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El señor LARRAIN.-
Señor Presidente , primero que nada deseo manifestar que nos encontramos frente a una situación compleja, porque, dada la forma como se aprobó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, nuestra resolución puede resultar en cierto sentido inútil. Como allí no se lograron las mayorías exigidas por la Constitución respecto de ciertas normas -y, como muy bien se ha aclarado, por responsabilidad de los Parlamentarios de la Concertación, y no de otros-, necesariamente tendrá que haber un veto, el cual deberá replantear muchas de las materias contenidas en el informe. Entonces, la decisión definitiva se adoptará realmente cuando tratemos las observaciones del Primer Mandatario , y no hoy.
Ahora bien, como el debate de hoy ha reproducido un análisis más bien general del proyecto, me veo obligado a formular una muy breve reflexión.
Tengo la impresión de que en este cuerpo legislativo -quizá en el país entero- hay dos afirmaciones que no merecen duda. La primera es que, a pesar de ser la salud una prioridad muy importante para todos, existe una conciencia generalizada en la población en cuanto a que la atención que recibe de parte de los servicios públicos del área no es la adecuada ni la que quisiéramos. La segunda dice relación a la difícil condición en que labora el personal del sector, cualesquiera que sean las instancias en que se desempeñe.
En mi opinión, ambas afirmaciones son ciertas. Por lo mismo, uno no puede sino pensar que el Estatuto en debate -referido a la atención primaria de salud municipal, aspecto muy importante, pues se vincula con las necesidades elementales de una gran cantidad de personas- podría haber enfrentado los dos problemas a la vez. Pero, lamentablemente, el proyecto sólo busca solucionar parcialmente el segundo, no el primero. En ese sentido, nos parece deficitario, ya que no apunta a la necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad en la atención de los consultorios primarios de salud. Ello nos produce insatisfacción, porque no siempre los problemas se resuelven con mayores recursos. Cuando los sistemas no están funcionando bien, hay que estudiar por qué y ver la manera de dar una mejor calidad, un mejor servicio a la gente. En tal aspecto estimo que en el proyecto hay un problema de calidad no resuelto, lo cual nos causa inquietud. Más aún: dada la forma en que se ha estructurado este servicio, puede hablarse de una regresión del proceso de descentralización y de una menor autonomía, al privilegiarse una mayor rigidez. En efecto, la ley establece acuerdos de carácter nacional y los aplica por parejo a todos los municipios, más allá de sus diferencias, peculiaridades, intereses o inquietudes; más allá de la forma que cada uno puede creer atender mejor la tarea que le ha sido encomendada. Con ello, se produce una contradicción entre la autonomía requerida para la eficiencia institucional y la búsqueda de estos acuerdos que se establecen por ley y con carácter genérico. Pienso que de esta manera tampoco se mejorará el servicio que estamos tratando de dar a la gente a través de los recursos que todos los chilenos entregamos para tal finalidad.
En ello radican nuestras insatisfacciones con este proyecto, que, no obstante, ayuda en forma importante a mejorar la condición económica de los funcionarios de la salud, lo cual es justo. Y en ese sentido, estamos interesados en colaborar, aunque no entendemos por qué ello se ha demorado tanto tiempo en realizarse, toda vez que podr��a haberse hecho por otras vías, como, por ejemplo, entregando más recursos a los municipios, de los fondos de que dispone el Gobierno, quien no lo ha querido hacer por razones, a mi juicio, todavía inexplicables. Han pasado los años y éste tiene periódicamente superávit fiscal -el del año recién pasado fue de 350 mil millones de pesos-, por lo que bien podrían haberse otorgado antes recursos a los municipios, para que específicamente hubiesen sido mejoradas las rentas de los trabajadores de la salud que se desempeñan en las municipalidades que dependen de ello, y lo mismo podría haber ocurrido respecto de la educación. Sin embargo, ése no ha sido el camino que ha deseado el Gobierno, quien ha querido rigidizar, a través de este Estatuto, una situación que podría haber tenido la mejor solución para los propios funcionarios de la salud desde hace mucho tiempo.
En ese sentido, estamos -aunque tardíamente y sin comprender mucho la política que se ha seguido- de acuerdo con esa parte del proyecto en cuanto tiende a mejorarla.
Nos produce inquietud lo que dice relación a mayores rigideces también respecto de la eventual inamovilidad de los funcionarios. Comprendemos que es indispensable en toda función, sea pública o privada, tener estabilidad, porque ella es necesaria para la tranquilidad personal de quien labora, que debe atender una familia y sabe que, cumpliendo con sus funciones, no tiene dificultades de permanencia en el trabajo. Sin embargo, aquí se establecen ciertas rigideces que son complicadas para el funcionamiento de los servicios, respecto de las cuales la propia autoridad, en el caso del Estatuto Docente, se ha visto obligada a reflexionar, por las dificultades que esas rigideces -que el Gobierno introdujo hace algunos años- provocaron en la aplicación práctica de aquél.
Por lo tanto, allí están nuestros sentimientos encontrados, nuestras inquietudes respecto de un proyecto que, por un lado, entendemos necesario, pero, por otro, ciertamente levanta inquietudes y va a dejar muchas insatisfacciones en la hora de su aplicación.
Sin embargo, como toda esta discusión es un tanto inútil, dada la situación producida en la Cámara de Diputados, creo que por ahora no es necesario entrar en mayores comentarios.
He dicho.
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