif�cil. Creo trascendental el dejar puntualizado en la ley que los almacenes extraportuarios se constituyan en las zonas jurisdiccionales de las aduanas respectivas. Y ello debe quedar claramente consignado. En seguida, considero muy importante entender que es grave perforar nuestro sistema de fiscalizaci�n aduanera. Nuestro pa�s ha hecho de su comercio exterior una dimensi�n fundamental de su desarrollo. Cualquier erosi�n en dicho sistema, en particular frente al problema de la drogadicci�n y del narcotr�fico, significar�a introducirle una seria perturbaci�n en su funcionamiento general. En consecuencia, no soy partidario de relajar la fiscalizaci�n en aduanas. El tercer punto que me parece esencial abordar derechamente tiene relaci�n con el hecho de que no puede ser que las ciudades puerto --por ejemplo, las de la Quinta Regi�n (Valpara�so, San Antonio, Los Andes)-- simplemente se queden con todas las dificultades e inconvenientes y sin ninguna de las ventajas. �ste es un aspecto de fondo. Se han hecho buenas estimaciones que muestran que, solamente en el caso de Valpara�so, la aprobaci�n de una indicaci�n como �sta importar�a la p�rdida de varios centenares --incluso de varios miles-- de empleos, porque se desplazar�a hacia la Regi�n Metropolitana un conjunto de actividades asociadas al desarrollo portuario. Por tal raz�n, y a prop�sito de este proyecto de modernizaci�n del Servicio de Aduanas, considero muy importante dar cuenta de los requerimientos de las ciudades puerto, que son de justicia y de compensaci�n de la enorme contribuci�n que hacen al desarrollo de nuestro comercio exterior. Creo que la Regi�n Metropolitana requiere desconcentraci�n de funciones y actividades y no mayor centralizaci�n. He visto c�mo el Gobierno, mediante los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Econom�a, ha estado preocupado del tema durante los �ltimos d�as, con miras a incentivar la instalaci�n de actividades productivas en regiones. Tiene muy poco sentido que el Senado apruebe disposiciones que apunten en una direcci�n exactamente contraria. Ello no resiste ninguna l�gica. Para terminar, estimo importante rechazar la indicaci�n. La fluidez del comercio exterior se halla absolutamente garantizada en la forma como el proyecto est� siendo despachado. Es relevante que los se�ores Senadores sepan que la iniciativa establece formalmente la posibilidad de constituir almacenes extraportuarios de exportaci�n en todo el territorio nacional: y que desde el punto de vista del pago de derechos de internaci�n, se han ampliado las ventajas de todos los almacenes privados, extendi�ndose el plazo de 30 a 90 d�as, con lo cual se asegura tambi�n una mayor fluidez en el desarrollo del comercio exterior, sin erosionar el sistema de fiscalizaci�n ni infligir un da�o, a mi juicio grave, a las ciudades puerto de Chile. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Feli�. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, el debate sobre la indicaci�n renovada N� 18, que introduce el art�culo 83 bis A, nuevo, en la Ordenanza de Aduanas, se ha centrado pr�cticamente en su inciso primero, en lo relativo a los lugares donde pueden funcionar los almacenes extraportuarios. Pero la norma es muy compleja y extensa --tambi�n se refiere a qu� se entiende por ese tipo de recintos, a los requisitos para su habilitaci�n, etc�tera-- y subsume, por decirlo as�, lo que hoy se propone a la Sala en el segundo informe de la Comisi�n de Hacienda. En s�ntesis, considero que el debate acerca de esta indicaci�n --repito: es largu�sima y contiene numerosos incisos-- debe remitirse al tema de fondo, esto es: �d�nde pueden instalarse los almacenes extraportuarios? �En todo el territorio o s�lo en determinadas partes? Se trata precisamente del mismo alcance dado por el se�or Senador que me precedi� en el uso de la palabra. Las otras materias, m�s de detalle, podr�an analizarse cuando se vote la indicaci�n. El proyecto contiene numerosos temas en los cuales se propone modernizar el Servicio de Aduanas. Uno de esos temas es qui�n debe manejar el almacenamiento de las mercader�as. Seg�n la legislaci�n vigente, corresponde al Servicio de Aduanas o puede entregarlo en concesi�n, llam�smola graciosa, porque todas lo son, no obstante estar reglamentariamente limitadas en su discrecionalidad. Entonces, los almacenes pueden ser fiscales, de propiedad del Servicio Nacional de Aduanas --que tiene diferente personalidad jur�dica--, o de particulares, pero esto lo determina dicho Servicio. En consecuencia, este sistema, que maneja hoy Aduanas, es congruente con el art�culo 6 de la Ordenanza de Aduanas: "El Presidente de la Rep�blica, mediante decreto supremo expedido a trav�s del Ministerio de Hacienda, determinar� las destinaciones aduaneras susceptibles", etc�tera.. Tal como lo ha recordado el Honorable se�or Ominami, dicho sistema est� vigente, pero resulta que entre las modernizaciones esenciales que plantea la iniciativa en discusi�n se encuentra la relativa a qui�nes pueden administrar almacenes extraportuarios, introduci�ndose un cambio fundamental. Habr� siempre concesiones respecto de los servicios fiscales o de Aduanas, pero �sta ha pasado a ser una actividad econ�mica licita, en los t�rminos del art�culo 19, N� 21�, de la Constituci�n, porque hoy la puede desarrollar cualquier particular que cumpla los requisitos estatuidos: constituci�n legal, tener capital, rendir garant�a, etc�tera. Y respecto de esta actividad econ�mica l�cita existen medidas de publicidad, por as� decirlo, ya que hay un registro p�blico de almacenistas. Adem�s, el Director Nacional de Aduanas podr� cancelar una habilitaci�n, en caso de incumplimiento de alg�n requisito. Reitero: se trata de una actividad econ�mica libre. Entonces, no ser�a coherente con la Constituci�n Pol�tica que el Presidente de la Rep�blica pudiera determinar el lugar donde deben radicarse los almacenes. Por consiguiente, coincido con el planteamiento del Senador se�or Ominami, en el sentido de que esta materia debe ser regulada por ley. Adem�s, estimo que necesariamente debe ser as�, porque una decisi�n administrativa jam�s puede limitar una actividad econ�mica l�cita. Respecto al lugar en que pueden establecerse almacenes extraportuarios, efectivamente --tal como se ha se�alado--, la Comisi�n acord�, por mayor�a de votos, que s�lo deben instalarse en las zonas de jurisdicci�n aduanera. Estoy en absoluto desacuerdo con ese planteamiento, porque si realmente queremos modernizar el sistema de aduanas, debe permitirse su libre desarrollo, por tratarse de una actividad econ�mica l�cita, en cualquier parte del territorio nacional. Disponer que su funcionamiento s�lo cabe en zonas de jurisdicci�n aduanera significa establecer un verdadero monopolio geogr�fico. Si se pretende modernizar y liberalizar el sistema, no hay raz�n alguna que justifique la mantenci�n de tal reserva, que es una limitaci�n que, de no existir, la actividad podr�a desarrollarse ampliamente, lo que incidir�a en los costos.. Hoy los almacenes particulares pueden instalarse en cualquier parte, pero resulta que �stos exigen que se trate de empresas de gran volumen. Naturalmente, el mercado deber�a determinar d�nde resulta m�s conveniente instalarlos, considerando los costos y la facilidad de operaci�n. Por eso, se�or Presidente, me declaro absolutamente partidaria de que esta disposici�n sea amplia y conserve la l�nea de modernizaci�n que orienta el proyecto, en el sentido de considerar el almacenaje extraportuario como una actividad econ�mica l�cita que puede ejercerse en cualquier lugar del territorio de la Rep�blica. Pienso que ello no afectar� a las zonas de jurisdicci�n aduanera, porque en la medida en que el tr�mite se agilice y modernice real y verdaderamente, habr� mayor intercambio, lo cual ser� muy positivo. El se�or OTERO.- �Me concede una interrupci�n, se�ora Senadora? Desear�a formularle una pregunta. La se�ora FELI�.- Con la venia de la Mesa, con todo gusto. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Puede usar de la interrupci�n el Senador se�or Otero. El se�or OTERO.- Se�ora Senadora, he examinado su indicaci�n renovada N� 18, que agrega un art�culo 83 bis A, y me he percatado de que su texto es pr�cticamente similar al del art�culo 80, propuesto por la Comisi�n en el segundo informe. �Esto significa que habr� dos preceptos sobre la misma materia, o alguno de ellos se refiere a un aspecto distinto? Y, si dicen relaci�n a la misma materia, �cu�l es la diferencia entre la indicaci�n renovada y el art�culo mencionado? El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Puede continuar la Honorable se�ora Feli�. La se�ora FELI�.- Se�or Presidente, el Senador se�or Otero tiene raz�n en su planteamiento. La verdad es que la indicaci�n la formul� al texto del primer informe y, por lo mismo, era congruente con una serie de indicaciones tendientes a que esta materia quedara regulada por este art�culo. Al comienzo de mi intervenci�n suger� que el debate deber�a circunscribirse al tema esencial consignado en el primer inciso de la indicaci�n renovada, relativo al lugar donde pueden establecerse los almacenes extraportuarios, si en zonas de jurisdicci�n aduanera o no. En la indicaci�n plante� varias enmiendas al art�culo pertinente del primer informe. Incluso, hay reservas respecto de algunos incisos del contenido en el segundo informe, pero preferir�a tratarlas con posterioridad a que se defina el lugar de ubicaci�n de los almacenes. Entonces, propondr� que redactemos una norma de consenso que comprenda las distintas hip�tesis. La indicaci�n renovada N� 18 debe entenderse formulada al nuevo art�culo 80 aprobado por la Comisi�n. En ella se cambia lo propuesto en el primer y segundo informes, en orden a que los almacenes extraportuarios podr�n ubicarse en todo el territorio nacional. Esta es la esencia de la indicaci�n. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Andr�s Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, con motivo del primer informe tuvimos un debate bastante profundo acerca de la conveniencia o no de modificar el lugar de funcionamiento de los almacenes extraportuarios, y creo innecesario redundar en cada uno de los detalles que expusimos para llegar a una conclusi�n. Lo �ptimo a que podr�a llegarse ser�a que ellos pudieran instalarse en cualquier parte del territorio nacional. Pero lo �ptimo no siempre es lo posible. Lo cierto es que hoy estos almacenes, que permiten sacar la mercanc�a fuera del puerto, fuera de la zona primaria, s�lo pueden ser autorizados por decreto del Presidente de la Rep�blica (es facultad privativa suya) e instalarse en el territorio de la provincia correspondiente a la jurisdicci�n de la aduana por donde se hace la importaci�n. �Qu� se pretende con la norma aprobada en la Comisi�n? Buscar una f�rmula de soluci�n que nos acerque a lo �ptimo. Algunos Senadores dijimos: "Lo primero que debemos hacer es dar al usuario importador la posibilidad de llevar directamente la carga desde el barco al lugar de fabricaci�n o de transformaci�n". Para ello, planteamos al Ejecutivo ampliar a 90 d�as --en la actualidad es de 30 � 45 d�as, seg�n el caso-- el plazo pertinente. La idea fue acogida y se aprob� la disposici�n, de manera que el productor o transformador de art�culos de importaci�n podr� trasladarlos derechamente a su propio almac�n --naturalmente, �ste debe ser autorizado por la aduana--, evitando que vayan primero a la zona primaria o a un almac�n extraportuario, y, por ende, el pago de los servicios que esto significa. Por lo tanto, mediante esa norma logramos un importante avance en favor del productor, al bajar los costos por no haber interferencia o servicios de terceros. �Qu� objeci�n han formulado algunos sectores? Han se�alado: "Efectivamente, esto favorece a los productores grandes, a los medianos, o a ambos, pero no a los peque�os, porque la carga de estos �ltimos --contrariamente a la del gran productor o transformador, que ocupa un contenedor completo--, hay que desconsolidarla, es decir, separar la correspondiente a cada uno. Esta labor debe efectuarla un tercero, y por eso ser�a bueno la existencia de almacenes extraportuarios a lo largo de todo el pa�s. Pienso que esto implica ir demasiado al detalle. Sin embargo, si en el futuro vemos que es necesario, trataremos de abordar el problema. Pero no perjudiquemos ahora la situaci�n de las ciudades que cuentan con aduana, como Valpara�so y otras. Quiero dejar constancia de algo que expres� en el primer informe: el monto total de la mercader�a sujeta a ese posible procedimiento es del orden del 20 por ciento. Porque el 80 por ciento de la mercader�a que llega a puerto o aeropuerto sale directamente al usuario o al destinatario. En virtud de la normativa en proyecto, la tendencia ser� a bajar ese porcentaje al 10 por ciento o menos, como sucede en todas las aduanas modernas, dado que nuestro pa�s est� inserto en un comercio internacional abierto. Si el problema afectara al ciento por ciento de la mercanc�a, revestir�a enorme trascendencia, pero s�lo ata�e al 20 por ciento, y �ste puede llegar a ser a�n menor. Se�or Presidente, nosotros hicimos notar al Gobierno y a los dem�s se�ores Senadores la conveniencia de que la instalaci�n de los almacenes extraportuarios en la zona de jurisdicci�n