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- rdf:value = " ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor VALDES ( Presidente ).-
En el primer lugar del Orden del Día figura el informe de Comisión Mixta -formada ésta en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política- recaído en el proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Véase en los Anexos, documento 2). El informe ya fue despachado por la Cámara de Diputados.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 11 de mayo de 1993.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 33ª, en 13 de septiembre de 1993.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 27ª, en 19 de enero de 1994.
Hacienda, sesión 27ª, en 19 de enero de 1994.
Trabajo y Salud, unidas (segundo), sesión 17ª, en 3 de agosto de 1994.
Hacienda (segundo), sesión 17ª, en 3 de agosto de 1994.
Mixta, sesión 13ª, en 10 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 29ª, en 25 de enero de 1994 (se aprueba en general); 22ª, 23ª y 24ª, en 11, 16 y 17 de agosto de 1994 (queda pendiente la discusión particular); 26ª, en 30 de agosto de 1994 (se despacha en particular).
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En el informe se deja constancia de que la Comisión Mixta se constituyó el 6 de octubre de 1994 y de que se eligió como Presidente de la misma al Honorable señor Mariano Ruiz-Esquide.
Asimismo, se hace presente que hay diversas disposiciones de quórum orgánico constitucional, por lo cual requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, conforme al inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política. Son los artículos 1º; 11; 12; 17, inciso cuarto; 21; 35; 39; 45; 46; 49; 58, y 5º transitorio.
La Comisión Mixta formula diversas proposiciones acerca de la materia en análisis, con votaciones diferentes respecto de los artículos donde hubo discrepancias entre la Cámara y el Senado, e incluye el texto definitivo del proyecto que se somete a la consideración de la Sala.
Por último, ayer llegó a esta Corporación el oficio N° 363, de la Cámara de Diputados, fechado el 8 de noviembre de 1994, mediante el cual comunica que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que estab
lece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, con excepción de los artículos 1º, 11, 12, 17, inciso cuarto; 21, 35, 39, 45, 46, 49, 58 y 5º transitorio, respecto de los cuales no se alcanzó el quórum constitucional requerido. Se adjuntan, además, los antecedentes correspondientes.
Como decía, la aprobación de tales artículos, de rango orgánico constitucional, requiere las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio. En estos momentos hay tres de ellos con permiso constitucional, con lo cual dicho quórum es de 25 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta,
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , quiero dar a conocer muy brevemente los criterios a que se ciñó la Comisión Mixta para el estudio del proyecto en discusión. Advierto que lo haré sólo a título informativo, porque mi opinión al respecto la formularé durante el curso del debate, si es que éste se produjere.
La Comisión Mixta que tuve el honor de presidir acogió, fundamentalmente, los aportes hechos por el Senado en las diversas etapas de su tramitación, y recogió, también, informaciones inestimables y la participación de los señores Diputados. Aun cuando ellos habían sustentado una opinión distinta, creo que, en el ánimo de lograr un acuerdo, llegamos a un texto que, salvo dos o tres casos, la Comisión Mixta aprobó por unanimidad.
El ámbito de aplicación de la iniciativa está configurado en los preceptos que figuran en el informe que los señores Senadores tienen a la vista. El punto más importante al respecto se halla en el artículo 1º, en el cual expresamente se mencionan los principios de descentralización y desconcentración, y que fue aprobado por mayoría.
Posteriormente, en los artículos 10, 11 y 12, la Comisión fijó criterios acerca de la dotación -uno de los temas que concitaba mayor debate-, definida sobre la base del número total de las horas semanales de trabajo, y la forma de dilucidar las discrepancias. En esta parte también prevalecieron los planteamientos del Senado y, salvo en el artículo 12, hubo unanimidad.
En seguida, en el artículo 21 -aprobado por unanimidad-, referente a la posibilidad de los funcionarios del sector municipalizado de ingresar a los servicios de salud, y viceversa, en distintas condiciones y conforme a diversas características, prevaleció también el criterio adoptado al respecto por esta Corporación.
El artículo 22 -aprobado también de acuerdo con el predicamento del Senado- precisa claramente que las entidades administradoras serán autónomas al determinar la experiencia, capacitación y mérito para fijar los niveles correspondientes, según los criterios establecidos por el reglamento municipal respectivo.
En cuanto a las asignaciones de jefatura, la Comisión Mixta aceptó en principio el criterio adoptado por esta Corporación en el sentido de que oscilarán entre 10 y 30 por ciento, con autonomía municipal para su fijación. El precepto respectivo fue aprobado por unanimidad.
En los artículos 28 y 29 se consignan la asignación por desempeño difícil y los factores que inciden en la calificación del establecimiento -fundamentalmente, la inseguridad, el aislamiento y la marginalidad-, en lo que hubo consenso.
Los artículos 31 a 47 contienen normas sobre los concursos y la comisión encargada de ellos, el sueldo base, las asignaciones transitorias y las obligaciones funcionarias. De entre esos preceptos, los sometidos a la Comisión Mixta -que son de importancia relevante en la discusión- fueron aprobados por unanimidad y recogieron, básicamente, la opinión del Senado.
Una de las disposiciones que generaron una discusión más amplia fue la relativa a las causales de cesación, aun cuando su texto -que incluye gran parte de las opciones planteadas por esta Corporación- fue aprobado por unanimidad. Entre las causales se incluyen la renuncia, la falta de probidad, el término del período de contrato, la jubilación, la calificación deficiente y la disminución de dotación. En este último caso, se prevé una indemnización adecuada para los trabajadores y resguardos para evitar disminuciones arbitrarias.
Los artículos 58 y 60 se refieren a los proyectos de programas de salud que deberán formular las entidades administradoras, a la forma de superar las discrepancias surgidas en torno de ellos y a la supervisión por parte de los servicios de salud, a fin de generar un marco aplicable a todo Chile en esta materia, con la debida participación de las municipalidades.
Ambos preceptos fueron aprobados por unanimidad. En lo relativo a los proyectos de programas y la superación de las discrepancias primó el criterio del Senado, pero, en lo referente a la supervisión, se acordó un nuevo texto.
Finalmente, los artículos 6º, 8º y 10 transitorios tratan fundamentalmente lo concerniente a las indemnizaciones, a los aportes complementarios y a la transferencia de bienes de los servicios de salud a las municipalidades.
Se registró unanimidad respecto de los dos primeros puntos, pero el referente a la transferencia fue aprobado por mayoría, habiendo sido exceptuados del traspaso los establecimientos ubicados dentro de la superficie de un hospital, los cuales seguirán perteneciendo a los servicios de salud.
En suma, y en el ánimo de ser lo más breve posible, quiero destacar en general el acuerdo a que se llegó en la Comisión Mixta para aprobar prácticamente por unanimidad todo el informe. De ahí que me sienta muy honrado por haberla presidido. Deseo recalcar que el informe final recoge gran parte de los planteamientos acordados por esta Corporación.
Asimismo, debo reconocer públicamente el trabajo y la acuciosidad de la Secretaría de la Comisión en la elaboración de un texto que nos permite a los Senadores comprender muy fácilmente lo que fue resuelto,
No voy a entrar, señor Presidente y Honorables colegas, a la discusión de fondo del proyecto, porque ésta ya se hizo en la Sala, y solamente deberíamos referirnos a los temas en que no hubo acuerdo en los trámites anteriores y que motivaron la constitución de la Comisión Mixta.
Es cuanto puedo informar -tratando de ser lo más objetivo posible- acerca de lo que sucedió en la Comisión. Sin perjuicio de ello, si se produce debate, participaré en él para ilustrar sobre los puntos que justifican la petición de que el Senado respalde el informe de la Comisión Mixta, por cuanto las proposiciones fueron aprobadas prácticamente por unanimidad por los Senadores y Diputados presentes, en representación de las distintas bancadas del Parlamento.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , votaré a favor del informe de la Comisión Mixta, organismo que integré en repetidas oportunidades.
Estoy consciente de que, por lo ocurrido en la Cámara de Diputados, es probable que el acuerdo que adopte el Senado no tenga la trascendencia de término de un proceso. Pero quizás ello permita agilizar el despacho del proyecto, el que, por la vía del veto del Presidente de la República o por otro mecanismo de insistencia, conforme lo dispone la Constitución, seguramente tendrá un destino especial.
Sin embargo, quiero decir dos palabras sobre el fondo del asunto.
Estamos ante una iniciativa que trata un tema de gran trascendencia y que ha sido objeto de una acuciosa elaboración. No obstante ello, es evidente que subsisten algunos problemas -a su respecto, cada cual ha escogido una opción-, sobre los que es bueno tener adecuada conciencia.
Personalmente, comprendiendo la conveniencia de una desconcentración de funciones y de la mayor amplitud de facultades a los municipios para manejar de cerca e inmediatamente la gestión de los organismos relacionados con la atención primaria de salud, no puedo aislarme de una convicción profunda: un país con la configuración geográfica del nuestro no podrá contar con personal especializado en los lugares apartados del territorio si no existe una carrera funcionaría que permita asignar allí, por períodos temporales y como etapa dentro de ella, al personal médico y si a la vez no se contempla la posibilidad de que éste acceda posteriormente a zonas que les permitan mantener actualizados sus conocimientos.
El médico puede renunciar a su residencia, a remuneraciones y a comodidades, pero no a la posibilidad de salir de lugares ajenos al desarrollo de la ciencia médica, como son los grandes centros, especialmente los vinculados a las universidades.
Por eso, no habrá descentralización de salud si la carrera funcionaría no contempla un mecanismo según el cual el servicio prestado en zonas apartadas del progreso científico sea una etapa dentro de ella.
El señor Ministro de Salud explicó esa situación en la Comisión. Por la larga experiencia que he tenido en mi vida, incluso como Ministro subrogante de esa Cartera , estoy absolutamente consciente de ella. De allí que haya preferido defender la carrera funcionaría por sobre una destinación que comprenda una función cumplida exclusivamente en el ámbito de cada municipio.
En segundo lugar -y con esto termino-, debo insistir porfiadamente en que este proyecto presenta el mismo problema que se planteó con el Estatuto Docente. Vale decir, se crea cierta contradicción entre el principio de la autonomía municipal y el de la carrera funcionaría, que debe ser necesariamente de carácter nacional. Es posible que en Santiago, quizás en Concepción o a lo mejor en Valparaíso, se dé cierta carrera funcionaría dentro del ámbito de una comuna. Pero en doscientas o más comunas del país no es factible concebirla.
Ahora, para otorgar cierta flexibilidad al proceso y permitir que la remuneración del funcionario de la salud se vincule con su rendimiento, es necesario sacar de lo pagado por el municipio la asignación de experiencia o antigüedad, llamada comúnmente "bienios". Estos deben ser cancelados por el Estado a través de un mecanismo de compensación y no directamente por los municipios, porque ello, inevitablemente, va a conducir a que éstos se resistan a contar con la presencia de personal con demasiados bienios, tanto en el sector docente como en el de la salud.
Sobre el particular, he conversado con ambos Ministros, a quienes he presentado una solución. Y espero que el problema tenga una salida satisfactoria más adelante.
Por las razones expuestas, reitero mi votación favorable al informe de la Comisión Mixta.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , lo que ha ocurrido con el proyecto es bueno, porque nos permite sacar ciertas lecciones. La iniciativa combina dos cosas. Una, más recursos y mejores remuneraciones. Aporta 8 mil millones de pesos a la salud primaria, lo que me parece absolutamente justo y necesario. Chile gasta en ese rubro apenas 10 por ciento del total del gasto en salud pública, lo que es un indicador bajo respecto a todos los demás países. Por lo tanto, aumentar los recursos de la salud primaria -como lo hace el proyecto- y mejorar los sueldos de los funcionarios del sector, que están muy por debajo de los del resto de los trabajadores de la salud pública, me parece -repito- del todo justo y necesario. En eso siempre hemos estado de acuerdo.
