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El señor URENDA.-
Señor Presidente , señores Senadores, creo que todos coincidimos en la extraordinaria importancia que reviste la salud primaria. En todo el mundo se aprecia hoy, frente a la siempre escasez de recursos, la necesidad de extender esta acción en la forma más preventiva posible y que esté más cercana a la persona. Esto es lo que puede maximizar los recursos, porque al prevenir o al curar oportunamente, se evitan gastos innecesarios y se logran los verdaderos objetivos que se persiguen.
De ahí es que en Chile ha habido coincidencia, tanto en reforzar la salud primaria, en posibilitar que ella cumpla una labor que va más allá de la mera atención o curación de una enfermedad, para hacer un examen o una revisión previa que evite enfermedades, especialmente en los niños, como en el proceso de descentralización. Nadie duda en Chile ni en el mundo de que hay que acercar el poder y la autoridad a la gente y no alejarla de ellos.
Por ese motivo, el proceso de descentralización ha encontrado su apoyo no sólo en el problema de la salud, sino en otros múltiples. Y el Senado es testigo de los pasos que se han dado en tal sentido en el último tiempo.
Sin embargo, frente a esto, quiero, desde luego, hacer una consideración previa respecto de algunas expresiones que aquí se han formulado. Se ha dicho que quienes deben opinar en esta materia serían exclusivamente los médicos o los funcionarios de la salud. Creo que ellos deben dar su opinión y tienen un interés vital. Pero, no nos olvidemos que estamos ante servicios para la comunidad, y, obviamente, jamás podemos perder el objetivo de por qué ellos existen y quiénes son, en definitiva, los más interesados en que sean eficientes: todos los chilenos, la comunidad entera del país. Y, por lo mismo, nunca desistiremos de la necesidad de que esos servicios sean eficientes y de que los recursos se aprovechen en la forma más adecuada.
En este proceso de descentralización de la salud, se pudieron apreciar dos grandes problemas o dificultades. En primer lugar, la escasez de recursos. Muchos municipios no cuentan con los fondos necesarios, y ya se dijo aquí cómo el Gobierno central ha sido reticente para traspasar recursos -incluso los que tiene en exceso- a quienes más lo necesitan. Esta es una tarea prioritaria, porque es obvio que debe remunerarse adecuadamente a los que se hallan en el primer frente de batalla de la salud.
En segundo término, se apreció que había un exceso de desconexión o, tal vez, que no existía la relación adecuada entre los servicios de salud y los sistemas centrales, especialmente que se carecía de los alicientes necesarios para ingresar a tales servicios, y que el acceso a los mismos no debiera limitar las posibilidades profesionales de los funcionarios que prestan funciones en ellos.
El proyecto en debate pretendía obviar ambas situaciones. Creo que se han dado algunos pasos en el sentido adecuado, pero no los suficientes, porque los recursos que se entregan no son los que se requieren y los que el país podría y debería destinar a esta materia. No está de más señalar y reiterar que en ninguna otra actividad de la salud pueden rendir más los servicios del Estado que en una adecuada atención primaria.
Sin embargo, al pretender dar mayores posibilidades o alicientes a quienes se interesan en participar en la atención primaria de salud, creo que se ha incurrido en errores graves. Existe confusión. A mi juicio, estamos pasando de un extremo a otro. La descentralización es necesaria, porque una experiencia centenaria así lo demostró, y bien sabemos que, especialmente en un país como Chile, con una capital hipertrofiada, el centralismo es más grave quizás que en otras naciones. Y cuando aquí hablamos de aplicar las mismas reglas del juego a todos o de crear organizaciones nacionales, en el fondo, lo que estamos haciendo la gente de las Regiones es entregar nuestras facultades, nuestra capacidad de actuar y de hacer bien las cosas a cúpulas santiaguinas que no siempre van a representar los intereses de todos los chilenos, especialmente en los lugares más alejados.
Por lo tanto, debemos ser cuidadosos a este respecto y capaces de crear ciertas normas generales adecuadas dentro de cierto marco, pero que de manera alguna interfieran a los municipios y a los organismos regionales en lo que a ellos corresponde llevar a cabo.
Creo que este proyecto, con el muy buen deseo de dar una carrera funcionaría, una posibilidad de que personas muy capaces se interesen en pequeños consultorios de comunas alejadas, está incurriendo en el error de producir una rigidez que, a la larga, va a perjudicar la eficiencia de los servicios y también a los propios funcionarios.
Creo que la posibilidad de que las pequeñas comunidades se interesen tanto en los servicios de salud como en los de educación, es un elemento sumamente importante para mejorar la condición de esos servicios y de quienes laboran en ellos. Y la centralización atenta contra ese propósito y desincentivará el interés de las comunidades en los ubicados en sus proximidades y los expondrá a la suerte de las decisiones que se adopten en Santiago.
Debo reconocer, como otros señores Senadores, que la iniciativa tiene aspectos positivos y, dado que los informes de las Comisiones Mixtas exigen un pronunciamiento global, la votaré favorablemente, pero quiero sí dejar constancia de los peligros que implican las tendencias que aquí se vislumbran, y de mi convicción de que, en la medida en que restemos agilidad a esos servicios, que limitemos las facultades de los municipios y que alejemos a las pequeñas comunidades de ellos, estaremos atentando contra la eficiencia de tales servicios y de quienes en ellos laboran.
Probablemente este debate tendrá como consecuencia la presentación de un veto aditivo y una mayor atención del Ejecutivo sobre los problemas de las Regiones y de los municipios.
Como ya anuncié, daré mi aprobación a la iniciativa, en la convicción de que constituye un paso no definitivo y de que en el futuro rectificaremos los errores que hoy se aprecian.
He dicho.
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