de la aduana por la cual se haga la importaci�n no quedara sujeta a una especie de monopolio y que s�lo unos pocos tuvieran acceso a la concesi�n por parte del Servicio de Aduanas. Por esta raz�n, se estableci� una norma imperativa, en virtud de la cual a cualquier persona o sociedad que pida una habilitacion para establecer almacenes extraportuarios y cumpla con los requisitos debe otorg�rsele la autorizaci�n. De este modo, se establecer� un sistema de competencia, que redundar� en que el costo para los usuarios ser� cada vez m�s bajo y, al mismo tiempo, la atenci�n mejorar� sustancialmente, ya que la legislaci�n en vigor s�lo permite la instalaci�n de un n�mero limitado de almacenes extraportuarios. En cambio, de acuerdo con la iniciativa en debate, la aduana debe otorgar la autorizaci�n para operar un recinto de esa �ndole a cualquier persona o sociedad que cumpla con las exigencias requeridas. En esta materia, me parece que hubo indicaciones formuladas por el Honorable se�or Pi�era y la Senadora se�ora Feli� que mejoraron, precisaron y enriquecieron las disposiciones. La gran discusi�n radica �nicamente en hasta d�nde podr�n instalarse los almacenes extraportuarios. Cabe tener presente que, para el caso de las importaciones, el texto propone limitar los almacenes extraportuarios al territorio de jurisdicci�n de la aduana por donde se realiza la operaci�n, estableciendo que para los efectos de exportaci�n �stos pueden instalarse en cualquier parte del pa�s, con lo que igualmente se logra un importante avance. Por todas estas razones, la Comisi�n, por una gran mayor�a, estim� que, no habi�ndose llegado a lo �ptimo, s� era factible conseguir lo mejor posible respecto de esta materia. Y, por eso, entendiendo el objetivo, me parece que la indicaci�n de la Senadora se�ora Feli� para permitir la instalaci�n de almacenes extraportuarios en cualquier parte del pa�s, no debe aprobarse, si hemos logrado lo anterior. Los almacenes particulares son una cuesti�n importante; y tambi�n los almacenes extraportuarios en cualquier parte del pa�s para lo relativo a la exportaci�n. Creo que el hecho de que exista capacidad para instalar los �ltimos, con competencia, y no exclusivos para unos pocos, igualmente ayudar� a bajar los costos de producci�n y facilitar� nuestro comercio exterior. He dicho. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- A continuaci�n, est� inscrito para intervenir el Honorable se�or Horvath, quien tiene la palabra. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, s�lo quiero se�alar que concurr� con mi firma para renovar la indicaci�n que nos ocupa, a solicitud de la Senadora se�ora Feli�, �nicamente para los efectos de reabrir la discusi�n sobre la materia. Pero no participo de la primera parte de la norma que �sta consigna. En efecto, no estoy de acuerdo con almacenes extraportuarios en cualquier parte del territorio del pa�s, porque estimo que el proceso de modernizaci�n no debe ser s�lo para beneficio de algunos, sino, tambi�n, de inter�s nacional. Ahora, lo relativo a la potenciaci�n de ciudades puertos, a la resoluci�n del problema del borde costero, en el fondo, desnuda la carencia de una pol�tica en el pa�s al respecto. Si bien entiendo que existe buena predisposici�n de algunos Ministros para desconcentrar Santiago, eso no basta para resolver el tema, si no hay una voluntad pol�tica fuerte detr�s de ello, por el bien de la Regi�n Metropolitana y del resto de las Regiones. Entonces, si se quiere "dividir" --por as� decirlo-- la indicaci�n, y revisar la segunda parte, referida a los requisitos para ejercer el giro de almacenista, estar�a a favor de ella. Empero, pese a haber firmado la renovaci�n de la indicaci�n para reabrir su debate, anuncio que la votar� en contra. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Corresponde usar de la palabra al Honorable se�or Hormaz�bal. El se�or HORMAZ�BAL.- Se�or Presidente, creo que las expresiones de mi Honorable colega el Senador se�or Horvath ayudan al debate. En lo personal, quer�a participar m�s, pues tambi�n he conversado con otros se�ores Senadores que concurrieron con su firma para renovar la indicaci�n s�lo con el objeto de facilitar el debate en la Sala, porque no comparten lo central del tema. Entonces, cumplida ya esa finalidad, pues se ha debatido, veo que el ambiente en el Senado es de rechazar la indicaci�n. Y en esta l�nea, considero muy importante apuntar que modernizar debe ser tambi�n un concepto vinculado a c�mo desarrollamos arm�nicamente el pa�s. Y no puede entenderse que la modernizaci�n pase permanentemente por dejar sin consideraci�n aspectos culturales, sociales y econ�micos, relacionados con las distintas actividades econ�micas de que se trate. Si hablamos del tema portuario, no cabe duda de que nuestra perspectiva es de qu� manera damos a las ciudades puertos una vida m�s permanente. Existen situaciones muy excepcionales en ciudades puertos, donde pueden encontrarse problemas de lugares, de espacio, porque hay una excesiva utilizaci�n de ellos. Pero, por ejemplo, el puerto de Coquimbo, en mi Regi�n, funciona al 25 por ciento de su capacidad. Ah� existen potencialidades de desarrollo tremendamente grandes. Y desde el punto de vista del pa�s, queremos que cuando estas ciudades puertos tengan oportunidad de complementar, de agregar potencialidad a su desarrollo, esto se realice precisamente en beneficio de sus habitantes. Una pretendida modernidad, adem�s, atenta contra otro factor que muchas veces se esgrime aqu�. Por ejemplo: evitemos el centralismo excesivo. Personalmente, considero que esto de llevarnos a diques secos, almacenes en la capital --no importa que se encuentren a 100 � 400 kil�metros--, no se compadece con un criterio tambi�n de descentralizaci�n y desarrollo arm�nico del pa�s. Si aqu� no hay problema de mayores costos, de afectar la calidad de vida, de burocratizaci�n; si esto va aparejado con la modernizaci�n de un servicio que tendr� que dar mayor agilidad a su trabajo, me parece que es plenamente compatible con una visi�n de desarrollo moderna, completa y equitativa que mantengamos la concepci�n aprobada en la Comisi�n, y rechacemos una indicaci�n de esta naturaleza, que introduce un da�o adicional a las dif�ciles condiciones en que se desenvuelven hoy d�a numerosas ciudades puertos. Asimismo, hago un llamado a muchos de mis Honorables colegas que, en particular, frente a determinadas cosas se�alan que son partidarios de descentralizar, y hasta que es bueno tener el Congreso con vista al mar, para que vean si no les parece que ser�a �til tener los "containers", los almacenes extraportuarios en las zonas m�s vinculadas al tema de puerto. De manera que me gustar�a que aquellos que defienden con tanta fuerza otras situaciones, pudieran acompa�ar en esta materia a quienes queremos dar a las ciudades puertos su sentido real y apuntar a su fortalecimiento en las tareas que efectivamente van en beneficio de sus habitantes. Por las razones indicadas, estimo conveniente rechazar la indicaci�n renovada, y aprobar lo actuado por la Comisi�n. He dicho. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pi�era. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, la estrategia econ�mica de Chile est� basada en su integraci�n con el mundo. As� lo han expresado en m�ltiples ocasiones el Presidente de la Rep�blica, el Ministro de Hacienda y distintos personeros: integrarse con el mundo. Y, en tal sentido, se han hecho serios esfuerzos para incorporarse a la Uni�n Europea, APEC, MERCOSUR, NAFTA, etc�tera. Para ello es fundamental que el Servicio Nacional de Aduanas sea un ente activo, y no pasivo, en este proceso de integraci�n. Por tal motivo, el Gobierno ha anunciado que esta iniciativa sobre el Servicio Nacional de Aduanas es su proyecto estrella en materia de modernizaci�n del Estado. Sin embargo --y lo quiero se�alar aqu� en forma seria y responsable--, creo que se han ido cruzando a este objetivo de modernizar la instituci�n un mont�n de intereses, muy leg�timos, pero que, en �ltimo t�rmino, no pueden obstruir la idea central de la iniciativa: que el Servicio Nacional de Aduanas sea un organismo eficiente para impedir el ingreso a Chile de mercader�as que no queremos que entren (por ejemplo, contrabando, drogas, etc�tera); para evitar el egreso de mercader�as que no deseamos que salgan; para cobrar las tarifas e impuestos correspondientes, y para llevar buenas estad�sticas del comercio internacional. Pero el proyecto se encuentra cruzado por tres intereses que, en cierta forma, est�n desvirtuando su objetivo central. En primer lugar, gran parte de la iniciativa es un estatuto laboral; constituye una manera de cambiar las reglas laborales al interior del Servicio Nacional de Aduanas. Eso es positivo en la medida en que se creen incentivos. Pero tambi�n, en ciertas ocasiones, se da m�s atenci�n a los requerimientos de un grupo de personas que trabaja en la instituci�n, que a las verdaderas necesidades de millones de chilenos que utilizan directa o indirectamente los servicios de aduanas. En segundo t�rmino, el proyecto tambi�n est� cruzado --como veremos a continuaci�n-- por los intereses de otras personas que operan en este mercado, por ejemplo, los agentes de aduanas. Y en tercer lugar --y es lo que estamos viendo hoy--, la iniciativa se encuentra cruzada por los intereses de las ciudades puertos. Aqu� no existe un conflicto entre Valpara�so y Santiago, como manifest� el Senador se�or Ominami. Se trata de algo muy simple: determinar la ubicaci�n del almac�n extraportuario, que es el lugar donde pueden depositarse las mercader�as para que el Servicio Nacional de Aduanas realice all� todos los tr�mites y controles correspondientes. Sin embargo --de acuerdo a lo se�alado por el Honorable se�or Zald�var--, como no estamos haciendo lo �ptimo, porque lo mejor ser�a instalar libremente almacenes extraportuarios en cualquier parte del territorio, llegamos al peor de todos los mundos, y voy a fundamentar por qu�. Lo l�gico ser�a que los almacenes extraportuarios pudieran ubicarse donde sean necesarios, donde la econom�a lo requiera, donde el comercio internacional del pa�s los hace indispensables, y que la determinaci�n del lugar no sea tomada en forma centralizada por un planificador central --como se hac�a en el pasado en otros pa�ses cuyo modelo econ�mico fracas�--, sino que por las fuerzas vivas de la sociedad, donde ellas libremente lo estimen conveniente. �sa es la l�gica base de todo el sistema econ�mico operante en Chile. Sin embargo, aqu� estamos diciendo que eso no es posible, que s�lo pueden instalarse almacenes extraportuarios en el territorio jurisdiccional de la aduana respectiva, aun cuando es perfectamente leg�timo, por ejemplo, que los agricultores de la Novena Regi�n quieran contar con un almac�n extraportuario en Temuco, para de ah� ir sacando, por ejemplo, maquinarias, fertilizantes, etc�tera, con todas las ventajas que significa tener las mercanc�as cerca del lugar de consumo. �Y nosotros les decimos que no! Estamos prohibiendo a los agricultores de la Novena o de la D�cima Regiones que establezcan dichos almacenes, aun a su costo y sin desembolso alguno del Estado, simplemente porque el Senado estima que deben ubicarse en otros sitios. Seguidamente, estamos diciendo que no al almac�n extraportuario; pero s� a la soluci�n de parche que significa el almac�n particular. Se�or Presidente, �ste no es un problema de Santiago, como lo plantea el Senador se�or Ominami. Quienes necesitan almacenes extraportuarios cerca de Santiago son habitantes de la Capital, ciudadanos de este pa�s, y tienen los mismos derechos que los dem�s. As� que seguir planteando permanentemente una pugna, como si ellos no tuvieran derecho a disponer de un servicio de almac�n extraportuario eficiente y cercano al punto de destino, me parece absurdo. Una cosa es la descentralizaci�n, y otra es esta verdadera man�a de algunas personas de pensar que todo lo que est� en Santiago es malo para el pa�s. El se�or OMINAMI.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or PI�ERA.- S�, se�or Senador, con la venia de la Mesa. El se�or OMINAMI.- Se�or Presidente, no se puede afirmar que por la v�a de este proyecto se est� prohibiendo a los agricultores, por ejemplo, contar con sus propios almacenes extraportuarios. S�lo se est� diciendo que para efectos de la exportaci�n se pueden constituir almacenes extraportuarios en todo el territorio nacional, agreg�ndose que igualmente pueden establecerse almacenes particulares, y, adem�s, se se�ala que se ampl�a el plazo para hacer efectivo el pago de los derechos de exportaci�n. Entonces, es importante que nos atengamos a la realidad de los argumentos. Gracias, se�or Senador. