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El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tal como lo han planteado parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, la historia de esta iniciativa legal es bastante larga. En el intertanto en que se ha discutido, en el debate público ha existido una serie de cuestionamientos que han contribuido a que se alargue. Pero creo que es bienvenida, sin perjuicio de que haya afectados, sin ir al caso particular y considerando que los no docentes tienen bajas remuneraciones, tal como lo planteaba el Diputado señor Montes, esta reflexión va mucho más allá que el proyecto en particular. Más bien debería apuntar hacia cómo vamos a organizar el sistema educacional, y al hablar de éste, también lo vinculamos al municipal y la reflexión abarca, asimismo, al sector público.
Desde que se presentó el proyecto primitivo advierto una tendencia en el sector público, en este Estatuto y en el Estatuto Docente, a una mayor flexibilidad, a la consolidación de la descentralización y la existencia de una mayor autonomía.
Aquí se discuten tres proyectos en paralelo, desde el momento en que se vinculan con el estatuto de los funcionarios. El proyecto en discusión lo rigidiza en función del estatuto jurídico que hoy los rige y no del primitivo; pero, paralelamente en la Comisión de Obras Públicas, se discute otra iniciativa que es exactamente al revés; es decir, cómo flexibilizar el estatuto de los funcionarios públicos, en forma específica en el Ministerio de Obras Públicas. Por su parte, en el Senado se discute otro proyecto relacionado con aduanas.
En síntesis, advierto que la tendencia existente se dirige no hacia una mayor rigidización ni centralización, sino, en general, hacia mayores grados de flexibilidad en la Administración Pública.
Por lo tanto, esto no es un tema menor. Habría sido importante habernos dado más tiempo para evaluar qué ha ocurrido con el Estatuto Docente y con el de atención primaria, pero no me parece que la tendencia deba ser terminar con un estatuto para cada función pública, porque al final esto se transformaría en una anarquía en que para cada función y trabajo tengamos un estatuto jurídico distinto.
En materias tan importantes como son las relaciones laborales en el sector público, en el sector docente, debería existir coherencia, y al final, optar por una política o una estrategia determinada. Tengo la impresión de que lo que se plantea hoy es el mal menor y fruto de una transacción, un mal menor en términos de no insistir en el proyecto primitivo que establecía un estatuto a nivel nacional, cuyos efectos han demostrado que no es el mejor, pero tampoco mantener las actuales normas vigentes, sino llegar a un punto intermedio. Es decir, si tuviera que calificar el proyecto, lo haría en términos híbridos, que no obedecen a una concepción. Vamos a pasar de una negociación de un estatuto a nivel nacional a uno a nivel local. Creo que debería ser motivo de una reflexión bastante mayor la organización definitiva del sector.
Por eso, me preocupa que, existiendo una tendencia hacia mayores grados de descentralización, de autonomía y de flexibilidad, avancemos en sentido contrario. Quizás la debilidad de los no docentes era no tener la facultad de negociar colectivamente, es decir, tenían una potestad muy limitada en cuanto a las posibilidades de negociar sus propias remuneraciones. Pero, indudablemente, el tener una definición significa tenerla con todas sus consecuencias. Por eso, a lo menos en parte del proyecto se amplía la negociación colectiva. Pero ello debería incluso extenderse eventualmente al sector municipal.
Entiendo la razón de establecer un precedente en este caso, pero me preocupa que se creen precedentes relativos al concepto de subvención; que empecemos a legislar, en forma más reiterada, para que las subvenciones, como concepto, vayan destinadas a fines específicos. Entiendo que las razones para asegurar al menos dos años para los no docentes se refiere a que el aumento de subvención se destinará al aumento de remuneraciones, pero me preocupa lo más permanente, porque, en definitiva, el sentar precedentes en el sentido de que la subvención se destine a fines específicos significará que las unidades educativas y que los sostenedores cada vez tendrán menos autonomía para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, tendremos subvención para aumentar remuneraciones, después habrá otra subvención especial, por otro concepto, y así sucesivamente; es decir, eliminando el concepto de que la subvención es un concepto global y las entidades o los sostenedores son autónomos para administrarlas de acuerdo a sus criterios.
Desde mi punto de vista, el final del proceso no debería ser muchas veces el fijarnos en estas situaciones, sino más bien evaluarlo por los resultados, sobre todo en el tema de la subvención como concepto. Indudablemente, preferiría normas que se han establecido en otros cuerpos legales, como premiar los buenos desempeños, estimular los establecimientos que así lo hagan y, obviamente, darles más poder para que exista un contrapeso de quienes trabajan en el lugar.
No quiero alargarme más en mi intervención, pero me gustaría tener una mejor evaluación de la organización del sector, sobre todo, porque en el último tiempo ha habido cambios muy radicales que, partiendo de situaciones muy rígidas y centralizadas, la tendencia actual de la Administración Pública es dotar de un mayor grado de flexibilidad y de autonomía, tal como se ha demostrado en tres proyectos distintos que se tramitan en el Congreso. Pero me temo que este proyecto, tanto en lo que se refiere a las subvenciones como a las normas relativas no al aumento de remuneraciones, sino al estatuto laboral, lejos de flexibilizar tiende a rigidizar lo que deberían ser unidades más autónomas que deberían funcionar con mayor grado de flexibilidad.
He dicho.
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