Sin embargo, se combina lo anterior con un cambio en el régimen laboral del sector primario, donde, naturalmente, existen diferencias de opinión.
Creo que no es bueno que el Gobierno mezcle una cosa con otra. Ojalá el reajuste y los 8 mil millones de pesos hubiesen estado a disposición de dicho sector hace tres anos. Se "amarra" una cosa en la que estamos todos de acuerdo, que es de recursos, con otra distinta, que es de estructura. Y se producen las confusiones.
Me parece que ésa es una mala técnica legislativa, porque los trabajadores se sienten muy frustrados, por cuanto los fondos no llegan debido a la demora en el despacho de la iniciativa.
En segundo término, existe una discrepancia muy legítima. Los trabajadores de la salud primaria están afectos al régimen laboral de todos los demás chilenos: el Código del Trabajo. Y nosotros hemos planteado que a dicho sector debiera aplicarse por completo ese Código, incluidos la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Consideramos que, en la forma como se ha propuesto este asunto, al final se produce una contradicción entre la autonomía municipal y los estatutos nacionales especiales, ad hoc para cada sector. Porque los alcaldes y la Asociación Chilena de Municipalidades -bajo las firmas del señor Jaime Ravinet , de doña Sofía Prats , etcétera-, con mucha razón, sostienen que no es posible que se les entregue la responsabilidad de la salud y de la educación y no se les proporcionen los fondos, porque tienen déficit, y las atribuciones.
Por eso, si en verdad deseamos que la educación y la salud a nivel primario sean descentralizadas y estén en manos de los municipios, debemos entregar a éstos, que asumen la responsabilidad frente a la comunidad, al menos los recursos y las atribuciones para que puedan cumplir su labor.
Pero resulta que no lo hacemos. Porque este estatuto, a la larga -y voy a repetir las palabras casi textuales del alcalde señor Ravinet - quita instrumentos, rigidiza y resta flexibilidad a la administración municipal de la salud primaria.
Entonces, seguimos en la práctica de crear un estatuto para cada sector. En salud existen diversos estatutos: el de los funcionarios públicos; el de los funcionarios municipales, que es supletorio de éste; el especial de algunos profesionales médicos -la famosa ley N° 15.076-, y ahora incorporamos uno adicional, para los trabajadores de los establecimientos de atención primaria de salud municipal.
Entonces, me pregunto: ¿Por qué tenemos que hacer un estatuto laboral para cada sector? ¿Por qué no creamos una normativa laboral general? Y mientras más cercano esté a una unidad productiva, como es la atención primaria de salud, más debiera aplicarse la legislación general, que es el Código del Trabajo.
¿Qué puede hacerse con un estatuto laboral en que la persona que se encuentra a cargo del problema no controla la planta, porque, en el fondo, lo hace el Ministerio; no controla las remuneraciones, porque está muy limitada por la ley; no controla los recursos; no controla los ascensos; no puede contratar a ningún profesional por menos de veinte horas a la semana, aun cuando en una municipalidad haya un buen profesional que sea necesario y quiera trabajar diez horas a la semana porque no puede más, etcétera?
Si creemos en la autonomía municipal y deseamos que el alcalde y el municipio administren la salud y la educación, no podemos pretender administrárselas por control remoto, con reglas generales que no reflejan las realidades de cada localidad ni el dinamismo del cambio que significa el paso del tiempo.
Por esas razones, el Senado votó en contra el artículo 1º del proyecto, por tratarse de una discusión filosófica.
Es cierto lo que señaló el Senador señor Ruiz-Esquide en el sentido de que, una vez que en la Comisión Mixta nos dimos cuenta de que había mayoría para ir por el camino del estatuto, todos sus miembros buscaron que éste fuera lo más flexible, menos rígido y mejor posible.
Empero, subsiste una discrepancia de fondo. Y en esta materia existe una coincidencia entre nuestra posición, la de la Cámara de Diputados y la que ha sostenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo tanto, la discusión es perfectamente legítima. Y, lamentablemente, no hemos entrado al fondo del tema. Porque es contradictorio, por una parte, hablar de autonomía y descentralización, y por la otra, pretender controlar en forma centralizada el régimen laboral, con todo lo que ello significa.
Se quejaba el alcalde señor Ravinet de que no podía despedir a un profesor de su comuna, la de Santiago. Y resulta que es el responsable de la educación. ¡Tiene toda la razón! Y en este estatuto nuevamente establecemos por ley todas las causales de término de la relación laboral, muchas de las cuales, en el fondo, están determinadas por el Ministerio, a nivel central.
En consecuencia, creo que debiéramos darles los recursos a los municipios y mejorar las remuneraciones de los trabajadores de la atención primaria de salud municipal, pero no a costa de establecer un sistema del que a la larga nos vamos a arrepentir.
El debate sobre esta materia se llevó a cabo a propósito del estatuto docente, hace tres años. Y hemos visto cómo los Ministros de Educación se han dado cuenta de los problemas que significa tanta centralización.
Por eso, pienso que aquí existe una discusión de fondo, que ha estado latente. Y eso se reflejó en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, esperamos que el Gobierno, a través del veto aditivo, que entendemos enviará, reponga de inmediato los recursos; porque en ello no hay ningún problema. Y a la luz de esa iniciativa del Ejecutivo deberemos analizar cómo quedan la autonomía municipal y la descentralización, y de qué manera se dan instrumentos a los alcaldes para que puedan cumplir con eficacia su labor. Porque si al municipio le decimos: "Usted es el responsable de la salud y de la educación", pero el Gobierno no le traspasa los recursos -se los queda- y no le confiere las atribuciones necesarias, estaremos dándole un "abrazo del oso", una misión imposible. Y, entonces, terminaremos diciendo que la descentralización y la autonomía municipales no funcionaron. Debemos conceder una oportunidad real para que funcionen. De lo contrario, haremos fracasar una iniciativa de descentralización y autonomía que considero muy buena.
Por lo expuesto, miraremos con mucha atención lo que haga el Ejecutivo en esta materia a través del veto.
En lo personal, anuncio que me abstendré en esta votación.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , desisto de usar de la palabra. Se trata de un proyecto que el Senado ya analizó. Debe despacharse con la mayor brevedad lo acordado por la Comisión Mixta. Existe un problema creado en la Cámara de Diputados a raíz de que hubo artículos que no fueron aprobados, y ello deberá corregirse a través del veto del Gobierno.
Entonces, si hay voluntad en la Sala, sugiero que, lisa y llanamente, procedamos a votar el informe de la Comisión Mixta.
El señor CALDERON.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDES ( Presidente ).-
Es una buena proposición, pero la Mesa no tiene facultad para...
El señor HAMILTON .-
Mi apelación es a los señores Senadores, no a la Mesa, señor Presidente .
El señor VALDES (Presidente).-
...impedir que quienes quieran intervenir lo hagan.
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , mis expresiones también serán breves, porque entiendo lo planteado por el Senador señor Hamilton y concuerdo con Su Señoría.
En primer lugar, considero lamentable el rechazo de la Cámara de Diputados a parte del informe de la Comisión Mixta, pues afecta al núcleo del proyecto. Si se impusiera la posición de esa rama del Parlamento, sería inoperante la ley.
Además, deseo señalar que en esto ha habido cierta irresponsabilidad. Porque no es comprensible la votación verificada en la Cámara Baja. Y para ilustrar lo que afirmo, indicaré lo siguiente: de los diecisiete artículos que se discutieron en la Comisión Mixta, diez se aprobaron por unanimidad, y los siete restantes contaron siempre con el apoyo de la Oposición. Sin embargo, ésta votó en contra una parte; en otra se abstuvo, y con ello se rechazó el estatuto.
Pero, asimismo, existe responsabilidad de los propios miembros de la Concertación, pues varios de sus Diputados no se encontraban presentes al momento de la votación y, por lo tanto, no se reunió el quórum requerido.
Lo que señalo debe asumirse con mucha responsabilidad. Porque no puede repetirse esta situación, que ya se ha dado en el pasado, frente a otras iniciativas, y que ahora afecta a un importante proyecto.
Es evidente que, si no aprobáramos el estatuto, habría movilización social, de los trabajadores de la salud. Y creo que eso no ayudaría al país, en circunstancias de que tenemos la oportunidad de sacar una iniciativa con la cual aquéllos coinciden.
El estatuto propuesto se discutió largamente. Por eso, también concuerdo en que no nos refiramos a él punto por punto. Por ejemplo, en el artículo 1o, que preocupa al Senador señor Piñera , resulta que el único voto en contra fue el de su Señoría. Porque en la Comisión Mixta el conjunto de sus integrantes estuvo por aprobarlo. Y una sola persona no puede insistir tanto, planteando de todas maneras la discusión a estas alturas de la tramitación.
¡Cuántas horas de análisis ha habido en esta materia, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados!
En consecuencia, creo que el Senado debe rectificar. Sabemos que así será, por cuanto aquí existe ecuanimidad en este sentido. Y el veto aditivo que enviará el Ejecutivo permitirá subsanar la lamentable situación en que nos dejó la Cámara Baja.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , seré muy breve. Simplemente deseo señalar que los Senadores del Partido Por la Democracia daremos nuestros votos favorables al informe de la Comisión Mixta.
En honor a la verdad y para que no exista confusión, quiero aclarar, en primer término, que si algunos señores Diputados de la Concertación no alcanzaron a llegar a la Sala al momento de votarse este mismo informe en la Cámara Baja, ello no fue porque hubiera indiferencia o irresponsabilidad en su actitud, sino debido a que se encontraban participando en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, lamentablemente, el llamado no fue tan eficaz como para que ellos concurrieran oportunamente a pronunciarse. Así lo han señalado a los medios de comunicación. Lo preciso para los efectos de que no exista una interpretación negativa al respecto.
Tocante al asunto que nos ocupa, sólo deseo dar a conocer, para fundamentar nuestra posición, dos o tres ideas que es necesario recordar y dejar estampadas en la historia fidedigna de la ley. Primero, debe considerarse que, durante muchos años, la atención primaria de salud generó una fuerte decepción en el país y, en especial, a los 14 mil funcionarios del sistema, quienes se sintieron postergados. A este respecto, debe tenerse presente que las condiciones salariales a que se sometió a los trabajadores llegaban a límites realmente increíbles, y que había arbitrariedad e inestabilidad laboral en la carrera funcionaría, producto de la "alcaldización" del sistema, lo que se tradujo en desprotección y postergación, aparte los escasos fondos destinados a esta atención tan importante. Al asumir al Poder el primer Gobierno democrático, los recursos de que se disponía para atender a cada beneficiario equivalían a cuatro dólares per cápita al año; evidentemente, en esos términos no se podía mantener la eficiencia del sistema.
También debe tenerse en cuenta que la atención primaria fue sólo una barrera de contención de todos los problemas no resueltos en el área de la salud, y que el Gobierno, por medio de diferentes iniciativas, está tratando de solucionar y de enfrentar positivamente.
Asimismo, deseo hacer presente que, en el marco de la descentralización, es necesario hacer un rotundo viraje, que garantice a los funcionarios rentas adecuadas, comparables a las del resto del sistema, y darles la posibilidad de perfeccionarse en las distintas especialidades, para hacer de la atención primaria un ámbito de participación comunitaria y social del mayor interés. Es lo que esperamos de esta nueva forma de financiamiento que se plantea en el proyecto.