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, voy a reiterar lo que acabo de decir, y que se ha confirmado con las palabras del Senador se�or Ominami. Declaro seria y responsablemente que, si se aprobara la norma como aparece en el informe de la Comisi�n de Hacienda, se estar�a prohibiendo a cualquier persona, incluyendo a los agricultores de la Novena y D�cima Regiones, establecer un almac�n extraportuario para importaciones de insumos y maquinarias --tal como lo manifest�-- en el lugar que ellos estimen conveniente. Eso, porque algunas personas estiman que el almac�n extraportuario tiene que situarse en otra parte. En consecuencia, en su intervenci�n, el Senador se�or Ominami nada ha contradicho de mis afirmaciones en cuanto a que se proh�be establecer almacenes extraportuarios para mantener, por ejemplo, almacenes de insumos. Ahora, se�or Presidente, �qu� soluci�n estamos ofreciendo? Digamos que es el almac�n particular. Eso significa que cualquier persona que quiera acceder a los servicios del almac�n extraportuario, no podr� lograrlo; pero s� le ser� posible establecer su propio almac�n particular, lo que equivale a decir: "Se�ores, no habr� panader�as en algunos lugares, pero quien desee utilizar los servicios de una, que la instale en el patio de su casa.". Eso es lo m�s ineficiente, porque, sin duda, las grandes empresas s� pueden contar con un almac�n particular, con todos los costos que ello significa, porque su volumen lo justifica; sin embargo, para la empresa mediana y peque�a, y para el importador no habitual, la �nica posibilidad de disponer del tal servicio a costo eficiente y, por tanto, asequible, es contratarlo con un almac�n extraportuario. En s�ntesis, estamos diciendo a los usuarios: "No, si lo hace en forma eficiente, a trav�s de un almac�n extraportuario. S�, en caso de que lo haga de modo ineficiente, con un almac�n particular.". El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, se va a agotar mi tiempo si concedo interrupciones. Si �sta es con cargo al turno del Honorable se�or Andr�s Zald�var, no tengo inconveniente. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- S�, por supuesto. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Andr�s Zald�var, para hacer uso de una interrupci�n. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, s�lo quiero precisar que, efectivamente, puede ser cierto lo que el se�or Senador afirma en el caso del peque�o empresario y del importador ocasional. Pero �stos tambi�n tienen la posibilidad de pagar anticipadamente los derechos, sin pasar ni por almac�n extraportuario ni por zona primaria, ya que no es necesario. El se�or PI�ERA.- Se�or Presidente, quienes toman las decisiones por los distintos agentes econ�micos, �son ellos mismos, o somos nosotros? Si alguno no quiere pasar por almac�n extraportuario, entonces lo que he dicho no est� vigente; pero si un peque�o, mediano o habitual importador s� decide hacerlo (y son muchos), lo que afirmo es plenamente v�lido: nosotros se lo estamos prohibiendo. El Honorable se�or Andr�s Zald�var afirma que lo �ptimo es establecer libertad de extraportuarios, pero, por alguna raz�n, cree que no se puede. Yo sostengo que ahora podemos lograr lo �ptimo disponiendo libertad para establecer almacenes extraportuarios en cualquier parte del territorio nacional donde los agentes econ�micos lo estimen conveniente, a su propio costo y a su propio riesgo. Insisto en que el almac�n particular, que es la soluci�n de parche que se ha logrado en esta materia al extenderlo de 30 a 90 d�as, es una muy mala soluci�n. Ello, porque, en el fondo, estamos diciendo al usuario que opere en forma ineficiente, pero que no le est� permitido si act�a con eficiencia. Me gustar�a mucho conocer la opini�n del Gobierno, porque �l, en estas materias, ha tomado una costumbre muy poco conveniente. Por ejemplo, en lo relativo a la permanencia del Congreso Nacional en Valpara�so "toma palco", se lava las manos, no tiene opini�n. Por eso pregunto formalmente al Ejecutivo, que hasta ahora ha mantenido una actitud de neutralidad, cu�l es su posici�n sobre el particular, y si existe un precedente. Si vamos a establecer que algunas actividades econ�micas tienen que estar solamente en las ciudades puerto, podr�amos determinar que las refiner�as deben instalarse solamente donde se encuentran las minas, y ma�ana disponer que en muchas actividades se va a seguir igual criterio, terminando por tener un pa�s geogr�ficamente segmentado en este sentido. A mi modo de ver, las resoluciones sobre ubicaci�n de actividades econ�micas leg�timas deben dejarse a la libre decisi�n de las partes interesadas. Pero aqu�, por defender intereses particulares, por leg�timos que ellos sean, se est� atentando contra intereses generales, contra el principio de libertad para ejercer actividades econ�micas en cualquier regi�n del pa�s. Lamentablemente, tal como sucedi� en la Comisi�n, se ha dado una mayor�a respecto de este asunto, el que inicialmente no estaba contemplado. Pregunto al Gobierno, representado en la Sala por el se�or Subsecretario, si la posici�n neutra que ha mantenido cada vez que ha debido dar una respuesta sobre la materia significa que no tiene opini�n al respecto. Insisto: poco a poco, por intereses de car�cter particular, que pueden ser leg�timos, se han ido vulnerando los objetivos centrales de otros proyectos. Si el prop�sito es ayudar a los puertos, cumpl�moslo con una ley especial para lograr ese objetivo. Pero no pretendamos, con una ley de modernizaci�n de aduanas, hacer menos eficientes las aduanas de Chile, que son algo que el pa�s necesita para competir en igualdad de condiciones con otros pa�ses. En �stos no existen tales restricciones. Es por eso que en Chile los costos de puertos y del comercio internacional exceden con largueza los registrados en los pa�ses que s� han logrado �xito en sus estrategias exportadoras. Planteo al Gobierno que, si se pretende ayudar a algunas ciudades o puertos, esto se haga mediante una ley cuyo nombre sea "Ayuda a tales ciudades y puertos". Pero si estamos modernizando Aduanas, preocup�monos realmente de eso, y no lo hagamos atendiendo otros intereses y desvirtuando as� el objetivo original. He dicho. El se�or CANTUARIAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el se�or Subsecretario de Hacienda. El se�or MARF�N (Subsecretario de Hacienda).- Se�or Presidente, es importante hacer un recuento de la historia del proyecto, para saber por qu� en este momento se discute la ubicaci�n geogr�fica de los recintos extraportuarios. El primer antecedente �til de tener en cuenta es que la materia se halla actualmente regulada por el decreto supremo N� 845, del Ministerio de Hacienda, de 29 de enero de 1987, que dispone: "Los recintos de dep�sito deber�n estar ubicados dentro del territorio jurisdiccional de la Aduana de la cual dependen, con excepci�n de aquellos que se habiliten para el puerto de Valpara�so, los cuales deber�n estar ubicados dentro de los l�mites de la Provincia de Valpara�so.". Esta norma, en consecuencia, puede ser modificada por otro decreto supremo. El proyecto de ley de modernizaci�n de Aduanas que envi� el Ejecutivo, iniciando su tr�mite en la C�mara de Diputados, respecto de los recintos extraportuarios s�lo planteaba una modificaci�n, consistente en pasar del sistema de licitaci�n existente en las zonas de que se trata, a un sistema de habilitaci�n directa, modificaci�n que hasta ahora ha contado siempre con el apoyo un�nime de todas las instancias parlamentarias por las cuales ha pasado. No representa un tema conflictivo. Durante el debate del proyecto en la C�mara de Diputados, se acord�, por iniciativa parlamentaria, dar rango legal a la disposici�n contenida en un decreto supremo, de manera tal que su enmienda s�lo sea posible a trav�s de una ley. Esto gener� un debate bastante intenso, en el cual el Gobierno asumi� el compromiso de que la opci�n entre la ubicaci�n geogr�fica en todo el territorio nacional y la mantenci�n de la forma establecida en el decreto supremo, deb�a ser resuelta a nivel parlamentario, con prescindencia del Ejecutivo, el cual habr�a deseado no legislar sobre la materia, manteniendo su facultad respecto de la ubicaci�n geogr�fica de los recintos extraportuarios. Sin embargo, la Comisi�n de Hacienda del Senado, por mayor�a de votos, adopt� un acuerdo sobre el particular, que el Gobierno respald� patrocinando una indicaci�n que introdujo los siguientes elementos. En primer lugar, mantener, con rango legal, la norma relativa a los almacenes extraportuarios de importaci�n dentro de la jurisdicci�n de la aduana de la cual dependan. Y, adicionalmente, incorporar las siguientes normas: 1) Establecimiento de almacenes extraportuarios de exportaci�n en todo el territorio nacional. 2) Instalaci�n de almacenes particulares en todo el territorio nacional. Para los Senadores que no lo sepan, un almac�n particular difiere de uno extraportuario �nica y exclusivamente en que respecto de este �ltimo cualquier persona puede ingresar y sacar mercader�as, mientras que en el caso del almac�n particular ello s�lo puede hacerlo la persona propietaria de la bodega. 3) Ampliaci�n del plazo para mantener las mercader�as en los almacenes particulares, de 30 � 45 d�as, seg�n el caso --que corresponde a la norma actual--, a otro de 90 d�as. El Ejecutivo manifest� dos aprensiones en relaci�n con esta norma. La primera se vincula con el elevado costo fiscal que ella involucra, ya que un aumento del plazo permite que los almacenes particulares sean utilizados s�lo para inventariar mercader�as, sin pago de impuestos, y no para facilitar el comercio exterior en todo el territorio nacional. Por lo anterior, acogimos la proposici�n hecha por el Senador se�or Mc-Intyre cuando el proyecto fue discutido en general en la Sala, la cual considera el cobro diario de intereses a la tasa de mercado a contar del d�a 30 � 45, seg�n corresponda conforme a la norma actual, hasta el retiro de las mercanc�as. La segunda aprensi�n del Ejecutivo se refer�a a la mayor dificultad que supone fiscalizar los almacenes particulares. Por esta raz�n, se introduce una norma que aumenta las penas para el caso de infracci�n de las disposiciones establecidas. Asimismo, el acuerdo de la Comisi�n de Hacienda del Senado contemplaba un mecanismo de reexportaci�n y de divisi�n de mercader�as al interior de almacenes particulares instalados en cualquier punto del territorio. Esta idea tambi�n fue acogida por el Ejecutivo en su indicaci�n, con el solo perfeccionamiento de independizar el mecanismo de reexportaci�n de los almacenes particulares y establecerlo tanto para �stos como para otras formas de ingreso de mercader�as a lo largo de todo el territorio nacional. Con la misma l�gica, se extiende el recinto dentro del cual puede operar la Zona Franca de Iquique, que es, por definici�n, un mecanismo de reexportaci�n. �stos son, se�or Presidente, los elementos que considera el acuerdo mayoritario de la Comisi�n de Hacienda del Senado, que el Ejecutivo ha decidido patrocinar en raz�n de que perfecciona claramente el proyecto de ley. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Urenda. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, aunque las intervenciones de algunos Senadores que me han precedido en el uso de la palabra podr�an economizarme algunas argumentaciones, me parece que la forma apasionada en que ha sido tratado el problema... El se�or MARF�N (Subsecretario de Hacienda).- Se�or Presidente, me qued� un punto sin tratar y me gustar�a se�alarlo. El se�or D�EZ (Presidente).- Si el Honorable se�or Urenda no tiene inconveniente, la Mesa conceder�a la palabra nuevamente al se�or Marf�n. Puede usar de ella el se�or Subsecretario. El se�or MARF�N (Subsecretario de Hacienda).- Doy las disculpas del caso, se�or Presidente, pero conviene hacer una aclaraci�n. Cualquiera que sea la decisi�n que adopte la Sala respecto de la ubicaci�n geogr�fica de los recintos extraportuarios --en todo el territorio nacional, o en la jurisdicci�n de la aduana de la cual dependan--, ya existen, para cada una de esas dos opciones, textos acordados en cuanto a la operaci�n y funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la sugerencia de la Senadora se�ora Feli� en orden a dirimir primero la ubicaci�n geogr�fica y luego la reglamentaci�n respectiva, representa, a juicio del Ejecutivo, el procedimiento correcto en esta materia. El se�or D�EZ (Presidente).- La Mesa agradece la comprensi�n del Honorable se�or Urenda, quien recupera el uso de la palabra. