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El señor OTERO .-
Señor Presidente , es un hecho que, para que realmente exista Estado de Derecho y se consolide la democracia, es indispensable la transparencia en todos los actos de las instituciones públicas. Hoy día existen dos situaciones que colocan en la ineludible necesidad al Gobierno, a los tribunales de justicia y al Consejo del Banco Central de Chile de que el país conozca, sin asomo de duda, la verdad de lo ocurrido con las renuncias del Ministro de la Corte señor Pfeiffer y del Presidente del Banco Central , señor Zalher .
La prensa ha cubierto profusamente ambas situaciones, con distintos titulares y comentarios, que es lo que llega al público. Cito lo publicado en "El Mercurio" del domingo pasado.
En el proceso por el asesinato del Senador Jaime Guzmán , se investiga "determinar si hubo o no encubrimiento u obstrucción a la justicia por parte de las autoridades políticas y policiales que estuvieron vinculadas a la investigación".
"El ministro Pfeiffer estaba molesto por el hecho de que no se le hubiera entregado oportunamente esa información y tampoco le pareció bien la contradicción que se había producido con las declaraciones de Investigaciones, luego de que primero la Dirección General dijo que no conoció el oficio de Barraza y luego de que el ex Jefe de Inteligencia , Haroldo López , reconociera lo contrario.".
En este caso, está en juego la integridad de autoridades de Gobierno, la idoneidad del Servicio de Investigaciones, la independencia del Poder Judicial y el respeto al Estado de Derecho por los Parlamentarios y por las directivas de los partidos políticos.
La verdad, por muy dolorosa que sea, debe quedar establecida absolutamente si queremos consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Adoptar la política de la avestruz, justificar lo injustificable, hacer nombramientos que no den la garantía de una investigación total, adoptar actitudes de silencio para no ahondar más una crisis que existe, sería suicida para el futuro del país y para el prestigio de nuestras instituciones democráticas.
Es indispensable respetar con hechos y actitudes la independencia del Poder Judicial. Así lo exige el artículo 73 de la Constitución Política al establecer: "Ni el Presidente de la República ni el Congreso, en caso alguno, puede ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.".
Es un hecho indesmentible que, desde el retorno a la democracia, esa norma ha sido ignorada reiteradamente frente a procesos de carácter político. El ex Presidente de la República don Patricio Aylwin criticó duramente al Poder Judicial ; incluso pretendió establecer por oficio la forma en que, según él, debía aplicarse una ley de amnistía vigente, no obstante que existían y existen procesos pendientes. En numerosos casos, Ministros de Estado han formulado críticas o han expresado aplausos con fines de exclusivo carácter político frente a determinados fallos judiciales. Parlamentarios y dirigentes políticos no sólo se limitan a hacer declaraciones, sino que visitan a jueces y ministros, olvidando que las partes, ante los tribunales, actúan a través de abogados y no de Senadores, Diputados o Presidentes o Vicepresidentes de partidos políticos.
Ésta es una crítica general. Ninguna colectividad política puede escaparse a ella. Debemos recapacitar y reflexionar, fundamentalmente, sobre nuestra obligación de dar el ejemplo en lo que significa respetar la independencia de los distintos Poderes Públicos y el Estado de Derecho.
También es indesmentible que, con razón o sin ella, el Servicio de Investigaciones ha sido cuestionado seriamente en su proceder y actuar en situaciones políticas contingentes. Es más, al analizar las reformas a la justicia, se ha señalado la necesidad de que ese servicio dependa de los tribunales de justicia en materia de investigación policial. En todos los Gobiernos y en distintas épocas, se ha sostenido que la influencia de las autoridades de turno o de los partidos de Gobierno en las investigaciones -cuando el proceso afecta intereses políticos o a miembros de dichos partidos- no logra los resultados que se esperaban. Esto hace indispensable un serio debate sobre la materia, pero con criterio de Estado y no de política contingente.