Para no retrasar su despacho, me referiré a tres circunstancias que, desde mí óptica personal, es conveniente subrayar frente a los funcionarios y al país.
Primero, la iniciativa vela por la dignificación, homologación, sistematización, estabilidad y posibilidad de perfeccionamiento que se da a los trabajadores de la atención primaria de salud, lo que resulta fundamental. Segundo, se propone un sistema para poner término a la anarquía, heterogeneidad y arbitrariedad que predominaron en el pasado. Y, por último, entrega una respuesta positiva a algo que se señaló en cuanto a que en el campo de la salud el activo, el recurso más importante, es el humano, es decir, el personal médico, paramédico y auxiliar, el mismo que en el pasado estuvo sujeto a la ausencia de normas, a la absoluta arbitrariedad e inequidad, y que incluso hoy es objeto de reclamaciones y protestas.
El estatuto propuesto apunta a resolver tales carencias y a dignificar, a dar estabilidad y perspectiva de desarrollo a este sector tan vital de los trabajadores de la salud.
Termino reiterando los votos favorables de nuestra bancada al informe de la Comisión Mixta.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa, que ha sido objeto de una larga discusión, toca un aspecto central de la distinta visión que tenemos de cómo resolver los problemas ciudadanos. Y en esta oportunidad en que está a nuestra consideración el informe de la Comisión Mixta, no podemos dejar de reafirmar nuestra posición respecto del tema.
La opción que la normativa vigente otorga es que las dificultades se resuelvan en el ámbito local, donde mejor se conocen las realidades y la forma de solucionarlas. Ese es el sentido de que en la actualidad las relaciones contractuales se rijan por el Código del Trabajo. Sin embargo, las normas en análisis generan un estatuto único, a nivel nacional, que rigidiza fuertemente tales relaciones, evitando o impidiendo que las realidades locales se expresen debidamente. El personal del sector salud, en proporción significativa, apoya el proyecto. Y digo "en proporción significativa", porque no es más que eso, pues hay comunas -particularmente aquella donde vivo- en las cuales los funcionarios se han manifestado mayoritariamente por mantener la normativa vigente y por no implantar un estatuto único para todo el país. Se da el caso de que en la comuna que habito el alcalde es de la Concertación -debo reconocerlo-, y se ha generado entre la autoridad y su personal una rica y fructífera relación que ha permitido que los vínculos contractuales sean positivos, las remuneraciones mejores que las del promedio, y se ha dado cabal cumplimiento al principio de que en el ámbito local es donde mejor se solucionan los problemas. Pero eso no sucede en todo el país.
Desgraciadamente, un porcentaje considerable de los 15 mil funcionarios de la salud municipal desean unirse, a través de su afiliación a un estatuto rígido para todo el país, a los 65 mil que dependen de los Servicios de Salud, cuya relación contractual y sistema de remuneraciones pesa de tal manera en el presupuesto público que nunca logran el justo reconocimiento ni mejoran sus rentas como se merecen. Porque, cada vez que se plantea el problema, seguramente, la autoridad económica -el Ministro de Hacienda - multiplica el porcentaje solicitado por los 65 mil servidores, ve que es imposible acceder a su petición y termina negando el aumento de salarios.
Repito: parte significativa de esas 15 mil personas que laboran en el ámbito local y dependen de la autoridad comunal quieren unirse rígidamente a los 65 mil adscritos a los Servicios de Salud y correr su misma suerte, frente a la imposibilidad del Ministerio de Hacienda de atender al mejoramiento de sus rentas, por involucrar a tanta gente.
Lamentablemente, la ley en proyecto, como muchas otras, recoge sensibilidades de grandes sectores ciudadanos, a los cuales, equivocadamente, se ha llevado a pensar que se benefician cuando en realidad no es así. Sucedió en el caso del profesorado, que impulsó el Estatuto Docente, y lo único que sembró fue frustración, frustración y, fundamentalmente, frustración. Eso es lo que provocarán estas normas en gran porcentaje del personal de la salud municipal. Porque estos estatutos únicos, desde el momento que se anuncian, generan el daño, puesto que las autoridades comunales, cuando saben que se van a dictar y a quitar de su ámbito la relación contractual, trasladándola al Ministerio del ramo, se desvinculan de los problemas, porque ven que ya no les va a competer a ellos. Así la relación de los alcaldes con el personal de la salud municipal se ha enfriado y deteriorado, y ha quedado en suspenso hace ya un año y medio, época en que se anunció este estatuto. Lo mismo sucede hoy con el personal paradocente de la educación municipal, que ya sabe que hay en la Cámara de Diputados un proyecto de estatuto que habrá de regirlo, proyecto que, con su solo ingreso al Parlamento, congeló la relación contractual y la solución biunívoca de los problemas, que hasta entonces se había mantenido entre la autoridad comunal y ese personal.
Por lo tanto, estos estatutos hacen su efecto ya cuando se anuncian. Seguramente, aspectos hoy día deficitarios en la relación de los alcaldes con su personal de salud municipal son producto de que hace un año y medio, o dos años, entró al Congreso este proyecto que, a mi juicio, es desafortunado.
En consecuencia, cuando en la Cámara de Diputados se produjo esta votación adversa por falta de quórum, se dio una oportunidad muy propicia para que, por la vía del veto que obligadamente habrá de enviarse, el Ministro de Salud trate de rectificar los errores profundos que contiene el proyecto.
Este articulado ha sido criticado -según se mencionaba acá- por numerosas instancias calificadas. La Asociación Chilena de Municipalidades, donde están representados todos los sectores políticos, es calificada para pronunciarse sobre este asunto, puesto que lo conoce. Autoridades del Ministerio de Salud -desgraciadamente no en forma pública, pero sí en el Congreso Nacional, a nivel de reuniones, comisiones y pasillos- han expresado su aprensión. Sin embargo, hay una fuerza inexorable que empuja este tipo de proyectos. Supongo que no es la presencia de quienes hoy día nos acompañan en las tribunas lo que empuja estas iniciativas; pero sin duda influye.
Curiosamente, en la prensa vespertina del día de ayer se dice: "Anuncios de modernizaciones revuelven a la Concertación". Y se publican declaraciones del señor Presidente del Partido Por la Democracia -del que forma parte uno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, quien, frente a la necesidad pública de flexibilizar la inamovilidad funcionaría, expresa que su Partido tiene un proyecto para generar un escalafón paralelo al existente, sin inamovilidad, y compensando esa carencia en la relación laboral con mejores remuneraciones.
Entonces, si dentro de la propia Concertación están surgiendo, a nivel de Gobierno -del reportaje se desprende que se trataría de una iniciativa del Ejecutivo que se estaría gestando desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno-, proyectos en orden a analizar este tema, ¿qué sentido tiene que hoy estemos aprobando una ley que va en dirección absolutamente contraria? ¿Qué sentido tiene apagar con este proyecto, en un ámbito tan sensible como es la salud primaría, una iniciativa modernizadora que está prendiendo en el seno del Gobierno y siendo analizada por las máximas autoridades de los partidos que forman la Concertación gobernante?
Por eso creo que es muy importante que las autoridades de la salud y el Ejecutivo recojan esta realidad, para que, a través del veto aditivo, corrijan los profundos errores que el proyecto contiene, los que generarían frustración, frustración y sólo frustración en el personal de la salud, y también en quienes hoy día, desde las tribunas, nos acompañan.
Por tales razones, me sumaré a las abstenciones ya expresadas.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque esta iniciativa se ha discutido bastante en la Sala.
Aquí hay, a mi juicio, una diferencia de apreciación -ya señalada también por otros señores Senadores-que, respecto de algunos Honorables colegas, es efectivamente muy profunda.
En efecto, entendemos las políticas públicas y la cuestión de la modernización del Estado de manera diversa. Me parece que ésta no es una discusión menor. Lo que tenemos que compatibilizar es la descentralización en la administración de una actividad tan importante como es la atención primaria de salud con la mantención de ciertas políticas públicas en dicho ámbito, exigencia moderna -no antigua- que viene dada por el propio desarrollo de las ciencias médicas y de la salud humana. Tiene que haber una cierta normativa, una determinada orientación técnica común, porque hay aspectos en salud que no son exclusivos de una comunidad o de otra. De ello nace la necesidad de alguna supervisión o coordinación de políticas públicas nacionales de salud. Eso es evidente, por más que se descentralice la administración. Las epidemias no son comunales; no hay una epidemia específica para la comuna de Sagrada Familia y otra distinta para la de Hualañé o la de Buin. El desarrollo científico y tecnológico también tiene patrones relativamente generales, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Estos son elementos modernos de una política pública de salud. Lo otro sería pensar en la autarquía de las comunas, al estilo del medioevo, lo que no es modernidad. Entonces, una cierta coordinación de políticas públicas es moderno; la desagregación, la atomización completa de políticas públicas no es moderno. Es previa, incluso, al establecimiento del Estado nacional, no vamos a decir al del mundo globalizado en que vivimos. Porque aquí, en nombre de la modernidad, se dice a veces cualquier cosa.
En segundo lugar, siendo un servicio público, en un país con las tremendas diferencias sociales y territoriales que tenemos y con las diversas entidades que significan los gobiernos comunales, fijar ciertas pautas mínimas comunes para el personal de la salud es, a mi juicio, una condición de la equidad del sistema. Porque, si aquí se dejara como única modalidad la pura y libre contratación de las condiciones de trabajo al acuerdo entre alcaldes y concejos comunales, por un lado, y los trabajadores del sector, por otro, no tengo ninguna duda de que no sólo se mantendría, sino que se agravaría la profunda diferencia que tiende a producirse en el país entre comunas con distinto nivel de desarrollo. Un estatuto mínimo común resulta ser una segunda condición para un política pública de salud, que es la equidad.
Conocemos las profundas diferencias, incluso territoriales, que hay en nuestra sociedad. Incluso en las ciudades más grandes, donde se ha generado una verdadera asignación territorial de la pobreza (como es el caso de la Región Metropolitana), y en donde durante períodos hubo políticas públicas destinadas a separar a ricos de pobres y a establecer comunas de entidad económico social muy diversa, me parece que una cierta pauta mínima es un elemento de equidad. El estatuto establece condiciones mínimas de regulación de las normas relativas al trabajo, a las remuneraciones y a una cierta carrera funcionaría, lo que me parece -reitero- un elemento de equidad.
Por último, algún grado de estabilidad -sobre esto hay una discusión abierta- es condición de un servicio público moderno y eficiente.
No se trata de la inamovilidad completa; pero sí de una cierta pauta de estabilidad, que, en políticas que son permanentes es requisito, en las distintas áreas, de una eficiente administración de servicios públicos. Por comunales que sean, los servicios de salud son públicos. No se puede aplicar al servicio público, necesariamente, la misma racionalidad que a la empresa privada. Una determinada norma de estabilidad, y por cierto un modelo más moderno de asignación de remuneraciones, es condición de la eficiencia del servicio público. Esto es evidente, sobre todo en aquellas áreas más profesionalizadas; por ejemplo, en las Fuerzas Armadas es lógico que haya alguna estabilidad desde el punto de vista del empleo y de la profesión, porque son estructuras que la necesitan. Del mismo modo, también es fundamental que en salud, educación y otros ámbitos exista cierta estabilidad, porque se trata de servicios que son permanentes en el tiempo y no están sujetos a los vaivenes y variaciones del mercado. Y en ese sentido tiene que haber una mayor flexibilidad en el mundo privado de hoy día.
Entonces, decir que toda pauta de estabilidad es antigua, a mi juicio, es algo que no corresponde a una concepción moderna de una administración, sin perjuicio de que en este terreno, sin duda, todavía hay mucho que mejorar.