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, me veo obligado a resumir en alguna medida las distintas argumentaciones. En primer lugar, todos coincidimos en que la estrategia de desarrollo de Chile se basa en el aumento de su comercio exterior y de sus exportaciones, y en que debemos contribuir a que ella se lleve a cabo. Sin embargo, en �sta como en otras materias, el desarrollo de su comercio exterior no es el �nico asunto que interesa al pa�s. Por tanto, ni ese desarrollo ni el prop�sito de materializarlo deben llevarnos a adoptar cualquier tipo de medidas, so pretexto de perseguir ese fin. Chile ha de considerarse como un conjunto, como un pa�s que debe crecer arm�nicamente, de forma tal que, al definir un problema espec�fico, lo haga tomando en cuenta las circunstancias que conciernen al mismo, pero dentro del contexto de lo que �l es, como pa�s distinto de los dem�s, con caracter�sticas propias. En consecuencia, yo no acepto valores absolutos, basados en determinadas teor�as econ�micas, que puedan pasar sobre cualquier cosa. Indudablemente, es bueno tener pol�ticas econ�micas adecuadas, pero �stas nunca deben sostenerse a cualquier precio o cualesquiera que sean las circunstancias. En todo caso, es evidente que las disposiciones aprobadas por la Comisi�n de Hacienda y sometidas ahora a la consideraci�n de la Sala --el Senador se�or Andr�s Zald�var las explic� muy bien-- constituyen un aporte importante a la liberalizaci�n de nuestro comercio exterior. El problema, en el fondo, es hasta d�nde podemos llevar estas medidas, o si ellas, en determinadas circunstancias, pueden contrariar otros intereses del pa�s, tanto o m�s leg�timos que los anteriores. Est� claro que hoy d�a, con el pago anticipado de derechos, el grueso de las mercader�as puede ser despachado en forma inmediata y sin mayor problema; est� claro tambi�n que la Comisi�n de Hacienda ampli� el plazo a 90 d�as respecto de los almacenes particulares, facilitando, obviamente, el comercio de importaci�n. Es claro que las limitaciones a los almacenes extraportuarios no rigen sobre las exportaciones, por lo que el aspecto esencial que aqu� se menciona queda perfectamente salvado. Sin embargo, el problema radica en dos materias; pero previamente har� algunas consideraciones. Se ha dicho que la soluci�n m�s adecuada se cruza con determinados intereses particulares. No voy a referirme al aspecto laboral, pero creo que debemos levantar el cargo hecho respecto de los agentes de aduana. Ellos, a mi entender, son injustos, y no s� por qu� fueron tra�dos a la Sala. Los se�ores Senadores saben que esos funcionarios hoy pueden despachar mercader�a desde cualquier puerto de la Rep�blica y que todos los agentes generales de Valpara�so tienen, tambi�n, oficina en Santiago. Por lo tanto, no se trata de un problema personal o directo de ellos. Si han adoptado una determinada actitud sobre el particular, se debe a que, precisamente, por su conocimiento en la materia, han apreciado c�mo la medida extrema que se propiciaba era perjudicial para el inter�s nacional. El problema no s�lo concierne a sus intereses particulares, porque bastar�a que simplemente el d�a de ma�ana se altere la actual situaci�n de un agente que tenga 50 funcionarios en Valpara�so y 20 en Santiago, y cuente con 50 en Santiago y 20 o ninguno en Valpara�so. Eso no ser�a problema para �l. En consecuencia, el cargo es absolutamente injusto. Resulta muy lamentable que se haya adornado con el concepto de "intereses particulares", porque bien sabemos los Senadores d�nde han estado sus intereses particulares y qui�nes se han dirigido reiteradamente a nosotros para que plante�ramos una soluci�n distinta de la que estamos propiciando. Por ello, pienso que tales juicios son injustos y no ennoblecen el debate. Ahora bien, �en qu� radica el problema? �Por qu� se ha llegado al concepto de que no debe llevarse la extensi�n de los almacenes extraportuarios fuera del territorio jurisdiccional de la aduana por la cual la mercader�a haya sido introducida al pa�s? En tal sentido, existen dos conceptos claros. El primero ya fue enunciado por el Senador se�or Ominami y que yo podr�a complementar: no solamente se debilitan los controles con almacenes extraportuarios situados fuera del territorio jurisdiccional de la aduana por la cual se intern� la mercader�a, lo cual puede prestarse para situaciones perjudiciales al inter�s nacional, sino que adem�s nuestra legislaci�n requerir�a de modificaciones que no est�n contempladas ni en la letra ni en el esp�ritu del proyecto. Es decir, nos encontrar�amos ante una situaci�n extremadamente curiosa: un proyecto que persigue determinados fines, los cuales, de alg�n modo, se ver�an perturbados por algunas de sus propias disposiciones. Adem�s, hay un segundo aspecto: se ha se�alado que los ciudadanos de Santiago son iguales a los de cualquier otra parte del pa�s. Al respecto, no me cabe la menor duda. El punto radica en que debemos mirar el problema desde un punto de vista nacional. Aqu�llos actualmente son demasiados en relaci�n con los del resto del territorio. Y lo son a pesar de ellos mismos, porque no es el criterio, parecer o deseo de quienes habitan en Santiago seguir all�. La necesidad los sujeta, porque desgraciadamente en Chile --es conveniente que lo tengamos presente-- se ha producido una concentraci�n �nica. No existe otro pa�s en el mundo con alg�n territorio de importancia donde la capital tenga un porcentaje mayor de poblaci�n respecto a la global del mismo, con la agravante de que, en el caso nuestro, la capital es inclusive una ciudad mediterr�nea, lo que resulta a la vez curioso en uno de los pa�ses m�s mar�timos del mundo. Y lo anterior trae aparejados problemas muy graves, que afectan fuertemente el desarrollo arm�nico de la naci�n. Por lo tanto, no podemos prescindir de ese elemento al considerar un aspecto determinado. Se afirma que el mercado dictar� las reglas. Pero tanto �ste como las normas sobre el particular permiten que las gerencias de los bancos puedan estar en cualquier lugar de Chile. Curiosamente, en mi juventud, la mayor parte de esas instancias ejecutivas se encontraban fuera de Santiago; hoy, absolutamente todas est�n en la Capital. Obviamente, la normativa permite que los impuestos se paguen en cualquier lugar de la Rep�blica, aunque el prop�sito fundamental es que lo sean donde se originan las rentas. Sin embargo, nos encontramos con que la riqueza que producen las regiones es administrada en Santiago y muchas veces los impuestos no son pagados en aqu�llas, sino en la Capital. Como legisladores, no podemos prescindir de ese problema. No se trata de un simple capricho, ni de una posici�n adoptada sobre la base del cari�o por la ciudad a la cual uno ha estado ligado. No es eso, porque los se�ores Senadores saben que mi inter�s particular tampoco ir�a por el camino de lo que defiendo hoy, que es lo que exige el inter�s nacional. En consecuencia, si hemos propiciado un conjunto de normas para facilitar el comercio exterior, �es necesario extremarlas al punto de destruir el sistema creado y modificar una serie de disposiciones relativas al control de mercader�as, o del C�digo de Comercio? En un pa�s con las caracter�sticas geogr�ficas de Chile, alguien podr�a creer que Santiago est� ubicado a 2 mil kil�metros del mar. Pero se encuentra suficientemente lejos como para que all� probablemente se ignoren los problemas de lo que podr�a llamarse "el inter�s mar�timo de Chile", pero bastante cerca como para que un almac�n extraportuario --ubicado, por ejemplo, en cualquier zona aleda�a a Valpara�so-- preste a los importadores de la Capital los mismos servicios que uno instalado en la Regi�n Metropolitana. Lo se�al� antes: Santiago no es una ciudad como cualquier otra del pa�s, con distancias peque�as entre un punto y otro; es un verdadero monstruo, con industrias ubicadas a 60 � 70 kil�metros unas de otras. Por lo tanto, esto de las facilidades especiales o de la importancia que pueda tener el que los almacenes extraportuarios est�n instalados dentro de la Regi�n Metropolitana, es un argumento que no tiene mayor fuerza. Por lo dem�s, insisto en que si existiera siquiera una duda acerca de la conveniencia o inconveniencia del comercio exterior, �sta debe ser resuelta en favor del inter�s nacional superior. Chile no puede dejar que la Capital siga creciendo en la forma desmesurada en que hoy lo hace. No puede permitir que toda la riqueza nacional se concentre en una sola ciudad y que el producto del trabajo de todos los chilenos sea aprovechado por los capitalinos. No obstante, ellos pagan un alto precio por vivir en un clima y ambiente absolutamente inadecuados. La nueva normativa tiende a favorecer el comercio exterior chileno. Desde luego, es absolutamente amplia para las exportaciones --aquello que m�s nos interesa-- y amplifica enormemente lo concerniente a las importaciones. Las nuevas disposiciones s�lo tienen limitaciones subordinadas al inter�s nacional, lo cual dice relaci�n al control de las mercader�as que se importan y al resto de la normativa legal que requiere modificarse si se pretendiere lo que aqu� se ha sostenido. El se�or D�EZ (Presidente).- Se�or Senador, debo advertirle que su tiempo ha concluido. El se�or URENDA.- Por �ltimo, existe un claro inter�s de nuestro pa�s por no seguir el despoblamiento de las regiones y fortalecer a Santiago, sino de procurar un crecimiento arm�nico que favorezca a todos los chilenos, en especial a los propios habitantes de la Capital. He dicho. El se�or D�EZ (Presidente).- Tiene palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, me referir� al menos a dos de los puntos que se han planteado aqu�, particularmente a los que hizo alusi�n el Honorable se�or Pi�era. El se�or Senador ha dicho que es partidario de la libre localizaci�n de las actividades econ�micas a lo largo y ancho del pa�s. Esto, que en teor�a econ�mica parece correcto, no lo es en la pr�ctica, porque si examinamos la realidad de lo que ocurre hoy en Chile, veremos que sucede a la inversa. En efecto, las actividades econ�micas que contaminan y que no son buenas para la Regi�n Metropolitana son exportadas a las Regiones. Es as� como hoy la Quinta Regi�n est� recibiendo una verdadera avalancha de industrias contaminantes, de plantas termoel�ctricas y de otras actividades, porque Santiago, debido al centralismo, se encuentra saturado. Entonces, el Honorable colega no puede afirmar que la actividad econ�mica puede establecerse y localizarse en cualquier parte del territorio. Hoy la Capital desea lo mejor para s� y quiere echar de ella y de la Regi�n Metropolitana lo que no le parece bueno para sus habitantes. Lo anterior lo considero extraordinariamente injusto y poco equitativo. Porque resulta que las ciudades puertos deben asumir el costo de ser los receptoras y transmisoras de la carga y de las mercader�as que el pa�s, luego de la apertura comercial, se plante� en torno a lo que debiera ser una correcta pol�tica econ�mica. Sin embargo, ahora se pretende dar "libertad" para que las actividades con mejor rendimiento econ�mico puedan establecerse en cualquier lugar. �Es justo eso? No me parece. Creo que el pa�s debe desarrollarse en forma equilibrada y arm�nica. No es razonable que las Regiones est�n importando desde la Capital actividades econ�micas que no son aceptadas en ella, debido a decretos y resoluciones que establecen que se halla saturada. �sta es una cuesti�n que nos obliga a efectuar una profunda reflexi�n. En teor�a econ�mica uno puede sostener muchos argumentos de esta naturaleza, pero no es correcto alterar la realidad de lo que est� ocurriendo. Luego, el Honorable colega habla de los intereses particulares. Deseo preguntarle a qu� intereses particulares se refiere. Yo no estoy defendiendo el inter�s particular de nadie. No tengo actividad alguna que est� relacionada con almacenes o con aduanas. �sta es una cuesti�n fundamental. Porque aqu�, en forma gen�rica, se ha dicho que nosotros estamos defendiendo intereses particulares. Ni el Senador que habla ni ninguno de sus socios desarrollan una actividad de esta naturaleza. Adem�s, quiero se�alar que aqu� se han dado argumentos razonables, en cuanto a que debemos actuar en t�rminos globales respecto de la actividad aduanera. Y, dentro de esa globalidad, me refiero concretamente a las ciudades puertos, que no son s�lo las aleda�as al mar, sino tambi�n aquellas como Los Andes, en la que pr�cticamente todo su quehacer est� centrado en la actividad aduanera. Y �sta es una cuesti�n de fondo. En efecto, no voy a convertir a esa ciudad puerto en transgresora, porque los 600 camiones que a veces pasan por ella, que provocan un "shock" tremendo desde el punto de vista social, de la contaminaci�n, etc�tera --no me extender� al respecto--, no pueden medirse en t�rminos de que esa actividad gravosa para la ciudad no sea compensada de un modo equitativo --sobre todo, cuando hablamos de equidad-- con una actividad de almacenero, la que, sin duda, har� un poco m�s llevadera y equitativa esa situaci�n. Sobre esta materia, creo que estamos llevando el debate a t�rminos muy exagerados y extremos. El Honorable se�or Andr�s Zald�var ha dado a conocer los argumentos acerca de los alcances de la indicaci�n. Y me parece razonable que, extendiendo los plazos, exista esta posibilidad respecto a los costos. Asimismo, hay un problema de fiscalizaci�n, que no podemos alterar significativamente. El se�or D�EZ (Presidente).- �Me permite, se�or Senador? Ha terminado el Orden del D�a. VI. TIEMPO DE VOTACIONES PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SALMONICULTURA NACIONAL ANTE MEDIDAS PROTECCIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS El se�or D�EZ (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo formulado por diversos se�ores Senadores en el que se manifiesta preocupaci�n por los efectos que podr�a producir en la salmonicultura nacional la adopci�n de medidas proteccionistas de parte de los Estados Unidos de Norteam�rica y en que se solicitan estudios y gestiones al respecto. El se�or Secretario proceder� a darle lectura. El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto de acuerdo dice: "Considerando: "1.- Que nuestro pa�s ha desarrollado en s�lo diez a�os la industria del Salm�n que ha logrado ubicar a Chile como el segundo productor mundial de salm�n cultivado, reportando en 1995 exportaciones por 500 millones de d�lares, correspondientes a 100 mil toneladas de producto destinado principalmente a los mercados de Estados Unidos y Jap�n. "2.