La Excelentísima Corte Suprema recientemente ha emitido su pronunciamiento frente a la declaración de inhabilidad formulada por el Ministro señor Pfeiffer. Consecuente a lo dicho, no me corresponde entrar a analizar la resolución de la Corte Suprema, pero sí debo dejar constancia de dos hechos -a mi juicio- importantes.
En primer lugar, me refiero a la calidad de la Ministra de la Corte de Apelaciones que se encargará del proceso, doña Raquel Camposano . Ella es una magistrada extraordinaria, tiene la experiencia de haber sido juez del crimen y que en la Corte ha demostrado no sólo sus conocimientos jurídicos, sino también su rectitud, su capacidad y su decisión para llevar a buen término los procesos que le ha correspondido conocer, haciendo verdadera justicia.
Era indispensable el nombramiento de un juez con estas características, porque el país reclama una aclaración absoluta de lo ocurrido en el caso Guzmán. Están en juego -como ya he manifestado- la actuación de personeros del Gobierno pasado, la actuación de un servicio tan importante como Investigaciones y, también, el prestigio de los tribunales de justicia.
Por eso uno debe aplaudir su designación, sin que ello signifique incurrir en lo que he criticado: afectar la independencia del Poder Judicial .
Pero también considero mi deber dejar constancia en el Senado del respeto que me merece el Ministro señor Pfeiffer. Lo he conocido a través de su trayectoria como miembro de la Corte de Apelaciones. No podemos olvidar que estuvo a cargo del proceso que culminó con la detención y condena de quienes secuestraron al hijo de don Agustín Edwards . Además, bajo su conducción, se individualizó a los autores materiales del asesinato del Senador Guzmán.
La Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento. Está en su legítimo derecho; pero, sin pronunciarme sobre esa decisión, puedo y debo dejar constancia ante el país que, en mi opinión, la trayectoria del Ministro señor Pfeiffer lo acredita como un excelente magistrado, serio, estudioso y dedicado a hacer justicia.
Por otro lado, debe considerarse también su hombría de bien y honestidad profesional al declararse inhabilitado por estimar que no tenía, por la presiones recibidas, la debida imparcialidad. Se ha colocado en una situación difícil, pero, al mismo tiempo, ha respetado su juramento de hacer justicia. Un juez que estima que anímicamente no está en condiciones de actuar con objetividad -lo que es indispensable para llevar adelante un proceso-, y hacer justicia a los inculpados, es digno de destacar..
En el caso Zahler, el problema es similar. Tengo a la mano los titulares que publicó "La Segunda" en su edición del día lunes 1º de julio. Cito textualmente:
"Una diferencia de 56 millones de dólares que, según cercanos a Zahler, favoreció al Banco de Chile, precipitó al abismo un clima tenso que se sentía hace tiempo en el Consejo del Banco Central, y que creció con una negociación llevada adelante por dos consejeros.".
En el texto de la crónica se señala:
"Tres días después, llega una nueva proposición de Adolfo Rojas que excluye toda mención al tema de las capitalizaciones.
"Con ella fue que Jorge Marshall citó a la memorable reunión final antes descrita del 24 de junio (aquella que se realizó en las dos tandas de mañana y tarde). La que tiene un antecedente el viernes anterior, el 21: ese día, el Consejo leyó la carta de Adolfo Rojas en que propone una transacción para el tema de las capitalizaciones por un monto de 14 millones de dólares; cantidad coincidente con la que arrojaba el estudio que habían mandado a hacer los consejeros Marshall y Piñera y muy distante de la que arrojaba el estudio mandado a hacer por Zahler .".
Asimismo, en esta crónica, se señala que se negó al Presidente del Instituto Emisor un plazo de 24 horas -que él pidió- para pronunciarse sobre la materia.
En "El Mercurio" del domingo pasado se consigna que en la renuncia del Presidente del Banco Central "se habría dejado al descubierto un grave conflicto de intereses en el que se encontrarían involucrados miembros del Consejo de la entidad que presidía. El que se acentuó con el tema de la deuda subordinada, donde se fue quedando solo. Se dice que Zahler era el más duro, el que pensaba que las deudas valían más, que el Central no debía ser blando en esta fase...".