Por tanto, señor Presidente , concluyo mis palabras manifestando que aprobaremos el informe de la Comisión Mixta -esperamos que el proyecto tenga un rápido despacho-, y destaco al mismo tiempo que, detrás de las afirmaciones que se han hecho, hay ciertamente debates no menores sobre cómo se deben desarrollar las políticas públicas en un país como el nuestro.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor SULE.-
Señor Senador , con la venia de la Mesa, ¿me permite una breve interrupción?
El señor DIAZ.-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , estimados colegas, nosotros votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta, porque -como aquí se ha señalado de manera muy clara- no existe otra alternativa para mejorar algunos desaguisados que contiene el proyecto.
Pedí una interrupción al Honorable colega con el objeto de aclarar las expresiones de un distinguido señor Senador que usó de la palabra anteriormente, quien sostuvo que las declaraciones del Diputado don Jorge Schaulsobn correspondían a una actitud de los Partidos de la Concertación. Quiero expresar enfáticamente que ni el Partido Demócrata Cristiano, ni el Partido Socialista, ni el Partido Radical-Social Demócrata -y tengo entendido que, según informaciones del Senador señor Muñoz Barra , tampoco el Partido Por la Democracia- están dispuestos a legislar sobre materias que alteren la estabilidad funcionaría.
Por lo tanto, esas expresiones son de exclusiva responsabilidad de quien las hizo presentes.
Muchas gracias, señor Senador, por la interrupción que me concedió.
El señor PRAT .-
¡Perdón! Tengo entendido que las emitió el Presidente del Partido Por la Democracia .
El señor SULE.-
Sí, pero como persona. El Diputado señor Schaulsohn no representa a la totalidad de la Concertación, por muy respetable que él sea.
El señor VALDES (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DIAZ .-
Señor Presidente , yo pretendo, a lo menos, interpretar el sentir de los Senadores democratacristianos. Obviamente, el Honorable señor Ruiz-Esquide habló como Presidente de la Comisión de Salud , y ello no significa que pierda su calidad de militante del partido.
Primero que todo, deseo aclarar a un señor Senador que usó anteriormente de la palabra que a nosotros no nos empuja el público que se encuentra en las tribunas, sino -por lo menos a mí, y sé que también al Honorable señor Ruiz-Esquide - treinta y cinco años de atención como médicos, durante los cuales estuvimos en contacto permanente con un esforzado grupo de trabajadores de la salud. Preciso: fueron treinta años, porque en el transcurso del Régimen militar se me excluyó de un hospital, y esto lo he recordado varias veces. Así que hay una motivación mucho más profunda que la asistencia de determinado público. Podría no haber nadie en las tribunas y diríamos exactamente lo mismo. Es posible que haya una gran multitud afuera presionando y manifestaríamos -particularmente en mi caso-precisamente lo mismo que estamos señalando ahora. Aquí se trata de una motivación muchísimo más profunda.
En segundo término, deseo aclarar que, a pesar de que todos los Honorables colegas y la opinión pública reconocen la gran cantidad de recursos que entregó el ex Presidente Aylwin en el período anterior -y ahora el Presidente Frei-, de todas maneras la salud está mal calificada. ¿Por qué? Porque tiene una mala estructura, la cual fue heredada del Régimen militar. Y hablemos las cosas como son: las ISAPRES y la atención primaria de salud han sido cuestionadas, y estas materias no corresponden a alguna ley promulgada por el Gobierno del ex Presidente Aylwin o por el del actual Primer Mandatario, sino que es algo que heredamos. Y estamos modificando esas estructuras porque, indiscutiblemente, son malas, sin que esto signifique que lleguemos al desiderátum, porque la normativa en an��lisis tampoco nos satisface totalmente. Creo que con ello estoy interpretando a todos los Senadores democratacristianos.
En tercer lugar, pienso que el proyecto pretende mejorar algunos aspectos. Primero, en lo que dice relación a la equidad, esto es, que al funcionario que se desempeña en un consultorio, un hospital o una posta, por igual trabajo, le corresponda la misma remuneración. A eso tiende, al menos, la iniciativa. Segundo, le da estabilidad a la gente, y eso es fundamental. Las personas que jamás han trabajado en un servicio público no entienden lo que ello significa. Pero quienes estuvimos contratados durante muchos años en el sector, sabemos lo que implica la inestabilidad y la imposibilidad de prepararse, estudiar, progresar, perfeccionarse, etcétera. Es primordial tener estabilidad en un servicio como el de la salud.
El proyecto no representa inamovilidad, y lo digo a raíz de lo que manifestó el Senador señor Piñera . Cuando un funcionario está mal calificado, éste debe irse. Y ese mecanismo lo tiene la Administración Pública, no sólo en salud, sino también en otros ámbitos. Ciertamente, si la persona es calificada en lista inadecuada, a la segunda o tercera vez queda excluida del servicio. Perdónenme las expresiones: primero le muestran tarjeta amarilla y después tarjeta roja, y, obviamente, debe abandonar sus funciones.
En tercer término, la iniciativa es flexible, al permitir que los funcionarios trabajen indistinta y coincidentemente tanto en los servicios de salud regionales como en labores municipales. Es posible que ello se logre mediante el Estatuto y a través de este nuevo mecanismo que contempla la ley en proyecto.
Señor Presidente , quiero aclarar una situación que, a mi parecer, constituye el meollo del asunto. Hay sectores de la opinión pública y Senadores que opinan sobre la situación laboral que deben tener los funcionarios de la salud, y son partidarios de que ellos se rijan por el Código del Trabajo. Se ha dado como razón aquí el hecho de que un importante grupo de personas y también las municipalidades del país están en esa idea. Pero quienes laboran en el sector y entienden de salud, llámense funcionarios, Colegio Médico y todas las personas que conocen el tema, participan de la otra tesis.
He escuchado los argumentos en tal sentido del alcalde señor Ravinet , a quien estimo y respeto; pero es la opinión del señor alcalde -y perdónenme la expresión-, del patrón en cierta manera, porque los ediles son los patrones. Esa es la verdad de las cosas. Y nosotros, los democratacristianos, ¿qué deseamos? Conocer también la opinión de los trabajadores, y no de aquéllos solamente. Es importante la de los alcaldes, pero lo es más el pensamiento del Colegio Médico, que conoce el tema, y el de los 15 mil o más trabajadores que sufren el sistema.
Además, señor Presidente , hay otro problema, y se refiere a la negociación colectiva. Aquí se nombró a las comunas de Sagrada Familia y Hualañé, y yo cito a las de San Juan de la Costa y Coinco. ¿Qué poder tienen los trabajadores de la salud en una comuna rural pequeña, donde laboran tres o cuatro funcionarios, de hacer negociación colectiva? Absolutamente ninguno. Por eso, somos partidarios de que la gente constituya, mediante un mecanismo, un sindicato fuerte, con el objeto de que pueda plantear de igual a igual ante el Gobierno, los patrones o lo que sea, su situación laboral.
El señor PRAT .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor DIAZ .-
Con todo gusto, Su Señoría.
El señor PRAT .-
Nosotros propusimos la negociación colectiva para este sistema, y desgraciadamente, no obtuvimos los votos para ello de Sus Señorías.
El señor DIAZ .-
Señor Senador, usted sabe que, de acuerdo al régimen que propiciamos a través de este mecanismo legal, esos trabajadores pasan a ser empleados públicos, y éste es nuestro pensamiento y propósito. A eso vamos. Porque no hay ninguna capacidad de negociación a nivel de las pequeñas comunas, por cuanto la diversidad en ellas -y aquí tocamos otro tema- es enorme. No podemos hablar con un criterio centralista de Las Condes y Providencia. Me pongo en el caso de las comunas rurales, que tienen una situación absolutamente distinta. Segundo: ¿qué posibilidad de competir en ofertas económicas tienen las comunas pequeñas, frente a las grandes como Providencia, Las Condes o Santiago? Es indiscutible que la desproporción abismante entre el personal médico y paramédico de las comunas grandes y el de las pequeñas, para atender la salud, va a ser mucho mayor. Hoy día, en Santiago existe un médico por cada 600 habitantes, y en el caso de las enfermeras, la cantidad es un poco menor. En otras -lo sabemos quienes somos representantes de Regiones-, a veces hay un médico o una enfermera por cada 5 mil o 6 mil habitantes. El Honorable señor Larre puede dar cuenta de la situación que existe, por ejemplo, en la comuna de San Juan de la Costa. Y la desproporción es mayor en la medida en que las localidades son más rurales y están más alejadas.
El Senador señor Gazmuri hizo una afirmación, a mi juicio, correcta: las epidemias no son locales. Cuando el Servicio Nacional de Salud, con la gestión, en mi concepto, muy buena de Jorge Jiménez de la Jara -quien fue víctima de una situación, y lo he dicho muchas veces-, enfrentó el problema del cólera, no le dijo a Hualañé ni a San Juan de la Costa "hagan lo que quieran"; obviamente, había una política de salud, general para todo el país, que frenó esa enfermedad, lo que no se ha conseguido en otras naciones.
En seguida, señor Presidente , me quiero referir a la cuestión de las ofertas, que es dramática y se traduce en un peregrinaje absurdo de los médicos y del personal paramédico entre los distintos municipios. Cuando un médico o una enfermera se encuentra en la comuna A, desde la comuna B lo tientan con 10 mil o 20 mil pesos más. Eso es una realidad. Existe una verdadera competencia, y en esta competencia absurda ganan los municipios que cuentan con más dinero. Por eso, queremos que en las comunas pequeñas exista un incentivo significativo, de manera que los médicos puedan ir a todas. Y aquí volvemos a lo mismo: tiene que haber un poder central, porque si dejamos entregada esta situación a la ley de la oferta y la demanda, es indudable que los facultativos, por razones entendibles -yo los comprendo-, se van a ir a los municipios grandes y ricos, dejando a los rurales y pobres absolutamente desamparados. Creo que en esto debe existir un criterio nacional. Y lo planteo sin temor a que me califiquen de estatista o algo parecido, pues con la salud sucede lo mismo que con las Fuerzas Armadas. No es posible que haya un regimiento en todas las comunas y que cada uno sea comandado por el alcalde o el capitán local: tiene que existir un sistema general. Y la salud es tan importante o más, porque, así como el Ejército debe defender la integridad del país, el Estado debe proteger la salud de todos los chilenos. Con ese concepto trato de explicar una situación que a mí, por lo menos, me convence.
Señor Presidente , aquí se ha dad a conocer la opinión de los "patrones", pero preguntemos la del Colegio Médico, de los interesados, que son los trabajadores, y, ¡por favor!, de los usuarios. Porque Sus Señorías me dirán: "El Colegio Médico está interesado y los trabajadores también". Pero consultemos a los usuarios, y nos vamos a llevar una tremenda sorpresa: ellos, en su inmensa mayoría, son partidarios de incorporarse a un sistema nacional. Cuando fueron trasladados desde los hospitales a los consultorios, a ninguno de ellos se le preguntó; los tomaron como a un robot y los instalaron en otra parte. Ahora, por lo menos -a pesar de que la ley se ha demorado-, les estamos pidiendo su opinión. Hemos hablado con los alcaldes; hemos hablado con los trabajadores de la salud y con sus dirigentes. A veces no hemos logrado un diálogo fluido, pero, sin duda, por lo menos hemos tratado de conversar con ellos, de comprenderlos e, incluso, de incorporar algunas de sus indicaciones a la iniciativa.