- Que esta actividad, desarrollada principalmente en las regiones X, XI y XII, ha llegado a constituirse en una de las principales fuentes de progreso de la zona austral, proporcionando empleo a 17.500 personas en forma directa, y a 10.000 en forma indirecta, incrementando cada a�o la creaci�n de nuevas fuentes de trabajo. Ello ha significado, adem�s, ampliar las perspectivas de progreso social para los habitantes de dichas regiones. "3.- Que el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales que ha permitido el desarrollo de esta actividad, se ha verificado en condiciones de libre competencia y sin mediar subsidios de ninguna especie, por lo que su ingreso en los mercados internacionales ha sido en forma transparente y competitiva. De esta forma ha llegado a abastecer actualmente el 34% del mercado de los Estados Unidos de Norteam�rica. "4.- Que la creciente incorporaci�n de nuestro pa�s a los mercados internacionales ha sido un proceso que se ha caracterizado por la transparencia en la competencia internacional, excluyendo cualquier forma de distorsi�n que atente contra ella. "5.- Que no obstante ello, la industria salmonera nacional se encuentra actualmente amenazada por la posible imposici�n de medidas proteccionistas para dificultar el ingreso de la producci�n chilena a los Estados Unidos, debido a acusaciones por presunto dumping, formuladas por los productores de salm�n de ese pa�s. "6.- Que de verificarse la adopci�n de medidas de esta especie, junto con significar un retroceso en las condiciones de libre competencia que deben existir en el comercio internacional, se afectar� severamente una actividad importante de las regiones australes, con los consiguientes efectos en el empleo y desarrollo general de la zona. EL SENADO ACUERDA "Manifestar su preocupaci�n por los efectos que podr�an producir en la salmonicultura nacional la adopci�n de medidas proteccionistas de parte de los Estados Unidos, y solicitar a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica que disponga los estudios e iniciativas destinadas a verificar la inminencia de la implantaci�n de tales restricciones, y precaverlas. "Igualmente que el Senado de la Rep�blica realice gestiones ante el Senado de los Estados Unidos de Norteam�rica, a fin de informar que, una situaci�n como la descrita, afectar� gravemente el progreso y desarrollo de una extensa zona de Chile.". El se�or COOPER.- Pido la palabra. El se�or HORVATH.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or D�EZ (Presidente).- Debo hacer presente a la Sala que, de conformidad al Reglamento, los proyectos de acuerdo no tienen debate. Sin embargo, si el Senado lo estima conveniente, por tratarse de una materia que no ha sido discutida ni analizada en la hora de Incidentes, se dar�an cinco minutos a los se�ores Senadores que lo soliciten para fundamentar su voto. Si le parece a la Sala, as� se acordar�. Acordado. En votaci�n el proyecto de acuerdo. --(Durante la votaci�n). El se�or COOPER.- Se�or Presidente, cuando se present� el proyecto de acuerdo estaba ausente. Sin embargo, lo comparto plenamente y, por ende, lo suscribo y apruebo. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, adem�s de los fundamentos del proyecto de acuerdo, conviene resaltar que la actividad de la acuicultura en nuestro pa�s ya no s�lo tiene presencia a nivel nacional sino que tambi�n una muy importante en el �mbito internacional. De hecho, somos la segunda naci�n exportadora de salm�n en el mundo. Por otra parte, se ha producido un cambio de mentalidad en Chile, como la ocurrida cuando --recurriendo a un breve s�mil-- de cazadores recolectores se pas� a una civilizaci�n de car�cter agr�cola. Lo propio est� sucediendo en el mar, y en este sentido tenemos ventajas comparativas notables respecto del resto de los dem�s pa�ses, particularmente en la zona austral, que representa territorialmente 34 por ciento de la superficie de Chile, pero que, considerando fiordos y mares interiores, representa nueve veces la superficie mar�tima reservada a los pescadores artesanales, desde Arica a Puerto Montt. Y son mares protegidos por fiordos y canales. En tales condiciones, el potencial de la acuicultura se presenta no s�lo halag�e�o, sino que se transformar� pr�cticamente en un nuevo cobre para Chile, e incluso superior, como me apunta un Honorable colega. El empresario chileno y la gente que vive y trabaja en esas regiones han penetrado sanamente en los mercados internacionales y han logrado que incluso un pueblo como el estadounidense se familiarice con el consumo del salm�n y, pese a las desventajas del costo del transporte desde Chile a los Estados Unidos, compiten en mejor forma, en calidad y precios, con los propios productores norteamericanos. Y ese pa�s, que es el l�der de la econom�a de libre mercado en el mundo, cuando se encuentra ante competencia interna, empieza a inventar cosas. Y una de ellas es la acusaci�n de "dumping", de que en Chile se estar�a produciendo con rebajas artificiales de costos, o que no se estar�an respetando las normas sanitarias o los aspectos ecol�gicos ambientales. Tales denuncias han sido investigadas. Hay incluso productores extranjeros -- noruegos, japoneses, y otros-- que se dedican a esta actividad en nuestro pa�s, y la verdad es que no s�lo se cumplen todas las normas del caso, sino que se est� trabajando en forma muy eficiente para establecer barreras sanitarias adicionales. En consecuencia, en ese contexto, este proyecto de acuerdo reviste evidentemente gran trascendencia, porque nuestras exportaciones de salm�n y truchas han llegado a abastecer casi el 34 por ciento del mercado de Estados Unidos de Norteam�rica, superando los mayores costos por concepto de transporte. Por lo tanto este proyecto de acuerdo es sustancial. Como pa�s, no podemos doblegarnos ante este tipo de amenazas de car�cter, por as� decirlo, "paraarancelarias". Por eso es importante, primero, su aprobaci�n, y despu�s, la insistencia ante el Gobierno para que, en forma digna, logre mantener esta avanzada chilena en el mundo exterior. Voto que s�. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, s�lo quiero manifestar mi aprobaci�n a este proyecto de acuerdo --que tambi�n suscrib�--, principalmente, por lo que significa el proteccionismo para el funcionamiento de la econom�a en el mundo. Creo que, en muchas oportunidades, la actuaci�n de Estados Unidos --que, en muchos sentidos, ha constituido un ejemplo en cuanto al fomento de los reg�menes de econom�a libre-- no condice con su tradici�n en estas materias. Por eso, estas medidas que afectan a nuestra salmonicultura, provocadas por el proteccionismo norteamericano, merecen nuestro rechazo, y de ah� mi adhesi�n a este proyecto de acuerdo. Voto a favor. El se�or MC-INTYRE.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura hace unos meses visit� todas las �reas de acuicultura y, en especial, las salmon�feras. Con mucho orgullo podemos afirmar que la labor que est�n realizando goza de prestigio internacional. En el curso de nuestra visita vimos a varios inspectores de otros pa�ses quienes nos informaron sobre la calidad del trabajo que en el �mbito de la acuicultura se lleva a cabo en Chile. Repito que, en lo relativo al control de calidad, es excelente. La seriedad y responsabilidad con que las industrias y empresas han asumido esta dif�cil tarea son notables. Incluso una de las empresas, de muy buenas caracter�sticas y de gran prestigio, pertenece a uno de los se�ores Senadores. Voto que s�. El se�or P�EZ.- Se�or Presidente, en verdad, ya se ha puesto de manifiesto la importancia que el proyecto de acuerdo reviste para la salmonicultura de la D�cima Regi�n. Ya en 1991 tuvimos un problema cuando Estados Unidos de Norteam�rica pretendi� acusarnos de "dumping". Por lo tanto, son reincidentes en este sentido. El Gobierno ha puesto a disposici�n de los empresarios a los funcionarios de la Canciller�a y del Ministerio de Econom�a para desarrollar en conjunto una labor de defensa ante este verdadero atentado en contra de esta importante industria nacional. Faltaba el apoyo --muy importante-- del Parlamento, que se ha traducido en este proyecto de acuerdo. Me encuentro pareado, pero lo voy a levantar unilateralmente porque el Honorable se�or Siebert, con quien lo mantengo y que en este momento se encuentra ausente, fue uno de los promotores de este proyecto de acuerdo y lo materializ� con sumo entusiasmo. Por eso, lo votar� favorablemente en su nombre y en el m�o. El se�or D�EZ (Presidente).- !Desgraciadamente, se�or Senador, s�lo podemos contabilizar el voto de Su Se�or�a...! El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, no puedo estar m�s de acuerdo con una resoluci�n del Senado atinente a una materia tan delicada como la que afecta a la salmonicultura. Hemos sido testigos de c�mo pa�ses desarrollados han venido practicando el proteccionismo casi como un sistema. Ellos se asemejan much�simo a un viejo conocido nuestro, el padre Gatica, pues predican la libertad de comercio; sin embargo, nunca la practican. Y cuando tienen la oportunidad de usar su poder econ�mico, lo utilizan sin ambages. Son casi como "santiaguinos centralistas" que, en alg�n instante, siempre est�n tratando de colocar a los dem�s en desmedrada posici�n. Quiero expresar mi absoluto acuerdo con la resoluci�n que hoy d�a se adopta, porque la industria salmonera chilena, que nace a fines de los a�os 70, y a la que se dota de fuerte innovaci�n tecnol�gica y capacidad, que le permite superar incluso a pa�ses como Canad� y Estados Unidos en la producci�n de salm�n del Pac�fico y tambi�n del Atl�ntico, nos ha colocado en un lugar de consideraci�n en lo que ata�e a la competencia. Y cuando se llega a ese nivel, hay que tener mucho cuidado con la actividad de un pa�s que est� tratando de salir del subdesarrollo. Por eso, junto con expresar mi adhesi�n al proyecto de acuerdo, quiero, una vez m�s, advertir que debemos tener sumo cuidado con quienes no son consistentes ni coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. He dicho. El se�or THAYER.- Se�or Presidente, s�lo para rogar que se agregue mi nombre al proyecto de acuerdo, con el cual estoy en absoluta concordancia, pero que no pudo suscribir por razones que no es del caso esclarecer aqu�. El se�or URENDA.- Se�or Presidente, no suscrib� este proyecto de acuerdo por estar ausente, pero, obviamente, estoy absolutamente de acuerdo con �l, porque incide en una actividad como la salmonera donde pocas veces ha podido apreciarse en mejor forma lo que ha sido la iniciativa t�cnica chilena, que ha permitido desarrollar en tan poco tiempo una industria que hoy d�a es la segunda a nivel mundial. Por ello, adhiero plenamente a lo propuesto. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, �ste es un acuerdo oportuno, justo y apropiado. Pienso que su presentaci�n era la forma de respaldar a una actividad nacional de desarrollo espectacular en los �ltimos a�os, creando fuentes de riqueza cuyas cifras hablan por s� solas y con gran ocupaci�n de mano de obra en las Regiones donde se realiza. Por todo eso, era necesario este acuerdo de apoyo, que tendr� que traducirse --no me cabe ninguna duda-- en un en�rgico espaldarazo tambi�n por parte del Presidente de la Rep�blica. El problema planteado debe hacernos meditar acerca de la importancia de que el pa�s act�e en conjunto, unido, en defensa de esta forma de desarrollo que se viene implementando hace a�os. As�, cuando ocurran situaciones de dumping u otras --que casualmente tienen origen en el pa�s l�der en econom�a de mercado--, estaremos preparados para hacer frente a decisiones tan injustas. No puede ser que se apliquen medidas que impidan el desarrollo en que Chile se halla empe�ado. Pero, para eso, no s�lo basta incentivar las actividades que implican crecimiento, sino que, adem�s, debemos encontrar las formas y los canales adecuados de defensa en instancias internacionales, con el objeto de poner atajo a decisiones injustas e unilaterales en contra de la libertad de comercio. Voto que s�. El se�or D�EZ (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba el proyecto de acuerdo (26 votos). Votaron por la afirmativa los se�ores Alessandri, Cantuarias, Cooper, D�az, D�ez, Feli�, Frei (do�a Carmen), Gazmuri, Hormaz�bal, Horvath, Lagos, Larra�n, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, N��ez, Ominami, Otero, P�ez, Prat, Romero, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Thayer, Urenda y Zald�var (don Adolfo). El se�or D�EZ (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or D�EZ (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )-----------------------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or ALESSANDRI: Al se�or Ministro de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, en relaci�n a SOLICITUDES DE MARCAS Y PATENTES EN DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Del se�or FREI (Don Arturo): A los se�ores Ministro de Obras P�blicas y Director Nacional de Vialidad, tocante a REPARACI�N DE PUENTE TRICAUCO DE COMUNA DE YUMBEL (OCTAVA REGI�N) Del se�or HORMAZ�BAL: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, sobre PAVIMENTACI�N DE ACCESO SUR A TONGOY (CUARTA REGI�N), Y OBRAS EN CAMINO QUE UNE PANAMERICANA NORTE CON ILLAPEL (CUARTA REGI�N). Del se�or LARRA�N: Al se�or Ministro del Interior y a la se�ora Intendenta de la S�ptima Regi�n, acerca de PLAN NACIONAL PARA ENFRENTAR SEQU�A, ESPECIALMENTE EN S�PTIMA REGI�N; y la se�ora Ministra de Justicia, referente a EXTENSI�N DE BENEFICIO A GENDARMES EN RETIRO. Del se�or ROMERO: Al se�or Superintendente de Electricidad y Combustibles, relativo a CAUSAS DE ROMPIMIENTO DE DUCTO DE SONACOL EN QUILPU� (QUINTA REGI�N); a se�or Director Regional de Emergencia, Quinta Regi�n, sobre MEDIDAS ADOPTADAS POR ROMPIMIENTO DE DUCTO EN QUILPU�, EXISTENCIA DE EVENTUALES REVISIONES Y CATASTRO DE REDES DE DUCTOS EN QUINTA REGI�N, y a se�or Director del Servicio de Salud Vi�a del Mar-Quillota, acerca de EVALUACI�N DE NORMAS LEGALES APLICABLES EN EMERGENCIAS. Del se�or SIEBERT: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, tocante a PAVIMENTACI�N DE AER�DROMO DE QUELL�N (D�CIMA REGI�N), y a se�or Gerente General ESSAL, D�cima Regi�n, referente a ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE (D�CIMA REGI�N). )-------------------------------( El se�or D�EZ (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Dem�crata Cristiano. Tiene la palabra el Senador se�or Ruiz (don Jos�). PR�CTICAS EMPRESARIALES ANTISINDICALES. OFICIO El se�or RUIZ (don Jos�).