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El señor PRAT.-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa, que ha sido objeto de una larga discusión, toca un aspecto central de la distinta visión que tenemos de cómo resolver los problemas ciudadanos. Y en esta oportunidad en que está a nuestra consideración el informe de la Comisión Mixta, no podemos dejar de reafirmar nuestra posición respecto del tema.
La opción que la normativa vigente otorga es que las dificultades se resuelvan en el ámbito local, donde mejor se conocen las realidades y la forma de solucionarlas. Ese es el sentido de que en la actualidad las relaciones contractuales se rijan por el Código del Trabajo. Sin embargo, las normas en análisis generan un estatuto único, a nivel nacional, que rigidiza fuertemente tales relaciones, evitando o impidiendo que las realidades locales se expresen debidamente. El personal del sector salud, en proporción significativa, apoya el proyecto. Y digo "en proporción significativa", porque no es más que eso, pues hay comunas -particularmente aquella donde vivo- en las cuales los funcionarios se han manifestado mayoritariamente por mantener la normativa vigente y por no implantar un estatuto único para todo el país. Se da el caso de que en la comuna que habito el alcalde es de la Concertación -debo reconocerlo-, y se ha generado entre la autoridad y su personal una rica y fructífera relación que ha permitido que los vínculos contractuales sean positivos, las remuneraciones mejores que las del promedio, y se ha dado cabal cumplimiento al principio de que en el ámbito local es donde mejor se solucionan los problemas. Pero eso no sucede en todo el país.
Desgraciadamente, un porcentaje considerable de los 15 mil funcionarios de la salud municipal desean unirse, a través de su afiliación a un estatuto rígido para todo el país, a los 65 mil que dependen de los Servicios de Salud, cuya relación contractual y sistema de remuneraciones pesa de tal manera en el presupuesto público que nunca logran el justo reconocimiento ni mejoran sus rentas como se merecen. Porque, cada vez que se plantea el problema, seguramente, la autoridad económica -el Ministro de Hacienda - multiplica el porcentaje solicitado por los 65 mil servidores, ve que es imposible acceder a su petición y termina negando el aumento de salarios.
Repito: parte significativa de esas 15 mil personas que laboran en el ámbito local y dependen de la autoridad comunal quieren unirse rígidamente a los 65 mil adscritos a los Servicios de Salud y correr su misma suerte, frente a la imposibilidad del Ministerio de Hacienda de atender al mejoramiento de sus rentas, por involucrar a tanta gente.
Lamentablemente, la ley en proyecto, como muchas otras, recoge sensibilidades de grandes sectores ciudadanos, a los cuales, equivocadamente, se ha llevado a pensar que se benefician cuando en realidad no es así. Sucedió en el caso del profesorado, que impulsó el Estatuto Docente, y lo único que sembró fue frustración, frustración y, fundamentalmente, frustración. Eso es lo que provocarán estas normas en gran porcentaje del personal de la salud municipal. Porque estos estatutos únicos, desde el momento que se anuncian, generan el daño, puesto que las autoridades comunales, cuando saben que se van a dictar y a quitar de su ámbito la relación contractual, trasladándola al Ministerio del ramo, se desvinculan de los problemas, porque ven que ya no les va a competer a ellos. Así la relación de los alcaldes con el personal de la salud municipal se ha enfriado y deteriorado, y ha quedado en suspenso hace ya un año y medio, época en que se anunció este estatuto. Lo mismo sucede hoy con el personal paradocente de la educación municipal, que ya sabe que hay en la Cámara de Diputados un proyecto de estatuto que habrá de regirlo, proyecto que, con su solo ingreso al Parlamento, congeló la relación contractual y la solución biunívoca de los problemas, que hasta entonces se había mantenido entre la autoridad comunal y ese personal.
Por lo tanto, estos estatutos hacen su efecto ya cuando se anuncian. Seguramente, aspectos hoy día deficitarios en la relación de los alcaldes con su personal de salud municipal son producto de que hace un año y medio, o dos años, entró al Congreso este proyecto que, a mi juicio, es desafortunado.
En consecuencia, cuando en la Cámara de Diputados se produjo esta votación adversa por falta de quórum, se dio una oportunidad muy propicia para que, por la vía del veto que obligadamente habrá de enviarse, el Ministro de Salud trate de rectificar los errores profundos que contiene el proyecto.
Este articulado ha sido criticado -según se mencionaba acá- por numerosas instancias calificadas. La Asociación Chilena de Municipalidades, donde están representados todos los sectores políticos, es calificada para pronunciarse sobre este asunto, puesto que lo conoce. Autoridades del Ministerio de Salud -desgraciadamente no en forma pública, pero sí en el Congreso Nacional, a nivel de reuniones, comisiones y pasillos- han expresado su aprensión. Sin embargo, hay una fuerza inexorable que empuja este tipo de proyectos. Supongo que no es la presencia de quienes hoy día nos acompañan en las tribunas lo que empuja estas iniciativas; pero sin duda influye.
Curiosamente, en la prensa vespertina del día de ayer se dice: "Anuncios de modernizaciones revuelven a la Concertación". Y se publican declaraciones del señor Presidente del Partido Por la Democracia -del que forma parte uno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, quien, frente a la necesidad pública de flexibilizar la inamovilidad funcionaría, expresa que su Partido tiene un proyecto para generar un escalafón paralelo al existente, sin inamovilidad, y compensando esa carencia en la relación laboral con mejores remuneraciones.
Entonces, si dentro de la propia Concertación están surgiendo, a nivel de Gobierno -del reportaje se desprende que se trataría de una iniciativa del Ejecutivo que se estaría gestando desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno-, proyectos en orden a analizar este tema, ¿qué sentido tiene que hoy estemos aprobando una ley que va en dirección absolutamente contraria? ¿Qué sentido tiene apagar con este proyecto, en un ámbito tan sensible como es la salud primaría, una iniciativa modernizadora que está prendiendo en el seno del Gobierno y siendo analizada por las máximas autoridades de los partidos que forman la Concertación gobernante?
Por eso creo que es muy importante que las autoridades de la salud y el Ejecutivo recojan esta realidad, para que, a través del veto aditivo, corrijan los profundos errores que el proyecto contiene, los que generarían frustración, frustración y sólo frustración en el personal de la salud, y también en quienes hoy día, desde las tribunas, nos acompañan.
Por tales razones, me sumaré a las abstenciones ya expresadas.
He dicho.
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