En cuanto a un punto específico, quiero aclarar mi posición, que es categórica, aunque sea el único voto. Soy absolutamente contrario a la transferencia de bienes inmuebles desde los consultorios hacia las municipalidades. ¿Por qué? Porque creo firmemente que éste no es un proceso irreversible. Dentro de un tiempo, nosotros deberemos analizar cómo está funcionando la salud pública en Chile. Y si resulta que el sistema de atención primaria de salud municipalizada es malo, tenemos derecho a cambiarlo. Entonces, si los bienes inmuebles están en poder de las municipalidades, ¿cuándo los vamos a rescatar?, ¿cuándo se los vamos a devolver al Servicio? Repito: soy absolutamente contrario. Se pueden entregar en comodato, en arriendo, etcétera, pero no transferirlos. Aunque sea el único voto, dejo clara constancia de ello.
Por ultimo, señor Presidente , respecto a la eterna discusión entre el bien común y los derechos individuales, me remito al debate que se produjo en el Senado de la República hace más de un siglo a raíz de la viruela. Los sectores liberales, ardorosos defensores de la libertad individual para algunas cosas, discutieron durante tres meses la posibilidad o la negación de aplicar la vacuna contra la viruela. Ellos sostenían que no se podían tocar la conciencia ni la libertad personales y que, por lo tanto, no era correcto obligar a los chilenos a colocársela. Resultado: más de 10 mil muertos, a causa de un sentido de la libertad que va contra el bien común.
He dicho.
El señor VALDES ( Presidente ).-
Ruego a Sus Señorías abreviar sus intervenciones al máximo, a fin de que este tema no nos consuma todo el tiempo. Además, por lo que he escuchado, el resultado es bastante predecible.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIU.-
Señor Presidente , resulta difícil referirse a esta materia porque se han tocado muchos aspectos, algunos vinculados con el proyecto de ley y otros que le son absolutamente ajenos. En lo personal, procuraré apuntar exclusivamente al asunto en debate.
Primero: se plantea -no puedo eludir referirme a ello- que la atención en salud primaria en manos de las municipalidades es algo dudoso, qué está en situación precaria -por llamarla de algún modo- y que no deben traspasarse los bienes de manera definitiva, porque el proceso aún lo estamos examinando.
Lo cierto, señor Presidente , es que el traspaso del sistema de salud primaria a los municipios se efectuó hace 13 años y está funcionando, y, a mi modo de ver, bien.
Más aún cuando se la compara con el de la salud secundaria y la terciaría, donde queda demostrado que la primaría realmente está en mejores condiciones de funcionamiento, no obstante las graves carencias que derivan de que a los municipios les traspasaron la función, pero no se les han traspasado los recursos necesarios para atender la tarea de que se trata.
Al respecto, quiero recordar lo siguiente. Cuando se efectuó el traspaso de la salud primaria, el sector tenía aproximadamente 5 mil trabajadores. Hoy cuenta con 14 mil. En cuanto a los recursos, aunque no tengo la cifra exacta, se han incrementado de manera importantísima.
Es interesante mencionar la opinión de un médico que en 1990 se hizo cargo del sistema de salud primaria en el Ministerio del ramo y que fue uno de los autores de este proyecto de ley, que aún no se aprueba. Me refiero al doctor Belmar , quien vivió muchos años en Estados Unidos. Según me explicó en una entrevista, fue el responsable de la salud primaria en Nueva York, y consideraba que lo que se hacía en Chile a ese nivel era una maravilla, ya que con un costo bajísimo se prestaba una excelente atención. Reitero: el doctor Belmar estimaba que el servicio de salud primaria que recibían los chilenos en el momento en que hablamos -año 90 ó 91, podría ser el 92; no lo recuerdo con certeza, pero cuando se estaba gestando esta iniciativa- era mejor que el que se entregaba a los neoyorquinos.
Creo que el sistema nacional, como toda obra humana, en algunos sectores puede estar más mal o menos bien, pero, en general, se maneja positivamente. ¿Por qué es bueno que la atención de la salud se halle descentralizada? ¿Por qué es bueno que se encuentre en manos de los municipios? Porque no cabe duda de que mientras más descentralizada esté la gestión, ésta será mejor; porque en la medida en que el servicio respectivo se halle más cerca de los usuarios, mayor será la posibilidad de que ellos obtengan mejores beneficios y atención oportuna.
El proyecto, señor Presidente , toca un tema de suyo importante -ya se ha mencionado aquí-, de muy difícil solución y que la iniciativa solamente esboza, como un reconocimiento que, a mi juicio, va a tener que irse dando a través del manejo del sistema. Me refiero a la necesidad de que los servicios prestados en la salud primaria permitan una carrera funcionaría en los establecimientos estatales. Esta situación deberá resolverse sobre la base de un reconocimiento de los puntajes, porque el tema reviste especial importancia a nivel médico, de enfermeras, de matronas y de auxiliares.
Otra materia muy conflictiva se refiere a la estabilidad funcionaría. Quiero hacer presente que sobre el particular formulé en su oportunidad una indicación, pues, a mi juicio, el sistema establecido en este proyecto de ley introduce una rigidez que impedirá un manejo eficiente por parte de los municipios, como lo ha hecho ver la Asociación Chilena de Municipalidades. Naturalmente esto no puede llegar a un término discrecional de funciones, el que nunca se ha planteado.
La indicación permitía el término del contrato fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o disminución de la población atendida, que hiciesen necesaria la separación de uno o más trabajadores. Es fácil comprender que esto no representa rigidez o flexibilidad que permita eliminar personal en forma arbitraria -es lo que se ha planteado- por parte de los alcaldes. Se señalan razones objetivas, absolutamente demostrables en un juicio, que respetan por una parte el derecho de los trabajadores y por otra, el de las municipalidades para desarrollar de manera eficiente sus funciones. La iniciativa ha establecido un sistema que, a mi juicio, es una camisa de fuerza.
No puedo dejar de hacer presente que cada vez que hablamos de modernización del Estado se plantea que el régimen de los funcionarios públicos debe cambiarse, porque la excesiva estabilidad de éstos hace inmanejable el sistema. Sin embargo, lo preceptuado ahora por la iniciativa lleva a la siguiente conclusión: a los servicios que hoy día poseen un flexible manejo de personal, como los de la salud primaria, se les impondrá uno absolutamente rígido, que impedirá a los municipios manejar de manera eficiente los sistemas de salud que se le entregan. Y, por otro lado, se propicia que los funcionarios del Estado, que hoy gozan de inamovilidad, tengan un régimen flexible. Creo que son dos conceptos inconciliables.
Un señor Senador manifestó que la estabilidad laboral sólo la comprenderían las personas que han desarrollado funciones en el sector público. Yo trabajé en la Administración Pública durante 26 años, y estoy convencida de que el sistema no puede ser de una rigidez tal que, prácticamente, se tenga que matar a las personas para eliminarlas de los servicios. Los sistemas de calificación del personal, lamentablemente no resultan. ¿Quién me podría decir que hoy existe algún servicio en la Administración del Estado cuyas calificaciones hayan demostrado ser eficientes para eliminar a las personas que no prestan funciones en forma satisfactoria?
En todo caso, señor Presidente , sobre la base de lo que es el informe de una Comisión Mixta, lo aprobé, aunque algunos acuerdos no contaron con mi voto favorable. Pero no puedo dejar de hacer presentes todos los inconvenientes que, a mi juicio, va a provocar el proyecto. Por esas consideraciones, votaré a favor del informe.
Finalmente, me referiré al punto relativo a la falta de equidad que tendría el sistema respecto de los municipios más pobres. A resolver ese problema debería tender la iniciativa de ley, la cual debe proporcionar recursos para que los servicios funcionen. Los municipios más pobres o los rurales tienen que tener porcentajes adicionales de subvención a fin de permitirles contar con buenos funcionarios y contratar médicos y el personal que necesiten.
Esas son las observaciones que me merece el proyecto. Y -como he señalado- a pesar de que en la Comisión Mixta no logré convencer a sus integrantes de la necesidad de tener un sistema que, dando resguardo a los funcionarios, permitiera manejar al municipio, voy a votar favorablemente el informe, porque la proposición que hace es indivisible, aun cuando no estoy de acuerdo con él en algunos aspectos por los motivos que he señalado.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente , Honorables colegas, creo conveniente precisar algunos de los antecedentes planteados en el curso de la mañana durante la discusión del proyecto.
En primer término, quiero manifestar cuál ha sido la posición que los Senadores de Renovación Nacional permanentemente sostuvimos en la Comisión de Salud respecto de esta materia. Como les consta a los dos Presidentes que ésta ha tenido -uno, en el período legislativo anterior, y otro, en el actual-, siempre pusimos lo mejor de nuestra parte para corregir y mejorar esta iniciativa, aun cuando nunca coincidimos con su origen. Y esto lo señalo con autoridad moral, pues como alcalde, personalmente me correspondió incursionar en tan delicado tema, y tuve oportunidad de invitar al anterior Presidente de la Comisión de Salud del Senado a conocer el sistema que implementé. Y Su Señoría expresó a la Sala, que si todos los servicios de salud primaria del país fueran como el que en su oportunidad observó, estaría plenamente de acuerdo con el proyecto. Entonces, lo que aquí señalo, lo hago con la mejor intención de buscar alguna fórmula que permita superar los negativos conceptos vertidos sobre el sistema. Asimismo, los Senadores de Renovación Nacional constantemente hemos hecho cuestión principal de este proyecto. Nuestros votos siempre estuvieron condicionados -como lo advertimos a todos los Ministros de Salud que participaron en la discusión- a la necesidad de establecer una absoluta igualdad de rentas entre el sistema público y el municipal, lo que, a la larga, hemos logrado.
También es necesario plantear aquí algunas discrepancias. Algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a la responsabilidad de nuestros Diputados en algunas votaciones. En verdad, Honorables colegas, la Concertación tiene mayoría en la Cámara Baja, como para que con sus votos hubiese aprobado aquellos artículos que requerían quórum calificado, máxime cuando no se trató de un acto inesperado. La Presidencia de esa rama legislativa en vista de que no se reunió el quórum -por cuanto, según se manifestó, algunos Diputados estaban en sesiones de la Comisión Mixta de Presupuestos-, llamó a una segunda votación; de manera que hubo no sólo una, sino dos ocasiones para algunas normas del proyecto.
Por lo tanto, pido que no se responsabilice del mal resultado obtenido a quienes lealmente prestamos .nuestra colaboración, aun cuando discrepábamos de la iniciativa.
Asimismo, conviene dar a conocer que, a pesar de que la gran mayoría del articulado fue aprobado por unanimidad en la Comisión Mixta -y quién sabe si acaso el Senador que votó negativamente más veces fui yo- el informe consigna las discrepancias que sobre la materia tienen algunos organismos donde se hallan representadas mayoritariamente las fuerzas políticas de la Concertación. Así en un oficio que el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet , enviara con fecha 3 de noviembre al señor Ministro de Salud , don Carlos Massad , le plantea discrepancias de orden constitucional respecto del proyecto y proponiendo vetos que subsanen los problemas que advierte, especialmente en los artículos 12, 32, 36 y 58. Procederé a darle lectura, porque me parece importantísimo que estos puntos de vista se consideren en las observaciones que va a enviar el Presidente de la República .
Textualmente, el señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , dice: "Al tenor de los antecedentes expuestos, se puede inferir claramente que las normas en comento hacen modificaciones a la institucionalidad municipal vigente, las cuales debieran realizarse directamente en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, pues la misma Carta Fundamental dispone que una ley especial, orgánica constitucional, determinará entre otras materias las funciones y atribuciones de las Municipalidades, la manera en que el Concejo ejercerá sus funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, forma de elegir a los concejales, sistema de elección de alcalde, etc.".
