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La señora FELIU.-
Señor Presidente , resulta difícil referirse a esta materia porque se han tocado muchos aspectos, algunos vinculados con el proyecto de ley y otros que le son absolutamente ajenos. En lo personal, procuraré apuntar exclusivamente al asunto en debate.
Primero: se plantea -no puedo eludir referirme a ello- que la atención en salud primaria en manos de las municipalidades es algo dudoso, qué está en situación precaria -por llamarla de algún modo- y que no deben traspasarse los bienes de manera definitiva, porque el proceso aún lo estamos examinando.
Lo cierto, señor Presidente , es que el traspaso del sistema de salud primaria a los municipios se efectuó hace 13 años y está funcionando, y, a mi modo de ver, bien.
Más aún cuando se la compara con el de la salud secundaria y la terciaría, donde queda demostrado que la primaría realmente está en mejores condiciones de funcionamiento, no obstante las graves carencias que derivan de que a los municipios les traspasaron la función, pero no se les han traspasado los recursos necesarios para atender la tarea de que se trata.
Al respecto, quiero recordar lo siguiente. Cuando se efectuó el traspaso de la salud primaria, el sector tenía aproximadamente 5 mil trabajadores. Hoy cuenta con 14 mil. En cuanto a los recursos, aunque no tengo la cifra exacta, se han incrementado de manera importantísima.
Es interesante mencionar la opinión de un médico que en 1990 se hizo cargo del sistema de salud primaria en el Ministerio del ramo y que fue uno de los autores de este proyecto de ley, que aún no se aprueba. Me refiero al doctor Belmar , quien vivió muchos años en Estados Unidos. Según me explicó en una entrevista, fue el responsable de la salud primaria en Nueva York, y consideraba que lo que se hacía en Chile a ese nivel era una maravilla, ya que con un costo bajísimo se prestaba una excelente atención. Reitero: el doctor Belmar estimaba que el servicio de salud primaria que recibían los chilenos en el momento en que hablamos -año 90 ó 91, podría ser el 92; no lo recuerdo con certeza, pero cuando se estaba gestando esta iniciativa- era mejor que el que se entregaba a los neoyorquinos.
Creo que el sistema nacional, como toda obra humana, en algunos sectores puede estar más mal o menos bien, pero, en general, se maneja positivamente. ¿Por qué es bueno que la atención de la salud se halle descentralizada? ¿Por qué es bueno que se encuentre en manos de los municipios? Porque no cabe duda de que mientras más descentralizada esté la gestión, ésta será mejor; porque en la medida en que el servicio respectivo se halle más cerca de los usuarios, mayor será la posibilidad de que ellos obtengan mejores beneficios y atención oportuna.
El proyecto, señor Presidente , toca un tema de suyo importante -ya se ha mencionado aquí-, de muy difícil solución y que la iniciativa solamente esboza, como un reconocimiento que, a mi juicio, va a tener que irse dando a través del manejo del sistema. Me refiero a la necesidad de que los servicios prestados en la salud primaria permitan una carrera funcionaría en los establecimientos estatales. Esta situación deberá resolverse sobre la base de un reconocimiento de los puntajes, porque el tema reviste especial importancia a nivel médico, de enfermeras, de matronas y de auxiliares.
Otra materia muy conflictiva se refiere a la estabilidad funcionaría. Quiero hacer presente que sobre el particular formulé en su oportunidad una indicación, pues, a mi juicio, el sistema establecido en este proyecto de ley introduce una rigidez que impedirá un manejo eficiente por parte de los municipios, como lo ha hecho ver la Asociación Chilena de Municipalidades. Naturalmente esto no puede llegar a un término discrecional de funciones, el que nunca se ha planteado.
La indicación permitía el término del contrato fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o disminución de la población atendida, que hiciesen necesaria la separación de uno o más trabajadores. Es fácil comprender que esto no representa rigidez o flexibilidad que permita eliminar personal en forma arbitraria -es lo que se ha planteado- por parte de los alcaldes. Se señalan razones objetivas, absolutamente demostrables en un juicio, que respetan por una parte el derecho de los trabajadores y por otra, el de las municipalidades para desarrollar de manera eficiente sus funciones. La iniciativa ha establecido un sistema que, a mi juicio, es una camisa de fuerza.
No puedo dejar de hacer presente que cada vez que hablamos de modernización del Estado se plantea que el régimen de los funcionarios públicos debe cambiarse, porque la excesiva estabilidad de éstos hace inmanejable el sistema. Sin embargo, lo preceptuado ahora por la iniciativa lleva a la siguiente conclusión: a los servicios que hoy día poseen un flexible manejo de personal, como los de la salud primaria, se les impondrá uno absolutamente rígido, que impedirá a los municipios manejar de manera eficiente los sistemas de salud que se le entregan. Y, por otro lado, se propicia que los funcionarios del Estado, que hoy gozan de inamovilidad, tengan un régimen flexible. Creo que son dos conceptos inconciliables.
Un señor Senador manifestó que la estabilidad laboral sólo la comprenderían las personas que han desarrollado funciones en el sector público. Yo trabajé en la Administración Pública durante 26 años, y estoy convencida de que el sistema no puede ser de una rigidez tal que, prácticamente, se tenga que matar a las personas para eliminarlas de los servicios. Los sistemas de calificación del personal, lamentablemente no resultan. ¿Quién me podría decir que hoy existe algún servicio en la Administración del Estado cuyas calificaciones hayan demostrado ser eficientes para eliminar a las personas que no prestan funciones en forma satisfactoria?
En todo caso, señor Presidente , sobre la base de lo que es el informe de una Comisión Mixta, lo aprobé, aunque algunos acuerdos no contaron con mi voto favorable. Pero no puedo dejar de hacer presentes todos los inconvenientes que, a mi juicio, va a provocar el proyecto. Por esas consideraciones, votaré a favor del informe.
Finalmente, me referiré al punto relativo a la falta de equidad que tendría el sistema respecto de los municipios más pobres. A resolver ese problema debería tender la iniciativa de ley, la cual debe proporcionar recursos para que los servicios funcionen. Los municipios más pobres o los rurales tienen que tener porcentajes adicionales de subvención a fin de permitirles contar con buenos funcionarios y contratar médicos y el personal que necesiten.
Esas son las observaciones que me merece el proyecto. Y -como he señalado- a pesar de que en la Comisión Mixta no logré convencer a sus integrantes de la necesidad de tener un sistema que, dando resguardo a los funcionarios, permitiera manejar al municipio, voy a votar favorablemente el informe, porque la proposición que hace es indivisible, aun cuando no estoy de acuerdo con él en algunos aspectos por los motivos que he señalado.
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