- Se�or Presidente, Honorables colegas, en el siglo XIX prevalec�a un pensamiento materialista y economicista que consideraba al trabajo como una especie de mercanc�a que el trabajador vende al empresario. Estas formulaciones han ido cediendo lentamente, y no sin retrocesos ocasionales, a un modo m�s humano de pensar y valorar el trabajo. Esta evoluci�n obedece a la interacci�n de varios factores, entre los que se destaca la acci�n de las organizaciones de los trabajadores; se reconoce un importante rol hist�rico a los sindicatos en la dignificaci�n del trabajo y, consecuentemente, de la persona del trabajador. Es necesario valorar la constituci�n de organizaciones de trabajadores y en favor de ellos, como una reacci�n solidaria frente a los niveles de degradaci�n a que se hab�a llegado en el �mbito laboral en el siglo pasado. Para Juan Pablo II la cuesti�n obrera "ha dado origen a una justa reacci�n social, ha hecho surgir y casi irrumpir un gran impulso de solidaridad entre los hombre del trabajo... Semejante reacci�n ha reunido al mundo obrero en una comunidad caracterizada por una gran solidaridad". Es por eso que, seg�n la Enc�clica Laborem Exercens. "se debe reconocer francamente que fue justificada, desde la �ptica de la moral social, la reacci�n contra el sistema de injusticia y de da�o, que ped�a venganza al cielo.". Esta misi�n dignificante y justiciera es un fin y una tarea permanente de los sindicatos, no es algo que ellos hicieron a fines del siglo pasado y a comienzos del presente, y que ya no necesitan realizar. El peligro de deshumanizaci�n del trabajo sigue a�n vigente, y como se�ala la citada Enc�clica "conviene reconocer que el error del capitalismo primitivo puede repetirse dondequiera que el hombre sea tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de producci�n, como un instrumento y no seg�n la verdadera dignidad de su trabajo, o sea, como sujeto y autor, y, por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo.". Es importante considerar que la solidaridad de los trabajadores ha ido posibilitando la realizaci�n de cambios profundos, ejecut�ndose transformaciones en los medios de producci�n y en los sistemas econ�micos. Se puede constatar c�mo, por medio de su organizaci�n en sindicatos, los trabajadores influyen en las condiciones de trabajo, as� como en una constante revisi�n y mejora de la legislaci�n laboral y de la seguridad social. El Papa Juan Pablo II se�ala sin ambig�edades que la situaci�n actual, pese a estos avances, est� llena de contradicciones y perturbaciones a la dignidad del trabajo, y con ello, ratifica la actualidad de la organizaci�n sindical y de su misi�n. As�, en Laborem Exercens indica que "sistemas ideol�gicos o de poder, as� como nuevas relaciones surgidas a distintos niveles de la convivencia humana, han dejado perdurar injusticias flagrantes o han provocado otras nuevas.". Juan Pablo II agrega que "a escala mundial, el desarrollo de la civilizaci�n y de las comunicaciones ha hecho posible un diagn�stico m�s completo de las condiciones de vida y del trabajo del hombre en toda la tierra, y tambi�n ha manifestado otras formas de injusticia mucho m�s vastas de las que, en el siglo pasado, fueron est�mulo a la uni�n de los hombres del trabajo para una solidaridad particular en el mundo obrero.". Siendo las formas de injusticia a�n m�s vastas que las que en el siglo pasado dieron origen a los sindicatos, ellos son hoy, en el cumplimiento de sus finalidades, instituciones plenamente vigentes, y son motivo y ocasi�n para la solidaridad en el mundo laboral. Los sindicatos han crecido a lo largo del siglo sobre la base de la lucha de los trabajadores para la tutela de sus justos derechos frente a los empresarios. La defensa de aqu�llos constituye la misi�n permanente de las organizaciones sindicales. Ellas son un exponente de la lucha por la justicia social. Esta lucha, seg�n Juan Pablo II, debe ser vista como una dedicaci�n normal en favor del justo bien. En este caso, por el bien que corresponde a las necesidades y a los m�ritos de los hombres del trabajo, pero no es una lucha contra los dem�s. El Papa agrega que "si en cuestiones controvertidas asume tambi�n un car�cter de oposici�n a los dem�s, esto sucede en consideraciones del bien de la justicia social; y no por la lucha o por eliminar al adversario.". Todo esto lleva al Sumo Pont�fice a sostener que "las organizaciones de este tipo son un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades modernas industrializadas", y a�ade que "la uni�n de los hombres para asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor constructivo de orden social y de solidaridad, del que no es posible prescindir.". La Iglesia, desde la Enc�clica Rerum Novarum, afirma categ�ricamente el derecho de los trabajadores para establecer sindicatos, junto con juzgar moralmente necesaria la constituci�n de tales asociaciones frente a las condiciones laborales y de vida de los hombres del trabajo. Se afirma que a los trabajadores no se les puede restringir, sin injusticia, la libertad de unirse en organizaciones, mediante las cuales puedan defender sus propios derechos. La Iglesia Latinoamericana, reunida en Santo Domingo, asume la tarea de "apoyar las organizaciones propias de los hombres del trabajo para la defensa de sus leg�timos derechos, en especial un salario suficiente y de una justa protecci�n social para la vejez, la enfermedad y el desempleo". El apoyo manifestado por los obispos significa la afirmaci�n de la vigencia y valor de la acci�n de los sindicatos en la realizaci�n de sus fines propios en Am�rica Latina. Despu�s de esta breve mirada al pensamiento social de la Iglesia sobre la necesidad de las organizaciones sindicales en sociedades como la nuestra, cabe la siguiente pregunta: �Qu� pasa actualmente en nuestro pa�s al respecto? D�as atr�s me visit�, en mi oficina del Congreso Nacional, un grupo de dirigentes del recientemente constituido Sindicato de Trabajadores Brink's Chile S.A., Quinta Regi�n, quienes me manifestaron lo siguiente: 1.- Que con fecha 10 de mayo de 1996 constituyeron legalmente su organizaci�n sindical, y que s�lo tres d�as despu�s, el 13 del mismo mes, fueron despedidos de la empresa los tres dirigentes elegidos por los trabajadores, impidi�ndoseles el ingreso a la empresa y limitando el ejercicio de sus cargos sindicales. Con ello, se desconoce arbitrariamente el fuero con que la ley laboral los ampara. 2.- Que, junto con no respetar dicho fuero, la empresa habr�a efectuado maniobras enga�osas, al fechar las cartas a trav�s de las cuales se les comunicaba el despido el d�a anterior a la constituci�n del sindicato, en circunstancias de que estos trabajadores ejercieron sus funciones normalmente los d�as 9 y 10 de mayo, y de que las cartas ingresaron a la oficina de correos el d�a 13 del mismo mes. 3.- Que hicieron la denuncia respectiva ante la Inspecci�n del Trabajo de Vi�a del Mar, la que procedi� a fiscalizar y a constatar in situ la arbitrariedad denunciada, conminando a la empresa a cumplir con la ley y reintegrar a los trabajadores. 4.- Que, a la fecha, la Inspecci�n del Trabajo ha realizado varias fiscalizaciones y se ha advertido a la empresa de la eventual aplicaci�n de sanciones, que alcanzar�an hasta el cierre temporal de ella por 10 d�as; que ha tomado conocimiento de este asunto la Directora Regional del Trabajo, y que, no obstante todo esto, la empresa no ha enmendado la situaci�n y las autoridades no la han sancionado. 5.- Que la empresa habr�a llegado m�s lejos a�n, al realizar una campa�a intimidatoria hacia los miembros del sindicato, con el fin de que lo abandonen. 6.- Que, por �ltimo, se habr�an realizado otras pr�cticas desleales antisindicales por parte de la empresa --concretamente, en abril de este a�o-- durante un proceso de negociaci�n sindical, oportunidad en que se efectuaron reemplazos de trabajadores en huelga por personal militar en servicio activo. Lamentablemente, la grave situaci�n representada a este Parlamentario no es la primera ni ser� la �ltima en nuestro pa�s. Resulta dram�tico constatar que en el �mbito laboral se mantienen pendientes por m�s de un siglo situaciones de injusticia denunciadas por Le�n XIII, que dan cuenta de la falta de reconocimiento de la dignidad de la persona del trabajador y de su derecho a organizarse. La autoridad p�blica y el Derecho no s�lo deben conformarse con reconocer ciertas derechos, sino que deben proporcionar medios eficaces para su efectivo ejercicio. Solicito a la Mesa oficiar al se�or Ministro del Trabajo y Previsi�n Social, remiti�ndole texto de mi intervenci�n, y pidi�ndole que el Supremo Gobierno, si lo tiene a bien, disponga lo siguiente: 1�.- La m�s pronta intervenci�n de las autoridades fiscalizadoras, de modo que se ponga inmediato remedio a la situaci�n denunciada. 2�.- El estudio y revisi�n de las actuales normas, en la perspectiva de mejorar los sistemas de fiscalizaci�n y agravar las sanciones para las empresas que realicen pr�cticas antisindicales y que persigan a los trabajadores que leg�timamente desean ejercer su derecho de asociaci�n. El fin �ltimo del sindicato, como el de toda organizaci�n puesta al servicio del hombre, es trabajar por el perfeccionamiento y dignificaci�n de la persona humana. Las organizaciones sindicales deben cumplir en el tiempo presente esta importante funci�n: reafirmar la dignidad e importancia del trabajador en una sociedad que no responde a cabalidad a las necesidades fundamentales de las personas y que oprime a los m�s pobres, defendiendo sus derechos y haci�ndoles participar de manera m�s plena y digna en la vida social. Es deber de las autoridades garantizar a los trabajadores la libertad de formar sus organizaciones para tan nobles tareas. He dicho. El se�or D�EZ (Presidente).- Se enviar� el oficio del env�o solicitado y se remitir� la intervenci�n de Su Se�or�a, en la parte que no dice relaci�n al conflicto laboral mencionado. El se�or RUIZ (don Jos�).- El conflicto ya termin�, se�or Presidente. El se�or D�AZ (Presidente accidental).- De todas maneras, adherimos a las expresiones de nuestro Honorable colega. El se�or D�EZ (Presidente).