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El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , lo que ha ocurrido con el proyecto es bueno, porque nos permite sacar ciertas lecciones. La iniciativa combina dos cosas. Una, más recursos y mejores remuneraciones. Aporta 8 mil millones de pesos a la salud primaria, lo que me parece absolutamente justo y necesario. Chile gasta en ese rubro apenas 10 por ciento del total del gasto en salud pública, lo que es un indicador bajo respecto a todos los demás países. Por lo tanto, aumentar los recursos de la salud primaria -como lo hace el proyecto- y mejorar los sueldos de los funcionarios del sector, que están muy por debajo de los del resto de los trabajadores de la salud pública, me parece -repito- del todo justo y necesario. En eso siempre hemos estado de acuerdo.
Sin embargo, se combina lo anterior con un cambio en el régimen laboral del sector primario, donde, naturalmente, existen diferencias de opinión.
Creo que no es bueno que el Gobierno mezcle una cosa con otra. Ojalá el reajuste y los 8 mil millones de pesos hubiesen estado a disposición de dicho sector hace tres anos. Se "amarra" una cosa en la que estamos todos de acuerdo, que es de recursos, con otra distinta, que es de estructura. Y se producen las confusiones.
Me parece que ésa es una mala técnica legislativa, porque los trabajadores se sienten muy frustrados, por cuanto los fondos no llegan debido a la demora en el despacho de la iniciativa.
En segundo término, existe una discrepancia muy legítima. Los trabajadores de la salud primaria están afectos al régimen laboral de todos los demás chilenos: el Código del Trabajo. Y nosotros hemos planteado que a dicho sector debiera aplicarse por completo ese Código, incluidos la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Consideramos que, en la forma como se ha propuesto este asunto, al final se produce una contradicción entre la autonomía municipal y los estatutos nacionales especiales, ad hoc para cada sector. Porque los alcaldes y la Asociación Chilena de Municipalidades -bajo las firmas del señor Jaime Ravinet , de doña Sofía Prats , etcétera-, con mucha razón, sostienen que no es posible que se les entregue la responsabilidad de la salud y de la educación y no se les proporcionen los fondos, porque tienen déficit, y las atribuciones.
Por eso, si en verdad deseamos que la educación y la salud a nivel primario sean descentralizadas y estén en manos de los municipios, debemos entregar a éstos, que asumen la responsabilidad frente a la comunidad, al menos los recursos y las atribuciones para que puedan cumplir su labor.
Pero resulta que no lo hacemos. Porque este estatuto, a la larga -y voy a repetir las palabras casi textuales del alcalde señor Ravinet - quita instrumentos, rigidiza y resta flexibilidad a la administración municipal de la salud primaria.
Entonces, seguimos en la práctica de crear un estatuto para cada sector. En salud existen diversos estatutos: el de los funcionarios públicos; el de los funcionarios municipales, que es supletorio de éste; el especial de algunos profesionales médicos -la famosa ley N° 15.076-, y ahora incorporamos uno adicional, para los trabajadores de los establecimientos de atención primaria de salud municipal.
Entonces, me pregunto: ¿Por qué tenemos que hacer un estatuto laboral para cada sector? ¿Por qué no creamos una normativa laboral general? Y mientras más cercano esté a una unidad productiva, como es la atención primaria de salud, más debiera aplicarse la legislación general, que es el Código del Trabajo.
¿Qué puede hacerse con un estatuto laboral en que la persona que se encuentra a cargo del problema no controla la planta, porque, en el fondo, lo hace el Ministerio; no controla las remuneraciones, porque está muy limitada por la ley; no controla los recursos; no controla los ascensos; no puede contratar a ningún profesional por menos de veinte horas a la semana, aun cuando en una municipalidad haya un buen profesional que sea necesario y quiera trabajar diez horas a la semana porque no puede más, etcétera?
Si creemos en la autonomía municipal y deseamos que el alcalde y el municipio administren la salud y la educación, no podemos pretender administrárselas por control remoto, con reglas generales que no reflejan las realidades de cada localidad ni el dinamismo del cambio que significa el paso del tiempo.
Por esas razones, el Senado votó en contra el artículo 1º del proyecto, por tratarse de una discusión filosófica.
Es cierto lo que señaló el Senador señor Ruiz-Esquide en el sentido de que, una vez que en la Comisión Mixta nos dimos cuenta de que había mayoría para ir por el camino del estatuto, todos sus miembros buscaron que éste fuera lo más flexible, menos rígido y mejor posible.
Empero, subsiste una discrepancia de fondo. Y en esta materia existe una coincidencia entre nuestra posición, la de la Cámara de Diputados y la que ha sostenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo tanto, la discusión es perfectamente legítima. Y, lamentablemente, no hemos entrado al fondo del tema. Porque es contradictorio, por una parte, hablar de autonomía y descentralización, y por la otra, pretender controlar en forma centralizada el régimen laboral, con todo lo que ello significa.
Se quejaba el alcalde señor Ravinet de que no podía despedir a un profesor de su comuna, la de Santiago. Y resulta que es el responsable de la educación. ¡Tiene toda la razón! Y en este estatuto nuevamente establecemos por ley todas las causales de término de la relación laboral, muchas de las cuales, en el fondo, están determinadas por el Ministerio, a nivel central.
En consecuencia, creo que debiéramos darles los recursos a los municipios y mejorar las remuneraciones de los trabajadores de la atención primaria de salud municipal, pero no a costa de establecer un sistema del que a la larga nos vamos a arrepentir.
El debate sobre esta materia se llevó a cabo a propósito del estatuto docente, hace tres años. Y hemos visto cómo los Ministros de Educación se han dado cuenta de los problemas que significa tanta centralización.
Por eso, pienso que aquí existe una discusión de fondo, que ha estado latente. Y eso se reflejó en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, esperamos que el Gobierno, a través del veto aditivo, que entendemos enviará, reponga de inmediato los recursos; porque en ello no hay ningún problema. Y a la luz de esa iniciativa del Ejecutivo deberemos analizar cómo quedan la autonomía municipal y la descentralización, y de qué manera se dan instrumentos a los alcaldes para que puedan cumplir con eficacia su labor. Porque si al municipio le decimos: "Usted es el responsable de la salud y de la educación", pero el Gobierno no le traspasa los recursos -se los queda- y no le confiere las atribuciones necesarias, estaremos dándole un "abrazo del oso", una misión imposible. Y, entonces, terminaremos diciendo que la descentralización y la autonomía municipales no funcionaron. Debemos conceder una oportunidad real para que funcionen. De lo contrario, haremos fracasar una iniciativa de descentralización y autonomía que considero muy buena.
Por lo expuesto, miraremos con mucha atención lo que haga el Ejecutivo en esta materia a través del veto.
En lo personal, anuncio que me abstendré en esta votación.
He dicho.
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