Y agrega: "Además, el mismo Tribunal Constitucional ha ido interpretando que no sólo revisten carácter orgánico constitucional las normas anteriores, sino también aquellas que constituyen su complemento indispensable, pues si se omitieran no se lograría el objetivo deseado por el constituyente, cual es el desarrollar disposiciones constitucionales sobre "materias de la misma naturaleza" en cuerpos legales autónomos, armónicos y sistemáticos.".
Finalmente, concluye: "le está vedado al legislador común incursionar en materia de funciones, atribuciones, y facultades, sin violar el ordenamiento jurídico del país, bajo sanción de nulidad de esas normas al tenor del principio de legalidad contemplado en el artículo 7o de la Constitución Política de la República.", luego de lo cual propone un veto sustitutivo sobre los artículos mencionados.
En consecuencia, no solamente han sido los Diputados de Oposición -o algunos señores Senadores- quienes han manifestado reservas respecto al proyecto, sino también, organismos de relevancia en la Administración Pública, como son los municipios.
Por otro lado, se ha manifestado aquí que los Alcaldes actúan con la decisión de "patrones". En verdad, hoy en día dichas autoridades son elegidas democráticamente, y debemos confiar en su gestión. A veces, los patrones tienen razón, y en otras se equivocan, como sucede en el servicio público. Tenemos ejemplos recientes: la política desarrollada por el "patrón" de la Salud en Chile, el Ministro señor Massad , ha sido apoyada por la opinión pública -según lo revelan diversas encuestas-, al revés de lo sucedido con la opinión de las autoridades del Colegio Médico. Conocemos esas encuestas. Pero hay un ejemplo aún más reciente. Hace dos años, fue elegido Presidente de los Estados Unidos , por una inmensa mayoría, el señor Clinton . Pues bien, una de sus políticas principales fue la de Salud. No obstante, ahora pueden verse los resultados de la equivocación que el "patrón" Clinton cometió en el manejo de esta área: perdió el control político de las Gobernaciones, de la Cámara de Representantes y del Senado.
A raíz de los comentarios hechos por un Honorable colega, quiero decir que nos sentimos responsables de nuestra participación en el proyecto de ley. Así se lo planteé esta mañana al señor Ministro de Salud , con quien concordé en la conveniencia -al menos, ésa es la opinión de algunos- de esperar las observaciones del Poder Ejecutivo antes de pronunciarnos en definitiva. Por ello, algunos de los Senadores de Renovación Nacional, buscando la superación de los problemas expuestos en la Sala, de los denunciados por la Asociación Chilena de Municipalidades, y en el ánimo de alcanzar un buen proyecto de ley, consideramos preferible diferir un pronunciamiento sobre la materia hasta que llegue el veto, pues, después de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo de todas maneras deberá enviarlo. Esa es nuestra resolución.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAIN.-
Señor Presidente , primero que nada deseo manifestar que nos encontramos frente a una situación compleja, porque, dada la forma como se aprobó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, nuestra resolución puede resultar en cierto sentido inútil. Como allí no se lograron las mayorías exigidas por la Constitución respecto de ciertas normas -y, como muy bien se ha aclarado, por responsabilidad de los Parlamentarios de la Concertación, y no de otros-, necesariamente tendrá que haber un veto, el cual deberá replantear muchas de las materias contenidas en el informe. Entonces, la decisión definitiva se adoptará realmente cuando tratemos las observaciones del Primer Mandatario , y no hoy.
Ahora bien, como el debate de hoy ha reproducido un análisis más bien general del proyecto, me veo obligado a formular una muy breve reflexión.
Tengo la impresión de que en este cuerpo legislativo -quizá en el país entero- hay dos afirmaciones que no merecen duda. La primera es que, a pesar de ser la salud una prioridad muy importante para todos, existe una conciencia generalizada en la población en cuanto a que la atención que recibe de parte de los servicios públicos del área no es la adecuada ni la que quisiéramos. La segunda dice relación a la difícil condición en que labora el personal del sector, cualesquiera que sean las instancias en que se desempeñe.
En mi opinión, ambas afirmaciones son ciertas. Por lo mismo, uno no puede sino pensar que el Estatuto en debate -referido a la atención primaria de salud municipal, aspecto muy importante, pues se vincula con las necesidades elementales de una gran cantidad de personas- podría haber enfrentado los dos problemas a la vez. Pero, lamentablemente, el proyecto sólo busca solucionar parcialmente el segundo, no el primero. En ese sentido, nos parece deficitario, ya que no apunta a la necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad en la atención de los consultorios primarios de salud. Ello nos produce insatisfacción, porque no siempre los problemas se resuelven con mayores recursos. Cuando los sistemas no están funcionando bien, hay que estudiar por qué y ver la manera de dar una mejor calidad, un mejor servicio a la gente. En tal aspecto estimo que en el proyecto hay un problema de calidad no resuelto, lo cual nos causa inquietud. Más aún: dada la forma en que se ha estructurado este servicio, puede hablarse de una regresión del proceso de descentralización y de una menor autonomía, al privilegiarse una mayor rigidez. En efecto, la ley establece acuerdos de carácter nacional y los aplica por parejo a todos los municipios, más allá de sus diferencias, peculiaridades, intereses o inquietudes; más allá de la forma que cada uno puede creer atender mejor la tarea que le ha sido encomendada. Con ello, se produce una contradicción entre la autonomía requerida para la eficiencia institucional y la búsqueda de estos acuerdos que se establecen por ley y con carácter genérico. Pienso que de esta manera tampoco se mejorará el servicio que estamos tratando de dar a la gente a través de los recursos que todos los chilenos entregamos para tal finalidad.
En ello radican nuestras insatisfacciones con este proyecto, que, no obstante, ayuda en forma importante a mejorar la condición económica de los funcionarios de la salud, lo cual es justo. Y en ese sentido, estamos interesados en colaborar, aunque no entendemos por qué ello se ha demorado tanto tiempo en realizarse, toda vez que podría haberse hecho por otras vías, como, por ejemplo, entregando más recursos a los municipios, de los fondos de que dispone el Gobierno, quien no lo ha querido hacer por razones, a mi juicio, todavía inexplicables. Han pasado los años y éste tiene periódicamente superávit fiscal -el del año reci��n pasado fue de 350 mil millones de pesos-, por lo que bien podrían haberse otorgado antes recursos a los municipios, para que específicamente hubiesen sido mejoradas las rentas de los trabajadores de la salud que se desempeñan en las municipalidades que dependen de ello, y lo mismo podría haber ocurrido respecto de la educación. Sin embargo, ése no ha sido el camino que ha deseado el Gobierno, quien ha querido rigidizar, a través de este Estatuto, una situación que podría haber tenido la mejor solución para los propios funcionarios de la salud desde hace mucho tiempo.
En ese sentido, estamos -aunque tardíamente y sin comprender mucho la política que se ha seguido- de acuerdo con esa parte del proyecto en cuanto tiende a mejorarla.
Nos produce inquietud lo que dice relación a mayores rigideces también respecto de la eventual inamovilidad de los funcionarios. Comprendemos que es indispensable en toda función, sea pública o privada, tener estabilidad, porque ella es necesaria para la tranquilidad personal de quien labora, que debe atender una familia y sabe que, cumpliendo con sus funciones, no tiene dificultades de permanencia en el trabajo. Sin embargo, aquí se establecen ciertas rigideces que son complicadas para el funcionamiento de los servicios, respecto de las cuales la propia autoridad, en el caso del Estatuto Docente, se ha visto obligada a reflexionar, por las dificultades que esas rigideces -que el Gobierno introdujo hace algunos años- provocaron en la aplicación práctica de aquél.
Por lo tanto, allí están nuestros sentimientos encontrados, nuestras inquietudes respecto de un proyecto que, por un lado, entendemos necesario, pero, por otro, ciertamente levanta inquietudes y va a dejar muchas insatisfacciones en la hora de su aplicación.
Sin embargo, como toda esta discusión es un tanto inútil, dada la situación producida en la Cámara de Diputados, creo que por ahora no es necesario entrar en mayores comentarios.
He dicho.
El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
El último orador inscrito es el Senador señor Urenda.
El señor ZALDIVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , yo le había pedido la palabra.
El señor VALDES (Presidente).-
Quiero hacer presente que el Orden del Día termina a las 13, de manera que deberemos votar el proyecto dentro del tiempo que resta.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , señores Senadores, creo que todos coincidimos en la extraordinaria importancia que reviste la salud primaria. En todo el mundo se aprecia hoy, frente a la siempre escasez de recursos, la necesidad de extender esta acción en la forma más preventiva posible y que esté más cercana a la persona. Esto es lo que puede maximizar los recursos, porque al prevenir o al curar oportunamente, se evitan gastos innecesarios y se logran los verdaderos objetivos que se persiguen.
De ahí es que en Chile ha habido coincidencia, tanto en reforzar la salud primaria, en posibilitar que ella cumpla una labor que va más allá de la mera atención o curación de una enfermedad, para hacer un examen o una revisión previa que evite enfermedades, especialmente en los niños, como en el proceso de descentralización. Nadie duda en Chile ni en el mundo de que hay que acercar el poder y la autoridad a la gente y no alejarla de ellos.
Por ese motivo, el proceso de descentralización ha encontrado su apoyo no sólo en el problema de la salud, sino en otros múltiples. Y el Senado es testigo de los pasos que se han dado en tal sentido en el último tiempo.
Sin embargo, frente a esto, quiero, desde luego, hacer una consideración previa respecto de algunas expresiones que aquí se han formulado. Se ha dicho que quienes deben opinar en esta materia serían exclusivamente los médicos o los funcionarios de la salud. Creo que ellos deben dar su opinión y tienen un interés vital. Pero, no nos olvidemos que estamos ante servicios para la comunidad, y, obviamente, jamás podemos perder el objetivo de por qué ellos existen y quiénes son, en definitiva, los más interesados en que sean eficientes: todos los chilenos, la comunidad entera del país. Y, por lo mismo, nunca desistiremos de la necesidad de que esos servicios sean eficientes y de que los recursos se aprovechen en la forma más adecuada.
En este proceso de descentralización de la salud, se pudieron apreciar dos grandes problemas o dificultades. En primer lugar, la escasez de recursos. Muchos municipios no cuentan con los fondos necesarios, y ya se dijo aquí cómo el Gobierno central ha sido reticente para traspasar recursos -incluso los que tiene en exceso- a quienes más lo necesitan. Esta es una tarea prioritaria, porque es obvio que debe remunerarse adecuadamente a los que se hallan en el primer frente de batalla de la salud.
En segundo término, se apreció que había un exceso de desconexión o, tal vez, que no existía la relación adecuada entre los servicios de salud y los sistemas centrales, especialmente que se carecía de los alicientes necesarios para ingresar a tales servicios, y que el acceso a los mismos no debiera limitar las posibilidades profesionales de los funcionarios que prestan funciones en ellos.
El proyecto en debate pretendía obviar ambas situaciones. Creo que se han dado algunos pasos en el sentido adecuado, pero no los suficientes, porque los recursos que se entregan no son los que se requieren y los que el país podría y debería destinar a esta materia. No está de más señalar y reiterar que en ninguna otra actividad de la salud pueden rendir más los servicios del Estado que en una adecuada atención primaria.
Sin embargo, al pretender dar mayores posibilidades o alicientes a quienes se interesan en participar en la atención primaria de salud, creo que se ha incurrido en errores graves. Existe confusión. A mi juicio, estamos pasando de un extremo a otro. La descentralización es necesaria, porque una experiencia centenaria así lo demostró, y bien sabemos que, especialmente en un país como Chile, con una capital hipertrofiada, el centralismo es más grave quizás que en otras naciones. Y cuando aquí hablamos de aplicar las mismas reglas del juego a todos o de crear organizaciones nacionales, en el fondo, lo que estamos haciendo la gente de las Regiones es entregar nuestras facultades, nuestra capacidad de actuar y de hacer bien las cosas a cúpulas santiaguinas que no siempre van a representar los intereses de todos los chilenos, especialmente en los lugares más alejados.