Señor Presidente , yo no pretendo juzgar ni dudar de nadie. Los miembros del Consejo del Instituto Emisor han sido designados por el Presidente de la República . Y, últimamente, desde que estamos en un régimen estrictamente democrático, han sido ratificados por el Senado de la República. Es decir, nosotros tenemos participación y responsabilidad en su designación.
Las publicaciones antes mencionadas dejan dudas. Y nadie puede negar que esta forma de exhibir los hechos plantea una interrogante. ¿Cuál fue la realidad de lo que motivó la renuncia del Presidente del Banco Central ? ¿Cree alguien que su titular, por discrepancias nimias o de menor monto, va a renunciar a su cargo? ¡No! Todo parece apuntar al hecho de que hubo discrepancias de fondo relevantes.
El país necesita saberlas y el Senado debe conocerlas. Porque, como se nos va a colocar en la situación de pronunciarnos sobre un reemplazante, es obvio que debiéramos tomar conocimiento de qué motivó la renuncia del señor Zahler . Algunos pensamos que la Corporación debió haberlo invitado, y otros nos han dicho que no era procedente, por no ser funcionario. Pienso que el Senado siempre tiene la facultad de invitar a quien estime conveniente, y lamento que ello no se haga. Bien pudo citarse a una sesión especial -por último, secreta-, con la concurrencia de los Consejeros, para que todos pudiéramos intervenir y escuchar las respuestas a nuestras interrogantes; pero se nos ha indicado que la Comisión de Hacienda se constituirá en el Banco Central, a fin de reunirse con su Consejo.
Si bien es cierto que podemos ser informados a través de los miembros de dicho organismo técnico del Senado, el país requiere la máxima transparencia y completa información, por el prestigio del Instituto Emisor, de su Consejo, y para que podamos realmente efectuar una análisis antes de adoptar nuestra propia decisión al momento de ratificar los nombramientos que nos proponga el Presidente de la República .
He citado estos dos casos, no para escándalo, sino que, por el contrario, para demostrar la necesidad de que en democracia las actuaciones del sector público sean absolutamente transparentes, para que no se presten a dudas, que no se creen interrogantes y no existan neblinas. En fin, para que todos podamos afirmar, cuando enfrentemos al electorado o nos encontremos con personas que no participan en política, que las acciones que se realizan en el campo del sector público son nítidas, claras y probas.
Algunos votamos favorablemente un proyecto de reformas constitucionales, en el cual había un capítulo dedicado precisamente a la probidad y a la transparencia. Cuando se discutió esta materia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se estimó por los profesores y por quienes participaron en el debate que la transparencia de la actuación pública y de autoridad es la clave fundamental para que realmente exista probidad en el país.
Pero "no basta que la mujer del César sea honrada", como dice el refrán, sino que es necesario que la gente tenga clara conciencia de que lo sea. Por eso, en estos dos casos acerca de los cuales he llamado la atención del Senado, se requiere que todo Chile sepa la verdad de lo sucedido, pese a quien pese, le cueste a quien le cueste.
Insisto: en el caso del asesinato del Senador señor Guzmán , los políticos, de una vez por todas, debemos entender que los procesos los llevan los jueces en los tribunales; que las partes intervienen en ellos por medio de sus abogados, y que no es propio ni adecuado que Parlamentarios y dirigentes políticos interfieran en la labor judicial, con clara violación a los preceptos constitucionales.
En lo que respecta al Banco Central, tal como lo he repetido, por el propio prestigio de quienes componen su Consejo, por el propio prestigio -unánimemente reconocido- de su ex Presidente , señor Zahler , y para nuestra propia tranquilidad de conciencia, es preciso saber exactamente cuáles fueron las causales que lo llevaron a renunciar, sin que ello implique, en modo alguno, una duda o una crítica respecto de los Consejeros de la Institución.
He dicho.
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