- El siguiente turno corresponde al Comit� Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. EXPORTANDO CONTAMINACI�N: SITUACI�N QUE AFECTA AL VALLE DE QUILLOTA. OFICIO El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, recientemente hemos conocido el pronunciamiento de altas autoridades de Gobierno llamando a la instalaci�n de industrias fuera de Santiago, espec�ficamente en las Regiones Quinta y Sexta, como una manera de consolidar una macrozona central, que exceda los l�mites de la Regi�n Metropolitana. La iniciativa, por cierto, es positiva para el desarrollo de las regiones se�aladas, si bien el pa�s debiera ser considerado como un todo arm�nico a lo largo de toda su extensi�n geogr�fica. Entendemos, sin embargo, que la propuesta gubernamental est� directamente relacionada con la necesidad urgente de restar actividades a Santiago, ciudad cuyos �ndices de contaminaci�n han llegado a ser dram�ticos y motivo de controversia permanente entre m�dicos y autoridades responsables de enfrentar el problema. Las Regiones Quinta y Sexta, que rodean a la Metropolitana, miran con buenos ojos la posibilidad de que en ellas se levanten complejos industriales que representen inversi�n y fuentes de trabajo, pero, para este objetivo, deben establecer las condiciones necesarias que hagan posible y atractivo el traslado de dicha inversi�n, dotando de infraestructura adecuada a �reas de levantamiento industrial predeterminadas, seg�n estudios serios, que tomen efectivamente en cuenta los distintos factores que inciden en esta determinaci�n y, muy particularmente, el medio ambiente y sus consecuencias directas: contaminaci�n y calidad de vida. La planificaci�n en esta materia es de suyo importante. De otro modo, el crecimiento inorg�nico y desordenado no har� sino repetir en el mediano plazo, en estas regiones, los mismos problemas que enfrenta la Capital. Las autoridades de Gobierno tienen una clara responsabilidad en este tema, ya que son las llamadas a preservar el medio ambiente para las generaciones venideras. Un ejemplo claro se est� produciendo ya en la Quinta Regi�n, donde algunas importantes empresas se encuentran empe�adas en instalar sendas centrales termoel�ctricas en las afueras de la ciudad de Quillota. Nadie podr�a oponerse a ello, por representar ventajas desde muchos puntos de vista; pero el lugar, la localizaci�n escogida para su levantamiento, est� inserto en medio de un rico valle agr�cola, reconocido por sus tierras de gran fertilidad, donde existe una actividad de este tipo que da trabajo directo a m�s de 36 mil personas, e indirecto a otras tantas, con activos que superan los 500 millones de d�lares. Se ha formado, incluso, un Comit� Pro Defensa del Valle de Quillota, que est� haciendo ver sus puntos de vista ante la COREMA y la CONAMA, y ha propuesto dos sitios alternativos concretos para la instalaci�n de estas industrias, en lugares donde los vientos permitir�an una mejor dispersi�n de los gases, llev�ndolos hacia zonas inhabitadas y no productivas. Abogamos por un ordenamiento territorial adecuado, que implique la instalaci�n de industrias necesariamente contaminantes s�lo en zonas deprimidas o marginales, cualquiera que sea el tipo de tecnolog�a que utilicen. Desde el punto de vista ambiental siempre se podr� establecer la mejor localizaci�n para ellas, donde se puedan disminuir efectivamente sus riesgos. Creemos importante descongestionar Santiago, pero sin afectar la calidad de vida de otras regiones. Bienvenida la inversi�n sana, que contribuya a incrementar la actividad econ�mica, ayude a generar fuentes de trabajo y d� posibilidades de desarrollo m�s all� de la Capital. Las regiones est�n dispuestas a recibir esta inversi�n y est�n preparadas para atraer a los inversionistas, pero ello no significa que est�n dispuestas a ser el basurero receptor de la exportaci�n de contaminaci�n. Pido oficiar en mi nombre a la COREMA, a la CONAMA y al Comit� Pro Defensa del valle de Quillota, porque me parece muy serio y grave que continuemos en presencia, sin advertir, de una situaci�n de esta �ndole. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. Situaci�n que afecta al valle de Casablanca. Oficio El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, a trav�s de estas palabras, deseo expresar la preocupaci�n de la comunidad local por la eventual materializaci�n de un proyecto que consiste en la instalaci�n de un horno para el tratamiento de residuos hospitalarios de car�cter patol�gico, industriales, de naves y aeronaves, que realizar�a la empresa "Bioseguridad S.A.", y que contempla una inversi�n total de 1 mill�n de d�lares. Este hecho constituye un verdadero balde de agua fr�a para un valle que, en el �ltimo tiempo, ha experimentado un desarrollo sorprendente y notable en materia de vi�edos. En efecto, Casablanca --y basta mirar a ambos lados cuando uno viaja por la ruta 68--, de ser un sector agreste y condenado a una actividad ganadera disminuida, gracias a sus ventajas naturales, su clima, su empuje empresarial y el aporte de los trabajadores, se ha convertido hoy en d�a en un centro de producci�n vitivin�cola de reconocido prestigio internacional, con m�s de 2 mil hect�reas plantadas, en las que se han realizado cuantiosas inversiones por m�s de 40 millones de d�lares, aplicando modernas tecnolog�as que han hecho que el valle se encuentre a la par de los m�s prestigiosos centros de producci�n vin�fera. El especial microclima del sector radica en su peculiar anomal�a clim�tica, debido a la influencia marina que produce diariamente brisas heladas. Esto significa que durante los meses m�s calurosos --diciembre y enero-- el valle s�lo experimenta una hora de temperaturas altas, provocando una extensi�n en el per�odo de maduraci�n de la vid y un retraso en la �poca de cosecha de cerca de un mes, en comparaci�n con el resto del valle central. �stas son algunas de las caracter�sticas inmejorables con que cuenta esta actividad en la comuna, la cual ha optado claramente por una l�nea de desarrollo que identifique al valle como un lugar de excelencia en la actividad vitivin�cola y lo asocie, adem�s, a un centro de agroturismo que permita la instalaci�n de importantes proyectos inmobiliarios que pretenden ofrecer sus inigualables ventajas, como son la cercan�a con las grandes urbes, su seguridad ciudadana y, en definitiva, una mejor calidad de vida. Sin embargo, la referida instalaci�n de la planta de tratamiento de residuos hospitalarios no solamente perjudicar� lo ya descrito, sino que tambi�n atentar� en contra del patrimonio ambiental de la comuna y la conservaci�n de su naturaleza. La tecnolog�a de incineraci�n con que se pretende dotar a esta planta de residuos es altamente discutida. En Europa, especialmente en lugares como Inglaterra u Holanda, estos sistemas han provocado un perjuicio para los productos que se comercializan en las zonas donde existen dichas plantas de residuos. Incluso en Argentina se ha creado una gran controversia respecto de plantas de similares caracter�sticas. Por otro lado, considero importante que se cuantifique el da�o al patrimonio ambiental, pues la actividad pujante de Casablanca radica en que la excelencia de los vinos all� producidos compite fuertemente en el mercado internacional con la de valles mundialmente prestigiados. Es el caso de los valles del Napa en California, de Sonora y, en Francia, de Bordeaux, por mencionar algunos. Estos valles se han prestigiado no s�lo por la calidad de sus vinos, sino tambi�n por el medio ambiente en el cual pueden crecer, lo que, sin duda, no suceder�a en el caso de materializarse la iniciativa comentada. Actualmente, la COREMA ya present� los t�rminos de referencia por medio de los cuales la empresa Bioseguridad deber� enmarcar su estudio de impacto ambiental, al cual se ha sometido voluntariamente. No obstante ello, tanto el Concejo Municipal de Casablanca como diversas organizaciones comunitarias han manifestado su preocupaci�n por los eventuales perjuicios, no s�lo ambientales, sino tambi�n econ�micos, que tendr�a una posible decisi�n de autorizar el funcionamiento de una planta de residuos. Baste se�alar que hace dos d�as tuve la oportunidad de sostener una extensa conversaci�n con el Director del reci�n instalado Colegio Ingl�s de Casablanca, ex Director de los Colegios Craighouse y Grange School de Santiago de Chile, quien se encontrar�a en la imposibilidad de seguir desarrollando sus actividades educacionales, porque aquel establecimiento quedar�a a 100 metros de distancia, aproximadamente, de la planta de residuos que se instalar�a en medio del valle de Casablanca. En mi opini�n, la autoridad administrativa debe considerar y escuchar a los habitantes de la comuna al momento de tomar su decisi�n. Asimismo, estimo necesario solicitar la mayor cantidad de estudios posibles y exigir los mejores resguardos para poder, reci�n en ese instante, tomar una decisi�n apropiada. Considero importante que la comunidad de Casablanca pueda saber realmente cu�l es la situaci�n en la que quedar�a el valle en el caso de autorizarse la instalaci�n de la industria. Y para ello es indispensable que la discusi�n se realice con la mayor informaci�n y transparencia posibles, pues no siempre el avance de la modernidad significa, como en este caso, un avance en la calidad de vida. Pido oficiar en mi nombre a la COREMA, a la CONAMA, al Comit� Pro-defensa de Casablanca, a la Municipalidad de Casablanca y a todas aquellas organizaciones medioambientales que se enmarcan dentro de las actividades de la Quinta Regi�n, porque me parece extraordinariamente serio y grave que sigamos presenciando, sin advertir, una situaci�n de este tipo. He dicho. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or D�EZ (Presidente).- En el tiempo del Comit� Dem�crata Cristiano, tiene la palabra el Honorable se�or D�az. El se�or D�AZ.- Se�or Presidente, me parece muy atingente la intervenci�n del Senador se�or Romero. M�s de alguna vez hemos tratado el tema que abord�. Y cuando un Ministro de Vivienda y Urbanismo propuso la construcci�n de una meg�polis y una industrializaci�n masiva, desde Los Andes hasta San Fernando, personalmente manifest� algunas aprensiones, las que hoy repetir�. En mi opini�n, este tema amerita un estudio mucho m�s profundo. Se quiere descontaminar Santiago instalando industrias en las mismas condiciones de clima y geograf�a presentes en la Capital, es decir, pegadas a la Cordillera, que es un front�n natural que impide el desplazamiento de los vientos hacia el oriente y que, por otra parte, da lugar a la inversi�n t�rmica que se produce en ciertos meses de oto�o e invierno. Indiscutiblemente, proceder as� es extender la capa de smog y contaminaci�n desde Santiago hacia Los Andes y hasta San Fernando. Con el permiso del Senador se�or Romero, a mi juicio, las condiciones de la costa son las m�s favorables para industrializar el pa�s. Esto debe ser motivo de un estudio muy profundo, porque, en primer lugar, dicha zona no presenta la inversi�n t�rmica que se produce pegada a la Cordillera. Nunca he visto helar en San Antonio, en Valpara�so o en Vi�a del Mar. En segundo t�rmino, tampoco he visto una monta�a que dificulte el que los vientos vayan a donde corresponde, y no a contaminar la ciudad. Obviamente, siempre habr� alguna dificultad, pero creo que ella debe estudiarse. No me gustar�a que mi Regi�n, especialmente la ciudad de Rancagua, en la cual vivo, fuera invadida por industrias, pero s� propiciar�a, dentro de mis conocimientos, el que esas industrias se colocaran desde Coltauco hacia el poniente, San Vicente, etc�tera, en donde no existe ni inversi�n t�rmica ni monta�as que impidan el natural "venteo", por llamarlo de alguna manera. Es fundamental estudiar el tema en profundidad y que haya un verdadero foro en donde se discutan extensamente los distintos aspectos que involucra, para as� poder llegar a una soluci�n. Es indiscutible que la autoridad, de manera permanente, se encuentra con la siguiente dificultad: debe hacer vertederos, pero ninguna comuna acepta que se instalen basureros. Y obviamente, la basura a alguna parte debe llegar. Se podr� discutir todo lo que se quiera, pero en alg�n momento habr� que resolver el asunto, pues, en caso contrario, se convertir� en un tema de debate hasta el infinito sin resolver ninguna situaci�n. Se trata de una materia que amerita ser analizada. Desde ya expreso mis aprensiones, pues --reitero-- considero que el tema debe discutirse con mayor profundidad. Incluso, en una pr�xima reuni�n, quisiera opinar acerca de lo sucedido en Quilpu�, porque lo mismo puede ocurrir en Rancagua si se pretende construir un aciducto que transporte �cido sulf�rico, en vez de usar los caminos y camiones para su traslado. A lo mejor, resulta mucho m�s barato el aciducto, pero el riesgo que significa transportar a trav�s de �l �cido sulf�rico, lo dejo a la imaginaci�n y al conocimiento que tienen los se�ores Senadores para vislumbrar lo que podr�a significar la ruptura de una instalaci�n que no transporta bencina, sino �cido sulf�rico. Son temas que nuestra Comisi�n de Medio Ambiente, cuyo Presidente est� presente en la Sala, ha discutido extensamente, pues revisten la mayor importancia, y ojal� dieran pie a una sesi�n especial que permita discutirlos, pues ellos trascienden a una regi�n y a una comuna en particular. Antes de ayer, escuch� una exposici�n extraordinaria referida a la eventual planta que se instalar�a en la ciudad de Quillota, y qued� impresionado por las cifras entregadas, las cuales m�s o menos conoc�a; pero en esa ocasi�n fueron ratificadas: s�lo el 1 por ciento del territorio nacional es apto para la agricultura. Entonces, tenemos que ver, conforme a lo se�alado por el Senador se�or Romero, c�mo preservar y resguardar esa zona agr�cola. Tal vez sea mejor mandar las ciudades --perdonen la expresi�n--, no a la punta del cerro, sino hacia los cerros, y construir las industrias en la parte m�s costera, la que no presenta los inconvenientes de ese murall�n formado por la Cordillera de los Andes, y tampoco los problemas de la inversi�n t�rmica que se produce cerca de ella. El se�or D�EZ (Presidente).