Por lo tanto, debemos ser cuidadosos a este respecto y capaces de crear ciertas normas generales adecuadas dentro de cierto marco, pero que de manera alguna interfieran a los municipios y a los organismos regionales en lo que a ellos corresponde llevar a cabo.
Creo que este proyecto, con el muy buen deseo de dar una carrera funcionaría, una posibilidad de que personas muy capaces se interesen en pequeños consultorios de comunas alejadas, está incurriendo en el error de producir una rigidez que, a la larga, va a perjudicar la eficiencia de los servicios y también a los propios funcionarios.
Creo que la posibilidad de que las pequeñas comunidades se interesen tanto en los servicios de salud como en los de educación, es un elemento sumamente importante para mejorar la condición de esos servicios y de quienes laboran en ellos. Y la centralización atenta contra ese propósito y desincentivará el interés de las comunidades en los ubicados en sus proximidades y los expondrá a la suerte de las decisiones que se adopten en Santiago.
Debo reconocer, como otros señores Senadores, que la iniciativa tiene aspectos positivos y, dado que los informes de las Comisiones Mixtas exigen un pronunciamiento global, la votaré favorablemente, pero quiero sí dejar constancia de los peligros que implican las tendencias que aquí se vislumbran, y de mi convicción de que, en la medida en que restemos agilidad a esos servicios, que limitemos las facultades de los municipios y que alejemos a las pequeñas comunidades de ellos, estaremos atentando contra la eficiencia de tales servicios y de quienes en ellos laboran.
Probablemente este debate tendrá como consecuencia la presentación de un veto aditivo y una mayor atención del Ejecutivo sobre los problemas de las Regiones y de los municipios.
Como ya anuncié, daré mi aprobación a la iniciativa, en la convicción de que constituye un paso no definitivo y de que en el futuro rectificaremos los errores que hoy se aprecian.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, y le pido excusas por no haberle dado la palabra antes.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Muchas gracias, señor Presidente .
En realidad, se han dicho muchas cosas en el transcurso del debate, pero, haciendo memoria sobre lo ocurrido durante la tramitación del proyecto, creo que es bueno precisar algunas cosas, porque no bastan los discursos de buena voluntad para tratar de justificar lo injustificable.
La verdad es que esta iniciativa -que lleva dos años y medio de tramitación en el Parlamento- ha tenido dificultades en su definición porque -hay que decirlo con claridad- había dos posiciones absolutamente distintas en cuanto al concepto de atención primaría de salud y al estatuto que debía regir al personal de salud municipalizada.
La Oposición podrá decir muchas cosas hoy día, como la de que trató de aportar para mejorar la iniciativa, pero lo concreto es que hasta el último momento, por la vía de las indicaciones, se esforzó por imponer un criterio diferente del que nosotros sustentábamos, y estaba en su pleno derecho al hacerlo. Ellos no eran partidarios del estatuto para los empleados municipalizados de la salud. Ellos preconizaban -y es lógico, de acuerdo con sus principios- que los trabajadores de la salud estuvieran sujetos a la ley del mercado, porque consideran que la salud se maneja mejor con las reglas del mercado que con un sistema regularizado, como lo sostenemos nosotros.
Y aquí en el Senado, con una sola indicación que se hubiera aprobado -lo estuvo en principio, pero debimos rectificar al explicarse que, de modificarse el artículo 1°, dicho sector dependería del Código del Trabajo- se habrían echado por tierra, tanto la totalidad de la normativa ya aprobada con gran esfuerzo en la Cámara de Diputados, como el segundo informe de la Comisión respectiva del Senado.
La situación pudo ser salvada, pero debemos decir la verdad de las cosas: la Oposición ha sido contraria a este proyecto en los términos planteados por el Gobierno, y era partidaria de un sistema distinto de atención y regulación laboral para los trabajadores del sector municipalizado de salud.
Reconocemos que su posición es legítima, pero -digámoslo con claridad- es le que hoy nos lleva a esta dificultad, porque si hubiera habido consenso para que este estatuto regulara las relaciones laborales del personal, probablemente no habría habido ni trámite de Comisión Mixta porque así venía aprobado por la Cámara de Diputados, y fue aquí en el Senado donde se le introdujeron enmiendas que desfiguraron el contenido del proyecto. Sin embargo -hay que reconocerlo-, en la Comisión Mixta se trató de acercar posiciones y se evacuó este informe que, por supuesto, no recoge seguramente todo lo que aquí habíamos planteado, pero constituye una manera de buscar una solución.
¿Y qué sucedió? Que llegamos a la Cámara con el informe de la Comisión Mixta, y en ella se produjo el problema de una ausencia transitoria de algunos de sus integrantes, porque estos Parlamentarios estaban participando en la Comisión Mixta de Presupuestos. Puedo dar fe de ello como Presidente de esta última, ya que solicitaron autorización para retirarse e ir a votar a la Cámara de Diputados. Por supuesto, que los Diputados de la Concertación no pudieron reunir el quórum calificado que se requería, aun cuando aportaron más de sesenta votos. ¿Y por qué los Parlamentarios de la Oposición -que hoy día dan explicaciones en el Senado- no aportaron los diez votos que faltaban? ¿Por qué no estaban?
Como dije, hubo sesenta de la Concertación, pero los de la Oposición no participaron en la votación y aprovecharon el subterfugio de la falta de quórum constitucional. Y cabe recordar también que en la Oposición se encuentran los autores de este requisito que exige quórum calificado para proyectos de ley que seguramente debieran precisar sólo de mayoría simple para ser aprobados.
Y ellos no aportaron los diez votos que se necesitaban, y eso provocó el problema que ahora enfrentamos en esta Corporación.
¿Y qué tenemos que hacer? Debemos despachar luego esta iniciativa para que los funcionarios y la atención de la salud municipalizada no sigan esperando. ¡Tenemos que hacerlo!
Creo que el resultado de la votación en el Senado reflejará la situación que he descrito, aun cuando espero que no sea así. Ahí veremos quiénes se pronunciarán a favor del informe de la Comisión Mixta, y quiénes se van a abstener. ¿Y por qué se van a abstener? Porque creen que con ello los Senadores de la Concertación -ojalá no sea así- no vamos a reunir el quórum calificado de 25 señores Senadores. Y la opinión pública debe enterarse de que aquí en el Senado nos encontramos en situación aun más difícil que en la Cámara de Diputados, porque si bien somos mayoría desde el punto de vista de la votación popular, por la composición de este Senado, no lo somos con relación al quórum calificado.
Y yo espero ver aquí la votación de la Oposición. Si se abstiene, es porque nuevamente está jugando a algo que, a mi juicio, debe ser puesto sobre la mesa: a que no están de acuerdo con este proyecto y con su filosofía. Y tienen razón. A ellos no les gusta la atención primaria municipalizada a través de un estatuto funcionario en el cual se regulen los derechos y deberes de los trabajadores del sector.
Espero que no sea así, y que yo esté equivocado, pero, por lo que he sabido, y a pesar de que algunos votaron en la Comisión Mixta a favor del informe, ahora se abstendrán. Pero la abstención no constituye un voto a favor del informe de la Comisión Mixta. Espero que se despache luego este proyecto y que el Ejecutivo envíe el veto aditivo correspondiente. Ahí nuevamente podremos probar quiénes son realmente partidarios de aprobar el Estatuto de Atención Primaria de Salud.
He dicho.
El señor OTERO.-
Pido la palabra.
El señor DIEZ.-
Estoy inscrito, señor Presidente.
El señor NUÑEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ .-
Señor Presidente , no quiero hacer de esto -porque sería un error- un problema político. Los protagonistas de esta iniciativa son los enfermos, o la prevención en la salud. Uno no puede poner las cosas al revés de lo que verdaderamente son. El Estado crea servicios de salud precisamente para atender la salud. Y ésa es la finalidad primordial.
En seguida, la salud primaria está entregada a las municipalidades -a las cuales incluso se las ha tratado aquí, despectivamente, de "patrones"-, organismos generados democráticamente -son "manos" del Estado, porque están más cerca de la gente- y cuya acción nosotros debemos prestigiar.
Resulta absolutamente injusto para el sistema de democratización y participación del país entregar a las municipalidades un asunto de la gravedad del de la salud. Por una parte, se niegan los recursos que han venido reclamando desde hace muchos años y, en seguida, se dicta un Estatuto que las hará depender del Ministerio y les quita toda flexibilidad.
Ese es el problema. Dos de las partes de éste son los enfermos y los municipios, y la tercera, los funcionarios que trabajan en la salud, quienes tienen derecho a gozar de estabilidad, a un trato claro y a obtener remuneraciones y calificaciones justas. Porque no sólo a igual trabajo debe existir igual remuneración -la frase está incompleta-, sino que a igual trabajo, con igual eficiencia, debe existir igual remuneración. Entonces, nos encontramos con que hay varios problemas que debemos armonizar, lo que no hemos logrado en el largo tramitar de este proyecto. Porque cada uno, con razón y sin hacerse cargos políticos de ninguna especie, ha tratado de seguir el camino que considera más conveniente para servir a la comunidad.
Ahora, ¿en qué aspecto reglamentario nos encontramos hoy? Primero, estamos en presencia de un informe de Comisión Mixta que, por el número de artículos que la Cámara de Diputados no aprobó -por cualquier motivo que no lo haya hecho-, deberá ser seguido de un veto aditivo, porque la legislación está incompleta.
Por otra parte, el informe de la Comisión Mixta resuelve algunos de los desacuerdos entre la Cámara y el Senado de un modo que no a todos nos complace, por lo que también preferimos dejarlo abierto, para que el Ejecutivo se aboque a una solución por la vía del veto.
No votamos en contra del proyecto, porque no estamos en contra de la idea esencial de mejorar la situación de los trabajadores de la salud, pero queremos que el Presidente de la República disponga de la mayor cantidad de artículos para ejercer con amplitud el derecho a veto.
Y esperamos que, en el transcurso del plazo para vetar, el Ejecutivo llegue a acuerdo con nosotros -estamos dispuestos a ello- y con la Asociación de Municipalidades en este difícil problema.
Por esta razón, y no por otra,...
El señor DIAZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor DIEZ.-
Con el mayor gusto, Honorable colega.
El señor DIAZ .-
¿Se prescinde de la participación del Colegio Médico y de los trabajadores?
No me agrada que se excluya a dichos sectores.
El señor DIEZ .-
Señor Presidente , he señalado que el Presidente de la República tendrá oportunidad de conversar con nosotros, con la Asociación de Municipalidades -Su Señoría me interrumpió cuando me faltaba terminar la frase-, e indiscutiblemente, con los trabajadores de la salud. De manera que si el señor Senador no hubiese sido tan impaciente, me habría permitido terminar la oración.
En una democracia moderna y contemporánea como la que tenemos, los acuerdos deben lograrse con la gente que participa en el problema. En efecto, es muy importante para el rendimiento de la salud el que los trabajadores que laboran en esa área se sientan comprendidos e incentivados, porque ellos son los que se encuentran con las personas. De manera que es imposible pasarlos por alto. Y la legislación, teniéndose presente las condiciones morales que caracterizan a ese sector laboral -que reconozco, porque he visitado los hospitales y postas del país-, debe darles personalidad, consideración. Por lo mismo, ellos deben entender que esperamos que tengan la misma preocupación nuestra por solucionar el problema de la salud y no sólo por su remuneración. Porque en toda actividad humana no sólo importa lo económico, sino también valores que a menudo pesan mucho más en la gente, los cuales dicen relación a la vocación, al sentido de humanidad, a veces, y al propio sentido de misericordia y de cumplimiento del deber, según lo hemos visto en los funcionarios de la salud, que con tanta frecuencia y en tantos rincones de Chile cumplen abnegadamente su labor, sin ceñirse a hora ni día.
