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El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, especialmente en la vida política, hay instantes de profunda reflexión en los cuales deben tomarse decisiones relevantes para uno. Es lo que sucede en el caso concreto y específico de un importante sector de la educación chilena: los no docentes.
Tengo a la mano el texto oficial del proyecto ingresado el 28 de julio de 1993, cuyo título dice lo siguiente: “Establece normas sobre personal no docente”. Es lo que aprobamos en esta misma Sala allá por abril o mayo de 1991, cuando estaba en tramitación legislativa el Estatuto Docente, que después se transformó en la ley Nº 19.070.
En esa ocasión, en esta Sala, con el apoyo de todos los parlamentarios de la época, me correspondió hacer una exposición en nombre de los cuarenta Diputados democratacristianos del período 9094, por cuanto se consideraba injusto estar legislando para los casi 134 mil profesores del sistema educacional chileno y dejar fuera al sector de complemento más importante del proceso educacional de nuestra patria: los no docentes.
Debido a ello, expresamos nuestra preocupación y solicitamos lo cual después se reiteró por lo menos tres veces, mediante proyectos de acuerdo siempre aprobados por unanimidad que se dictara el estatuto del no docente. Por eso, en el Presupuesto de la Nación de 1991 se estableció una cifra para otorgar una asignación a estos funcionarios de la educación, situación que se fue repitiendo el 92, 93, 94 y 95. Pero el origen de esos fondos fue que ése era el comienzo para el estatuto del no docente.
¿Y qué significaba eso? Que este importante sector de la educación chilena también tuviera acceso a perfeccionamiento gratuito, situación que había perdido el magisterio chileno; que tuviera el reconocimiento de la antigüedad a través de bienios; que el personal que se desempeñaba en establecimientos educacionales de difícil acceso tuviera una asignación por desempeño difícil; que, por otro lado, se estableciera un estatuto que fijara normas claras sobre 44 horas semanales de trabajo y quedara claramente estipulado en qué forma se concederían las vacaciones de este personal.
Lamentablemente, por situaciones políticas del momento, hubo un instante en que este proyecto fue aprobado en un 95 por ciento en la Comisión de Educación de la Corporación.
En la Sala, hay parlamentarios que hemos participado desde el primer momento de esta gran inquietud. Sin embargo, con mucha paciencia, pero especialmente con confianza en nosotros y en las autoridades de Gobierno, los dirigentes de los no docentes esperaron el cambio de gobierno ya se sabía que había ganado con una gran votación el candidato de la época y actual Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle a fin de que, mediante un par de indicaciones, se mejorara el proyecto.
Después de eso, cuando salió el Estatuto de Salud Municipal y se vio que había que reformar el Estatuto del Docente, las autoridades de Gobierno llegaron a la conclusión de que era imposible el tratamiento de un nuevo estatuto.
Injusto quiero dejar constancia de ello en la Sala, en nombre de los actuales 37 Diputados democratacristianos que conformamos la bancada del 94 al 98, porque éste es un sector que no sólo ha tenido paciencia, como lo dije hace un rato, sino que, además, ha creído en nosotros, pensando en que efectivamente íbamos a responder a sus justas aspiraciones.
Por desgracia, después llegó una indicación sustitutiva del Ejecutivo, la cual cambió prácticamente la totalidad del estatuto del no docente.
¿Cuál fue la reacción de los 13 Diputados integrantes de la Comisión de Educación de esta Corporación, en este segundo período? Por unanimidad, rechazamos esa indicación sustitutiva, dado el deseo de seguir legislando sobre el proyecto original.
Lamentablemente, nos dimos cuenta de que, debido a que la Constitución de 1980 nos quitó casi todas las atribuciones que teníamos, no se aprobaría la iniciativa para los no docentes en el país. Como consecuencia de lo anterior, se presentó un nuevo proyecto. Quiero dejar claramente establecido en la Sala que esto se debió al esfuerzo y al trabajo de los 13 Diputados integrantes de la Comisión de Educación, quienes logramos demostrar que se debía aumentar el presupuesto original de 6.800.000 millones de pesos a 7.800.000 millones de pesos, recursos que se establecen para 1996.
También quiero ser claro al decir que, lamentablemente, la educación chilena, respecto de la cual todos estamos de acuerdo en que debe dársele prioridad en nuestro país, cuestión que se reitera cada cierto tiempo, se financia con algo que no es justo: la unidad de subvención educacional que se otorga en función de la asistencia y no de la matrícula. No puede ser posible que, por diferentes circunstancias, se cambie todo. Lo más fuerte como argumento es que, por un lado, tenemos gastos fijos y, por otro, ingresos variables. Ésa es una transformación completa de la educación chilena.
Por eso, la gran duda que uno tiene en este instante es rechazar el proyecto y que sigan esperando los no docentes, dejando constancia de todas las indicaciones firmadas por la mayor parte de los Diputados, o aprobar este proyecto, en espera de que haya una negociación en el Senado de la República, para que, en un tercer trámite, sea posible acceder a algunas de las peticiones de este importante gremio de nuestro país.
Esta tarde quiero hacer un llamado especial al señor Ministro de Educación, que me honro por estar sentado a su lado, para que plantee en el Gobierno la posibilidad del patrocinio de una indicación, con el objeto de que esta futura ley, que significa un aumento real y efectivo de las remuneraciones de los no docentes, rija con efecto retroactivo, a contar del 1º de enero de este año y no después de promulgada, ya que este gremio no es culpable de que se haya demorado la tramitación del proyecto. Por lo demás, tengo en mi mano el informe de la Comisión de Hacienda, que en la mañana dio a conocer el Diputado informante, donde figura oficialmente el planteamiento de la Dirección de Presupuestos, que señala que hay un financiamiento de 7.791 millones de pesos para 1996. Aún más, desglosa los gastos cada seis meses, y fija un financiamiento de 3.341 millones de pesos para el semestre que va desde enero a junio de este año. Por lo tanto, están considerados los recursos para financiar el gasto por este concepto desde el 1º de enero de este año.
Esta es la primera petición que hacemos al Ejecutivo a través del señor Ministro de Educación.
En segundo lugar, hemos presentado siete indicaciones, firmadas por muchísimos parlamentarios. Sabemos que sólo una de esas podría tratarse en la Sala, porque, aunque fue rechazada en la Comisión de Educación, se puede insistir en ella con las firmas de 30 señores Diputados en el momento de la votación.
Tiene que ver con las vacaciones; pero otros temas, especialmente los que se relacionan con el ingreso y los no docentes de las corporaciones de educación y de salud alrededor de 55 municipalidades no están contempladas también debieran ser objeto de indicaciones del Ejecutivo.
Por eso, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero expresar formalmente que esto no es lo que esperábamos para este gremio. Sin embargo, teniendo claro que no podemos volver a cometer el error de diciembre de 1993, vamos a votar favorablemente el proyecto en general; pero para la historia fidedigna de la ley, dejaremos estipulada nuestra disposición a aceptar, por lo menos, la retroactividad y, en segundo lugar, la integración de las corporaciones.
He dicho.
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