- El turno siguiente corresponde al Comit� Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Agradezco al Comit� Socialista por los minutos que me ha concedido. PROBLEMAS DE LICEOS INDUSTRIALES DE NOVENA REGI�N. OFICIO El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, yo dir�a que el pa�s entero ha recibido con mucha alegr�a los anuncios de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica respecto a legislar para hacer una profunda transformaci�n del proceso educacional chileno, el cual, lamentablemente, durante 20 � 25 a�os, no ha experimentado una transformaci�n en sus fines y objetivos. Esto es m�s apremiante hoy, atendido el hecho de que entramos, en 4 � 5 a�os m�s, al siglo de la ciencia y de la tecnolog�a. Evidentemente, el material humano, el ser humano, debe estar capacitado y habilitado para desenvolverse y desempe�arse en la era de la modernidad y de la tecnolog�a. Dentro de esta reforma educacional, la educaci�n t�cnico-profesional est� esperando una modificaci�n sustancial que realmente la coloque a la altura de los tiempos actuales. Y, en ese sentido, los pa�ses asi�ticos, con su "milagro econ�mico", han demostrado que se consiguen resultados sumamente positivos cuando se efect�a una fuerte inversi�n fundamentalmente en ese nivel del sistema educacional. En esta oportunidad, quiero referirme a una situaci�n que se presenta en nuestro pa�s y que me han se�alado los trabajadores de los liceos industriales de Nueva Imperial, Angol y Curacaut�n, as� como un sector de dirigentes de un liceo industrial de Temuco, establecimientos todos ellos administrados por una corporaci�n empresarial conocida con la denominaci�n de "CORPRIX". Ese sector laboral, que tambi�n ha sostenido entrevistas con el Ministro de Educaci�n, se�or Sergio Molina, manifiesta su deseo de que dicha administraci�n termine, o bien, sea modificada sustancialmente, por algunas razones que me han expuesto los dirigentes gremiales en forma muy concreta. En primer lugar, consideran que el proyecto educacional de esos establecimientos de ninguna manera obedece, al menos en tres de ellos, al impulso de una iniciativa modernizadora. Reconocen, s�, que el Liceo Industrial de Temuco ha logrado ese objetivo, evidentemente, y puede ser mostrado ante la opini�n p�blica como reflejo de un esfuerzo muy responsable. No acontece lo mismo, sin embargo, en el caso de los liceos de Nueva Imperial, de Curacaut�n y de Angol, hasta el extremo de que sostienen que desde 1960 pr�cticamente no han sido renovadas las maquinarias, lo que hace bastante est�ril la labor formadora de mandos medios. Entre los aspectos que han hecho presentes, y que tambi�n han indicado al se�or Ministro, se cuenta, por ejemplo, el de que se han cometido errores --no dir� que en ello ha existido una intenci�n perversa--, al ser utilizados recursos de la subvenci�n educacional en la adquisici�n de bienes ra�ces, lo que, lamentablemente, no condice con el esp�ritu y la orientaci�n con que se proporcionan esos fondos. Y es as� como se ha comprado un predio agr�cola comprendido desde el sector de Pillanlelb�n hasta Temuco, al igual que un edificio con oficinas. Lo que plantean los trabajadores es que incluso se ha llegado al error de incluir en las planillas del personal docente a quienes se desempe�an en el medio agr�cola. Y los recursos obtenidos de la explotaci�n del predio no han sido puestos a disposici�n de proyectos educacionales. Por lo tanto, esta situaci�n ha provocado descontento y, dir�a, una relaci�n no arm�nica entre este profesorado y los ejecutivos de la entidad de tipo empresarial. El Ministro se�or Molina, ante visitas que le hicimos, determin� el env�o de una comisi�n a la Regi�n de la Araucan�a, para entrevistarse con los trabajadores de la educaci�n de CORPRIX, as� como con las autoridades municipales. El funcionario a cargo de ese cometido, el se�or Joignant, envi� la delegaci�n, pero, en forma incre�ble --y solicito que ello sea aclarado--, ninguno de sus integrantes se contact� ni con los alcaldes respectivos ni con los trabajadores. Y, para dar seriedad a los hechos que consigno, doy lectura parcial a una certificaci�n firmada por el Alcalde de la Comuna de Curacaut�n, se�or Ra�l Eduardo Reyes Motran, quien expresa "Que, tanto el infrascrito, como ning�n integrante del Concejo Municipal de Curacaut�n, les consta haber recibido visita de alg�n funcionario del Ministerio de Educaci�n, a objeto de verificar en terreno las condiciones actuales en que se encuentra el Liceo C-12 de esa ciudad.". Debo puntualizar que al se�or Ministro le fueron entregadas fotograf�as de ese establecimiento, las que muestran, objetivamente, que los talleres, en donde se imparten especialidades electromec�nicas y se opera con altos voltajes, registran 20 cent�metros de agua en la superficie, durante el invierno, de modo que corre un gran riesgo la vida de los educandos que deben laborar en ellos. Tambi�n tengo aqu� el oficio que me remiti� el Alcalde de Nueva Imperial, se�or Omar Henr�quez Comben, quien dice: "Por el presente, informo a Ud. que en ocasi�n alguna se ha hecho presente en esta Alcald�a, alg�n funcionario del Ministerio de Educaci�n para informar o pedir opini�n acerca de firma de un nuevo convenio con la CORPRIX IX Regi�n.". Y, finalmente, doy a conocer una comunicaci�n del Alcalde de Angol, se�or Enrique Sanhueza Burgoa, quien expone: "Mediante el presente oficio me permito informar a Ud., que funcionarios del Ministerio de Educaci�n jam�s me han entrevistado para informarse o consultar sobre el funcionamiento de la Escuela Industrial de Angol por Corprix.". A estos documentos debo agregar los que hacen llegar, asimismo, los presidentes de los sindicatos de las escuelas industriales de Imperial, de Angol y de Curacaut�n. Por estas razones, se�or Presidente, dado que en el mes en curso corresponde firmar la extensi�n de estos convenios entre el Ministerio de Educaci�n y las diferentes corporaciones empresariales que tienen a su cargo la administraci�n de establecimientos industriales como los aludidos, solicito que por lo menos en lo que respecta a CORPRIX y los liceos que he mencionado se proporcione, primero, una informaci�n al Senador que habla, respecto de los motivos por los cuales los enviados a fiscalizar las situaciones denunciadas por los trabajadores no hicieron los contactos necesarios, como era el compromiso asumido por el Ministro de Educaci�n, se�or Molina, en presencia de los dirigentes de las agrupaciones respectivas. Adem�s, si el se�or Joignant se hallaba desde hace m�s de cuatro a�os en conocimiento de la orientaci�n equivocada que se daba a los recursos de educaci�n, empleados para adquirir bienes ra�ces, es necesario saber por qu� no se actu� para los efectos de una correcci�n, como proced�a. Y ello, hasta el extremo de que en una reuni�n ese funcionario se permiti� plantear, frente al se�or Ministro, la f�rmula consistente en que la entidad empresarial vendiera los predios agr�colas y los dineros se repartieran entre los profesores. Esto me provoc� una tremenda inquietud y perplejidad, sobre la base de que la destinaci�n, as�, en forma tan liviana, de dineros fiscales de un �tem espec�fico no puede ser justificada en inversiones que no corresponden. En virtud de lo anterior, se�or Presidente, solicito que se oficie al se�or Ministro de Educaci�n para que detenga la firma del convenio con CORPRIX, hasta que se aclare la no relaci�n entre las autoridades de esa Secretar�a de Estado con los trabajadores y los alcaldes a que he hecho referencia. Estos �ltimos incluso han manifestado encontrarse dispuestos a recibir los institutos industriales y administrarlos con los profesores. A�n m�s, en este instante los trabajadores de CORPRIX est�n desarrollando un proyecto educacional en esta materia. Es todo cuanto puedo informar al respecto, se�or Presidente. Reitero mi solicitud de que se env�e el oficio mencionado, subrayando que mi planteamiento apunta a que el se�or Ministro d� una respuesta dentro de un plazo prudencial y a que ella no llegue a esta Corporaci�n y al Senador que habla una vez firmado el convenio con CORPRIX. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or D�EZ (Presidente).- El turno siguiente corresponde al Comit� Institucionales, que no intervendr�. En el tiempo del Comit� Mixto, tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. EXIGENCIAS PARA PROYECTOS INDUSTRIALES. OFICIO El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, quisiera referirme en esta oportunidad a la realidad que ha quedado al desnudo, por as� decirlo, con el accidente del oleoducto de SONACOL en el �rea de Quilpu�. All�, como la opini�n p�blica se enter�, se derramaron m�s de cien mil litros de bencina de alto octanaje, lo que ocasion� da�o a la poblaci�n, peligro para la salud, riesgo de incendios, e incluso, un grave perjuicio al existir una quebrada que alimenta el sector del estero Marga Marga, que justamente se hab�a logrado empezar a recuperar, producto del avance de algunas obras del proyecto de ESVAL. Con anterioridad, hemos recibido noticias de accidentes de gasoductos en zonas urbanas, como la Regi�n Metropolitana, Concepci�n, en fin. El problema surge porque las autorizaciones para instalar oleoductos, gasoductos o ductos con sustancias peligrosas son otorgadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible pr�cticamente en forma directa, previa solicitud de una empresa, siempre que se defina la localizaci�n. Los �ltimos accidentes han dejado al desnudo que los trazados, las localizaciones y las condiciones de seguridad de este tipo de obras no son las mejores. De hecho, los trazados deber�an ser definidos con consideraciones m�s amplias, ya que, evidentemente, en las �reas de riesgo tendr�a que haber mayor preocupaci�n, para evitar accidentes como los mencionados, mejor sistema de v�lvulas y mayores estudios de seguridad y prevenci�n de riesgos. En tal sentido, estimo conveniente que el Senado y en particular la Comisi�n de Medio Ambiente, soliciten la realizaci�n de un catastro nacional de los ductos que transportan sustancias peligrosas y combustibles, as� como los que se piensa implementar en el futuro, priorizando, en primer lugar, las zonas urbanas, donde hay poblaci�n y viviendas, actividades industriales y rurales, y tambi�n las zonas naturales, en las cuales puedan ser afectados importantes recursos naturales, como bosques, fauna y cursos de agua. Mediante ese catastro, podr�a desarrollarse una acci�n destinada principalmente a mejorar las condiciones de prevenci�n de riesgos, el estudio de nuevas localizaciones y la adopci�n de otras medidas. Para resolver el problema en referencia existen dos caminos. En primer t�rmino, el proyecto que actualmente se tramita y presentado por los Senadores se�ora Carrera y se�ores D�az, Huerta y quien habla, para modificar la ley 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, a fin de que los estudios de impacto ambiental incluyan la etapa de b�squeda, la localizaci�n, los proyectos industriales y el trazado, de manera que, dentro del abanico de alternativas, se disponga la �ptima, como corresponde a la empresa privada, que requiere de reglas previas transparentes y sanas, y que las distintas partes en juego --Gobierno, Estado y comunidades-- asuman su rol. Por otro lado, se requiere establecer un plan de ordenamiento territorial del pa�s, ya que no es admisible que distintos proyectos, en la acelerada actividad econ�mica que vivimos en Chile, est�n cercenando otras oportunidades de desarrollo, como es el caso de las localizaciones de centrales termoel�ctricas proyectadas en Quillota, o el de un incinerador de residuos hospitalarios en Casablanca. Sin duda, debe de haber otros lugares que no pongan en jaque las opciones y vocaciones de nuestro territorio, sobre todo en �reas agr�colas, donde no s�lo hay que proteger las especies, sino tambi�n permitir que crezcan y compitan en forma sana. Porque, en un mundo globalizado en que se bajan los aranceles --como se�al�bamos antes en el caso del salm�n--, los elementos paraarancelarios empiezan a jugar un rol m�s importante. Evidentemente nadie va a beber un vino u otro producto proveniente de un valle agr�cola, ubicado junto a un lugar donde se realiza una actividad que conlleva un riesgo ambiental muy alto, aun cuando cumplan con las normas vigentes. Sea por el incinerador de residuos hospitalarios, hoy, o por el ducto de un hospital cercano a un sitio donde se practique la acuicultura el d�a de ma�ana, aunque se manifieste que se cumple la ley, nadie va a aceptar un producto proveniente de all� por la mancha que trae. Por decirlo de otro modo: rompe su sello verde. En este sentido, se hace muy importante contar con un sistema de ordenamiento territorial implementado regi�n por regi�n y comuna por comuna, en el cual no se busque tanto una planificaci�n centralizada o descentralizada por el Estado, sino que haya un claro rol y participaci�n de los sectores p�blico y privado en la configuraci�n del mismo. As�, para evitar los problemas que ya tenemos --como el de las 50 mil hect�reas del mejor suelo agr�cola bajo el cemento de la Regi�n Metropolitana-- y los que vendr�n --los proyectos de centrales termoel�ctricas que vulneran el potencial de desarrollo de Quillota; el que amenaza determinada condici�n ecol�gica en el sector de Casablanca, o el basurero de residuos radioactivos que se piensa hacer en Argentina y que afectar�an no s�lo a Chile, sino a todo el Cono Sur de Am�rica, por nombrar s�lo algunos de los ejemplos de entre los muchos que hay a lo largo y ancho de nuestro pa�s--, me permito solicitar el env�o de algunos oficios, para que estas materias sean estudiadas e informadas al Congreso Nacional. En lo referente a la primera parte de mi exposici�n, pido que se oficie al Superintendente de Servicios El�ctricos y Combustibles, al Ministro de Econom�a, al de Energ�a, al de Agricultura, al de Vivienda y Urbanismo y desde luego al Presidente de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente, por ser los organismos competentes en estas materias. Y, en lo relativo al tema del ordenamiento territorial, al Ministro de Planificaci�n y Cooperaci�n. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, de conformidad al Reglamento. El se�or D�EZ (Presidente).- No habiendo m�s asuntos que tratar, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 13:51. Osvaldo Palominos Tolosa Jefe de la Redacci�n subrogante