Por eso, señor Presidente , nos abstendremos de votar el proyecto que propone la Comisión Mixta. Y esperamos que el Ejecutivo acoja la sugerencia que se ha formulado y que logremos un acuerdo. No soy representante de los trabajadores de la salud, ni de los enfermos, ni del municipio: soy un Senador de la República que los comprende a todos. Y, al hacerlo, no puedo olvidarme de los intereses de nadie, cualesquiera que sean los juicios que sobre mi modo de actuar tengan unos y otros, porque la que señalo es la manera de ejercer el cargo.
El señor NUÑEZ ( Vicepresidente ).-
La Mesa hace constar que ya ha terminado, prácticamente, el Orden del Día.
De conformidad al Reglamento, procederemos a votar.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor CALDERON .-
No quiero alargar el debate, pero a las palabras que expresé denantes quiero agregar que por pasión política -no por otra cosa- la Oposición rechazó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados. Lo lamenté en mis primeras palabras y ahora quedará en claro en esta votación. Y, aun cuando los representantes de Renovación Nacional afirman lo contrario, lo cierto es que con su abstención estarán permitiendo que incluso se pierda la votación en favor del informe. Por eso, deploro esta situación.
¿Qué es lo que desea Renovación Nacional? ¿Quiere la movilización del sector de la salud? Pareciera que eso es lo que desea.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Advierto a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
El señor CALDERON .-
Resulta que el sector de la salud había entrado en un marco positivo al ser apoyado este proyecto y ahora se expresa un rechazo a la forma como se está legislando. Quien ha seguido todo lo que ha sido la discusión de esta iniciativa y las horas de trabajo dedicadas a ella ha podido observar que si bien había una posición distinta, existía una actitud seria de buscar consenso. Pero ocurre que aquí no se está actuando con esa política.
Por las razones expuestas, voto en favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor DIAZ .-
Señor Presidente , se hizo referencia a que la preocupación se centraba exclusivamente en el asunto de las remuneraciones. Si bien ese punto es importante, no se trata sólo de eso. Si se estudia bien el proyecto, se verá que existe la posibilidad de la creación de las microáreas, por ejemplo, lo que mejorará notablemente la atención de la salud, a lo que se suma el perfeccionamiento de los trabajadores de este sector.
Voto por el informe de la Comisión Mixta.
El señor PEREZ .-
Señor Presidente , tengo dudas en cuanto a la posibilidad de aplicar el Código del Trabajo a parte del sector público. Porque la negociación colectiva mide la productividad, y debe haber flexibilidad tanto en la oferta como en la demanda. En el sector público hay presupuestos acotados, lo que hace muy difícil plantear una negociación colectiva. Esto, respecto de 90 por ciento de las municipalidades.
Sin embargo, creo que el proyecto, cuyo informe de Comisión Mixta discutimos, adolece de todas maneras de una enorme rigidez, no en cuanto a la situación que se suscitaría al interior de cada municipalidad, en términos de negociación colectiva, sino sobre las diferencias económicas que presentan las distintas municipalidades en el país.
Espero que puedan compatibilizarse estos dos criterios que señalo en el veto aditivo que enviará el Gobierno, a través de un acuerdo entre éste y la Oposición.
Por esa razón, me abstengo.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , participé de una de las etapas de la discusión del proyecto, en las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, y puedo señalar que la iniciativa se analizó a fondo.
Tal como se planteó ahora en la Sala, indudablemente existen dos posturas, dos visiones para enfrentar este problema. La primera -siendo ambas legítimas- es teórica, y considera que los trabajadores se encuentran siempre en igualdad de condiciones frente al empleador. La verdad es que ello no es así. El empleador municipalidad, cuando carece de recursos, no se halla en condiciones de satisfacer las necesidades mínimas de sus trabajadores, y, por lo tanto, alguien debe velar para que éstos, que desarrollan sus funciones en un área tan importante, tengan posibilidades de llevarlas a cabo en forma digna.
En general, los funcionarios de la salud, no sólo los del sector municipalizado, están mal, y permanentemente se reclaman recursos para mejorar su situación. Pero los trabajadores del sector municipalizado se encuentran aún más mal. Por consiguiente, urge solucionar este problema. Y la única manera de lograrlo es por la vía de un estatuto que les garantice, primero, estabilidad en sus puestos de trabajo; segundo, condiciones mínimas de remuneraciones, y tercero, una carrera funcionaria.
Algunos de nosotros habríamos deseado que las condiciones de los funcionarios del sector municipalizado fueran idénticas a las de aquellos que laboran en los hospitales. Lamentablemente, eso no se logró.
Sin embargo, el paso que se ha dado con el estatuto que nos ocupa es importante.
Entonces, por la necesidad apremiante de solucionar el problema que indico, voto a favor del informe de la Comisión Mixta. Y desde esta Alta Tribuna requerimos del Gobierno urgencia para el envío del veto correspondiente, con el objeto de solucionar la dificultad que planteó la falta de quórum en la Cámara de Diputados.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , cuando hice mi exposición inicial, declaré que quería ser lo más objetivo posible respecto de lo que había sucedido en la Comisión Mixta, pero también anuncié que deseaba expresar mi opinión una vez que estuviera en condiciones para ello, por lo que lo haré al fundar mi voto.
Voy a votar afirmativamente por las razones que aquí se han expuesto y por las que se han dado en el curso de todo el debate de esta materia. Creo, honestamente, que el que estamos dando es un paso para resolver la situación de la salud primaria, en virtud del cual, manteniéndose la posibilidad de que las municipalidades señalen sus puntos de vista, se da el marco necesario para solucionar los problemas de aquellos a quienes el Senador señor Diez se refirió como el objeto principal del proyecto.
Y, por eso, aprobamos el presente estatuto. Pero ello lo hacemos, también, para que haya consecuencia y seriedad en las discusiones del Senado. Porque no parece razonable, cualquiera que sea el argumento que se invoque, que en el último trámite algunos señores Senadores se abstengan en la votación -lo que, en el fondo, significa pronunciarse en contra- y se haga presente la conveniencia de un veto aditivo aduciéndose el argumento, innecesario, de que el Ejecutivo podrá extenderse con más amplitud en esta materia. En efecto, podría haberse votado aquí por el informe e igual habría habido veto, así como la posibilidad de lograr un acuerdo mayor que el que se ha registrado.
Lo que hay aquí es una voluntad distinta. Acá no existe acuerdo con la iniciativa y sí una voluntad para rechazarla. Y eso es legítimo y propio del ejercicio de un derecho. Pero no se mistifique con explicaciones de otro orden.
Finalmente, debo decir que entiendo todo lo que se pueda argumentar. Tenemos visiones distintas respecto de la salud, de los derechos de los trabajadores, del derecho de asociación, de la representación de las organizaciones sindicales, de lo que es descentralización. Y esta última no es lo mismo que la simple municipalización, ya que llegamos a un término cercano a la balcanización de la salud cuando seguimos manteniendo lo que actualmente tenemos en esta materia. Lo que pido a los señores Senadores que aún no han votado es que recojan el acuerdo de una Comisión Mixta que, de 24 artículos que discutió, registró unanimidad en la aprobación de 19. Y ello, con la presencia de Senadores y Diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional.
Es en ese organismo en donde perfectamente se podía haber manifestado las discrepancias. Y señalé que me honraba en haber presidido esa Comisión, porque su sistema de trabajo permitió lograr consenso, aparte la posibilidad, incluso, de resolver cuestiones que no se hallaban en el texto mismo aprobado por las respectivas Cámaras.
Por lo tanto, en virtud de la consecuencia y coherencia que debe haber para que la función legislativa tenga el respeto de las organizaciones sociales y de la opinión pública, y para que no volvamos, después de dos años y medio de discusión, a fojas cero, pido, en nombre de los enfermos y ante la necesidad de dar una función diferente a la salud municipal, así como en función de la respetabilidad que aquí les estamos reconociendo a los trabajadores de este sector, por la que tanto se ha luchado, que los señores Senadores que aún no se han pronunciado consideren su voto. Porque, aunque voten afirmativamente y se apruebe el informe, igual habrá veto por parte del Ejecutivo, y con ello la posibilidad de precisar algunos puntos. De ese modo, los Honorables Senadores que anunciaron su abstención podrán expresar su voluntad de dar facilidades al proyecto, de dar una señal de que el Senado no ha discutido dos años y medio en vano y de que el proceso legislativo exhiba coherencia y respetabilidad frente a la opinión pública.'
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , lamento que me corresponda votar inmediatamente después de tan ferviente alocución del Honorable colega Ruiz-Esquide.
Por mi parte, sólo quiero hacer un llamada al Ejecutivo , a fin de que el veto -que parece que enviará de todas maneras, con prescindencia del resultado de esta votación- acoja los planteamientos efectuados por nuestros representantes en la Comisión de Salud y en la Comisión Mixta, respecto de los 11 artículos que todavía no se han aprobado.
Porque creemos que, verdaderamente, estos planteamientos son favorables para los enfermos, los trabajadores de la salud y los personales médico y paramédico.
Por tales consideraciones, y al igual que el resto de los Senadores de mi Partido , me abstengo de votar.
El señor SINCLAIR.-
Señor Presidente, en la esperanza de que el proyecto mejore con el veto aditivo, voto que sí.
El señor URENDA.-
Con las prevenciones que hice, voto a favor del informe.
El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , creo que la votación habida -soy el último en pronunciar- ha confirmado mis afirmaciones en cuanto a que hay una posición distinta entre la Oposición y la Concertación.
La Oposición, por la vía indirecta o la directa, ha tratado de que el proyecto no se convierta en ley; no quiere un Estatuto de Atención Primaria de Salud que regule las relaciones laborales del sector municipalizado. La abstención da esa señal.
Sin embargo, tengo la esperanza, por algunas intervenciones que escuché, de que lo aprobaremos cuando nos pronunciemos respecto del veto aditivo, que permitirá reforzar la esencia de la iniciativa que estamos votando, para que haya una atención primaria de salud municipal descentralizada, con un estatuto que rija las relaciones laborales entre los funcionarios y sus empleadores. Ahí sabremos si realmente estas buenas intenciones -aún no las veo- se concretan.
Por ahora, sólo nos corresponde despachar el informe.
Asimismo, es conveniente destacar que la mayoría ocasional lograda hoy es posible con el respaldo de los señores Senadores Institucionales, lo cual a lo mejor, nos permitirá reunir el quórum exigido por la Constitución de 1980. En caso contrario, no habríamos tenido votos suficientes para aprobar -al menos en principio- las ideas que a nuestro juicio corresponden en esta materia.
Voto a favor del informe.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , me alegro de la votación habida en el Senado, que permitirá aprobar el informe con el quórum constitucional requerido, como también de la posición de la unanimidad de los señores Senadores designados y de la de algunos señores Senadores de la Oposición que nos han acompañado con sus votos. Pero lamento la actitud prácticamente de consenso de Renovación Nacional de no dar pie a una normativa tan necesaria para asegurar la salud primaria municipal.
-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor, 6 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Freí (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Huerta, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Diez, Larraín, Pérez, Piñera, Prat y Siebert.
No votó, por estar pareado, el señor Larre.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
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