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El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque esta iniciativa se ha discutido bastante en la Sala.
Aquí hay, a mi juicio, una diferencia de apreciación -ya señalada también por otros señores Senadores-que, respecto de algunos Honorables colegas, es efectivamente muy profunda.
En efecto, entendemos las políticas públicas y la cuestión de la modernización del Estado de manera diversa. Me parece que ésta no es una discusión menor. Lo que tenemos que compatibilizar es la descentralización en la administración de una actividad tan importante como es la atención primaria de salud con la mantención de ciertas políticas públicas en dicho ámbito, exigencia moderna -no antigua- que viene dada por el propio desarrollo de las ciencias médicas y de la salud humana. Tiene que haber una cierta normativa, una determinada orientación técnica común, porque hay aspectos en salud que no son exclusivos de una comunidad o de otra. De ello nace la necesidad de alguna supervisión o coordinación de políticas públicas nacionales de salud. Eso es evidente, por más que se descentralice la administración. Las epidemias no son comunales; no hay una epidemia específica para la comuna de Sagrada Familia y otra distinta para la de Hualañé o la de Buin. El desarrollo científico y tecnológico también tiene patrones relativamente generales, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Estos son elementos modernos de una política pública de salud. Lo otro sería pensar en la autarquía de las comunas, al estilo del medioevo, lo que no es modernidad. Entonces, una cierta coordinación de políticas públicas es moderno; la desagregación, la atomización completa de políticas públicas no es moderno. Es previa, incluso, al establecimiento del Estado nacional, no vamos a decir al del mundo globalizado en que vivimos. Porque aquí, en nombre de la modernidad, se dice a veces cualquier cosa.
En segundo lugar, siendo un servicio público, en un país con las tremendas diferencias sociales y territoriales que tenemos y con las diversas entidades que significan los gobiernos comunales, fijar ciertas pautas mínimas comunes para el personal de la salud es, a mi juicio, una condición de la equidad del sistema. Porque, si aquí se dejara como única modalidad la pura y libre contratación de las condiciones de trabajo al acuerdo entre alcaldes y concejos comunales, por un lado, y los trabajadores del sector, por otro, no tengo ninguna duda de que no sólo se mantendría, sino que se agravaría la profunda diferencia que tiende a producirse en el país entre comunas con distinto nivel de desarrollo. Un estatuto mínimo común resulta ser una segunda condición para un política pública de salud, que es la equidad.
Conocemos las profundas diferencias, incluso territoriales, que hay en nuestra sociedad. Incluso en las ciudades más grandes, donde se ha generado una verdadera asignación territorial de la pobreza (como es el caso de la Región Metropolitana), y en donde durante períodos hubo políticas públicas destinadas a separar a ricos de pobres y a establecer comunas de entidad económico social muy diversa, me parece que una cierta pauta mínima es un elemento de equidad. El estatuto establece condiciones mínimas de regulación de las normas relativas al trabajo, a las remuneraciones y a una cierta carrera funcionaría, lo que me parece -reitero- un elemento de equidad.
Por último, algún grado de estabilidad -sobre esto hay una discusión abierta- es condición de un servicio público moderno y eficiente.
No se trata de la inamovilidad completa; pero sí de una cierta pauta de estabilidad, que, en políticas que son permanentes es requisito, en las distintas áreas, de una eficiente administración de servicios públicos. Por comunales que sean, los servicios de salud son públicos. No se puede aplicar al servicio público, necesariamente, la misma racionalidad que a la empresa privada. Una determinada norma de estabilidad, y por cierto un modelo más moderno de asignación de remuneraciones, es condición de la eficiencia del servicio público. Esto es evidente, sobre todo en aquellas áreas más profesionalizadas; por ejemplo, en las Fuerzas Armadas es lógico que haya alguna estabilidad desde el punto de vista del empleo y de la profesión, porque son estructuras que la necesitan. Del mismo modo, también es fundamental que en salud, educación y otros ámbitos exista cierta estabilidad, porque se trata de servicios que son permanentes en el tiempo y no están sujetos a los vaivenes y variaciones del mercado. Y en ese sentido tiene que haber una mayor flexibilidad en el mundo privado de hoy día.
Entonces, decir que toda pauta de estabilidad es antigua, a mi juicio, es algo que no corresponde a una concepción moderna de una administración, sin perjuicio de que en este terreno, sin duda, todavía hay mucho que mejorar.
Por tanto, señor Presidente , concluyo mis palabras manifestando que aprobaremos el informe de la Comisión Mixta -esperamos que el proyecto tenga un rápido despacho-, y destaco al mismo tiempo que, detrás de las afirmaciones que se han hecho, hay ciertamente debates no menores sobre cómo se deben desarrollar las políticas públicas en un país como el nuestro.
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